REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 371ª
Sesión 53ª, en miércoles 30 de agosto de 2023
Ordinaria
(De 16:27 a 19:24)
PRESIDENCIA DE SEÑOR JUAN ANTONIO COLOMA CORREA, PRESIDENTE, Y
SEÑOR FRANCISCO HUENCHUMILLA JARAMILLO, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR, Y
EL SEÑOR ROBERTO BUSTOS LATORRE, ACCIDENTAL
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron las señoras y los señores:
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Retamales, Karim
--Campillai Rojas, Fabiola
--Carvajal Ambiado, Loreto
--Castro González, Juan Luis
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cruz-Coke Carvallo, Luciano
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Edwards Silva, Rojo
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Flores García, Iván
--Gahona Salazar, Sergio
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--Gatica Bertin, María José
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Keitel Bianchi, Sebastián
--Kusanovic Glusevic, Alejandro
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Macaya Danús, Javier
--Moreira Barros, Iván
--Núñez Arancibia, Daniel
--Núñez Urrutia, Paulina
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pascual Grau, Claudia
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Saavedra Chandía, Gastón
--Sandoval Plaza, David
--Sanhueza Dueñas, Gustavo
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Van Rysselberghe Herrera, Enrique
--Velásquez Núñez, Esteban
--Vodanovic Rojas, Paulina
--Walker Prieto, Matías
Concurrieron, además, la Ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Tohá Morales, y el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Álvaro Elizalde Soto.
Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, y de Secretario General accidental y Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:27, en presencia de 21 señoras Senadoras y señores Senadores.
El señor COLOMA (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor COLOMA (Presidente).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 46ª, 47ª y 48ª, del presente año, que no han sido observadas.
Las actas de las sesiones 49ª y 50ª, del presente año, se encuentran en Secretaría y en la plataforma "Labor", a disposición de Sus Señorías, para su aprobación, hasta la próxima sesión.
El señor COLOMA (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor BUSTOS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta, la cual, por ser un documento oficial, se inserta íntegramente y sin modificaciones.
Trece Mensajes de S.E el Presidente de la República
Con el primero, inicia un proyecto de ley que declara feriado el día 8 de septiembre de 2023 para la región de Antofagasta, con motivo de la fiesta religiosa de la Virgen de Guadalupe de Ayquina, y el día 20 de septiembre de 2023 para la región de Coquimbo, con motivo de la Fiesta de la Pampilla (Boletín N° 16.234-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y a la Comisión de Hacienda, en su caso.
Con el segundo, hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", respecto del proyecto de ley que declara feriado el día 8 de septiembre de 2023 para la región de Antofagasta, con motivo de la fiesta religiosa de la Virgen de Guadalupe de Ayquina, y el día 20 de septiembre de 2023 para la región de Coquimbo, con motivo de la Fiesta de la Pampilla (Boletín N° 16.234-06).
Con el tercero y el cuarto, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", respecto de los siguientes proyectos de ley:
-El que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para sancionar como falta el porte injustificado de combustibles aptos para la comisión de atentados contra las personas o para ocasionar daño en las cosas durante reuniones en lugares públicos (Boletín N° 15.956-25).
-El que establece el deber de efectuar registros audiovisuales de las actuaciones policiales autónomas en el procedimiento penal (Boletín N° 15.788-07).
Con los nueve últimos, retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", respecto de las siguientes iniciativas:
-La que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias (Boletín N° 9.914-11).
-La que establece un nuevo marco de financiamiento e introduce mejoras al transporte público remunerado de pasajeros (Boletín N° 15.140-15).
-La que impulsa la participación de las energías renovables en la matriz energética nacional (Boletín N° 14.755-08).
-La que concede la nacionalidad chilena, por especial gracia, a la ciudadana ecuatoriana, señora Mery Siley Cortez Ortiz (Boletín N° 15.374-17).
-La que modifica la pena para la radiodifusión no autorizada (Boletín N° 10.456-15).
-La que concede la nacionalidad por gracia a la escritora señora Gioconda Belli Pereira (Boletín N° 15.847-17).
-La que modifica la ley N° 21.075, que regula la recolección, reutilización y disposición de aguas grises, para fomentar la reutilización de aguas grises en la agricultura (Boletín N° 15.765-12).
-La que establece normas de eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático (Boletín N° 13.179-09).
-La que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979, y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, en las materias que indica, crea un nuevo modelo de atención en el FONASA, otorga facultades y atribuciones a la Superintendencia de Salud y modifica normas relativas a las instituciones de salud previsional (Boletín N° 15.896-11).
--Se toma conocimiento de los retiros y de las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Cuatro de la Honorable Cámara de Diputados
Con el primero informa que, en sesión de esta fecha, aprobó las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que modifica la ley N° 19.712, del Deporte, la ley N° 20.686, que crea el Ministerio del Deporte y la ley N° 20.019, que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales, con el objeto de perfeccionar la normativa sobre prevención y sanción de las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva, correspondiente al Boletín Nº 14.597-29.
--Se toma conocimiento y en atención a que el proyecto ha sido aprobado por ambas Cámaras y se remitirá a S.E el Presidente de la República, se registra en el archivo el oficio junto con sus antecedentes.
Con el segundo, comunica que en sesión celebrada el día de hoy, aprobó las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que autoriza única y excepcionalmente el tránsito de los vehículos oficiales de los XIX Juegos Panamericanos y VII Parapanamericanos Santiago 2023, dentro del país, correspondiente al Boletín N° 16.088-15.
--Se toma conocimiento y en atención a que el proyecto ha sido aprobado por ambas Cámaras y se remitirá a S.E el Presidente de la República, se registra en el archivo el oficio junto con sus antecedentes.
Con el tercero, informa que en sesión de esta fecha, ha aprobado, en los mismos términos en que lo hiciera el Senado, el proyecto de ley que homologa la ley N° 19.712, del Deporte, a los estándares y disposiciones del nuevo Código Mundial Antidopaje, correspondiente al Boletín N° 16.005-37.
--Se toma conocimiento y atendido que el proyecto contiene normas de ley orgánica constitucional, se manda comunicar a S.E. el Presidente de la República para consultar si hará uso de la facultad que le otorga el inciso primero del artículo 73 de la Carta Fundamental.
Con el cuarto, comunica que ha aprobado el proyecto de ley que modifica la ley N° 19.712, del Deporte, y la ley N° 20.730, General de Educación, para exigir que los establecimientos educacionales de todo nivel otorguen a sus alumnos facilidades que permitan compatibilizar sus estudios con la práctica intensiva o competitiva de deportes, en los casos y condiciones que indica, correspondiente a los Boletines Nos 12.950-29 y 12.990-29, refundidos (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Cultura, Patrimonio, Artes, Deportes y Recreación.
Informes
De la Comisión de Seguridad Pública, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para sancionar como falta el porte injustificado de combustibles aptos para la comisión de atentados contra las personas o para ocasionar daño en las cosas durante reuniones en lugares públicos (Boletín Nº 15.956-25) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
Nuevo informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaído en el oficio de la Defensora de la Niñez, señora Patricia Muñoz García, mediante el cual solicita al Senado, que inicie el proceso de designación del nuevo Defensor o Defensora de la Niñez, en virtud de lo dispuesto en la ley N° 21.067, que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez, por término del período legal del cargo (Boletín N° S 2.366-13).
--Quedan para Tabla.
Mociones
De los Honorables Senadores señor Velásquez, señoras Aravena y Sepúlveda, y señores Bianchi y Saavedra, con la que inician un proyecto de ley que modifica el Código Penal, para tipificar como delito la inducción, incitación o conspiración para el derrocamiento de un gobierno legítimamente constituido, en los casos que señala (Boletín N° 16.227-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De los Honorables Senadores señor Velásquez, señoras Aravena, Sepúlveda y Vodanovic, y señor Cruz-Coke, con la que inician un proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, para agravar las penas y excluir el acceso a beneficios en el caso de delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos (Boletín N° 16.231-07)
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Carta Fundamental, se manda poner en conocimiento de la Excma. Corte Suprema.
De los Honorables Senadores señoras Núñez y Allende, y señor Prohens, con la que inician un proyecto de ley que modifica la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, para incorporar la medida cautelar que indica (Boletín N° 16.229-36).
--Pasa a la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia.
De los Honorables Senadores señor Saavedra, señora Rincón, y señores De Urresti, Keitel y Van Rysselberghe, con la que inician un proyecto de ley que reemplaza la denominación del "Aeropuerto Carriel Sur", ubicado en la comuna de Talcahuano, por "Aeropuerto David Fuentes Soza" (Boletín N° 16.232-37).
--
Pasa a la Comisión de Cultura, Patrimonio, Artes, Deportes y Recreación.
El señor COLOMA (Presidente).-
Lo anterior, sin perjuicio de que consultaremos a la Secretaría respecto del tema legal de este tipo de proyectos en general.
Proyectos de Acuerdo
De los Honorables Senadores señor Chahuán, señoras Aravena, Carvajal y Gatica, y señores Araya, Castro Prieto, Coloma, De Urresti, Durana, Edwards, Gahona, García, Huenchumilla, Kast, Keitel, Kuschel, Macaya, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe y Walker, con el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, considere la incorporación de una glosa en el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2024, para la operación y conservación de los Museos Ferroviario de Santiago y de Ciencia y Tecnología, ambos emplazados en el Parque Quinta Normal (Boletín N° S 2.459-12).
De los Honorables Senadores señor Sandoval, señoras Aravena, Carvajal, Ebensperger, Gatica, Órdenes, Provoste, Rincón y Sepúlveda, y señores Araya, Chahuán, Durana, Edwards, Espinoza, Flores, Gahona, García, Kusanovic, Kuschel, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Saavedra, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker, con el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República, si lo tiene a bien, la generación de planes, políticas y programas destinados a promover el derecho de los adultos mayores, especialmente de aquellos que utilizan el sistema público, a una atención de salud digna, expedita y oportuna, en los términos que indican (Boletín N° S 2.460-12).
De los Honorables Senadores señor Keitel, señoras Aravena, Ebensperger, Provoste, Rincón, Sepúlveda y Vodanovic, y señores Bianchi, Castro González, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Espinoza, Flores, Gahona, Galilea, García, Kast, Kusanovic, Kuschel, Prohens, Saavedra, Sanhueza, Van Rysselberghe y Walker, con el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, contemple en el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2024, mayores recursos para la cobertura de atención de salud mental, considerando un aumento de la dotación de personal para el programa Saludablemente o uno de similares características (Boletín N° S 2.461-12).
De los Honorables Senadores señor Keitel, señoras Aravena, Ebensperger, Provoste, Rincón, Sepúlveda y Vodanovic, y señores Bianchi, Castro González, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Espinoza, Flores, Gahona, Galilea, García, Kast, Kusanovic, Kuschel, Prohens, Saavedra, Sanhueza, Van Rysselberghe y Walker, con el que solicitan a Su Excelencia elPresidente de la República que, si lo tiene a bien, presente un proyecto de ley para reformular y robustecer el sistema de fiscalización y cumplimiento de la ley N° 21.015, que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral, en particular, respecto de su aplicación en el sector público (Boletín N° S 2.462-12).
--Quedan para ser votados en su oportunidad.
Comunicación
De la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, por la que informa que en sesión celebrada el día de ayer, aprobó por mayoría de votos, a la candidata señora Blanquita Honorato Lira como nueva recomendación al cargo de Defensor de la Niñez, y acordó solicitar que dicha propuesta sea considerada en la tabla de la Sala del Senado de los días 5 o 6 de septiembre del año en curso.
--Se toma conocimiento. Pasa a los Comités.
El señor BUSTOS (Prosecretario).-
Eso es todo, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias, Prosecretario.
MINUTO DE SILENCIO POR FALLECIMIENTO DE SEÑOR GUILLERMO TEILLIER DEL VALLE, EX DIPUTADO Y PRESIDENTE DEL PARTIDO COMUNISTA
El señor COLOMA (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora Pascual.
La señora PASCUAL.-
Muchas gracias, Presidente.
Quisiera pedir formalmente, en nombre del Comité del Partido Comunista, un minuto de silencio por quien fuera Diputado de la República y Presidente de nuestro Partido, Guillermo Teillier del Valle.
El señor COLOMA (Presidente).-
Así se había acordado el día de ayer.
Se va a proceder al minuto de silencio.
(Los asistentes se ponen de pie y la Sala guarda un minuto de silencio).
Muchas gracias.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor COLOMA (Presidente).-
Sobre la Cuenta, tiene la palabra el Senador Lagos.
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, pido que recabe la autorización de la Sala para que puedan funcionar unidas las Comisiones de Gobierno y de Hacienda a objeto de ver el proyecto de ley sobre feriados que se ha presentado.
Gracias.
El señor COLOMA (Presidente).-
Cuando veamos la tabla siguiente, Senador, vamos a considerar ese punto, porque ahora tenemos un Orden del Día que es exigente.
Igual la iniciativa habría que verla el próximo martes. Así que disponemos de algún espacio de tiempo para ello.
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El señor COLOMA (Presidente).-
Senadora Provoste, tiene la palabra.
La señora PROVOSTE.-
Muchas gracias, Presidente.
Voy a plantear dos temas.
Primero, en nombre del Comité Mixto Independiente y Partido Demócrata Cristiano, queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a los colegas del Partido Comunista, a esta colectividad y a la familia del ex Diputado Guillermo Teillier, por su fallecimiento.
Además, quiero hacer una solicitud.
Se ha dado cuenta de un proyecto que corresponde a los boletines Nos 12.950-29 y 12.990-29, refundidos, el cual ha sido enviado a la Comisión de Cultura. Deseo hacer presente a la Sala que tal iniciativa modifica la Ley General de Educación. Por lo tanto, solicito formalmente que vaya a la Comisión de Educación.
El señor COLOMA (Presidente).-
¿Adicionalmente?
La señora PROVOSTE.-
Como la Mesa decida.
En todo caso, me llama poderosamente la atención lo relacionado con las definiciones para enviar una iniciativa a comisión. Este es un proyecto que busca modificar la ley N° 20.730, General de Educación, entre otras cosas. Entonces, sorprende que no vaya a la Comisión de Educación como primera opción.
El señor COLOMA (Presidente).-
Estuvimos revisando el tema, Senadora, y en la Cámara de Diputados -me están informando- esto se vio en la Comisión de Deportes. Y uno trata de tener un criterio en esa línea.
La señora PROVOSTE.-
Pero se modifica la Ley General de Educación, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Así es, y también se modifica la Ley del Deporte.
La señora PROVOSTE.-
Se modifica la Ley General de Educación.
El señor COLOMA (Presidente).-
Exactamente, Senadora.
Se modifican ambas leyes, por lo cual, como en la Cámara se vio en Deportes, se resolvió lo mismo en el Senado, sin perjuicio de lo cual usted puede solicitar que con posterioridad la iniciativa vaya a la Comisión de Educación.
Creo que aquella puede ser una fórmula adecuada, si le parece a la Sala.
¿Está de acuerdo con esa alternativa, Senadora?
(La Senadora asiente inclinando su cabeza).
Bien.
Entonces, se solicita...
La señora PROVOSTE.-
Indistintamente del orden, Presidente: que primero vaya a la Comisión de Educación y luego a la de Deportes, o viceversa.
El señor COLOMA (Presidente).-
¿A la de Deportes le es indiferente, Senador Keitel?
La señora PROVOSTE.-
¡Presidente, tiene que mirar para este lado...!
El señor COLOMA (Presidente).-
Perdón, Senador De Urresti. De veras que es Cultura.
Tiene la palabra, Senador.
El señor DE URRESTI.-
Presidente, como titular de la Comisión de Cultura, Patrimonio, Artes, Deportes y Recreación, y siendo coherente con una crítica que hice ayer, pido que por favor la Mesa, la Secretaría y los equipos técnicos sean rigurosos y no tengan el mismo comportamiento de la Cámara de Diputados, donde en cada presentación surge una petición expresa para modificar el sentido de lo resuelto.
Creo que siempre hay una comisión que es la especializada. Si hay una comisión complementaria, por la historia, por tal o cual situación, eso se tiene que aplicar. Pero pienso que no es conveniente como se está procediendo. Esto lo vimos en la discusión de ayer, cuando se abordó lo de la iniciativa sobre conducta terrorista, instancia en la que vamos a terminar duplicando competencias.
Como Presidente de la Comisión de Cultura, no veo inconveniente en que el proyecto en cuestión se vea en las dos instancias. Confío en la Secretaría técnica, que es la que destina las iniciativas para que haya un mejor planteamiento en la discusión. Pero hago el punto en este caso, en el que se mencionó ayer y en los que vendrán, en orden a que estamos consolidando una situación que no es la tradición del Senado en lo que respecta a la especialización de las comisiones.
El señor COLOMA (Presidente).-
Senador, exactamente por el argumento que usted plantea, en la Secretaría -y así se consultó- vieron que este era un tema cuya lógica más intensa es permitir compatibilizar la competencia deportiva y la práctica intensiva de deportes con la Ley General de Educación. Acto seguido, se vio qué se había hecho en la Cámara, y ahí fue solo a la Comisión de Deportes, por lo que a la Secretaría le pareció lógico remitir acá el proyecto a Deportes.
Pero hay una solicitud -y tiene derecho a plantearla la Senadora Provoste- para que este proyecto, con posterioridad a su análisis en la Comisión de Deportes, pase a la de Educación. Y la voy a someter a votación.
Si hay unanimidad en ese sentido, no habría inconveniente.
¿Les parece que operemos de esa manera?
--Así se acuerda.
El señor COLOMA (Presidente).-
Y, Senador De Urresti, hemos actuado exactamente como usted lo solicitó el día de ayer, y creo que está bien hecho.
Gracias.
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El señor COLOMA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Keitel.
El señor KEITEL.-
Gracias, Presidente.
Solicito formalmente ampliar el plazo para la presentación de indicaciones respecto del proyecto que modifica la ley N° 19.712, del Deporte, para imponer, a quienes ejerzan funciones al interior de una organización deportiva, la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para el desempeño de tales cargos o funciones, en caso de incurrir en los delitos que indica (boletín N° 13.222-29).
La fecha que propongo es el 8 de septiembre.
El señor COLOMA (Presidente).-
Se ha solicitado la ampliación del plazo para presentar indicaciones al proyecto referido.
¿Les parece lo propuesto?
(El Presidente hace sonar la campanilla en señal de acuerdo).
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El señor COLOMA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Velásquez.
El señor VELÁSQUEZ.-
Gracias, Presidente.
Quisiera reiterar la solicitud que se formuló para que las Comisiones de Gobierno y de Hacienda puedan sesionar en conjunto para intentar despachar hoy día el proyecto de ley que acaba de presentar el Gobierno con "discusión inmediata" y que declara feriados los días 8 y 20 de septiembre de 2023 en las regiones que indica.
Espero que se nos autorice para que podamos sesionar de manera paralela a la Sala. Ojalá a las 17 horas podamos estar convocados, si contamos con la autorización de la Mesa y de la Sala, por supuesto.
El señor COLOMA (Presidente).-
Senador Walker, ¿sobre este tema?
El señor WALKER.-
Sí.
El señor COLOMA (Presidente).-
Tiene la palabra, Senador.
El señor WALKER.-
Presidente, simplemente para apoyar y secundar la petición del Senador Esteban Velásquez.
Además, quiero valorar el tremendo gesto que ha hecho el Ministro Álvaro Elizalde en el sentido de apoyar el proyecto que declara feriado el 20 de septiembre en la Región de Coquimbo, en honor a la Fiesta de la Pampilla y de todas las pampillas de la región.
Año a año en la Cámara de Diputados aprobábamos este proyecto con carácter permanente y, por alguna razón, no había acuerdo en el Senado para establecerlo de esa manera.
Finalmente, se determinó que esto requería patrocinio del Ejecutivo, y así se ha hecho.
Por lo anterior, tomando en consideración el feriado del 8 de septiembre para la Región de Antofagasta, que es un plazo más apremiante, me parece muy bien, por economía procesal, tramitar ese proyecto conjuntamente con el que establece el 20 de septiembre como feriado permanente para la Región de Coquimbo (boletín 16.234-6), y autorizar a la Comisión de Gobierno para sesionar en paralelo a fin de considerar los distintos trámites legislativos y, de esa manera, alcanzar a tener feriados el 8 de septiembre en la Región de Antofagasta y el 20 de septiembre en la Región de Coquimbo.
