REPÚBLICA DE CHILE

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

PUBLICACIÓN OFICIAL

LEGISLATURA 371ª

Sesión 102ª, en miércoles 6 de marzo de 2024

Especial

(De 12:22 a 14:33)

PRESIDENCIA DE SEÑOR JUAN ANTONIO COLOMA CORREA, PRESIDENTE;

SEÑOR FRANCISCO HUENCHUMILLA JARAMILLO, VICEPRESIDENTE, Y SEÑOR SERGIO GAHONA SALAZAR, PRESIDENTE ACCIDENTAL

SECRETARIOS, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR, Y EL SEÑOR ROBERTO BUSTOS LATORRE, ACCIDENTAL

____________________

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

I. ASISTENCIA

Asistieron las señoras y los señores:

--Allende Bussi, Isabel

--Aravena Acuña, Carmen Gloria

--Araya Guerrero, Pedro

--Campillai Rojas, Fabiola

--Carvajal Ambiado, Loreto

--Castro González, Juan Luis

--Coloma Correa, Juan Antonio

--Cruz-Coke Carvallo, Luciano

--De Urresti Longton, Alfonso

--Durana Semir, José Miguel

--Ebensperger Orrego, Luz

--Edwards Silva, Rojo

--Espinoza Sandoval, Fidel

--Flores García, Iván

--Gahona Salazar, Sergio

--García Ruminot, José

--Gatica Bertin, María José

--Huenchumilla Jaramillo, Francisco

--Insulza Salinas, José Miguel

--Kast Sommerhoff, Felipe

--Keitel Bianchi, Sebastián

--Kusanovic Glusevic, Alejandro

--Kuschel Silva, Carlos Ignacio

--Lagos Weber, Ricardo

--Latorre Riveros, Juan Ignacio

--Macaya Danús, Javier

--Moreira Barros, Iván

--Núñez Arancibia, Daniel

--Núñez Urrutia, Paulina

--Órdenes Neira, Ximena

--Ossandón Irarrázabal, Manuel José

--Pascual Grau, Claudia

--Prohens Espinosa, Rafael

--Provoste Campillay, Yasna

--Pugh Olavarría, Kenneth

--Quintana Leal, Jaime

--Rincón González, Ximena

--Saavedra Chandía, Gastón

--Sandoval Plaza, David

--Sanhueza Dueñas, Gustavo

--Sepúlveda Orbenes, Alejandra

--Van Rysselberghe Herrera, Enrique

--Velásquez Núñez, Esteban

--Vodanovic Rojas, Paulina

--Walker Prieto, Matías

Concurrieron, además, la Ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Tohá Morales, y los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Álvaro Elizalde Soto, y de Energía, señor Diego Pardow Lorenzo.

Asimismo, se encontraba presente el Subsecretario del Interior, señor Manuel Monsalve Benavides.

Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, y de Secretario General accidental y Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.

II. APERTURA DE LA SESIÓN

--Se abrió la sesión a las 12:22, en presencia de 27 señoras Senadoras y señores Senadores.

El señor COLOMA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.

MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE EX SENADOR SEÑOR FRANCISCO JAVIER ERRÁZURIZ TALAVERA

El señor COLOMA (Presidente).- Quiero iniciar esta sesión pidiendo un minuto de silencio por el fallecimiento, acaecido antes de ayer, del ex Senador, que estuvo en este Hemiciclo durante varios años, don Francisco Javier Errázuriz Talavera.

(Los asistentes se ponen de pie y la Sala guarda un minuto de silencio).

El señor COLOMA (Presidente).- Muchas gracias.

MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE VÍCTIMAS PALESTINAS FALLECIDAS EN FRANJA DE GAZA

El señor COLOMA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Gahona.

El señor GAHONA.- Gracias, Presidente.

A propósito de los acontecimientos de la semana pasada en Rafah, en la frontera de Egipto con Gaza, solicito, por favor, un minuto de silencio para honrar la memoria de las víctimas palestinas inocentes que han perdido la vida en la devastadora tragedia que se vive en la Franja de Gaza.

El señor COLOMA (Presidente).- Si les parece, haríamos un minuto de silencio por lo que ha planteado el Senador Gahona.

(El señor Presidente hace sonar la campanilla en señal de acuerdo).

(Los asistentes se ponen de pie y la Sala guarda un minuto de silencio).

El señor COLOMA (Presidente).- Muchas gracias.

III. ORDEN DEL DÍA

ESTADO LEGISLATIVO DE AGENDA DE SEGURIDAD, POLÍTICA DE INTELIGENCIA NACIONAL Y MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO A PROPÓSITO DE CONMOCIÓN GENERADA POR SECUESTRO Y HOMICIDIO DE CIUDADANO VENEZOLANO REFUGIADO EN CHILE SEÑOR RONALD OJEDA

El señor COLOMA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señor Presidente.

Se ha convocado a esta sesión especial con la finalidad de abordar el estado legislativo de la agenda de seguridad, la política de inteligencia nacional y las medidas adoptadas por el Gobierno a propósito de la conmoción generada por el secuestro y homicidio del ciudadano venezolano refugiado en Chile señor Ronald Ojeda.

A esta sesión se invitó especialmente a la señora Ministra del Interior y Seguridad Pública, al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos y al señor Subsecretario del Interior.

Han confirmado su participación y asistencia la señora Carolina Tohá Morales, Ministra del Interior y Seguridad Pública; el señor Manuel Monsalve Benavides, Subsecretario del Interior, y ha enviado sus excusas el señor Luis Cordero Vega, Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Para efectos del tratamiento de este asunto, en primer lugar se hará una exposición por quien solicitó esta sesión. Y posteriormente podrán intervenir las señoras y los señores Senadores en los tiempos de los Comités considerados para esta clase se sesiones, que son los siguientes: Renovación Nacional, diecinueve minutos y medio; Partido Unión Demócrata Independiente, dieciséis minutos y medio; Partido Socialista, doce minutos; Partido Por la Democracia e Independientes, diez minutos y medio; Comité Mixto Independiente y Partido Demócrata Cristiano, nueve minutos; Partido Evópoli e Independiente, seis minutos; Partido Comunista, tres minutos; Partido Federación Regionalista Verde Social e Independiente, tres minutos; Partido Republicano, tres minutos; Partido Demócratas Chile, tres minutos, y Partido Revolución Democrática, un minuto y medio.

Se solicita hacer llegar a la Mesa el nombre de las Senadoras o Senadores que harán uso de la palabra y el tiempo que usarán, dentro de lo que le corresponde al respectivo Comité.

Es todo, señor Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).- Muchas gracias, señor Secretario.

Entonces, operaríamos de esa forma, como lo hemos hecho siempre en las sesiones especiales.

Solicito la autorización de la Sala para que me pueda reemplazar el Senador Sergio Gahona, porque quiero hacer uso de la palabra.

(El señor Presidente hace sonar la campanilla en señal de acuerdo).

(Pasa a presidir la sesión el Senador señor Sergio Gahona, en calidad de Presidente accidental).

El señor DE URRESTI.- Presidente.

El señor GAHONA (Presidente accidental).- Senador De Urresti.

El señor DE URRESTI.- Pido que se autorice también el ingreso del Subsecretario Monsalve.

El señor MOREIRA.- Está autorizado.

El señor COLOMA.- Ya fue autorizado con anterioridad.

El señor GAHONA (Presidente accidental).- Está invitado el Subsecretario.

Senador Coloma, tiene la palabra.

El señor COLOMA.- Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero, como peticionario de esta sesión especial, darle el entorno, el contexto. Lo que se busca, o lo que yo a lo menos pretendo -ojalá lo compartamos-, es llevar a cabo un debate democrático, profundo, sobre un tema que obviamente ha remecido a la ciudadanía.

¿De qué estamos hablando? De que el país ha sido testigo, en las últimas dos semanas, de uno de los hechos de violencia, con significación internacional, más espeluznantes de las últimas décadas. Y no solamente ha remecido la conciencia nacional, sino también la conciencia mundial. Y, desde la perspectiva de todos o casi todos los Comités, era indispensable generar en este Hemiciclo una instancia de reflexión democrática. La democracia está precisamente para reflexionar respecto de nuestra vida legislativa, representativa, así como para evaluar la lógica de funcionamiento institucional y político de Chile. Y si este tema no amerita una sesión especial del Senado, díganme qué lo puede ameritar, cuando hemos vivido uno de los momentos más difíciles en nuestra convivencia.

¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la ejecución de un secuestro, que además fue profundamente difundido por los medios de prensa en su momento, seguido de una larga agonía de varios días sin saber lo que había ocurrido, y que culminó con un asesinato que, aparentemente, se habría producido de manera casi simultánea con el secuestro, donde hay una primera reflexión respecto a que, eventualmente, pudo no haberse exigido una recompensa.

A ese secuestro, a ese asesinato, se suma el que la persona, el teniente Ojeda, habría sido enterrado a una profundidad de un metro y medio en una fosa, con, aparentemente, alteraciones que no se sabe si se produjeron antes o después del asesinato mismo, con mutilaciones, al interior de una maleta.

A lo anterior se agrega que en este caso a la víctima se le había concedido el refugio político en nuestro país.

No son centenares las personas que tienen refugio político; son algunas. Y este fue un refugio político solicitado en el Gobierno anterior, que había sido estudiado, y en la continuidad de Estado había sido otorgado por el actual Gobierno.

O sea, estamos hablando de un refugiado producto de la violencia política que había sufrido en Venezuela, que fue secuestrado y asesinado.

Adicionalmente, tenemos una información de la Fiscalía que nos señala que ya existe un formalizado. Se estima que podría ser una persona de diecisiete años, pero sí sabemos que es de nacionalidad venezolana, como asimismo que hay otros dos imputados también venezolanos.

Esos son los hechos que, en su conjunto, me parece que -yo llevo algún tiempo en el Congreso- representan uno de los desafíos más complejos para la seguridad en nuestro país y el funcionamiento de las instituciones.

¡De eso estamos hablando!

Aquí no se pretende hacer una investigación; no tiene ningún sentido. ¡Para eso están los organismos pertinentes! Y hemos seguido la lógica precisa de lo que la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público tienen como obligación. Solo aspiramos a que este caso se resuelva lo mejor posible para saber realmente qué ocurrió.

Por lo tanto, aquí estamos en otra cosa: una discusión democrática sobre si estos hechos pueden pasar en nuestro país sin que nosotros enfrentemos el tema de fondo que supone esta situación dramática que ha ocurrido en nuestra nación.

¿Qué deberíamos abordar, específicamente?

Voy a dar algunas ideas, pero obviamente hay Senadores que pueden apuntarlo.

En primer lugar, algo que me parece muy importante: cómo está funcionando nuestro sistema de inteligencia: ¿hay inteligencia hoy día en Chile?

En esto yo comparto la visión de algunas autoridades de gobierno que en su momento ya han planteado, no ahora, hace rato, que tenemos una crisis en materia de inteligencia. Y ese es un tema que debemos abordar, que se encuentra dentro de la agenda de seguridad. Ha habido complejidad, pero hay información de que podría haberse agilizado.

Entonces, una idea es fijarnos un plazo como Congreso, como país, para tener una ley de inteligencia que aborde los nuevos temas que están sucediendo en el mundo, porque hoy día este tipo de cosas han cambiado, y un país no puede pretender hoy día enfrentar los problemas de la modernidad sin un buen sistema de inteligencia.

Por lo tanto, hay un desafío enorme, que está pendiente. Y yo espero que en esta sesión fijemos plazos, horas, para poder avanzar en la conformación de un nuevo sistema que nos dé garantías, con incorporación de fuerzas investigativas, fuerzas que no sean fuentes abiertas, porque creo que es indispensable, como en todos los países del mundo, ir a fuentes cerradas, de manera de tener información de verdad, que nos permita tener una inteligencia preventiva respecto de situaciones que se pueden producir.

Hay una agenda de seguridad -está la Ministra- y hemos avanzado en veintitrés de los treinta y un proyectos, pero existen temas que van quedando pendientes, como los migratorios, que tenemos que abordar. Esto lo hemos hablado con el Subsecretario y hoy día se ha avanzado en la capacidad de expulsión de migrantes irregulares por razones administrativas, pero no está planteada la expulsión por razones delictuales respecto de acciones que pueden haberse cometido dentro de Chile o en otros países, que es un tema que hay que determinar cómo lo hacemos.

Sin embargo, hay normas que, si bien no están vinculadas, dan señales que a mí me inquietan -lo voy a decir con transparencia-, como el caso de las reglas del uso de la fuerza, donde se diferenciaría si se trata de un nacional o de un migrante, según aparece hoy día en los medios, y que la Cámara de Diputados está resolviendo. Y, en materia política, el sentido del refugio.

Yo creo que esto es bien importante, Presidente. Y es una discusión que probablemente no hemos agotado. ¿Qué significa un refugio en Chile? Puede que no signifique nada muy especial o puede significar mucho. Yo tiendo a pensar que debería significar un amparo especial respecto de alguien a quien se le otorga esa calidad. Probablemente la ley de refugio, que se dictó en otra época, no considera esa hipótesis y más bien puede aparecer como la misma categoría de un nacional.

Bueno, ¡esos son los temas que tenemos que abordar!

O sea, el secuestro, el asesinato de una persona a la que se le ha otorgado refugio político en nuestro país producto de sufrir persecuciones en otra nación y donde aparecen vinculadas personas de esa nación, no puede pasar desapercibido. Es fundamental reflexionarlo con seriedad. ¡Si aquí no estamos haciendo ninguna caricatura; estamos hablando de un tema de fondo!

Y mi sugerencia es abordar temas como la existencia de la inteligencia; el sentido de la situación de la migración que se está produciendo hoy día; lo bueno o lo malo de diferenciar entre migrante de aquel que no lo es en materia de uso de la fuerza; el sentido del refugio en nuestro país, que es lo que hoy día ha estado en juego en forma muy dramática y profunda.

Por eso, señor Presidente, yo creo que ese es el sentido, con altura de miras, pero también con contenido, y es un rol que el Senado, a mi juicio, tiene que abordar. Hemos sido capaces de abordar temas muy conflictivos. Fuimos capaces de abordar, con una declaración conjunta, la historia de Chile con los "50 años"; hemos sido capaces de abordar agendas que eran impensadas en materia de seguridad, con las comisiones desarrollando un trabajo muy especial en esta materia; tuvimos capacidad de entendernos en un año donde el disenso parecía ser la regla general.

Yo no tengo miedo de llegar a entendimientos cuando están fundados en construir un mejor país; pero, para llegar a ellos, debemos tener la capacidad de discutir, reflexionar, plantear y también oír a quienes pueden tener visiones complementarias o distintas.

A mi juicio, esta sesión especial es muy relevante para la seguridad, para el futuro de nuestro país, y espero que, luego de esta sugerencia que hago, se actúe en consecuencia.

Muchas gracias, Presidente.

El señor GAHONA (Presidente accidental).- Gracias, Senador Coloma.

Tiene la palabra el Senador Núñez.

El señor NÚÑEZ.- Gracias, Presidente.

