REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 371ª
Sesión 103ª, en miércoles 6 de marzo de 2024
Extraordinaria
(De 15:29 a 17:42)
PRESIDENCIA DE SEÑOR JUAN ANTONIO COLOMA CORREA, PRESIDENTE;
SEÑOR FRANCISCO HUENCHUMILLA JARAMILLO, VICEPRESIDENTE, Y SEÑORES GUSTAVO SANHUEZA DUEÑAS Y SERGIO GAHONA SALAZAR, PRESIDENTES ACCIDENTALES
SECRETARIOS, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR, Y LA SEÑORA PILAR SILVA GARCÍA DE CORTÁZAR, SUBROGANTE
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Campillai Rojas, Fabiola
--Carvajal Ambiado, Loreto
--Castro González, Juan Luis
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cruz-Coke Carvallo, Luciano
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Edwards Silva, Rojo
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Flores García, Iván
--Gahona Salazar, Sergio
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--Gatica Bertin, María José
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Keitel Bianchi, Sebastián
--Kusanovic Glusevic, Alejandro
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Macaya Danús, Javier
--Moreira Barros, Iván
--Núñez Arancibia, Daniel
--Núñez Urrutia, Paulina
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pascual Grau, Claudia
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Saavedra Chandía, Gastón
--Sandoval Plaza, David
--Sanhueza Dueñas, Gustavo
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Van Rysselberghe Herrera, Enrique
--Velásquez Núñez, Esteban
--Walker Prieto, Matías
Concurrieron, además, los Ministros de Hacienda, señor Mario Marcel Cullell; Secretario General de la Presidencia, señor Álvaro Elizalde Soto, y de Energía, señor Diego Pardow Lorenzo.
Asimismo, se encontraba presente la Subsecretaria General de la Presidencia, señora Macarena Lobos Palacios.
Actuaron de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, titular, y la señora Pilar Silva García de Cortázar, subrogante, y de Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 15:29, en presencia de 17 señoras Senadoras y señores Senadores.
El señor COLOMA (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
MINUTO DE SILENCIO POR VÍCTIMAS DE INCENDIOS EN REGIÓN DE VALPARAÍSO
El señor COLOMA (Presidente).-
Quiero pedir, a petición de distintos Senadores, particularmente de esta región, un minuto de silencio por todas las víctimas de los incendios que ocurrieron en el mes de febrero y cuyas consecuencias desastrosas aún se las puede ver en sus calles.
(Los asistentes se ponen de pie y la Sala guarda un minuto de silencio).
Muchas gracias.
Doce Mensajes de Su Excelencia el Presidente de la República
Con los que hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", en relación con las siguientes iniciativas:
-La que modifica la ley N° 19.712, del Deporte, y la ley N° 20.730, General de Educación, para exigir que los establecimientos educacionales de todo nivel otorguen a sus alumnos facilidades que permitan compatibilizar sus estudios con la práctica intensiva o competitiva de deportes, en los casos y condiciones que indica (Boletines Nos 12.950-29 y 12.999-29, refundidos).
-La que modifica el Código de Aguas en materia de otorgamiento de derechos de uso y aprovechamiento de aguas a proveedores de Servicios Sanitarios Rurales (Boletín N° 15.754-33).
-La que modifica la ley N° 21.074, sobre fortalecimiento de la regionalización del país, para denominar la "Región de Coquimbo" como "Región de Coquimbo de Gabriela Mistral" (Boletín N° 16.205-06).
-La que modifica la legislación electoral para establecer el voto obligatorio y perfeccionar el sistema electoral (Boletín N° 16.357-06).
-La que crea un Registro Nacional de Personas Beneficiarias Finales (Boletín N° 16.475-05).
-La que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia (Boletín N° 16.552-12).
-La que establece normas de eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático (Boletín N° 13.179-09).
-La que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales (Boletín N° 12.092-07).
-La que modifica la ley N° 21.091 para prohibir que la rendición de evaluaciones y la entrega de títulos sea condicionada al pago de deudas arancelarias contraídas con las instituciones de educación superior (Boletín N° 15.831-04).
-La que modifica la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública (Boletín N° 12.100-07).
-La que introduce modificaciones a la ley Nº 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura, y al decreto ley N° 825, de 1974, del Ministerio de Hacienda, ley sobre impuesto a las ventas y servicios, para mejorar el pago a treinta días (Boletín N° 15.716-03).
-La que consagra el derecho al olvido en materia financiera (Boletín N° 15.407-03).
--Se toma conocimiento de las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficio
Del Tribunal Calificador de Elecciones
Por el que comunica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la Constitución Política de la República, que el Pleno de la Excma. Corte Suprema designó como integrantes del Tribunal Calificador de Elecciones para el cuadrienio 2024-2028, a los Ministros señor Sergio Muñoz Gajardo, quien presidirá, señora María Cristina Gajardo Harboe, y señores Arturo Prado Puga y Mauricio Silva Cancino; y al ex Presidente de la Cámara de Diputados, señor Gabriel Ascencio Mansilla.
--Se toma conocimiento.
Informes
De la Comisión de Minería y Energía, y de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales, en materia de estabilización tarifaria (Boletín N° 16.576-08) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y de la Comisión de Educación, recaídos en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que equipara el derecho de sala cuna para las trabajadoras, los trabajadores y los independientes que indica, en las condiciones que establece, modifica el Código del Trabajo para tales efectos y crea un fondo solidario de sala cuna (Boletín N° 14.782-13).
--Quedan para tabla.
Permisos constitucionales
De la Honorable Senadora señora Aravena, a contar del día 7 de marzo de 2024, en virtud de lo dispuesto en el artículo 60 de la Constitución Política de la República.
Del Honorable Senador señor Chahuán, a contar del día 6 de marzo de 2024, en virtud de lo dispuesto en el artículo 60 de la Constitución Política de la República.
El señor COLOMA (Presidente).-
Se toma conocimiento y, si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
--Así se acuerda.
El señor BUSTOS (Prosecretario).-
Eso es todo, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias.
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El señor COLOMA (Presidente).-
Sobre la Cuenta, tiene la palabra la Senadora Núñez.
La señora NÚÑEZ.-
Gracias, Presidente.
Hace unos días presentamos un proyecto de acuerdo, respaldado por más de treinta Senadoras y Senadores, que busca solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, instruya la fijación de un plazo determinado para pacientes sobrevivientes de cáncer de mamas a fin de que puedan acceder a cirugías de reconstrucción mamaria.
Esta solicitud nos la hizo llegar la Corporación Cáncer de Mamas, que hoy día estuvo en nuestro Senado, en el Congreso Nacional.
Pido que se ponga sobre tabla. Sé que se requiere la unanimidad, pero estamos a días de que conmemoremos un nuevo Día Internacional de la Mujer.
Para que todos sepan, la reconstrucción mamaria está cubierta, pero no tiene un plazo determinado. Y eso, evidentemente, lo tiene que hacer el Ejecutivo.
Creo que sería una buena señal porque hay miles de mujeres que sobreviven al cáncer de mamas, pero que tienen que esperar años para esa reconstrucción si se atienden en el sector público.
Así que espero que pueda ser acogida esta solicitud, Presidente, sin mayor uso de la palabra.
Gracias.
El señor COLOMA (Presidente).-
A usted.
La Senadora está solicitando poder ver el proyecto de acuerdo a que ha hecho referencia, y para ello se requiere la unanimidad.
¿Les parece?
(El señor Presidente hace sonar la campanilla en señal de acuerdo).
Si quiere, Secretario, podríamos verlo altiro.
Se dio cuenta de este proyecto la semana pasada.
El señor DE URRESTI.-
Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
A ver.
Tiene la palabra el Senador De Urresti, por mientras.
A ver si podemos ingresar el proyecto.
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El señor DE URRESTI.-
Presidente, quiero solicitar la ampliación del plazo de presentación de indicaciones para el boletín N° 13.098-24, que corresponde a un proyecto que estamos discutiendo en la Comisión de Cultura, Patrimonio, Artes, Deporte y Recreación sobre la denominada "Ley Balmes", que establece la regulación de los derechos de autor en materia de propiedad intelectual respecto a artistas y creadores de obras visuales de imagen fija.
El plazo vence el día de mañana, y lo que estamos pidiendo es poder prorrogarlo, lo cual es también una petición del Ejecutivo, para el jueves 14 de marzo, a las 12 horas.
El señor COLOMA (Presidente).-
Se está solicitando un nuevo plazo para la presentación de indicaciones en el proyecto referido, por parte del Presidente de la Comisión de Cultura, Patrimonio, Artes, Deporte y Recreación
Si les parece, accederíamos.
(El señor Presidente hace sonar la campanilla en señal de acuerdo).
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El señor COLOMA (Presidente).-
Estamos viendo lo del proyecto, Senadora Núñez.
(Pausa).
Si les parece, conforme al acuerdo unánime alcanzado en la Sala, el señor Secretario procederá a dar cuenta del proyecto de acuerdo.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señor Presidente.
FIJACIÓN DE PLAZO DETERMINADO PARA QUE PACIENTES SOBREVIVIENTES DE CÁNCER DE MAMA ACCEDAN A CIRUGÍAS DE RECONSTRUCCIÓN MAMARIA. PROYECTO DE ACUERDO
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Conforme a lo acordado en la Sala, se somete a consideración y votación de Sus Señorías el proyecto de acuerdo de los Honorables Senadores señoras Núñez, Aravena, Carvajal, Gatica, Pascual, Provoste, Rincón, Sepúlveda y Vodanovic y señores Chahuán, De Urresti, Durana, Flores, Gahona, Galilea, Huenchumilla, Kusanovic, Kuschel, Macaya, Ossandón, Prohens, Pugh, Saavedra, Sandoval, Soria, Van Rysselberghe y Walker, con el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, instruya la fijación de un plazo determinado para que pacientes sobrevivientes de cáncer de mamas accedan a cirugías de reconstrucción mamaria.
--A la tramitación legislativa del proyecto de acuerdo (boletín S 2.524-12) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor COLOMA (Presidente).-
Se someterá a votación el proyecto de acuerdo conforme al acuerdo unánime que se dio por parte de la Sala.
En votación.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor COLOMA (Presidente).-
Cerrada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (24 votos a favor).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Gatica, Núñez, Pascual, Provoste y Rincón y los señores Coloma, De Urresti, Durana, García, Insulza, Keitel, Kuschel, Lagos, Ossandón, Prohens, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.
El señor COLOMA (Presidente).-
Pasamos al Orden del Día.
MODIFICACIÓN DE DIVERSOS CUERPOS LEGALES EN MATERIA DE ESTABILIZACIÓN TARIFARIA
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El señor Presidente pone en discusión el proyecto de ley iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales en materia de estabilización tarifaria, iniciativa que corresponde al boletín N° 16.576-08.
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho calificándola de "discusión inmediata".
--A la tramitación legislativa del proyecto (boletín 16.576-08) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Esta iniciativa tiene por objeto estabilizar y normalizar gradualmente las tarifas eléctricas, pagar la deuda existente y otorgar un subsidio a los más vulnerables.
La Comisión de Minería y Energía hace presente que, por tratarse de un proyecto con urgencia calificada de "discusión inmediata", de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, discutió la iniciativa en general y en particular.
La referida Comisión deja constancia, además, de que aprobó el proyecto de ley en general por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Durana, Castro González, Prohens y Quintana. En particular, sancionó la iniciativa con las modificaciones y votaciones que se consignan en su informe.
La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció acerca de las normas de su competencia; estas son, el artículo primero en sus numerales 1, letras b) y d); 2, letras a), b), d) y e); el artículo segundo en sus numerales 1, letras a) y b); 2, letras a), b), c), d), f) y g); 3, letras a) y b); 4; 6, letra a); 7; 8; 9; 10, letras a), b) y c); y 11, todas disposiciones permanentes del proyecto, y los artículos primero, cuarto, quinto y sexto transitorios.
Las mencionadas normas fueron aprobadas por la Comisión de Minería y Energía, como reglamentariamente corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento de la Corporación.
Asimismo, consigna que las mencionadas disposiciones de su competencia fueron aprobadas sin modificaciones por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Coloma, García, Insulza y Núñez.
Además, deja constancia del informe financiero considerado en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 36 y siguientes del informe de la Comisión de Minería y Energía, en las páginas 28 y siguientes del informe de la Comisión de Hacienda y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Es todo señor, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias, señor Secretario.
Como se ha planteado, este proyecto se discutirá en general y en particular.
Por lo tanto, corresponde, en primer lugar, un informe respecto del proyecto.
Le ofrezco la palabra, para rendir el informe de la Comisión de Minería y Energía, al Senador Durana.
El señor DURANA.-
Gracias, Presidente.
La Comisión de Minería y Energía tiene el honor de informar el proyecto de ley de la referencia, iniciado en mensaje de Su Excelencia el señor Presidente de la República.
Se hace presente que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, la Comisión discutió en general y en particular esta iniciativa de ley por tener urgencia calificada de "discusión inmediata".
En cuanto a los aspectos técnicos, el proyecto aprobado en general y en particular por la Comisión consta de dos artículos permanentes y siete artículos transitorios, y su objetivo es estabilizar y normalizar gradualmente las tarifas eléctricas, pagar la deuda existente y otorgar un subsidio a los más vulnerables.
Vale la pena destacar que para estudiar este proyecto la Comisión sesionó los días 17, 24 y 29 de enero del presente año, y recibió en audiencia al Ministro de Energía, señor Diego Pardow, y a representantes del Coordinador Eléctrico Nacional, Fenacopel, Generadoras de Chile, Empresas Eléctricas Asociación Gremial, Libertad y Desarrollo, Valgesta Nueva Energía, Universidad de Santiago de Chile, Asociación de Transmisoras de Energía y Acera Asociación Gremial.
En dichas instancias, los aspectos centrales del debate fueron la situación actual de la industria y la deuda existente; el mecanismo de estabilización y normalización gradual de las tarifas, y la composición y beneficiarios del subsidio.