Muchas gracias.
El señor COLOMA (Presidente).-
A ver, Senador, yo quiero ser bien franco.
Entendemos que la fecha del 8 de septiembre se sabe hace harto tiempo, pero es una complejidad que el proyecto ingrese hoy y, por lo que entiendo, se quiere despacharlo hoy.
Yo, de verdad, siento que la Comisión podría funcionar el día lunes y la Sala aprobarlo el martes, en primer lugar. Planteo esa fórmula, que me parece la más adecuada. Así, el proyecto podría ir a la Cámara y aprobarse el día miércoles. De otra manera no sé cómo puede resultar un proyecto de esta naturaleza.
Lo que yo sí podría hacer es pedir el acuerdo de la Sala para que lo veamos en primer lugar el martes como Fácil Despacho.
¿Les parece esa alternativa?
Creo que así podrían organizarlo, porque es la única forma en la que podríamos operar.
Tiene la palabra el Senador Lagos.
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, para entenderlo.
Para despachar el proyecto a primera hora del martes, sería bueno tal vez que pudiéramos reunir a las Comisiones de Gobierno y Hacienda ahora y dejar ese tema despejado.
Esa es mi propuesta.
No sé si alguien se opone a eso.
El señor COLOMA (Presidente).-
Senador, lo que tenemos que hacer es una reunión de Comités, porque recuerde usted que para eximirnos del trámite de las cuatro horas...
El señor WALKER.-
Eso es lo que yo le dije.
El señor COLOMA (Presidente).-
... tiene que ser por acuerdo unánime de los Comités.
El señor WALKER.-
¡Salvo acuerdo unánime de la Sala!
El señor COLOMA (Presidente).-
No, no es así. Después de eso el proyecto tiene que venir a la Sala. Estoy siguiendo el reglamento exacto.
Yo voy a citar en un rato más a Comités, Senador, para estos efectos.
Sin embargo, entiendo que lo que sí podemos hacer es comprometer el despacho para el próximo día martes en primer lugar, de un proyecto que, ojo, ingresó recién hace diez minutos.
No estoy planteando algo distinto.
El señor LAGOS.-
Perfecto.
El señor MOREIRA.-
¿Y para cuándo quedaría?
El señor COLOMA (Presidente).-
Martes, para Fácil Despacho.
El señor MOREIRA.-
¿Presidente?
El señor COLOMA (Presidente).-
¿Sobre esto mismo?
El señor MOREIRA.-
Sí, lo mismo: veinte segundos.
Es que yo no estoy de acuerdo, porque...
El señor COLOMA (Presidente).-
¿No está de acuerdo en qué?
El señor MOREIRA.-
Yo no daría la unanimidad para lo que están pidiendo.
¿Usted propuso el lunes? Bueno, que el lunes lo vean y el martes en primer lugar lo tratamos...
El señor COLOMA (Presidente).-
Eso es lo que estoy proponiendo.
El señor MOREIRA.-
Y lo que yo le quiero pedir es que avancemos con la tabla.
No veo por qué esta dilatación.
El señor COLOMA (Presidente).-
Bueno.
Está acordado, en todo caso, que veremos el proyecto en primer lugar el próximo martes. Eso es lo que estoy planteando.
La única duda es si era en Fácil Despacho, para que puedan operar a la mayor velocidad posible.
Eso es.
Muy bien.
Queda acordado de esa manera.
(El señor Presidente hace sonar la campanilla en señal de acuerdo).
Vamos a la tabla, señor Secretario.
AMPLIACIÓN DE PLAZO DE VIGENCIA DE PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO PARA REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS DE AUTOCONSTRUCCIÓN
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El señor Presidente pone en discusión el proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables Senadores señoras Rincón y Gatica y señores Sandoval y Walker, y del ex Senador señor Elizalde, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.898, que establece un procedimiento simplificado para la regularización de viviendas de autoconstrucción, con el objeto de ampliar los plazos de vigencia de dicha normativa legal, en los casos que se indican, iniciativa que corresponde al boletín 15.689-14.
--A la tramitación legislativa del proyecto (boletín 15.689-14) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El objetivo de este proyecto es renovar la vigencia del procedimiento especial de regularización de edificaciones destinadas a microempresas inofensivas o equipamiento social, establecido en la ley N° 20.898, y realizar algunas precisiones técnicas a dicho texto, orientadas a facilitar su aplicación.
La Comisión de Vivienda y Urbanismo hace presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento del Senado, discutió este proyecto de ley en general y en particular, por tratarse de aquellos de artículo único, y acordó unánimemente proponer al señor Presidente que en la Sala sea considerado del mismo modo.
La referida Comisión deja constancia, además, de que aprobó la idea de legislar sobre la materia por la unanimidad de sus integrantes presentes, Honorables Senadores señoras Gatica y Pascual y señores Espinoza y Sandoval. Por idéntica unanimidad aprobó en particular la iniciativa en los términos que se consignan en el informe.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 20 y 21 del informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Es todo, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Para efectos del informe de Vivienda, tiene la palabra el Senador Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA.-
Gracias, señor Presidente.
Este proyecto, que está en su primer trámite constitucional, se origina en una moción de los Honorables Senadores señoras Rincón y Gatica y señores Sandoval y Walker y del ex Senador señor Elizalde.
Cabe hacer presente que en la sesión en que se analizó esta materia se contó con la participación de distintos representantes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo: la señora Jeannette Tapia, asesora legislativa; el señor Carlos Araya, Jefe de la División Política Habitacional, y el señor Ricardo Leñam, arquitecto de la División de Desarrollo Urbano.
Asimismo, concurrió especialmente invitado el Presidente de la Asociación de Directores de Obras Municipales de Chile, don Yuri Rodríguez.
La discusión del proyecto se concentró, fundamentalmente, en la pertinencia de renovar íntegramente la vigencia de la ley Nº 20.898, según lo propuesto por la moción, o solo de algunos de sus títulos, particularmente tras la publicación de la ley 21.558, que extendió la eficacia del Título I, sobre regularización de viviendas, hasta el 31 de diciembre del 2025.
Además, se tuvieron a la vista diversas objeciones expuestas tanto en general acerca de la inconveniencia de reiterar este tipo de regulación excepcional que afecta a la normativa permanente como también en lo específico, dado que el Minvu planteó observaciones destinadas a perfeccionar el procedimiento simplificado.
En definitiva, la Comisión optó por renovar la vigencia del Título II de la ley 20.898, sobre regularización de edificaciones destinadas a microempresas inofensivas o equipamiento social, y también acoger algunas precisiones técnicas dentro de la idea matriz, orientadas a facilitar la aplicación de dicho cuerpo legal.
En consecuencia, se aprobó un texto sustitutivo que, con relación a los plazos de vigencia, contempla lo siguiente:
-No consultar la prórroga del Título I, sobre regularización de viviendas, ya que fue recientemente aprobada en la ley 21.558, hasta el 31 de diciembre del 2025.
-Ampliar la vigencia del Título II, sobre regularización de edificaciones destinadas a microempresas inofensivas o equipamiento social, hasta la fecha prevista para el Título I.
-Eliminar, por innecesaria, la prórroga del Título III, sobre regularización de viviendas financiadas con subsidios para atender la catástrofe del 27 de febrero del 2010.
-Trasladar el artículo transitorio propuesto, orientado a disponer que el plazo solo se aplica como límite al ingreso de solicitudes pero no obsta a que la tramitación continúe, como artículo 17 de la ley N° 20.898, pues es un contenido de aplicación general.
Adicionalmente, se recogen algunas precisiones técnicas que apuntan a los siguientes objetivos:
-Remarcar que en el caso del Título I, como consecuencia de la aplicación del procedimiento, los permisos de edificación y de recepción definitiva se obtendrán en forma simultánea.
-Aclarar la terminología del Título I, consignando que los baños y cocina son parte de la superficie edificada, pero no integran la superficie habitable.
-Disponer que los solicitantes aporten formulario único de estadísticas de edificación o el certificado de su ingreso electrónico. En el caso de las regularizaciones financiadas con subsidios, se les pide además copia del certificado que los acredite.
-Actualizar la referencia a la Ley sobre Copropiedad Inmobiliaria.
Es cuanto puedo informar a esta Honorable Sala, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias, Senador.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
(Luego de unos instantes).
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor COLOMA (Presidente).-
Cerrada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto (30 votos a favor y 1 abstención), y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Ebensperger, Gatica, Órdenes, Pascual, Provoste, Rincón y Sepúlveda y los señores Araya, Castro González, Coloma, De Urresti, Durana, Edwards, Espinoza, Flores, Huenchumilla, Kast, Keitel, Kusanovic, Latorre, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Quintana, Saavedra, Sandoval, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.
Se abstuvo el señor Galilea.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Se consigna la intención de voto favorable de los Senadores señores Núñez y Chahuán.
El señor COLOMA (Presidente).-
Queda aprobado el proyecto y pasa a la Cámara de Diputados para su segundo trámite constitucional.
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El señor COLOMA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Felipe Kast.
El señor KAST.-
Gracias, Presidente.
Muy breve.
Hoy día en la sesión de la Comisión de Seguridad, por unanimidad de los miembros presentes, se acordó solicitar a la Sala que autorice refundir los proyectos correspondientes a los boletines números 16.180-25, 16.210-25 y 16.224-25.
Estas tres iniciativas se refieren a conductas terroristas, se encuentran en primer trámite constitucional y todas ellas han sido radicadas en la Comisión de Seguridad.
Por el hecho de compartir los objetivos comunes y por razones de eficiencia en el trabajo legislativo, estimamos oportuno tratarlas simultáneamente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muy bien.
Entonces, se solicita refundir los proyectos señalados por el Senador Kast.
Senador Quintana.
El señor QUINTANA.-
Presidente, yo concuerdo con el Senador Kast y pido que también se incorpore una moción de otros cinco Senadores que trata sobre la misma materia y que está ingresando en este momento.
El señor COLOMA (Presidente).-
Pero, Senador, no puedo incorporar una moción que está ingresando y...
El señor QUINTANA.-
Está ingresando, y usted la va a tener en su pupitre en escasos minutos.
El señor COLOMA (Presidente).-
Cuando ingrese vamos a pedir que se sume a la propuesta, Senador.
El señor QUINTANA.-
Bueno.
Gracias.
El señor COLOMA (Presidente).-
Bien.
Se acuerda, entonces, refundir las mociones señaladas, y quedamos a la espera de la otra para también unirla.
(El señor Presidente hace sonar la campanilla en señal de acuerdo).
Vamos, entonces, al segundo punto de la tabla.
MODIFICACIÓN DE CÓDIGO PENAL Y CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA SANCIONAR COMO FALTA EL PORTE INJUSTIFICADO DE COMBUSTIBLES APTOS PARA COMETER ATENTADOS CONTRA LAS PERSONAS U OCASIONAR DAÑO EN LAS COSAS
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El señor Presidente pone en discusión el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Penal y Código Procesal Penal, para sancionar como falta el porte injustificado de combustibles aptos para la comisión de atentados contra las personas o para ocasionar daños en las cosas durante reuniones en lugares públicos, iniciativa que corresponde al boletín Nº 15.956-25.
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho calificándola de "discusión inmediata".
--A la tramitación legislativa del proyecto (boletín 15.956-25) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Esta iniciativa tiene por objeto proteger el derecho a manifestarse pacíficamente, asegurando la integridad física de las personas que ejercen esa garantía, de los transeúntes y de aquellos funcionarios que están encargados de mantener, resguardar y restablecer el orden público, adelantando la punición a actos preparatorios de la elaboración y porte de artefactos incendiarios o de quema de objetos o estructuras con ocasión de reuniones en lugares públicos, siempre y cuando no pueda proporcionarse una explicación razonable para el porte de la sustancia combustible en dicho contexto.
La Comisión de Seguridad Pública hace presente que, conforme a la urgencia formulada y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, discutió en general y en particular esta iniciativa de ley.
Dicho órgano técnico deja constancia, asimismo, de que aprobó en general el proyecto de ley por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Flores, Kast, Kusanovic y Ossandón, y en particular lo sancionó con las modificaciones y votaciones que se consignan en su respectivo informe.
Adicionalmente, la Comisión consigna que, atendida la aprobación del proyecto en los términos propuestos, dicha instancia acordó, por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señora Vodanovic y señores Flores, Kast, Kusanovic y Ossandón, el reemplazo de la denominación administrativa de la iniciativa por la siguiente: "Proyecto de ley que modifica el Código Penal para sancionar como simple delito el porte injustificado de combustibles aptos para la comisión de atentados contra las personas o para ocasionar daño en las cosas durante reuniones en lugares públicos".
Cabe señalar que el Senador señor Flores ha presentado dos indicaciones a esta iniciativa: una, para sustituir el artículo único por el que señala en dicho texto, y otra, para agregar un artículo 2.
En ese contexto, las indicaciones son del siguiente tenor.
La primera, como indiqué, es para sustituir el artículo único del proyecto, que pasa a ser primero, por el siguiente:
"Artículo primero. Introdúcese en el Código Penal, a continuación del artículo 494 ter, el siguiente artículo 494 quáter:
"El que, en el contexto de una reunión en un lugar de uso público, porte injustificadamente combustible apto para cometer atentados contra las personas o para ocasionar daño en las cosas, será sancionado con multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales, salvo que el hecho sea constitutivo de un delito de mayor gravedad".".
Esa es la primera indicación.
La segunda es para incorporar un artículo segundo, nuevo, del siguiente tenor:
"Artículo segundo. Agrégase en el inciso cuarto del artículo 134 del Código Procesal Penal, entre los guarismos "494 bis" y "495 Nº 21", el guarismo "494 quáter,".".
El señor COLOMA (Presidente).-
Gracias, Secretario.
Para los efectos de entregar el informe de este proyecto, le ofrezco la palabra al Senador Felipe Kast.
El señor KAST.-
Gracias, Presidente.
Creo que el Secretario ha hecho una descripción bastante detallada del proyecto, por lo que no quiero redundar.
Solamente quiero compartir con los colegas que el debate se redujo básicamente a dos posiciones.
Una era la de aquellos que apoyaban la posición del Ejecutivo, que implicaba mantener la tipificación del porte injustificado de combustible apto para la comisión de atentados contra las personas en lugares de uso público como una falta -esa era la posición del Ejecutivo-, con la explícita facultad de tomar detenidos.
Esa era una opción.
La otra consistía simplemente en calificar esta conducta como un delito menor, permitiendo tomar detenidos, sin necesidad de hacer la otra excepción.
Finalmente, la mayoría de la Comisión optó por la alternativa de tipificar esta conducta como delito, y eso es lo que estamos votando el día de hoy.
La indicación del Senador Flores va justamente en la línea de restituir la posición del Ejecutivo.
Básicamente, eso es lo que ocurrió en la Comisión.
Creo que se trata de un proyecto de ley muy simple que concita coincidencia en el fondo.
Solo había divergencias en cómo se aplica esta norma en la práctica, esto es, si la conducta descrita es delito o solo falta.
Eso es básicamente lo que puedo informar, Presidente, para ser lo más objetivo posible.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias, Senador Kast.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Entonces, tenemos que votar en general el proyecto; después veremos las indicaciones que ha formulado el Senador Flores.
En votación.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
En votación solo general el proyecto.
(Luego de unos instantes).
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor COLOMA (Presidente).-
Cerrada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (31 votos a favor y 2 en contra).
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Órdenes, Rincón, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Araya, Coloma, De Urresti, Durana, Edwards, Flores, Gahona, Galilea, Huenchumilla, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Latorre, Macaya, Moreira, Prohens, Pugh, Quintana, Saavedra, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.
Votaron por la negativa la señora Pascual y el señor Núñez.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
También se registra un pareo.
Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Chahuán.
El señor COLOMA (Presidente).-
Por tanto, queda aprobado en general el proyecto de ley.
Ahora tenemos que analizarlo en particular, a partir de las indicaciones presentadas.
El señor Secretario ya las leyó.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Así es, señor Presidente.
Corresponde someter a consideración de la Sala, en consecuencia, la primera indicación presentada por el Senador señor Flores, cuyo propósito es sustituir el artículo único, que pasa a ser primero.
El artículo primero, que se pretende incorporar por esta indicación, es del siguiente tenor:
"Artículo primero. Introdúcese en el Código Penal, a continuación del artículo 494 ter, el siguiente artículo 494 quáter".
El texto de dicho artículo ya se leyó al momento de dar cuenta de la presentación de la indicación.
El señor COLOMA (Presidente).-
Ofreceré la palabra a la Ministra Carolina Tohá y posteriormente al Senador Iván Flores.
Tiene la palabra, Ministra.
La señora TOHÁ (Ministra del Interior y Seguridad Pública).-
Gracias, Presidente.
El proyecto que está en discusión hoy día se originó en un mensaje del Presidente de la República.
Lo que busca este mensaje es entregar herramientas a las Policías, al Estado, para controlar de mejor manera todas las circunstancias que puedan determinar que se sigan utilizando bombas incendiarias en el contexto de manifestaciones públicas.
En nuestra legislación actual, armar, lanzar o tener los elementos para confeccionar una bomba molotov recibe altas penas privativas de libertad.
Por lo tanto, con este proyecto entregamos una posibilidad para evitar que se pueda incluso intentar armar una bomba molotov; se actúa antes de que se reúnan los elementos requeridos para su confección. Y para ello, a través del decreto con fuerza de ley que regula las reuniones públicas, se prohibirá que se lleve combustibles a tales instancias.
Cabe indicar que la propuesta del Ejecutivo consistía en dos artículos.
El primer artículo transformaba el porte de combustibles, en el contexto de manifestaciones, en una falta que se sancionaba con una multa que va de 10 a 20 UTM.
Y el segundo posibilitaba que las Policías detuvieran a la persona que llevara combustible a una manifestación, pese a que, por regla general, las faltas no habilitan a efectuar una detención.
Entonces, se creaba aquí una excepción que permitía a las Policías detener a una persona que llevara combustibles a una manifestación, porque el objetivo que se busca es proteger dicho acto público para que no se activen bombas molotov en su contexto y para entregarles a las Fuerzas de Orden una herramienta preventiva para evitar que se llegue a esa situación.
Durante el debate del proyecto en la Cámara de Diputados se aprobó la propuesta del Ejecutivo, pero se agregó un artículo que establecía que la misma conducta constituía un delito con pena privativa de libertad.
A este respecto, el Ejecutivo hizo dos reparos de constitucionalidad, Presidente, en la Cámara de Diputados, ambos avalados por el Secretario de la Comisión: el primero, porque se aprobaron dos artículos contradictorios al catalogar la conducta como una falta y un delito al mismo tiempo, en la misma ley; y el segundo, porque la indicación que se presentó era contraria a las ideas matrices del proyecto.
Parte del nombre de la iniciativa decía: "sancionar como falta el porte de combustibles (...) durante reuniones en lugares públicos". Sin embargo, la propuesta parlamentaria terminó catalogando la falta como un delito, cuestión que tenía un propósito distinto a la idea matriz del proyecto original del Ejecutivo.
En definitiva, no se logró detener la tramitación de la indicación y el proyecto llegó al Senado con dos artículos contradictorios y con una indicación contraria a las ideas matrices. Y en la Comisión de Seguridad Pública, por su parte, se eliminaron los dos artículos originalmente propuestos por el Ejecutivo y se dejó una sola norma que establece un delito con pena privativa de libertad, para lo cual hubo incluso que cambiarle el nombre al proyecto, que ahora señala: "sancionar como simple delito el porte de combustibles (...) durante reuniones en lugares públicos". Por lo tanto, se introdujo una modificación contraria a las ideas matrices del texto original del Gobierno.
Esta situación constituye un precedente bien complejo, porque era un proyecto prácticamente unánime y coherente con lo manifestado por los invitados a la Comisión de Seguridad. Ayer participaron el abogado Antonio Bascuñán y un representante, me parece, de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional, quienes coincidieron en que, desde el punto de vista del tratamiento penal y dado que era una acción de peligro, lo coherente era que recibiera una pena consistente en una multa y no una pena privativa de libertad.
En el debate, Presidente, se hizo mucha analogía con el porte de armas, que se encuentra sancionado y al cual le subimos la pena en el contexto de lugares públicos. Pero las armas son bienes de circulación restringida que solo pueden tener aquellos que las inscriben y se hallan sometidas a una serie de controles. No son lo mismo que el combustible, que es un bien de venta general, porque cualquier persona puede andar trayéndolo o puede comprarlo.
