Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias enmienda "las equivocadas e inapropiadas expresiones utilizadas por algunos parlamentarios"

Con el fin de mantener "adecuadamente informada a la opinión pública y enmendar las equivocadas e inapropiadas expresiones utilizadas por algunos parlamentarios", respecto a las asignaciones parlamentarias, el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias emitió una declaración pública, precisando los alcances de sus funciones.

El secretario ejecutivo del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, Carlos Loyola, enfatizó que  "los recursos para las asignaciones parlamentarias se encuentran incorporados en la Ley de Presupuestos de cada año, cuyos valores son presentados por el Ejecutivo, a solicitud de ambas Cámaras y luego aprobados por el Congreso Nacional".

Añadió que, por lo tanto, "el aumento de las asignaciones sólo se puede producir cuando se aprueba la precitada ley y los parlamentarios prestan su consentimiento".

En ese sentido, la declaración pública indica que al Consejo "le corresponde distribuir esos recursos, previamente informados por ambas Cámaras, sobre la base de tipos de asignaciones, montos para cada una de ellas", entre otros.

Asimismo, se refiere que las rendiciones de cuentas son "controladas por el Comité de Auditoría Parlamentaria, al cual el Congreso le ha asignado su presupuesto".

En consecuencia, aclara que el Consejo sólo "le corresponde establecer el marco regulatorio de las asignaciones y su uso, pero no tiene competencias sobre la fijación de los presupuestos de ambas Cámaras".

Subraya que  "sólo  con una modificación de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, sería posible que este Consejo disminuyera los montos informados".

CÁMARAS

Respecto de la Cámara Alta, la declaración pública sostiene que "en el 2012, los recursos  informados originalmente, según oficio de 09 de mayo de 2011, se distribuyeron en su totalidad, según la resolución del 5 de septiembre del 2011. Posteriormente, el Senado informó al Consejo, el 29 de diciembre del 2011, sobre un nuevo marco de recursos".

Agrega que "en abril del 2012, luego de una reiteración del Senado del 19 de marzo del presente año, sobre la necesidad de aumentar los gastos operacionales y considerando este nuevo marco presupuestario, se determinó acceder a la sugerencia formulada por esa Corporación, en orden de aumentar en $2 millones la asignación señalada, sujeta a rendición de cuentas".

Enfatiza que "los montos informados no han sido distribuidos en su totalidad ya que se encuentra en estudio el detalle de la distribución territorial, según circunscripción".

En tanto, sobre la Cámara de Diputados, el texto indica que en el 2012, el Consejo "en el marco de sus facultades, realizó la distribución total de los fondos informados por la Cámara Baja", y que fue enviada a través de una comunicación efectuada el 31 de mayo del 2011.

Añade que "luego de escuchar a las autoridades de esa Corporación, y previo estudio de este Consejo,  se fijó el nuevo marco de asignaciones parlamentarias, según da cuenta la resolución de la instancia, del 5 de septiembre del 2011".

CONTENIDO

Con respecto al contenido de las asignaciones parlamentarias, la declaración pública, informa que están compuestas  por "contratación de personal de apoyo, asesorías externas, gastos operacionales y pasajes aéreos nacionales, que no constituyen remuneraciones de los Parlamentarios".

También, informa que "según a Constitución, los parlamentarios sólo pueden recibir como dieta la renta que corresponda a un Ministro de Estado".

Acerca de los demás fondos señala "sólo pueden provenir de las asignaciones parlamentarias, que tras la creación de este Consejo, senadores y diputados, se encuentran en la obligación de rendir rigurosa cuenta de cada uno de los gastos realizados".

En caso, que estos recursos no sean utilizados por los legisladores, aclara que "no son susceptibles de acumulación quedando disponibles en el presupuesto de la respectiva Cámara".

Por otro lado, la declaración pública sostiene que se espera que con estas declaraciones "quede adecuadamente informada la opinión pública y puedan enmendarse las equivocadas e inapropiadas expresiones utilizadas por algunos parlamentarios y que lesionan seriamente la institucionalidad de control de los fondos públicos que es el propósito de la creación de este Consejo".

En esa línea, indicaron que "la remuneración de cada consejero es de 100 UF mensuales, es decir, $2.200.000 pesos brutos y no diez millones como se informó con total falta de rigor a la opinión pública" y que el presidente del Consejo percibe 30 UF adicionales "atendida la naturaleza de su cargo".

Puntualizaron que "el Consejo ha actuado formalmente a través de su presidente, Sergio Páez Verdugo, a quien todos y cada uno de los miembros de este Consejo entregan público respaldo por las infundadas imputaciones y juicios vertidos sobre su persona"

RENUNCIA

Mientras, al ser consultado por la prensa el presidente del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, Sergio Páez,  enfatizó que ninguno de sus integrantes "renunciará", en relación que algunos de ellos, como Vittorio Corbo, habría expresado su idea de dirimir al cargo, tras este impasse.

Cabe señalar, que el Consejo está integrado además por: Luis Riveros, Alberto Arenas y Andrés Egaña.