REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 371ª
Sesión 27ª, en martes 6 de junio de 2023
Ordinaria
(De 16:42 a 19:44)
PRESIDENCIA DE SEÑOR JUAN ANTONIO COLOMA CORREA, PRESIDENTE,
SEÑOR FRANCISCO HUENCHUMILLA JARAMILLO, VICEPRESIDENTE, Y
SEÑORA XIMENA ÓRDENES NEIRA, PRESIDENTA ACCIDENTAL
SECRETARIOS, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR,
EL SEÑOR JULIO CÁMARA OYARZO, SUBROGANTE, Y
EL SEÑOR ROBERTO BUSTOS LATORRE, ACCIDENTAL
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Retamales, Karim
--Campillai Rojas, Fabiola
--Carvajal Ambiado, Loreto
--Castro González, Juan Luis
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cruz-Coke Carvallo, Luciano
--De Urresti Longton, Alfonso
--Ebensperger Orrego, Luz
--Edwards Silva, Rojo
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Flores García, Iván
--Gahona Salazar, Sergio
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--Gatica Bertin, María José
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Keitel Bianchi, Sebastián
--Kusanovic Glusevic, Alejandro
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Macaya Danús, Javier
--Moreira Barros, Iván
--Núñez Arancibia, Daniel
--Núñez Urrutia, Paulina
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pascual Grau, Claudia
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Saavedra Chandía, Gastón
--Sandoval Plaza, David
--Sanhueza Dueñas, Gustavo
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Van Rysselberghe Herrera, Enrique
--Velásquez Núñez, Esteban
--Walker Prieto, Matías
Concurrieron, además, la Ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Tohá Morales, y los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Álvaro Elizalde Soto, y de Justicia y Derechos Humanos, señor Luis Cordero Vega.
Asimismo, se encontraban presentes las Subsecretarias General de la Presidencia, señora Macarena Lobos Palacios, y de Hacienda, señora Heidi Berner Herrera.
Actuaron de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, titular, y el señor Julio Cámara Oyarzo, subrogante, y de Secretario General accidental y Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:42, en presencia de 24 señoras Senadoras y señores Senadores.
El señor COLOMA (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor COLOMA (Presidente).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 19ª, ordinaria, en 9 de mayo; 20ª, ordinaria, en 10 de mayo; 21ª, ordinaria, en 16 de mayo, y 22ª, especial, y 23ª, ordinaria, ambas en 17 de mayo de 2023, que no han sido observadas.
El señor COLOMA (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor BUSTOS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta, la cual, por ser un documento oficial, se inserta íntegramente y sin modificaciones.
Once Mensajes de S.E. el Presidente de la República
Con los tres primeros, hace presente la urgencia, en el carácter de "discusión inmediata", respecto de los siguientes proyectos de ley:
-El que modifica la ley N° 20.585, sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, con el objeto de fortalecer las facultades de los organismos reguladores y fiscalizadores y establecer las sanciones administrativas y penales que indica (Boletín N° 14.845-11).
-El que crea el Ministerio de Seguridad Pública (Boletín N° 14.614-07).
-El que establece un nuevo estatuto de protección a favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa (Boletines N°s 13.115-06 y 13.565-07, refundidos).
Con los tres siguientes, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", respecto de los siguientes proyectos de ley:
-El que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Boletín N° 9.404-12).
-El que exime del impuesto al valor agregado a los servicios sanitarios rurales a que se refiere la ley N° 20.998 (Boletín N° 15.901-05).
-El que modifica la Ley de Tránsito, para prevenir la venta de vehículos motorizados robados y sancionar las conductas que indica (Boletín N° 15.077-15).
Con el séptimo, hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", respecto del proyecto de ley que impulsa la participación de las energías renovables en la matriz energética nacional (Boletín N° 14.755-08).
Con el octavo y el noveno, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", respecto de los siguientes proyectos de ley:
-El que modifica el decreto N° 430, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.892 y sus modificaciones, Ley General de Pesca y Acuicultura, con el objeto de permitir a los pescadores artesanales desempeñarse como patrón o tripulante en cualquier región del país (Boletín N° 15.431-21).
-El que modifica diversos cuerpos legales para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple y establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional (Boletines N°s 14.090-07, 14.091-07, 14.092-07, 14.100-07 y 14.121-07, refundidos).
Con los dos últimos, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", respecto de las siguientes iniciativas:
-La que fortalece el vínculo entre el Hospital Clínico de la Universidad de Chile `Dr. José Joaquín Aguirre´ y el Sistema Nacional de Servicios de Salud (Boletín N° 15.486-11).
-La que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado (Boletín N° 15.975-25).