Por lo tanto, si queremos evitar que el combustible llegue a las marchas, está bien aplicarle una sanción, pero establecer de antemano que su porte comienza con una pena de cárcel no parece prudente. Y desde el punto de vista de la técnica legislativa constituye un uso poco eficiente del sistema penal, porque en los tribunales las personas que porten combustibles serán sometidas a juicio en lugar de aplicarles directamente una pena de multa, que sería mucho más expedito y mucho más eficaz en la práctica.
Entonces, nuestro llamado a la Sala es que se rechacen los cambios que se hicieron en la Comisión de Seguridad y se apruebe la indicación que ha presentado el Senador Flores, mediante la cual se restituye el texto original del proyecto, que es coherente y que busca el objetivo de inhibir el porte de combustible de una manera racional, entregándoles además herramientas a las Policías para detener a quienes porten combustibles en las reuniones públicas.
Muchas gracias, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Gracias, Ministra.
Tiene la palabra el Senador Flores.
El señor FLORES.-
Muchas gracias, Presidente.
En primer lugar, saludo a la Ministra del Interior, quien se encuentra presente en la Sala.
Como una consecuencia de mi postura frente al debate y a la votación en general y ahora en particular de este proyecto se puede considerar la presentación de esta indicación.
Ya lo señalaba la Ministra, y no voy a repetir los argumentos jurídicos: luego de haber debatido en la Comisión y de haber escuchado a los expertos, está claro que la idea matriz del proyecto busca crear una falta y no un delito nuevo que desregula el propio Código Penal.
Y la modificación que introduce la Cámara justamente genera esta contraposición a la idea matriz, lo cual, a mi modo de ver, no corresponde.
Estimados colegas, la idea matriz del proyecto busca que se pueda multar, sancionar, registrar e incluso detener a quien porte combustibles aptos para cometer un delito en lugares de uso público, porque ya sabemos que el porte de un artefacto que utiliza combustible, como una bomba molotov, ya se encuentra penalizado como un delito y recibe una respuesta jurídica dura y agravada en un grado si es lanzado contra personas o bienes. Entonces, la idea matriz es calificar el hecho como una falta y que se permita a los representantes del orden público detener a la persona, cuestión que ahora no es posible.
El objetivo de la indicación es restituir la idea matriz y desechar una modificación penal que pienso que va a generar algunos conflictos jurídicos.
Entendemos que simplificar como una falta el porte de combustibles hará mucho más operativa la sanción y no debería dar origen a ningún tipo de interpretación.
Por lo tanto, Presidente, considero que requerimos volver a la idea matriz para evitar que alguien que transporte combustible pueda transformarlo en una bomba molotov u otro artefacto explosivo o incendiario, y así poder detenerlo, registrarlo y sancionarlo a través de multas.
Por último, cabe señalar que la indicación corrige un error respecto de la referencia al artículo 454 y, por lo tanto, también está presentada en tal sentido.
Presidente, nosotros necesitamos, además de precisar la sanción que recae sobre quienes transporten combustibles, o en caso de que lo transformen en algún artefacto -cosa que ya está regulada-, hacer cumplir la ley, independiente de si hoy día, como espero, se apruebe la indicación propuesta para regresar a la idea matriz del proyecto.
Gracias, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias, Senador.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación la primera indicación planteada por el Senador Flores.
(Rumores).
La idea de legislar ya se aprobó y ahora estamos votando una indicación del Senador Flores, quien la explicó profusamente, que busca cambiar lo que se aprobó en la Comisión de Seguridad; es una indicación sustitutiva respecto del tema.
Aquellos que están de acuerdo con la indicación votan que sí, y quienes están en desacuerdo votan que no.
En votación.
(Durante la votación).
Senador Lagos, tiene la palabra para fundamentar.
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, seré bien breve.
Se ha hecho un esfuerzo genuino para avanzar con una agenda en materia de seguridad, tratando de establecer los mejores criterios, la máxima razonabilidad para que los textos permitan hacer justicia, pero sin pasarnos de la raya.
Por tanto, lo que estamos tratando de hacer con esta indicación, yo entiendo, es volver al estado en que el proyecto era equilibrado: se trata de perseguir una conducta de peligro.
Eso es lo que está detrás.
En consecuencia, que deba sancionarse con una multa, a partir de una falta, no es algo que me parezca a mí solamente, sino que lo señalaron los expertos juristas que vinieron el día de ayer, como el profesor Antonio Bascuñán.
Y les quiero poner un ejemplo que es bien cotidiano.
En el invierno, muchos chilenos y chilenas usan calefacción a base de parafina, la cual se va a comprar. Y don José, a quien conozco, va a comprarla en su moto con su bidón oficial de cinco litros y vuelve a dejarla. Y pasa muy a menudo por lugares donde a veces hay manifestaciones sociales. Pasa suavemente, tranquilo, y lo dejan seguir. Pero con el criterio que están estableciendo algunos acá, basta con que carabineros detenga a don José, vea que anda con el bidón de parafina y establezca que es un delito. Y a uno le enseñan en las escuelas de derecho que tiene que haber proporcionalidad entre la falta y la conducta de peligro respecto a cómo la vamos a sancionar. Con esta medida se llega a un exceso.
Yo les digo, a quienes creen que al establecer el carácter de delito se va a impedir algo, que estamos en el camino equivocado.
Voy a votar favorablemente la indicación del Senador Flores.
Muchas gracias.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor COLOMA (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se rechaza la indicación presentada por el Senador señor Flores para sustituir el artículo único (22 votos en contra y 18 a favor).
Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger y Gatica y los señores Bianchi, Coloma, Cruz-Coke, Durana, Edwards, Gahona, Galilea, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Sandoval, Sanhueza y Van Rysselberghe.
Votaron por la afirmativa las señoras Carvajal, Órdenes, Pascual, Rincón, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Araya, De Urresti, Espinoza, Flores, Huenchumilla, Lagos, Latorre, Núñez, Quintana, Saavedra, Velásquez y Walker.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Hay dos pareos registrados en la Mesa.
El señor COLOMA (Presidente).-
Queda rechazada la indicación.
Propongo que con la misma votación, pero inversa, se apruebe el artículo único, sobre el cual recaía la indicación.
Acordado.
No tiene sentido votar la segunda indicación, que dependía de la aprobación de la primera; o sea, se entendería retirada para estos efectos.
El proyecto vuelve a la Cámara de Diputados para su tercer trámite constitucional.
Vamos al siguiente punto de la tabla.
PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD, AMPLIACIÓN DE PERÍODO DE FLAGRANCIA Y FACILITACIÓN DE DETENCIÓN DE OCUPANTES RESPECTO DE DELITO DE USURPACIÓN
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El señor Presidente pone en discusión el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas e incorpora mecanismos eficientes de restitución, iniciativa correspondiente a los boletines Nos 14.015-25 y 13.657-07.
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho calificándola de "suma".
--A la tramitación legislativa del proyecto (boletines 14.015-25 y 13.657-07, refundidos) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Este proyecto de ley inició su tramitación en el Senado, el cual aprobó un texto que consta de cuatro artículos permanentes y un artículo transitorio, cuyos objetivos son: sancionar con presidio toda hipótesis de usurpación; extender el período de flagrancia tratándose de este delito; permitir, tanto durante la investigación del delito como al presentarse una demanda civil, la restitución anticipada del inmueble ocupado; autorizar la aplicación de técnicas especiales de investigación en la persecución de las usurpaciones; castigar con pena de presidio la celebración con engaño de compraventas o arrendamientos de un sitio ocupado ilegalmente; modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones para sancionar al ocupante ilegal que pretenda transferir el dominio de lotes de terrenos tomados; incorporar restricciones en las normas para regularizar la pequeña propiedad raíz mientras exista un juicio pendiente por el delito de usurpación, y hacer inaplicables las reglas sobre detención y flagrancia contenidas en esta iniciativa respecto de quienes habitan en campamentos catastrados hasta el año 2022.
A su respecto, la Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, introdujo un conjunto de modificaciones a la iniciativa, recaídas en sus artículos 1°, 2° y 4°, agregando además un artículo 5°, nuevo, y reemplazando su artículo transitorio. Las referidas enmiendas corresponden a las siguientes.
En el artículo 1°, que introduce modificaciones al Código Penal, se reemplazó en el numeral 4 el artículo 458 bis propuesto, para establecer que se impondrá el máximo de las penas previstas en los artículos 457 y 458 si la ocupación se realiza en un lugar habitado o destinado a la habitación; obstaculizando una acción destinada a impedir o dificultar la propagación de incendios; u obstaculizando el suministro de servicios públicos o domiciliarios, tales como electricidad, gas, agua, alcantarillado, colectores de aguas lluvia o telefonía.
También ha suprimido los números 5 y 6, que incorporaban, respectivamente, un artículo 458 ter, referido a los delitos cometidos con intervención de menores de dieciocho años de edad y mayores de catorce; y un artículo 458 quáter, relativo a los delitos cometidos por una organización delictiva.
Ha incorporado un N° 6, nuevo, que introduce un artículo 462 ter, conforme al cual el que sin estar legalmente autorizado destruya o altere los términos o límites de un inmueble con el objetivo de posibilitar una posesión será sancionado con multa de seis a diez unidades tributarias mensuales; al igual que quien, sin la posesión material del bien inmueble, instale banderas, estacas u otras demarcaciones destinadas a manifestar intención de posesión de sitios no destinados a la habitación, sin el consentimiento de quien lo posea en virtud de título legítimo.
Cabe señalar que respecto de este nuevo N° 6 el Senador señor Quintana ha solicitado votación separada.
También ha sustituido el N° 8, que pasó a ser N° 7, introduciendo un artículo 470 bis, que dispone que se impondrán respectivamente las penas señaladas en el artículo 467, aumentadas en un grado, al que mediante engaño dispusiera a otro a celebrar cualquier clase de actos o contratos que tengan por finalidad última o inmediata la transferencia del dominio o la concesión del uso y goce de un sitio, lote o terreno sin tener título legítimo de dominio o posesión, ni autorización del que lo detenta legítimamente para celebrar actos o contratos, siempre que le ocasionare perjuicio patrimonial a la víctima.
Respecto del numeral 8, que pasó a ser 7, el Senador señor Quintana también solicitó votación separada.
Luego, en el artículo 2°, que introduce modificaciones al Código Procesal Penal, se han introducido las siguientes modificaciones.
Ha suprimido el N° 2, que incorpora un artículo 157 bis, sobre restitución anticipada en procedimientos por ocupación de inmueble.
Respecto de esta enmienda también ha solicitado votación separada el Senador señor Quintana.
Luego, ha eliminado el N° 4, que reemplazaba en el inciso primero del artículo 226 bis la referencia a diferentes normas del Código Penal.
En el artículo 4°, que incorpora modificaciones al decreto ley N° 2.695, de 1979, que fija normas para la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella, ha incorporado un N° 1, nuevo, que agrega, en el inciso primero del artículo 2°, un numeral 3 con un nuevo requisito para poder ejercitar el derecho a regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y adquirir su dominio por prescripción, consistente en acreditar, mediante declaración jurada, que no existe juicio pendiente en su contra o sentencia condenatoria respecto al delito de usurpación regulado en los artículos 457, 458 y 458 bis del Código Penal.
Asimismo, ha consultado, en el N° 1, que pasa a ser N° 2, con la redacción que se indica, el reemplazo del artículo 6° de la ley, relativo a la acreditación del cumplimiento del requisito de no existir juicio pendiente.
Enseguida, ha sustituido en el N° 3, que ha pasado a ser N° 4, en la oración final que propone agregar en el inciso segundo del artículo 9°, la frase "sobre el mismo inmueble o parte de él", por la siguiente: ", si ésta tuviere por objeto el mismo inmueble o parte de él".
En seguida, ha incorporado un N° 5, nuevo, que reemplaza el artículo 12°, referido a los requisitos que deben cumplirse en forma previa a la resolución del Servicio que ordene la inscripción del inmueble en el Registro de Propiedad del conservador de bienes raíces respectivo.
Asimismo, ha agregado un artículo 5°, nuevo, conforme al cual el Director del Servicio de Vivienda y Urbanización podrá deducir acciones y querellas respecto de hechos que sean constitutivos de los delitos previstos en los artículos 457, 458, 458 bis, todos del Código Penal, referidos a la ocupación y usurpación, que se hayan cometido en el territorio de su competencia.
Con relación al artículo transitorio de la iniciativa, lo ha sustituido a fin de disponer que no podrá ser detenida conforme al artículo 134 del Código Procesal Penal la persona que estuviere imputada por alguno de los delitos señalados precedentemente si se encontrare ocupando un inmueble que forme parte de un campamento incluido en el Catastro Nacional de Campamentos elaborado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo vigente al 1° de marzo del año 2024.
Para tales efectos, la norma establece que entre la fecha de publicación de la ley y el 1° de marzo de 2024 regirá el Catastro Nacional de Campamentos vigente.
Finalmente, se dispone que tampoco procederá lo dispuesto en el artículo 189 del Código Procesal Penal respecto de las personas referidas en el presente artículo.
El Senado debe pronunciarse acerca de las enmiendas efectuadas por la Cámara de Diputados.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición se transcriben el texto aprobado por esta Cámara de origen en el primer trámite constitucional, y las modificaciones introducidas por la Cámara revisora en el segundo trámite constitucional.
Es todo, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Gracias, señor Secretario.
Ofrezco la palabra sobre este proyecto.
Senador Cruz-Coke.
El señor CRUZ-COKE.-
Muchas gracias, señor Presidente,...
El señor COLOMA (Presidente).-
Excúseme, Senador, pero antes de que hable debo recordar que estamos en el tercer trámite.
Entonces, vamos a dar un pequeño tiempo para que Sus Señorías puedan intervenir, porque después tenemos que realizar varias votaciones separadas. Así que iremos haciendo esto por turnos.
Tiene la palabra, Senador Cruz-Coke.
El señor CRUZ-COKE.-
¡Me está diciendo que sea corto...!
El señor COLOMA (Presidente).-
¡No! ¡Como cada uno quiera...!
El señor CRUZ-COKE.-
Está bien.
Muchas gracias, señor Presidente.
La idea de este proyecto sobre usurpaciones es dar respuesta a una de las demandas más sentidas de aquellos que han sido afectados por la violencia, por el crimen organizado y por la falta de respuesta del Estado en esta materia por largo tiempo.
Quiero que hagamos memoria acerca de cómo llegamos hasta acá. Recordemos el caso ocurrido aquí mismo, en esta región, de Alejandro Correa, que en paz descanse, quien en todo su derecho acudió a los tribunales precisamente por la usurpación de un terreno de su propiedad y que, en lugar de recibir la protección que merecía por parte del Estado, recibió por parte de un sicario un balazo que le causó la muerte.
Señalo esto, Presidente, porque no estamos hablando de simples usurpaciones. Por cierto, hay cosas que realmente son indignantes, como el hecho de que alguien se tome la propiedad de otro sin más y no responda por nada ni ante nadie, lo cual produce rabia y también una sensación de injusticia y desprotección enorme.
Acá estamos hablando ya de verdaderas industrias, de verdaderas inmobiliarias ilegales que se toman terrenos y los transan ilegalmente en redes sociales, a vista y paciencia de todo el mundo. Y no solo en La Araucanía: vemos esto en la Región Metropolitana, en la Quinta Región, en el norte de Chile, todo ello agravado, además, por el problema de vivienda que hemos tenido, que es de otra naturaleza, pero respecto del cual el Estado -probablemente el gran culpable al final de aquellas cosas que empiezan a producirse por la vía de los hechos, en la práctica, lo que demuestra que se requiere, de una vez por todas, una gran modernización y reformas en la materia-, nuevamente no se hace cargo.
Por ende, más allá de las discrepancias, pienso que han hecho mal las declaraciones que señalan que este proyecto eventualmente no se promulgaría -le hablo acá a mi excolega y Ministro Elizalde-, o que se podría recurrir en contra de él.
Me parece que el Gobierno debe tomar conciencia, además, de que estamos ante un problema que, en verdad, ya superó sencillamente las herramientas legales que hoy día teníamos a disposición y que estamos tratando de salvar con esta iniciativa.
Este proyecto se hace cargo de una situación de larga data, que ha perdurado durante bastante tiempo, y por eso quiero valorar, asimismo, lo que han hecho, mediante una moción, muchos de nuestros colegas y las discusiones que se han dado sobre el particular.
Se trata de una iniciativa que se ha ido perfeccionando a través de distintos trámites y que lamentablemente nos enfrenta entre dos posiciones: la de algunos que plantean que sí, pero siempre hay cierto elemento que retrasa la acción eficaz y firme del Estado; y la de otros que dicen: "Bueno, vamos de una vez por todas a tratar de resolver este problema".
Creo que esta normativa merece ser aprobada luego, así que desde ya anuncio mi voto a favor y el de nuestra bancada.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
A usted, Senador.
Senador García, tiene la palabra.
El señor GARCÍA.-
Muchas gracias, Presidente.
Quiero recordarle a la Sala que en el mes de enero del presente año nosotros suscribimos un acuerdo con el Gobierno. Nos llamó el propio Presidente de la República, en la víspera de su viaje a La Araucanía, para convocarnos a una reunión aquí, en el cerro Castillo, en que nos pidió al Senador Quintana y a quien habla concordar un texto.
Pues bien, nos pusimos de acuerdo en un texto que en lo que respecta a la flagrancia permanente decía lo siguiente: "También podrá detenerse al imputado que estuviere cometiendo alguno de los delitos descritos en los artículos 457 y 458 del Código Penal, mientras se hallare en alguna de las hipótesis del artículo 130, para cuyos efectos se entenderá que existe situación de flagrancia en tanto permanezca en el inmueble usurpado u ocupado".
Fueron testigos de este acuerdo por parte del Ejecutivo la entonces asesora del Ministerio del Interior, señora Leslie Sánchez, ratificado por la Ministra subrogante de la Segprés en ese minuto, Macarena Lobos, y por el Subsecretario del Interior, don Manuel Monsalve.
Con relación a la usurpación no violenta, con pena de presidio, también tuvimos acuerdo. El texto decía exactamente como sigue: "Artículo 458. Cuando, en los casos del inciso primero del artículo anterior, el hecho se llevare a efecto sin violencia o intimidación en las personas, la pena será de prisión en cualquiera de sus grados".
En tercer lugar, en cuanto a la pena actual de multa, bueno, como no produce ningún efecto desde el punto de vista penal, no sirve. Esa es la realidad.
En lo tocante a la legítima defensa privilegiada, que fue uno de los aspectos aprobados por el Senado primero, ratificado por la Cámara de Diputados, y que ha recibido fuertes descalificaciones por parte de personeros del Gobierno, debo recordar que esta es una institución que ya existe, por ejemplo, respecto del robo con violencia. ¿Cuál es la diferencia? Que en un caso se trata de un bien mueble, y en el otro, de un bien inmueble, como ocurre con la usurpación.
Por lo tanto, la legítima defensa ya existe, y lo que exige es que la agresión ilegítima sea actual o inminente. No podría, como se ha sostenido, bajo ningún aspecto operar la hipótesis de legítima defensa privilegiada a los tres días o al mes. En tal sentido, no podría en caso alguno promover la llamada "autotutela".
Señor Presidente, mi intervención es muy simple, muy sencilla: yo les pido a los Ministros aquí presentes que representan al Gobierno, a la Ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá; al Ministro Secretario General de la Presidencia (ex Presidente del Senado), don Álvaro Elizalde, que cumplan con la palabra, que cumplan con el compromiso adoptado en el mes de enero del presente año.
De otro lado, quiero mencionar que con la Senadora Carmen Gloria Aravena estuvimos en el Palacio de La Moneda a fines de enero o primeros días de febrero, y señalamos que nos parecía raro que las indicaciones que se habían comprometido no fueran ingresadas. Y, en presencia del Subsecretario Manuel Monsalve, se volvió a asegurar que el Gobierno iba a cumplir con la palabra, iba a cumplir con los acuerdos.
Por eso, y habiendo nosotros seguido todo el proceso, reiteramos nuestra posición. Este es un proyecto extraordinariamente necesario, no solo para La Araucanía, sino también para todo el país.
En consecuencia, solicitamos que el Ejecutivo cumpla con su compromiso, cumpla con la palabra empeñada.
