CAUSAS DE SITUACIÓN EXISTENTE EN CHILE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Conforme a lo acordado por los Comités, corresponde continuar el análisis sobre las causas que provocaron la situación institucional, política, económica y social que existía en Chile el 11 de septiembre de 1973.
Tiene la palabra el Honorable señor Prat.
El señor PRAT.- Señor Presidente, para enmarcarnos en el tema que nos preocupa, es bueno, a modo de ejemplo, tener consideración algunos hechos.
En los últimos días, un señor Diputado, jefe de partido político, hizo referencia -la cual toca a determinados Parlamentarios en ejercicio- al clima que se vivía en contra del Poder Judicial en los años 70. Es posible que el señor Diputado haya sido impreciso en cierto modo, pero fue cabal en su apreciación en cuanto al entorno que él pretendió señalar.
En esos años se ejercía sobre ese Poder del Estado un nivel de descalificación y de asesinato de imagen a través de los dichos, de la prensa oficialista y de la controlada por los partidos del oficialismo, que apuntaba a la eliminación de las personas.
Con certeza, uno de los jueces del más Alto Tribunal del país manifestó, con posterioridad al pronunciamiento militar -y justificándolo-, que a ellos, a los ministros de la Corte Suprema, en definitiva los iban a matar a todos.
Ése era el entorno que se vivía.
Ciertamente, los asesinos, los terroristas, son los que aprietan el gatillo, pero hay primero un proceso de descalificación, de degradación y de puesta en mira del terrorista. Son responsables de ello, los actores políticos; unos porque hacen y otros porque dejan hacer. Es lo que sucedió con el Senador don Jaime Guzmán y también lo que ocurrió antes con el ex Ministro don Edmundo Pérez Zujovic, quien, a partir de los hechos de Pampa Irigoyen, fue descalificado, estigmatizado, puesto en la mira y finalmente ejecutado por los integrantes de la VOP.
Por lo tanto, cuando se analiza lo ocurrido en 1970, tenemos que buscar las responsabilidades no sólo de los actores materiales, sino además la de aquellos que crearon y permitieron un entorno que, en definitiva, motivó esa espiral de violencia.
Señor Presidente, también a modo ilustrativo, quiero hacer una breve reseña de algunos hechos acontecidos en los mil días del Gobierno de la Unidad Popular.
Aquél asumió el día 3 de noviembre de 1970, y el 10 de noviembre el ministro en visita de la Corte que instruía un proceso en contra del MIR, por haber infringido la Ley de Seguridad Interior del Estado, aprobaba el desistimiento del recién electo Gobierno, que pedía la libertad inmediata de miristas procesados o condenados.
El 4 de enero de 1971, por decreto presidencial Nº 2.071, fueron indultados 43 extremistas de Izquierda que se encontraban prófugos o condenados. Así, dejaron la clandestinidad Luciano Cruz, Miguel y Edgardo Enríquez, Juan Bautista Von Schowen, Sergio Zorrilla, Humberto Sotomayor y Max Joel Marambio, entre otros.
El 5 de enero del mismo año -excúseme los señores Senadores, pues estoy leyendo un texto que se encuentra en las actas del Congreso- el Diputado socialista Mario Palestro acusa en la Cámara Baja a los ministros de la Corte Suprema de ser "alcahuetes, celestinos y cabrones".
El 10 de enero, en un plazo no mayor a 60 días, el Gobierno de la Unidad Popular ya había otorgado asilo político a 17 extranjeros, entre los que se cuenta a Osvaldo "Chato" Peredo, sucesor del "Che" Guevara en la guerrilla boliviana.
El 14 de enero llegan a Chile 70 guerrilleros brasileños luego de habérseles concedido asilo político.
El 6 de mayo ingresan a nuestro país 9 tupamaros uruguayos y 6 mexicanos, expulsados a raíz de hechos ocurridos en 1968.
El 8 de junio, en una acción comando, tres individuos ametrallan y asesinan al ex Vicepresidente de la República don Edmundo Pérez Zujovic.
El 13 de junio caen en un enfrentamiento los hermanos Ronald y Arturo Rivera Calderón, miembros de la VOP e inculpados por cinco asesinatos, entre ellos, el del ex Vicepresidente Pérez Zujovic.
El 16 de junio, convertido en una bomba humana, Heriberto Salazar Bello, uno de los máximos cabecillas de la VOP, asalta el Cuartel General de Investigaciones y, tras asesinar a 2 detectives, se suicida explosionando la dinamita atada a su cuerpo.
El 23 de junio la policía, al realizar nuevos allanamientos en relación a las actividades de la VOP, incauta planos de algunos regimientos de Santiago.
El 1º de julio la Dirección General de Carabineros, en informe al Senado, da a conocer la ocupación ilegal de 339 industrias, 658 fundos, 218 terrenos urbanos y 145 establecimientos educacionales, que habían sido tomados en esa forma hasta el día 15 de junio.
El 3 de julio otros 10 tupamaros se exilian en Chile.
El 16 de julio más de 100 miristas, capitaneados por Nelson Gutiérrez, intentan asaltar la cárcel de Los Ángeles para liberar al "compañero Rolando", detenido por hurto de armas.
El 11 de agosto el país se entera de que los integrantes del grupo que asaltó la viña "Santa Blanca" de Rancagua, dando muerte a balazos al señor G. González, hijo del propietario, resultan ser miembros del MIR.
El 28 de octubre se hallaron 24 cartuchos de dinamita, 4 bombas de tipo militar, 12 bombas medianas y una cantidad no precisada de armamento en Loncoche, en el interior del predio Casas Viejas, que era usado como cuartel general del MIR zonal.
El 31 de octubre el "Comandante Pepe", al mando de 150 hombres armados, se tomó el fundo Niltre, de Panguipulli.
El 1º de noviembre Miguel Enríquez, Secretario General del MIR, llama a unirse contra la legalidad, a disolver el Parlamento y a apoderarse de las industrias.
El 7 de enero de 1972 el Ministro del Interior, José Tohá -suspendido de su cargo por la Cámara de Diputados-, fue designado por el Presidente de la República en el Ministerio de Defensa.
El 19 de enero Raúl Quezada, agricultor de 52 años de edad y padre de 8 hijos, es asesinado a palos por extremistas del Movimiento Campesino Revolucionario (MCR).
El 28 de enero se informa que después de septiembre de 1970 han ingresado al país 21 mil 86 extranjeros del área socialista, de los cuales 1.178 eran cubanos.
El 31 de marzo una camioneta de la Dirección de Asistencia Social de la Presidencia de la República chocó en Curimón, siendo detenidos dos miembros del dispositivo de seguridad de la Presidencia -GAP- y descubriéndose un cargamento de municiones, granadas del Ejército de Chile, manuales de guerrilla y planos de unidades militares.
En fin, menciono tales hechos a modo ejemplar. Pero quiero llegar hasta aquí con esa relación.
Hay otro elemento ejemplificador. Recién fueron encontrados los restos mortales de un niño de 13 años desaparecido en diciembre de 1973. Los informantes señalan que ese menor fue detenido después de haber disparado un tiro contra alguien. Según ciertas versiones, el arma se le disparó. En todo caso, fue denunciado por sus vecinos y esto condujo a su aprehensión.
Es decir, señor Presidente y estimados colegas, si después de 30 años deseamos juzgar hechos ocurridos en el entorno que estamos relatando, debemos ser muy cuidadosos.
En mi concepto, hay que entregar ese juicio a la historia. Pero si hemos de hacerlo nosotros, hagámoslo en este contexto, en el Congreso, donde es posible realizar un juicio político histórico, o bien, en las universidades. Pero no pretendamos someter a los tribunales de justicia a la falacia, a la ficción de efectuar un juicio político histórico que no les corresponde.
Ése es el problema que hoy tenemos en Chile. Se está llevando a cabo la acción antijurídica de falsear un juicio penal para producir una condena política. Porque no es otra cosa lo que se está realizando a través de los tribunales de justicia.
Si queremos llevar a cabo un juicio político -lo cual me parecería un error, puesto que es mejor entregarlo a la historia-, elijamos el Congreso Nacional, elijamos las universidades, elijamos la academia. Los tribunales de justicia deben ser respetados; y ello, en el ejercicio de sus funciones propias, que son las de impartir justicia.
En tal sentido, es importante hacer notar cómo en estos últimos meses se ha producido una acción muy inconveniente, que, para causar un efecto político, está dañando nuestra institucionalidad y ha desconocido los intereses superiores del país, incluso en la defensa de su soberanía jurisdiccional frente al atropello de que reiteradamente ésta ha sido objeto por parte de países europeos.
Lamento que no se halle presente el ex Presidente señor Eduardo Frei Ruiz-Tagle, porque me habría gustado preguntarle, en su presencia, de qué manera los hechos sucedidos y que han terminado con el desafuero absolutamente antijurídico de un ex Presidente de la República y actual Senador responden a un acuerdo que habría sido adoptado en el extranjero, vulnerando la defensa de nuestra soberanía jurisdiccional y comprometiendo una especie de "Combo-3", consistente en una liberación por razones de salud, un desafuero y una realización de exámenes médicos.
Ese acuerdo, que es posible concluir mediante una serie de presunciones incuestionables existentes en los hechos, estaría significando, primero, haber vulnerado y abandonado, negligente y gravemente, la defensa de nuestra soberanía jurisdiccional, atropellada en la forma que conocemos; segundo, actuar presionando a los tribunales de justicia para obtener un objetivo político mediante un fallo judicial; y, además, proceder a espaldas de la opinión pública, lo cual es sumamente serio.
Como dije, me habría gustado hacer esa pregunta en presencia de un colega nuestro que fue Presidente...
El señor HAMILTON.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor PRAT.- Terminaré en seguida, dejando un espacio para que lo ocupe Su Señoría.
Reitero: el Honorable señor Frei no se halla aquí. Sin embargo, igual la pregunta queda planteada.
Señor Presidente, cuando se convoca a una sesión como ésta, es necesario llevar a efecto un análisis con la profundidad y la responsabilidad que ameritan los graves hechos que están sucediendo en el país. Ello obliga a ser todo lo franco y directo que he sido en mi intervención para señalar, en primer término, por la vía de la ejemplificación, el entorno en que se vivía en Chile en 1970 y cómo el juicio no puede ser llevado en los tribunales a esta distancia del tiempo, atropellando el sentido de la prescripción, que tiene como elemento central la incapacidad objetiva de juzgar hechos con verdadera justicia cuando han ocurrido hace tantas décadas; y en segundo lugar, cómo se están dañando intereses superiores de la nación con el fin de producir un efecto político, cual es la condena de imagen a través de un proceso de desafuero.
La historia, en definitiva, juzgará las cosas en su exacta medida. Pero nosotros, que estamos viviendo el acontecer político de este tiempo, no podemos abdicar de la responsabilidad que nos cabe de poner las cosas en su lugar.
He dicho.
El señor HAMILTON.- ¿Y la interrupción, Su Señoría?
El señor PRAT.- Si la Mesa lo permite, no tengo inconveniente.
El señor HAMILTON.- Seré muy breve, señor Presidente. Me ceñiré al tiempo que resta al Honorable colega.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El Senador señor Prat no puede conceder la interrupción, pues concluyó su tiempo. Tendría que pedirla al siguiente orador, el Honorable señor Núñez, a quien doy la palabra.
El señor HAMILTON.- ¿Me permite una interrupción, Su Señoría?
El señor NÚÑEZ.- Por supuesto, con la venia de la Mesa.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.
El señor HAMILTON.- Señor Presidente, la especulación que hemos escuchado al señor Senador que acaba de usar de la palabra no tiene base alguna en la realidad ni sustento en la verdad.
El país entero y todos los integrantes de esta Alta Cámara fuimos testigos de cómo el Gobierno del Presidente Frei Ruiz-Tagle se jugó por impedir que al Senador Pinochet se le juzgara en Inglaterra, en España o en cualquier otra parte, sobre la base del argumento de la no extraterritorialidad de nuestra ley penal. Y muchos colegas, incluso de Derecha, aseguraron, empeñando su palabra, que el único lugar donde podía ser juzgado era Chile.
No existe arreglo de ninguna naturaleza. Afirmar lo contrario implica, no sólo agraviar a quienes entonces gobernaban, sino también inferir una grave ofensa a los tribunales de justicia, al presumirse que, por encima de las leyes, pudieran ser objeto de presión por parte del Ejecutivo, aduciéndose además la existencia de un tratado o acuerdo que no ha existido sino en la mente de quienes lo inventaron.
Gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Recupera la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, soy de los que sostienen que esta sesión tiene sentido, independiente de que difícilmente nos pondremos de acuerdo sobre los hechos que pretendemos analizar e independiente de que ésta no es la primera vez en nuestra historia que el país no ha tenido una sola visión respecto del entendimiento de determinada situación, lo que no ha ocurrido ni siquiera a propósito de la Independencia de Chile y de los factores que estuvieron detrás de ella (la división entre carreristas y o¿higginistas no dice relación a un problema de poder que haya existido en la época, sino a la manera como se enfrentaron los residuos de la dominación ejercida por la Corona española).
Por tanto -según he dicho-, no es primera vez que aquello sucede en Chile, como tampoco lo es que intentamos encontrar caminos que nos acerquen a una visión común de lo ocurrido en nuestro país.
Concuerdo con el Honorable colega que me antecedió en el uso de la palabra -a pesar de que tenemos visiones tan distintas- en cuanto a que para conocer efectivamente la historia tal vez habrá de transcurrir algún tiempo.
Sobre el particular, entreguemos a la Cámara de Diputados y al Senado, y también a los historiadores (ya lo están haciendo; en el último año se han publicado cinco o seis libros de Historia que tratan de enfrentar el problema que hoy nos ocupa), un cometido que nos permita dilucidar un poco más todos los factores del desenlace que se produjo en el país el 11 de septiembre de 1973.
No me haré cargo de numerosas afirmaciones hechas aquí. Debo señalar, sí, que comparto la opinión de quienes han sostenido que los sectores de Oposición promovieron esta sesión principalmente para tender una suerte de manto sobre la situación que afecta a Pinochet. Sin embargo, independientemente de que haya sido ésa la intención, me parece importante que nos enfrentemos al desafío intelectual, moral y político que existe tras dicha intención.
En Chile han tendido a contar la historia, esencialmente, quienes han detentado el poder. La oligarquía de nuestro país procuró entregar determinada versión. Por alguna razón, liberales y conservadores nunca se pusieron de acuerdo acerca de una serie de hechos ocurridos en el siglo pasado porque cierto sector intentó narrar la historia.
No es casualidad que cuando surgieron otros fenómenos, como el nacimiento de la clase media, en las décadas de los años 1920 y 1930 del siglo pasado, haya habido distintas interpretaciones para enfrentarlos.
Ahora bien, han estado preocupando a los historiadores, y también a los políticos de Derecha, algunos fenómenos relacionados con el socialismo chileno.
Señor Presidente, con mucha tranquilidad, quiero decir que el Congreso de Chillán -e incluso el anterior, el de Linares- podrá haber tenido muchos aspectos que contribuyeron a una suerte de polarización de la vida nacional. Eso lo hemos reconocido en muchas oportunidades. Y era un fenómeno que también estaba ocurriendo en el resto de Latinoamérica (no quiero excusarme con lo sucedido en otros países; y, según expresé, ya lo asumimos). Entendimos que ello en nada contribuyó al desarrollo de una vía distinta para enfrentar los problemas existentes en Chile. Pero señalar que lo acontecido posteriormente en nuestro país se justifica por un Congreso celebrado en 1967 es, a lo menos, un intento falaz, que no tiene asidero en la lógica.
Si uno sigue con atención lo que ocurrió con posterioridad, comprobará que Allende, contrariamente a lo que se ha sostenido, no tuvo nada que ver con el Congreso de Chillán. Fue opositor a sus resoluciones. Posteriormente, lo que conocemos con exactitud es que ése fue un triunfo que él obtuvo en la Izquierda chilena en 1970 (otros colegas se han referido a esta situación).
En lo referente al marxismo leninismo, tengo la impresión de que en nuestro país todos nos sentimos Catones de cualquier ideología. Y nos sentimos Catones de una manera tal que somos capaces de denigrar permanentemente la ideología de los otros.
Yo quisiera que algún día en Chile no sucediera lo que en la persecución a los cristianos durante el Imperio Romano, ni en la desatada contra los laicos o masones en tiempos de la Santa Inquisición. Pero lo que está aconteciendo aquí es que se hacen intentos respecto de una ideología cuyo contenido exacto los chilenos nunca conocieron. Porque muy pocos supieron en qué consistía el marxismo leninismo.
Invito a discutir respecto del marxismo, como también espero que algún día podamos debatir acerca de las teorías de Kant, o de Comte, o de Weber, o de otros grandes pensadores de los dos últimos siglos. En nuestro país no es posible discutir sobre esas visiones de la historia, de la ciencia o de la humanidad, porque se las descalifica inmediatamente.
La violencia en Chile no puede considerarse patrimonio de la Unidad Popular. Nuestro país, lamentablemente, por distintas circunstancias, vivió mucho sometido a la lógica de la violencia. Es cosa de ver lo que sucedió en Lircay. La manera como terminó su vida Diego Portales. La revolución de 1852, durante el período de Manuel Montt. Lo que significó la matanza de 3 mil 600 chilenos en Iquique, en 1907. Lo que implicó la persecución de campesinos, que culminó con una matanza en Ranquil. Lo que significaron las guardias republicanas en la década de 1930, orientadas fundamentalmente por sectores de Derecha. La forma en que el Ejército trató de develar lo que ellas eran. La respuesta de los socialistas en aquella época fueron, efectivamente, las milicias socialistas.