Primero quiero decir que esta sesión especial es una pérdida de tiempo, ya que no va a contribuir en nada a esclarecer el brutal crimen de Ronald Ojeda, exmilitar venezolano. No tiene sentido esta sesión, porque la investigación judicial -insisto: la investigación judicial- es completamente reservada y no podemos conocer de boca de las autoridades mayores detalles del caso.

Esta sesión, además, distrae a la Ministra del Interior, Carolina Tohá, y al Subsecretario Manuel Monsalve de las importantes labores que deben cumplir en el combate contra el crimen organizado y la delincuencia.

Por lo demás, es una aberración que la Sala del Senado se convierta en un espacio para escuchar todo tipo de tesis delirantes sobre el crimen del exmilitar venezolano, especialmente luego de que la Justicia acreditara los vínculos que el detenido tiene actualmente -el joven de diecisiete años- con el Tren de Aragua en el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda. Y eso lo escuché ayer de boca del propio Fiscal Nacional al lado, a metros de esta Sala.

Entonces, todas las tesis conspirativas que hemos escuchado en estas últimas semanas solo hablan mal de quienes las pronuncian y desprestigian a la política y por supuesto también dañan profundamente la imagen del Senado.

Es muy poco serio levantar hipótesis afiebradas para intentar dañar al Gobierno y tratar de golpear al Partido Comunista.

Desde el primer día del secuestro se tejieron todo tipo de especulaciones sin ofrecerse ninguna prueba.

Por ejemplo, tuvieron gran amplificación, en los medios de comunicación y en la derecha, las palabras del disidente venezolano Iván Simonovis, quien afirmó que el secuestro fue realizado por agentes de su país y que en tiempo récord, casi en veinticuatro horas, sacaron a Ojeda de Chile y estaba en Venezuela.

En la misma línea -lo que abunda no daña, parece- el Diputado de Renovación Nacional Frank Sauerbaum aseguró que "estamos en presencia de una operación de inteligencia de un país vecino para hacerlo desaparecer". ¿Con qué pruebas, me pregunto yo?

Por su parte, el líder del partido político Amarillos y Presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Andrés Jouannet, fue un poco más allá, planteando: "Estamos infiltrados por grupos chavistas que están operando libremente en Chile".

Yo emplazo acá, desde el Senado, a Andrés Jouannet para que señale quiénes son los agentes venezolanos chavistas que están operando en Chile, ¡a que diga cuáles son las pruebas que tiene y que no siga diciendo mentiras!

En esta operación política también se quiso desautorizar las acciones que realizó el Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, al gestionar un convenio de intercambio de información con el Gobierno de Venezuela para justamente combatir el crimen organizado.

Incluso, un medio de comunicación opositor venezolano fue más desfachatado al titular en su portada que Monsalve era cómplice del secuestro.

Le pido un minuto para terminar, por favor, Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).- Le vamos a dar un minuto más.

El señor NÚÑEZ.- Es necesario clarificar.

Por ejemplo, sobre el joven detenido, hasta ahora no se ha podido confirmar cuál es su identidad ni su edad. ¿Y a quién le vamos a pedir esa información? Por supuesto que a las autoridades venezolanas. ¡Cómo un convenio que entrega esa información, que obliga a entregarla, no va a contribuir a combatir el crimen organizado!

Presidente, daña la democracia y el rol de esta institución de la república que algunos Senadores de derecha se conviertan en detectives para esgrimir descabelladas teorías.

Nuestro rol no es especular tesis delirantes; frente a estas crisis de seguridad que vive Chile, nuestro papel es ocupar toda nuestra energía en redactar buenas leyes que frenen el narcotráfico y combatan el crimen organizado. En eso debiéramos ocupar nuestro tiempo y no en alimentar novelescas teorías conspirativas que buscan golpear al Gobierno y al Partido Comunista.

He dicho, Presidente.

Muchas gracias.

El señor COLOMA (Presidente).- A usted, Senador.

Senador Juan Luis Castro, tiene la palabra.

El señor CASTRO (don Juan Luis).- Gracias, Presidente.

Yo quiero enfocar mi intervención desde otra perspectiva, porque la arista investigativa, obviamente, tiene carácter de secreta, pese a que todos los días nos enteramos, por filtraciones en la prensa, de los detalles de la pesquisa policial y de sus alcances, lo que me parece bastante extraño, francamente, porque son pocos quienes tienen acceso a esa información.

Yo voy a lo siguiente. De acuerdo a los datos que hemos investigado con el Servicio Nacional de Migraciones, en Chile hay 966 personas aprobadas como refugiadas de entre más de 30.598 solicitudes. O sea, tal condición se le otorga a no más del 3 por ciento de quienes la piden, y luego de años. Y hoy día hay medio millón de ciudadanos venezolanos regulares, 165 mil irregulares empadronados y otro porcentaje, que desconocemos, de irregulares no empadronados, y ¡solo 68 personas venezolanas refugiadas!

Al indagar sobre esto -quiero dejarlo planteado-, existen requisitos para llegar a calificar en esta condición, como todo lo que se aduce como persecución política, religiosa, racial; huida del país de origen; libertades amenazadas; carencia de nacionalidad, etcétera. Y a la vez esa investigación se hace en Chile. Es decir, existe una calificación ordenada de a quién se denomina como refugiado.

Si eso es así, yo quiero consultar sobre la situación en que se encuentran los otros sesenta y tantos venezolanos refugiados en Chile. ¿Son disidentes o no? ¿Tienen algún grado de hostigamiento o no? Me pongo en los zapatos de quienes pueden sentirse atemorizados eventualmente de algo.

Y también quiero preguntar si respecto a la condición de refugiado podemos hacer algo más. Porque hoy día no hay protección policial...

(Se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).

El señor COLOMA (Presidente).- Le vamos a dar un minuto adicional.

El señor CASTRO (don Juan Luis).- Dado que no hay protección policial al respecto y lo inédito de este delito, me parece razonable que, frente a una migración creciente en Chile, con normas regulatorias que se han ido estableciendo, se requieren ciertas definiciones desde el punto de vista policial, de la seguridad y de la asociación de cierta migración irregular con determinados delitos nuevos en el país, como este a que aludimos.

Apunto en esa dirección más que al tema investigativo, que está claro que no tiene sentido en esta sesión especial, Presidente. Pero, para efectos de la seguridad del país, de la claridad de las reglas del juego, sobre todo con personas que están en condición de refugiadas, se debe conocer hasta dónde el alcance de este término efectivamente se está dando en Chile.

Muchas gracias.

El señor COLOMA (Presidente).- A usted, Senador.

Tiene la palabra el Senador Kusanovic.

El señor KUSANOVIC.- Gracias, Presidente.

El crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda me tiene profundamente preocupado, no solo por su crueldad, financiamiento o la elaborada planificación con que se ejecutó; no solo porque representa una amenaza a la seguridad interior del Estado y la falta de respeto a nuestra soberanía; no solo porque se constata que grupos, fuertemente armados, organizados y financiados, operan a diestra y siniestra en Chile; no solo porque hay objetivos de persecución política que no pueden vivir en paz junto a sus familias en nuestro país; no solo porque las autoridades están guardando silencio o tratan de bajarle el perfil a su real gravedad; no solo por lo anterior, sino principalmente porque Chile, mi querido país, dejó de ser "el asilo contra la opresión". Y veo con tristeza cómo nos alejamos irremediablemente de "la copia feliz del Edén", que tanto deseamos los chilenos.

Además, legítimamente tenemos que cuestionar el reciente convenio firmado entre el Gobierno chileno y la dictadura de Maduro, ya que, si bien nadie podría negar la importancia de la cooperación entre policías para abordar el avance del crimen organizado, la deportación de inmigrantes ilegales y la expulsión de criminales, debemos tener claro que en esto Venezuela no nos ha ayudado; por el contrario, lo ha entorpecido.

En consecuencia, este convenio solo retrata la ingenuidad e imprudencia del Gobierno y su Cancillería, ya que la información que pueden proporcionarnos podría estar orientada a sus intereses de persecución política, de criminalizar a quienes se oponen al régimen de Maduro, o bien de facilitar el ingreso de delincuentes avezados, de quienes no se ha informado, dando cuenta de la negligencia con que las autoridades actuaron al convenir con una dictadura que persigue y exilia a sus ciudadanos.

Finalmente, y a nuestro pesar, señor Presidente, este macabro asesinato y su posterior desarrollo nos ha permitido constatar nuevamente:

-El descontrol de las fronteras. Las fallas y demoras que existen en la persecución criminal, ya que estimamos que los sospechosos abandonaron el país por pasos no habilitados.

-La inoperancia del sistema de inteligencia frente a los grupos armados que provienen del extranjero.

-El control que el crimen organizado ha alcanzado en los sectores más vulnerables; cómo se está apoderando de los campamentos, tierra de nadie, donde opera sin castigo.

-Y la falta de resultados efectivos y concretos, lo que nos hace dudar de la real voluntad del Gobierno de combatir la criminalidad en Chile.

En otras palabras, señor Presidente, podemos constatar la falta de Estado, la ausencia permanente del Estado de derecho en parte del territorio nacional. Ello se agrava aún más si nuestras autoridades, que están llamadas a resguardarlo, no protegen ni defienden nuestro derecho a vivir sin miedo.

Gracias.

El señor COLOMA (Presidente).- A usted, Senador.

Senador Quintana, tiene la palabra.

El señor QUINTANA.- Muchas gracias, Presidente.

En primer lugar, yo quisiera decir que usted tiene toda la facultad para convocar a una sesión de estas características. Además, así fue refrendado en la reunión de Comités del día lunes.

Otra cosa es la discusión, en la cual no quiero profundizar, de cuánto sirve este tipo de sesión. Yo no sería tan categórico como para señalar que es una pérdida de tiempo, pero sí diría que su eficacia puede ser discutible o acotada. ¿En qué sentido? En que la investigación del teniente coronel Ojeda es secreta. Por lo menos así ha sido decretado por las autoridades pertinentes. Y por lo mismo es muy poco lo que se puede decir del caso concreto.

Ahora, si es secreta -también lo dijo el colega Juan Luis Castro, recién-, debiera serlo para todos.

Entonces, aquí hay un llamado de atención a todas las instituciones: Fiscalía, Ministerio del Interior, las Policías. Porque, si es secreta, lo es para todos. No puede ser que lo sea para el mundo político o la opinión pública y se estén filtrando todos los días algunas piezas de la investigación o conociéndola por partes.

Dicho lo anterior, creo que una sesión especial de seguridad, como hemos tenido muchas, algo debe dejarnos. Y yo creo que, si debe dejarnos algo, es comprender en este Senado que el ritmo en el cual vamos a tener que seguir trabajando temas de seguridad será el que tuvimos el año pasado, con el liderazgo de la Ministra Tohá, del Presidente de la República, del Subsecretario Monsalve, también de la Segprés, todos aquí presentes y a quienes saludo, porque todavía nos queda bastante.

Si bien se despachó un número importante de proyectos en materia de seguridad el año pasado, hoy día hay proyectos gigantescos, de mucha importancia, que van a volver a esta Sala, como los relativos a inteligencia y a inteligencia económica, que tienen que ver con esto porque, efectivamente, aquí, de alguna manera, el crimen organizado debe estar involucrado y seguramente hay dineros de por medio. Y, por lo tanto, conocer la ruta del dinero es un tema esencial y eso tenemos que despejarlo pronto. Asimismo, el Ministerio de Seguridad va a tener mayores herramientas desde el punto de vista operativo con las Policías, pero además desde el punto de vista de la coordinación en la gestión.

Entonces, yo creo que aquí están el Estado y los organismos que deben estar trabajando, que son el Ministerio del Interior, la Fiscalía y las Policías, y me parece que en lo que sí pecó un poco de imprudencia el mundo político fue en la opinología y en el exceso de tesis que se lanzaron en la semana inmediatamente siguiente a este macabro homicidio que todos los sectores políticos han rechazado. Yo pienso que ahí estuvimos realmente fuera de toda medida.

Si hay una conclusión que debemos sacar el día de hoy, es que aquí tenemos que lograr consensos importantes en algunas de las materias que acabo de señalar, que sí son facultades nuestras. Respecto a los demás temas, no sé de cuántos se podría entregar información en esta sesión que finalmente no sea contraproducente, incluso para el desarrollo de la misma investigación.

Se me acabó el tiempo, Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).- ¿Quiere un minuto más?

El señor QUINTANA.- No.

El señor COLOMA (Presidente).- Okay.

El señor LAGOS.- ¡Dele un minuto!

El señor COLOMA (Presidente).- Dijo que no.

Gracias.

Tiene la palabra la Senadora Provoste.

La señora PROVOSTE.- Muchas gracias, Presidente.

Aprovecho de saludar a la Ministra del Interior, al Ministro Secretario General de la Presidencia, al Subsecretario del Interior, en esta sesión especial del Senado, porque el secuestro y el asesinato del joven teniente venezolano Ronald Ojeda violenta nuestra alma y no puede quedar impune.

Lamentablemente, situaciones como esta y otras se están haciendo ya habituales en nuestra cotidianidad, afectando de manera muy severa la vida de las familias en nuestro país, que ven con preocupación y legítimo temor como cada día avanza la delincuencia en sus barrios y las comunas están quedando abandonadas, con lo que se genera una sensación creciente de desamparo y miedo, y eso no lo podemos tolerar.

Aquello es lo que ha estado en la base de esta convocatoria a la sesión especial. Pero también me parece importante señalar que este no es el momento para buscar pequeñas ventajas políticas, instalando todo tipo de especulaciones, alimentando de manera irresponsable un clima en la opinión pública y pensando que con eso se puede ganar un punto político o llevar agua a nuestro molino. Este Senado tiene que ser capaz, no solo de cuidar el tono, sino de mirar más allá. Y la situación nos obliga a ser prudentes. Aquí hay muchos temas en juego y el país necesita que actuemos con responsabilidad.

Lo que hoy el país demanda son certezas respecto de lo que sucedió con el teniente Ronald Ojeda. Lo que nos corresponde a nosotros es permitir que el Ministerio Público, los y las fiscales, Carabineros, la Policía de Investigaciones, puedan hacer su trabajo, que puedan tener todas las herramientas que se requieren para llegar hasta el fondo de la situación. Ellos, con las pruebas, con las conclusiones científicas necesarias, son los que van a tener la obligación, llegado el momento, de informar debidamente qué hubo detrás de este horrendo asesinato, asegurándonos como sociedad que los culpables puedan ser detenidos y juzgados de acuerdo a la ley.

Ese es el aporte que podemos hacer, como Senado, frente a una sociedad chilena que está impactada, que está conmovida por lo que está sucediendo.

Señor Presidente, esta sesión fue convocada para que veamos los avances legislativos en la agenda de seguridad, de inteligencia y las medidas que está impulsando el Gobierno. Y permítame referirme a estos temas desde mi condición de integrante de la Comisión de Defensa de la Corporación.

Primero, una reflexión general: hay que poner al día nuestra institucionalidad, ajustar las leyes, crear mejores instituciones para enfrentar el crimen organizado. Las amenazas a nuestra seguridad son temas sustantivos que hacen a la esencia de la razón de Estado y a la protección de los ciudadanos.