--Se toma conocimiento de los retiros y de las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
De S.E. el Presidente de la República
Con el que solicita el acuerdo del Senado para nombrar en el cargo de Ministra de la Excma. Corte Suprema a la señora Jessica Lourdes González Troncoso (Boletín N° S 2.402-05) (con urgencia del párrafo segundo del N° 5, del artículo 53 de la Carta Fundamental).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Siete de la Honorable Cámara de Diputados
Con el primero, informa que ha aprobado el proyecto de ley que modifica la ley N° 21.325 para ampliar el plazo de privación de libertad para la materialización de las expulsiones administrativas, correspondiente al Boletín N° 15.879-06 (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Con el segundo, comunica que ha aprobado el proyecto de ley que consolida el sistema de reconocimiento y promoción del desarrollo profesional docente como único sistema general de evaluación y fortalece los procesos de inducción y acompañamiento, correspondiente al Boletín N° 15.715-04 (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Pasa a la Comisión de Educación, y a la Comisión de Hacienda, en su caso.
Con el tercero, comunica que en sesión del día de ayer, ha dado su aprobación a la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que modifica la Ley de Alcoholes respecto de las sanciones administrativas, correspondiente al Boletín N° 12.643-06.
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a S.E el Presidente de la República.
Con el cuarto, informa que en sesión del día de ayer, ha aprobado las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para habilitar una prórroga progresiva en la renovación de las licencias de conducir, correspondiente al Boletín N° 15.647-15.
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto con sus antecedentes.
Con el quinto, informa que ha aprobado el proyecto de ley que adecua la legislación que indica en razón de la entrada en vigencia de las leyes N° 21.522, N° 21.523 y N° 21.527, correspondiente al Boletín N° 15.816-07 (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con el sexto, comunica que en sesión de esta fecha, ha dado su aprobación al proyecto de ley del Senado que modifica la pena para la radiodifusión no autorizada, correspondiente al Boletín N° 10.456-15, con las enmiendas que indica (con urgencia calificada de "simple").
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Con el último, comunica que en sesión del día de hoy, ha dado su aprobación al proyecto de ley del Senado que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en el ámbito de los recursos bentónicos, correspondiente al Boletín N° 12.535-21, con las enmiendas que señala (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
El señor COLOMA (Presidente).-
En relación con estos oficios, quiero dejar una breve constancia respecto de una resolución anterior.
Cuando se manda archivar el documento, en el caso del cuarto oficio, referido al proyecto que modificó la Ley de Tránsito, en el fondo, lo que se hace es tomar conocimiento de aquel en el entendido de que la iniciativa pasó a ser ley y se procede a archivar el documento.
Vamos a tratar de redactar en forma distinta esa cuenta en adelante para que se entienda que no es que se archive un proyecto, sino que ha sido aprobada una iniciativa de ley que se planteó en su momento, luego de lo cual internamente se archiva el respectivo documento.
Creo que eso es bueno para tener un orden más claro respecto de un archivo puro y simple y de otro archivo que surge por efecto de haberse acordado una normativa legal.
El señor BUSTOS (Prosecretario).-
¿Seguimos, Presidente?
El señor COLOMA (Presidente).-
Sí.
Del Excmo. Tribunal Constitucional
Remite resoluciones dictadas en procedimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto de las siguientes disposiciones:
-artículo 1°, inciso segundo, de la Ley Nº 18.216 (Rol N° 14027-23-INA).
-artículo 196 ter, inciso primero, segunda parte, de la Ley Nº 18.290 (Rol N° 14325-23-INA).
-artículos 472, y 476, inciso primero, del Código del Trabajo (Rol N° 14256-23-INA).
-palabra "sólo", contenida en el artículo 32, inciso primero, de la Ley N° 18.287, sobre Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local (Rol N° 14251-23-INA).
-artículos 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, y 10, del D.L. N° 776, de 1925, sobre Realización de Prenda (Rol N° 13491-22-INA).
-artículo 196 ter, inciso primero, parte final, de la Ley N° 18.290 (Rol N° 14347-23-INA).
-artículo 196 ter, inciso primero, parte final, e inciso segundo, parte primera, de la Ley N° 18.290 (Rol N° 14342-23-INA).
-artículo 202, del Código Civil (Rol N° 14275-23-INA).
-frases "cuando lo interpusiere el Ministerio Público"; y "de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero del artículo precedente", contenidas en el artículo 277, inciso segundo, del Código Procesal Penal (Rol N° 14273-23-INA).
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Remite copia de sentencia pronunciada en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad referido a la frase "Sólo serán susceptibles de apelación las sentencias que pongan término al juicio o hagan imposible su continuación, las que se pronuncien sobre medidas cautelares y las que fijen el monto de las liquidaciones o reliquidaciones", contenida en el artículo 476, inciso primero, del Código del Trabajo (Rol N° 13327-22-INA).
--Se manda archivar el documento.
Del Tribunal Calificador de Elecciones
Remite copia autorizada de la sentencia de Calificación y Proclamación y Acta de Proclamación de la elección del Consejo Constitucional.
--Se toma conocimiento.
De la señora Ministra de Obras Públicas
Responde inquietud del Honorable Senador señor Keitel, referida a las gestiones realizadas para acelerar la habilitación del Estadio Olegario Henríquez, de la comuna de San Antonio, que presenta falencias en su construcción.
Atiende petición del Honorable Senador señor Flores, en orden a adoptar medidas urgentes para solucionar la grave situación de seguridad vial que se observa en la ruta Paillaco-Valdivia, en la región de Los Ríos.
