REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 371ª
Sesión 28ª, en miércoles 7 de junio de 2023
Ordinaria
(De 16:23 a 21:13)
PRESIDENCIA DE SEÑOR JUAN ANTONIO COLOMA CORREA, PRESIDENTE, Y
SEÑOR FRANCISCO HUENCHUMILLA JARAMILLO, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Retamales, Karim
--Campillai Rojas, Fabiola
--Carvajal Ambiado, Loreto
--Castro González, Juan Luis
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cruz-Coke Carvallo, Luciano
--De Urresti Longton, Alfonso
--Ebensperger Orrego, Luz
--Edwards Silva, Rojo
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Flores García, Iván
--Gahona Salazar, Sergio
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--Gatica Bertin, María José
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Keitel Bianchi, Sebastián
--Kusanovic Glusevic, Alejandro
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Moreira Barros, Iván
--Núñez Arancibia, Daniel
--Núñez Urrutia, Paulina
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pascual Grau, Claudia
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Saavedra Chandía, Gastón
--Sandoval Plaza, David
--Sanhueza Dueñas, Gustavo
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Soria Quiroga, Jorge
--Van Rysselberghe Herrera, Enrique
--Velásquez Núñez, Esteban
--Walker Prieto, Matías
Concurrieron, además, la Ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Tohá Morales; el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Álvaro Elizalde Soto, y la Ministra del Medio Ambiente, señora Maisa Rojas Corradi.
Asimismo, se encontraban presentes las Subsecretarias de Hacienda, señora Heidi Berner Herrera, y General de la Presidencia, señora Macarena Lobos Palacios, y el Subsecretario de Justicia, señor Jaime Gajardo Falcón.
Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, y de Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:23, en presencia de 28 señoras Senadoras y señores Senadores.
El señor COLOMA (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor COLOMA (Presidente).-
Las actas de las sesiones 24ª y 25ª, ordinarias, en 30 y 31 de mayo de 2023, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras Senadoras y los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor COLOMA (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor BUSTOS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta, la cual, por ser un documento oficial, se inserta íntegramente y sin modificaciones.
Siete Mensajes de S.E. el Presidente de la República
Con los que retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", respecto de las siguientes iniciativas:
-La que modifica la Ley General de Educación y la Ley sobre Subvención del Estado a establecimientos educacionales, para reforzar la normativa sobre convivencia escolar, considerando el respeto de la identidad sexual y de género, y sancionar toda forma de discriminación basada en estas circunstancias (Boletín N° 13.893-04).
-La que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias (Boletín N° 9.914-11).
-La que establece un nuevo marco de financiamiento e introduce mejoras al transporte público remunerado de pasajeros (Boletín N° 15.140-15).
-La que modifica la ley N° 20.128, sobre responsabilidad fiscal (Boletín N° 14.615-05).
-La que concede la nacionalidad chilena, por especial gracia, a la ciudadana ecuatoriana, señora Mery Siley Cortez Ortiz (Boletín N° 15.374-17).
-La que concede la nacionalidad por gracia a la escritora señora Gioconda Belli Pereira (Boletín N° 15.847-17).
-La que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979, y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, en las materias que indica, crea un nuevo modelo de atención en el FONASA, otorga facultades y atribuciones a la Superintendencia de Salud y modifica normas relativas a las instituciones de salud previsional (Boletín N° 15.896-11).
--Se toma conocimiento de los retiros y de las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficio
De la Honorable Cámara de Diputados
Con el que comunica que, en sesión del día de ayer, y de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 42 de la Constitución Política de la República, ha dado su acuerdo a la solicitud efectuada por S.E. el Presidente de la República, mediante oficio GAB.PRES. N° 898, de 1 de junio de 2023, a efecto de que se prorrogue la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia, en la Región de La Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío, declarado por el decreto supremo N° 189, de 16 de mayo de 2022 y prorrogado, la última vez, por el decreto supremo N° 143, de 25 de mayo de 2023, ambos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por el plazo adicional de 15 días, a contar del vencimiento del período previsto en el señalado decreto supremo N° 143 (Boletín N° S 2.403-14).
--Se toma conocimiento.
Informe
Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Penal, para tipificar el delito de tenencia de elementos tecnológicos que permitan a las personas privadas de libertad comunicarse con el exterior (Boletín N° 15.796-07) (con urgencia calificada de "simple").
--Queda para Tabla.
Mociones
De los Honorables Senadores señores Ossandón, señora Ebensperger, y señores Cruz-Coke, Galilea y Huenchumilla, con la que inician un proyecto de ley que modifica la ley N° 19.947, que establece nueva Ley de Matrimonio Civil, con el objeto de ampliar el plazo para solicitar la inscripción en el Registro Civil del acta del matrimonio celebrado ante una entidad religiosa (Boletín N° 16.001-36).
--Pasa a la Comisión de Familia, Adulto Mayor, Infancia y Adolescencia, y Discapacidad.
De los Honorables Senadores señor Flores, señora Sepúlveda, y señores Chahuán, Latorre y Walker, con la que inician un proyecto de ley que modifica la ley N° 19.925, sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, con el objeto de regular la exigencia de cédula de identidad u otro documento de identificación a las personas que deseen adquirir bebidas alcohólicas (Boletín 16.002-11).
--Pasa a la Comisión de Salud.
Proyectos de Acuerdo
De los Honorables Senadores señor Saavedra, señoras Allende, Gatica, Núñez, Pascual, Rincón y Sepúlveda, y señores Bianchi, Castro González, Chahuán, De Urresti, Espinoza, Gahona, Keitel, Kusanovic, Lagos, Latorre, Macaya, Moreira, Núñez, Ossandón, Prohens, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker, con el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, realice las gestiones pertinentes para representar la preocupación del Estado de Chile por la situación humanitaria del prisionero político palestino, señor Walid Daqqa (Boletín N° S 2.405-12).
De los Honorables Senadores señor Keitel, señoras Ebensperger, Gatica, Núñez, Órdenes, Rincón y Sepúlveda, y señores Bianchi, Castro González, Chahuán, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Edwards, Espinoza, Flores, Gahona, Galilea, García, Kusanovic, Kuschel, Ossandón, Saavedra, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker, con el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, instruya las medidas necesarias para mejorar el acceso al diagnóstico y a los tratamientos médicos y quirúrgicos para las personas que padecen epilepsia (Boletín N° S 2.406-12).
De los Honorables Senadores señor Keitel, señoras Ebensperger, Gatica, Núñez, Órdenes, Rincón y Sepúlveda, y señores Bianchi, Castro González, Chahuán, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Edwards, Espinoza, Flores, Gahona, Galilea, García, Kusanovic, Kuschel, Ossandón, Saavedra, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker, con el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, adopte las medidas pertinentes para incorporar el Síndrome de Prader-Willi y el Síndrome de Sjögren en el Régimen de Garantías Explícitas en Salud o entre las patologías cubiertas por la ley N° 20.850, y promueva la elaboración de un catastro nacional de enfermedades raras o poco frecuentes (Boletín N° S 2.407-12).
--Quedan para ser votados en su oportunidad.
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El señor COLOMA (Presidente).-
Sobre la Cuenta, tiene la palabra el Senador Sandoval.
El señor SANDOVAL.-
Muchas gracias, Presidente.
En la Cuenta hay una remisión a la Comisión de Familia, Adulto Mayor, Infancia, Adolescencia y Discapacidad, y quiero señalarle a la Mesa que alguien cometió el error, en su minuto, de fusionar o proponer fusionar Comisiones, terminando con una Comisión que al final, desde el día en que se propuso esa pésima idea hasta el día de hoy, no ha podido tratar ningún proyecto asociado a tales temáticas, ¡ninguno!, porque ni siquiera se ha podido constituir.
La Comisión de Adulto Mayor funcionó históricamente, sin ningún problema, todos los días, y la de Infancia, igual; pero, desde el día en que se aprobó esa pésima idea, lo único que ha acontecido -y tenemos que hacernos cargo de eso, como Senado- es que esos temas lisa y llanamente no han sido tratados.
Por tanto, ustedes están mandando mociones a una Comisión que en este minuto no existe, Presidente. Le sugiero que, en este caso, se la mande, no sé, a Constitución.
Muchas gracias.
El señor COLOMA (Presidente).-
Senador Sandoval, usted sabe que eso fue aprobado en su momento por la Sala; no fue aprobado arbitrariamente por alguien.
El señor SANDOVAL.-
Por eso, ¡asumamos nuestros errores!
El señor COLOMA (Presidente).-
Bueno, ¡está bien!
La Comisión de Constitución está, entiendo, evaluándolo, y vamos a tratar de resolver la situación; pero aquí siempre hemos tratado de aplicar y seguir la ley, que es lo que estamos obligados a hacer.
Igual se toman en consideración sus planteamientos.
El señor VELÁSQUEZ.-
¡Son problemas del anterior Presidente...!
El señor COLOMA (Presidente).-
No, no son problemas del anterior.
Tiene la palabra el Senador Flores.
El señor FLORES.-
En la misma línea, Presidente, yo quisiera someter a la consideración de la Honorable Sala, por su intermedio, la modificación del acuerdo que permitió que las Comisiones unidas de Medio Ambiente y de Agricultura trataran en paralelo los proyectos del Servicio Nacional Forestal y del Servicio de Biodiversidad.
Debo decir que -y hay una historia acá- la discusión respecto del Servicio Nacional Forestal está paralizada desde el año 2019.
Hoy día vamos a votar el Servicio de Biodiversidad, por lo que la Comisión de Medio Ambiente terminó su tarea. Lo hemos conversado con su Presidente. Por tanto, también debería terminar la posibilidad de seguir constituyendo Comisiones unidas para tratar un tema que es inherente a la Comisión de Agricultura, y así no distraer el trabajo de la Comisión de Medio Ambiente.
Por esa razón, Presidente, pido revocar ese acuerdo, que tiene paralizada la tramitación del proyecto del Servicio Nacional Forestal desde el año 2019, de tal forma de poder retomar su estudio, que es de primerísima necesidad para la Cartera de Agricultura, tal como lo hemos conversado con su Ministro y con el titular de la Segprés.
Por lo tanto, Presidente, solicito reconsiderar tal decisión para que ya a partir del lunes podamos retomar la discusión de ese proyecto, que además va a tener urgencia.
El señor COLOMA (Presidente).-
Senador, yo le encuentro toda la razón, pero estamos con un problema legislativo -lo acabo de averiguar-: como las Comisiones unidas de Agricultura y Medio Ambiente ya empezaron a ver el proyecto e incluso aprobaron algunas enmiendas, no se puede retrotraer la tramitación al estado anterior. Eso lo acabamos de revisar.
La única opción sería -es lo que propongo y se puede hacer- que los Senadores de Medio Ambiente sean reemplazados, y en el fondo la de Agricultura asuma las dos tareas como si fueran una.
Es la única fórmula que me han sugerido para poder resolver esta situación.
Usted tiene toda la razón, porque debemos avanzar y creo que hay un acuerdo amplio en ese sentido.
Así que sugiero ese método. Y vamos a hablar con la Comisión de Medio Ambiente, a ver si nos puede ayudar en esa lógica.
El señor FLORES.-
Muy bien, Presidente.
Era el plan B, en realidad. Lo conversamos y entiendo que el Presidente de la Comisión de Medio Ambiente ya lo planteó. Y como más o menos coinciden las bancadas políticas de ambas Comisiones, se va a subrogar, entonces, para que en la Comisión de Agricultura puedan votar quienes pertenecen a Medio Ambiente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Perfecto.
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El señor FLORES.-
Presidente, aprovecho la palabra para solicitar que se inicie el trámite de la modificación de la Ley de Alcoholes, iniciativa que fue leída en la Cuenta del día de hoy, desde la Comisión de Agricultura, por cuanto se originó allí. Estoy hablando del boletín 16.002-11.
Ambas Comisiones, Agricultura y Salud, pueden tratarlo, y nosotros tenemos espacio para discutir el proyecto, que es de artículo único, Presidente.
Por último,...
El señor COLOMA (Presidente).-
Vamos por partes, Senador.
El señor FLORES.-
Okay.
El señor COLOMA (Presidente).-
Solicito autorización, entonces, para que, tal como lo plantea el Senador Flores, la Comisión de Agricultura pueda conocer del boletín mencionado, que le es propio.
¿Les parece?
--El proyecto pasa a la Comisión de Agricultura.
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El señor COLOMA (Presidente).-
Vamos a la tercera petición.
El señor FLORES.-
Gracias, Presidente.
Quisiera solicitar que se ponga en Fácil Despacho o sobre tabla -para el caso el efecto es más o menos el mismo- el proyecto de ley que modifica la ley N° 21.435 para ampliar el plazo de inscripción y regularización de derechos de aprovechamiento de aguas, a fin de que, tal como lo conversamos la semana pasada y dado el próximo vencimiento de los plazos para la prórroga -lo votamos con urgencia el día lunes y ya fue aprobado en general la semana pasada, tanto por la Comisión como por la Sala-, pudiéramos votarlo en esta sesión y despacharlo a la Cámara para su tercer trámite, si fuera posible.
El señor COLOMA (Presidente).-
Una vez más, Senador, concuerdo con usted, pero tenemos otro problema: como se requiere informe financiero, tiene que pasar por Hacienda. Me lo acaban de señalar.
Hay dos opciones: o facultamos a la Comisión de Hacienda para que vea el proyecto en funcionamiento simultáneo con la Sala, o lo ponemos en primer lugar para el día martes.
¿Lo vemos en primer lugar el día martes, si les parece?
Acordémoslo desde ya, porque tiene que pasar por Hacienda.
Y quiero pedir lo mismo para el proyecto que prohíbe el uso de medios tecnológicos en las cárceles, de cuya aprobación en particular se acaba de dar cuenta. Está en la misma situación: debe pasar por Hacienda.
Entonces, para resolver ambos temas, los colocamos desde ya en primer y segundo lugar de la tabla del martes próximo, con acuerdo de la Sala.
¿Les parece?
El señor FLORES.-
No hay inconveniente, Presidente, entendiendo que no irroga mayor gasto público ni nada. Pero, si hay que pasarlo por Hacienda, que vaya a dicha Comisión y lo votamos el próximo martes.
Muchas gracias.
El señor COLOMA (Presidente).-
Efectivamente, el criterio ha sido que, cuando el informe respectivo hace referencia a gasto, tiene que pasar por Hacienda, aunque sea breve y sumariamente.
Es el criterio que además ha planteado la Diprés actual y que en verdad hemos respetado.
Acordado, en todo caso, que los dos proyectos queden en primer y segundo lugar de la tabla del próximo martes, respectivamente.
(El señor Presidente hace sonar la campanilla en señal de acuerdo).
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El señor COLOMA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Kast.
El señor KAST.-
Gracias, Presidente.
Solo quiero comentar lo que acaba de decir el Senador Sandoval.
Me parece que la Mesa debiera tomar cartas en el asunto. No es posible que una Comisión ya conformada, como la de Infancia y Adulto Mayor, no esté funcionando. No sé quién será su Presidente, pero lo encuentro gravísimo. El Senador Keitel me informa que desde hace cinco meses que no funciona.
Puede que a alguno no le guste lo que aprobó la Sala, pero, en el fondo, es una cuestión central.
Hoy en la mañana acaba de ocurrir un hecho gravísimo, en Talcahuano, donde vimos cómo niños terminaron llorando luego de un supuesto caso de educación sexual, que es abuso sexual. Y me encantaría que la Comisión de Infancia pudiera tomar medidas en el asunto, pues es gravísimo que niños de la Región del Biobío terminen con tocaciones, en una actividad que, además, se supone que es oficial del Estado de Chile, de educación sexual, realizada por supuestos médicos. Esa es la información preliminar que tenemos.
Entiendo que la Mesa tiene la facultad de citar a la Comisión si el Presidente de la misma no la convoca, para que efectivamente pueda cumplir con sus funciones.
El señor COLOMA (Presidente).-
Gracias, Senador.
Recordemos que la Sala le encomendó a la Comisión de Constitución pronunciarse respecto de la separación de las Comisiones. Y estamos a la espera de ese informe.
Entiendo que la Senadora Ebensperger va a hacer una breve intervención sobre la materia. Así que, si me permite, Senador Kast, le voy a dar la palabra a la Senadora para que dé una breve explicación sobre la situación que usted está planteando.
Tiene la palabra, Senadora Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.-
Efectivamente, Presidente, la Comisión trató el asunto. Escuchamos y hay dos posiciones. Pero, para que no volviera a ocurrir lo que pasó anteriormente con otra Comisión, le remitimos un oficio a la Mesa para que nos mandara su opinión.
Por lo tanto, el asunto ya no está hoy día en la Comisión de Constitución, que está a la espera de la opinión de la Mesa para resolver.
El señor COLOMA (Presidente).-
¿Cuándo fue enviado, Senadora?
La señora EBENSPERGER.-
Por lo menos hace un mes.
(Luego de unos instantes).
El señor COLOMA (Presidente).-
Lo que está pidiendo la Comisión de Constitución es otra cosa, estimada Senadora y amiga. Lo que se dice es que se tomen las medidas para que cada Comisión analice materias que sean de su propia competencia y exista coordinación entre ellas. No está pidiendo que nosotros tomemos una decisión; está pidiendo que cada una de las Comisiones analice las materias que sean de su propia competencia e identifique posibles proyectos en tramitación. No está requiriendo un pronunciamiento de la Mesa.
Tiene la palabra, Senadora Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.-
Presidente, ese es el último oficio, que es distinto de aquel al que yo me referí.
Es un oficio que nace a raíz de dos cosas. La primera, de una propuesta del Senador Huenchumilla, que cree importante que aclaremos bien las competencias de cada Comisión. Y la segunda, de lo que nos pasó con el proyecto sobre delitos económicos. Desde hace mucho rato venimos viendo que la Mesa, muchas veces -y no solo la actual: ¡todas!, incluida la anterior, de la que fui parte-, manda algunos proyectos a Seguridad, otros a Constitución, otros a Mujer, a diferentes Comisiones de acuerdo con su competencia, pero resulta que de repente hay proyectos que, si bien son distintos, recaen sobre la misma materia y están en diversas Comisiones, resolviendo una de determinada forma y la otra de un modo distinto.
¿Qué le pedimos a usted, Presidente? Algo que la Comisión de Constitución ya le solicitó respecto de los proyectos que le toca analizar: que la Biblioteca informe si hay iniciativas sobre la misma materia en otra Comisión, para que se legisle en forma coherente y sin contradicciones.
Ese es el oficio que usted acaba de leer. El referido a la Comisión de Adulto Mayor es bastante anterior, así que voy a pedir copia en la Comisión de Constitución para poder reenviárselo.
El señor COLOMA (Presidente).-
Nosotros solamente teníamos referencia del último oficio, que no dice lo que plantea la Senadora.
En el intertanto, Senador Kast, vamos a considerar, con la urgencia del caso, todas las inquietudes, porque yo comparto la suya.
Entendimos que el asunto se estaba resolviendo de una manera que aparentemente no era la que correspondía.
A continuación, tiene la palabra el Senador Keitel, entiendo que en la misma lógica del Senador Kast.
El señor KEITEL.-
Sí, Presidente.
Parto diciendo que soy parte de la Comisión de Adulto Mayor y entiendo que estamos cumpliendo con algo que nosotros mismos votamos y aprobamos acá respecto de la fusión que se generó mediante la cual se nos incorporaron discapacidad e infancia. Ese es un punto a aclarar y la Comisión de Constitución tiene que ayudarnos a plantear una nueva fórmula que sea ratificada acá, de manera transparente, para que podamos avanzar sobre cómo van a quedar conformadas las Comisiones y qué nombre recibirán.
Pero otra cosa, y ahí me tomo de lo comentado por el Senador Kast, es el hecho de que hace más de cinco meses que no sesionamos en la Comisión.
No sé si me está escuchando, Presidente.
Siguen pasando los días y cada semana se van acumulando proyectos sobre asuntos contingentes y que son importantes de ver en las tres materias: adulto mayor, infancia y discapacidad.
Independiente de si estamos de acuerdo o no con el nombre y de que estemos cumpliendo con algo que nosotros mismos votamos, no puede ser que no se esté convocando a la Comisión, que no estemos sesionando y avanzando, insisto, en temas de mucha relevancia.
Entonces, usted tiene la atribución para hacerlo o que el mismo Presidente de la Comisión convoque a sesión cuanto antes y que avancemos. No veo problema en que nos pongamos de acuerdo con el nombre y en que la respectiva competencia la determine Constitución, asuntos que se votarán acá, y que lleguemos a un consenso final, pero hagámoslo por el bien de tres materias tan importantes como son adulto mayor, infancia y discapacidad.
Gracias, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Brevemente, Senador.
No podemos convocar a sesión porque no está conformada la Comisión. Y de ahí que necesitemos, Senadora Ebensperger, disponer en algún minuto del pronunciamiento acerca de las competencias. Conversémoslo y busquemos una fórmula para poder resolver el asunto en término de que se pueda conformar.
Porque ¿a quién puedo citar, para efectos de su conformación, si no tenemos resuelta esa materia?
Senadora Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.-
Presidente, lo vamos a resolver brevemente, y puede ser la próxima semana. Pero independiente de que lo determinado se modifique después, no veo cuál habría sido la razón para que no se pudiera conformar hoy día una Comisión que ya está aprobada.
En todo caso, eso debieran resolverlo los comités en virtud de los acuerdos suscritos al inicio de esta legislatura.
El señor COLOMA (Presidente).-
Es que depende de las competencias; ese es el problema.
La señora EBENSPERGER.-
Hoy día, Presidente, existe una Comisión, que es la que se pide dividir, que incluye temas de familia, niñez, adolescencia y discapacidad, y que fue aprobada por la Sala.
Lo que pasa es que se presentaron un par de proyectos para cuyo tratamiento se quiere dividir la Comisión en infancia y adulto mayor.
Pero hoy día, reglamentariamente, existe una Comisión aprobada por la Sala. Y si hay el problema sobre a quién se va a incorporar en dicha instancia, bueno, los Comités lo deberán decidir en virtud de los acuerdos suscritos, y si posteriormente se modifica la conformación, entonces se vuelven a separar, que es una cosa distinta.
Pero lo que a mí no me parece correcto es que digan que no se pueden ver los proyectos sobre infancia, familia, adolescencia, discapacidad o adulto mayor por culpa de la Comisión de Constitución. ¡No!
Eso es incorrecto.
Hoy día existe una Comisión, aprobada por la mayoría de la Sala, que debiera estar conformada y funcionando hace bastantes meses. Y se estará a la espera de lo que resuelva la Comisión de Constitución en virtud de nuevos proyectos ingresados cuyas materias separan infancia y adulto mayor.
Gracias, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Ya, voy a citar mañana, a las nueve y media, a reunión de Comités y, en primer lugar, voy a plantear una sugerencia de conformación, independiente de que posteriormente haya una resolución por parte de Constitución acerca de cómo se divide la Comisión.
Senadora Allende.
La señora ALLENDE.-
Presidente, sin perjuicio de que en principio me parece razonable lo que está planteando la Senadora Ebensperger, le solicito que este asunto lo vean los Comités. Se pueden reunir por Zoom, porque es algo ya acordado por la Sala. No sigamos dilatando la sesión, porque nos vamos atrasando y tenemos proyectos muy importantes en tabla.
Yo le pido, Presidente, por favor, que tome la medida de dejar el asunto hasta aquí, y usted verá con los Comités qué resolución toman sobre algo que ya acordó la Sala.
Les corresponde a los Comités pronunciarse sobre si se mantiene lo resuelto o si quieren volver a hacer una propuesta a la Sala, que es otro tema.
Pero no sigamos en lo mismo, por favor, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Lo vamos a ver mañana, a las nueve y media, donde resolveremos el tema.
¡Y espero que también resolvamos SBAP, Senadora...!
Tengo que respetar el derecho a intervenir de quienes han solicitado la palabra.
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El señor COLOMA (Presidente).-
Senador Edwards.
El señor EDWARDS.-
Presidente, usted pidió un acuerdo para efectos de fijar la tabla de la próxima semana. Y la verdad es que me gustaría que se siguiera funcionando como lo hemos hecho hasta el día de hoy, en el sentido de que en la reunión de Comités se establezcan las tablas para poder acomodar todas las urgencias y las necesidades de cada semana.
Yo entiendo que la reunión es mañana, pero personalmente no me parecería que se fijara la tabla a partir de un acuerdo.
En tal sentido, le pediría -y levanté la mano en su minuto-, más allá de los méritos de los proyectos que considero que tendrían que verse, y considerando que cada vez que se ha discutido la posibilidad de fijar tablas para semanas posteriores siempre los Comités han decidido no hacerlo, que se respetara ese criterio. Y que en la reunión de Comités de mañana se analizara la ubicación de estos dos proyectos en relación con el resto de las urgencias existentes.
El señor COLOMA (Presidente).-
Senador, la tabla la fija la Mesa. Lo que pasa es que nosotros la sometemos a consideración de los Comités, y muchas veces con la Sala...
El señor EDWARDS.-
Pero ese es el funcionamiento general...
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas veces.
A ver, tenemos un problema práctico.
El proyecto para tipificar el delito de tenencia de elementos tecnológicos está puesto en segundo lugar de la tabla y a mí me encantaría verlo hoy día. Pero como hemos sido informados de que hay un informe financiero que exige la vista por la Comisión de Hacienda, estamos con un problema.
Una posibilidad es que Hacienda funcione en paralelo con la Sala y pueda despacharlo ahora.
Y como el proyecto tiene asignada una urgencia que hace que debamos verlo de aquí al martes, aprobamos para ese día colocarlo en segundo lugar de la tabla, luego de la iniciativa que amplía el plazo de inscripción de derechos de agua, y es facultad de la Sala tomar esos acuerdos.
El proyecto viene bien acordado y por eso lo planteé.
Y aunque podría haberse hecho sin pedirle el parecer a la Sala, me pareció razonable hacerlo de esa forma.
Igual se puede hacer.
Senadora Rincón.
La señora RINCÓN.-
Presidente, quiero plantear un tema que me parece bien delicado.
Hoy día teníamos en tabla un proyecto de ley que sanciona penalmente la tenencia de celulares dentro de los recintos penitenciarios, y usted dio cuenta de una situación por la cual se mandó a la Comisión de Hacienda. ¿Y por qué sucede aquello? Porque -y tengo en mi poder un documento que me pasó el Secretario- se acompaña un informe financiero cuyos antecedentes señalan una indicación sustitutiva del Ejecutivo al proyecto.
Esa indicación sustitutiva, Presidente, cambia un concepto, y me parece desde ya grave que para realizar aquello se reemplace el texto completo, más aún cuando dice: "no irrogará un mayor gasto fiscal"; o sea, significa no gastar ni un peso adicional.
Cambia una falta por un delito.
Entonces, me parece grave que, tratando un asunto tan delicado y que al Gobierno preocupa, como es la situación delictual, no tramitemos y despachemos ahora la iniciativa.
Hoy día la gente está siendo estafada desde las cárceles. Y por eso pido que se obvie el trámite mencionado, porque, si no, cada vez que haya un cambio de sanción penal mediante un informe financiero se tendrán que enviar los proyectos a la Comisión de Hacienda.
El señor COLOMA (Presidente).-
Estábamos, justamente, discutiendo el tema con el Senador Edwards.
Pasa lo siguiente: un proyecto que signifique mayor gasto o que incida en administración financiera tiene que pasar por la Comisión de Hacienda. Así está determinado desde siempre, no es de ahora, sino que ha sido un criterio permanente.
Entonces, la única alternativa, porque creo que todos queremos ver el proyecto ahora, es que la Comisión de Hacienda pueda estudiarlo en paralelo con la Sala.
La señora RINCÓN.-
Está en tabla.
El señor COLOMA (Presidente).-
Sí, pero yo no puedo ponerlo en discusión si no tengo el informe de la Comisión de Hacienda.
La señora RINCÓN.-
Presidente, lo que me parece grave es que si estudian el proyecto se van a dar cuenta de que la indicación sustitutiva lo único que hace es cambiar un concepto.
Entonces, pregunto: ¿cuál es el sentido de este procedimiento? ¿Qué se persigue? No es que la iniciativa no irrogue un mayor gasto fiscal, no hay gasto fiscal alguno. Por eso este trámite no debió haberse agregado: no hay ni cambio administrativo, ni cambio financiero, ni más plata implicada. ¡No hay nada!
Ese es mi punto.
El señor COLOMA (Presidente).-
Cuando se aprobó la tabla, estábamos a la espera del informe respectivo. En ese momento no estaba la indicación; por tanto, no requería...
La señora RINCÓN.-
Pero está en tabla.
El señor COLOMA (Presidente).-
Oiga, yo soy más partidario que nadie porque está dentro de las 31 prioridades en seguridad.
La señora RINCÓN.-
Lo tengo claro.
No es con usted, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Lo único que quiero es que se apruebe, pero tengo que cumplir el Reglamento.
No sé si está el Senado Lagos, Presidente de la Comisión de Hacienda, porque aquí estamos con un problema técnico.
¿Alguien de la Comisión de Hacienda? Para que puedan verlo en paralelo con la Sala. Si este trámite puede durar cinco minutos y nos evitamos, como señalaba la Senadora Allende, una larga discusión.
Bueno, acordemos, por último, que la Comisión de Hacienda pueda ver en paralelo el segundo proyecto de la tabla...
(El Senador Lagos viene entrando a la Sala).
Senador Lagos, ¿en cuánto tiempo puede informarnos?
El señor LAGOS.-
¡En cinco minutos!
El señor COLOMA (Presidente).-
"En cinco minutos": ¡eso...!
(Aplausos en la Sala).
¡Hay que saber llegar...!
Entonces, se acuerda que funcione en paralelo con la Sala la Comisión de Hacienda.
Veremos el primer proyecto de la tabla, entonces, e inmediatamente que llegue el informe podremos pasar a considerar el segundo proyecto.
¡Y le metemos velocidad, como pedía la Senadora Allende...!
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El señor COLOMA (Presidente).-
Senador Saavedra, tiene la palabra.
El señor SAAVEDRA.-
Gracias, Presidente.
A propósito de lo que planteó el Senador Kast, a modo de información general y para él en especial, señalo lo siguiente.
La Seremi de Educación de la Región del Biobío, señora Elizabeth Chávez, ya ofició a la Superintendencia de Educación para que inicie la investigación respectiva y, de esta manera, lleve a cabo la constatación de los hechos y las posteriores sanciones, si así ameritara.
Una segunda situación.
En los hechos que ocurrieron ayer y que afectaron al quinto básico de la escuela Villa Centinela Sur participó personal del Cecosf, es decir, funcionarios de la salud municipal y no "supuestos". Además, el colegio está bajo el mando del DAEM.
Por consiguiente, debería ser el alcalde de la comuna de Talcahuano quien entregara el informe pormenorizado de lo que allí ocurrió, puesto que la responsabilidad del servicio recae en él.
En tal sentido, solicito que si la Comisión respectiva va a requerir información, se oriente de esa forma y no que estemos disparando hacia donde no se debe.
El señor COLOMA (Presidente).-
Fue una petición general. No es que la Sala esté requiriendo algo, sino que el Senador está haciendo una sugerencia respecto de cómo pedir una información.
Para entenderlo.
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El señor KAST.-
Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Senador Kast, tiene la palabra.
El señor KAST.-
Seré muy breve. Me referiré al punto anterior.
Respecto al proyecto sobre el delito de tenencia de celulares en las cárceles, que valoro y apruebo y espero que lo votemos hoy día y logremos sacarlo adelante, me llama la atención que haya ido a Constitución y no a la Comisión de Seguridad.
Yo no haré hoy día un punto sobre el tema porque tenemos que avanzar, pero ojalá que la Mesa defina de una vez por todas -no sé quién decide esto- para qué existe realmente la Comisión de Seguridad si no puede tratar un proyecto sobre ¡celulares en las cárceles! ¡Perdóneme!
Avancemos, pero ojalá que la Mesa corte el queque y determine para qué existe la Comisión de Seguridad si no ve estos temas.
Gracias.
El señor COLOMA (Presidente).-
Senador Kast, con todo respeto, creo que pocas veces a la Comisión de Seguridad se le han enviado más proyectos que en el último tiempo. Incluso he sido requerido en otras ocasiones porque se le han mandado demasiados.
En este caso, cuál fue el criterio, Senador Kast: que correspondía a una pena y no a una política pública. Cuando es una política pública, va a la Comisión de Seguridad; cuando es una pena, a Constitución.
Y además se acordó en la Sala. Yo, en eso fui bien transparente...
El señor KAST.-
No fue en la Sala.
El señor COLOMA (Presidente).-
Sí, fue en la Sala, Senador.
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El señor COLOMA (Presidente).-
Vamos a entrar a la tabla.
Aquí quiero hacer una sugerencia para que tratemos de ver la mayor cantidad de proyectos, porque hay algunos bien relevantes.
