CREACIÓN DE FONDO NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN E INCENTIVOS A DONACIONES EN CASO DE CATÁSTROFES
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Fondo Nacional de la Reconstrucción y establece mecanismos de incentivo a las donaciones en caso de catástrofe, con informes de las Comisiones de Hacienda y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6884-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 14ª, en 4 de mayo de 2010.
Informes de Comisión:
Hacienda, sesión 16ª, en 11 de mayo de 2010.
Constitución, sesión 16ª, en 11 de mayo de 2010.
Discusión:
Sesión 16ª, en 11 de mayo de 2010 (queda pendiente la votación general).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Cabe recordar que la Comisión de Hacienda discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar luego de las siguientes votaciones.
Primeramente, hubo dos votos a favor (Senadores señora Matthei y señor García) y tres abstenciones (Senadores señores Escalona, Frei y Lagos). Repetida la votación, el resultado fue idéntico, y, en aplicación del inciso segundo del artículo 178 del Reglamento, se consideraron las abstenciones como favorables a la posición que logró mayor número de votos, aprobándose la idea de legislar.
Los fundamentos de voto se consignan en el informe de la Comisión de Hacienda.
Es del caso destacar que la Sala, en sesión de 4 de mayo, acordó consultar a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento sobre la constitucionalidad de los artículos 1°, inciso cuarto; 21, y 22 de este proyecto de ley, y que esa instancia resolvió proponer a la Comisión de Hacienda una serie de enmiendas que deberían efectuarse durante la discusión particular. La proposición pertinente fue acordada por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Alvear y señores Espina y Patricio Walker.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Señores Senadores, en la sesión de ayer cerramos el debate de este proyecto y estuvimos claros en que hoy correspondía votarlo.
Por lo tanto, vamos a abrir la votación.
Cada señor Senador tiene la posibilidad de fundamentar su voto por cinco minutos.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, el proyecto que tenemos ante nosotros es uno de los instrumentos que el Gobierno y los Ministros que se hallan en la Sala presentaron para enfrentar la reconstrucción y financiarla.
Yo voto esta iniciativa en su mérito, pero, al mismo tiempo, teniendo en cuenta que se trata de un conjunto de instrumentos que presentó el Ejecutivo, algunos de los cuales se discuten en este minuto en la Cámara de Diputados.
Se trata de un proyecto modesto, desde el punto de vista del financiamiento total que se requiere.
El Gobierno ha señalado que esta iniciativa, sobre incentivos a las donaciones, que modifica la legislación actual, va a significar alrededor de 1,5 por ciento del total que se necesita para hacer frente a la reconstrucción.
Estamos hablando de alrededor de -entiendo- 80 mil millones de pesos anuales. No es una suma considerable: son cerca de 150 millones de dólares. Pero me parece que, en el conjunto, la idea es que todo suma y, al mismo tiempo, genera y estimula aportes de privados con los cuales, de no mediar estos instrumentos, tal vez no podríamos contar.
Esto lo enfoco con la mejor disposición. Y si bien ayer en la Comisión de Hacienda me abstuve en la votación, hoy me pronunciaré a favor de la idea de legislar.
Sin embargo, quiero hacer presentes ciertos reparos, que, en mi concepto, deberán subsanarse en dicho órgano técnico durante la discusión particular por la vía de las indicaciones.
Esta iniciativa generaba dudas de constitucionalidad en lo concerniente a la vigencia de los beneficios tributarios otorgados mediante ella.
Entiendo que en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se habría encontrado una fórmula reparadora. Tal vez sigue dejando alguna incertidumbre -no ahondaré en el punto- en el sentido de que el acortamiento del plazo no elimina la inconstitucionalidad, pero es satisfactoria en cuanto da tranquilidad a los interesados en la materia.
Sí, creo que persisten dudas de constitucionalidad en el ámbito de las obras específicas, pues, tratándose de donaciones para ellas, sería la autoridad administrativa y no la ley la que estaría otorgando una exención tributaria, ya que al Ministerio de Hacienda -escuchando eventualmente a los intendentes y alcaldes de las zonas afectadas- le correspondería calificar "el interés público o el servicio a la comunidad en general" de dichas obras.
En efecto, la iniciativa no establece ningún criterio ni parámetro objetivo sobre qué debe entenderse por "manifiesto interés público o que presten un servicio a la comunidad en general", quedando a criterio de la autoridad administrativa la definición de estos conceptos.
En ese contexto, considero indispensable que la ley en proyecto fije una definición o los parámetros para hacer determinables los referidos conceptos.
Segundo reparo que deberemos abordar en la Comisión: se mantiene la amplitud de las facultades del Presidente de la República en materias de exenciones y autorizaciones.
Respecto a las atribuciones del Ejecutivo para dictar normas excepcionales en esas materias, se eliminó la referencia a los "trámites legales". Sin embargo, el mantener la atribución de dictar "las demás que estime necesarias para la pronta y correcta ejecución de las obras de construcción o reconstrucción que se financien con cargo a esta ley" podría conllevar a que igualmente, por la vía de la potestad reglamentaria, se alteraran normas de carácter legal, pues no se contempla de manera expresa en el articulado una disposición que las "salvaguarde".
Por último -y este es también un punto delicado y serio-, cabe puntualizar que, si bien esta iniciativa contempla normas en materia de incompatibilidades desde el punto de vista de quiénes hacen la donación y quiénes son los beneficiarios, es indispensable consignar incompatibilidades propias vinculadas a la ejecución de obras específicas, para impedir, en el extremo, que estas sean de beneficio directo para el donante.
Señor Presidente, se trata de cuestiones que habrán de abordarse, y las planteo con la mejor disposición.
Estamos ante un proyecto que, al final del día, no va a hacer la diferencia, atendida la magnitud de lo que debemos enfrentar. Mejora en parte lo que tenemos en materia de legislación sobre donaciones. Pero será necesario tratar con mucho cuidado los aspectos explicitados. Siguen vigentes cuestiones de inconstitucionalidad. Me preocuparé especialmente de que las generosas donaciones vayan en beneficio del conjunto de la sociedad y no a obras específicas que en último término, por la puerta trasera, terminen beneficiando directamente a los donantes.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Rossi.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, por los mismos argumentos que expuso el colega Lagos, votaré a favor de la idea de legislar.
A decir verdad, se trata de un proyecto bastante pobre en materia de recaudación y que innova muy poco en cuanto a mecanismos de estímulo a las donaciones.
Entonces, quiero referirme más bien al conjunto de iniciativas que envió el Gobierno para financiar la reconstrucción. Porque la que nos ocupa ahora se suma a varios de los otros proyectos, que establecen más beneficios tributarios y, al final del día -¡ojo!-, disminuyen la carga impositiva existente en nuestro país.
Ello parece contradictorio, pues se supone que se remite un paquete de medidas para financiar la reconstrucción y que las tributarias son para recaudar más, pero, misteriosamente, esta y las otras propuestas significan menor recaudación. Porque, finalmente, en 2013 el Estado tendrá 205 mil millones de pesos menos, resultado de las alzas transitorias y las rebajas permanentes.
Es importantísimo que el pueblo lo sepa: esa es la forma que plantea el Gobierno para expresar solidaridad frente a una catástrofe.
Ayer vimos en el norte, en Tarapacá, cómo es la solidaridad de la empresa privada, que a lo mejor va a utilizar la ley de donaciones para ayudar a la gente en la reconstrucción. Observamos de qué manera se reprimió una movilización de 4 mil 300 trabajadores -contratados, subcontratados- de la mina Collahuasi. ¿Y dónde estuvo la solidaridad, la generosidad de la empresa mandante para juntarse con ellos, con sus dirigentes, a fin de llegar a un acuerdo?
Ese es el primer conflicto sindical que tiene el Gobierno del Presidente Piñera, que se suma al primer conflicto estudiantil, por el cual marcharon hoy los estudiantes de la CONFECH, en un número significativo.
Digo lo anterior, señor Presidente, porque a veces es bueno replantearse lo que se entiende por "solidaridad", por "generosidad".
"Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda", ha dicho alguien por ahí.
Y tengo la misma preocupación del Senador Lagos en el sentido de que, finalmente, este proyecto permita financiar obras específicas del todo dirigidas, que, además de los beneficios tributarios, terminen favoreciendo al propio donante.
En la Comisión de Hacienda le preguntamos al Ministro Larraín quién definía dichas obras: lo hace el mismo Ministerio de Hacienda.
Ya hemos visto lo sucedido a ese respecto con diversos proyectos de ley: se ha construido una serie de negocios.
Expreso, pues, mi inquietud sobre el particular.
Esta iniciativa implicará un aporte discreto. Es bastante pobre en cuanto a recaudación. Resulta impredecible.
Lamento que el Gobierno envíe una serie de proyectos de ley que significarán menor recaudación fiscal y que los mayores beneficiarios no sean los afectados por el terremoto sino los empresarios, pero no los pequeños, sino los grandes. Las pymes no pagan hoy impuesto de timbres y estampillas.
Es tremendo el beneficio que el Ejecutivo les otorga de manera permanente a las grandes empresas.
Nos engañan con el cuento del royalty. Porque la verdad de las cosas es que en Chile este es bastante exiguo. Y ahora nos quieren hacer votar un royalty entre comillas, donde se establece la imposibilidad -¡vaya paradoja!- de hablar de royalty hasta el 2025.
O sea, ¡les estamos regalando a las grandes empresas una serie de rebajas tributarias a costa de dos años de alzas transitorias!
¿Dónde está, entonces, el esfuerzo para ir en auxilio de los damnificados?
Más aún -esto reviste mayor gravedad todavía-: se presiona a los parlamentarios de las zonas afectadas diciéndoles que, si no se vota hoy con rapidez, serán responsables de que la ayuda no llegue, en circunstancias de que todos sabemos que la recaudación tendrá lugar el próximo año, fundamentalmente.
Estimo, en consecuencia, que aquí hay más bien operaciones cosméticas, maquillaje, intentos por hacer creer que se están sacando muchos proyectos, cuando hay una gran sequía legislativa, como dijo el Senador Zaldívar.
Se acabó mi tiempo, señor Presidente.
Voto que sí.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, este proyecto es uno de los medios, de las palancas, de los mecanismos que el Gobierno del Presidente Piñera ha puesto en ejecución para enfrentar la catástrofe: crear un Fondo Nacional de la Reconstrucción para casos de catástrofe, de carácter permanente, financiado con diversos aportes, incluidas donaciones con beneficio tributario.
