ASOCIACIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN GESTIÓN PÚBLICA. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Corresponde tratar el informe de Comisión Mixta formada en virtud de lo dispuesto en el artículo 70 de la Constitución Política, ya aprobado por la Honorable Cámara de Diputados, recaído en el proyecto de ley sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3562-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 62ª, en 6 de noviembre de 2007.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 62ª, en 28 de octubre de 2008.
Informes de Comisión:
Gobierno, sesión 59ª, en 8 de octubre de 2008.
Mixta, sesión 63ª, en 2 de noviembre de 2010.
Discusión:
Sesiones 60ª, en 14 de octubre de 2008 (queda para segunda discusión); 61ª, en 15 de octubre de 2008 (se aplaza su discusión); 62ª, en 28 de octubre de 2008 (se rechaza en general y pasa a Comisión Mixta).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La controversia suscitada respecto de esta iniciativa se originó en el rechazo de la idea de legislar por parte del Senado.
La Comisión Mixta, como modo de resolver la divergencia entre ambas ramas del Congreso, realiza una proposición -ya fue aprobada por la Cámara de Diputados-, que consiste en un texto de 38 artículos permanentes y 5 disposiciones transitorias. Tales normas regulan las asociaciones sin fines de lucro, las organizaciones de interés público y el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público. Asimismo, se modifica la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la Ley sobre Juntas de Vecinos, la Ley sobre Organización del Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Código Civil.
Hago notar que, para la aprobación de la proposición de la Comisión Mixta, se requiere el voto conforme de 18 señores Senadores.
El señor GARCÍA.- ¿Me permite, señor Presidente, antes de iniciar el debate?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, solicito que recabe el asentimiento unánime de la Sala para que ingrese la Subsecretaria General de Gobierno, señora María Eugenia de la Fuente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- No hay presente ningún Ministro, señor Senador. De acuerdo con el Reglamento...
El señor PROKURICA.- Basta la unanimidad de la Sala.
El señor ORPIS.- Exactamente.
El señor NAVARRO.- ¿Cuándo van a venir los Ministros a la Sala?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Yo no voy a dar mi acuerdo. Por eso estoy dando la explicación.
En este momento no se encuentra presente en la Sala ningún Ministro. El Reglamento establece que por lo menos debe haber uno para autorizar el ingreso de otros funcionarios de Gobierno.
En otra oportunidad, a petición de los Senadores, se mandó una comunicación al señor Ministro del Interior porque ningún representante del Ejecutivo estuvo en la sesión cuando se discutió el proyecto sobre aumento de la dotación de Carabineros. A mi juicio, en iniciativas de esta naturaleza deben estar los Secretarios de Estado presentes.
Por tanto, al menos mi opinión es que, atendido el oficio enviado con anterioridad, debiéramos mantener la misma línea mientras el Gobierno no asista al Parlamento a discutir los proyectos de ley.
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, le encuentro toda la razón. Fui uno de los que reclamaron por la no comparecencia de los Ministros en el debate del proyecto que aumenta la dotación de Carabineros. Pero la materia que nos ocupa aún no se la hemos comunicado al Gobierno.
En consecuencia, considero que debiéramos permitir el ingreso a la Sala de la Subsecretaria, sabiendo que ella está en el edificio, sin perjuicio de que se le informe al Ministro del Interior que en el futuro no se autorizará entrar al Hemiciclo a ningún alto funcionario si no viene acompañando a un Secretario de Estado.
Insisto: me parecería un despropósito que la señora Subsecretaria General de Gobierno, estando aquí, no pudiera informar ahora sobre el proyecto.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Yo no tengo problema en revertir lo que acabo de plantear. Solo estoy defendiendo los fueros del Senado y de los parlamentarios. Por eso se le ofició al Ministro del Interior.
Ahora, si existiera unanimidad, podría revisar mi postura.
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, queremos que la iniciativa se discuta ahora y se vote.
No somos partidarios de que entre un Subsecretario cuando no viene acompañando a un Ministro. Esa es -diría yo- la "doctrina Prokurica" aplicada a ultranza, que vamos a mantener. Hemos aprendido de Su Señoría.
Estoy seguro de que el Ministro del Interior se encuentra en el edificio. Tendría que estar, pues nos hallamos discutiendo el proyecto de Ley de Presupuestos, que debiera ser su gran interés. De lo contrario, pido debatir la iniciativa en su ausencia.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Voy a leer el artículo 71 del Reglamento, el cual, mientras no sea modificado, no ofrece ninguna otra alternativa.
El señor NAVARRO.- ¡Lo hemos utilizado muchas veces!
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Exactamente.
Dice: "Por acuerdo unánime de la Sala podrán asistir a las sesiones los subsecretarios y otros altos funcionarios, siempre que concurran acompañando a un Ministro de Estado.".
Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, comprendemos la norma reglamentaria, pero sucede -se lo digo especialmente al Senador señor Letelier, quien sé que entenderá el punto- que estamos frente a un proyecto que habla de la participación ciudadana y que busca desarrollar el trabajo de las juntas de vecinos y uniones comunales. Me parece que, para contar con más argumentos y generar un mejor debate en la Sala, resulta conveniente conocer la posición del Ejecutivo sobre la materia.
Pido al Senador señor Letelier que otorgue la unanimidad para el ingreso de la Subsecretaria General de Gobierno. En todo caso, comparto por completo la opinión de que, para el análisis de una iniciativa de esta envergadura, debería estar presente la señora Ministra.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- ¿Da la unanimidad, Honorable señor Letelier?
El señor LETELIER.- No, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- No hay acuerdo.
Por tanto, no sacamos nada con seguir discutiendo el punto.
El señor CHAHUÁN.- Le pedimos al Senador Letelier que reconsidere su decisión.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En discusión la proposición de la Comisión Mixta.
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag, para informar sobre la materia.
El señor SABAG.- Señor Presidente, el objetivo del proyecto es facilitar el ejercicio del derecho de asociación mediante regulaciones que simplifiquen la constitución de agrupaciones intermedias que persigan finalidades de interés social o cultural, sin fines de lucro, que no estén reglamentadas por estatutos especiales.
Cabe recordar que en el segundo trámite constitucional, informado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, la iniciativa ingresó a la Sala para su discusión general, oportunidad en que se rechazó la idea de legislar como consecuencia de no haber alcanzado el quórum constitucional necesario para su aprobación.
Constituida la Comisión Mixta, se abocó al tratamiento de la iniciativa, recibiendo en el período que abarcó su estudio tres propuestas del Ejecutivo. Culminó su examen el 10 de marzo del año en curso. Posteriormente, se solicitó la reapertura del debate, en consideración a que era menester introducir ciertas enmiendas para perfeccionar la redacción del proyecto.
Citada por el Presidente del Senado, en atención a que el anterior Presidente de la Comisión había cesado en su cargo parlamentario, la Comisión Mixta se reunió los días 29 de mayo, 6 y 27 de julio y 2 de agosto de 2010, y eligió al Senador que habla para presidirla.
Cabe dejar constancia, además, de que la Comisión Mixta quedó integrada por los mismos parlamentarios que concurrieron a la etapa anterior de discusión, con excepción del ex Senador Ricardo Núñez, quien fue reemplazado por el Honorable señor Fulvio Rossi, y del ex Diputado Gonzalo Duarte, quien fue sustituido por el Diputado señor Fuad Chahín.
Reabierto el debate, la Comisión se ocupó de diversas enmiendas que complementaron el trabajo antes realizado y, con el patrocinio del Ejecutivo, introdujo una nueva institucionalidad al proyecto, que, básicamente, al uniformar en el Código Civil las normas para la constitución y el funcionamiento de esos cuerpos intermedios, evita la duplicidad de legislaciones, que muchas veces entorpece y confunde tanto a las autoridades como a los gobernados, impidiendo el desarrollo de tales corporaciones sociales.
Asimismo, el órgano técnico discutió latamente las observaciones que la Excelentísima Corte Suprema formuló a la iniciativa con relación a normas que inciden en la organización y las atribuciones de los tribunales de justicia.