Fácil Despacho: lo vamos a hacer "fácil despacho".
Respecto del primer proyecto de ley, en tercer trámite constitucional -¡tercer trámite!: significa que se discutió largamente-, propongo limitar el debate a media hora y después votarlo.
Respecto del segundo proyecto, en discusión en particular -ya lo vimos en general la semana pasada-, propongo que el debate se limite a una hora.
En el caso de la iniciativa sobre SBAP, como se trata de un informe de Comisión Mixta lo podríamos discutir por un máximo media hora, de tal manera de que alcancemos a debatir la iniciativa que exime del IVA a los servicios sanitarios rurales.
El señor MOREIRA.-
¡No!
El señor COLOMA (Presidente).-
¿Estamos todos de acuerdo?
El señor DE URRESTI.-
No va a alcanzar, no puede ser media hora.
El señor COLOMA (Presidente).-
A ver, Senador, ¿usted quiere hacer una sugerencia de cambio?
El señor DE URRESTI.-
Presidente, por la importancia de la iniciativa que crea el SBAP, usted no puede limitar la discusión a media hora. Es un proyecto que tiene bastante controversia y como existen distintos puntos de vista me parece que hay que plantear las visiones correspondientes.
No estoy de acuerdo con limitar el tiempo de intervención, de ninguna manera, en SBAP o en los otros proyectos.
El señor COLOMA (Presidente).-
Propongo una segunda alternativa, que el proyecto 4, que exime del impuesto al valor agregado a los servicios sanitarios rurales, lo pasemos al tercer lugar y lo discutamos hasta por media hora. Y después todo el saldo de la sesión, si les parece, lo dedicamos a SBAP.
La señora ALLENDE.-
Pero quedaría en cuarto lugar.
El señor COLOMA (Presidente).-
No entiendo.
¡Aquí nadie quiere nada...!
Senador De Urresti, ¿le parece esa fórmula? Igual podemos votar y resolver el asunto por esa vía. Lo que estamos tratando de hacer es llegar a algún acuerdo.
El señor DE URRESTI.-
Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Senador De Urresti, tiene la palabra.
El señor DE URRESTI.-
Insisto y reitero: de partida perdemos una hora en discutir temas que perfectamente podríamos resolverlos en reunión de Comités.
El señor COLOMA (Presidente).-
Tengo que darles la palabra a todos quienes la solicitan.
El señor DE URRESTI.-
Presidente, yo respaldo a la Mesa, pero les solicito a los colegas que nos inhibamos de plantear discusiones que se pueden llevar a reunión de Comités y zanjar ahí. Los días lunes realizamos buenas discusiones y nos ponemos de acuerdo por unanimidad o por mayoría, y se llega a un planteamiento.
Hoy día tenemos tres importantes proyectos en tabla: el que propone eximir de IVA a los APR, el que sanciona el uso de celulares en las cárceles y la tremenda iniciativa de ley sobre el SBAP, y no es bueno que mezclemos los temas.
A mi juicio, cada uno tiene su mérito y tratar de limitar la discusión va a traer inconvenientes.
En todo caso, el Orden del Día se extiende hasta las 19:30 y ¡no va a dar el tiempo!
Lo estoy proponiendo en positivo, Presidente: no limitemos la discusión. Saquemos la mayor cantidad de proyectos, pero no obviemos el debate político respecto de puntos importantes que debieran ser abordados.
El señor COLOMA (Presidente).-
Senador, lo hemos hecho muchas veces. Estamos proponiendo una fórmula de tramitación que permita ocuparnos de estos proyectos.
A mí me parece lo más razonable que el proyecto número 4 de la tabla (el que exime de IVA a los APR) lo pasemos al número 3 y lo discutamos por media hora; y que la iniciativa sobre SBAP la veamos en cuarto lugar.
¿Está bien?
Y si no alcanzamos seguiremos la semana próxima; ese es otro problema.
¡Qué le vamos a hacer...!
¿Procedemos de esa forma?
Acordado.
Entonces, pasamos al tercer lugar el proyecto que regula la exención del IVA a los APR, discutiéndolo hasta por media hora, para que sea despachado rápidamente.
Senador Espinoza, tiene la palabra.
El señor ESPINOZA.-
Solamente pido que no se elimine la hora de Incidentes, por favor, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
¡Jamás!
Senador Moreira, tiene la palabra.
El señor MOREIRA.-
Por lo general, Presidente, yo siempre lo sigo -por lo general-, pero quiero decirle una cosa: las reuniones de Comités son para proponer la tabla. Entonces, ¿para qué se reúnen y fijan una tabla si después se dan cuenta de que no alcanza el tiempo?
En esta oportunidad estoy de acuerdo con el Senador De Urresti en el sentido positivo, porque resulta que estamos discutiendo desde hace una hora.
En el proyecto sobre SBAP nos sacamos la mugre trabajando para sortear las diferencias y ahora lo pasan al cuarto lugar. A mí, de verdad, no me parece. Es una iniciativa importante, que lleva siete años acá.
Y, Presidente, no nos engañemos: usted sabe que los días miércoles no puede haber proyectos demasiado importantes en tabla. Usted sabe cuál es la razón -¡para que después no me reten...!- por la cual a cierta hora no contamos con los quorum.
El señor COLOMA (Presidente).-
¡Espero que hoy día se queden todos...!
Si les parece, empezamos altiro la discusión, porque, si no, perdemos más tiempo. Y yo trato de cumplir con el Reglamento. Me pidieron la palabra ocho parlamentarios sobre la Cuenta y tengo que dársela, no hay otra alternativa, porque a todos nos asiste el derecho a intervenir.
Vamos a operar de la forma acordada.
Entramos a Fácil Despacho.
CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE "ASISTENTES POLICIALES" POR "AGENTES POLICIALES" EN NOMENCLATURA DE FUNCIONARIOS DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El señor Presidente pone en discusión en tabla de Fácil Despacho el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Honorables Senadores señores Cruz-Coke, Flores, Insulza y Walker, y del ex Senador señor Elizalde, en materia de denominación de los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile que indica (boletín N° 15.861-25); y el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Honorables Senadores señores Ossandón, Flores, Kast, Kusanovic y Pugh, sobre nomenclatura aplicable a los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile que señala (boletín N° 15.934-25).
--A la tramitación legislativa de estos proyectos (boletines 15.861-25 y 15.934-25, refundidos) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El objetivo de los dos proyectos individualizados es reemplazar el concepto de "Asistente Policial" por "Agente Policial", para que, de esta forma, se reconozca y se diferencie correctamente a quienes, dentro de la Policía de Investigaciones, cumplan labores de personal policial.
La Comisión de Seguridad Pública hace presente que discutió de manera conjunta los proyectos en general y en particular en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, y propone a la Sala que se haga del mismo modo.
Conforme a lo anterior, la referida Comisión sometió a votación en general ambas iniciativas, resultando aprobada la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señoras Aravena y Vodanovic y señores Flores, Kast y Ossandón.
Enseguida, por idéntica unanimidad acordó proponer a la Sala que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 A, de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, estas dos iniciativas sean refundidas y, por tanto, tratadas y votadas conjuntamente, en atención a la similitud de los fundamentos de ambas y de los preceptos que contienen.
Posteriormente, la Comisión de Seguridad Pública acordó proponer un texto común para ambas iniciativas en los términos que consigna en su informe, al tenor del cual, además del objetivo inicialmente planteado por las mociones en estudio, sus normas persiguen establecer una distinción entre los actuales asistentes policiales, de manera que aquellos funcionarios que se encuentren dentro de los dos grados más altos del escalafón Asistentes Policiales sean denominados "agentes policiales superiores", como una forma de reconocer su trayectoria y de valorar su antigüedad e historia dentro de la institución.
El referido acuerdo fue adoptado por cuatro votos a favor, de los Senadores señora Aravena y señores Flores, Kast y Ossandón, y una abstención de la Senadora señora Vodanovic.
El texto que se propone aprobar se transcribe en la página 12 del informe de la Comisión de Seguridad Pública y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Es todo, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias, Secretario.
Pido autorización para que ingrese a la Sala la Subsecretaria de la Segprés, Macarena Lobos.
Acordado.
Tiene la palabra el Senador Kast.
El señor KAST.-
Gracias, Presidente.
No me voy a extender mucho en este proyecto de ley, que ya el Secretario ha explicado con bastante profundidad en su relación, sino simplemente voy a ponerlo en contexto.
Esta iniciativa fusiona dos elementos y hace algo que alguien podría pensar que es bastante sencillo, pero que para la Policía de Investigaciones es muy relevante: reemplazar en la ley respectiva el concepto de "Asistente Policial" por el de "Agente Policial".
Esto se enmarca también dentro de otro proyecto que estamos analizando, que es el que propicia la especialización preferente de la PDI justamente como agente preeminente en la investigación, lo cual le permitirá enfrentarse al crimen organizado de mejor manera.
Hoy día sabemos que la labor investigativa que hace la Fiscalía se la encarga a veces indistintamente a Carabineros de Chile o a la Policía de Investigaciones. Lo que está buscando ese proyecto de ley, que ya tiene larga data y que estamos retomando, es darle a la PDI mayores facultades en materia investigativa en aquellos delitos que son complejos, y dejar que la Fiscalía, que siempre tiene libertad sobre el particular, tenga la facultad de entregarle a Carabineros de Chile los delitos que tal vez son menos complejos.
Durante la discusión en la Comisión de Seguridad expuso el Director General de la Policía de Investigaciones, quien valoró mucho el proyecto de ley del cual les hago mención y también en particular este, que claramente les da mayor dignidad y empodera a los funcionarios de la Policía de Investigaciones, y les permite precisamente avanzar en la línea de lo que acabo de exponer.
Por eso la Comisión de Seguridad mayoritariamente votó a favor de dicho proyecto de ley.
Es todo lo que puedo decir, Presidente.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Muchas gracias, señor Senador.
Tiene la palabra el Senador Ossandón.
El señor OSSANDÓN.-
Gracias, Presidente.
Muy simple, este es un proyecto muy importante para la Policía de Investigaciones, en que se hicieron todos los estudios para demostrar que era absolutamente admisible y constitucional, y que aquí no se estaban creando nuevos cargos ni rangos, sino estableciendo una distinción mediante el cambio de nombre de determinados cargos, con lo que se le está dando dignidad a la función.
Si uno ve la historia, se dará cuenta de que al principio los asistentes policiales en su mayoría eran quienes conducían los vehículos motorizados, pero hoy día son funcionarios que participan igual que todos los policías en los operativos; usan armas; muchos están a contrata, y no son valorados, sobre todo en el caso de la experiencia de los últimos grados.
Entonces, se trata del reconocimiento a un trabajo, en que se da dignidad al cargo y también se reconoce la autoridad a quienes tienen una larga carrera a diferencia de los que están recién empezando.
Recibimos el apoyo del Director General de Gendarmería; y, por supuesto, los funcionarios esperan que aprobemos este proyecto, que parece insignificante, pero que para ellos es muy relevante.
Muchas gracias, Presidente.
La señora ALLENDE.-
¡De Investigaciones!
El señor QUINTANA.-
¿Es de Gendarmería o de la PDI?
El señor OSSANDÓN.-
¡Perdón! ¡Director General de la PDI!
¡Es que como estuve preso...! (Risas).
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Gracias, señor Senador.
Tiene la palabra el Senador Iván Flores.
El señor FLORES.-
Muchas gracias, señor Presidente.
Creo que este proyecto va mucho más allá de un cambio en la nomenclatura de los funcionarios de la Policía de Investigaciones, por cuanto dice relación con la función que antiguamente cumplían los conductores policiales, que luego se transformaron en asistentes policiales; pero resulta ser que en las mismas condiciones laborales estos ya no solamente tienen que conducir, sino que hasta el día de hoy forman parte de las brigadas y de los equipos de reacción táctica; trabajan en atención de usuarios y seguridad en los cuarteles; trabajan en el control migratorio; trabajan en la recuperación de evidencia en los sitios del suceso; trabajan en la protección de personas; trabajan e integran los equipos de Microtráfico Cero, y cumplen con otras funciones según lo requiera la institución.
Todos sabemos que nuestras Policías hoy día son altamente demandadas por la ciudadanía, por lo que ya sabemos, por cómo ha escalado la violencia, la delincuencia y la nueva forma de cometer delitos. Carabineros tiene poco más de 60 mil funcionarios y la PDI cuenta con alrededor de 13 mil, de los cuales solamente 8 mil son funcionarios oficiales, el resto son administrativos y asistentes policiales.
Entonces, en esta condición, en que necesitamos tener mayor operatividad de los recursos humanos de la Policía de Investigaciones, lo que se pretende es que funcionarios que hoy día están entre el grado 13 y 18 pasen a denominarse "agentes policiales", ya no "asistentes policiales"; porque hace poquito tiempo -acuérdense ustedes- votamos aquí que un asistente policial pudiera tener una placa que lo identificara como funcionario de Investigaciones, ya que antes no contaba con nada, y hora se les está dando la oportunidad de denominarse "agentes policiales" para poder asumir nuevas tareas. Y quienes estén en los grados 11 y 12 pasarán a llamarse "agentes policiales superiores", esto es, la gente de mayor antigüedad, que está cerca de su retiro y, por lo tanto, tiene más experiencia.
Dicho sea de paso, señor Presidente, quiero informar a la Honorable Sala que, además, de los asistentes policiales, antiguamente conductores, que se han venido especializando en una serie de tareas estratégicas y claves para la PDI, el 46,1 por ciento tiene un título profesional o técnico, y no se les reconoce esa condición porque ocupan grados de entre el 13 y el 18, más cargadito para el 18 que para el 13.
Entonces, esta nueva nomenclatura a la vez genera un escalafón distinto para ellos: grados 11 y 12, agentes policiales superiores; y grados del 13 al 18, agentes policiales.
Esto de verdad va a permitir que dentro del proyecto que deberíamos empezar a debatir cuanto antes, de Ley de Planta de la Policía de Investigaciones, podamos incorporar a los 5 mil agentes que necesita la PDI para poder colocarse en línea con las exigencias de los nuevos tiempos y de la forma de hacer delitos.
La Policía de Investigaciones ya ha dicho que tiene un centro de educación de primera línea que está capacitado para formar a cerca de mil agentes al año, pero no puede sacar a más de 170 o 180, porque esa es la cantidad que se retira. ¡No pueden formar policías para el mercado libre, sino para lo que necesita la Policía de Investigaciones! Por consiguiente, tenemos un gran centro de formación que está absolutamente subutilizado.
En esa condición, la PDI ha dicho que, si el Gobierno los acompaña en esta nueva propuesta de ley de planta, están en condiciones de formar la cantidad de oficiales policiales que necesita el país en corto plazo.
Esperamos, entonces, que se formen estos 3 mil agentes policiales nuevos en el corto plazo para poder concentrarse en esas tareas como coadyuvantes de los oficiales policiales y de los oficiales policiales profesionales propiamente tales, para que se dediquen exclusivamente a la investigación de alto alcance.
Así que vamos a apoyar este proyecto, que ojalá sea aprobado por unanimidad, Presidente.
Gracias.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Gracias, señor Senador.
Ofrezco la palabra al Senador Jaime Quintana.
La señora ALLENDE.-
Abramos la votación.
El señor QUINTANA.-
Gracias, Presidente.
Dado que se trata de una discusión que no versa respecto de aspectos operativos, como muchas veces ocurre cuando discutimos proyectos policiales, sino que dice relación más bien con un cambio de nomenclatura, sí creo que es la ocasión propicia para plantear un par de cosas relativas al tema policial.
Yo pienso que en nuestro país tenemos déficits importantes en muchos aspectos. Muchas veces hablamos de inteligencia, de la capacidad de anticipación, pero me parece que el tema acá es mucho más de fondo, es bastante más estructural. Ello quedó muy en evidencia con el asesinato este año de algunos carabineros.
No es que en Chile no existan brigadas de reacción táctica: las tenemos. Y efectivamente, como dijo el colega Flores, la Policía de Investigaciones cuenta con ellas. Y Carabineros también posee una alta especialización, sobre todo en los grupos de fuerzas especiales: el GOPE en particular la tiene en prácticas de tiro. Otra cosa es que la institución realice muy poco entrenamiento de este tipo durante el año, pero entiendo que eso se está cambiando.
Creo que hoy día tenemos un área en la cual las Policías no dan abasto. Puede que esto diga relación con recursos -este Gobierno ha hecho un esfuerzo significativo para aumentarlos, así como en materia de atribuciones-, pero también con cómo se cubre todo ello.
Estoy convencido -y existen estudios que lo avalan- de que Chile necesita avanzar al menos en una nueva brigada táctica cercana a Carabineros, en ese mundo. Porque la PDI efectivamente tiene brigadas tácticas, como el ERTA y otras, pero son grupos que intervienen solo bajo una orden emanada del Ministerio Público, es decir, cuando se produjo el delito y ya existe una víctima. Por lo tanto, se precisa formar otras brigadas de reacción táctica, que operen, por ejemplo, cuando los carabineros llegan a lugares donde no saben con qué poder de fuego se van a encontrar. Eso requiere entrenamiento.
Y quiero ligar esta materia con una discusión de la cual poco se habla: la acreditación de las escuelas policiales.
Efectivamente, hoy tenemos una importante acreditación en las escuelas de oficiales tanto de la PDI como de Carabineros.
Carabineros tiene seis planteles formativos, incluida la Academia: ¡seis planteles formativos! Pues bien, el que no está acreditado, aunque algunos miembros de la institución señalan lo contrario, es justamente el que forma a los carabineros más expuestos en la calle, que es bastante grande y tiene grupos de instrucción -ustedes los habrán visto- en todo el país. Porque una cosa es tener reconocimiento oficial, obtenido en virtud de la aprobación de una ley el año pasado, y otra la acreditación. Esta la otorga el Consejo Nacional de Acreditación, y no la tiene. Lamentablemente, tampoco cuenta con ella el centro de la PDI que forma a los efectivos a los cuales hoy les queremos cambiar el nombre.
Entonces, esto va mucho más allá -y es lo que quiero plantear- de un cambio de nombre. No estamos resolviendo ningún problema con este proyecto; sí estamos haciendo justicia con los asistentes policiales, que son poco más de mil en Chile y representan cerca del 10 por ciento de la Policía de Investigaciones, que tiene aproximadamente 14 mil efectivos, ¡lo cual es poco!
Simplemente deseo llamar la atención sobre ello, dado que en estos días he escuchado al Presidente Boric y a la Ministra Tohá plantear que como parte de las materias que se van a financiar con una eventual reforma tributaria está la seguridad, y más concreto aún, la ley de plantas policiales. De modo que considero importante no solo respaldar este proyecto, cuestión que vamos a hacer con entusiasmo, sino también ampliar la Policía de Investigaciones fundamentalmente en segmentos como estos.
Cualquiera que haya pasado por el aeropuerto internacional, o en Chacalluta, en el norte, puede ver todavía a una gran cantidad de funcionarios de la PDI, oficiales de línea, con una formación de cuatro años, timbrando papeles. Creo que esas tareas se pueden ir complementando con el rol de los agentes policiales, quienes, por cierto, también participan en tareas investigativas y son parte de las unidades estables de la PDI.
Entonces, junto con apoyar esta iniciativa, debemos destacar el anuncio del Presidente Boric de hace días sobre la posibilidad de contar ahora con una ley de plantas, aquella que hemos venido señalando varios colegas durante mucho tiempo, en los últimos tres gobiernos, que tiene un altísimo costo; pero eso naturalmente va a depender de la reforma tributaria.
Pero, además de esto, me parece que hay una discusión que no hemos querido dar, y que dice relación con que tal vez Chile necesita una tercera policía, probablemente más pequeña, para cubrir aquellos aspectos que hoy día ni Carabineros ni la PDI pueden abordar.
Con todo, voto a favor de este proyecto, que hace justicia con los asistentes policiales, futuros agentes policiales, justamente el área en donde más debiera crecer esta institución.
Muchas gracias, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
A usted, Senador.
La señora ALLENDE.-
¿Puede abrir la votación?
El señor COLOMA (Presidente).-
Este proyecto es de Fácil Despacho.
Hay dos personas inscritas, el Senador Pugh y la Senadora Ebensperger, a quienes les propongo intervenir hasta por dos minutos cada uno, para que nos ayuden al despacho de esta iniciativa.
La señora TOHÁ (Ministra del Interior y Seguridad Pública).-
Presidente, le pido la palabra; seré breve.
El señor COLOMA (Presidente).-
Ministra, no vamos a alcanzar a aprobar...
La señora TOHÁ (Ministra del Interior y Seguridad Pública).-
Es para responder la consulta de un Senador.
El señor COLOMA (Presidente).-
Está bien, le voy a dar la palabra.
Tiene todo el derecho.
Entonces, hablarán los dos Senadores y la Ministra, y luego procederemos a votar.
La señora EBENSPERGER.-
Presidente, bórreme a mí de la lista.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muy bien, borramos a la Senadora Ebensperger.
Senador Pugh, tiene la palabra.
El señor PUGH.-
Muchas gracias, señor Presidente.
El lunes 19 de junio la Policía de Investigaciones cumple noventa años. Y me parece que esta es la mejor forma de reconocer el trabajo de hombres y mujeres que partieron dentro de esta institución como asistentes, probablemente en la conducción policial, a quienes queremos darles el carácter de agentes policiales. También deseamos diferenciar a aquellos que tienen más años de servicios, reconociéndolos como agentes policiales superiores.
Esto no conlleva ningún gasto adicional, pues, tal como fue indicado anteriormente, se mantienen las mismas escalas y grados, pero se reconoce su trabajo. Su labor partió en la conducción de vehículos, y se fue ampliando a áreas mucho más operativas: equipos de reacción táctica; manejo y recuperación de evidencia en los sitios del suceso; protección de personas importantes; control migratorio y apoyo de mesón, e incluso integración de los equipos de Microtráfico Cero.
Entonces, a ellos, a quienes en estos momentos están haciendo ese servicio, quiero entregarles nuestro reconocimiento.
El Director General de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, en la última cuenta señaló en sus palabras iniciales que reconocer la historia de la PDI es avanzar. Y creo que eso es lo que estamos haciendo en una fecha tan emotiva, con una cifra tan trascendente: noventa años.
Espero que la gran mayoría apruebe este proyecto, y que se haga realidad lo antes posible, porque es reconocer trayectoria, es reconocer trabajo y es diferenciar entre aquellos que tienen más experiencia de los que están recién partiendo.
Les deseo a todos ellos, que han decidido ingresar a la Policía de Investigaciones y que van a ser a futuros agentes policiales y agentes policiales superiores, lo mejor.
Voto a favor, señor Presidente.
He dicho.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias, Senador.
Ministra, tiene la palabra.
La señora TOHÁ (Ministra del Interior y Seguridad Pública).-
Gracias, Presidente.
Seré muy breve, es solo para responder la consulta del Senador Quintana.
El Ejecutivo lleva muchos meses trabajando en un proyecto de ley de plantas de la PDI, la cual se prevé implementar gradualmente, en un plazo de quince años, a fin de lograr un fortalecimiento realmente muy profundo de la institución.
Ello implicará ampliar la planta en cada una de las distintas categorías de funcionarios que tenemos: detectives, oficiales policiales y asistentes policiales, quienes ahora pasarán a llamarse "agentes policiales" y que precisamente son los que más crecen. Estos tendrán un salto muy importante con la nueva planta, y será tan significativo que está previsto hacerlo en forma gradual para ir incorporando personal año a año, el cual se debe formar y respecto del que hay que generar un marco presupuestario.
Este proyecto tiene, en régimen, un costo anual de 150 mil millones de pesos. Por eso está vinculado a decisiones mayores que debemos tomar, porque si asumimos el compromiso es para hacerlo plenamente. Ahora, si eso no es posible, tendremos que realizar un ajuste menor; pero está estudiado para que sea realmente el tipo de fortalecimiento que se necesita para tener una Policía de Investigaciones con la especialización y el tamaño que requieren los desafíos que hoy se enfrentan.
Así que si existe interés, previo a que se presente el proyecto, a través de la Comisión de Seguridad podríamos en alguna oportunidad darles a conocer el estudio sobre el particular, cómo está dimensionado, cuáles son los objetivos. Esto, como aliciente y elemento que contribuya a sensibilizar la relevancia de la reforma tributaria.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias, Senadora.
En votación.
(Durante la votación).
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
En votación.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor DE URRESTI.-
¡Presidente!
El señor COLOMA (Presidente).-
Senador De Urresti, ¿está con problemas?
El señor DE URRESTI.-
Tengo un problema con mi pantalla; pido que me ayuden, por favor.
El señor COLOMA (Presidente).-
Habiliten al Senador De Urresti.
¡Al parecer, lo tienen castigado...!
Ahí está.
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto (34 votos a favor), y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Campillai, Carvajal, Ebensperger, Gatica, Órdenes, Rincón y Sepúlveda y los señores Bianchi, Castro González, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Edwards, Espinoza, Flores, Gahona, Galilea, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Moreira, Ossandón, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Soria, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Se deja constancia de la intención de voto a favor de la Senadora señora Provoste y de los Senadores señores Chahuán y Núñez.
El señor COLOMA (Presidente).- Por lo tanto, queda aprobado el proyecto y pasa a la Cámara de Diputados, en segundo trámite
.
MODIFICACIÓN DE LEY DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA EN MATERIA DE NOTIFICACIÓN DE INICIO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE EXPULSIÓN
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El señor Presidente pone en discusión el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que modifica la ley N° 21.325, sobre Migración y Extranjería, con el objeto de agregar formas alternativas de notificación del inicio de los procedimientos administrativos de expulsión, iniciativa que corresponde al boletín N° 15.409-06.
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho, calificándola de "simple".
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 15.409-06) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El proyecto inició su tramitación en el Senado, el cual aprobó un texto compuesto por un artículo único con dos numerales, cuyo objetivo es ofrecer formas alternativas a la notificación personal al inicio del procedimiento de expulsión, por medio de carta certificada o vía correo electrónico, al domicilio o correo electrónico previamente informado por la persona extranjera.
A su respecto, la Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, efectuó diversas enmiendas, tras las cuales el referido artículo único quedó integrado por cinco numerales modificatorios de la Ley de Migración y Extranjería.
El primero de ellos introduce modificaciones en el artículo 5 de la ley, sobre procedimiento migratorio informado, agregando cinco incisos nuevos relativos a que el extranjero indique un domicilio o una dirección de correo electrónico.
El segundo agrupa los números 1 y 2 aprobados en el primer trámite, incorporando modificaciones en el artículo 132, que trata de las formas de disponer la medida de expulsión.
El tercero incorpora un artículo 132 bis, referido a que sea la Policía de Investigaciones de Chile la que haga la notificación del acto administrativo que da inicio al procedimiento cuando se trate de extranjeros que intenten ingresar o egresar del país o hayan ingresado o egresado por un paso no habilitado, eludiendo el control migratorio o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona.
El cuarto incorpora un inciso tercero en el artículo 147, relativo a la notificación de la medida de expulsión, para el caso en que la persona no sea habida en dos días continuos y en horarios distintos, situación ante la cual se practica la notificación por carta certificada o por correo electrónico.
Y el quinto agrega un numeral 5 en el artículo 166, referido a la autoridad contralora, que incorpora la función de requerir a las personas extranjeras, al momento del control, de la detención o de la autodenuncia, un correo electrónico de contacto o la creación de uno para los efectos de ser notificadas.
El Senado debe pronunciarse respecto a las enmiendas efectuadas por la Cámara de Diputados.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición se transcribe el texto aprobado por esta Cámara de origen y las modificaciones introducidas por la Cámara revisora.
Finalmente, cabe señalar que el Senador señor Latorre ha solicitado votación separada de las enmiendas consistentes en la incorporación de los ordinales iii y iv en el numeral 1, que pasa a ser número 2, del artículo único de la iniciativa, al tenor de los cuales se propone modificar el artículo 132 de la Ley de Migración y Extranjería en los siguientes términos:
"iii. Reemplázase la frase "podrá disponer" por "dispondrá".
"iv. Agrégase a continuación del punto y aparte, que ha pasado a ser punto y seguido, la siguiente frase: "Se entenderán siempre como caso calificado la estadía ilegal en el país.".".
Sus Señorías, estas disposiciones se encuentran en la página 4, tercera columna, del comparado.
Además, la Senadora señora Ebensperger ha solicitado las siguientes votaciones separadas: el numeral 1, nuevo, que se encuentra en las páginas 1 a 3 del comparado; y las enmiendas al numeral 1 (que ha pasado a ser 2), letra a), ordinal i, que se encuentra en la página 4 del comparado.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Estamos en tercer trámite.
Senadora Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.-
Gracias, Presidente.
Efectivamente, yo he solicitado dos votaciones separadas.
La primera de ellas, del numeral 1, nuevo, del artículo único, que incorpora en el artículo 5 los incisos quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno.
¿Por qué incluí todos los incisos y no solo el primero? Porque en todos ellos se habla del domicilio de la persona migrante a la que se le van a notificar eventuales expulsiones administrativas por su ingreso de forma ilegal o irregular al país.
Ahí tenemos una diferencia con el Ejecutivo, porque ellos comparten esta separación en el inciso quinto no más. Pero el sexto se remite al artículo 147, que es la notificación de la medida de expulsión, y eso puede ser respecto de una persona que ha ingresado ilegalmente o de una persona que lleva tiempo. Entonces, hay que arreglarlo igual, lo mismo que en los otros incisos.
El concepto "domicilio", Presidente, tiene una definición jurídica en el artículo 59 del Código Civil, y, de acuerdo con esa definición jurídica, una persona que ingresa por un paso no habilitado o que se le va a expulsar no tiene ese domicilio, no posee ese atributo de la personalidad en el país. Por lo tanto, desde mi punto de vista, la palabra "domicilio" debe ser rechazada e ir a Comisión Mixta para cambiarla por "el lugar donde habita" o "la dirección", no sé, pero por un concepto que no tenga una definición jurídica que no dice relación con lo que acá se señala.
Y la segunda votación separada es respecto del numeral 2 literal, a), que modifica el artículo 132, porque habla de estadía ilegal en el país, en el sentido de que siempre se entenderá como caso calificado para obligar una expulsión administrativa. Cabe hacer presente que una estadía ilegal o irregular en el país no siempre va a provenir de un ingreso en forma clandestina o ilegal. Una persona puede haber ingresado por un paso habilitado legalmente y luego su estadía puede convertirse en irregular. Por lo tanto, no sería siempre un caso calificado.
Por eso, creo que al menos las dos normas que he señalado debieran ir a Mixta para arreglarse, de modo que lo que acá se pretende hacer quede como todos queremos, de buena manera, y se puedan llevar a cabo las expulsiones administrativas de quienes han ingresado ilegalmente al país.
Gracias, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Okay.
Entiendo que hay tres votaciones.
Senadora Ebensperger, ¿son dos distintas o son acumulables?
La señora EBENSPERGER.-
Las mías son dos.
El señor COLOMA (Presidente).-
¿Dos distintas?
La señora EBENSPERGER.-
Puede ser en una votación.
El señor COLOMA (Presidente).-
En una votación.
El Senador Latorre pidió otra votación separada, o sea, serían dos.
Son tres votaciones, para que lo tengamos claro.
Vamos a oír a la Ministra, que hará un planteamiento general con la posición del Ejecutivo y después vamos a ir una por una con las tres votaciones.
Ministra, tiene la palabra.
La señora TOHÁ (Ministra del Interior y Seguridad Pública).-
Muchas gracias, Presidente.
En cuanto a lo planteado por la Senadora Ebensperger, el Ejecutivo está de acuerdo en que la palabra "domicilio" se emplea incorrectamente cuando se hace referencia a una persona que se encuentra en la frontera intentando entrar y se le solicita un domicilio, porque esa persona no vive en Chile. Entonces, ese término debiera reemplazarse por "una dirección".
Pero quisiera decir, Presidente, que todas las modificaciones referidas a la palabra "domicilio" se insertan en una norma, el numeral 1, nuevo, que es muy valiosa, que estableció un procedimiento muy ágil para hacer efectiva la expulsión de la persona en el momento en que se encuentra en la frontera y se detecta que está entrando sin las condiciones apropiadas. En ese mismo instante, el funcionario de la frontera le puede informar que se inicia en contra de ella un proceso de expulsión y la puede apercibir a que entregue una dirección, y si no la tiene, a que informe un correo electrónico y, de esa manera, las notificaciones de ahí en adelante, alternativamente a la búsqueda en términos personales, se le pueden hacer por carta certificada o mediante correo electrónico.
