Abuso de licencias médicas: Comisión de Salud ahondó en rol de la COMPIN

Más antecedentes, se encuentran recopilando los integrantes de la Comisión de Salud tras conocerse la investigación de la Contraloría que permitió identificar a 25 mil funcionarios públicos que salieron del país haciendo uso de su licencia médica. Hace unos días, recibieron a la responsable de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), Pamela Gana. Ahora fue el turno de la titular de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), Valeria Céspedes.

Esta vez la senadora Ximena Ordenes y los senadores Iván Flores (presidente), Juan Luis Castro, Francisco Chahuán, Sergio Gahona y Alfonso De Urresti consultaron por la capacidad del organismo de chequear el reposo domiciliario y la disparidad de criterio de los controladores médicos. Esto luego que la SUSESO explicara que tanto esta Comisión como las Isapres, son las responsables de controlar el cumplimiento de las licencias.

Dada la presencia del subsecretario de Salud Pública subrogante, Fernando Reyes, también se consultó por el reembolso de dineros a las entidades públicas por concepto de licencias rechazadas, y se hizo ver la necesidad de conocer ahora, los antecedentes del mundo privado asegurándose que “el monto del fraude debería sobrepasar con creces el que conocemos en el público”.

CRITERIO MÉDICO

Céspedes comenzó explicando que “la tasa de rechazo de la COMPIN a nivel nacional es de un 5,5%. El 94% de las licencias de Fonasa son aprobadas mientras que las que corresponden a afiliados de las Isapres, un 25% son rechazadas en primera instancia. Éstas son apeladas ante el COMPIN y luego ante la SUSESO. Ahora bien, el 65% de estas logra revertir dicha negativa”.

“Sabemos que acá el tema es el criterio médico que puede ser diferente. Estamos haciendo una capacitación a los contralores con el fin de hacer más homogéneos estos criterios. También estamos actualizando el decreto 7 (que aprueba el reglamento sobre guías clínicas preferenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas) que aborda dichos estándares. Cada COMPIN y cada contralor tienen autonomía técnica por ley”, aclaró.

Al respecto, los senadores Castro y Gahona mencionaron el caso de la COMPIN de la región del Ñuble que aseguraron “suele tener una tasa de rechazo altísima si se compara con el resto del país”. Al respecto desde el Minsal indicaron que se destituyó al contralor de esa zona luego de realizarse una investigación. Independiente de ello, los parlamentarios cuestionaron que no se haga obligatorio, que, en ciertas patologías, que el médico especialista sea el único que pueda extender una licencia, e insistieron en que “el criterio médico no puede ser heterogéneo”.

Consultada la directora del COMPIN sobre la capacidad de controlar el reposo de los afiliados, sinceró que “no tenemos esa capacidad con el personal que contamos. Diariamente se entregan 33 mil licencias diarias, es imposible estar en el domicilio de cada paciente. Por eso estamos potenciando estos convenios con la PDI para determinar, por ejemplo, el movimiento de estas personas o si tiene doble empleador”.
 

RECUPERACIÓN DE FONDOS

El subsecretario Reyes, respondiendo preguntas pendientes de sesiones anteriores, se explayó sobre la recuperación de recursos por parte de instituciones públicas. Así aseguró que “cuando se trata de licencias aprobadas, en el sector público, se le paga toda la remuneración al trabajador, por lo que el empleador tiene la obligación de pedir el reembolso del subsidio a Fonasa o la Isapres, y estos dineros ingresan a la cuenta fiscal”.

En el caso de la subsecretaría de Salud Pública, se explicó que se recuperaron por concepto de licencias médicas de funcionarios afiliados a una Isapre, el 2022, 6 mil millones de pesos, y este año se proyectan unos 3 mil millones de pesos (a abril ya se habían obtenido mil millones).

“Respecto a las licencias rechazadas, el empleador debe solicitar el reintegro de lo pagado al funcionario, y luego rebajar esto del subtítulo 21 de gastos de personal. Así la citada subsecretaría ha logrado recuperar por rechazo, 506 millones de pesos”, planteó Reyes.

Tras escuchar estas cifras, la senadora Ordenes solicitó conocer cuál es la tasa de reintegro de fondos de todo el sector público adelantando que “estoy segura que, la mayoría de los servicios no levanta dichas solicitudes”. En tanto, el senador Flores insistió en la necesidad de “conocer el monto total defraudado”.

En la misma línea, los senadores Chahuán y Gahona aseguraron que “es importante conocer el cruce de datos del mundo privado porque de seguro, el monto del fraude debería sobrepasar con creces el que conocemos en el público (…) Los funcionarios públicos son un millón, mientras que en Fonasa están más de 7 millones de personas”.

Por su parte, la ministra de Salud, Ximena Aguilera recordó la reciente promulgación de la ley que sanciona a los grandes emisores, la tramitación del proyecto misceláneo que entrega a Fonasa la función contralora de las licencias médicas, y el pronto envío al Congreso del proyecto que reformará el Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL).

Desde lo legislativo, el senador De Urresti insistió en que “el Ejecutivo debería presentar un proyecto de ley corto que permita coordinar un proceso que no funciona. Tenemos un acuerdo transversal en materia de fiscalización y cumplimiento. Este informe de la Contraloría nos muestra un mal extendido en que ganan todos, el médico que emite la licencia y el funcionario que viaja con un permiso falso”.