Finalmente, se hace presente que, puesto en votación general el proyecto de ley, fue aprobado por la mayoría de los miembros de la Comisión, y que en la misma sesión se estudiaron las cuatro indicaciones parlamentarias presentadas, dos de las cuales fueron aprobadas, una retirada y una declarada inadmisible, lo que generó la incorporación del artículo séptimo transitorio al texto, con el fin de permitir que los decretos nudo promedio entren en vigencia sin esperar su total tramitación, por razones impostergables de buen servicio, y además se establece que para el caso del decreto que fija el valor agregado de distribución para el período 2020-2024 se aplicarán las mismas reglas, con excepción de las reliquidaciones.
Gracias, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
A usted, Senador.
Para rendir el informe de la Comisión de Hacienda, tiene la palabra el Senador Lagos.
El señor LAGOS.-
Gracias, Presidente.
Complementando el informe del Senador Durana, Presidente de la Comisión de Energía y Minería, sobre este proyecto, a la Comisión de Hacienda le correspondió pronunciarse sobre los asuntos de su competencia, esto es, un número bastante significativo de normas del proyecto en cuestión.
A la Comisión asistió el Ministro de Energía, Diego Pardow, junto con la señora Uriarte y otros asesores.
En lo fundamental, las normas -numerosas, como señalé- fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Senadores Coloma, García, Insulza y Núñez, en los mismos términos en que fueron despachadas por la Comisión de Minería y Energía.
Con respecto al tema del financiamiento del proyecto, se informa lo siguiente.
Primero, se requiere financiar las auditorías y la clasificación del Fondo, lo que va a tener un costo de 40 millones de pesos anuales.
Y además -esto es lo más sustantivo-, debido a la necesidad de financiamiento del subsidio transitorio al pago del consumo de energía eléctrica para usuarios residenciales de escasos recursos, como establece este proyecto, se contempla un desembolso anual equivalente a 120 millones de dólares americanos durante 2024, 2025 y 2026. Estamos hablando de 120 millones de dólares por cada uno de estos años, de los cuales 100 millones se van a financiar con cargo al Fondo de Estabilización de Tarifas, en particular con el Cargo por Servicio Público, y los 20 millones restantes, a través del Tesoro Público.
En consecuencia, desde el punto de vista del informe financiero, este proyecto irroga un mayor gasto fiscal equivalente a 20 millones de dólares anuales, por los años 2024, 2025 y 2026, más 40 millones de pesos anuales. Estamos hablando, en resumen, de 120 millones de pesos por los tres años y de 60 millones de dólares.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias, Senador.
Le ofrezco la palabra al Ministro para que nos pueda ilustrar sobre este proyecto, que es bastante largo y relevante.
Ministro.
El señor PARDOW (Ministro de Energía).-
Muchas gracias, señor Presidente.
Quisiera empezar mi intervención haciendo un poco de memoria sobre el origen del proyecto.
En octubre del 2019, en medio del estallido social, se crea el primer mecanismo de congelamiento de tarifas, conocido como "PEC", que tenía un techo de deuda de 1.350 millones de dólares, el cual, especialmente producto de lo que ocurrió durante la pandemia, se excedió con creces.
Esto hizo necesario un segundo mecanismo para mantener estas políticas, que fue conocido como "MPC", por 1.800 millones de dólares, el cual, debido a lo ocurrido con los combustibles fósiles, producto de la guerra en Ucrania y a la alta inflación que caracterizó ese período en nuestro país, también se agotó anticipadamente y se superó ese límite, a tal punto que hoy día estamos hablando de una deuda que asciende a más de 6.000 millones de dólares.
Por esta razón, es necesario establecer un calendario de pago que permita hacerse cargo de esta deuda, de una manera gradual, progresiva y que evite un aumento en la morosidad de los clientes, porque eso no permitiría arreglar el problema.
Para que tengamos un orden de magnitud, estamos hablando de una deuda que crece 3 millones de dólares al día. ¡Por cada día que nos demoramos en establecer un calendario de pago, la deuda crece 3 millones de dólares!
Por eso este proyecto está con "discusión inmediata" y ha contado con la colaboración de distintas Comisiones de esta Corporación. Ello, porque, finalmente, enfrenta una realidad que es necesario abordar con la urgencia y premura que se le está dando.
Si implementáramos la ley vigente del mecanismo MPC, especialmente en los segmentos de alto consumo energético, tendríamos que duplicar -en palabras sencillas- el valor de la cuenta de la luz de un mes para otro. Para ponerlo en términos bien transparentes -esto fue trabajado en detalle en la Comisión de Energía-, por ejemplo, un minimarket ubicado en la comuna de San Bernardo que hoy paga 100 mil pesos en la cuenta de la luz, de un mes para otro tendría que pagar 200 mil pesos; un APR en la comuna de Vicuña que paga 1 millón de pesos, pasaría a tener una cuenta de 2 millones de pesos.
El tercer ejemplo importante de relevar es el caso de los consumidores vulnerables que comparten un mismo medidor, con el cual, si uno suma el consumo individual de cada familia vulnerable, supera los umbrales de protección del mecanismo actualmente vigente. Estamos hablando de clientes con un medidor compartido, por ejemplo, en la comuna de Talcahuano, que hoy día pagan una cuenta de 100 mil pesos, pasarían a pagar una de 200 mil pesos.
Uno puede pensar que ninguno de estos segmentos de consumidores es capaz de realizar un esfuerzo de esa magnitud. Entonces, ¿qué es lo que razonablemente ocurriría? Simplemente aumentaría la morosidad y trasladaríamos el problema de un lugar a otro, sin resolverlo.
Este proyecto aborda de manera fiscalmente responsable el problema que supone el descongelamiento de las tarifas. Lo hace extendiendo en el tiempo el calendario de pago, dividiéndolo en dos: en una primera etapa se va a cancelar la deuda del mecanismo PEC, y en la otra, la del mecanismo MPC.
La primera etapa comprende del año 2024 a diciembre del 2027. Y la segunda, desde enero del 2028 a diciembre del 2035.
Con este calendario de pago graduamos las alzas en un orden de magnitud que permite que sean enfrentadas razonablemente por los consumidores.
También se establece un calendario de descongelamiento de tarifa cuya aplicación tiene hoy en riesgo de insolvencia a, particularmente, las empresas de distribución más pequeñas y a las cooperativas que atienden a los sectores rurales de nuestro país.
Por lo tanto, esto permite que adecuen sus tarifas y puedan enfrentar, con una posición financiera menos riesgosa, el importante servicio que prestan de hacer llegar electricidad a los hogares rurales de Chile.
A su vez, se establece un subsidio para los hogares vulnerables. Es un subsidio transitorio, que en su origen buscó replicar la cobertura del subsidio de agua potable, o sea, 850 mil hogares. Pero, después del trabajo que hemos seguido haciendo en conjunto con distintos parlamentarios, pero particularmente con el equipo de la Senadora Provoste, hemos podido extenderlo a un millón de hogares, pertenecientes al 40 por ciento más vulnerable de la población.
Este subsidio permite mitigar el 40 por ciento de la cuenta, de tal manera que esos hogares vulnerables no van a enfrentar un alza, sino una disminución en sus cuentas.
Para revisar el efecto de esta iniciativa en los mismos ejemplos que presenté: si implementáramos la ley vigente, que es nuestra obligación como Ministerio, ese minimarket de la comuna de San Bernardo que actualmente paga 250 mil pesos, debería pagar 500 mil. Con este proyecto de ley, lo que hacemos es conseguir bajar esos 500 mil a 310 mil. Por su parte, si implementamos la ley vigente en el cité ubicado en Talcahuano, pagaría 200 mil pesos, pero con la iniciativa podemos llevar esa tarifa a un monto del orden de los 120 mil pesos.
En el caso de un consumidor promedio que hoy paga una cuenta de la luz cercana a los 24 mil pesos, con la ley vigente pagaría 26 mil pesos y, de aprobarse este proyecto, subiría a los 27 mil pesos. Ahora, si se trata de una familia vulnerable, lo que podemos hacer es llevar esos 27 mil pesos a 17 mil pesos.
En definitiva, lo que permite este proyecto es distribuir las alzas necesarias de las cuentas de la luz para financiar una deuda, que ya está incurrida, que no es nueva y que no vuelve a emitirse, y a su vez, financiar gran parte de este subsidio a clientes vulnerables, haciéndose cargo de esta realidad social particularmente apremiante.
Este subsidio se va a financiar en 100 millones de dólares con cargo al Fondo de Estabilización, en particular con el Cargo por Servicio Público que pagan los principales consumidores industriales de nuestro país, y con 20 millones de dólares anuales de cargo fiscal.
Para terminar, señor Presidente, este es un subsidio que está establecido de manera transitoria por una razón muy sencilla: después de un trabajo con distintas fuerzas políticas, solamente fuimos capaces de encontrar financiamiento para esta medida durante los años 2024, 2025 y 2026. Ello porque son los más apremiantes en términos del pago de la deuda y porque, además, coinciden con el primer año del siguiente gobierno; así, de una manera responsable, el próximo gobierno determinará si establece un financiamiento permanente para esta iniciativa con los mecanismos de ingresos correspondientes, o bien, decide no continuarlo.
Para terminar, señor Presidente, quiero señalar que este proyecto, que fue aprobado de manera unánime tanto en la Comisión de Minería y Energía del Senado como en la Comisión de Hacienda, buscar enfrentar de manera responsable una realidad que nos hemos obligado a poner por delante para atender la urgencia que apremia particularmente a familias vulnerables y de segmentos de alto consumo, situación que impide implementar la ley vigente tal cual está y que, con esta nueva normativa, podremos enfrentar de mejor manera.
Este proyecto, en sus orígenes, fue trabajado de forma transversal por distintas fuerzas de Gobierno y de oposición, lo que se refleja tanto en la aprobación unánime que tuvo en la Comisión de Minería y Energía como también en la de Hacienda.
Por ello, me permito solicitar la aprobación de los señores Senadores.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias, señor Ministro.
Recordemos -porque me vino a consultar un Senador- que esta es la discusión general y particular. Lo digo para que todos lo tengan claro.
Senadora Ebensperger, tiene la palabra.
La señora EBENSPERGER.-
Gracias, Presidente.
Es importante, como acá ha señalado tanto el Presidente de la Comisión de Minería y Energía como el señor Ministro, destacar el origen de legislar en esta materia: viene del congelamiento que se hizo de las tarifas eléctricas a partir de la revuelta social; posteriormente, de la pandemia, y también de la no mayor alza por parte de las distribuidoras. Eso acumuló una deuda importante, y hoy día se hace necesario cubrirla.
En los últimos meses del año pasado la CNE dio a conocer los porcentajes de alza de las tarifas eléctricas en sus distintos segmentos de consumo de hogares, de medianas empresas y de grandes empresas.
Se ve cómo ello afectaría particularmente al primer grupo, que son los consumidores residenciales con el tope de los 350 kilowatts, y también a algunas pymes.
Se empezó a trabajar en la Comisión junto con el Ministro de Energía y también con una mesa técnica, como aquí también se hizo, en forma transversal. Y llegamos a lo que es este proyecto, con el cual estoy de acuerdo.
Creo que la iniciativa avanza de manera importante en dar una solución. Se busca volver a la normalización y estabilización de las tarifas sin afectar gravemente con esta alza los bolsillos de aquellas familias más vulnerables, volviendo las tarifas a lo que corresponden.
Además, se plantea descongelar del valor agregado de distribución a las cooperativas. Cabe recordar que las distribuidoras más afectadas eran las cooperativas, pues son ellas las que entregan distribución de energía en las comunas rurales donde las grandes empresas muchas veces no llegan.
Al final se llegó a este proyecto, como bien describía -insisto- tanto el Presidente de la Comisión como el señor Ministro, estableciéndose un subsidio.
Vuelvo a decir que yo voté a favor de esta iniciativa.
Sin embargo, me parece importante dar a conocer cuatro aprensiones que tengo, las que compartí con el Ministro. Al respecto, hay un compromiso del Ejecutivo de ver si se pueden superar algunas de ellas en el paso de este proyecto por la Cámara de Diputados.
La primera aprensión es la fuente de financiamiento. Se establece aquí un subsidio; se habla de un subsidio cruzado, el cual va a beneficiar a las familias más vulnerable. Pero se pagará, mayoritariamente, a través de los mismos consumidores. En efecto, el subsidio tendrá un costo de 120 millones de dólares, de los cuales 20 millones los pone el Estado y 100 millones se recaudan de los usuarios. Entonces, llama la atención el concepto "subsidio", porque uno tiene entendido que es cuando el beneficio lo entrega el Estado, y aquí no ocurre lo mismo.
También quiero señalar que originalmente, para llegar a un mayor número de beneficiarios, se hablaba de que el costo mensual de este subsidio, siempre cruzado con aporte de los consumidores y del Estado, debía ser de 200 millones anuales; pero finalmente el Ejecutivo dijo que solamente podía aportar 20 millones.
Yo reconozco el esfuerzo del Ministro de Energía en tratar de buscar más fondos. Pero aquí quien nos puso el pie encima fue Hacienda, que dijo que no estaba disponible para buscar más fondos o redistribuir recursos en el Estado, y solamente se quedaron los 20 millones anuales. Yo creo que es importante que el Ejecutivo trate de aumentar un poco ese monto, acercándose más al porcentaje que aportan todos los usuarios.
Lo otro es la posible discriminación o discrecionalidad, más bien dicho, para entregar el subsidio. No se logró establecer esto en la ley; el Ministro dijo que quedaría entregado a un reglamento el cómo se iba a proceder. Todos esperamos que sea a los más vulnerables, pero ¿qué me preocupa en particular? Que uno de los requisitos que se pone para postular al subsidio es no deber plata por consumos de luz eléctrica, lo que no parece del todo lógico porque yo creo -es mi impresión- que las personas más vulnerables, las que tienen menos recursos, probablemente son las que más deben a estas compañías por ese concepto. Entonces, pienso que sería importante revisar ese requisito.
El tercer punto que me preocupa es la duración del subsidio. Aquí se establece uno transitorio hasta el año 2026, cuando las deudas que estamos cubriendo con esto van a terminar de pagarse el año 2035. Creo que también sería relevante revisar esto. Ojalá este subsidio, al igual que el del agua potable, quedara como permanente en el tiempo para ayudar a las personas más vulnerables.