Como este proyecto de ley busca hacer más ágil el proceso de expulsión, esta norma es extremadamente valiosa. De ahí el hecho de mandar solo el primer inciso a una Comisión Mixta. Porque el Ejecutivo, en principio, no es partidario de enviar allí el resto de los incisos, a pesar de que hacen referencia a la palabra "domicilio", porque los otros incisos se refieren a una persona que ya está instalada en Chile. Y, desde el punto de vista civil, esa persona puede tener una dirección, aunque desde el punto de vista migratorio esté irregular. Para una persona que ya vive en un país, esa es su dirección, aunque sus papeles migratorios no estén impecables.
Esto nos parece importante, porque si mandamos esto a una Mixta, el numeral entero queda en discusión, y preferiríamos que solo fuera el término "domicilio". Y si, por último, se deben cambiar las otras menciones, que sea por armonización y no porque toda la norma va a Mixta.
Los otros dos puntos que, como Ejecutivo, consideramos que es bueno mandar a una Comisión Mixta -entiendo que el Senador Latorre solicitó votación separada al respecto- se refieren a una modificación que se hizo al número 1 original, que pasó a ser número 2. En esa norma había una atribución facultativa del Subsecretario del Interior, para que pudiera disponer la expulsión de personas cuando habían tenido conductas que son una amenaza a la seguridad. Pero la modificación reemplazó "podrá disponer" por "dispondrá", con lo cual deja de haber un margen de decisión para el Subsecretario. Pero lo que es peor es que a esta norma se le agregó en la parte final que toda situación de irregularidad en el país se va a considerar una amenaza para la seguridad.
En consecuencia, si esto se aprueba tal como está, al día siguiente el Subsecretario del Interior debe dictar un decreto de expulsión para todas las personas extranjeras que estén en una situación de irregularidad en el país. Eso, en primer lugar, no tiene ningún asidero con la realidad, desde el punto de vista de las posibilidades, pero, además, es una desfocalización completa de las prioridades de expulsión del Estado. No tiene ningún sentido obligar al Subsecretario a expulsar, por lo menos, a ciento cincuenta mil personas.
Entonces, pedimos que esos dos puntos, cuya votación separada fue solicitada por el Senador Latorre, se manden a una Comisión Mixta para buscar una fórmula que no genere esta situación, que es, por lo bajo, poco realista, además de ser inconstitucional, pues, por un lado, está fijando atribuciones para un funcionario público, y por otra parte, implica un costo fiscal gigantesco, lo que no se puede plantear a través de una indicación parlamentaria.
El señor COLOMA (Presidente).-
Gracias, Ministra.
Procesalmente, tendríamos que hacer lo siguiente: primero, pronunciarnos respecto de las enmiendas -Senadora Ebensperger y Senador Latorre, para que nos ayuden, ya que son quienes solicitaron votación separada- acerca de las cuales no se pidió votación separada.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Se trata de los números 3, 4 y 5, nuevos, que comprenden los artículos 132 bis; 147, inciso tercero, y 166, numeral 5, respecto de los cuales no hay solicitud de votación separada.
El señor COLOMA (Presidente).-
A veces uno tiene que interpretar las caras. Pareciera que más bien, oyendo a los parlamentarios y a la Ministra, existe la idea de que vaya todo a Comisión Mixta.
Eso es lo que entiendo, ¿o no es así?
El señor LAGOS.-
¡Es exactamente lo que no queremos!
El señor COLOMA (Presidente).-
¡Ah!
Es que le entendí a la Ministra...
El señor LAGOS.-
¡Míreme la cara...!
(Risas en la Sala).
El señor COLOMA (Presidente).-
¡No me intimide...!
El señor LAGOS.-
Perdón, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Está bien, es para darle espacio a la Mixta.
Entonces, aprobamos primero, actuando reglamentariamente, todo aquello que no fue objeto de petición de votación separada.
Eso corresponde aprobarlo, ya que nadie pidió discutirlo.
--Se aprueban por unanimidad las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados que no fueron objeto de solicitud de votación separada, correspondientes a los numerales 3, 4 y 5, nuevos.
El señor COLOMA (Presidente).-
Vamos ahora a aquello sobre lo cual se pidió votación separada.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
La primera solicitud de votación separada de la Senadora Ebensperger corresponde al numeral 1, nuevo, completo, que incorpora en el artículo 5 los incisos quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno.
La señora EBENSPERGER.-
Es todo aquello donde aparece la palabra "domicilio".
El señor COLOMA (Presidente).-
Eso es, entiendo, Senadora Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.-
Sí, es en todos estos incisos. Aquí tenemos una diferencia con la Ministra, quien considera que es solo el inciso primero. Yo creo que son todos, porque el concepto "domicilio" se utiliza en todos estos incisos (quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno). Y allí se le da a "domicilio" una definición distinta a la contenida en el Código Civil. Por lo tanto, debe cambiarse el concepto "domicilio" por "dirección", "lugar de habitación" u otro, y eso lo tiene que hacer la Mixta.
El señor COLOMA (Presidente).-
Senador Latorre, usted quiere referirse a lo otro, ¿cierto?
El señor LATORRE.-
Sí.
El señor COLOMA (Presidente).-
Esperemos, entonces.
Senador Kast, ¿también quiere hablar sobre el otro punto?
El señor KAST.-
Sí.
El señor COLOMA (Presidente).-
En votación...
Los que creen...
El señor LAGOS.-
Aclare el sentido de la votación.
El señor COLOMA (Presidente).-
Un momento, Senador.
El señor LAGOS.-
Qué es votar a favor o en contra.
El señor COLOMA (Presidente).-
Voy a explicarlo.
Aquellos que quieren que la norma individualizada por la Senadora Ebensperger quede como viene del tercer trámite votan a favor; aquellos que desean rechazarla y, por tanto, mandarla a Comisión Mixta votan en contra.
En votación.
(Luego de unos instantes).
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor COLOMA (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se rechaza la modificación que incorpora un número 1, nuevo (27 votos en contra).
Votaron por la negativa las señoras Allende, Campillai, Ebensperger, Gatica, Núñez, Órdenes y Rincón y los señores Castro González, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Flores, Galilea, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Latorre, Moreira, Ossandón, Pugh, Sandoval, Sanhueza, Soria, Velásquez y Walker.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Se deja constancia de las intenciones de voto en contra de las Senadoras señoras Carvajal, Pascual y Sepúlveda y de los Senadores señores Quintana y Saavedra.
El señor COLOMA (Presidente).-
Hay pareos también.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
En la Mesa se encuentran registrados los siguientes pareos: del Senador señor Castro Prieto con el Senador señor Araya; del Senador señor Van Rysselberghe con el Senador señor Castro González; del Senador señor Durana con la Senadora señora Vodanovic; de la Senadora señora Aravena con la Senadora señora Provoste, y del Senador señor Huenchumilla con el Senador señor Prohens.
El señor COLOMA (Presidente).-
Por tanto, va a Comisión Mixta esta primera parte.
Continuemos.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Corresponde ahora la segunda solicitud de votación separada de la Senadora señora Ebensperger, referida a las enmiendas introducidas al número 1, que pasó a ser número 2, en todas sus disposiciones.
El señor COLOMA (Presidente).-
Para aclarar bien el sentido de la votación, tiene la palabra la Senadora Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.-
La parte que pido que vaya a Mixta es el concepto "estadía ilegal en el país", que dice relación con lo anterior, que es lo que solicita el Senador Latorre: cambiar "podrá" por "deberá". Podríamos pronunciarnos en una sola votación.
El señor COLOMA (Presidente).-
O sea, ¿usted está de acuerdo con el Senador Latorre en que se vote todo junto?
Tiene la palabra el Senador Latorre, y después, el Senador Moreira.
El señor LATORRE.-
Gracias, Presidente.
Para aclarar, pedí votación separada de los ordinales iii y iv del artículo único, en su antiguo numeral 1, que pasó a ser número 2, aprobado en segundo trámite por la Cámara de Diputados.
En el proyecto se leen de la siguiente manera: "Reemplázase la frase "podrá disponer" por "dispondrá"". Ese es el ordinal iii.
Y el iv dice: "Agrégase a continuación del punto y aparte, que ha pasado a ser punto y seguido, la siguiente frase: "Se entenderán siempre como caso calificado la estadía ilegal en el país".".
Eso es lo que solicité como votación separada. Es lo que fundamentó hace un momento la Ministra del Interior, respecto de no imponer al Subsecretario del Interior la dictación de la medida de expulsión.
El señor COLOMA (Presidente).-
Entiendo que lo que solicita la Senadora Ebensperger es la votación separada de todas las facultades que se establecen en el número 2, y usted lo plantea respecto de algunas. Si se aprueba lo de la Senadora Ebensperger, es innecesaria la segunda votación, porque está incluida la otra parte. A eso me refiero.
Entonces, vamos a abrir la votación respecto de este punto y a ofrecer la palabra a quienes están inscritos.
Se abrirá la votación, conforme lo ha solicitado la Senadora Ebensperger, para enviar a Comisión Mixta el número 2, literal a), ordinal i, con todas las enmiendas ahí planteadas.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
En votación...
El señor COLOMA (Presidente).-
A ver, espérese.
La señora EBENSPERGER.-
El numeral que estoy pidiendo votar aparece en la minuta como numeral 1, que ha pasado a ser 2, letra a), que dice: "iv. Agrégase a continuación del punto y aparte, que ha pasado a ser punto y seguido, la siguiente frase: "Se entenderán siempre como caso calificado la estadía ilegal en el país.".".
Eso es lo que yo estoy pidiendo...
El señor COLOMA (Presidente).-
Eso no lo dice aquí. Por eso se está haciendo una enmienda.
La señora EBENSPERGER.-
Bueno, me equivoqué.
Pero eso es lo que a mí me preocupa.
Siempre es importante reconocer los errores, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Ya.
Entonces, cómo lo haríamos.
O sea, votamos. ¿Y para ese efecto no se comprendería lo señalado por el Senador Latorre?
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Igual lo comprende.
El señor COLOMA (Presidente).-
¿Quiere votar solo el ordinal iv, Senadora Ebensperger?
La señora EBENSPERGER.-
Sí. Y el Senador Latorre, el anterior.
El señor COLOMA (Presidente).-
El Senador Latorre pide que se vote el ordinal iii y el iv. Y usted solo el iv.
Entonces, votemos primero lo del Senador Latorre.
Se puede votar a favor de uno, y en contra del otro.
La señora EBENSPERGER.-
Votémoslos juntos. Está bien.
El señor COLOMA (Presidente).-
A ver, voy a seguir el orden.
Primero el Senador Moreira, y después la Ministra para estos efectos.
Senador Moreira, tiene la palabra.
El señor MOREIRA.-
Mire, Presidente, la verdad es que este proyecto ha tenido, a mi juicio, una serie de equivocaciones. Nosotros perfectamente podríamos haber solucionado el tema de las notificaciones. El mismo Presidente Piñera lo hizo presente en las Comisiones donde se revisó el proyecto, especialmente en la Comisión de Derechos Humanos, donde a mí me tocó conocer el proyecto para modernizar la Ley de Migraciones.
Sin embargo, es importante hacer presente que aquí, más que todo, hay una cuestión ideológica, hay una cuestión de buenismo. Y lo sucedido en el estallido social llevó a ciertos sectores de la izquierda a rechazar cada una de las indicaciones que buscaban agilizar las notificaciones, con argumentos basados en un ideal etéreo, pero profundo, con un profundo desprecio a la realidad.
Ahora, ¿soluciona este proyecto el problema de las notificaciones y ayuda a hacer más expeditas las expulsiones administrativas? La respuesta, como suele ocurrir con proyectos que tratan temas tan sensibles, es que ayuda, pero no lo resuelve.
La necesidad de intentar la notificación personal en forma previa a las formas que este proyecto permite, ya sea por carta certificada o correo electrónico, constituye de todas maneras una demora injustificada y que solo burocratiza la notificación, sin entrar a ponderar qué va a entender la jurisprudencia por "domicilio" cuando se refiere a una persona inmigrante irregular.
Quiero dejar constancia de que ya he cambiado dos veces, o tres veces, esta intervención por cómo se cambian las cosas aquí, las miradas distintas que puede haber, pero al final, en vez de avanzar, yo creo que retrocedemos.
La inmigración irregular es un problema y debe ser asumida como tal y no esconderla bajo fórmulas cuasimágicas: como un perdonazo total o una abierta impunidad. Un ejemplo de lo anterior es el manual de procedimiento administrativo emanado del Servicio de Migraciones recién ahora en el mes de mayo, que permite que cualquier persona, aunque haya ingresado irregularmente al país, pueda solicitar refugio, incluso después de los diez días a que la misma norma obliga. Los únicos ganadores con esta burocracia son el 60 por ciento de personas que se busca notificar y que no son encontradas, que evitan ser ubicadas sin necesidad de esforzarse demasiado.
Creo que cambiar la notificación personal por carta certificada o por correo electrónico parece un mínimo en tiempos donde hay más celulares que personas viviendo en nuestro país.
No obstante, y lo quiero dejar presente, no tengo claridad de que sea conveniente considerar el simple ingreso irregular como causal calificada suficiente para que proceda una expulsión administrativa.
Yo quiero señalar que iba a votar en contra, pero voy a votar a favor de los cambios, salvo las votaciones separadas pedidas por la Senadora Ebensperger.
Queremos, como lo hemos dicho, desde que ingresó el proyecto que creó el Servicio de Migraciones, que estas sean ordenadas, seguras y regulares. La verdad es que ello quedó solamente en la frase cliché, porque de ordenadas no tienen nada, de seguras tampoco y de regulares menos.
Sin embargo, la situación apremiante bajo la dictadura de Chávez, y hoy de Maduro, ha impulsado el fenómeno migratorio más grande de la región en su historia, que ha permitido la llegada de miles de venezolanos buscando mejorar su situación a punta de esfuerzo, pero también el arribo de bandas y pandillas con una violencia nunca vista en nuestro país, que nos tiene con estado de emergencia en el norte grande.
Insisto en que debemos darnos el espacio para hacer las cosas bien. Y, lamentablemente, en esta materia, por ideología, por buenismo, por parecer defensores de lo indefendible, creo que este proyecto finalmente se va a aprobar, pero los resultados van a ser mínimos. Y de aquí a un año más vamos a estar haciendo más modificaciones a este proyecto.
El señor COLOMA (Presidente).-
Gracias, Senador.
A ver, para entendernos.
Está abierta la votación respecto del ordinal iii, que planteó el Senador Latorre.
Quienes están por que esta norma vaya a Mixta votan que no; quienes mantienen el criterio que viene de la Cámara votan que sí.
¿Está claro?
En votación.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Está abierta la votación.
(Pausa).
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor COLOMA (Presidente).-
Cerrada la votación.
--Se rechaza la enmienda introducida por la Cámara de Diputados al ordinal iii del numeral 1, que pasó a ser 2 (18 votos en contra y 13 a favor).
Votaron en contra las señoras Allende, Campillai, Carvajal, Órdenes, Pascual, Rincón y Sepúlveda y los señores Bianchi, Castro González, Flores, Lagos, Latorre, Núñez, Quintana, Saavedra, Soria, Velásquez y Walker.
Votaron a favor las señoras Ebensperger, Gatica y Núñez y los señores Coloma, Cruz-Coke, Galilea, Kast, Keitel, Moreira, Ossandón, Pugh, Sandoval y Sanhueza.
El señor COLOMA (Presidente).-
Finalmente, está el ordinal iv, que planteó la Senadora Ebensperger.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Corresponde ahora someter a votación la enmienda del ordinal iv, en donde se agrega a continuación del punto y aparte, que ha pasado a ser punto y seguido, la siguiente frase: "Se entenderán siempre como caso calificado la estadía ilegal en el país.".
El señor COLOMA (Presidente).-
En votación.
(Durante la votación).
Quienes estén por mantener la norma como viene de la Cámara, votan que sí; quienes están por que vaya a Mixta, que no.
Para fundamentar el voto, Senador Quintana.
El señor QUINTANA.-
Yo estaba inscrito también en la anterior, pero creo que...
¿Y por qué me da solo dos minutos? No entiendo. Los dos minutos eran para los temas reglamentarios que usted clarificó, porque no se habían aclarado previamente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Estrictamente, tiene ahora el tiempo correspondiente para el fundamento.
El señor QUINTANA.-
Perfectamente esta votación se habría podido hacer en una sola. Probablemente va a haber bastante transversalidad.
Bueno, más allá de eso, voy a usar mi tiempo, Presidente.
Creo que tengo una diferencia con el Senador Moreira en relación con lo que él planteó hace un rato, porque si uno revisa las votaciones del año 2020, esta ley, la N° 21.325, salió con grados de consenso bastante altos. Por lo tanto, eso no nos excluye a ningún sector de responsabilidad.
Efectivamente, creo que todos aquí debiéramos hacer una autocrítica, porque esta ley tiene muchas falencias. Estamos resolviendo probablemente una de ellas, que es la notificación. Porque efectivamente quedó un debido proceso con todos sus componentes, que rara vez lo vemos en otros temas. Y estamos hablando acá de una persona que ya está bajo causales de expulsión.
¿Cuáles pueden ser esas causales de expulsión? Ingreso irregular, sobrestadía o haber cometido un delito. Estamos hablando de ese tipo de personas. Y por como está la ley hoy día, todos los sectores políticos tenemos que hacer una autocrítica, sumado también a que un débil gobierno el año 2020 nos llevó a esto, siendo esta la primera modificación que estamos haciendo a esta ley.
Yo espero -y ahí coincido con el Senador Moreira- que vengan otras, efectivamente, y no solo de la notificación, que es extrema. ¿Qué ocurre si encontramos a una persona con alguna causal de expulsión por las razones que he señalado y la PDI manda un parte policial al Servicio de Migraciones y se inicia un proceso de expulsión, pero luego viene la notificación, la cual debe ser personal, considerando que hay diez días para hacer descargos?
Es ahí donde el sistema ha fallado completamente durante este año y medio de aplicación de esta ley, pues no hay forma de encontrar a la persona para notificarla.
Por eso me parece muy bien esta iniciativa del Gobierno de establecer la creación de un correo electrónico o de un domicilio. Sin embargo, alguien podría decir: "Pero se va a falsear el correo". Sí, de acuerdo, aunque no hay mucho incentivo para falsearlo, porque en tal caso esa persona queda fuera de todo el proceso y no va a saber finalmente que el procedimiento pesa sobre ella.
No obstante, tenemos diez días para presentar los descargos. Una vez que la persona efectuó tal gestión, se decide qué medida se aplica, previa ponderación por parte del Servicio de Migraciones.
Si finalmente se ratifica que la expulsión no procede, porque puede ser que con los descargos a dicho organismo le parezca bien y esa persona claramente no está cometiendo delito, no hay problema.
Pero si finalmente el Servicio de Migraciones ratifica el acto administrativo de expulsión, hay diez días más para presentar un recurso de reclamación, que va a la Corte de Apelaciones respectiva. Y si ese tribunal de alzada acoge dicho recurso, la persona tiene que ser detenida para luego poder expulsarla, pero había un plazo de cuarenta y ocho horas para hacerlo, y digo "había" porque entiendo que recién la Cámara acaba de aprobar un proyecto despachado por nosotros hace dos semanas que modificó esas cuarenta y ocho horas, para facilitar la detención a cinco días.
Yo creo que significa un avance importante.
Se trata de una reforma constitucional que probablemente va a requerir también una legislación especial, como esta, a la ley N° 21.325, sobre Migración y Extranjería.
Señalo lo anterior, porque de verdad a veces me pregunto cómo nosotros hicimos esto. Bueno, todos lo hicimos; todos, transversalmente, pensamos que era lo mejor, quizás activados por algunas personas que estaban en las tribunas en ese tiempo -hoy día no sé dónde estarán-, que nos decían: "No, aquí hay que dar todo tipo de facilidades, todo tipo de garantías". Pero hoy día, cuando tenemos una alta ocurrencia de hechos violentos asociados a migración, bueno, hay que hacerse cargo del problema y resolverlo.
Yo valoro el rol que han tenido el Presidente Boric, el Gobierno, la Ministra del Interior. Y el del Canciller Van Klaveren -hay que destacarlo-, ha sido bien notable. Asimismo, también considero importante el diálogo con otros países para favorecer el proceso de reconducción.
Con todo, creo que aquí hacen falta otros procesos para enmendar esta ley, precisamente respecto a la modificación de las causales de expulsión. Por ejemplo, está el caso de un turista que entró a lo mejor legalmente, pero en que el sistema, por cualquier circunstancia, falló y no tomó en consideración que esa persona había cometido un delito en otro país, y hoy día aparece como legal.
Eso tenemos que verlo.
Hay consulados que nos han planteado a los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores que esta misma ley que estamos hoy día modificando significa un doble trámite para personas que quieren ingresar al país por razones laborales, fundamentalmente.
Entonces, creo que estamos dando un pequeño paso en algo bastante absurdo, que el legislador, todos nosotros, estableció en algún momento.
Me parece que la autocrítica a veces es necesaria, y en este caso la encuentro indispensable.
Por eso voto en contra también de este ordinal iv.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias, Senador.
¿Han votado todos?
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor COLOMA (Presidente).-
Cerrada la votación.
--Se rechaza la enmienda introducida por la Cámara de Diputados al ordinal iv del numeral 1, que pasó a ser 2 (34 votos por la negativa).
Votaron por la negativa las señoras Allende, Campillai, Carvajal, Ebensperger, Gatica, Núñez, Órdenes, Pascual, Provoste, Rincón y Sepúlveda y los señores Bianchi, Castro González, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Flores, Galilea, Kast, Keitel, Kusanovic, Lagos, Latorre, Moreira, Núñez, Ossandón, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Soria, Velásquez y Walker.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
En la Mesa se han registrado cuatro pareos.
El señor COLOMA (Presidente).-
Por tanto, va a Comisión Mixta aquello que fue votado separadamente en ese sentido.
Hay que nombrar a los representantes que van a conformar la Comisión Mixta. Propongo que sean los miembros de la Comisión de Gobierno, que son los mismos que estuvieron...
La señora RINCÓN.-
¿Para la Comisión Mixta?
El señor COLOMA (Presidente).-
Sí, para la Mixta.
Okay.
--Así se acuerda.
)------------(
El señor COLOMA (Presidente).-
Cuenta agregada.
El señor BUSTOS (Prosecretario).-
Presidente, ha llegado en este momento a la Mesa el siguiente documento:
Informe
Certificado de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Penal, para tipificar el delito de tenencia de elementos tecnológicos que permitan a las personas privadas de libertad comunicarse con el exterior (Boletín N° 15.796-07) (con urgencia calificada de "simple").
--Queda para Tabla.
)------------(
El señor COLOMA (Presidente).-
Vamos, entonces, al segundo proyecto de la tabla, respecto del cual, como vieron, ya fue despachado el informe de la Comisión de Hacienda, del cual corresponde hacerse cargo.
Secretario, tiene la palabra.
TIPIFICACIÓN EN CÓDIGO PENAL DE DELITO DE TENENCIA DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS QUE PERMITAN A PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD COMUNICARSE CON EL EXTERIOR
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Conforme al acuerdo adoptado en la Sala, el señor Presidente pone en discusión en particular el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Penal, para tipificar el delito de tenencia de elementos tecnológicos que permitan a las personas privadas de libertad comunicarse con el exterior.
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho calificándola de "simple".
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 15.796-07) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Este proyecto de ley fue aprobado en general en la sesión del 31 de mayo del presente año y cuenta con un segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, la que deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no hay artículos del proyecto de ley que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.
La referida Comisión además efectuó una enmienda al texto aprobado en general, consistente en el reemplazo de su artículo único por otro que considera un nuevo texto para el artículo 304 ter, que propone incorporar en el Código Penal.
Para tales efectos, la Comisión sometió a votación separada cada uno de los incisos que integran la norma en comento, resultando aprobados por unanimidad los incisos primero, tercero y cuarto, en tanto que el inciso segundo fue sancionado por mayoría de votos, por lo que debe ser puesto en discusión y votación en su oportunidad.
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben votarse sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión a su respecto o existieren indicaciones renovadas.
En cuanto al inciso aprobado por mayoría de votos en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, este corresponde al inciso segundo del artículo 304 ter propuesto por el artículo único de la iniciativa, el cual contempla las sanciones para el funcionario público que, teniendo conocimiento de la existencia al interior de un establecimiento penitenciario de cualquiera de los elementos señalados en el artículo 304 ter del Código Penal, omitiere denunciar el hecho a la autoridad competente. Esta disposición del inciso segundo se encuentra en la página 4 del comparado.
Por su parte, la Comisión de Hacienda aprobó el artículo único de la iniciativa por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Coloma, Galilea, Lagos y Núñez, en los mismos términos en que fue despachado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Sus Señorías tienen a su disposición un boletín comparado en que se transcribe el texto aprobado en general, la enmienda realizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y el texto como quedaría de aprobarse dicha modificación.
Por lo tanto, corresponde en primer término aprobar los incisos primero, tercero y cuarto de la respectiva modificación del artículo señalado, y posteriormente la enmienda acordada por mayoría de votos.
El señor COLOMA (Presidente).-
Entonces, propongo para efectos de dar cumplimiento al trámite reglamentario, dar por aprobados los incisos primero, tercero y cuatro.
La señora EBENSPERGER.-
¿Y el informe no se va a dar?
El señor COLOMA (Presidente).-
Estamos en discusión particular, Senadora.
Usted dio el informe en general.
Pero igual le puedo ofrecer la palabra para dar una explicación de los incisos en cuestión.
La señora EBENSPERGER.-
Está bien.
El señor COLOMA (Presidente).-
Le ofrezco la palabra para que explique brevemente.
La señora EBENSPERGER.-
Después le voy a pedir la palabra para hablar como Senadora y no como informante.
El señor COLOMA (Presidente).-
Bueno.
Entonces, damos por aprobado los incisos primero, tercero y cuarto del artículo 304 ter del Código Penal, propuesto por el artículo único de la iniciativa. Es lo que corresponde porque fueron acogidos por unanimidad.
--Se aprueban.
El señor COLOMA (Presidente).-
Vamos al inciso segundo, que fue objeto de discusión.
Le ofrezco la palabra a la Senadora Ebensperger, y después está inscrita la Senadora Rincón.
La señora EBENSPERGER.-
Gracias, Presidente.
Efectivamente este inciso segundo fue aprobado por mayoría en la Comisión: votaron a favor los señores Galilea, Cruz-Coke, Saavedra y quien habla, y votó en contra el Senador Huenchumilla.
A ver, vamos un poco más atrás.
En noviembre del 2022, a través de la ley 21.494, se introduce en el Código Penal el artículo 304 bis, que sanciona y tipifica como delito el ingreso de artículos electrónicos, como celulares, chips, etcétera, pero ahora faltaba, si ya habíamos decidido que tenía que ser delito el ingreso, que también, en contrapartida, fuera delito tener aparatos electrónicos.
Eso hace el inciso primero del artículo 304 ter que ya fue aprobado, y el inciso segundo tipifica también como delito algo que ya está, pero a lo que aquí se le da una pena mayor. Me refiero al deber de denuncia de un funcionario público que toma conocimiento de que alguna persona privada de libertad tiene en su posesión uno de estos artefactos. ¿Qué se establece aquí? Su obligación de denunciar y, si no lo hace, se tipifica como delito y se le establece una pena.
¿Qué es lo que pasa actualmente? Hay también una obligación de todo funcionario público de denunciar los eventuales delitos de que conozca en el ejercicio de su cargo. Pero la sanción que tiene asignada a esa omisión de denunciar se remite al artículo 494 del Código Penal, que establece una pena de multa. Y nosotros creemos que, por la importancia que esto tiene, en tales casos debe considerarse una pena superior a la que hoy día tiene todo delito de omisión.
También es importante señalar que en el proyecto original el deber de denunciar era deber de denunciar y requisar, pero la Comisión acordó sacar la palabra "requisar" debido a observaciones que nos hicieron Gendarmería y el Ministerio de Justicia en el sentido de que los gendarmes señalaban que muchas veces ellos están solos y en ese minuto, cuando no se encuentran con otros gendarmes, pueden ver que un privado de libertad tiene uno de estos artefactos, pero el requisarlo solos muchas veces expone su integridad física.
Por eso se retiró la palabra "requisar" y quedó solamente en este contexto el término "denuncia", porque obviamente, una vez que se haga la denuncia y en un momento más oportuno, corresponde que Gendarmería vaya y requise, pero que no exponga solo a un funcionario. A mí me parece que el inciso como viene propuesto quedó bien resuelto, y por eso creo que es importante votarlo a favor. Es una señal relevante de que si no se cumple con el deber -vuelvo a decir- de denuncia que tiene todo funcionario público cuando conoce de un eventual delito en el ejercicio de su función ello debiera ser castigado en forma más grave.
Es todo cuanto puedo señalar, Presidente.
Gracias.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias, Senadora.
Pido la autorización de la Sala para que pueda ingresar el Subsecretario de Justicia, don Jaime Gajardo.
¿Les parece?
Autorizado.
Tiene la palabra la Senadora Rincón.
La señora RINCÓN.-
Gracias, Presidente.
Voy a omitir toda la introducción y explicación del proyecto, porque ya la ha hecho muy bien y muy precisa mi colega la Senadora Luz Ebensperger. Yo simplemente la resumiría así: debido a las circunstancias en que nos encontramos y producto de lo que ya se había legislado el año 2022 con la ley N° 21.494, creíamos necesario dar el paso siguiente: tipificar el delito de tenencia de celulares, chips telefónicos, intercomunicadores, partes de ellos u otros elementos tecnológicos que permitan intercomunicarse dentro del penal o comunicarse con el exterior. Era lo que faltaba. Y sancionarlo con una pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, que va desde los quinientos cuarenta y un días a tres años y un día, que es la misma pena que se estableció para los que ingresen, intentaren o permitieren ingresar tales elementos, era absolutamente coherente.
Penalizar también la conducta de quienes, conociendo esa tenencia, no la denunciaren a la autoridad del establecimiento penitenciario con un presidio menor en su grado mínimo, vale decir, sesenta y un días a quinientos cuarenta días, también nos parecía coherente, y por eso estaba en el proyecto original. La posibilidad de agravar esa conducta omisiva si el que incurre en ella es un abogado, procurador o empleado público, caso en el que la pena no podrá ser aplicada en un tramo mínimo más la sanción accesoria, etcétera, ya la explicó mi colega.
En la discusión en particular del proyecto de ley, oídos los especialistas, compartimos plenamente las observaciones que hizo el profesor Antonio Bascuñán Rodríguez, y por ello indicamos el proyecto en orden a:
-Precisar que se sanciona la tenencia de esos dispositivos por quienes estén recluidos en establecimientos penitenciarios, y no en detención domiciliaria, por ejemplo.
-Precisar que se sanciona, siempre que la persona no esté legal o reglamentariamente autorizada para portar el equipo.
-Limitar el delito de "conocer de la tenencia y no informarlo" solo a los funcionarios públicos, y no en general (las explicaciones ya las ha dado mi colega), y
-Eximir de esa responsabilidad penal por omisión de denuncia al abogado defensor público de quien comete el delito de tenencia, regla que se adopta en favor del deber de confidencialidad.
Por lo mismo, Presidente, nos parecen pertinentes las adecuaciones que se han hecho en la Comisión; creemos que van en la línea correcta. Y yo quiero agradecerle a usted que haya priorizado este proyecto dentro de la agenda fast track de seguridad. Y lo digo así, porque el Ejecutivo no le puso una mayor urgencia a esta discusión, y la ha mantenido en "simple". Entonces, si no es por el hecho de que la Mesa del Senado -y hago extensivas mis palabras al Vicepresidente también, así como a los Comités- se preocupó de esto, no estaríamos discutiéndolo hoy día. Así que valga el reconocimiento a ustedes por el hecho de que estemos en la Sala dándole tramitación a este proyecto.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias, Senadora.
Senador Cruz-Coke.
El señor CRUZ-COKE.-
Presidente, ¿sería posible abrir la votación?
El señor COLOMA (Presidente).-
Es una sola votación, en realidad.
El Senador Huenchumilla primero y después la abrimos.
El señor CRUZ-COKE.-
Ya, pero déjeme hablar a mí.
El señor COLOMA (Presidente).-
Perdón, pensé que era eso no más.
El señor CRUZ-COKE.-
No, Presidente.
Primero, creo que se tuvo un muy buen debate en la Comisión, ayudados, además -hay que señalarlo-, por el profesor Bascuñán, quien orientó también una discusión que aparentemente es más compleja que sencillamente extender la ley N° 21.494, que sanciona penalmente a quienes ingresen elementos prohibidos a los establecimientos penitenciarios, y crear este nuevo tipo, aumentando la multa y penalizando a los funcionarios públicos que se vean involucrados en el conocimiento de la existencia de estos elementos. Efectivamente, fue una discusión que planteó con bastantes argumentos el Senador Huenchumilla, en términos de qué es lo que se castiga o qué es lo que se está penalizando, si la capacidad de la persona de trasladarse o también sus comunicaciones. Finalmente, se llegó al entendimiento de la Comisión, en general, de que al ser elementos prohibidos, porque pudiesen cometerse delitos con ellos, como se cometen en la práctica, se hacía razonable sancionar su tenencia con una mayor penalidad.