Debo expresar que las enmiendas introducidas a lo largo de toda la tramitación del proyecto en la Comisión Mixta, que fueron objeto de un extenso y detallado debate, mejoran ostensiblemente el propósito que se tuvo en vista al legislar sobre la materia: dotar a la ciudadanía de una herramienta eficaz de participación en la gestión de los asuntos públicos.
En la segunda etapa de estudio del proyecto, la Ministra Secretaria General de Gobierno actual participó plenamente en cada una de las discusiones; por tanto, el Ejecutivo está plenamente de acuerdo con esta proposición.
El informe de la Comisión Mixta ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, y solo falta el visto bueno del Senado de la República.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, el proyecto que nos ocupa ha sido largamente esperado por las organizaciones de la sociedad civil, pues busca mejorar los mecanismos de participación ciudadana, que hoy día están seriamente cuestionados en Chile.
En la actualidad, la ciudadanía es protagonista del desarrollo y, también, de materias sociales. Existe un tremendo compromiso con el país. A mi juicio, uno de los grandes vacíos de nuestra legislación es no contar con una buena normativa en el ámbito de la participación civil.
El mérito de la iniciativa en análisis es que comenzó su tramitación durante el Gobierno anterior después de una larga discusión y, dado que al final no se alcanzó a despachar, continuó su tratamiento en la Administración actual. Por tanto, el proyecto es compartido por ambos Gobiernos. Ello, porque implica un asunto de Estado: lo relativo a la participación ciudadana.
Pero, más allá de la historia del texto propuesto, señor Presidente, deseo abordar temáticas que son inéditas en la legislación chilena sobre la materia.
Partiré leyendo el artículo 2° del proyecto. Su inciso primero dice: "Es deber del Estado promover y apoyar las iniciativas asociativas de la sociedad civil.".
Y el inciso tercero agrega: "El Estado, en sus programas, planes y acciones, deberá contemplar el fomento de las asociaciones, garantizando criterios técnicos objetivos y de plena transparencia en los procedimientos de asignación de recursos.". Esto, que constituye una aspiración programática, se ha incorporado plenamente en la proposición acordada por la Comisión Mixta y aprobada por la Cámara de Diputados.
¿Por qué señalo lo anterior? Porque se plantea crear un Registro Único de Organizaciones Civiles. Así, cualquier persona el día de mañana podrá concurrir al Registro Civil y pedir antecedentes sobre aquel Registro para verificar alguna información.
Después, señor Presidente, el articulado propuesto intenta acotar el tipo de organizaciones y facilitar su establecimiento.
Se crean las organizaciones de interés público.
Adicionalmente, se establece el Consejo Nacional encargado de llevar un catastro con todas las agrupaciones que lo soliciten.
En el Título III, además del catastro y del Registro Único, se consagra algo inédito en nuestro país de manera genérica: la creación del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público. Este tendrá una estructura de carácter nacional y también regional. Es decir, se avanza en el robustecimiento de las Regiones.
En el Título IV, se modifican diversos cuerpos legales para hacer efectiva la participación ciudadana.
Entre las enmiendas a la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, se incorpora el artículo 69, que señala: "El Estado reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas, planes, programas y acciones.".
El artículo 70, por su parte, dice: "Cada órgano de la Administración del Estado deberá establecer las modalidades formales y específicas de participación".
Paralelamente, el artículo 71 sugiere lo siguiente: "cada órgano de la Administración del Estado deberá poner en conocimiento público información relevante acerca de sus políticas, planes, programas, acciones y presupuestos (...). Dicha información se publicará en medios electrónicos u otros.".
Asimismo, otra norma plantea que los órganos del Estado deberán dar cuenta pública a la ciudadanía. Y ello debe desarrollarse de forma desconcentrada, no solamente a nivel central, a fin de que todos puedan acceder a esos antecedentes. En el evento de que las organizaciones planteen observaciones a dicha cuenta, la entidad respectiva deberá dar respuesta conforme a las disposiciones establecidas.
Además, el artículo 74 propone lo siguiente: "Los órganos de la Administración del Estado deberán establecer consejos de la sociedad civil, de carácter consultivo". ¡Cómo no va a ser importante una norma como esta! La sociedad civil como protagonista y consejos consultivos en las distintas entidades públicas.
Luego se introducen importantes modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Se reemplaza la expresión "consejo económico y social comunal" por "consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil". Y se incorpora toda una legislación al respecto.
Respecto de la Ley sobre Juntas de Vecinos, se plantean enmiendas similares.
Señor Presidente, en el Párrafo 6º se sugieren cambios que al principio casi no eran creíbles. Si hay algo que cuesta reformar en este país, es el Código Civil. Don Andrés Bello ha estado presente durante toda nuestra historia, y con razón. La Comisión Mixta introduce modificaciones profundas -quizás después de 100 años- al Título XXXIII del Libro I del referido Código.
¿Y por qué proponemos esas enmiendas? Dado que la aproximación inicial al proyecto era establecer mecanismos para fortalecer la participación, dijimos: "¿Por qué no nos fijamos una meta alta, importante?". Y ahí se planteó que una reforma de fondo debía aplicarse al Título XXXIII, que se refiere a las corporaciones y fundaciones.
Hoy día se requieren años para crear una corporación o fundación. Se piden informes inéditos: al Consejo de Defensa del Estado, a las policías, en fin. Es un sistema tremendamente engorroso. ¿Y para qué? Para que la sociedad civil participe. Sin embargo, todo sabemos que los procedimientos existentes solo colocan obstáculos a tal participación.
¿En qué sentido se modifica el Código Civil respecto de las corporaciones y fundaciones?
Las corporaciones pasan a llamarse "asociaciones".
Además, se establece un sistema expedito, mediante el cual, directamente quienes fundan estas asociaciones constituyen la escritura, van a la municipalidad. Allí existe un plazo acotado para que se pueda verificar si se cumplen o no los requisitos formales. Y, en caso afirmativo, si no hay observaciones, transcurrido ese lapso se obtiene la personalidad jurídica y se va al Registro Único, a cargo del Registro Civil.
Es decir, se establece un sistema completamente expedito para constituir corporaciones, fundaciones, asociaciones, en que se contará con un Registro Único. Y si bien el Ministerio de Justicia ya no tiene que ver directamente con la constitución de las asociaciones y fundaciones, sigue ejerciendo un rol fiscalizador importante. Es decir, mantiene la potestad fiscalizadora contemplada en el propio Código Civil.
Señor Presidente, el texto es inmensamente largo. Pero ¡cómo no sentirnos felices en el día de hoy de haber sido capaces de crear una legislación de suyo dificultosa, que suponía incluso modificar el Código Civil, lo que no se había hecho en décadas!
Aunque los Honorables colegas no lo crean, este es un gran día para el Senado. Todo lo que muchas veces, en los distintos discursos, señalamos respecto de la participación ciudadana, de la sociedad civil, hoy día lo estamos haciendo realidad de manera muy concreta. Y creo que la participación ciudadana va a ser muy distinta después de esta iniciativa de ley.
Por eso, quiero invitar con mucho entusiasmo, con mucha satisfacción, al Parlamento, al Gobierno anterior y al actual, a sentirnos orgullosos por lo que hemos creado en materia de sociedad civil, de participación ciudadana. Aquí se ha dado un paso gigantesco.
Y desde las tribunas nos acompaña don Francisco Estévez, quien ha sido, junto con las actuales autoridades de Gobierno, uno de los grandes gestores de este proyecto. Ello muestra la transversalidad que ha caracterizado todo este proceso.
Por eso, señor Presidente, ojalá tengamos quórum el día de hoy para despachar esta iniciativa. Sintámonos orgullosos de ella. Después, viéndola con calma, van a observar que hemos dado un paso gigantesco, si bien al principio fue tímido. Porque hemos terminado incluso con modificaciones que ni siquiera nosotros nos habríamos sospechado cuando iniciamos su discusión.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Me han solicitado abrir la votación...
El señor NAVARRO.- ¡Sin disminuir el tiempo!
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Conforme.
Si le parece a la Sala, se abrirá la votación sin disminuir los tiempos de los señores Senadores.
Acordado.
En votación el informe de la Comisión Mixta.
--(Durante la votación).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, sin duda, todo avance en participación ciudadana refuerza la democracia y el carácter pluralista de la nación chilena.