Y la última aprensión que tengo, Presidente, es la falta de sanciones al Ministerio de Hacienda o a quien corresponda, ante retrasos en la dictación de los decretos sobre el nuevo precio promedio a que se refiere el artículo 158 de la Ley General de Servicios Eléctricos. Cuando hay retraso en la dictación de estos decretos, a quien se termina perjudicando es a los consumidores finales.
Nosotros presentamos una indicación en este sentido. Claramente era inadmisible y así fue declarada. Yo la discutí, pero, bueno, la perdí. El Ministro quedó de revisar esto a fin de establecer alguna medida para que estos decretos se dicten dentro de los tiempos que corresponden, y así no perjudicar a los clientes.
Dicho lo anterior, Presidente, y a pesar de las aprensiones que he señalado, voto favorablemente el proyecto porque creo que es una buena propuesta, que va a solucionar problemas de los consumidores frente al alza que se viene en el precio de la energía. En todo caso, pienso que hay un espacio importante para mejorar el texto en la Cámara de Diputados.
Gracias, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
A usted, Senadora.
Le ofrezco la palabra a la Senadora Provoste.
La señora PROVOSTE.-
Muchas gracias, Presidente.
Saludo al Ministro Diego Pardow.
Tal como él lo señaló en su intervención, el proyecto de ley que estamos discutiendo fue antecedido por un largo debate técnico, político también, sobre cómo contener las nuevas alzas tarifarias en las cuentas de la luz, que ya se anticiparon el año pasado, cuando conocimos los informes de la Comisión Nacional de Energía, reconociendo, además, que los mecanismos tanto de PEC 1 y PEC 2 presentaron limitaciones muy concretas en los últimos años, lo cual ha provocado una alta deuda con las empresas generadoras.
Este proyecto de ley resuelve las debilidades de los mecanismos anteriores y, afortunadamente, ha incorporado la petición transversal -como lo señaló la Senadora Ebensperger, quien me antecedió en la palabra- que realizamos con mucha claridad en la discusión de la Ley de Presupuestos para el año 2024, con el propósito de tener un subsidio de energía para las familias más vulnerables.
Las alzas tarifarias que podrían afectar a las familias se mitigan con este nuevo mecanismo. Además, me parece un hecho muy relevante el que hoy, por fin, se cree un subsidio para el pago de las cuentas de energía eléctrica que, como se indicó en un momento, alcanzaría a un universo de 850 mil familias más vulnerables.
El Ministro ya lo ha anticipado en esta Sala: este subsidio se va a ampliar y tendrá un financiamiento mixto en donde el Estado va a aportar 20 millones de dólares y el resto serán los usuarios; sí, pero los de mayores consumos. También considero relevante hacer presente esto.
Este no es un mecanismo creado solo especialmente a partir de la necesidad de contener las alzas de las cuentas de luz, por cuanto hoy día existe una medida similar en el sistema de agua potable, con un subsidio cruzado; y en el caso de esta herramienta, que por primera vez se pone a disposición de las familias para enfrentar estas alzas, se hace con el aporte del Estado, de 20 millones de dólares, y el resto, de los usuarios de mayor consumo.
Este subsidio -lo dijo el Ministro- será por los años 2024, 2025 y 2026. Creo que instalarlo ya es un esfuerzo muy importante para el país, y por tanto siempre es necesario profundizar en este tipo de políticas públicas, dado además el impacto que tendrá en cerca de 3 millones de personas que se verán beneficiadas con esta medida.
El criterio para seleccionar a los beneficiarios será el catastro que hoy existe en el registro social de hogares, y el subsidio permitirá cubrir un consumo básico de hasta 130 kilowatts-hora por hogar.
Estamos todos seguros de que este es un primer paso en materia de apoyos sociales para enfrentar las alzas en las cuentas de luz. Por eso, al igual como ya lo hizo la Comisión de Minería y Energía del Senado aprobando unánimemente este proyecto de ley, personalmente voy a respaldar con gran entusiasmo esta iniciativa, y esperamos que así lo haga también la Sala en su conjunto.
Voto a favor, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias, Senadora.
Tiene la palabra la Senadora Allende.
La señora ALLENDE.-
Presidente, saludo por cierto al Ministro, quien ahora nos acompaña.
Felicito a la Comisión de Minería, que ha aprobado unánimemente este proyecto, pues me parece realmente una señal muy positiva.
Quiero partir señalando que en estos últimos años hemos visto cómo nuestras metas ligadas a la descarbonización y a la transición hacia una matriz energética más eficiente se han impulsado con fuerza.
Durante el 2022, la generación proveniente del sol y el viento superó por primera vez en nuestra historia a la generación producida por el carbón. Así, la generación producida por fuentes renovables alcanzó un 54 por ciento, superando a la proveniente de centrales termoeléctricas.
Sin embargo -y digo todo esto como antecedente, estando el Ministro en la Sala-, nuestra transición energética está enfrentando dos serios problemas tanto en la transmisión y almacenamiento de la energía como con respecto a la situación financiera producto de la deuda existente a empresas generadoras por el congelamiento de tarifas que se arrastra desde el 2019.
Sobre la primera materia, el Gobierno ha ingresado un proyecto que modifica la Ley de Servicios Eléctricos en materia de transición energética para impulsar soluciones con miras a regular el costo de los precios de los combustibles en aquellas horas en las cuales no hay producción y mejorar la falta de transmisión para la capacidad de energía que estamos produciendo, así como la falta de infraestructura para su almacenamiento, lo que ha dejado a empresas y cooperativas en una situación bastante compleja y delicada en los últimos años.
En cuanto a la situación financiera de las empresas, este proyecto entrega certezas y soluciones particularmente en el caso de los congelamientos de las tarifas eléctricas. Para esto se aumenta el monto máximo contemplado por el Mecanismo de Protección al Cliente, más conocido como "PEC", pasando de 1.800 millones a un total de 5.500 millones de dólares para destinarlo al pago de saldos.
Se establece, entonces -aquí ya se ha explicado-, que el cargo del MPC será soportado durante el primer período tarifario de 2024 solamente por aquellos clientes sometidos a regulación de precios cuyo consumo promedio mensual sea superior a 350 kilowatts-hora, yendo en ayuda directa a clientes más vulnerables y que representan, por cierto, la gran mayoría del consumo nacional.
Por lo demás, este proyecto incluye apoyos de manera inmediata para las cooperativas, las cuales van a ser las primeras en descongelar sus precios, incluso antes de la toma de razón del respectivo decreto.
Espero no estar equivocada y que sea así, Ministro. Porque ese es el compromiso.
También, y es lo que ha generado mayor inquietud, se habilita el financiamiento de un subsidio para el 40 por ciento de la población, dirigido a las familias de menores recursos, con el fin de paliar los aumentos en el período en que los precios de energía experimentarán mayores alzas.
Si bien este subsidio se extiende solamente hasta el 2026, la verdad es que abarca a una población cercana al millón de habitantes, lo que implica -como explicó el Senador informante de la Comisión de Hacienda- un costo de más de 120 millones de dólares anuales: 100 millones del Fondo de Estabilización de las Tarifas y 20 millones de aportes del Fisco.
No está de más decir que sin este proyecto las cuentas de energía eléctrica experimentarían este año alzas prácticamente de casi el doble, como en el caso de los grandes consumidores, pero también afectaría muchísimo a otros sectores.
Aquí el Ministro dio unos ejemplos y nos entregó una minuta. Mencionó el caso de un minimarket de la comuna de San Bernardo y el de un cliente con medidor compartido en la comuna de Talcahuano, que en realidad paga 100 mil pesos y que si se implementara la ley vigente de un mes para otro debería pagar 200 mil, pero que gracias a este proyecto pagaría 120 mil.
A mí me interesa el caso de una familia vulnerable con subsidio. Su tarifa congelada actualmente sería de 24 mil pesos; debería subir a 26 mil, y con este proyecto de ley quedaría en 17 mil.
Claramente, aquí se está entregando una solución más integral de "subsidio cruzado", podemos llamarlo así, donde los grandes usuarios, con un consumo superior a los 350 kilowatts-hora, van a tener evidentemente un alza mayor.
¿Qué buscamos? Estabilizar los precios.
Este país -hay que decirlo- es bastante serio con sus deudas. Es cierto que sobrepasamos los límites previstos: primero tuvimos la revuelta; después la pandemia, y esto llegó a niveles que francamente casi se escaparon de nuestras manos. Hoy día tenemos una deuda de 6 mil millones de dólares, y el Ministro nos acaba de decir que seguir postergando estas medidas nos está costando 3 millones de dólares diarios.
Por lo tanto, Presidente, este proyecto es tremendamente necesario, sobre todo porque busca la manera de paliar y no afectar gravemente a nuestros consumidores pequeños, medianos, cooperativas, APR, que ciertamente se ven en una situación muy difícil.
Por eso, voto a favor.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias, Senadora.
Tiene la palabra el Senador Prohens.
El señor PROHENS.-
Gracias, Presidente.
Sumándome a todo lo que han dicho quienes me han antecedido en la palabra, quiero recordar algunas cosas con respecto a cómo se ha ido generando esta situación, que ya se ha señalado, pero que no está de más recalcar.
Esto nace con el estallido social, con el PEC 1, y posteriormente con la pandemia, con el PEC 2. Pero fue en la negociación del PEC 2 donde la Comisión de Minería le dijo al entonces Ministro Huepe que era necesario empezar a estudiar un subsidio para las personas vulnerables, de la misma forma como se hizo con el subsidio de agua. Por tanto, los antecedentes acerca de las personas vulnerables de nuestro país ya estaban más o menos definidos por el mecanismo aplicado respecto del agua potable.
Esta deuda partió más o menos en 3 mil millones de dólares; hoy día está en 6 mil millones, y con un incremento diario, como dijo la Senadora Allende, de 3 millones de dólares, es decir, 180 millones de dólares por mes. No podíamos permitir que siguiera avanzando esta situación, por lo que como Comisión nos abocamos a buscar la fórmula de frenar de alguna manera las alzas en las cuentas eléctricas, aunque el taxímetro, como señaló el Ministro, sigue corriendo; pero, por otro lado, al aplicar esta futura normativa se empezarán a generar recursos para pagar esta deuda.
En la discusión del proyecto fueron apareciendo actores que inicialmente no estaban, como las cooperativas, que realmente se hallaban con problemas de caja, de financiamiento y con deudas más o menos importantes con las empresas generadoras.
Es así como empezamos a conversar; se incorporaron a este sistema para descongelar sus tarifas y de alguna manera poder darles un respiro a fin de hacer frente a todos sus compromisos financieros.
Si bien el subsidio es cruzado, lo que nos preocupa es que el Estado, a través del fondo soberano, solamente considera entregarlo por tres años. Entonces, Presidente, creo que ahí debemos dejar establecido, para la historia fidedigna de la ley, que tendrá que estudiarse el punto, porque una vez entregado el subsidio va a ser muy difícil que la gente entienda que algo que se le dio se le pueda quitar el día de mañana.
Pero este subsidio, que costeamos todos los chilenos, se financia con el pago de la cuenta, y algo que se conversó mucho en la Comisión es que hasta el año 2027 cada uno de los chilenos tendremos que pagar 22 pesos por kilowatt consumido.
Aquí no hay empresas ni pymes: somos todos quienes pagamos la cuenta. Y desde el año 2028 al 2035, que es cuando se extingue la deuda con las empresas generadoras, ese monto bajará a 9 pesos por kilowatt.
Nosotros le hemos pedido al Ministro que estos números, de 22 y de 9 pesos, los analice y vea de qué manera se pueden bajar para que el alza no impacte tanto en las cuentas de la luz de las personas, que son las que finalmente pagarán este monto.
El subsidio, siendo cruzado, lo pagaremos todos los chilenos, más 20 millones de dólares que pondrá el Estado.
Eso fue lo que logramos en esta extensa conversación en la Comisión, con muchos asesores técnicos, con largas horas de discusión, con muchas reuniones reservadas tendientes a resolver esta materia, y es lo que le estamos proponiendo a la Sala que sea aprobado por todos nosotros a fin de avanzar en su despacho.
Nosotros, como Renovación Nacional, votaremos a favor del proyecto. Nos resta mucha tarea en el ámbito de la energía. Esta es la parte chica, la parte fácil, por decirlo de alguna manera; pero todavía nos queda todo lo otro, que tiene que ver con la modificación de todas las leyes en materia energética.
Muchas gracias, Presidente.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Gracias, señor Senador.
Ofrezco la palabra al Senador Juan Luis Castro.
El señor CASTRO (don Juan Luis).-
Gracias, Presidente.
Tal como lo han señalado los colegas que me precedieron -y hablo como integrante de la Comisión de Minería y Energía-, ya desde agosto hemos llevado a cabo una reflexión y luego recibimos el apoyo de la unanimidad de la Comisión para abordar esta situación, que en parte es un problema acumulativo que deriva de los dos PEC anteriores, del 2019 y 2022, y además del informe de la Comisión Nacional de Energía, que dice que subirán enormemente las tarifas de no mediar medidas mitigatorias, como un fondo de estabilización, un subsidio.
En tal sentido, entre dimes y diretes se logró un punto de equilibrio inicial -no diría terminal, pero sí inicial- para favorecer a los hogares vulnerables y a las pymes. ¿Por qué? Porque ahí hay un foco de alza de tarifas muy significativo en caso de no hacer nada.
Por eso se logró un protocolo firmado con el Ministro Diego Pardow hace algunas semanas (en diciembre, o enero), y posteriormente se produce el avance en la votación que permite ir a una redefinición que regularice la situación financiera de manera gradual, evite alzas abruptas y extienda en tres años su horizonte de pago.
Por lo tanto, perfeccionando los mecanismos de estabilización; generando un subsidio transitorio tendiente al pago de la cuenta eléctrica para un millón de hogares pertenecientes al 40 por ciento más vulnerable, con recursos de 120 millones de dólares al año, la verdad es que se está dando un paso significativo.
Hay gente que ha hablado de renegociar los contratos, y resulta que muchos de ellos se estarán extinguiendo en los próximos meses, o simplemente es inviable la reformulación de esa situación entre privados.