Se dejó exentos, por razones evidentes, a los abogados defensores de quienes poseyeren eventualmente estos elementos tecnológicos, ya que hay, naturalmente, un deber de proteger a sus defendidos. Esto se hace, además, sin perjuicio de las sanciones que estén contenidas en el reglamento propio de Gendarmería.
El problema eventualmente se podría solucionar si se pudiera impedir que los teléfonos celulares o los elementos tecnológicos tuviesen capacidad de tener señal hacia el exterior, pero aparentemente eso presenta todavía cierto tipo de dificultades técnicas. Yo no logro entender bien por qué hoy día no es posible contar con esa tecnología.
Pero, conforme a lo que hoy día conocemos, a lo que Gendarmería señaló, a las mismas indicaciones que el Ejecutivo posteriormente hizo, que eran muy coincidentes con las de la Senadora Rincón y la Senadora Ebensperger, creo que estamos arribando a un buen proyecto y que, salvo lo que se señaló respecto del punto de requisar inmediatamente, parece que concitó la unanimidad de la Comisión.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Gracias, Senador.
Senador Huenchumilla, tiene la palabra.
EL señor HUENCHUMILLA.-
Presidente, digamos en qué consiste la discrepancia en esta materia.
El proyecto fue aprobado por unanimidad, salvo el inciso que establece una sanción. Y creo que con ese inciso y esa sanción se discrimina y castiga a los funcionarios de Gendarmería de Chile que están adentro de las cárceles haciendo un trabajo difícil, complejo, donde viven semiencerrados, en un sector del Estado de Chile en que se tiene a miles de presos. Estos funcionarios trabajan en esas condiciones, que todos conocemos.
Pienso que se los discrimina y castiga, porque sobre esta materia hay una norma general en el artículo 175 del Código Procesal Penal y este proyecto establece una sanción específica para los gendarmes. El referido artículo 175 dice que están obligados a denunciar los miembros de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería, y después enumera varios funcionarios públicos más: los fiscales y demás empleados públicos; los jefes de puertos, aeropuertos, estaciones de trenes o de otros medios de locomoción; los capitanes de naves, etcétera; también los jefes de establecimientos hospitalarios o de clínicas particulares y los profesionales en medicina, odontología, química, farmacia, etcétera; los directores, inspectores y profesores de establecimientos. O sea, coloca en este artículo prácticamente a todos los funcionarios públicos.
Por su parte, el artículo 177 del mencionado Código dice que si la persona no cumple con la obligación de denunciar, le cabe la pena del artículo 494 del Código Penal. O sea, se le aplica una pena de falta. Y el inciso contenido en este proyecto castiga a los gendarmes a una pena de presidio menor en su grado mínimo y suspensión en su grado mínimo a inhabilitación absoluta temporal en cualquiera de sus grados para el ejercicio de su cargo u oficio.
O sea, una normativa que persigue un propósito adecuado tiene un efecto, a mi juicio, perverso en contra de los gendarmes que trabajan en las cárceles y penitenciarías de Chile, ya que hay una norma general, la del artículo 175 del Código Procesal Penal, que establece que todo el resto queda con la pena de falta, mientras que, de aprobarse el texto en discusión, a los gendarmes se les aplicará la pena de presidio y la accesoria que ya señalé.
Entonces, a mí me parece que hay una injusticia respecto de los funcionarios de Gendarmería, que trabajan en las condiciones y con las responsabilidades que todos conocemos.
Yo reitero mi voluntad de apoyar ahora, como hice en la Comisión, el conjunto del proyecto. Pero considero que esta sanción castiga a los gendarmes, es discriminatoria y atenta contra la igualdad ante la ley, porque a ellos se los deja en una situación desmedrada frente al resto de los funcionarios de la Administración del Estado.
Por lo tanto, llamo a los Senadores y las Senadoras a votar en contra de este inciso, porque ya hay una norma general que establece una sanción frente a esta conducta: el artículo 177 del Código Procesal Penal.
He dicho, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias, Senador Huenchumilla.
Senador Lagos, ¿usted quería plantear algo? ¿Tenía un punto de reglamento?
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor LAGOS.-
Seré bien breve, Presidente.
Solamente para salir de la curiosidad.
Se pidió que la Comisión de Hacienda sesionara en forma paralela para despachar un informe financiero. Esto ya ocurrió, tuvo lugar y se aprobó. Perfecto. La pregunta es ¿hay que informar eso o lo damos por zanjado?
El señor COLOMA (Presidente).-
No, esa iniciativa viene después del proyecto... ¡Ah, no, perdón, perdón! Es discusión en particular. Así que usted podría hacer referencia a ello en su momento.
El señor LAGOS.-
No es que yo quiera hacerlo o no, Presidente. Deseo saber si procede o no lo que he señalado.
El señor COLOMA (Presidente).-
Como es discusión en particular, informe si quiere.
El señor LAGOS.-
El informe es muy sencillo.
El señor COLOMA (Presidente).-
¡Informe, aproveche...!
El señor LAGOS.-
Se aprobó como corresponde.
Señala el informe financiero que este proyecto de ley no irrogará un mayor gasto fiscal y se financiará con el presupuesto regular.
Muchas gracias.
El señor COLOMA (Presidente).-
¡Extraordinario el informe...!
(Risas en la Sala).
Solicito abrir la votación.
Les recuerdo que nos pronunciaremos solo respecto del inciso segundo, porque lo otro ya está aprobado.
Hay varios inscritos.
¿Les parece limitar a tres minutos cada intervención para alcanzar a ver el proyecto siguiente? Si no, no podremos tratar el de APR.
El señor GALILEA.-
Que sean cinco minutos.
El señor COLOMA (Presidente).-
En votación.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
En votación.
(Durante la votación).
El señor COLOMA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador De Urresti.
¡Al agua...!
Senador Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Muchas gracias, Presidente.
Este proyecto viene a dar cuenta de algo que sucede todos los días y que seguramente está ocurriendo ahora: una gran cantidad de estafas.
Lo que hace esta iniciativa es tipificar el delito de tenencia de teléfonos celulares, chips y aparatos tecnológicos que permiten intercomunicarse dentro del penal o comunicarse con el exterior; establece sanciones que van desde los quinientos cuarenta y un días a tres años y un día; penaliza a quienes sabiendo de la tenencia no denuncien, agregando una agravante si el que no denuncia es un abogado, un procurador o un empleado público; propone que los reclusos que sean descubiertos teniendo un teléfono no puedan postular a beneficios por un tiempo determinado y, en caso de reincidencia, durante el tiempo que dure la condena.
A mí me parece que esto está bien. Porque, como digo, día a día ocurren estafas telefónicas, que cada vez aumentan más.
Yo siempre he sido bueno para comprar cachureos, y para vender también, por ejemplo, en aplicaciones como Yapo. Y siempre que subo un producto a esta aplicación, inmediatamente me llama alguien -ya sabe mi nombre y lo que estoy vendiendo- y me dice, por ejemplo: "Usted apriete un botón en su teléfono para que nosotros cotejemos si esto está correcto, que es la persona que está vendiendo". Pero, al apretar aquel botón, en ese mismo momento le estoy entregando datos de mi cuenta corriente. Y la verdad es que esas personas tienen a veces más inteligencia que los organismos de seguridad.
Entonces, creo que el proyecto está bien. Sin embargo, me parece importante colocar el foco en Gendarmería.
El año pasado aprobamos una iniciativa que prohibía el ingreso de teléfonos, telecomunicadores o partes de ellos, chips telefónicos u otros elementos tecnológicos, a los establecimientos penitenciarios, sancionándose con una pena de sesenta y un días a tres años al infractor. Pero eso no cambió en nada la situación, no bajó la tasa de delitos de estafa telefónica, sino que simplemente han ido aumentando. Pospandemia, se han incrementado un 69 por ciento las estafas telefónicas, y un 90 por ciento de ellas se realizan desde las cárceles.
Por eso creo que no podemos hacer ojos ciegos respecto de la situación paupérrima en que se encuentra Gendarmería.
A veces el teléfono es lo mínimo que se encuentra al interior de las cárceles; no es de sorprender que en ellas haya televisores y hasta aparatos de PlayStation.
Yo entiendo que no queremos limitar más allá de los derechos relacionados con la libertad personal, pero tampoco podemos permitir vidas de lujo dentro de las cárceles, estafas, mafias, homicidios, peleas y otras cosas que ocurren ahí.
Gendarmería convive colapsada. El modelo que tiene no rehabilita. Y es necesario que rehabilite, para que también los reos puedan trabajar, tener una cotización. Porque después un reo ¿qué es? Una carga de una futura pensión. O sea, el Estado, en definitiva, no solo debió pagar todo el tiempo que estuvo recluso, sino que además debe pagarle posteriormente una pensión porque cuenta con una laguna previsional eterna. O, si cae preso, durante ese espacio de tiempo no paga pensión de alimentos, de las que tanto se habla. Por tanto, un reo que se rehabilite, que trabaje, que cotice va a poder cumplir con esa obligación, y no será una carga del Estado, por ejemplo, para futuras pensiones.
Considero que lo importante aquí es que si estamos aprobando estas normas, avanzando en esto, tengamos además, por cierto, la mirada de cómo se rehabilita, pero también de cómo se le dan a Gendarmería las capacidades mínimas. Porque para un gendarme ingresar hoy día a un box de, por ejemplo, delincuentes extranjeros es casi una proeza, o registrar a un reo en esos recintos.
Ahora, yo no creo que solamente se trate de un tema sancionatorio, sino que además debemos establecer otras medidas. Porque si hoy día, por ejemplo, yo coloco en YouTube "peloteros", no me aparecen los que están en los partidos de tenis, sino gente tirando elementos hacia las cárceles. Y eso es habitual, es una conducta que hasta se graba, que está publicitada.
Entonces, si no tenemos la capacidad de fiscalizar, esto terminará siendo letra muerta.
Voy a aprobar este proyecto. Pero no debemos perder de vista el problema, que no radica en las penas, sino en cómo apoyar también el trabajo y la fiscalización de Gendarmería.
Gracias, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador Sanhueza.
El señor SANHUEZA.-
Gracias, Presidente.
Sin duda, se trata de un proyecto de ley de mucha relevancia en materia de seguridad pública, pues es importante tener a la vista que, de acuerdo a los datos entregados por Gendarmería de Chile, cada año se requisan aproximadamente veinte mil dispositivos celulares en los recintos penitenciarios del país, cifra que fue superada ampliamente el año 2022, durante el cual se incautaron más de treinta mil dispositivos.
Lo anterior no solo genera un problema evidente de seguridad pública, en tanto dichos dispositivos son utilizados para la comisión de delitos desde el interior de los recintos penitenciarios, como estafas, sino que también desnaturaliza la sanción misma que ha sido impuesta a quienes se encuentran privados de libertad, la que conlleva una restricción a la posibilidad de comunicarse con personas del exterior de forma libre y permanente.
En este sentido, el proyecto apunta en la dirección correcta, en tanto busca tipificar como delito, y ya no como falta, la tenencia de dispositivos celulares al interior de los recintos indicados, conducta que es sancionada con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, sin perjuicio de las medidas administrativas que corresponda adoptar a Gendarmería.
Adicionalmente, para que dicho delito tenga un correlato con la realidad y pueda ser aplicado, se consagra el deber de denuncia del funcionario que tuviere conocimiento de dicha tenencia, cuyo incumplimiento se sanciona con la pena de presidio menor en su grado mínimo y suspensión en su grado mínimo a inhabilitación temporal en cualquiera de sus grados para el ejercicio del cargo u oficio.
En efecto, este proyecto también pone de manifiesto la crisis carcelaria que vive el país, por lo que el Gobierno debe actuar a la brevedad no solo por la falta de plazas en las cárceles, sino también para definir distintos sistemas carcelarios, dependiendo de la gravedad del delito y de la reincidencia.
Asimismo, la criminalidad organizada exige medidas de seguridad adicionales y sistemas de cumplimiento más rigurosos para cortar a los líderes de las bandas y su comunicación con el exterior.
Las cárceles deben ser los recintos donde efectivamente se cumpla la pena privativa de libertad, y no meros centros de estancia y operación de mafias y organizaciones delictuales.
Finalmente, señor Presidente, considero necesario que el Gobierno ingrese a la brevedad las urgencias a proyectos de ley que son indispensables para seguir combatiendo la inseguridad.
El país no resiste más este clima de violencia, donde en cuarenta y ocho horas hemos tenido ocho asesinatos en la Región Metropolitana.
Gracias, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
A usted, Senador.
Tiene la palabra el Senador Espinoza.
El señor ESPINOZA.-
Presidente, quiero destacar la importancia que tiene esta iniciativa desde el punto de vista de lo que ocurre al interior de las cárceles.
Comparto plenamente con los colegas que han intervenido que dentro de los propios recintos penitenciarios se genera la mayor cantidad de delitos.
Por ende, este proyecto de ley, iniciado en moción de las Senadoras Rincón y Ebensperger y los Senadores Araya, Kast y Walker, que modifica el Código Penal, resulta fundamental para tipificar el delito de tenencia de elementos tecnológicos que permitan a las personas privadas de libertad comunicarse con el exterior.
Yo me atrevería a señalar que un alto porcentaje, ¡un alto porcentaje!, de los delitos que hoy día ocurren en el país provienen desde el interior de las cárceles, debido a este hecho. Y lo ratifica el elevado número de celulares que se manejan al interior de los recintos penitenciarios.
De hecho, desde agosto del año pasado Gendarmería ya ha consignado el decomiso de más de diecisiete mil aparatos y tarjetas SIM que estaban en poder de los reclusos, medida que ha sido apoyada por varios funcionarios de los mismos penales, dado que la tenencia de estos dispositivos es ilegal.
Entonces, debido a esta tenencia se cometen los más diversos tipos de delitos y engaños desde las cárceles. Los reos tienen todo el tiempo del mundo para, además con tecnología, realizar este tipo de acciones que dañan a las personas.
Hace tan solo unas semanas me tocó recibir el caso de una señora de Pargua, en la comuna de Calbuco, quien fue engañada con la compra fraudulenta de su vehículo, que era su medio de trabajo de toda la vida y que había conseguido con mucho sacrificio. A ella la estafaron desde el interior de una cárcel con un depósito que nunca existió, un cheque falso. Todo un engaño que es complementado con ayuda desde el exterior, por cierto.
Esto ocurre todos los días, por lo que va a ser un elemento relevante consignar otro tipo de penalidades y rebajar las posibilidades de obtener beneficios penitenciarios, lo que desde todo punto de vista es importante para el resguardo de la población.
Así que voto a favor, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador Rodrigo Galilea.
El señor GALILEA.-
Gracias, Presidente.
Tal como lo han señalado quienes me antecedieron en el uso de la palabra, este proyecto nace de la constatación de que desde las cárceles chilenas se siguen cometiendo muchísimos delitos, básicamente, a través de telefonía celular y otros medios de comunicación.
Por lo tanto, en la Comisión se decidió no quedarse solamente con la figura penal que establece el artículo 304 bis del Código Penal, si mal no recuerdo, que sanciona la internación de cualquier dispositivo de comunicación (chips, teléfonos, etcétera) a las cárceles, sino que también incorporar el delito de posesión, es decir, tener dentro de la cárcel un artefacto de comunicación.
Hasta ahí, en la Comisión no hubo ninguna discrepancia y, tal como decía el Senador Huenchumilla, todos teníamos la misma visión. No solamente había que sancionar la internación, sino también la posesión de ese tipo de artefactos dentro de los recintos penitenciarios. Y dentro de estos penales la figura era más amplia, pero se decidió, a través de una indicación del Ejecutivo, especificar que esto aplicaba solo a quienes estaban privados de libertad en un establecimiento penitenciario.
De ahí surge después el inciso segundo del 304 ter, que viene a innovar la regla general establecida en el artículo 175 del Código Procesal Penal.
De acuerdo al artículo 175 de dicho cuerpo legal, todo funcionario público, dentro de los cuales también están los gendarmes, que no señala o no denuncia un delito tiene asociada una sanción, que es una falta.
Esa es la norma general.
Este proyecto, y así lo planteó el Ejecutivo, propone subir la sanción en el caso de gendarmes que no denuncian, a sabiendas de que algún recluso mantiene en su poder un teléfono, un chip o cualquier dispositivo que le permita comunicarse con el exterior.
Esto fue discutido en la Comisión y, efectivamente, hubo dos posiciones.
La minoritaria, del Senador Huenchumilla, consideraba suficiente la sanción general establecida en el artículo 175 del Código Procesal Penal, mientras que los otros -y yo manifesté algún tipo de aprensiones- hicimos fe de la sugerencia del propio Poder Ejecutivo, de los representantes del Ministerio de Justicia en este caso, pues son ellos quienes mejor conocen la dinámica al interior de los recintos penitenciarios.
¿Qué es lo que corresponde? ¿Es mejor dejarlo en un reglamento o establecerlo derechamente como una sanción en el Código Penal? ¿Cuál va a ser la relación entre gendarmes y presos frente a esta situación? ¿Qué hacemos con el abogado defensor? En fin, toda la casuística que se puede pensar en esto.
Pero, finalmente, se impuso la postura -y yo me plegué a ella- del Ministerio de Justicia, cuyos representantes señalaron: "Es tan sensible y tan complicado lo que sucede desde las cárceles, que se justifica salirse de la norma general del artículo 175 del Código Procesal Penal y aplicar una sanción mucho más rigurosa a los gendarmes que omitan denunciar a quienes posean este tipo de artefactos de comunicaciones dentro de las cárceles".
Esto es opinable, por supuesto, pero en lo personal me fío y me valgo de la experiencia del Ministerio de Justicia, que es el órgano superior y del cual depende Gendarmería, para establecer esta sanción.
Creo que esta medida hay que ir evaluándola, pero tenemos que hacer el máximo de los esfuerzos, no solamente desde el punto de vista penal, sino también desde la instalación de tecnología que permita bloquear todo tipo de elementos de comunicación al interior de las cárceles para que este flagelo pueda ir reduciéndose.
Sabemos que Gendarmería está licitando una serie de establecimientos penitenciarios para los efectos de instalar tecnología que permita bloquear.
Creo que son once o trece los establecimientos que se están licitando en este momento...
El señor GAJARDO (Subsecretario de Justicia).-
Son catorce.
El señor GALILEA.-
Perdón, catorce.
Yo espero que cuanto antes... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).
Espero que cuanto antes se liciten no solamente estos catorce establecimientos, sino la totalidad de los recintos penitenciarios del país.
Me parece que, al final del día, va a ser mucho más eficaz un buen sistema de bloqueo de cualquier señal de telecomunicaciones que lo que pueda señalar el Código Penal.
Finalmente, esto es un universo de medidas orientadas a parar la comisión de delitos desde las cárceles.
Por lo tanto, yo voy a votar a favor, tal como lo hice en la Comisión, pero no dejo de reiterar el llamado al Ministerio de Justicia para que profundice y acelere las licitaciones de medios tecnológicos que permitan bloquear toda señal de comunicaciones que provenga desde el interior de las cárceles.
He dicho.
Muchas gracias.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador Matías Walker.
El señor WALKER.-
Gracias, Presidente.
Qué bueno que podamos llegar a la etapa final de aprobación en particular de esta iniciativa, que me tocó suscribir y que han liderado las Senadoras Rincón y Ebensperger y los Senadores Araya y Kast, para modificar el Código Penal con el fin de tipificar como delito, y ya no como falta, la tenencia de elementos tecnológicos que les permitan a las personas privadas de libertad comunicarse con el exterior.
Saludo al Subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, y a la Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas.
Y quiero agradecer el trabajo de la Comisión de Constitución.
Yo voy a aprobar el texto en particular que finalmente emana de la Comisión.
Creo que el tipo penal queda bien definido, simple y claro: "El que, encontrándose privado de libertad en un establecimiento penitenciario, tuviere en su poder cualquiera de los elementos señalados en el artículo anterior, sin estar legal o reglamentariamente autorizado al efecto, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio".
Se ha discutido la sanción a los funcionarios públicos.
Yo discrepo de la argumentación del Senador Huenchumilla.
En la línea de lo que ha planteado el Senador Galilea, creo que, sin perjuicio de la regla general de la obligación que tiene cualquier funcionario público de denunciar la comisión de un delito, dada la especialidad del mismo donde muchas veces desde las cárceles se cometen extorsiones, intentos de secuestros o secuestros propiamente tales a otros internos, de los que se hacen grabaciones -a mí me tocó participar, le contaba al Subsecretario de Justicia, hace algunas semanas de una visita a la cárcel de Huachalalume, que va a estar incorporada dentro de un plan de reforzamiento de elementos de protección, pero no le comenté que dos semanas después se produjo un ataque a un funcionario de Gendarmería-, necesitamos fortalecer la seguridad en los recintos penitenciarios.
Para eso es fundamental que exista esta sanción al funcionario público, que es de carácter penal, y además con inhabilitación absoluta temporal.
Y no se trata de establecer una discriminación hacia los funcionarios de Gendarmería. Son ellos, Anfup y otras organizaciones, los que más nos han insistido: "Por favor, Senador, legislen al respecto".
Por eso presentamos este proyecto de ley, que por fin ve la luz, para sancionar como delito, como tipo penal, la utilización de celulares y otros elementos tecnológicos desde las cárceles para cometer delitos determinados.
¡Qué bueno que estemos avanzando en la agenda de los treinta y un proyectos en materia de seguridad!
Hay que poner los votos donde se ponen las palabras en esta materia, y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy con la aprobación en particular de este proyecto.
Gracias, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
A usted, Senador.
Tiene la palabra el Senador Kenneth Pugh.
El señor PUGH.-
Muchas gracias, señor Presidente.
Por su intermedio, felicito a los mocionantes, especialmente a las Senadoras Ebensperger y Rincón, quienes basadas en data, en evidencia fueron capaces de hacer una propuesta que tiene mucho sentido, y también a los Senadores Araya, Kast y Walker, porque le dieron a este proyecto de ley algo bastante particular: elevar de falta a pena esta conducta.
Y eso es esencial.
Hoy la tecnología permite la comunicación de todas las personas, pero aquellos que están privados de libertad deben tener canales de comunicación establecidos por la autoridad carcelaria de manera controlada. No puede existir un uso indiscriminado de tecnología que, al día de hoy, es barata. Es muy barato comprar una SIM card, un chip. Por muy poco dinero se puede acceder a un número telefónico. Y también existe una cantidad de equipos que le permiten a un reo tener incluso no uno, sino varios dispositivos y varios chips.
Este es un problema mayor, un problema muy grande.
Por eso los gendarmes tienen una condición distinta en la vigilancia y deben ser capaces de ver qué está ocurriendo. Esa es la razón por la cual se tipifica también esa conducta.
Se trata, entonces, de entender que esto no solamente consiste en "introducir", como ya está tipificado, sino en "tener", la tenencia. Puede que un chip o un dispositivo haya ingresado por cualquier vía. Se mencionaron las pelotas de golf, de tenis o cualquier otra forma.
Hoy hasta un teléfono puede estar en un reloj. Las SIM cards pequeñas permiten tener equipos de comunicaciones bastante disimulados y en lugares muy pequeños.
Esa es una realidad que tenemos que enfrentar.
Sí quiero señalarle al Subsecretario, a través de usted, señor Presidente, como estamos en discusión particular, que podemos avanzar un poco más que en el solo bloqueo de las señales en los catorce recintos penitenciarios de que se habló. Y con esto me refiero al uso de tecnología para instalar, más que listas negras, listas blancas en las que en ciertas áreas o perímetros se permite la habilitación de determinados celulares.
Esa es una tecnología mucho más sensible, especialmente con las comunidades que viven cerca, porque no se ven afectadas.
Los polígonos permiten saber -y esto no es por un tema de GPS, sino de diferencia de tiempo de llegada de las señales a las antenas- con bastante precisión dónde se encuentra un teléfono. Entonces, algunas áreas pueden quedar con un polígono de lista blanca donde solo estén autorizados ciertos números.
Y así también, usando la tecnología, se contribuiría de manera bastante efectiva a evitar lo que no queremos que ocurra. O sea, podemos usar todos los medios, incluyendo aquellos más sensibles, especialmente con las poblaciones cercanas que podrían verse afectadas si las capacidades de bloqueo de frecuencia que se ocupen llegaran a ellas.
Valoro, entonces, las iniciativas parlamentarias que nacen de data, de evidencia, de cosas concretas y de sentido común. Es de sentido común que alguien que tiene la tarea de vigilar vea esto. O sea, se trata de algo que va más allá de cualquier funcionario público. Y esa es la característica de un gendarme.
Y, obviamente, queremos impedir que estas comunicaciones no autorizadas ocurran pues se están ocupando, tal como se ha señalado, para cometer crímenes.
Un teléfono celular es un instrumento a través del cual se puede cometer fácilmente un crimen y lo que se busca, al final, es evitar que esos delitos ocurran, incluso dentro de los recintos carcelarios.
Por eso, señor Presidente, apoyando en particular cada una de las formas en que esto se ha establecido y felicitando nuevamente a los mocionantes, voto a favor.
Muchas gracias.
El señor COLOMA (Presidente).-
A usted, Senador.
Finalmente, tiene la palabra el Senador De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Gracias, Presidente.
Saludo, por su intermedio, al Subsecretario de Justicia.
Y creo que sería importante que pudiera intervenir luego de la votación del proyecto, porque hemos conversado en varias oportunidades en la Comisión de Constitución, a propósito de los recintos carcelarios, cómo impacta la utilización o introducción de teléfonos.
Por lo tanto, es tremendamente importante poder escucharlo para saber de qué manera esto va a beneficiar, espero positivamente, para impedir que exista esta gran cantidad de celulares.
Este proyecto avanza. Es simple desde el punto de vista de la técnica legislativa, pero creo que debiera producir un impacto. Y esto se tiene que trabajar. Por eso es importante que esté presente el Ministerio de Justicia, los gremios de Gendarmería, el personal, que está cerca. Claramente, hay una situación respecto de otras personas que conviven dentro de los recintos carcelarios que no están privadas de libertad y que legítimamente quieren ocupar celulares. Habrá que buscar fórmulas para ello, pero hay que cortar de raíz la mala utilización y la proliferación de este tipo de dispositivos dentro de las cárceles.
La cantidad de casos en los cuales hemos visto, en la comisión de delitos, el funcionamiento permanente, no esporádico ni accidental, de prácticamente centros de llamados dentro de las cárceles, es algo que no podemos tolerar. Es también una labor que corresponde a Gendarmería, al Ministerio de Justicia, pero además creo que es relevante la participación del Ministerio Público. Muchas veces los cabecillas de organizaciones criminales operan con total impunidad, cometiendo delitos de alta connotación desde los recintos carcelarios.
Por tanto, la implementación de esta futura ley, que no me cabe duda va a ser respaldada mayoritariamente, debe ir en esa línea.
Yo voy a votar a favor.
Quiero señalar que es relevante también que el Ministerio de Justicia, a través de Gendarmería, establezca protocolos de funcionamiento. Entendamos que esta medida es para todos los recintos carcelarios, desde las cárceles concesionadas, las cárceles públicas, hasta las cárceles de mayor complejidad -espero que también esté considerada Punta Peuco y no tengamos privilegios para ese tipo de establecimientos-, y que, en definitiva, estando privada de libertad una persona, se debe terminar con la utilización de teléfonos celulares, estableciéndose un tipo penal para efectos de sancionar a quienes los tengan y la obligación de la denuncia por parte de los funcionarios públicos correspondientes.
Voto a favor, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Gracias.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor COLOMA (Presidente).-
Cerrada la votación.
--Se aprueba el inciso segundo del artículo 304 ter del Código Penal propuesto en el artículo único (34 votos a favor, 2 en contra, 1 abstención y 1 pareo), y el proyecto queda aprobado en particular y despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Ebensperger, Gatica, Núñez, Órdenes, Pascual, Rincón y Sepúlveda y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Edwards, Espinoza, Flores, Gahona, Galilea, García, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Latorre, Moreira, Núñez, Ossandón, Pugh, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Soria, Velásquez y Walker.
Votaron en contra la señora Carvajal y el señor Huenchumilla.
Se abstuvo el señor Lagos.
No voto, por estar pareada, la señora Provoste.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
En la Mesa se han registrado los siguientes pareos: del Senador señor Castro Prieto con el Senador señor Araya; del Senador señor Van Rysselberghe con el Senador señor Castro González; del Senador señor Durana con la Senadora señora Vodanovic, y de la Senadora señora Aravena con la Senadora señora Provoste.
El señor COLOMA (Presidente).-
Aprobado el proyecto en primer trámite, pasa a la Cámara de Diputados.
A ver, solicito su atención, porque este es de los momentos en que debemos tomar decisiones e informarlas para estos efectos.
El señor DE URRESTI.-
El Subsecretario quiere hablar.
El señor COLOMA (Presidente).-
Le vamos a dar la palabra por un par de minutos, Subsecretario. No había visto que la había solicitado.
Tiene la palabra.
El señor GAJARDO (Subsecretario de Justicia).-
Muchas gracias, Presidente.
Por su intermedio, quiero saludar a todos los Senadores y las Senadoras presentes, y agradecerles también que hayan aprobado el proyecto de ley que tipifica el delito de tenencia de elementos tecnológicos al interior de los establecimientos penitenciarios.
Esta es una iniciativa que se enmarca dentro de una modificación reciente que se hizo al Código Penal, en el artículo 304 bis, que estableció como delito el ingreso de teléfonos celulares al interior de los recintos penitenciarios.
La ley N° 21.494, que entró en vigencia hace muy poco, nos ha permitido iniciar 114 causas en contra de personas que han ingresado teléfonos celulares al interior de establecimientos penitenciarios. Y es la que estableció, precisamente, el artículo 304 bis. Es decir, en pocos meses se han iniciado 114 casos, lo que da cuenta de que efectivamente es una ley que ha surtido efectos.
Asimismo, quisiera señalarles que esta iniciativa es parte de los treinta y un proyectos priorizados en materia de seguridad. Es uno de los que le toca tramitar al Ministerio de Justicia y cuenta con su respaldo.
Agradecemos a los Senadores mocionantes (el Senador Araya, la Senadora Ebensperger, la Senadora Rincón, el Senador Walker y el Senador Kast), porque es un proyecto que efectivamente nos va a permitir gestionar de mejor manera la comisión de delitos al interior de los establecimientos penitenciarios.
Como Ejecutivo estamos tomando un conjunto de medidas de carácter administrativo que procuran evitar que se cometan delitos al interior de los establecimientos penitenciarios, principalmente a través de la utilización de medios tecnológicos, como son los teléfonos celulares. Para ello, tal como lo decía el Senador Galilea, se inició una licitación pública que va a permitir la inhibición de la telefonía celular en la lógica que él planteaba, esto es, gestionar la telefonía celular, estableciendo listas blancas, que es precisamente la tecnología que vamos a utilizar para catorce penales, en un plan que esperamos se pueda ir ampliando después al resto y tener en curso la licitación correspondiente durante este año.
Asimismo, el Senador Sanhueza daba cuenta de que el 2022 logramos incautar 30 mil teléfonos celulares, a diferencia de años pasados, en los que se incautaban 15 mil o 20 mil. Contarles a los señores Senadores y a las señoras Senadoras que eso, entre otras cosas, se da porque en junio del año pasado comenzamos con un proceso de allanamiento e incautación masivos al interior de los establecimientos penitenciarios que implica una movilización de más de mil gendarmes de la unidad de servicios especiales a lo largo del país, y que se hace en veinte o veinticinco recintos al mismo tiempo, lo que nos ha permitido ir disminuyendo la cantidad de elementos prohibidos al interior de las cárceles.
Ya estamos a un año de esa política, iniciada el 2022, que implica una gran movilización de parte de Gendarmería y que es parte de un paquete de medidas que se están tomando, en conjunto con el Congreso, y también de manera administrativa, con el objeto de tener establecimientos penitenciarios más seguros, porque consideramos que el sistema penitenciario es clave para nuestro Estado de derecho y nuestra democracia, en términos de contar con cárceles seguras que nos permitan tener recintos en los cuales se pueda avanzar en la reinserción social.
Es lo que quería señalar, Presidente.
Muchas gracias por el tiempo.
El señor COLOMA (Presidente).-
A usted, Subsecretario.
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El señor COLOMA (Presidente).-
A ver, les pido un poco de atención porque, mirando la tabla, efectivamente tenemos que ver el proyecto sobre APR, que se encuentra con "discusión inmediata", y posteriormente el del SBAP, que también está con "discusión inmediata" y vence ahora. Entonces, debemos despachar ambas iniciativas. Vamos a tener que extender lo suficiente el Orden del Día para cumplir con la norma reglamentaria.