Del señor Subsecretario del Interior
Da respuesta al Honorable Senador señor Keitel, sobre la posibilidad de incorporar a todas las comunas de la región del Biobío al plan "Calles sin Violencia".
De la señora Subsecretaria de Educación
Atiende inquietudes formuladas por el Honorable Senador señor Latorre, sobre diversas materias de competencia de la Secretaría de Estado de Educación.
De la señora Subsecretaria de Previsión Social (S)
Se refiere a petición del Honorable Senador señor Espinoza, en que solicita analizar la factibilidad de aumentar la pensión de exonerado político a la persona que señala, residente en el sector de Las Quemas, de Puerto Montt.
Del señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de La Reina
Envía antecedentes referidos al proyecto de ley que autoriza construir un memorial y circuito de memoria, en la comuna de La Reina, en recuerdo de las víctimas de la Caravana de la Muerte, correspondiente al Boletín N° 15.278-24.
Del señor Contralor Regional de Los Ríos
Informa al tenor de lo planteado por la Honorable Senadora señora Gatica, en relación con la situación que afecta a la persona que indica, que no ha recibido las obras comprometidas en su vivienda por parte de la empresa constructora que menciona.
Del señor Director del Servicio Nacional de Migraciones
Contesta, de forma reservada, consulta del Honorable Senador señor Araya, relativa a la Visa de Responsabilidad Democrática y a la Visa de Reunificación Familiar que otorga el país.
Del señor Jefe del Departamento de Fuerzas Armadas, Seguridad, Presidencia, Hacienda y Relaciones Exteriores de la Contraloría General de la República
Contesta consulta de los Honorables Senadores señora Órdenes, señores Lagos, Quintana y Soria, y de los exsenadores señora Muñoz y señores Girardi y Harboe, acerca de la legalidad del proceso de repatriación de ciudadanos bolivianos que fueron trasladados hasta la región de Tarapacá, desde la comuna de Providencia.
Remite informe sobre inspección solicitada por el exsenador señor Girardi, respecto de la proliferación de la venta clandestina de alcoholes mediante redes sociales.
De la señora Jefa de la Unidad de Seguimiento y apoyo al Cumplimiento de la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago
Comunica seguimiento al informe final que indica, sobre auditoría al proceso de acreditación institucional en la Comisión Nacional de Acreditación.
--Se toma conocimiento y quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
De la Comisión Bicameral del artículo 66 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, por el que informa la propuesta para designar como integrante del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, al ex Ministro de Hacienda, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán, en reemplazo del señor Rodrigo Valdés Pulido, por lo que resta del periodo legislativo (Boletín N° S 2.404-14).
De la Comisión Mixta, recaído en el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Boletín Nº 9.404-12) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
De la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena a la ciudadana belga Bénédicte Marie Gertrude De Pauw Borzee (Boletín N° 12.746-17).
De la Comisión de Seguridad Pública, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, en materia de denominación de los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile que indica (Boletín N° 15.861-25), y en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre nomenclatura aplicable a los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile que señala (Boletín N° 15.934-25).
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que exime del impuesto al valor agregado a los servicios sanitarios rurales a que se refiere la ley N° 20.998 (Boletín Nº 15.901-05) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
Segundo informe de la Comisión de Agricultura, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 21.435, que reforma el Código de Aguas, para ampliar el plazo de inscripción y regularización de derechos de aprovechamiento de aguas (Boletines N°s 15.588-33, 15.597-33, 15.667-33 y 15.784-33, refundidos) (con urgencia calificada de "suma").
--Quedan para Tabla.
Moción
De los Honorables Senadores señor Coloma, señora Ebensperger, y señores Galilea y Huenchumilla, con la que inician un proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, en materia de asignación de locales de votación y establecimiento de un procedimiento de reclamación para los casos que indica (Boletín N° 15.976-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Proyecto de Acuerdo
De los Honorables Senadores señor Edwards, señoras Aravena, Ebensperger, Gatica, Núñez y Rincón, y señores Castro Prieto, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, Durana, Flores, Gahona, Galilea, García, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Macaya, Ossandón, Prohens, Pugh, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe y Walker, por el que efectúan una declaración expresando su solidaridad con la población de la República de Sudán, afectada por un reciente conflicto bélico, y apoyando las acciones destinadas a otorgar protección a los civiles y facilitar el flujo de ayuda humanitaria, en los términos que indican (Boletín N° S 2.401-12).
--Queda para ser votado en su oportunidad.
Permiso Constitucional
Del Honorable Senador señor Ossandón, a contar del día 28 de junio de 2023, en virtud del artículo 60 de la Carta Fundamental.
El señor COLOMA (Presidente).-
Se toma conocimiento y, si le parece a la Sala, se accede a lo solicitado.
--Se autoriza el permiso.
