REGULACIÓN DE CUOTAS ANUALES DE CAPTURA PESQUERA
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Proyecto de ley, iniciado en mensaje y en primer trámite constitucional, sobre cuota anual de captura en materia pesquera, con segundo informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7255-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 58ª, en 6 de octubre de 2010.
Informes de Comisión:
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, sesión 60ª, en 13 de octubre de 2010.
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura (segundo), sesión 62ª, en 27 de octubre de 2010.
Discusión:
Sesión 60ª, en 13 de octubre de 2010 (se aprueba en general).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La Comisión deja constancia de haber efectuado tres modificaciones al texto aprobado en general, todas ellas acordadas por unanimidad: una es meramente formal y las otras consisten en hacer referencia a las especies pelágicas pequeñas y al concepto de unidad de pesquería, este último con relación al estudio que deberá realizar la Subsecretaría de Pesca.
Cabe recordar que las enmiendas que han registrado unanimidad en el órgano técnico deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador solicite su discusión o que existan indicaciones renovadas.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que consigna el texto legal vigente, el proyecto despachado en general. las modificaciones introducidas en el segundo informe y el texto definitivo que resultaría si Sus Señorías las acogieran.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En votación.
--(Durante la votación).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, solo deseo proporcionar una información de carácter general, en representación de la Comisión.
En primer lugar, se genera una facultad explícita para subdividir la cuota global que se fije. Esa atribución había sido ejercida hasta la fecha, pero no se hallaba incluida formalmente en la ley. Por lo tanto, se establece el fraccionamiento del cupo anual según las distintas macrozonas y la distribución conforme a la integración de la unidad poblacional.
El segundo punto se refiere a la posibilidad de establecer ciertas asociatividades en relación con una misma unidad poblacional, en el sentido de que lo que no pesque uno pueda ser pescado por el otro, pero con las naves correspondientes a una zona determinada. No significa que se vaya a pescar de una zona a otra. La idea no es aumentar el esfuerzo pesquero.
Sin embargo, es preciso poner un ojo en lo relativo particularmente a la especie del jurel, que se encuentra el borde de su sostenibilidad. Se ha reunido recientemente el Comité Científico de la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur, el cual señaló que la cuota máxima por pescar para todas las naciones del mundo, incluidas las áreas de la zona económica exclusiva, llegaría a unas 700 mil toneladas.
Tenemos que pensar que solo Chile llegó a capturar, en un momento determinado, 4 mil 400 millones de toneladas, por lo que es una realidad que enfrentaremos con bastante dificultad. Sin embargo, se presenta algún horizonte positivo en lo referente a otras especies pelágicas.
En cuanto a la facultad ya mencionada, ella se especificó solamente para las especies pelágicas menores, definidas por la Ley de Pesca en el número 19) de su artículo 2°: fundamentalmente, jurel, anchoveta y sardina.
Por otro lado, a nivel de los Senadores de las Regiones del Norte, mi Honorable colega Orpis, en particular, planteó al Gobierno un compromiso en orden a que el proyecto incluyera un estudio, con un plazo de 18 meses, para fijar la talla de primera madurez sexual del jurel. Ello resulta especialmente relevante, por cuanto se registra una discusión derivada de distintos análisis, algunos de los cuales señalarían que dicho factor sería distinto entre la zona centro sur y la norte. El compromiso vendría a dar más antecedentes en este sentido y, desde luego, también se traduciría en una garantía para la recuperación y sostenibilidad de la especie.
Como Comisión, solicitamos a la Sala, con estos antecedentes, aprobar la normativa.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, quisiera partir consignando que la iniciativa se originó en una presentación que con mi Honorable colega Cantero y el entonces Senador señor Flores hicimos a la Contraloría General de la República, a fin de impugnar el decreto supremo Nº 1.675, del Ministerio de Economía, en la parte que estableció la cuota global de captura del jurel para el año 2009.
Expusimos que la determinación de esta última no se ajustaba a la normativa legal, que exige definirla por cada una de las unidades de pesquería, independientemente considerada, sobre la base de estudios técnicos individuales y específicos relativos al recurso hidrobiológico correspondiente.
El organismo contralor, con fecha 7 de diciembre de 2009, confirmó nuestra argumentación y señaló expresamente que el mencionado decreto no se ajustó a derecho en cuanto a la distribución de la cuota global anual, agregando que el informe de la Subsecretaría de Pesca no efectuó la estimación individual y separada de la cuota global que para cada unidad de pesquería ordena el artículo 26 de la Ley General de Pesca y Acuicultura.
Ese es el origen, señor Presidente, del proyecto que nos ocupa.
Presentado el texto por el Ejecutivo, quisiera ser muy categórico en cuanto a que el norte no ha renunciado a sus principios fundamentales ante el hecho de señalarse la existencia de más de un stock de jurel en Chile. Simplemente, es algo que aceptamos como un sistema de administración pesquera, previendo que el próximo año se va a discutir el proyecto de ley larga.
Lo determinante para ese debate van a ser los estudios científicos que la Subsecretaría, en una presentación que hizo a la Comisión, se comprometió a realizar. Uno de ellos se refiere a la talla de primera madurez sexual, cuyos términos básicos de referencia debieran haber estado listos en octubre recién pasado, y la licitación, en el mes en curso. Otro recae en las unidades poblacionales, cuyos términos básicos de referencia se hallan terminados y cuya licitación también corresponde al mes en curso. Y también se contempla uno sobre el marcaje, análisis que no está financiado y cuesta mil 500 millones de pesos. El conjunto de ellos es básico para ir adoptando las decisiones definitivas en la materia. Estimamos que lo anterior va a permitir a la Subsecretaría una mejor administración pesquera, dada la situación que vive en particular el jurel.