Aquí no podemos dar saltos al vacío, tenemos que legislar con la suficiente capacidad técnica, con inteligencia, escuchando la opinión de las y los expertos de las instituciones comprometidas. Solo así podremos asegurar una robusta agenda en el ámbito de la seguridad y la inteligencia que efectivamente permita dotar a nuestro país de mejores competencias y consolidar instituciones en el largo plazo.

Aquí, Presidente, no hay balas de plata; por eso necesitamos tener más diálogo político, más diálogo técnico, de modo de concordar los objetivos finales que estemos buscando. Yo entiendo que el Gobierno puede estar muy presionado por sacar adelante una agenda que le permita pararse frente al país y mostrar que algo se avanza. Es su obligación, y en ese sentido va a contar con nuestro apoyo, porque también compartimos el sentido de urgencia que tenemos de actuar frente a lo que está pasando en el país. Pero seamos claros: al Gobierno le ha costado entender que necesitamos una mayor proactividad, que necesitamos más diálogo, que necesitamos mejorar la calidad técnica de muchos de los proyectos que hoy forman parte de lo que se ha denominado "agenda de seguridad"; al menos es lo que hemos visto en la Comisión de Defensa.

En esto no hay atajos. Si queremos avanzar con prontitud, debemos ser más proactivos en la fase previa y durante toda la tramitación de los proyectos. Solo así aseguraremos una sustentación política y técnica de esa agenda en materia de seguridad.

El proyecto de infraestructura crítica es un buen ejemplo para caracterizar lo que señalo. El Gobierno lo ingresó en agosto del año 2023 a la Comisión de Defensa. Nosotros hicimos lo que correspondía: iniciamos un trabajo de consulta, con un conjunto significativo de instituciones, que son las que estarían consideradas en este proyecto. El Gobierno no acompañó estas reuniones, que además, a poco andar nos dejaron en evidencia, a todos los miembros de la Comisión, que derechamente era un mal proyecto que había carecido en su formulación de las conversaciones básicas requeridas.

Solo después de la reunión del Cosena de hace algunas semanas el Gobierno cambió su actitud, y hoy, efectivamente, los equipos técnicos están trabajando para presentar indicaciones que mejoren el proyecto. Esa es la actitud que necesitamos y que, por cierto, vamos a apoyar.

Estoy también clara de que es interés de todos dotar al país de un sistema de inteligencia que nos permita actualizar y potenciar nuestras capacidades estratégicas y operativas. La ley No 19.974, que creó el Sistema de Inteligencia del Estado, va a cumplir veinte años y, como todo sistema, debemos ajustarlo a la luz de su experiencia acumulada y de las nuevas amenazas que enfrentamos en nuestro país y en el mundo.

Hace ya tres años este Senado aprobó en primer trámite un nuevo proyecto después de un largo trabajo de consulta con las instituciones del sistema, lo que permitió construir un acuerdo unánime de sustentación política. Sabemos que hoy este proyecto está siendo discutido en la Comisión de Defensa de la Cámara y también sabemos que, en su momento, el Gobierno ingresó un conjunto de indicaciones muy importantes; pero vamos a estar atentos a cómo avanza y cómo retorna el texto a este Senado. Insisto, tenemos que ser más proactivos en esta participación.

En ese proyecto, señor Presidente, por razones que no es necesario explicitar, no nos podemos equivocar.

Y una última reflexión.

Hace solo unos meses despachamos la ley que creó la Agencia de Ciberseguridad. Hicimos un buen trabajo; ahora tenemos el desafío de ponerla en funcionamiento y para ello hay un plazo de un año. Creo que sería de particular interés de este Senado conocer, de parte de las autoridades que tienen a su cargo esta importante tarea, cómo están avanzando en su implementación y, si hay acuerdo en la Sala, podríamos programar una sesión especial para conocer dichos avances.

He dicho, señor Presidente.

Muchas gracias.

El señor COLOMA (Presidente).- A usted, Senadora.

Tiene la palabra el Senador Edwards.

El señor EDWARDS.- Gracias, Presidente.

Yo quiero partir entregándole todo mi apoyo a las víctimas que ha dejado la delincuencia, el crimen organizado, el narcoterrorismo en Chile y, en especial, también a la familia del exteniente Ronald Ojeda.

Obviamente me gustaría, como conclusión de esta reunión, que acordáramos una agenda de seguridad. Pero hoy día nos despertamos con una noticia que yo considero hasta absurda, y quiero entender que se relaciona con la agenda de seguridad y también con la ejecución del teniente venezolano. Me refiero al proyecto de reglas del uso de la fuerza.

El artículo 11F dice que el Ministerio del Interior emitirá reglamentos de uso de la fuerza a nuestras Policías y Fuerzas Armadas y que estos reglamentos deberán considerar especificaciones para un uso diferenciado de la fuerza en los casos en que exista presencia de diversidades sexuales, migrantes, indígenas o personas mayores.

Yo quiero preguntarle al Gobierno si cree razonable que un delincuente o terrorista que pertenece al Tren de Aragua y que, por tanto, probablemente es un migrante, merece un trato privilegiado o simplemente distinto cuando actúan las Policías en las reglas del uso de la fuerza que se les permite. Un carabinero, en el calor del delito en flagrancia, ¿podrá distinguir si el delincuente, violentista o terrorista tiene sesenta y dos o sesenta y seis años, o si es parte de la diversidad sexual, para aplicarle un procedimiento distinto?

La verdad es que no entiendo muy bien a qué se refiere cuando se señala que los procedimientos del uso de la fuerza dependen de la persona que está cometiendo el delito. Para mí por lo menos, tratándose de un mayor de edad, es un delincuente y se le debe aplicar todo el rigor de la ley. Punto. Yo creo en la igualdad ante la ley, al menos en este tipo de materias, para defender a nuestra gente.

Por lo tanto, quiero avanzar en la agenda de seguridad, y veo que este tipo de resoluciones del Gobierno simplemente la atrasan.

Respecto al teniente venezolano, quiero hacer un par de aclaraciones.

Primero, fue perseguido por el Gobierno de Maduro; fue torturado -tenemos sus notas detallando las torturas-; fue apresado en Ramo Verde, que es donde meten a muchos de los perseguidos políticos.

El Ministerio de Defensa lo tiene entre los treinta y tres que está persiguiendo. Varios de esos perseguidos ya están presos. Uno de ellos fue apresado en Colombia: el régimen de Maduro dijo que no tenía nada que ver y después apareció en Ramo Verde.

Los sospechosos son venezolanos; el crimen organizado, la banda es venezolana. La comunidad venezolana hoy día vive en el terror acá, en Chile. Además, un ex director de inteligencia habla de la larga conexión entre Maduro y el Tren de Aragua.

Entonces, Ministra, cuando un animal tiene plumas de pato, patas de pato, pico de pato y dice "cuac cuac", ¡es muy probable que sea un pato! No podemos eliminar, negacionistamente, la posibilidad real de la hipótesis de que Maduro esté detrás de este asesinato.

Por eso me parece que, mientras Maduro y su régimen no se distancien y den garantías claras de que no tienen nada que ver, debemos retirar al embajador de Venezuela y denunciar esta situación.

El señor COLOMA (Presidente).- Gracias, Senador.

Tiene la palabra el Senador Araya.

El señor ARAYA.- Gracias, Presidente.

Yo creo que para nadie es un misterio que nuestro país atraviesa una compleja situación en temas de seguridad pública.

Lamento profundamente lo que le sucedió al señor Ojeda; pero lo que no puede ocurrir en este Senado, especialmente de parte de los actores políticos, es tratar de levantar ciertas teorías conspirativas; lo que corresponde es esperar la investigación que está llevando adelante el Ministerio Público. Ya tenemos una persona detenida y están identificados los presuntos autores. Esperamos que esto le permita al Ministerio Público explicar a la brevedad cuál fue el móvil real de lo ocurrido con el teniente Ojeda en Chile y despejar todas estas teorías que han aparecido.

Dicho eso, creo que hoy el tema de seguridad requiere un esfuerzo mayor de todos los actores, porque pareciera ser que es muy fácil sacar una consigna o decir una u otra cosa y, a partir de eso, pensar que vamos a solucionar el problema cuando sabemos que no es así.

Enfrentamos una realidad criminal que no habíamos visto en décadas en nuestro país, que se relaciona con distintos factores. Podríamos estar discutiendo durante varias sesiones en este Senado sobre cuáles son las causas. Pero lo que hoy día nos está pidiendo la gente son soluciones concretas.

Por tanto, creo que esta sesión tiene sentido en la medida en que el Gobierno pueda explicar la demora que hay en ciertas iniciativas que son fundamentales para una mejor estructura de prevención y persecución del delito. Por ejemplo, el proyecto de ley sobre inteligencia, que este Senado despachó en forma unánime y respecto del cual muchas de las indicaciones que hoy día son cuestionadas en la Cámara de Diputados -quiero decirlo- no fueron a instancias de los Senadores de derecha, sino más bien de Senadores de centroizquierda, porque creemos que la ley de inteligencia debe ser una herramienta fundamental para la prevención y persecución del delito. En ese sentido, yo soy de los convencidos de que nuestro país tiene que ir dejando atrás algunos miedos respecto de cómo funcionaron los servicios de inteligencia.

Probablemente, la normativa que hoy día nos rige, que es la ley de la ANI, genera profunda desconfianza porque está muy vivo el recuerdo de lo que fue la CNI, la DINA, la DINE. Pero eso no puede seguir.

Chile necesita dotarse de un sistema de inteligencia que permita prevenir el delito, que entregue información oportuna, verídica al actor político para tomar decisiones y, a la vez, recoger cierta información que pueda servir en la investigación criminal. Avanzar, por ejemplo, en la ley de inteligencia me parece que sería una de las grandes medidas.

Segundo tema, un proyecto que ya estamos discutiendo y que el Senado debiera votar en el corto plazo: el fortalecimiento del Ministerio Público.

El diseño del Ministerio Público se pensó probablemente cuando la realidad de nuestro país era otra, cuando la criminalidad era muy distinta y este modelo de fiscalías regionales respondía a la necesidad de avanzar en la regionalización de Chile y darles más fortaleza a los organismos regionales.

Actualmente esa forma de persecución penal y de modelo orgánico de la Fiscalía no sirve para perseguir un crimen que es transregional y trasnacional. Se necesita un nuevo modelo, y espero que el Gobierno le ponga urgencia a esa discusión, pues creo que es una medida que ayuda.

El tercer tema es algo que está pendiente, probablemente desde hace varios gobiernos.

Buena parte de los problemas que enfrentamos tiene que ver con la legislación penal. Hemos dictado normas penales, informes... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).

El señor COLOMA (Presidente).- Le vamos a dar un minuto más.

El señor ARAYA.- Hemos dictado normas inorgánicas en materia penal. Y la reforma al Código Penal, que ha sido una aspiración de muchas personas desde hace bastante tiempo, no ha logrado avanzar. La Presidenta Bachelet presentó su proyecto, el Presidente Piñera también, al igual que el actual Gobierno. Espero que se avance y que la Cámara de Diputados lo despache rápidamente, porque necesitamos una legislación penal que establezca con claridad los tipos penales, las penas, lo que ayudaría a desincentivar la delincuencia.

Termino, Presidente, con una reflexión para este Senado y espero que pongamos cierto grado de cordura en esta discusión.

Seguir tratando de darle un tinte político a lo que ocurrió con el teniente Ojeda no ayuda a la investigación, no ayuda a solucionar los problemas de fondo. Hay que dejar trabajar a la Fiscalía, que, junto a las Policías, ha logrado resolver en tiempo récord este crimen. Falta capturar a los hechores y esclarecer cuál fue el móvil real de este asesinato.

Gracias, Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).- A usted, Senador.

Tiene la palabra la Senadora Gatica.

La señora GATICA.- Gracias, Presidente.

La falta de conducción de este Gobierno es brutal. Todos los días vemos el desgobierno.

Yo empatizo, en lo personal, con la Ministra Tohá -por su intermedio, Presidente-, porque tiene una difícil tarea, y eso es fundamentalmente porque a veces ni sus propios aliados le colaboran.

En un par de días el Presidente defiende a un partido en medio de un secuestro; se pelean con Israel; fronteras con Bolivia hoy día en total descontrol. Y para más remate -para decirlo en buen chileno-, las reglas del uso de la fuerza, ¡ahora con perspectiva de género...!

Chile cumple a cabalidad el libre tránsito con Bolivia, pero vemos con preocupación que dicho país tiene cero control en sus fronteras. ¿Y la Cancillería? ¡Mirando para el techo!

La situación que vivimos hoy día es tan difícil que yo les suplico a los amigos de la izquierda que, por el bien de nuestro país, de Chile, por la seguridad de las personas que lo están pasando mal, se pongan de acuerdo y apoyen a su propio gobierno en materias de seguridad.

Recordemos que hoy día están pendientes ocho proyectos del fast track en la agenda de seguridad anunciada hace un año.

Por nuestra parte, desde la centroderecha tenemos toda la voluntad para avanzar aquí, ahora y rápido para sacar adelante y terminar con la agenda de seguridad. Hay voluntad para darles seguridad a los chilenos, pero tenemos que hacerlo ahora. ¡Es hora de trabajar y de votar aquí, en Sala!

Gracias, Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).- A usted, Senadora.

Tiene la palabra el Senador Flores.

El señor FLORES.- Muchas gracias, Presidente.

Por su intermedio, quiero saludar a la Ministra del Interior y al Subsecretario del Interior presentes en la Sala.

Más allá del significado práctico en el avance o resultado de la investigación de este brutal secuestro, asesinato, tortura, sepultación curiosa y, finalmente, hallazgo tan particular de una persona refugiada en Chile, creo que la oportunidad que tenemos hoy día en la Sala para manifestarnos y acordar el mejor esfuerzo para frenar la violencia, el escalamiento de los crímenes de alta connotación y la presencia del crimen organizado en nuestro país es lo más relevante de esta convocatoria. Por esa razón, quiero manifestar mi complacencia de que haya ocurrido. Necesitamos conversar, necesitamos poder tener una postura de Estado.

El problema que hoy día enfrentamos respecto del tipo de delincuencia que está campeando en nuestro país requiere una respuesta contundente y coordinada por parte de todos los órganos del Estado. No puede haber un juez de garantía generando facilidades que, por definición, les están prohibidas a quienes están recluidos en una cárcel de alta seguridad, o colocando, como sucedió en Arica, a los testigos protegidos, a los agentes, en la vitrina pública precisamente en casos de crimen organizado.

Creo que necesitamos -se lo digo, por su intermedio, Presidente, a la señora Ministra del Interior y al Subsecretario- estar todos conscientes y comprometidos en lo que nos está pasando, para buscar la manera de frenar lo que... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).

El señor COLOMA (Presidente).- Le damos un minuto más.

El señor FLORES.- ... no supimos prever ni prevenir. Ahora debemos actuar para ver si logramos que la respuesta del Estado frene la presencia del crimen organizado y de este tipo de delincuencia, que nos preocupa. Necesitamos tener respuestas oportunas y contundentes; necesitamos colocar cada eslabón de la cadena de las respuestas en la prioridad política, en la prioridad financiera, en la prioridad institucional.