Creo importante que exista un estatuto concreto que determine cómo, cuándo, en qué condiciones se organizan los ciudadanos. Asimismo, resulta esencial, sí, clarificar que este proyecto, si bien es fuerte en materia de organización -y, desde luego, anuncio mi voto a favor-, es escaso en participación. Se otorga la facultad a los ciudadanos para que se organicen, pero ¿qué entendemos por participación?
El artículo 54 bis que se agrega en la ley N° 19.418 señala que podrá haber uniones de juntas de vecinos de nivel provincial y regional. Hoy día lo eran de hecho. Existían, pero no tenían personalidad jurídica. Van a poder participar.
La pregunta es qué van a decidir esas uniones comunales regionales o provinciales. ¿Van a poder resolver sobre el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de Interés Público? No. Ahí hay cinco y cinco: cinco de Gobierno, cinco de las organizaciones, pero dirime el Presidente.
Y digo lo anterior porque yo entiendo que hay "participación" cuando la ciudadanía efectivamente puede decidir (plebiscito vinculante), cuando puede acceder a los presupuestos participativos, cuando puede opinar y su opinión es considerada porque tiene un valor específico.
Avanzamos, por cierto. Y concuerdo con lo que dice el Senador Orpis: generalmente los grandes debates no se caracterizan por una gran asistencia. Pero hoy día es importante, pues estamos dándonos un estatuto que fortalece de verdad la organización de la ciudadanía en torno, por ejemplo, al voluntariado. Gran punto: cómo se organiza la gente que quiere trabajar solidariamente en pos de los otros, del prójimo. Pues bien, la dotamos de un estatuto. El voluntariado se podrá organizar; va a tener derechos; va a acceder a fondos destinados a través del Presupuesto.
Señor Presidente, este proyecto tuvo un largo debate, en el que se hicieron presentes muchas aprensiones: para qué queríamos que se organizara la sociedad, cómo debía llevarse a cabo ese proceso y cuál debía ser la participación del Estado en él. Yo me alegro de que haya organizaciones con la menor incidencia del Estado -y, también, con la menor incidencia del sector privado-, de que sean autónomas de verdad, de que puedan representar los intereses legítimos de la ciudadanía que las elige y para la cual se ordenan y se constituyen.
Por tanto, estamos ante una gran iniciativa sobre organización ciudadana, pero queda una deuda importante: la participación.
Yo observé la vez pasada, cuando no contamos con el quórum, que se debía tener especial cuidado respecto de las exigencias que iban a hacérseles a las organizaciones indígenas. Porque, claramente, el Convenio N° 169 de la OIT nos obliga a consultar a esas comunidades cada vez que legislemos en torno a temas de interés, directo o indirecto, de ellas, en cualquier parte del territorio nacional. Se le planteó al Gobierno en esa oportunidad que ello debía hacerse, porque las asociaciones indígenas también se van a ver sometidas al ordenamiento jurisdiccional contenido en el proyecto. Yo creo que allí lo básico y principal es el respeto a la autonomía acerca de cómo se organizan, y para eso son los estatutos: libertad plena, con resguardos mínimos, desde el punto de vista de la llamada "moral pública".
Señor Presidente, también hice notar en la sesión anterior la necesidad de que hubiera fondos públicos para financiar la organización. La normativa dice que esta será financiada mediante el Presupuesto; las donaciones, nacionales e internacionales, y la concursabilidad en los diferentes niveles del Estado. La pregunta que me hago es cuántos recursos vamos a destinar como Gobierno, como Estado, al financiamiento de las organizaciones de voluntariado de interés público. Eso es muy importante. Una organización sin un mínimo financiamiento pierde autonomía, no se desarrolla. Naturalmente, el aporte del Estado debe darse de la manera más transparente posible y sin ningún tipo de sujeción.
Entonces, siento que la incorporación del financiamiento a través de la Ley de Presupuestos nos abre un camino muy importante. Va a ser el propio Congreso el que determinará cuánto estamos dispuestos a invertir -no a gastar- en que los ciudadanos se organicen y participen. Y, por cierto, hay quienes dicen que el ciudadano organizado lo que hace es pedir y exigir más derechos.
En seguida, hay, a lo menos, un antecedente preocupante y del cual el Gobierno debiera hacerse cargo. En efecto, tal como lo señaló aquí hace unas horas el Presidente de CONADECUS -una de las organizaciones defensoras de los usuarios-, en 2004 había solo dos asociaciones para representar el derecho de los consumidores; y hoy día, en una sociedad cada día más consumista, donde el poder está unilateralmente distribuido, hay 70 de ellas, no obstante lo cual el presupuesto que les hemos asignado disminuye en 18 por ciento.
Yo creo que en esta materia vamos a tener un debate de verdad a la hora de definir cuánto estamos dispuestos a invertir -no a gastar- en el financiamiento, la estimulación, el desarrollo de las organizaciones que hoy día estamos aprobando a través de este proyecto de ley.
Señor Presidente, es necesario señalar que los dirigentes que participan del voluntariado, de las organizaciones sociales, van a requerir también todo nuestro apoyo.
Cuando visito y recorro mi circunscripción, yo suelo decir: "Con mi deber no más cumplo, porque a mí me pagan para realizar este trabajo". A los dirigentes sociales, a quienes hoy día dotamos de un estatuto y les estamos fortaleciendo la función de su organización, nadie les paga. Por lo tanto, allí tenemos un grave problema, porque algunos sí se entregan, sí participan, sí brindan parte importante de su tiempo.
Creo que el debate sobre cómo fortalecemos a los dirigentes en capacitación, en financiamiento para su organización, queda pendiente.
Espero que podamos mejorar la participación y hacer que cada día más chilenos tomen parte en este proceso. Soy autor de la moción que dio origen a la ley que permite desde hace tres años a los jóvenes de 14 años votar en las juntas de vecinos. Junto con el Congreso Nacional, con el respaldo de todos mis colegas, fue aprobado el proyecto. Y el resultado ha sido ¡maravilloso! Porque los dirigentes tienen que preocuparse hoy de los jóvenes de 14 años, toda vez que votan para elegir al presidente de la junta de vecinos, al tesorero, los directores. Hemos estimulado una participación temprana, dándoles derechos pero también exigiéndoles deberes.
Yo apuesto a que el proyecto que nos ocupa fortalecerá profundamente la organización ciudadana. Queda pendiente cómo reforzamos lo relativo a la participación a través de los plebiscitos vinculantes, de las consultas ciudadanas, de los presupuestos participativos, del financiamiento adecuado, para que estas organizaciones cumplan con su tarea.
Voto a favor.
¡Patagonia sin represas!
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, este es un proyecto -como ya se ha señalado- de mucha importancia. A mi juicio, trabajar en el objetivo de potenciar a la sociedad civil, de mejorar la participación ciudadana a nivel de las comunas, en las Regiones y en todos los ámbitos, no solo territoriales, sino que de objetivos, es un propósito extraordinariamente valioso. Y pareciera que esta iniciativa lo logra en muchos sentidos. La he estado revisando, y, obviamente, se desprenden de ella aspectos muy relevantes.
Algunas de las modificaciones al Código Civil permiten potenciar las atribuciones del Presidente de la República para aprobar la formación de personas jurídicas con mayor rapidez, lo que posibilita, con un procedimiento sencillo, crear asociaciones y fundaciones en virtud del cual bastará ahora con el depósito del acta de constitución en la secretaría municipal para que estas se formen. Ello, sin perjuicio de los chequeos posteriores. Pero estamos actuando con una mirada distinta y positiva.
También es valiosa la idea del Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, que en cierto sentido permitirá tener claridad y transparencia en el funcionamiento de todas las personas jurídicas que no persiguen fines de lucro y que, sin embargo, desarrollan funciones importantes. Eso posibilitará acceso a esa información, que ciertamente posee interés.
El proyecto, en lugar de fundaciones y corporaciones, crea ahora un poco genéricamente la idea de las asociaciones, y estas podrán ser fundaciones, corporaciones, organizaciones de interés público y, luego, organizaciones de voluntariado.
La verdad es que esta materia me despierta cierta inquietud en el sentido de si acaso no estamos duplicando lo que son las fundaciones y las corporaciones a través de estas organizaciones.
