Martes 27 de Mayo de 2025
Sala condena abuso de licencias médicas apostando por fortalecer el rol de la Contraloría
Luego de conocer detalles del informe Consolidado de Información Circularizada del citado organismo, las y los senadores reconocieron que se debe facilitar el acceso a antecedentes para que se puedan generar más auditorías. La Contralora quedó de enviar un oficio a la Presidencia del Senado, detallando los requerimientos de su institución.
Con la firme convicción de la necesidad de fortalecer las facultades de la Contraloría General de la República, la Sala del Senado conoció los detalles del informe emanado por esta entidad que determinó que 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero entre el 2023 y el 2024, mientras se encontraban con licencia médica.
La sesión especial que convocó a la Contralora Dorothy Pérez, comenzó con la intervención del integrante de la Comisión de Salud, el senador Francisco Chahuán, quien hizo un recuento de una serie de hechos que han terminado con “el escándalo de las licencias”. Así mencionó la ley -recién promulgada- que aumenta las sanciones a las licencias médicas fraudulentas y la negativa del ministerio de Hacienda de entregar nuevos recursos para hacer cruces de bases de datos en este sentido.
INFORME CONTRALORÍA
La Contralora Pérez partió explicando que el informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) es un nuevo producto del organismo que permite cruzar -de manera masiva- bases de datos públicas. “Siempre estamos haciendo auditoría, solo ahora estamos haciendo esto de manera masiva con tecnología”, describió.
En este contexto ahondó en el reporte dado a conocer la semana pasada, que fiscaliza la conducta de los casos de funcionarios públicos y trabajadores de entidades financiadas con fondos públicos. “En concreto, se cruzaron las bases de datos de salidas del país que tiene la PDI y las licencias que entrega la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO)”, indicó.
Complementó detallando que “el trabajo abarcó los años 2023-2024. Se revisaron 5 millones de licencias médicas entregadas a dichos trabajadores que se cruzaron con un millón de 200 mil salidas del país de este personal. Así se identificaron 25 mil trabajadores que habrían incumplido el periodo de reposo porque viajaron fuera de Chile”.
La autoridad también entregó antecedentes de otro informe CIC de médicos de establecimientos públicos que viajaron del país usando licencias médicas y profundizó en casos emblemáticos que han identificado en auditorías regulares, como personas que estudiaron en el exterior usando licencia o que emiten boletas de honorarios en el mismo periodo.
Finalmente, la Contralora solicitó que “se evalúen mayores atribuciones para nuestra institución para requerir bases de datos o solicitar cartolas de bancos de servicios públicos o que podamos aplicar directamente sanciones luego de hacer una auditoría (…) Quisiera también más atribuciones a otros organismos que pueden ejercer el rol de control como son las superintendencias de salud”.
DEBATE
Durante el debate hicieron uso de la palabra los senadores Alfonso De Urresti, David Sandoval, Alejandro Kusanovic, Matías Walker, Juan Castro, Gustavo Sanhueza, Sergio Gahona, Claudia Pascual, Jaime Quintana, Yasna Provoste, Juan Ignacio Latorre, Ximena Ordenes, Esteban Velásquez, Carlos Kuschel y Karim BIanchi.
En forma transversal, las y los parlamentarios valoraron la investigación liderada por al Contraloría e hicieron un llamado a diseñar una estrategia que genere un antes y un después en este tipo de conductas. Así se recordó parte de la conversación que se dio en la sesión de ayer en la Comisión de Salud, donde la contralora adelantó el informe dado a conocer a la Sala.
Dado los resultados, se habló de tolerancia cero ante este tipo de abusos que fueron calificados como “el pan de cada día” y “un engaño al fisco y a los propios pacientes postergados”. En términos económicos, cuantificaron el pago de estas licencias incumplidas en 300 millones de dólares o diez teletones. Y respecto de los médicos emisores, se hizo ver la pertinencia de endurecer aún más la ley recién promulgada apelando a penas de cárcel.
En tanto algunos legisladores cuestionaron los resultados que ha tenido el convenio entre la SUSESO y la PDI, puesto que “solo la Contraloría generó un informe concluyente, pero la SUSESO puede hacer lo mismo y no tenemos ninguna noticia de este tamaño fraude”. De hecho, más de algún senador pidió revisar el rol de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN).
Respecto al llamado a renunciar a los funcionarios presentes en la nómina del informe CIC, un parlamentario advirtió que “hacerlo puede evitar que estas personas asuman las sanciones que les corresponden”; mientras que otra legisladora comentó que "no por lo que pasó, hay que enlodar la labor de miles de funcionarios públicos".
También se hizo presente la necesidad de estudiar una ley corta pidiéndose al Gobierno, “determinar dos o tres puntos que son urgentes para terminar con estos abusos (…) Hay que entregarle más atribuciones a la Contraloría (…) Se necesita modificar la ley de Municipalidades”.
Finalmente, un sector aseguró que “si queremos erradicar la corrupción hay que tomar decisiones y no sucumbir a los llantos de las asociaciones de funcionarios públicos que ya vamos a empezar a escuchar”.