Vivimos en la década de los años 30, cuando existía una polarización extraordinariamente peligrosa, que por lo demás estaba absolutamente emparentada con lo que sucedía en el mundo. Lo que ocurría con Hitler después de 1933 no fue casual.
Y una de las cosas que a uno más le molestan es pensar que en Chile fueron asesinados, por el Poder y el Gobierno de don Arturo Alessandri Palma (siento por él un particular respeto histórico), veinte a treinta jóvenes nazis en el edificio del Seguro Obrero. Ésa es una de las cosas más terribles que ocurrieron; tal vez, uno de los hechos que mayormente enlodaron los finales del Gobierno de aquel Presidente. Nunca debió matarse a esos jóvenes.
El señor CORDERO.- ¿Me permite una breve interrupción, señor Senador, con la venia de la Mesa?
El señor NÚÑEZ.- Sí, con la venia de la Mesa.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Cordero.
El señor CORDERO.- Sólo deseo recordar, puesto que Su Señoría no lo mencionó, que en Ranquil la dotación del retén fue asesinada y aserrada en el aserrador de esa localidad.
Gracias, señor Senador.
El señor NÚÑEZ.- Desconocía ese dato muy concreto y preciso de la historia. Y creo que es absolutamente cierto lo que el señor Senador acaba de señalar.
Empero, ninguna de esas cosas se justificaron. Porque tampoco tuvo justificación el asesinato de los jóvenes nazis en el edificio del Seguro Obrero.
Y, posteriormente, sólo en un Gobierno no ocurrieron hechos de violencia brutal: curiosamente, en el del Presidente Carlos Ibáñez del Campo. Para qué citar el Gobierno de Ríos, cuando hubo una matanza nada menos que en la plaza Bulnes; el de González Videla, en que tuvimos la llamada "Ley Maldita"; el de Jorge Alessandri, en que se registró una matanza en la población José María Caro.
Eso es parte de nuestra realidad. Y alguna vez tenemos que sacarlo de nuestra convivencia.
¡Porque la violencia ha estado en la Historia de Chile! No se trata de un hecho acaecido sólo a propósito de que Salvador Allende asumió como Presidente de la República el 3 de noviembre de 1970. Había un factor de violencia en la realidad chilena. Y tengo la impresión, quizá por la circunstancia de que somos actores de este período histórico, de que hoy contamos con las mejores posibilidades de superar, no tres años de eventual violencia entre 1970 y 1973, sino siglos de violencia entre los chilenos; siglos de hechos que nos conmueven a todos. Porque entiendo que a todos nos conmueve que en 1907 se haya asesinado a mujeres, hombres y niños en Santa María de Iquique; creo que no hay ideologías de por medio para enfrentar esa situación.
En la historia reciente de Chile, hay varios hechos frente a los cuales sólo tengo preguntas.
Por ejemplo, ¿qué grado de radicalidad ideológica -yo he asumido la del Partido Socialista- significó la creación del Partido Nacional; la superación de dos Partidos históricos, el Liberal y el Conservador, por aquella colectividad?
Me parece que existió un fenómeno de radicalidad ideológica en la visión, particularmente por los escritos de don Onofre Jarpa que he tenido a la vista. A lo mejor me equivoco en la interpretación concreta; pero tengo la impresión de que hubo cierta radicalidad ideológica.
Nunca he entendido por qué el Ejército de Chile ¿lo digo con mucha tranquilidad- no ha defendido la memoria del General Schneider de la misma manera como ha intentado hacerlo, con justa razón, con la memoria y los hechos del General Pinochet. Porque, que yo sepa, el General Schneider no tenía ningún tipo de vinculación ideológica o política con la Unidad Popular o con los partidos de Izquierda. Él, en cambio, fue asesinado por un grupo de personas ¿entre ellas, un joven de apellido Cosmelli; otro, Melgoza- que sí estaba vinculado con la Derecha. ¿Por qué, entonces, no se recupera la memoria del General Schneider, que lo único que hizo fue sentar una teoría: la prescindencia de las Fuerzas Armadas de la vida política?
Del mismo modo, ¿por qué el General Viaux pasó a la historia de Chile protegido por una especie de manto de silencio, en circunstancias de que fue el primero en atentar contra una cierta tradición que al parecer tenía el Ejército de Chile, en términos de que, de una manera no conducente, no adecuada, se intentó alterar la vida institucional de nuestro país durante el Gobierno del Presidente Frei Montalva?
Yo entiendo lo que pasó con Pérez Zujovic, pero quiero recordar que los asesinos del ex Ministro del Interior fueron, a las pocas horas, muertos algunos de ellos en enfrentamientos, que yo recuerdo, y otros apresados y nunca liberados.
A nosotros, estimados colegas ¿particularmente de la UDI-, nos duele tanto como a ustedes que se hayan escapado asesinos, personas vinculadas con actos terroristas y que terminaron con la vida de un par nuestro. Solamente cabe recordar las palabras de Hernán Vodanovic, dichas aquí, en este mismo lugar, que en su momento nos interpretaron. Porque venimos luchando contra el terrorismo de Derecha y también de Izquierda, porque venimos luchando desde hace mucho años contra una concepción que, lamentablemente, se entronizó en un sector de la Izquierda.
Hay otras preguntas que nunca nos hacemos. Por ejemplo, el rol de los Estados Unidos, de Nixon, de Kissinger, de la ITT. En mi opinión, degrada la historia de nuestro país, independientemente de quiénes iban a ocupar el Gobierno de la nación, que el Presidente de los Estados Unidos y su Secretario de Estado, Kissinger, hubiesen intentado realmente impedir una reunión como la del Congreso Pleno, en donde por Allende votaron no solamente los socialistas, los comunistas y los radicales, sino también los democratacristianos. Una de las cosas que Kissinger dijo fue que con la llegada de Allende se atentaba contra la civilización cristiano-occidental. Pues bien, entiendo que los Parlamentarios que votaron, igual que nosotros, a favor de Allende, no estaban en oposición ni mucho menos por atentar contra la civilización cristiano-occidental.
Igualmente, ¿qué pasó con el Coronel Souper? Yo me pregunto por qué Pinochet, en junio, en el "tanquetazo", junto con el General Prats, enfrentó al Coronel Souper, a sus tanques. Es una pregunta que me hago muy honestamente. Porque la situación que Chile vivió de marzo ¿época de elecciones- a julio de 1973, no varió mayormente de la que hubo entre julio y septiembre del mismo año. ¿Por qué Pinochet, junto a Prats, intentó evitar los efectos de una asonada como la que emprendió el Coronel Souper? ¿Qué cambió en el Senador vitalicio? ¿Qué cosa sucedió en él para que, a pesar de que la situación era idéntica ¿no había mayor agravamiento-, posteriormente apareciera encabezando el golpe de Estado del 11 de septiembre?
Son preguntas.
¿Por qué se adelantó el golpe de Estado? Yo, como Secretario General de la Universidad Técnica, fui testigo personal del intento del Presidente Allende de llamar a plebiscito, y sabía lo que se iba a hacer el 11 de septiembre en la mañana. Yo, entre otras personas, estaba preocupado de que funcionara la radio de la Universidad Técnica, que fue la primera asaltada y que ya no estaba a las 5 de la mañana. ¿Por qué se adelantó?
Siempre me he hecho estas preguntas.
¿Por qué no hay datos más precisos respecto de los 40 mil extranjeros armados que había en Chile, del Plan Zeta? Yo estuve detenido en el Estadio Nacional; lo inauguré y lo cerré. Y ahí vi un grupo de extranjeros que no sobrepasaba los 500. Y siempre se ha dicho que eran 40 mil.
Algún día, señor Presidente, me gustaría dilucidar estas preguntas.
Gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, lo que hemos oído en la mañana y esta tarde justifica, en forma bastante considerable, el que se haya resuelto convocar a una sesión especial para tratar el tema. No se trata de comentar un fallo en particular, sino más bien de determinar, a propósito de ese fallo, el contexto histórico necesario para entender hechos que ocurrieron hace 25, 30 o más años.
Ciertamente, nadie puede ni busca justificar lo injustificable. Los atentados a los derechos humanos, las violaciones, las torturas, son siempre condenables, bajo cualquier punto de vista.
Sin embargo, a pesar de la condena que uno puede volver a reiterar, me parece que limitar el análisis de lo que ocurrió durante el Gobierno Militar a ese aspecto específico equivale a incurrir en una enormidad. Porque ¿ésta es la construcción que uno a veces oye y por eso resultan relevantes la reflexión, la verdad histórica y el contexto- pareciera que aquí llegaron unos militares voraces de poder a cometer, por apetitos personales, todo tipo de daños y atentados a los derechos humanos.
Ésa pareciera ser la historia que algunos quieren escribir hoy día. Por eso para Chile son importantes las reflexiones, las preguntas que aquí nos estamos haciendo. Nadie pretende ser el poseedor de la verdad, pero resulta útil ir aportando consideraciones y reflexiones que permitan saber qué fue lo que nos pasó, que fue lo que le pasó a Chile, que en un momento histórico dado terminó en situaciones de tanto quebrantamiento, no solamente jurídico, político, institucional, sino también moral. Ésa es la pregunta que en mi opinión hay que hacerse.
En esta oportunidad no me voy a referir a todos los temas ¿no me alcanza el tiempo-, sino al contexto histórico previo al 11 de septiembre, que no es un asunto menor, porque con frecuencia olvidamos todas las circunstancias en que aquél se dio. Debo lamentar, sí, al iniciar estas palabras, la ausencia del Ejecutivo, que forma parte del Poder Legislativo. Cuando el Senado llama a reflexionar, el Ejecutivo debería estar presente. Y es lamentable su ausencia porque también debería decir lo que piensa, a menos que tenga miedo de expresarlo.
La primera pregunta es cómo explicar la inquietud institucional previa al 11 de septiembre de 1973; cómo explicar, por ejemplo, la reiteración de fallos y pronunciamientos de los tribunales de justicia, que reclamaban no sólo porque se les desconocían sus decisiones una y otra vez, sino porque, además, los funcionarios judiciales eran insultados y vejados y constantemente se les faltaba el respeto. ¿A quién se le ocurriría eso en la actualidad? Hoy, alguien dice que el fallo judicial tal es una chacota y pareciera que eso es el acabo del mundo.
Yo les podría leer decenas de oficios que la Corte Suprema dirigió al Ejecutivo de entonces, referidos al vejamen de que constantemente eran objeto los tribunales de justicia. ¡Ni mencionar algunos titulares de diarios de la época, que hoy día no serían explicables bajo ningún contexto! Algo parecido se puede decir de la Contraloría, aunque en menor grado.
También está el pronunciamiento de la Cámara de Diputados, cuyo tenor he releído en estos días. Y me ha parecido, hoy, inverosímil la cantidad de conceptos contenidos en él. Por ejemplo, el considerando Nº 6 señala:
"6º Que, para lograr ese fin," ¿la toma del poder- "el Gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás Poderes del Estado, violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República, y permitiendo y amparando la creación de poderes paralelos, ilegítimos, que constituyen un gravísimo peligro para la nación, con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de Derecho;". En realidad, nosotros hablamos del acuerdo de la Cámara de Diputados, pero no nos hemos referido a su tenor.
De la situación económica del país, más vale no hablar. El fracaso económico de la experiencia de la Unidad Popular es de una magnitud difícil de explicar. Pero no fue simplemente porque fueron malos administradores o se equivocaron de políticas económicas, sino porque entraron en una espiral relacionada con el problema de fondo al cual deseo apuntar.
Tengo aquí un titular de un diario de la época, que dice: "A 49 Suben Industrias Ocupadas por Marxistas". Se ocupaban las industrias, porque no había derecho que justificara la expropiación. Pero se aprovechaba el decreto ley Nº 520, de 1932. Se creaba un conflicto, se las intervenía y pasaban a formar parte del área social. Después ¿por supuesto, con jactancia- se decía en los diarios de la Unidad Popular: "No devolveremos las industrias".
Estamos hablando de lo que pasaba en Chile en ese minuto.
Alguien cuestionaba el tema de las guerrillas y de la presencia de terroristas en Chile. Bueno, yo les recomiendo que lean la entrevista que Patricia Politzer hizo a Carlos Altamirano ¿no encontré el texto para traerlo-, en la que éste señala que, efectivamente, muchos jóvenes socialistas fueron formados en escuelas de guerrillas en distintas partes del mundo.
Siendo estudiante en Londres, fui testigo de expresiones del entonces Senador señor Volodía Teitelboim en las que manifestaba que el Ejército se toparía con una sorpresa en Chile si acaso se levantaba en armas, porque ellos estaban preparados y armados en cada población del país.
¡Ésa era la realidad institucional, económica y social que se vivía en esos días!
Otro antecedente interesante: pareciera que los militares llegaron al poder el 11 de septiembre de 1973. Pero se olvida que el Gabinete ministerial de Salvador Allende ¿y aquí tenemos un distinguido ex Ministro que lo integró- estaba conformado por muchos miembros de las Fuerzas Armadas. Cuando uno cuenta esto a los jóvenes de hoy, no pueden creerlo. Porque si hoy el Presidente Lagos ¿ayer el Presidente Frei- hubiesen convocado a generales en servicio activo a integrar su Gabinete, sería considerado punto menos que una hecatombre. Pero ello fue necesario por la situación en que nos encontrábamos. Y la institucionalidad todavía lo respaldaba.
¿Cuál era el problema de fondo, señor Presidente?
En mi opinión, el problema de fondo ¿y esto es lo que hace la diferencia con otros hechos de violencia ocurridos en Chile- se originaba en que aquí se había institucionalizado, desde un punto de vista doctrinario, la violencia como un medio legítimo de funcionar en nuestra sociedad, como un medio legítimo de alcanzar y de defender el poder.
En ese sentido, discrepo de lo expresado por quien me antecedió en el uso de la palabra en cuanto a que la declaración de Chillán fue una declaración cualquiera. ¡No! En este caso, fue el triunfo de una línea política al interior del socialismo chileno.
Quiero recordar ¿porque otra vez se olvida el contexto de las cosas- qué fue lo que se dijo en el año 1967:
"En cuanto al voto sobre la posición política nacional del PS su texto aprobado en el plenario del XXII Congreso General por la unanimidad de sus integrantes, dice así:
"1.- El Partido Socialista, como organización marxista-leninista, plantea la toma del poder como objetivo estratégico a cumplir por esta generación, para instaurar un Estado Revolucionario que libere a Chile de la dependencia y del retraso económico y cultural e inicie la construcción del Socialismo.
"2.- La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Resulta necesariamente del carácter represivo y armado del estado de clase. Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico y, a su ulterior defensa y fortalecimiento. Sólo destruyendo el aparato burocrático y militar del estado burgués, puede consolidarse la revolución socialista.
"3.- Las formas pacíficas o legales de lucha (reivindicativas, igeológicas, electorales, etc.) no conducen por sí mismas al poder. El Partido Socialista las considera como instrumentos limitados de acción, incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada.".
¡De eso es lo que estamos hablando, señores Senadores, no estamos hablando de hechos de violencia que los hombres cometemos siempre! Estamos hablando de una doctrina que se practicaba, que se inició como todas las cosas: lenta y gradualmente. Luego, aparecieron movimientos guerrilleros, como el MIR y otros, que todos creían que eran juegos de niños, de universitarios. Pero no lo eran.
Aquí se predicaba y se practicaba la violencia de una manera que resulta difícil de entender hoy día. Porque -¡claro!- cuando uno juzga los hechos de la historia a la luz de la situación presente, parecen estos muy alejados de la realidad y difíciles de creer. Pero a esa realidad responde el 11 de septiembre de 1973, desgraciadamente. Tal vez podría haber sido evitable; es posible. No se dio. Lo lamento, quizás como todos. Pero entiendo que aquí no hubo una situación fragmentaria. Por eso, resulta complicado descalificar o analizar unilateralmente estas cosas.
Quiero terminar leyendo párrafos de una entrevista hecha al ex Presidente de la República don Eduardo Frei Montalva, que apareció en el diario "ABC" el 10 de octubre de 1973, una vez producido el golpe del 11 de septiembre. En ella dice: "Los militares fueron llamados, y cumplieron una obligación legal, porque el Poder Ejecutivo y el Judicial, el Congreso y la Corte Suprema habían denunciado públicamente que la presidencia y su régimen quebrantaban la Constitución, los acuerdos votados en el Parlamento y las sentencias dictadas por los jueces absolutamente extraños a la política. Allende vino a instaurar el comunismo por medios violentos, no democráticos, y cuando la democracia, engañada, percibió la magnitud de la trampa, ya era tarde.".
Ésa es la lógica con que se actuó y se pensó en ese minuto. Quizás hoy el propio Eduardo Frei, a lo mejor, diría algo distinto. Quizás, cualquiera podría hacer un análisis diferente. Pero llamo la atención a que ése era el raciocinio de un hombre ponderado, de un estadista como Eduardo Frei Montalva.