En ese contexto, Presidente, la interagencialidad, la integralidad del análisis, la integración y coordinación entre las instituciones de los tres poderes del Estado es fundamental. Hablo no solamente de la coordinación entre las Policías, sino también con el Ministerio Público, que necesita transformaciones, como la que acaba de ocurrir con la Fiscalía Supraterritorial.

Dicho sea de paso -como ya no tengo tiempo-, quiero destacar que la Comisión de Seguridad del Senado ha dado un ejemplo de cómo las cosas se pueden hacer rápido y bien. Todos los proyectos fueron tramitados, excepto uno, y... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).

El señor COLOMA (Presidente).- Tiene un minuto para terminar la frase.

El señor FLORES.- Bien.

Y vamos a seguir en la misma línea, pero necesitamos que el Gobierno, que los otros poderes del Estado entiendan exactamente el mismo principio de integralidad, de cooperación interinstitucional, para tener una respuesta de Estado supercontundente. Esto pasa también por la revisión de la reforma procesal penal y del Código Penal, lo que nos permitiría alinear las respuestas.

Gracias, Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).- Muchas gracias, Senador.

Tiene la palabra la Ministra del Interior, Carolina Tohá.

La señora TOHÁ (Ministra del Interior y Seguridad Pública).- Muchas gracias, Presidente.

Quisiéramos, con el Subsecretario Monsalve, que hará ingreso a la Sala en cualquier momento, referirnos a algunos de los temas que han sido planteados en lo que va de la sesión, porque son recurrentes; además, han estado en el debate público, y corresponde que, como Ejecutivo, planteemos nuestra postura al respecto.

Lo primero que quisiera señalar, en cuanto a nuestra actitud, que persiste, de ser muy restrictivos con la entrega de información sobre la materia, es aportar más elementos para que se entienda esa conducta. En algún minuto fue criticada esa actitud como falta de transparencia, poca claridad y secretismo. Y la verdad es que hay una cosa obvia que todos sabemos: existe prohibición de informar; o sea, legalmente no podemos hacerlo. Pero eso tiene un sentido; no es solamente cumplir la formalidad de una instrucción de la Fiscalía.

Cuando se entrega información de una investigación secreta, se atenta contra esta; se les da ventaja a quienes están siendo investigados; se pone en peligro a la víctima. En el caso de un secuestro, eso es categóricamente así, cuando todavía el secuestrado está con vida. Y no sabíamos, hasta hace pocos días, si lo estaba el exteniente Ojeda.

Si uno entrega información, les da ventaja a los secuestradores respecto de hacia dónde está yendo la investigación y les facilita algunas decisiones, como puede ser trasladar al secuestrado; incluso, acelerar su asesinato para tratar de borrar la evidencia, o evitar trasladarlo para no exponerse a mayores riesgos de la investigación.

Más aún, ahora que ya sabemos que ese homicidio se produjo, somos conscientes de que los antecedentes que se filtran de una investigación de este tipo pueden exponer a las personas que están colaborando con la investigación: a los testigos, a los informantes. ¡No es broma esto! Ha sido recurrente y tenemos casi asumido como normal que las investigaciones secretas se filtran. Pero eso no debiera normalizarse. ¡Es corrupción pura y dura!

Creo que sería prudente que la Fiscalía iniciara una carpeta investigativa sobre estas filtraciones, para perseguir no a los periodistas, sino a quienes les informan. Y los únicos que tienen acceso a estas carpetas son agentes del Estado: policías, funcionarios del Ministerio Público o de otras instituciones.

Entonces, no dejar que existan filtraciones no tiene que ver solo con cumplir una formalidad o una manía, sino con proteger la efectividad de las investigaciones, proteger a las víctimas, proteger a los testigos y proteger a aquellas personas valientes que se atreven a entregar información en estos casos, que son muy pocas, porque saben que se exponen, que este tipo de criminalidad es vengativa y sanguinaria. Por lo tanto, en lugar de exponerlos, debemos cuidarlos, protegerlos y darles garantías.

En segundo lugar, quisiera referirme a las materias que están vinculadas a este tema.

Ciertamente, detrás de un secuestro de este tipo está toda la temática de la que hemos hablado en recurrentes proyectos, en políticas y en programas presupuestarios: el crimen organizado. Nosotros contamos hoy día con una nueva ley para combatir el crimen organizado; el país tiene una política contra el crimen organizado; tenemos un programa presupuestario para ello, que ha ido incrementando sus recursos en los tres presupuestos que hemos tenido como Gobierno.

En el primero, fue mediante reasignaciones; en los otros dos, a través de la propuesta que se trajo al Congreso y que se aprobó en ambos casos. Pero, sin duda, debemos avanzar aún más.

Por ejemplo, tenemos que lograr que, cuando haya una investigación y se requiera información sobre tráfico de llamadas, esta sea entregada de forma inmediata y se asegure que vamos a tenerla apenas se necesita porque eso es clave para la investigación, clave para salvar a las víctimas, clave para dar con los culpables antes de que se fuguen.

Y así como esa hay muchas otras materias. Algunas están hoy día en discusión. Por ejemplo, en el proyecto sobre inteligencia, que despachó el Senado hace muchos años, en una legislatura anterior, hemos estado con una dificultad desde el 2018 en la Cámara de Diputados. ¡Miren el tiempo! ¡Desde el 2018 esa iniciativa está ahí, sin avanzar! Y la verdad es que los problemas con ese proyecto se generan porque hay desconfianzas cruzadas respecto a tener una institucionalidad de inteligencia poderosa. Eso es lo que tiene trabada su discusión.

Algunos temen que, si hay una inteligencia poderosa, esta pueda implicar una influencia política en los sistemas de inteligencia de las Policías y las Fuerzas Armadas. Entonces, prefieren una inteligencia civil débil. Otros temen que, si hay una inteligencia poderosa, se ocupe para infiltrar fuerzas políticas. Entonces, prefieren una inteligencia débil. Sin embargo, el resultado de tener una inteligencia débil es que les damos ventaja a los criminales. Uno tiene que encontrar, en un sistema de inteligencia, buenos controles democráticos; evitar que se ocupe de mala manera, que se politice. Pero la forma de hacerlo no puede ser no tener inteligencia o que esta sea una inteligencia frágil, débil.

En la Cámara de Diputados, en los últimos meses, se ha hecho un trabajo muy intenso con los equipos técnicos de los parlamentarios, particularmente de oposición, que es el sector con el que tenemos más dificultad para construir acuerdos. ¡Por algo son oposición!; si no, serían oficialistas y estaríamos todos del mismo lado. Y eso se ha traducido en un paquete de indicaciones que ya está formulado. Se les están haciendo las últimas consultas a los distintos afectados que debieran opinar al respecto, y debieran presentarse las indicaciones para su tramitación en las próximas semanas.

Creo que esta es una oportunidad en la que todos los actores políticos han dicho que esa ley es fundamental, y como Ejecutivo no queremos dejarla pasar para reactivar la votación. Además, consideramos que las indicaciones que se han formulado son una buena forma de resolver las dudas que había. Pero nada suple la voluntad política: ¡tiene que haber voluntad política! Porque, cuando no la hay, cualquier excusa es suficiente para trabar un proyecto. Eso lo sabemos. Y considero que, en el caso de inteligencia, no tenemos derecho a volverlo a trabar.

Y el último asunto al que quisiera hacer referencia, además porque lo mencionó el Presidente Coloma, es respecto a la publicación que salió hoy día sobre las indicaciones al proyecto de ley RUF.

Quisiera compartir aquí que es bien frustrante cuando a una iniciativa tan importante en el debate público se la ridiculiza y caracteriza de una forma tan caricaturesca.

En primer lugar, el Ejecutivo no ha planteado ninguna indicación al respecto. Todo lo que hay sobre el tema está en el proyecto original desde el primer día. Lo único que hicieron las indicaciones fue cambiar el mismo contenido del artículo 13 al 11. Así que no hay nada nuevo, cero contenido nuevo en las indicaciones.

Segundo, esas indicaciones se mandaron a los parlamentarios de las distintas bancadas que componen las dos Comisiones que ven el asunto. Son veintiséis parlamentarios, así que todas las bancadas están representadas. Ninguno hizo alguna observación sobre el tema, ¡ninguno!

Tercero, a lo que hace referencia este contenido no es a que haya RUF distintas: la ley es la misma para todos. Lo que dice es que el reglamento debe tener en consideración la situación de grupos vulnerables para pensar un uso diferenciado de la fuerza respecto de ellos.

¿A qué se refiere un uso diferenciado de la fuerza?

El uso de la fuerza tiene cinco etapas.

La primera es la presencia.

La segunda es el uso disuasivo de la comunicación. El uso disuasivo de la comunicación no puede ser igual para niños que para adultos, no puede ser igual para personas que hablan nuestra lengua que para las que no lo hacen. Pero también hay formas de tratar a ciertos grupos y que solo profundizan la dinámica de la violencia. Por ejemplo -algo clásico-, a un hombre trans decirle "señorita".

A eso hace referencia el contenido que fue publicado hoy día: a que los reglamentos tomen en cuenta estas cosas de acuerdo a lo que los estándares internacionales proponen en todas estas materias; ni más ni menos.

Entonces, esta manera de tomar la información, de reaccionar a ella y de ridiculizar además estos temas y a estos grupos,... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)... de los que históricamente nuestra sociedad se ha burlado, es algo que a mi juicio debiéramos desterrar. Debiéramos tratar de otro modo estas cuestiones.

Señor Presidente, el Subsecretario va a aclarar algunos de los puntos que han salido. así que también hará uso de la palabra.

El señor COLOMA (Presidente).- Tiene la palabra el Subsecretario Monsalve.

El señor MONSALVE (Subsecretario del Interior).- Muchas gracias, Presidente y Ministra.

Deseo partir agradeciendo el tono del debate que se ha dado en la Sala del Senado; creo que ha sido bueno.

Por supuesto, estamos frente a temas de enorme gravedad.

Por lo tanto, lo primero que quiero despejar es que si en un país se pretende derrotar al crimen organizado, y particularmente al crimen organizado transnacional, se requiere, en primer lugar, que esto sea una prioridad del Gobierno; segundo, que esa prioridad sea oportuna, y tercero, que se traduzca en medidas concretas.

Digo esto porque deseo reiterar que en mayo del año 2022, a dos meses de haber asumido el Gobierno, este constituye el Consejo Nacional Contra el Crimen Organizado.

Y en junio de 2022 quien habla le advierte públicamente al país que en el territorio están operando organizaciones criminales de carácter transnacional, como el Tren de Aragua, como el cartel de Sinaloa o como el cartel Jalisco Nueva Generación.

El Gobierno transformó la lucha contra el crimen organizado transnacional en una prioridad desde el inicio de su mandato. Nunca le ha bajado el perfil a eso. Ha sido la primera Administración que colocó aquello como una tarea central del Estado, ¡tarea central del Estado!

No había política nacional contra el crimen organizado previo a este Gobierno: ¡no había política nacional contra el crimen organizado previo a este Gobierno! Así que le dio prioridad, lo hizo de manera oportuna y tradujo eso en acciones concretas. Una de ellas son las planteadas en el ámbito legislativo, que se han discutido aquí.

Hoy día tenemos técnicas especiales de investigación para perseguir el crimen organizado; hoy día tenemos tipificaciones de comiso para quitarle patrimonio al crimen organizado; hoy día tenemos sanciones más severas para el delito de secuestro -por ejemplo, en este caso la única sanción que puede aplicar la Justicia es la cadena perpetua-; hoy día tenemos tipificado el delito de extorsión y le hemos entregado facultades legales a Gendarmería para que participe en los procesos de investigación del Ministerio Público; también hemos fortalecido la legislación respecto del contrabando; tenemos la Ley Marco sobre Ciberseguridad, y hubo una modificación constitucional para tener Fiscalía Supraterritorial. Entonces, ¿alguien podría colocar en duda que el Gobierno no le dio prioridad a la lucha contra el crimen organizado, de lo cual los Senadores y las Senadoras que están aquí han sido testigos porque han votado proyectos de ley para combatir el crimen organizado?

Pero además en la política hemos destinado recursos, en conjunto con ustedes, para fortalecer tres o cuatro elementos de los diez que son centrales para combatir el crimen organizado: uno, para quitarle poder de fuego; dos, para quitarle poder financiero; tres, para tener organizaciones suficientemente capaces de combatirlo. Cito el caso del Servicio Nacional de Aduanas -perdonen que reitere los ejemplos-, entidad que al inicio de este Gobierno contaba con once camiones escáner, cinco con obsolescencia tecnológica, y va a terminar con veinte camiones escáner al final de su mandato. O coloco el ejemplo de las Policías, que deben hacer trazabilidad de armas, identificación balística: tenían cinco sistemas de identificación balística y van a terminar, en este Gobierno, con diez para perseguir el crimen organizado violento.

Existe prioridad oportuna por parte del Gobierno y se han llevado a cabo acciones concretas para combatirlo.

¿Hay temas pendientes? Por supuesto -lo ha mencionado la Ministra-, los hay en materia de agenda legislativa. Son tareas centrales para tener un Estado más fuerte.

En segundo lugar, permítanme decirles que no hay lucha contra el crimen organizado sin cooperación internacional. ¡No hay lucha contra el crimen organizado sin cooperación internacional!

A ese respecto, yo pregunto hoy día si vamos a renunciar a la posibilidad de tener los antecedentes penales de personas que están en Chile y que pueden colocar en riesgo la seguridad de nuestro país y la de quienes viven en el territorio. ¿Vamos a renunciar a la posibilidad de contar con sus antecedentes penales para proteger la seguridad de nuestro país? ¿No vamos a conversar con los otros países? ¿No vamos a buscar la información que corresponde para proteger la seguridad de Chile?

Y ahora, Presidente, responderé lo relativo al convenio.

Por supuesto que nos acercamos primero a Bolivia para tener un convenio, y también tuvimos reuniones con Perú. Además, como lo supo todo el país, fuimos a Venezuela a buscar formalizar la cooperación... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).

El señor COLOMA (Presidente).- Vamos a darle tres minutos más.

¿Está bien, Subsecretario?

El señor MONSALVE (Subsecretario del Interior).- Sí, muchas gracias.

Digo formalizar, ¿porque alguien piensa que nuestras Policías no buscan información cuando, por ejemplo, tienen un ciudadano venezolano del que sospechan que está cometiendo delito o lo están persiguiendo como autor de un delito? ¿Ustedes piensan que nuestras Policías no le piden información a la policía venezolana?

Señalo aquello porque aquí se ha dicho que eso es inútil. ¿Alguien se ha reunido con la Policía de Investigaciones para preguntarle si eso es inútil? ¿Tiene la información, la evidencia para demostrar que es inútil?

Bueno, yo les puedo decir que no es inútil, y que sería positivo que, previo a esas afirmaciones, por cuestiones que no se pueden decir aquí, en esta Sala, se invite a la Policía de Investigaciones a las Comisiones que correspondan de manera secreta para que diga qué información pide, qué información recibe y con qué oportunidad.