En el norte entendemos, en definitiva, que lo fundamental, más que los decretos y las leyes, son los estudios científicos. Y, por eso, señor Presidente, es esencial que sean despachados durante el plazo dispuesto, sobre la base de la discusión del proyecto de ley larga.
En virtud de tales razones concurrimos a aprobar la iniciativa.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, ha ocurrido habitualmente que en las Regiones con una mayor organización, con más pescadores -básicamente, los artesanales-, es donde en definitiva se logra una cuota mayor, sin importar la existencia del recurso ni el lugar de la pesca de altamar o en la zona protegida para el sector artesanal.
Con el proyecto de ley se va a definir un nuevo criterio, en el sentido de darles el mérito a las Regiones que disponen del recurso para fijar una nueva cuota. En ese entendido, creo que el texto es positivo también para la Novena Región, a la que le corresponde un mínimo de cupo no obstante que en su litoral se obtiene una buena parte de la pesca de las Regiones vecinas. Estimo que la iniciativa hará justicia a aquellas que no registran un correlato entre lo que producen y lo que se les asigna como cuota de pesquería.
Con el objeto de que se innove y se trate debidamente a las Regiones en función de su recurso pesquero, voto favorablemente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, estimados colegas, en estos últimos meses se ha difundido profusamente en los medios nacionales la discusión que se viene generando respecto a la pesca, las modificaciones de las cuotas de captura y la grave situación de la actividad antes y después del terremoto.
Desde que asumí como Senadora por la Región del Maule Sur, me he reunido en innumerables ocasiones, al igual que mi Honorable colega Larraín, con pescadores artesanales de las caletas de Duao, Loanco, Pelluhue y Curanipe. Estos me han expuesto el grave problema que enfrentan con la pesca de la merluza común en la zona. Porque, pese a existir recursos para extraer, su cuota de captura termina en agosto, lo que provoca que durante el resto del año deban depender de la buena voluntad del Gobierno y del Consejo Nacional de Pesca para poder aumentarla.
Lo anterior se repite año tras año, sin que hasta el día de hoy se encuentre solución para el grave problema que afecta a cientos de familias que viven de la pesca.
Si bien el proyecto de ley que estamos discutiendo dice relación con el jurel y las especies pelágicas, recoge un principio que en muchas oportunidades, junto con mi colega el Senador Andrés Zaldívar, le hemos solicitado al Ejecutivo acoger: el fraccionamiento de la cuota y su distribución entre las distintas unidades de pesquería que integran el mismo stock o unidad poblacional.
Hace dos semanas sostuvimos una reunión en el Maule Sur con el Subsecretario de Pesca, a quien le hemos propuesto en reiteradas ocasiones, personalmente y mediante oficios, una modificación a la Ley de Pesca, precisamente en su artículo 26, que se cambia hoy, a fin de otorgarle facultades a la Administración para que la cuota sea revisada a mitad de año y que, en caso de que una unidad de pesquería cuente con ella pero no con recursos para su extracción, se pueda distribuir un porcentaje entre las unidades que dispongan de recursos y carezcan de cuota.
Señor Presidente, es cierto que la Administración tiene facultades para modificar las cuotas. Sin embargo, estas no se utilizan, ya que muchos pescadores artesanales las entienden como un derecho adquirido, lo que obliga a negociar el traspaso de cuotas entre diferentes unidades de pesquería mediante beneficios de carácter económico, subsidios del Estado, etcétera. Se trata de un procedimiento poco claro y que desfavorece a las unidades con menor poder de presión.
La situación anteriormente descrita perjudica a numerosos pescadores artesanales de zonas que, ante la mayor presencia de especies hidrobiológicas en sus unidades de pesquería, han extraído la totalidad de su cuota en un tiempo muy corto y, por lo tanto, no pueden realizar la actividad extractiva para sustentar a sus familias durante el resto del año.
El sistema de compra de cuotas utilizado por la Subsecretaría de Pesca durante largo tiempo y el proceso de negociación que se registra en el Consejo Nacional de Pesca no me parecen correctos.
Por ello, creo conveniente que se le otorguen facultades al ente administrativo respectivo para que se aumenten o rebajen, dependiendo del caso, las cuotas que posee cada unidad de pesquería y un porcentaje de estas pueda ser repartido equitativamente entre las Regiones donde se produzca la situación en comento.
Considero necesario regular esa materia explícitamente en la Ley de Pesca, con el objeto de que en el mes de junio de cada año se revise lo concerniente a las cuotas de captura en la pesca artesanal y se regule lo que suceda en las unidades de pesquerías que tengan especies hidrobiológicas por extraer pero que hayan agotado su cuota.
Por último, deseo referirme a la grave dificultad que afecta a los pescadores artesanales de Chile.
Como país, tenemos muchas deudas con ellos. Y, por tanto, hay que avanzar decididamente a fin de proporcionarles mejores condiciones laborales: un seguro de vida real; aportes previsionales y de salud; recursos suficientes que permitan mejorar la infraestructura para el desarrollo de sus faenas, etcétera.
Mientras el sector industrial ha tenido el tiempo y las posibilidades requeridos para generar y obtener millonarias utilidades, la pesca artesanal se ha visto profundamente afectada y disminuida.