Quiero empezar mi intervención recordando las palabras que pronunciaron los presidentes de los partidos de la Concertación el 6 de marzo del año en curso, luego de sostener una reunión con el Presidente electo, don Sebastián Piñera, donde se acordó "un nuevo trato" para el Gobierno, con la idea de unificar fuerzas para trabajar en conjunto por la reconstrucción del país después del terremoto de febrero.
Un Senador expresaba: "La Concertación y todos sus parlamentarios estamos disponibles para trabajar juntos para reconstruir Chile".
Por su parte, quien me antecedió en el uso de la palabra indicaba: "Éste es el momento de profundizar nuestros acuerdos (...) Lo que Chile espera de nosotros es que los partidos políticos nos pongamos todos detrás de la tarea de reconstruir el país".
Y el Presidente de la Democracia Cristiana, don Juan Carlos Latorre, decía: "Expresar clara y nítidamente nuestra disposición, nuestra plena voluntad a colaborar en todas aquellas tareas que posibiliten, no solamente enfrentar esta emergencia, sino que asociarnos con el mayor espíritu de colaboración a lo que sea el proceso de reconstrucción nacional".
Señor Presidente, llegó la hora de que estas mismas personas cumplan con su palabra y colaboren con la reconstrucción. Sin embargo, lo que uno observa, después de escuchar las intervenciones en la Sala, es que no se hace mucho por ayudar, francamente. Advierto que las críticas se refieren a cuestiones menores.
El proyecto es importante, macizo, y constituye una de las herramientas que el Gobierno está enviando, Y, por supuesto, existe disposición para poder modificarlo y mejorarlo.
La iniciativa está destinada, única y exclusivamente, a apoyar a la gente que está sufriendo. Esta necesita asistencia, pero no cualquiera ni en cualquier tiempo, sino lo antes posible. Por ello, es preciso terminar con las diferencias políticas y sacar el texto adelante.
Hoy día hemos conocido una señal positiva, al menos, anunciada por el propio Presidente del Partido Socialista, ya que los parlamentarios de las zonas afectadas -quienes entiendo que habrán visto la realidad que se enfrenta- han comunicado que votarán a favor. Espero que ello haga cambiar de opinión a algunos Honorables colegas que manifestaron su rechazo.
Incluso el Senador progresista señor Navarro ha declarado que se pronunciará por la aprobación, pues se da cuenta de la situación que se vive en la Región que representa. Me dicen, eso sí, que Su Señoría no se encuentra en la Sala.
Señor Presidente, deseo hacer un llamado a los señores parlamentarios de la Concertación para que apoyen la iniciativa presentada por el Presidente de la República, así como también otras cuyo objetivo es aunar esfuerzos y criterios en el país para ir en ayuda de miles de familias que lo han perdido todo. Pero ese esfuerzo serviría de poco o de nada si los fondos no llegaran a tiempo y no fuese posible concretar estos proyectos.
Por los miles de familias afectadas y que día a día sufren en carne propia los efectos de la catástrofe, espero que los señores Senadores, cualquiera que sea su color político, voten a favor del articulado.
Y a quienes quieran rechazarlo les recomiendo que visiten las zonas devastadas y le digan a la gente a la que se le ha caído la casa, que lo ha perdido todo, que votaron en contra de las herramientas que el Gobierno ha ideado para reconstruir sus escuelas, sus hospitales y sus viviendas. Porque, francamente, pienso que rechazar la iniciativa no tiene ninguna presentación.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, este es el primer proyecto de ley que envía el Presidente Sebastián Piñera para allegar recursos al proceso de reconstrucción, luego del terremoto y maremoto que afectaron tan dramáticamente a miles de nuestros compatriotas el 27 de febrero recién pasado.
Efectivamente, la iniciativa es modesta: busca recaudar, aproximadamente, unos 300 millones de dólares en dos años. Pero es relevante, porque, por cada seis pesos que se destinen a la reconstrucción, cinco serán con cargo al sector privado -concretamente, a las empresas que pagan el impuesto de primera categoría de la Ley de la Renta- y solo uno lo pondrá el Fisco. De tal forma que constituye un premio importante al esfuerzo que puedan realizar las empresas privadas para contribuir a la tarea por llevar a cabo.
El texto crea un Fondo Nacional de Reconstrucción, sobre la base de donaciones que se acogerán a franquicias tributarias. La primera de estas es la exención del impuesto recién mencionado, es decir, solo del 17 por ciento.
No existen franquicias adicionales, como sí ocurre, por ejemplo, con las donaciones culturales y las que se efectúan con fines educacionales. En consecuencia, el proyecto tampoco va a competir con donaciones establecidas en otros cuerpos legales, como las de carácter cultural, contempladas en la tan conocida "Ley Valdés", en homenaje al Senador señor Gabriel Valdés, su principal impulsor.
Por primera vez se van a permitir donaciones de personas naturales afectas a segunda categoría, al llamado "impuesto único al trabajador", o al global complementario. Esos contribuyentes, al hacer aportes al Fondo, obtendrán un crédito tributario de 40 por ciento.
Lo mismo ocurrirá con las empresas obligadas a pagar el impuesto adicional -es decir, por la repatriación de utilidades-, caso en que el crédito tributario ascenderá a la misma tasa vigente, es decir, 35 por ciento.
Y, finalmente, como algo tremendamente novedoso, a mi juicio, se permitirá que hagan anticipos las personas obligadas a realizar pagos por el impuesto a la herencia, lo que, con un crédito de 40 por ciento, también se destinará a la reconstrucción nacional.
Por eso, señor Presidente, pienso que el proyecto es bueno, necesario. No es el que recaudará más. Para este último efecto, ya estudiaremos, durante los próximos días, las iniciativas que establecen alzas transitorias de impuestos. Lo importante es que aquí se premiará la solidaridad y generosidad del sector privado, tanto de las empresas como de los particulares, para que todos nos aboquemos a la gran tarea de la reconstrucción nacional y a aliviar el dolor y sufrimiento de miles de compatriotas.
Votaré a favor.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, al comenzar mi intervención, y para que no existan dudas acerca de cuál será la posición de nuestra bancada, declaro que vamos a aprobar el proyecto en general.
Aquí no ha habido en ningún momento renuencia a tratar esta materia. Pero sí hemos hecho planteamientos que, a lo mejor, incluso no son comprendidos al formularlos quienes nos encontramos en la Oposición. Hemos dicho que estamos dispuestos a aprobar estos recursos y los que sean necesarios para financiar la reconstrucción.
Ahora, frente a la iniciativa en examen, habríamos preferido un tratamiento global tanto del articulado que conoce en este momento la Cámara de Diputados como del que ahora nos ocupa, para considerar la forma como se afrontará el financiamiento de dicho proceso.
El proyecto mismo me parece bastante sui géneris, al pretenderse financiar gastos públicos, que normalmente son propios del Presupuesto de la Nación, con donaciones privadas. Hace mucho tiempo que no lo veía. Para otros efectos, considero que ello resulta muy procedente.
Asimismo, estimo que en una normativa de esta naturaleza no se puede abrigar la certeza de cuál será el rendimiento. Ello es absolutamente incierto. Y soy pesimista respecto a lo que el señor Ministro de Hacienda ha planteado sobre el particular en el informe financiero que hemos conocido, porque la cuestión dependerá de las condiciones que percibirá el sector privado para realizar este tipo de aportes, en circunstancias de que rigen leyes sobre donaciones que dan más beneficios que aquellos que el texto contempla. Ojalá que los cálculos del señor Ministro le den resultado.
Por eso, creo que en la discusión particular se debe formular una indicación -es bueno tenerlo presente- para que esa Secretaría de Estado dé cuenta, al momento de presentarse el proyecto de Ley de Presupuestos de cada año, de cuál ha sido el rendimiento de la normativa en estudio y el destino de los recursos obtenidos, porque se dice que financiarán inversiones públicas.
Quiero llamar la atención también hacia algo que constituye un poco la filosofía que observo en materia de reconstrucción y que me toca ver en la circunscripción que represento. Al parecer, el Gobierno no asume algunas responsabilidades, en cuanto a financiar ciertos tipos de trabajos que se deben efectuar en la Región. Y es el sector privado el que se hará cargo, por ejemplo -me parece bien que lo haga, en ausencia del primero-, de los planes maestros. Así, el de Talca lo asumirá una empresa -reitero: no tengo ninguna objeción a ello-; el de Constitución, otra. Con relación al de Curicó, se reunieron todos los actores y se pensó en hacer una colecta, de acuerdo con una información publicada en el diario "La Prensa", de esa ciudad. Según me señalaron, la minera Anglo American se ocupará del relativo a una de las comunas de la Octava Región.
Entonces, quiero preguntar si será el sector privado el que va a financiar los gastos de la reconstrucción o si ello se hará a través de esta clase de acciones.
Me gustaría que tuviéramos presente el punto, porque creo que el Estado no puede abstenerse de cumplir determinadas obligaciones.
Echo de menos en este momento, asimismo, una definición institucional acerca de cómo se debe enfrentar el gasto y manejar la reconstrucción.
En 1965, año en que me correspondió actuar con motivo de un terremoto, se dictó la ley N° 16.282, la que en gran parte se halla en vigencia hasta el día de hoy. La Corporación de Fomento intervino en 1939. El Presidente Jorge Alessandri enfrentó el terremoto de 1960 a través del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. En la actualidad no existe ningún ente detrás de la reconstrucción. Y ello no es bueno para los efectos de llevar adelante esa tarea.
Respecto a la iniciativa en sí misma, pienso que va a contar con la aprobación de la gran mayoría de los Senadores, con muy pocas excepciones. Y el Gobierno dispondrá de este instrumento aun cuando no sea conveniente.
El señor LONGUEIRA.- ¡Pero no mire hacia acá, Honorable colega! ¡Diríjase a la Mesa!
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¡En ningún momento mencioné a Su Señoría!
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Señor Senador, va a concluir su tiempo.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Me pronunciaré a favor, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, a mi juicio, el proyecto es extraordinariamente oportuno y original.
Quiero destacar las innovaciones que contempla, al apuntar, de manera específica, a la creación del Fondo Nacional de Reconstrucción y al establecimiento de mecanismos de incentivo a las donaciones en caso de catástrofe. No tiene que ver con el plan de financiamiento total de la reconstrucción ni con los conflictos que pueden existir en el norte, como han señalado otros parlamentarios.
