Avanza a su discusión en particular norma que busca minimizar el déficit habitacional
La moción pretende acelerar la construcción de viviendas simplificando los procedimientos administrativos y responsabilizando a las autoridades competentes, de demoras injustificadas en la tramitación de permisos.
24 de mayo de 2024
Continuar con la votación en particular luego de respaldar la idea de legislar, fue el acuerdo al que llegaron los integrantes de la Comisión de Vivienda y Urbanismo en su última sesión, tras revisar las ideas matrices del proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de plazos y sanciones por incumplimiento.
La instancia se encuentra revisando la moción en segundo trámite que cuenta con suma urgencia. Dado lo anterior, los legisladores aprobaron en general el texto por unanimidad, tras escuchar a representantes de la corporación Déficit Cero, quienes hicieron un diagnóstico del déficit habitacional y una serie de recomendaciones a la propuesta que ha sido patrocinada por el Ejecutivo.
“La demanda social por una vivienda de interés público crece cada día en el marco del fenómeno del déficit habitacional. La demanda ha crecido pero la oferta hoy no es capaz de responder a ella porque se mantiene tal cual. Creemos que este proyecto ayuda a apurar la producción de vivienda ojalá llegando a 100 mil unidades por año. Se concentra en impulsar la oferta disminuyendo los tiempos que permiten materializar las obras”, explicaron.
La organización detalló las indicaciones que recomiendan incorporar en la iniciativa, tales como definir de mejor forma la responsabilidad del director de obras municipales y del revisor independiente; estudiar el principio de proporcionalidad de la revisión de trámites; y la necesidad de dar certeza jurídica a los actos de impugnación de los permisos de edificación.
Consultados por las cifras del déficit de viviendas, Déficit Cero aseguró que “son 650 mil familias que están en campamentos, asentamientos, en situación de calle o viven hacinados. Pero existen 2,2 millones de familias que demandan viviendas de interés público, muchas de las cuales arriendan a altos precios, de hecho, destinan más del 30% de su sueldo a este ítem. Si ellos tienen una emergencia económica, pasan a engrosar esas 650 mil familias porque ya no son capaces de pagar el arriendo”.
La iniciativa busca acelerar la entrega de las viviendas. En primer lugar, simplificando los procedimientos administrativos para reducir los plazos de construcción de los proyectos inmobiliarios. Así se considerará al iniciar el trámite respectivo, el anteproyecto de construcción, el informe de mitigación de impacto vial y el permiso de edificación.
En segundo lugar, se responsabiliza a las Direcciones de Obras Municipales, los Servicios de Vivienda y Urbanismo, las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMIS) de Transporte y Telecomunicaciones, y al Conservador de Bienes Raíces por las demoras injustificadas en el despacho de los instrumentos de planificación territorial para el desarrollo de los proyectos inmobiliarios.