Lo que aquí importa es que la energía eléctrica, que hoy es parte de la vida cotidiana -porque ya no solo se trata de la luz eléctrica, como era antaño, sino que hoy día es la energía que mueve la actividad diaria de las personas-, tenga la capacidad de absorber estos altos costos acumulados y permita que la futura ley entre en rápida aplicación a partir de lo que se resuelva en el segundo trámite en la Cámara de Diputados y se pueda observar el mecanismo de fondo de estabilización y subsidio cuanto antes para no afectar el bolsillo de las personas, sobre todo -reitero- de los hogares vulnerables y pymes, que son los sectores más sensibles y en los que nos estamos enfocando.
Por esa razón, el respaldo ha sido unánime a la gestión que ha hecho el Ministro Diego Pardow, junto con su equipo asesor, y a las mejoras que podamos seguir introduciendo en un aspecto tan sensible de la vida cotidiana de las personas como la tarifa de consumo eléctrico.
He dicho, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias, Senador.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En este caso, tenemos discusión general y particular; por tanto -según entiendo, Secretaria-, como el proyecto viene con "discusión inmediata", debe realizarse una sola votación. Nadie ha pedido votar separadamente norma alguna, así que procederemos en la forma indicada, tal como se dio cuenta en la relación, y votaremos en general y en particular la iniciativa.
En votación.
El proyecto no requiere quorum especial.
(Luego de unos instantes).
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).-
¿Han emitido su voto todas las señoras Senadoras y todos los señores Senadores?
Reitero: ¿han emitido su voto todas las señoras Senadoras y todos los señores Senadores?
El señor COLOMA (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular
el proyecto (32 votos a favor, 1 abstención y 1 pareo), y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Carvajal, Ebensperger, Gatica, Órdenes, Pascual, Provoste y Rincón y los señores Castro González, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Gahona, Galilea, García, Huenchumilla, Insulza, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Macaya, Moreira, Ossandón, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.
Se abstuvo el señor Edwards.
No votó, por estar pareado, el señor Araya.
(Más adelante se deja constancia de dos pareos que efectivamente fueron planteados y no fueron considerados al momento de la votación).
El señor COLOMA (Presidente).-
Se consigna, además, la intención de voto favorable de la Senadora señora Allende.
Por tanto, después de varios años, se aprueba la iniciativa en general y en particular, y pasa a la Cámara de Diputados para su siguiente trámite.
Vamos al próximo punto de la tabla.
MEDIDAS PARA COMBATIR EL SOBREENDEUDAMIENTO
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).-
El señor Presidente pone en discusión general el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de adoptar medidas para combatir el sobreendeudamiento, iniciativa que corresponde al boletín N° 16.408-05.
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho calificándola de "suma".
--A la tramitación legislativa del proyecto (boletín 16.408-05) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).-
El objetivo de este proyecto de ley es modificar distintos cuerpos legales para hacer frente a la situación de endeudamiento de las personas naturales y las familias del país, al estado actual del sector de la construcción e inmobiliario, así como a los fraudes bancarios, sus costos y otros delitos asociados, de manera tal de contar con nuevas herramientas para combatir el sobreendeudamiento y el incremento en los costos del financiamiento.
El señor COLOMA (Presidente).-
Silencio, por favor.
Gracias.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).-
La Comisión de Hacienda hace presente que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la Corporación, discutió solo en general esta iniciativa de ley.
La referida Comisión deja constancia, además, de que aprobó la idea de legislar sobre la materia por la unanimidad de sus miembros, Senadora señora Pascual y Senadores señores Coloma, García, Insulza y Lagos.
También consigna que los artículos 5 y 5 bis, contenidos en los numerales 2 y 3 del artículo 4, tienen rango de ley orgánica constitucional, por lo que requieren 25 votos favorables para su aprobación.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 108 y siguientes del informe de la Comisión de Hacienda y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Nada más, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias, Secretaria.
Pido autorización para que ingrese a la Sala la Subsecretaria de la Segprés, Macarena Lobos.
--Se autoriza.
El señor COLOMA (Presidente).-
Para efectos del informe del proyecto -recordemos que está en discusión general-, le ofrezco la palabra al Senador Ricardo Lagos.
El señor LAGOS.-
Gracias, señor Presidente.
El objetivo del proyecto, como se señalaba recién, es modificar distintos cuerpos legales para hacer frente a diferentes situaciones que tienen un hilo conductor, pero que no es muy preciso. Esto fue algo que se discutió en la Comisión y dice relación con el título del proyecto, que habla de "sobreendeudamiento".
Con todo, la iniciativa efectivamente pretende hacer frente a las situaciones de endeudamiento de las personas naturales y de las familias del país; segundo, al estado actual de los sectores de la construcción e inmobiliario, y en tercer lugar, también hacer frente a los fraudes bancarios, sus costos y otros delitos asociados, de manera tal de contar con nuevas herramientas para combatir el sobreendeudamiento, el incremento en los costos del financiamiento y hacerse cargo de los fraudes al sector financiero.
Para el estudio de este proyecto se recibió en audiencia en la Comisión de Hacienda a un número muy significativo de instituciones, además, por supuesto, del Ministro de Hacienda, Mario Marcel, y de la Subsecretaria, Heidi Berner.
Así, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, estuvo presente el Ministro Carlos Montes; del Servicio Nacional del Consumidor, su Director Nacional, Andrés Herrera; del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, su coordinadora legislativa, Virginia Rivas; de la Comisión para el Mercado Financiero, su Presidenta, Solange Berstein.
Se recibió también a la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras; al Presidente de BancoEstado; a Cajas de Chile A.G.; a la Cámara Chilena de la Construcción; a la Asociación del Retail Financiero; al Sindicato de Trabajadores de BancoEstado; a la Asociación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito (Coopera); a la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus); a la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu).
El proyecto busca regular básicamente cinco temas, de los cuales hubo uno que concentró principalmente la atención de la Comisión: el que dice relación con las medidas para enfrentar los fraudes bancarios, mal denominados "autofraudes".
Con todo...
(Rumores en la Sala).
(El Presidente hace sonar la campanilla).
Señor Presidente, voy a pedirle que tenga paciencia, porque es un proyecto bien extenso.
El señor COLOMA (Presidente).-
No, al contrario. Me interesa mucho.
El señor LAGOS.-
Más que a usted, se lo digo a mis colegas.
El señor COLOMA (Presidente).-
Iba a señalar que había que agregarle más tiempo, porque es hasta quince minutos la intervención del Senador informante, y este es un proyecto muy relevante.
Comparto plenamente con usted, Senador...
El señor LAGOS.-
¡Encienda el micrófono, señor Presidente!
La señora EBENSPERGER.-
No escuché nada de lo que dijo.
El señor COLOMA (Presidente).-
Estaba encendido.
¿No?
Decía que comparto con usted plenamente que este es un proyecto que requiere su tiempo y su informe, porque se trata de una materia bien relevante.
Y le estaba señalando a la Secretaría que había que aumentar el tiempo, porque, como dije, es hasta quince minutos el informe.
Eso era lo que estaba diciendo.
El señor LAGOS.-
Habiendo indicado cuáles son los objetivos del proyecto, me permito señalar que este contiene normas de quorum especial -fundamentalmente, una serie de disposiciones son de rango de ley orgánica constitucional-, por lo cual requiere la aprobación de un número determinado de Senadores y Senadoras.
Como manifesté recién, tuvimos la presencia de un número significativo de instituciones que dieron su opinión sobre el proyecto. La mayoría de las que nombré se pronunciaron básicamente, ¡básicamente!, respecto de las medidas relativas al fraude bancario.
La iniciativa introduce cinco modificaciones sustantivas.
Primero, se proponen ajustes a los programas de garantías vigentes del Fondo de Garantías Especiales, más conocido como "Fogaes", o ley Nº 21.543.
Se señala que en la coyuntura económica actual las dificultades financieras de los sectores inmobiliario y de la construcción son focos de especial preocupación. Se hace presente que los aumentos en los valores de sus materiales, fletes y combustibles, junto con la subida del precio del dólar, ha impactado los costos de la oferta.
A lo anterior se suma una menor actividad, lo que comprime aún más los márgenes, deteriorando la capacidad de pago de las empresas.
La situación tampoco mejora por el lado de la demanda. Esto ha provocado que tengamos hoy día el mayor stock de viviendas de los últimos treinta años, considerando que la alta carga financiera y el sobreendeudamiento de las personas y de las familias impiden a estas considerar viable la adquisición de una vivienda, ya que no pueden afrontar los nuevos créditos.
En respuesta a estos desafíos, se proponen las siguientes modificaciones como primer set de medidas: primero, modificar los criterios de elegibilidad relativos a ventas en el Programa de Garantías de Apoyo a la Construcción, eliminando así el piso y flexibilizando el techo en proyectos con mandantes públicos; en segundo lugar, aumentar en un 10 por ciento los porcentajes de cobertura para cada tramo, y en tercer término, extender la duración del Programa de Apoyo a la Vivienda hasta el 31 de diciembre de 2024.
En segundo lugar, se crea un nuevo programa de garantías para refinanciamiento de deudas de consumo y comerciales dentro del Fogaes.
A marzo de 2023 -esto es, hace un año-, la carga financiera promedio de las personas alcanzó un 31 por ciento. Si nos concentramos en las personas con ingresos mensuales inferiores a 500 mil pesos, esta carga financiera superó el 38 por ciento.
Por su parte, en el caso de personas que se consideran sobreendeudadas -vale decir, aquellas que tienen una carga financiera mayor a un 50 por ciento de su ingreso mensual-, la carga financiera promedio estuvo sobre el 66 por ciento y se ubicó incluso en un 76 por ciento para las personas con ingresos por debajo de los 500 mil pesos.
Es en ese contexto que este proyecto de ley propone crear un nuevo programa de garantías estatales -garantías, no subsidios-, ¡garantías estatales!, enfocado en la clase media, que incentive a las instituciones financieras a refinanciar las deudas de personas que posean un alto nivel de endeudamiento, medido como relación deuda-ingreso. Se espera que, gracias a la garantía estatal, las condiciones de las deudas que se refinancien por parte de las instituciones financieras sean más favorables a las de los créditos que están sustituyendo, reduciendo así la carga financiera de los beneficiarios.
En tercer lugar, se habilita para que las mutuarias participen como entidades otorgantes de créditos con garantía de apoyo a la vivienda, en el marco del Fondo de Garantías Especiales para la Vivienda.
En cuarto término, se persigue habilitar a la Comisión para el Mercado Financiero a fin de que determine los componentes y el algoritmo a considerar en materia de pago mínimo de las tarjetas.
La regulación del pago mínimo de tarjetas de crédito corresponde en la actualidad al Reglamento sobre Información para el Consumidor de Tarjetas de Créditos Bancarias y No Bancarias de los Ministerios de Hacienda y de Economía. Ello resulta relativamente anómalo, por no entregar atribución alguna al regulador financiero (léase "Comisión para el Mercado Financiero"), acarreando así riesgos de falta de fiscalización y eventuales sanciones ante incumplimientos.
En tal sentido, el proyecto de ley propone incluir normas y atribuciones con el objeto de que la Comisión para el Mercado Financiero tenga la facultad y el mandato de regular, a través de una norma de carácter general, la determinación de los componentes y el algoritmo a considerar en materia de pago mínimo. ¿Con qué fin? Con el de resguardar de mejor manera que los pagos que hacen las personas sean destinados de forma significativa al pago del capital y no meramente de los intereses u otros costos financieros, evitando con ello que el pago de montos inferiores a lo facturado genere una extensión o costo no pronosticado en el crédito.
En quinto lugar -y yo diría que esto concentró la principal atención de este proyecto, al menos en la Comisión de Hacienda-, están las medidas para combatir el grave aumento de desconocimiento de transacciones bancarias, autofraudes y otros delitos asociados.
Tras la publicación de la última modificación a la Ley de Fraudes, que es la ley N° 20.009, se han detectado espacios de mejora para corregir los incentivos perversos que ha generado el marco legal actual, que ha permitido comportamientos oportunistas que perjudican a los consumidores financieros como un conjunto y que en muchas ocasiones resultan en la comisión de delitos.
Básicamente, lo que ha ocurrido es que la legislación actual permite o reconoce el derecho a los usuarios para que puedan concurrir a una institución financiera señalando que desconocen una transacción, y si esa transacción es de un monto inferior a 35 UF, el sistema establece que el banco o la institución financiera debe restituir dichos fondos en un plazo de cinco días. Eso nada obsta a que la institución financiera pueda perseguir en sede judicial ante la posibilidad de que exista un dolo, un delito o un fraude.
Con todo, dada la envergadura de los montos de que estamos hablando, no es posible desde el punto de vista financiero, si se quiere, perseguir dicho fraude y, en consecuencia, se termina financiando lo que se denuncia como un giro desconocido.
Las cifras, a partir de lo que han señalado BancoEstado y otras instituciones financieras, son muy muy significativas. Estamos hablando de decenas de millones de dólares que se han ido acumulando a lo largo de meses y estableciéndose prácticamente o casi una industria o una cultura de fraude.
Creo que, y muchos lo apuntaron, no cabe hablar de autofraude, porque no es que las personas se defrauden a sí mismas, sino que lo que están haciendo es defraudar al sistema.
Lo que se va a hacer, sin alterar el peso de la carga de la prueba, que fue lo que motivó, en parte, la ley Nº 20.009, es establecer las siguientes modificaciones: solicitar declaración jurada del usuario para hacer efectiva la reclamación; facultar a la Comisión para el Mercado Financiero para regular, a través de norma de carácter general, estándares mínimos de seguridad, registro y autenticación; llevar a una normativa secundaria el umbral de restitución, permitiendo que se revise y ajuste de manera más expedita y periódica el monto a restituir (que actualmente es de 35 UF) y que se establezcan criterios distintos, en su mérito (por ejemplo, distinguir por canal, de forma de reclamo o de acusación de giro), pues es distinto ir a cobrar por ventanilla un fraude que ir a hacerlo a través de un cajero automático.
Adicionalmente, se propone crear nuevos artículos que consagran, primero, un procedimiento de suspensión de la restitución o cancelación de los fondos reclamados cuando hubiere antecedentes suficientes de la existencia de dolo por parte del usuario; en segundo lugar, se establece un régimen de presunciones, resultado de la experiencia de estos últimos años, que dan cuenta de los casos más habituales de dolo o negligencia grave, presunciones que de todas maneras pueden ser controvertidas, ciertamente, y tercero, una norma de reporte sobre los casos de pagos suspendidos y judicializados, para un oportuno seguimiento por parte del supervisor financiero.