La llamada "Ley Corta de Pesca", aprobada en 2002 y cuya vigencia finaliza en diciembre de 2012, determinó las actuales cuotas de captura en las pesquerías por un período lo suficientemente extenso a fin de que el sector industrial realizara inversiones con el tiempo necesario para recuperarlas e instalar en tierra plantas procesadoras que ampliaran la fuerza de trabajo utilizada y generaran las grandes rentabilidades que en la actualidad obtienen las empresas pesqueras industriales.
En cambio, los pescadores artesanales enfrentan hoy solo restricciones: no tienen transferencia de tecnología avanzada; presentan dificultades de acceso al crédito; poseen cuotas mentirosas insuficientes para vivir dignamente, y están sujetos a gran cantidad de regulaciones que no logran destrabar su actividad y le ponen aun más freno. Ello, sin considerar lo ocurrido el 27 de febrero último.
En el fondo, mientras los industriales, gracias a esta legislación, conseguirán utilidades por sobre 2 mil millones de dólares en diez años, los artesanales...
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Concluyó su tiempo, señora Senadora. La Mesa le concede un minuto para terminar su intervención.
La señora RINCÓN.- Gracias.
Decía que los artesanales tienen que recurrir permanentemente a canastas familiares, manifestaciones y pequeños subsidios del Estado para obtener una atención mezquina que no resuelve sus problemas.
Señor Presidente, estoy convencida de que debemos revisar el sistema de asignación de cuotas o límites máximos de captura establecidos para los industriales. A juicio nuestro, entre otras consideraciones negativas, ello ha significado que el país prácticamente les haya regalado sus peces a unas cuantas empresas, que se llevan gran parte de los recursos pertenecientes a todos los chilenos.
En la nueva ley debemos establecer factores que repongan el derecho legítimo de nuestra nación a recibir recursos a cambio de la entrega de una riqueza que es de todos los compatriotas, bajo la modalidad de impuestos, patentes o cualquier otra forma compatible con tal fin.
Chile debe recibir ingresos significativos por la riqueza del mar que hoy se llevan de manera gratuita grandes transnacionales que pescan de manera indiscriminada en nuestras costas.
Los mayores recursos que se generen por tal concepto deberán tener el único y noble propósito de ir en ayuda de los pescadores artesanales, a fin de reactivar su labor y convertirla en fuente de empleo digno para ellos y sus familias.
Comparto el sentido de este proyecto de ley y, por eso, voto a favor.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, quiero fundamentar mi voto planteando básicamente una solicitud a las autoridades.
Sin prejuzgar, y partiendo del principio republicano de que se hará correcto uso de las atribuciones que esta normativa entrega, deseo de todas maneras hacer presente, a través de esta intervención, el sentimiento de la pesca artesanal de la Región de Los Lagos.
El sábado antepasado sostuve una reunión en la caleta de Anahuac con dirigentes pesqueros artesanales de la provincia de Llanquihue; de las comunas de Puerto Montt y Calbuco; de las provincias de Chiloé y Palena; de sectores lejanos, como Hualaihué; de lugares a los cuales cuesta mucho llegar, como Quenuir, ubicado en Maullín.
En general, el sentimiento que hay en la pesca artesanal es el de que, al final de cuentas, ellos son el hilo que siempre se corta cuando surgen dificultades con las pesquerías en el país y que, por una u otra razón -peso económico, redes de influencia, etcétera-, en último término, la pesca industrial logra resolver, pero la artesanal, no.
Si me guío por la discusión del Presupuesto actualmente en trámite, debo decir que una vez más ellos tienen razón para sus preocupaciones, por cuanto el Fondo de Administración Pesquera se reduce drásticamente, recortándose uno más de los instrumentos de apoyo a la pesca artesanal.
En consecuencia, señor Presidente, deseo reiterar y hacer pública en esta ocasión mi solicitud para que el Ejecutivo estudie concienzudamente la posibilidad de que exista un fondo de compensación para la pesca artesanal que cumpla el propósito de establecer un seguro de vida -hoy día no existe-; que permita resolver de plano los problemas que se presentan en esta actividad -su costo humano y familiar es enorme, y se acentúa por la fragilidad y la ausencia de todo mecanismo para sostener a las familias cuando se produce una tragedia (en general esto conmociona por uno o dos días a la prensa nacional, pero luego pasa dramáticamente al olvido)-, y que incluya los gastos previsional y de salud.
Seguramente, más de algún parlamentario o un economista dirá que eso forma parte de las obligaciones permanentes de las personas. Pero cuando se trata de ingresos no estables, como en el caso de la pesca artesanal; cuando se trata de recursos muchas veces ocasionales, que dependen de cuotas de captura que se han ido reduciendo en el tiempo, uno debería comprender que en ello también le asiste una responsabilidad al Estado y no condenar a los pescadores artesanales a míseras pensiones, sino procurar la existencia de instrumentos para que, a través de ese fondo, el Fisco sea capaz de cubrir sus cotizaciones previsionales y de salud.
Tal iniciativa permitiría paliar parte importante de las peores dificultades que enfrenta dicho sector: ausencia de un seguro de vida; atención de salud en calidad de indigente; pensiones muy frágiles, aliviadas en cierta medida por la pensión básica solidaria aprobada durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet, pero que no reemplaza una buena pensión derivada de la cotización que debe hacerse durante toda la vida.
Siento que de ese modo, señor Presidente, los pescadores artesanales mirarían de mucho mejor manera estas legislaciones, que habitualmente favorecen al sector de la pesca industrial y no al suyo. Verían las decisiones de la autoridad de otra forma si fuesen beneficiarios de un fondo de compensación como el sugerido, que permitiera absorber gastos que ellos no están en condiciones de cubrir y que acentúan sus estados de pobreza y marginalidad.