Comunicación
De la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales, por la que solicita que el Informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las discrepancias surgidas entre ambas Cámaras durante la tramitación del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Boletín N° 9.404-12) sea considerado en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria que se celebrará el día 7 de junio de 2023 y, en caso que no fuere posible, considerar se establezca un límite de tiempo para el despacho de las iniciativas signadas con los números 1 y 2 del Orden del Día, o bien, en el evento que no se pudiere acceder a las alternativas solicitadas, establecer que el Informe de la Comisión Mixta sea considerado hasta su total despacho.
--Se toma conocimiento.
El señor COLOMA (Presidente).-
Respecto a este último punto, voy a dar una pequeña explicación.
Los Comités, de manera unánime, acordaron una forma de tramitación distinta para el señalado proyecto. Yo entiendo la filosofía de ello, y mañana al inicio de la sesión voy a proponer una alternativa para tratar los primeros puntos de la tabla que nos permita acceder a esta petición, consistente en votar la iniciativa que está en el tercer lugar.
O sea, vamos a buscar una forma de tramitación de los proyectos para que esto sea posible, la que sugeriré mañana. Ahora solo puedo tomar conocimiento de esto, en virtud del acuerdo al que llegaron los Comités.
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El señor COLOMA (Presidente).-
Ofrezco la palabra sobre la Cuenta.
Senador Ossandón, tiene la palabra.
El señor OSSANDÓN.-
Gracias, Presidente.
Quiero, después del acuerdo al que se llegó entre el Ejecutivo y la Comisión de Seguridad, solicitar el asentimiento de la Sala para abrir un plazo para presentar indicaciones, hasta el día de mañana, a las 10, en el proyecto que crea el nuevo Ministerio de Seguridad Pública.
El señor COLOMA (Presidente).-
¿Les parece abrir un plazo de indicaciones hasta mañana, a las 10?
--Así se acuerda.
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El señor COLOMA (Presidente).-
Senadora Ebensperger, tiene la palabra.
La señora EBENSPERGER.-
Gracias, Presidente.
Quiero solicitar autorización a la Sala -por su intermedio- para discutir en general y en particular el proyecto, en segundo trámite constitucional, relativo al artículo 38 bis de la Constitución Política de la República, correspondiente al boletín Nº 14.819-07.
Gracias, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Si les parece, accederemos a la solicitud.
El señor MOREIRA.-
Sí, Presidente.
--Así se acuerda.
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El señor COLOMA (Presidente).-
Senador Ossandón, entiendo que lo que iba a solicitar el Senador Kast era lo mismo que pidió usted, ¿cierto?
El señor OSSANDÓN.-
Sí. Como él no está, hice yo la petición.
El señor COLOMA (Presidente).-
Perfecto.
Era una duda que había en la Secretaría.
Muchas gracias.
Vamos a la tabla, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señor Presidente.
ACUERDO ENTRE CHILE Y COREA EN MATERIA DE COOPERACIÓN EN DEFENSA
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El señor Presidente pone en discusión, en tabla de Fácil Despacho, el proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Corea en materia de cooperación en defensa, suscrito en Seúl el 29 de abril del 2019, iniciativa correspondiente al boletín N° 15.381-10, y que cuenta con informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda.
--A la tramitación legislativa de este proyecto de acuerdo (boletín 15.381-10) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Este proyecto de acuerdo aprueba un instrumento cuyo objetivo es promover los vínculos de amistad entre las partes mediante la cooperación en materia de defensa, sobre la base de los principios de igualdad, reciprocidad, beneficio mutuo y el respeto a las legislaciones nacionales.
La Comisión de Relaciones Exteriores hace presente que, por tratarse de un proyecto de artículo único, y en conformidad a lo prescrito en el artículo 126 del Reglamento de la Corporación, propone a la Sala discutirlo en general y en particular a la vez.
Asimismo, dicha Comisión consigna que el artículo 6 del acuerdo internacional en referencia tiene el carácter de norma de quorum calificado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8°, inciso segundo, en relación con el artículo 66, inciso segundo, de la Constitución Política de la República, ya que establece reserva o secreto de la información que se entrega, por lo que requiere de 25 votos favorables para su aprobación.
Finalmente, la mencionada instancia registra que aprobó el proyecto de acuerdo en general y en particular por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señores Chahuán, Edwards, Insulza, Moreira y Quintana.
La Comisión de Hacienda, por su parte, adoptó idéntica resolución, sancionando el artículo único del proyecto de acuerdo por la unanimidad de sus integrantes presentes, Honorables Senadores señores Coloma, García y Lagos.
Además, deja constancia del informe financiero considerado, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
El texto que se propone aprobar se transcribe en la página 9 del informe de la Comisión de Relaciones Exteriores y en la página 6 del informe de la Comisión de Hacienda.
Es todo, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Gracias, Secretario.
Senador Chahuán, tiene la palabra para dar el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
El señor CHAHUÁN.-
Presidente, Honorable Sala, la Comisión de Relaciones Exteriores tiene el honor de informar el proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Corea en materia de cooperación en defensa, suscrito en Seúl el 29 de abril del año 2019, e iniciado en mensaje de Su Excelencia el señor Presidente de la República, de fecha 26 de julio del 2022.
