MEDIDAS PARA CORRECTO OTORGAMIENTO Y USO DE LICENCIAS MÉDICAS
El señor PIZARRO (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje y en primer trámite constitucional, sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, con informes de las Comisiones de Salud y de Trabajo y Previsión Social. La urgencia fue calificada de "suma". El asunto se halla en segunda discusión.
--Los antecedentes sobre el proyecto (6811-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 79ª, en 5 de enero de 2010.
Informes de Comisión:
Salud, sesión 57ª, en 5 de octubre de 2010.
Trabajo y Previsión Social, sesión 57ª, en 5 de octubre de 2010.
Discusión:
Sesión 60ª, en 13 de octubre de 2010 (queda para segunda discusión).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La iniciativa, originada en un mensaje de la entonces Presidenta Bachelet, fue tratada solamente en general por ambas Comisiones. La de Trabajo y Previsión Social señala que el principal objetivo que se persigue es perfeccionar el sistema de licencias médicas y establecer medidas que aseguren su correcto otorgamiento y utilización. Para ello, se propone fortalecer las facultades de control y fiscalización de los órganos pertinentes y fijar sanciones administrativas y penales para evitar el otorgamiento y uso fraudulento, abusivo o ilegal del documento.
La Comisión de Salud, luego de analizar el proyecto, procedió a votar la idea de legislar, obteniéndose el resultado de dos votos a favor (Senadores señora Matthei y señor Chahuán), dos en contra (Honorables señores Rossi y Ruiz-Esquide) y una abstención (Senador señor Girardi). De conformidad con el artículo 182 del Reglamento, la votación se repitió dos veces, registrándose idéntico resultado, por lo que se dio por rechazada la idea de legislar.
Por su parte, la Comisión de Trabajo y Previsión Social aprobó esta última por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señoras Matthei y Rincón y señores Bianchi, Kuschel y Muñoz Aburto. El texto que propone aprobar en general se transcribe en su primer informe.
Corresponde precisar que, en caso de que la Sala resuelva acoger en general la iniciativa, el inciso cuarto del artículo 6° requiere el voto conforme de 22 señores Senadores.
El señor PIZARRO (Presidente).- En segunda discusión la idea de legislar.
Tiene la palabra el señor Ministro de Salud.
El señor MAÑALICH (Ministro de Salud).- Señor Presidente, Honorables Senadores, nos interesa extraordinariamente que el proyecto de ley, enviado a esta Corporación mediante un mensaje de la entonces Primera Mandataria, Michelle Bachelet, sea tramitado con la mayor velocidad posible, e idealmente, aprobado.
Hoy día no escapa de la atención de nadie el drama que vivimos por la fuga de dineros públicos. Estos perfectamente podrían destinarse a atender la salud de la población más pobre de nuestra ciudadanía: contratar especialistas, tecnólogos médicos en oftalmología -el Senado recién aprobó el proyecto pertinente-, construir consultorios, en fin.
Este fraude -esa fue la palabra usada por la ex Presidenta en el mensaje-, consistente en el sistemático mal uso de licencias médicas, es un asunto muy necesario de abordar.
Si me lo permite, señor Presidente, voy a hacer una pequeña presentación para graficar lo que estoy diciendo.
El objeto de la iniciativa en análisis apunta, esencialmente, a la licencia de medicina curativa, destinada al reposo de los trabajadores o de las personas afectadas por una enfermedad común, no laboral, ni tampoco vinculada al reposo pre y posnatal, sobre las cuales -según entiendo- el Ejecutivo presentará algunos proyectos.
Al observar la tendencia en el uso y abuso de la licencia médica a través de los años, se podría concluir que Chile es uno de los países con peor salud en el mundo. Sin embargo, ello no coincide con nuestros indicadores macro, en que somos reconocidos por lo contrario.
Voy a dejar esta presentación para la consideración de Sus Señorías. Pero el gráfico muestra claramente el inexorable aumento del número de licencias y del gasto que ello significa.
El siguiente cuadro indica los montos de que estamos hablando, en miles de millones de pesos. En la actualidad, el gasto en licencia médica representa, en promedio, 2 puntos porcentuales de la cotización de salud, siendo lejos uno de los más altos en el mundo.
En cuanto a lo realizado hasta ahora por el Ministerio de Salud, tanto en el anterior Gobierno como en el actual, se ha denunciado ante la Fiscalía a los médicos extremadamente "licenciosos" -por así decirlo-, lo cual ha provocado algunas consecuencias.
Efectivamente, como se muestra en la parte derecha del gráfico anterior, algunos de esos profesionales redujeron la cantidad de licencias otorgadas, lo que no significa necesariamente que las personas asociadas a ellos -en centros médicos o lo que fuera- dejaran de ser agentes en la entrega de tales documentos.
Por otra parte, en la parte izquierda del cuadro se observa que un grupo de facultativos, curiosamente, después de ser denunciados, como si ello operara como un verdadero factor de marketing, emitió más licencias que en el pasado.
Lo anterior se explica porque las figuras del Código Penal que castigan el uso fraudulento de estos instrumentos públicos son extraordinariamente benevolentes, y permiten que se extiendan y compren licencias como cheques en blanco a veces de tal forma que constituyen verdaderas industrias montadas para tal propósito, causando un gran perjuicio -insisto- a toda la ciudadanía.
Desde el punto de vista de quiénes entregan las licencias médicas, un estudio reciente de la Subsecretaría de Previsión Social señala en forma categórica que el abuso en su otorgamiento se concentra en un número reducido de profesionales. Y, por supuesto, de acuerdo a una información aportada por esa misma Institución, estamos en proceso de denunciarlos a la Fiscalía, pero con pocas esperanzas, porque -repito- la figura penal para estos casos es extraordinariamente débil.
En este gráfico se observa que unos pocos médicos gastan una enorme cantidad de millones de dólares de recursos públicos y emiten un número muy significativo de licencias médicas.
Las imágenes anteriores muestran claramente el aumento de las licencias. Y debo señalar que dicho incremento se concentra más en los funcionarios del sector público.
Resulta interesante ver que la masa de tales empleados, que representa aproximadamente al 12 por ciento del total de trabajadores del país, recibe el 40 por ciento de las licencias médicas.
Al observar el proceso de generación de las licencias médicas en el caso de incapacidad laboral, es importante señalar que estas se adquieren -esa es el término que se debe usar- en el sector privado prestador. Vale decir, una persona trabaja en un centro médico, en un consultorio o en un hospital, pero no pide su licencia ahí, porque normalmente no se la dan, sino que solicita hora en una consulta particular y por 3 mil, 4 mil, 5 mil o 10 mil pesos, como máximo, obtiene ese cheque en blanco y genera una verdadera industria.
Quiero destacar que el mecanismo de evaluación y fiscalización de la entrega de este beneficio es extremadamente engorroso, complejo, lo cual hace muy difícil efectuar una auditoría sistemática. Debido a ello, dudamos de que el advenimiento de la licencia médica electrónica, cuyo plazo límite es el 30 de junio del próximo año, sea suficiente para controlar este grave problema.
Como figura en el gráfico precedente, el punto de equilibrio para los trabajadores afiliados a FONASA es 2,15 por ciento. Vale decir, si la cotización obligatoria es de 7 por ciento, de este porcentaje se destina 2,15 por ciento al beneficio de licencia médica. Esto significa, aproximadamente, 34 por ciento de la cotización total. En cambio, en las isapres alcanza solo a 30 por ciento.
De otro lado, como ha aparecido incluso en varias caricaturas durante los últimos días, la percepción pública respecto a las licencias médicas y su mal uso ha ido cambiando.
En una encuesta realizada recientemente por ADIMARK, se indica el juicio ciudadano tocante al mal uso de una licencia, ya sea para prolongar vacaciones o -como dijo uno de los mineros- para ir a ver un partido de fútbol. Y resulta interesante constatar que la ciudadanía lo considera, de manera progresiva, un acto claramente inmoral o delictivo, como se observa en el cuadro anterior.
Y si se toman 8 ó 10 meses de diferencia, como lo realizó la encuesta de ADIMARK, el juicio es cada vez más duro con respecto a las personas que abusan de este beneficio. Porque la ciudadanía siente que los recursos provienen de un mismo fondo y que, al final, ella también resulta perjudicada en su legítimo acceso a prestaciones de salud e, incluso, a otras licencias médicas.