Gracias, Presidente.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
A usted, señor Senador.
Tiene la palabra el Senador Iván Moreira.
El señor MOREIRA.-
Gracias, Presidente.
Saludo al señor Ministro.
El Gobierno del Presidente Boric tiene un severo problema de contradicción entre lo que dice y lo que finalmente les propone al país y a este Congreso, en especial en materias de seguridad.
Mientras mantiene un discurso a veces firme y hasta duro contra la delincuencia que asola nuestro país, exhibe como logros pequeños avances parciales en ciertos delitos en determinadas zonas, al tiempo que omite el aumento de las cifras generales de otros delitos, la sensación de inseguridad de nuestras poblaciones y las cifras de victimización ratificadas por todas las encuestas que preguntan por el tema.
Pasó esto con la Ley Nain-Retamal y también con este proyecto de ley.
Las indicaciones del Gobierno presentadas en la Cámara de Diputados no buscaban mejorar la persecución del delito o su sanción: ellas iban en el sentido de aumentar la impunidad, lo que es una señal inquietante, en especial en los tiempos que corren.
Es esta nuestra opinión, y nos asiste el legítimo derecho a tenerla y a votar en conciencia y coherentemente con lo que hemos manifestado.
Cuando se presenta una indicación para dejar fuera de esta modificación a todos los campamentos catastrados hasta el 2022, es comprensible; cuando se plantea ampliar la exención hasta el 2024, aunque sea con enmiendas, me preocupa como señal y como ventana para los abusos.
Respecto del texto aprobado por la Cámara de Diputados, hay que destacar que el Gobierno perdió todas las votaciones separadas, menos una, y que incluso su sector, su facción más dura, votó en contra de sus indicaciones.
Lamentamos que el Ejecutivo nos haya informado públicamente que busca ignorar las amplias mayorías, en plena democracia, de la Cámara y de este Senado.
No logramos entender que el Presidente de la República, en estos últimos días, haya tenido actuaciones amenazantes, de una, diría, falta de respeto hacia su propia coalición, cuando, por ejemplo, ha expresado que "los cobardes que no quieren enfrentar la Justicia se suicidan".
¡Eso les toca a todos: a la izquierda, a la derecha, a familias!
Asimismo, nos notifica que este proyecto de ley no lo va a promulgar.
Me parece que, no estando ni siquiera aprobada esta iniciativa, esa es una amenaza más del Presidente Boric, que se suma a la seguidilla de actuaciones que parecieran buscar -y disculpen la expresión- incendiar la pradera, dividirnos con sus declaraciones.
Y ello, ¿por qué? Seguramente para desviar la atención, a través de la odiosidad y la división, respecto de la conmemoración del 11 de septiembre. Pero yo digo que lo que busca quizás es parte de la estrategia tendiente a que haya más división en el país para desviar la atención y ocultar lo relativo al caso de corrupción más grande de los últimos años y que ha ocurrido por medio de las fundaciones y de algunos sectores de la propia coalición de gobierno.
Señor Presidente, aquí se ha intentado demonizar este proyecto de ley, profetizando que sería el lejano Oeste americano, que habría una incitación a la autotutela.
Solo quiero recordarles a los profetas del apocalipsis que si estamos en esta situación es porque el Estado no ha estado a la altura, no ha respondido al sufrimiento de las familias que se ven obligadas a abandonar sus terrenos, amenazadas e incluso violentadas, con un Poder Judicial, en especial la Tercera Sala de la Corte Suprema, que ha puesto límites y trabas donde la ley no lo hizo; donde el Ministerio Público suele lavarse las manos y derivar los casos a tribunales civiles; donde nuestras Policías, y le pido un minuto más, señor Presidente,...
(El señor Presidente asiente con la cabeza).
... esperan y esperan órdenes de desalojo que no llegan.
Es la impotencia de las víctimas y la inoperancia y negligencia del Estado lo que nos tiene en esta coyuntura.
Yo voy a votar a favor de lo hecho en la Cámara de Diputados como forma de solidarizar con las víctimas y de darles herramientas al Serviu, al Ministerio Público y a las Policías para que puedan cumplir con sus labores, no para que se instale la autotutela. Del Gobierno en este tema esperamos muy poco.
Insisto: en momentos en que debemos legislar, lamentablemente vemos a un Presidente levantando odiosidades, divisiones que en nada ayudan a producir los acuerdos que el propio Gobierno desea.
Por lo tanto le decimos: ¡No golpee nuestras puertas si nos sigue insultando como lo ha hecho en estos últimos días!
He dicho, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Gracias, Senador.
Tiene la palabra la Ministra.
La señora TOHÁ (Ministra del Interior y Seguridad Pública).-
Gracias, Presidente.
A ver, efectivamente a cada una de las personas que están en esta Sala les asiste el derecho a tener una opinión; sin embargo, a lo que no tenemos derecho es a interpretar a nuestro gusto lo que señala la ley. La ley dice lo que dice. Podemos estar a favor, podemos estar en contra, pero no podemos negar lo que dice.
El Senador García tiene razón, y el Gobierno va a cumplir y ha cumplido su palabra en cuanto a la idea de transformar la usurpación, en primer lugar, en un delito agravado para permitir la detención que hoy día no se puede efectuar, porque es una falta. Entonces, hoy las personas que están ocupando un lugar pueden ser desalojadas, pero son dejadas inmediatamente en libertad, y por tanto es factible que vuelvan a ocupar el mismo lugar pocas horas después, infinitas veces.
Eso va a cambiar con este proyecto de ley, porque al establecerse una penalidad más alta las personas van a ser detenidas por el hecho de hacer una usurpación.
En segundo lugar, el Ejecutivo dio la palabra, y la sostiene, para transformar este delito en uno permanente para los efectos de facilitar que en cualquier momento la policía pueda intervenir.
En eso estamos de acuerdo, no tenemos objeción.
El problema...
No sé si el Senador García se encuentra en la Sala.
El señor COLOMA (Presidente).-
No.
La señora TOHÁ (Ministra del Interior y Seguridad Pública).-
Presidente, es que esto es fundamental, porque en la Cámara de Diputados escuchamos este mismo debate, y lamentablemente se está votando sin entender lo que estamos votando.
El problema es que al transformar...
El señor GALILEA.-
¡No!
El señor SANHUEZA.-
¡Nos trata de tontos!
El señor MOREIRA.-
¡Mire cómo nos está tratando de tontos!
El señor KAST.-
¡Por favor, Presidente!
La señora TOHÁ (Ministra del Interior y de Seguridad Pública).-
No, perdón.
El señor MOREIRA.-
¡Usted nos está tratando de tontos!
La señora TOHÁ (Ministra del Interior y Seguridad Pública).-
¡No! ¡Perdón, perdón!
El señor COLOMA (Presidente).-
Evitemos los diálogos.
Evitemos la interrupción.
El señor MOREIRA.-
¡No, pues, Presidente!
La señora TOHÁ (Ministra del Interior y Seguridad Pública).-
¡Perdón!
El señor MOREIRA.-
¡Aquí está en el Senado, no en la Cámara de Diputados!
El señor COLOMA (Presidente).-
Evitemos las interrupciones.
La señora TOHÁ (Ministra del Interior y Seguridad Pública).-
Presidente, insisto...
El señor COLOMA (Presidente).-
Ministra, le ruego que se dirija a la Mesa si quiere referirse a otra persona.
La señora TOHÁ (Ministra del Interior y Seguridad Pública).-
¡Sí! ¡Me he dirigido a la Mesa todo el tiempo!
El problema es que se está votando sin entender que automáticamente -¡automáticamente!-, al ser el delito permanente, su ejecución inminente es permanente; de consecuencia, la legítima defensa privilegiada que se establece acá es permanente. Esto significa que no es solo por doce horas, como ocurre en un delito normal, sino que en cualquier momento se puede ejercer la legítima defensa, que no es cualquiera: ¡es privilegiada!
¿Qué significa que sea privilegiada? En primer lugar, que se puede actuar en defensa propia o de terceros; y, en segundo lugar, que se puede actuar con cualquier medio, independiente del daño que genere.
Esto quiere decir que, de acuerdo a la normativa que estamos aprobando, después de una usurpación se puede ir treinta días después con cincuenta personas premunidas de armas a dispararle a quien está ahí.
Eso es lo que estamos aprobando, porque, por supuesto, atacar aquí es usurpar: ¡atacar aquí es usurpar! ¡Ese es el delito que es permanente! ¡Y a ese delito le estamos dando legítima defensa privilegiada! ¡Eso es lo que está haciendo esta ley!
Ahora, si no hubiera claridad en esto, Presidente, y alguien lo interpretara de otra manera, sería bueno que lo aclaráramos antes, porque el tenor de la ley ¡es clarísimo! De hecho, el Ejecutivo hizo una distinción, ¡y se rechazó!, a efectos de decir que el delito sería permanente para habilitar la acción de las Policías, no así respecto de la legítima defensa. Y eso que el Ejecutivo puso para aclarar este punto se rechazó en la Cámara y en el Senado.
Por eso esta ley es tan compleja.
Segunda razón por la que es tan compleja.
Con el afán de subir la pena al delito que se ejerce con violencia en las cosas, quedaron igualadas las penas para la usurpación con violencia e intimidación y para aquella con violencia en las cosas. ¿Eso qué significa? Que si usted va a usurpar un terreno y se salta la reja, la pena será la misma que si se salta la reja, rompe adentro todo lo que hay y amenaza con una pistola al dueño. La pena es la misma. Además, con un marco penal rígido, o sea, sin espacio para que el juez evalúe. La pena es la misma si se salta la reja o si amenaza con una pistola.
Eso es lo que estamos aprobando hoy si se deja así este proyecto.
Además, estos elementos ya los aprobaron ambas Cámaras.
Por eso el Ministro Elizalde ha dicho... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).
El señor COLOMA (Presidente).-
Le vamos a dar un minuto más, igual que a los Senadores.
La señora TOHÁ (Ministra del Interior y Seguridad Pública).-
Por eso el Ministro Elizalde ha dicho que, así como está, esto no lo vamos a promulgar. Vamos a vetarlo. ¡Vamos a vetarlo! Porque nuestro Gobierno es responsable. Nuestra firma, no el anonimato, va a estar detrás de esta ley.
Y no queremos andar por la vida diciendo: "Nosotros validamos que la gente en grupo, con armas, con planificación de meses, actuara por mano propia". Sobre todo cuando esta ley está habilitando para pedir la acción de las Policías en cualquier momento.
Entonces, ¿para qué queremos esta legítima defensa privilegiada permanente? ¿Para qué? ¿Para qué la queremos si no es para permitir que se haga lo que acabo de señalar?
Esto es muy serio, Presidente. Por eso el Ejecutivo ha sido tan categórico, porque no es broma lo que se está legislando acá. No es cosa de dar una señal, de ver el electorado, ¡no!, estamos marcando un precedente.
Si esta ley sale como está, el precedente que estamos marcando es de un retroceso: desde ser una sociedad donde el derecho, y no las personas, resuelve los conflictos.
El señor COLOMA (Presidente).-
Gracias, Ministra.
Respondiendo a una pregunta, el derecho preferente de los Ministros para intervenir está en el artículo 109 del Reglamento y cuentan con el mismo tiempo que los Senadores.
En eso vamos a ser igualmente estrictos, tal como fui con el Senador anterior que hizo uso de la palabra.
Pueden hablar por una sola vez en la discusión.
Ministro Elizalde.
El señor ELIZALDE (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Después, Presidente, para contestar preguntas.
El señor COLOMA (Presidente).-
Senadora Aravena.
La señora ARAVENA.-
Gracias, Presidente.
Un saludo a ambos Ministros.
Lamento profundamente que un proyecto que lleva casi mil doscientos días de tramitación, que tiene varios autores conocidos que hemos tratado de negociar esto, de trabajar, de llegar a acuerdos, hoy día esté en una situación tan compleja, para un problema tan difícil para los chilenos.
No voy a hablar sobre el proyecto, porque ya lo conocemos todos, pero me voy a permitir hacer algunos análisis.
Primero, al igual que el Senador García, quiero clarificar que la legislación vigente también contempla legítima defensa en muchos delitos, entre ellos, el robo con violencia calificado, el robo con violencia.
En tal sentido, ¿cuál sería la diferencia de la naturaleza jurídica del bien resguardado? Uno es mueble y el otro es inmueble, como decía el Senador García. Pero donde existe la misma razón debe existir la misma disposición.
Por otra parte, la norma no habilita para que el dueño haga lo que quiera, sino que simplemente pueda o trate de impedir la consumación del delito frente a usurpadores de una propiedad que actúan con violencia. Eso es muy importante.
Y, lo más relevante, la legítima defensa exige que la agresión ilegítima sea actual o inminente, no que se venga después de cinco años a recuperar a través de la fuerza. Eso no está en ninguna parte. No podría, bajo ningún aspecto, operar la hipótesis de legítima defensa privilegiada a los tres días o al mes. En este sentido, no podría, bajo ningún aspecto, promover la autotutela. Eso es lo que no entendemos, porque, sin ser abogados, hemos estado trabajando años este proyecto.
La flagrancia permanente es muy importante, porque hoy día la Corte Suprema ha planteado que no va más allá de doce horas.
Eso también ha sido cuestionado por el Gobierno, vinculándolo a legítima defensa privilegiada, toda vez que, a juicio de este, podrán organizarse los dueños, o terceros, para nuevamente expulsar a los usurpadores.
Al respecto, y en primer lugar, la naturaleza jurídica del delito de la usurpación es de consumación permanente. Es decir, existe mientras se mantenga la conducta, con independencia de la duración; en este caso, mientras se mantenga la propiedad usurpada. En este sentido, lo único que hace el proyecto, correctamente, es explicitar lo que corresponde, que la usurpación es un delito de consumación permanente y, por lo tanto, la flagrancia dura todo el tiempo que dura el delito, no solo doce horas.
Por último, para nosotros es muy importante el presidio para la usurpación no violenta. Entendiendo que la mayoría, y quizás ninguno va a ir preso, nos permite desarrollar algunas acciones en el Ministerio Público que hoy día, al no haber detención, claramente no es posible realizar.
Todos entendemos que esta pena privativa de libertad, en el caso de usurpación no violenta, permite ciertos instrumentos que hoy día la Justicia no tendría.
Ese es el sentido de haber incorporado la pena de detención.
Quisiera plantear un punto que mencioné hace poco.
Yo he vivido en La Araucanía toda mi vida. Se han desarrollado usurpaciones muy violentas durante veinticinco años en mi región, y nunca he visto a agricultores defendiéndose, con armas, organizados con sus familias, disparando. Todo lo contrario, en las familias hay muertos, han perdido piernas, ojos, han sido quemadas sus propiedades, y nunca han respondido. Siempre han esperado que el Estado y la Justicia hagan lo que tengan que hacer, y durante veinticinco años no se ha hecho nada por ellos.
Hay que ser realistas. Se están devolviendo 25 millones, 50 millones por Sercotec y tenemos miles de víctimas que no han recibido justicia, porque este tipo de delito hoy día es un chiste. Hay que pensar que la ley vigente tiene ciento cincuenta años de existencia, que todos los países desarrollados consideran en sus penas privación de libertad, y que Chile es el único país donde pueden venir todos a usurpar terrenos, propiedades, a ejercer violencia gratis, ¡porque esto en Chile no cuesta nada!
Esa es la señal que no entiendo.
Hubo tiempo -con todo respeto, a los Ministros- para hacer mejoras, si es que ustedes lo estimaban. Pero pretender cambiar el proyecto completo es una locura. Porque, en estricto rigor, es necesario que se modifique la ley para que esto no cueste cero. Hoy día es realmente una burla del Estado chileno que esta conducta no reciba ningún tipo de pena. O sea, hoy robar una gallina es más difícil que usurpar una propiedad y reírse de la gente.
Entonces, de verdad creo que es lamentable que hayamos llegado a este punto, de descalificaciones que no son necesarias, que no elevan la calidad de la política, ni menos es lo que espera la ciudadanía de nosotros.
Voy a votar a favor, porque soy coautora del proyecto. Lamento que no hayamos llegado a acuerdos antes y que hoy día haya una amenaza de veto y de enviar el proyecto al Tribunal Constitucional.
Además, si... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).
Un minuto, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Tiene un minuto más.
La señora ARAVENA.-
Además, el mensaje más grave para mí es que en todo el tiempo que llevo en el Congreso nunca había escuchado que un gobierno nos dijera que no va a promulgar una ley, una ley tan importante para el país. Porque ahí se acaban los diálogos y simplemente se impone la fuerza.
Muchas gracias.
El señor COLOMA (Presidente).-
Gracias, Senadora.
Senador Walker.
El señor WALKER.-
Muchas gracias, Presidente.
Voy a responder a su inquietud, Presidente, en el sentido de que podamos intervenir respecto de lo propio del tercer trámite constitucional: los cambios introducidos por la Cámara de Diputados. De nada sirve que repitamos las mismas discusiones que dimos en el primer trámite acerca de normas que ya se van a ley.
Lo propio de este tercer trámite -insisto- es pronunciarnos sobre las enmiendas de la Cámara. Y algunos de esos cambios, Presidente, son remalos.
Inexplicablemente, la Cámara de Diputados suprimió, de manera absolutamente injustificada e irracional, el artículo 157 bis que había aprobado el Senado, el cual contenía una norma especial de restitución anticipada de inmuebles ocupados, durante el proceso penal y aun antes de la formalización de la investigación.
¡La Cámara de Diputados lo rechazó, Presidente! ¿Se da cuenta?
¿Qué decía este artículo 157 bis -los invito a leerlo- respecto de la restitución anticipada en procedimientos por ocupación de inmuebles? Lo explicó muy bien en la Cámara el Diputado Raúl Leiva. La norma dispone: "Durante la etapa de investigación, en procedimiento seguido por los delitos descritos en los artículos 457 y 458 y 458 bis del Código Penal, la víctima podrá solicitar por escrito al juez de garantía que decrete la restitución anticipada del bien raíz que hubiere sido ocupado con empleo de fuerza en las cosas o violencia o intimidación en las personas. Del mismo modo, la víctima podrá solicitar que se decrete esta medida al deducir la demanda civil".
Presidente, esto es exactamente lo mismo que hicimos con nuestro proyecto de ley "Devuélveme mi casa", consistente en que usted, en cualquier estado, pueda pedir la medida cautelar, incluso en carácter de prejudicial, de restitución anticipada del inmueble.
La investigación puede durar meses o años, y esta norma permitía que en cualquier estado de la investigación el propietario obtuviera la restitución anticipada del inmueble con auxilio de la fuerza pública, con una orden judicial. Así funcionan las cosas en un Estado de derecho.
El que crea que Carabineros va a actuar a requerimiento de cualquier particular que le vaya a decir "señor carabinero, ¿sabe qué?, vaya a mi predio y desaloje a estas personas", no entiende cómo funcionan las cosas en un Estado de derecho. ¿Qué le va a decir Carabineros, obviamente? "Necesito la orden judicial". Este artículo, que inexplicablemente rechazó la Cámara de Diputados, permitía que con una orden judicial y con auxilio de la fuerza pública, ¡sí, señor!, se desalojara a los ocupantes ilegales.
¡Así funcionan las cosas!
Entonces, sería un tremendo error y una irresponsabilidad por parte de esta Sala ratificar lo que ha hecho la Cámara de Diputados al suprimir este artículo. Por lo menos, tenemos que ir a Comisión Mixta respecto de esto.
Y segundo, Presidente, yo tengo una tremenda duda acerca del artículo transitorio, que establece la excepción de los campamentos hasta el año 2024. Yo creo que eso quedó mal redactado. El catastro tiene que cerrarse a la fecha de publicación de la ley, que es la regla general en derecho.
¿Por qué? Porque son los propios comités de vivienda los que más se oponen a las tomas de terrenos. Estos comités dicen: "Pónganse a la cola; nosotros llevamos diez años postulando a una vivienda y hemos hecho las gestiones". Van a hablar con el Seremi, piden el terreno y logran el ahorro, y después otras personas se saltan la fila y ocupan terrenos que, a veces, son de los propios comités de vivienda.
Entonces, si nosotros establecemos que esto se va a cerrar el 2024, ¿qué señal vamos a estar dando? ¡Que la gente se vaya a tomar los terrenos, Presidente! Y eso...
El señor MOREIRA.-
Deja de tirar indirectas.
El señor WALKER.-
¿Perdón?