Continúa el ex Mandatario: "Ya estaban armadas las masas de guerrilleros y bien preparado el exterminio de los jefes del Ejército. Allende era un político hábil y celaba la trampa. Pero ¿ya sabe usted- no se puede engañar todo el tiempo a todo el mundo. Las armas requisadas en virtud de la ley Carmona demostraron que la guerra civil se preparaba desde la Presidencia de la República. Arrogantemente encarado con todos los poderes constitucionales, el Presidente tuvo que reconocer su "inconstitucionalidad" propia.
Más adelante dice: "cuando un gobierno se niega a cumplir las leyes sociales, desatiende las advertencias del Colegio de Abogados, insulta y desobedece al Tribunal Supremo, menosprecia la inmensa mayoría del Congreso, provoca el caos económico, detiene y mata a los obreros que se declaran en huelga, arrolla las libertades individuales y políticas, desabastece el mercado para entregar los productos alimenticios y de toda clase a los monopolizadores marxistas del mercado negro; cuando un gobierno procede así, cuando se producen en un país condiciones que no se han producido nunca como en Chile tan claras y abundantes en la historia del mundo, el derecho a la rebelión se convierte en deber. Es un derecho jurídico proclamado por todos los tratadistas y historiadores, como el padre Mariana en España.".
Señor Presidente, no quiero pensar que todo lo que aquí hemos leído represente exactamente la verdad ¿como todas las cosas, corresponden a apreciaciones y juicios que los hombres se forman en momentos determinados de la historia-, pero sí fue un sentimiento generalizado en el Chile de ese entonces.
Parte de la Unidad Popular estudié en Londres. Cuando volví a Chile en 1973, el país que encontré antes y después de ese año y medio de estudios fue muy distinto. Fue un Chile dividido, polarizado, que estaba en realidad muy quebrado interiormente. Tanto es así que antes de conocer a una persona se le preguntaba de qué lado era, para saber si era amigo o enemigo. Era otra la lógica. Es probable que haya habido situaciones económicas que justificaban un cambio; también lo es que hayan existido en ese momento reacciones que no fueron las más adecuadas. Muchas cosas son probables. Pero lo que sí es cierto es que nuestro país llegó a lo más bajo que haya alcanzado en su historia. Y no quiero decir que ésa fue responsabilidad de ustedes, pues cuando nos referimos a culpabilidades del pasado no deseo que sigamos hablando de "ustedes" y de "nosotros", aunque tengamos distintas responsabilidades, porque no tiene sentido.
Por eso, cuando hablamos de cómo resolver estos problemas, más bien debiéramos pensar en cómo nos perdonamos, en cómo nos responsabilizamos de lo que hicimos. Pero a partir de lo que hicimos, no minimizándolo, como tampoco pueden minimizarse hechos ocurridos durante el Gobierno militar que nos causan molestia, repudio moral, como entonces también lo manifestamos.
Lo anterior es lo que me parece conveniente aportar a esta reflexión que Chile necesita, pues de lo contrario es muy difícil entender por qué hay algunos que se sienten vejados cuando se adoptan decisiones en contra de quien encabezó y representó al Gobierno militar, precisamente por el hecho de haberlo encabezado, en circunstancias de que, en verdad, éste es un problema de todos.
Y así como algunos expresaron aquí su perdón y su voluntad, ojalá lleguemos a esa situación, a fin de que en el reconocimiento recíproco que Chile necesita para salir adelante podamos mirar el pasado con otros ojos, y dejar que la historia sea la que haga en definitiva el juicio. Todos los chilenos lo tenemos en lo moral y en lo politico, pero será la historia la que realizará el juicio final.
En consecuencia, no adoptemos hoy decisiones que puedan perturbar nuestra convivencia a partir de hechos muy difíciles de entender, a menos que se conozca toda la realidad de lo que ocurrió en su momento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Excúsenme Sus Señorías, deseo dejar constancia en la Versión Taquigráfica de un testimonio personal respecto de una afirmación efectuada por el Senador señor Larraín sobre el Presidente Eduardo Frei Montalva.
Fui testigo de que el Presidente Frei desmintió terminantemente esa entrevista del diario "ABC", y lo hizo con mucha dureza. Quien fuera director de dicho diario ¿no me acuerdo exactamente de su nombre- estuvo precisamente en Chile y sostuvo una conversación privada con el entonces Primer Mandatario, la que no reflejó en momento alguno la entrevista que aparece publicada en el referido medio periodístico.
Deseo dejar establecido lo anterior, por cuanto a mi juicio no hay en este momento otra persona que pueda dar fe sobre el particular.
Por eso, deseo que quede constancia en la Versión Taquigráfica acerca de lo que he planteado. En su oportunidad, haré llegar al Senador señor Larraín ¿si puedo hallarlos- los antecedentes del desmentido a que hice alusión.
El señor LARRAÍN.- Encantado, señor Presidente. Sólo quiero señalar que leí textualmente lo que aparece publicado en el diario "ABC", de España. No conozco algún desmentido al respecto. Y no he querido leer otras declaraciones del Presidente Eduardo Frei Montalva emitidas, por ejemplo, un año después de aquélla, y que podrían ratificar en lo fundamental la misma línea de lo que he señalado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Efectivamente, dicha publicación apareció en el diario "ABC", y recuerdo que fui testigo de la reacción que tuvo el Presidente Frei frente a esas afirmaciones.
Tiene la palabra el Honorable señor Canessa.
El señor CANESSA.- Señor Presidente, antes de comenzar mi intervención, deseo señalar que comparto plenamente los anhelos de reconciliación, que son la máxima aspiración de la inmensa mayoría de nuestros compatriotas. Sin embargo, no puedo dejar de notar que los pasos para lograr ese objetivo han sido escasos.
Para continuar, me parece necesario aclarar lo siguiente: los hechos que culminaron con el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, y sus posteriores consecuencias, tienen como causa y origen la violencia política que, con inspiración foránea, fue parte de nuestro desarrollo político a contar de la década del 60.
El Partido Comunista y después el Socialista, en suma las fuerzas de Izquierda, fueron siempre proclives a la violencia sistemática, desde su aparición en nuestros escenarios políticos ¿inicialmente sus esfuerzos fueron más bien aislados y esporádicos-, sin estar inmersos en un proceso de planificación generalizado que involucrara más organizaciones y a otros conglomerados políticos que con anterioridad siempre habían observado una actitud moderada y claramente democrática.
Sin embargo, desde la primera parte de la década de los sesenta, las organizaciones políticas de izquierda, del FRAP, especialmente los Partidos Comunista y Socialista, que antes, en 1958, habían participado apoyando al candidato don Salvador Allende, entran en sintonía con las ondas revolucionarias provenientes de Cuba, donde Fidel Castro, por encargo de su "hermano mayor": la Unión Soviética, comenzaba la transmisión de la revolución armada, en un intento de expandirla en todo el continente americano. Era un enorme esfuerzo, clásico y representativo de la guerra fría. La Unión Soviética no podía ni quería emprender esa empresa, que de seguro le iba a provocar problemas directos y abiertos con Estados Unidos de Norteamérica. En cambio, éste era un esfuerzo subrepticio, solapado, liderado directamente por un pequeño país iberoamericano -Cuba-, realizado en nombre de las reivindicaciones socioeconómicas de los trabajadores que, al traspasar las fronteras, se expandiría horizontalmente, como una "mancha de aceite", generando la revolución interna desde abajo y desde adentro, sin eliminar de partida la acción de los partidos políticos democráticos. Es decir, impidiendo la vida democrática completa para levantar "las masas de trabajadores", en pleno proceso de concientización progresista, con el fin de hacer caer o conquistar los Gobiernos.
Sin embargo, para impulsar y dar efectividad a esos movimientos se precisaba el apoyo de fuerzas provenientes de milicias; la presencia de guerrilleros organizados y más profesionales, instruidos y equipados en Cuba u otros satélites soviéticos ¿en ese carácter se engloba el fallido intento del Che Guevara-, o el apoyo que le pudieran brindar las fuerzas regulares que desertaran de su tarea oficial y se pasaran a la causa revolucionaria, lo que, por cierto, en Chile no sucedió.
Esta marea revolucionaria cae en un terreno muy propicio en Chile, donde existían muchas ideas de romper con los moldes clásicos, organizando a la sociedad para hacerla vibrar con esas ideas de promoción y progreso socioeconómico. Ya en 1974, las ideas de la Revolución en Libertad agitaban de lleno el ambiente.
Paralelamente, llegaban las ideas propias de la Revolución Socialista, cargadas de violencia, que se entronizaron en el quehacer de los trabajadores urbanos y rurales, y muy especialmente en las aulas universitarias donde tuvieron progresos rápidos y concretos. Su acción militarizada y violenta se afianzó y expandió, haciendo nacer por doquier agrupaciones de lucha (frentes, movimientos, brigadas, cordones) que no estaban capacitadas para participar en el juego de la política, pero sí para entrar de lleno en un plano violento y militarizado de las tomas de terreno, predios y fábricas, acciones terroristas; ganar el control de los campos universitarios y de las calles, y, si su camino era coronado por el éxito, organizar las terribles guerrillas urbanas y rurales. Desde luego, ganaban día a día experiencia en la lucha contra la policía, y obligaban a los cuarteles de las Fuerzas Armadas a vivir en un alto grado de alistamiento ante la posibilidad de asaltos con el fin de apoderarse de sus armas y municiones, como lo atestiguan las experiencias de otros países de la región.
Esa experiencia subversiva, que conocían cada vez en mayores detalles los servicios de seguridad de las Fuerzas Armadas ¿que analizaban día a día sus posibilidades militares- continuó creciendo progresivamente durante el Gobierno del Presidente Frei Montalva. Tales actividades subrepticias, que teóricamente eran en pro de la satisfacción de las aspiraciones socioeconómicas de los trabajadores, se realizaban cuando existían todas las vías democráticas de expresión de las mismas, en plena democracia, y nadie las detenía. Se sabía cuáles eran los líderes, y no se les detenía. Eso ocurre mientras la Democracia Cristiana llevaba adelante su Promoción Popular y su Reforma Agraria.
Como si todo esto fuera poco, una de las principales colectividades del FRAP, y después de la Unidad Popular, el Partido Socialista, primero en Linares, y luego en Chillán, daba a conocer su decisión de tomar el poder por la fuerza, aplastando a quien quiera que se le opusiera.
Eso sucedía cuando el entonces Senador Salvador Allende era Presidente de esta Corporación y, al mismo tiempo, Presidente de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS). ¡Y nadie hizo intento alguno, serio, legal y políticamente efectivo, para desenmascarar lo ya evidente, cuando tenían todo el poder para hacerlo y el respaldo de la fuerza pública integral!
Allí radican las bases de todos los conflictos posteriores. En la lucha subversiva, que NO RECONOCE LA CONVENCIÓN DE LA HAYA y que para demostrarlo obliga a recurrir a sus mismas armas, y no al empleo clásico de las fuerzas militares. Ahí está el fundamento de la organización de la acción popular, que después se multiplicó en el Gobierno del Presidente Allende y que fue fortalecida mil veces, contra la cual tuvo que luchar el Régimen militar.
Recuerdo estos hechos para que se estudien y se determinen los responsables mediatos -como se acostumbra decir- de todo lo que posteriormente sucedió; los que con tibieza, encubrimiento y negligencia hicieron el papel ¿es duro expresarlo- de traidores a la patria. La investigación histórica debe llevar a identificarlos.
La historia de los hechos.
Siempre existen quienes provocan los acontecimientos, los que actúan, y los que deben enfrentar las consecuencias y reaccionar. Es decir, aquellos que provocan las agresiones y quienes deben hacerles frente. Al igual que en la física, hay acción y reacción, como lo estableció ya hace tiempo Newton en su célebre principio. Lo mismo sucede en la vida y en la política. Sin embargo, aquí es muy difícil desentrañar, mediante el estudio de los hechos, cuál es la realidad, pues los agresores son lo suficientemente hábiles como para enredar en sus acciones a los que sufren sus consecuencias, de modo que las cosas sean presentadas a favor de su causa.
Ésa es la tarea de los historiadores fríos e imparciales. Y en este contexto, existe la imperiosa necesidad de las futuras generaciones de conocer y valorar la verdad histórica. Pero el problema radica en que, la mayor parte de las veces, esta verdad se presenta sesgada y manifiestamente incompleta. Para evitar eso debemos conocer no sólo las consecuencias del pronunciamiento militar, que de manera parcial y voluntariamente errónea se exponen por parte de algunas autoridades actuales y otros actores políticos de la Concertación, sino también las causas profundas pero reales de este trascendental suceso.
Lo que queda claro, a mi modo de ver y al de muchas personas, es que la llegada del marxismo-leninismo a nuestro ambiente trajo la violencia subversiva, que contaminó el accionar de la política. Hay responsabilidades pendientes que buscar.
Antes de 1973, las Fuerzas Armadas no habían empleado sus fuerzas ni como factor de presión ni de hecho en este tipo de conflictos. En consecuencia, son inocentes de lo ocurrido antes de 1973. Si de algo puede acusarse a las Instituciones Armadas es de haber sido demasiado tolerantes, ante la indiferencia de las autoridades, en los conflictos que atentaban directamente contra la Constitución Política y que se estaban incubando.
Nuestras Fuerzas Armadas y Carabineros intervinieron a través del pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, no por afanes de poder, como algunos sostienen, sino por su profunda convicción de la obligación, cuando la patria lo requiere, de restaurar la institucionalidad destrozada y de resguardar la soberanía cuando ésta peligra. Y así lo hicieron, devolviéndonos la democracia y cumpliendo de esta manera con el itinerario trazado por ellas mismas.
Señores Senadores: en ese mismo sentido, nadie en Chile ni en el extranjero puede desconocer que a partir del 11 de septiembre de 1973 el Gobierno de las Fuerzas Armadas y Carabineros, junto con iniciar el proceso de reconstrucción nacional, debió enfrentar permanentemente a las bandas subversivas, que conformaban un verdadero ejército irregular y que intentaban, por las armas y la violencia, desestabilizar al Régimen, poniendo en riesgo muchas veces la soberanía de la nación.
Cuando el país es agredido, el pueblo tiene derecho a ser defendido, y la llamada a hacerlo es la fuerza legítima del Estado. Eso fue lo que realizaron las Fuerzas Armadas y Carabineros.
El tipo de reacción depende de la naturaleza de la agresión. Frente a un ataque irregular y subversivo -que había empezado antes de 1973-, originado en otras latitudes, sin que el país tuviese experiencia al respecto, corresponde una acción antisubversiva, no una acción regular, de las Fuerzas Armadas. El agresor impone la respuesta. Entonces, en este caso ¿repito-, se trató de una reacción antisubversiva.
No hay que decir: "Esto no debe suceder". ¿Nunca más qué? ¡Nunca más la violencia, venga de donde venga! En mi opinión, esto no está completo. Debiera especificarse "de dónde viene" la violencia. Porque todos sabemos dónde se genera siempre; al menos, la que se produjo, en la mayoría de los casos, en el siglo que recién terminó.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ríos.
El señor RÍOS.- Señor Presidente, lamento que los Parlamentarios que integran la coalición de Gobierno no estén presentes en la Sala, salvo el Senador señor Núñez. Pero también existen otras colectividades políticas que, ante este tema, no deberían encontrarse ausentes.
Estuve en Vietnam, y en otra ocasión daré cuenta de mi visita al Asia. Pero, por ahora, deseo recoger una frase del Presidente de ese país, quien, más o menos textualmente ¿puedo equivocarme en algunas palabras-, dice lo siguiente: "Seguramente no hay pueblo en la tierra que haya sufrido más que el nuestro. Son 6 millones los hermanos nuestros muertos. Pero ello, a pesar del dolor, nunca será más grande que nuestro futuro.".
Sin duda alguna, se trata de una advertencia muy importante. La reunión y la acción del pueblo vietnamita está dirigida hoy día hacia el futuro, y rechaza toda acción al interior de su país que lo retrotraiga a los acontecimientos políticos anteriores, que produjeron tanto daño y tanta división. ¿Qué pueblo en el mundo, aparte Corea y otros dos o tres más, ha sufrido divisiones más profundas y guerras más sangrientas, con participación de naciones que nunca fueron llamadas al conflicto, sino que ellas mismas se autoproclamaron para hacer defensas teóricas de principios y valores, y terminaron siendo vencidas por un pueblo, como fue el caso de Estados Unidos? Son pocos los países más divididos que Vietnam. Sin embargo, a su vez, tengo la sensación de que actualmente son escasas las naciones más unidas que este país asiático, cuyo Presidente ¿dicho sea de paso- tengo entendido que viene a Chile el próximo 13 ó 15 de septiembre.
Haciendo un brevísimo recuerdo de muchas de las cosas que se han planteado en esta oportunidad, un señor Senador sostuvo que el tenor de esta sesión indica que nunca nos pondremos de acuerdo. Tal vez, no lograremos un consenso respecto del pasado. Pero si esa afirmación está dirigida también al futuro, sin duda alguna que tendremos muchos problemas de gobernabilidad y de fortalecimiento institucional en Chile.
Efectivamente, estas sesiones -y ése es el objetivo del Parlamento- son para ponernos de acuerdo en cuanto a las cosas futuras y trascendentes de nuestro país.