Les quiero sugerir, en buena, calmadamente, que para el proyecto sobre APR hablemos hasta tres minutos cada uno para poder avanzar.
¿Les parece?
(El Presidente hace sonar la campanilla en señal de acuerdo).
Y después, para la discusión del SBAP, vamos a intentar algo parecido, también hasta tres minutos cada uno.
EXENCIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL (APR)
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El señor Presidente pone en discusión el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que exime del impuesto al valor agregado a los servicios sanitarios rurales a que se refiere la ley N° 20.998, iniciativa que corresponde al boletín N° 15.901-05.
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho calificándola de "discusión inmediata".
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 15.901-05) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Esta iniciativa legal tiene por objeto incorporar un nuevo artículo 64 bis a la ley N° 20.998, que regula los servicios sanitarios rurales, para establecer una exención al impuesto al valor agregado para las organizaciones que prestan servicios sanitarios rurales bajo ciertas condiciones que se indican, de modo que parte o todas sus operaciones se encuentren exentas de dicho impuesto.
La Comisión de Hacienda hace presente que, por tratarse de un proyecto de artículo único, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, discutió la iniciativa en general y en particular a la vez, y propone a la Sala considerarla del mismo modo.
La referida Comisión deja constancia, además, de que aprobó el proyecto de ley en general y en particular por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Núñez y Saavedra, en los mismos términos en que fuera despachado por la Honorable Cámara de Diputados.
Por otra parte, consigna el informe financiero considerado en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17, inciso segundo, de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 37 y 38 del informe de la Comisión de Hacienda y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Es todo, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias.
Tiene la palabra el Senador Lagos, para rendir el informe.
El señor LAGOS.-
Gracias, señor Presidente.
La Comisión de Hacienda tiene el honor de informar el proyecto de ley de la referencia, en segundo trámite constitucional, originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República.
Por tratarse de un proyecto de artículo único, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento, la Comisión lo discutió en general y en particular a la vez, resultando aprobado, como ya lo informó el señor Secretario, por la unanimidad de sus integrantes.
Contiene un artículo único permanente, el cual incorpora un nuevo artículo a la ley N° 20.998, que regula los servicios sanitarios rurales, aclarando o haciendo el esfuerzo por aclarar el tratamiento tributario de los servicios prestados por los APR en base a los siguientes conceptos.
Primero, se dispone que los servicios prestados por operadores de APR a sus asociados, cooperados o socios no se encontrarán gravados con IVA. Este es el objetivo principal del proyecto: eximir del pago del IVA a los APR, con la condición de que el prestador siempre se encuentre incorporado en el registro de operadores de servicios sanitarios rurales establecido en la ley N° 20.998, que, como señalé, es la que regula los servicios sanitarios rurales y que data del año 2017.
Segundo, se preceptúa que tampoco se encontrarán gravados con IVA los servicios prestados entre operadores o asociaciones de operadores, siempre que estos sean prestados para garantizar la continuidad del servicio.
Y por último, relacionado con la exención del IVA, se establece expresamente la exención de este impuesto en beneficio de los Cuerpos de Bomberos o sus compañías, de establecimientos educacionales municipales y de bienes raíces municipales.
Asimismo, se contemplan disposiciones transitorias importantes que ojalá se puedan recoger.
Se señala que, mientras esté pendiente el plazo establecido en la ley que regula los servicios sanitarios (vence en noviembre del 2024), no será exigible que los operadores deban estar inscritos o incorporados en el registro de operadores de servicios rurales sanitarios. Y que, a partir de la dictación de la ley, todos los comités de APR, sin ninguna excepción, van a acceder a la exención del IVA en los términos indicados en ella.
Además, el proyecto incluye otro artículo transitorio que dispone que esta ley entrará en vigencia el 1° de enero del 2023, esto es, con efecto retroactivo.
En castellano: se exime del pago de IVA a los servicios sanitarios rurales (APR); la ley permanente señala que, para recibir este beneficio, habrá que estar inscrito en el registro; con todo, se precisa que dicha inscripción no será exigible hasta que se cumpla el plazo, en noviembre de 2024, y además, si ustedes quieren, se aclara definitivamente que desde el 1° de enero de este año -o sea, desde hace varios meses- se entiende vigente la ley.
Eso fue lo que se sometió a votación y se aprobó.
No obstante, la discusión de este proyecto no se agota ahí, por cuanto hay un tema que recibió mucha atención y es el siguiente. El registro, que está abierto, de aproximadamente dos mil cuatrocientos APR, hoy día tiene inscritos a menos de sesenta. Claramente, hay un déficit o un número muy bajo.
En consecuencia, si no tuviéramos los artículos transitorios, que dan plazo hasta noviembre del 2024, estaríamos hablando de un beneficio para sesenta o los que se inscriban hasta el día en cuestión. O sea, sería casi letra muerta. Por eso se establece una transición, una gradualidad y el efecto retroactivo.
Tuvimos la oportunidad de recibir en audiencia a diferentes organizaciones nacionales de APR, de distintas partes del territorio, que compartieron sus pareceres. Recibimos a la Asociación Nacional de APR Chile; a la Asociación Gremial de Servicios de Agua Potable Rural; a la Asociación de APR de la Región Metropolitana, que veo que nos acompañan aquí, arriba: su presidenta, señora Carolina Carrasco; su directora, señora Ana Gutiérrez, y el tesorero, señor Patricio Riquelme. Ellos expresaron sus opiniones sobre el proyecto y, si bien todos estuvieron de acuerdo en que había que aprobarlo, enfatizaron la necesidad de introducirle mejoras.
¿Qué ocurrió? Que los miembros de la Comisión de Hacienda, que no somos los mismos que los de la Comisión de Agricultura o la de Recursos Hídricos, nos enteramos de que hay otra Comisión, establecida al alero del Ministerio de Obras Públicas, para ver cómo mejorar el indicador, muy pobre, del registro, para hacerse beneficiario de -valga la redundancia- los beneficios que otorga la ley. Para tal efecto, se invitó y se citó a la titular de dicha Cartera, porque a nuestro juicio aquello no estaba operando como debiera y había que imprimirle un mayor compromiso.
Esta fue una discusión compleja, que escapa de las ideas matrices del proyecto en cuanto a haber introducido una modificación en esta materia. Pero existe el compromiso, asumido por el Ejecutivo a través de la Subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, que nos acompañó en la Comisión, también con presencia de representantes de los servicios sanitarios rurales -estaban la presidenta y la directora de una asociación-, de contar con un informe periódico sobre la marcha de este asunto.
Hago esta aclaración, señor Presidente, porque la verdad es que el beneficio, siendo justo, correcto y bien diseñado, tal como están las circunstancias hoy día, les llegaría a pocos.
Dicho lo anterior, ese fue el compromiso que asumimos tras un intenso debate.
Por lo tanto, quiero recomendar a la Sala acoger el proyecto, que fue visto por la Comisión de Hacienda en dos sesiones, con sendas audiencias, resultando aprobado por unanimidad.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
A usted, señor Senador.
Ya que la Subsecretaria de Hacienda los acompañó en la Comisión, quiero solicitar autorización para que pueda ingresar a la Sala.
Acordado.
Le ofrezco la palabra al Senador don Daniel Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Gracias, Presidente.
La verdad es que resulta muy importante aprobar el proyecto de ley sometido a nuestra consideración.
Hay que tener presente que este problema del cobro de IVA a los usuarios de agua potable rural afecta a aproximadamente dos mil trescientos APR en todo Chile. Estamos hablando de más de tres millones de personas que dependen de un servicio vital para la vida, el cual debiese ser considerado un derecho humano y, por lo tanto, tener un resguardo constitucional mucho más relevante, como es el acceso al agua, especialmente en zonas rurales donde, obviamente, no existen empresas sanitarias.
A nosotros nos parece, Presidente, que, de no aprobarse esta medida, se corre el riesgo incluso de una emergencia sanitaria de mayor envergadura. Si bien el Servicio de Impuestos Internos ha podido dilatar el cobro del IVA, en rigor, ¡en rigor!, ahí hay una situación legal que requiere una solución definitiva. La que el Gobierno comprometió fue llevar a cabo esta modificación legal para establecer, en forma tajante, clara y nítida, que no habría cobro de IVA cuando el servicio fuera prestado por APR. Y el Gobierno -hay que decirlo- ¡cumplió!: cumplió el compromiso que tomó con los APR. Y ahora lo que corresponde es que también lo haga el Parlamento.
Este proyecto de ley está en segundo trámite; eso quiere decir que la Cámara ya le dio su visto bueno y que, si ahora es aprobado por el Senado, será despachado para convertirse en ley.
Se generó una polémica -ya la describió el Senador Lagos Weber- respecto a que uno de los requisitos para que los APR pudieran recibir el beneficio de no pagar IVA era encontrarse inscrito en el registro.
El registro, por supuesto, es una exigencia nueva, que está en la ley de servicios sanitarios rurales, que cuando discutimos y aprobamos, después de diez años, siempre se consideró un avance. Ha habido que ir perfeccionándola, afinándola, pero quiero decir que es una ley discutida, consensuada, que establece un plazo bastante razonable. El plazo para que entre en vigencia el registro es noviembre del 2024; por tanto, hay tiempo para que los APR puedan realizar la inscripción.
De todas maneras, uno podría preguntarse qué pasa si un servicio de agua potable rural, por cualquier motivo, no se alcanza a inscribir. En tal caso, la ley estipula que la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales puede inscribir de oficio un APR. Es decir, tampoco quedaría excluido del beneficio.
También es muy importante destacar, Presidente, que hay un requisito -tal vez el más complejo- consistente en entregar un plano del territorio o el área atendida. La Subdirección se comprometió a contratar las consultorías para, con cargo al Ministerio de Obras Públicas, realizar ese gasto, que es el más relevante y que para muchos APR pequeños puede resultar restrictivo.
Así que nos parece que están dadas todas las condiciones para que opere el beneficio, para que sea realidad el no pago del IVA, para que no tengamos ningún conflicto, por lo que vamos a apoyar la iniciativa, Presidente.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Muchas gracias, señor Senador.
Ofrezco la palabra al Senador Juan Antonio Coloma.
El señor COLOMA.-
Muchas gracias, Presidente.
Yo creo que este es un proyecto muy importante para millones de chilenos. Esa es la lógica y la dimensión que hay que plantear. Hay millones de chilenos que viven básicamente de los APR. Quizás la Región del Maule es la más masiva, pero en todas las regiones, desde la Segunda o la Tercera hasta la Novena o la Décima Región -en la nomenclatura antigua que todavía uno sigue usando-, es muy recurrente la necesidad de tener agua potable rural y los APR han sido una solución muy relevante.
Probablemente el mundo más citadino no comprende la realidad de subsistencia, de salud y de índole cultural también, porque se genera la necesidad de apoyarse para obtener un beneficio tan clave como es el agua potable, que de otra forma habría sido imposible de entregar.
Estos han sido largos procesos. Hemos dictado varias leyes, cuya tramitación no ha sido fácil, para dar un ordenamiento e incorporar dentro de las preocupaciones del Estado la colaboración con esta política pública que, de otra manera, ¡nos tendría viviendo en el siglo XIX! A esta altura es muy difícil entender que haya lugares que todavía no cuenten con acceso al agua potable rural.
Entonces, ¿dónde está el punto de fondo? Que a raíz de una ley aprobada a inicios del año pasado se produjo una interpretación de Impuestos Internos que señalaba que, a partir de su calidad de servicio, debía cobrase IVA a los APR, que no estaban sujetos a esa exigencia. Y eso ¡obviamente! generó una inquietud masiva en todos los APR, pues se les agregaría -además, no hay cómo descontarlo- un cargo de 19 por ciento a todos sus usuarios. Y para cualquiera que le dijeran de pronto: "Sube el agua en 19 por ciento" por una interpretación de Impuestos Internos, aquello representaría un problema bien dramático.
El asunto lo planteamos en la Comisión de Hacienda transversalmente, lo señalaron también los Diputados, lo que generó una gran polémica, y finalmente se llegó a un acuerdo.
Y este proyecto resuelve el tema de la manera indicada, dando un plazo y posibilitando la inscripción de oficio, sin mayor costo para los usuarios, que era el gran temor que tenían, porque también al ente público le interesa saber dónde están los APR a efectos de brindar ayuda.
Esta fue una larga discusión, porque cuando recibimos a los APR había muchos que al principio estaban en contra, pero a partir de, no sé si de la negociación, pero sí de las explicaciones que dio la Subsecretaria -que está aquí presente-, más la participación de Obras Públicas, se llegó a un acuerdo razonable y positivo.
Por tanto, la aprobación de esta iniciativa es decisiva.
De no mediar esta norma, todas las cuentas subirían un 19 por ciento, y eso sería un drama para el mundo rural.
Por eso, aprobamos este proyecto.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Muchas gracias, señor Senador.
Tiene la palabra el Senador Matías Walker.
El señor WALKER.-
Muchas gracias, Presidente.
En las distintas reuniones que hemos sostenido con los nuevos servicios sanitarios rurales, a los cuales estamos acostumbrados a seguir llamando "APR", se han planteado distintas observaciones y cuestionamientos a cómo quedó finalmente la ley que crea los servicios sanitarios rurales. Y hay quejas bastante generalizadas sobre que hubo poca consulta a los dirigentes de los APR en ese momento y que aquellos que intervinieron en el proceso no necesariamente eran representativos.
Desde luego, había inquietud por las propias particularidades del mundo rural, pues la brecha digital a superar para cumplir con la obligación de la factura electrónica es grande, porque no en todas las localidades rurales existe acceso a internet.
Entonces, claro, cuando se dicta una ley parece lógico exigirles a todos factura electrónica.
Recuerdo que sostuvimos un encuentro junto al Senador Gahona y al Senador Núñez con la Asociación de Servicios Sanitarios Rurales de Limarí, donde nos plantearon el tema.
En un momento hubo una adecuación al respecto, donde nos ayudó mucho el Ministerio de Hacienda.
Y ahora se presenta este proyecto, que es fundamental, que permite, en definitiva, que los servicios que presten los operadores de APR a sus asociados, cooperados o socios no se encuentren gravados con el IVA. Para estos efectos, los nuevos operadores deberán encontrarse inscritos o incorporados en el Registro de Operadores de Servicios Sanitarios Rurales al último día del mes anterior a que comiencen a prestar tales servicios.
Este requisito fue bastante cuestionado por los dirigentes de los servicios sanitarios rurales. Por ejemplo, concurrió a la Comisión don Hugo Pinto, que es de la Asociación Gremial del Limarí, además de tesorero y presidente del APR de Chalinga, en la comuna de Ovalle.
No queda tan claro, y a lo mejor la Subsecretaria... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).
Presidente, ¿me da un minuto para hacer una pregunta?
El señor COLOMA (Presidente).-
Yo fui muy cuidadoso al hacer uso de la palabra. ¡Incluso me restringí...!
Veinte segundos le voy a dar.
El señor WALKER.-
Veinte segundos, está bien.
Me interesa formular una pregunta.
Como varios dirigentes de los APR plantearon la inquietud y la observación de que ellos no están de acuerdo con la exigencia de encontrarse inscritos en el registro para los efectos de estar exentos del pago del IVA, sería interesante que la Subsecretaria pudiera explicar el punto.
Eso. Nada más.
Muchas gracias.
El señor COLOMA (Presidente).-
A usted, Senador.
Tiene la palabra el Senador García.
El señor GARCÍA.-
Muchas gracias, Presidente.
Este proyecto, que exime del pago del IVA a los comités de agua potable rural, debe ser aprobado pues es muy necesario.
Permítanme, brevemente, hacer historia sobre cómo se desarrolla la situación.
Los comités de agua potable rural se comienzan a regir por la ley N° 18.893. Esta normativa es del año 1989, y los deja exentos del pago del IVA.
En el año 2011 se dicta la ley N° 19.418, que deja gravado con el IVA a los comités de agua potable rural.
Luego, una interpretación del año 2016 del Servicio de Impuestos Internos los exime de este impuesto.
A comienzos de este año, hay un cambio de criterio por parte del Servicio de Impuestos Internos y los vuelve a gravar con el IVA.
Lo anterior despertó naturalmente la inquietud de los dirigentes de los APR de todo el país. Nosotros tuvimos oportunidad de recibirlos en la Comisión de Hacienda, y se logró que el Servicio de Impuestos Internos mantuviera la exención que venía desde el año 2016. Sin embargo, es una exención jurídicamente muy débil, sin fundamento legal.
Y el fundamento legal para la exención lo entrega el presente proyecto de ley y por eso considero tan tan importante aprobarlo.
Si queremos que los APR estén exentos del Impuesto al Valor Agregado por los servicios que prestan, es momento de acompañarlos aprobando esta iniciativa.
Es cierto lo que ha señalado recién el Senador Matías Walker: sigue la inquietud entre los dirigentes de los comités de agua potable rural, particularmente por la obligación de inscribirse en el registro, porque para inscribirse deben cumplir con una serie de exigencias, exigencias que muchos de ellos probablemente no están en condiciones inmediatas de cumplir, y por eso se dio este año de plazo.
Se ha instalado una mesa de trabajo en el Ministerio de Obras Públicas con la Subdirección de Agua Potable Rural y nosotros esperamos que sea exitosa, y que allí se solucionen los problemas y se despejen todas las dudas que legítimamente manifiestan los dirigentes de los comités de agua potable rural.
Voto a favor, señor Presidente, y llamo a la Sala también a pronunciarse favorablemente por una iniciativa que es muy muy importante para el buen funcionamiento de los comités de agua potable rural.
Muchas gracias.
El señor COLOMA (Presidente).-
A usted, Senador.
El señor OSSANDÓN.-
¿Puede abrir la votación?
El señor COLOMA (Presidente).-
Se ha sugerido abrir la votación.
¿Si les parece?
Acordado.
En votación.
(Durante la votación).
Tiene la palabra la Senadora Allende.
La señora ALLENDE.-
Presidente, en primer lugar, saludo a los representantes de la Asociación Gremial APR, a la presidenta de la provincia de Melipilla; además, a la presidenta, Carolina Carrasco; al tesorero, Patricio Riquelme, y a la directora de la Región Metropolitana, Ana María Gutiérrez.
Han estado toda la tarde acompañándonos, lo que me alegra mucho, pues conozco sus preocupaciones y el trabajo que han realizado.
Quiero partir reiterando algo que a veces se resalta poco.
Este modelo bastante original que tenemos en los sectores rurales, donde no está la presencia de los servicios sanitarios ni necesariamente garantizada el agua potable en cantidad, calidad o continuidad, ha sido la respuesta que nos hemos sabido dar.
Y una vez más hago un reconocimiento a las dirigentas, a los dirigentes y a todos los que, voluntariamente y desde hace sesenta años, siguen trabajando para entregar agua potable.
Hicimos una ley que resultó compleja en sus exigencias, porque con ella les estamos pidiendo a los sistemas de agua potable rural, más conocidos como "APR", dar un servicio de calidad y con continuidad, más otras solicitudes.
A raíz de muchas conversaciones desarrolladas en la Comisión de Recursos Hídricos con el Gobierno, se acordó presentar una ley corta para recoger algunas demandas, y esta es muy fundamental. Porque cobrarles el IVA a los APR sería nada menos que encarecer su servicio en 19 por ciento. Y ese cobro no lo tenían, sino que emanó de una interpretación del Servicio de Impuestos Internos y creo que no corresponde.
Ahora, efectivamente, hay un plazo bastante prudente para el registro, el cual mantiene un nivel muy bajo. Y para estos efectos la mesa constituida por el Ministerio de Obras Públicas resulta muy fundamental.
En esta mesa tenemos que trabajar y conversar mucho con nuestros dirigentes de los APR porque hay otras inquietudes que no se tratan en este proyecto puntual, aunque muy relevante, como las relacionadas con la hora punta, con la interconexión, con la penetración de los servicios sanitarios, donde de alguna manera los favorece el artículo 52 bis. Son preocupaciones para las que le hemos pedido a la Subdirección de Recursos Hidráulicos que avance de la mano con quienes encabezan los APR.
Por lo tanto, vamos a votar a favor porque es extremadamente relevante que se deje sin cobro del IVA y que la medida tenga aplicación inmediata para todos los APR, sin las condicionantes que establecía la ley, que era un asunto más complejo, relativas a las tres causales que por tiempo no voy a explicar.
Presidente, voto a favor.
Y quiero terminar reconociendo a los dirigentes APR, quienes han estado presentes y han desarrollado un estupendo trabajo, merced al cual vamos a tener una aprobación unánime para eximir a los APR del pago del IVA.
He dicho.
El señor COLOMA (Presidente).-
Gracias, Senadora.
Tiene la palabra el Senador Espinoza.
El señor ESPINOZA.-
Muchas gracias, Presidente.
No podría sustraerme a la posibilidad de intervenir en este proyecto por cuanto quiero mediante él rendir un homenaje a un gran dirigente que lamentablemente falleció hace poco, don Javier Aguas, de Osorno, con quien comenzamos a trabajar esta temática el año pasado junto a la Delegada de la Provincia de Osorno, señora Claudia Pailalef, y a decenas de dirigentes. Y así también lo hicieron dirigentes de todo el país en sus respectivas regiones, como aquí se ha manifestado.
Consideramos de enorme relevancia destacar que el proyecto hace justicia, porque ¿qué sería de nuestro país sin los APR repartidos en todo Chile? En nuestra región tenemos APR de dos mil arranques domiciliarios que hoy día ya están con la fuerte necesidad de ampliarse.
Y algunos APR que partieron con quinientos arranques domiciliarios hoy día reúnen a más de mil doscientas familias que necesitan agua potable.
Entonces, el primer llamado es a seguir luchando desde el Gobierno de turno para que tengamos más APR en Chile, y menos camiones aljibes. Porque si algunos se han hecho millonario, han sido los dueños de los camiones aljibes en todo el país.
Más agua para el consumo humano y menos para los proyectos comerciales desarrollados con dineros del Estado, de todos los chilenos, porque en muchos lugares pasa que comienzan a venderle más a la industria y dejan desprovistas a las personas, como nos ocurre en Puerto Montt, en Panitao, en particular, donde las empresas locales se han llevado toda el agua de los APR y no han podido extender el servicio.
El presente proyecto es muy importante porque exime del IVA a los APR y también les impone exigencias, como estar inscritos o incorporados en el Registro de Operadores de Servicios Sanitarios Rurales con un plazo tremendamente prudente, y esperamos que este mismo Congreso no tenga que estar ampliándolo en el futuro, porque la idea es que todos los APR se adscriban en las fechas aquí estipuladas.
Considero que es una iniciativa tremendamente relevante, y quiero felicitar a todos los dirigentes de los APR de la Región de Los Lagos, que represento con orgullo en esta Sala, porque jugaron un rol gravitante para hacer extensiva la necesidad del presente proyecto de ley.
Y qué bueno que el Gobierno, en particular a través del Ministerio de Hacienda, se haya abierto a satisfacer esta enorme necesidad, porque, repito, el rol que cumplen los APR en nuestro país resulta fundamental para el desarrollo del día a día de nuestras familias en los sectores rurales.
Tenemos que seguir avanzando en otras materias relacionadas con los APR, donde estamos analizando otra iniciativa legal que, por tiempo, no podremos explicar. Voto a favor de este proyecto que exime del IVA a todos los APR de nuestro país.
He dicho, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Gracias, Presidente.
Me sumo a los saludos a los dirigentes que están en las tribunas, que nos han acompañado en distintas instancias y en diversas actividades en la Comisión de Obras Públicas para seguir avanzando en el mundo de los APR.
Esta norma específica exime del pago de IVA a los APR y en buena hora se reaccionó ante una situación que comenzó a alarmar.
Yo quiero en eso felicitar que el Ejecutivo, porque la norma tenía que venir desde el propio Gobierno, haya recogido y entendido que no puede gravar estas transacciones con IVA.
Sin perjuicio de que no me cabe duda de que vamos a votar a favor, la Comisión de Hacienda así lo ha solicitado y ustedes han participado, debemos seguir trabajando en materias propias de la Dirección de Obras Hidráulicas. Principalmente al establecer aquellas condiciones, que no sea necesario estar en el Registro de Operadores de Servicios Sanitarios Rurales y seguir implementando a lo largo de las regiones de todo Chile los servicios sanitarios rurales dentro de las instancias que la propia ley mandató para contar con una institucionalidad clara y precisa.
Les pediría a los colegas de atrás si pueden hablar un poquito más bajo.
El señor COLOMA (Presidente).-
¡Pido, por favor, silencio en la retaguardia...!
El señor DE URRESTI.-
En esa misma línea, considero relevante que nos anticipemos a otro tipo de situaciones. Vamos a tener emergencias hídricas, sin lugar a dudas, aunque ya las tenemos, y el Presidente de la Comisión de Obras Públicas, Senador Gahona, hoy día reiteraba una citación al Ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, para analizar las nuevas resoluciones que se han adoptado y que están ralentizando la inversión, especialmente en conservación, en diseño. Ahí tenemos un inconveniente.
Si somos coherentes con la preocupación transversal que hay en relación a los APR debemos analizar todas las normas, ya que no puede ser que el Ministerio de Desarrollo Social esté retardando obras fundamentales en distintos APR.
La semana pasada estuve recorriendo APR en la Región de Los Ríos y nos explicaban la misma situación: el asunto comienza a volverse lento, y no solo en una región, sino que en todo Chile. Ahí debemos poner el acento.
Yo voy a votar, obviamente, a favor del proyecto de ley, y es bueno entender y valorar que aquí estamos frente a dirigentes que ponen su tiempo, su dedicación, para sacar adelante APR que cada vez necesitan más tecnificación, necesitan contadores, requieren una serie de operadores que significan un costo. Por lo mismo, tenemos que dar una señal y creo que esta ley va en esa línea.
Voto a favor y felicito no solo a los dirigentes de APR que están hoy día en las tribunas, sino que a todos aquellos que a lo largo de todo Chile desarrollan un hermoso y valioso trabajo para la comunidad.
Voto a favor.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias.
Tiene la palabra la Senadora Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA.-
Muchas gracias, Presidente.
Saludo a los dirigentes, y también a la Ministra y a la Subsecretaria.
Hace mucho tiempo que dejamos de hablar solo de pobreza por ingreso, porque también existe una pobreza multidimensional, en términos de los accesos a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda. La Subsecretaria conoce bien estos términos y qué significan las cifras, porque ella precisamente estuvo en varias Comisiones relatando sobre la materia cuando era Subsecretaria de Evaluación Social.
Y cuando nosotros comparábamos la pobreza multidimensional entre lo urbano y lo rural veíamos una diferencia abismante, y que no hemos logrado superar. Es cierto que ha habido una mejora, pero no hemos conseguido alcanzar ciertos niveles.
Yo espero que ahora que está en el Ministerio de Hacienda podamos incorporar recursos a los sectores rurales, que tanto lo necesitan.
Vamos al proyecto.
Le quiero decir al Presidente del Senado que él tiene la mayor cantidad de agua potable rural: trescientos treinta; de los cuales no todos son MOP, algunos son de otras instituciones, pero la Región de O'Higgins reúne la mayor cantidad de personas que utilizan el agua potable rural, porque son alrededor del 35 por ciento, con doscientos veinte APR.
Entonces, este proyecto es muy importante. Aplicarles el IVA era una gran injusticia y una complicación tremenda para los servicios de agua potable rural.
A mi juicio, es bueno revisar esta materia, además de aprobar el proyecto sobre exención del IVA a los servicios sanitarios, porque estamos entregando recursos al Estado cuando este debe otorgarlos a los APR. Creo que era absolutamente distinto, porque si no hay sistemas de agua potable rural, no tenemos vivienda. No existe política de vivienda si no contamos con la capacidad de tener factibilidad de agua.
¿Y existen complicaciones en los registros? ¡Sin duda! O sea, que hoy día nos hablen de "sesenta inscritos" de una cantidad enorme de APR, bueno, es porque hay complicaciones en el registro; pero también tenemos otras dificultades, como la fiscalización a través de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, cuestión de deberemos resolver en Obras Públicas.
Por eso, Presidente, pensando en este 35 por ciento de habitantes de la Región de O'Higgins, por cierto que vamos a votar favorablemente este proyecto, que se estaba pidiendo desde hace ya bastante tiempo.
Muchas gracias.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias, Senadora.
Queda claro, entonces, que los dos teníamos la razón: ¡cada uno desde su perspectiva...!
Senador Moreira, tiene la palabra.
El señor MOREIRA.-
¡Me gustó! Me gustó la frase: "Más APR, menos camiones aljibes".
¡Me gustó!
¡Estoy con el compañero Espinoza...!
El mundo del campo es un universo lleno de necesidades muchas veces ignoradas por la sociedad chilena, mayoritariamente urbana. El chileno medio habitante de ciudades y megaurbes, como Santiago, ha ido perdiendo el contacto con el campo, y en muchos casos idealiza el significado de la vida rural.
En el campo las necesidades son múltiples, a veces hasta cuestiones básicas como la conectividad escasean o simplemente no existen. En este mundo de postas rurales, de horarios de atención inciertos, donde la señal del celular es irregular, donde el internet es muchas veces escaso, contar con electricidad y agua potable ha significado un esfuerzo gigantesco.
Los servicios de agua potable rural cumplen una función trascendental para proveer de un servicio esencial para la vida de nuestros campos, en especial en este nuevo siglo, de escasez hídrica, de cambio climático acelerado y sequía permanente.
No siempre es fácil lograr que el agua llegue a las casas de los pueblos alejados. Así ocurre en mi Región de Los Lagos, en Chiloé, tanto en el continente como en las islas, donde el Estado no llega. Y las personas organizadas han logrado construir sistemas de purificación que aseguran agua de calidad a un precio asequible.
La ley aseguró hace años que los APR no pagarían IVA por su propia naturaleza: son corporaciones sin fines de lucro que prestan servicios a sus asociados, y, por lo mismo, se hallan exentos de este gravamen. Una mala interpretación de la normativa por parte del Servicio de Impuestos Internos generó una confusión, la cual llevó a que diferentes APR, ante el mismo caso, decidieran, correcta o incorrectamente, aplicar o no el IVA.
Por tal motivo, este proyecto viene a aclarar lo que debiera ser obvio: que las corporaciones en tanto presten servicios a sus socios no están afectas al IVA.
Es bueno esclarecer: es relevante que los APR, tan necesarios para el mundo rural de Los Lagos y, en general, de todas las regiones de nuestro país, tengan certezas; pero no sería necesario este proyecto si los servicios públicos hicieran su pega de manera correcta e interpretaran las cosas debidamente.
Yo apruebo esta iniciativa.
Reitero mis felicitaciones a los dirigentes a lo largo de todo Chile, que han colaborado para que tres millones de chilenos tengan facilidades para contar con agua.
Termino con la frase que señalé al inicio de mi intervención: agua es dignidad; queremos menos camiones aljibes, más APR.
El señor COLOMA (Presidente).-
¡Eso!
¡Muchas gracias!
Tiene la palabra el Senador Saavedra.
El señor SAAVEDRA.-
Muy amable, Presidente.
Estamos muy efusivos, pero espero que mantengamos lo que decimos cuando debamos enfrentar al zar del agua, en fin, a todos aquellos que tienen los suculentos contratos de lo peor que ocurre en el mundo rural: el transporte de agua a través de camiones aljibes, porque eso es seguir transportando pobreza.
Entonces, este proyecto es un salto cualitativo, y, por tanto, al eximir del pago del IVA a estos 2.300 operadores que componen la red amplia de APR (unos financiados vía presupuesto del MOP; otros a través de los municipios, o de los gobiernos regionales, etcétera) el Estado se está haciendo presente en la contribución para dotar de este vital elemento a nuestros conciudadanos en el mundo rural.
Son más de dos o tres millones de persona. Habría que hacer un cálculo exacto; pero es mucha la cantidad de familias que acceden al agua potable para poder vivir.
Este producto es para el consumo humano y no para que se rentabilice la inversión: es para que haya rentabilidad social pura y neta.
Por tanto, en la medida en que se fortalecen los APR, estaremos colaborando a mejorar la operación, a mejorar todo lo relacionado con la distribución y, por consiguiente, la calidad del servicio.
Aquí existen brechas, y, en consecuencia, tenemos desafíos: el desafío del fortalecimiento organizacional, el desafío de entregarles elementos de buena gestión financiera, de buena gestión en distribución de todo lo que tiene que ver con la mantención de los sistemas para evitar pérdidas. Porque, ¡claro!, todo esto está inmerso dentro de la crisis hídrica. Las napas que se pinchan, los pozos profundos (cada día más profundos) son cuestiones que también nos deben hacer pensar con respecto a la sustentabilidad, en cuanto a cómo, en plena crisis hídrica, somos capaces de darle sostenibilidad y sustentabilidad a un sistema que evidentemente humaniza la vida en el mundo rural, pero por sobre todas las cosas que trae bienestar y superación de la pobreza.