El señor MOREIRA.-
Respeta la opinión de los demás.
El señor COLOMA (Presidente).-
Senador, sin interrupciones...
El señor MOREIRA.-
Esa es la verdad.
El señor COLOMA (Presidente).-
Senador Moreira, le reitero: sin interrupciones.
Senador Walker...
El señor WALKER.-
¿Me puede descontar el tiempo que perdí por la interrupción del Senador Moreira?
El señor COLOMA (Presidente).-
Senador Moreira, no puede interrumpir.
El señor MOREIRA.-
Es que se les pasa la mano.
El señor COLOMA (Presidente).-
Sin interrupciones, señor Senador.
El señor WALKER.-
Yo estoy argumentando respecto de las enmiendas de la Cámara de Diputados.
El señor MOREIRA.-
¡Y las indirectas que manda a los demás!
El señor NÚÑEZ.-
¡Ya pues, hombre! ¡Respeta!
El señor MOREIRA.-
¡Que él respete!
El señor NÚÑEZ.-
¡Respeta tú!
El señor COLOMA (Presidente).-
Le vamos a devolver el tiempo, Senador Walker.
El señor WALKER.-
Muchas gracias, Presidente.
Trataba de explicar que si establecemos en la norma transitoria que el cierre del listado de campamentos será el año 2024, se generará un incentivo para las tomas de terrenos, que es lo que no quieren los comités de vivienda.
Los comités de vivienda que hacen las cosas bien, que se relacionan con las autoridades, que realizan las gestiones para obtener los traspasos de terrenos de Bienes Nacionales para la obtención del subsidio, que logran el ahorro para postular a una vivienda, tienen el temor de que otras personas se tomen sus terrenos.
Entonces, yo creo -puedo estar equivocado- que el cierre tiene que ser a la fecha de publicación de la ley, de acuerdo con la regla general en materia de derecho.
Este proyecto, Presidente, requiere ser perfeccionado, por lo que debe ir a Comisión Mixta.
Gracias.
El señor COLOMA (Presidente).-
A usted, Senador.
Senador Espinoza, tiene la palabra.
El señor ESPINOZA.-
Señor Presidente, parto tomando las palabras del Senador Walker: este proyecto tiene que perfeccionarse en la Comisión Mixta por las dos razones, y muchas más, que él ha esgrimido y ha sintetizado de muy buena manera.
Esta es una iniciativa necesaria hoy día para nuestro país.
Respecto a esto, también quiero dar cuenta de que el Poder Judicial debe ponerse al tanto de lo que está haciendo, porque se han dictado fallos judiciales que obligan al Estado a entregarles viviendas a quienes se toman los terrenos, por sobre comités de vivienda que llevan años esperando. Sobre eso se debe hacer un análisis bastante profundo, porque no puede ser.
Señor Presidente, lo que hace este proyecto, como aquí se ha dicho muy bien, es regular los delitos de ocupaciones ilegales.
Efectivamente, nuestro país tuvo muchas tomas en su momento, en particular en las décadas de los sesenta y los setenta, porque existían problemáticas de inmigración del campo a la ciudad, de las islas, en que las personas llegaban a la ciudad a vivir y lo hacían en malas condiciones. Ciertamente eso ocurrió, pero en una época en que no había una política habitacional como la que tenemos hoy.
Por lo tanto, hoy día nadie que esté en su sano juicio puede incentivar las tomas de terrenos. Claramente es así.
Desde ese punto de vista, la materia general de este proyecto, lo esencial, consiste en sancionar más gravosamente este tipo de delitos. Y nosotros estamos absolutamente de acuerdo en que ello sea así.
Evidentemente, estamos de acuerdo. No obstante, Presidente, este proyecto ha sido aprobado -ahí discrepo del colega de mi región, el Senador Moreira- de una forma que implica, en mi opinión, un retroceso civilizatorio. Y disiento absolutamente cuando la Ministra Tohá nos dice que aquí se está votando sin entender. Yo creo que cada cual está votando entendiendo.
O sea, el sector de la derecha comprende perfectamente que lo que se está haciendo aquí es consagrar la autotutela, que va a generar y propiciar enfrentamientos entre civiles que no tienen el entrenamiento necesario para este tipo de situaciones. Por otro lado, esto va a aumentar, sin lugar a dudas, el riesgo para las Policías, que deberán no solo recuperar el terreno, sino detener enfrentamientos riesgosos entre civiles.
Claramente, esto es -repito- demencial. No hay otro concepto que lo caracterice: ¡es absolutamente demencial!
Aquí nos olvidamos de nuestra historia. El 9 de marzo de 1969, civiles en Puerto Montt empujaron a las Policías a una matanza despiadada de pobladores: Pampa Irigoin.
¡Hagamos historia, pues!
En Pampa Irigoin no solamente se ejecutó en sus hogares, a las seis de la mañana, a once personas inocentes, humildes y pobres, sino que setenta civiles quedaron gravemente heridos. Esto marcó la historia de Puerto Montt y del país durante muchos años, y eso que en aquella ocasión fueron las Policías las que desalojaron a la gente.
Con este proyecto, civiles van a tener la posibilidad de armarse, de profesionalizarse para ir a recuperar terrenos. Eso va a significar muertes de personas. No podemos ser cómplices de aquello.
Por eso, yo valoro lo que ha dicho el Ministro Elizalde en el sentido de que se va a vetar este proyecto. ¡Pero no se tiene que vetar la iniciativa en su totalidad! Porque, en su esencia, es positiva para el país, ya que busca impedir que sigan las tomas de terrenos y que personas se salten la fila pasando a llevar a comités de vivienda que han esperado por años y que han luchado por la casa propia. Lo que se tiene que vetar son aquellos artículos controversiales como el que estoy mencionando.
En definitiva, lo que tenemos que hacer como Poder Legislativo es generar proyectos de ley que vayan en beneficio de nuestros compatriotas. Porque yo no me quiero imaginar, y en eso cuidado a los amigos de enfrente, que en alguna ciudad de nuestro país, en los próximos años, ¡ocurra un Pampa Irigoin entre civiles, pues! Porque, ¿quién va a ser responsable de eso? Lo serán aquellos que están aprobando esa norma, esa parte vejatoria, demencial, de la iniciativa.
Señor Presidente, vamos a votar a favor de todos aquellos aspectos que penalizan de mayor forma, de manera más categórica y con mayor profundidad las ocupaciones ilegales de inmuebles, fijando nuevas normas y formas. Pero no podemos votar a favor de estos aspectos que, de todas maneras, son totalmente atentatorios contra el Estado de derecho que hoy día tenemos.
Para autores como el jurista italiano Piero Calamandrei, la autotutela debiese estar prohibida, por los siguientes motivos (los digo en treinta segundos):
-Quien goza de un derecho subjetivo amparado por la ley no puede poner en obra la fuerza privada a fin de hacerlo valer; para eso existe el Estado.
-En una sociedad avanzada y compleja, una autoridad superior debe ser la encargada de resolver los conflictos entre las personas, pues los individuos, en este escenario, no son el ente más apto para hacerlo.
-Y la autotutela mediante la fuerza privada significa una negación del derecho y de la convivencia pacífica entre los ciudadanos. Recordemos que nadie puede ser juez de su propia causa.
He dicho.
El señor COLOMA (Presidente).-
Gracias, Senador.
Senador Araya, tiene la palabra.
El señor ARAYA.-
Señor Presidente, yo creo que este proyecto es bastante controversial. Y no me voy a referir al aumento de pena porque eso es una materia siempre discutible.
Sí espero que la Cámara de Diputados pueda avanzar en la dictación del nuevo Código Penal para de esta forma tener una legislación más armónica respecto de las penas aplicables a ciertos delitos.
Dicho eso, quiero entrar en el fondo de lo controversial del proyecto.
La iniciativa parte haciéndose cargo de una discusión que se dio a nivel doctrinario y jurídico en cuanto a si la usurpación era o no un delito de carácter permanente. ¿Por qué razón? Porque la gran mayoría de la doctrina ha entendido que la usurpación es un delito de carácter permanente y, como tal, tiene las consecuencias que eso significa en lo referente a las actuaciones de las Policías, en cuanto a la aplicación, entre otras cosas, de la legítima defensa.
Pero, como muy bien apunta el profesor Juan Domingo Acosta en un fallo de la Corte Suprema bastante controversial, de 4 de abril de 2018, se estableció de forma muy inexplicable que en el caso de la usurpación solamente se aplique la norma del Código Procesal Penal y, en consecuencia, únicamente exista flagrancia en la medida en que no hayan transcurrido doce horas desde el inicio de la ocupación.
Ello derivó en que la policía se abstuviera de intervenir en determinadas tomas de terrenos, usurpaciones, si es que constaba que hubiera pasado dicho lapso de tiempo.
En ese sentido, el proyecto, a mi juicio, va en la línea correcta, porque zanja esa discusión a nivel legal.
Dicho eso, creo que aquí empiezan los problemas de la iniciativa. Y en esto yo comparto lo que manifiesta la Ministra Carolina Tohá -no es por desmerecer a ningún colega presente aquí, en la Sala, como tampoco a los Diputados y las Diputadas que votaron a favor del proyecto-, en el sentido de que hay una confusión doctrinal no menor que tiene consecuencias respecto de la legítima defensa privilegiada.
En primer lugar, se confunde el concepto de delito permanente, que es la usurpación. Estos son una categoría de delitos que se caracterizan por una acción típica que se prolonga en el tiempo sin interrupción. Se lo suele confundir con el denominado "delito continuado", que es una pluralidad de acción en el tiempo en el sentido de que, aun constituyendo delitos perfectos, en forma independiente tienden a un único resultado.
Asimismo, conviene recordar cuál es el bien jurídico tutelado en el delito de usurpación. No es la defensa de la propiedad, ni la integridad, ni la seguridad de las personas lo que se tutela, sino el ejercicio del derecho de propiedad sobre ciertos bienes inmuebles y sobre cierta categoría de aguas.
Como consecuencia de lo anterior, el delito de usurpación no es un delito pluriofensivo. Y yo creo que aquí viene uno de los primeros errores conceptuales que hay, porque, como señalaba, este delito no tutela la seguridad o la integridad personal; el hecho de que el legislador aluda a la violencia tiene que ver más bien, para un efecto práctico, con la graduación de la pena.
¿Por qué digo esto? Porque, cuando uno mira la construcción que se hizo en la Cámara de Diputados en cuanto a la legítima defensa privilegiada, hay que tener presente lo siguiente. El legislador ha otorgado la presunción legal de legítima defensa o legítima defensa privilegiada a los delitos más graves de nuestro estatuto jurídico penal, como son los delitos contra las personas, la sustracción de menores, la violación de un menor, la violación mediante introducción de objetos, parricidio, homicidio, robo con violencia o intimidación en las personas, con ocasión de un homicidio, una violación, lesiones o secuestro de la víctima. Como puede observarse del catálogo de las legítimas defensas privilegiadas, se trata de injustos extremadamente graves y todos ellos cometidos contra las personas.
Por consiguiente, incorporar en este catálogo un delito contra la propiedad equivale a señalar que la ocupación por la fuerza de un bien inmueble tiene el mismo valor que la indemnidad sexual de un menor de edad, o que la libertad, o que la vida de una persona.
El derecho penal es un mínimo ético exigible en una sociedad y, por lo tanto, cuando el Estado ejerce la facultad de determinar cuáles son los bienes jurídicos tutelados y sociales que deben tener una mayor ponderación, no puede equivocarse y no puede enviar señales ambiguas, menos aún señales manifiestamente erróneas.
La propiedad privada de un inmueble arrebatado por un grupo de personas es un hecho grave, pero perfectamente reversible a través de las herramientas que entrega el Estado de derecho.
El riesgo o derechamente segar la vida, la indemnidad sexual o atentar contra la libertad de una persona son hechos o situaciones en que muchos de sus efectos son irreversibles, y el derecho penal no puede tratarlos de la misma forma.
De ahí que resulte absolutamente incomprensible, desde una perspectiva de la comprensión del orden social, del rol que cumple el derecho penal en la sociedad y en materia de política criminal, introducir como legítima defensa privilegiada esta situación.
Desde este punto de vista, me parece que algunos colegas han actuado inspirados en un propósito que estiman justo, pero... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).
El señor COLOMA (Presidente).-
Le concedemos un minuto más.
El señor ARAYA.-
Decía que creo que no están tomando conciencia del profundo error conceptual y técnico que se comete en esta materia.
Y tienen razón cuando aquí se ha señalado que la legítima defensa, en este caso, al ser un delito permanente, va a favorecer una autotutela entre civiles que no podemos permitir.
En esa línea, a mi juicio lo más prudente es que este proyecto vaya a Comisión Mixta. Y si el Ejecutivo ejerce su facultad de veto, no estaría usando la fuerza, sino más bien una de las herramientas que le entrega la Constitución cuando un proyecto no se condice con lo que debieran ser los planteamientos del Gobierno en determinado tema.
Por esas razones, voy a votar a favor y en contra de algunas de estas propuestas.
El señor COLOMA (Presidente).-
Gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador Saavedra.
El señor SAAVEDRA.-
Gracias, Presidente.
No cabe duda de que este proyecto es controversial, como lo hemos catalogado la mayoría de los que estamos presentes en la Sala.
En definitiva, es una iniciativa que transforma, como se ha mencionado, una falta en delito. Y por tanto establece un escenario distinto para el tratamiento de todo lo que tiene que ver con usurpaciones y tomas de terrenos y de casas.
Es un proyecto que enfrentamos, que debemos resolver y sacar adelante con la madurez cívica que se requiere en el Senado, no con las asperezas que algunos han demostrado en cuanto al incumplimiento de la palabra o a enrostrar que les vamos a cerrar las puertas a otros temas, que no conversaremos de otros proyectos. Creo que eso es un error.
La democracia requiere diálogo democrático y entender que la altura de miras debe estar consagrada en nuestro proceder. Echo de menos eso, cuando hoy en día se requiere más que nunca la capacidad de entendernos entre nosotros, a fin de resolver las contradicciones que se dan en la sociedad.
Estamos consagrando la legítima defensa privilegiada. Es decir, algunos tendrán la opción de erradicar o sacar a personas de aquellos lugares en que estén instaladas en forma ilegítima. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Con violencia, con el enfrentamiento entre chilenos. Vamos a consagrar, por lo tanto, la autotutela en lugar de acogernos a las vías institucionales como la entrega anticipada de los terrenos o la detención de los usurpadores por parte de los policías.
Es peligroso, claro que sí, porque propicia -ya lo dije- el enfrentamiento entre civiles que no tienen capacidades para proceder en situaciones extremas, en donde unos y otros podrían terminar incluso con pérdidas de vida. Nadie va a lamentar después, en ese minuto, cuando ocurra, o pocos se van a acordar de cómo se legisló para propiciar esa situación al interior de nuestra sociedad.
Claro, se pone en riesgo a los policías, por supuesto que sí. En su proceder los complica, porque están obligados a actuar en medio de un conflicto en que no hay capacidad de entendimiento y, seguramente, más allá de las capacidades que deben existir para entendernos entre civiles en términos civilizatorios, en que se abre el enfrentamiento como método de resolución de controversia al interior de la sociedad.
Las sociedades nunca han estado libres de conflictos. Y por lograr una mejor convivencia es que el derecho surge como una respuesta para establecer, ante las divergencias entre las personas, la solución. Así, como sociedad humanista debemos avanzar hacia la resolución pacífica de los conflictos mediante el entendimiento, la mediación, la resolución que realiza un poder del Estado como lo es el Poder Judicial.
El Estado de derecho consta de tres poderes que funcionan en términos autónomos. Y eso también tiene que reflejarse en nuestras alocuciones, en nuestro proceder como legisladores.
Así, el Estado ha sido dotado de poderes para ejercer el uso legítimo y racional de la fuerza, no los privados. Pero acá les estamos traspasando esta facultad a los privados, como ocurre en esta sociedad, en términos larvados, en que existen grupos de presión que quiebran los vidrios de los lugares donde están algunas personas, para que los abandonen, o permanentemente las presionan en términos ilegítimos e ilegales. Hoy día existen verdaderas organizaciones en la sociedad. Si eso lo queremos legitimar, corramos el velo y digámoslo por su nombre.
Ahora bien, hay ideologías extremas, libertarias (entre comillas), que en la actualidad han insistido en la necesidad de suplir al Estado en el monopolio de la fuerza y han instalado el concepto de que la población porte armas letales o no letales promoviendo así la autotutela. Pero no se trata de eso, sino de que en Chile -reitero- estos conflictos se resuelvan en el marco del Estado de derecho a través de los mecanismos que la Constitución establece para este tipo de cosas.
Y valoro que el Gobierno sea capaz de plantearse en estos términos usando las herramientas que la Constitución le entrega. El veto no nos debe causar extrañeza; es parte de los derechos que existen y están establecidos en la Carta para cuando un proyecto no cumple con lo que requiere la sociedad para garantizar la paz social, los derechos y los bienes de propiedad que están en cuestión.
Por lo tanto, votaremos en conciencia, aprobando lo que sea correcto y rechazando lo que no condiga con el Estado de derecho y las garantías de todos los chilenos para tener paz social en nuestro país.
He dicho, Presidente.
Muchas gracias.
El señor COLOMA (Presidente).-
Senadora Pascual, tiene la palabra.
La señora PASCUAL.-
Gracias, Presidente.
Yo quiero partir argumentando lo mismo que dijimos la primera vez que vimos en particular esta iniciativa hace unas semanas.
En general este proyecto es sumamente conflictivo y complejo por su intencionalidad de establecer un nuevo tipo penal de usurpación violenta, homologado a la usurpación no violenta o la toma pacífica, con una redacción que, además, es amplia y ambigua, y que extenderá el castigo penal a innumerables situaciones, como las disputas vecinales por deslindes; el tránsito no autorizado; las eventuales confusiones sobre acceso a predios; para qué hablar de la protesta social; la ocupación transitoria o temporal como medida de presión muchas veces utilizada por las organizaciones sociales para que una autoridad los escuche; la disputa por el arriendo, entre otras tantas cosas, quedando todas en la misma generalidad y ambigüedad.
Hay una falta de proporcionalidad al establecer absolutamente como igual la usurpación violenta con la no violenta.
Además, tenemos identificados como problemas el riesgo de la autotutela y el peligro para la paz social; la ampliación injustificada del tipo penal de usurpación; la pena privativa de libertad en la usurpación no violenta, que implica, ya lo dije, una falta de proporcionalidad. Nos parece que estos asuntos hay que revisarlos constitucionalmente.
El proyecto de ley, además de los inconvenientes que he señalado, tiene efectivamente problemas de constitucionalidad, en especial cuando habla de la existencia simultánea de las normas relativas a la legítima defensa privilegiada y la flagrancia permanente. El uso y abuso de ambas situaciones en esta iniciativa nos hace dudar de su constitucionalidad.
Para nosotros, se identifican un par de asuntos que constituyen problemas de constitucionalidad, como la autotutela y, por tanto, la sustracción del conocimiento de los conflictos entre las personas de los tribunales de justicia.
En consecuencia, desde esa perspectiva se retrocede en uno de los consensos más relevantes del Estado de derecho, que es la existencia de un sistema de justicia como parte de las valoraciones de las sociedades modernas y los consensos históricos en torno a las formas y mecanismos institucionales para dar respuesta a los conflictos y las diferencias que tienen las personas en todos los problemas, en particular cuando habitan un mismo territorio.
Este proyecto de ley, y en concreto las normas referidas a la legítima defensa privilegiada y la flagrancia permanente, debilitan fuerte y profundamente al Ministerio Público, a los tribunales de justicia y a las Policías en cuanto al rol que les asiste conforme a la Constitución y las leyes.
Uno de los elementos centrales del Estado de derecho es el monopolio del uso de la fuerza. No es baladí, no es solo colocarnos de acuerdo, no es pensar y pasar por alto que cualquiera de los ciudadanos y las ciudadanas o persona civil puede utilizar la fuerza a su antojo. Este es un tema muy complejo, porque el monopolio del uso de la fuerza es parte del Estado de derecho y debe estar absolutamente limitado a personas específicas, como las Policías y las Fuerzas Armadas, y ser muy bien regulado y fiscalizado para que sea bien utilizado.