Pienso que cuando la Democracia Cristiana estableció el Estatuto de Garantías con el ex Presidente Allende, lo hizo efectivamente porque se trataba de ese Mandatario. Si hubiese salido elegido don Jorge Alessandri, por cierto que no habría habido ningún estatuto de garantías. Con ello quiero dar a conocer que en el proceso electoral de aquel tiempo existía ya un conjunto de inquietudes, como consecuencia de distintas acciones que se estaban dando a nivel mundial y que repercutían aquí a través de la difusión de ciertas doctrinas, acciones terroristas y de todo orden, de grupos armados, así como por las declaraciones del Partido Socialista en Chillán, que recordaba el Senador señor Núñez. Todo ello demostraba que determinadas áreas de la actividad política del país, agrupadas en la Izquierda, tenían preparadas para nuestro país acciones equivalente a las que estaban ocurriendo en otros lugares del mundo.
La elaboración del Estatuto de Garantías se debió a que Allende sería el Presidente de Chile. Insisto en que si hubiese sido Alessandri, no lo habría habido. Porque se conocía su persona, se sabía su pensamiento y no existía razón alguna para pensar que se iba a avanzar hacia acciones tan disímiles y tortuosas como las que finalmente se llevaron a cabo y que terminaron finalmente con el quiebre de la institucionalidad del país.
Fueron momentos complicados y difíciles. Recuerdo incluso hasta el discurso del actual Presidente del Senado, y Ministro de Hacienda de ese entonces, quien hizo anuncios de carácter económico que se cumplieron en todas sus partes. Todo lo que pronosticó en esa oportunidad el entonces Ministro se produjo al poco tiempo, sin exagerar ni quitar nada. Fue una intervención clarísima que ponía en guardia a la economía del país, totalmente destruida al cabo de los mil días de Gobierno del Salvador Allende.
Deseo efectuar un análisis muy profundo con relación al Estatuto de Garantías solicitado por la Democracia Cristiana, porque el Presidente de tal partido, don Patricio Aylwin, al plantear ante el Senado la reforma constitucional, estableció muy claramente algo muy trascendente, tanto para la acción futura de las Fuerzas Armadas como para la institucionalidad del país. Allí delinea la doctrina de seguridad nacional de los institutos castrenses, al consignar su responsabilidad como garantes de la institucionalidad chilena y de la convivencia democrática.
Tal hecho reviste suma importancia al tenor de lo que vendría más adelante. Cuando se aprueba el proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados, el 22 de agosto de 1973 -que entre otras firmas lleva la mía-, queda fijada una acción política muy definida. Y el punto número 14, que hace un llamado a las Fuerzas Armadas que estaban cumpliendo responsabilidades en el Gobierno, dice: "Por consiguiente, su presencia en el Gobierno no puede prestarse para que cubran con su aval determinada política partidista y minoritaria, sino que debe encaminarse a restablecer las condiciones de pleno imperio de la Constitución y las leyes y de convivencia democrática indispensables para garantizar a Chile su estabilidad institucional, paz civil, seguridad y desarrollo".
En el fondo, constituye una clara advertencia a las Fuerzas Armadas y Carabineros, recordándoles su responsabilidad como garantes de la institucionalidad chilena, doctrina creada por el Partido Demócrata Cristiano a través de su Presidente, don Patricio Aylwin y expresada en la reunión del Senado de la República. Por eso, tal declaración la firma la Democracia Cristiana, como también el Partido Izquierda Radical, el actual Senador Muñoz Barra aquí presente, y algunos parlamentarios independientes. Éramos siete en total.
Por ser una declaración política, el Presidente de la República la cataloga de acción fiscalizadora. En su respuesta a ella, sostiene que el Poder Legislativo, en este caso, la Cámara de Diputados, carece de atribución alguna para actuar en representación del pueblo, que la fiscalización tiene un camino distinto, que es la acusación constitucional, con las mayorías necesarias, etcétera; y agrega una serie de explicaciones. Pero asume que se trata de un acto fiscalizador. No daré lectura a la carta, porque es sumamente larga -recuerdo perfectamente que discutimos el tema-, pero en ella el Presidente Allende atribuía carácter fiscalizador a un hecho político muy trascendente, que fue asumido como tal por las Fuerzas Armadas, por la Corte Suprema, por las Cortes de Apelaciones del país, por diversos organismos, como el Colegio de Abogados. Este último emite una declaración muy importante, firmada por don Alejandro Silva Bascuñán, que en una de sus partes dice: "El 11 de septiembre de 1973 pusieron término" (las Fuerzas Armadas) "a un Gobierno que verdaderamente se había hecho ilegítimo por sus excesos y atropellos y lo hicieron sin más dilación porque, según lo han declarado, era inminente la amenaza de un golpe de carácter extremista totalitario, lo que aparece comprobado ostensiblemente con la documentación y el armamento realmente desproporcionado que se encontró en las residencias presidenciales, en las industrias, oficinas públicas y los sitios más insospechados".
En realidad, se establece entonces que la acción de la Cámara de Diputados, como declaración política, termina siendo efectivamente un acto de fiscalización. Y el Presidente de la República transforma ese acto político en una acción fiscalizadora.
En segundo lugar, en su carta manifiesta algo que pone en entredicho muchas de las opiniones que aquí se han dado a conocer, incluso una del Senador señor Moreno, en el sentido de que al Presidente de la República le faltó tiempo para llamar a un plebiscito. Pero en la carta que envía a la otra rama legislativa expresa su determinación de no variar en nada su acción ejecutiva y revolucionaria. Esto se produce dos días después de la declaración de la Cámara, lo que corrobora entonces el pensamiento nuestro de que no había ningún cambio, ninguna vuelta en las opiniones que se estaban dando a conocer y que efectivamente existía una acción -como lo dice el acuerdo de dicha Cámara-, destinada a socavar la institucionalidad del país, crear una serie de organismos militares paralelos, etcétera, en fin, las cosas conocidas por todos nosotros.
El pronunciamiento militar -porque efectivamente las Fuerzas Armadas se pronuncian ante el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia y de la declaración de la Cámara de Diputados, y por eso se le denomina "pronunciamiento militar" y no "golpe de estado"-, es el paso definitivo y lógico, después de lo que el Presidente Allende había señalado.
¿Qué viene después? Lo que se denomina "la guerra sucia". Los militares de Chile, de América y del mundo están preparados para las cosas propias del conflicto; pero en ese momento estaba la guerrilla, el extremismo. Y empieza una guerra sucia en el país, violenta, dura, con todos los elementos negativos consiguientes: la representación de Cuba, el muro de Berlín, la guerra de Angola, OLAS, la presencia del MIR, los montoneros en otras partes, los tupamaros, en Uruguay, la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, el M19, etcétera, constituyen un grupo de entidades que van avanzando en la destrucción de la institucionalidad.
Todos esos aspectos terminan por señalarnos que, independientemente de las opiniones que tengamos ¿es posible que nunca nos pongamos de acuerdo-, lo cierto es que hay constancia escrita de los hechos que ocurrieron, con las declaraciones correspondientes, y esto no debiera ameritar mayor discusión. El tema es otro. Los chilenos -creo que todos, aunque al parecer hay excepciones- buscábamos un camino común para ir avanzando hacia el futuro. Ésa es toda la cuestión.
Hicimos muchas cosas. Cuando detienen al Senador Pinochet en Londres, hay gestiones del Gobierno chileno. Primero establece la alternativa de traerlo, por no ser capaz de soportar un juicio por dos años. El Gobierno inglés no adujo que era incapaz de soportar un juicio por dos años en ese momento, sino que no era capaz de enfrentar un juicio de ninguna especie. Entonces, dispone el retorno del Senador Pinochet.
Hay, en consecuencia, una gestión del Gobierno de Chile. Y para los efectos de establecer un camino que permitiera el término de la acción política pública del Senador Pinochet, se considera que debe renunciar a su cargo. Nos dimos cuenta, sin embargo, que la Constitución no lo permitía. Hubo una reforma constitucional en que participamos todos. Luego, la Comisión de Derechos Humanos del Senado, por encargo de la Sala ¿es importante recordarlo-, había considerado no solamente la elaboración de un proyecto de ley para avanzar en el tema de los detenidos desaparecidos, sino también para hacer un análisis de los acontecimientos políticos de Chile en los últimos treinta años. Porque las cosas hay que verlas, estudiarlas y tenerlas presentes, para que no vuelvan a ocurrir excesos y problemas hacia delante. Dicha Comisión, digo, en vista del acuerdo de la Mesa de Diálogo, resuelve no avanzar en el proceso, porque todo se va entregando, o todo se va dando para que en definitiva los chilenos tengamos la tranquilidad y la paz suficientes para buscar caminos y alternativas comunes, que nos permitan efectivamente un desarrollo hacia el futuro, independientemente de lo que piense cada uno. Las discusiones recordadas por el Honorable señor Núñez son ciertas en torno de O¿Higgins, San Martín, y muchas otras cosas. Nuestra historia y la de los países latinoamericanos no han sido de calma y de paz. En ningún caso. Cada uno tiene su historia, con problemas y situaciones difíciles. Nosotros buscábamos una alternativa hacia delante.
¿Qué ocurre con la determinación de la Corte Suprema de Justicia? Nadie está desconociendo la validez de su fallo. Quien sostenga esa idea comete un error garrafal. La resolución se acata, pues deben respetarse los actos de la institucionalidad.
El problema radica en que dicho fallo produce un daño en la convivencia nacional. Ése es todo el asunto. Y la afecta en tal forma que hoy estamos nuevamente en el Senado discutiendo y recordando los hechos del pasado, muchas veces con situaciones de conflicto. Se manifiestan opiniones públicas diversas. Se entiende que toda la acción futura del juez Guzmán, sin duda alguna, será analizada políticamente, lo cual provoca una tensión en la sociedad. La aplicación de la justicia por cierto alcanza su plenitud cuando existe armonía entre la acción personal y social. Ningún acto de justicia debe dejar de lado la armonía social. Si existe alguna aplicación de justicia en que ésta se quiebra, no es justicia. Deben, necesariamente, considerarse estos aspectos.
Todas estas consecuencias son motivadas, finalmente, por el fallo de nuestro máximo tribunal. Y es eso lo que nos reúne hoy. No son las diferencias sobre nuestro pasado, ni la Declaración de Chillán de 1967 ni lo dicho por la Cámara de Diputados; ninguna de esas cosas. Aquí nos reunió el fallo de la Corte Suprema, el cual tensionó al país, quebró el camino de unidad que se estaba fabricando, echó por tierra nuestra reforma constitucional, debilitó la Mesa de Diálogo, no consideró el acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y, en fin, hizo que nada, sin excepción, sirviera. Esto ha provocado las tensiones del caso.
A mi entender, en las próximas sesiones -con esto termino, señor Presidente- debemos dedicarnos, básicamente, a buscar los caminos de futuro y entender que ello requiere el respeto a la historia, a los actores y, al mismo tiempo, el sentido profundo de un país que busca -como lo hizo Vietnam- un camino y una alternativa que nos permita a todos estar muy unidos. Eso no lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bombal.
El señor BOMBAL.- Señor Presidente, cuando escuché esta mañana la intervención del Senador señor Gazmuri, hubo dos conclusiones a las que arribó y que comparto plenamente: necesitamos una valoración ética de los derechos humanos y una condena a las violaciones a estos mismos derechos.
No podemos estar más plenamente de acuerdo.
Valoramos la ética de los derechos humanos por nuestras convicciones cristianas, aquí y fuera de Chile.
Rechazamos categóricamente las violaciones de los derechos humanos en la Unidad Popular, en el Gobierno militar, en los regímenes socialistas reales de Cuba, de la ex Unión Soviética, de Europa del este, del nazismo y también de naciones poderosas que, bajo el signo democrático, se han erigido en guardianes universales, atropellando derechos humanos de pueblos enteros. ¡No olvidamos los 100 millones de muertos que una doctrina en el siglo pasado tuvo como uno de sus grandes hitos!
Para asumir este compromiso hacia el futuro, no basta sólo con decirlo. No basta con disculparnos, a veces incluso en forma simple o liviana. No basta con imputarnos unos a otros muertes o violaciones a derechos humanos. Tampoco basta con decir "cometimos algunos errores".
El tema es más profundo y complejo, y creo que esta oportunidad nos permite analizar y rescatar de nuestro pasado elementos históricos que nos lleven de verdad a asumir los compromisos que señalé al comenzar mi intervención en profundidad y con sentido de futuro.
Debemos hacer un esfuerzo serio.
Me pregunto: ¿es que en este país, hace 30 años, todos se volvieron locos? ¿Es que las Fuerzas Armadas porque sí decidieron alterar su respecto a la doctrina constitucional de sujeción al orden institucional que profesaban? ¿Es que todo Chile se trastornó, desencadenándose una locura colectiva?
En este orden de ideas, quisiera analizar quiénes, por doctrina, por convicción y por estrategia de poder, legitimaron la violencia política; quiénes, por esas razones, desataron un proceso de odios y rencores, y quiénes persiguieron imponer un régimen no democrático, de corte abiertamente totalitario.
Aquí se han recordado episodios que son parte de la violencia política que ha vivido nuestro país. Pero el tema de fondo es que la violencia política es distinta cuando aparece como convicción doctrinaria. Eso hace toda la diferencia con aquellos episodios de violencia que a lo largo de nuestro pasado el país ha conocido. Porque, por primera vez en la historia republicana, la violencia, como método de acción política, aparece sustentada por quienes tenían una convicción doctrinaria. Y en consecuencia, tras esta convicción doctrinaria, aplicaban sus métodos. Y antes de alcanzar el poder, los métodos eran la violencia guerrillera para alcanzar la suma del poder total. Una vez alcanzado el poder, ya no utilizaban esos métodos, porque no les convencían, no les servían, porque ya lo tenían; y entonces la democracia se transformaba en el instrumento para desencadenar qué: ¡la toma del poder total!
Tal vez, dos documentos, hablan por sí solos. Quiero señalarlos. Se han repetido aquí.
En 1967, antes de ser Gobierno, un partido que sostuvo la coalición gobernante tres años después, afirmaba con convicción y doctrina, que "La violencia revolucionaria es inevitable y legítima", agregando que "Constituye la única vía" -fíjese, señor Presidente- "que conduce a la toma del poder político y económico y a su ulterior defensa y fortalecimiento. Sólo destruyendo el aparato burocrático y militar del Estado burgués se puede consolidar la revolución socialista.". Convicción doctrinaria, entonces, para imponer un método a la sociedad chilena con el que se pretendía alcanzar el poder total. ¿De qué estaríamos hablando hoy día, si aquello se hubiera consumado en aquel entonces?
En 1971, ya siendo Gobierno, ese mismo partido, en otro de sus congresos, lleno de convicción y doctrina, esta vez ya en el poder, señala: "Los próximos meses son decisivos en Chile, porque la lucha por el poder se dará en todos los frentes. Dentro de este sentido profundo de la historia y bajo la inspiración del marxismo leninismo, la humanidad ha dado un gigantesco salto," -se nos afirmaba- "transformando las relaciones humanas en el interior de los Estados y la correlación de las fuerzas entre ellos en la política mundial. A la revolución rusa siguió la revolución china y una serie de otros procesos revolucionarios, con idéntico sentido socialista, entre los cuales se destaca la lucha por la liberación de los países del tercer mundo y particularmente en América Latina la experiencia cubana.".
"La instalación del gobierno de la Unidad Popular presidida por Salvador Allende constituye un hito decisivo en la larga marcha por la conquista de todo el poder.". Ahí está el punto: ¡de todo el poder!
Terminaban llamando al pueblo de Chile a defender al Gobierno presidido por el compañero Salvador Allende y a conquistar todo el poder.
Ahí está todo el matiz de la gran diferencia existente entre lo que han sido hechos de violencia ocurridos en la sociedad chilena a lo largo de su historia republicana y este nuevo componente que es el que en definitiva aterroriza a Chile, y que a la gente le infunde temor. Porque en la conciencia de los chilenos están presentes las realidades de Europa del este, de la Rusia Soviética, de África, de Asia y, también, de Cuba.
Entonces, ahora uno se explica y entiende cómo el entonces Presidente Eduardo Frei Montalva afirmó en una entrevista que lo relevante aquí era que la Unidad Popular seguía conscientemente una política que condujera al caos y a la locura colectiva, que las fuerzas militares habían salvado realmente al país de su total aniquilamiento y que la Democracia Cristiana, naturalmente, no deseaba esto último. Y habría agregado: "Usted no desea operarse de cáncer, pero llega el momento en que usted tiene que operarse de cáncer. Nuestros cirujanos son las Fuerzas Armadas, y el pueblo solicitó su intervención insistentemente, estruendosa y heroicamente.".
Se ha dicho que esa entrevista no fue reconocida por el ex Presidente Frei Montalva. Lo acepto. No puedo poner en duda esa afirmación. Pero entonces, veamos qué dijo el ex Mandatario señor Eduardo Frei al Presidente de la Unión Mundial de la Democracia Cristiana, señor Mariano Rumor:
"¿Cuál era el fondo del problema?
"El fondo del problema es que este gobierno minoritario, presentándose como una vía legal y pacífica hacia el socialismo -que fue el slogan de su propaganda nacional y mundial- estaba absolutamente decidido a instaurar en el país una dictadura totalitaria y se estaban dando los pasos progresivos para llegar a esta situación, de tal manera que ya en el año 1973 no cabía duda de que estábamos viviendo un régimen absolutamente anormal y que eran pocos los pasos que quedaban para instaurar en plenitud en Chile una dictadura totalitaria.".