De repente, tengo la sensación de que, a pesar del pronunciamiento favorable anunciado por algunos señores Senadores de la Concertación, están tratando de buscarle "la quinta pata al gato" y la forma como plantear que la iniciativa no sería tan buena como en realidad lo es.
Por mi parte, quiero sostener exactamente lo contrario. Reitero que el proyecto es muy oportuno, porque en Chile se registró una catástrofe y resulta indispensable generar opciones de financiamiento adicionales a lo que se pueda recaudar por la vía de los impuestos o la enajenación de activos del Estado y que tengan que ver con el sentido ético y moral que sí presenta y ha mostrado la empresa privada, tantas veces denostada pero tan reconocida en estos días. Es algo que considero fundamental ordenar a través de una legislación de esta naturaleza.
El beneficio que originará la iniciativa es evidente. Al final, por cada cinco pesos que coloque una empresa privada, el Estado pondrá uno. Por consiguiente, se van a juntar seis pesos para financiar obras que claramente se relacionarán con la reconstrucción, a fin de asumir parte de la superación de la catástrofe.
¡No hay "peros" que valgan, entonces! ¡Así se deben hacer las cosas! Y el sentido del articulado es justamente el de incentivar que el espíritu existente se materialice en forma positiva.
Afirmo, responsablemente, como Senador por la Séptima Región, que esta clase de aporte es clave, central. Por los hechos, se ha visto que lo han asumido algunas empresas, pero, en el derecho, creo que el potencial es mucho mayor.
Además, me parece original e importante la incorporación de la democracia tributaria y que, en esta perspectiva, los ciudadanos aportantes -espero que ello sea una regla general que el día de mañana se vaya extendiendo a otros campos, como el de la educación- puedan manifestar también de algún modo su preferencia respecto a cómo quieren que se gasten sus recursos, porque nadie sabe mejor en qué se deben emplear que quien los proporciona.
Y sin duda resultaría novedoso considerar al respecto un conjunto de obras específicas, como un plan regulador, un plan maestro, un hospicio, un hospital, un consultorio, en fin, una variedad de bienes que fueron destruidos por el terremoto, lamentablemente, e implican una ayuda especial.
¡Así se hacen las cosas! Si, al final, estos son los ritmos, los tiempos, en que uno percibe que se puede ver la luz al final del túnel; en que no todo es desastre, catástrofe y desorden -como lo hemos visto en los videos exhibidos por los medios de comunicación en los últimos días-, sino que, adicionalmente, existe un trabajo consistente del Gobierno en orden a encauzar en forma adecuada el esfuerzo privado con un incentivo público, muy minoritario, pero que le da al gasto un sentido mucho mayor.
Escuché a dos señores Senadores calificar de "muy modesta" la cantidad de recursos que se obtendrán por esta vía. Efectivamente, nadie sabe a cuánto ascenderán. Pero, asumiendo que será lo que expresa el señor Ministro de Hacienda: alrededor de 80 mil millones de pesos, deseo darles a los integrantes de las bancadas del frente la buena noticia de que eso es, más o menos, lo que cuesta reconstruir el hospital de Talca.
Cada vez que pedí fondos para este último efecto, me respondían que era mucha plata, que era imposible. Ahora me señalan que es muy modesta la suma equivalente exactamente a lo que demanda la construcción de ese establecimiento.
Entonces, ¡intentemos ser más positivos, más proactivos! ¡Tratemos de apoyar al Gobierno en aquello que refleja un amplio sentido común y no nos limitemos a hacer zancadillas y a oponer "peros" u objeciones que parecen más bien de otra época!
Lo que Chile tiene presente -y en ello voy a insistir, por más que a algunos pueda molestarles- es que, cuanto antes se despache este grupo de leyes, antes llegará la ayuda a las personas que más la necesitan. ¡Eso es lo que el país solicita! Y, por tal razón, apoyaré con entusiasmo el proyecto.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.- Señor Presidente, lo primero que deseo consignar es que me alegro enormemente, en verdad, de que la iniciativa esté siendo votada a favor por las bancadas de la Concertación. Porque, a la larga, cuando se ha registrado algo tan grave como una catástrofe que ha sumido en el dolor a tanta gente, habla bien de nosotros el que sea posible que nos pongamos de acuerdo para aprobar un proyecto respecto del cual nadie podría formular una objeción.
Se trata de donaciones que podrán efectuar los privados con un beneficio realmente muy pequeño, consistente solo en la imputación en el gasto. O sea, el favorecimiento tributario ascenderá a un modesto 17 por ciento. Por lo tanto, constituirán, en general, un acto de generosidad hacia el país y hacia quienes sufren. Me complace muchísimo, entonces, que estemos aprobando la iniciativa prácticamente por unanimidad.
He escuchado con atención lo expuesto por los Senadores señores Lagos y Rossi en orden a que quieren asegurarse de que los aportes no beneficien a los donantes.
Concuerdo con Sus Señorías, obviamente. Pienso que eso ya se encuentra resguardado en el proyecto, pero, si hubiese alguna duda, estamos dispuestos a perfeccionarlo en cuanto a que el mecanismo ha de favorecer a la gente que está sufriendo y no a quienes realicen las donaciones.
Deseo referirme a un asunto que no tiene que ver con la iniciativa que nos ocupa, la cual, por supuesto, votaré a favor.
Se ha planteado que el paquete principal, el de la reforma tributaria, dejaría al país con una menor recaudación de impuestos a partir de algunos años más.
Quiero señalar que esa visión supone que las medidas a favor del crecimiento y de las pymes no surtirán ningún efecto.
Lo digo porque vienen dos rebajas tributarias muy procrecimiento y propyme, tendientes a ampliar el beneficio del artículo 14 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta a empresas pequeñas que obtengan una mayor venta, y también, a disminuir el impuesto de timbres y estampillas, que siempre golpea más a las pequeñas y medianas empresas. Si nosotros logramos tan solo un punto de mayor crecimiento con estas medidas -es decir, pasar de 2,9 a 3,9 por ciento promedio-, ello significará muchos millones de dólares. Cada punto adicional implica 400 millones de dólares extras en recaudación todos los años.
Por lo tanto, el Presidente de la República está apostando a lo que él mismo prometió en su programa de Gobierno: aumentar el crecimiento de nuestro país y el número de empleos. Eso, de por sí, significaría un tremendo beneficio para las personas que lograran conseguir un trabajo.
Pero, además, provoca un efecto secundario nada menor: lo que cada punto agrega anualmente. O sea, si tuviéramos solo un punto adicional de crecimiento y volviéramos al 2,9 por ciento, cada año se generarían 400 millones de dólares. Y si todos los años hubiera un punto más, podría registrarse un enorme incremento en la recaudación tributaria.
En consecuencia, no hagamos cálculos tan fríos suponiendo que el crecimiento se mantendrá en niveles bajos, como por desgracia ha ocurrido en los últimos años, sino que veamos si las medidas propuestas surten el efecto buscado de elevarlo, porque eso favorecería enormemente a las pymes.
Además, el estímulo a las pequeñas y medianas empresas provocaría otro beneficio muy deseado: introducir más competencia -ojalá- en numerosos rubros donde desgraciadamente se ha concentrado mucho la propiedad y existen dos o tres cadenas que dominan todo el mercado, lo que tampoco es bueno para el consumidor y el país. En la medida que estimulemos a las pymes, esperamos introducir también un grado superior de competitividad.
En resumen, mayor crecimiento y más estímulo a las pymes producirían múltiples buenos efectos.
Por consiguiente, invito a Sus Señorías a mirar en forma más positiva estas medidas, que analizadas desde una perspectiva meramente matemática pueden significar menor recaudación, pero vistas en profundidad pueden implicar muchas cosas favorables para nuestro país.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, nos parece que el presente proyecto fue mejorado por el Ejecutivo y que se escuchó a la Concertación.
Nosotros teníamos aprensiones respecto a su institucionalidad y a la discrecionalidad que podría haber generado en el uso de los recursos.
Su texto ha sido perfeccionado, y todavía puede seguir siéndolo. Pero digámoslo claramente: esta iniciativa no es el principal instrumento para financiar la reconstrucción.
Voy a votar a favor del proyecto porque, con las correcciones que se le pueden introducir en el ámbito de la transparencia, permitirá solucionar los problemas que le interesan al país.
Pero ese no es el fondo del asunto.
El punto central estriba en cómo somos capaces de financiar la reconstrucción de manera sustantiva y no marginal. Y el debate que deseamos realizar con el Gobierno del Presidente Piñera, en particular con su Ministro de Hacienda, radica en quién va a pagar el costo de la reconstrucción.
Si bien el paquete principal ha sido objeto de algunas correcciones -recordemos que contenía normas verdaderamente inadecuadas: se planteaba una fórmula según la cual los beneficios tributarios resultaban muy superiores a las alzas tributarias; venía la depreciación acelerada, que se eliminó, lo que nos parece bien-, creemos que todavía quedan instrumentos que hacen empatar los beneficios con las alzas en materia impositiva.
Por ello, nos interesa discutir sobre quién pagará el costo de la reconstrucción, porque, como ha ocurrido en general en nuestro modelo de desarrollo, los más pobres se llevan la mayor carga, en materia no solo de reconstrucción, sino también de financiamiento en los ámbitos social, de educación, de salud, de infraestructura, etcétera.
Chile sigue teniendo una estructura tributaria regresiva y una de las peores distribuciones del ingreso. Todos sabemos que la política impositiva, además de la recaudación, es un instrumento de igualación en las sociedades. Y nuestros resultados se encuentran entre los más malos del planeta.
Por eso, señor Presidente, pensamos que el debate central se va a dar en el proyecto sustantivo. Y queremos formularle al Gobierno, y en especial al Ministro de Hacienda, quien ha tenido el coraje de abrir la discusión sobre el aumento de impuestos, el siguiente planteamiento.
Lamentablemente, para la Concertación fue muy difícil abrir el debate sobre esta materia. Desde hace diez años venimos manifestando que Chile debe diseñar un modelo de desarrollo distinto y caminar por la senda de mayor igualdad y equidad, pues finalmente la desigualdad es un problema estructural que afecta al crecimiento integral del país y a su competitividad.
La Senadora Matthei aludía a los monopolios. ¡Diez grupos económicos son dueños del país! En Chile no hay mercado de verdad. Y resulta increíble que, producto de los monopolios, los créditos bancarios y las cuentas de agua, de luz, de Internet sean a veces más caros que en naciones desarrolladas.