Yo diría que eso es lo básico de este proyecto de ley, que fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros de la Comisión. Sin perjuicio de ello, se acordó también que se establecerían conversaciones entre el Ministerio de Hacienda y los técnicos de los parlamentarios, al objeto de afinar el proyecto y aclarar ciertas dudas que había al respecto.
Para esos efectos, han sostenido conversaciones que, como presidente de la Comisión, entiendo que han llegado a buen término o prácticamente están a punto de llegar a ello. En este sentido, aprovecho esta instancia para solicitar plazo hasta el viernes de esta semana, a las 17 horas, a fin de que el Ejecutivo presente las indicaciones que han sido conversadas con nosotros y, de esta forma, ver si podemos poner este proyecto en tabla la semana siguiente en la Comisión de Hacienda para su discusión en particular.
Voy a dejar que los montos involucrados hasta hoy día en materia de fraude sean mencionados por el Ministro de Hacienda, porque son cifras muy muy significativas y tienen un impacto bastante grande, porque esas pérdidas, de alguna manera, se revierten al final por las instituciones financieras. Y a mi juicio eso termina, entre otras cosas, afectando las tasas de interés y perjudicando a aquellas personas que no cometen delitos.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias.
Muy completo el informe, Senador.
El señor MOREIRA.-
¿Puede abrir la votación, Presidente?
El señor COLOMA (Presidente).-
Me han pedido abrir la votación.
¿Les parece?
Sin perjuicio de ello, igual se mantiene el derecho del señor Ministro a hacer uso de la palabra, porque la ha solicitado.
Se abre la votación.
(Durante la votación).
Tiene la palabra el Ministro de Hacienda.
El señor MARCEL (Ministro de Hacienda).-
Muchas gracias, Presidente.
Muy buenas tardes a las Senadoras y los Senadores aquí presentes.
Voy a ser muy breve, porque el presidente de la Comisión de Hacienda, Senador Lagos Weber, ha hecho una exposición muy detallada y completa acerca de este proyecto.
Él partió señalando que, si bien en el título se hace referencia al sobreendeudamiento, en realidad lo que contiene la iniciativa es una serie de medidas para mejorar el funcionamiento del mercado del crédito.
Durante los últimos años, producto de la pandemia, producto de diversos fenómenos económicos que hemos vivido en Chile y en el mundo, hemos tenido fluctuaciones del crédito muy drásticas.
Se registró un comportamiento contracíclico del crédito durante la primera etapa de la crisis del COVID-19, pero posteriormente hemos tenido una contracción muy significativa del crédito, que fue especialmente marcada el año pasado. Y esto genera la combinación de que haya personas y empresas sobreendeudadas y que, al mismo tiempo, existan restricciones en el acceso al crédito bancario.
Entonces, este proyecto propone, por un lado, medidas para facilitar el acceso al crédito, particularmente a los sectores de la construcción y de la vivienda, mediante ajustes de los programas de garantías vigentes del Fogaes.
Por otra parte, plantea un programa de garantías para refinanciar deudas de consumo y comerciales, también dentro del Fogaes, en este caso apuntando a sectores altamente endeudados.
Y, por último, contiene este conjunto de medidas para regular mejor la aplicación de la ley sobre fraudes con tarjetas de crédito, dada la evidencia de un abuso de esta norma que va creciendo en el tiempo.
En la Comisión hubo una discusión muy constructiva y surgieron varias ideas de indicaciones. Por supuesto, parte importante del debate se concentró en el tema de fraudes con tarjetas. Aquí, en el fondo, tenemos que conciliar, por un lado, el propósito original con el cual legisló el Congreso Nacional, que era evitar que la carga de la prueba recayera en el deudor, en el cliente bancario, pero, al mismo tiempo, evitar fraudes que se han ido masificando.
En tal sentido, hay que ser claro. La evidencia de personas que conscientemente denuncian o desconocen operaciones que ellas mismas han realizado es abrumadora. Hay concentración geográfica del origen de las personas que están haciendo uso de este mecanismo. Existen indicadores cuantitativos de la magnitud de esto. Y lo que podemos decir es que, básicamente, desde que entró en vigencia esta ley las denuncias de fraude se han multiplicado varias veces y, al mismo tiempo, se ha dado lugar a una verdadera escuela, por así decirlo, a través de la cual se difunde entre las personas lo que tienen que hacer para reclamar estos fondos, simplemente desconociendo una operación que efectivamente han realizado.
La magnitud de estos fraudes, como decía, se ha multiplicado varias veces. La cifra más reciente es del orden de los 300 millones de dólares anuales. Y el grueso de estos casos se concentran en BancoEstado, por ser la institución que posee el mayor número de cuentas bancarias.
Para citar el dato más reciente que me acaba de llegar, en febrero la cifra de fraudes con tarjetas de crédito denunciados por parte de los clientes se duplicó y llegó a los 37 millones de dólares.
Al respecto, debemos pensar que mientras en el caso del resto de la banca el abuso de este mecanismo de denuncias de fraude puede incidir sobre la disponibilidad de crédito, en el caso de BancoEstado significa menores utilidades para la entidad, menores aportes al Estado para financiar políticas públicas. Entonces, en este caso tenemos una situación en la cual, producto de la multiplicación de denuncias o de autodenuncias de fraude, se genera un costo fiscal directo que provoca un impacto directo sobre los recursos que debemos destinar a las personas que más lo necesitan.
La escala de esto es significativa: 37 millones de dólares solo en un mes es una cifra tremendamente importante. Imaginemos, si calculáramos esa cifra para el equivalente en un año, lo que se podría agregar en políticas de salud, pensiones, educación, etcétera.
Entonces, resolver esta situación, de manera equilibrada, respetando el propósito original de la legislación, pero evitando los abusos, es urgente.
Por esa razón, estamos plenamente de acuerdo con lo señalado por el presidente de la Comisión en cuanto a discutir con la mayor prontitud posible las indicaciones y poder votar en particular este proyecto, para lo cual, por supuesto, se requiere su aprobación general en esta sesión.
Muchas gracias, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias, Ministro.
Tiene la palabra el Senador Kuschel.
El señor KUSCHEL.-
Gracias, señor Presidente.
Me parece que vamos a seguir endeudándonos.
Estamos atendiendo a uno de los efectos del endeudamiento y no a sus diversas causas.
Chile está estancado desde hace once años. Una persona, una empresa que se endeuda tiene que pagar un 5, un 10, un 30 por ciento de interés y su negocio no crece a un 5, 10 o 30 por ciento porque el país se encuentra estancado.
Entonces, va a aumentar el endeudamiento hasta que pase la mala racha, pero la mala racha ya dura once años.
A cada rato se suben los impuestos y se crean otros tributos. ¿De dónde las empresas van a sacar recursos para financiarse?
Con los tres retiros del 10 por ciento se produjo un golpe inflacionario, que se advirtió: "Esto va a producir tales y cuales efectos". Y aquí estamos: padeciendo los efectos.
La inflación, el alza de los precios rompió el nivel y la estructura de los precios de los bienes y servicios. Cuesta calcular cuánto vale una propiedad, una construcción versus el valor en que se podría vender, por ejemplo. Y al banco, así como le cuesta calcular al productor, también se le dificulta determinar el monto del financiamiento. Entonces, para asegurarse, si el productor dice "no sé cuánto me va a salir esto finalmente; por tanto, le sumo un 20 por ciento más", le cobra un 20 por ciento adicional cuando le presta la plata.
Con ello aumenta la deuda. Y así lo demuestran las estadísticas entregadas por el señor Senador informante, en las que se puede apreciar que todas las deudas están incrementándose ahora último, como lo habíamos dicho y lo señalaron varios expertos hace tiempo.
Además, se ha dificultado calcular los precios de la oferta y de la demanda de bienes y servicios. Me había referido a los bienes, pero ocurre lo mismo con los servicios.
Se encarecen los negocios a largo plazo. Con tanta inflación y tantos costos es más fácil hacer negocios a corto plazo, al contado, que a largo plazo, porque el plazo representa la deuda. Los créditos hipotecarios y algunos créditos comerciales operan a largo plazo.
Esa es la dificultad. Y si continuamos con el país estancado y a cada rato subiendo impuestos, vamos a seguir en las mismas y nos iremos con otros diez años más de problemas.
Tenemos un alto desempleo. Los empleos presentan inconvenientes en cuanto a calidad, cantidad e informalidad. Entonces, obvio que las personas desempleadas o con un mal trabajo se endeudan, y lo mismo sucede si no mejoran los empleos.
Lo anterior afecta principalmente a los adultos mayores, a las mujeres y a los jóvenes; repercute en las jubilaciones y se produce pérdida de poder adquisitivo de las personas y de las familias.
Lo mismo ocurre con la inversión pública.
En mi región hay varias inversiones importantes paralizadas o que se están paralizando, por lo que aumentan las deudas de las personas, de las familias, de las empresas, de los Ministerios. No se ejecutan bien las obras públicas en vivienda, en educación, etcétera, con proyectos paralizados de todo orden. ¿Y quién paraliza? Las empresas constructoras, muchas de las cuales han quebrado. ¿Y quién trabaja en dichas empresas? Personas que luego se endeudan.
Han quebrado varias empresas comerciales y constructoras. Y en el caso particular de Puerto Montt, por ejemplo, la calle Varas lleva ya como tres o cuatro años construyéndose y todo su comercio está casi quebrado.
Se ha atrasado la construcción de hospitales y todas esas empresas quedan con problemas. ¿Y por qué ocurre? Porque el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio descubre que hay una vasija. Ahora se han permitido varias construcciones, han hecho perforaciones, pero ya no aparece nada. Sin embargo, se perdieron uno o dos años y las empresas involucradas quebraron.
Ha caído la recaudación pública. Los ingresos fiscales son menores, ¡y vuelta a subir los impuestos...!
Ha retrocedido la inversión general en el país. El año 2022 la inversión cayó casi 18 por ciento y el año pasado cayó 33 por ciento; o sea, en dos años la inversión disminuyó prácticamente a la mitad.
Voy a votar a favor del proyecto, pero estoy muy preocupado porque creo que vamos a los efectos y no a las causas, y lo principal que nos va a permitir reducir las deudas es que crezca la economía y que los negocios superen el costo del financiamiento, porque las deudas son financiamiento.
Es cuanto puedo señalar al respecto.
Anuncio mi voto favorable, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias, señor Senador.
Pido al Senador Sanhueza que me pueda reemplazar un minuto para poder hacer uso de la palabra en este proyecto.
¿Le parece?
Muy bien.
(El Senador Gustavo Sanhueza pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidente accidental).
El señor SANHUEZA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador Coloma.
El señor COLOMA.-
Muchas gracias, Presidente.
Creo que este es un proyecto muy relevante, y por eso quise hacer uso de la palabra, pero tiene, a mi juicio -lo planteé en la Comisión-, un problema: su nomenclatura, su nombre.
El proyecto en sí mismo yo no encuentro que sea de sobreendeudamiento, sino que tiene que ver con tres temas diferentes, cada uno con su mérito.
Uno dice relación con el Fogaes, básicamente concentrado en el Fondo de Garantía.
Otra norma importante se refiere a cómo funcionan las operaciones de crédito y obligaciones de dinero, dándole nuevas facultades a la CMF respecto del cálculo de variables en función de determinados instrumentos financieros.
Y el tercer tema, que a mi juicio debe ser el más relevante, es básicamente cómo hacerse cargo -lo quiero plantear con todas sus letras- de una buena decisión que se tomó en un momento determinado respecto de qué ocurría en el caso de un fraude bancario y dónde debían establecerse las responsabilidades, particularmente haciendo un cambio en el eje que se estaba planteando para asignarle una responsabilidad principal a la institución financiera, y en subsidio, o en forma secundaria, al deudor, a quien debían probarle una serie de situaciones de dolo en ese momento.
Y se introduce una modificación bien sustancial que generó facilidades en la vida financiera de muchos ciudadanos que habían sido objeto, y lo siguen siendo, de fraudes de terceros, desde un punto de vista cibernético. No lo vamos a descubrir ahora; por algo tenemos una ley de ciberseguridad y estamos preocupados del tema. Pero, en la especie, esa ley se aprobó y fue bien discutida.
Al respecto, quiero recordar también que ese momento las autoridades de la época, el Ministro de Hacienda y el Presidente del Banco Central, aquí presente ahora como Ministro, advirtieron -porque es importante mencionar la historia de la iniciativa- que la forma de hacer las cosas podía no ser la mejor en función de la aplicación práctica.
Y aquí, con el paso del tiempo, ocurrió lo que tanto el Ministro de Hacienda como el Presidente del Banco Central habían advertido: la mala utilización de un beneficio. Y como hubo un cambio en el peso de la prueba y en el tipo de figura, empezó a ocurrir que, lamentablemente, se creó un hábito en aquellos que entendieron que era una forma de obtener dinero fácil, en donde bastaba girar una cantidad de recursos; incluso dimos testimonio en la Comisión con videos de personas identificadas que sacaban recursos de su cuenta, luego alegaban que fueron objeto de un fraude y en cinco días requerían la devolución de la plata.
El asunto adicional -lo dijo el Ministro- es que no se trató solo de un caso. Según el informe del año que alcanzamos a ver, había trescientos millones de dólares, ¡trescientos millones de dólares!, de los cuales, en ese momento, un poquito menos de la mitad afectaba al BancoEstado. Lo que nos dice el Ministro hoy día, y yo espero que se haya tomado debida cuenta, es que en el mes de febrero fueron treinta y siete millones de dólares, y si uno proyecta por doce meses, estamos hablando eventualmente de cuatrocientos, quinientos millones de dólares, que le pegan al eje del sistema financiero, que ya es muy importante, y al eje del BancoEstado, que cumple un rol adicional respecto de las utilidades que obtiene.
Entonces, estamos frente a un problema creado por una ley que asumió una realidad, pero que no lo hizo de la mejor manera. Y ese es, a mi juicio, el tema central de esta propuesta.