Más adelante, consignaba: "A este cuadro político se agregan dos hechos que han sido determinantes en el proceso chileno.
"El primero, instaurado el gobierno convergieron hacia Chile varios miles de representantes de la extrema izquierda, de la guerrilla y de los movimientos de extrema izquierda revolucionaria de América Latina. Llegaron elementos tupamaros del Uruguay, miembros de guerrillas o movimientos extremos del Brasil, de Bolivia, de Venezuela y de todos los países vecinos", etcétera.
Y continuaba: "Hombres conocidos en el continente por sus actividades guerrilleras eran de inmediato ocupados en Chile con cargos en la Administración, pero dedicaban su tiempo muchos de ellos al adiestramiento paramilitar e instalaban escuelas de guerrillas que incluso ocupaban parte del territorio nacional", etcétera.
"El segundo, fue la acelerada importación de armas" ¿continúa diciendo el ex Presidente Frei Montalva-, quien agrega: "El Partido Demócrata Cristiano denunció continuamente este hecho. Hay más de cincuenta documentos publicados por el Partido y dados a conocer en el Parlamento respecto a la internación ilegal de armas".
Hubo que dictar una ley, que contó con todo el respaldo ¿la Ley Carmona-, e hizo posible, según palabras del Mandatario de la época, que "Las armas hasta ahora recogidas¿permitirían dotar a más de 15 regimientos y eso que una abrumadora proporción aún no ha sido descubierta.".
Suma y sigue, señor Presidente. El punto es que, frente a esta maciza realidad, ante la historia, se nos dice que hubo una gran autocrítica y arrepentimiento. Valoramos esa actitud y la compartimos. Y, como se ha dicho aquí, tal vez debiera ser una actitud mucho más amplia de todos los sectores. Se dice, a renglón seguido: "No supimos realizar el programa. Se quebraron las fuerzas democráticas. Fuimos ambiguos sobre la violencia". ¿Ambigüedad? ¿Con esos documentos tan macizos, que nos dicen que no hubo tal ambigüedad respecto de la violencia?
En esta sesión surge una pregunta, y la preocupación se profundiza cuando no se escucha nada sobre el problema de fondo; nada en relación a la doctrina y las convicciones del pasado; nada acerca de los fundamentos y los objetivos para lograr la suma del poder; nada sobre las estrategias que se empleaban, que se emplearían y que se emplearon para alcanzar el poder total.
Hasta el día de hoy, uno de los pocos países del mundo que aún mantiene en sus estatutos el carácter marxista-leninista es el Partido Socialista chileno. Eso explica quizás la profunda convicción doctrinaria de sus adherentes.
Se nos dice: "¡Hacia el futuro, nunca más!" Compartimos eso. La importancia de tal aserto es qué significación histórica tienen quienes asumieron de esa forma, con tanta convicción, la violencia.
Señor Presidente, el asunto es otro, y uno debe señalarlo en esta Sala. Estamos llamados a superar esa historia. Valoro mucho la renovación, a pesar de lo señalado, que han experimentado las dirigencias de Izquierdas respecto de lo que ha sido la evolución de la sociedad contemporánea. Valoro también la forma como las Fuerzas Armadas chilenas entregaron el poder. Valoro la democracia que tenemos en la actualidad. Y, precisamente, invocando esos grandes valores que radican donde convergen fuerzas que ayer fueron antagónicas y que tienden a la coincidencia, en esa perspectiva, uno tendría que convenir con Jaime Guzmán, quien afirmaba: ¡Qué valioso es asumir la historia de nuestra sociedad con mesura, prudencia, rigor, entrega y testimonio! El testimonio de Jaime Guzmán ha sido más que elocuente respecto de lo que fueron y lo que son nuestras convicciones. Y por eso mismo es que, cimentados en él, levantamos nuestra voz para decir que, con todo lo sucedido, no nos resulta ni puede resultarnos indiferente o ajeno el dolor que unos y otros compatriotas hayan sentido a la hora en que esas situaciones explotaron y se dieron de la forma como sucedieron.
Lo he dicho una y otra vez en el Senado: debemos saber cruzar a la vereda de enfrente para entender que el dolor del otro también nos pertenece. Si queremos un país unido, que comparta su realidad, más allá de los aciertos o desaciertos de las convicciones que se hayan tenido en otro tiempo, debe asumirse que en su evolución ha habido renovación de todos los sectores. Porque, ante el desafío que tenemos por delante, no tenemos derecho de enrostrar a los jóvenes de hoy nuestras "trancas" -perdónenme la expresión- de hace treinta años. Eso no lo merecen los jóvenes de nuestro país.
Por eso, entonces, se deben valorar las actitudes de uno y otro lado, y reconocer los errores y desaciertos. Para que nunca vuelva a suceder aquello, debemos adoptar una actitud constructiva y valorar los grandes testimonios y el dolor que unos y otros han sufrido, asumiéndolo como propio, de todo Chile.
Lo he dicho y lo repito una vez más: no me resulta indiferente el dolor de las viudas y huérfanos de los últimos 40 años de la vida política chilena. Por lo mismo es que, en ese espíritu, quienes tuvieron la convicción que los llevó a la búsqueda del poder total y no lo consiguieron ¿lo que generó la reacción que todos conocemos-, en la actualidad han asumido, dentro de la realidad del juego democrático, una historia distinta, que nos habla de que Chile es posible en la medida en que ponga su mirada hacia delante, sin venganzas, rencores ni odios, sin hacer desfilar a todos por los tribunales de justicia. Y cuando digo "a todos", me refiero a los de un lado, no a todos los que debieran ser sometidos a juicio. Por lo demás, a estas alturas, ¿es un juicio necesario, coherente o que tenga sentido?
En verdad, los antecedentes son muy diferentes. No pretendemos escribir nosotros la historia ni impedir que otros lo hagan. Dejemos que la historia se escriba como se debe; pero al menos -y con esto termino- digamos a los jóvenes que en Chile y en el Senado de la República estamos dispuestos a ofrecerles caminos de futuro; que con respeto y prudencia vamos a recoger los hechos históricos y a considerar los acontecimientos, y que, sobre todo, con coraje asumiremos el desafío que tenemos por delante.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Cordero.
El señor CORDERO.- Señor Presidente, la historia, que es la huella de la vida, nos entrega numerosos elementos para comprender el origen de la profunda crisis que hace treinta años llevó a nuestro país a la destrucción de su sistema institucional democrático, conjuntamente con la ruina económica y el rompimiento de la convivencia social.
Para comprender mejor las causas de este profundo quiebre, deseo remitirme al libro "La historia del Partido Socialista de Chile", del intelectual de esa colectividad política don Julio César Jobet. En él, destaca la importancia que tuvieron en la evolución política del país los acuerdos de los congresos de la referida colectividad, de julio de 1965 y noviembre de 1967, llevados a efecto en Linares y Chillán, respectivamente.
No me referiré al contenido ideológico de ambas reuniones, que, por cierto, llamaban a la toma del poder por la vía violenta, pues han sido profusamente aludidas.
Los antecedentes aportados por la referida obra eran señales de la lucha armada que, con intervención externa, organizaban los socialistas de la época, durante el Gobierno de la Unidad Popular.
Mucha gente espera que surja una respuesta en el debate político en que nos encontramos inmersos, y que, seguramente, nos llevará a conocer las razones que tuvieron las Fuerzas Armadas y Carabineros para oponerse a un régimen que quería imponer su modelo de sociedad mediante la violencia.
Debemos recordar que hasta 1973 el estado del país era desolador: una inflación jamás vista en la historia chilena; una producción estancada; violencia y asesinatos; ocupación de tierras; ataques a la propiedad privada; desesperación de las mujeres que no podían alimentar a sus hijos; oposición de los colegios profesionales; clima de enfrentamientos y desesperación entre la gente; huelgas y paros de casi todos los trabajadores, exigiendo que el Gobierno de la ex Unidad Popular mejorara sus condiciones.
Pero el destino ya tenía un día señalado. El 23 de agosto de 1973, la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo por amplia mayoría, que señalaba: "PRIMERO.- Representar a S.E. el Presidente de la República" -Salvador Allende- "y a los señores Ministros de Estado miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República¿".
"SEGUNDO.- Representarles, asimismo, que, en razón de sus funciones, del juramento de fidelidad a la Constitución y a las leyes que han prestado y, en el caso de dichos señores Ministros, de la naturaleza de las instituciones de las cuales son altos miembros y cuyo nombre se ha invocado para incorporarlos al Ministerio, les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas, que infringen la Constitución y las leyes, con el fin de encauzar la acción gubernativa por las vías del Derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos;".
En dicho acuerdo se mencionan las transgresiones una por una. Por ejemplo: burlar la labor fiscalizadora del Poder Legislativo; minar la autoridad del Poder Judicial; violar los derechos y libertades de los ciudadanos; atentar gravemente contra la libertad de expresión; utilizar a las Fuerzas Armadas y a Carabineros con fines partidistas; violar el principio de autonomía universitaria; atentar contra la libertad de enseñanza, etcétera.
En esta espiral de violencia, que ya se veía en la década de los años sesenta, hubo un cambio significativo para la policía, pues en la medida en que se tornaban más álgidas las tensiones sociales y, por ende, la lucha política en el país, Carabineros fue adquiriendo un perfil cada vez más enfocado a la lucha antisubversiva. Esto se vio reflejado en el surgimiento de unidades antimotines. Desde 1962, Carabineros comenzó a utilizar cascos para actuar en las manifestaciones públicas. Y el 9 de febrero de 1963, se crea el Grupo Móvil (disuelto posteriormente por el Presidente Salvador Allende), que hoy corresponde a las Fuerzas Especiales.
En esta patria dividida, en los años setenta, a Carabineros le cupo preservar el orden y garantizar la seguridad de las personas a costa de sus propias vidas. Era común enterarse por los medios de prensa de los ataques de que carabineros solían ser víctimas.
Sólo recordemos que el 26 de noviembre de 1970 Carabineros repele un ataque a tiros de que es objeto en el fundo Lo Prado Abajo. El Presidente Allende ordena entonces que se realice un sumario, que culmina con la desautorización de la fuerzas policiales. El Jefe de Estado había recién asumido el 3 de noviembre de ese año el mando de la nación.
De los enfrentamientos ocurridos en esa turbulenta época, nadie se acuerda del cabo de Carabineros Exequiel Aroca Cuevas, que fue ultimado a tiros desde la propia sede del Partido Socialista de Concepción el 30 de agosto de 1972 cuando disolvía a un grupo de manifestantes, transformándose en una de las primeras víctimas del extremismo de Izquierda. Su muerte gatilló los graves sucesos acaecidos en esa ciudad.
En los aciagos hechos que marcaron a la sociedad chilena durante la época en comento, cayeron muchos militares y carabineros, abatidos o destrozados por las balas o esquirlas de la violencia.
El debate nos ha permitido oír esta mañana algunos reconocimientos de culpabilidad, suaves, tangenciales, y cuidando, por cierto, que dichas culpabilidades sean meramente ideológicas y no penales, como existieron. Se han rasgado vestiduras y se solicita que el dolor de Chile no vuelva a repetirse.
¡Qué importante, qué valiente y qué injusto tratar el tema (reconozco que no se ha rehuido)! Pero cual diestro torero, se han hecho todas las verónicas necesarias para no infectarnos con el resultado de los desatinos políticos del pasado.
Nadie ha reconocido responsabilidad penal. Y me pregunto, ¿de qué grupo político dependían el MIR, la VOP, la Ramona Parra o el Frente Patriótico Manuel Rodríguez? Y, por supuesto, hago otra reflexión. ¿Quién ordenó matar a los carabineros? ¿Quién ordenó robar sus armamentos? ¿A qué ideología política pertenecían los inductores de esas muertes? ¿Será que los carabineros y sus familias son parte de una tercera categoría, cuyos asesinatos no constituyen delitos?
Otra reflexión. Nuestra legislación contempla la pena de muerte para los autores de asesinatos de carabineros en el ejercicio de sus cargos. Y de nuevo me pregunto: ¿cuántos autores de asesinatos de carabineros, delitos cometidos con todas las agravantes que la ley contempla, fueron fusilados? Respuesta: ¡ninguno, señor Presidente! ¡Ninguno! Hacer justicia a un carabinero muerto o a su modesta familia no produce dividendo alguno.
Qué triste resulta escudriñar entre tantas palabras, conceptos y deliberaciones altisonantes, que a nadie, señores Senadores -¡a nadie!-, sensibiliza la muerte de un carabinero, que no sea a los propios carabineros.
¡Qué penoso resulta a veces comprobar que carabineros dispuestos a entregar sus vidas por defender la integridad de la autoridad a la cual se les ha encargado custodiar, cuando apenas la deja sana y salva en la Sala que le entrega inmunidad, ésta lo traiciona votando contra los intereses de la función que cumple este servidor del orden, minimizando su trabajo y, a veces, desprotegiéndolo con modificaciones injustas y caras!
Las madres, esposas, hijos y familiares de carabineros caídos en el cumplimiento de su deber también pidieron ser consideradas en la Mesa de Dialogo, porque deseaban saber quienes mataron a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos, a sus seres queridos. Pero sólo hubo silencio.
Y como dijo el poeta: ¡Tras la paletada, nadie dijo nada¿!
Gracias, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zurita.
El señor ZURITA.- Señor Presidente, no había pensado participar en el debate. Se han dicho cantidad de cosas, tanto por un lado como por otro. Pero suscribo plenamente las palabras del primer señor Senador en abrir el debate, que dijo: "Pedir perdón y conceder perdón". No nos refiramos a la expresión "verdad y justicia", que luego se transforma en "verdad y venganza". O sea, perdonémonos unos a otros y, de ese modo, andaremos mejor.
Intervengo en esta discusión sólo porque estoy hastiado de escuchar la monserga de que "nunca se acogió un recurso de amparo", o la de "¡cuántas muertes se habrían evitado si se hubiera acogido un recurso de amparo!". ¡Falacia absoluta!
¿Qué es el recurso de amparo? Es un procedimiento antiquísimo, digno de todo respeto, que exige ciertos requisitos. Si quiero interponer un recurso de amparo, debo decir: "Recurro de amparo contra fulano de tal, que me arrestó sin tener facultades para ello; o, que me arrestó, aún cuando dispone de facultades, en un caso no previsto por la ley; o, que me arrestó no existiendo antecedentes que lo justifiquen, aún tratándose de una situación prevista en la ley".
¿Cómo se recurría de amparo en tiempos del Gobierno militar? Se decía: "Señor, individuos no identificados estuvieron en mi casa anoche y se llevaron detenido a mi esposo, a mi mujer, a mi hijo, a mi hermano, etcétera". En la primera etapa, los Ministros de Corte de Apelaciones ¿encontrando buena aplicación a la ley- señalaron que tales recursos eran inadmisibles, que no eran recursos de amparo, que se trataba de denuncias de secuestros, de una presunta desgracia; y los rechazaron.
La Excelentísima Corte Suprema ¿a la que el Senador que habla no pertenecía en esa época- dispuso investigar. ¿Qué cosa? "Pregúntese al Ministro del Interior, al Ministro de Defensa, al Jefe de Plaza.". Así lo hicieron las Cortes. ¿Cuál era la respuesta? "No lo hemos detenido", o bien, "Lo hemos detenido, pero en virtud del decreto exento dictado en virtud de las facultades extraordinarias de la Junta de Gobierno", con lo cual el recurso se encontraba informado y no podía prosperar, porque a los jueces no les era posible derogar aquel decreto.
Tan cierto es ello, que la mayoría de los recursos rechazados corresponden a individuos aún no encontrados. O sea, todavía no se podía informar.
Vuelvo un poco atrás.
Se habla del comportamiento de la Corte Suprema entre 1973 y 1990. Fui relator de ella entre septiembre de 1969 y diciembre de 1974. Por consiguiente, escuché a los piquetes que, capitaneados por un funcionario del Ministerio del Interior, asistían a la plaza de los tribunales a gritar insultos que no vale la pena repetir, porque todos los conocemos. ¿Qué ocurre, entonces? Los jueces se sienten atropellados, protestan. No se les hace caso.
Y viene luego la dificultad de los recursos de amparo, uno tras otro. ¡Fueron miles! La Corte de Apelaciones de Santiago tuvo que establecer una Secretaría especial. Hoy en día, ¿cuántos hay? El de Arellano Stark, y quizá ninguno más. Porque en esa época todos eran recursos de amparo. De siete mil, más de cuatro mil resultaron injustificados, pues los afectados aparecieron después o fueron puestos en libertad. O sea, los legítimos son los correspondientes a los desaparecidos.
Por tal motivo, hago una distinción: no puede prosperar el amparo dirigido contra personas no determinadas; sí puede hacerlo el que expresa: "Fulano de tal efectuó la detención.".
Ya di un ejemplo esta mañana. Y puedo exponer dos más. Los Honorables señores Lavandero y Valdés fueron objeto de una detención por el Ministro señor Dreyse. Interpusieron un recurso de amparo, y una Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago lo acogió y los puso en libertad.
Asimismo, el Ministro señor Correa Bulo procesó y detuvo a los señores Sebastián Piñera y Carlos Massad. Y una Sala de Corte de Apelaciones, de la que formé parte -en esa época ya había pasado a ese tribunal-, acogió el recurso de amparo pertinente, con lo cual al país le fue posible gozar de un Senador durante un período y de un excelente Presidente del Banco Central (a juicio de algunos; quizás no de otros...).