Por otro lado, en materia de reservas de constitucionalidad, nos parece que efectivamente estos dos ámbitos, la legítima defensa privilegiada y la flagrancia permanente, pueden vulnerar la Constitución en el artículo 19, N° 1, correspondiente al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas. La vulneración o peligro para esta garantía fundamental se configura al establecer una fórmula de autotutela amplísima que propenderá a permitir que privados, mediante el uso de la fuerza, actúen ante la circunstancia de derechos invocados de manera contradictoria, al margen de una resolución judicial, lo que podría constituir una afectación del derecho a la vida y la integridad física por la utilización de la fuerza de ese eventual derecho invocado.
Finalmente, quiero decir que nos parece un proyecto no solo sumamente polémico, sino además configurado desde un punto de vista punible, dejando y restando el poder de la democracia, de la negociación, de la aplicación de la política en conflictos sociales a una mera administración de justicia, incluso siendo absolutamente rígida la aplicación de la ley... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).
Por eso, votaremos en su mérito cada uno de los artículos, siendo coherentes con nuestras primeras votaciones en las semanas anteriores.
Muchas gracias.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
A usted, Senadora.
Senador Chahuán.
Senador Quintana.
Senador Felipe Kast, le ofrezco la palabra.
El señor KAST.-
Gracias, Presidente.
La verdad es que, en mi opinión, probablemente este es el proyecto más relevante para la Región de La Araucanía en décadas.
Desgraciadamente, en nuestra región ha habido verdaderas mafias, con total impunidad, donde muchas víctimas han sufrido la impotencia de ver que el Estado de derecho no existe, que terceros efectivamente pueden ingresar a sus parcelas o residencias y no se hace absolutamente nada. Y la razón es que hoy día la usurpación ni siquiera es un delito, es una falta; por lo tanto, Carabineros no puede tomar detenidos a quienes usurpan una parcela. Una de las cosas que ocurrían es que la flagrancia en virtud de la cual se pedía ingresar tenía una jurisprudencia de solo doce horas.
Este proyecto de ley, además de transformar una falta en un delito que permitirá que Carabineros efectivamente tome detenidos, hace que el delito sea permanente, que es lo que todos los juristas han dicho. ¡Si nadie entiende por qué este sea un tema debatible!
Y con esto quiero clarificar algunas cosas que se han dicho que me parecen realmente graves.
Considero alarmante que el Gobierno desinforme sobre este proyecto de ley porque pareciera que no lo han leído bien. Así como la Ministra Tohá dijo que nosotros no lo habíamos leído bien, le quiero decir -me encantaría que estuviera presente, pero no está- que es ella quien no leyó bien el proyecto.
El señor ARAYA.-
¡Ahí está!
El señor KAST.-
¿Dónde?
El señor ARAYA.-
¡Ahí!
El señor KAST.-
Ojalá que ingrese y pueda escuchar, porque a ella le quiero hablar, dado que ella nos habló a nosotros.
El señor DE URRESTI.-
¡Ha estado todo el rato!
El señor KAST.-
Ojalá que venga para que nos escuche.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
"Por intermedio de la Mesa", señor Senador.
El señor KAST.-
Por su intermedio, Presidente.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Puede continuar.
El señor KAST.-
Entonces, lo que está diciendo la Ministra Tohá es completamente falso. Aquí no se autoriza la autotutela; lo que hace este proyecto de ley en materia de legítima defensa es simplemente permitir defenderse en caso de ser agredido, porque solo se aplica la eximente de responsabilidad penal en aquellos casos donde hay violencia.
Por lo tanto, no es cierto que uno podría llegar después de cinco años a su parcela que estaba tomada y empezar a disparar. Eso es falso. La ley es explícita en señalar que solamente permite la legítima defensa en caso de que alguien sea atacado, que es exactamente lo mismo que hoy día se permite con una casa o una oficina. ¿Por qué va a ser distinto? ¿Acaso no me puedo defender cuando alguien me agrede físicamente?
Por eso la legítima defensa no quedó incluida en las usurpaciones no violentas. Repito: la legítima defensa no quedó incluida en aquellos casos de usurpaciones no violentas, sino solo en las usurpaciones violentas.
Por lo tanto, por favor, Ministra y Gobierno, no desinformen, no digan que esto va a ser el far west. Es lo mismo que escuchamos con el robo de madera cuando votaron en contra aquí, en el Congreso, varios años atrás, y nos decían que era la peor iniciativa de todas, cuando resulta que hoy día es una gran legislación. Lo mismo nos señalaban de la Ley Nain-Retamal: que era una pésima ley. ¡Y resulta que terminó siendo una gran legislación porque permite que las Policías se puedan defender y utilizar sus armas de fuego como corresponde!
Estamos hoy día hablando de una ley de usurpaciones y felicito que la Cámara de Diputados haya retirado -aquí discrepo con el Senador Walker; se lo comentaba previamente- el tema de la restitución anticipada, porque lo que ocurre en la práctica -y lo hablaba recientemente con los fiscales de la región- es que cuando hay flagrancia no necesitas pasar por el tribunal: simplemente la víctima llama a Carabineros para que le restituyan la parcela. Por lo tanto, lo que hizo la Cámara de Diputados en esta materia de hecho es correcto: sacó un elemento que podría haber significado que las Policías dijeran: "No, ¿sabe qué?, no puedo actuar en flagrancia hasta que el juez no me diga que tengo que hacer una restitución anticipada". Y, obviamente, eso está bien.
La Cámara de Diputados alargó el plazo de los campamentos. Cuando nosotros lo sacamos de acá, nos tratamos de preocupar de que no se mezclara la situación de los campamentos históricos. ¡Y lo alargó! Alguien podrá estar de acuerdo o no, pero nadie nos puede decir que esto casi va a significar ir en contra de todos los campamentos de Chile, cosa que, efectivamente, uno podría eventualmente debatir, pero este proyecto no lo hace; este proyecto, lo que hace es, simplemente, establecer que las usurpaciones son un delito, como ocurre en la gran mayoría del planeta, excepto en Chile. Así de simple.
Por lo mismo, yo lamento, primero, que la Ministra Tohá -por su intermedio, Presidente- nos diga que no hemos entendido el proyecto. Aquí todos lo hemos entendido. De hecho, yo soy uno de sus autores y lo he leído con mucho cuidado.
Segundo, me parece lamentable que digan que lo van a vetar. Bueno, están en su derecho, pero no lo veten faltando a la verdad y diciendo que esto va a significar la autotutela, que casi va a haber guerrillas entre unos y otros. ¡Mentira! Porque, de hecho, la Ley de Armas, que también ha sido aprobada, y la asociación ilícita impiden que alguien pueda hacer uso de guerrillas.
Le solicito un minuto adicional, Presidente, como se le ha dado al resto de los colegas... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).
Por lo tanto, Presidente, con total respeto a quienes puedan pensar distinto -eso es muy legítimo-, lo único que les pido es que no nos falten el respeto a quienes creemos que esta ley es fundamental, que está muy bien diseñada. Podemos pensar distinto, pero lo que no podemos hacer acá es decir: "No, ustedes no saben lo que están votando". Yo creo que eso no corresponde. Aquí ha habido un trabajo serio, de muchos años. Además, el año pasado, cuando yo no era Presidente de la Comisión, acuérdense de que había el compromiso de despachar esta ley en el mes de abril. No se cumplió tal compromiso. Por lo tanto, como bien decía una colega que me antecedió, aquí llevamos mucho tiempo esperando, y yo confío en que hoy día se apruebe este proyecto por unanimidad, que podamos sacarlo adelante, y que hoy mismo pase a ser una ley despachada por el Congreso de la nación.
Creo que los cambios que hizo la Cámara de Diputados suman, no restan, y por eso, Presidente, anuncio mi voto a favor en todas y cada una de las modificaciones que introdujo esa Corporación.
Gracias.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
A usted, señor Senador.
Tiene la palabra el Senador Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.-
Muchas gracias, señor Presidente.
Hay una frase que se pronuncia aquí cuando a nosotros nos toman juramento ("que la patria o Dios o la ciudadanía nos lo represente"), y yo creo que este proyecto es de esos casos. En algún momento alguien va a escarbar todo lo que se dijo en este debate -cosas que no tenían mucho que ver con el proyecto- y va a llegar a la conclusión de que todas las alertas que presentamos, incluso antes de que el actual Gobierno tomara posesión de su cargo, eran acertadas. Y no lo digo solo yo -lo que afirme uno es lo menos relevante-; lo han señalado varios colegas -el Senador Pedro Araya, entre otros- y, sobre todo, una buena cantidad de penalistas que aquí, en la Cámara, en Constitución, en Seguridad, advirtieron que esto, en términos simples, es un bodrio jurídico. ¡Este proyecto es un bodrio jurídico! Se lo dije a muchos colegas, también de oposición, Diputados a quienes aprecio mucho, de la Región de La Araucanía, porque saben que esto va a tener problemas: lejos de posibilitar la acción de Carabineros, la va a impedir.
Entonces, qué bueno que el Senador Kast señale dos ejemplos: el del robo de madera y otro más...
El señor KAST.-
La Ley Nain-Retamal.
El señor QUINTANA.-
Justamente, la Ley Nain-Retamal. Porque esos proyectos, claro, partieron con deficiencias, como todos los que uno presenta -yo estoy presentando uno ahora y quizás cuántas pifias puede tener-, pero la esencia del trabajo deliberativo del Congreso, especialmente de este Senado, es mejorar los proyectos. Y este no lo mejoramos, ¡lo empeoramos!
En consecuencia, no es efectivo que el Gobierno se haya restado de esta iniciativa de ley, que nunca haya estado, que el Presidente, que el 11 de septiembre, cuestiones que no tienen nada que ver. ¡Por favor! Eso se dice cuando alguien no quiere entrar a la discusión en serio y lo que hace es reafirmar más la frase de la Ministra del Interior -que no es nueva, ciertamente; la han dicho muchos Ministros, en este y en otros gobiernos, aunque más en la Cámara que en el Senado- en el sentido de que en este momento no estamos teniendo claridad de lo que estamos aprobando. Porque, efectivamente, de las normas de la Cámara, yo por lo menos objeto tres; están allí y el Presidente ha dado cuenta de aquello. Y esas tres lo que hacen es, justamente, retroceder en los derechos que tienen las víctimas de las tomas de predios, como lo voy a demostrar. ¡Las víctimas! O sea, tienen menos derechos.
Entonces, ¡por favor!, si alguien cree que va a ganar con un nicho o con un electorado, bueno, va a ganar, hasta que ese agricultor se dé cuenta del bodrio jurídico que está saliendo despachado del Senado.
Repito: el Gobierno siempre apoyó el permitir la detención policial en cualquier estado del procedimiento; el Gobierno y el oficialismo aprobaron entregar mecanismos de restitución anticipada de inmuebles usurpados, algo que no va a ocurrir ahora. La restitución de inmuebles anticipados, algo importante para cualquier persona a la que le estén tomando un terreno, bueno, no va a ocurrir con la última modificación al artículo 2 que se aprobó en la Cámara, que es el artículo 157 bis. ¡Se acaba eso, no va a tener restitución anticipada! Entonces, ¿a quién estamos defendiendo, pregunto yo? ¿A quién estamos defendiendo?
Seguidamente, aumentar la pena en los loteos irregulares siempre ha estado previsto en la iniciativa de este Gobierno, y también en la de los partidos del oficialismo. Aumentar la sanción de la usurpación violenta, ¡qué duda cabe! Eso lo dijimos desde un comienzo: de multa a pena de presidio.
Entonces, hay una razón por la cual los penalistas, abogados estudiosos, profesores seguramente de muchos colegas que están en la Sala, advierten que esto va a terminar mal. Se mencionó el caso de Pampa Irigoin; puede haber muchos otros, y está en juego la responsabilidad del Estado.
Por eso que el Gobierno no tiene otra posibilidad que vetar esto, si sale finalmente, porque efectivamente se agregó que la autotutela sea permanente. Ya es un delito permanente, como el de secuestro, el de ocupación. Pero, como queda hoy día y como es permanente, en cualquier momento en que esté un predio tomado, o el de terceros, va a ser posible que alguien, para defenderlo, actúe. ¡Y eso claramente va a facilitar bandas organizadas, bandas de crimen organizado! ¡Este Senado va a legitimar la instalación, la creación de bandas de crimen organizado! Para defender ¿qué? Al que le tomaron.
¿Ustedes creen que Carabineros de Chile o la fuerza pública va a llegar a un terreno donde se están matando en una guerrilla rural? ¡Eso es lo que estamos permitiendo! ¡Para qué decir el impacto que esto va a tener en las tomas urbanas! Esto va a tener un impacto, porque aquí lo que se busca es criminalizar la pobreza, la toma, el campamento, y en definitiva, con el Código Penal, en lugar de enfrentarla con políticas públicas.
Yo creo que se han confundido muchos conceptos en este debate. Efectivamente, va a ocurrir lo que decía la Ministra: alguien, un turista que entre en la noche a pernoctar a un terreno que no sabe de quién es, va a hacer una carpita, va a dormir ahí, y se va a ir preso. ¡Con sesenta y un días a tres años! Esto, de acuerdo a lo que aprobó la Cámara. Lo mismo con una persona en situación de calle...
Le pido, Presidente, un minuto más... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).
Una persona en situación de calle que ocupe un terreno ajeno una noche para protegerse del frío, en cualquier región del sur del país, se va a ir presa. ¡Con sesenta y un día a tres años! ¡De eso estamos hablando! Aquí la propiedad, el predio, el saltarse la cerca tiene el mismo efecto punitivo que el usar una pistola en una amenaza.
Entonces, yo pienso que, de verdad, el proyecto tiene muchos problemas. De esto nos vamos a arrepentir, no solo sus autores, sino también el Senado, el sistema político. Todos hemos tenido la posibilidad de darnos cuenta de ello. El profesor Antonio Bascuñán, el profesor Juan Pablo Mañalich, ¡Hernán Corral, por favor! Si alguien tiene dudas, si alguien puede situar en el espectro político a Hernán Corral, el destacadísimo penalista de la Universidad de los Andes... Y él dijo, en todos los tonos, lo mismo que el editorial de La Tercera: que esto va a tener consecuencias negativas para lo que el legislador legítimamente quiere corregir y revertir.
Por esa razón, hemos solicitado tres votaciones separadas, ya que, claramente, lo de la Cámara va en un sentido contrario... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Muchas gracias, señor Senador.
Me ha pedido la palabra la señora Ministra del Interior.
¿Les parece?
Muy bien.
Tiene usted la palabra, señora Ministra.
El señor SANHUEZA.-
Ya habló.
El señor KAST.-
Así es.
El señor EDWARDS.-
¿Hay más Senadores inscritos?
La señora TOHÁ (Ministra del Interior y Seguridad Pública).-
Gracias.
Presidente, mientras más avanza el debate, más queda en evidencia que hay muchas cosas que aclarar.
Efectivamente, el Senador Kast hizo mención a que la legítima defensa no se permite para la usurpación no violenta, señalada en el artículo 458, sino para la referida en el artículo 457, que es la que se hace con violencia, con intimidación o con fuerza en las cosas.
Por lo tanto, aquí hay legítima defensa si se salta la reja o si se rompe el candado.
Esa es la primera aclaración.
Segunda aclaración, ¡segunda aclaración!
El Senador Kast planteó que solo será válida la legítima defensa si la persona es agredida; pero hay tres hipótesis en el proyecto.
"El que obra en defensa de su persona o derechos", contenida en el artículo 10, N° 4°, en la cual "persona" refiere a integridad física, y "derechos", a propiedad. O sea, la persona puede no estar siendo agredida y solo porque hay una usurpación tiene legítima defensa.
El señor KAST.-
Una usurpación violenta.
La señora TOHÁ (Ministra del Interior y Seguridad Pública).-
No, "con fuerza en las cosas".
El señor KAST.-
Violenta.
La señora TOHÁ (Ministra del Interior y Seguridad Pública).-
No, "con fuerza en las cosas" no es lo mismo que violenta.
El señor SANHUEZA.-
¡Presidente!
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Por favor.
La señora RINCÓN.-
¡Hay diálogos!
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Estimados colegas, entiendo que este es un proyecto controvertido, pero estamos en el Senado.
Les pido tranquilidad; escuchemos, demos argumentos y después vamos a votar.
Señora Ministra, continúe.
La señora TOHÁ (Ministra del Interior y Seguridad Pública).-
Segunda hipótesis: "El que obra en defensa de la persona o derechos de su cónyuge".
Y tercera: "El que obra en defensa de la persona o derechos de un extraño". Esta última es la que habilita a que alguien arme un grupo de individuos -nada impide que los contrate- para ir a defender, por ejemplo, los derechos de propiedad de un tercero, aunque nadie esté siendo agredido, sino que solamente haya habido violencia en las cosas, es decir, saltar una reja.
En segundo lugar, a propósito del Catastro Nacional de Campamentos, el proyecto decía que se cerró el año pasado.
En la Cámara de Diputados se nos acercaron y, mirando el catastro, nos señalaron que en su distrito había campamentos que no figuraban en el documento.
Consultamos el asunto con el Ministerio de Vivienda y se nos dijo que incorporar un campamento al catastro no es cosa de ponerlo en la lista, sino que hay que hacer un trabajo dentro del lugar, ver cuántas familias existen, aplicar las fichas, ver si tienen propiedad. No sabemos cuántas situaciones más de este tipo existen. Esta ocurrió en la provincia de Arauco y fue la Diputada Joanna Pérez quien nos la señaló y nos mostró los campamentos.
Entonces, hay que efectuar una revisión en todo el país. Por eso se amplió la vigencia del catastro al 2024. Este es un tema de capacidad operativa del Ministerio de Vivienda para alcanzar a hacerlo. Nadie busca ampliar el número de campamentos; lo que no queremos es que, aprobada esta ley en los términos actuales, las personas que están en esta condición inmediatamente se encuentren con la posibilidad de ser sometidas a todo lo que se ha hablado acá.
Lamento si alguien se sintió ofendido, pero quiero señalar que todo lo que hemos planteado como Ejecutivo se ciñe estrictamente a la letra de este texto, que menciona lo que aquí hemos dicho sobre la habilitación de este tipo de legítima defensa.
E insisto: no es cualquiera. Quiero leer lo que dice la ley -y con esto termino, Presidente-, para que todos tengamos claro a qué se refiere la legítima defensa privilegiada.
La ley menciona que se puede actuar en defensa propia o de terceros y que es válida "cualquiera que sea el daño que se ocasione al agresor". Literalmente, esa es la legítima defensa privilegiada: "cualquiera que sea el daño que se ocasione al agresor".
De eso estamos hablando.
Gracias, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
A usted, Ministra.
Tiene la palabra el Senador Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Presidente, Honorable Sala, seré muy breve porque creo que se han vertido todos y cada uno de los argumentos.
Simplemente quiero señalar que este es un proyecto que se inició por dos mociones. Una, de los Senadores señora Aravena y señores García, Pugh y quien habla, y la otra, del Senador Kast y las entonces Senadoras señoras Sabat y Von Baer.
Sin lugar a dudas, esta iniciativa representa una oportunidad.
Aquellos que vivimos en una de las regiones con más campamentos en Chile, como es la de Valparaíso, y quienes vemos cómo todos los días ocurren ocupaciones, particularmente en la Región de La Araucanía, señalamos que había que hacer cambios legislativos en materia de usurpación.
En ese contexto, establecer sanciones penales era necesario, porque las multas no resultaban lo suficientemente disuasivas para los efectos de cambiar las conductas.
Además, hemos visto que después de octubre del 2019 se produjo una explosión de nuevos campamentos en Valparaíso, la región con más asentamientos de este tipo en Chile, particularmente en la provincia de San Antonio. Por eso era tan importante establecer una norma para este efecto.
Nadie quiere perjudicar a aquellos campamentos que han estado dentro del registro durante largo tiempo y han iniciado los procesos de regularización. Es cierto, nadie lo quiere hacer; por eso hay una norma transitoria que permite justamente cautelar ese efecto.
Se ha generado una discusión sobre si es o no posible establecer la legítima defensa respecto de aquellas personas cuyos predios han sido ocupados. Yo quiero decirles que acá tenemos una situación de completa indefensión -sí, de completa indefensión-, y lo que se requiere es establecer que la ocupación tiene efectos permanentes. Al final, eso es lo que hace este proyecto, porque justamente permite iniciar las acciones legales correspondientes.
Solo quiero mencionar que esta iniciativa es un avance en la materia.