Las corporaciones son grupos de personas que se abocan a una finalidad establecida; las fundaciones constituyen un patrimonio destinado a un propósito social determinado.
Las organizaciones de voluntariado son, conforme a sus normas, un grupo de personas cuya actividad principal se realiza con un objetivo solidario, a favor de terceros, que se lleva a cabo en forma libre, sistemática y regular, sin pago de remuneraciones a sus participantes.
La pregunta es ¿qué diferencia, en su naturaleza jurídica, tienen con las corporaciones?
Quizás lo que se busca es una especie de corporación más simplificada, a fin de incorporar con más facilidad a otras entidades. Pero de esta manera estamos redefiniendo conceptos con mucha raigambre en nuestro sistema jurídico. Y, por lo mismo, me preocupa en el sentido de si acaso al hacerlo no estamos echando a caminar instituciones que no tienen la misma fortaleza, importancia o envergadura de las que han funcionado hasta la fecha.
Se crea algo positivo: el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, sin perjuicio de que, como es un fondo, queda entregado en último término a lo que la Ley de Presupuestos de cada año determine.
El Fondo será administrado por un Consejo Nacional, con una integración de mucho interés, por las personas que realizarán esta labor. Sin embargo, incluye, entre otros, a dos miembros nombrados por el Presidente de la República, con acuerdo de la Cámara de Diputados y del Senado.
Sobre este punto quiero subrayar algo que hemos discutido en otras oportunidades.
En el perfil del carácter de las funciones que corresponde a cada una de las instituciones del Parlamento, el Senado y la Cámara de Diputados, normalmente hemos ido generando una diferenciación. Ambos disponen de las mismas atribuciones en cuanto al proceso de formación de las leyes. Pero la Cámara Baja tiene cierta especialidad, que dice relación a la fiscalización. Y el Senado ejerce otros roles, desarrollados con mucho énfasis en los últimos 20 años, fundamentalmente en el nombramiento de personas. Respecto de la mayoría de las instituciones, los miembros son designados por el Presidente con acuerdo de la Cámara Alta. Existen, por cierto, distintos tipos de orígenes, pues a veces participan otros organismos, según sea el caso.
El darle atribuciones de esa índole a la Cámara Baja, puede ser equivalente a otorgarle algún tipo de facultades de fiscalización al Senado. Y me parece que eso altera la naturaleza institucional. Considero que nuestra Corporación no debe tener atribuciones en ese ámbito y que la Cámara tampoco ha de tenerlas en materia de nombramientos. Porque eso distorsiona el rol que posee cada rama legislativa. De esta manera estaríamos cambiando un poco el perfil institucional.
En fin, existen muchas observaciones que uno puede hacer.
Por ejemplo, las modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en cuanto sustituye el Consejo Económico y Social de la comuna por un Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, lo que suena atractivo, de interés; o en lo que respecta a rebajar de 10 a 5 por ciento el porcentaje de requerimiento de los ciudadanos inscritos en los registros electorales para solicitar un plebiscito, lo cual también constituye un avance.
Sin embargo, quizás mi mayor inquietud está referida a algo que no dice relación exactamente con el contenido del proyecto, sino con el hecho de que estamos -y me valgo aquí de las palabras vertidas por el Senador Orpis- frente a una tremenda transformación en cuanto a la manera como se está estructurando la participación de la sociedad civil, y el Senado no tendrá la oportunidad de discutirla, como se hace en general en el proceso de formación de las leyes comunes. ¿Por qué? Porque si Sus Señorías recuerdan, esta iniciativa fue rechazada en esta Corporación. Se aprobó en la Cámara de Diputados y se rechazó en el Senado por un problema de quórum. Y eso obligó a la conformación de una Comisión Mixta. Por lo tanto, la Cámara Alta no tuvo la oportunidad de realizar un debate en particular acerca de dicha normativa. No lo tuvimos, y no lo vamos a tener.
Y ello, para un proyecto de esta envergadura, no me parece sano. Tengo que decirlo honestamente.
Se está modificando el Código Civil.
Bueno, a don Andrés Bello le tengo especial respeto, y no por una admiración vaga, sino porque aquí hay un trabajo coherente, hecho en su momento con toda la ilustración posible. Y si no se ha alterado en más de un siglo y medio, es por algo. En esas cuestiones, más que considerarse preso del pasado, hay que pensar que poseemos un pasado del cual debiéramos sentirnos orgullosos y tener mucho cuidado en cambiarlo.
Yo no dudo de la labor efectuada por los Senadores y Diputados en la Comisión. Lo que digo es que una transformación de esta envergadura ocurrirá sin la participación del Senado, salvo la de algunos de sus miembros. Habremos tenido una discusión general, en la que podemos formular comentarios generales, valorar algo, hacer un alcance respecto de determinada cosa, pero en cuanto a su contenido esta Corporación será un espectador, no un protagonista.
Han participado cinco Senadores. Me dan plena confianza y tranquilidad quienes lo han hecho en nuestro nombre. Y estoy seguro de que realizaron la mejor tarea posible. De manera que tampoco quiero que se interpreten mis palabras como una crítica a alguien. Es una crítica a una situación objetiva que se está produciendo y que no me parece sana.
No es la primera vez que nos ocurre, señor Presidente. Nos pasó cuando se creó el Consejo Nacional de la Cultura, en que, por un hecho similar, la forma como se resolvió y reguló la materia fue igual a la de ahora. Esa vez se rechazó el proyecto en el Senado, se formó la Comisión Mixta y al final nos llegó un paquete que debimos aprobar así, sin más.
Creo que aquí se dio un buen paso. Se podrá corregir. En todo caso, pienso que nos hallamos frente a una cuestión que al menos a mí me merece una reflexión que -repito-, más que ir en contra de la iniciativa que nos ocupa (por cierto, votaré favorablemente el informe), pretende dejar sentado que, en último término, el Senado tendrá una responsabilidad muy menor. Y, tratándose de una transformación de esta envergadura, no lo considero bueno, porque de alguna manera incumplimos nuestra responsabilidad.
Empero, señor Presidente, no podemos entrar al análisis pormenorizado, ni tampoco efectuar nuestro aporte legislativo.
Llevo algunos años en esta Corporación, y he visto una buena contribución en el grueso de los proyectos. Sin embargo, desde los puntos de vista procedimental y constitucional, aquí no hay nada que podamos hacer.
Quiero subrayarlo, pues me habría gustado que, en una normativa de tanta trascendencia, la Cámara Alta hubiese cumplido un rol protagónico y no el de mero espectador.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, como aquí se ha señalado, el proyecto en comento, que venía del Gobierno anterior, ha sufrido una larga tramitación. Así que me alegra que la Comisión Mixta haya llegado a un acuerdo y que hoy tengamos la posibilidad de ratificarlo.
Parto por felicitar a quienes han trabajado de manera sistemática en la iniciativa. El Senador señor Orpis mencionó a Francisco Estévez y su equipo, quienes llevan muchos años esperando que nuestro país dé un paso decisivo, importante en términos del fomento al asociativismo, a la participación. Creo que no solo cabe congratularlos, sino también manifestar complacencia por el avance que estamos logrando.
Ahora debemos buscar el modo de fomentar la participación y de que el Estado se haga responsable del mayor nivel de organización, reconocimiento y motivación en el ámbito de que se trata.
Todos nos damos cuenta de que muchas veces las organizaciones funcionales -léase juntas de vecinos, uniones comunales- son tremendamente sacrificadas, porque desarrollan su labor en forma voluntaria y a menudo deben luchar contra la indiferencia de sus propios asociados.
Suele ocurrir que los vecinos se reúnen para elegir a las directivas de las juntas vecinales y después se van a su casa, pues consideran que con eso su labor terminó. Pero los dirigentes electos -la presidenta, la secretaria o el tesorero- tienen que realizar el ejercicio de recorrer oficinas e instituciones para hacerse escuchar y conseguir los objetivos perseguidos.
Me parece, pues, que debemos partir por reconocer nuestra precariedad en términos de participación. Pero, lamentablemente, al respecto perdemos oportunidades. Y las perdemos porque, como sociedad -hay que admitirlo-, en estos 20 años no hemos fomentado la participación dando todas las facilidades posibles. Porque una cosa es la organización y otra son el reconocimiento y los fondos concursables que permitan de verdad desarrollar programas, despertar interés por la participación, capacitar a los dirigentes.