Vivimos la experiencia de la colusión de las farmacias. Pero, por desgracia, ello se repite en muchos sectores de la economía nacional. Si realmente deseamos que la clase media emprenda, hay que librar una lucha frontal contra los monopolios, que impiden la existencia de un mercado mayor en Chile.
Paradójicamente, la Derecha ha sido responsable de fomentar los monopolios y, en cierta manera, ha ayudado a restringir el mercado, mientras nosotros hemos defendido la existencia de un mercado más grande, pero para todos.
En tal sentido, quiero manifestar que muchos de nosotros vamos a votar a favor del proyecto de reforma tributaria si el debate sobre los impuestos se establece de manera distinta y como una corrección al modelo de desarrollo del país.
Por eso, lo que el Ministro de Hacienda planteó en términos de aumentar el impuesto a las utilidades de las empresas y el royalty a la minería debiera ser permanente.
En Chile se van a expatriar 30 mil millones de dólares -o una cifra cercana- por concepto de utilidades de la gran minería.
¡Eso es una vergüenza! ¡Es antipatriótico! ¡Atenta contra el país obtener utilidades millonarias sin pagar los impuestos respectivos!
Por eso, llamo a tener un poco de patriotismo y compromiso para obligar a las empresas del sector. ¡Hoy día pagan 5 puntos de royalty en Chile, mientras que en Canadá, donde algunas tienen sus matrices, pagan 18 por ciento! ¡Y en Australia se plantea que sea de hasta 40 por ciento!
Entonces, ¿por qué no tomamos una opción de desarrollo distinto, que permita realizar una mayor inversión en salud, en educación, y terminar con el 7 por ciento de descuento a los jubilados, que constituye un impuesto a la vejez, por la vía de establecer esos tributos con carácter permanente?
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, pienso que este proyecto no es marginal, y siento que la sociedad civil se lo ha ganado.
Un señor Senador manifestaba que la situación es bastante sui géneris, porque las materias que trata la iniciativa le corresponden al Estado.
Yo le contestaría que hay muchas cosas que le pertenecen al Estado o que deberían pertenecerle y que son desarrolladas por la sociedad civil. Basta ver el sinnúmero de instituciones de beneficencia que abordan problemas que también enfrenta el Estado en materias de pobreza, de educación, de cultura.
Yo, señor Presidente, pienso al revés.
Me extraña que en un país que constantemente sufre terremotos, catástrofes, no hayamos discutido con mucha antelación un proyecto de ley sobre donaciones de las características del que ahora nos ocupa.
Por eso, rescato el carácter permanente de la iniciativa a fin de no estar legislando con motivo de cada siniestro que afecte a Chile en algún momento y de que, al final, sea la sumatoria de los recursos lo que marque la diferencia.
Eso sí, mantengo ciertas discrepancias conceptuales con respecto al proyecto. Votaré a favor tanto en general cuanto en particular. Pero hay un asunto que siempre he defendido -y lo seguiré haciendo-: desde mi punto de vista, es de la esencia de las donaciones respetar la voluntad del donante. Y en la iniciativa en análisis se lo castiga cuando direcciona esos recursos a proyectos más específicos.
Ahí hay una diferencia conceptual de fondo, que viene prácticamente desde la Ley del Deporte. En las normativas anteriores sobre donaciones siempre se respetaba la voluntad del donante, pero a partir de aquella legislación se marca un punto de inflexión.
Por otro lado, me alegra que en el presente proyecto se aborde lo relativo a las empresas. Y no estamos hablando del mejor beneficio tributario para ellas, pues no tienen crédito tributario, sino solo gastos necesarios para producir la renta.
También se incluyen las donaciones en dinero y en especies.
A su vez, se incorpora lo atinente a las donaciones de las personas, tanto respecto del impuesto de segunda categoría como del global complementario. No se trata de la primera normativa en la materia que otorga beneficios tributarios a las personas naturales. Ya lo hizo la ley sobre donaciones para combatir la pobreza, que todavía no se ha aplicado en plenitud y espero que lo sea en forma pronta.
De igual modo, se avanza con respecto a la repatriación de las remesas de utilidades en el extranjero -como señalaba el Senador señor García- y al impuesto de herencia.
Señor Presidente, creo que lo mencionado es lo mínimo. Sin ley de donaciones, hemos visto cómo la sociedad civil ha sido tremendamente solidaria para abordar lo relativo al terremoto. Considero que entregar un porcentaje muy mínimo de los impuestos de cada uno para que el Estado administre esos recursos es una manera de incentivar y potenciar la solidaridad tanto de las empresas como de las personas, pues no solo estamos hablando de las primeras.
Pero insisto en mi punto original, que para mí será irrenunciable: siempre debe respetarse la voluntad del donante.
Por otra parte, estimo que no existe ningún problema de inconstitucionalidad respecto del vínculo mediante el cual podría beneficiarse la empresa donante. Porque tengo entendido que la ley es permanente y se prohíbe cualquier tipo de contraprestación. De manera que desde ese punto de vista creo que el asunto se encuentra zanjado. Habrá que analizarlo. Pero se trata de una disposición general que se aplica a todas las donaciones, en las cuales se prohíbe la contraprestación.
Por las razones expuestas, voto a favor.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, pese a que represento en el Senado a una de las zonas afectadas por el terremoto, como es La Araucanía Norte, no me siento ni presionado ni emplazado por lo que pueden decir la ciudadanía que represento y mi Región respecto de mi voto. Lo menciono porque pienso que hoy el país tiene claro cuáles medidas sirven para enfrentar esta catástrofe y cuáles no.
La Senadora señora Matthei se refirió recién a las grandes cadenas que poseían el monopolio para la compra de algunos artículos de ferretería en la famosa iniciativa -lanzada con gran pirotecnia pero con muy poco efecto en la práctica- denominada "Manos a la obra". En la comuna de Angol ese proyecto estuvo parado durante treinta días, con cero ejecución presupuestaria, debido a que la única gran cadena existente solo tenía clavos para ofrecer a las mil doscientas familias que habían perdido sus viviendas total o parcialmente.
Por consiguiente, también importa debatir qué se hará con los recursos recaudados.
Y uno podría mencionar una segunda consideración a raíz de lo señalado hace poco por el Honorable señor Rossi en cuanto a los movimientos sociales y a la solidaridad, de lo cual tanto se ha hablado acá.
Debo decir que los estudiantes agrupados en la CONFECH que acaban de presentar un petitorio de ocho puntos no hablan de arancel diferenciado ni de consignas de hace treinta años. Se refieren en su gran mayoría a materias relativas al terremoto, a los miles de jóvenes que deberán abandonar las universidades porque sus familias no disponen de recursos, pues perdieron todo. Y el punto es quién se hace cargo de eso. Lo conversamos en la mañana con el Ministro Lavín, y para muchos de estos asuntos no hay respuesta.
Por tanto, lo que se busca es saber qué se hará finalmente con los fondos obtenidos.
Con todo, no podemos señalar que se trata de un proyecto maravilloso. ¡Por favor! Quienes participaron en las Comisiones de Constitución y de Hacienda saben que la iniciativa ha experimentado una serie de modificaciones, porque el texto original adolecía de varios defectos. Por citar un ejemplo, en lo relativo al Comité Ejecutivo para la Reconstrucción y la Secretaría Adjunta, esta estructura un tanto compleja, con representantes, personas que podían votar y otras no, con facultades extraordinarias, omnipotentes para el Presidente de la República, claramente hacía inconstitucional la iniciativa.
Lo que hoy tenemos es algo distinto. Y en este sentido, valoro el ejercicio realizado por el Gobierno en orden a abrirse a la posibilidad de modificar aquellos aspectos.
Frente a situaciones excepcionales, como lo es naturalmente un terremoto, un cataclismo, vienen también las soluciones excepcionales. Y desde ese punto de vista -reitero-, aprecio el esfuerzo emprendido en esta materia, en especial por el Ministro de Hacienda.
Por lo tanto, voy a votar a favor de este proyecto, porque de verdad creo en él, a diferencia de la iniciativa global sobre la reconstrucción, que está recién conociéndose en el Senado. Como se ha dicho aquí, 150 millones de dólares en dos años no nos van a permitir cambiar sustancialmente a Chile. A lo mejor, harán posible levantar las 40 mil casas que se destruyeron. Pero no tendremos un país muy distinto, porque, no nos estamos poniendo metas muy distintas. Por eso, el Gobierno habla solo de modificación a la carga tributaria con carácter transitorio.
Por las razones expuestas, mi voto será favorable. Considero que se trata de una respuesta rápida, a diferencia del otro gran proyecto que deberemos analizar. La presente iniciativa permite inyectar recursos para enfrentar hoy los problemas, trabajar en la inmediatez, y eso me parece importante.
Voto que sí.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chadwick.
El señor CHADWICK.- Señor Presidente, pienso que es especialmente bueno, positivo, que el Senado despache una iniciativa de esta naturaleza por una amplia mayoría o en forma casi unánime. Es lo que la población y el país esperan de nosotros. Porque, más allá de los distintos puntos de vista que podemos sostener acerca de las medidas permanentes que deben adoptarse en el futuro, tenemos claro que hay algo urgente: disponer de recursos para ayudar a reconstruir el país.
Quiero referirme específicamente, señor Presidente, a algunos aspectos jurídicos mencionados durante el debate. Lo hizo el Honorable señor Lagos, y entiendo que el Senador señor Rossi se hizo parte de ello.
Revisamos el proyecto en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y efectivamente le hicimos un ajuste para su mejor constitucionalidad.
A mi juicio, el asunto que se ha expuesto, que dice relación a la posibilidad de que exista una discrecionalidad administrativa para determinar el destino de algunas donaciones, se encuentra perfectamente regulado en la iniciativa de acuerdo con la Constitución.
En el proyecto se respeta absolutamente el principio de legalidad tributaria, o sea, que todo lo que se relacione con tributos debe estar contemplado en la ley. Pero resulta imposible que ese principio sea absoluto, como lo ha señalado el propio Tribunal Constitucional. Porque, obviamente, hay situaciones particulares, específicas, y no todas pueden quedar establecidas en la ley, pues esta tendría que ser gigantesca, y siempre habrá algo que se escape.
Por ello, las donaciones específicas se regulan en el artículo 8º de la iniciativa. Se dispone, en primer lugar, el destino general que han de tener todas las obras relacionadas -están pormenorizadas- con la reconstrucción.