Me parece complejo, sí, y lo digo con mucha franqueza, que el Gobierno señale que no va a promulgar esta ley. Es muy complejo, porque finalmente somos dos poderes independientes. Podrá gustarle o no el proyecto, y será parte de la discusión y de la disuasión de argumentos que tengamos en el Senado, pero lo que no puede pasar es que el Ejecutivo anuncie que no va a promulgar esta ley, que proviene de la soberanía legislativa que el pueblo le ha dado a este Parlamento, que es plenamente legítimo. Porque, en definitiva, se requiere sacar adelante esta legislación.
Lo que ocurre en la macrozona sur es dramático, ¡dramático!: están bajo amenaza, los predios no se pueden trabajar, y hay situaciones todos los días. Lo malo es que hemos perdido la capacidad de asombro. En esto, que pareciera de cada día, hay una normalización de la violencia. Porque la ocupación también es violencia y eso es lo que debemos resolver en virtud de esta iniciativa legal.
He dicho, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Gracias, Senador.
Ministro Elizalde, tiene la palabra.
El señor ELIZALDE (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Gracias, Presidente.
Quisiera clarificar que el Gobierno es partidario de modernizar nuestra legislación sobre usurpaciones. Tanto es así que este forma parte de los treinta y un proyectos de ley que acordó la Ministra del Interior junto con el Presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, y el entonces Presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, ratificado por el actual Presidente, Ricardo Cifuentes, para que se tramitaran con celeridad y prontitud.
En segundo lugar, somos partidarios de mejorar las herramientas para que se restablezca de forma rápida y expedita el imperio del derecho en el caso del delito de usurpación.
Por eso presentamos indicaciones y hemos participado activamente en la tramitación de esta iniciativa, estableciendo, entre otros aspectos, que el juez pueda restituir el inmueble en cualquier etapa del juicio, sin esperar la sentencia final, y también que la fuerza pública pueda actuar de manera directa en el mismo sentido.
Ahora, ¿dónde se produce la controversia? Cuando se suma la figura de la legítima defensa privilegiada con el carácter permanente del delito. Ahí está la dificultad.
Y este no es un problema de interpretación, porque, si así fuera, sería técnico, no político. Lo sensato sería ponernos de acuerdo en una redacción que nos representara a todos. Por eso escuché con mucha atención lo que señalaron el Senador García, la Senadora Aravena y también el Senador Kast.
Solo quiero mencionar lo que salió publicado esta semana en las páginas editoriales de El Mercurio, en la columna del profesor Hernán Corral, que nadie podría calificar de ser gobiernista, quien señala, haciendo referencia a las modificaciones introducidas por el Congreso -y cito textual-: "Es decir, un particular que sea el dueño presunto o legítimo tenedor del terreno podrá recurrir a la fuerza para, junto a otras personas, defenderse de la usurpación de los terrenos," -y esta es la parte más importante- "incluso años después de que hayan sido tomados".
La Ministra Tohá ha dado la explicación de por qué, a juicio del Gobierno, la interpretación jurídica es precisamente la que hemos señalado.
Por eso creemos que este proyecto transgrede un principio básico de nuestro ordenamiento jurídico: la prohibición del uso de la violencia entre particulares para resolver conflictos jurídicos.
Ese es el punto que hemos expresado en esta oportunidad y en las sesiones previas.
Por eso, como Gobierno hemos sido explícitos en señalar que vamos a ejercer las atribuciones que nos confiere la Constitución para hacer valer este punto de vista respecto de un proyecto de ley que podría implicar el uso de la violencia de los particulares para resolver conflictos de carácter jurídico mucho tiempo después de usurpados los terrenos.
Ahora, yo escuché atentamente lo que señalaron -por su intermedio, Presidente- el Senador García y la Senadora Aravena. Y si ese fuera el punto, si este fuera un problema de interpretación, entonces la pregunta sería: ¿por qué no se generan las condiciones para arribar a un texto que efectivamente exprese las medidas en las que estamos de acuerdo?
Todos estamos de acuerdo en otorgar mejores herramientas; todos estamos de acuerdo en que es distinta la situación de la persona que está en un inmueble y a la que se le viene a usurpar el mismo de una situación que se consolida en el tiempo.
Como se quiere resolver la situación que se consolida en el tiempo, se ha señalado que este es un delito de efectos permanentes. Pero eso implicaría un estado de flagrancia también permanente, que podría significar la autorización del uso de la fuerza mucho tiempo después por parte de los propios particulares. Y ese es el punto de vista que nosotros hemos rechazado enérgicamente en esta iniciativa. ¡Ese es el punto!
Y es una advertencia, porque aquí se transgrede o se pone en duda un principio básico de nuestro ordenamiento jurídico, relacionado con la forma a través de la cual se resuelven los conflictos jurídicos en el marco de un Estado de derecho, donde el monopolio del uso de la fuerza está radicado en el Estado, particularmente en la fuerza pública, y no en los particulares.
Se hizo referencia a la ley de robo de madera y a la Ley Nain-Retamal. Yo era Senador en aquel entonces; las voté favorablemente, pero son leyes que se corrigieron en el trámite legislativo.
Sobre este punto, no hemos visto que exista voluntad de arribar a un texto que exprese precisamente lo que han planteado los Senadores que aquí lo están defendiendo con tanto esfuerzo y legítimamente, ¡legítimamente!
Por eso hemos hecho la advertencia respecto de lo que implicaría una legislación de esta naturaleza, y especialmente la autorización del uso de la fuerza por parte de los particulares, por las implicancias que eso puede tener para el país... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).
El señor COLOMA (Presidente).-
Le vamos a dar un último minuto, si lo necesita, Ministro.
El señor ELIZALDE (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Por último, Presidente, quisiera señalar que las observaciones del Presidente de la República a un proyecto de ley con el cual está en desacuerdo son parte de un mecanismo de nuestra legislación establecido en la Constitución vigente. Nadie se puede sentir ofendido porque se ejerce un derecho o una potestad establecida en la Carta Fundamental. El Presidente Aylwin lo ejerció al menos quince veces; el Presidente Frei, veinticinco; el Presidente Lagos, al menos once; la Presidenta Bachelet, al menos doce; el Presidente Piñera, ¡al menos veinte!, ¡veinte veces!, en sus dos mandatos, según una revisión rápida que hemos hecho de las veces en que se recurrió a este instrumento.
Nosotros vamos a seguir insistiendo en que no se puede transgredir un principio básico que tiene que ver con la forma a través de la cual se resuelven los conflictos en una sociedad civilizada, pues la violencia entre particulares no es admisible de ninguna manera.
Gracias, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
A usted, Ministro.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
La primera votación -no sé si hay unanimidad en este punto, lo voy a preguntar- es para todos las artículos que no tienen que ver con los numerales 6 y 8 del artículo 1° y con el numeral 2 del artículo 2°, que son justamente las disposiciones respecto de las cuales se ha pedido votación separada.
Si les parece, podemos dar por aprobado el resto del proyecto.
Entiendo que están todos de acuerdo. El problema está en lo último.
¿Acordado?
Acordado.
Vamos a votar ahora el N° 6, nuevo, del artículo 1°.
Secretario, por favor, explique lo que se va a votar.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Perdón, Secretario.
Senadora Pascual, tiene la palabra.
La señora PASCUAL.-
Disculpe, Presidente.
Nosotros creíamos que se iban a votar todos los artículos por separado; por eso advertimos nuestra votación en su mérito.
Entonces, si ha juntado todo, nosotros no vamos a aprobar lo que usted señaló recién.
El señor COLOMA (Presidente).-
¿Usted vota en contra, se abstiene o...
La señora PASCUAL.-
Nos vamos a abstener.
El señor COLOMA (Presidente). Entonces, hagamos algo más fácil.
Vamos a hacer una primera votación, porque nadie pidió votación separada de todo. Hay tres votaciones separadas que solicitó el Senador Quintana. Para el resto de los artículos, no. Ya se cerró la discusión y no hay más votaciones aparte de las separadas.
Vamos a votar...
La señora PASCUAL.-
Disculpe, Presidente.
Pensamos que esta votación venía con la misma pauta de la Cámara; por eso no advertimos aquello.
El señor COLOMA (Presidente).-
Bueno.
En votación todos los artículos y todos los incisos...
El señor MACAYA.-
Toque los timbres, Presidente. No están sonando.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Ahora van a sonar.
En votación.
El señor COLOMA (Presidente).-
Se votan todos los artículos, menos los numerales 6 y 8 del artículo 1° y el numeral 2 del artículo 2°, para que estemos de acuerdo.
¿Estamos claros?
La señora EBENSPERGER.-
¿Puede hacer sonar los timbres, por favor?
El señor COLOMA (Presidente).-
Están sonando.
Senador Saavedra, tiene la palabra.
El señor SAAVEDRA.-
¿Votaríamos separadamente el artículo 1°, numerales 6, 8...
El señor COLOMA (Presidente).-
Los numerales 6 y 8 del artículo 1° y el N° 2 del artículo 2°.
El señor SAAVEDRA.-
¿Y los numerales 2 y 4 del artículo 2°?
El señor COLOMA (Presidente).-
No, respecto del numeral 4 del artículo 2° no se pidió votación separada.
El señor SAAVEDRA.-
¿No pidieron?
Lo vamos a tener que rechazar, entonces.
(Rumores).
El señor COLOMA (Presidente).-
Está abierta la votación.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
(Luego de unos instantes).
El señor COLOMA (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueban las normas del proyecto, con excepción de aquellas respecto de las cuales se solicitó votación separada (35 votos a favor y 6 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Gatica, Órdenes, Rincón, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Edwards, Espinoza, Flores, Gahona, García, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.
Se abstuvieron las señoras Campillai, Pascual y Provoste y los señores Huenchumilla, Latorre y Núñez.
El señor COLOMA (Presidente).-
Aprobados, por tanto, todos los artículos, menos aquellos que van a ser sometidos a votación separada.
Vamos con la primera de las votaciones.
Senador Quintana, la primera y la segunda votación, ¿pueden hacerse juntas?
El señor QUINTANA.-
No, nos demoraremos solo dos minutos.
El señor COLOMA (Presidente).-
Le consultaba nada más que para la explicación.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El Senador señor Quintana ha solicitado votación separada del N° 6, nuevo, del artículo 1°, que es del siguiente tenor: "6. Introdúcese el siguiente artículo 462 ter: Artículo 462 ter..."
El señor EDWARDS.-
¿En qué página está?
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Página 11 del comparado, señor Senador.
"Artículo 462 ter.-
El que sin estar legalmente autorizado destruya o altere los términos o límites de un inmueble con el objetivo de posibilitar una posesión, será sancionado con multa de seis a diez unidades tributarias mensuales.
"Con la misma pena será sancionado quien, sin tener la posesión material de un bien inmueble, instale banderas, estacas u otras demarcaciones destinadas a manifestar intención de posesión de sitios no destinados a la habitación, sin el consentimiento de quien lo posee en virtud de título legítimo".
Esa es la norma que se debiera votar.
Votar "sí" es aprobar la norma que viene propuesta; votar "no", rechazarla.
El señor COLOMA (Presidente).-
Si les parece, vamos a ofrecerle la palabra, por dos minutos, a quien pidió la votación separada. Y lo mismo a alguien que quiera rebatir.
El señor SAAVEDRA.-
¡Estamos en votación!
El señor COLOMA (Presidente).-
Quien solicita la votación separada tiene derecho a explicar su petición por dos minutos.
Tiene la palabra el Senador Quintana.
El señor QUINTANA.-
Presidente, solo me voy a referir al N° 6, nuevo, del artículo 1°, que introduce el siguiente artículo 462 ter: "El que sin estar legalmente autorizado destruya o altere los términos o límites de un inmueble con el objetivo de posibilitar una posesión, será sancionado con multa de seis a diez unidades tributarias mensuales.
"Con la misma pena será sancionado quien, sin tener la posesión material de un bien inmueble, instale banderas, estacas u otras demarcaciones destinadas a manifestar intención de posesión de sitios no destinados a la habitación, sin el consentimiento de quien lo posee en virtud de título legítimo".
¿Por qué creemos que hay que rechazarlo? Porque regula con pena más baja -reitero: lo nuevo que viene de la Cámara- hechos que ya son constitutivos de usurpación en la legislación vigente, en los artículos 457 y 458 del Código Penal, y de manera especial en el artículo 462 del mismo Código.
Aquí claramente hay un contrasentido.
Lo señalaba la Ministra hace un rato: hay un desorden y una confusión que lamentablemente se originó en la Cámara que creo que debemos corregir incluso en beneficio de las personas víctimas de la ocupación.
El señor COLOMA (Presidente).-
Gracias, Senador.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
En votación.
El señor COLOMA (Presidente).-
En votación el N° 6, nuevo, del artículo 1°.
Los que están de acuerdo con la redacción del N° 6, nuevo, correspondiente al artículo 1°, votan a favor; los que están en contra, como el Senador Quintana, votan que no.
Esa es la votación.
En votación.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor COLOMA (Presidente).-
Cerrada la votación.
--Se aprueba el N° 6, nuevo, del artículo 1° (23 votos a favor y 19 en contra).
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger y Gatica y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, Durana, Edwards, Gahona, García, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Sandoval, Sanhueza y Van Rysselberghe.
Votaron por la negativa las señoras Campillai, Órdenes, Pascual, Provoste, Rincón, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Araya, De Urresti, Espinoza, Flores, Huenchumilla, Lagos, Latorre, Núñez, Quintana, Saavedra, Velásquez y Walker.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
En la Mesa se encuentran registrados los siguientes pareos: de la Senadora señora Núñez con el Senador señor Insulza; del Senador señor Galilea con la Senadora señora Allende, y de la Senadora señora Carvajal con el Senador señor Castro Prieto.
El señor COLOMA (Presidente).-
Aprobado, por tanto, el N° 6 del artículo 1°.
Vamos a la segunda votación separada, que corresponde al N° 8 del artículo 1°.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El N° 8, que pasó a ser N° 7, introduce el siguiente artículo 470 bis:
"Artículo 470 bis.-
Se impondrán respectivamente las penas señaladas en el artículo 467, aumentadas en un grado, al que mediante...
La señora RINCÓN.-
¿Qué página del comparado?
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Página 12 del comparado.
...al que mediante engaño dispusiera a otro a celebrar cualquiera clase de actos o contratos que tengan por finalidad última o inmediata la transferencia del dominio o la concesión del uso y goce de un sitio, lote o terreno sin tener título legítimo de dominio o posesión, ni autorización del que lo detenta legítimamente para celebrar actos o contratos, siempre que le ocasione un perjuicio patrimonial a la víctima".
El señor COLOMA (Presidente).-
Los que estén por aprobar la redacción que tiene el N° 7 del artículo 1° votan que sí; los que estén en contra votan que no.
Tiene la palabra el Senador Quintana.
El señor QUINTANA.-
Presidente, igualmente hemos pedido votación separada del N° 8, que ha pasado a ser 7, del artículo 1°, el cual señala lo siguiente:
"Artículo 470 bis. Se impondrán respectivamente las penas señaladas en el artículo 467, aumentadas en un grado, al que mediante engaño dispusiera a otro a celebrar cualquiera clase de actos o contratos que tengan por finalidad última o inmediata la transferencia del dominio o la concesión del uso y goce de un sitio, lote o terreno sin tener título legítimo de dominio o posesión, ni autorización del que lo detenta legítimamente para celebrar actos o contratos, siempre que le ocasione un perjuicio patrimonial a la víctima".
Hasta ahí estamos todos bien.
(Rumores).
Esto es bien importante, Presidente.
Nosotros creemos que hay que rechazar este numeral, porque la Cámara eliminó el segundo inciso, que contenía la agravante aprobada por el Senado. Reitero: la Cámara eliminó la agravante aprobada por el Senado consistente en abusar de la situación de precariedad socioeconómica de la víctima.
El delito de loteo irregular debe castigarse con fuerza, especialmente cuando se abusa de personas en situación vulnerable. Esto afecta claramente a las personas más pobres.
Si alguien está celebrando esta eliminación son los estafadores; estafadores en distintos ámbitos, inmobiliarios especialmente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias, Senador.
En votación.
La señora EBENSPERGER.-
¿Y a favor?
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
En votación.
El señor COLOMA (Presidente).-
Perdón.
Yo había dicho dos minutos por intervención.
Senador Kast, tiene la palabra por dos minutos.
La señora PROVOSTE.-
Presidente, ¡que hablen los que están a favor de proteger a los estafadores!
El señor COLOMA (Presidente).-
Otorgué la palabra al Senador Kast, que está por argumentar en el sentido inverso.
Senador Kast, tiene la palabra.
El señor KAST.-
Presidente, yo les diría, a los que aquí están opinando, que ojalá hubieran asistido a las sesiones que celebró la Cámara de Diputados.
Yo, obviamente, me di el trabajo de asistir a ellas, y la razón que dieron los juristas en ese minuto para modificar la redacción de este artículo era que permitía penalizar este tipo de engaño en forma más efectiva y simple y no con un elemento subjetivo, porque no se habla del Registro Social de Hogares; en el texto que nosotros despachamos no se especifica el criterio objetivo.
Esa fue la razón jurídica que dieron en la Cámara de Diputados para hacerlo más simple. Es por eso que invito a respaldar el trabajo que seriamente se hizo en esta materia.
El señor COLOMA (Presidente).-
En votación.
Los que están de acuerdo con la redacción votan que sí y los que están en contra votan que no.
¿Han votado todos?
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor COLOMA (Presidente).-
Cerrada la votación.
--Se aprueba el N° 8, que pasó a ser 7, del artículo 1° (23 votos a favor y 19 en contra).
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger y Gatica y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, Durana, Edwards, Gahona, García, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Sandoval, Sanhueza y Van Rysselberghe.
Votaron por la negativa las señoras Campillai, Órdenes, Pascual, Provoste, Rincón, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Araya, De Urresti, Espinoza, Flores, Huenchumilla, Lagos, Latorre, Núñez, Quintana, Saavedra, Velásquez y Walker.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
En la Mesa se han registrado los siguientes pareos: de la Senadora señora Núñez con el Senador señor Insulza; del Senador señor Galilea con la Senadora señora Allende, y de la Senadora señora Carvajal con el Senador señor Castro Prieto.
El señor COLOMA (Presidente).-
Aprobada, por tanto, la norma que estaba sometida a votación.
Vamos a la última votación, recaída en el N° 2 del artículo 2°.
El señor EDWARDS.-
¿Qué página?
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Página 15.
Corresponde a una supresión; es un artículo que se suprimió.
El número suprimido agregaba el siguiente artículo 157 bis, nuevo:
"Artículo 157 bis. Restitución anticipada en procedimientos por ocupación de inmueble. Durante la etapa de investigación, en procedimiento seguido por los delitos descritos en los artículos 457, 458 y 458 bis del Código Penal, la víctima podrá solicitar por escrito al juez de garantía que decrete la restitución anticipada del bien raíz que hubiere sido ocupado con empleo de fuerza en las cosas o violencia o intimidación en las personas. Del mismo modo, la víctima podrá solicitar que se decrete esta medida al deducir la demanda civil.
"El juez podrá decretar dicha medida siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
"a) Que existan antecedentes que acrediten la posesión o legítima tenencia, según sea el caso.
"b) Que existan antecedentes que hagan verosímil el uso de fuerza en las cosas o violencia o intimidación en las personas de parte de los imputados.
"c) Que existan antecedentes calificados que permitan al tribunal considerar que la medida es indispensable para cautelar los resultados de la demanda civil.
"Cuando lo estime necesario para tal efecto, el juez podrá exigir al solicitante que rinda fianza, caución u otra garantía suficiente, para responder por los perjuicios que se pudieren originar.
"Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante siempre será responsable de los perjuicios que se originen, por el solo hecho de no deducir demanda civil oportunamente o no pedir en ella que continúe en vigor la medida decretada, o hacer abandono de la acción civil".
Esa es la norma que se suprimió.
Votar "sí" es mantener la supresión; votar "no" es rechazar esa supresión, y habría que votar la norma después.
El señor COLOMA (Presidente).-
Senador Quintana, tiene la palabra para argumentar en el sentido de votar en contra.
El señor QUINTANA.-
Presidente, efectivamente, esta es una norma que estaba presente en las mociones originales sobre usurpación, particularmente en la moción de la Senadora Carmen Gloria Aravena, cual es la restitución -escúcheme bien, por favor- anticipada de inmuebles ocupados. ¡Qué más importante que eso!