Respecto de algo que hoy día es informal, lo único que buscamos fue formalizarlo justamente para evitar niveles de riesgo y poder darle prioridad y oportunidad a una información que es vital para la seguridad del país. Coloco el ejemplo del ciudadano venezolano detenido en el marco de esta investigación: diecisiete años. ¿Alguien en esta Sala puede garantizar que tiene diecisiete años? ¿Alguno lo puede hacer? ¿A quién le va a preguntar el fiscal para saber si tiene diecisiete años? ¿A quién le debería preguntar eso? ¿Vale la pena saber si efectivamente tiene la identidad que señala? ¿Acaso no requerimos colaboración internacional para esto? No podemos renunciar a la cooperación internacional, porque hacerlo es darles impunidad a las organizaciones criminales, ¡y nosotros no queremos darles impunidad a las organizaciones criminales!

Y, en tercer lugar -lo ha dicho la Ministra; yo solo quiero reiterarlo-, no puede haber impunidad en estos casos: ¡no la puede haber! Pero justamente porque no puede haber impunidad no debe haber filtración de información.

Algo esencial en la lucha contra el crimen organizado -y ustedes han legislado en esta materia- es darles garantías a los testigos, darles garantías a las víctimas, darles garantías a los agentes del Estado que trabajan luchando contra el crimen organizado. Cuando una investigación es secreta, lo es para protegerla y para derrotar a esas organizaciones. La filtración, las teorías, la información que se coloca en la agenda pública, la prioridad que se le da a un caso policial solo ponen en riesgo a las víctimas, a los testigos y a los agentes del Estado que trabajan luchando contra las organizaciones criminales.

Por supuesto, el Gobierno va a colaborar -desde el primer minuto lo ha hecho- con las instituciones que tienen que... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)... investigar lo sucedido -treinta segundos, Presidente, y termino-, porque no estamos disponibles para permitir que haya impunidad en este tipo de delitos.

Muchas gracias, Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).- Gracias, Subsecretario.

Tiene la palabra el Senador Lagos.

El señor LAGOS.- Gracias, señor Presidente.

Aprovecho de saludar a la Ministra y al Subsecretario, quienes nos acompañan el día de hoy.

Debo confesar que cuando se citó a sesión especial para este tema, más allá de que fue acordado por los Comités, por supuesto, por mayoría, tenía dudas sobre cuál iba a ser el tono que íbamos a enfrentar acá. Porque lo que ha precedido al lamentable, triste y horroroso crimen del ciudadano venezolano Ronald Ojeda fue, de parte de un sector político, una presunción de derecho que casi no admitía prueba en contrario respecto de quiénes estaban detrás de ese horrendo hecho.

Entonces, yo pensé que aquí tal vez nos enfrentaríamos a esa situación nuevamente.

Por lo tanto, salvo algunas intervenciones que no comparto, menos en sus recomendaciones, quiero valorar el esfuerzo que se está haciendo acá. Quiero valorar también que el Ministerio Público no esté hablando de un desaparecido, sino de un secuestro que termina en asesinato, en una muerte; o sea, ha habido un avance.

Me gustaría una declaración del Senado -si no hoy, mañana o pasado mañana- relevando la importancia de mantener este tono en el sentido de condenar y que se investiguen las filtraciones en las investigaciones reservadas. Como muy bien dijo la Ministra del Interior, no es algo de los periodistas y los medios, sino de las fuentes que realizan esas filtraciones, lo cual hace tremendo daño.

Quiero relevar también que todavía no dejamos de impresionarnos con los asesinatos y los crímenes. No digo que sea común, pero desmembrados en maletas, quemados en vehículos pasa a ser parte del paisaje de nuestro país.

Bueno, este crimen tiene que constituir un elemento de cierta unidad a la hora de enfrentar estas situaciones. No tengo claro cuál es el derrotero que va a tener el proyecto sobre modernización del sistema de inteligencia de que hablaba la Ministra en la Cámara de Diputados; pero si la iniciativa se halla en tramitación desde el 2018 y me dicen que está avanzando, creo que -y digo esto sinceramente- debemos ponerle un plazo a ese avance o presentar otro proyecto en la otra Cámara, o en la misma en que aquel está trabado. Debe haber un proyecto distinto, porque el meollo de todo esto, donde topamos al final del día, es en inteligencia.

Yo creo en una inteligencia poderosa, en una inteligencia que pueda tener controles democráticos. Toda institucionalidad puede errar; toda institucionalidad a ratos puede contener un riesgo, como todo lo que hacemos en la vida. Pero uno debe tener algunas prioridades, uno debe preguntarse por dónde se está dispuesto a errar en función de conseguir lo que busca, entendiendo que no se tiene lo óptimo, que no existe el paraíso en todo lo que realizamos.

En consecuencia, si debo tener una inteligencia poderosa en que eventualmente los controles democráticos pudieran dejar cierta laxitud, yo prefiero correr ese riesgo a no tener nada. Porque... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)... si no tengo nada y no cuento con esa inteligencia, no tendré la posibilidad de controlar nada, de prevenir nada, de condenar a nadie, ni de aclarar los crímenes.

En resumen, señor Presidente, ojalá que el Senado pueda adoptar una declaración que apoye lo que se está haciendo, que condene el delito y que le demuestre a la ciudadanía que nuestra Corporación empatiza con lo que está ocurriendo y que no nos estamos criticando entre nosotros.

Por último, es imposible -me quedan treinta segundos- combatir el crimen organizado si no lo hacemos a nivel global. Por eso considero relevante mantener las relaciones con Bolivia, mantener las relaciones con Venezuela, con todas las diferencias que hemos planteado. Yo tengo la peor opinión del régimen del Presidente Maduro; lo llamo "dictadura" sin ningún empacho. Pero que yo lo llame así no significa que deba terminar las relaciones con ese país. Debo mantenerlas; debo tener la información y debo hacer los esfuerzos necesarios en tal sentido.

Lo mismo respecto de nuestros hermanos bolivianos: hay diferencias, pero tenemos que seguir haciendo ese esfuerzo. De lo contrario, vamos a caer en lo mismo que... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).

El señor COLOMA (Presidente).- Le daré veinte segundos más a Su Señoría para que termine su intervención.

El señor LAGOS.- Ni siquiera; ¡si es para terminar con la chirigota no más!

Para combatir la migración ilegal, yo requiero acuerdos globales; por eso era tan importante el acuerdo global sobre migraciones. Nunca entendí que para enfrentar un tema de esa índole debíamos aislarnos de un acuerdo de esa naturaleza.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).- A usted, Senador.

Tiene la palabra la Senadora Aravena.

La señora ARAVENA.- Gracias, Presidente.

Tengo dos minutos, así que trataré de ser bien breve.

Primero, quiero decir que a mi juicio sí tiene sentido realizar esta sesión especial. A diferencia de algunos colegas Senadores, yo sí considero importante esto, porque, si bien aquí discutimos muchas iniciativas de ley, también es un espacio político, y lo que ocurrió con el ex militar Ronald Ojeda es gravísimo: no se trata de un crimen cualquiera.

Este ex militar venezolano de treinta y dos años, que escapó el 2017 de un régimen que en mi opinión es una dictadura, claramente buscó un nuevo futuro en nuestro país, y de alguna manera se le dio refugio, porque tenía antecedentes para otorgárselo, pero desgraciadamente no le cumplimos. Hace pocos días recibimos la noticia de que su cuerpo fue encontrado en una maleta sepultada bajo 1,4 metros de cemento, desmembrado, y hoy lamentablemente no podemos contar con él, ni tampoco su familia.

En ese contexto, me parece que este no es un tema menor, porque evidentemente se trataba de una persona que estaba en contra del régimen del señor Maduro, y al igual que otros, existía la posibilidad de que fuera capturado, dado que era un disidente de ese gobierno. Creo que no es especular ni tampoco ser poco serio el señalar que existe una sospecha bastante fundada y razonable, dada la secuencia de los hechos, de una posible relación entre el Gobierno de Venezuela y las bandas del crimen organizado que también son venezolanas y operan libremente por nuestro país.

El hecho de que, después de haber sido declarado traidor a la patria, fuese secuestrado y asesinado, obviamente puede generar en cualquier persona... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo)...

El señor COLOMA (Presidente).- Puede continuar, Senadora.

La señora ARAVENA.- ... la duda razonable de que ello haya sido por encargo. Si así fuese, cuestión que no puedo asegurar -y no por eso estoy siendo poco seria; pero es lo que piensa mucha gente, lo cual es razonable-, nos hallaríamos frente a un gravísimo conflicto de derecho internacional, debido a que se estarían ejecutando órdenes gubernamentales venezolanas en nuestro país, que además son constitutivas de un grave delito.

Yo no estoy asegurando nada; solo planteo una hipótesis razonable sobre lo que implica este cruel crimen del exmilitar Ronald Ojeda, y paso también a dar mis condolencias a su familia.

Muchas gracias.

El señor COLOMA (Presidente).- Gracias, Senadora.

Tiene la palabra el Senador Insulza.

El señor INSULZA.- Muchas gracias, Presidente.

Dado el tiempo voy a atenerme a los temas que usted planteó durante su primera presentación.

Comienzo diciendo que concuerdo plenamente con que debemos responder por la muerte de un ciudadano extranjero que tuvo asilo en Chile. Nosotros le dimos asilo político a esa persona para que viviera en este país porque se consideró que estaba perseguida. En tal sentido, debemos reconocer que hemos fracasado en esa tarea y que tenemos que empeñarnos en investigar efectivamente qué ocurrió, para lo cual, mientras menos conjeturas y teorías se levanten desde acá y más investiguen los servicios encargados de ello, mejor.

En seguida, creo que los temas que planteó son correctos. Primero, el estado legislativo de la agenda de seguridad.

Bueno, yo por lo menos echo de menos que todavía no saquemos adelante lo relativo al Ministerio de Seguridad Pública, aunque me digan que está listo; pero el día en que se promulgue la ley empezará a correr el plazo para organizarlo. ¡Y yo me temo que durante este Gobierno no vamos a alcanzar a hacerlo!

Por eso me apura tanto esto; necesitamos ese Ministerio. Despachemos pronto el proyecto de ley respectivo: mientras más nos demoremos, será peor.

Segundo, estimo que hay temas que todavía están carentes de revisión en materia de migración. Insisto en que lo tocante a las armas no ha sido examinado suficientemente. Creo que se debe declarar propiamente la moratoria de armas en la calle; nadie puede tener armas en la vía pública, y debe haber una sanción convincente para que quienes quieran andar con armas en la calle sepan a qué se atienen. O sea, una persona que legalmente no tiene derecho a andar con un arma en la calle a mi juicio debería ser sancionada de inmediato, y sin mucha revisión en esos casos.

En seguida, en cuanto a las migraciones hay que revisar la ley respectiva. Hemos visto el punto. Se dictó en determinado momento, hace poco, pero ya han cambiado mucho las cosas.

Entre otras cuestiones, tenemos que revisar también la legislación sobre el asilo, porque hace dos o tres semanas, cuando la Ministra Tohá nos presentó una propuesta en materia de asilo, escuché algunas opiniones bastante distintas de aquellos que hablan -refugio, se llamaba ahí- "del asilo contra la opresión" y otras cosas. En esa ocasión se pusieron muchos límites para los asilados, como que poco menos tenían que saltar de país en país y llegar corriendo a Chile y una serie de otras cosas que hoy día no se han dicho. Me parece que si hay algo que revisar sobre esa materia sería cómo proteger a las personas a las que el país les entrega asilo político.

Tercero, creo que tenemos que sacar adelante rápidamente lo concerniente al Ministerio Público; ya se ha señalado eso aquí. Hay que fortalecer el Ministerio Público, porque, de lo contrario, ¡qué sacamos con tener leyes si su aplicación se demora meses y meses porque no hay fiscales suficientes para llevarlas adelante!

Me parece que ese es un tema también muy central.

Esas leyes yo echo de menos. Además, por cierto, la de inteligencia. Efectivamente, debemos tener una legislación de inteligencia. Y lo dijo muy bien la Ministra aquí. Se empezó a discutir de una manera en un gobierno, durante la Administración de Piñera, y después de terminado su debate luego de haber sido negociada y conversada mucho y de aprobarse por unanimidad, pasó a la Cámara de Diputados. Pero entremedio hubo estallido social y, por lo tanto, todo lo que se había acordado en el Senado se cambió en la Cámara. Entiendo que ahora estamos ya en un momento para revisar esto bien.

Es fundamental tener una inteligencia civil en nuestro país; no basta con la inteligencia que hacen las Fuerzas Armadas y la Policía. Necesitamos un sistema serio de inteligencia civil en que realmente el Estado cumpla con la obligación de dar protección a sus ciudadanos, informando de manera previa, de manera preventiva, acerca de cuáles son las peores tendencias en esta materia.

Por último, Presidente, concuerdo plenamente en que este tema tiene también carácter internacional y que pretender abstraernos de la relación con otros países para los efectos de investigar delitos es completamente absurdo. Por el contrario, es importante que el acuerdo con Venezuela se implemente y que se le exija a dicho país entregarnos la información que estamos pidiendo. Tenemos todavía un montón de personas de esa nación que carecen de documentación en nuestro país. ¡Qué sentido tiene decir que, porque debemos revisar nuestras leyes migratorias y todo lo demás, los vamos a dejar sin papeles en Chile y vamos a permitir que, por ejemplo, criminales avezados terminen como delincuentes primerizos porque no tenemos ningún dato sobre los delitos que han cometido en sus propios países!

Considero que eso es absolutamente fundamental. Por lo tanto, hago un llamado a que revisemos el asunto y que no usemos, con fines puramente políticos o politiqueros, si se quiere, la seguridad pública. Démonos cuenta de que en este tema hemos fracasado hasta ahora como país.

El señor COLOMA (Presidente)- Gracias.

El señor INSULZA.- Treinta segundos para terminar.

Por primera vez, por primera vez durante este Gobierno, la materia realmente ha sido atacada de manera integral. Reconozcamos eso.

Ahora, a algunos no les gustará como lo hicimos, y puede hacerse mejor, de acuerdo. Pero empecemos por reconocer que tenemos un esfuerzo serio y dediquémonos, en lugar de hacer política con él, a ayudar a construirlo.

Muchas gracias, Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).- A usted, Senador.

Tiene la palabra el Senador Durana.

El señor DURANA.- Gracias, Presidente.

Saludo a la señora Ministra del Interior y al señor Subsecretario.

"O el asilo contra la opresión". Resulta que existe un grupo de ciudadanos venezolanos que están atemorizados después de conocer el macabro asesinato de un conciudadano que se encontraba, al igual que ellos, en calidad de refugiado, es decir, bajo protección del Estado de Chile.

Lo que se ha informado da cuenta de un hecho criminal llevado a cabo por una organización criminal que hoy ha transformado a nuestro país en una base para sus operaciones. Y estos hechos extremadamente violentos generan un profundo temor en nuestros ciudadanos.

Sin embargo, hay algunas características de este crimen que llaman la atención: no hay rescate, homicidio sin publicidad, serios indicios de móviles políticos que llevan a concluir que se trataría de un crimen por encargo.