¿En qué consiste la idea del proyecto, que en la discusión en particular considero que debe ser mejorado? La idea es cómo generar una obligación adicional para quien es víctima de un fraude y cómo premiar no solo el principio de la buena fe, sino la buena fe; además, cómo sancionar a aquel...
¿Me da un par de minutos, Presidente?
Representantes del BancoEstado fueron a la Comisión...
(Rumores)
¡Si me permiten continuar...!
El señor SANHUEZA (Presidente accidental).-
Les solicitamos silencio a los parlamentarios y al Ministro que están conversando en la puerta,...
El señor COLOMA.-
Ministro Elizalde.
El señor SANHUEZA (Presidente accidental).-
... para que escuchemos a nuestro colega.
El señor COLOMA.-
Yo quiero graficar brevemente una situación.
La gente del BancoEstado decía que en algunas regiones de Chile estaban llegando buses -quiero que se entienda eso-, ¡buses!, con personas que entraban a una agencia, hacían los cobros, después los reclamos y luego se repartían la plata con los organizadores del fraude.
¡Eso no puede ser! ¡No puede ser! Es muy grave que empiece a fallar la fe pública.
Adicionalmente, nos mostraron un tutorial, ¡un tutorial!, en el que aparecía una señora explicándoles a sus hijos o a sus parientes cómo hacer el fraude para sacar plata fácilmente.
Entonces, de verdad, eso no puede ocurrir.
El espíritu del proyecto no es cambiar el principio de que respecto del fraude haya un beneficio en favor del ciudadano. El principio es agregarle a la mala fe una sanción y algunas restricciones; por lo menos que la persona que ha cometido la misma acción no tenga una especie de derecho a hacerla permanentemente, y en forma adicional, poder sancionar de una manera mucho más drástica, porque es una conducta social que genera un daño profundo.
¡Porque hay que decirlo!
Tal como existe mucha gente honrada que lucha y trabaja para ganar cuatrocientos mil pesos, no puede ser que una persona obtenga esa misma cantidad de dinero por la vía de un fraude. Al final, da la sensación de que nadie paga, en circunstancias de que ¡siempre se paga! ¡Paga el sistema financiero, paga el BancoEstado y pagan las finanzas públicas!
¡Eso es lo que ocurre! No es que no suceda nada.
Los equipos técnicos, a lo menos de los parlamentarios de la Comisión de Hacienda, han estado trabajando con el Gobierno para ponerse de acuerdo sobre el tipo de indicaciones que debemos aprobar, porque este tema nos compete a todos. Ojalá podamos ver el proyecto la próxima semana en la Sala, como se ha planteado, para poder reperfilar una propuesta legislativa que está bien inspirada, pero cuya materialización ha sido especialmente compleja.
Y lo último que quiero agregar es respecto de la siguiente situación.
Los representantes de los sindicatos del BancoEstado nos contaban acerca de las agresiones físicas sufridas por un funcionario, quien le había dicho a una persona que estaba cometiendo fraude: "¡Pero si usted retiró la plata! Hay datos de que usted lo hizo. Entonces, ¡cómo dice esto!". Y ante esta aclaración, la forma de reaccionar de la persona era con una agresión.
Hubo un video muy impactante, para mí por lo menos, que mostraba la agresión brutal en contra de ese funcionario del BancoEstado, quien simplemente estaba haciendo cumplir no solo la ley, sino el sentido común dentro del sistema financiero.
Por eso, Presidente, creo que este es el sentido, el nervio del proyecto, que espero que sea aprobado. Y confío en que la próxima semana podremos interiorizarnos más a fondo sobre el tipo de indicaciones que permitan darle a esta buena idea también un buen destino.
He dicho.
El señor SANHUEZA (Presidente accidental).-
Gracias, Senador Coloma.
Tiene la palabra el Senador García.
El señor GARCÍA.-
Muchas gracias, Presidente, Honorable Sala.
Seré breve.
Yo voté a favor del proyecto, porque naturalmente es necesario hacernos cargo de dos aspectos que presenta la iniciativa. Por un lado, el sobreendeudamiento y qué instrumentos podemos aplicar para que efectivamente exista un apoyo hacia las familias que se encuentren en esa condición y, de esa manera, ayudarlos a salir del problema financiero que están enfrentando.
Luego de haber analizado el proyecto en la Comisión de Hacienda, tengo la impresión de que deberíamos contar con medidas más eficaces, porque varias de las que hemos implementado finalmente no rindieron los frutos que queríamos.
Respecto del otro aspecto, el fraude con las tarjetas bancarias en el sistema financiero, los datos que hemos escuchado son muy preocupantes.
Yo comparto absolutamente que hay que hacerse cargo del problema. No podemos permitir que se lleven adelante fraudes tan masivos, que además resultan tan obvios y tan burdos incluso para el sistema financiero. Pero creo que también debemos tener siempre presente que hay personas bien intencionadas, que hacen buen uso de sus instrumentos bancarios y que sí son objeto de fraude.
Por lo tanto, ojalá esta normativa, que se llevó al extremo para proteger a las personas que tienen tarjetas bancarias, no la llevemos al otro extremo para desprotegerlas completamente. Quienes de verdad sufren hoy día los problemas que se producen en el sistema financiero, que no son autofraudes, deben recibir una defensa adecuada para que se les responda oportunamente.
Los fraudes con las tarjetas bancarias son bastante más frecuentes de lo que nosotros nos imaginamos.
A raíz de este mismo proyecto, varios funcionarios del Senado -no uno; a lo menos dos o tres- me han contado situaciones que les han ocurrido. Son personas a las que, por ejemplo, se les ha desaparecido el sueldo (entre comillas); o sea, utilizaron sus tarjetas, se las clonaron y les sacaron plata sin que haya habido ninguna participación de los afectados ni que hayan cometido algo ilícito.
Habiendo votado a favor de la idea de legislar, simplemente quiero señalar lo siguiente. Con la normativa que existe nos fuimos a un extremo; no nos podemos ir al otro. Las personas que actúan correctamente, que no cometen fraudes pero sí son objeto de ellos, también tienen que contar con un sistema que los proteja.
Muchas gracias.
El señor COLOMA (Presidente).-
A usted, Senador.
Tiene la palabra el Senador Lagos.
El señor LAGOS.-
Gracias, señor Presidente.
Seré breve, porque, más allá del informe entregado, solamente quiero reiterar algunos puntos.
Entendiendo y compartiendo lo que señalaban recién, usted, Presidente, en su calidad de Senador, y el Senador García, debemos hacernos cargo de que cuando se legisló la normativa que hoy día estamos tratando de modificar, como consecuencia del abuso, había un contexto determinado: años atrás el tema de los hackers y las cuentas electrónicas era bastante más incipiente, pero se estaba desarrollando fuertemente, y nuestra legislación no se hacía cargo de aquello. En consecuencia, las instituciones financieras muchas veces dejaban al descampado a sus clientes, cuando habían sido efectivamente haqueados. Ahora es un hecho más reconocido que esto ocurre. ¡Hay seguros incluso!
Hoy día, cuando alguien cree que lo haquearon, informa a su banco de una transacción mal hecha. Y existe un principio casi de buena fe por el que muchas veces los bancos suspenden los pagos, restituyen los recursos y anulan las compras. Pero eso no ocurría hace cinco o diez años.
Entonces, la conclusión o la moraleja es que, cuando como institución uno deja pasar elementos que se repiten, el problema que ocurre a veces al momento de querer legislar no es encontrar un punto de equilibrio adecuado u óptimo, sino terminar con el tejo pasado como consecuencia de aquello.
Y eso se aplica a varias otras cosas. Cuando uno no resuelve los problemas de pensiones, los temas tributarios, los problemas de desigualdad, ¡queda la tendalada! Entonces, el punto de equilibrio al final no es el óptimo, es lo que pudimos hacer. ¡Y así se provocan los retiros!
Es para tratar de explicar los contextos más amplios.
Lo que tratamos de hacer en este proyecto, reitero, sin revertir el peso de la carga de la prueba, es introducir presunciones y circunstancias atenuantes, establecer mayores plazos, distinguir la forma en que tiene lugar el eventual fraude y considerar mecanismos que lo impidan.
A modo de anécdota, más allá de las cosas que señalaba usted, señor Presidente, existe información que revela que en pasajes enteros de algunas ciudades -¡pasajes enteros!-, ¡calles enteras!, todos los vecinos habían sido objeto de un fraude de tarjetas y concurrieron hasta la ventanilla del banco a retirar la plata. Afortunadamente eran personas que, junto con retirar el monto por el fraude, habían logrado depositar el día anterior la suma equivalente en cuentas que en promedio no tenían un millón de pesos desde hacía mucho tiempo. Pero estaba depositado ese dinero el día lunes, y el martes concurrían a decir que se lo habían girado. Entonces, el banco les restituía el millón de pesos a los cinco días y el problema quedaba saldado.
Por lo tanto, creo que ha habido una práctica que efectivamente se escapó de las manos. Espero que podamos legislar a la brevedad y que las indicaciones que va a presentar el Gobierno el lunes, a las 17 horas, recojan lo que se ha conversado y también consideren eventualmente -aunque esto es muy formal- el nombre del proyecto, que no se refiere solamente al sobreendeudamiento; también apunta a estimular al sector de la construcción inmobiliaria, a ayudar a las personas sobreendeudadas, efectivamente, a través de la garantía estatal, pero también a hacerse cargo de los fraudes que están teniendo lugar en el sistema financiero. Y, si fuera por la hora y los minutos que dedicamos a esto, diría que el proyecto es sobre fraude al sistema financiero y otras cosas. En fin.
Eso.
Voy a votar favorablemente, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias, Senador.
Tiene la palabra la Senadora Allende.
La señora ALLENDE.-
Gracias, Presidente.
Saludo al Ministro de Hacienda y a la Subsecretaria, por supuesto.
Efectivamente, son como dos aristas diferentes y creo que es interesante que nos hagamos cargo de que este país tiene un sobreendeudamiento.
Se estima, por estudios de entidades privadas -por ejemplo, el 43° Informe de Deuda Morosa, elaborado por Equifax y la Universidad San Sebastián- que existen más de cuatro millones de personas morosas, lo cual representa cerca del 26 por ciento de la población mayor de dieciocho años.
Ese mismo informe da cuenta de que la mora promedio es de 2 millones de pesos, y si bien ha disminuido la cantidad de morosos, en principio la deuda per cápita es mayor que hace un año: ha crecido 2,7 por ciento.
Entonces, son cifras que importan; pero también se habla de que hay cifras ocultas, porque últimamente hemos legislado y, por lo tanto, no se puede informar la morosidad que se tenga en salud o en educación, por lo que probablemente la cantidad de morosos es mucho mayor y puede que los datos de que disponemos nos oculten algo de lo cual no nos estamos haciendo cargo.
Yo creo que esto es una realidad en nuestras familias y tenemos que abordarla de alguna manera.
Esto se incrementa bastante, por ejemplo, en un mes como el de marzo, el temido mes de marzo, que es realmente bastante complejo para las familias promedio en Chile. Sabemos que muchas veces los hogares más modestos tienen que endeudarse.
Está el caso de muchas mujeres solas, jefas de hogar, con hijos, a las que no se les pagan pensiones alimenticias. Son realidades de las que no podemos no hacernos cargo.
Los trabajos que no son formales, que no tienen contrato, en que no hay cotizaciones, todo eso evidentemente nos acompaña, y por eso se sabe que la mayor morosidad está en los grupos más bajos.
Tenemos que buscar fórmulas que de alguna manera permitan lograr un equilibrio; pero está claro que para cualquier familia con ingresos menores de 400 mil, 490 mil pesos es bastante difícil terminar el mes. Esa es la realidad.
Es cosa de ver todos los días cuánto suben los precios de las verduras, de la fruta, de los alimentos, de los abarrotes. No hay un artículo -por más que el Ministro de Agricultura a veces nos trata de dorar la píldora y nos dice que bajó el espárrago- en que uno no diga "subió de una semana a otra": los remedios, en fin, una larga larga lista.
Por eso, creo que es necesario ver cómo gestionamos y equilibramos, qué hacemos como país para enfrentar esta realidad, cómo se pueden cumplir los compromisos financieros, cómo hay que formar a la gente con una mayor educación financiera. Las personas muchas veces no entienden las diferencias entre los créditos.
Una de las cosas que valoro acá es que se regule el pago mínimo de las tarjetas, porque actualmente está regulado solo en un reglamento, pero no se entregan atribuciones especiales a la Comisión para el Mercado Financiero, lo cual muchas veces hace falta para sancionar incumplimientos.
Por ejemplo, en los componentes del pago mínimo la verdad es que no se resguarda que haya un cierto aporte al capital. Finalmente, están siempre pagando los intereses y los costos financieros, y las personas ven que efectivamente no hay una disminución de su deuda propiamente en capital. Este se extiende en el tiempo y los costos totales aumentan y aumentan de una manera a veces bastante desproporcionada.
Quiero destacar que me parece bien que se hagan ajustes al Fogaes, que es un programa de apoyo a la vivienda. Ojalá se extienda por lo menos hasta fines de este año, ya que para nadie es un misterio cuánto han subido los costos de la construcción, los materiales, los fletes, los combustibles y, por cierto, de la mano de obra. Hay empresas constructoras y familias que lo saben muy bien.
En este punto, aprovechando que está el Ministro, quiero hacer una mención de lo que están viviendo las miles de familias de la Región de Valparaíso.
Esta mañana me tocó ir al campamento Manuel Bustos a acompañar al Ministro de la Vivienda, señor Montes, y estaban también la Ministra encargada de la reconstrucción y la Ministra Vallejo. Y quiero decirles que se trataba de la inauguración de un sitio con cuatro viviendas industriales, que creo era una buena señal, ¡pero cuatro! En ese sector eran treinta y tantas.
El Ministerio encargado de la reconstrucción ha calculado en doscientas y tantas las viviendas; la gente del campamento Manuel Bustos dice que son seiscientas; el Gobierno dice que son doscientas cuarenta, aproximadamente. Sea lo uno o lo otro, claramente, Ministro, tenemos un problema serio.