Se dio cuenta del proyecto ante la Sala del Honorable Senado en sesión celebrada el 4 de octubre de 2022, donde se dispuso su estudio por las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda, en su caso.
Cabe señalar que el artículo 6 del proyecto de acuerdo tiene el carácter de norma de rango de quorum calificado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8°, inciso segundo, de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 66, inciso segundo, de la misma Carta Fundamental, ya que establece reserva o secreto de la información que se entrega.
En cuanto a los aspectos técnicos, el proyecto de acuerdo es de artículo único y aprueba el Acuerdo referido, el cual consta de un preámbulo y nueve artículos, y cuyo objetivo es promover los vínculos de amistad entre las partes, mediante la cooperación en materia de defensa, sobre la base de los principios de igualdad, reciprocidad, beneficio mutuo y el respeto a las legislaciones nacionales.
Es relevante mencionar que la Comisión se dedicó al estudio de este proyecto el 11 de abril del 2023. A dicha instancia asistieron, del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Directora General de Asuntos Jurídicos, señora Cecilia Cáceres, y el Jefe del Departamento de Tratados y Asuntos Legislativos, señor Pedro Ortúzar; y del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Defensa, la Jefa de la División de Relaciones Internacionales
, señora Karen Meier, y el Jefe del Departamento de Cooperación Internacional
, señor Valentín Segura.
En dicha sesión se discutió, principalmente, sobre la importancia de la relación entre Chile y Corea, en especial en el área de defensa, el contenido e implicancias del acuerdo y los países y organizaciones internacionales con los que se han firmado acuerdos similares.
Cabe resaltar que Chile y Corea ya tienen en vigor un acuerdo sobre cooperación en los ámbitos de la industria de defensa y el apoyo logístico, el cual se firmó el año 2015. De esta forma, el presente instrumento viene a ampliar la cooperación a otras áreas, como el intercambio de experiencias e información relacionadas con la defensa; operaciones de paz; asistencia humanitaria; ciberdefensa; ciberseguridad; tecnología, medicina, educación y formación militar, y experiencias sobre manejo de crisis frente a desastres y catástrofes naturales.
Finalmente, se deja constancia de que el proyecto de acuerdo fue aprobado en general y en particular por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Senadores señores Edwards, Insulza, Moreira, Quintana y quien habla.
Es cuanto puedo informar a esta Honorable Sala, y pido la aprobación de este importante proyecto para la cooperación entre la República de Chile y el Gobierno de la República de Corea en materia de defensa.
He dicho.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias, Senador Chahuán.
Le ofrezco la palabra, para que dé el informe de la Comisión de Hacienda, al Senador Lagos Weber.
El señor LAGOS.-
Muchas gracias, señor Presidente.
A la Comisión de Hacienda le tocó conocer este proyecto en aquellas materias propias de la competencia de dicha instancia, por mandato de la Sala de octubre del año pasado.
Tal como indicó el Senador informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, en la Comisión de Hacienda también participaron, por parte de la Subsecretaría de Defensa, la Jefa de la División de Relaciones Internacionales, la señora Karen Meier, y el Jefe del Departamento de Cooperación Internacional, el señor Valentín Segura.
Conforme a lo señalado por la representante de la División de Relaciones Internacionales de la Subsecretaría de Defensa, este acuerdo con Corea, firmado el año 2019, busca ampliar el marco de cooperación con ese país, lo cual resulta relevante para los intereses de Chile en el Asia-Pacífico.
Junto a lo anterior, se amplía la cooperación, pasando de un acuerdo que se firmó el 2015, cuya base era la industria y el apoyo logístico, a extenderse a otras materias, como el intercambio de experiencias y formación en defensa, ciberdefensa, ciberseguridad, educación, industria, deporte, medicina militar, entre otros temas; dejando abierta la posibilidad de incluir otros asuntos de mutuo interés.
Se destaca, desde el punto de vista de las materias que son propias de la Comisión de Hacienda, el artículo 5, que se refiere a los gastos y establece que cada parte va a sufragar los que surjan de este acuerdo de cooperación, los que además quedarán sujetos a la disponibilidad financiera de las partes.
Es decir, cada parte asume sus propios gastos y, aun adquiriendo compromisos, estos se van a materializar en la medida que existan los recursos correspondientes.
Quiero señalar que este proyecto de artículo único fue aprobado en particular por la unanimidad de los miembros presentes, Senadores Coloma, García y Lagos.
Y respecto al informe financiero N° 147, este señala que: "En consideración a que el Acuerdo no incorpora en su articulado materias relacionadas con la transferencia de recursos, su aplicación no irrogará un mayor gasto fiscal".
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
Gracias.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias, Senador Lagos.
Ofrezco la palabra sobre este proyecto.
El señor CHAHUÁN.-
¡Abra la votación, Presidente!
El señor COLOMA (Presidente).-
Corresponde abrirla porque no hay nadie más inscrito.
Hay normas de quorum especial.
En votación.
Están sonando los timbres.
(Luego de unos instantes).
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor WALKER.-
¿Es Corea del Norte o del Sur? No lo dice el proyecto.