Más adelante se analizaron muchos casos. Porque se afirma que los magistrados eran esclavos del poder militar.
A título de recuerdo ¿¡lamento carecer de la aptitud de otros, que me permitiría escribir mis memorias privadas de juez sobre sentencias públicas...!-, puedo mencionar la situación del señor José Cademártori, Ministro de Economía el 11 de septiembre de 1973. Ese día salió de su casa en el auto del Ministerio del ramo rumbo a su oficina, donde se impuso de la marcha de los acontecimientos. Entonces, indicó a su chofer que lo llevara a la Secretaría General del Partido Comunista. Allá no había nadie. Luego determinó: "Vámonos a MADECO, donde el sindicato es nuestro.". Tampoco había nadie. ¡Si no todos los cordones funcionaron: algunos se soltaron...! Entonces, el señor Cademártori tomó una decisión lógica: dejó el vehículo, con las llaves, en el Sindicato de MADECO, envió al chofer para la casa y se asiló. Como nunca faltan los burócratas que echan de menos las cosas, uno de ellos reparó en que el auto del Ministerio de Economía no estaba. Y un juez carente de tino encargó reo a Cademártori como autor de apropiación indebida de un bien fiscal.
También integré la Sala que conoció de la apelación de ese auto de procesamiento, el que fue revocado con los votos de los Ministros Dunlop, Novoa y quien habla. Porque, sin duda, era un disparate: el afectado ejercía el cargo de Ministro el 11 de septiembre; el que después no pudiera desempeñarlo constituía una cuestión que le era ajena. ¿Y dónde se hallaba el vehículo? En manos de un Capitán de la Escuela de Aviación que había asumido el control del Sindicato de MADECO.
Igualmente, un burócrata de Impuestos Internos, creyendo congraciarse con las autoridades, realizó una investigación y encargó reo por un delito tributario al señor Kirberg, rector de la Universidad Técnica del Estado. La misma Sala que mencioné, conociendo del recurso respectivo y encontrando que los antecedentes eran insuficientes, revocó el auto de reo y dispuso la libertad del afectado.
Y, por último, hace algunos años, siendo ya Ministro de la Corte Suprema, conocí de un recurso de queja interpuesto por el señor Oscar Garretón en contra de la Fiscalía Naval que lo había encargado reo como autor del delito de rebelión y de instigar a la marinería, el cual, en realidad, había sido cometido por el señor Altamirano. Era cuestión de ver el proceso, donde constaba una declaración del señor Garretón, que no podía ser más digna: reconoció haber asistido a una reunión en que los marineros le plantearon lo que pensaban hacer, señalando que les manifestó su opinión contraria, por considerar que se trataba de un disparate. Y ésa fue toda su intervención. Entonces, ¿en qué se sustentaba el auto de reo? Éste se dejó sin efecto.
Por ello, no se puede sostener que los tribunales y la Corte Suprema eran asalariados o esbirros del poder militar.
Escuché, también, un comentario acerca de nuestro pronunciamiento sobre el Ministro Juica. ¡Si ese magistrado llegó por azar a la quina! Se llenaron los primeros cuatro nombres, y para el quinto, dos ministros empataron a tres votos. Doña Raquel Camposano había sacado siete. En el "cara o sello", salió Juica. Estimo que el Senado procedió notablemente bien al no aceptar la proposición relativa a este último, en contraposición a los méritos de Raquel Camposano.
La señora MATTHEI.- ¡Se hallaba vetada!
El señor ZURITA.- No quiero hacerme eco de lo que dicen las malas lenguas: "A Juica no lo nombraron porque quería procesar a Stange", en tanto que Raquel Camposano no habría sido considerada por procesar a Schilling y a Mery. Creo que no es así. Los jueces actuaron de acuerdo con su criterio.
Antes de terminar, sólo quiero formular una puntualización.
No deseo criticar el fallo del desafuero. No es éste el momento ni el lugar para ello. Y sería de mal gusto que yo lo hiciera. El Presidente de la República se ha jactado de que deben cumplirse las sentencias. Por mi parte, afirmo lo mismo. Y, como una manera un poco elíptica de protestar, digo: "Por equivocado que sea, cúmplase.".
Nada más.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Urenda.
El señor URENDA.- Señor Presidente, Honorables colegas, es a esta Alta Corporación a la que más corresponde pensar el futuro, así como debatir y analizar el Chile que queremos.
En esa perspectiva, esta sesión adquiere una singular trascendencia. El futuro, cuyas bases sentamos en el presente, no puede escapar a la verdad de lo que fuimos e hicimos en el pasado. No es posible alterar, modificar u ocultar nuestra historia, menos si el propósito de ello es eludir responsabilidades o asignarlas a otros. Si así ocurriera y lo permitiésemos, el autoengaño colectivo llevaría implícitos los riesgos de repetición de los mismos errores y nada habríamos aprendido.
Creo ser un buen testigo de los acontecimientos, por haber vivido en Chile -ya maduro y padre de ocho hijos- antes, durante y después de la Unidad Popular, trabajando activa y pacíficamente, y por haber tenido la oportunidad de tratar con muchos chilenos que se encontraban en el extranjero, voluntaria o forzadamente.
Hoy, luego del fallo de la Corte Suprema que privó de fuero al Senador señor Pinochet ¿ya lo analizaremos en detalle-, no puedo sino recordar el principio impuesto por Mao, en la China de la Revolución Cultural, para sentenciar a millones de inocentes: "Donde hay voluntad de condenar terminan por aparecer las pruebas"; y advertir que, como derivación, muchos intentan borrar, ocultar o alterar el pasado.
Las circunstancias obligan, pues, de acuerdo con mi criterio, a mostrar el Chile de la época en que las Fuerzas Armadas asumieron el poder.
Esta necesidad de exhibir la verdad se transforma en un ineludible deber, no deseado, que se acrecienta cuando veo que el mismo político que atacó con tanta dureza al Gobierno de Allende; que no pudo evitar los abusos de esa Administración y llegar a un acuerdo, y que indujo a las Fuerzas Armadas a intervenir, ha sido, con sus recomendaciones a la Corte Suprema sobre la aplicación de la amnistía, el principal obstáculo para terminar la transición y reconciliar a los chilenos; y con su frase "la Unidad Popular cometió errores, y el Gobierno militar, horrores" sigue contribuyendo a dividir a los chilenos.
Bien sabemos quienes estamos en esta Sala lo que fue el Gobierno de la Unidad Popular y a qué nivel de pobreza, división y desorden condujo a Chile; y todos estamos gozando de las ventajas del país que entregaron las Fuerzas Armadas.
Aún más, muchos de los que hoy se encuentran aquí -o estaban- suscribieron la Declaración de la Cámara de Diputados de 23 de agosto de 1973, la cual resumía lo que era el Gobierno de la época y el estado en que se hallaba el país, e implícitamente daba a entender que sólo las Fuerzas Armadas podrían poner término a la catástrofe. Ello, porque habían podido constatar dolorosamente cómo eran de falsas las promesas de construir una vía pacífica al socialismo y cómo el Estatuto de Garantías solicitado por la DC se había convertido en un pedazo de papel sin valor alguno.
No está de más a este respecto recordar que el estimado colega don Juan Hamilton ya el 1º de septiembre de 1972 había pedido la abdicación de Allende, como una manera de poner término a una situación que se veía insostenible.
No quiero abundar en antecedentes que acreditan la catastrófica condición en que se encontraba la economía del país, ni mencionar los muchos actos que demostraban la profunda división de los chilenos. Sólo deseo destacar cómo existía información más que suficiente para concluir que, si no se ponía coto a la situación, el país viviría los mismos horrores que han soportado prácticamente todos los pueblos de la tierra sometidos al marxismo.
Las decenas de millones de víctimas en Rusia, China, Vietnam, Camboya, Hungría y Polonia, en naciones de Africa y en nuestra América eran muestras del peligro que se cernía sobre la patria. Y no había razones para suponer que ello no ocurriría en nuestro país.
El Chile de los años 70 no era el de la plena normalidad democrática, ni el Gobierno que asumió don Salvador Allende tenía como norte respetar la Constitución y la ley.
La verdad era otra. El país estaba concebido como un escenario más donde debía promoverse y fomentarse la lucha de clases, única herramienta válida para terminar con la burguesía e imponer la dictadura del proletariado. No importaba ni tenía valor alguno que esa propuesta fuera impulsada por un minoritario grupo de ideólogos y que dos tercios del país la rechazara.
El Secretario General del Partido Comunista, Luis Corvalán, exponía ya en 1969, en su informe al Pleno del Comité Central, que el camino ni siquiera debía ser conquistar la mayoría por medio del sufragio universal para así llegar al poder, sino que, basándose en la doctrina de Marx y en la experiencia de la revolución rusa, el proletariado debía derrocar primero a la burguesía y después utilizar el poder estatal, como instrumento de su propia clase.
El asalto al poder para iniciar la dictadura del proletariado era la verdadera y única premisa. Y en ese camino coincidía también el Partido Socialista en su Congreso de Chillán, como ya se ha hecho presente en este debate.
A fin de conocer el pensamiento de este Partido respecto de otros que le han acompañado más de una vez, conviene recordar el siguiente párrafo, que es bastante claro: "Los intentos de incorporar al radicalismo al seno de la Izquierda, significan asegurar, artificialmente, la supervivencia de un partido caduco, que no expresa social ni ideológicamente a ninguna fuerza progresista y que aspira a subsistir como factor político, mediante desplazamientos oportunistas en el dispositivo político nacional, que le permiten poner precio a su menguante "poderío" parlamentario y electoral, como la ha demostrado, hasta la saciedad, la experiencia política de los últimos veinte años. Es la descomposición de los partidos Radical y Demócrata Cristiano, y no su artificial supervivencia, el objetivo que busca la Izquierda Revolucionaria como uno de los medios más adecuados para ir definiendo el campo político chileno.".
¡Así de categóricos eran los socialistas!
En la misma perspectiva, el MIR reiteraba -a poco de asumir Allende- que la tarea consistía en "organizar política y militarmente al pueblo" y que tras ese fin toda acción era legítima. Con igual razonamiento, se desconocía validez a la "justicia burguesa" y se llamaba a "eliminar a los momios".
Todos esos postulados serían, aunque a veces con disimulo, sistemática y metódicamente ejecutados. Resultaba imperativo imponer la revolución y liquidar a todos sus enemigos. El modelo para el país era la Unión Soviética -la hermana mayor-, y la experiencia que debía recogerse para aplacar toda resistencia debía tomarse de Hungría, Polonia, Cuba, Vietnam, y particularmente de lndonesia, que enseñaba a descabezar los mandos militares.
Ése era el Chile real de los años 70 a 73, con una minoría dispuesta a todo y una gran mayoría atemorizada, que veía con terror que ninguna de las instituciones que valoraba y en las cuales confiaba merecía el mínimo respeto de los revolucionarios y del Gobierno. De nada servían el Parlamento, la Contraloría o los Tribunales de Justicia. Muchos son los acuerdos, oficios y resoluciones que dan prueba de ello.
Y todo sucedía mientras el país entero demostraba su repudio al Régimen que lo conducía a la catástrofe; porque, tal como está ratificado en los testimonios de muchos -entre ellos, especialmente, el del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, en su carta a Mariano Rumor y en su correspondencia con Bernardo Leighton-, el factor predominante era el odio y se actuaba con la certeza de que la ciudadanía estaba indefensa.
Los grupos y movimientos revolucionarios habían coordinado y armado los "cordones industriales y poblacionales"; arsenales clandestinos e ingreso ilegal de armas eran descubiertos, y ya se había registrado la entrada de más de 15 mil extranjeros, provenientes de naciones socialistas, particularmente de Cuba, país que incluso tenía en el General De la Guardia su jefe en Chile, al cual Castro condecorara.
Nada hacía presumir que Chile iba a ser la excepción en la ruta de las sangrientas revoluciones que servían de inspiración a los líderes del marxismo local. El único escollo lo constituían las Fuerzas Armadas, y el riesgo estaba en que se cumplieran los objetivos de infiltración e insubordinación que respecto de ellas se perseguían. La otra opción, ya lanzado el autogolpe, era descabezarlas, eliminando a sus máximos oficiales.
A todo ello y a la expectativa cierta de una guerra civil se anticiparon nuestras Fuerzas Armadas. Su intervención fue oportuna, necesaria y legítima.
No citaré aquí las declaraciones de don Eduardo Frei Montalva a "ABC", que han sido impugnadas, pero, sí, deseo mencionar lo que él, doce meses después, expresó en su carta a Mariano Rumor, refiriéndose a la pérdida de la democracia: "A nuestro juicio la responsabilidad íntegra de esta situación -y lo decimos sin eufemismo alguno- corresponde al régimen de la Unidad Popular instaurado en el país.".
Más adelante señaló: "A mi entender, Chile afronta un período en extremo difícil y duro. Yo diría tal vez el más difícil de su historia. El desastre económico no se conocía en su verdadera magnitud.".
Y agregó en otro párrafo: "Las Fuerzas Armadas -estamos convencidos- no actuaron por ambición. Más aún, se resistieron largamente a hacerlo.".
Otro ex Presidente de la República, don Patricio Aylwin, a la sazón Presidente del Senado, había descrito, en 1972, las ilegalidades del Gobierno y el nulo respeto del propio Jefe del Estado por las instituciones democráticas.
Ése era el cuadro que tenían las Fuerzas Armadas al momento en que, recogiendo el clamor popular, decidieron terminar con el Gobierno de Allende y restablecer el orden y reconstruir la patria.
La intervención y la toma del poder causaron, afortunadamente, muchísimas menos pérdidas de vida que las que habría ocasionado un autogolpe o una guerra civil, con cientos de miles de muertos, como lo anunciara el General Prats. Si no hubiere sido por la eficacia, el profesionalismo y la contundencia con que actuaron las Fuerzas Armadas, ¡cuántas decenas de miles de chilenos habrían perecido y cuántos horrores habríamos contemplado!
Es indudable que, después de sucedidos los hechos y de pacificado el país, muchos se pregunten cuánto del fracaso de las fuerzas de Izquierda obedeció a que los líderes que pronunciaban encendidos discursos y estaban tan ciertos de derrotar a las Fuerzas Armadas y de incendiar a Chile por sus cuatro costados habían exagerado su poderío en forma muy imprudente o, simplemente, no estuvieron a la altura de las circunstancias. El grueso de ellos se sumergió, se refugió en las embajadas o, simplemente, huyó del país, dejando abandonados a su suerte a quienes no alcanzaron a apreciar el engaño a que fueron sometidos de manera ingenua.
Es posible que la acción de las Fuerzas Armadas aparezca hoy desmedida frente a la forma en que pudieron dominar a quienes decían tener un gigantesco poderío, tanto tal vez porque éste no era tan sólido como lo pregonaban cuanto porque fueron abandonados por muchos de sus líderes. Sin embargo, gracias a que ello ocurrió se evitaron numerosas muertes y los enormes horrores de una guerra civil.
Es inaceptable que muchos que no respondieron en el momento decisivo a lo que habían pregonado y sostenido, olvidando sus responsabilidades, ahora, de vuelta a una patria reconstruida, pacificada y progresista, ataquen con tanta virulencia a quienes hicieron posible que Chile tenga un gran destino como nación independiente; denuesten y pretendan condenar a los que, llamados por el pueblo, debieron hacer el trabajo difícil y duro de poner término al caos, recuperar la economía y establecer una nueva institucionalidad; y no contribuyan a la unificación de los chilenos en la conquista del futuro.
Es fácil decir hoy que se equivocaron y no mencionar que sus errores resultaron tremendamente dolorosos para la patria y fueron motivo directo o indirecto de más de un horror, que todos lamentamos, y pudieron ser la causa de una catástrofe de proporciones imprevisibles al habernos convertido en una Cuba o haber sufrido como todos los demás pueblos que el socialismo conquistó con sangre.
El propósito de nuestras Fuerzas Armadas, en septiembre de 1973, fue el de poner término a la destrucción para iniciar la reconstrucción. Jamás hubo, ni en el General Pinochet ni en quienes le acompañaron, una visión de poder absoluto como el que buscaban quienes habían alcanzado el Gobierno en 1970. De parte del Régimen militar hubo un itinerario, una Constitución y un compromiso de traspasar el poder al mundo civil. Todo lo cumplió con honor. Nunca una dictadura habría seguido ese camino.
Ésa es la verdadera historia y nadie puede aceptar que se la falsee. Es más, quienes creyeron e impulsaron el marxismo revolucionario y la dictadura del proletariado no pueden pretender que por la autocrítica de sus errores -que apreciamos como una esperanza de poder abordar juntos el futuro- se olviden los horrores que provocaron y que se habrían incrementado enormemente de haber tenido éxito.
Y, si no es justo responsabilizar a las Fuerzas Armadas como causantes de la crisis institucional de los años setenta, tampoco lo es lesionar su honor pretendiendo involucrarlas, como instituciones, en hechos posteriores a 1973, pues de ellos sólo pueden responder las personas que no pudieron o no supieron enfrentar el terrorismo.
Todos tenemos voluntad de reencuentro, pero la unidad debe construirse sin alterar la historia ni eludir las responsabilidades. Las ficciones, sean jurídicas o políticas, precisamente por intentar ocultar el pasado jamás ayudarán a mejorar el futuro.
