Reinserción laboral en la administración pública recibe apoyo en general

Por unanimidad el Senado aprobó en general el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, limitando la prohibición de ingreso a la administración pública y estableció plazo para las indicaciones hasta el 16 de septiembre del presente año.

La moción tiene por propósito facilitar la reinserción laboral, en la Administración del Estado, de las personas que han sido condenadas por ilícitos que no tengan asignada pena de crimen y aspiran a rehabilitar a los que han delinquido con el objeto de disminuir las cifras de victimización.

Además, se pretende alcanzar la rehabilitación poniendo el énfasis en la capacitación laboral y en la creación de condiciones que faciliten el ingreso de los infractores al mundo laboral.

Al respecto, el senador Jaime Orpis, señaló que “aquí se produjo una paradoja, porque con recursos del Estado se rehabilitan, pero después ese mismo Estado no les da la posibilidad para contratación”, he aquí la importancia de este proyecto para el legislador.

El parlamentario agregó que esta iniciativa “rige para auxiliares y administrativos, pero creo que esto se debe ampliar a otros cargos como técnicos o profesionales. Es muy importante fortalecer esta línea de rehabilitación o reinserción social”, por lo que llamó a seguir perfeccionando el proyecto en su análisis en particular.

PROYECTO SUSTENTABLE

Cebe precisar que la iniciativa legal estiman esencial promover el desarrollo de programas de empleabilidad y de emprendimiento, para lo cual se contó con la colaboración de la Fundación “Proyecto B: La Segunda Oportunidad”, creada con el fin de dar solución a los problemas de delincuencia juvenil y reincidencia. En otras palabras, el esfuerzo se orienta a ofrecer a los infractores un proyecto sustentable en el tiempo que incluya una remuneración rentable y posibilidades de surgimiento en la convicción de que la actividad laboral es un mecanismo único de integración al medio social.

Agrega la moción que la población infractora es un grupo social en situación de especial riesgo, pues además de ubicarse estadísticamente en un rango etario complejo, se relaciona con trabajos informales, esporádicos y precarios, en un contexto psicosocial y familiar que en ocasiones presenta características contrarias a la reinserción laboral.

La reinserción laboral, continúa, obtenida gracias al acceso a puestos de trabajo estables, presenta grandes trabas para quienes han sido condenados, toda vez que no existe una demanda adecuada, lo cual influye negativamente a la hora de enfrentar una nueva posibilidad de trabajo. Para corregir esta situación es necesario crear mecanismos de ofertas laborales reales y hacer un acompañamiento continuo en el proceso de reinserción con monitores que apunten a las dificultades que enfrentan los jóvenes.