Espero que tal idea no caiga en el vacío.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- ¿Enviamos un oficio en su nombre, señor Senador?
El señor ESCALONA.- Sería mejor hacerlo en el de la Corporación.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se remitirá el oficio pedido por el Honorable señor Escalona, en nombre del Senado.
--Así se acuerda.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, complejo problema nos presenta este proyecto originado en mensaje.
En particular, si hubiéramos debatido esta materia hace 5 ó 6 años, tendríamos una disposición diferente. Pero lo hacemos precisamente ahora, a más de 10 años de la aprobación por el Congreso de la ley que estableció las cuotas individuales transferibles.
Yo me pregunto, más allá de lo planteado por el Senador Orpis y de la buena intención o buena fe que observo, si esta iniciativa resulta procedente hoy.
No sé si la Cámara Alta se habrá dado cuenta del estado crítico en que se halla la pesquería del jurel, o si la Subsecretaría de Pesca posee algún grado de credibilidad a estas alturas, ya que el proyecto dispone que ese organismo realizará estudios para determinar el tamaño mínimo del jurel, en circunstancias de que ese recurso ya no existe, ¡lo destruyeron! ¡Y se discute si el largo será de 21 ó 22 centímetros...!
Señor Presidente, esta especie se ha acabado, a causa de la irresponsabilidad de la Subsecretaría de Pesca durante los Gobiernos de la Concertación. Y la única diferencia que veo en la actual Administración, de Derecha, es que el Ministro de Economía se atrevió a sostener lo que todos señalábamos: que existen pesquerías absolutamente colapsadas; entre ellas, la del jurel.
Por tanto, si me dicen que será esa Subsecretaría, a la que le cabe responsabilidad principal en la destrucción del recurso, la que realizará un estudio para determinar la talla de primera madurez sexual del jurel por cada una de las unidades de pesquería, cabe preguntar: ¿por qué no lo hizo en estos 10 años? ¿Qué garantía existe de que lo llevará a cabo?
A nadie le ha interesado hasta hoy determinar el tamaño mínimo de madurez sexual. Cambiamos la "carrera olímpica"; distribuimos las cuotas, pero ninguna persona se preocupó de la sobrevivencia de la especie.
Entonces, la discusión no está en si los industriales del norte tienen derecho a cierta cuota de jurel, sino en qué haremos para salvar el recurso, cuya explotación genera miles y miles de empleos.
La situación en la Región del Biobío no puede ser peor después del terremoto. Vamos a perder miles de ocupaciones.
De un millón 300 mil toneladas aprobadas por el Consejo Nacional de Pesca, se han extraído 370 mil. Cada año se sobrepasa en más de 83 por ciento la cifra recomendada por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP). Este dispone una cuota global científicamente apropiada. Pero el Consejo, integrado por todos los propietarios de cuotas individuales -es decir, los industriales-, la aumenta en casi 100 por ciento al año.
Por eso nos encontramos en esta situación.
Entonces, más allá de la legitimidad jurídica o de la resolución de la Contraloría que habla de la existencia de más de un stock de jurel y no solo de uno -es decir, que hay diferencias entre el jurel del norte y el del sur-, todos conocemos cómo se desarrolla esta especie: es transoceánica; migra durante 7 a 10 años; puede alcanzar tamaños que superan un metro. ¡Sin embargo, aquí la pescamos con 21 centímetros!
Y el debate que se efectúa en el Senado durante la crisis más profunda de la situación del jurel radica en si nos seguimos repartiendo los ejemplares juveniles; en que vamos a estudiar si desovan o no; en que la Subsecretaría, la cual es responsable de fiscalizar que tengamos un stock apropiado de la especie, una biomasa sustentable, nos dice que ahora va a realizar análisis.
Todos los investigadores y científicos del IFOP coinciden plenamente en que las pescas de investigación en Chile fueron utilizadas para asignar recursos, pero no se sabe nada de las 1.025 investigaciones efectuadas sobre el particular en los últimos años.
No conocemos ninguno de esos estudios; no se han entregado; no tenemos acceso a ellos. Se realizaron 1.025 en un período de 5 años y medio (entre 2003 y 2009), y jamás supimos sus resultados, nunca fueron publicados.
La verdad es que no se llevaron a cabo; se dictaron resoluciones para realizar pesca de investigación a fin de tener control social y mitigar la movilización que se desataba por la competencia al interior del sector industrial, y también del artesanal.
En consecuencia, aquí no está en juego la pesca industrial o la artesanal, sino el contar o no con la biomasa de jurel y de otros recursos necesarios para la subsistencia de esta pesquería tan grande e importante en Chile.
Votaré en contra del proyecto, señor Presidente, porque lo considero extemporáneo.
Estoy dispuesto a discutir si la zona norte puede acceder a las cuotas de jurel cuando dispongamos de este recurso para todos. ¡Pero hoy no hay jurel para nadie!
Esa es la grave situación en la que nos encontramos. Y en el transcurso del debate, a la luz de lo que vendrá en los próximos meses, ella será duramente criticada.
Voto que no.
¡Patagonia sin represas!
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Girardi.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, me voy a abstener de votar el proyecto porque creo que estamos asistiendo a la crónica de una muerte anunciada.
Venimos señalando desde hace muchos años que en Chile se explota esta especie por sobre su capacidad de reproducción. Y ha habido un enfoque absolutamente liberal, que no ha determinado ningún tipo de regulación, y en virtud del cual se ha extraído el jurel de manera brutal.
Lo anterior da cuenta de que esta situación, donde los recursos son finitos pero nosotros actuamos como si no lo fueran, llega a niveles de grave colapso ecológico.
