Femicidios: Abogan por recursos para infraestructura tecnológica y piden urgencia para agenda que haga frente a la violencia de género

Una mayor coordinación de los recursos fiscales y el impulso decidido de una agenda legislativa que haga frente a la violencia de género solicitaron diversos senadores en el marco de la treintena de casos de violentas agresiones que han terminado en femicidio, en lo que va corrido del año.

Junto con solicitar al Ejecutivo que otorgue urgencia a una batería de proyectos que apuntan a hacer más efectivas las medidas de protección sobre las mujeres, endurecer las sanciones contra los agresores y el cumplimiento efectivo de las penas, los legisladores instaron al Ejecutivo a disponer los recursos necesarios para implementar las mejoras tecnológicas que permitan perseguir efectivamente los objetivos propuestos.

Se trata del proyecto de ley, iniciado en moción de las senadoras Isabel Allende, Carolina Goic, Adriana Muñoz y Lily Pérez San Martín, que modifica la ley N° 20.066, sobre violencia intrafamiliar, en lo relativo a las medidas de protección a las víctimas y al cumplimiento efectivo de las penas. (Boletín 10705-07).

La iniciativa se encuentra cumpliendo su primer trámite, en la Comisión especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes.

Esta iniciativa se suma a otra moción impulsada por la senadora Adriana Muñoz que se encuentra, en primer trámite, en la Comisión de Constitución y que permite incorporar el monitoreo telemático como medida cautelar en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar. (Boletín 9715-07)

También se encuentra pronto a ser analizado en Sala el proyecto que modifica el Código Penal y el decreto ley N° 645, sobre el Registro General de Condenas, y la ley N° 20.066, que establece la Ley de Violencia Intrafamiliar.

Al respecto, la senadora Isabel Allende hizo un llamado al Ejecutivo para que otorgue urgencia a por “lo menos tres mociones que hemos presentado un grupo de parlamentarias y parlamentarios también y que tienen que ver con la violencia de género -cómo la que busca mejores maneras de prevenir o morigerar este tipo de delitos o bien, tener una justicia verdadera”

Asimismo recalcó que “necesitamos reflexionar sobre el tema de la violencia de género que nos afecta como sociedad. Hemos tenido que lamentar el femicidio número treinta, en Quillota. Y ya está bueno.  Nosotros hemos hecho mociones concretas, muy importantes, que tienen que ver con los pisos y los techos de las sanciones para que no pueda haber, a lo menos un piso, para que sean más efectivas las medidas cautelares, que tienen que ver con que cumplan un año efectivo de prisión aquellos que son reincidentes”.

Por su parte, la senadora Lily Pérez San Martin coautora de proyectos para mejorar la legislación vigente en materia de femicidios y de agravantes sostuvo que se reunió con la Seremi de Justicia de la V Región , en que hemos visto también, entre todos los casos de la región, el caso del femicidio en Quillota y el rol que se le asigna hoy día, que tiene el SERNAM, que está ayudando, pero, además, la Unidad de Víctimas que depende del Ministerio de Justicia y que tiene asiento en Valparaíso y en Quillota.

En esa línea coincidió en que junto con poner urgencia a los diversos proyectos también se requieren los recursos necesarios. “No puede ser que cada vez que haya una crisis, un problema, un crimen, se ponga de relevancia una vez más en la agenda pública esto que es algo permanente. Esto nos preocupa a la sociedad, este es un problema del país, donde vemos con lamentación que cada cierto tiempo tenemos en la agenda pública nuevos crímenes contra mujeres o contra niños o abusos o contra adultos mayores”.

Por su parte, el senador Pedro Araya acogió el llamado de sus colegas y señaló que la Comisión de Constitución está haciendo un esfuerzo por revisar distintos proyectos de ley, pero las urgencias dependen del Ejecutivo, más aún cuando involucran recursos públicos”.

En tanto, el senador Felipe Harboe, manifestó que “el flagelo de la violencia de género en el centro familiar o violencia a los menores no es una preocupación solo de un género, es una preocupación de la sociedad”.

Recordó que “en esa línea se ha estado analizando el proyecto que establece el uso del brazalete electrónico como medida cautelar para efectos de evitar la agresión de mujeres durante el desarrollo de algún tipo de investigación”.

Coincidió con su par, el senador Alberto Espina quien explicó que “lo que está en discusión respecto del femicidio, que tiene una pena alta en Chile, dice relación con las medidas cautelares que hay que tener. Pero ocurre que las medidas cautelares que se pueden decretar dicen relación con los brazaletes y nosotros le hemos pedido al Gobierno que otorgue los recursos para que puedan contarse con los brazaletes y la tecnología que permita, cuando una mujer es víctima de violencia y se decreta una medida de protección, una medida cautelar, contar con la tecnología, de tal manera que el agresor, si se acerca a esa mujer, se logre detectar a tiempo”.

Agregó que “ese proyecto tiene un solo sentido: que existan mecanismos que permitan realmente que, cuando una mujer o un hombre -la gran mayoría de los casos de femicidio son mujeres-, tenga una medida que le permita protegerse. Y en los países en que eso funciona es porque cuando se produce una denuncia y hay una cautelar, se toman medidas tecnológicas que impiden que se acerque el agresor”.

Asimismo la senadora Adriana Muñoz, también coautora de diversas mociones confirmó que “hemos trabajado ese proyecto que establece el uso de plataformas telemáticas para hacer un seguimiento a las medidas cautelares, pero hay que hacer presente que dichas medidas tienen un costo y habría que hacer un llamado al Gobierno porque en el Presupuesto del 2016 hay 35 mil millones de pesos destinados a la compra de brazaletes para los imputados y que están en libertad condicional, y que tienen la posibilidad de salir de la cárcel”.

Sin embargo, “de esos 35 mil millones se han ejecutado el 10 por ciento. O sea, hay plata en la Ley de Presupuestos, incluso el 2016, para comprar brazaletes. Entonces, podríamos establecer en la Ley de Presupuestos 2017 de la Partida de Justicia que estos recursos se destinaran no solamente para los reos de sede penal que cumplen parte de la condena en libertad, sino que también se destinaran a estos usos para las medidas cautelares en sede familia”.

Finalmente, el senador Alejandro Navarro, en su calidad de presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía,  precisó que esta instancia está en condiciones, si la Comisión de Constitución no tiene el espacio y tiempo, para  ver y revisar y así poder apresurar el trámite de esos proyectos de ley relacionados con el combate al femicidio.