Instan a perfeccionar la legislación sobre inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad

“Igualdad de condiciones” es el principal objetivo del proyecto de acuerdo recientemente respaldado por el Senado, mediante el cual le solicita al presidente de la República presentar un mensaje que perfeccione la legislación sobre inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad, que permita ejercer sus derechos en igualdad de condiciones de los demás trabajadores.

Los autores hacen mención a los numerosos instrumentos internacionales suscritos por Chile que establecen obligaciones que promueven el empleo de las personas con discapacidad.

En lo local, se refieren a la ley N° 21.015 que incentiva la Inclusión de Personas con Discapacidad al Mundo Laboral; norma que fue complementada con la publicación de la ley N° 21.275, que Modifica el Código del Trabajo, para exigir de las empresas la adopción de medidas que faciliten la inclusión laboral de los trabajadores con discapacidad y que establece la exigencia de que al menos uno de los trabajadores que se desempeñe en funciones relacionadas con recursos humanos deberá contar con conocimientos específicos en materias que fomente la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

Recuerdan que la ley 21.015, incorporó en su artículo cuarto transitorio la evaluación de la implementación de la reserva legal de empleo para personas con discapacidad.

Al respecto, el informe emitido el 14 de junio del año 2021, concluye - entre otros aspectos- sobre la necesidad de impulsar medidas que promuevan más y mejor calidad de fiscalización en instituciones públicas y privadas, así como sanciones efectivas ante su incumplimiento, en especial tratándose de instituciones públicas, quienes ni si quiera reportan en tiempo y forma, según prescribe la legislación vigente.

Ante esto, los autores aseveran “que resulta necesario actualizar y adecuar la legislación vigente en materia de inclusión laboral de las personas con discapacidad, haciéndonos cargo de sus principales críticas, las brechas que subsisten en la formación, el empleo y la capacitación; y en definitiva abordar las deficiencias de la normativa vigente y los aspectos observados por las autoridades competentes en el informe señalado, en orden a mejorar las condiciones y hacer efectivos los derechos consagrados para las personas con discapacidad en el país, quienes ven mermados el ejercicio de sus derechos en el ámbito laboral y ven como en la práctica no se cumplen, se hace caso omiso o derechamente se les discrimina arbitrariamente por razones de su discapacidad”.

“Mas grave -agregan- cuando estas conductas provienen del Estado y de los órganos que lo componen y a través de los cuales se articula, quienes, teniendo obligaciones expresas de reportar y de cumplir la reserva legal, no lo hacen o cumplen de manera parcial”.

Por último, constatan que “atendido a que el perfeccionamiento de esta normativa trata de materias que son de exclusiva competencia del presidente de la República”, se hace necesaria la solicitud, a través del presente proyecto de acuerdo.

La petición fue encabezada por los senadores Alejandro Kusanovic, María José Gatica, Paulina Núñez, Ximena Órdenes, Ximena Rincón, Alejandra Sepúlveda, Karim Bianchi, Juan Castro González, Juan Castro Prieto, Juan Antonio Coloma, Rojo Edwards, Álvaro Elizalde, Fidel Espinoza, Iván Flores, Rodrigo Galilea, Carlos Kuschel, Ricardo Lagos, Iván Moreira, Daniel Núñez, Manuel José Ossandón, Kenneth Pugh, Gastón Saavedra, David Sandoval, Gustavo Sanhueza, Jorge Soria, Esteban Velásquez y Matías Walker.

• Existe una baja tasa de respuesta de las instituciones públicas a los reportes sobre el cumplimiento y entrega de excusas que la ley 21.015 solicita y la dificultad administrativa de la Dirección del Trabajo obstaculizan la evaluación del cumplimiento de la cuota en cada empresa y monitorear efectivamente a las instituciones cuando se identifique un bajo nivel de logro;

• Falta de claridad respecto a la fiscalización de esta ley en las instituciones públicas; existe consenso en aumentar la cuota de contratación en el sector público, sin embargo, los ministerios propusieron mantenerla debido a que aún existen múltiples desafíos por enmendar;

• En cuanto a la implementación de la ley, sostiene que la articulación normativa pone trabas a la contratación, sobre todo en instituciones públicas, además de la falta de información y formación.

• Se requiere de mayor trabajo intersectorial; en cuanto a la capacitación, el informe concluye que resulta relevante potenciar el rol el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, en materia de crear, impulsar o reforzar los programas y proyectos que permitan la capacitación laboral acorde a las necesidades del mercado del trabajo y con pertinencia territorial;