En el programa de Emergencia Habitacional el compromiso del Presidente Boric era por doscientas sesenta mil viviendas; solo para la Región de Valparaíso iban a ser treinta y un mil. Resulta que en este momento se ha reducido la cifra. Originalmente se pensó que eran más; hoy día se habla de alrededor de siete mil, que evidentemente no son usables y que, por lo tanto, hay que reconstruir, autoconstruir, con asesoramiento por supuesto. La autoconstrucción es quizás la opción mayoritaria en el caso del campamento Manuel Bustos, pero debe contar con asesoramiento, para que sea regular y tenga, indudablemente, el apoyo técnico necesario, en fin.
Bueno, claramente...
Es una lástima que justo estén conversando con el Ministro, porque me interesaba que escuchara el tema del financiamiento.
Si el Senador Galilea pudiese ser tan amable de no distraer al Ministro, ¡sería muy adecuado...!
(El señor Presidente hace sonar la campanilla llamando al orden).
La señora ALLENDE.-
Senador Galilea, si me disculpa un minutito.
El señor COLOMA (Presidente).-
Senador Galilea.
La señora ALLENDE.-
Le estoy entregando un mensaje al Ministro, porque le quiero dar cuenta de una realidad.
¿Qué vamos a hacer con el programa de Emergencia Habitacional?
En el caso de Valparaíso, como le decía, teníamos la meta de treinta y un mil viviendas. En este puro incendio, aparte de la dramática muerte de 134 personas, que cuesta mucho asumir y es un drama que nos va a acompañar por muchos años, ¿qué nos pasó?, ¿qué hicimos mal?, ¿qué ocurrió? Más allá de una serie de factores, quiero decirle que va a ser muy difícil cumplir la meta de siete mil viviendas. Tenemos un déficit habitacional tremendo; es la región con mayor número de campamentos. El Manuel Bustos, después de veinticinco, treinta años, todavía no se termina de urbanizar. Y estamos con un problema adicional, porque no se entrega el título de dominio si no ha terminado la urbanización, que tarda años.
Entonces, nos damos vueltas, Ministro, con un Estado que se coordina poco entre sí, y muchas veces solo vamos generando más círculos viciosos en lugar de ser más ejecutivos y aprender, ojalá, de estos dramas que nos han acompañado.
Por eso, quería especialmente decirle, Ministro, que me parece muy importante que haya un nuevo programa de garantías para el financiamiento de las deudas de consumo, comerciales y el Fogaes, a fin de ver si nos ayuda con garantía estatal y a mejorar.
Y por último, brevemente, lo que se señalaba: me parece... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).
El señor COLOMA (Presidente).-
Treinta segundos más.
La señora ALLENDE.-
También es cierto -y me ha tocado vivirlo de cerca- que hay gente que es estafada, personas que, absolutamente de buena fe, de repente descubren que les han sacado de su cuenta corriente 200 mil pesos. En dos casos que ocurrieron en el mismo banco después se descubrió que se operó desde la cárcel. O sea, estamos en presencia de un nivel tecnológico que ha hecho que el delito aumente y la falta de control puede ser muy grande.
Entonces, tenemos que buscar también un equilibrio. No todo el mundo actúa intencionalmente, no todo el mundo quiere estafar. Es necesario sancionar a aquellos que sí lo hacen, pero también ayudar a quienes resultan afectados producto de las nuevas tecnologías, los hackeos y las sofisticaciones que hacen que la gente caiga.
Un mensaje final: la falta de educación financiera en nuestro país es gigante y la gente no entiende qué significan los intereses, qué significa el pago. Necesitamos mayor educación financiera para evitar que esto siga escalando.
Muchas gracias.
El señor COLOMA (Presidente).-
Gracias, Senadora.
Finalmente, tiene la palabra el Senador Pugh.
El señor PUGH.-
Muchas gracias, señor Presidente.
Por su intermedio, quiero saludar al Ministro de Hacienda, a la Subsecretaria de la Segprés. ¡Qué bueno que puedan estar los dos, porque...
El señor COLOMA (Presidente).-
Senador Sanhueza, le pido que vuelva a su asiento, por favor.
Senador Pugh.
El señor PUGH.-
Qué bueno que puedan estar los dos en la Sala, señor Presidente, porque quizás el tema en el que todos hemos concordado es la necesidad de cambiar el título del proyecto. Probablemente el mejor sea: "Fraude de los medios de pago digitales". No solo bancarios; estamos hablando de todos los sistemas de pago que tenemos en estos momentos.
Esto requiere de algo que hemos puesto como primera prioridad. Hay un acuerdo del Senado con el Ejecutivo para avanzar en la mesa de gobernanza de datos y en identidad digital. Ese es el tema de fondo.
Aquí no sacamos nada con hacer leyes si no contamos con el respaldo de la técnica o el procedimiento.
¿Qué requiere una identidad digital robusta? Requiere que el Registro Civil sea capaz de tener más antecedentes nuestros, como, por ejemplo, el número de teléfono, para consultar si efectivamente somos nosotros los que estamos haciendo la transacción; debe tener segundos o terceros factores de autenticación, algunos de ellos con prueba de vida, de manera de incluso saber si efectivamente la persona está viva o no, para lo cual se puede usar biometría.
Esto requiere, entonces, Ministro, una asignación especial que debiéramos ver y discutir este año para el Registro Civil.
El Registro Civil es el corazón del sistema digital chileno, no solo para las transacciones dentro del Estado o del Estado con los ciudadanos, sino que también entre los ciudadanos. Una identidad digital da esa posibilidad y da certeza jurídica al acto digital. Por lo tanto, si queremos evitar que ocurran estos fraudes con los medios de pago digitales, tenemos que robustecer la identidad digital.
Una vez que tengamos resuelto eso, viene lo segundo, que es la interoperabilidad, saber qué está ocurriendo y en qué lado. Hoy las transacciones se están haciendo digitalmente; el nuevo normal es digital.
Y ahora le haré, señor Presidente, una recomendación al Ministro de Hacienda: ojalá aprovechemos de regularizar a todas las personas a las que les ayudemos a recuperar sus mipymes o pymes perdidas. Este es el momento. O sea, podemos avanzar no solo entregándole la mejor máquina de coser a una persona que era costurera, o el mejor horno o taller mecánico a quienes perdieron los suyos, sino que también podemos ayudarlos en el proceso de formalización y digitalización. Si no lo hacemos de forma segura, van a seguir ocurriendo estos fraudes. Por lo tanto, tenemos que ir al corazón del problema, atacarlo y resolverlo.
Si usamos la data disponible, podemos ayudar incluso a prever estos efectos de sobreendeudamiento. Estamos hablando de política 2.0, basada en data, en evidencia, para así anticiparnos, porque probablemente ese sobreendeudamiento no tiene que ver con que sean gastadores; es que no tienen con qué vivir, y están subsistiendo con el crédito que les pueden dar, porque están comprando alimentos.
Entonces, hay mucha información valiosa que se puede recoger, que puede ayudar a desarrollar políticas públicas para ir en apoyo de las personas que las necesitan. Ese es el verdadero sentido de una digitalización del Estado: el poner a las personas al centro y darles mejores servicios digitales, acompañándolas.
Yo creo que es una oportunidad histórica. Ojalá el proyecto lo avancemos rápido, pero necesitamos centrar los focos en estas medidas. Y ojalá avancemos en la ley marco de gobernanza de datos, de gobernanza digital, y podamos asignarle al Registro Civil los recursos que va a requerir este año para poder implementar el próximo lo que se resuelva.
Muchas gracias, Presidente.
He dicho.
Voto a favor.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias.
Senador Lagos, usted ha hablado dos veces y estamos como en el límite de la sesión.
¡A menos que haga una sugerencia talentosa...!
Tiene la palabra.
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, me parece bien que lleve la contabilidad, pero mi primera intervención fue para rendir el informe de la Comisión de Hacienda; la segunda, porque tengo derecho como miembro de esta Corporación a hacer uso de la palabra en la votación general, y esta tercera intervención tiene que ver con la primera, ya que solicité plazo para la presentación de indicaciones hasta este viernes, a las 17 horas, el cual pido modificar para que sea hasta el lunes a la misma hora, a solicitud del Ejecutivo.
El señor COLOMA (Presidente).-
¡Talentoso...!
El señor LAGOS.-
Dicho eso, no voy a destinar minutos a hablar de la reconstrucción acá, en Viña del Mar, pese a que tengo ganas, porque se enredó la situación, pero lo voy a dejar para la semana que viene.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias, Senador.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (37 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple con el
quorum
constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Campillai, Carvajal, Ebensperger, Gatica, Órdenes, Pascual, Provoste y Rincón y los señores Araya, Castro González, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Edwards, Espinoza, Gahona, Galilea, García, Insulza, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Latorre, Macaya, Moreira, Núñez, Ossandón, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe y Walker.
El señor COLOMA (Presidente).-
Aprobado en general el proyecto. Y, tal como lo ha planteado el Presidente de la Comisión, el plazo de indicaciones sería hasta el próximo lunes 11, a las 17 horas.
Así se acuerda.
Respecto del proyecto anterior, boletín N° 16.576-08, sobre estabilización tarifaria, quiero hacer presente dos circunstancias.
La primera es que solo aparecía un pareo en la pantalla, pero efectivamente había tres planteados.
Y adicionalmente debo señalar que se registra la intención de voto favorable de la Senadora Allende en la misma iniciativa.
Pasamos al último de los proyectos.
AUTORIZACIÓN DE BIRREGIONALIDAD PARA UNIVERSIDADES ESTATALES
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).-
El Presidente pone en discusión el último punto del Orden del Día, que corresponde al proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 21.094, sobre universidades estatales, y la ley N° 18.744, que crea la Universidad del Biobío, para autorizar la birregionalidad de las universidades del Estado.
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho y la calificó de "suma".
--A la tramitación legislativa del proyecto (boletín 16.302-04) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).-
El objetivo de este proyecto de ley es autorizar la birregionalidad de las universidades del Estado, siempre que se trate de regiones contiguas y no exista una universidad del Estado domiciliada dentro de sus límites administrativos.
Asimismo, se modifica la ley N° 18.744, permitiendo que la Universidad del Biobío adquiera el carácter de birregional.
La Comisión de Educación hace presente que la Sala del Senado autorizó a dicha instancia para discutir la iniciativa en general y en particular en el trámite del primer informe, procedimiento que propone que se siga igualmente durante su discusión en la Sala.
En seguida, deja constancia, además, de que aprobó la iniciativa en general y en particular por la unanimidad de sus integrantes, Senadoras señoras Aravena y Provoste y Senadores señores Espinoza, García y Sanhueza, en los mismos términos en que fuera despachada por la Honorable Cámara de Diputados.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 15 y siguientes del informe de la Comisión de Educación y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Nada más, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias, Secretaria.
Para rendir el informe de la Comisión, ofrezco la palabra al Senador García.
El señor GARCÍA.-
Muchas gracias, Presidente.
En mi calidad de Presidente de la Comisión de Educación, informo el proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, el cual fue discutido en general y en particular en el trámite del primer informe.
Se trata de un proyecto que modifica la ley N° 21.094, sobre universidades estatales, y la ley N° 18.744, que crea la Universidad del Biobío, para, como se ha señalado, autorizar la birregionalidad de las universidades del Estado.
Para la discusión de esta iniciativa, la Comisión contó con la concurrencia del Ministro de Educación, don Nicolás Cataldo, y del Subsecretario de Educación Superior, señor Víctor Orellana.
Asimismo, recibió en audiencia a los representantes de la Universidad del Biobío, encabezados por su rector, don Benito Umaña; la prorrectora, señora Julia Fawaz; la presidenta de la Junta Directiva de dicha casa de estudios, señora Maureen Trebilcock. Y a los representantes de los trabajadores: el presidente de la Asociación de Académicos Concepción, señor Juan Carlos Parra; el presidente de la Asociación de Académicos Chillán, señor Luis Moreno; la presidenta de la Asociación de Funcionarios No Académicos Concepción, señora Olga Ortiz, y la presidenta de la Asociación de Funcionarios No Académicos Chillán, señora Carla Bustos.
El objetivo del proyecto es autorizar la birregionalidad de las universidades del Estado, siempre que se trate de regiones contiguas y no exista una universidad del Estado domiciliada dentro de sus límites administrativos. Asimismo, se modifica la ley N° 18.744, permitiendo que la Universidad del Biobío adquiera el carácter de birregional.
La discusión se enfocó en el estrecho vínculo de carácter histórico y territorial existente entre la Región del Biobío y la Región de Ñuble, que originó la necesidad por parte de la comunidad de permitir que la Universidad del Biobío, actualmente domiciliada en esa región, adquiera carácter birregional, para poder fijar su domicilio en ambas regiones.
En tal sentido, se relevó el constante desarrollo que ha tenido la Universidad del Biobío y la importancia de que la Región de Ñuble cuente con una casa de estudios estatal en su territorio, lo que posibilitaría el acceso a fondos y programas de fomento propios de dicha región, así como el impulso de la docencia, la investigación y la extensión.
Cabe destacar, como lo señalaron los representantes del Ejecutivo, que la Universidad del Biobío elaboró una propuesta estatutaria, consagrando el carácter birregional y reconociendo el enraizamiento que tiene tanto en la Región del Biobío como en la Región de Ñuble.
Se busca promover y fortalecer la educación pública universitaria reconociendo el aporte de las universidades del Estado.
Se tuvo en consideración que actualmente, al crearse una región nueva -en este caso, la Región de Ñuble-, no hay posibilidad de que las sedes de universidades estatales ya instaladas en el territorio sean consideradas regionales, porque la ley N° 21.094, sobre universidades estatales, admite solo un domicilio por institución.
En particular, la Comisión tuvo presente la necesidad de una universidad estatal en la Región de Ñuble, por las siguientes consideraciones:
1.-
La Región de Ñuble fue creada con posterioridad a la publicación de la ley antes citada, razón por la cual no fue contemplada para el establecimiento de una universidad estatal en ella.
2.-
Es necesario avanzar en el desarrollo de una universidad estatal en la región que fomente el pensamiento crítico, la docencia, la investigación y la extensión, que atienda las particularidades de su territorio. Esto ha sido una demanda de la comunidad de la Región de Ñuble.
3.-
La modificación legal permite que la Universidad del Biobío adquiera el carácter de birregional, con presencia en Ñuble y con posibilidad de acceder a fondos y programas de fomento propios de dicha región.