Pero como resulta evidente que puede haber algún destino no contemplado en la ley en proyecto que surja durante su aplicación, porque cada día van apareciendo más daños producidos por el terremoto -somos testigos de ello en nuestra zona-, se le entrega una facultad especialísima al Ministro de Hacienda, quien, a través de un decreto supremo fundado solo por causa de interés general, podrá autorizar un destino diferente al indicado en los incisos primero y segundo del artículo 8º.
Ese decreto supremo fundado por causa de interés general permite que la Contraloría y los tribunales revisen que se cumpla exactamente lo que señala la ley: el interés común general o público.
Otro aspecto que se ha planteado dice relación al destino que podrían tener las donaciones específicas en términos de ir en único y exclusivo beneficio personal y, por lo tanto, perder su sentido público.
Para precaver ese efecto se dispone lo señalado en los incisos primero y segundo del artículo 8º, donde se detallan las obras de infraestructura específicas a las que deben destinarse las donaciones. De tratarse de obras distintas, se exige un decreto supremo, que está sujeto a todos los controles, de Contraloría y judiciales, a fin de garantizar el interés común o general que ha de tener la donación.
Pero, además de eso, en el inciso quinto del artículo 8°, se establece que las donaciones específicas realizadas por cuenta propia tienen que hacerse a través de convenios con el Ministerio correspondiente, los cuales deben contar con una fundamentación técnica para efectos de conseguir la autorización y llevarse a cabo la donación.
Y, en cuarto término, en el inciso sexto del mencionado precepto se dispone la obligación de la Cartera de Hacienda de controlar el destino de las donaciones y el cumplimiento de los convenios. Por lo tanto, el Secretario de Estado tiene la responsabilidad constitucional y legal de fiscalizar que se cumplan todos los requisitos.
Por consiguiente, a mi juicio -como lo analizamos en la Comisión-, constitucionalmente se acatan las exigencias del principio de legalidad tributaria.
Sin embargo, en términos prácticos, creo difícil -siempre se puede hacer, obviamente- poder agregar algún otro tipo de control.
Como señalé, considero que están todos los elementos de control y de fiscalización para asegurar, en la medida de lo posible, que el destino de una donación específica respete lo estipulado en la ley; que ella será de interés común, y que no irá en beneficio particular del donante para este caso específico.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, como se ha señalado, este es el primer proyecto que le estaríamos aprobando al Ejecutivo y que se relaciona con la recaudación de recursos para enfrentar la grave catástrofe vivida por nuestro país el 27 de febrero.
Y yo también lo quiero calificar de modesto, aunque el Senador señor Coloma pregunte por qué. Es modesto por el monto que el Gobierno ha estimado que es el daño: 2 mil 370 millones de dólares.
La cifra que se baraja es muy insuficiente para enfrentar el problema. Ya vendrá la otra iniciativa. Sin embargo, estimo que esta es necesaria y útil, porque muchos empresarios podrán donar. Si lo hacen ahora, tienen que pagar impuestos sobre lo que donen, por cuanto no lo pueden cargar como gasto en su contabilidad, debido a que no se trata de algo relacionado con su actividad.
Una situación similar nos ocurría con muchas empresas que pretendían mejorar caminos. Resulta que, cuando hacían aportes en tal sentido, debían pagar impuesto por ese concepto y considerarlos como retiro. Eso, aparte de lo que implicaba la donación, se traducía en un fuerte pago tributario. Pero posteriormente se llegó al acuerdo de que dichas obras resultaban indispensables para la comunidad y para aquellas. Y, por lo tanto, se estimó como necesario tal tipo de gasto para generar renta.
Hoy día, por supuesto, han mejorado mucho las condiciones en lo concerniente al arreglo de caminos, los cuales son importantes para las empresas y la comunidad.
Por eso, me parece que este proyecto es pertinente, aunque no son muchos los aportes que recaudará, pero sí altamente necesarios.
La Región que represento ha sido una de las más dañadas. El epicentro del sismo estuvo en Cobquecura, Dichato, Tomé, Talcahuano, que fueron las comunas seriamente afectadas, junto a muchas otras.
Sobre el particular, he visto la preocupación del Gobierno y presenciado las numerosas visitas a la zona afectada por el Presidente de la República y por diversos Ministros. También he participado en el acto de donación de varias escuelas realizada por la empresa Anglo American, las que son de muy buena calidad. Y estuve en la inauguración de los colegios de Tumbes. Lo mismo ocurrió en Coliumo, de la comuna de Tomé, y en Quirihue.
Esas son algunas de las comunas que represento en el Parlamento. Pero también ha sucedido igual cosa en Yungay, donde se instaló un liceo para más de 2 mil estudiantes.
Es evidente que con las donaciones se va a ayudar rápidamente a la reconstrucción de nuestro país. Por eso, me pronunciaré a favor del proyecto de ley.
Pertenezco a la Región más afectada, y nadie podría entender que, encontrándose ella en esa condición, el parlamentario que la representa no trate de ayudar, de respaldar, de socorrer y de prestar el apoyo que el Gobierno necesita en estos momentos para enfrentar las consecuencias de la catástrofe.
Voto que sí.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, deseo manifestar, en primer lugar, que he estado en dos ocasiones en la zona de la catástrofe, en particular en la comuna de Talcahuano. Lo hice precisamente, porque quería participar en el debate de manera más autorizada.
Algunos años de experiencia política me indicaban que, cuando uno trata de intervenir, alguien puede intentar descalificar su opinión con el argumento de que no estuvo en el lugar de los hechos. De manera que concurrí perfectamente consciente a conocer la situación.
Al respecto, debo decir que falta todavía lo más importante, que es, desde mi punto de vista, el trabajo.
He manifestado que resulta imperiosa la generación de programas de empleos de emergencia para que la gente pueda tener con qué comprar, con qué alimentarse, con qué vestirse, con qué reponer el funcionamiento de la economía que se interrumpió. Y eso, lamentablemente, está pendiente. Es algo que no ha sido escuchado por las autoridades en la dimensión, volumen y envergadura que se exige.
No me resultó casual leer una información de prensa, según la cual se ha producido una emigración masiva a Chillán, debido al boom inmobiliario. Porque, ciertamente, la gente del borde costero no tiene en qué ganarse la vida.
En consecuencia, siento que, si queremos abordar en forma seria los problemas, hagámoslo así y no con el ánimo de intentar borrar de una plumada puntos de vista distintos al nuestro.
Señor Presidente, la cifra de los ingresos fiscales que señala el informe de la Dirección de Presupuestos alcanza a 80 mil millones de pesos. Y en la Región de Los Lagos, el viernes se anunció que, de los 120 mil millones correspondientes al presupuesto de Obras Públicas, se han reducido 31 mil millones, a pesar de haber solicitado al Ministro de Hacienda que tratara de evitar recortes tan brutales como ese, tomando en cuenta que ya se había producido el recorte de la quinta parte del presupuesto del FNDR.
Además, hoy día la prensa informa que se han disminuido 4 mil millones de pesos en salud, lo que no solo apunta a la salud en general, sino también a la prestación de servicios en esa área, concretamente en lo que dice relación al Plan Auge.
O sea, los recortes afectarán directamente a las personas.
No sé a cuánto alcanzarán esas disminuciones. Mis estimaciones indican que para una Región como la de Los Lagos llegarán a 50 mil millones de pesos. Y no estoy seguro de que con este proyecto se puedan recaudar los 80 mil millones que se mencionan.
En los hechos, a esa suma se le ha recortado casi el total de lo que se dice que se va a reunir por concepto de donaciones, aunque no creo que se vayan a juntar esos 80 mil millones.
Vale decir, yo represento a una Región que ha sufrido brutalmente el recorte de su presupuesto.
Ahora bien, cuando la Senadora señora Matthei expresa que nosotros estamos haciendo una afirmación en el sentido de que el paquete tributario significará recortar la obtención de recursos fiscales a partir del año 2013, inclusive, en 400 millones de dólares, quiero aclarar que esa no es una afirmación nuestra. Es lo que indica el Informe Financiero de la Dirección de Presupuestos, firmado por la señora Rosanna Costa.
La señora MATTHEI.- Eso no fue lo que dije.
El señor ESCALONA.- Así lo establece el aludido Informe, por lo que no estamos haciendo una afirmación de tipo personal, sino mencionando el dato oficial entregado por el Ejecutivo para la discusión de este proyecto de ley.
En consecuencia, señor Presidente, a la luz de los hechos, solicitamos en su oportunidad al Gobierno que, atendida la realidad de las Regiones -en particular, la de Los Lagos- y tomando en cuenta el severo problema de cesantía existente, cesara con los recortes de presupuesto. Pero esto no ha ocurrido. Por el contrario, se han extendido a áreas sociales fundamentales para la vida de la población, como la salud, donde se hizo una disminución brutal, desde mi punto de vista.
Por eso, ante la ausencia de señales de voluntad para las Regiones por parte de un Gobierno exacerbadamente centralista, me abstengo.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, en primer término, debo decir que hablo hoy día en nombre de miles de hombres y mujeres, de niños y niñas, de adultos mayores, de jóvenes, de estudiantes, que el 27 de febrero no solo perdieron todos sus bienes, sino que además guardan en el alma un tremendo dolor y una interrogante enorme. Porque, al visitarlos no son suficientes las palabras, los abrazos ni las ayudas para contenerlos y cobijarlos.
Los 160 millones de dólares (80 mil millones de pesos) son una cifra marginal. Quienes hemos recorrido la zona cero sabemos que en hospitales, en colegios, en viviendas, en caminos, en obras de riego, se requiere mucho más que eso.
Creo que existe una deuda que debemos saldar rápidamente.
Me explico: esta tarde estamos votando un proyecto de ley que premia la generosidad con publicidad. Pero nada hemos dicho sobre el abuso de empresas que hoy cobran a las familias montos excesivos por retirar y reponer los empalmes eléctricos; o sobre aquellas que reciben un bono por entregar mediaguas mojadas, con tapas y sin techos acordes a las necesidades de la gente; o sobre quienes cobran por servicios no prestados y sostienen que en la cuenta del mes siguiente los van a rembolsar; o sobre los que exigen el pago de un compromiso comercial a quienes no solo perdieron su vivienda, sino también su empleo; o sobre aquellos que, utilizando una norma que no corresponde, despiden a sus trabajadores.