Además, los afiliados a FONASA saben positivamente -según una encuesta aplicada a los usuarios- que no menos del 20 por ciento de las licencias se otorgan sin un fundamento médico que lo respalde.
Asimismo, cabe destacar que durante las discusiones habidas en las distintas Comisiones, se planteó un punto muy sensible: la carencia de tres días.
Como Sus Señorías saben, la Ley de Licencias Médicas está estructurada de tal manera que aquellas con una duración inferior a once días -diez o menos- tengan una carencia de tres días. Ello significa que el costo de este período lo paga el trabajador y, en algunos casos, en grandes empresas donde se realiza negociación colectiva, se transfiere al empleador.
Quiero señalar que ese punto, al igual que otros, está siendo abordado por la comisión presidencial encargada de revisar el financiamiento del sector Salud, instancia extraordinariamente transversal que emitirá su informe el próximo 15 de noviembre.
Ha concluido, como propuesta pública, que es preciso legislar sobre el particular a los fines de, entre otros aspectos, ponerle término a la carencia de tres días. Esta importa un vicio estructural -tengo los análisis efectuados por la Subsecretaría del Trabajo-, consistente en que en las empresas donde este beneficio no se encuentra pactado en la negociación colectiva se tiende a las licencias por 11 días o más con mayor frecuencia que en aquellas donde sí lo está.
Ese elemento es extraordinariamente importante. Y quiero enfatizar que no afecta a los trabajadores del sector público, los cuales no tienen tal carencia y la licencia médica se les paga desde el primer día de reposo, según haya sido extendida por un médico.
Desde el punto de vista de lo que ocurre en las isapres, nosotros teníamos la información de que en un número muy significativo de casos, por el vicio estructural antes descrito, la gente prolongaba sus licencias, salvo que duraran más de 11 días.
Al contar hoy día el mundo de los aseguradores privados con un instrumento electrónico, parece sumamente interesante destacar que la cantidad de licencias médicas pedidas a las isapres que se hallan dentro del período de carencia y que duran 4 días o menos es del orden de 25 por ciento. No disponíamos de esa información en el pasado, porque el sistema de licencia médica electrónica recién se está generalizando para los seguros privados y públicos.
Esta última imagen la presentamos así a propósito. Es un extracto de todos los esfuerzos realizados por los diferentes secretarios regionales ministeriales de salud para denunciar ante las fiscalías respectivas a los médicos que extienden licencias sin justificación.
En realidad, los resultados son tan enredados como esta lámina: tenemos cúmulos y cúmulos de papeles que se apilan sin una figura penal como la que el presente proyecto de ley pretende instaurar a fin de producir una disuasión efectiva al mal uso de este beneficio, que se traduce en una tremenda inequidad, sobre todo en perjuicio de los más pobres entre nuestros enfermos y ciudadanos.
Muchas gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).- A usted, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador señor Rossi.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, esta iniciativa, al igual que la anterior, es sobremanera relevante.
Hay que considerar que se extienden más de 4 millones de licencias médicas al año en nuestro país y que, efectivamente, ellas constituyen un instrumento muy importante para los trabajadores y trabajadoras. Y lo es cuando se emplea bien, cuando este subsidio por incapacidad laboral temporal se le otorga a un trabajador enfermo que, como parte de su tratamiento, necesita reposo.
El proyecto en análisis -ya lo señaló el Ministro- aborda lo atinente al abuso, al fraude. Y creo que los aquí presentes, junto con toda la sociedad chilena, estamos por condenar y sancionar estas prácticas de la manera más drástica. Incluso, estimo que eventualmente habría que buscar la forma, en el trámite parlamentario, de aumentar más aún las penas. Porque, en efecto, se trata de una usurpación de recursos que componen la cotización de salud entregada con esfuerzo por los trabajadores.
Sin embargo, ese es solo un aspecto del problema.
Esta semana los medios de comunicación, algunos editoriales, se concentraron mucho en señalar lo vinculado al mal uso de las licencias. Pero, con la misma fuerza con que sancionamos a quienes cometen fraude y emiten o venden licencias falsas, tenemos que castigar también a quienes modifican de manera unilateral, arbitraria e injusta licencias correctamente expedidas.
O sea, una persona enferma consulta a su médico, quien le diagnostica una enfermedad y le entrega una licencia. Pero, finalmente, esta es modificada, acortándola o rechazándola, sin que el seguro de salud, que para estos efectos se constituye en juez y parte, vea siquiera al paciente. ¡Esto es lo más llamativo!
Si uno analiza los datos, se da cuenta de que en los dictámenes de las contralorías médicas de las isapres o de las COMPIN, para el caso de FONASA, como seguro público, o en las apelaciones del paciente del sector privado ante las COMPIN -porque este sector dispone de una instancia adicional de apelación-, nunca se señala como error que la licencia es muy corta. Es raro, ¿no? ¡Siempre el médico se equivoca entregando más días!
El seguro de salud es juez y parte, porque están puestos todos los incentivos para rechazar o acortar el período de licencia, ya que es la forma como el seguro gasta menos.
Quiero abordar ese punto con posterioridad, señor Presidente. Pero llama la atención que ese paciente no sea examinado. ¡Un paciente con depresión mayor no es visto por un psiquiatra, sino por una secretaria, que coloca un timbre que dice "Acortamos la licencia" o "Rechazamos la licencia"!
Otro problema radica en la demora en el pago de las licencias ¡durante uno, dos y hasta cuatro meses, muchas veces!, salvo en el caso del 12 por ciento de la población, que corresponde a funcionarios públicos, a quienes se les cancela en forma automática, pues hay un acuerdo para ello.
Desde esa perspectiva, este proyecto es insuficiente. Aborda lo relativo al fraude, pero no lo concerniente al abuso que cometen las aseguradoras. Y tampoco cambia la institucionalidad. Porque debiésemos aspirar a tener un organismo autónomo, independiente, que evaluara la pertinencia de las licencias médicas con criterios objetivos, no con la discrecionalidad y arbitrariedad con que hoy se hace.
Son tantos los abusos, que más del 80 por ciento de las apelaciones que presentan los pacientes cuando la licencia médica es acortada o rechazada son falladas a su favor. Y quienes terminan en la Superintendencia de Seguridad Social habitualmente ganan su apelación.
En consecuencia, aquí también hay un fraude: el que cometen las isapres y las COMPIN, para decirlo con todas sus letras. Y de eso no se hace cargo la iniciativa en análisis.
De otro lado, hay un punto que tocó el señor Ministro y respecto del cual quiero consultarle con mayor precisión.
Se trata de la carencia de 3 días en las licencias médicas de 10 o menos días, lo cual, efectivamente, constituye un incentivo para entregar licencias más extensas.
En mi práctica profesional como traumatólogo, si yo debía entregar una licencia de 7 u 8 días, sabiendo que los 3 primeros no se le pagaban al trabajador, sufría la tentación de otorgarla por 11 días, porque sabía que a partir de allí el pago era completo.
Eso explica en parte -por cierto, no lo justifico- por qué hay tantas licencias de más de 10 días.
El Ministro mostraba que en Chile un tercio de las empresas asumen en su negociación colectiva el costo de esos 3 primeros días. A ello debemos sumar el 12 por ciento de funcionarios públicos, quienes tampoco tienen este problema. Pero el resto de los trabajadores deben conformarse con que les paguen, si la licencia es de 4 días, un día, y si es de 3, ninguno.
No hay razón alguna para ello. Y por eso votamos en contra en la Comisión, como lo sabe muy bien el Ministro. Porque estamos de acuerdo con el espíritu del proyecto; creemos que constituye un avance, y apoyamos al Ministerio de Salud. Pero le pedimos al Ejecutivo que envíe una indicación para hacerse cargo de esos 3 primeros días.
En verdad, vine a pronunciarme en contra de la iniciativa por ese motivo, pues creo que no va a haber otra ocasión para discutir lo relativo a las licencias médicas en Chile. Y qué mejor momento para que el Gobierno diga, si así lo estima, que se pagarán esos tres días.