El señor COLOMA (Presidente).-
Es la República de Corea. Estudiamos la identificación internacional y corresponde a Corea del Sur. Eso fue parte de la discusión que hubo en la Comisión.
Cerrada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo (30 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple el
quorum
constitucional exigido, y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Carvajal, Ebensperger, Gatica, Núñez, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Gahona, Galilea, Huenchumilla, Kuschel, Lagos, Latorre, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.
El señor COLOMA (Presidente).-
Aprobado el Acuerdo con la República de Corea, que corresponde a Corea del Sur.
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El señor COLOMA (Presidente).-
Solicito autorización para que la Subsecretaria Macarena Lobos pueda ingresar a la Sala.
--Se autoriza.
El señor COLOMA (Presidente).-
Vamos al Orden del Día.
PROPUESTA DE COMISIÓN BICAMERAL PARA DESIGNAR INTEGRANTE DE CONSEJO RESOLUTIVO DE ASIGNACIONES PARLAMENTARIAS POR TIEMPO RESTANTE A SEÑOR NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El señor Presidente pone en discusión la proposición de la Comisión Bicameral del artículo 66 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional relativa a la designación del integrante faltante del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, asunto que corresponde al boletín No S 2.404-14.
--A la tramitación legislativa de esta materia (boletín S 2.404-14) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
La referida Comisión consigna que, en su oportunidad, se aprobó el nombramiento del señor Rodrigo Valdés Pulido para integrar el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, desempeñando el cargo de consejero correspondiente a un ex Ministro de Hacienda o de Economía o un ex Director de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, para el período legislativo que se inició el 11 de marzo de 2022.
Posteriormente, con fecha 19 de abril de 2023, el señor Valdés presentó su renuncia a dicho cargo, a contar del 30 del mismo mes.
En atención a lo expuesto, la Comisión Bicameral acordó someter a consideración de ambas Cámaras su propuesta para proveer el referido cargo vacante en el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, designando, por el período que le restaba al integrante sustituido, al señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán para ejercer el cargo de consejero correspondiente a un ex Ministro de Hacienda, Secretaría de Estado en la que se desempeñó durante el período comprendido entre los años 2000 y 2006.
Concurrieron con su voto favorable a este acuerdo los Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Prohens y Sandoval y los Honorables Diputados señores Hirsch y Sáez, y se abstuvo el Honorable Diputado señor Irarrázaval.
En la forma expuesta, concluye la Comisión, se ha dado cumplimiento a los requisitos y formalidades que establece la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para elaborar la proposición de nombramiento del integrante faltante del referido consejo, la que se somete a consideración de ambas Corporaciones.
Finalmente, la Comisión hace presente que la proposición de nombramiento requiere, para ser aprobada, el voto conforme de los tres quintos de las señoras Senadoras y los señores Senadores en ejercicio, esto es, al día de hoy, 29 votos favorables.
Es todo, señor Presidente.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador Pedro Araya.
El señor ARAYA.-
Gracias, Presidente.
La Comisión Bicameral, establecida en el artículo 66 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, tiene el honor de proponer la designación del integrante faltante del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias para el período legislativo que se inició el 11 de marzo de 2022.
Hacemos presente que la proposición de nombramiento de los integrantes del referido Consejo requiere, para ser aprobada, el voto conforme de los tres quintos de los Senadores y Diputados en ejercicio, a propuesta de una Comisión Bicameral, de conformidad con lo que dispone el inciso séptimo del artículo 66 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
En primer lugar, cabe tener presente que dicho artículo dispone que existirá una entidad denominada "Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias", cuya tarea será determinar el monto, el destino, la reajustabilidad y los criterios de uso de los fondos públicos asignados por cada Cámara para financiar el ejercicio de la función parlamentaria.
El inciso tercero del mencionado artículo 66 prescribe que el Consejo estará integrado por un ex consejero del Banco Central; un ex decano de una facultad de administración, de economía o de derecho de cualquier universidad reconocida oficialmente por el Estado; un ex Senador que se haya desempeñado como parlamentario durante un mínimo de ocho años; un ex Diputado que se haya desempeñado como parlamentario durante un mínimo de ochos años, continuos o discontinuos; y un ex Ministro de Hacienda, un ex Ministro de Economía o un ex Director de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.
El inciso cuarto del mismo precepto legal agrega que dichos integrantes serán nombrados por un período de cuatro años y que podrán ser reelegidos en sus cargos.
El inciso séptimo establece que los mencionados consejeros serán elegidos por los tres quintos de los Senadores y Diputados en ejercicio.
En este sentido, el artículo 7o del Reglamento del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias establece que la función de consejero es incompatible con el desempeño de los cargos de ministro de Estado; subsecretario; intendente; gobernador; consejero regional; alcalde; concejal; jefe de servicio; miembro del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional o del Tribunal Calificador de Elecciones; consejero del Banco Central; parlamentario y empleado del Congreso Nacional.
Además, se precisa que tampoco pueden ser consejeros los cónyuges ni las personas que tengan relaciones de parentesco con un Diputado o Senador hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ambos inclusive.