Asimismo, permitirá que exista una universidad tutora para el proceso de creación del centro de formación técnica estatal de la Región de Ñuble.
Señor Presidente, por las consideraciones que he señalado, la Comisión votó el proyecto en general y en particular, el cual fue aprobado por unanimidad. Y sugiere que la Sala proceda en la misma forma.
Es todo cuanto tengo que informar.
Muchas gracias.
El señor COLOMA (Presidente).-
A usted, Senador.
Solicito la autorización de la Sala para que en un rato más pase a reemplazarme en la testera el Senador Gahona.
Y adicionalmente quiero pedir abrir la votación.
¿Les parece?
Ambos temas.
El señor WALKER.-
¡Sí! Abramos la votación.
(El señor Presidente hace sonar la campanilla en señal de acuerdo).
El señor COLOMA (Presidente).-
En votación.
(Durante la votación).
Senador Sanhueza, tiene la palabra.
El señor SANHUEZA.-
Gracias, Presidente.
Para la región que represento, este proyecto de ley es muy especial.
Tal vez no sea la única pero sí una importante razón para que la antigua provincia de Ñuble se transformara en región fue el arraigo y la identidad, características de una zona que son entregadas por sus habitantes, pero también por su particular geografía e historia.
Dentro de esa historia está presente la Universidad del Biobío, institución de educación superior del Estado, autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
La Universidad cuenta con sede en las ciudades de Chillán y Concepción, pero cabe destacar que, como tal, tiene sus orígenes en la sede de Ñuble, donde el año 1966 se inauguró la Universidad de Chile, la que luego pasó a ser el Instituto Profesional de Chillán a través del decreto con fuerza de ley N° 15, del año 1981, del Ministerio de Educación Pública, el cual finalmente fue fusionado con la Universidad del Biobío mediante la ley N° 18.744.
El año 2018, específicamente el 5 de septiembre, mediante la ley N° 21.033, se creó la Región de Ñuble, fijando su capital regional en la ciudad de Chillán. Dada esta modificación a la división político-administrativa de nuestro país, se entendió que la nueva región no contaba con una universidad del Estado que tuviera su domicilio dentro de los nuevos límites regionales.
Dicho lo anterior, y considerando el vínculo que en los hechos existe entre la Universidad del Biobío y la Región de Ñuble, es importante que dicha casa de estudios pueda contar con domicilio en ambas regiones.
La modificación que proponemos, y que fue estudiada en la Comisión de Educación (a la que agradezco su apoyo unánime: escuchamos a su rector, el señor Benito Umaña; a la prorrectora, señora Julia Fawaz; a la secretaria general, señora Romina Bazaes; al presidente de la Asociación de Académicos Chillán, señor Luis Moreno, entre otros integrantes) va a permitir a las universidades tener domicilio en dos regiones contiguas, siempre que no exista otra universidad estatal en la zona. Lo recalco, porque en la Cámara de Diputados surgieron dudas para aprobar este proyecto por el hecho de que se vio con preocupación que se abriese la puerta para seguir creando nuevas universidades en regiones.
Sin embargo, hago hincapié en que la iniciativa es acotada, ya que se circunscribe a que siempre se trate de regiones contiguas donde no exista otra universidad estatal.
También va a permitir que fondos, de los cuales disponen las autoridades regionales para el fomento de la región, como son los dispuestos por los gobiernos regionales, puedan ser destinados al fortalecimiento de la investigación y la vinculación de la universidad con el desarrollo regional y nacional.
Celebro que esto suceda, porque justamente este año la Universidad del Biobío en Chillan está recibiendo a la primera generación de estudiantes de la carrera de Medicina que comenzara su formación académica en nuestra región, siendo la única casa de estudios en Ñuble que imparte este programa.
Anuncio mi voto a favor.
Solo quiero insistir en lo positivo de este proyecto de ley, que traerá importantes beneficios a la Región de Ñuble. La casa de estudios permitirá seguir formando generaciones tras generaciones, con mallas innovadoras, actualizadas acorde a los tiempos, de manera de lograr retener el talento de Ñuble en Ñuble, y que futuros profesionales de todo el país vean en mi región un hogar acogedor, que los recibe en su etapa de estudios y también en su posterior desarrollo profesional y personal.
Gracias, Presidente.
(Conforme a un acuerdo anterior de la Sala, pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Senador Sergio Gahona).
El señor GAHONA (Presidente accidental).-
Gracias, Senador Sanhueza.
Tiene la palabra el Senador José Miguel Insulza.
El señor INSULZA.-
Por lo que veo de este proyecto -¡por lo que veo de este proyecto!-, no tiene problema alguno con la región a la cual yo pertenezco.
Como ustedes saben, después de la creación de la Región de Arica y Parinacota, la sede central de la Universidad de Tarapacá quedó en la capital: Arica. Felizmente existe la Universidad Arturo Prat, que también es pública. Por lo tanto, la condición de que no debe haber otra no crea problemas.
Pero estas cosas deberían consultarse un poco. Yo estoy absolutamente seguro de que este tema ni siquiera fue conversado con gente de la Universidad de Tarapacá para preguntar qué opinaba de la birregionalidad que se estaba planteando. La Universidad de Tarapacá tiene una sede propia también en Iquique, y no creo que haya mayores intenciones de crear algo nuevo allá.
Repito: lo que permite salvar cualquier obstáculo es que también está la Universidad Arturo Prat, que reúne el otro requisito.
Pero quiero insistir en que el proyecto está orientado a la Universidad del Biobío, y me parece que debió haber sido tratado como tal. No veo por qué se legisla nacionalmente si es un tema que le interesa solamente a esa universidad. Además, ¿por qué se hace esto sin consultar con las demás universidades y con las autoridades de las regiones que pueden tener alguna opinión al respecto?
En todo caso, no me voy a oponer, Presidente, porque no me parece pertinente. Pero creo necesario dejar constancia de mi sorpresa de que aparezca este proyecto, del cual yo no tenía la menor idea y respecto del cual estoy seguro de que nadie de mi región fue consultado.
Muchas gracias, Presidente.
El señor GAHONA (Presidente accidental).-
Muchas gracias, Senador Insulza.
Tiene la palabra el Senador Gastón Saavedra.
El señor SAAVEDRA.-
Gracias, Presidente.
Cuando se crea la Región de Ñuble, el 5 de septiembre de 2018, se constituye con veintiuna comunas que pertenecían a la provincia del mismo nombre; pero esta separación no es solo de carácter administrativo y territorial, sino que también debe pensarse cómo se potencia la nueva región, cómo se construye un espacio para el pensamiento, el desarrollo del libre pensamiento y, al mismo tiempo, la construcción de espacios para que haya capital humano propio, para que -y esto hay que pensarlo en un tiempo más- seguramente exista como tal la autonomía de esta universidad.
Evidentemente, esto le hará bien a Ñuble y le hará bien a la universidad, pero es claro que no solo se trata de una cuestión administrativa o algo establecido por una ley, sino que es necesario, como decía el Senador Insulza, revisar lo que pasa en el resto del país. ¿Por qué no? Así se podría dotar a todas nuestras regiones de casas de estudios superiores públicas, del Estado, que permitan contribuir al desarrollo, al desarrollo social, a contar con este factor de movilidad social en los territorios, en las regiones.
Reitero: no es solamente una cuestión administrativa, territorial o financiera, sino también de contar con casas de estudios que permitan implementar la inteligencia e irse incorporando a un nuevo modelo de desarrollo, una nueva forma de crecimiento que permita el fortalecimiento de las democracias regionales y así seguir dando pasos a ese proceso que vive el país.
Por lo tanto, en buena hora se toma esta decisión. Y es de esperar que esta casa de estudios, que nace como la Universidad Técnica del Estado -así se llamó hasta el año 1973, pasadito- y que hoy es la Universidad del Biobío, una entidad prestigiosa y con gente de esfuerzo, siga contribuyendo al desarrollo tanto de la Región del Biobío como de la Región de Ñuble.
Es buena la separación. Es bueno, por lo tanto, que dicha entidad cuente con directorio propio, con rector propio y que tenga una identidad y la pertenencia que se requiere a la hora de llevar a cabo la gobernanza al interior del territorio.
Votaré a favor.
Muchas gracias.
He dicho.
El señor GAHONA (Presidente accidental).-
Muchas gracias, Senador Saavedra.
Me ha pedido la palabra el Senador García.
El señor GARCÍA.-
Muchas gracias, Presidente.
Seré muy breve.
A raíz de las intervenciones del Senador Insulza y del Senador Gastón Saavedra, me parece importante aclarar lo siguiente, porque las mismas consultas o las mismas dudas que ellos han planteado las hicimos en el seno de la Comisión de Educación.
¿Cuál fue la respuesta del Subsecretario de Educación Superior? Que el proyecto está referido únicamente al domicilio, porque la ley de universidades estatales estableció que los centros universitarios podían circunscribirse y tener domicilio en una sola región.
Sin embargo, es perfectamente posible, y de hecho así ocurre, que las universidades estatales tengan sedes en otras regiones. Hay varios ejemplos. Recién el Senador Galilea me decía que la Universidad de Talca, que es la universidad estatal de la Región del Maule, tiene una sede en la Región de O'Higgins. Entonces, ello se permite, y tiene relación con una situación estrictamente legal respecto de donde establecen sus domicilios.
Yo estoy de acuerdo en que quizás tenemos que revisar la ley de universidades estatales y a lo mejor permitir que las propias universidades fijen en sus estatutos sus domicilios, y no solo uno, sino más de uno, pero yo creo que eso es una discusión ya mayor, más general, más global, y de momento tenemos la urgencia de resolver este problema que se ha presentado con la Universidad del Biobío como consecuencia de la creación de la Región de Ñuble.
Gracias, Presidente.
El señor GAHONA (Presidente accidental).-
Muchas gracias, Senador García, por su aclaración.
Ha pedido la palabra la Senadora Loreto Carvajal.
La señora CARVAJAL.-
Gracias, señor Presidente.
La verdad es que, como Senadora de la Región de Ñuble, estoy conteste con este importante proyecto.
Como decía el Senador Sanhueza, hubo un ánimo, una condición ciudadana que permitió establecer por ley una nueva región en Chile, llamada "Región de Ñuble", la cual fue promulgada por la Presidenta Bachelet en el año 2017.
Eso conlleva hacer adecuaciones administrativas, por cierto, pero también tiene un objetivo académico. Y aquí quiero conectar aquello con la importancia que tienen los territorios y cómo nuestra legislación ha debido avanzar hacia aquello en los últimos años.
Ese es el punto central de este proyecto, que tiene una connotación académica, que no pasa solamente por una realidad administrativa distinta que, como bien decía el Senador que me antecedió, hace posible que las regiones tengan campus, que son agregados de las casas principales de estudio de mucho prestigio. Dicho sea de paso, tenemos también en la Región de Ñuble a la Universidad de Concepción (sede Chillán); el campus Chillán de la Universidad del Biobío; también la Universidad Católica de la Santísima Concepción; los institutos Inacap, Virginio Gómez y otros.
Es decir, hoy existe una adecuación administrativa que efectivamente los estándares y la normativa de la ley que creó las universidades estatales no hacían posible, porque no existía la posibilidad de tener una región (comillas) autónoma. Esa adecuación es fundamental, porque, por un lado, ¿qué es lo que queremos nosotros cuando entendemos que debe haber una universidad que recoja no solo el elemento territorial, sino las vocaciones que dan vida y sustentan a una región? No es lo mismo entender el contexto de la Región del Biobío con la Región de Ñuble. Por ende, hoy esa autonomía permite, desde un punto de vista lógico, financiero, de administración de sus propios recursos, la creación de nuevas carreras, entendiendo que los diagnósticos, como se señalaba hoy día, hacen entendible que exista una sintonía con la realidad regional.
Eso no es menor, y valoro que hoy día se haya dado pie a la carrera de Medicina en la Universidad del Biobío, como también antes a la carrera de Enfermería y otras.
Entonces, creo que esta adecuación administrativa es sumamente importante, que tiene un efecto territorial que cala en lo más profundo y que hace posible que sea absolutamente atendible que una universidad genere nuevas carreras que hagan fuerza con la realidad local, de acuerdo con la ley. Además, era el compromiso que nosotros, si ustedes no lo recuerdan, incorporamos en la Ley de Presupuestos, pues esto también requiere una autonomía financiera que no puede estar ajena a la ley.
Por lo tanto, es muy importante entender que este proyecto tiene un componente local que nosotros valoramos, que le da mucho valor, sobre todo académico, a la región, en que hoy día necesitamos hacer frente a muchas necesidades que no solo pasan por tener casas de estudio o un instituto profesional, o reforzar los liceos agrícolas, como el liceo de Cato, por ejemplo. Lo digo porque desde el punto de vista administrativo nosotros tenemos una carencia, y aprovecho de hacer el link con los servicios de la Región de Ñuble que aún no están totalmente instalados.
Por consiguiente, entiendo que aquello colabora, sin duda, a que esa
potencia que queremos lograr en una región, que dé cabida, genere y respalde los talentos locales, tenga un espacio en la academia, y que hoy día por supuesto que se genera con este proyecto.
Yo, como Senadora de Ñuble, quiero agradecer el profundo respaldo que tuvo en la Cámara de Diputados, donde no hubo ningún voto en contra, al igual que en la Comisión de Educación de nuestro Senado.
Por tanto, mi llamado es a aprobar, ojalá por unanimidad, este proyecto, que va en directo beneficio de los ñublesinos y ñublesinas.
He dicho, señor Presidente.
Gracias.
El señor GAHONA (Presidente accidental).-
A usted, Senadora Loreto Carvajal.
No hay más inscritos.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto (27 votos a favor y 1 en contra), y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Carvajal, Ebensperger, Gatica, Órdenes, Pascual, Provoste y Rincón y los señores Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Edwards, Espinoza, Gahona, Galilea, García, Insulza, Kusanovic, Lagos, Latorre, Macaya, Núñez, Pugh, Saavedra, Sanhueza y Walker.
Votó por la negativa el señor Kuschel.
El señor GAHONA (Presidente accidental).-
Se agrega la intención de voto favorable de los Senadores Moreira y Quintana.
Despachado el proyecto.
Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 17:42.
Rodrigo Obrador Castro
Jefe de la Redacción