Yo espero -y quisiera una precisión al respecto, por cuanto el asunto lo conversé con varios de los colegas que votamos en contra en la Comisión- que el señor Ministro se comprometa a enviar un proyecto de ley para cubrir esos tres primeros días de licencia. Es muy importante que la Sala tenga esto absolutamente seguro al momento de votar. Porque si está el compromiso de patrocinar un proyecto de ley -lo que estaría en las conclusiones de la Comisión Nacional para Revisar el Financiamiento de la Salud, que el 15 de noviembre entrega su informe-, indudablemente, no habría razón para votar en contra de esta iniciativa. De otro modo, nos veríamos obligados a pronunciarnos negativamente, pues tengo claro que no habrá una nueva ocasión para manifestarnos respecto de otro proyecto sobre licencias médicas. Porque -como señalé- en esta oportunidad solo se aborda una parte del problema, centrándose en el fraude o en la licencia injustificada, sin hacerse cargo de la tremenda injusticia que sufren millones de pacientes que, pese a tener una licencia correctamente emitida, es rechazada o acortada en forma arbitraria o cuando es de 10 días o menos, no se pagan los tres primeros.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Matthei.
La señora MATTHEI.- Señor Presidente, en la Comisión señalamos que lo relativo a la carencia de los tres días es un problema complejo, pues tiende a que se alargue la licencia para personas que, de otra forma, no tendrían alternativa de pago.
De hecho, un estudio de la Universidad Alberto Hurtado señala que a quienes su empleador no les cubre esa carencia tienen 20 por ciento más de probabilidad de presentar una licencia de 11 días o más. Porque así se elimina la carencia.
Entonces, cuando uno compara a trabajadores a los cuales les pagan los tres días de carencia con aquellos a los que su empleador no lo hace, vemos que estos últimos cuentan con 20 por ciento más de posibilidad de presentar una licencia más extensa. O sea, se deja de pagar por un lado pero se paga por otro, lo que carece de sentido.
Pero el señor Mañalich señaló que había conversado con el Ministro de Economía acerca de que muchas empresas ya pagan esos tres primeros días de carencia, porque tienen una negociación colectiva. De manera que, en tal caso, carecería de lógica que el Fisco asumiera ese costo. Por consiguiente, debe hacerse un estudio para determinar qué empresas asumen el pago de esos tres días y cuáles no. Si ya lo tienen incorporado en los convenios colectivos, no veo por qué el Fisco debe hacerse cargo de ese costo.
Por otra parte, hubo unanimidad para que durante el período que se fije para presentar indicaciones, se plantee una tendiente a sancionar a las isapres que reduzcan o limiten las licencias bien emitidas. Porque el fraude puede ser de uno u otro lado, y respecto de ambas situaciones debemos aplicar la misma vara. En todo caso, es importante imponer multas duras. Porque hoy en día, en muchos programas sociales, el fraude contra el Fisco se está generalizando cada vez más. Por ejemplo, en los de subsidio habitacional, a veces, familias de cinco personas, para arrendar cuatro de sus casas adquiridas con el subsidio de 10 UF, viven todas juntas en una sola.
También se da la situación de que el 40 por ciento más pobre de la población al final sube a 58 por ciento, porque se falsean las fichas.
Recuerdo lo ocurrido con un programa especial del SENCE para las microempresas: el Servicio de Impuestos Internos tuvo que paralizar todo el sistema de devolución del IVA por la tremenda cantidad de irregularidades que hubo.
Por lo tanto, creo que ha llegado el momento en que el engaño al Fisco en todos estos programas sociales sea castigado. Porque, si queremos solucionar con dineros públicos los problemas de la gente de escasos recursos, debemos tener seguridad de que ellos vayan a quienes los necesitan y no a frescos que se benefician con ellos.
En el caso de las licencias médicas, el estudio de la Universidad Alberto Hurtado es bastante interesante. Señala, por ejemplo, que los afiliados a FONASA atendidos en consultorios y hospitales, cuentan con 30 por ciento menos de probabilidad de obtener licencia médica que cuando consultan a un médico particular. En las mujeres con hijos de entre 3 y 10 años aquella aumenta en 30 por ciento. Porque cuando se les enferma un hijo y no tienen con quien dejarlo, consiguen una licencia médica a fin de cuidarlo. Aquí se presenta una situación que no constituye fraude, pero que se relaciona con la preocupación por el menor, lo que se debe enfrentar como corresponde.
Fíjense los señores Senadores que a aquellos trabajadores a los que se les acumula el trabajo cuando faltan tienen 22 por ciento menos de posibilidad de obtener licencia médica. Porque a algunos de ellos no se les acumula la pega. En este último caso aumenta en ese porcentaje la probabilidad de licencia.
De otra parte, la gente que se siente conforme con el clima laboral de su empresa presenta 20 por ciento menos de factibilidad de conseguir licencia.
Hay diversos estudios que demuestran que la licencia no solo tiene que ver con la enfermedad, sino con muchos otros factores que debemos estudiar. También se vincula con que las COMPIN regionales funcionen de manera uniforme. La de La Serena puede aplicar un criterio totalmente distinto que la de Punta Arenas. No hay al respecto ningún protocolo ni tampoco una enfermedad está asociada a un determinado número de días de licencia. Obviamente, no todos los casos son iguales, pues en algunos la situación se puede complicar. Pero debiera haber algún tipo de procedimiento para que la anormalidad pueda detectarse.
En cuanto a lo señalado por la Senadora señora Rincón en muchas ocasiones de disponer de un sistema de licencia médica electrónica -idea que al parecer lanzó cuando era Superintendenta-, ello no está funcionando, pero permitiría también mayor control.
Los criterios que emplean las cajas de compensación, las AFP, las mutualidades y las COMPIN son todos distintos. Estas últimas ni siquiera examinan al paciente ni investigan su historia clínica ni de licencias anteriores. Solo se basan en lo dicho en un papel.
Cuando una persona se impone que la van a despedir, lo primero que hace es "tirar licencias". Es el término usado. Por eso, hay cualquier cantidad de trabajadores con licencia por un lado, pero que están empleados "a la negra" por el otro.
También se han creado empresas con el único objetivo de cobrar licencias médicas a favor de algún pariente que figura trabajando y que nunca lo ha hecho.
En fin, se calcula que el costo para el Fisco chileno por las licencias médicas impropias es de 210 millones de dólares al año. Eso es lo que duele, porque algunos pacientes con cáncer sufren demoras en su tratamiento y otros necesitan fármacos supercaros, sin que para ambos casos haya dinero. ¡Sin embargo, se están gastando 210 millones de dólares al año por licencias fraudulentas!
¡Esto es lo que debemos suprimir!
Entiendo que el Gobierno desea avanzar en lo relativo a la carencia de tres días, cuestión en la que estamos todos de acuerdo. Pero, como decía al principio, no me parece que el Fisco deba asumir una carga que en este momento ya está cubierta por las grandes empresas. Por lo tanto, tal asunto debe estudiarse, y con cuidado, de modo que el Erario financie lo que realmente corresponde.
Independientemente de ello, debemos avanzar para que el fraude sea penado como delito y a que, además, se implanten procesos bien diseñados, de modo que aquel se pueda detectar, probar y dar señales a los médicos de lo que se considera normal.
El fraude más espantoso es el que se comete con la enfermedad grave del niño menor de un año. Algunos doctores han decidido dar licencia de manera que la madre pueda estar mayor tiempo con su hijo. Pero se trata del engaño más terrible desde el punto de vista de la equidad. Primero, porque, aunque la madre se halle en una isapre, es el Fisco el que paga; segundo, porque las mujeres más pudientes, que pueden costear una consulta privada, tienen mayor probabilidad de obtener una licencia, y tercero, porque ellas perciben sueldos mucho más altos -de hasta 60 UF, o sea, un millón 200 mil pesos-, a diferencia de las que ganan solo 150 mil pesos, lo cual resulta superregresivo. Y todo eso lo paga el Fisco.
En consecuencia, la verdadera "epidemia" de licencias médicas extendidas en casos de niños menores de un año gravemente enfermos es un fraude terrible. Su otorgamiento puede estar muy bien inspirado por parte de algunos médicos, pero es bastante regresivo, pues, en el fondo, significa una bofetada a las personas de más escasos recursos.
Estamos dando mucho dinero a mujeres muy pudientes y gastando recursos que deberían enfocarse en el cuidado de la salud de la gente de menores ingresos.
Así que votaremos a favor del proyecto en debate, teniendo claro que habrá muchas indicaciones, para la presentación de las cuales pido que al menos se dé el plazo de un mes.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, la materia en análisis no es fácil de entender, pues a su respecto se tienden a confundir los argumentos. Sin embargo, todos estamos de acuerdo -al menos, quienes conocemos el sistema-, con que los tres días de carencia en el sistema de licencias médicas (ideado como subsidio para que los trabajadores puedan recuperarse de una enfermedad) no cumplen el objetivo de desincentivar el uso de tal beneficio cuando no es necesario.