Acá estamos haciendo desaparecer una especie de nuestra plataforma marina debido a una explotación aberrante. Además, esto no solo revela la sobreexplotación de un recurso, sino también su destrucción para que muy pocos se enriquezcan, dado que el jurel casi no tiene valor agregado y termina convertido en harina de pescado.
Y resulta increíble que la proteína más importante, que los ácidos grasos más relevantes hoy en el mundo para combatir el aumento de colesterol, las enfermedades crónicas no transmisibles, los infartos, los accidentes vasculares, los cánceres, ¡acaben siendo utilizados para alimentar bovinos o pollos y no seres humanos!
De verdad, eso demuestra que el modelo de desarrollo de nuestro país tiene que cambiar.
Lo mismo ocurre cuando exportamos concentrado de cobre pero ni siquiera exportamos un alambre. Y en las actividades que no pagan impuestos por la extracción de recursos naturales, como en el caso del royalty, finalmente aprobamos una limosna y, a cambio de ello, más encima entregamos invariabilidad tributaria por muchos años.
En definitiva, eso pasa con todos los recursos naturales.
Actualmente, existe un gran debate respecto a cómo agregarles valor. Pero en este caso ni siquiera se intenta eso, pues la especie se encuentra en vías de extinción. Y si nuestras prácticas se mantienen tal como hasta ahora, sucederá lo mismo con todos los recursos naturales.
Ya tuvimos una crisis en la acuicultura. Pues, debido a malas prácticas empresariales, como aplicar antibióticos de manera indiscriminada o no hacerse cargo de los daños ambientales, se produjo una crisis biológica en la salmonicultura.
¿Cuál fue la conclusión; el instrumento ideado para su remedio? Hacer más de lo mismo, pero agregando la privatización del mar y el borde costero a fin de premiar las malas prácticas de los empresarios.
Este problema es de larga data: los últimos 20 años.
Recuerdo muy bien que, cuando se discutió la Ley de Pesca en la década de los noventa, se hizo un traje a la medida para los grandes armadores: se aprobaron cuotas globales y no individuales. Eso expresó claramente la influencia de los sectores empresariales en el Parlamento en esa época.
Me parece que de ahí para adelante tenemos una deuda inmensa. El gran damnificado fue todo el país. Además, los pequeños productores, los pequeños pescadores artesanales, se hallan absolutamente postergados, sin ninguna posibilidad de competir, en circunstancias de que desarrollan una actividad cuyo producto constituye el único alimento protector en materia de proteína, junto con la verdura y la fruta, con que cuentan los chilenos. Porque, lamentablemente, el resto del volumen de pesca -como señalaba- termina como harina de pescado.
Considero que este proyecto no resuelve nada; es cosmético; no se hace cargo del problema. Y pienso que sería bueno que, después de 20 años de una política condenada al fracaso y que nos llevará a una situación dramática, se abordara de manera integral esta situación. Pues creo que ya no se puede seguir postergando y obviando la verdadera magnitud del problema, como señalaba el Senador señor Navarro.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, voy a apoyar el proyecto porque tiende a resolver una situación concreta. Y lo está haciendo, según los antecedentes que se nos dan en forma responsable, más allá de la discusión de fondo, la cual es de mayor alcance, pues tiene que ver, más que con la iniciativa en debate, con el sistema vigente para la pesca industrial y artesanal.
Efectivamente, hemos venido reclamando desde hace muchos años por la situación que afecta a nuestra zona. En ella, aunque se carece de pesca industrial, hay mucha pesca artesanal, que sufre las consecuencias de una legislación que no ha podido abordar el problema.
En el caso específico de mi Región -a él se refería recién la Senadora Rincón-, hay muchas pesquerías, especialmente de merluza, pero muy pocas cuotas para los pescadores artesanales, en circunstancias de que en otras Regiones tienen muchas, pero carecen de acceso a la pesquería, porque las especies son migrantes. Si bien años atrás estuvieron en cierta parte, ya no permanecen ahí. Y se han impuesto cuotas que se convierten en derechos petrificados, que no pueden cambiarse.
Por lo menos en los últimos tres o cuatro años, me ha tocado personalmente luchar contra el Consejo Nacional de Pesca y contra la Subsecretaría de Pesca, a fin de que cambie la situación. Y la manera de lograrlo no es variando la asignación de cuotas.
Las cuotas de los pescadores de la Cuarta y Quinta Regiones se transfieren a la Séptima, a través de procedimientos muy engorrosos, procedimientos que incluso sabemos que son irregulares: el Intendente de la Región del Maule traspasa recursos al de la Quinta Región, y este financia a los pescadores cursos de capacitación que, en realidad, son modos de pagar los derechos de cuotas.
Me parece que tal sistema no puede subsistir.
He sugerido en reiteradas oportunidades al Consejo Nacional de Pesca que lo anterior termine. No hubo caso. En períodos anteriores, y en reciente reunión con los pescadores artesanales de todo el Maule, lo hemos planteado al Subsecretario de Pesca. Estaban presentes no solo los del Maule Sur, sino del Maule Norte. Y en reunión que tuvimos hace tres semanas en Pelluhue, hicimos ver la necesidad de revisar la legislación, de manera de hacer razonable la forma de asignar las cuotas en la pesca artesanal. Y, por cierto, ello obliga a revisar también las de carácter industrial.
La legislación actual caduca el año 2012; es decir, a más tardar el 2011 deberíamos estar revisándola.