La Comisión Bicameral acordó designar al señor Rodrigo Valdés Pulido, quien ejerció como Ministro de Hacienda entre los años 2015 y 2017, para desempeñar el cargo correspondiente a un ex Ministro de Hacienda o de Economía o un ex Director de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, para el período legislativo que comenzó el 11 de marzo de 2022.
Con posterioridad a la elección del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, el señor Valdés presentó su renuncia con fecha 19 abril de 2023, a contar del día 30 del mismo mes.
Dado lo anterior, desde el 1 de mayo se encuentra vacante un cargo de consejero que debe ser ocupado por un ex Ministro de Hacienda o de Economía o un ex Director de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.
Para proveer dicha vacante la Comisión Bicameral, de conformidad con lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 66 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, citó a una sesión con fecha 31 de mayo.
En cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones ya indicadas, la Comisión procedió a analizar los antecedentes relativos a este nombramiento.
De esta forma, propone al señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán, quien se desempeñó como Ministro de Hacienda en el período comprendido entre los años 2000 y 2006, como integrante del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, con el objeto de completar el período faltante.
Es todo cuanto puedo informar, Presidente.
Solicito que se apruebe esta nominación.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Bien.
Vamos a abrir la votación.
Pido que toque los timbres, señor Secretario, y que los Jefes de Comités se preocupen de que los Senadores estén presentes.
Necesitamos 29 votos.
En votación.
(Luego de unos instantes).
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba la propuesta de la Comisión Bicameral para designar como integrante del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias al señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán, dejándose constancia de que se cumple con el
quorum
legal exigido (33 votos a favor y 1 en contra).
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Carvajal, Ebensperger, Gatica, Núñez, Órdenes, Pascual, Provoste y Rincón y los señores Araya, Coloma, De Urresti, Gahona, Galilea, García, Huenchumilla, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Latorre, Macaya, Moreira, Núñez, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.
Votó por la negativa el señor Bianchi.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Aprobada la proposición.
La señora SEPÚLVEDA.-
Presidente.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Senadora Sepúlveda, tiene la palabra.
La señora SEPÚLVEDA.-
Quisiera que se pudiera sumar mi voto favorable.
Muchas gracias.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Sí, señora Senadora.
La señora ALLENDE.-
Solicito lo mismo, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Quedará consignada la intención de voto favorable de ambas Senadoras, así como la del Senador señor Chahuán.
Vamos al segundo proyecto, señor Secretario.
NUEVO ESTATUTO DE PROTECCIÓN EN FAVOR DE DENUNCIANTE DE ACTOS CONTRA LA PROBIDAD ADMINISTRATIVA. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El señor Presidente pone en discusión el informe de la Comisión Mixta constituida de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República, a fin de proponer la forma y modo de resolver las divergencias suscitadas entre la Cámara de Diputados y el Senado durante la tramitación del proyecto de ley que establece un nuevo estatuto de protección en favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa, correspondiente a los boletines Nos 13.115-06 y 13.565-07, refundidos.
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho, calificándola de "discusión inmediata".
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletines 13.115-06 y 13.565-07, refundidos) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Cabe recordar que el Senado inició el estudio de esta iniciativa en sesión del 31 de mayo de 2023, oportunidad en la cual fue retirada la urgencia para su despacho, quedando pendiente su discusión.
Para efectos de continuar su análisis, es dable reiterar lo siguiente.
Este proyecto de ley inició su tramitación en la Cámara de Diputados, la que aprobó un texto cuyo objetivo es fortalecer la probidad pública; establecer un nuevo sistema de recepción de denuncias por hechos constitutivos de infracciones disciplinarias o de faltas administrativas y hechos constitutivos de corrupción, o que afecten bienes o recursos públicos, cometidos al interior de la Administración del Estado; y reforzar las medidas de protección para el denunciante.
El Senado, en el segundo trámite constitucional, introdujo diversas modificaciones a la iniciativa, las que fueron aprobadas por la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, con excepción de las recaídas en el artículo 9, que se refiere a medidas preventivas; en el artículo 11, sobre tramitación e impugnación de tales medidas y en el artículo 16, nuevo, sobre denuncias a personas e instituciones privadas que perciban fondos fiscales por leyes permanentes.
Por consiguiente, el rechazo a las enmiendas relativas a estas disposiciones dio lugar a la formación de la respectiva Comisión Mixta.
Sin embargo, la referida instancia, por la unanimidad de sus integrantes presentes, acordó debatir, además de las normas objeto de la controversia, la propuesta formulada por el Ejecutivo en torno al proyecto de ley con modificaciones a sus artículos 1, 3, 4, 10, 11, 12, 14, 18 y 19.
Finalmente, la Comisión Mixta, por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señoras Aravena y Vodanovic y señor Velásquez y Honorables Diputados señora Pérez Salinas y señores Berger, Benavente, Jouannet y Soto Ferrada, como forma y modo de resolver las discrepancias producidas entre ambas Cámaras, acordó proponer lo siguiente:
-Mantener las normas aprobadas por el Senado respecto de los artículos 9 y 16.