Así lo ha confirmado hoy el señor Ministro, con la información entregada por el Registro Electrónico de Licencias Médicas. Pero este sistema es solo de las isapres, ya que, hasta la fecha, las licencias médicas de FONASA no se tramitan a través de él. Y lo digo con conocimiento de causa, pues, en su oportunidad, pedí financiamiento para instaurar la licencia médica electrónica en los seguros de salud público y privado; no obstante, pese a haberse aprobado por el Congreso Nacional, hasta el momento no se concreta por distintas razones, impidiendo contar con esa información tanto en las isapres como en FONASA.
La tramitación de licencias médicas en la actualidad constituye un procedimiento discriminatorio desde el punto de vista del trabajador, pues es distinta si el paciente es de FONASA o de alguna isapre. En el primer caso, nuevamente hay discriminación en contra de los afiliados, según se encuentren o no adscritos a una caja de compensación.
En el caso de las isapres, los protocolos aplicados difieren entre sí, ya que cada una tiene su propia contraloría médica. Y lo mismo ocurre en las COMPIN, pues hay más de una en la Región Metropolitana y una por cada Región, salvo que exista más de un servicio de salud.
El Fisco asume los costos de los reclamos presentados por las isapres respecto de las licencias médicas sin retribución, pues la COMPIN respectiva y, en última instancia, la Superintendencia de Seguridad Social deben evaluar los hechos y pronunciarse.
Hay carencia de información en todo el país. Si bien es cierto que el mecanismo actual de licencias médicas electrónicas de las isapres está arrojando información relevante, eso no ocurre en todo el sistema.
Además, hay un trámite discriminatorio desde el punto de vista de FONASA, pues, a pesar de financiar este los subsidios por incapacidad laboral, no tiene injerencia en la tramitación y visado de las licencias médicas de sus cotizantes, porque se efectúan en las COMPIN, dependientes de los servicios de salud.
Asimismo, no se advierte sinergia entre los actores. Es inexistente la comunicación entre la COMPIN, las isapres, las cajas de compensación y la Superintendencia de Seguridad Social, órgano este que es la última instancia en la resolución del conflicto.
También, el trámite de una licencia médica es burocrático.
La apelación de una licencia médica rechazada o reducida puede ser analizada hasta por tres instituciones diferentes sin que haya relación alguna entre ellas.
El trabajador afiliado a una isapre cuya licencia médica es denegada por tal entidad puede reclamar a la COMPIN. Es factible también recurrir, en más de una oportunidad, a la Superintendencia. Pero ninguno de tales organismos está relacionado. La isapre es fiscalizada por la Superintendencia de Salud; cada COMPIN pertenece al servicio de salud correspondiente, y la Superintendencia de Seguridad Social es parte del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
En todo caso, si la licencia médica reclamada es de origen laboral, el trámite que tiene que realizar el trabajador resulta todavía más burocrático.
La relación con otros actores del Sistema de Seguridad Social es nula.
La calificación de una licencia médica depende, entre otros factores, de datos administrativos que se encuentran en el sistema previsional (AFP o ex régimen de reparto), y ni las isapres, ni la COMPIN ni las cajas de compensación tienen acceso a esa información, por lo que las licencias son visadas según las bases de datos de cada uno de esos organismos, pues pueden contener errores.
A mayor abundamiento, en un estudio que hemos realizado en el Centro de Estudios para el Desarrollo se pudo comprobar que la efectividad del trámite y visación de licencias médicas al menos en el sistema de isapres es deficiente, de acuerdo con la información fidedigna con que contamos.
Me referiré ahora al total de licencias médicas presentadas al sistema. Me hubiese gustado haber podido mostrar en las pantallas de la Sala los datos respectivos. Pero el sistema con que contamos no es bueno. (Aprovecho de hacer el reclamo, para que la Comisión de Régimen Interior tome nota del hecho). Durante los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, según los antecedentes entregados por la Superintendencia de Salud, publicados en su página web, casi el 80 por ciento de ellas son reclamadas; y, de ese porcentaje, finalmente terminan siendo rechazadas solo 30 por ciento. O sea, la efectividad de los actuales sistemas de contraloría es bastante baja.
La reducida efectividad mostrada por las isapres en el trámite y visado de una licencia médica -probablemente en el caso de FONASA pasaría algo similar, o peor-, a pesar de tener buenos sistemas y contralorías médicas supuestamente con experiencia, pareciera indicar que la solución del problema no pasaría por dar la posibilidad a FONASA de contar con su propia contraloría médica -algo que algunos esgrimen como necesario-, ni por la existencia de un mecanismo en el que no se consolide la información.
Necesitamos revisar esta materia -así lo hemos discutido en la Comisión de Trabajo- en forma integral.
Pero también requerimos -de acuerdo a los antecedentes ya expuestos y que no quiero repetir- dar una señal potente y clara. No es admisible que continúe el aumento de licencias médicas, cuyo otorgamiento no se basa en condiciones de salud derivadas de circunstancias laborales, sino en el abuso de tal beneficio.
Creemos que efectivamente hay excesos. Quienes hemos estado preocupados a conciencia de este asunto estamos convencidos de que debemos aumentar las sanciones y también dar señales claras respecto de aquellas cosas por las que se ha reclamado en innumerables oportunidades. Por su intermedio, señor Presidente, le quiero expresar al señor Ministro que debemos terminar con los tres días de carencia en el sistema de licencias médicas.
Toda la información de que disponemos -él lo ha ratificado hoy día acá- indica que no es efectivo que se aumente injustificadamente el número de días de licencia con el objeto de contar con el pago total del beneficio. ¿Por qué? Porque hay convenios colectivos; porque su mayor uso se hace en el sector público, donde no existe tal carencia; porque, finalmente, los trabajadores saben cuándo pueden pedirla o no.
Creemos, señor Presidente, que la iniciativa merece mejorías. Es un proyecto del Gobierno de la Presidenta Bachelet, que reconoce una necesidad. Y con la experiencia que tenemos, con lo que hemos recogido en la Comisión de Salud, con lo que les hemos escuchado a médicos y funcionarios, consideramos que podemos perfeccionar la tramitación y los beneficios de este subsidio de incapacidad laboral, que pretende proteger a nuestros trabajadores y trabajadoras.
Para terminar, señor Presidente, hay un punto que no compartimos con la Senadora Matthei. La licencia médica por el hijo menor de un año y el pre y postnatal no miran el ingreso económico de las mujeres, sino el cuidado de los niños y la posibilidad de que estas puedan trabajar.
Por eso, vamos a votar a favor de la idea de legislar, pidiendo un plazo amplio, de al menos un mes, para presentar indicaciones.
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El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Ha llegado a la Mesa el Acuerdo de la Comisión Bicameral relativo al Reglamento del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias.
El señor PIZARRO (Presidente).- Queda para la tabla de Fácil Despacho de mañana.
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El señor PIZARRO (Presidente).- Se me ha pedido que abra la votación.
El señor LETELIER.- Está bien.
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Hay acuerdo para ello?
Acordado.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra, para fundamentar su voto, el Senador señor Girardi.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- ¿Se mantienen los diez minutos?
El señor PIZARRO (Presidente).- Nos acomodaremos al tiempo que vaya necesitando cada señor Senador, pero en principio serán cinco.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, como se ha señalado acá, el presente proyecto reviste gran importancia porque busca corregir los actuales abusos en materia de licencias médicas. Hace mucho tiempo, algunos parlamentarios, entre los que me incluyo, presentamos una iniciativa que intentaba no solo remediarlos, sino también sancionarlos.
En la Comisión de Salud surgieron ciertas diferencias, porque algunos consideramos que era el momento para que en Chile se resolviera una situación absolutamente injustificada: el no pago de los tres primeros días de licencia. ¿Y por qué lo creemos importante? Porque esos días cumplen un objetivo terapéutico: en muchas enfermedades el reposo reemplaza a los medicamentos y, en ciertos casos, constituye la única terapia. Por eso, estimamos inaceptable su no pago.
Sin embargo, pensamos que la forma en que se halla estructurada la legislación actual es aún peor, porque, como para que se paguen los tres primeros días la licencia debe ser otorgada por más de diez, muchos profesionales tienden a otorgar más de esta cantidad. Al final, se termina gastando mucho más en los días innecesarios que en el financiamiento de los tres primeros.