Votaremos a favor de esta iniciativa, porque -reitero- favorece el mejoramiento de un sistema comunitario y permite, por tanto, la superación y la mejor calidad de vida de los habitantes del mundo rural.
He dicho.
Muchas gracias.
El señor COLOMA (Presidente).-
A usted, Senador.
Tiene la palabra el Senador Gahona.
El señor GAHONA.-
Gracias, Presidente.
Durante los últimos años (cinco, ocho años) los sistemas de APR, como los conocemos normalmente, han estado con dificultades y afectos a un montón de modificaciones legislativas que han dificultado su funcionamiento, que han generado incertezas especialmente respecto de su tratamiento tributario, más allá de esta nueva ley de servicios sanitarios rurales, la cual obliga a una serie de asuntos y cuestiones que van a ser difíciles de cumplir; pero entendemos que, con la prórroga, se podrán ir implementando adecuadamente.
En principio -y retomando el tema tributario-, la ley Nº 18.893 establecía que las organizaciones comunitarias se encontraban exentas del IVA; pero esta normativa fue derogada.
Posteriormente, se dictó la ley N° 19.418, en la que se determinó que las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias estarían exentas de todo tipo de contribuciones, impuestos, derechos fiscales o municipales, salvo del IVA.
A pesar de eso, el Servicio de Impuestos Internos, a través de interpretaciones administrativas, estableció que si el comité distribuye el agua potable a los socios a precio de costo, no debía recargar el IVA respecto de esta distribución, porque se entendía que estaba actuando como consumidor final. ¡Puros tecnicismos!
Sin embargo, hubo un cambio de criterio en el año 2016, a partir del cual el Servicio de Impuestos Internos nuevamente señaló que sí se debía gravar con IVA el suministro de agua potable realizado por un comité de agua potable rural constituido como una organización comunitaria funcional, que adquiere o capta agua para distribuirla a sus asociados o a terceros.
Decía que "el suministro de agua potable hecha por un Comité de Agua Potable Rural constituido como una organización comunitaria funcional, que adquiere o capta agua, para distribuirla a sus asociados o terceros, se encontrará gravada con el Impuesto a la Ventas y Servicios".
Eso señaló el Servicio de Impuestos Internos el 2016.
Debido a tanta modificación se generó una serie de incertezas. Algunos APR entendían que no se debía cobrar el IVA; otros, sí. Y la normativa que establecía este impuesto a los servicios, dictada hace poco tiempo, más confusión provocó, y muchos pensaron que sí debían gravarse con el IVA.
Por eso surge este proyecto de ley, a partir de las organizaciones sociales, de los APR, para precisamente evitar este gravamen.
Dada la gran importancia que tienen los servicios sanitarios rurales en las zonas del país en que el acceso al agua potable es más restringido, por ejemplo, en la Región de Coquimbo, los cuales incluso abastecen a colegios, a municipios, a servicios de urgencias, entre otros, resulta muy necesario entregar certezas sobre el tratamiento tributario de ellos. Y este proyecto de ley establece claramente que los APR o servicios sanitarios rurales, como les queramos llamar, estarán exentos del IVA.
Este es uno de los elementos que debemos resolver para los APR; hay muchísimos más que todavía faltan por abordar.
Por ello, en este proyecto al menos yo voto a favor.
Gracias, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias.
Senadora Rincón, tiene la palabra.
La señora RINCÓN.-
Gracias, Presidente.
Hemos estado escuchando con atención todo el debate.
El Maule, sin lugar a dudas, es muy muy relevante en materia de agua potable rural y su consumo.
La Asociación Nacional de APR Chile nos escribió a varios de nosotros y nos hizo una serie de planteamientos. Hemos estado conversando con la Subsecretaria sobre ellos. En resumen, se señala que con esta normativa los comités y cooperativas de agua potable rural van a quedar exentos de pago del impuesto al valor agregado; que el proyecto sobre exención de cobro del IVA tiene que ser modificado de acuerdo a la ley N° 20.998; que todas las APR se van a acoger a esta ley, o deberían hacerlo, por el solo hecho de existir y no porque estén en el registro, cuestión que tiene su lógica, y entiendo que la Subsecretaria nos va a detallar más la importancia de esto; que todos serán socios de sus APR o cooperativas y se hará la diferencia entre socio natural y socio jurídico, y no por los metros cúbicos de agua que consuman. Creo que este tema tiene que estar puesto encima de la mesa de trabajo que se va a constituir.
Asimismo, plantean que los socios jurídicos públicos (como escuelas y postas rurales) y privados cumplan exigencias que la ley determine, y que la exención de pago de IVA contemple todas las etapas indicadas en el artículo 7° de la ley N° 20.998: producción de agua potable; distribución de agua potable; recolección de aguas servidas, y tratamiento y disposición final de aguas servidas.
Hago esta relación, porque ellos nos dicen, Presidente -y lo tienen que haber visto con usted también-, que son cuestiones que no se resuelven adecuadamente en esta normativa.
Como esa mesa va a existir, me parece que es el espacio natural y obvio para que esto se discuta, más aún cuando la ley está prorrogada, y considero relevante que se entienda que de repente las resoluciones del Servicio de Impuestos Internos nos complican la vida, sobre todo en este ámbito.
Hablé sobre el punto con la Subsecretaria -y termino con esto, Presidente-; durante el Gobierno del Presidente Piñera conversamos sobre esta materia. Le planteamos esto al Director del Servicio de Impuestos Internos, le dijimos que les estaban complicando la vida a los APR y a sus cooperados con el IVA, por una resolución: ¡no lograron entender la lógica!
Pienso que hoy día se da un paso importante con esta iniciativa; pero el problema no se resuelve definitivamente.
Espero que en la mesa que se forme con el Ministerio de Obras Públicas -y que participe Hacienda, porque es relevante lo que diga el Servicio de Impuestos Internos- esto se aborde.
El agua es fundamental, y en la ruralidad es esencial para hombres y mujeres, no solo para la producción de alimentos, sino también para la vida.
Gracias, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias, Senadora.
Senador Sanhueza, tiene la palabra.
El señor SANHUEZA.-
Gracias, Presidente.
Me toca representar a la región donde nací, la Región de Ñuble, vecina de su región, Presidente, que también presenta muchas de las necesidades que aquí se plantean.
Indudablemente, Ñuble es una región nueva, que está naciendo, pero que tiene una serie de insuficiencias producto en gran parte de haber estado postergada por muchos años en la toma de decisiones para una cuestión tan importante en la vida de las personas como el agua potable.
Para los que vivimos en la ciudad es algo sencillo y simple como abrir la llave, ya que nacimos y fuimos criados con un elemento que estaba siempre ahí; pero cuando uno recorre los caminos, en mi caso, de la Región de Ñuble, los cuales en su gran mayoría no están pavimentados, sale la otra necesidad, la de poder contar con una cosa tan esencial como el agua. Y ahí uno reconoce el trabajo de tantos dirigentes sociales, cuando uno conversa con ellos y se da cuenta de que tienen años tratando de sacar adelante el ansiado proyecto para tener agua potable.
A eso se suman los requerimientos actuales de APR que ya llevan una cantidad de años significativa y que han quedado chicos para poder entregarles agua a todas las solicitudes que tienen.
Entonces, cuando se trata de una región pobre como la de Ñuble, con gran cantidad de adultos mayores (a nivel nacional somos la segunda región en ruralidad y la segunda con mayor número de adultos mayores; pero también somos una región que está bajo la media nacional en el nivel de ingresos), cuando tenemos zonas con bajo nivel de ingresos es absolutamente necesario ir con ayudas de parte del Estado, en este caso, con esta exención al cobro del IVA. Porque este impuesto lo terminan pagando los usuarios finales, y en la Región de Ñuble, principalmente nuestros pequeños agricultores, la gente que hace patria en cada uno de esos predios, que normalmente solo practican una agricultura de subsistencia.
Por eso, tal cual dijeron quienes me antecedieron, como el Senador García Ruminot, al referirse a la historia de cómo se había llegado a esta situación finalmente y a lo precario de que esta materia hubiera estado solo en una resolución del Servicio de Impuestos Internos, es tan relevante que podamos apoyar este proyecto, para darles certeza principalmente a los pequeños agricultores, que están haciendo patria en cada uno de nuestros campos.
Por ello voy a votar a favor, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias, Senador.
Tiene la palabra la Senadora Gatica.
La señora GATICA.-
Gracias, Presidente.
Voy a votar a favor de este proyecto, que exime del impuesto al valor agregado a los servicios sanitarios rurales de nuestro país.
Quiero darle las gracias al Ejecutivo en esta oportunidad, porque el 22 de diciembre de 2022, es decir, el año pasado, presentamos un proyecto de acuerdo que hacía precisamente esto: colocar sobre la mesa del Gobierno la situación que estaban viviendo los APR y la posibilidad de que no fueran contemplados con este impuesto.
Hoy día estamos votando a favor de esta iniciativa. Es un gran alivio para todas las personas que hoy día forman parte de los comités de agua potable rural. Porque no es fácil administrar un proyecto de esta envergadura; no es fácil tener conocimientos técnicos, administrativos y de toda índole para que algo tan trascendente como llegar a los domicilios rurales con este beneficio, el agua potable, se haga con un servicio de calidad y óptimo.
Falta todavía avanzar con la modificación de la ley actual del Ministerio de Obras Públicas, en que lamentablemente surge cierto amarre para los APR tener que inscribirse en el registro de operadores, lo cual los obliga a hacerse cargo, por ejemplo, de administrar las redes de alcantarillados, considerando que hoy en día las personas que viven en los sectores rurales no tienen redes de alcantarillado, y para los APR va a ser muy difícil poder contar con recursos para hacerse cargo de aquello. Es lógico; es un tema que todavía debemos resolver, y por lo menos desde la Comisión de Obras Públicas ya lo estamos viendo.
Falta todavía recibir una respuesta desde el Ministerio de Obras Públicas con relación a este instructivo que emitieron en marzo de este año, que específicamente obliga, en los proyectos de conservación para los comités de agua potable rural, a contar, previo a su ejecución, con la aprobación técnica del Ministerio de Desarrollo Social.
¿Qué significa esto concretamente? Que, por ejemplo, los proyectos de conservación, para los comités de agua potable rural se van a tener que extender tres o cuatro meses más para poder partir con su ejecución. Es decir, aumentamos la burocracia administrativa del servicio público, en vez de hacer todo lo contrario: disminuir esta burocracia para poder sacar adelante iniciativas de construcción que son tan importantes como la mantención y conservación de los proyectos de agua potable rural.
Obviamente, vamos a seguir trabajando con nuestros comités de agua potable rural, y esta es una buena noticia para ellos, porque se trata de una demanda que llevaban levantando desde hace bastante tiempo. Y yo por lo menos estoy orgullosa de que el Ejecutivo nos haya escuchado en esta petición, que es tan justa.
Gracias, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias, Senadora.
Tiene la palabra el Senador Quintana.
El señor QUINTANA.-
Gracias, señor Presidente.
Bueno, también quiero sumarme a las expresiones que se han vertido acá respecto de esta materia. Creo que es un paso significativo el que estamos dando con la eliminación del IVA de los gastos que todos los APR de Chile deben sumar a su planilla mensual, a la planificación presupuestaria que hacen, cuando hay que comprar una tubería, un motor, cualquier tipo de instrumento, cloro, alcohol, en fin, todos los productos que requieren. Porque no parece justo que se les grave con este impuesto, además, ya que todavía quedan muchas etapas en el camino.
La Presidenta de APR Chile, de la Región de La Araucanía, Yorki Riquelme, nos señaló que en estos días se llegó un acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas, pero que quedan pendientes algunos aspectos todavía muy importantes, y entiendo que hay un compromiso del Gobierno del Presidente Boric de modificar la ley N° 20.998 en lo que dice relación con contratos y reglamentos.
Entonces, nosotros tenemos que prepararnos por etapas; y qué bien que estén las Ministras acá, especialmente la Ministra del Medio Ambiente, porque la dimensión ambiental parece no estar presente en esta discusión, y yo considero que es fundamental.
Aquí conversamos tiempo atrás con un funcionario de la DOH, don Rodrigo Saavedra, quien nos acompaña, respecto de la necesidad de que los embalses también dejen volumen para los APR, para combatir los incendios forestales, entre otras cosas. Es fundamental normar eso.
Pero, además, debemos preocuparnos de la autonomía de los sistemas de APR y sus cooperativas, por cuanto desaparecen las asesorías técnicas de las empresas sanitarias.
Por lo tanto, hay que favorecer el proceso de autonomía en la administración de los comités, cuyo número es gigantesco. Entiendo que la Región de La Araucanía tiene más de 260 APR, es decir, más del 10 por ciento de los 2.300 que existen en todo Chile, siendo más de dos millones y medio de personas las que viven bajo esta modalidad. Por eso es tan relevante el paso que estamos dando hoy.
El Seremi de Obras Públicas de La Araucanía, Patricio Poza, decía hace pocos días en la prensa que en el segundo semestre de este año se estarán licitando la ejecución de diez sistemas de APR, de veintiún diseños, y treinta contratos pasarían a evaluación del Mideso.
Entonces, esto se está moviendo.
Por consiguiente, debemos prepararnos para las etapas que vienen, sobre todo en materia ambiental. Voy a insistir en lo que tiene que ver con la sustentabilidad de este recurso y con el saneamiento de las aguas, temas que no han estado en esta discusión.
Creo que es fundamental ver cómo damos ese siguiente paso, porque va a significar muchos recursos, por lo que habrá que apoyar este proceso de autonomía.
Saludo a todos los dirigentes, nacionales y de distintas regiones del país, que se encuentran presentes en las tribunas. Por supuesto, también a la Directora Nacional de la Dirección de Obras Hidráulicas, María Loreto Mery.
Y, por cierto, voto favorablemente este proyecto.
Muchas gracias.
El señor COLOMA (Presidente).-
A usted, Senador.
Senador Chahuán, tiene la palabra.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, Honorable Sala, por supuesto que vamos a aprobar este proyecto con mucho entusiasmo, porque esta materia había sido justamente una de las dudas que quedaron con el cambio legislativo. Eximir del impuesto al valor agregado a los servicios sanitarios rurales nos parece del todo necesario y urgente.
Sí quisiera hacerle una consulta -por su intermedio, Presidente- a la Subsecretaria. Y dice relación particularmente con aquellas empresas sanitarias que están suministrando agua a los APR, hoy día servicios sanitarios rurales.
¿Qué ocurre? Que, efectivamente, con el avance de la desertificación y la sequía, por ejemplo, Esval, la empresa sanitaria de nuestra región, está ofreciendo conectar a los servicios sanitarios rurales.
Y, en ese contexto, tal como decían los Senadores Espinoza y Moreira, hay que terminar con lo que se ha convertido en un verdadero negocio del agua efectuado por medio de camiones aljibes, otra ofensiva con la que hay que acabar, porque, ciertamente, se deben tener soluciones permanentes para problemas permanentes. Y hasta ahora se ha ido consolidando una situación anómala con los camiones aljibes: más de 400 mil chilenos están recibiendo agua por esta vía, debido al avance de la desertificación y la sequía.
Pues bien, lo que ocurre en algunas zonas es que empresas sanitarias están suministrando agua, conexión a los servicios sanitarios rurales. ¿Qué va a pasar con aquello? ¿El suministro de agua de las empresas sanitarias a esos servicios va a tener o no cobro de IVA? Finalmente, ¿qué pasa con ese IVA -si se llegara a pagar- para los servicios sanitarios rurales?
Quiero poner el tema en discusión, porque es una materia que a lo mejor no se ha visualizado y que está ocurriendo en distintas zonas. Para asegurar el suministro, frente a la ausencia de fuentes acuíferas que permitan administrar estos servicios sanitarios rurales, lo que básicamente está sucediendo es que las empresas sanitarias los están empezando a conectar.
Eso ha generado una serie de interrogantes. Por ejemplo, desde un principio las propias directivas de los servicios sanitarios rurales han sido reacias, porque dicen que no quieren perder su administración... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).
El señor COLOMA (Presidente).-
Estamos siendo exigentes en los tiempos con todos.
El señor CHAHUÁN.-
Con esto termino.
Quieren saber qué va a pasar con esa administración.
El señor COLOMA (Presidente).-
Gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador Flores.
El señor FLORES.-
Muchas gracias, Presidente.
Quiero saludar a la Ministra del Medio Ambiente y a la Subsecretaria de Hacienda, que nos acompañan esta tarde.
El objeto de este debate es de verdad relevante, y no solamente para el mundo rural, disperso, sino también para las pequeñas localidades que se han ido consolidando y, de alguna manera, urbanizando.
Recuerdo perfectamente que a principio de los noventa recibimos un Chile en donde la dotación de energía eléctrica era de verdad un sueño. El 96 por ciento de las familias que vivían en el campo no tenían luz eléctrica, y trasladaban una batería de auto cargada, que les duraba dos días, para encender la tele, que veían en comunidad, entre los vecinos. Los que contaban con más plata tenían dos baterías.
Luego, el gran desafío fue empezar a dotarlos de agua potable, que era un sueño todavía mayor. Y la verdad es que las primeras captaciones de aguas superficiales que se hicieron y las redes que las trasladaban eran tremendamente rústicas.
Hoy día la situación comienza a cambiar. No obstante, seguimos teniendo una serie de dificultades, originadas por el cambio climático y porque la obsolescencia de materiales y tecnologías también nos coloca en precario.
Entonces, existen algunos problemas que se nos atraviesan en el camino. Por ejemplo -la colega Gatica ya lo señaló-, la dificultad adicional, que la verdad es un disparo a los pies, de contar con una segunda evaluación para obtener la RS cuando entra al Sistema Nacional de Inversiones, que lo único que logrará será retrasar y hacer mucho más compleja la conservación.
¡Y eso ya costó!, porque hace un par de años el Ministerio de Hacienda había señalado que las conservaciones eran gastos, y el esfuerzo del Gobierno de turno -estoy hablando del Gobierno pasado- era la inversión. Inversión son los proyectos nuevos y gastos son las conservaciones. Y, en realidad, lo que necesitábamos era actualizar los proyectos antiguos, cambiar las bombas, los filtros, la tecnología, mejorar las redes, y no había plata para eso.
Bueno, la verdad es que hoy día -y quiero decirlo, tal como se lo señalamos al Ministro de Obras Públicas en su momento- los servicios sanitarios rurales no son factibles. A duras penas los APR sobreviven, y mucho menos les vamos a cargar una mochila de tener que hacer saneamiento sanitario de aguas servidas cuando no están preparados.
¡Peor todavía! Y lo discutimos en la Comisión de Salud, y fue un acuerdo unánime: ¡no existe norma chilena que le permita a la autoridad sanitaria formular, diseñar, construir, fiscalizar, recibir y controlar las plantas de tratamiento sanitario!
Y así tenemos una colección de plantas de tratamiento donde cada ingeniero colocó su creatividad, cada municipio mandó a construir confiando... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).
¡Un minuto!
El señor COLOMA (Presidente).-
Hemos sido parejos con los tiempos.
Le vamos a dar veinte segundos. Eso es lo más que le podemos ofrecer.
El señor SANDOVAL.-
Sea riguroso, Presidente; no está siendo riguroso.
(Se vuelve a activar el micrófono por indicación de la Mesa).
El señor FLORES.-
En la rigurosidad, veinte segundos.
Reitero: no tenemos norma chilena. Por lo tanto, digámoslo de una vez, la exigencia a los servicios sanitarios rurales que hemos venido postergando ¡no es factible mientras no tengamos las condiciones para ello!
Por otro lado, duele saber que el Ministerio de Obras Públicas está con dificultades para gastarse el presupuesto. Duele cuando no hay plata para resolver las necesidades; pero duele mucho más cuando, habiendo plata, esta no se gasta.
Mientras, seguimos teniendo dificultades en la respuesta, y debemos resolverlo.
En este caso, les pido a las Ministras presentes, tal como se lo hicimos saber a la Ministra de Obras Públicas y a la Directora de la DOH, que tengan ojo con lo que está pasando en regiones.
Lo que ocurre en Los Ríos, particularmente en Corral, de verdad, nos da vergüenza: proyectos recién construidos que están fallando, en Coñaripe, Curriñe, Chabranco...
El señor SANDOVAL.-
¡Ya, pues!
Sea riguroso.
El señor FLORES.-
¡Todavía tengo once segundos!
Y esto es la realidad.
Por lo tanto, esta exención del IVA me parece que es una obligación ética de... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).
El señor COLOMA (Presidente).-
¡Fueron veinte segundos largos!
El señor MOREIRA.-
¡Es para todos igual!
El señor COLOMA (Presidente).-
Finalmente, tiene la palabra el Senador Galilea.
El señor GALILEA.-
Presidente, muchas gracias.
El Senador García Ruminot ya explicó en detalle y con toda claridad por qué este proyecto era absolutamente necesario en relación con el tema del IVA.
¿Por qué? Porque lo que estuvo exento durante muchos años dejó de estarlo y sobrevivía básicamente por circulares de Impuestos Internos, pero que no tenían sustento legal. Y, por lo tanto, la ley en proyecto viene a darle peso, contundencia jurídica a la exención legal de la venta de agua por parte de los APR.
Pero yo me quería detener y, simplemente, darle un mensaje a la Subsecretaria en el sentido de que lo que me preocupa es que este tema necesariamente nos lleva a la ley Nº 20.998 y su modificación, que cambia completamente el estatus, el estatuto, la manera de funcionar, incluso la fiscalización en algunos años más, de los APR.
Yo he recibido muchos llamados de pequeños APR de la Región del Maule en los que se quejan de que no tienen los suficientes talleres y preparación para ponerse los pantalones largos, por así decirlo, en lo que la ley Nº 20.998 exige.
Muchas veces -me dicen- se encuentran con que simplemente personal de la DOH les señalan: "Si no están preparados, los van a censurar y les van a quitar el APR". Pero esa no es la manera. Aquí hay que hacer un acompañamiento muy continuo, muy profundo y muy cercano, sobre todo a los APR más pequeños. Lo que les estamos pidiendo no es algo fácil de hacer, en su orgánica, en su funcionamiento, en las responsabilidades que tienen. Y, por lo tanto, los talleres, el personal de la DOH deben ser robustecidos absolutamente para que esto llegue a buen puerto. Si no lo hacemos así, Subsecretaria, simplemente vamos a aprobar sucesivas leyes que prorroguen una y otra vez la entrada en vigencia plena de la ley Nº 20.998.
Queremos avanzar para allá. Pero si no hacemos bien este acompañamiento, particularmente a los más pequeños, recuerde usted que cada año en que esto esté a punto de vencer se nos va a pedir una prórroga, y vamos así a postergar indefinidamente la entrada en vigencia de lo que queríamos para mejorar la juridicidad, los estatutos y las herramientas de estos pequeños comités o cooperativas de agua potable rural.
Ese es mi mensaje, Subsecretaria. Ojalá pueda transmitir esto a la DOH, pues resulta absolutamente imprescindible para llegar a buen puerto con la ley Nº 20.998.
Muchas gracias.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor COLOMA (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto (33 votos a favor).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Ebensperger, Gatica, Núñez, Órdenes, Pascual, Rincón y Sepúlveda y los señores Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Edwards, Flores, Gahona, Galilea, García, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Latorre, Moreira, Núñez, Ossandón, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Soria, Velásquez y Walker.
El señor COLOMA (Presidente).-
Aprobado, por tanto, un proyecto muy importante para Chile y para el mundo rural.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
Y esto vuelve a la Cámara de Diputados.
Senador Espinoza.
El señor ESPINOZA.-
Presidente, ¿puede consignar mi voto afirmativo, por favor?
El señor COLOMA (Presidente).-
Se deja constancia de la intención de voto a favor del Senador Espinoza.
)------------(
El señor COLOMA (Presidente).-
¿También, Senador Flores?
El señor FLORES.-
No, punto de reglamento, Presidente.
El señor MOREIRA.-
¡Yo también pedí un punto de reglamento!
El señor COLOMA (Presidente).-
Tiene la palabra, Senador Flores.
El señor FLORES.-
Déjeme encontrar el reglamento. Deme un segundo, no más, Presidente. Que no reclame el Senador Moreira, por favor.
El señor MOREIRA.-
Yo también tengo un punto de reglamento.
)------------(
El señor COLOMA (Presidente).-
Antes del reglamento, Senador, para que lo pueda buscar, le vamos a dar los mismos tres minutos, porque no tengo mucho espacio, a la Subsecretaria, que también quería hacer un comentario respecto del tema y responder algunas preguntas.
Lo más breve que pueda, por favor.
El señor GAHONA.-
¡Y SBAP!
El señor SANHUEZA.-
¡Tenemos que ver SBAP!
El señor GALILEA.-
Pero abra la votación altiro.
El señor COLOMA (Presidente).-
Después SBAP. Vence la urgencia, tenemos que verlo, así que no se pongan nerviosos.
La señora BERNER (Subsecretaria de Hacienda).-
Presidente, por su intermedio, me gustaría señalar, muy brevemente, lo siguiente.
La ley que hoy día rige, y que es la razón por la que estamos acá, respecto del IVA, es la Nº 19.418, que dispone expresamente que los APR no están exentos de IVA. Lo digo para que no nos confundamos en relación con la ley Nº 21.420, que no alteró ese aspecto.
Sin embargo, existe un problema, el que estamos resolviendo, ya que fue un compromiso del Gobierno. Dijimos que lo íbamos a solucionar antes de noviembre de 2023: nos encontramos en junio y lo estamos resolviendo.
Por lo tanto, este proyecto da certeza a los APR en cuanto a que están exentos de IVA para los servicios prestados a sus asociados, cooperados o socios; eso hay que dejarlo bien claro. También se encuentran exentos de IVA cuando los servicios se entregan a los cuerpos de bomberos, a los establecimientos educacionales municipales y a los bienes raíces de los municipios. Creo que también es importante destacar eso. Del mismo modo, están exentos de IVA cuando se trata de servicios prestados entre operadoras o entre APR. A propósito de la consulta del Senador Chahuán, es distinto: Esval sí paga IVA. Donde no se paga IVA es entre APR.
Respecto del registro que aquí se ha mencionado, efectivamente, en el proyecto se señala que los APR tienen que ser parte del registro, porque ello se encuentra consignado en la ley Nº 20.998. Pero el plazo para inscribirse en ese registro es noviembre de 2024.
Lo importante es que en la ley Nº 21.520, de diciembre de 2022 -una "ley corta" que se aprobó en esa fecha-, que probablemente no sea del conocimiento de todos los APR, se establecieron requisitos simplificados para pertenecer al registro, que son tres: el certificado de vigencia de la personalidad jurídica, el listado de socios y usuarios y el plano de área de servicio.
De esos tres requisitos, lo que ha señalado el Ministerio de Obras Públicas es que va a obtener los certificados de vigencia de manera digital, sin costo para los APR, y que va a asumir la función de apoyarlos en el área para levantar los planos. Quiero dejar bien claro esto. Por tanto, no va a implicar un costo adicional para los APR ser parte del registro... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).
Solo un segundo más, por favor.
El senador COLOMA (Presidente).-
Está prendido el micrófono, Subsecretaria.
La señora BERNER (Subsecretaria de Hacienda).-
Y todos los otros temas que aquí se han levantado van a ser tratados en una mesa con el Ministerio de Obras Públicas.
Pero ser parte del registro es importante, porque les permite tener su área de exclusividad totalmente marcada y, adicionalmente, podrán fijar la dimensión del agua, razón por la cual, si alguna vez fallan, no les van a poder aplicar las multas, por tratarse de aspectos externos al operador.
Con eso cierro.
Muchas gracias, Presidente, y a todas las Senadoras y los Senadores por la aprobación de este proyecto.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias, Subsecretaria.
El proyecto vuelve a la Cámara de Diputados, pero, para que quede claro, al haberse aprobado en los mismos términos, de la Cámara va al Ejecutivo para que sea promulgada la ley.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
Es una buena noticia para Chile y el mundo rural.
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El señor COLOMA (Presidente).-
Senador Flores.
El señor FLORES.-
Punto de reglamento, y muy breve, señor Presidente.
Antes de que termine la sesión, quiero solicitarle a la Honorable Sala que el proyecto que está en segundo trámite, boletín Nº 14.934-25, pase a la Comisión de Agricultura para una pronta tramitación.
Se trata de una cuestión humanitaria, Presidente, porque la suma de la iniciativa señala: "proyecto de ley que tipifica como delito el faenamiento de mascotas o animales de compañía y que sanciona la distribución y comercialización de sus carnes". Hemos sido testigos de cómo en la vía pública han estado faenando perros y gatos para transformarlos en comida para los transeúntes. Eso hay que regularlo de manera urgente.
Por esa razón, pedimos que pase a la Comisión de Agricultura.
Muchas gracias.
El señor COLOMA (Presidente).-
¿Eso estaba en Constitución? ¿Dónde estaba?
El senador FLORES.-
Viene de la Cámara de Diputados y está en Constitución hace dos meses.
El señor COLOMA (Presidente).-
Necesitamos acuerdo para que vaya a Agricultura en lugar de Constitución.
Acordado.
El señor GALILEA.-
Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Pero es que tenemos que ver SBAP.
¿Reglamento?
El señor GALILEA.-
Sí.
El señor COLOMA (Presidente).-
Senador Galilea.
El señor MOREIRA.-
Yo también pedí un punto de reglamento.
El señor GALILEA.-
Respecto a la solicitud del Senador Flores, debo señalar que hace tiempo tomamos el acuerdo en el sentido de que cuando hay un tipo penal nuevo tiene que haber un informe de Constitución. No tengo ningún problema con que vaya a Agricultura, pero que después, si se establece un tipo penal -no conozco el proyecto-, pase con un tiempo muy limitado -por ejemplo, dos semanas- a Constitución para revisar los aspectos penales de la iniciativa.
El señor COLOMA (Presidente).-
Okay.
Lo haríamos de esa forma para tener coordinación en estas materias.
Perfecto.
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El señor MOREIRA.-
¡Presidente, yo pedí intervenir por un punto de reglamento!
El señor COLOMA (Presidente).-
Senador Moreira, ¿usted quiere hacer un punto reglamento ahora?
El señor MOREIRA.-
Sí, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Tiene la palabra, Senador.
El señor MOREIRA.-
Presidente, quiero plantear dos cosas.
Primero, entiendo que el proyecto SBAP es muy importante y sé que tiene, además, "discusión inmediata"; pero creo que una iniciativa de esta relevancia no debe aprobarse sin pena ni gloria. Debiéramos verla el próximo martes.
Comprendo que usted está todo el día acá, pero también tengo interés en hablar. Esa es la primera cosa.
No sé si se pueda hacer algo.
Si no se puede hacer, Presidente, no quiero que usted nos reduzca la posibilidad de hablar en este proyecto. Si se va a ver SBAP ahora, solicito, a lo menos, cuatro minutos por cada parlamentario.
El señor COLOMA (Presidente).-
Perfecto.
Tenemos que verlo, porque vence el plazo de la "discusión inmediata". En las Comisiones Mixtas, esto es importante que se sepa, el plazo de esta urgencia es de dos días. No son seis días, como en otro tipo de instancias. Por eso tenemos que verlo.
Una vez rendida la relación del Secretario, vamos a abrir la votación inmediatamente, y se asignarán cuatro minutos para cada orador.
(Rumores en la Sala).
No hay acuerdo para...
El señor GAHONA.-
Cinco minutos.
El señor COLOMA (Presidente).-
¿Cinco minutos?
El señor MOREIRA.-
Cinco.
El señor COLOMA (Presidente).-
Bueno, cinco. Por un minuto en la vida, no vamos a discutir.
Secretario, primero tenemos que hacer la relación.
Además, queda prorrogada automáticamente la sesión hasta el despacho total de este proyecto en función de la urgencia.
--Así se acuerda.
La señora NÚÑEZ.-
Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Entiendo que usted iba a hablar primero para informar. ¿Eso es o pedía un punto de reglamento?
La señora NÚÑEZ.-
Reglamento.
El señor COLOMA (Presidente).-
Ah, perdón.
Tiene la palabra, Senadora.
La señora NÚÑEZ.-
Presidente, me sumo a las solicitudes anteriores para que la votación se abra después de que se entregue el informe respectivo. De lo contrario, voy a insistir para que votemos el proyecto el próximo martes, en el primer lugar de la tabla.
El señor COLOMA (Presidente).-
Sí, así se va a hacer.
La señora NÚÑEZ.-
Ah, es que aquí estaban pidiendo algo distinto y no había escuchado el acuerdo.
El señor COLOMA (Presidente).-
Lo que estamos discutiendo es el tiempo de los discursos, lo de la apertura está acordado.
La señora NÚÑEZ.-
Okay.