Para terminar, abrigo de todo corazón la esperanza de que el espíritu que hemos ido construyendo y viviendo en el Senado, no lo usemos para la venganza o la revancha, sino para luchar juntos por ese Chile más unido y mejor que -estoy seguro- todos anhelamos.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Stange.
El señor STANGE.- Señor Presidente, a principios de 1959 Cuba cae en manos de Fidel Castro y sus guerrilleros y se da comienzo al enjuiciamiento de sus opositores políticos, calificados unilateralmente como "contrarrevolucionarios". Opera el siniestro "paredón" y Castro reconoce posteriormente que el primer año de la toma del poder hubo 550 fusilados.
El derrocamiento de Batista y la presencia revolucionaria de Fidel Castro y del "Che" Guevara son recibidos con benevolencia por la opinión liberal de Estados Unidos, en el convencimiento de que estos "jóvenes cristianos y demócratas" se han alzado en armas en contra de la dictadura y sus atropellos.
Pero la transformación de Castro y de Cuba tiene efectos muy influyentes en la juventud revolucionaria del continente. Ahora se les habla en castellano acerca de las teorías de Mao o de Lenin.
El influjo del castrismo en Chile produce los siguientes efectos principales:
a) Revitaliza y remoza el Partido Comunista;
b) Avanza el socialismo, y
c) Del Partido Demócrata Cristiano se descuelgan el MAPU y la Izquierda Cristiana.
Es innegable el entusiasmo con el que Salvador Allende trató de conducir el país hacia un sistema socialista encabezado por la Unidad Popular.
Es innegable que, después de haber firmado el Estatuto de Garantías que habían exigido los democratacristianos, no lo cumplió.
Es innegable que la violencia verbal desatada entre antagonistas políticos deriva en acciones violentas, delictuales, de las fracciones descolgadas del socialismo y del comunismo, como el MIR, MAPU, VOP, Frente Manuel Rodríguez, etcétera, y enfrentan con acciones armadas a las fuerzas policiales responsables del orden público.
Es notable comprobar, después de tantos años, la ceguera de los políticos de la Unidad Popular para reconocer que, siendo minoría, sus ideólogos, adiestrados en Cuba y en Rusia, estaban conduciendo al Gobierno al fracaso.
Los integrantes de Carabineros de Chile, institución a cargo del orden público, de hacer efectivo el cumplimiento de la ley y de resguardar la paz social, no pueden permanecer indiferentes ante los reiterados atropellos al orden jurídico establecido, de los que a diario informan los mil cuarteles distribuidos en todo el territorio nacional. Tampoco pueden permanecer indiferentes ante los asesinatos de cinco carabineros entre septiembre y diciembre de 1972.
La falta de respaldo del Gobierno hacia la función policial, el atropello a la propiedad privada y, especialmente, el quebrantamiento continuo del orden público por parte de elementos de Izquierda organizados en los cordones industriales, afecta a los funcionarios en su moral, pues todo eso va en contra directa de su promesa de servicio.
Ese clima de impotencia, solamente controlada por la rigidez de la disciplina y de los reglamentos institucionales, se va acentuando a medida que cunde la división en la sociedad chilena: algunos a favor del Gobierno de Allende, promoviendo ocupaciones ilegales de industrias y campos, y muchos chilenos en contra.
La profunda división política va amenazando con el peligro de una guerra civil, más aún cuando trasciende que elementos extremistas de Izquierda disponen de armas de fuego.
Como jefes de hogar, como funcionarios públicos, esos carabineros no pueden permanecer indiferentes al hecho de que a fines de 1972, en los apenas veinte meses de la Unidad Popular, el costo de la vida alcanza a 243 por ciento.
En junio de 1973 el Regimiento Blindado se insubordina. Y temiendo Allende que este suceso pueda acarrear graves consecuencias, insta al pueblo a que se tome todas las industrias, todas las empresas; que esté alerta; que salga a las calles; que lo haga con cuanto elemento tenga en sus manos. Y agrega que, si llega la hora, "armas tendrá el pueblo".
En la tarde de ese mismo día una multitud se reúne frente al Palacio de la Moneda, por la plaza Bulnes, y Allende aparece en el balcón acompañado por los Jefes de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y de Investigaciones. Hábil político, su arenga ahora es en favor de los uniformados. Y se acuña el estribillo: "Soldado amigo, el pueblo está contigo.".
Esta utilización política de los jefes institucionales no es del agrado de muchos de sus subalternos. Ven en eso que el Presidente pretende levantar una brecha entre ellos. No pueden deliberar, pero es imposible que no se comenten las condiciones anormales en que vive el país. Además, se considera lo dicho por Carlos Altamirano en el sentido de que los socialistas disponían de entre mil y mil 500 combatientes armados; que bastante más tenía el MIR, y otro tanto el Partido Comunista, el MAPU y la Izquierda Cristiana. Es decir, una no despreciable cantidad de guerrilleros armados y adiestrados.
En el mundo político, la situación no es menos tensa.
El 12 de abril de 1973 la Corte Suprema representó al Presidente Allende la insólita situación que se estaba produciendo por el incumplimiento de órdenes judiciales dictadas por distintos juzgados y que Carabineros no había diligenciado por disponerlo así el Ministro del Interior. Termina el oficio diciendo: "La Corte Suprema de Justicia, velando sin concesiones por el mantenimiento del orden jurídico, como es su obligación inquebrantable, observa con profunda inquietud las consecuencias que para la estabilidad de los derechos y la conservación del orden público producen actuaciones como las que denunciamos a V.E..".
¿Y por qué Carabineros no daba cumplimiento a las legítimas órdenes judiciales?
1.- Porque hasta entonces dependía del Ministro del Interior. Por lo tanto, por jerarquía disciplinaria, debía obedecer a éste o, en caso contrario, ser sometido a sumario.
2.- Efectivamente, en cumplimiento a las disposiciones de la Constitución, Carabineros debía velar "para dar eficacia al derecho".¿Pero quién iba a defender al oficial que cumpliera la orden judicial en contra de lo dispuesto por el Ministerio del Interior a través del respectivo Intendente? ¿Los jefes institucionales no estaban integrando el Gabinete del Presidente Allende? La lógica práctica se imponía, aunque quedara en el funcionario la amargura y la frustración por no haber cumplido con su promesa de servicio.
Diversos señores Senadores han relatado en forma extensa los acontecimientos que estaban acercando al pueblo chileno al fantasma de una guerra civil.
Como consecuencia de todo ello, las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile asumieron el poder el 11 de Septiembre de 1973 porque:
-El Gobierno del Presidente Allende se había salido del cauce normal democrático, y por:
-La grave división ideológica que se estaba produciendo en el pueblo chileno.
-La imposición de ideas políticas externas en Chile, contraviniendo la libertad de la nación.
-La petición de los gremios, pobladores y campesinos para recuperar la tranquilidad social, la estabilidad de los empleos, el abastecimiento de alimentos y el término de las agresiones físicas en marchas políticas.
-La declaración de la Corte Suprema y el Acuerdo de la Cámara de Diputados en el sentido de que el Gobierno de Allende había cometido actos de ilegalidad.
-La resolución del Contralor General de la República rechazando expropiaciones ilegítimas, y
-El llamado del Presidente del Senado a velar por el orden institucional de la República.
Deseo ahora referirme a otros aspectos de la evolución marxista antes, durante y después del Gobierno de Allende, y enfocarlo desde el punto de vista de los derechos humanos de los carabineros que fueron asesinados por el solo hecho de ser funcionarios responsables del orden público.
Durante las acciones del enfrentamiento armado del 11 de septiembre, que fueron violentas, quizá despiadadas si ahora se analizan con la frialdad del tiempo, fueron asesinados 17 funcionarios de Carabineros, ninguno en las inmediaciones del Palacio de la Moneda; varios, en la población La Legua, a manos de extremistas de los cordones industriales y de elementos del GAP.
Es notorio que en todos los años del decenio de los 70 fueron ultimados cinco funcionarios de Carabineros. Especial importancia tuvo el asesinato del Cabo Exequiel Aroca Cuevas, ocurrido el 30 de agosto de 1972 en Concepción. Francotiradores dispararon desde los techos de la sede socialista, ultimándolo. Posteriormente, se detuvo a los autores, pero el hecho se silenció por el Gobierno, y después se diluyó el caso.
Un mes antes, mientras efectuaba servicio de punto fijo en casa del Gobernador Bernardo Carriazo, fue asesinado el cabo Luis Fuentes Pineda, y el extremista le robó la metralleta que portaba.
También el 24 de mayo de 1971, elementos terroristas de VOP atacaron por la espalda al carabinero Tomás Gutiérrez Urrutia, lo victimaron y le robaron la metralleta.
El 28 de agosto de 1972 es asesinado en Viña del Mar el cabo Ramón Reyes Arancibia por un sujeto que le disparó con arma de fuego corta, y después le robó su armamento.
¿Fue ésta la respuesta de elementos de ultraizquierta a los requerimientos de Allende de salir a las calles para defender la Revolución en Libertad de la Unidad Popular? Habría muchas preguntas que formular al respecto. Sí puedo asegurar que se vivían en ese entonces las consecuencias de una verdadera guerra de guerrillas, violenta, con participación de combatientes de Izquierda, que Carlos Altamirano había admitido que existían.
El 11 de septiembre de 1973 no se produjo una guerra civil, como se temía, pues las Fuerzas Armadas y Carabineros actuaron en conjunto para controlar la acción guerrillera izquierdista armada. No justifico las consecuencias de excesos que pudieron haberse cometido en ese período, y es tiempo de que todos reconozcamos nuestros errores históricos por haber tenido participación en cualquier forma en estos hechos. No podemos desconocer que entonces había odio, apasionamiento político por promesas incumplidas, o bien por la mantención de beneficios alcanzados en el Régimen por los partidarios de Allende. Había rabia por los asesinatos e impotencia por los abusos de las autoridades, de parte de los carabineros.
Se dice que hubo excesos. ¿Solamente por un lado? Las guerras entre hermanos, ¿no son las más crueles?
Tengo en mis manos una copia de las conclusiones del Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Socialista efectuado en 1983, en el cual se fijan los objetivos para el ascenso de las luchas populares y orientaciones tácticas para el año 1984. Es mucho lo que se dice. Se hace referencia a la guerra popular; se habla de alcanzar el poder; se dan instrucciones para crear una fuerza militar, etcétera. Por su extensión, no lo puedo sintetizar más. Sí indicaré que se felicita a aquellos elementos que han ultimado a efectivos de Carabineros y les han robado su armamento, que es una de las formas de pertrecharse. Igualmente resalta la importancia de la producción y utilización de armamento casero; del trabajo político entre el personal de servicios públicos, de salud; la construcción de redes informativas locales, etcétera.
"El objetivo estratégico de la guerra popular es la conquista del poder por el proletariado y el pueblo.".
Hasta aquí las instrucciones del Partido Socialista en 1983, dadas para 1984. ¿Hubo otras posteriormente? Lo ignoro, pero lo presumo.
Después de 1973, y hasta 1979, período de recuperación ideológica, se producen cuatro atentados con resultado de muerte en contra de carabineros de servicio por parte de elementos extremistas. Sin embargo, a contar de 1980, este número aumenta a cuatro; en 1983, a seis. O sea, podemos deducir que ya se están dando instrucciones como las que hemos leído. Y es necesario acotar que estos asesinatos se producen solamente entre octubre y diciembre de 1983.
En 1984, el número de víctimas de Carabineros en atentados terroristas se eleva a diez; disminuye a cinco en 1985; sube a siete en 1986; tres, en 1987; seis en 1988, para rematar en 1989 con once casos de homicidios de personal de Carabineros. A la mayoría de ellos se les arrebató el armamento. ¿No fueron ésas las instrucciones del Comité Central del Partido Socialista en 1984?
Después de la entrega del mando del Presidente Pinochet a don Patricio Aylwin, ya no hay atentados extremistas; pero se dictan decretos de indulto, de exilio y otros resquicios legales. Y no queda en el país ningún inculpado por estas muertes.
La pregunta, entonces, es: ¿quiénes los mataron? ¿Fueron recompensados con beneficios económicos? ¿Están todavía en el extranjero?
Pero más aún cabe interrogarse: ¿Quiénes son los autores intelectuales o encubridores de estos asesinatos? ¿Dónde están? ¿Reconocen su responsabilidad? ¡Qué extraña coincidencia entre estos asesinatos y las instrucciones del Comité Central del Partido Socialista! Es curioso cómo los ciclos históricos se repiten. Por ello es necesario buscar entendimiento entre los chilenos, no olvidar el pasado, pero trabajar por el futuro de las nuevas generaciones, respetando la Constitución, idiosincrasia y autonomía del pueblo chileno.
Hay que pedir perdón; pero también hay que dar perdón.
He dicho.
El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra al Senadora señora Matthei.
La señora MATTHEI.- Señor Presidente, dado que hoy se celebraría la presente sesión, me he dedicado a consultar algunos libros de Historia, porque en realidad ésta, por desgracia, se olvida con demasiada facilidad.
Invito, sobre todo a mis Honorables colegas de enfrente (se han retirado ya, salvo uno) a mirar las fotos dramáticas de la "Noche de Hungría", de 1956. Daré lectura a algunas partes de la Historia.
"A las cuatro de la madrugada del 4 de noviembre, Moscú lanzó un ataque definitivo.". "Quince divisiones y 6.000 tanques se lanzaron contra un país completamente desprevenido que empezaba a dormir con tranquilidad por primera vez en diez días.".
Prosigo más adelante:
"Radio Budapest quedó silenciada; cuando reanudó sus emisiones estaba ya en manos soviéticas. Las emisoras libres continuaron aún haciendo desesperados llamamientos de ayuda hacia Europa que nunca recibieron contestación.".
"Moscú perdió la paciencia ante la incapacidad del gobierno de Kádar para controlar la situación. El Kremlin decidió entonces eliminar amenazas y arregló la salida de Nagy desde su refugio en la embajada de Yugoslavia, camino de Rumania, donde después sería ejecutado.
"El desafío a Kádar de los trabajadores fue empeorando. El 4 de diciembre nuevas manifestaciones provocaron que las tropas rusas abrieran fuego sobre 15.000 mujeres ante la tumba del Soldado Desconocido, en Budapest. En los días siguientes otras manifestaciones desafiaron a las tropas soviéticas" "se desencadenó una ola de arrestos de líderes obreros con renovados enfrentamientos.", etcétera.
"Comenzaron entonces las deportaciones de jóvenes a Siberia, primero directamente y después ante los ataques de la población para liberar los trenes, a través de Checoslovaquia. Nunca llegó a saberse el número de deportados, aunque algunas estimaciones hablan de 16.000. Poco después del 4 de diciembre comenzó un éxodo de refugiados camino de Austria. Más de 150.000 personas" "cruzaron aquella frontera para no volver jamás,".
Obviamente, "Occidente contempló impasible los sucesos de Hungría.".
Murieron más de 20 mil personas. Eso fue en 1956; veamos el año 1961, señor Presidente: la construcción del Muro de Berlín.
¿Por qué había que construir un muro? Porque había gente de Alemania Oriental que tenía el tremendo pecado de no querer vivir bajo el régimen asfixiante comunista; querían irse a Alemania Occidental.
El domingo 13 de agosto, los vopos, la policía de Berlín Oriental, procede a cortar el paso entre los sectores soviético y occidentales. En agosto de 1961 se empieza a construir el muro. La población estaba desconcertada. Alcanzó a huir mucha gente, pero Willy Brandt, típico occidental -como algunos de los que hemos escuchado hoy-, dio instrucciones para que nadie impidiera por la fuerza el trabajo de los "vopos". "No, nosotros no utilizamos la fuerza; que hagan lo que quieran los señores".
Señor Presidente, hubo más de 3 mil 130 fugas. Es incontable la cantidad de jóvenes ametrallados que se desangraron en los muros.
En esta historia ilustrada, se lee: "El muro ha crecido a lo largo de los años -superponiendo bloques de cemento- hasta alcanzar casi cuatro metros y medio de altura. Crece sin que el mundo se preocupe por ello. Con el cemento gastado en la última "reforma" hubiese podido construirse un estadio olímpico.".
Dice, más adelante: "En septiembre de 1961, en la Bernauerstrasse, cuyas casas pertenecían al sector oriental, pero la acera de la calle era ya occidental, se registró la primera víctima mortal. Desde una vivienda de un segundo piso, un grupo de fugitivos se estaba tirando a unas lonas de bomberos. Una anciana de ochenta años que no supo o no pudo dar el impulso debido, cayó sobre la acera. Aquel mismo día, brigadas de obreros tapiaron todos los huecos de ventanas y balcones de las casas de la Bernauerstrasse.". Ésta es la forma en que los socialistas mantenían a su gente dentro de esa "maravillosa" utopía que era el socialismo.
La misma fuente ¿fue escrita hace años- señala: "Hoy resulta prácticamente imposible huir por Berlín.".
Como digo, la cantidad de muertos, gente joven, es impresionante. Puedo mostrar las fotos, señor Presidente, para que nadie lo olvide, porque esta vergüenza cayó apenas después del plebiscito en Chile.
Después viene la Primavera de Praga. ¡Para qué entrar en más detalles! ¡Es cosa de ver los desastres, las matanzas, los desórdenes! Todo ello ocurrió solamente dos años antes de que Allende fuese electo Presidente en Chile.