Votaré a favor de esta iniciativa, porque las enmiendas que la Concertación pidió al Gobierno fueron recogidas -este no es el proyecto que conocimos en principio-; pero lo hago con reparos, pues considero que los problemas del país no serán cubiertos con lo que con esta normativa se estima recaudar. Es más: el Senador Eduardo Frei señaló que nos encontramos muy lejos de los 700 millones de dólares que se han reasignado desde el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, lo cual significa postergar obras importantes en las Regiones que sufrieron la catástrofe y también en aquellas que no fueron afectadas.
Nos parece que nuestros electores merecen una explicación. Y la única que se me ocurre está asociada a la discusión de fondo que tendremos durante el debate del proyecto de ley sobre financiamiento de la reconstrucción y a la reposición de los dineros del FNDR que el Gobierno efectuará para cada una de las Regiones del país.
Pero eso todavía solo es enunciado.
También hay respuestas pendientes respecto del Programa Manos a la Obra, en que se asignó a dedo a tres grandes compañías y se dejó a las empresas locales fuera del mercado; o del bono de 100 mil pesos para arreglar las mediaguas en mal estado: el Gobierno pagó 565 mil pesos por cada una, y deberá agregar 100 mil adicionales. Sin lugar a dudas, son las más caras que hemos conocido. Se necesita además respuesta por los dineros que aún no llegan a los municipios para retirar los escombros.
Reitero: votaré a favor del proyecto, porque es importante y porque -como dije- nada tiene que ver con el original, ya que se acogieron cada uno de los pedidos que la bancada de la Concertación formuló al Ejecutivo.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, con toda sinceridad, debo declarar que tengo un sentimiento muy personal que ya transmití en la discusión habida en una sesión que considero completamente inútil, como la de la mañana. Nos hizo perder tiempo a todos. En aquella y en la de ahora se ha rebajado el lenguaje, en lo que caemos todos.
No tenía la mínima intención de hablar ni en la mañana ni en esta oportunidad.
Pregunto a las bancas del frente: ¿por qué no tienen coraje y votan en contra del proyecto?
En verdad, lo lamento por la política, por el Senado. Y respecto de los argumentos rebuscados de la Oposición en cuanto a que su voto será afirmativo, debido a que el proyecto de ahora no tiene nada que ver con el que presentó el Ejecutivo, no sé de qué iniciativa hablan.
La esencia de esta normativa es que, de cada 100 pesos que destinemos a la reconstrucción, 17 los pondrá el Estado y los 83 restantes, los accionistas.
En el fondo, algunos quieren que la recaudación sea modesta. Yo pretendo que no. Ojalá que se reúna la mayor cantidad posible de recursos; y, si es factible, que se introduzcan indicaciones de la Oposición para que el monto no sea bajo. Porque, si la preocupación es esa, hagámoslo. Propongamos una fórmula para hacer que lo que se obtenga no sea modesto.
Porque los particulares -que generan las rentas en el país- son los que van a renunciar a sus utilidades. Y el Estado, que les cobra el 17 por ciento de ellas, renunciará a hacerlo con tal de que destinen el dinero a un gasto que no es para generar ingresos.
¡Se trata de un gran proyecto de ley!
Ojalá que la recaudación no sea baja. Los Senadores de Oposición quieren que lo sea; pero yo pienso de otra manera.
Por cierto, si la Concertación hubiese presentado una iniciativa con el mismo objeto, habría contado con nuestro pleno respaldo. Incluso la celebraríamos, porque necesitamos llevar la mayor cantidad de recursos a las zonas afectadas por el terremoto.
Aquí hemos escuchado cosas increíbles. ¡Increíbles! Y se mezcla en la discusión lo relativo a una iniciativa que debatiremos después con la posibilidad de que se recaude más o menos.
No mezclemos las cosas. Este proyecto tiene un fin muy específico, y no es el único instrumento que, como ustedes saben, el Ejecutivo ha presentado para financiar la reparación de los daños del terremoto.
Por lo tanto, no se trata de que 80 mil millones sea una cantidad modesta. ¡Espero que sea mayor a la cifra calculada!
Ojalá tengamos un espíritu más elevado. ¡Porque las volteretas que ha habido respecto de esta iniciativa son espectaculares! Se dijo que la rechazarían; pero, por haberle cambiado tres cosas, ahora votan a favor. Un Senador que se abstuvo ayer en la Comisión ahora se pronuncia por la afirmativa, y nadie sabe por qué. No sé qué sucedió entre ayer y hoy. Y, en verdad, lamento sinceramente que ocurra esto. Y mi explicación es que, después de 20 años de permanecer en el Gobierno, no debe ser fácil hallarse en la Oposición. Resulta complicado definir qué decir, cómo hacerlo, a qué oponerse.
Está claro lo que están viviendo. No obstante, al menos pongámonos de acuerdo en algo: no destruyamos objetivos comunes. Lo que quieren hoy los chilenos es ver el pronto despacho de este proyecto; que puedan llegar los fondos cuanto antes, y que no sean modestos los recursos a los cuales las empresas están generosamente renunciando como utilidades.
Estos instrumentos son muy positivos. Comprendo que a quienes son estatistas, izquierdistas, les cueste aceptarlo, porque aquí hay libertad. La empresa que genera rentas es la que decide cuánto dona y dónde.
Por último, estimo que estamos usando un mecanismo que va a ser permanente, de manera que cuando el país viva de nuevo estas realidades podamos rápidamente contar con recursos que, por medio de estas exenciones tributarias, se destinen a gastos.
Por lo tanto, se trata de un gran proyecto.
Me alegra que ahora todos voten a favor. Y tomaremos las buenas ideas que proponga la Concertación, a fin de que no sea modesta la recaudación. Porque todos debiéramos tratar de que sea la mayor cantidad posible la que finalmente recolectemos mediante esta iniciativa.
Eso es lo que esperan todos los chilenos que han vivido el drama del terremoto.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, por segunda vez esta semana me toca escuchar al Senador señor Longueira, quien, al parecer, no pierde la oportunidad de hacer un reto colectivo y público. Pero está muy equivocado: no creo que la sesión de la mañana haya sido una pérdida de tiempo.
Y si analizamos las declaraciones realizadas después de la reunión efectuada en el Ministerio de Hacienda -el Ministro de tal Cartera está presente- con los integrantes del Consejo de Alta Dirección Pública en cuanto a la necesidad de preservar el sistema, en lo posible reformarlo, mantenerlo, etcétera, nos damos cuenta de que van en la línea de lo que era nuestra intención y no de lo que plantea el señor Senador.
Tampoco se nos puede coartar nuestra opinión. Me parece que quienes hemos decidido votar a favor del proyecto, lo hacemos porque tenemos conciencia de que ello es importante en un momento como este.
Sin embargo, dijimos con toda claridad desde el primer día que lamentamos mucho que no se haya presentado un paquete de iniciativas que nos permitiera discutir de manera integral, con una mirada de nación, lo referente a la reconstrucción no del país, porque no estamos reconstruyéndolo entero, sino que supuestamente solo las zonas devastadas.
Además, hay que terminar el período de emergencia. Porque, desde luego, no ha concluido.
Por lo tanto, quienes estamos hoy aquí votando a favor lo hacemos con la conciencia de que ello es importante, pero, al mismo tiempo, señalamos, legítimamente, que hubiera sido preferible contar con una mirada integral del paquete de iniciativas, que nunca pudimos tener.
Por otra parte, debemos reconocer que, gracias a las observaciones formuladas por la Concertación en la Cámara de Diputados, el proyecto en estudio mejoró. De hecho, se eliminó una parte con claros ribetes inconstitucionales, ya que se contemplaba una forma administrativa absolutamente discrecional en manos del Presidente de la República, lo que era completamente inaceptable.
Por eso, hoy valoramos y celebramos que el Gobierno se haya abierto a la discusión y que la iniciativa haya sido sustantivamente mejorada en ese aspecto.
Cuando se dice que el aporte que eso implica será relativamente modesto, es con relación a la cantidad de recursos que el país necesitará. En efecto, cuando debatamos acerca del financiamiento que requerirá la reconstrucción, lo que recaude el proyecto en votación por cierto que será modesto en comparación con esa escala.
Ya habrá oportunidad -no lo haré en esta ocasión- para pronunciarnos sobre algunos de los anuncios que se han hecho. Independiente de que el proyecto respectivo se halle en la Cámara de Diputados y todavía no pase al Senado, uno tiene el perfecto y legítimo derecho de expresar cuestionamientos sobre él.
Entre otros, para nosotros resulta poco comprensible que se contemplen exenciones permanentes y rebajas y alzas transitorias de tributos. Pero eso lo veremos en su oportunidad.
También es legítimo señalar -sería distinto si se hubiera visto el conjunto de iniciativas- que no suena muy coherente -más allá de que el debate sobre el financiamiento de la reconstrucción se hará en su momento- el haber recortado fondos en las Regiones. ¡Incluso en las que sufrieron la catástrofe! Ello nos pareció una medida equivocada y arbitraria.
Más aún, en aquellas que no fueron afectadas directamente por el terremoto, no es buena señal que se recorte presupuesto sin participación de las autoridades locales y sin que hasta el día de hoy se sepa con claridad cuáles son las obras que se verán postergadas.
Y ahora se anuncia un segundo recorte, esta vez en obras públicas y con el mismo sello: sin conocimiento por parte de las Regiones, sin participación del gobierno regional mediante sus consejeros, ni de los alcaldes.
Resulta lamentable que se proceda de esta manera. Creemos que no es la forma indicada de actuar cuando se habla de trabajar por el país. Porque Chile lo constituye la totalidad del territorio y no solo las zonas devastadas, que son prioritarias.
En definitiva, se debe resolver el punto, como lo han reconocido los señores Senadores. Y me alegro de las observaciones formuladas por la Senadora Matthei en cuanto a dar el máximo de garantías para que el Ministerio de Hacienda no haga un uso discrecional de los dineros. Así lo esperamos.
En los treinta segundos que me quedan, señor Presidente, no puedo dejar de manifestar que me parece un poco de mal gusto -por decirlo de alguna manera-, cuando nos referimos a donaciones de particulares, que se diga que hay que "levantarles hasta monumentos". Cabe realizar un reconocimiento, pero no usar esa frase, mucho menos en la discusión de un proyecto como este, que busca estimular el espíritu de donación para ayudar a reconstruir las zonas devastadas.