Primero, son importantes las certezas -y se las agradezco- dadas por el señor Subsecretario en relación con el acuerdo suscrito con Venezuela. Pero uno de sus puntos se refiere a "compartir información policial" y a cooperar en materias de seguridad. Ello implica realizar acciones conjuntas y compartir información con organismos que hoy se encuentran estigmatizados por la persecución de sus propios ciudadanos, fundamentalmente en Venezuela, y también en Bolivia (si bien no hay un acuerdo, es un país de la región).

Me preocupan la no participación de la Cancillería y que este acuerdo no forme parte de un convenio que sea de conocimiento del Congreso, de forma de poder evaluar las implicancias que tiene para las instituciones nacionales y la soberanía de Chile.

Yo celebro hoy día lo que se anuncia: que vamos a tener fronteras abiertas, y ojalá que todas nuestras fronteras operen las veinticuatro horas. Pero tampoco veo a la Cancillería diciendo algo al respecto. Y eso también me preocupa. Que estén las fronteras abiertas durante veinticuatro horas es importante siempre y cuando sean convenios debidamente acordados y que reflejen y den certezas de seguridad, en especial para quienes vivimos en regiones bifronterizas.

Además, resulta incomprensible la insistencia que tiene el Gobierno en otorgar visado a ciento ochenta mil extranjeros que ingresaron ilegalmente y que solo están registrados de manera biométrica, lo cual, obviamente, incrementa la presión en nuestras fronteras.

Lamentablemente, hay sectores políticos en este Parlamento que han abogado por una migración descontrolada y han obstaculizado medidas para una migración responsable, como evitar expulsiones, limitar acciones que permitan tener un mejor control del ingreso clandestino.

Presidente, es de esperar, como quieren todos los chilenos, que el resultado definitivo de la investigación de este secuestro con resultado de muerte sea lo más completo posible, con el objetivo de conocer toda la verdad. Es alarmante el creciente poder del crimen organizado en nuestra sociedad. Este se caracteriza por la impunidad, la violencia, la trata de personas, y necesitamos dar urgente respuesta a chilenas y chilenos que confían en nosotros.

Gracias, Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).- Muchas gracias, Senador.

Tiene la palabra el Senador Velásquez.

El señor VELÁSQUEZ.- Gracias, Presidente.

Escuchando a la Ministra del Interior, al Subsecretario, me parece que lo que más entregaron fueron certezas, con información clara, directa en este Hemiciclo. Y lo peor que podría ocurrir es que continuaran manifestándose expresiones irresponsables como las vertidas durante los primeros días -todos tomamos nota de ellas-, en que cada uno sacaba sus conclusiones de manera incluso temeraria, y en algunos casos hasta con mal gusto. Y molestaba cuando inmediatamente se relacionaban con alguna colectividad política, particularmente con el Partido Comunista, nombrando integrantes de esa colectividad.

No estoy de acuerdo con esas odiosidades y el concepto que está detrás, que en lo personal nunca me ha gustado, cuando se piden "credenciales de". Yo no sé si alguien en los últimos cincuenta, sesenta años puede pedir la exhibición de credenciales si todavía hay una relación tan estrecha con un pasado reciente en nuestro país.

Eso distrae la discusión de fondo.

La Ministra y el Subsecretario han colocado el tema en su real dimensión. Y me parece que, en ese sentido, se ha cumplido con el objeto de esta sesión especial.

Ahora bien, yo creo que la ciudadanía y todos esperamos que el Ministerio Público sí cumpla y efectivamente tengamos resultados concretos, contundentes, respecto de cúales han sido las motivaciones de este crimen; cuál ha sido el móvil de los hechores materiales, pero también de aquellos que están detrás de esta orquestación aberrante ocurrida en este crimen, que si provoca alguna certeza es la de mayor vulnerabilidad en la población y de que hay un crimen organizado y grupos que están de manera temeraria actuando hoy día en nuestro país.

Aquí ya se ha hecho un llamado de atención. Esta investigación debe ser secreta, y me imagino que el Fiscal Nacional va a dar cuenta del origen de las filtraciones, que van a perjudicar y que tienen otro tipo de intencionalidades.

Así que me parece que, en ese sentido, se ha cumplido con el objeto de esta sesión. Pero -reitero- ojalá que no sigan estas expresiones irresponsables, cuando la Ministra y el Subsecretario han sido claros y concretos con los antecedentes que hoy día nos han entregado.

Gracias, Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).- Muchas gracias, Senador.

Tiene la palabra el Senador Kast.

El señor KAST.- Gracias, Presidente.

Más allá de llamar la atención respecto de la oposición del Partido Comunista a realizar esta reflexión tan profunda, la verdad es que me alegra el tono que ha tenido este debate, y también valoro las declaraciones del Subsecretario, de la Ministra, en el sentido de tomarse en serio el hecho de que una persona que tenía refugio político entregado por nuestro país, por nuestro Gobierno, pocas semanas después haya sido secuestrada y finalmente asesinada.

Creo que eso no solo compromete la soberanía de nuestro país, sino que además deja en una situación muy grave y muy compleja la inteligencia. Y por lo mismo las acciones que están tomando el Gobierno, el Ministerio Público y las Policías para poder esclarecer este hecho e impedir que exista impunidad son extremadamente relevantes, no solo por este caso, sino también por los futuros casos que puedan ocurrir y la señal política que se da.

Porque lo cierto es que aquí ya hay una arista penal, hay una arista de investigación. ¡Por supuesto, hay que respetarla! Y como bien decía el Subsecretario Monsalve, las investigaciones secretas tienen un propósito; es parte de la técnica investigativa para poder llegar a buen puerto. Pero hay una dimensión política que también debemos abordar, y esa es la razón por la cual hoy día estamos teniendo este debate. Si el Partido Comunista cree que no es relevante, bueno, es su problema. ¡Pero sí la hay! Porque, además, entre las distintas hipótesis que existen -y me alegra que el Gobierno no haya descartado ninguna-, también está la de que una narcodictadura como la de Maduro esté detrás de esto.

Todavía no se sabe, pero no podemos descartarlo.

Tenemos que colaborar para que efectivamente se llegue al final del asunto con total veracidad y con total rigurosidad.

Por eso, una primera pregunta que les hago a la Ministra del Interior y al Subsecretario es qué política pública o qué medidas se van a tomar para proteger a los otros refugiados que tenemos en Chile. Porque este hecho prende y enciende una alarma tremenda respecto de que no estaríamos cumpliendo tan bien con nuestro rol en esta materia.

Y sobre el Convenio, al que se ha referido también el Subsecretario, yo estoy de acuerdo: debemos tener información, debemos poder recibir información. La pregunta que el Subsecretario todavía no responde, y espero que lo haga, es qué información sobre Chile tiene la dictadura de Venezuela. Porque una cosa es la información a la que nosotros accedemos para poder protegernos, y eso es lo beneficioso del Convenio. Pero la pregunta es: ¿hay algún costo respecto de aquella información que signifique vulnerar efectivamente a ciudadanos que han tenido que escapar de esa dictadura? ¿Tienen acceso a información que podría haber hecho que, curiosamente, después de que le dimos asilo político al exmilitar venezolano, tal vez se prendieron las alarmas, pudieron identificarlo y planificar eventualmente un secuestro y asesinato por encargo?

No lo sabemos.

Entonces, sería bueno, Subsecretario, que nos pudiera decir también si con ese convenio se le da a la dictadura de Maduro acceso a información que se pudiera utilizar para continuar con su represión fuera de sus fronteras.

Porque, hay que decirlo: esta es una señal política. En el caso de que la dictadura de Maduro estuviera detrás, se da una señal política a todos los que quieran ser disidentes, a todos los militares que quieran recuperar la democracia en Venezuela. Estarían diciéndoles: "¿Saben qué? ¡Ni se les ocurra enfrentarse a esta dictadura porque, aunque se vayan del país, los vamos a perseguir y podemos incluso asesinarlos!".

Esa es una hipótesis.

No lo sabemos. Esperamos que el Ministerio Público efectivamente lo pueda dilucidar y ojalá descartar. Pero hoy día esa es una hipótesis que hay que investigar.

Y, por último, es igualmente relevante para nuestro país el hecho de que este asesinato haya ocurrido en una toma, un lugar en donde el Estado de derecho no existe en la práctica, lo que nos abre una conversación que hemos tenido con usted, Subsecretario, en la Comisión de Seguridad: por qué no aplicar medidas como las que hemos utilizado en La Araucanía en ciertos territorios de nuestro país en donde hoy día no hay Estado de derecho y las bandas criminales operan como quieren.

Ese debate también tiene un componente legislativo: poder aplicar estados de emergencia en ciertos barrios en que, desgraciadamente, ni los municipios ni el Estado están presentes. Es recuperar el control territorial. Es poder entregarles a las familias que viven ahí los espacios públicos, devolverles su dignidad.

También creo que ese debate, dado que el exmilitar asesinado fue encontrado en un lugar en donde existe una suerte de control territorial por parte del crimen organizado, nos debe obligar, como legisladores, a tener una agenda más intensa en esta materia.

Termino mis palabras simplemente solidarizando con la familia del exmilitar asesinado. Creo que esto nos debe impulsar a todos a trabajar en una agenda que tiene un componente de seguridad nacional, pero también un componente internacional. No nos olvidemos de que la dictadura de Maduro acaba de restringir la posibilidad de que Marina Corina Machado compita en las elecciones; la bajaron. Por lo tanto, el famoso régimen dictatorial no solamente está operando hoy día con la represión interna, sino que además está buscando...

Le pido treinta segundos más, Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).- Tiene treinta segundos para terminar, Senador.

El señor KAST.- El régimen dictatorial está buscando efectivamente impedir que la democracia pueda recuperarse, a pesar de todos los supuestos acuerdos que el dictador Maduro ha firmado para plantear que habrá elecciones libres, cosa que sabemos que desgraciadamente nunca ha querido.

Por eso resulta tan importante que nosotros, que tenemos en el país una democracia con distintos colores políticos, en la que todos han logrado efectivamente valorar esa institucionalidad, podamos levantar la voz y no guardar silencio frente a algo tan aberrante como es bajar a una candidata que ha ganado una primaria por amplia mayoría, que hoy día podría ser la luz de esperanza de todo el pueblo venezolano para recuperar un país que ha sido usurpado y privatizado por dictadores que también están asociados al narcotráfico.

Gracias, Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).- Gracias, Senador.

Tiene la palabra el Senador De Urresti.

Al Partido Socialista le quedan cuatro minutos. Y como hay dos inscritos, quiero plantearlo.

Senador De Urresti.

El señor DE URRESTI.- Seré breve, Presidente.

Valoro esta sesión. La bancada del Partido Socialista votó a favor de su realización, porque no vamos a eludir el debate.

Quiero agradecer y felicitar tanto a la Ministra del Interior como al Subsecretario del Interior. Han sido claros y precisos respecto de esta investigación.

¡Dejemos funcionar a las instituciones!

Tenemos un Ministerio Público que en menos de siete días encontró efectivamente los restos del ciudadano venezolano y existe una investigación secreta al respecto.

Evitemos especulaciones.

Yo les pediría también a los colegas que rasgan vestiduras que no anticipemos o insinuemos teorías. ¡Porque ese es el problema cuando nosotros tratamos de atribuir, en sede política, responsabilidades penales! Eso le corresponde al Ministerio Público.

Debemos confiar en que en el país tenemos un sistema de investigación autónomo y eficaz y Policías que han dado, desgraciadamente, con los restos del ciudadano venezolano. Pero ahora se tiene que perseguir y buscar con toda la fuerza de la ley a quienes están detrás de ello.

Entonces, ¡no especulemos!, no aprovechemos esta instancia para otros debates.

Nosotros hemos sido claros y contundentes respecto del Gobierno de Maduro. En eso no vamos a aceptar medias tintas. Pero también entendamos que el problema de criminalidad, y principalmente lo que vemos hoy día reflejado con este tipo de violencia, no lo queremos ni para un venezolano ni para nadie. ¡Eso hay que erradicarlo de Chile!

En tal sentido, las instituciones que están trabajando tienen todo el respaldo.

El Convenio de Intercambio de Información es clave, Subsecretario. Hay que llevarlo adelante con transparencia. Confiamos en lo que usted ha hecho.

Yo le pido también a la oposición que no especule y que dejemos trabajar a las instituciones. Porque ustedes incluso en su momento alentaron, valoraron el Convenio. Y luego, para sacar una ventaja, se relativiza. ¡Eso no corresponde!

Valoro el tono que hemos podido tener en la sesión.

Por ello, Presidente -si me da treinta segundos-, quiero adherir a lo que señalaba el Senador Lagos Weber: que podamos hacer una declaración para decir que se avanza en materia de investigación; que habrá colaboración en lo que corresponda, sabiendo lo que ambas partes necesitan. Pero entendamos que el Convenio de Intercambio de Información es fundamental no solo para este caso, sino para otros que se van a producir y que vendrán más adelante. Eso es confiar en las instituciones. Es confiar en que en materia de seguridad, en materia de orden público no puede haber una utilización política; no hay que tratar de sacar ventajas.

Agradezco que avancemos en proyectos para contar con una Fiscalía Supraterritorial, una ley de inteligencia y todo lo que sea necesario para la seguridad nacional. Valoro que esta sesión permita llegar a un acuerdo común respecto de los graves hechos que estamos revisando.

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Gracias, señor Senador.

Ofrezco la palabra al Senador Latorre.

El señor LATORRE.- Gracias, Presidente.

Saludo a la Ministra del Interior, Carolina Tohá, y al Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Quiero citar las palabras del Fiscal Nacional, porque estoy muy de acuerdo con ellas. Lo ha dicho públicamente en distintos medios de comunicación y ha sido majadero con eso: "La investigación es reservada, es secreta". Es reservada no por mantener un secretismo, porque obviamente la situación es delicada y terminó con un desenlace fatal, trágico; sino para que esta investigación avance con mayor celeridad.

Cuando le preguntan al Fiscal Nacional si las opiniones políticas, las especulaciones, las tesis que se plantearon -algunos formularon hipótesis muy elaboradas durante el verano- colaboraron en algo, él dice: "No colaboraron en nada a la investigación".

Pareciera ser que algunas de esas opiniones políticas estaban más interesadas en criticar al Gobierno, en hacer un punto político, en criticar al Partido Comunista o a alguno de sus dirigentes, que en la vida del ciudadano venezolano que había sido secuestrado. Estaban más interesados en hacer polémicas, en un caso que era delicado, que preocupados por la vida de esa persona, que finalmente fue asesinada.

El Fiscal Nacional dice: "En la medida que avance la investigación, las hipótesis se van acortando, van disminuyendo, para continuar con las que son más probables". Incluso, señala que podría tener que ver con las actividades económicas del ciudadano venezolano, con la forma en que financiaba su vida y sus gastos. Lo ha dicho hoy día en la mañana públicamente en un medio de comunicación.

Por tanto, hay que tener cautela, prudencia. Esperemos el resultado. No hagamos un hito político de aquello. Y colaboremos, si es que tenemos algo que aportar en la investigación.

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Gracias, señor Senador.

Ofrezco la palabra a la Senadora Ximena Rincón.

La señora RINCÓN.- Gracias, Presidente.