Dados el problema de fondo que algunos señores Senadores han planteado, que merece ulterior análisis; la realidad nuestra, que no ha sido resuelta a pesar de las quejas, y las solicitudes que hemos hecho sobre la materia durante varios años, pido que todo esto se modifique.
Respecto del planteamiento que nosotros venimos formulando desde hace algunos años, el Subsecretario nos anticipó que era criterio del Ejecutivo revisar en esa dirección la legislación de pesca vigente. Ojalá que se haga lo antes posible, porque no podemos seguir parchando una ley que merece una evaluación, pues ha tenido beneficios importantes en muchos sentidos, pero a la vez ha creado situaciones difíciles de enfrentar.
Me alegro de que se haya podido abordar aquí el caso de la pesquería del jurel. Pero lo razonable es que veamos en una sesión más global los problemas que afectan a los distintos sectores, particularmente, al de pescadores artesanales. Pienso que se lo merecen nuestros pescadores. En especial, aquellos que me toca representar tienen dificultades para llevar una vida estable, dadas estas situaciones un poco absurdas que se presentan en la forma de asignar y manejar las cuotas de pesca.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, también me resulta bastante difícil asumir que con este proyecto se va a terminar un problema -en realidad, estamos en su superficie y no vamos al fondo- que el país debiera arreglar mediante una ley definitiva, sin esperar que caduque la vigente.
Por eso, no me motiva sostener que con esta iniciativa vamos a solucionar una situación parcial. Porque, efectivamente, tal como ha funcionado hasta ahora nuestra institucionalidad y como hoy día se dan las cosas, estamos terminando con recursos biológicos extraordinariamente significativos que hoy están casi en extinción. Estamos hablando no solo del jurel, sino de la merluza común y de la austral. Y eso se debe a una institucionalidad inadecuada y a malas prácticas. Sobre la base de estas últimas -como muy bien decía el Senador señor Navarro, en conceptos que yo comparto- se hacen supuestas investigaciones y se presume que lo de algunas especies sujetas a cuotas tienen que ver con aquellas. Pero la verdad es que eso termina siendo una forma de reparto para compensar determinados problemas que se generan entre una Región y otra y entre ciertos sectores, sin que se cumpla el objetivo.
Por lo tanto, francamente, debo declarar que no tengo confianza en lo que dice parte del proyecto, en cuanto a que dentro de 18 meses la Subsecretaría de Pesca deberá elaborar los estudios necesarios que determinen la talla de primera madurez sexual del recurso hidrobiológico jurel por cada una de las unidades de pesquería.
La experiencia nos dice que si lo anterior no ocurre ni siquiera con la investigación, menos va a suceder en situaciones específicas. Y no solo eso, pues se han reiterado esas malas prácticas; y, al final, no solo estamos terminando con nuestros recursos pesqueros, sino que además hemos desviado el camino natural de la investigación. Por lo tanto, tenemos que hacernos cargo de este mundo a que se refería el Senador señor Escalona.
Aquí, en forma bastante compleja, hay una concentración en manos de la pesca industrial, en desmedro de la artesanal, la cual, además, carece de regularidad en su accionar. Por lo mismo, sufre los embates de meses completos de paralización y de incertidumbre, sin que los pescadores sepan cómo enfrentar sus gastos personales y los de sus familias cuando quedan durante mucho tiempo de brazos cruzados.
Nosotros no podemos seguir ignorando tal situación.
Aparte del caso específico de la pesca artesanal, hay otros vastos sectores que también carecen de un ingreso regular y que deben vivir en la angustia de no disponer de una salvaguardia para ellos, no tener continuidad en la previsión, no poseer recursos para el ahorro ni gozar de algún tipo de subsidio. Y, entonces, se va ahondando un problema social que no es menor.
Por esa razón, yo no me siento capaz de manifestar que este proyecto no me satisface.
Me molesta que tengamos que discutir el fenómeno en su superficie, cuando es más profundo.
Por esa misma razón, me voy a abstener. Quiero que ello se vea como una señal. No voy a votar en contra, pero estimo que no es bueno que el Senado esté discutiendo una materia que pasa a ser absolutamente secundaria frente al problema real: una institucionalidad que no funciona. Hay irracionalidad en los procedimientos. Tenemos concentración industrial y una sobreexplotación importante de nuestros recursos naturales.
No tengo confianza en que en el plazo de 18 meses la Subsecretaría de Pesca cumpla lo que dice. Porque en este Gobierno o en el de ayer -me da igual- tengo la experiencia -según lo apreciado en distintas regiones- que aquella no ha funcionado como debiera.
Y el Consejo Nacional de Pesca también carece de suficiente transparencia, porque algunos de sus integrantes se "autofiscalizan".
En verdad, estoy cansada de la actual institucionalidad.
Por esas razones, señor Presidente, por considerar que no debemos legislar en forma precaria ni tampoco perpetuar situaciones inaceptables, me voy a abstener, como una manera de dejar constancia de mi disconformidad con lo que está sucediendo.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, en las diferentes intervenciones de hoy, claramente, se advierte consenso en cuanto a que la legislación en estudio no va a resolver el problema de fondo.
La discusión, en consecuencia, tiene dos vertientes: discutir parte del problema de fondo y, al mismo tiempo, abocarse a qué hacer con el proyecto de ley en concreto.
Aunque lo propuesto en la iniciativa en debate no es perfecto, va a resolver el problema de ciertos pescadores artesanales que requieren esta nueva normativa para seguir subsistiendo con la escasa pesquería que tienen.
Si todos los Senadores votáramos en contra por parecernos insuficiente, no se podrían modificar las formas en que están asignadas las cuotas, con un porcentaje importante de pescadores artesanales pasándolo mal.