En el Parlamento, y me parece que también en el Ministerio de Salud, hay plena conciencia de la situación descrita, que no solo es de este Gobierno, sino que viene de antes. No obstante, ha sido muy difícil reparar un daño gratuito, un agravio, un despojo a los derechos de los trabajadores, quienes además están pagando por su salud.
Algunos votamos en contra o nos abstuvimos en la Comisión del ramo, pero, dado que el Ministro ha anunciado que enviará una indicación para asegurar el pago de los tres primeros días de licencia y terminar con esta burla y esta mutilación de derechos, ahora voy a votar a favor.
Otro aspecto importante de la iniciativa -nació de indicaciones parlamentarias presentadas en el pasado- es la sanción penal para el médico que otorgue una licencia fraudulenta. Y yo también soy partidario de hacer responsable solidario al paciente que la pida, pues ambos están estableciendo una suerte de asociación ilícita para defraudar al Fisco. Por tanto, deben aplicarse sanciones muy duras, incluida, en el caso de reiteración, la prohibición de ejercer la profesión para los médicos que, mediante fraudes de este tipo, distraigan recursos fundamentales y necesarios.
Con todo, quiero decir, con la misma fuerza, que son muy pocos los facultativos que cometen estas anomalías. En el país no son más de cien y, si se quisiera ser más exacto, no son más de cincuenta los que están en la "industria" de las licencias falsas.
Además, hay instituciones que cometen delitos tan indecentes como los perpetrados por estos médicos: las isapres. Lamentablemente, ellas son juez y parte y pueden rechazar o reducir los días de licencia diagnosticados por un profesional sin que otro vaya a examinar a los pacientes a sus casas. Muchas veces me ha tocado ver licencias rechazadas o disminuidas en sus días respecto de pacientes enfermos en sus domicilios o postoperados en hospitales. Hoy las isapres están generando recursos por cerca de 20 mil millones de pesos solo por esta vía.
Por eso, valoro el acuerdo que hemos alcanzado con el señor Ministro en el sentido de dar el mismo tratamiento tanto al doctor que emite una licencia falsa como a la persona -sea médico o no- que rechaza una licencia o le acorta días sin visitar al paciente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Ha terminado su tiempo, señor Senador.
Le concederemos un minuto adicional.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- El micrófono de Su Señoría dejó de funcionar. Puede ocupar el del Senador señor Lagos.
El señor LARRAÍN.- ¡Ese sí que es partido...!
El señor GIRARDI.- ¡Somos una sola voz...!
¡Esto me pasa por criticar a las isapres...!
El señor LAGOS.- ¡Le quitaron hasta el micrófono...!
El señor PIZARRO (Presidente).- Por favor, continúe, señor Senador.
El señor GIRARDI.- Como decía, me parece muy valioso que, para hacer el sistema más equilibrado, las isapres que cometan estas injusticias, que modifiquen o rechacen fraudulentamente licencias médicas, reciban el mismo tratamiento que el médico que otorga una licencia médica falsa. Este es un compromiso del Ejecutivo y un avance en algo que discutimos largamente en la Comisión. Así como se quiere castigar duramente al profesional que extiende una licencia que no corresponde, de igual forma -por la importancia terapéutica que tiene tal instrumento- debemos actuar con las isapres que, por un interés económico, les quitan a los enfermos su derecho a reposo.
Así que, como señalé denantes, voy a favor de la idea de legislar en esta materia.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, valoro que se quiera cerrar una fuga de recursos, que la Senadora Matthei ha avaluado en la suma de 210 millones de dólares al año, presuntamente por pago de prestaciones que no corresponden.
No sé si ha habido un estudio en torno al número de trabajadores a los que no les cancelan las licencias teniendo derecho a recibirlas. Y no hablo solo de las isapres, a las cuales ya se refirió el Senador Girardi. ¿A cuántos empleados sencillos, humildes, sin recursos, les niegan el pago de las licencias médicas una y otra vez en el sistema público, donde las COMPIN muchas veces asumen actitudes arbitrarias, discriminatorias? Y cuando los ciudadanos sencillos, trabajadores, intentan ejercer su derecho, se les maltrata, se les hace perder días laborales. Es realmente una cruzada muy compleja. Porque se trata de un sistema que presume la mala fe, que parte del supuesto de que quien hará uso de un derecho es un bandido, un ladrón, es deshonesto.
Creo que sería muy bueno un proyecto equilibrado, y no este, que resulta sumamente desequilibrado.
Yo no tengo ninguna objeción a lo sustantivo de la iniciativa, en el sentido de que los médicos que hagan mal uso del instrumento en análisis sean sancionados con todas las medidas propuestas, y aún más. Pero no se incorpora ninguna sanción sobre el funcionario público que no cumple con la función de reconocer que existen facultativos habilitados para otorgar licencias médicas. En las COMPIN hay médicos que de manera sistemática, por efectos presupuestarios, rechazan licencias entregadas correctamente a los trabajadores.
Me encantaría saber dónde está el estudio relativo a cuánto se ahorra el Estado a través del funcionamiento de las COMPIN. Porque, en verdad, no sé si estamos empatados, o si lo que ocurre, en términos valóricos, es que en nuestro país no nos importa cuando los trabajadores son maltratados.
¡Ahora se levanta la voz con los temas de seguridad laboral! ¡Ahora se habla de la necesidad de tener normas, cuando el problema en Chile no son las normas, sino que se respeten los derechos de las personas! Y lo que sucede en materia de licencias médicas, señor Presidente, es que muchas veces ellos no se respetan.
Yo no voy a rechazar esta iniciativa en general, en el entendido de que en la discusión particular se llegará a un proyecto equilibrado, donde nos hagamos cargo no solo del abuso que puede haber en algunas isapres, sino también de las irresponsabilidades que se producen en las COMPIN, en la demora que sufren los trabajadores, que deben apelar una, dos y tres veces, en circunstancias de que quienes revisan los antecedentes, por lo general, nunca ven al enfermo, al afectado.
En segundo término, señor Presidente, me gustaría formular, por su intermedio, una consulta al señor Ministro acerca de un tema de tremenda importancia.
Yo he presentado cuatro recursos de protección en los tribunales de justicia por la forma en que se usan los fondos de FONASA, por quien financia las licencias médicas.
Ello, porque tengo la convicción personal de que existe una ilegalidad en Chile, pues a los adultos mayores se les descuenta una parte de sus ingresos para pagar licencias médicas. Se calcula que el 2 por ciento que se les descuenta va al financiamiento de ellas. Y el actual Director del Fondo Nacional de Salud incluso emitió un informe a los tribunales donde reconoce que hay un problema y opina que el Tribunal Constitucional debería acordar la inaplicabilidad de la ley, por una razón obvia: la licencia médica no es una prestación de salud, sino un subsidio del Estado que corresponde a otra lógica; no es una atención de un médico, una hospitalización. Y más aún: los adultos mayores financian algo de lo cual no se pueden beneficiar.
Se trata de una materia no menor, y creo que en el proyecto debería precisarse claramente de dónde vienen los recursos para costear las licencias médicas.
A diferencia de otros, me parece bien que el postnatal de que gozan las mujeres -financiado de manera formal por licencias médicas, sin tratarse, técnicamente, de una prestación de salud, sino de algo más bien relacionado con el apego a la infancia- sea de las pocas contraprestaciones recibidas en nuestra economía por los sectores medios y de mayores ingresos. Y ello, debido a que beneficia, por sobre todo, a los niños. Podremos hablar de los montos que percibe cada cual, pero estimo que es bueno analizar el asunto y discutirlo colectivamente a propósito de este proyecto.
Por último, me sumo a las palabras del Senador Rossi acerca de los tres días de carencia que se disponen, pues me parece que ello genera incentivos bastante perversos.
En resumen, creo que existe un desequilibrio en el proyecto. Confío en que el Ministro ayudará a generar el equilibrio necesario en la discusión particular, para que se incluya el castigo no solo a los médicos que cometen fraude o usan mal el instrumento de la licencia, sino también a los funcionarios públicos que obstaculizan a los trabajadores el ejercicio de sus derechos.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Señoras y señores Senadores, el sistema computacional se encuentra con algunas dificultades. Por lo tanto, solicito a quienes hayan pedido la palabra que me hagan llegar una nota para poder otorgárselas con posterioridad.