Saludo a la Ministra, al Subsecretario, y expreso mis condolencias a la familia de Ronald Ojeda.

¿Quién mató a Ronald Ojeda?

Es efectivo que no será este Senado quien va a dilucidar ese crimen. Supongo que nadie creyó que ese era el sentido de esta sesión especial. Y aunque nunca se descubra la verdad, los hechos existen. Ese es el punto.

Un refugiado, un hermano, un padre, fue sacado de su casa ante la mirada aterrorizada de su familia, a altas horas de la madrugada, como en los peores años de horror de cualquier dictadura. Lo detuvieron, lo hicieron desaparecer y finalmente lo asesinaron.

El exteniente Ronald Ojeda venía escapando, junto a su familia, de la dictadura venezolana de Nicolás Maduro, a la que algunos aún defienden "a mucha honra". El Presidente Boric le dio "el asilo contra la opresión" del que nos sentimos orgullosos como chilenos, pero nunca encontró refugio verdadero.

Es importante recordar que el refugio o asilo es totalmente distinto de la migración, y quienes ostentan ese carácter no pueden ser confundidos con "simples irregulares". Chile no ha cumplido con desarrollar la legislación necesaria para que un refugiado reciba un trato distinto al del simple migrante, en circunstancias de que el Estatuto de Refugiados nos obliga a otorgarles una atención más favorable.

Esto no puede semejarse a una "sensación de inseguridad" ni tampoco señalarse que son "solo palabras": son hechos concretos.

El Estado está fallando, está llegando tarde o, peor aún, ni siquiera llegando. Mientras tanto, tal como se viene diciendo desde el inicio de este gobierno, el crimen sigue avanzando, sigue aterrorizando, secuestrando, asesinando, quemando negocios familiares, cobrando sobornos y apoderándose de nuestros barrios.

¿Qué tiene que pasar para que no sigamos socavando nuestras instituciones con la ingenuidad de que somos infalibles ante injerencias externas?

¿Cómo hacer entender que compartir datos sensibles con una dictadura puede exponer a los opositores a crímenes o represalias?

Hoy mi colega de Partido, Matías Walker, sostenía en una radio: "Compartir datos con una dictadura puede exponer a los opositores a secuestros". Y yo agrego: "Puede exponerlos también a la muerte".

Queremos que el Gobierno, en estos dos últimos años que le quedan, se deje de inseguridades, de complejos, de medias tintas y cumpla su única función: proteger a Chile. Porque hoy, más que nunca, las chilenas y los chilenos no pedimos seguridad, sino que la exigimos.

Algunos parecen más preocupados de seguir hablándole a la barra brava, más preocupados de supuestos "odios viscerales" o de seguir defendiendo dictaduras que persiguen a su pueblo en lugar de poner su esfuerzo por combatir el crimen y devolver la seguridad. Nosotros debemos estar a disposición de las personas que exigen resultados y que solo quieren vivir en paz.

Le hemos expresado a la Ministra, Presidente, todo nuestro respaldo, porque creemos que aquí el Gobierno debe perseguir un solo objetivo: cumplir con dar seguridad.

La Ministra nos dijo que todas las hipótesis son posibles. Es efectivo y lo comparto. No por nada las publicaciones de prensa dan cuenta, hace pocos minutos, de que un certificado venezolano revela que el prófugo buscado por el secuestro del exteniente Ojeda trabajó para el régimen de Maduro.

Chile exige seguridad, y creo que todas y todos tenemos que ponernos a disposición de aquello y dejar de mostrarnos como víctimas de supuestos ataques que no existen.

Gracias, Presidente.

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Gracias, señora Senadora.

Ofrezco la palabra al Senador Macaya.

El señor MACAYA.- Gracias, Presidente.

A propósito de la pertinencia de la presente sesión, sobre la que se han formulado cuestionamientos y mostrado preocupación por el tono que podría haber en el Senado, creo que ha quedado bien demostrado que esta corporación, como ha sido habitualmente, salvo contadas excepciones, se ha mostrado a la altura del debate requerido en cada momento.

Esta sesión se convocó para abordar el estado legislativo, la agenda de seguridad, la ley de inteligencia, a propósito de la conmoción que se generó con el secuestro y homicidio de un ciudadano venezolano.

Acá, como se ha dicho, ¡es evidente que el Senado tiene un rol!, y debemos dejar que funcione cada institución.

Cómo no va a ser pertinente que el Poder Legislativo, que corresponde a un Poder del Estado de Chile, pueda discutir las medidas que estamos tomando contra el crimen organizado y para proteger también -un aspecto que no viene en el titular de la sesión y que considero importante- a los refugiados que están en nuestro país y que han escapado de alguna dictadura, que era el caso del señor Ronald Ojeda.

Porque acá, y no quiero personalizar solamente en el Gobierno, el Estado de Chile, que incluye al Poder Judicial, al Poder Legislativo por cierto, y al Poder Ejecutivo, debe asumir su responsabilidad.

Y hay hechos concretos.

Nuestro país le otorgó asilo a un perseguido por una dictadura que posteriormente fue secuestrado y asesinado. Y los antecedentes que hemos conocido, que se han deslizado de la investigación, indican que las personas que cometieron este delito ya ni siquiera estarían en el territorio nacional. O sea, la situación es más grave aún, porque no solo a Chile se entra indiscriminadamente, sin que nadie sepa, sino que también se huye después de haber cometido un crimen tan grave, lo que constituye, por cierto, una situación muy delicada.

Yo comparto que hay que dejar funcionar a las instituciones y no adelantar conclusiones, pero me hubiese encantado ver esa misma prolijidad, ese mismo purismo cuando se acusaba de torturas en la plaza Baquedano; cuando se hablaba que el carabinero de Panguipulli era un homicida; cuando se acusaba al propio Presidente Piñera de violaciones a los derechos fundamentales, presentando acusaciones constitucionales en su contra y las propias demandas en los tribunales de justicia. Me hubiese encantado ese purismo desde la perspectiva de dejar funcionar a las instituciones.

Presidente, acá estamos en presencia de un hecho político que es importante que el Senado analice con preocupación, porque tenemos razones para preocuparnos.

Y acá hay que hacer una distinción. Cuando en su primera comunicación pública, que debería tener que ver con cierta empatía, el Presidente de la República, en vez de darle el pésame a la familia, trata de generar un punto político con un partido, que sé que es importante dentro del Gobierno, me parece que se da una señal inadecuada. Y marco una diferencia con la primera comunicación pública que entregó respecto de este lamentable hecho la Ministra del Interior.

En este asunto la Moneda, especialmente el Ministerio del Interior, tiene la obligación de ejercer todas las acciones posibles, con el resguardo de la independencia de las instituciones, para que se esclarezca la verdad y enviar todas las señales adecuadas al Ministerio Público.

Hay querellas presentadas; este hecho debe esclarecerse por el bien de Chile.

Y comparto la preocupación que ha manifestado la Ministra del Interior a propósito de las filtraciones, que son un tema preocupante. Habitualmente, este tipo de delitos generan un problema mayor porque puede haber una complicidad con la impunidad. Y es un punto que, a propósito de las agendas legislativas, hemos tocado cuando hablamos de inteligencia.

Y también considero importante poner de relieve en la agenda la preocupación que debemos mostrar por otras personas en condición de refugiado político en nuestro país y con las medidas que se otorgan para ser "el asilo contra la opresión" y para protegerlos.

Obviamente, hay que mirar los perfiles. En el caso de Ojeda, hablamos de una persona con un perfil altamente sensible, y no es una teoría que se ponga como imposición. Nosotros hemos sostenido que no se debe descartar ninguna hipótesis. Y no es una conjetura de la oposición o un sentimiento de anticomunismo, sino que tiene que ver fundamentalmente con recoger lo que analistas internacionales, personas de la oposición venezolana y los propios periodistas de nuestro país han deslizado como una hipótesis plausible.

Por eso acá tenemos la oportunidad de avanzar en el proyecto de ley sobre inteligencia. En la reunión que nos concedió el Ministerio del Interior la semana pasada, que agradecemos, se puso de relieve la importancia del tema.

Estos hechos ocurren en el mundo, pero acá se dice que es algo inédito. Y yo veo que en Francia, en España, en Inglaterra, en la intervención de Rusia en muchos lugares, han sucedido crímenes como este, pero con una diferencia: probablemente cuentan con una inteligencia adecuada y los enfrentan desde una perspectiva distinta, no negando la participación o la información a la cual puede haber tenido acceso la dictadura.

Por eso, Presidente, se están tomando medidas para cautelar a otros refugiados.

Esperamos consecuencias positivas desde la perspectiva de que este terrible acontecimiento deje algo bueno, también respecto del trabajo que debemos realizar en este Poder del Estado.

Ojalá, por el bien de Chile, se pueda descartar la hipótesis que ha aparecido como plausible, pero que es la más terrible, la más compleja, que es la intervención venezolana.

Y aunque eso pueda parecer después una buena noticia, que no siga siendo motivo de honra para nadie algo que he escuchado de forma casi unánime, con una sola excepción: llamar dictadura al Gobierno de Maduro, que es algo evidente. Pero escuché que a algunos les parecía correcto, "a mucha honra", no llamarla dictadura. Por lo tanto, tenemos un problema en ese aspecto, porque deberíamos ser capaces, ojalá, de tener una sola voz en nuestro país respecto al tema.

Gracias, Presidente.

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Gracias a usted, señor Senador.

Ofrezco la palabra al Senador García.

El señor GARCÍA.- Muchas gracias, Presidente.

En primer lugar, quiero señalar que es completamente justificado el interés del Senado por realizar esta sesión especial. Entendemos la obligación de mantener reserva sobre la investigación propiamente tal del secuestro con homicidio del exmilitar venezolano y refugiado chileno Ronald Ojeda, pero la citación obedece al impacto que produjo un hecho de tal naturaleza en la opinión pública.

Resulta muy frecuente que la ciudadanía nos consulte, que la ciudanía nos pregunte y que la ciudadanía nos exprese su temor, porque además esto ocurre en un contexto de mucha violencia, en un contexto en el que ha habido varias situaciones en las que han aparecido personas muertas bajo circunstancias que también se están investigando y que revelan el clima de enorme crudeza que ha imperado en nuestro país durante los últimos meses. Yo creo que ello justifica plenamente el interés del Senado por citar a esta sesión.

Y por supuesto que agradecemos la presencia de la Ministra del Interior y Seguridad Pública y del Subsecretario del Interior.

Tengo pocos minutos, pero me quiero referir a la intervención de la Ministra acerca de lo que ha ocurrido con el proyecto de ley sobre reglas para el uso de la fuerza que se está tramitando en la Cámara de Diputados, porque ella señaló -o por lo menos fue lo que yo le escuché y respecto a eso es mi consulta- que lo que estaba establecido en el artículo 13 se llevó al artículo 11.

El artículo 13, en su texto original, dice: "Tratamiento de niños, niñas y adolescentes. Si en el ejercicio de las funciones de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas se afectare a niños, niñas y adolescentes se deberá obrar siempre con especial respeto a su interés superior, a su derecho a ser oído, a su derecho a la protección contra la violencia", y continúa el texto en el mismo sentido. Y por supuesto que todos estamos de acuerdo en que allí hay que hacer una diferenciación.

Sin embargo, tengo una duda, porque la indicación introducida al artículo 11 mediante la letra f) habla de los reglamentos, y señala: "Los reglamentos regulados en el presente artículo deberán considerar especificaciones para el uso diferenciado de la fuerza en los casos en que exista presencia de niños, niñas o adolescentes, mujeres, diversidades sexuales, personas con discapacidad, migrantes, indígenas o personas adultas mayores".

Más allá de su mérito, yo entendí que lo que se había hecho era llevar lo establecido en el artículo 13 al artículo 11. Pero los textos no coinciden.

Entonces, no sé si la Ministra tiene tiempo para referirse a aquello, porque por lo menos lo que yo le escuché en su intervención no guarda relación con lo que señalan los textos que he tenido a la vista.

Gracias, Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).- Muchas gracias.

Tiene la palabra, por dos minutos, el Senador Pugh.

El señor PUGH.- Muchas gracias, señor Presidente.

Sean mis primeras palabras para expresar mis más sentidas condolencias y pésame a la familia del joven teniente venezolano y refugiado político en Chile don Ronald Leandro Ojeda Moreno (que en paz descanse), secuestrado y ejecutado a sus treinta y dos años: a su madre, Omaira Moreno, y a su hermano, Javier Ojeda, junto a toda la comunidad venezolana en Chile, que está conmocionada por este macabro hecho.

Señor Presidente, hago propias todas las palabras señaladas anteriormente en el sentido de que Chile debe dar garantías a aquellos que buscan refugio político en el país.

Valoro lo que ha expresado la Ministra del Interior, quien se encuentra aquí en la Sala junto al Subsecretario, por el esfuerzo que está haciendo el Gobierno, que es un gran esfuerzo. Pero aquello requiere voluntad política.

Como conclusión, puedo señalar que quizás la primera prioridad, que incluso tenemos que resolver esta semana, es llegar a ese amplio acuerdo que se logró aquí, en el Senado, respecto a avanzar hacia un nuevo sistema de inteligencia del Estado, que se conoce como ley de inteligencia.

Es necesario, sobre todo, profundizar ese acuerdo con una agencia de inteligencia del Estado -de eso estamos hablando- que provean las siete agencias de inteligencia. Y para eso se requiere un estatuto. No puede seguir como está definido ahora en nuestra ley: noventa y siete personas. Con ese número es imposible anticiparse u obtener la información necesaria para apoyar en los procesos de toma de decisiones que tengan efectos estratégicos sobre el país.

El mencionado estatuto conlleva obviamente desarrollar una capacidad, personas, agentes y analistas aptos para servir donde se les requiera, dentro o fuera del país, en condiciones de riesgo; el Estatuto Administrativo y el Código del Trabajo no son las normativas que los deberían regir.

Este centro de inteligencia debe ser capaz de recibir no la información residual, sino la información de inteligencia que pueden aportar las agencias para resolver las preguntas del Presidente. Por eso estos sistemas dependen, en todo el mundo, de los presidentes en ejercicio, para apoyar los procesos de toma de decisiones.

Espero que seamos capaces de llegar a dicho acuerdo la presente semana y que durante la próxima se puedan redactar las indicaciones, para lo cual se está trabajando con un equipo, porque resulta fundamental para el país desarrollar una capacidad estratégica que al menos permita saber, desde el punto de vista de la inteligencia, qué está ocurriendo realmente, a los efectos de prevenir hechos como aquellos que se han mencionado, provengan de donde provengan, sea crimen organizado o hayan sido cometidos por actores estatales.

Señor Presidente, lamento y doy mi pésame a la familia de don Ronald Ojeda por lo ocurrido en este país.

Gracias.

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Gracias, Senador.

Ofrezco la palabra al Senador Juan Antonio Coloma.

El señor COLOMA.- Gracias, Presidente.

Ahora, dentro del tiempo de mi partido, haré unas breves reflexiones.

Primero, creo que queda claro que esta sesión ha sido una experiencia y un ejercicio útil de democracia. Y por Dios que es importante entender que hay momentos útiles de reflexión democrática. Porque una cosa es la investigación; lo hemos dicho siempre. Y la Fiscalía ha señalado que no descarta ninguna hipótesis, y es lo que corresponde hasta que tenga resuelto lo que deba resolver.