Eso estaba, eso salió del Senado, y por supuesto es de aquellas materias en las cuales el Gobierno contribuyó y que también empujó.
¿Qué pasa acá, con lo que viene de la Cámara? De manera injustificada -por eso esto es bien inconcebible- se ha suprimido el artículo 157 bis, aprobado por el Senado, que contiene una norma especial de restitución anticipada de inmuebles ocupados durante el proceso penal, aun antes de la formalización de la investigación, ¡aun antes de la formalización de la investigación!
Esta es de las cosas que creo que salieron bien del Senado.
Claramente, aquí los que se dicen defensores de las víctimas tendrán que ver cómo se autodenominan ahora.
Por eso llamamos a rechazar.
El señor COLOMA (Presidente).-
Gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador Kast para argumentar en el sentido inverso.
El señor KAST.-
Gracias, Presidente.
La razón de que la Cámara de Diputados haya optado por sacar el artículo -y yo creo que fue correcto- es que, dado que hay flagrancia permanente, no se requiere un proceso judicial. Esa es la gracia. Es como si, en caso de que hubiese un robo, para poder tomar detenida a la persona que robó se tuviera que pedir permiso a un juez. Eso no es necesario.
La restitución del inmueble será automática, porque con esta ley los carabineros van a poder tomar detenidas a las personas que estén usurpando.
Presidente, esa es la razón por la cual la Cámara de Diputados optó por sacar el artículo: para dejar un texto coherente y que efectivamente opere la restitución en forma automática.
Actualmente, con la flagrancia de doce horas eso no ocurre. Si hay que hacer un operativo policial y pasan las doce horas, ahí sí se requiere la autorización judicial.
Sin embargo, como el proyecto establece explícitamente que la flagrancia será permanente, dicho artículo no resulta necesario.
El señor COLOMA (Presidente).-
Gracias.
Se procederá a votar.
Votar "sí" significa mantener el artículo señalado; votar en contra es pensar que dicha norma no tiene que estar dentro del proyecto.
(Rumores).
La señora EBENSPERGER.-
¡No se escuchó!
El señor SANDOVAL.-
¡Module bien!
El señor LAGOS.-
¡Es al revés!
El señor COLOMA (Presidente).-
Votar "sí" es para mantener la supresión que plantea la Cámara; votar "no" implica retomar la opción anterior.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
En votación.
El señor LAGOS.-
"No" es ser consistente con lo que el Senado estableció antes.
El señor COLOMA (Presidente).-
Lo reitero: "sí" es aprobar la supresión que plantea la Cámara; "no" es votar en el sentido inverso.
(Luego de unos instantes).
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor COLOMA (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba la supresión del N° 2 del artículo 2° (24 votos a favor, 17 en contra y 1 abstención), y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger y Gatica y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, Durana, Edwards, Flores, Gahona, García, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Sandoval, Sanhueza y Van Rysselberghe.
Votaron por la negativa las señoras Campillai, Órdenes, Pascual, Provoste, Rincón, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Araya, De Urresti, Espinoza, Lagos, Latorre, Núñez, Quintana, Saavedra, Velásquez y Walker.
Se abstuvo el señor Huenchumilla.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Se registran en la Mesa los tres pareos ya indicados: de la Senadora señora Núñez con el Senador señor Insulza; del Senador señor Galilea con la Senadora señora Allende, y de la Senadora señora Carvajal con el Senador señor Castro Prieto.
(Aplausos en la Sala).
El señor COLOMA (Presidente).-
Por tanto, queda aprobado el articulado y el proyecto se remite al Ejecutivo para los efectos que estime pertinentes, o para la promulgación de la ley, sin perjuicio de los derechos que correspondan.
Conforme al Reglamento, siendo las 19:07, corresponde entrar a la hora de Incidentes.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor COLOMA (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
)------------(
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor ARAYA:
Al Contralor General de la República, con la finalidad de hacer llegar ANTECEDENTES ENVIADOS POR DON JUAN ENRIQUE PIMENTEL, RESIDENTE DE ANTOFAGASTA, PARA SOLICITAR PRONUNCIAMIENTO SOBRE NORMAS QUE RIGEN UN PARTICULAR PROCEDIMIENTO REGLAMENTADO EN ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES.
Del señor CASTRO (don Juan Luis):
A la Ministra de Salud, pidiéndole RESPUESTA FORMAL SOBRE CASO DE PACIENTE EMILIANO CERECEDA RAMÍREZ, PORTADOR DE ATROFIA MUSCULAR ESPINAL TIPO 1, DE UN AÑO Y OCHO MESES DE EDAD, QUIEN NECESITA ACCESO A MEDICAMENTO ZOLGENSMA, DE DOSIS ÚNICA Y VALOR APROXIMADO DE 1.800 MILLONES DE PESOS, ANTE PREOCUPACIÓN DE SU MADRE POR FALTA DE RESPUESTA DE MINSAL.
Del señor ESPINOZA:
Al Contralor General de la República y al Subsecretario de Telecomunicaciones, para que remitan antecedentes sobre DEMORA EN TRÁMITE DE TOMA DE RAZÓN DE RESOLUCIÓN EXENTA DE SUBTEL QUE PERMITE INSTALACIÓN DE PLANTA TRANSMISORA EN TORTEL (REGIÓN DE AYSÉN), y consultándoles por MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONÍA CELULAR EN TORTEL, COMUNA DECLARADA ZONA DE INTERÉS TURÍSTICO.
Y al Alcalde de Puerto Montt, solicitándole proceder al PAGO DE REMUNERACIONES DE MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2023 DE PROFESIONAL NICOLE LAGOS GALLARDO.
Del señor KEITEL:
A la Ministra del Interior y Seguridad Pública, al Ministro de Hacienda y al Director Nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, pidiéndoles REVISAR INFORMACIÓN ENTREGADA POR SENAPRED Y CUERPO DE SOCORRO ANDINO A COMISIÓN DE EMERGENCIA DE CÁMARA DE DIPUTADOS y CONSIDERAR EN LEY DE PRESUPUESTOS PARA 2024 UNA PARTIDA QUE CONTEMPLE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA CUERPO DE SOCORRO ANDINO.
Del señor VAN RYSSELBERGHE:
Al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, requiriéndole MEDIDAS PARA ASIGNAR URGENCIA A PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE UN NUEVO MARCO DE FINANCIAMIENTO E INTRODUCE MEJORAS AL TRANSPORTE PÚBLICO REMUNERADO DE PASAJEROS (BOLETÍN N° 15.140-15) y solicitándole remitir CRONOGRAMA TENTATIVO PARA SU TRAMITACIÓN.
)------------(
El señor COLOMA (Presidente).-
En Incidentes, ofrezco la palabra al Comité Partido Regionalista Verde Social e Independiente.
Al Partido Republicano.
Al Partido Demócratas Chile.
Al Partido Revolución Democrática.
Al Partido Renovación Nacional e Independientes.
Al Partido Unión Demócrata Independiente.
En el tiempo del Comité Partido Socialista, tiene la palabra el Senador Espinoza.
HOMENAJE A SEÑOR SANTIAGO TORRES ÁGUILA, EXALCALDE DE QUINCHAO, RECIENTEMENTE FALLECIDO
El señor ESPINOZA.-
Señor Presidente, en primer lugar, a través de la Honorable Cámara del Senado, quiero rendirle un homenaje al exalcalde de la comuna de Quinchao -esto es en la isla de Chiloé- don Santiago Torres Águila, quien falleció esta semana a los ochenta y tres años de edad y fue sepultado hoy día en la comuna que lo vio desarrollar toda su vida y su actividad política y social.
En mi representación acudió parte importante de mi equipo parlamentario, encabezado por Manuel Ballestero.
En la ocasión manifestamos públicamente nuestro profundo pesar por la partida de un gran amigo, un tremendo compañero del Partido Socialista, un hijo ilustre de la comuna de Quinchao, quien será recordado por su destacable aporte en el crecimiento y desarrollo de un sinnúmero de localidades urbanas y rurales de esa comuna y, en particular, del mundo insular, que él tanto amaba.
Destaco su entrega a la comuna y al servicio público.
Santiago Torres Águila fue alcalde entre los años 2004 y 2016, por tres períodos consecutivos. Desarrolló importantes obras en salud, en educación, en servicios básicos, en la construcción de importantes establecimientos educacionales en las islas y en la ciudad, en la concreción de proyectos importantes, como APR y electrificación rural, sobre todo en los sectores insulares: por ejemplo, en isla Quenac y sus once islas adyacentes, que fueron provistas de electrificación rural gracias a su gestión. Muchas otras islas, como Linlín y Caguach, recibieron de parte de la gestión del alcalde Torres un trato muy especial en la concreción de iniciativas y proyectos.
El 19 de noviembre del 2016, al darse cuenta de que las situaciones estaban complejas y de que un proyecto para la concreción de una casa del adulto mayor se había demorado -esto ocurrió cuando ya no era alcalde y se encontraba en el cargo el actual edil, René Garcés-, él donó un terreno para esa futura construcción en plena ciudad de Quinchao, un terreno de 2 mil metros cuadrados. Este hecho grafica el tipo de persona de la cual estoy hablando.
En nombre propio y de nuestro querido Partido Socialista, damos nuestras más sentidas condolencias a toda su familia, a sus seres queridos, a sus hijos y a todos quienes lo acompañaron durante su ejercicio como alcalde de esa comuna.
REVALUACIÓN Y REAJUSTE DE PAGOS DESTINADOS POR JUNAEB A TUTORAS DE RESIDENCIA DE REGIÓN DE LOS LAGOS. OFICIOS
El señor ESPINOZA.-
En segundo lugar, señor Presidente, quiero solicitar que se envíe oficio a la Directora Nacional de la Junaeb y al nuevo Ministro de Educación.
Deseo destacar la importante labor que ha tenido Camila Rubio como Directora de la Junaeb en la concreción del finiquito de dos mil trabajadoras manipuladoras de alimentos. A la gran mayoría se le pagó, faltando solo quinientas cincuenta manipuladoras de Osorno. Este es un hecho que ha significado un alto costo para el Estado, debido a un mal término de contrato en la Administración anterior por parte del Director de la Junaeb de la época, señor Jaime Tohá.
Pero en esta ocasión mi intervención guarda relación con las tutoras de residencia de la Región de Los Lagos y de Puerto Montt, en particular, quienes solicitan, con justa razón, que se revalúe y se reajusten los pagos destinados por la Junaeb, ya que los montos actuales son insuficientes para costear los gastos básicos de alojamiento y alimentación para los y las estudiantes de educación básica, media y superior.
No hay que olvidar que todavía en nuestras ciudades muchos alumnos y muchas alumnas llegan de sectores rurales, de islas. Y las tutoras les dan no solo un hogar, sino también la alimentación.
Los tramos de pagos mensuales solo han sido reajustados a nivel de enseñanza básica y media, no a nivel de técnicos-profesionales y de universitarios. De ahí que durante el mes de marzo más de ochenta tutoras de Puerto Montt han tenido que renunciar al programa porque debían costear con financiamiento personal el acceso, la mantención y el término en el sistema educacional de cada estudiante. Por lo tanto, algunas familias de escasos recursos han debido afrontar altos costos, sea por pensiones o por congelar el año escolar de los estudiantes.
Por lo anterior, y entendiendo que hemos sido testigos de un escándalo nacional en el cual las fundaciones se llevaron la plata de nuestros compatriotas a través de tratos directos, creemos que nuestros estudiantes merecen, obviamente, una mejor atención; que las tutoras necesitan un reajuste y que se les pague un precio justo por cada alumno. Con 100 mil pesos -o un poco más- hoy día nadie puede alimentar y sostener un hogar, por lo que implican los gastos en luz, en comida y todo lo que significa esta labor tan encomiable.
Por eso, pido que se envíe un oficio al Ministro de Educación y una copia a la Directora de la Junaeb.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
DEMORA DEL SAG EN OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE SUBDIVISIÓN DE PARCELACIONES PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES. OFICIOS
El señor ESPINOZA.-
En tercer lugar, señor Presidente, deseo que se remita oficio al Ministro de Agricultura y al Director Nacional del SAG.
A este Gobierno se le metió en la cabeza de manera sistemática que aquí lo que había que hacer era terminar con las parcelaciones. Algunos parlamentarios han propuesto proyectos de 5 hectáreas como mínimo -¡ridículo!-, lo que fue rechazado por esta Sala. El que presentó el Gobierno ahora habla de 2 hectáreas para el futuro. Obviamente que es una iniciativa totalmente elitista, porque hoy día comprar 2 hectáreas en el mundo rural no cualquiera puede hacerlo.
Desde ese punto de vista, comenzaron a surgir una serie de decretos, emanados del Ministerio de Agricultura, que han paralizado todo el sistema en el Servicio Agrícola y Ganadero en lo que respecta al otorgamiento de permisos para la subdivisión de parcelaciones. Han perjudicado a mucha gente que se dedicaba a esto, a toda la cadena de trabajo en esta materia.
Indirectamente, también se está afectando de manera violenta a pequeños agricultores que tienen cultivos y sistemas de criadero. A nuestra oficina parlamentaria en Puerto Montt han llegado reclamos de cientos de pequeños agricultores de la región, quienes han señalado que son tardías las respuestas del SAG sobre la aprobación de subdivisiones, considerando que ellos necesitan vender tierras para sustentar su trabajo en los campos, a través de su principal fuente laboral, que es la ganadería y la agricultura.
Es tan loca la medida que busca impulsar el Gobierno que hoy día un pequeño agricultor que quiere tener una mejor calidad de vida y quiere producir más no puede vender una parcela o dos, porque lo retrasan de manera sostenida con el permiso de subdivisión, perjudicándolo para vender un pedazo de tierra que le ha pertenecido toda la vida.
Ese es un derecho, y este Ministro de Agricultura quiere violentar ese derecho. Yo lo encuentro absolutamente injusto. Entiendo que él quiera proteger los espacios agrícolas; pero también hay que hacerse cargo de que el Estado no ha llegado con suficiente apoyo para la pequeña y mediana agricultura, apoyo que haga que un pequeño agricultor no desee vender nada. Porque sería un mundo ideal si no deseara vender.
Pero existe la necesidad de vender un pedazo de tierra, para tener una mejor calidad de vida; muchas veces para educarse o educar a sus hijos; otras veces para pagar exámenes médicos en el sistema privado, porque en el público se demoran seis, siete años en una operación. El problema para vender es que el SAG se está demorando de seis a nueve meses para entregar las aprobaciones correspondientes y permitir realizar un trámite tan simple como el señalado.
Señor Presidente, ruego que se oficie al SAG, para que aclare el tiempo estipulado de aprobación de los ingresos de subdivisiones, y al Ministro de Agricultura, para que entienda que en nuestro país tenemos más problemas de mayor trascendencia que terminar con las parcelaciones. Lo importante sería ver cómo ayudamos de manera más directa a que los pequeños agricultores no tengan que vender porque no reciben apoyo del Estado.
He dicho, Presidente.
Muchas gracias.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Muchas gracias, señor Senador.
Ofrezco la palabra al Comité Partido por la Democracia e Independientes.
En el turno del Comité Mixto Independiente y Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra la Senadora Yasna Provoste.
SUBSIDIO PARA FAMILIAS MÁS VULNERABLES, ACCESO DE PYMES COMO CLIENTES LIBRES Y MEDIDAS GENERALES PARA ENFRENTAR INCREMENTO DE TARIFAS ELÉCTRICAS. OFICIO
La señora PROVOSTE.-
Presidente, en el día de hoy hemos conocido los datos del Instituto Nacional de Estadísticas sobre un aumento sostenido del desempleo en las últimas nueve mediciones. Esto se suma al alza en el costo de la vida, todo lo cual genera un profundo malestar y preocupación en las familias de nuestro país.
Otro problema que sin duda va a ralentizar la velocidad de la recuperación económica y la seguridad de las familias tiene que ver con el alza en las tarifas eléctricas. Según la CNE, ese aumento llegará a un 48 por ciento. Es el dato de una institución pública. En octubre de este año y, probablemente, en marzo y abril de 2024, debiéramos enfrentar importantes alzas tarifarias para los clientes regulados que consumen mensualmente más de 500 kilowatts.
Este aumento en los costos de producción se genera por la Ley de PEC 2, que golpea doblemente a los clientes regulados de consumo en estos indicadores, además de financiar un subsidio cruzado para amortiguar las alzas tarifarias de los clientes de menor consumo.
La CNE ha entregado informes técnicos donde se han calculado las alzas tarifarias. Nos parece muy preocupante, Presidente, observar que los más afectados van a ser los clientes con consumos superiores a los 500 kilowatts. Se trata, principalmente, de empresas de menor tamaño, las que van a tener un alza de 48 por ciento en sus cuentas eléctricas.
Para el año 2024 vendría otro aumento de tarifa. Según cálculos preliminares de expertos, en el caso de los clientes regulados, tal alza alcanzaría un 70 por ciento.
El hecho de que se incrementen las tarifas para las empresas de menor tamaño en 48 por ciento -en esto se verán involucrados también los municipios pequeños, que deben atender situaciones de familias con alta vulnerabilidad-, según datos que se extraen del informe de la CNE, y de que posiblemente en marzo de 2024 -insisto- el alza llegue a un 70 por ciento, es un golpe demasiado fuerte en materia de costos de producción; pero también puede afectar el consumo, ya que va a impactar en los precios finales.
Hemos visto recientemente lo relativo al precio de las papas, ante lo cual uno dice: "Mire, aquí nada justifica el alza, más allá de los informes de la Odepa, de la reducción en la superficie; pero se utiliza la situación lamentable de las inundaciones para elevar el costo". Bueno, aquí va a haber un dato real y concreto: el alza de la tarifa, de acuerdo a los informes de un organismo público, va a llegar hasta un 70 por ciento.
Entonces, a pesar de la ley N° 21.472, los consumidores finales van a sufrir un alza en las tarifas en las próximas semanas, que, en el caso de las familias con consumos de hasta 350 kilowatts-hora, será del 14 por ciento. Y además las empresas e instituciones con consumos superiores a 500 kilowatts van a tener alzas superiores al 50 por ciento este año, lo que va a afectar severamente la reactivación económica en nuestro país.
Además, Presidente, el proyecto de transición energética que envió el Gobierno también genera alzas en las tarifas eléctricas. Lo hemos escuchado así de parte de organizaciones que merecen todo nuestro reconocimiento, como Conadecus.
Insistimos en lo que hemos venido sosteniendo desde hace años: se requiere un subsidio focalizado en las familias vulnerables, por ejemplo, que pertenezcan al 40 por ciento más bajo del Registro Social de Hogares, para que cubra parte de la cuenta mensual del consumo eléctrico. En la ley N° 21.472 quedó el compromiso del Ministerio de Energía de avanzar en los estudios para instalar este subsidio focalizado. Lamentablemente, el Ministro Pardow no ha avanzado nada en esta materia.
Por lo tanto, solicito que se envíe un oficio al Ministro de Energía, para que entregue un informe pormenorizado sobre todos los estudios y las acciones que permitan instalar este subsidio, además de consultarle clara y concretamente cuándo se contará con un proyecto de ley que establezca un subsidio focalizado a las familias más vulnerables para cubrir las cuentas mensuales de la luz.
La Comisión de Energía del Senado ha propuesto que las pymes con consumos superiores accedan también a la categoría de clientes libres, fórmula que permitiría rebajar sus tarifas en un 20 por ciento, lo que ha sido respaldado por diversos gremios de las pymes. Lamentablemente, el Ministro Pardow tampoco ha respondido a esta propuesta.
Por lo tanto, solicito que se envíe un oficio distinto al Ministro, para que explique la razón por la cual hoy día no se permite que las empresas de menor tamaño puedan acceder como clientes libres y, de esta forma, rebajar la tarifa.
Creo que es importante también que el Ministro Pardow explique, no solo al Senado, sino al país, cómo se van a implementar iniciativas que permitan disminuir... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).
Presidente, estaba pidiendo que el Ministro haga llegar un detalle de las acciones que va a emprender el Gobierno, a través de su Cartera, para enfrentar el incremento tarifario este año y, particularmente, el 2024.
He dicho, señor Presidente.
Muchas gracias.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre de la señora Senadora, conforme al Reglamento
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El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Muchas gracias, señora Senadora.
Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:24.
Rodrigo Obrador Castro
Jefe de la Redacción