Gracias.
El señor COLOMA (Presidente).-
¡Están todos nerviosos hoy día...!
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El señor Presidente pone en discusión...
El señor LATORRE.-
Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Espere, Secretario.
Senador Latorre.
El señor LATORRE.-
Presidente, es que tengo que informar el proyecto como Presidente de la Comisión Mixta; pero, si le parece, podemos quedarnos solo con la relación del Secretario. ¿O hago el informe que es breve? Como usted decida.
El señor COLOMA (Presidente).-
A pesar de que la Mixta técnicamente no requiere informe, sería bueno tener uno breve. A mí me parece que es bueno para la historia de la ley. Una vez rendido el informe del Senador Latorre, que va a ser breve -ese es el compromiso-, vamos a abrir la votación, para que quede todo claro.
El señor COLOMA (Presidente).-
Ya.
Acordado así.
El señor LATORRE.-
Son diez páginas, nomás, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
No, más breve, Senador Latorre.
El señor LATORRE.-
Es cortito.
El señor COLOMA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
CREACIÓN DE SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS Y SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El señor Presidente pone en discusión el informe de la Comisión Mixta constituida, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República, a fin de proponer la forma y modo de resolver las divergencias suscitadas entre el Senado y la Cámara de Diputados durante la tramitación del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, correspondiente al boletín Nº 9.404-12.
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho, calificándola de "discusión inmediata".
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 9.404-12) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Este proyecto de ley inició su tramitación en el Senado, el cual aprobó el texto de ciento cincuenta y seis artículos permanentes y once artículos transitorios, cuyo objetivo es la conservación de la diversidad biológica del país, a través de la preservación, restauración y uso sustentable de las especies y ecosistemas, con énfasis en aquellos de alto valor ambiental o que, por su condición de amenaza o degradación, requieran de medidas para su conservación.
Con tal propósito, se crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
Posteriormente, la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, introdujo diversas modificaciones al proyecto de ley, gran parte de las cuales, en el tercer trámite constitucional, fueron aprobadas por el Senado, con excepción de algunas de ellas que fueron rechazadas, dando lugar a la formación de la respectiva Comisión Mixta.
Dicha instancia, como forma y modo de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas Cámaras y con la votación que se consigna en su respectivo informe, propone lo siguiente:
1.-
Reponer el texto aprobado por la Cámara de Diputados, con las modificaciones que indica, respecto del artículo 3°, número 33), referido a la definición de zonas de amortiguación.
2.-
Sustituir las siguientes disposiciones del proyecto de ley por los respectivos textos que se consignan al efecto en las normas permanentes de la iniciativa: los artículos 29, relativo a sitios prioritarios; 93, referido a la provisión de las concesiones sectoriales que señala; 107, sobre áreas libres de organismos genéticamente modificados; 118, que pasa a ser 116, que sanciona diversas acciones, como infracciones fuera de las áreas protegidas, y 147, que pasa a ser 145, cuyo número 3 suprime la letra i), del artículo 35 de la Ley que crea la Superintendencia del Medio Ambiente, sobre incumplimientos de planes de recuperación, conservación y gestión de las especies que indica. Asimismo, respecto de las normas transitorias, los artículos octavo, sobre sitios prioritarios, y duodécimo, referido a los reglamentos de la ley.
3.-
Suprimir el número 5 del artículo 149, que pasó a ser 147, que reemplaza el artículo 158 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, excluyendo a las zonas que indica de toda actividad pesquera, extractiva y de acuicultura.
Corresponde, por tanto, que el Senado se pronuncie respecto de las propuestas efectuadas por la referida Comisión.
En el boletín comparado, que Sus Señorías tienen a su disposición, se transcribe el texto aprobado por la Cámara de origen en el primer trámite constitucional; las enmiendas introducidas por la Cámara revisora en el segundo trámite constitucional, y de ellas las rechazadas en el tercer trámite; la propuesta de la Comisión Mixta, y el texto como quedaría de aprobarse dicha proposición.
Es todo, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias, Secretario.
Tiene la palabra el Senador Latorre.
El señor LATORRE.-
Gracias, Presidente.
Este es un resumen de un informe que tiene más de noventa páginas, que revisamos en la Comisión Mixta.
La Cámara de Diputados, recordemos, en el segundo trámite hizo más de trescientos cambios al texto aprobado por el Senado. La Cámara de origen aprobó la mayoría de estas modificaciones -esa discusión ya la hicimos-, pero rechazó algunas. En concreto, se resolvieron siete artículos definitivos y dos transitorios. Por eso se conforma la Mixta.
Brevemente, sobre los temas, las materias revisadas y las decisiones adoptadas respecto a estas, quiero decir lo siguiente.
Sobre zonas de amortiguación, el artículo 3°, número 34), fue aprobado en la Mixta 6 por 4. Y las zonas de amortiguación quedaron definidas como "un espacio ubicado en torno a un área protegida, debidamente delimitada de acuerdo a criterios científico-técnicos, cuyo uso podría ser parcialmente restringido en virtud de lo que establezcan los instrumentos de ordenamiento territorial pertinentes, destinado a absorber potenciales impactos negativos y fomentar efectos positivos de actividades para la conservación de tal área.".
Otro aspecto, sobre sitios prioritarios, contenido en los artículos 29, 116 y octavo transitorio, fue aprobado 9 por 1.
"Artículo 29.-
Sitios prioritarios. Los sitios prioritarios que el Ministerio identifique en el marco de la planificación ecológica serán categorizados como tales bajo criterios técnico-científicos".
"El Servicio mantendrá un registro espacial actualizado de los sitios prioritarios del país, en el marco del sistema de información referido en el artículo 24.
"Los sitios prioritarios podrán ser objeto de uno o más instrumentos para la conservación de la biodiversidad establecidos en la presente ley.
"El Ministerio del Medio Ambiente determinará mediante decreto supremo los sitios prioritarios. Un reglamento dictado por el Ministerio establecerá el procedimiento y los criterios para la declaración de sitio prioritario, los que deberán contemplar la participación de comunidades científicas, locales e indígenas y de autoridades locales, regionales y nacionales.".
Por otro lado, el artículo 116, sobre infracciones fuera de las áreas protegidas, dispone que constituirán infracciones en los sitios prioritarios: "extraer tierra de hoja o turba; capturar, herir o dar muerte a ejemplares de la fauna nativa; destruir nidos, lugares de aposentamiento, reproducción o crianza, ejecutar acciones que interfieran o impidan el cumplimiento del ciclo de reproducción de las especies nativas, cortar o extraer ejemplares de especies nativas de plantas, algas, hongos o líquenes; cuando tales acciones produzcan cambios significativos en las características ecológicas del sitio. La significancia de tales cambios será determinada en el reglamento a que se refiere el artículo 29. Estas infracciones no procederán respecto de quienes ejecuten proyectos o actividades al interior del sitio prioritario en conformidad a la legislación aplicable o a una resolución de calificación ambiental favorable.".
Y el artículo octavo transitorio establece: "Los sitios prioritarios para la conservación identificados en la Estrategia Nacional de Biodiversidad y en las Estrategias Regionales de Biodiversidad mantendrán sus efectos legales vigentes con anterioridad a la publicación de la presente ley.
"El Ministerio del Medio Ambiente, dentro del plazo de dos años contados desde la publicación señalada, dictará un decreto supremo para determinar los mencionados sitios prioritarios que pasarán a regirse por los efectos de la presente ley.".
Otro aspecto, sobre excepción a prohibiciones de concesiones sectoriales, contenido en el artículo 93, fue aprobado 9 por 1. La norma dice: "No obstante lo señalado en el artículo anterior, quedarán prohibidas las concesiones sectoriales necesarias para el desarrollo de las actividades de explotación de recursos naturales con fines comerciales, definidas en el artículo 63, inciso segundo, en las reservas de región virgen, parques nacionales y monumentos naturales.".
Otro aspecto sobre organismos genéticamente modificados es que el artículo 107, nuevo, fue aprobado 6 por 4, y su texto quedó así: "Áreas libres de organismos genéticamente modificados. Las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, serán declaradas áreas libres de organismos genéticamente modificados, según lo establece el artículo 10, letra r) de la ley N° 19.300.".
Sobre el traspaso de facultades al SBAP, con relación a los planes Recoge, el artículo 147 (aprobado por unanimidad, 10 por 0) sustituye el numeral 3) del artículo 147, que pasó a ser 145, en un aspecto más de forma.
En cuanto a la modificación a la Ley General de Pesca y Acuicultura, en el sentido de prohibir concesiones de recursos hidrobiológicos en zonas costeras de todas las áreas protegidas, fue rechazada por empate en tres votaciones: 5 a 5. Por tanto, quedó rechazada esa indicación del Ejecutivo.
Y, por último, sobre los reglamentos y la participación de trabajadores, en el nuevo artículo duodécimo transitorio, se dispone:
"Los reglamentos referidos en esta ley deberán dictarse dentro del plazo de dos años contados desde su publicación.
"En el procedimiento de elaboración de los reglamentos referidos en los artículos 15 y 22, el Ministerio del Medio Ambiente deberá contemplar una etapa de participación referidos en el artículo 1° transitorio.".
Estas son las materias que la Comisión Mixta debatió y resolvió, y se propone la aprobación de su informe a la Sala.
Gracias, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
A usted, Senador.
Conforme a lo acordado, entonces, se abre la votación.
En votación.
(Durante la votación).
Respecto al orden de intervención, los Senadores Gahona, Espinoza, Núñez, Allende y Moreira son los primeros cinco, para tener todo claro.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
En votación.
El señor COLOMA (Presidente).-
Senador Gahona, tiene la palabra.
El señor GAHONA.-
Gracias, Presidente.
Primero que todo, quiero agradecer a los Senadores Moreira y Sanhueza que me reemplazaron en la discusión final de este proyecto.
Presidente, por su intermedio, nuestro país ha hecho grandes esfuerzos para la protección del medioambiente mediante la creación de instituciones como el Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia, el Servicio de Evaluación Ambiental y los tribunales ambientales. No obstante, queda pendiente la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que es materia de esta discusión.
Esta iniciativa busca actualizar y modernizar nuestra legislación con el fin de corregir y solucionar diversas deficiencias.
Aunque contamos con aproximadamente treinta millones de hectáreas de áreas protegidas en nuestro país, observamos una falta de equidad en la protección, ya que se favorece la protección terrestre por sobre la marina y la preservación de ciertos ecosistemas por sobre otros.
Además, existe una dispersión administrativa considerable en relación con las áreas protegidas, lo que dificulta su adecuada protección y financiamiento. En la actualidad, las áreas protegidas están bajo la responsabilidad de cinco ministerios diferentes: Ministerio de Bienes Nacionales, Ministerio de Economía -con Subpesca y Sernapesca-, Ministerio de Agricultura, Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de las Culturas.
Por estas razones es de vital importancia aprobar este proyecto de ley para la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el cual garantizará una protección homogénea, tanto en el ámbito terrestre como en el marino, poniendo fin a la dispersión institucional y estableciendo instrumentos para la conservación de todo el territorio.
Presidente, a continuación, me gustaría, brevemente, analizar algunos puntos que fueron objeto de debate en la Comisión Mixta, en que, como dije, intervinieron en mi reemplazo los Senadores Sanhueza y Moreira.
Con relación a las zonas de amortiguación, consideramos que era importante delimitar de mejor manera el concepto para otorgar certeza jurídica a los propietarios de terrenos que podrían verse afectados en su uso.
En esta materia no logramos un acuerdo y se aprobó la redacción original de la Cámara de Diputados.
En cuanto a los sitios prioritarios, logramos un importante consenso al separar, por un lado, la forma en que se determina un sitio prioritario, de acuerdo con los nuevos criterios establecidos en la ley, de los efectos de la iniciativa sobre los sitios prioritarios existentes hoy, los cuales están consagrados en la Estrategia Nacional y Regional de Biodiversidad.
Por otro lado, la iniciativa declara a las áreas protegidas como áreas libres de organismos genéticamente modificados. Consideramos que su fiscalización e implementación será difícil de llevar a cabo en la práctica, y que la discusión y regulación de esta materia debería realizarse de manera más detallada en otra instancia legislativa. A pesar de la oposición de los Senadores de nuestro sector, la Comisión Mixta aprobó el texto propuesto.
El proyecto contempla un catálogo de infracciones que ocurren fuera de las áreas protegidas cuando determinadas acciones ocasionan cambios significativos en las características ecológicas del lugar.
Durante el tercer trámite teníamos dudas sobre el alcance...
(Rumores).
Si me permiten...
Decía que teníamos dudas sobre el alcance de la frase "cambios significativos", ya que carecía de una delimitación clara y generaba incertidumbre jurídica. Sin embargo, en la Comisión Mixta logramos definirlo en el artículo 29, brindando claridad sobre cuándo se podría producir o no la infracción.
Con relación a la actividad de cultivo de especies hidrobiológicas exóticas, este punto fue el más discutido durante la Comisión Mixta y acaparó la atención pública.
Durante la discusión del artículo 149 en la Comisión de Medio Ambiente, en tercer trámite, el Ejecutivo afirmó que había que hacer una simple adecuación formal, actualizando el texto a las nuevas áreas protegidas consagradas en el proyecto de ley. Por lo anterior, de buena fe, decidimos resolver el asunto en la Comisión Mixta.
Sin embargo, el Ejecutivo propuso un inciso segundo que prohibía el cultivo de especies hidrobiológicas exóticas, en este caso los salmones, en todas las áreas protegidas, incumpliendo el acuerdo original de solo hacer una adecuación formal. Manifestamos nuestro acuerdo de prohibir estas actividades en las tres categorías de áreas protegidas más resguardadas: las reservas de región virgen, los parques nacionales y monumentos naturales. Sin embargo, prohibir salmoneras en todas las áreas protegidas era un exceso, cuyos efectos no se habían pronosticado adecuadamente.
El Ministro Marcel fue enfático en señalar que el proyecto no afectaría a los empleos del sector en el corto plazo, ya que las concesiones actuales se respetarían y se mantendrían en funcionamiento. Si bien el Ministro tiene razón en el sentido de que los empleos del sector que aporta el 2,1 por ciento del PIB nacional no se verían afectados en el corto plazo, en el mediano y el largo plazo los efectos serían desastrosos.
Nosotros no estábamos dispuestos a aprobar una prohibición absoluta, ignorando los efectos que se generarían en el mediano y largo plazo, y por lo mismo no logramos un acuerdo en la materia, quedando vigente el artículo 158 de la Ley de Pesca.
Presidente, a pesar de las diferencias que surgieron en la Comisión Mixta, considero que el proyecto es positivo y que ningún punto es lo suficientemente importante como para privar a nuestro país de un servicio tan necesario para la protección de la biodiversidad. Y, por lo tanto, votamos a favor del informe de la Comisión Mixta.
He dicho.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Muchas gracias, señor Senador.
Tiene la palabra el Senador Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA.-
Muchas gracias, Presidente.
Como aquí se ha señalado por parte del colega Gahona, este es un proyecto que lleva largos años y que ha tenido una discusión importante, trascendente para el país.
Hay que tener claro ciertas cosas que son importantes de destacar.
El año 2010 nuestro país tenía el 0,03 por ciento de áreas protegidas, ¡0,03 por ciento! Y en los compromisos 2020 se estableció que nuestras naciones debían llegar a lo menos al 10 por ciento. Para el año 2018, Chile superó esa cifra largamente: un 43 por ciento, lo cual nos debe llenar de orgullo.
Este proyecto de ley sobre biodiversidad crea, sin lugar a dudas, una institucionalidad tremendamente necesaria para el país -nadie puede discutirlo-, que aumenta el poder de gestión, de fiscalización del Estado, tanto fuera como dentro de estas áreas protegidas.
Señor Presidente, el SBAP ha sido diseñado como un sistema integrado por todas las áreas protegidas existentes en Chile, que permite fortalecer el principal instrumento de conservación del país, tanto marino como terrestre, público o privado.
Se recategorizan las áreas protegidas de Chile para hacerlas compatibles con la nomenclatura internacional, superando el exceso de diferentes categorías de áreas protegidas, lo que genera confusión e incerteza jurídica.
Presidente, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, más conocido como SBAP, es una de las piezas faltantes de la institucionalidad ambiental y fue contemplada la creación de esta institucionalidad en conjunto con la Superintendencia del Medio Ambiente, los tribunales ambientales y el Servicio de Evaluación Ambiental. Sin embargo, como todos sabemos, a la fecha aún no existe dicho servicio, lo cual deja a Chile mal posicionado internacionalmente respecto a su estándar ambiental y respecto de su estatus de país vulnerable al cambio climático.
Lo anterior se debe, Presidente, a que la conservación de la biodiversidad por una agencia estatal con una mirada de las ciencias ecológicas y no una mirada de la ingeniería forestal implica aumentar el estándar ambiental del país.
Por lo tanto, Presidente, este proyecto de ley sobre biodiversidad crea una nueva institucionalidad, aumentando el poder de gestión y fiscalización del Estado, tanto fuera como dentro de las áreas protegidas.
Quisiera, en estos minutos finales, hacer mención de lo que planteaba el Senador Gahona en la parte final de su intervención.
Lamentablemente, un proyecto que no debió tener ningún tipo de discusión y que debió haber recibido una aprobación unánime fue manchado, desde mi punto de vista, de manera mañosa y egoísta, porque se integró un artículo que debió haber pasado por la Comisión de Pesca al menos, pero que solamente se circunscribió a la Comisión de Medio Ambiente, no obstante el efecto directo que iba a tener sobre la actividad salmonera en nuestra región. Y estamos claros de que debemos regular más a los salmoneros; estamos claros de que tenemos que ir a la ley de impuestos regionales, y también exigirles mayor respeto al medioambiente, mayores aportes, mayor responsabilidad social y empresarial.
Detrás de esa actividad en la región que yo represento hay más de setenta mil personas contratadas de manera directa. Y el Gobierno durante semanas nos dijo que esto iba a generar cero impacto en el empleo, afirmación que desde todo punto de vista es absolutamente falsa. Los propios empresarios salmoneros en los últimos días han manifestado ya cuánto iba a impactar esto en los temas laborales.
Por lo tanto, cuando la gente salió en Puerto Montt a marchar -fueron más de doce mil personas; ocho mil en Quellón, otros tantos en otras comunas de Aysén y de Magallanes- lo hizo para defender sus fuentes de trabajo. Porque a mí también me gustan los temas medioambientales; yo entiendo que debemos proteger el medioambiente. Siempre en mi rol como Diputado fiscalicé a las salmoneras en esas materias. Pero, más allá de lo medioambiental, no podemos simplemente dejar de reconocer que las familias necesitan vivir, y nuestros Ministros y Ministras deben entender que las políticas no se tienen que aplicar solamente desde el centro, desde una oficina de La Moneda o del Ministerio respectivo, sino que debemos ser capaces de comprender que detrás de una persona que trabaja en una salmonera, trabajador hombre o mujer, hay sacrificio, hay esfuerzo, hay alimento para sus hogares.
No se puede vivir solamente de la protección medioambiental, que es necesaria y fundamental; tenemos que hablar de desarrollo económico, de desarrollo sustentable y protección de nuestros empleos. Y el artículo 158 propuesto no protegía los empleos, por más que el Gobierno nos quiera convencer de aquello, iba a significar desempleo y en el corto plazo.
Como alguien dijo por ahí, el año 2034 el Gobierno lo veía como muy lejano. Hoy día, una persona que participó -le pido treinta segundos finales, Presidente- en un muy importante evento aquí, en el propio Congreso, que vino a hablar sobre biodiversidad, un doctor en el área de la biología marina, planteó: "El 2034 está a la vuelta de la esquina". Es decir, no está once años adelante, como nos decían. Porque si se hubiera aprobado ese artículo, iba a significar la debacle de una actividad que hoy día genera empleo y que es importante en el PIB del país. Tenemos que regularla con mucho mayor fuerza -no me cabe ninguna duda-, pero es necesaria y fundamental para el devenir de nuestras familias.
No vivamos solo de los temas medioambientales. El maximalismo ya nos pasó la cuenta el 4 de septiembre pasado. No sigamos en esa misma línea, porque no nos conduce a construir el país que todos queremos.
He dicho, Presidente.
Muchas gracias.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
A usted, señor Senador.
Ofrezco la palabra al Senador Matías Walker.
El señor WALKER.-
Muchas gracias, Presidente.
Tuve el honor de integrarme a la Comisión de Medio Ambiente del Senado en la etapa final de aprobación de este proyecto de larga tramitación, impulsado por la Presidenta Bachelet, que estuvo tres años en la Cámara de Diputados y que pudimos retomar.
Saludo a la Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas; al asesor Alejandro Correa, a todos quienes nos acompañaron en el trámite de esta iniciativa, y por cierto, a los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, con quienes tuvimos una discusión que creo que fue seria y muchas veces apasionada, pero que finalmente derivó en un buen proyecto de ley.
Yo me quedo, Presidente, con la convicción de que aprobamos una buena normativa que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, equilibrada, que realmente concibe lo que denominamos como un "desarrollo sustentable".
Nos tocó participar de una propuesta de redacción, en conjunto con los asesores de todos los Senadores, respecto de los sitios prioritarios, por ejemplo, estableciendo también el principio de no regresión, y disponiendo que los sitios prioritarios identificados por el Ministerio en el marco de la planificación ecológica serán categorizados como tales bajo criterios técnico-científicos, como el de la comuna de Los Vilos, en la Región de Coquimbo; vimos imágenes preciosas de pumas en la precordillera y la cordillera de la provincia del Choapa.
Ciertamente, uno de los temas más controvertidos fue el que decía relación con las concesiones sectoriales productivas, y considero muy importante recalcar que quedaron prohibidas las concesiones sectoriales necesarias para el desarrollo de la actividad de explotación de recursos naturales con fines comerciales en las reservas de región virgen, en los parques naciones y en los monumentos naturales.
En eso no hubo ninguna duda, ninguna discusión; todos estuvimos de acuerdo en que no podía haber concesiones en esas áreas.
Pero, como muy bien lo dijeron el Senador Fidel Espinoza y el Senador Sergio Gahona, en el caso de las reservas nacionales donde hoy día existe una actividad productiva importante, creo que hubiera sido un despropósito, en un escenario, además, de recesión económica como el que estamos enfrentando en el país, donde lamentablemente vamos a llegar a un desempleo de dos dígitos este año -espero equivocarme, Presidente-, haber excluido el desarrollo de la actividad salmonera, no solamente por los setenta mil empleos que representa, sino por los testimonios de quienes llegaron, trasladándose horas desde la Región de Los Lagos, la Región de Aysén, la Región de Magallanes.
Hicieron un esfuerzo tremendo, dirigentes sindicales, pescadores artesanales, que me decían: "Senador, los días en que nosotros no podemos trabajar porque está mala la mar vamos a las salmoneras, y nuestros hijos y nietos trabajan ahí".
Otro tanto nos expresaban los dirigentes de los pueblos originarios: "Senador, es imposible avanzar en las relocalizaciones como gran solución, porque hay una prioridad, en buena hora, para los pueblos originarios".
Entonces, iba a ser algo absolutamente ilusorio.
Obviamente, hay que mejorar todos los estándares ambientales. Eso quedará para otra discusión en la nueva ley de acuicultura, en la nueva ley de pesca. Tal vez habría que cambiar el estándar de declaración de impacto ambiental a estudios de impacto ambiental; planes de manejo con mejores estándares, con mayores exigencias.
Nosotros acabamos de aprobar la iniciativa sobre delitos económicos y ambientales -yo fui autor de ese proyecto-, donde pedimos que se sancione con cárcel la contaminación.
Si me da un minuto, Presidente, se lo agradecería.
Entonces, nadie nos puede decir que no hemos legislado para sancionar el efecto de la contaminación en el medioambiente, incluso por primera vez en nuestro país con pena de cárcel, la reforma más importante en la historia del Código Penal.
Así que más allá de las pasiones, más allá de los ataques en las redes sociales, nos quedamos con el sentido común ciudadano de la gente del sur, que salió a la calle, liderados por el Senador Fidel Espinoza, para defender una actividad noble, digna, y que por cierto requiere mejorar los estándares ambientales.
Gracias, Presidente.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Muchas gracias, señor Senador.
Ofrezco la palabra a la Senadora Paulina Núñez.
La señora NÚÑEZ.-
Muchas gracias, señor Presidente.
Por su intermedio, quiero saludar a la Ministra del Medio Ambiente, que se encuentra presente; a su equipo de asesores, que están ahí afuera, pero que trabajaron arduamente en la tramitación de este proyecto; también a la Subsecretaria General de la Presidencia, que se encuentra en la Sala; a las abogadas Magdalena Palumbo y Katherine Ortiz, de la Secretaría de nuestra Comisión; y también a cada una de las personas u organizaciones que durante toda la larga tramitación de años de este proyecto han participado para poder tener hoy día una buena ley.
En Chile, la primera norma integral sobre el medioambiente fue publicada el año 1994, la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, cuyo objeto fue dar un contenido concreto y un desarrollo jurídico adecuado al derecho constitucional que asegura a todas las personas vivir en un medioambiente libre de contaminación. En adelante, nuestro país ha avanzado en su legislación medioambiental. Normativas tan importantes como la Ley Marco de Cambio Climático, la Ley de Economía Circular, la Ley que modifica Diversos Cuerpos Legales con el Objetivo de Proteger los Humedales Urbanos, la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento del Reciclaje han permitido que tengamos, a mi juicio, un ordenamiento jurídico robustecido en esta materia.
Pero, evidentemente, el presente proyecto, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, es esencial para culminar con una institucionalidad ambiental mejor aún. La finalidad de esta iniciativa fue crear una institución cuya principal función sea la conservación de la biodiversidad biológica y la protección del patrimonio del país.
Cabe agregar que hoy contamos con una normativa e instituciones dispersas en este ámbito, y eso es lo que más quiero destacar. De ahí que quienes defendemos un Estado moderno, eficiente y menos burocrático deberíamos votar a favor de este informe, precisamente porque lo que hoy tenemos en cuanto a participación de distintos Ministerios es, a mi juicio, una burocracia excesiva. Pasar por alrededor de cinco Ministerios para sacar adelante o ejecutar algún programa en materia de protección a mí, al menos, me parece que no va en la línea de quienes -insisto- defendemos un Estado moderno y actualizado.
Ahora, durante la tramitación se estudiaron los nuevos principios que regirán ante las políticas, planes, programas, normas y otras cuestiones que se ejecuten en el marco de la presente ley. Se recalificaron las áreas protegidas en línea con lo que señala hoy día la UICN; se les entregaron mayores facultades y labor de fiscalización a los guardaparques, así como un reconocimiento a sus años de servicio, y se regularon sitios prioritarios, entre otras cuestiones.
Hubo algunas divergencias, qué duda cabe. Por lo mismo, llegamos a una Comisión Mixta para poder resolverlas, y estas se suscitaron principalmente porque la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó cuestiones que habíamos aprobado en el Senado. Las materias en controversia no decían relación con la idea matriz del proyecto, sino más bien con cuestiones que reflotaron con el avance de su estudio y que pudieron afectar el campo laboral de muchas personas, así como el derecho de propiedad.
Por eso, es importante dejar en claro que proteger el medioambiente y nuestra biodiversidad perfectamente puede convivir con las actividades económicas que se van desarrollando en nuestro país. Pero para mí al menos es muy relevante dar certeza jurídica; no avanzar en estos proyectos cambiando las reglas del juego; que si vamos a proteger, en virtud de esta ley, determinadas áreas, se haga obviamente de aquí para adelante.
Presidente, me quiero detener, brevemente, en el famoso artículo 158. Después de toda la movilización que hubo en regiones como las de Aysén, Los Lagos o Magallanes, logramos rechazar esa norma, para que, en definitiva, no se cambiaran las reglas del juego.
Creo que es muy importante dejar en claro que estamos todos por proteger el medioambiente y porque tengamos un sistema, una nueva institucionalidad, pero no afectando actividades que no llegaron ni cayeron del cielo: el propio Estado las autorizó para que pudieran funcionar en determinados lugares.
Así que creo que estamos ante un buen proyecto, Presidente. Y aquello que no quedó incorporado en él, a mi juicio, se explica por el respeto a aquellos derechos, como el de propiedad, y la certeza jurídica, y, más importante aún, por el sentido común de quienes desde el sur llegaron, tanto a Santiago como a Valparaíso, a manifestarse, y fueron escuchados.
He dicho.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Muchas gracias, señora Senadora.
Tiene la palabra la Senadora Isabel Allende.
La señora ALLENDE.-
Presidente, el informe de Comisión Mixta que hoy votamos a mi modo de ver representa un paso histórico para la normativa ambiental de nuestro país.
Quiero saludar a la Ministra, quien estuvo permanentemente acompañándonos en el estudio de esta iniciativa, a la Secretaria de la Comisión, desde luego, y destacar el arduo trabajo que tuvimos como Comisión de Medio Ambiente y después como Comisión Mixta. Fueron casi diez años de tramitación y de seguimiento de este tema.
¿Por qué era tan importante? Porque para nuestra institucionalidad ambiental resultaba fundamental este cuarto pilar, como lo conocemos. Porque tenemos la Superintendencia del Medio Ambiente, tenemos los tribunales ambientales, tenemos el Servicio de Evaluación Ambiental, pero faltaba un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, algo que incluso la OCDE nos venía reclamando como una falta de Chile, el no ponerse al día. Por eso era tan importante.
Como dije, son diez años, una larguísima tramitación, donde entre otras cosas, han ido aumentando el riesgo y las amenazas para las especies y la biodiversidad, como ya es conocido, e incluso han aumentado de forma exponencial. La crisis que vivimos no es solo climática, sino que también representa una amenaza contra la biodiversidad.
Esta nueva institucionalidad nos va a permitir, de una manera mucho más coherente, con buena gobernanza, enfrentar la dispersión administrativa que hoy día existe en materia de áreas protegidas, nada menos que en cinco Ministerios. Por lo tanto, teníamos que dotarla, a través de este servicio, de mayores instrumentos para la conservación en todo el territorio, terrestre y marino.
Además de contemplar la reclasificación de las áreas protegidas de acuerdo a los estándares y categorías internacionales, también podrán contar con un plan de manejo de conservación que permitirá fijar mejores condiciones, conciliando la actividad económica de uso sustentable y el bajo impacto con la preservación y conservación.
En la Comisión Mixta -la verdad es que fue un trabajo muy muy arduo- pudimos llegar a acuerdo en la gran mayoría de los temas:
-Establecimos que los Planes de Gestión y Recuperación de especies queden alojados en este nuevo servicio. Esta herramienta, en conjunto con el Sistema de Información de la Biodiversidad, va a permitir aumentar las especies que se encuentran clasificadas de acuerdo a su estado de conservación y tomar mejores decisiones para gestionar la biodiversidad, siguiendo lo que se llama la "bio-alfabetización", como ocurre hoy día en México, Colombia y Costa Rica, que han hecho grandes aportes.
-Incorporamos el traspaso de los funcionarios al servicio, tanto de Conaf como del Ministerio del Medio Ambiente, con importantes etapas de participación. Esto fue bastante discutido, conversado con los trabajadores y finalmente se llegó a acuerdos importantes, porque hay que reconocer el trabajo que han estado haciendo permanentemente trabajadores de Conaf y, en particular, los guardaparques. Hay un reconocimiento a ellos, que siempre han estado tratando de preservar y conservar, justamente, las áreas protegidas.
-Después, quiero decir que, respecto de los sitios prioritarios, de los 334 hoy vigentes, tanto en la Estrategia Nacional como Regional, van a ser revisados por el Ministerio del Medio Ambiente en un plazo máximo de dos años, para que pasen a regirse plenamente por los efectos que tiene esta ley.
Asimismo, respecto a las futuras concesiones acuícolas de especies exóticas en nuestras áreas protegidas, quiero señalar que sería lamentable reducir este tremendo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas a la discusión que se dio al final, apasionada por cierto, como se señaló, porque digamos las cosas como son: no podemos simplemente pretender que algunos protegían a los trabajadores mientras otros nos ocupábamos solo del medioambiente.
Lo rechazamos desde lo más profundo. La mejor manera de proteger a los trabajadores es no contaminar, no producir, como todos sabemos que ha ocurrido, con las consecuencias que lamentablemente ha tenido una industria que, por mucho que algún colega aquí dijo "tenemos que regular más", bien poco se ha regulado.
Porque hay que recordar la crisis del virus ISA el año 2007, el vertimiento al mar de salmones y la crisis ambiental en Chiloé el año 2016, que significó una pérdida enorme, de miles de millones en este caso y el escape de casi 700 mil salmones. En otra oportunidad, se produjo un escape de 800 mil salmones en Los Lagos.