Hoy día los problemas se vuelven más complejos. Y uno siente frustración cuando ve que la participación ciudadana alcanza niveles muy bajos. Tiene mucha relevancia en el ámbito de las juntas de vecinos, pero su incidencia real en políticas que afectan a su comuna, a su provincia o a su región es mínima.
En los grandes proyectos a desarrollar en materias medioambientales, por ejemplo, las personas pueden sustentar su opinión; pero, a decir verdad, ella no pesa o pesa poco, porque no es vinculante.
Chile, lamentablemente, no ha logrado una reforma constitucional que les permita a los ciudadanos participar en plebiscitos.
¡No sé por qué tenemos tanto miedo!
¡Ignoro por qué después de 20 años de democracia no existe la posibilidad de hacer plebiscitos, excepto si se registra una diferencia entre el Ejecutivo y el Congreso respecto a determinada materia!
Eso no constituye un instrumento participativo real que permita escuchar el parecer de la gente sobre cuestiones trascendentes.
A mí me habría gustado que mediante un plebiscito se les preguntara a los chilenos si están de acuerdo o no en que los compatriotas que viven en el extranjero puedan votar. Se trata de un asunto sensible, que estamos discutiendo, sobre el cual no se ha dicho todavía la última palabra. Pero llevamos 20 años esperando -¡20 años!- para que ojalá la política no se haga con regla de cálculo sino más bien apegada a cierto principio: el de ampliar la democracia y otorgar el derecho a participación.
Por eso, señor Presidente, no puedo dejar de señalar, junto con expresar mi satisfacción por el avance que se registra en la materia que nos ocupa, que somos un país que, tras 20 años de democracia, se encuentra muy lejos de haber desarrollado instrumentos que posibiliten una participación verdadera y no ficticia.
La participación precisa no solo organización, estímulo, capacitación -como dijimos-, sino también reconocimiento y recursos. Sin estos, muchas veces pasa a ser más bien un elemento declarativo.
Nuestra gente necesita un grado de información que no estamos acostumbrados a entregar.
Yo me alegro de los pasos que hemos dado con la Ley de Trasparencia. Pero no son suficientes.
¡Si hasta los propios concejales (digamos de una vez lo que ocurre) señalan en sus comunas que los alcaldes esconden la información, pues no se sienten obligados a entregarla en su totalidad al concejo!
Por lo tanto, hagamos una relación elemental: si los mismos concejales a veces no cuentan con la información necesaria, ¡imaginemos lo que ocurre con el ciudadano común y corriente...!
La ley obliga al alcalde a rendir una vez al año cuenta de su gestión. Y todos sabemos lo que pasa: invita a los más cercanos y hace una presentación muy bonita, con la cual deja la sensación de haber realizado muchas cosas, de haber cortado numerosas cintas. Pero la verdad es que el grado de participación, el cual no puede existir sin información previa ni capacitación, es totalmente limitado, restringido.
Sobre el particular, siempre me pareció importante un instrumento que se ha ocupado poco -ojalá fuera obligatorio para todos los municipios-: el presupuesto participativo. Ahí debiera el ciudadano tener la opción de opinar sobre en qué parte de la comuna ha de gastarse más o priorizarse. Pero muy pocos aplican ese mecanismo.
Entonces, no tenemos plebiscitos; los presupuestos participativos no se emplean mucho, y las consultas ciudadanas no son vinculantes (tal ocurre con la Ley del Medio Ambiente).
Por consiguiente, quiero dejar claro en el Senado que, si bien esta tarde estamos dando un paso importante (lo reconozco, celebro y apoyo), es apenas el primero. Ojalá que no nos conformemos con eso; que entendamos que la participación es mucho más amplia, y que, como sociedad, no temamos a que la gente participe, emita opinión, critique.
Actualmente, producto de toda la revolución tecnológica, existe -¡menos mal!- una forma más directa de comunicación, que le ha permitido a la gente estar mucho más informada y tener una participación horizontal y rapidísima.
Obviamente, aquello se encuentra circunscrito a quienes dominan las nuevas tecnologías y pueden acceder a ellas. Entonces, no estamos hablando de la gran mayoría de la población. Pero se trata al menos de un cambio sustantivo respecto a lo que había.
Por desgracia, todavía somos una sociedad bastante jerarquizada, con cierto temor a la participación amplia, profunda.
Aún somos una sociedad que no entiende que las verdaderas democracias significan también inversiones sociales. No hemos logrado financiar a los partidos políticos. Tímidamente, algo avanzamos en la ley sobre límite y gasto electoral durante las campañas; y digo "tímidamente" porque, sin duda, es insuficiente.
Por lo tanto, la política sigue siendo elitista. Y ello constituye un talón de Aquiles en nuestra aspiración de mayor participación ciudadana en las verdaderas competencias electorales.
Con ello quiero hacer, al momento de fundamentar el voto -por cierto, mi pronunciamiento será positivo-, un llamado a reconocer con claridad que en nuestro país nos falta muchísimo todavía para que podamos hablar de una verdadera y auténtica participación y para que ojalá vayamos formando a las nuevas generaciones de modo tal que se sientan involucradas y a gusto, con espacios, recursos y reconocimiento.
Nuestros dirigentes sociales hacen una labor abnegadísima, muy sacrificada. Sin embargo, requieren bastante más fortalecimiento y apoyo para actuar con mayor eficacia.
A mí me gustaría que el Estado invirtiera más en fondos concursables y en capacitación para aquellos dirigentes. Porque en ese aspecto estamos fallando.
Con alguna tristeza, he visto que en el último Presupuesto -a lo mejor aún estamos en condiciones de arreglarlo- se han disminuido los recursos que recibían ciertas instituciones, las subvenciones que se les otorgaban, o bien, que todas han sido puestas en el mismo nivel para hacerlas competir a través de fondos concursables, sin siquiera efectuar distinciones que a veces son necesarias entre entes culturales con fines específicos o entre instituciones de derechos humanos, por ejemplo.
Ha sido penoso ver, señor Presidente, la rebaja de fondos para Londres 38, para el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Entonces, existen contradicciones no resueltas. Pero, en todo caso, celebremos al menos la circunstancia de estar dando un paso significativo. Y ojalá el instrumento que se está creando no sea desaprovechado y vayamos avanzando en el mejor camino: el de abrir la sociedad, hacerla más transparente, más informada y más participativa.
¡Eso significa más democracia!
--(Aplausos en tribunas).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Todos nos sentimos contentos con la iniciativa de ley que estamos aprobando. Pero les pido a los presentes en las tribunas que aplaudan de una vez al término de la votación.
Para fundar su voto, tiene la palabra la Senadora señora Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, ya que estamos hablando de ampliar la participación, me parecen procedentes las manifestaciones de quienes se sienten interpretados por una exposición.
Yo comparto varias de las reflexiones hechas esta tarde por la Senadora Isabel Allende. Y quiero expresar lo siguiente.
Una de las cosas más complejas de la participación social es la pérdida del poder que se tiene. Y por eso a menudo existe miedo: de los alcaldes, a hacer plebiscitos vinculantes; de otras autoridades, a compartir antecedentes; de representantes populares, inclusive, a enfrentar la competencia de personas que manejan mayor cantidad de información. Es algo legítimo, inherente al ser humano.
Empero, creo que debemos ir avanzando en todos los estamentos, dentro de una democracia representativa como la que tenemos hoy, hacia una mayor participación de las personas.
He conversado largamente con el Senador Jaime Orpis, quien estaba en la Comisión de Gobierno y, por lo tanto, conoce mejor la situación.
También escuchamos el informe que nos entregó el colega Sabag.
La idea, en definitiva, es que este proyecto signifique un salto adelante en la línea de promover la participación y, sobre todo, brindar mayores posibilidades para que la gente se organice.
Para las Senadoras y los Senadores, por ejemplo, es bastante más positivo comunicarnos y relacionarnos con grupos organizados que representen intereses, que persigan objetivos de distinta índole -porque eso también legitima la toma de decisiones-, que hacerlo con conjuntos de personas a veces fragmentados o atomizados en su esencia.
