Comisión de Salud e informe de Contraloría por licencias médicas: apuntan al rol de control de la administración pública

Un anticipo de lo que vivirá mañana la Sala en una Sesión Especial, experimentaron los integrantes de la Comisión de Salud, que preside el senador Iván Flores al escuchar a la contralora General de la República, Dorothy Pérez, quien entregó detalles del informe emanado por esta entidad que determinó que 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero entre el 2023 y el 2024, mientras se encontraban con licencia médica.

La autoridad informó del cruce de información proveniente de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) acerca de la emisión de los Subsidios de Incapacidad Laboral (SIL) de funcionarios públicos o trabajadores que prestan servicios a un ente público, y las entradas y salidas del país registradas por la PDI de los mismos.

Las cifras fueron concluyentes: poco más de 25 mil trabajadores haciendo uso de su derecho a descanso, viajaron al exterior, 69% de ellos afiliados a Fonasa y un 31% a Isapres. Las salidas y regresos, se concentraron entre los meses de septiembre a diciembre y un 12% del total corresponde a funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles e Integra.

Asimismo, en la sesión se dio cuenta del caso de médicos que se autoprescribieron permisos y usaron esos días para operar, particularmente realizar partos en el mundo público y privado.

Dado este panorama, la contralora Pérez explicó que “entregamos la nómina de los involucrados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que se instruyan los sumarios administrativos para esclarecer los hechos y, en los casos que correspondan, se apliquen las medidas disciplinarias (…) También dictamos sumarios en Fonasa, la SUSESO y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) por la falta de control en esta materia”.

“Se han hecho estas auditorías por décadas, pero nunca de manera tan masiva y con tanta tecnología. Siempre se están reportando situaciones a los servicios. Vemos poco de control interno, por eso hay que fortalecer el sistema nacional de control. Existen hechos graves que son de público conocimiento, no hay que esperar que la Contraloría investigue para actuar”, reflexionó adelantando que esta revisión se realizará todos los años junto con informar que “ahora estamos procesando los datos de Capredena y Dipreca, y estamos buscando mecanismos para controlar las licencias que se usaron para realizar viajes dentro del país”.
 

PROYECTOS Y COMPIN

Luego tanto la ministra de Salud, Ximena Aguilera, como la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli ahondaron en los esfuerzos que ha realizado la cartera para contener este fenómeno, al que calificaron de “la máxima gravedad”.

Desde lo legislativo, la secretaria de Estado recordó que “ya terminó la tramitación del proyecto de grandes emisores que viene a contener en buena parte el gasto público asociado. Ahora en esta Comisión, se está discutiendo traspasar a Fonasa el rol del contralor médico que evalúa las licencias médicas. Y finalmente, está en su etapa final de elaboración el proyecto de reforma al Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL) que presentaremos pronto”.

Por su parte, la subsecretaria Albagli destacó los pasos que ha dado la COMPIN para fiscalizar la emisión de licencias. “En el 2022, partió una forma de fiscalizar para detectar a grandes emisores. Luego se elaboró un plan priorización considerando las instituciones públicas con más permiso: Junji, Subsecretaría de Redes y Subsecretaría de Salud Pública, entre otras. Comenzó así la revisión de la veracidad de las licencias electrónicas, la identificación de doble cotización o empleador y el estudio de movimientos migratorios. Ya se habían detectado 302 casos mal uso y destituyó a 5 funcionarios”, declaró.
 

SUMARIOS Y DENUNCIAS

En forma unánime, la senadora Ximena Ordenes y los senadores Iván Flores (presidente), Francisco Chahuán, Juan Luis Castro, Sergio Gahona y Alfonso De Urresti coincidieron a la hora de felicitar el trabajo realizado por la Contraloría consultando por qué el Ejecutivo no efectuó una investigación similar.

Los legisladores apuntaron a varios focos: la competencia de la administración pública, el pago total y anticipado de las licencias por parte de Fonasa, los sumarios públicos y la ley Karin, y la necesidad de endurecer medidas como despidos ante este tipo de irregularidades y obligar el pago de los dineros mal habidos.

El senador Castro preguntó a la contralora directamente “¿qué opina del fracaso del convenio entre la SUSESO y la PDI que hasta ahora no entrega datos como los que ustedes obtuvieron?  (…) También quisiera saber por qué ustedes están sumariando a la SUSESO, la COMPIN y FONASA (…) ¿qué piensa de los Comités de Ausentismo Laboral creados por el ministerio de Hacienda cuando se conocieron estos casos?”.

Luego el senador Gahona comentó el caso de una trabajadora que hizo mal uso de su licencia y cuando fue investigada, en vez de ser sancionada, su jefe fue despedido en el marco de una denuncia por ley Karin. “Cómo se garantiza la protección a los trabajadores que sí actúan con probidad (…) Luego es esencial saber qué pasa con la recuperación de los recursos del SIL porque me imagino que habrá algún esfuerzo en ese sentido”, advirtió.

En tanto la senadora Ordenes enfatizó en la importancia en apuntar a las medidas luego de conocerse el caso. “Nos indican que la mayor parte de los 21 mil trabajadores se desempeñan en los municipios entonces debe haber algo ahí que revisar porque en las municipalidades hay un grado importante de gasto en personal (…) También hay que considerar el pago anticipado de las licencias es un incentivo que habría que estudiar y por supuesto asegurar medidas de recuperación de fondos”.

Por su parte, el senador Chahuán consultó si se piensa hacer algún cambio al concepto de salud incompatible con el cargo. “Ahora entiendo que se habían pedido ingresos a Hacienda, para estudiar estos cruces de información en la Junji por licencias médicas y se negaron los fondos (…) A su vez, creo que la fiscalización en el sector privado debe ser tan fuerte como en el público”.

El senador De Urresti aseguró que “nos hemos hecho el leso hace mucho tiempo con esto, se perdió la ética, hay muchas autoridades hacen vista gorda. Mientras no desincentivemos este lucro, esto va a seguir. Gana el funcionario que tiene más días libres pagando la licencia, gana el médico que cobra, gana el que hace el reemplazo, mientras que la gente no se vaya presa, esto no se va acabar”.

Finalmente, el senador Flores denunció que “estamos frente a un enorme fraude al Fisco que es tan grande que requiere una respuesta precisa. Esto no se resuelve con sumarios, ni con comisiones de ausentismo porque eso es aumentar la burocracia. Estamos en presencia de un delito que no puede quedar impune y hablamos de corrupción”.

Tras escuchar la respuesta de las autoridades, las que se extenderán en la sesión del lunes 2 de junio, la Comisión acordó que los asesores legislativos y la mesa técnica estudie la necesidad de modificar una norma que hoy le impide a la Contraloría, opinar sobre decisiones administrativas, tales como la creación y funcionamiento del Comité de Ausentismo Laboral.