Acá se habla mucho de las víctimas que hubo, y de hecho las hubo, y las sentimos. Pero quiero señalar que las víctimas que ha habido en nuestra patria no son nada -¡nada!- comparadas con todas las que cobró la guerra fría. Hablemos de Cuba; hablemos de la gente que tiene que huir en balsa, en mares infestados de tiburones, para salir de ese "paraíso" socialista. Hablemos de Angola, de Etiopía, de Corea, de Vietnam. Pero eso no importa, señor Presidente, porque el mundo se conmueve con los izquierdistas que mueren, pero al mundo no le importan un comino los izquierdistas que matan. Eso nunca ha sido noticia.
Un señor Senador ha señalado que hay una diferencia entre los crímenes y la responsabilidad política. Pero resulta que ese mismo señor Senador era Ministro en el Gobierno que admitió a Honecker en Chile. Por lo tanto, yo le quisiera preguntar qué opina de Honecker. ¿Se lo acusaba de responsabilidad política acaso, o de crímenes? ¿Por qué siempre el doble estándar?
Ojalá nunca olvidemos los horrores que se han cometido bajo el nombre del socialismo, y hablo aquí tanto del nacionalsocialismo como del socialismo internacional, porque, en realidad, cada vez que una utopía cree que el Estado es más importante que los seres humanos, lo único que se genera es pobreza, indefensión, falta de libertad y un pisotear absoluto de la dignidad de los seres humanos.
Pero todo eso se olvida, señor Presidente. Todo el mundo olvida que en Chile mucha gente estuvo dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de que nuestro país no cayera en el horror de Hungría, en el horror de Cuba, en el horror de Angola, en el horror de Checoslovaquia, en el horror de Polonia. Y, desgraciadamente, fue ese miedo, fue ese horror ante las cosas que veíamos en las noticias, y que sin embargo todo el mundo occidental miraba en forma totalmente impávida, lo que finalmente hizo que mucha gente, cuando se vio en el poder, cobrara revancha contra las personas de Izquierda. Yo lo lamento, porque dentro de los de la Izquierda que cayeron había muchos a quienes yo conocía y quería. Pero no olvidemos nunca cuáles fueron los horrores que llevaron a esa odiosidad tan extrema entre los chilenos.
Para terminar, señor Presidente, quisiera decir que, desgraciadamente, ahora que vemos nuevamente a los socialistas en el poder advertimos que, en último término, lo que los sigue moviendo es, en gran parte, el odio.
He dicho.
El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, estimados colegas, hemos visto hoy cómo se intenta restar importancia a hechos históricos que demuestran cómo durante años se proclamó la violencia como forma de conquistar el poder, promoviendo y preparando el enfrentamiento entre los chilenos, importando clandestinamente armas y solicitando y aceptando ayuda de potencias extranjeras, como Cuba y la Unión Soviética.
Ahora se dice que los propósitos revolucionarios de hace treinta años han sido abandonados y superados por la evolución histórica; que la renovación ideológica de quienes fueron sus inspiradores y responsables hace que ya ninguno de ellos se reconozca marxista-leninista.
También hemos oído nuevamente que todo ello, por muy grave que parezca, no fue más que errores políticos que no justifican los crímenes que posteriormente se cometieron. No dicen, sin embargo, que hay errores horrorosos, porque tienen consecuencias que son un verdadero crimen, como promover y preparar un enfrentamiento entre hermanos, que no llegó a consumarse únicamente porque fue impedido oportunamente por la acción de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
El eludir hoy la realidad y consecuencias de estos hechos, cualquiera que sea el pretexto, será contribuir a una interpretación histórica mutilada que el país no merece. Lo importante no es que hoy casi nadie se declare marxista-leninista o proclame la lucha armada, sino el drama que sufrió Chile cuando lo hicieron y practicaron quienes gobernaron entre los años 1970 y 1973, los mil días más negros de la historia de Chile.
Nadie puede negar que la opción marxista-leninista adoptada durante el experimento político de la Unidad Popular, que entre otros factores incluyó la lucha armada para la toma del poder y la solidaridad revolucionaria internacional, significó que Chile se fuera comprometiendo gradualmente con los intereses del bloque oriental, en plena guerra fría, poniendo en grave riesgo factores esenciales del consenso básico y la continuidad histórica y cultural de Chile como nación independiente. Y la responsabilidad política por el riesgo en que dicha conducta puso al país mantiene su vigencia, aunque hayan desaparecido los factores que lo hicieron posible.
Incluso, como señala el ex Presidente Frei Montalva, en el prólogo al libro de Genaro Arriagada, "es incuestionable que se produjo una estrecha asociación de trabajo revolucionario entre La Habana y Santiago, en la cual, con diferentes tácticas, se buscaban iguales objetivos y mutuo sostén". Y agrega que, aun, "algunos analistas han señalado que podría ser de gran trascendencia desde un punto de vista de la relación de fuerzas y de poder," ¿ "era construir una base en Chile que controlara más de 4 mil kilómetros de costa sobre el Océano Pacífico, con el estrecho de Magallanes y los mares próximos al Polo Sur, ya que por muchos conceptos se piensa que ése es el océano del futuro".
Pues bien, es en esas circunstancias que se produce la participación de Allende, entonces Presidente del Senado, en la OLAS; la desmedida intervención cubana en Chile, y una creciente dependencia económica, tecnológica y de todo orden de la URSS. Y en una cena en su honor en el Kremlin, el 6 de diciembre de 1972, el Presidente de la República, Salvador Allende, llega a sostener que los chilenos considerábamos a la URSS "Nuestro Hermano Mayor".
Resulta claro, entonces, que, analizados los antecedentes de la época y el contexto en que ocurrieron, se intentó comprometer a Chile en el conflicto de poder mundial situándolo en el bloque soviético, contrariando con ello su esencia cultural, su tradición occidental, sus perspectivas futuras, y en definitiva sometiéndolo a una superpotencia completamente ajena a su historia y a sus intereses nacionales, enajenando su posición geopolítica y condenándolo a la dependencia. Para lograr el poder total que permitiría consumar este propósito, se intentó destruir mediante la violencia las instituciones democráticas y las Fuerzas Armadas nacionales.
El desentenderse de dicha realidad hoy, derribado el muro de Berlín, desaparecido el Imperio Soviético y fracasados y olvidados los socialismos reales, pretextando ahora pacifismo, humanismo y adhesión a los derechos humanos, instituciones y valores que antes se intentó destruir, es fácil pero inaceptable, y sólo puede servir para eludir responsabilidades históricas.
Debemos estar dispuestos a analizar la situación de esa época tal como entonces se vivió en Chile, la que indudablemente era percibida por los actores políticos y la población en general ¿que veía a diario grupos armados y violencia de todo tipo- como la inminencia, angustiante para la gran mayoría, de una cruenta y prolongada guerra civil, al estilo de la española, o el establecimiento de una irreversible dictadura marxista como la cubana.
Muchas interpretaciones que escuchamos hoy, elaboradas una vez concluida la guerra fría, en ausencia de esas amenazas y con la generosa complacencia de los vencedores de aquélla, empeñados hoy en ocultar sus propias culpas del pasado, sirven únicamente para intentar justificar políticamente, por contraste, la conducta de los responsables del quiebre institucional mediante la exageración y condena de las consecuencias de la represión que luego sufrieron ¿las que sin duda fueron dolorosas-, y el desprestigio de la obra y la descalificación moral de los que reconstruyeron el país que ellos destruyeron.
Esas interpretaciones carecerán de validez y no serán más que consignas, mientras no consideren objetivamente el contexto real en que los hechos ocurrieron. No sólo no contribuirán a superar definitivamente las consecuencias de ese período, sino que, por el contrario, constituirán un elemento de división que retrasará indefinidamente toda posibilidad de alcanzar una completa reconciliación.
Por lo dicho, quisiera terminar citando algunos párrafos de la carta del ex Presidente Frei Montalva, enviada el 22 de mayo de 1975 a su ex Ministro Bernardo Leighton, que reflejan el escollo que hoy, a tres décadas de los hechos, aún divide al país:
"El origen de donde derivan todas nuestras diferencias reside en una visión fundamentalmente diferente de lo que pasó en Chile en los años de la Unidad Popular. Si yo parto de la base de que el gobierno de la UP no violentó las leyes ni la Constitución, que a ojos vistas no estaba preparando un golpe dictatorial marxista-leninista, que no se manifestó reiteradamente un gran desprecio por la democracia formal y burguesa, que no se creó en el país un clima de odios insuperables, y no se llegó a la destrucción de la economía que acarreara inevitablemente el trastorno político, no hay nada que decir. Si, por el contrario, ocurrió todo eso y mucho más, como lo pienso, no hay manera de entenderse¿
"En esas condiciones, el golpe militar, que siempre califiqué y he calificado como una desgracia tremenda para el país (ahí están todos mis escritos), resultaba inevitable¿
"La responsabilidad de que después de más de 160 años de vida democrática ésta se quebrara en una forma tan dolorosa como terrible (corresponde) a quienes sistemáticamente, con todas sus acciones tácticas locas, irresponsables o perfectamente conscientes, no me importan los calificativos, llevaron al país a esta, repito, trágica situación. Pero ahora resulta que los Altamiranos y los Mir y los Mapu y los comunistas son los verdaderos demócratas¿".
Señor Presidente, en aquel entonces yo era dirigente de la Confederación Nacional Gremial de Dueños de Camiones de Chile, que presidía ese gran hombre, León Vilarín Marín. Y fuimos actores de los hechos ocurridos en las calles.
Cuando aquí se quiere ocultar aquello diciendo que en esa época en Chile no había guerrilleros ni extremistas, debo expresar que no sólo los había, sino que mucho más. En razón de que el transporte llega a cualquier lugar, nos tocó ver enfrentamientos, cómo se saqueaban los campos y las industrias, cómo se destruía la nación entera. Tenemos muertos, heridos e inválidos, producto de nuestra lucha en las calles por defender la libertad de nuestro país.
Lamentablemente, los señores Senadores y Diputados de ese entonces no se encuentran en la Sala, pero muchos nos golpeaban las espaldas y nos pedían que siguiéramos en el paro de los camioneros de Chile, porque era la decisión más importante para el país, ya que no se podía consumar aquí una acción terrorista que terminara transformándonos en una nación como la cubana, y ello sería el fin de nuestra patria.
¡Eso nos decían los señores Senadores y Diputados de la época! ¡Iban a nuestros campamentos, hablaban en las plataformas de los camiones y nos hacían llamados para no aflojar en el paro!
Muchos de los del gremio hoy lo han olvidado. En verdad, no los critico, porque era lo que correspondía hacer en esos momentos a los hombres de trabajo. No podíamos permitir que a nuestros hijos, a través del lavado de cerebro que a diario se realizaba en los colegios, los transformaran y terminaran enfrentándolos a sus padres y a su familia.
Nosotros luchamos, nosotros vimos cómo los guerrilleros y activistas preparaban a la gente. ¿Para qué lo hacían? Para matarnos entre hermanos.
Solamente quiero decir que, en opinión de los técnicos de la época, si se hubieran concretado esos propósitos habría habido unos 500 mil muertos en Chile. Y era cierto. Porque yo veía cómo caminaban por las alamedas las juventudes, las Ramonas Parras, armadas con lanzas de coligüe con puntas de acero, con linchacos y cadenas. Al parecer, eso se ha olvidado.
La humillación más grande de nuestro pueblo provino del castigo de un Gobierno, en el cual la inflación alcanzó a 2 mil por ciento, donde los que vivían en los sectores populares no podían comprar alimentos ni un poco de leche para sus niños.
Pareciera que esas cosas se han olvidado. Sin embargo, algunos renovados y algunos retornados quieren hacer creer, especialmente a las nuevas generaciones, que esto no ocurrió.
Cuando escuché a la Honorable señora Matthei relatar los hechos acaecidos en las repúblicas socialistas, en donde hubo millones de muertos, me di cuenta de cuál era la receta para el pueblo de Chile: la dictadura a la cubana. Y, entonces, nosotros, gracias a la acción de las Fuerzas Armadas y Carabineros, fuimos capaces de resolver el conflicto, produciéndose la intervención militar que salvó al país de todo ese desastre.
Lamento lo que ha ocurrido, así como todos los conflictos y dolores que enfrenta nuestra patria. Pero, con una mano en el corazón, creo que no corresponde seguir haciendo aprovechamiento político del tema de los derechos humanos, porque al final ello se ha transformado abiertamente en un comercio. Estimo que lo que corresponde hoy día, en la medida de lo posible, aun cuando a mi juicio pasará más de una generación para que se concrete, es una verdadera reconciliación.
Habíamos avanzado mucho al respecto, pero la prepotencia, la arrogancia que hoy surge de diferentes sectores, especialmente cuando ha asumido un Presidente socialista, hacen casi imposible seguir transitando por ese camino de reconciliación que nosotros -en lo que nos corresponde como sector político, por cierto- hemos apoyado en todas sus partes.
El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, ante todo, deseo dejar constancia de que, a mi juicio, esta sesión debería continuar más adelante. Como de hecho el tiempo no ha alcanzado, sólo haré un breve análisis de la materia que deseaba exponer.
Creo que la clave y el origen de la violencia surgen del atropello a la dignidad humana, a sus valores más caros. Ese atropello tiene fuentes históricas bastante claras. Desde luego, si uno va a un plano más trascendente, hay un afán de búsqueda del mal; pero, si se sigue la línea filosófica que justamente dio origen al marxismo leninismo, está el aprovechamiento de la dialéctica, de buscar una fuerza precisamente en la lucha, en la oposición. Quienes sustentan dicha doctrina plantean una tesis, una antítesis, y la energía se logra de la síntesis de esos dos elementos encontrados. De ahí proviene la lucha de clases. Hoy vemos que se sigue separando, con fórmulas más sutiles, no sólo a los ricos de los pobres, sino también a los jóvenes de los adultos, a las mujeres de los hombres, a los trabajadores de los empresarios, etcétera. De ahí surge la violencia, y hay un sistema político con una base filosófica, que aquélla la entroniza como una fórmula de acceder al poder y de mantenerse en él.
Eso es algo innegable; constituye una verdad histórica que debe tenerse siempre presente.
Ayer observábamos los reportajes acerca de los 35 años de la historia y prehistoria del MIR, donde figuran los elementos que ya en la década de 1960 empiezan a entronizar la violencia en nuestro país. En ellos se hace alusión a una persona bastante conocida como don Clotario Blest, a quien normalmente se lo presenta como una "blanca paloma" en búsqueda de los derechos sindicales de los trabajadores. Pero los antecedentes nos señalan que en 1960 viaja a Cuba, se compromete con el proceso socialista de la revolución cubana y lo promueve en Chile a través de la Central Única de Trabajadores, señalando -según sus palabras- que "debemos ser capaces de tener nuestra propia Sierra Maestra". Es así como después generan el Movimiento de Fuerzas Revolucionarias y, finalmente, llegan a cometer actos terroristas con el empleo de bombas. Él es llevado a la justicia, y señala: "A mí se me culpaba de ser actor intelectual del bombazo¿En cambio, los verdaderos culpables, como Julio Stuardo, Ricardo Lagos" (el actual Presidente de la República) "y Jorge Arrate, dirigentes del grupo que había colocado la bomba, sólo eran citados a declarar ante el juez instructor.".
Por lo tanto, hay personas que aún están vigentes en este tema y, por cierto, debemos tener capacidad de generar una perspectiva histórica.
En los años de la década del setenta, cuando estudiábamos en la universidad, fuimos testigos de cómo esa violencia se fue entronizando y de cómo los partidos de Izquierda acudieron a los jóvenes idealistas -que parten con líneas anarquistas de cambiar el mundo-, a fin de prepararlos verdaderamente para una guerra civil. Ése es un hecho absolutamente comprobado.
Otro elemento que considero conveniente analizar más a futuro es el informe de la Organización de Estados Americanos sobre la situación en Chile en 1974. La Comisión Especial de Consulta sobre Seguridad¿
El señor RÍOS (Vicepresidente).- Ha concluido el tiempo, Su Señoría.
El señor HORVATH.- Voy a terminar, señor Presidente.
Ése es un documento muy importante, en el cual se entrevistan al ex Presidente Aylwin, al Cardenal Silva Henríquez ¿ya fallecido-, a personeros de todo el ámbito político; y, en verdad, las conclusiones a que en él se llegan son claras con respecto a la realidad vivida previamente a 1973, y justifican plenamente el rompimiento institucional y la entrada del Gobierno de las Fuerzas Armadas, solicitado por la ciudadanía de nuestro país.
Durante la Unidad Popular se abre esta "caja de Pandora" de la violencia, que se venía anidando desde los años sesenta.
Estoy claro de que nada justifica un atropello a la dignidad humana, venga de donde viniere. Sin embargo, el juicio que hoy se sigue al General Augusto Pinochet se halla al margen de las circunstancias históricas. Se está obligando al Poder Judicial, con los argumentos de hoy, a enjuiciar algo que viene con una raíz histórica. Éste no se encuentra capacitado para ello. Resulta verdaderamente irónico que se pretenda encarcelar a la persona que fue el líder que evitó una guerra civil en Chile, con todos los argumentos que aquí se señalaron.
En el Congreso, a mi juicio, seremos capaces de ponernos de acuerdo una vez que todos los sectores reconozcamos esos errores y horrores, para, en verdad, mirar positivamente el futuro.