Tales palabras, a mi juicio, están de más. Ojalá no se hubiesen emitido. Basta con un reconocimiento. Francamente, ellas no se condicen con lo que se persigue: el espíritu solidario.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, una cosa es mejorar un proyecto de ley, lo que constituye parte del deber del Parlamento -hago alusión a lo dicho por la Senadora señora Allende en cuanto a que está bien que las iniciativas se perfeccionen-, pero otra es buscarle la quinta pata al gato.
Quiero hacerme cargo de algunos argumentos que, aparte de ser equivocados, pretenden siempre minimizar el gigantesco esfuerzo que el Gobierno se halla realizando para la reconstrucción.
Se ha planteado que se desconoce en qué consiste el programa de reconstrucción. Lo sabe todo el país y se ha señalado reiteradamente.
Se busca lograr que un millón 250 mil niños, que no pudieron volver a clases en marzo producto del terremoto y que ahora ya retornaron a la escuela, puedan no solo recibir una buena educación sino también contar con la infraestructura necesaria a ese efecto. Para ello habrá que reparar 4.000 escuelas.
Dicho plan implica, además, reparar 1.350 kilómetros de caminos y más de 300 mil viviendas (destruidas o dañadas); reconstruir más de 25 hospitales, y recoger más de 2 millones de metros cúbicos de escombros, lo que equivale a más de 300 mil camionadas.
Se trata de un esfuerzo gigantesco. Y el Gobierno lo ha hecho extraordinariamente bien.
Por lo tanto, cuando se dice que no se sabe en qué consiste la reconstrucción, en verdad se emite un juicio muy mezquino, que se aleja de lo que debe ser una Oposición constructiva.
También se ha manifestado que se desconoce el aporte del Estado y el de las empresas privadas.
Pues bien, se ha expresado en forma reiterada que el proyecto de donaciones permitirá recaudar del orden de 300 millones de dólares de las empresas del sector privado. También se sabe que se obtendrán 3.300 millones de dólares por concepto de impuestos; que el costo de la reconstrucción asciende a 8.400 millones de dólares, aproximadamente, y que la diferencia se financiará con deuda pública, con el Fondo Soberano o Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) y con el Fondo de la Ley del Cobre.
Entonces, señor Presidente, no se puede, por un lado, decir que se desea apoyar la reconstrucción y, por otro -como lo hacen algunos parlamentarios de la Concertación-, empezar a deslizar permanentemente juicios que no corresponden a la verdad.
El proyecto de ley en votación significa un aporte para el país, porque permite que la empresa privada colabore y contribuya en un esfuerzo gigantesco.
Cuando el Presidente Piñera anuncia que alzará los impuestos en forma transitoria, cumple plenamente lo que prometió durante la campaña, en la que señaló que los tributos son un instrumento de recaudación y que, si la situación lo requería, los iba a subir. ¡Y lo hizo!
Por lo tanto, lo efectuado por el Gobierno es de una coherencia total y absoluta, más allá de las perfecciones que sea factible realizar en algún momento o de los errores que se puedan cometer en estos procesos.
Finalmente, quiero hacerme cargo de un argumento que dio el Presidente del Partido Socialista, que me parece profundamente equivocado.
Criticó que el Ministerio del Interior y el Gobierno hayan dispuesto que se liberara a 4 mil trabajadores que estaban retenidos en la mina Collahuasi.
¡Esta es la gran diferencia que nosotros tenemos respecto de la Concertación!
El derecho a huelga en Chile es legítimo. El derecho de los trabajadores a reclamar por sus reivindicaciones es legítimo. Pero no lo es en ninguna democracia del mundo que 300 personas secuestren o retengan a 4.000. Y fueron algunos de esos 4.000 mineros quienes pidieron que se les permitiera recuperar su libertad.
¡Esa sí que es una diferencia de fondo, señor Presidente!
Es válido el derecho de los trabajadores a expresar sus puntos de vista a través de una huelga. Pero pierde legitimidad cuando se hace por la vía de afectar la libertad de otras personas.
Por esas razones, voto a favor del proyecto.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, junto con valorar positivamente la iniciativa en votación, quiero señalar que sin duda constituye una contribución al financiamiento del programa de reconstrucción.
Debemos reconocer que se trata de un aporte modesto, porque el incentivo tributario para el empresario es muy menor. No es lo mismo 17 por ciento que 57,5 por ciento, que es el estímulo que se concede para otro tipo de donaciones. Efectivamente existen incentivos mayores, que serán considerados en atención al gasto necesario para producir renta.
Y el aporte también es modesto con relación al costo total del programa de reconstrucción.
Sin embargo, todo lo que ayude a financiar dicho plan me parece positivo y útil. Por tanto, no tengo ningún problema en votar a favor del proyecto.
En todo caso, a lo largo de su tramitación se han planteado varios problemas; algunos se han resuelto, y otros, no.
El del recorte presupuestario a las Regiones, si bien no atañe a esta iniciativa, es importante. Creo que ahí se ha cometido un error. El Gobierno tiene los recursos necesarios para financiar el plan de reconstrucción. Naturalmente, un terremoto afecta al crecimiento. Pero hubiese sido ideal no disminuir los fondos a las Regiones no afectadas por él.
Ojalá esa situación se pueda solucionar.
Sin embargo, hay inconvenientes que sí fueron resueltos. Y lo valoro.
Por ejemplo, el Presidente de la República ya no estará en el Comité que tomará decisiones respecto de las donaciones que se hagan al plan de reconstrucción.
También me parecen adecuadas las mejorías orientadas a otorgar atribuciones a la Contraloría para el examen de las materias propias de los decretos supremos que se tengan que dictar.
Desde el punto de vista jurídico, la iniciativa, que fue analizada en detalle por la Comisión de Constitución, presentaba un problema de constitucionalidad. Básicamente, su artículo 21 permitía prorrogar vía decreto supremo la vigencia del beneficio tributario. Desde luego, ello es inconstitucional, pues en la actualidad, conforme al principio de reserva o legalidad tributaria, debe ser la ley -es decir, con participación del Presidente de la República y el Congreso- la que establezca los elementos esenciales de la obligación tributaria; entre ellos, el plazo dentro del cual el Estado puede percibir el tributo.
Por eso, valoro la disposición del Gobierno a acoger nuestra propuesta de consagrar un plazo máximo y no un plazo acotado, de un año, prorrogable por otro vía decreto supremo.
Como Oposición, pienso que debemos apoyar todo lo bueno y criticar lo malo, de buena fe, con sentido patriótico y generoso.
Hay gente que hoy día está esperando tener una casa; hay niños que esperan contar con una escuela. En tal sentido, considero importante apoyar el proyecto que nos ocupa, para que podamos aliviar la situación de miles de chilenos que se han visto afectados gravemente por el terremoto.
Por ello, señor Presidente, voto que sí.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, estamos frente a un proyecto extraordinario.
Uno similar presentamos en su oportunidad, con un grupo de parlamentarios de la Concertación, a la Presidenta Michelle Bachelet y al Ministro Viera-Gallo, quienes quedaron de estudiar la posibilidad de estimular las donaciones, en especial las de los privados.
En países como Estados Unidos, cerca del 90 por ciento de las donaciones son realizadas por personas naturales, por un concepto distinto. Hay libertad tributaria en términos de que el contribuyente puede elegir a qué instituciones destinar el producto del impuesto correspondiente.
En ese mismo sentido hablamos con el Ministro Larroulet en los primeros días luego de la catástrofe. Le planteamos precisamente la posibilidad de establecer un incentivo a las donaciones privadas, un estímulo a la solidaridad, a fin de que los particulares aportaran al Fondo Nacional de Reconstrucción.
Claramente, estamos -repito- frente a un proyecto de ley extraordinario, que incentivará a los privados a hacer donaciones para incrementar el citado Fondo.
Pero ellos ya contaban con esta opción. En efecto, el decreto ley relativo a los estados de catástrofe establece una condición excepcional a la donación de privados para fines de reconstrucción. ¿Cuál era el problema? Tenía poca difusión y era poco conocido por los potenciales donantes.
En la actualidad, estos son castigados, porque, en definitiva, donante y donatario deben pagar un impuesto y están sometidos al trámite de insinuación. Ello imposibilita que quieran realizar aportes, en este caso para la reconstrucción.
El Gobierno ha tomado una decisión; ha escuchado, además, a los parlamentarios de la Concertación, y ha sido capaz de adecuar el proyecto de ley. Adicionalmente, se desea que este genere una recaudación mayor que la estimada.
Por lo tanto, señor Presidente, les pido a los Senadores de la Concertación que voten pensando en la situación que hoy vive el país.
El terremoto del 27 de febrero es una catástrofe como ninguna otra de la historia de Chile. En 30 mil millones de dólares se calculan las pérdidas sufridas y los costos de la reconstrucción. Por lo mismo, establecer mecanismos de incentivo a las donaciones es una buena medida que ha adoptado el Supremo Gobierno. Espero que mis colegas de las bancas de enfrente contribuyan a ello con sus votos favorables.
Me pronuncio afirmativamente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, quiero expresar mi satisfacción por lo que he escuchado en la Sala.
No conozco en detalle el proyecto porque no estuve en las Comisiones. Sin embargo, destaco una de sus ventajas: permite que las empresas y los privados aporten con iniciativas, desde su propio enfoque, en terreno.
El Gobierno seguramente se va a preocupar de las escuelas, de los hospitales, de los puentes, de los caminos. Pero hay obras menores -algunas no tan menores- que podrían ser ejecutadas por empresas y personas que, por estar en el mismo lugar o cerca de él, contribuirían de una forma más práctica, eficaz y veloz que el Ejecutivo.
Destaco aquello, señor Presidente.
Y me alegro de que los señores Senadores -y los Diputados, en su oportunidad- hayan contribuido a mejorar el proyecto.
La ventaja -repito- son la focalización y la velocidad con que ahora se permitirá, mediante estímulos incluso, la colaboración de las empresas y las personas.
Voto a favor.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Frei.
El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente, voy a mantener la posición que manifesté en la Comisión de Hacienda, donde me abstuve. Y explicaré por qué.
En primer lugar, creo que los grandes damnificados con esta situación, fuera de todos los chilenos que han padecido el terremoto, son las Regiones no afectadas por la catástrofe. Aquí se les está quitando la sal y el agua. Los montos son voluminosos: en la Región de Los Ríos, sobre 40 mil millones de pesos; en la Región de Los Lagos, sobre 60 mil millones, y todavía quedan ítems no identificados. Además, como se ha dicho, vienen nuevas reasignaciones.