Obviamente, y lo hemos dicho de manera permanente, no es una señal inocua que lo que ha ocurrido sea respecto de un refugiado político y que quienes hoy día estén formalizados o imputados sean precisamente del país respecto del cual dicho refugiado pidió el amparo político. Ese es un dato importante, que la Fiscalía determinará. Nosotros somos respetuosos de las instituciones.

Pero eso no implica que, ante una situación de esta gravedad, de este dramatismo, el Congreso no haga nada, o más bien no reflexione constructivamente y escuchándose. Ha habido cosas que ha manifestado el Gobierno que son relevantes; hay cosas que se han dicho desde estas bancadas que han sido muy importantes, y también otras bancadas han sostenido cosas igualmente significativas. Es lo que el país necesita: reflexión democrática. No hay que tener ninguna duda en esa materia ni escabullir la reflexión, por difícil que sea el tema.

Yo quiero señalar, muy brevemente, a modo de conclusión y sugerencia, lo siguiente.

Por su intermedio, Presidente, quiero mencionarle a la Ministra que, así como hemos desarrollado un fast track en seguridad que ha sido muy complejo pero mediante el cual se ha despachado al final un número muy importante de proyectos, hay que hacer también un esfuerzo especial en materia de inteligencia y ojalá colocarnos plazos.

A mí me duele el alma -creo que a todos- cuando se dice que estamos discutiendo desde el 2018 una ley de inteligencia. Pero aquello no significa que sea fácil. ¡Es difícil el tema! ¡Cómo no va a ser difícil! Pero creo que en dificultad es parecido a usurpaciones o a otros asuntos donde al final hemos sido capaces de ir resolviendo los temas democráticamente. Lo peor que puede pasar es no resolver las cuestiones, porque ahí sí que no sucede ni lo uno ni lo otro.

Yo sugiero poner un plazo razonable. Encuentro que luego de cinco, seis o siete años de discusión hay que poner un límite. Y se votará simplemente y, como todo en la vida, se hará lo que se piensa. Pero de verdad siento que sería una buena conclusión poner un plazo para tener una nueva ley de inteligencia en nuestro país y que haya información para lo que sea necesario.

En segundo lugar, creo que tenemos que realizar una reflexión importante en materia de migración, que sigue pendiente porque aquí no se ha resuelto el tema. El Subsecretario ha planteado cosas y le encuentro un punto relevante, pero yo voy más allá: hay que estudiar a fondo la situación de la migración. Hemos planteado el tema de la expulsión de migrantes irregulares o de migrantes que han incumplido la ley, porque hoy día se ve esto desde un punto de vista administrativo, pero no desde otra perspectiva, y se está dañando claramente la convivencia.

Además, el señor Ministro hizo una afirmación -por eso le pedí que estuviera presente- respecto de la ley RUF y la diferencia que habría respecto de su aplicación en el caso de los migrantes. Yo acabo de hablar con el Presidente de la Comisión de Seguridad, quien me ha dicho que recién el lunes conoció las indicaciones. Por tanto, cuando se señala que "ni un Diputado dijo algo respecto de aquello", yo digo que era difícil hacerlo debido a que recién el día lunes se tuvo conocimiento de las indicaciones.

Me parece de justicia expresarlo, ya que se hizo una afirmación en sentido contrario. Obviamente, me imagino que la ley debe hacer una diferencia respecto de los niños, pero no corresponde esta cosa tan especial de aplicar el uso de la fuerza, eventualmente, en forma distinta a los migrantes y a los nacionales. Eso no puede ser ni para un lado ni para el otro. Es esa señal la que me inquieta.

Pero debemos avanzar en migración, que es un tema pendiente. A mi juicio, se necesita un gran esfuerzo para generar una institucionalidad distinta.

Por último, hay una cosa que faltó, Ministra, desde mi perspectiva: tenemos que definir bien el tema del refugiado político. No me quedó claro. ¿Qué significa? ¿Qué implica? Lo dijeron algunos Senadores: ¿significa un amparo especial o significa el derecho a estar? ¿Qué pasa con otros refugiados políticos?

Es un tema de responsabilidad país. O sea, ¿qué pasa con otros -no sé cuántos son, tampoco- que hoy día pueden estar viviendo momentos angustiantes ya que, luego de haber entendido que este era un país que "asila contra la opresión", de repente se encuentran con que no tiene -y puede ser un tema de reflexión- una medida especial para proteger a quien ha sido amparado precisamente por su situación jurídica particular?

Por eso, Presidente, me parece que esta sesión especial ha sido muy útil. Creo que ha dado lugar a un debate con altura de miras, reflexivo. No significa que estemos de acuerdo en todo; es más, podemos tener discrepancias. En materia de acuerdos, insisto, yo soy partidario de los buenos acuerdos. No hay nada más malo para el país que concretar malos acuerdos. ¡Nada! Pero la falta de acuerdos está en la escala siguiente.

Y me parece absolutamente esencial que en materia de inteligencia, en materia de migración, en materia de refugio político, en materia de coherencia democrática, estas cosas generen indignación moral, y yo veo que la están generando. Esta no es la forma de convivir como país. Y creo que el que nos sorprendamos, el que nos importe, el que nos indignemos con todo lo que ocurre, pero además actuemos, es la mejor garantía de democracia y de amparo que un país puede ofrecerles a sus ciudadanos y a quienes les ha tocado verse refugiados en nuestra tierra.

Gracias, Presidente.

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Gracias, señor Senador.

No hay más inscritos.

Señora Ministra del Interior, le ofrezco la palabra.

La señora TOHÁ (Ministra del Interior y Seguridad Pública).- Primero va a hablar el Subsecretario; después lo haré yo.

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Muy bien.

Señor Subsecretario, tiene la palabra.

El señor MONSALVE (Subsecretario del Interior).- Muchas gracias, Presidente.

Quiero hacer una afirmación, y después, una reflexión.

El Senador Kast preguntaba si había alguna posibilidad de que en el marco del convenio de cooperación policial firmado con Venezuela se hubiera entregado algún tipo de información respecto de personas que tienen la calidad de refugiado político en Chile. La respuesta es ninguna, ¡cero, algo por motivos prácticos y algo por motivos de reflexión.

Digo "por motivos prácticos" porque el convenio se firma el 18 de enero. Requiere, para su implementación, el nombramiento de contrapartes policiales, porque es un convenio de intercambio de información policial; se hace entre las policías y no entre las autoridades políticas. Por lo tanto, no hay nombramiento de contraparte; luego, no se genera intercambio de información. De ahí que la posibilidad de intercambiar información respecto de personas venezolanas que están en Chile es cero.

¡Una afirmación clara en ese aspecto!

Pero también quiero hacer una reflexión a propósito del intercambio de información policial.

Chile es parte de Ameripol, lo mismo que Venezuela. Es una comunidad de cerca de treinta países de América Latina y Centroamérica que comparten información entre ellos, para lo cual no es necesario que les pregunten a los gobiernos, porque es una relación a nivel de las policías.

Segundo, tanto Chile como Venezuela son parte de Interpol. Por lo tanto, en Caracas hay una oficina central de ese organismo, sobre la cual también se levanta información.

El convenio busca justamente que sea el Gobierno el que señale qué tipo de información se puede intercambiar y para qué. Por tanto, lo que pretende es orientar ese intercambio de información policial respecto de un objetivo central: la lucha contra el crimen organizado.

Por eso el convenio establece que el intercambio de información se haga para combatir los delitos contra las personas, los delitos violentos, los delitos informáticos y los delitos financieros en el marco del crimen organizado. O sea, tiene un foco. Y lo colocan las policías a través de dos contrapartes.

Y quiero hacer la siguiente reflexión, a propósito de lo que plantearon el Senador Macaya y la Senadora Rincón, por su intermedio, estimado Presidente.

Tenemos un poquito más de 500 mil ciudadanos y ciudadanas venezolanas que están en situación regular en Chile. Tenemos cerca de 182 mil que fueron empadronados biométricamente. Hay una cantidad que podríamos debatir de personas que están en situación irregular; no sabemos con precisión cuántos son. Digo estas cifras porque el país que tiene la comunidad de ciudadanos venezolanos más importante es Chile. Actualmente es la principal comunidad extranjera en nuestra nación. En consecuencia, el mayor interesado en tener información es Chile. Eso es evidente.

Y lo segundo que habría que preguntarse y preguntarles a las Policías, ya no a la autoridad política, es si para ellas resulta útil pedir esta información.

Coloco el caso del Maule, Presidente, que durante el año 2023 prácticamente duplicó su cantidad de homicidios. ¿Es útil para las Policías, para combatir el aumento de homicidios en la Región del Maule, tener información respecto de eventuales personas que están incidiendo en la disputa territorial que se produce en esa región y que justifica el aumento de homicidios?

Creo que esa es una pregunta que tenemos que hacérsela a las Policías.

Por eso he sido insistente aquí. Si nosotros queremos combatir de manera efectiva el crimen organizado y eventualmente disminuir los homicidios y los delitos violentos, como los secuestros, en nuestros territorios, tenemos que preguntarnos qué es útil para que la Policía pueda llevar adelante esa tarea. Obviamente, controlando los riesgos.

¿Es útil un sistema de extracción de datos de los celulares? Por supuesto que sí... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).

El señor COLOMA (Presidente).- Le vamos a conceder un par de minutos más.

El señor MONSALVE (Subsecretario del Interior).- Gracias.

¿Es útil tener un sistema de identificación de huellas balísticas? También.

¿Es útil contar con información y que se pueda acceder a quién corresponden las huellas de una persona que no tiene documento de identidad? Parece que también.

Por eso es que, a mi juicio, en esta materia es bien importante bajar el debate donde corresponde.

Estos son convenios de intercambio de información policial para perseguir delincuentes y organizaciones criminales. Y la intervención del Gobierno es justamente para acotarlos, para regularlos, para orientarlos en cuanto a que sean específicamente para el crimen organizado.

Y quiero reiterar: es muy importante proteger la seguridad de quienes tienen la calidad de refugiado en Chile. También es muy relevante, prioritario, proteger la seguridad de los chilenos y de las chilenas. Y la información es vital para ese fin.

Además, quiero decirlo aquí: esta es una conversación que debiéramos tener en un espacio reservado, en una de las Comisiones que correspondan, con las Policías que intercambian información.

Muchas gracias, Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).- Muchas gracias, Subsecretario.

Tiene la palabra la Ministra.

La señora TOHÁ (Ministra del Interior y Seguridad Pública).- Gracias, Presidente.

Me voy a referir, primero, a la consulta que hubo sobre la condición de los refugiados.

¿En qué se traduce el refugio? En primer lugar, en que una persona que lo solicita automáticamente obtiene visa por ocho meses. Si recuerda bien la Sala, hace poco tiempo establecimos que hay ciertos mecanismos para evaluar la plausibilidad de la solicitud, porque lo que pasaba es que muchas personas pedían refugio, con eso obtenían una visa y después se veía que realmente no había antecedente alguno para el refugio. Entonces, se puso un examen de, digamos, atendibilidad de la solicitud.

Eso es lo primero.

La persona que solicita refugio por ocho meses obtiene visa. El ex teniente Ojeda llegó por Chacalluta y solicitó refugio. No debía haber dicho eso, pero ya lo dije.

Segundo, cuando la persona obtiene refugio, tiene residencia definitiva; automáticamente se evitan las etapas intermedias de una persona que tramita una estadía en el país por un canal normal.

En seguida, tiene derecho a un documento de viaje, porque muchas personas que piden refugio no disponen de documento de identidad ni de pasaporte, por lo cual se les otorga uno. Y tiene un derecho de no devolución. ¿Qué quiere decir eso? Que el país se compromete a no repatriarlos, ya que quedan bajo su protección.

Ese es el Estatuto del Refugiado en la legislación chilena.

Ahora, dicho eso, si una persona que tiene calidad de refugiada se encuentra en peligro o solicita resguardo policial debido a algún elemento que la hace sentirse amenazada, ciertamente que tiene una atención especial por parte de la autoridad.

En el caso que estamos examinando, el Gobierno tomó, en primer lugar, la iniciativa de que las personas que se acercaran a pedir protección con motivo de todas las inquietudes que han surgido a propósito de este delito fueran atendidas con prioridad. Tomó la decisión, además, de contactar personas que estaban en condición similar a la del exteniente Ojeda, para ver si se encontraban bien, si necesitaban algo, si requerían algún tipo de apoyo. Y además tomó la decisión, respecto de otro grupo -porque hay distintos como círculos que podríamos examinar aquí, un poco más amplios-, de enfatizar a las Policías la necesidad de que resguardaran sus entornos y estuvieran atentas para ver si había alguna situación anómala.

En síntesis, esto es lo que podemos hacer hoy día, y es la manera en que actuamos cuando hay situaciones de riesgo. No creo que se justifique y sea recomendable que el refugio implique automáticamente la presencia de un resguardo policial. No hay elementos para sostener eso en este momento. Pero, ciertamente, sí existe una atención especial del Estado cuando esa persona, que tiene la calidad de refugiado, está en peligro, o pide apoyo, o se ve en circunstancias... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se reactiva por indicación de la Mesa).

Sobre el tema de las RUF a que se refirió el Senador García, lo dije bien afuera, lo dije mal acá: es el artículo 14, no el artículo 13. El artículo 14 se cambió al artículo 11. Es el mismo, es exacto: copy paste.

En cuanto a lo que mencionaba el Presidente, de verdad es muy triste llegar a este nivel de detalle, pero el contenido de esto se encuentra en el proyecto desde el principio; se conoce desde el año pasado.

Además, cuando se planteó la indicación en que estaba el cambio de número, se les entregó a los parlamentarios de la oposición, al menos de Chile Vamos, en enero, el contenido que traía esto, literalmente, con lo que decía en esta materia. ¡Desde enero lo tienen disponible! Se ha consultado con sus asesores. O sea, no hay nada nuevo, nada desconocido, no hay sorpresas, y no ha habido objeciones de nadie respecto de este tema. Ahora, ciertamente siempre se pueden plantear objeciones -no estoy diciendo que no-; lo que no considero apropiado es generar un escándalo sobre algo que ha estado arriba de la mesa desde hace rato y que tiene todo un fundamento. Y no estamos, como se intenta hacer ver, ante una especie de trato que los excluya del uso de la fuerza cuando se den las hipótesis que la ley contempla.

Gracias, Presidente.

Y quiero agradecer también el tono de la discusión; creo que ha sido muy positivo y que las hipótesis que había de que esto se convertiría en un pantano están muy lejos de la realidad.

Así que se agradece y se valora.

El señor COLOMA (Presidente).- Muchas gracias, señora Ministra.

Bueno, quedaron hartos temas de reflexión mutua. Me quedo con la sensación de que tenemos que fijar un criterio de velocidad de respuesta entre algunas instituciones del Estado y realizar reflexiones profundas respecto de todos los asuntos que se han planteado.

Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.

--Se levantó a las 14:33.

Rodrigo Obrador Castro

Jefe de la Redacción