Por esa razón, cada vez que voy a una reunión con entidades sociales, a la inauguración de la sede de una unión comunal, en fin, siempre entrego mi valoración en el sentido de que lo logrado es gracias a los dirigentes. Porque, a decir verdad, ellos deben dar peleas muy grandes -sobre todo cuando no tienen buenas relaciones con la autoridad municipal de turno- para conseguir cosas.
En la participación es relevante, asimismo, que las personas tengan libertad para asociarse, por una parte, y rapidez para hacerlo, por otra. Porque hoy el trámite es tan largo y engorroso que en algunas ocasiones la gente no alcanza a terminar su idea de asociación y "tira la esponja" -como se dice vulgarmente-, pues los tiempos no permiten actuar con celeridad.
Treinta días de plazo para tal efecto es sobremanera positivo y deseable. Tengámoslo muy claro. Como expresaba el colega Orpis, ello va a marcar un antes y un después en el ámbito de la organización social.
En mi concepto, debe incentivarse la participación. Y hay demasiadas buenas posibilidades para hacerlo, en diversas materias. Aquí se han citado algunas.
A mí, por ejemplo, me encantaría saber qué opina la gente acerca del voto voluntario. Yo soy jugada a mil por él, pues opino que el sufragio debe ser ejercido como un derecho y no constituir una carga impuesta por el Estado. Y hoy día tenemos un debate político sobre el particular. Algunos piensan que debe ser una obligación; yo estoy convencida de la voluntariedad.
Entonces, pienso que sobre los asuntos más discutibles es bueno hacer plebiscitos o consultas ciudadanas, para que la gente pueda referirse a cuestiones vinculadas con su vida.
¡Por Dios que diferente es aplicar las normas medioambientales con rigurosidad, con fuerza, a hacerlo en forma absolutamente relajada! En este último caso se instala una termoeléctrica tras otra. En mi zona, en Quintero y Puchuncaví, durante los últimos años ha proliferado de manera brutal la instalación de empresas contaminantes, sin que se haya considerado la opinión ciudadana. Y existen numerosos otros ejemplos.
Aquello va más allá de quién está en el Gobierno: tiene que ver con la creencia en lo relevante que es el desarrollo de la participación de las personas y con el otorgamiento de los recursos indispensables para procurarlo.
Es bueno que los dirigentes cuenten con herramientas que les permitan fortalecer sus liderazgos.
Reviste importancia, igualmente, la información. Cuando la gente se halla más informada tiene mayor libertad para tomar decisiones. Y cuando disfruta de esa mayor libertad no debe asumir ciertos compromisos de rigor ante la autoridad de turno, con quien puede coincidir o no.
Por último, debo puntualizar que este es uno de esos proyectos que a una le dejan el corazón calentito en términos de que está votando por algo positivo, beneficioso, transversal. En efecto, esta iniciativa no tiene color político. Más bien tiene el color de quienes creemos en la participación social y deseamos incentivarla; de aquellos que estimamos buena la democracia representativa -nosotros somos representantes populares- y, al mismo tiempo, consideramos conveniente fortalecer la democracia participativa y, por ende, promovemos las herramientas necesarias para lograrlo.
Obviamente, por todo lo dicho, sumo mi voto favorable a esta iniciativa. Y felicito a aquellos que llevan largos años trabajando en la materia: a Francisco Estévez -lo conozco y lo valoro mucho-, a la gente encargada de ella en nuestro nuevo Gobierno.
Estos son los proyectos que deben trabajarse en forma transversal. Porque los problemas de la comunidad no tienen color político. Lo que hay que hacer es enfrentarlos y resolverlos con buenas decisiones.
--(Aplausos en tribunas).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- ¡No me obliguen a desalojar las tribunas...!
El señor LAGOS.- ¡Ahí estaría lucido, señor Presidente...!
La señora ALLENDE.- ¡Habría que condecorarlo...!
El señor LAGOS.- Habría que darle una condecoración: ¡aprobando por unanimidad un proyecto de ley sobre participación ciudadana y ordenando el desalojo de las tribunas...!
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Para fundamentar su voto, tiene la palabra el Honorable señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, voy a ser muy breve. Quiero básicamente sumarme a las palabras de mis colegas.
Esta iniciativa tiene larga data: como aquí se informó, viene de junio de 2004 (entremedio, en Chile ha habido tres Presidentes distintos). Y verá la luz -ojalá- luego.
En seis años nuestro país ha cambiado una enormidad.
Creo, señor Presidente, que este es un proyecto valioso, importante: crea un Fondo, establece una regulación, determina nuevas normas para el voluntariado, etcétera. Pero va a nacer con el desafío de generar algo distinto, más potente y más moderno.
Como bien decía la Senadora Allende, Chile ha cambiado sobremanera. Cualquiera que participe en la cosa pública -desde los cargos de elección popular, desde el Gobierno, desde las ONG, desde los voluntariados- puede darse cuenta de que este es un país más horizontal. En él los ciudadanos se sienten más conscientes del pago de sus impuestos; le exigen más a la autoridad; se paran frente a un alcalde y le requieren cumplir; van al consultorio y se enojan cuando no los tratan como corresponde; denuncian si un funcionario público no realiza la pega como es debido.
Se trata de una ciudadanía que se siente más segura de sí misma, que saca la voz. Y esa ciudadanía que se siente más segura de sí misma y saca la voz requiere al mismo tiempo, una institucionalidad que vaya recogiendo estos espacios nuevos.
En la medida en que el país es más grande, más rico o menos pobre -depende del grado de optimismo de cada uno-, más educado, más libre, más tolerante, se hace necesario crear la institucionalidad que recoja nuestra diversidad.
Actualmente, un número gigantesco de ciudadanos -jóvenes, mayores, de la tercera edad-, al margen de la política, llevan a cabo políticas públicas, en cierto sentido, todos los días. En efecto, están trabajando con su comunidad y preocupados de sus temas concretos: la música, la cultura, el deporte, el trato a los animales, el medioambiente, la delincuencia, el mejoramiento de su ciudad, la generación de organizaciones para combatir la droga.
Lo anterior no tiene nada que ver con la política, y muchas veces queda fuera del aparato del Estado, salvo -lo digo con todo respeto- lo que pueda caer de presupuesto. Para acceder a este, más encima, existe una serie de requisitos -razonables, desde el punto de vista del Estado- en orden al buen uso de los recursos.
Entonces, la legislación que nos ocupa, que comienza con la dictación de un estatuto especial, con el reconocimiento del derecho a asociatividad y con la creación de un fondo, es lo mínimo que tenemos que darnos hoy, como país, para hacernos cargo de los cambios experimentados en nuestra sociedad.
La normativa no se puede entender sin el proyecto -espero que se apruebe algún día- sobre generación de ley por voluntad popular, sin las disposiciones relativas a una mayor transparencia en el sector público, sin la posibilidad de que sean escuchados y respondidos los requerimientos de la sociedad civil.
El señor ORPIS.- Ello se incluye.
El señor LAGOS.- Así es, como lo observa bien el Senador señor Orpis.
Entonces, me quedo en la necesidad de acoger la iniciativa, lo que seguramente se hará por unanimidad. Se requiere un quórum especial, que ojalá se reúna en esta oportunidad, para no vivir lo que ocurrió en el pasado...
La señora RINCÓN.- Ya se registra.
El señor SABAG.- Sí.
El señor LAGOS.- Lo sé. ¡Pero es para "ponerle color" a la presentación...! ¡Esto después se ve en la televisión y la gente dice: "¡Chupalla! ¿Estarán o no los votos?". ¡La idea es que no cambie el canal...!
Creo que, inmediatamente de despachar el proyecto, la misma sociedad civil debiera comenzar a trabajar para fijarle más exigencias al aparato del Estado.
Me encantó la frase de mi Honorable colega Lily Pérez en el sentido de que lo que hace este tipo de legislación es quitar potestad a los poderes establecidos y tratar de distribuirla de otra forma. En eso me parece que consiste, al final del día, la democracia real, no solo la representativa. Y la iniciativa en análisis apunta a eso.