Uno se puede abstener, rechazar o votar a favor del proyecto. Pero si todos nos pronunciáramos de cierta manera, los efectos serían distintos.
En consecuencia, tratando de ser coherente y responsable con lo que creo, aprobaré la iniciativa.
Sin embargo, quiero agregar algunas observaciones, colgándome de lo dicho por varios colegas.
A mi juicio, tiene razón el Senador Navarro cuando sostiene que hay una cuestión más de fondo que no se ha abordado. También me sumo a lo afirmado por el Honorable señor Girardi. El mismo Senador Larraín señaló que acá hay un asunto pendiente.
Quiero recordar que, como consecuencia del terremoto, muchas caletas de pescadores artesanales sufrieron daños muy grandes. Y acá, en algún minuto, se planteó la idea de adelantar el tratamiento de la Ley de Pesca que vence el 2012, con el objeto de enfrentar el problema con recursos y con nueva legislación. Afortunadamente no se hizo, porque se escuchó decir a algunos que podría discutirse el proyecto de ley con antelación, pero manteniendo la situación actual; esto es, que se extendiera la fecha de vencimiento. Si eso es lo que algunos esperan para cuando se discuta la normativa el próximo año, sostengo que van a contar con poco apoyo.
Quisiera que la misma fuerza que advierto hoy respecto de esta modesta legislación que va a mejorar lo que hay, se diese para enfrentar los intereses de los poderosos, los cuales se harán presentes en el Parlamento al igual que ocurrió en el año 1992.
Quienes tenemos un compromiso contraído con los pescadores artesanales durante la campaña electoral última, fuimos explícitos en cuanto a que en la legislación del 2012 íbamos a asegurarles un debido tratamiento versus los pescadores industriales en Chile y los grandes intereses económicos. En esa oportunidad, vamos a determinar quiénes son los que están en condiciones de abordar los temas de fondo y dar los votos con coherencia.
Espero, señor Presidente, que sean varios los Senadores que el próximo año quieran discutir esta materia.
En lo referente a lo manifestado por los colegas señora Allende y señor Escalona acerca de que hay una cuestión relativa a la forma en que se desenvuelven ciertas actividades económicas en Chile, uno advierte que la situación de los pescadores artesanales se asemeja a la que vivieron y sufrieron los mineros.
Creo que todavía nos queda bastante por mejorar.
Escuché a algunos Senadores decir que hay que poner un poquito más de ojo en lo que se va a pedir a este nuevo Gobierno, a fin de que tenga una mirada distinta y haga posible terminar con la hipocresía de los estudios científicos. En todo caso, estos no son un descubrimiento nuestro. Los inventaron los japoneses para ser aplicados en la caza de ballenas: se asigna equis número de cetáceos al año para fines de pesca científica, pero terminan en los platos de sushi. Esa es la verdad. Y eso se hace en connivencia de todos nosotros. Cuando digo "todos nosotros" me refiero a la comunidad internacional.
En cierta medida, hoy se le ha puesto coto a ese proceder. Las cosas toman un tiempo en madurar.
Como soy optimista confío en que el Gobierno -con los Senadores que lo apoyan-, tenga la capacidad de terminar con la hipocresía de la investigación científica. Porque resulta bien complejo que en cinco años y medio todavía no sepamos el resultado de alguna.
Por último, señor Presidente, espero que en la discusión del próximo año tengamos todas las cartas sobre la mesa, para contar con algo que recoja nuestra realidad en materia de pesquerías. Estas se están acabando. En consecuencia, ya no es un tema distribuir las cuotas de captura. Cada vez que uno lo hace, algunas pueden ser mejores o peores, pero cabe preguntar qué se distribuye.
También hay que hacerse cargo de las pesquerías cuando se discuta la nueva legislación, a fin de dar una lonja adecuada a los pescadores artesanales y otorgarles la protección y fiscalización adecuadas, para que la pesca industrial no se siga llevando la mejor parte de este gran negocio que debe ser para todos los chilenos.
Voto a favor.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, se han planteado muchos aspectos de diverso carácter.
Por mi parte, solo quiero señalar que la Organización Regional de Pesca para el Pacífico Sur se acaba de reunir el fin de semana. Son 25 países los que pretenden participar del recurso. Hace más de 10 años Chile se autoimpuso que se descontarían de la cuota de captura de las empresas industriales las especies que pescaran fuera de las 200 millas de la zona económica exclusiva, como una manera de cuidar el recurso y buscar presencia internacional.
En esa línea hay mucho por hacer aún.
Con respecto al Consejo Nacional de Pesca, efectivamente, no puede ser juez ni parte. Además en él no están representados los distintos actores. Se tiene que modificar. Hay compromisos en esa materia.
En cuanto a los Consejos Zonales, hay que aumentar su número, a fin de que cada una de las Regiones pueda administrar sus propios recursos.
Lo mismo se da en la distribución de cuotas entre pescadores artesanales e industriales.
La ley que trata del límite máximo de captura por armador pretendió reducir la flota -de hecho lo hizo- y equiparar la cantidad de recursos por capturar durante el año, dando estabilidad laboral y aumentando la posibilidad de entregar valor agregado a los productos.
Ello debe ser evaluado para cada una de las pesquerías.
El drama más grave se presentó cuando se mezclaron cuestiones sociales con asuntos productivos. Con cargo a las cuotas de pesca de investigación, se pretendía resolver problemas sociales. Y, evidentemente, eso no funciona, porque la disponibilidad de recursos cae en el tiempo. La política de la Coalición por el Cambio es justamente establecer una diferenciación, al igual como en INDAP y en otras áreas de nuestra sociedad.