Por ahora, la tiene el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, quiero hacer uso de la oportunidad que nos brinda la segunda discusión respecto del presente proyecto de ley, pues resulta de suma importancia para el país que esta iniciativa se apruebe, pese a que en su momento fue rechazada, lamentablemente, en la Comisión de Salud, donde solo los dos Senadores de la Coalición por el Cambio votamos a favor.
Ésa era una mala señal, que resultaba absolutamente incomprensible, toda vez que la unanimidad de los miembros de dicho órgano de trabajo parlamentario estábamos de acuerdo en eliminar el deducible de tres días que no cubre la licencia médica, lo que a su vez permitiría terminar con el otorgamiento de algunas que se extienden por plazos superiores a lo estrictamente necesario.
Luego de las palabras del Ministro de Salud, quien hoy ha manifestado la disposición del Gobierno -tal como lo hizo en la Comisión-, los parlamentarios de la Concertación se han abierto a acoger la idea de legislar, que, sin lugar a dudas, significará cerrar la llave de una importante fuga de recursos estatales.
De igual forma, en la primera discusión coincidimos en agradecer la labor de los Senadores señora Rincón y señores Muñoz Aburto y Bianchi -integrantes de la Comisión de Trabajo-, quienes posibilitaron darle curso a la iniciativa legal que hoy nos ocupa.
Durante los últimos días hemos tenido la oportunidad de leer diversas investigaciones periodísticas que nos confirman la extensión fraudulenta de licencias médicas, tal como lo sostuvimos en la sesión anterior en que se abordó el tema.
En esa ocasión planteé que cada día de licencia médica otorgada en forma irregular equivalía a seis días de aporte de un empleado que no pudo hacer uso de dicho beneficio. Se trata de una realidad indesmentible. Y lo peor es que estas licencias se pagan -como manifestamos antes- con el 7 por ciento que se descuenta por concepto de salud a todos los trabajadores chilenos, incluyendo a los pensionados que, por la misma razón, no tienen derecho a gozar de licencias médicas.
Por ese motivo, recurrimos en su oportunidad a la Contraloría General de la República. Consideramos que tal abuso es inaceptable. Y por lo que ya sabemos el Supremo Gobierno -nuestro Gobierno, mi Gobierno- cumplirá con la palabra empeñada en orden a eliminar progresivamente el 7 por ciento de descuento en cotizaciones de salud a los jubilados.
La señora ALLENDE.- ¿Cuándo?
El señor CHAHUÁN.- El proyecto que nos ocupa establece eficaces herramientas destinadas a poner atajo a todas las irregularidades que actualmente se cometen y que se han constituido en un verdadero escándalo, ya que perjudican a los trabajadores que realmente necesitan de licencias médicas para atender al restablecimiento de su salud.
Entonces, reitero la petición a todos mis colegas Senadores: aprobemos la idea de legislar, pues de esta forma podremos abordar el articulado en la discusión particular, sobre todo en lo que respecta a la eliminación del deducible al cual se hizo referencia con anterioridad.
Ello nos permitirá contar con una legislación adecuada en materia de otorgamiento de licencias para el reposo médico.
La iniciativa, sin lugar a dudas, tiende a evitar -como se manifestó previamente- la fuga de recursos. Con el compromiso que hoy día nos ha expresado el señor Ministro, podremos terminar con los tres días de vacancia que también constituyen un escándalo y generan un incentivo perverso a efectos de otorgar licencias médicas, más allá de los plazos requeridos por cada una de las enfermedades.
Adicionalmente, en virtud de la discusión de este proyecto de ley se ha hecho presente la necesidad de que el médico que extiende una licencia fraudulenta también debe hacerse solidariamente responsable del estipendio que ese trabajador recibe en forma ilegítima.
Creemos que la iniciativa avanza en la línea indicada, establece un tipo penal específico para esta materia y, por ello, agradezco a los parlamentarios de la Concertación que hayan comprendido el imperativo ineludible de cuidar los fondos públicos que, de alguna manera, se dilapidan con estas malas prácticas.
Ahora bien, coincido con las opiniones vertidas por el Senador señor Letelier, con quien denunciamos los retrasos que muchas veces afectan a las aprobaciones de licencias médicas. En todo el país, incluyendo a mi Región, registramos escandalosamente cerca de cien mil licencias médicas que no eran cursadas por las respectivas COMPIN. Esa es una anomalía que también presentamos a la Contraloría.
En el caso de la Región que represento, logramos apurar los trámites correspondientes y permitir que los trabajadores afectados pudieran recibir en forma oportuna los recursos derivados de aquellas licencias médicas.
No obstante, sin lugar a dudas, se han cometido abusos sobre esta materia y la ley en proyecto tiende justamente a terminar con ellos.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, llama profundamente la atención que cada vez que se levantan denuncias sobre el uso abusivo de licencias médicas las isapres terminan, por cierto, justificando el alza en los planes de salud o que, en razón de las noticias conocidas hace pocos días, finalizamos en un debate de un proyecto de ley.
Hay una extraña coincidencia y cronología en este actuar. Ya ocurrió en 2008 cuando arreciaron las denuncias sobre estas irregularidades y el Presidente de la Asociación Nacional de Isapres, Eduardo Aninat, señalaba que los planes de salud debían subir.
Por ello, espero que en virtud de esta campaña comunicacional no se registren alzas en los planes de las isapres porque la historia así lo demuestra, y confío en que esta vez nos equivoquemos y no sea nada más que una simple coincidencia.
Señor Presidente, en el mundo entero, particularmente en Japón, se han incrementado las licencias médicas producto del estrés laboral. En dicha nación se registran 30 mil suicidios anuales. Todos los informes económicos indican que tal patología existe, no es una invención, y que las personas afectadas por depresión forman parte de un proceso laboral donde priman una máxima exigencia y alta competitividad. Así lo reflejan todas las encuestas. En Japón, diez mil personas fallecen por exceso de trabajo.
Y en Chile, que es un país trabajólico, donde redujimos la jornada laboral de 48 a 45 horas semanales, la pregunta es quién trabaja esa cantidad de horas. ¡Nadie! ¡Nuestro país es donde más se trabaja en América Latina!
Entonces, pienso que debemos analizar cuáles son las condiciones laborales bajo las cuales se desempeñan los trabajadores de nuestro país.
El 58 por ciento de las compañías internacionales experimentaron un crecimiento en estrés laboral de sus empleados durante los últimos dos años. Estas son las cifras obtenidas por diversas empresas extranjeras que se han dedicado a analizar cómo aumentaron las licencias médicas.
El fenómeno no solo afecta a Chile.
Entonces, siento que centrar el debate únicamente en el alza de las licencias médicas es exiguo, angosto y, por cierto, espero que si las isapres aspiran a regular el uso abusivo y fraudulento de las licencias médicas -que existe- también deben asumir la posibilidad de debatir sobre la facultad arbitraria que poseen para negarlas o reducirlas.
Las isapres tienen la facultad de regular el reposo médico de sus afiliados. En CIPER Chile las denuncias son numerosas. ¿Cómo un médico puede cursar 165 licencias diarias? ¿Participan los profesionales de las isapres en la reducción de las licencias médicas o logran examinar cada una de ellas? ¡No! ¡No lo hacen!
Además, los propios Diputados de Renovación Nacional formularon denuncias en su momento ante el Tribunal de la Libre Competencia por el uso abusivo que en la actualidad ejercen las isapres de su prerrogativa de reducir el reposo médico a sus afiliados. El 27 por ciento de las licencias médicas son rechazadas por dichas entidades. Se produce un ahorro millonario y se genera un incentivo perverso, el cual ha sido denunciado por diversos médicos.
Yo invito a los señores Senadores a revisar CIPER Chile. Afortunadamente, conocemos a muchos amigos médicos que dicen por qué no trabajan en la revisión de licencias médicas a las isapres. ¡Porque descontar horas o días a las licencias médicas de los trabajadores tiene una remuneración, un incentivo! ¡Un incentivo perverso!
En ese sentido, espero que tengamos la capacidad de discutir a fondo cómo vamos a regular a las isapres cuando rechazan o reducen licencias médicas, por cuanto hay reposos justificados que tales instituciones rebajan, por ejemplo, de once a dos o tres días. ¡Como los primeros tres días no se pagan, obtienen ahorros millonarios!