Termino señalando que para mí fue un agrado, como Ministro de la Presidenta Michelle Bachelet, intervenir en la tramitación del proyecto. En los grandes avances que se lograron conté con la Secretaría General de Gobierno, con un sinnúmero de voluntariados y, en particular con los señores Carlos Zanzi y Francisco Estévez, quienes se encuentran en las tribunas.
Espero que ahora se obtenga provecho de la normativa.
Muchas gracias.
--(Aplausos en tribunas).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, intervine hace poco rato, pero en mi calidad de Presidente de la Comisión, para informar acerca del asunto.
Seré muy breve.
La iniciativa registra un largo trámite en el Congreso. Como ya se mencionó, ingresó el 22 de junio de 2004. Sobre el particular, al Secretario de la Comisión lo embargaban muchas aprensiones, porque decía: "No he visto proyecto con más mala suerte que este, al sufrir atraso tras atraso, postergación tras postergación y un cambio de Gobierno". Afortunadamente, todas las autoridades prestaron su apoyo, se efectuaron las modificaciones correspondientes y esperamos hoy un pronto despacho.
Más que nada, deseo dejar una constancia respecto de los señores Francisco Estévez y Carlos Zanzi, quienes estuvieron largo tiempo siguiendo el estado de la materia cuando trabajaban en la Secretaría General de Gobierno. Hoy ya no lo hacen, pero se encuentran en las tribunas interesados en la aprobación, porque saben la importancia que reviste el articulado para todas las organizaciones comunitarias.
No me cabe duda de que la normativa significará un gran impulso para todas las entidades. Y ojalá que en el Presupuesto se contemplen los recursos correspondientes -mi Honorable colega Rincón deseaba mucho que fuera una cantidad importante-, para que les sea posible concursar y obtener los beneficios que esperamos que el texto les brinde.
En consecuencia, extiendo un saludo y un reconocimiento a los señores Estévez y Zanzi, y a todos los miembros de su equipo, que trabajaron con mucho entusiasmo y energía por sacar el proyecto y que hoy serán los más felices al culminar su tramitación.
Gracias.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, nací en 1967, en el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva, durante el cual se promulgó la primera ley de juntas de vecinos. Ese era un tema que se trataba en la mesa de mi casa, pues mi padre fue creador de la Promoción Popular y uno de los redactares del proyecto respectivo. La materia se abordaba, en las conversaciones familiares, con mi madre y mis hermanos.
Al hacer memoria de la historia y los acontecimientos, se observa que, a la fecha, dicha normativa había sido modificada solo para disminuir derechos. Hoy, en cambio -y quiero felicitar a todos quienes han desempeñado un papel en la tramitación del proyecto, personificándolos en Francisco Estévez y Carlos Zanzi-, se apunta a fortalecer a las organizaciones.
Todos los que trabajamos en política podemos dar fe del rol de las entidades sociales en la vida de la comunidad y sabemos la diferencia que puede existir en una de estas cuando cuenta con una buena estructura en ese aspecto.
¡Y qué mejor que recordar lo que vivimos el pasado 27 de febrero, con un terremoto y un maremoto, y cómo a través de las organizaciones sociales fue posible llegar de manera más adecuada a las comunidades, con la ayuda entregada por el Gobierno, en el minuto mismo de desatada la emergencia y en fechas posteriores, hasta el día de hoy! ¡Cómo ellas han permitido que miles de familias se organicen y presenten sus papeles para postular a los beneficios del Estado! ¡Cómo, por su intermedio, se dan peleas por sacar adelante los consultorios de salud, las escuelas, los distintos programas que el Gobierno va implementando!
A mi juicio, es a través de las entidades sociales que se organiza la comunidad y se logran ir superando los distintos inconvenientes que se les presentan a las familias en la vida diaria.
Hoy cabe aprobar la iniciativa no obstante todos los reparos formulados en la Sala. Comparto lo manifestado por mi colega de circunscripción en orden a que quizás pudimos haber participado en mayor medida, como Senado, en la tramitación realizada; pero también creo que eso obedece a que no fuimos capaces, en su minuto, de estar todos en la discusión en el Hemiciclo. En esta oportunidad había nerviosismo en cuanto a si se contaría o no con los votos para aprobar el informe de la Comisión Mixta.
Me parece que materias tan importantes como esta no pueden ser reconocidas como tales solo en una campaña parlamentaria o presidencial. No hay nadie que, siendo candidato a concejal, a alcalde, a Diputado, a Senador, e incluso, a Presidente de la República, no le haya rendido homenaje a organizaciones sociales, a juntas de vecinos, a uniones comunales, a clubes deportivos; pero, a la hora de asignarles derechos, de tramitar un proyecto tan trascendental como este, demoramos años. Siendo Intendenta, me reuní con ese sector en la Región Metropolitana por allá por 2005, y en esa época la iniciativa ya llevaba años de análisis. Finalmente, ella ve ahora la luz.
También conversé con el Senador señor Sabag, uno de los que han impulsado el texto, acerca de los fondos que se les asignaban a esas entidades, porque no sacamos nada con dotarlas de un cuerpo jurídico, con establecer categorías, con relevar su importancia, si eso será letra muerta, si no existirá un poder real de organización y de materialización de proyectos en beneficio de la comunidad. En algunas comunas existen sectores que, si no es a través de sus organizaciones sociales, en verdad quedan absolutamente olvidados por las autoridades, cualesquiera que sean, pues la cuestión es transversal.
Si creemos en la participación, en la importancia de lo que piensan los vecinos, debemos darles una posibilidad de acción. Para ello, obviamente, se requiere un cuerpo legal como el que estamos aprobando, pero también recursos en dinero a fin de que su labor sea reconocida y, además, eficaz.
Me alegro de la discusión que hemos llevado a cabo.
Al igual que mi Honorable colega Lily Pérez, considero necesario debatir acerca de algo tan trascendental como la obligatoriedad o la voluntariedad del voto. Estoy por esto último, pero para todos, es decir, para los que habitan en Chile y para quienes viven en el extranjero, sin cortapisas ni limitaciones, porque es un derecho que se debe ejercer sin trabas.
Felicito, una vez más, a quienes han hecho posible la tramitación del proyecto. Espero que en el futuro no nos entrampemos en discusiones ni discursos cuando pretendamos abordar asuntos tan relevantes y que no pasen más de quince años para aprobar una normativa de esta importancia.
Por ello, voto a favor del informe de la Comisión Mixta.
--(Aplausos en tribunas).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, de sobra está decir que nos pronunciaremos por la aprobación; que reconocemos el avance; que nos hallamos ante un aporte. Pero permítaseme, más que hacer referencia a las cosas nobles, exponer lo que falta, porque el texto no es lo que se quería al principio. A mi juicio, es bastante menos.
El señor ORPIS.- Es más.
El señor LETELIER.- Cada uno tiene su parecer. Ese es el problema. Algunos estiman que es más; otros, que es menos.
El punto se relaciona con cuánto se cree en la participación ciudadana en dos ámbitos. Porque esta tiene un propósito, que es incidir en la realidad. Es decir, la cuestión radica en cuán vinculantes son las decisiones que puede tomar la comunidad sobre el poder político formal; en qué medida las organizaciones sociales de una comuna pueden condicionar un presupuesto; en cuánto pueden determinar inversiones; en hasta qué punto pueden influir en la cantidad de recursos para una cosa u otra. El carácter vinculante de la consulta es de la esencia del valor de la participación.
Un ejemplo se encuentra en los consejos regionales, integrados por nueve personas: cinco de la sociedad civil y cuatro del Estado, o bien, del Gobierno de turno. Sin embargo, curiosamente, es el Intendente el encargado de decidir cuál de los cinco primeros será el Presidente del organismo.
El señor ORPIS.- Pero son elegidos en la sociedad civil.
El señor LETELIER.- No, señor Senador. Lo determina el Intendente. Así lo dispone la norma respectiva. Es quien designa al que irá a la cabeza.
Las limitaciones son más bien reflejo del temor, en mi concepto, al empoderamiento de la sociedad civil para que se pueda democratizar el sistema en que vivimos. Somos un país demasiado acostumbrado al centralismo, a que un grupo acotado y reducido tome las decisiones. El modelo alcaldicio de nuestras comunas se repite en la sociedad, tremendamente centralizada, al momento de resolver.