Pero el punto focal del asunto, aunque algunos lo plantean de otra manera, es discutir el presente proyecto en el marco global de los fondos para la reconstrucción. Lógicamente, dentro del total, los 150 millones de dólares que se espera recaudar en dos años por concepto de donaciones no tienen nada que ver con los cuantiosos recursos que se necesitan para toda la reconstrucción.
De acuerdo al informe financiero de las iniciativas que se hallan en estudio en la Cámara de Diputados, si sumamos todos los ingresos y beneficios tributarios durante los próximos cuatro años, llegaremos a un monto cercano a los 1.750 millones de dólares.
Si comparamos esa cifra con los 9 mil millones de dólares que se requieren para enfrentar la reconstrucción, veremos que todavía estamos en niveles muy inferiores.
El problema final -y aquí quiero centrar mi planteamiento- es que el Fisco tiene los recursos; Chile cuenta con los recursos.
Si revisamos el informe financiero veremos que en él se señala que el presente año se recibirán por concepto de impuestos 300 millones de dólares, y vía donaciones 150. Eso es todo lo estipulado para el 2010.
Yo creo que nuestro país tiene los recursos. Lo han dicho muchos parlamentarios, incluso de la Alianza. También lo han manifestado los economistas. Hoy día mantenemos fondos de reserva cercanos a los 15 mil millones de dólares, sin contar los del Banco Central.
En cuanto a la minería, conforme a las cifras dadas a conocer aquí por el señor Ministro, CODELCO va a entregar al Fisco más de 5 mil millones de dólares y las empresas privadas sobre 15 mil millones de dólares.
Entonces, cuando hablamos de un traspaso de 350 millones de dólares con relación a los 15 mil millones de dólares, la cantidad es -no diría modesta- casi insignificante.
El punto central es que, si coincidimos con las cifras que ha dado el Gobierno, que habla sobre 30 mil millones de dólares -lógicamente ahí se contemplan las pérdidas del PIB-, y consideramos las que son globales, del orden de 18 mil millones de dólares (la mitad sería fiscal), el país tiene los recursos suficientes para cubrir el gasto.
El informe financiero del proyecto de reconstrucción demuestra que las platas están, a pesar de que no se contemplan las que se necesitan o que se pueden gastar en el curso del 2010, porque el mayor esfuerzo se concentra en los años 2011 y 2012. A partir de 2013 se comienza con un desbalance presupuestario del orden de 400 millones de dólares permanentes, pues aquí nos referimos a cifras transitorias para el aumento y permanentes para los beneficios tributarios. Eso se demuestra claramente. Y de la conclusión de los montos que nos ha entregado el Ejecutivo, a mi juicio, el Estado de Chile es el que debe encabezar la reconstrucción.
En nuestras Regiones, por ejemplo en la de Los Ríos, en la de Aysén, 70 a 80 por ciento de la inversión es pública. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de hacer algo en los próximos años.
¿Por qué no se aumentan o por qué no se traspasan los recursos? ¿Por qué no se da a las Regiones lo que necesitan? Disponemos de los dineros. Si Chile no los tuviera sería otra cosa.
Reitero: un Senador que está sentado acá sostuvo que se podían financiar varios terremotos. No creo que varios, pero sí, a lo menos, uno. Y estas cifras lo demuestran: ¿Tenemos los recursos? Los tenemos.
Por eso he planteado mi voto de abstención, porque esta iniciativa se enmarca dentro del plan general de reconstrucción. Las empresas están haciendo sus donaciones y yo creo que seguirán haciéndolas. En mi opinión, la generosidad no se mide de acuerdo a los beneficios tributarios que se darán después. Tanto es así que en el proyecto original se afirmaba que el incentivo iba a ser retroactivo para asumir la Teletón del año pasado, y eso se eliminó.
Estoy convencido de que las empresas van a continuar realizando su aporte, independiente de si se les otorga o no un beneficio tributario. Pero, sí, el rol fundamental, principal, le corresponde al Estado de Chile: lo puede y lo tiene que hacer, y cuenta con los recursos que se necesitan.
Me abstengo, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, sin duda la crisis sigue y permanece.
Los efectos del terremoto y del maremoto en la Región del Biobío y en otras zonas del país continúan presentes con mucha intensidad. No hay que aflojar el tranco. Claramente, hay que trabajar de manera intensa. La agenda de Gobierno es importante y creemos que este tiene el derecho a cumplirla, pero en mi Región la situación de emergencia todavía no termina. Se ha construido el 60 por ciento de las viviendas de emergencia. No se ha echado a andar el aparato laboral-productivo que fue destruido y, por tanto, se requieren ahora importantes recursos frescos destinados a los municipios para que puedan ir en ayuda de personas que lo están pasando pésimo.
Las personas que siguen viviendo en carpas en mi Región son miles y necesitan recursos para proteger sus viviendas dañadas, para tener acceso a las de emergencia y para pensar en la reconstrucción.
Yo creo que el Gobierno ha flexibilizado su posición. Se lo he preguntado al Senador señor Zaldívar y a quienes han participado en el trabajo de la Comisión de Hacienda.
Lo que leí del debate habido en la Cámara de Diputados daba cuenta de un proyecto centralista, no participativo, con carencia de fiscalización. Sin embargo, en el Senado se le han efectuado modificaciones importantes respecto de la entidad que decide. Y aprovecho la presencia del señor Ministro de Hacienda para señalar que los decretos supremos que deberá emitir su Cartera van a ser muy trascendentes, porque es muy importante cómo se recauda, pero también cómo se gasta. Es relevante saber cómo serán dirigidos los recursos. En ese sentido, lo que uno espera es que efectivamente haya una focalización con amplia participación de las Regiones, de los municipios.
El Gobierno de la Presidenta Bachelet entregó 714 mil subsidios habitacionales en cuatro años. La proyección para el Gobierno del Presidente Piñera es de 706 mil. La pregunta es: ¿hay espacio para los subsidios a la clase media, para la gente que perdió sus departamentos, para los sectores de medianos recursos de Talcahuano cuyos hogares fueron totalmente destruidos? En la población San Marcos 2000 perdieron todo y eran viviendas de entre 2 mil a 2 mil 500 UF.
Preocupa la focalización y cómo se van a gastar los recursos.
Señor Presidente, este Fondo Nacional constituye un avance, pero no es suficiente: ¡Quién podría decirlo! Pero es un adelanto. Yo espero que recaude. Y, contrariamente a lo que planteó el Senador señor Longueira, quiero que recaude mucho, que efectivamente exista una ofensiva y una voluntad positiva del sector privado tendientes a donar y así llevar recursos frescos al Fondo de Reconstrucción, para que, en definitiva, la carga mayor no la asuma el Estado.
El 17 por ciento del impuesto de primera categoría es una imputación a las franquicias importante. Antes llegaba a 56, a 55 por ciento, pero hoy solo alcanza a 17. La carga está en el sector privado y eso me parece relevante porque constituye la esencia de la donación. Aquí no hay una franquicia tributaria que le cargue la mano al Estado. Por cierto, el monto es limitado.
Señor Presidente, aquí se han incorporado elementos esenciales relativos a las donaciones en especie y a las de las personas. Asimismo, se establecen incentivos para las donaciones que se efectúen no a proyectos individuales, sino al fondo general. El que selecciona es el Ministerio de Hacienda. La responsabilidad de la distribución y del gasto va a estar en sus manos y yo espero que haya criterio, amplitud y participación para que los dineros que se recauden gracias a este proyecto de ley, que si bien constituirán una suma importante pero no suficiente para encarar la reconstrucción, sean debidamente gastados.
No creo que este sea el momento de hacer gallitos entre el Gobierno y la Oposición para definir cuál de estos se sitúa en su rol.
Es momento de trabajar, de juntar recursos, ya vendrán otras instancias que nos permitirán debatir acerca del plan de reconstrucción.
Yo espero que el plan de reconstrucción global -no solo el proyecto de ley de donaciones- venga en el corto plazo a remediar las carencias que hoy día tenemos.
Voy a votar favorablemente este proyecto, señor Presidente. He comprometido mi voto a favor de las iniciativas que el Gobierno presente, que el Presidente Piñera nos haga llegar, siempre que signifiquen avanzar en el plan de reconstrucción.
Estamos viviendo una tregua que nadie sabe cuánto va a durar. Y ella es producto del terremoto y del maremoto. Yo espero que al estar de por medio el interés de la gente, de los más humildes, de los afectados, de las víctimas, de los damnificados, esta tregua tenga la sensibilidad de permitirnos ir hacia delante de manera conjunta, en pos de resolver los problemas.
Este es un paso adelante. El proyecto se va a aprobar. Yo espero que el Ministerio de Hacienda tenga el buen criterio de focalizar los gastos en los temas que la ciudadanía está pidiendo a través de los alcaldes, del propio Parlamento y, particularmente, trabajar para que los privados donen ahora lo que más puedan, es decir, "dar hasta que duela". Si ese es el precepto, bienvenidos. Está por verse.
¡Patagonia sin represas, señor Presidente!
He dicho.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (28 votos a favor, 3 abstenciones y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Matthei, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Allamand, Bianchi, Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Espina, García, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Longueira, Navarro, Novoa, Orpis, Prokurica, Quintana, Rossi, Sabag, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron los señores Escalona, Frei (don Eduardo) y Muñoz Aburto.
No votó por estar pareado el señor Pérez Varela.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Hay que fijar plazo para presentar indicaciones.
El señor GARCÍA.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, sugiero que para tal efecto se fije el próximo lunes 17, a las 12. Y ojalá la Comisión de Hacienda pueda sesionar ese mismo día a la hora que estime apropiada su Presidente -3 ó 4 de la tarde- para analizar las indicaciones y así proceder al despacho del proyecto.
Cuanto más pronto lo hagamos, más rápido podremos recibir las donaciones que se acojan a esta modalidad.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, quiero ser muy claro: esto no depende del Senador Escalona. El Ejecutivo es responsable de poner las urgencias a los proyectos. Y yo le ruego al colega que me antecedió, con todo el cariño y el respeto que le tengo por su trato deferente y siempre caballeroso en la Comisión, que si quiere hacer uso de mis facultades como Presidente de la Comisión de Hacienda, no corresponde.
Una vez que el Ejecutivo fije la urgencia, yo citaré de acuerdo con mis atribuciones.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Está claro que lo solicitado por el Honorable señor García depende finalmente de la urgencia. En todo caso, si le parece a la Sala, se fijará ahora como plazo para la presentación de indicaciones el lunes 17, a las 12.
--Así se acuerda.