Señor Presidente, creo que esta situación no da para más. ¡Las isapres rechazan actualmente el 12,5 por ciento de las licencias médicas al voleo y aleatoriamente! Se proponen reducir un 12 por ciento sus gastos, rechazando el 30 por ciento de las licencias médicas cursadas. Luego, dejan que la gente reclame y el que no lo hace, perdió. Hay personas que se han aburrido de reclamar, de las colas, de la tramitación, de ir a buscar un pago por una licencia de 6 ó 7 días de reposo y, como les sale más caro ausentarse del trabajo, dejan que pase.
En consecuencia, existe un trato abusivo de las isapres y también de la COMPIN.
Por eso, ahora tenemos la gran posibilidad de debatir cómo regulamos el sistema vigente, de manera de sancionar a los médicos que entregan licencias fraudulentas, pero también de castigar a las instituciones de salud previsional que reducen o niegan licencias verdaderas.
¡En definitiva, debemos proteger al trabajador!
Cuando se trata de licencias por tres días, nadie las paga, ni siquiera vale la pena presentarlas y no aparecen registradas en ningún sistema estadístico. ¡Nunca existieron! ¿Dónde está la estadística del servicio de salud respectivo que nos señale las licencias médicas de tres días que fueron rechazadas por alguna isapre o la COMPIN? ¡No existen! ¡No las conocemos!
Asimismo, la notificación de rechazo a las licencias que han recibido muchos trabajadores chilenos demuestra claramente que las aseguradoras obtienen un estipendio que están defendiendo.
Espero que los días perdidos por partos prematuros y el prenatal no utilizado a causa de ellos sean trasladados automáticamente al posnatal. Hoy día se ha creado un peligroso sistema alrededor de las licencias emitidas por enfermedades graves de hijos menores de un año, porque los médicos tienden a dar reposos mayores cuando aún no existe en nuestra legislación un posnatal de seis meses.
¡Aquí hay un debate pendiente!
Les dijimos a diversos superintendentes que si logramos establecer un posnatal de esa extensión vamos a reducir drásticamente las licencias médicas originadas por hijos menores de un año con enfermedades graves, porque los pediatras saben que las doce semanas del actual posnatal son insuficientes y especialmente más caras, tal como lo demuestra el proceso vigente.
Si el señor Ministro de Salud o la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) pudieran entregarnos los informes desagregados respecto de cuántas licencias por enfermedades graves de menores de un año se dan a las pacientes y cuántas efectivamente podríamos evitar con un posnatal de seis meses, estaríamos avanzando en un tema muy importante, porque tengo la sensación, de acuerdo a las cifras obtenidas hace dos o tres años, de que muchas de esas licencias eran dadas sin mediar la enfermedad grave por la cual se prescribía el reposo necesario.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
Tiene un minuto más para finalizar su intervención.
El señor NAVARRO.- Gracias, señor Presidente.
Solo termino diciendo que aprovechemos la oportunidad que se nos presenta, démonos el tiempo suficiente para realizar este debate, porque la verdad es que cada vez que aparecen anuncios respecto de las miles de licencias fraudulentas los médicos se inhiben.
Yo me encuentro con muchos trabajadores de empresas forestales que realizan trabajos pesados, quienes muy enfermos visitan a un doctor, pero este les dice: "Mira, no te puedo dar licencia médica porque me tienen vigilado y me están controlando". ¡Esos profesionales deben dictaminar el reposo cuando corresponda, cuando sea verdad y no pensar en que serán regulados!
Me parece que eso constituye un abuso de las isapres que debe ser reglamentado en este proyecto de ley.
¡Patagonia sin represas!
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, si se pretende terminar con las prácticas fraudulentas en el sector salud, bueno, incluyamos todas aquellas que, como se ha dicho acá, están presentes. Porque, efectivamente, lo que ocurre con los médicos que otorgan licencia a sabiendas de que en realidad no existe una patología que la avale, es tan grave como el rol de juez y parte que asumen las isapres al impedir que se curse una licencia en circunstancias de que sí hay una persona afectada por alguna enfermedad.
Creo que el contexto actual nos obliga a legislar en ese sentido. Y, como señaló el Senador Chahuán, el Gobierno ha anunciado la eliminación gradual del 7 por ciento de la cotización en salud que se descuenta a los pensionados. Y, aunque esto claramente no se ajusta a lo que se dijo en su momento, valoro el avance que implica el cumplimiento de tal compromiso.
El señor CHAHUÁN.- ¡Ya viene!
El señor QUINTANA.- Me acotan que pronto vendrá. Lo importante es que haya una diferenciación. Porque hoy día en el fondo constituido por ese 7 por ciento no se distingue entre los recursos para prestaciones médicas y los destinados a pagar las licencias por enfermedad.
Por eso, valoro también el anuncio del Ministro señor Mañalich en orden a que de aquí a fines de año se enviará un proyecto complementario tendiente a suprimir la carencia de los tres primeros días de licencia médica.
Lo anterior es fundamental para terminar con el abuso fraudulento por parte de las isapres de rechazar las licencias, en el cual -como bien decía el Senador Letelier- también incurre el Estado a través de las COMPIN, pues no pueden cursar los tres primeros días de reposo. Y esto constituye un incentivo perverso, pues en definitiva muchos profesionales emiten licencia por más de 10 días a fin de resguardar el pago de los tres iniciales.
Señor Presidente, la iniciativa en debate es necesaria, por dos razones.
Primero, porque para financiar un día de licencia médica se requiere el aporte para este concepto de al menos otros 66 trabajadores cotizantes, lo cual es un abuso, un escándalo. Y ese es, en verdad, el fraude por el cual se intenta castigar a los médicos que incurran en dicho ilícito. Porque lo es.
Y segundo -por eso, el plazo para formular indicaciones resulta imprescindible-, porque se deben establecer sanciones a las isapres -todas proceden así- que fraudulentamente impiden el curso de una licencia médica pese a saber que el trabajador la amerita.
Otro motivo por el cual vamos a apoyar la iniciativa en general es la pérdida de recursos, que ha ido creciendo en los últimos años en el sistema público, particularmente en FONASA, y que como país no estamos en condiciones de enfrentar. Por algo el compromiso presidencial de eliminar el descuento de 7 por ciento para salud a los pensionados se efectuará en forma gradual. Porque implica una contribución enorme al financiamiento del sistema de salud pública. Y no hay justificación para liberar recursos por un lado y gastarlos innecesariamente por otro.
Por lo tanto, creo que el aprobar en general el proyecto y abrir plazo para presentar indicaciones a fin de incorporar una sanción para las isapres permitirá -como señalaron los Senadores Girardi y Rossi- resguardar ciertos aspectos y, en especial, corregir algo que a muchos chilenos les preocupa: el no pago de los tres primeros días de licencia por enfermedad.
Por lo expuesto, señor Presidente, votaremos a favor de la idea de legislar.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, yo me inscribí para intervenir en este proyecto y hacer notar un hecho al que la mayoría de los oradores que me precedieron ya se han referido: el desequilibrio que se evidencia en él. No obstante, lo vamos a votar favorablemente en general.
Esperamos que a través de las indicaciones que formulen el Ejecutivo y los parlamentarios se logre establecer un equilibrio tendiente no solo a proteger los intereses de las isapres y del Estado ante los actos de fraude que hemos conocido, sino también a evitar los abusos en el sistema de salud, como el no pagar los tres primeros días o el dilatar la respuesta a una negativa de licencia médica.
En días recientes me entrevisté con personeros de la Superintendencia de Seguridad Social, como asimismo de la COMPIN de la Novena Región, que represento, pues, en verdad, creo que el sistema requiere una modernización, al menos en cuanto a comunicaciones.
Además, el Ministro señor Mañalich me ha informado que en el presupuesto de la Cartera de Salud se contemplan fondos para modernizar las COMPIN desde el punto de vista tecnológico y de las comunicaciones.
Si pudiésemos contar con un sistema en línea entre las COMPIN, la SUCESO, el empleador y los médicos a efectos de establecer las comunicaciones que sean necesarias, se evitaría que el trabajador afectado por alguna enfermedad y muchas veces sin trabajo ni dinero vea dilatada la autorización de pago de su licencia durante seis o más meses. Esto es inhumano.
Por esa razón -repito-, el proyecto se encuentra desequilibrado, ya que no contiene modificaciones al sistema que favorezcan a la mayoría de las personas que impetran legalmente y de buena fe el derecho a usar una licencia médica.