En lo referente a investigación, efectivamente, hay que dar a esta más recursos. El Fondo de Investigación Pesquera (FIP) viene muy disminuido este año, por lo cual debe potenciarse como corresponde al Instituto de Fomento Pesquero (IFOP).
Estamos tratando de legislar para evitar el descarte. Se espera solo una indicación del Ejecutivo. Hemos entrado a legislar respecto de los Ecosistemas Marinos Vulnerables; se han ampliado las áreas de protección con el compromiso de la autoridad para que la isla Salas y Gómez pueda elevar sobre 12 por ciento los sectores protegidos en nuestra Zona Económica Exclusiva; se va a ampliar el posicionador satelital, con el objeto de tener mayor fiscalización, y también se distribuirán en mejor forma los recursos entre los pescadores artesanales. Actualmente, son sobre 80 mil las familias del sector. Algunos pescadores poseen una panga con motor y otros cuentan con dos naves que suman más de 100 toneladas de registro grueso.
En esta materia hay bastante por regular. Con el Ministerio de Economía y la Subsecretaría de Pesca, estamos elaborando un calendario para resolver los inconvenientes de aquí hasta inicios del 2011.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, el proyecto en debate esconde un conjunto de dificultades tremendas de la industria pesquera.
Ya se mencionó que todos hemos sido testigos de la presunta pesca investigativa. Si uno contabiliza las toneladas de jurel que se capturan sobre esa base, la cifra es escandalosa. Además, el procedimiento no tiene nada de científico. Se relaciona con la mantención del empleo y con las presiones de la industria.
El origen del problema de fondo radica en que esta industria no toma decisiones técnicas: el Consejo Nacional de Pesca, que la representa, es el que ayuda a fijar las cuotas de cada una de las pesquerías. Y hoy la mayoría de estas se encuentran en plena explotación. Están a punto de colapsar, si es que ya no lo han hecho.
Viven un drama.
Lo que mencionó el Senador Horvath, en el sentido de que Chile manifiesta buenas intenciones al quitar o reducir las cuotas de pesca a quienes capturen recursos más allá de las 200 millas no tiene importancia, porque los chinos están instalados en ellas, saqueando el mar de poblaciones que migran en forma abundante. No lo digo como una crítica al Senador señor Horvath. Reconozco la voluntad de nuestro país, pero el problema es que el fenómeno es más complejo. ¡Más complejo!
En ese sentido, el proyecto apunta a hacer un estudio.
¿Los jureles del norte son iguales a los del sur?
Todo esto se relaciona con la necesidad de precisar cuál es el tamaño de la captura que se va a autorizar. Es positivo que ello ocurra, como también evitar el colapso de las industrias.
En mi opinión, para que la actividad pesquera tenga larga vida hay que incorporar un elemento básico en nuestros debates -no es esta la ocasión de hacerlo- que dice relación a modificaciones profundas de los seguros de cesantía. Porque, cuando se declara una veda, se necesita asegurar que los pescadores tengan ingresos, puedan seguir manteniendo a sus familias y que no sean las variables de ajuste de las industrias las que determinen si les va bien. Y la gente de mar constituye la válvula de ajuste cuando no hay trabajo. Muchas veces a ellos los ponen como factor de presión, porque tienen que "parar la olla", alimentar a sus familias. Hay sectores de la economía que dependen de que los pescadores trabajen y cuenten con un ingreso.
¡No puede ser que no nos hagamos cargo de ese punto!
Cuando en el futuro el Perú inicie una veda en el norte, Chile deberá hacer lo mismo simultáneamente; de lo contrario, la medida no tendrá sentido. Ello, si queremos recuperar el stock o la masa hidrobiológica en serio.
El actual mecanismo del límite máximo por armador no ha servido. Todo indica que hemos fracasado en la administración del recurso en nuestro país. Necesitamos repensar el asunto, y espero que revisemos la Ley General de Pesca cuanto antes, pues son varias las pesquerías que se hallan en situación dramática en la Octava Región.
Señor Presidente, tengo la intuición -obviamente no soy científico para demostrarlo- de que los jureles del norte en algo son distintos de los del sur, aunque algunos quieren hacer ver que se trata del mismo fenómeno. Los estudios demostrarán que sí hay diferencias.
El problema radica en que la Región del Biobío ha sobreexplotado sus recursos hidrobiológicos. Y nosotros debemos evitar que igual hecho ocurra en las pesquerías de otros lugares.
Todo indica que en el norte hay harto jurel. ¡Harto! Cabe preguntarse, entonces, si allí se está saqueando el recurso. Parece que no. Y creo que los estudios también lo demostrarán.
En consecuencia, señor Presidente, necesitamos una visión más profunda de la situación. La iniciativa que nos ocupa -disculpen la forma de decirlo; no quiero sonar despectivo- será una ley parche, de aplicación transitoria. Espero que los trabajos de investigación ayuden y que después abordemos la cuestión de fondo, sin que los pescadores paguen el costo del ajuste de captura.
--(Aplausos en tribunas).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Hago presente a quienes nos acompañan en las tribunas que no está permitido hacer manifestaciones.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueban las modificaciones propuestas por la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura (22 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones), quedando aprobado el proyecto en particular y despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Matthei, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Bianchi, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, García, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín, Letelier, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Sabag, Tuma y Zaldívar (don Andrés).
Votó por la negativa el señor Navarro.
Se abstuvieron la señora Allende y los señores Girardi y Muñoz Aburto.