Es cierto que cabe valorar profundamente la creación de espacios, el reconocimiento de las asociaciones sin fines de lucro, el voluntariado y el establecimiento de un Fondo. ¿Y cuál será la envergadura de este último? ¿Quién va a asegurar que la sociedad civil podrá incidir en un porcentaje de los recursos del Gobierno regional?
Soy de aquellos que estiman que incluso el mandato parlamentario debería ser objeto de revocación popular, tal como soy partidario de la iniciativa popular de ley y de que las organizaciones puedan, por cierto, no solamente controlar al Estado, sino también ejercer cada vez más una influencia vinculante en las decisiones que le corresponden.
La que he señalado es una de las restricciones que observo en el proyecto. Me gustaría que este representara mucho más en cuando a la definición del presupuesto.
Me agrada escuchar a mi Honorable colega Lily Pérez, de las bancas de enfrente, manifestar su tremendo apoyo a la participación. Juzgo que ello es cierto en este nivel. Por eso, algunos aprueban los plebiscitos comunales. Pero -¡vaya!- ¿quién confiará en consultar a los ciudadanos en un plebiscito nacional, con el objeto de que puedan influir también en las grandes decisiones del país? ¡Ahí no! ¡En ese caso solo pueden opinar algunos!
Digo lo anterior, señor Presidente, porque la iniciativa reviste mucha importancia, en efecto, pero es menos -repito- de lo que representó originalmente. Se fue podando en el camino, razón por la cual ha costado tanto que salga. Los proyectos de ley se despachan de inmediato cuando concitan altísimos consensos. Cuando se presentan dificultades o desconfianzas -y me parece que algunas personas desconfían de las organizaciones, las asociaciones, los voluntariados, negándose a otorgar ni a garantizar recursos, y van cercenando las facultades que se pretende entregar-, ello obedece a que pertenecemos a una sociedad que no cree en los ciudadanos.
Quizás, una de las grandes debilidades de nuestra democracia es que, en un afán de fortalecerlos, hemos generado un empoderamiento excesivo de los partidos políticos que aplasta a la sociedad civil, a las organizaciones, y que no da espacio a la autonomía real de estas últimas.
Por ello, soy partidario de generar un nuevo tipo de ordenamiento, una nueva convergencia en las políticas sociales, en lo cual las entidades que nos ocupan cuenten con un peso específico, con mayores facultades y más recursos. Porque estoy seguro de que los fondos concursables -loables- serán insuficientes para empoderarlas con todo lo que me gustaría. Tal vez son suficientes para lo que les gustaría a otros.
Sin embargo, entiendo que el proyecto representa un primer paso muy importante.
Reitero que quisiera que se otorgaran más atribuciones, que ciertas decisiones tuvieran más poder vinculante y que fuera posible incidir, a nivel local, en los presupuestos y la forma como se distribuyen los recursos, como se pensó en determinado momento.
Sobre esa base, señor Presidente, valoro la iniciativa. Me gustaría que esta fuera en el futuro, tal como ha ocurrido con varios cuerpos legales, la punta de lanza para que quienes creemos en la participación ciudadana podamos fortalecerla aún más. El título del proyecto hace referencia a la "participación ciudadana en la gestión pública". Insisto en que es un primer paso. Espero que podamos avanzar en ello.
Termino con una reflexión que considero muy útil para entender por qué formulo mis planteamientos.
En Chile, los ciudadanos nunca han sido consultados seriamente sobre la Constitución Política. Nunca ha existido una Asamblea Constituyente. Nunca una Carta Fundamental -ni la actual, ni la de 1925, ni la de 1833- ha sido elaborada por más de cincuenta iluminados, ilustrados. ¡Ello no ha ocurrido jamás en nuestra historia!
En América Latina, muchos países, de los más diversos signos ideológicos -Ecuador, Brasil, Colombia-, han avanzado en esta materia en diferentes momentos. Las naciones que no le dan cauce a la participación ciudadana sufren crisis, eventualmente, porque las personas se van desafectando de la cosa pública, de la gestión pública.
Por último, quiero rendir un homenaje a los dirigentes de las entidades sociales, de las uniones comunales. Los adultos mayores son probablemente los más organizados hoy día en el país. Y el reconocimiento lo hago extensivo al caso de las asociaciones que se formalizarán con la iniciativa. Son personas que entregan su tiempo gratuitamente por la cosa pública. Es por lo mismo que me gustaría que se contara con más poder, más incidencia y más recursos.
Voto a favor del informe de la Comisión Mixta, entendiendo que se verifica un avance importante, pero que solo constituye un primer paso.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor ORPIS.- Quiero fundamentar mi pronunciamiento, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Ya lo hizo, Su Señoría. La votación estaba abierta.
Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, trataré de ser breve porque, sinceramente, me he sentido interpretado por muchas de las intervenciones de distintos señores Senadores y señoras Senadoras, en particular con lo señalado, con gran convicción, por la Honorable señora Lily Pérez.
Este proyecto es de mi especial agrado, pues tengo clara conciencia de la crisis de participación ciudadana que hoy vive nuestro país.
Quiero hacer una reflexión algo diferente de la que se ha realizado, pues se ha dicho absolutamente todo con respecto a la trascendencia de la iniciativa, y, además, felicitar a quienes participaron en forma destacadísima en su estudio durante varios años.
De ser este un primer paso para comenzar a generar algunas exigencias, bienvenido sea. Porque en la medida que contemos con mayor posibilidad de asociación y de participación ciudadana podremos, por fin, exigir de otra manera una transformación, una readecuación en los partidos políticos.
Si hay algo que hoy, desafortunadamente, no representa lo que en verdad reclama esta nueva sociedad -al contrario de lo que ocurría antes-, son las estructuras partidarias, las colectividades políticas.
Señor Presidente, esta es una oportunidad para que, de la mano con la participación de las asociaciones de ciudadanos, perfeccionemos, mejoremos e intentemos interpretar, a como dé lugar, lo que a diario nos reclama la gente en los diversos lugares del territorio.
Tengo la costumbre, por lo menos en la Región que me honro en representar en el Senado, de involucrar permanentemente a los ciudadanos en las decisiones que tomo.
Intento entregar, una vez al mes, una cuenta pública. Considero un deber, una obligación dar a conocer lo que he realizado y lo que no he podido concretar. Y en esa oportunidad procuro involucrar a la ciudadanía, a los actores políticos, a las uniones comunales, a los clubes de adultos mayores, a los clubes deportivos, en fin, a toda la sociedad en las eventuales acciones que debo emprender.
Por ello, constantemente manifiesto con mucha propiedad que, a diferencia de -yo diría- la gran mayoría de los Honorables colegas, en mi caso personal he sido contratado por la gente de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
¿Y por qué lo digo? Porque al no pertenecer a una estructura partidaria, al haber asumido mi cargo de Senador rompiendo el sistema binominal por primera vez en la historia desde la vuelta a la democracia en Chile, mi labor dice relación a lo que me permite realizar la sociedad que me honró con la oportunidad de representarla.
Por eso considero tan importante la participación ciudadana.
A mí, francamente, me causa una sensación especial el ver cómo los municipios se farrean, se pierden la posibilidad de tener a los consejos económicos y sociales comunales (CESCO), a las organizaciones vivas, participando junto con los alcaldes.
Me encantaría, por ejemplo, que al interior de las municipalidades existieran oficinas multipropósito donde los líderes vecinales, los líderes deportivos, los líderes de adultos mayores tuvieran una activa participación con las autoridades de la comuna: con los alcaldes y concejales de turno, de suerte de ser también ellos actores vivos en las situaciones que se presentan a nivel local.
Este proyecto constituye un primer paso. Puede que no sea tan preponderante y que no produzca una gran transformación; pero creo que va a servir de inspiración, de motivación para generar, sin duda alguna, un cambio incluso en las estructuras políticas partidarias, ya que estas se verán llamadas a interpretar de mejor manera el sentir de los ciudadanos.
Voto a favor.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- No hay más oradores inscritos.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (28 votos afirmativos), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional exigido, y queda terminada la tramitación del proyecto.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Matthei, Pérez (doña Lily) y Rincón, y los señores Bianchi, Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, Girardi, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Sabag, Tuma y Zaldívar (don Andrés).
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).