Ojalá el señor Ministro expresara su voluntad de continuar con la modernización no solo de los servicios de salud sino también de la tecnología en el sistema.
Termino mi intervención, señor Presidente, porque quisiera que avanzáramos en el proyecto que modifica la Ley de Violencia Intrafamiliar. La señora Ministra del ramo está esperando que agotemos la discusión de la presente iniciativa. Y yo lo haré en seguida, a fin de entrar al debate de esa interesante normativa y, si alcanzare el tiempo, al de la que modifica el DFL N° 2, del Ministerio de Educación, del año 2010, para permitir que los sostenedores de establecimientos educacionales se adecuen a la nueva Ley General de Educación como personas jurídicas.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- No hay más oradores inscritos.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Pido la palabra.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, lamento mucho postergar el despacho de la iniciativa que nos ocupa, la cual, a mi modo de ver, es muy importante y, en especial, porque se halla pendiente una situación que puede significar que algunos de nosotros votemos "sí" o "no".
En la discusión anterior manifesté mi opinión contraria al texto aprobado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Comparto absolutamente los argumentos que se han entregado respecto tanto al exceso de licencias emitidas por algunos médicos como a la pérdida de recursos del Estado. Sin embargo, considero que estamos ante un proyecto sesgado, que no resuelve los problemas globales de la licencia médica, que se hallan íntimamente ligados al abuso, como son la existencia de los controladores de isapres y el hecho de que estas sean juez y parte; la carencia de los primeros tres días de reposo, y una serie de otros elementos que han provocado irritación nacional porque afectan a los enfermos.
Se plantean sanciones, multas y suspensión de la autorización a los profesionales para otorgar licencias en caso de reincidencia. Pero en la práctica esto es un absurdo: solo perjudica a los enfermos y no sanciona a los médicos.
De otro lado, no se tocan ni con el pétalo de una rosa los demás problemas que se generan con la legislación vigente.
Pregunto, con toda franqueza, si alguien puede entender que hasta la fecha no legislemos sobre la existencia de los médicos de isapres o la deducción de los tres primeros días de la licencia.
Entre enero y diciembre del año 2009, conforme a las estadísticas de las isapres, se puede deducir lo siguiente.
Las licencias autorizadas son aquellas de menos de 11 días.
Las licencias de más de 11 días son reducidas o rechazadas. La reducción es a menos de 11 días, con un promedio de rebaja de 3 ó 4 días. Ello significa que en algunos casos pudiera ser excesivo; en otros el enfermo queda con un número de días tan disminuido que la licencia prácticamente no le sirve para nada.
Por ese concepto, las isapres redujeron los días de subsidio efectivo a ser pagado de 878 mil días a 550 mil.
Si llevamos esas cifras al lucro logrado como consecuencia única y exclusivamente de las licencias médicas rebajadas, nos arrojan la no despreciable suma de 53 millones de dólares anuales -alrededor de 4 millones y medio de dólares mensuales y de 146 mil dólares diarios-, que pasan al peculio de las isapres simplemente porque disminuyen, sin ninguna razón y a través de sus controladores, los días de licencia a los trabajadores, que son quienes aportan el dinero pertinente.
Anexo a tales antecedentes, cabe señalar que el número de licencias médicas reducidas en el sistema de isapres durante 2009 fue de 137 mil, equivalentes a 14 por ciento, mientras que los rechazos alcanzaron a 14 por ciento del total de licencias presentadas, cifras considerables si se tiene en cuenta que durante el mismo período se autorizó solo 73 por ciento de ellas.
Aquí no se trata de un problema de tiempo y recursos. La cuestión tiene que ver con que ni un solo día de licencia debe ser quitado a los trabajadores, salvo que haya razones justificadas en abuso por parte de los médicos.
Nada de eso se toca en el proyecto, señor Presidente.
Le propusimos al Ministro agregar aquel punto en su iniciativa. La respuesta fue que realizar el cálculo de los 3 días era excesivamente largo y que, por lo tanto, significaba seguir por lo menos 3 a 4 meses con un sistema de licencias excesivas, gastando lo aquí indicado.
Señor Presidente, se ha dicho que mi afán es defender a los médicos. No hay nada de eso. Muy por el contrario, creo en la necesidad de controlar siquiera la ética en los colegios profesionales. Y no comparto los acuerdos tomados por la Comisión de Trabajo, pues estimo que la sanción debe llegar hasta la cancelación del ejercicio profesional, según corresponda. Pero ello requiere la autoridad del colegio pertinente y, por ende, la afiliación obligatoria a él.
Si no es posible aquello, demos a los colegios a lo menos el control ético, pues de otra manera, como se ha expresado, tendremos un proyecto no solo desequilibrado, sino también inútil para salvar lo que a todos nos importa: el correcto ejercicio de la profesión y la protección de los derecho de los trabajadores por encima de los intereses de las instituciones de lucro.
Hemos presentado dos iniciativas sobre el particular, y no lo hemos logrado.
El informe de la Comisión -lo digo con todo respeto- no toca a las isapres, no soluciona el problema de los afiliados. Y se mantiene el traspaso impúdico de dineros, sin mayor justificación ética y desde el punto de vista de la eficiencia para resolver la cuestión.
La propuesta que hemos formulado reiteradamente y que volvemos a plantear, con soluciones inmediatas y a mediano y largo plazos, en un orden cronográfico, sobre el cual pudiéramos ponernos de acuerdo con el Ejecutivo, apunta a lo siguiente:
-Enseñanza obligatoria de la ética en todas las universidades que impartan la carrera de medicina u otras del área de la salud.
-Afiliación obligatoria a los colegios profesionales.
-Tuición ética en los colegios profesionales.
-Término de la carencia de tres días.
-Fin de los controladores de las isapres.
-Facultad a los colegios profesionales para impedir a los afiliados el ejercicio de la profesión, como último escalón de la pena.
-Reemplazo de los COMPIN por organismos independientes, como se ha expresado aquí en forma reiterada.
-Igualación de sanciones a quienes, en el marco señalado, otorguen licencias falsas y a aquellos que, en representación de las isapres, rechacen sin justificación las licencias otorgadas a sus afiliados.
Si el señor Ministro aprueba algunas de las sugerencias hechas, concretémoslas ahora.
Se nos dice que el trámite es largo. Estamos dispuestos a ponernos de acuerdo en cierto tiempo. Pero considero necesario tener seguridad a ese respecto.
Repito, al igual que otros Senadores con quienes actuamos de consuno: si el señor Ministro manifiesta que algunas de esas propuestas son posibles, yo cambiaré mi voto y me pronunciaré a favor.
¿Y si se me dice que sobre esta materia no puedo reclamar?
Salto adelante, señor Presidente, frente a un eventual argumento. Porque se nos señala que una comisión está trabajando, e incluso que lo está haciendo con gente que pertenece a mi Partido.
Debo puntualizar que para mí eso no tiene relevancia. Porque los médicos u otras personas que están participando en la comisión de salud a que llamó el Presidente de la República no lo hacen en condición de democratacristianos, sino a titulo personal. Y, por lo tanto, su actuación en esa instancia no empece mi voto.
Por eso, señor Presidente, reitero que esta es una materia complicada, difícil, opinable en algunos aspectos. Aquí nadie sabe más que el otro sobre lo que ha de pasar, porque se trata de un asunto donde hay un efecto sanitario, una visión médica y una perspectiva diferentes, que tienen que ver con lo económico o con la ley.
Pero -insisto- estamos disponibles para hacer lo que hemos planteado si acaso hay un compromiso del Ejecutivo en esta Sala.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (34 votos contra 1), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Matthei, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Allamand, Bianchi, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votó por la negativa el señor Ruiz-Esquide.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Corresponde fijar plazo para presentar indicaciones.
Se me sugirió el 29 de noviembre, a las 12.
¿Habría inconveniente?
El señor NOVOA.- ¿Existe quórum para tomar acuerdos?
El señor HOFFMANN (Secretario General).- No, señor Senador.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Que toquen los timbres, por favor.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Ahora sí hay quórum, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se fijará el 29 de noviembre, a las 12, como plazo para formular indicaciones.
--Así se acuerda.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Para los efectos del segundo informe, el proyecto iría a las Comisiones de Salud y de Trabajo y Previsión Social, unidas, atendidas las diferencias de opinión que hubo entre ambas.
¿Le parece a la Sala?
--Así se resuelve.