En fin, no podemos hacer vista gorda o pretender desconocer lo que esto significa para la economía de nuestro país. ¡Qué duda cabe de que queremos proteger a los trabajadores! ¡Lo hemos hecho a lo largo de toda nuestra vida! Es parte de nuestros principios fundamentales. Pero hay que entender que el desarrollo económico se hace de manera sustentable; hay que entender que no puede ser que esta industria, a la que hemos mencionado, ocupe antibióticos en dosis superiores en 1.700 veces a lo que utiliza incluso la industria noruega, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando.
Quiero también destacar algo que dice un medio hoy día: "El proceso sancionatorio contra grandes empresas del mercado salmonero (Mowi, Multiexport, Blumar, Nova Austral), lejos de ser un hecho aislado, la industria salmonera se ha encargado de demostrar a través de diversos procesos sancionatorios durante años su modus operandi: producir más allá de los límites legales, luego pagar las multas o acatar cierre temporal con los centros de carga de engorda fiscalizados".
Es lamentable citar esto, Presidente. Me gustaría que las cosas no fueran así, pero digamos la verdad: ¡esto ocurre hoy! Porque es una industria que no se ha querido poner al día como debiera. La situación sería distinta si tuviesen más respeto por el medioambiente y si quisieran de verdad proteger a sus trabajadores. Porque para proteger a los trabajadores no basta con, comillas, "hacer declaraciones": se los protege cuando no se contamina, cuando se hace que las industrias sean sustentables en el tiempo... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Démosle treinta segundos a la Senadora, por favor.
La señora ALLENDE.-
Por todas estas razones, Presidente, me niego, ¡me niego!, a que se quiera reducir este tremendo proyecto sobre biodiversidad de áreas protegidas al tema que se ha estado hablando en el último tiempo y que fue polémico.
Aquí estamos hablando de la necesidad de un servicio, estamos hablando de mirar el futuro.
Y quiero aclarar, además, lo que dijo una colega sobre la incerteza. ¡Perdóneme! Todas las empresas que están hoy día en las áreas protegidas no se las toca; todas las que tienen en tramitación sus permisos no se las toca; todas las que tenían contratos indefinidos no se las toca.
Por lo tanto, es una mínima parte, menos de un tercio. Y esas empresas -por supuesto tenemos que decirlo- necesitan tener en el futuro planes de manejo.
Por eso, yo lamento que al final se haya tratado de reducir un tremendo servicio, que es indispensable para el país si queremos avanzar en la protección de nuestras especies y de la biodiversidad, a esta polémica.
Voto, por supuesto, a favor del informe de la Comisión Mixta.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Gracias, señora Senadora.
Ofrezco la palabra al Senador Iván Moreira.
El señor MOREIRA.-
Gracias, Presidente.
Ministra, el ser humano que vive a espaldas de la naturaleza finalmente termina muriendo, y termina muriendo por falta de ella. Las personas necesitamos el aire, el agua, el sol. Pero también necesitamos el verde de los bosques, el gris del desierto y el blanco de los hielos casi eternos.
Chile es, en ese sentido, un punto privilegiado en el mundo entero: contiene casi todos los climas posibles del planeta y alberga cientos de formas de vida únicas, producto del aislamiento que ese mismo desierto, la cordillera y el océano han ocasionado.
Esto no es solo poesía.
Cómo cuidar ese medioambiente, cómo dialogamos con el entorno, cómo logramos convivir teniendo más del 70 por ciento de nuestra población habitando en zonas urbanas y usando cada vez más recursos, constituye el desafío del siglo XXI.
La institucionalidad del medioambiente que hemos buscado darnos desde el 2010 tenía una patita coja, que era la falta de unidad en la conservación de las áreas protegidas, que están dispersas en distintos servicios y con un presupuesto siempre disminuido.
Además, con la creación de este Servicio, Chile se pone al día en el cumplimiento de sus acuerdos internacionales.
Hoy comienza el fin de una tramitación que ya lleva más de una década.
Tuve la oportunidad de conocer este proyecto de ley en su primer trámite el año 2014 en la Comisión de Medio Ambiente. Y hoy, a propósito de un reemplazo que me correspondió realizar, pude conocer sus avances en el tercer trámite y ahora en Comisión Mixta.
El acuerdo en Comisión Mixta no fue fácil, y en algunos casos simplemente no hubo. Logramos consenso en la definición de "zona de amortiguación", en un artículo sobre los organismos modificados genéticamente en áreas protegidas, en la regulación de sitios prioritarios y sobre las facultades de fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente.
Quisiera recordar que cada día tenemos mayor conciencia sobre el medioambiente, pero creo que políticamente el Gobierno se equivocó.
Lamento que el Ministerio no haya cumplido con lo pactado en el tercer trámite respecto del artículo 158 de la Ley de Pesca -y no lo digo solo yo, sino también la izquierda- y que insistiera en una norma que afectaba de manera importante el desarrollo y el empleo en toda la zona austral de nuestro país.
Afortunadamente, primó el sentido común y se rechazó agregar el inciso segundo pretendido por el Gobierno.
Nosotros vamos a estar atentos a una nueva Ley de Pesca y al proyecto de ley de acuicultura ya anunciado, por si buscan insistir nuevamente en una postura que fue rechazada tanto en la Sala de la Cámara de Diputados como en la Comisión de Agricultura de esa Corporación.
Pero lo importante es el nacimiento de un servicio poderoso, bien diseñado y que esperamos esté a las alturas de los grandes desafíos que el país enfrenta en materia medioambiental, con respeto a los derechos de los trabajadores y con mayor financiamiento.
El cambio climático está aquí; sus efectos ya están acá, se sienten y nos cuestan.
Yo apruebo con esperanza la creación de este Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, para que sea un paraguas protector y no una soga que ahorque, una manta para acoger y no un peso para el país, un modelo a imitar y no un error a evitar.
Creo que la responsabilidad de la polémica que surgió con la industria salmonera no está ni en la oposición ni en los parlamentarios de este Senado, sino en que el Gobierno insistió en un artículo que no debiera haber estado por ningún motivo en esta normativa. Para eso está la Ley de Acuicultura, donde lo podemos discutir y definir.
Y lo que hicimos nosotros, sí, fue defender el medioambiente, pero también proteger a los trabajadores. Y creo que ambas cosas son compatibles.
Pero también hay una tarea para la industria salmonera: mejorar en los estándares medioambientales. Y me parece que tenemos consenso en eso.
Además, independiente de un par de diferencias que tuvimos con la Ministra, creo que fuimos capaces de llevar adelante este proyecto.
No nos quedemos solamente con la crítica -le pido treinta segundos, Presidente- ni con las diferencias que tuvimos en el artículo 158.
Yo me quedo con el texto poderoso, para lo que está disponible este Servicio de Biodiversidad. Y en el tiempo -yo diría más temprano que tarde- se va a ir mejorando, pero el Estado tiene que entregar recursos.
Pero lo más importante es que tenemos una visión distinta a la de hace cinco, diez años con respecto a la protección del medioambiente.
Y lo digo yo, que era santiaguino, pero que cuando llegué a Chiloé, a la Región de Los Lagos, me di cuenta de que había una realidad. Y esa realidad teníamos que asumirla con fuerza y entender lo que significa el patrimonio medioambiental.
Por eso, y por lo que venga en el futuro en beneficio de la preservación del medioambiente, voto que sí, voto a favor.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Muchas gracias, señor Senador.
Ofrezco la palabra al Senador Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Gracias, Presidente.
Este es un día importante porque damos un paso esperado durante mucho tiempo para aprobar el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
Me hubiera gustado que las tribunas estuvieran llenas de vecinos y vecinas, de ciudadanos que esperan y que han luchado por un medioambiente mejor. ¡Están vacías!
Hemos escuchado y recibido diversas críticas.
Creo que se cometieron errores en un proyecto que ha tardado mucho tiempo, pero hubo al menos dos aspectos que a mi juicio son importantes de consignar para la historia de la ley.
Luego de casi una década en el Congreso, se da este paso histórico, a través de la aprobación de este proyecto, en la lucha por una más robusta y eficiente institucionalidad ambiental.
Se trata de un servicio que permitirá definir un nuevo marco institucional y regulatorio para la biodiversidad y áreas protegidas del país para los años venideros.
Con todo, reiteramos nuestras desavenencias con la tramitación de esta iniciativa en relación con la manera como quedaron consagradas ciertas materias, especialmente aquellas vinculadas a las concesiones sectoriales y la protección de humedales, en virtud de la gravedad e incongruencia de que hayan sido aprobadas disposiciones relacionadas a dos materias que no estarían dialogando con el espíritu de este proyecto.
El artículo 41 de la ley en proyecto ignora completamente los avances que ha logrado el país en esta materia al permitir expresamente, ¡expresamente!, un permiso para la alteración física de los humedales -esto no lo habíamos visto en ninguna parte-, sin un mayor desarrollo más que el señalar que el permiso se podrá entregar en los humedales inventariados. Ergo, todos los que no están inventariados no requerirán ningún tipo de permiso.
Este es un llamado para que la comunidad nacional e internacional sepa que en Chile se está relativizando la protección de los humedales, que a través de una ley consagramos. Y eso lo relativiza este proyecto.
Por eso uno queda con un sentimiento amargo, de dolor al ver que, no obstante haber trabajado tanto para un proyecto que ha sido propuesto y defendido por la ciudadanía, simplemente por una impericia y por falta de voluntad, se termina en este tipo de situaciones.
El año 2016 presentamos una indicación para incorporar en el artículo relativo a los permisos de modificación el prohibir la alteración física de los humedales ubicados en sitios prioritarios.
Sin embargo, esa norma ya es atemporal y no da cuenta de los progresos alcanzados a la fecha en esta materia al seguir permitiendo alteraciones sin mayores resguardos para la protección de humedales.
Se desconocen los avances existentes en materia legislativa, como la ley 21.202, de humedales urbanos, del año 2020; la favorable jurisprudencia de la Corte Suprema; los progresos alcanzados por el Ministerio del Medio Ambiente, que durante la Administración anterior, de la entonces Ministra Schmidt, aprobó y ejecutó el Plan Nacional de Humedales 2018-2022, así como también la Ley Marco de Cambio Climático y el Acuerdo de Escazú.
Respecto a las concesiones sectoriales en áreas protegidas, no se entiende que un servicio que apunta a proteger el medioambiente y la biodiversidad contemple, al mismo tiempo, industrias dentro de esas zonas de protección. Es simplemente paradójico permitir concesiones sectoriales, como la salmonicultura, en reservas naturales.
Y no digamos que este tema es propio de la industria.
Me tocó participar el 2007 en la comisión investigadora que conoció las condiciones laborales y ambientales de la industria del salmón; recorrimos toda la zona sur. ¿Y qué señalamos? Que las empresas no velan por la sustentabilidad y simplemente miran el corto plazo. Y ahí el Gobierno cedió frente a esos planteamientos.
Extrañamos, entonces, que en estos puntos el proyecto de ley del SBAP no haya sido congruente con el principio de no regresión -y esto es importante, porque nos apuntarán en materia internacional- ni con normas de transición socioecológica justa, cumpliendo asimismo con la normativa que internacionalmente existe en esta materia.
Será difícil admitir en los foros internacionales que con la ley del SBAP hemos autorizado la instalación de salmoneras en las áreas protegidas, que todas las semanas son sancionadas por la Superintendencia del Medio Ambiente a raíz de producción fuera de lo establecido y otras decenas de infracciones. Y hoy día las estamos validando a través de esta ley.
Voy a aprobar el informe de la Comisión Mixta.
Sería incongruente con mi trayectoria en materia medioambiental votar en contra, porque es muy relevante que exista este servicio, dado que cierra el círculo de la institucionalidad junto con los tribunales del ramo, con el Servicio de Evaluación Ambiental y con la Superintendencia.
Por una parte, unifica la gestión de las áreas protegidas en nuestro país, que actualmente se encuentra fragmentada en distintos órganos de la Administración del Estado, y, por otra, entrega instrumentos que protegen la biodiversidad tanto dentro de las áreas protegidas como fuera de ellas.
Tenemos reparos, señor Presidente.
Y, por lo mismo, una vez que esta iniciativa sea ley, presentaremos otro proyecto para modificar las normas sobre las cuales hemos hecho reparos.
Espero que un Gobierno ecológico, un Gobierno al que hemos apoyado para que haga una diferencia, no incurra en el mismo error que cometió con Anglo American, donde el Consejo de Ministros aprobó una aberración desde el punto de vista de la protección de los glaciares.
Y ojalá seamos coherentes con el principio de no regresión en relación con la protección de humedales y áreas prioritarias sin la existencia de industria extractiva.
La crisis de la biodiversidad es uno de los mayores peligros para el planeta. Necesitamos contar con la institucionalidad adecuada para los desafíos que estamos viviendo.
En este sentido, la protección de los ecosistemas y de la biodiversidad es fundamental para enfrentar esta crisis con coherencia.
Voto a favor, Presidente.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Gracias, señor Senador.
Le ofrezco la palabra al Senador David Sandoval.
El señor SANDOVAL.-
Muchas gracias, Presidente.
En primer lugar, saludamos, por su intermedio, a la Ministra del Medio Ambiente, que nos acompaña.
Sin duda, aquí el foco y el centro están -y por eso a mí me parece contradictorio este debate- en completar nuestra institucionalidad en materia ambiental. Y con la creación de este servicio, evidentemente damos un paso significativo en esa dirección.
Ese es el foco central de la discusión en este tema.
Curiosamente, todos los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra han expresado la misma preocupación en el sentido de que, al final de cuentas, hemos cambiado el foco de la discusión hacia un tema que no es el fondo del proyecto que estamos aprobando.
Y, sin embargo, en sus propias intervenciones se han dedicado a hablar exclusivamente sobre esta discrepancia.
¿Cuál es el sentido, entonces, del tema? Si vamos al fondo, yo creo que el país, más allá de cualquier cuestionamiento y situación, está dando un paso relevante y significativo. Y no va a estar en riesgo ni en peligro la imagen de Chile en el mundo ni el rol que tenemos como sociedad frente a la protección del medioambiente, porque llevamos la delantera en muchos ámbitos, incluso en el resguardo de áreas marinas. Tenemos grandes zonas de protección en ese contexto.
En mi Región de Aysén, imagínense, el 86 por ciento de la superficie son parques, reservas, monumentos y tierras fiscales. ¡El 86 por ciento de toda la Región de Aysén tiene ese carácter!
Por lo tanto, lo que hay que hacer es procurar que aquellas externalidades negativas, lo que no está funcionando adecuadamente en el marco de la ley, puedan ser reguladas para establecerlas, corregirlas y avanzar en esa tarea.
Si alguien está incumpliendo materias de orden ambiental, laboral o social, tendrá que establecerse la institucionalidad complementaria que nos lleve a ordenar eso, porque la industria del salmón no nació ayer.
Y si desde su creación, como aquí se ha mencionado, se han denunciado situaciones gravísimas -el Senador De Urresti hablaba del año 2007, ¡algunos pocos años atrás...!-, evidentemente la realidad hoy día es absolutamente distinta.
Yo creo que aquí hay un trasfondo político. Y lo explicó el Senador Moreira.
Efectivamente, cuando se instaló la Comisión Mixta, el Ejecutivo no respetó el acuerdo que existía e incorporó esta medida. Y si uno va a los textos del Gobierno y a las palabras del propio Presidente, puede observar que esas expresiones están fuertemente establecidas en el contexto que el mismo ha señalado con respecto a la industria del salmón.
Por lo tanto, me parece una irresponsabilidad que, sabiendo las falencias o las debilidades que existen, como aquí se han denunciado, no se hayan implementado las medidas pertinentes para corregirlas.
Yo comparto que la industria salmonera es un factor relevante en el desarrollo de la zona austral del país, así como lo es la minería en el norte, con todas sus externalidades negativas.
¿Quién puede decir que la industria minera en el norte es un santo que promueve una perfecta armonía con el medioambiente y sus comunidades?
Curiosamente, esa discusión no está de manera permanente en el tapete en el ámbito ambiental. ¿Por qué? Porque es el recurso fundamental. Como alguien dijo alguna vez: "El sueldo de Chile".
Hoy día la industria del salmón constituye el segundo ingreso más significativo para el país. Excepcionalmente, aconteció el aumento de los ingresos derivados del litio el año pasado por condiciones de precio, pero les aseguro que este año no va a ser así.
Entonces, así como en el norte es connatural la industria minera, que no es precisamente muy amigable con el medioambiente y sobre la cual no escuchamos muchas expresiones ambientales en esta Sala -rara vez se ha oído una intervención de esa naturaleza-, en la zona sur austral es connatural el funcionamiento de ciertas actividades vinculadas al mar, porque la extensión de su territorio marítimo, su maritorio, es mucho más grande que su propia superficie terrestre, la que, aun así, ya es enorme para nosotros.
Por eso, frente a estas discusiones, habrá que exigir a quienes están haciendo mal las cosas que las hagan bien.
Pero hoy día estamos frente a una aprobación mucho más significativa que esta discusión pequeña, que evidentemente atenta contra el desarrollo de la zona austral, y tenemos que centrarnos en el objetivo mayor.
Se está aprobando hoy día una institucionalidad que a lo largo de muchos años se ha venido tratando de tramitar, de avanzar mediante este proceso.
Esa es la mayor relevancia de la situación.
Si algo la Ministra podrá decir después de la sesión en esta Sala, es que Chile está cumpliendo en términos de crear una arquitectura institucional en torno al tema ambiental.
Y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas es, sin duda, un paso relevantísimo para ello.
Con el mayor agrado, voto a favor.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Muchas gracias, señor Senador.
Le ofrezco la palabra al Senador Alejandro Kusanovic.
El señor KUSANOVIC.-
Gracias, Presidente.
La verdad es que en el tema de los parques nacionales y las reservas no podemos estar en contra.
Pero acá hay un tremendo desequilibrio, una irracionalidad, porque en las regiones extremas, como Magallanes y Aysén, no hemos sido consultados en cuanto a qué es parque y qué no es parque.
En Magallanes tenemos que el 60 por ciento del territorio ha sido declarado parque nacional. ¡60 por ciento! Y no le preguntaron a nadie. ¡El centralismo no le consultó absolutamente a nadie!
Tenemos el 90 por ciento del borde costero restringido a las actividades industriales. ¿Quién nos paga a los magallánicos por eso? ¿Quién nos compensa por tener eso? ¡Nadie! Se toman decisiones por el desarrollo futuro de Magallanes sin preguntarles a los magallánicos.
Y el peor problema es que, más encima, el Estado de Chile y todos en general dicen: "Oye, los salmoneros contaminan; los salmoneros hacen esto". Puede ser que la industria del salmón haya cometido errores, pero la equivocación más grande ha sido del Estado de Chile, porque no analizaba el material genético que llegaba desde Noruega a nuestro país. No tenía la capacidad y, si la tuvo, no
quería hacerlo, y nos metieron el virus ISA.
El tema de la relocalización está suspendido en Magallanes. La industria salmonera no tiene manera de rotar las concesiones porque no les dan la alternativa de relocalizarlas.
Y el Estado de Chile es el responsable de lo que está pasando. ¡Lo único que hace es atacar y atacar y atacar a la industria, una industria que habría superado la producción del valor del cobre totalmente si no se le hubieran puesto problemas, si el asunto se hubiera manejado en forma racional!
Hay que desarrollar tecnologías. Tenemos que trabajar todos, las universidades, el Estado, los privados, en desarrollar tecnología para ser cada vez más eficientes y contaminar lo menos posible. ¡Y no se hace! Solo se dice: "No, que se vayan". Yo pienso: ¡en un tiempo más no voy a poder salir al patio de mi casa porque va a ser parque nacional...!
Entonces, ¡hasta cuándo! ¿Cuál es el límite?
¡Más encima los que contaminaron no fuimos nosotros! Fue Europa, Estados Unidos; llevan 200 años contaminando, y ahora, que nosotros queremos desarrollarnos, no podemos hacerlo porque ellos ya coparon la cantidad de contaminación que era tolerable.
Yo creo que efectivamente hay que usar la última tecnología disponible, diseñar tecnología y contaminar lo menos posible, pero necesitamos desarrollarnos porque cada vez tiene que vivir más gente.
Y tenemos que consultarles a las personas de regiones. Yo creo que acá ha habido un abuso del centralismo con las zonas extremas, que ha tomado decisiones por los habitantes de la zona austral.
La verdad es que este asunto me tiene muy molesto.
A mí me parece que hay temas que se pueden hacer y desarrollar perfectamente. Acá no solo es la salmonicultura; hay una serie de industrias que van a estar afectadas.
Lamentablemente, yo creo que, antes de haber creado este organismo, debimos haber discutido otros puntos, haber llegado a acuerdos: cuántos parques y reservas vamos a tener en cada región y cómo vamos a actuar. Cuando tenemos un 20 por ciento, no hay ni un problema: podemos hacer lo que queramos. Pero, cuando tenemos un 60 o un 90 por ciento del borde costero limitado, es como decir: "Váyanse de acá porque la región completa va a ser un parque o un monumento natural".
Gracias.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
A usted, Senador.
Ofrezco la palabra al Senador Iván Flores.
El señor FLORES.-
Muchas gracias, señor Presidente.
Yo había pensado no intervenir en este proyecto porque tengo sentimientos encontrados con él.
Esta ha sido una muy larga tramitación, que colisionó con otro proyecto que veníamos trabajando desde la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, el de la creación del Servicio Nacional Forestal, dado que Conaf no da para más. La Contraloría lleva diecisiete años advirtiendo que, tal como está, no puede seguir existiendo y hay que transformarla en un servicio público.
Sin embargo, Presidente -y quiero ser muy responsable con lo que voy a decir-, Chile necesita una institucionalidad ambiental potente, moderna, que cuente con un presupuesto, una tecnología y una capacidad de recursos humanos que efectivamente nos permitan tener un país distinto.
Y esto lo digo porque el cambio climático nos está dando más que señales del abuso que hemos cometido con los equilibrios y el respeto a la fragilidad de los mismos en un mundo diverso.
No cabe ninguna duda de que Chile -y esto lo hemos dicho una y otra vez, y Cancillería también lo señaló hace algún tiempo- es uno de los diez países más susceptibles a los efectos del cambio climático. Y hemos sido tibios. Tenemos un país único, por nuestras condiciones cordilleranas de la Costa y de los Andes, por esa corriente maravillosa de Humboldt, que nos baña y nos genera una diversidad que nos distingue y nos hace un lugar único. Y hemos sido tibios con nuestro territorio, lleno de particularidades que nos maravillan, de las que hemos usufructuado y también abusado brutalmente.
Tenemos un desierto muy rico en biodiversidad, que no se nota, pero que de día y de noche está ahí, viva. No son solamente minerales; son comunidades humanas y animales que conviven, comunidades vegetales que nos sorprenden, pero que también evidencian una enorme fragilidad.
Tenemos una zona central con suelo y clima privilegiados para producir alimentos y que, sin embargo, hoy llora por agua.
Tenemos un majestuoso sur y un sur austral como fuente universal de aire y agua pura.
Y una corriente de Humboldt que, como ya dije, nos hizo ser únicos en el mundo, gracias a nuestro continente antártico, que se desmorona y que comienza a dar señales de un cambio irreversible.
Nuestro país y nuestra ciudadanía nos obligan a tener un sistema de cuidado natural y de producción sustentable.
Ese es el gran desafío de Chile.
Este proyecto no ha sido fácil de tramitar, primero por su absolutismo y por desconocimiento, y también -lo voy a decir en estos términos- por la precariedad presupuestaria. Durante décadas los guardaparques han hecho enormes esfuerzos por cuidar, por defender y -muchas veces, sin los recursos adecuados- por tratar de recuperar lo que nosotros, el resto de la comunidad, destruimos. Y la institucionalidad lo permite. Y los sacamos de la Conaf, siendo lo mejor de ella: nuestros guardaparques. A la mitad de los parques y áreas silvestres protegidas la tenemos sin un peso de presupuesto. Los parques que cobran entrada y recaudan alrededor de 14 mil millones de pesos por este concepto -es la cifra que recuerdo, de hace bastante tiempo- no reciben ni un peso de vuelta. Esa plata va al Tesoro Público. Y como contrapartida les entregan un presupuesto que apenas supera los 10 mil millones. Y -reitero- ¡los sacamos de la Conaf!
Termino señalando, Presidente, que mis sentimientos encontrados dicen relación, no con tener una institucionalidad ambiental, porque Chile la necesita, sino con si somos o vamos a ser capaces de fiscalizar la actividad productiva dentro de áreas que son tremendamente frágiles. Ya sabemos que fiscalizamos mal: los fraudes económicos, las colusiones, los líos que han ocurrido no han sido descubiertos producto de la institucionalidad fiscalizadora, sino porque la pelotera y las denuncias entre privados han quedado en la palestra.
Si le entregamos participación al mundo privado y lo hace bien, fantástico: se suple algo que el Estado no puede asumir. Pero, si lo hace mal, ¿quién fiscaliza? ¡Cuándo vamos a tener instituciones que fiscalicen si ya ha quedado demostrado en todas partes que no lo hacen, desde las autopistas concesionadas hasta lo que uno quiera!
Yo voy a votar a favor este proyecto, Presidente, pero con una gotita de dolor en mi corazón, porque creo que hoy día no estamos del todo preparados para asumir el desafío ambiental que Chile enfrenta.
Muchas gracias.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
A usted, Senador.
No hay más Senadoras ni Senadores inscritos.
Por lo tanto, para cerrar el debate, le ofrezco la palabra a la señora Ministra.
La señora ROJAS (Ministra del Medio Ambiente).-
Muchas gracias, Presidente.
Por su intermedio, quiero agradecerles a los Senadores y las Senadoras que hoy día han votado a favor del informe de la Comisión Mixta, con lo cual termina un largo recorrido para que Chile cuente por fin con la ley para la naturaleza que se merece.
Ya hemos escuchado en las intervenciones una cantidad muy importante de argumentos de por qué sí, por qué no, de manera que no me voy a alargar demasiado y solo me voy a referir a algunos de los temas que no han sido tocados.
El planeta atraviesa por una triple crisis, por tres problemas que están interrelacionados: el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Y es en este último punto donde estamos poniendo el énfasis el día de hoy.
La Plataforma Intergubernamental Científico-Política sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (más conocida como Ipbes) manifiesta que la biodiversidad se está perdiendo a un ritmo nunca antes registrado en la historia de la vida de nuestro planeta. Y cuando digo esto me refiero a una tasa de pérdida de biodiversidad que se estima incluso mayor a la quinta extinción masiva, esa que fue causada por un asteroide y que hizo que los dinosaurios desaparecieran del planeta. Tiene que haber durado algo así como uno o dos millones de años, y aquí estamos hablando de un siglo. Por lo tanto, si no hacemos nada, en un tiempo próximo se va a extinguir un millón de especies.
Ahora, esta pérdida no solo tiene efectos en la disponibilidad de recursos naturales y económicos, sino que también pone en riesgo el bienestar y la calidad de vida de la humanidad. Y los efectos los estamos viviendo ahora, no en el futuro.
Hemos hablado harto de las áreas protegidas y del tema con el que evidentemente no quedamos tranquilos ni contentos, que era la propuesta de prohibición de la acuicultura con especies exóticas que constituyan una amenaza para la biodiversidad en todas aquellas áreas.
Por eso, yo quisiera referirme a la parte de la que hemos conversado mucho menos, como es que el Servicio también cuenta con una cantidad muy importante de instrumentos para las zonas que se encuentran fuera de las áreas protegidas.
Solamente voy a nombrar algunos, puesto que son varios más.
El proyecto crea un sistema de información y monitoreo de la biodiversidad que hoy día no tenemos; contempla un instrumento de planificación ecológica, de clasificación de ecosistemas y de planes de manejo para la conservación; también considera planes de prevención, control y erradicación de especies exóticas invasoras para todo el territorio, y establece la administración de un sistema de certificación de biodiversidad y certificación de servicios ecosistémicos.
Quisiera terminar mis palabras agradeciendo a las organizaciones; a los guardaparques, que nos han acompañado prácticamente en todas las votaciones importantes -cada vez que hemos ingresado a una Comisión nueva han estado presentes; estuvieron la semana pasada esperando dos días aquí, en Valparaíso, poder celebrar esta votación-; a las distintas asociaciones de trabajadores y trabajadoras que se han hecho parte de la discusión a lo largo de la tramitación de la iniciativa. Sin ellos muchas de las grandes mejoras que se han introducido al proyecto durante todos estos años no habrían sido posibles.
Y por último quisiera agradecer a los parlamentarios y las parlamentarias de las distintas Comisiones en las cuales se ha tramitado, especialmente a las Senadoras Núñez y Allende y a los Senadores Latorre, Gahona, Walker, Durana y Moreira, quienes discutieron el proyecto en el tercer trámite en la Comisión de Medio Ambiente de esta Corporación.
Así que ya estamos muy cerca de contar en Chile con una ley de la naturaleza.
Muchas gracias, Honorable Senado.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
A usted, señora Ministra.
Señor Secretario, proceda a hacer el llamado correspondiente.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (28 votos a favor y 2 en contra).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Ebensperger, Gatica, Núñez, Órdenes, Pascual y Sepúlveda y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Edwards, Espinoza, Flores, Gahona, Galilea, García, Latorre, Moreira, Núñez, Ossandón, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Velásquez y Walker.
Votaron por la negativa los señores Kusanovic y Kuschel.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
En la Mesa se registran cinco pareos.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Por lo tanto, queda despachado el informe de la Comisión Mixta, que ahora pasa a la Cámara de Diputados.
Por haberse cumplido su objeto, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso a las peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
De la señora GATICA:
A la Ministra de Obras Públicas y al Director Nacional de Vialidad, solicitándoles información respecto de los siguientes proyectos para la comuna de La Unión: REPOSICIÓN DE PUENTE CANO RODRÍGUEZ, SECTOR MASHUE, Y PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS "ASFALTOS RUTA T-832, LAS VIOLETAS-YAQUITO, Y T-729 ROFUCO".
A la Ministra de Salud, al Subsecretario de Redes Asistenciales y al Jefe del Departamento de Estadísticas e Información de la Subsecretaría de Salud Pública, pidiéndoles remitir antecedentes sobre ESTADÍSTICAS DE ATENCIONES POR VIRUS RESPIRATORIOS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PÚBLICA; OCUPACIÓN DE CAMAS UCI POR PARTE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DERIVADOS POR VIRUS RESPIRATORIOS, Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PARA CAMPAÑA DE INVIERNO y acerca de ATENCIÓN DE PACIENTES EN LISTAS DE ESPERA ONCOLÓGICA EN PERÍODO 2022-2023 Y UTILIZACIÓN DE "CONVENIO PRESTACIONES A PARTICULARES DE SERVICIOS DE RADIOTERAPIA EN DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL BASE VALDIVIA".
Y al Ministro y a la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo; al Seremi del ramo de Los Ríos; al Director Regional del Serviu de Los Ríos, y al Alcalde y al Concejo Municipal de Paillaco, requiriéndoles INCORPORACIÓN DE PROYECTO HABITACIONAL DE COMITÉS DE VIVIENDA EL BOSQUE, CINCUENTENARIO Y UNIÓN Y PROGRESO, DE LA COMUNA DE PAILLACO, A BANCO DE SUELOS DE PLAN DE EMERGENCIA PARA PROCESO DE ADQUISICIÓN DE TERRENOS.
Del señor KEITEL:
A la Seremi de Educación y al Seremi de Salud del Biobío, pidiéndoles ACLARACIONES ANTE DENUNCIAS POR CONTENIDO Y ACTUACIÓN DE PROFESIONALES EN CHARLA DE EDUCACIÓN SEXUAL DIRIGIDA A ALUMNOS DE QUINTO BÁSICO DE ESCUELA VILLA CENTINELA SUR, DE TALCAHUANO.
De la señora ÓRDENES:
A la Subsecretaria de Educación Parvularia, recabando antecedentes referidos a CRITERIOS O NORMAS UTILIZADOS PARA DETERMINACIÓN DE PERÍODO DE RECESO DE JARDINES VTF EN REGIÓN DE AYSÉN Y MAGALLANES.
De la señora RINCÓN:
A la Ministra de Salud, solicitándole ordenar INSTRUCCIÓN DE SUMARIO RESPECTO DE PERSONAS RESPONSABLES DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE CAMAS CENTRALIZADA DEL MINISTERIO DE SALUD, A FIN DE ACLARAR HECHOS QUE DERIVARON EN EL FALLECIMIENTO DE NIÑA DE DOS MESES EN EL HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA, DE SAN ANTONIO.
Del señor SANHUEZA:
Al Contralor General de la República, a fin de que informe sobre TOMA DE RAZÓN DE CINCO REGLAMENTOS DICTADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS Y, DE NO SER ASÍ, PLAZOS ESTIPULADOS PARA ELLO.
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--Se levantó la sesión a las 21:13.
Mario Inostroza Sepúlveda
Jefe de la Redacción subrogante