-En cuanto al artículo 11, eliminar la norma aprobada por el Senado, en atención a que acogió la propuesta del Ejecutivo de sustituir el mismo artículo.
-Aprobar las propuestas formuladas por el Ejecutivo respecto de las disposiciones antes enunciadas.
Asimismo, la Comisión hace presente que su proposición debe ser aprobada con rango orgánico constitucional, toda vez que incide en materias de esa índole, por lo que requiere 25 votos favorables para su aprobación.
Cabe señalar también que en sesión de 31 de mayo la Cámara de Diputados aprobó la proposición formulada por la Comisión Mixta. Corresponde, por tanto, que el Senado se pronuncie respecto de las propuestas efectuadas por la referida Comisión.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición se transcribe el texto aprobado por la Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional; las modificaciones introducidas por el Senado en el segundo trámite constitucional; las enmiendas rechazadas por la Cámara de origen; y la propuesta acordada por la Comisión Mixta, como forma y modo de resolver estas divergencias.
Es todo, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias, Secretario.
Ofrezco la palabra para que se entregue el informe.
Tengo inscrita a la Senadora Allende.
La señora ALLENDE.-
No es para eso.
El señor COLOMA (Presidente).-
Está bien.
Senadora Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.-
Pedí la palabra para hablar, no para dar el informe.
El señor COLOMA (Presidente).-
Okay.
Entonces, ¿quién va a entregar el informe de la Comisión Mixta?
La señora EBENSPERGER.-
El Senador Velásquez.
El señor COLOMA (Presidente).-
Senador Velásquez, tiene la palabra.
El señor VELÁSQUEZ.-
Gracias, Presidente.
En cierta medida, el Secretario en su relación planteó bastante de lo que tenía preparado. Pero, para mayor descripción respecto de lo que se va a votar, quiero señalar que el 11 de diciembre del año 2019 se presentó esta moción en la Cámara de Diputados con el propósito de promover la denuncia de delitos y otros hechos irregulares de los que se tenga conocimiento, por parte de los funcionarios públicos.
El objetivo del proyecto es establecer un nuevo sistema de recepción de denuncias de actos contrarios a la probidad administrativa, a cargo de la Contraloría General de la República, y reforzar las medidas de protección en favor del denunciante.
Respecto a la Comisión Mixta, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa, en primer trámite constitucional, que establece un nuevo estatuto de protección en favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa, a la que el Senado, en el segundo trámite constitucional, introdujo diversas modificaciones, la mayoría de las cuales la Cámara de Diputados aprobó, en tercer trámite constitucional, salvo las contenidas en el inciso primero del artículo 9, el artículo 11 y el artículo 16, nuevo.
La primera de estas normas, el artículo 9, establece las medidas preventivas de protección en favor del personal de la Administración del Estado, que el denunciante puede solicitar a la Contraloría, de las cuales el Senado, en el segundo trámite, eliminó las que estimó impracticables. La Cámara, en el tercer trámite, rechazó su eliminación.
La segunda discrepancia, el artículo 11, dice relación con los recursos que puede ejercer el denunciante respecto de la concesión de las medidas de protección por parte de la Contraloría, norma reemplazada por el Senado, básicamente para establecer la posibilidad de solicitarlas de nuevo con nuevos antecedentes, lo cual fue rechazado por la Honorable Cámara en el tercer trámite constitucional.
La tercera es respecto del artículo 16, nuevo, que introdujo el Senado, para permitir que se utilice el mismo canal de denuncia en contra de instituciones y personas privadas que perciban fondos fiscales por leyes permanentes a título de subvención o aporte del Estado, norma que fue rechazada por la Cámara en el tercer trámite constitucional.
Constituida la Comisión Mixta, con fecha 5 de abril del presente recibió en audiencia a la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señora Valeria Lübbert, quien expresó que el Gobierno estaba trabajando en una estrategia nacional de integridad, en la que uno de los pilares fundamentales sería la función pública. Expresó que el proyecto busca ampliar el ámbito de los denunciantes protegidos a los estudiantes en práctica, pasantías y similares; incorporar el seguimiento de las denuncias que no reúnan los requisitos establecidos; modificar las normas de reserva del denunciante; establecer que estas operan de pleno derecho y mientras subsista el riesgo de represalias; cambiar la tramitación de las medidas de protección, y establecer incentivos para la autodenuncia de infracciones disciplinarias o faltas administrativas relacionadas con la corrupción.
En sesión posterior, del 19 de abril, el Contralor General de la República, señor Jorge Bermúdez, hizo presente a la Comisión que la Contraloría se ha movido orientada por dos planes estratégicos, uno del 2016-2020 y otro que corresponde al 2021-2024, dirigidos a impactar positivamente en la buena administración, de manera de alinear todo el trabajo hacia la promoción de la integridad y la lucha contra la corrupción; manifestó su respaldo a esta iniciativa e instó a que se aprobaran otras dirigidas al mismo objetivo, que aún siguen en tramitación en el Congreso Nacional.
En sesión de 10 de mayo el Ejecutivo presentó el mensaje 053-371, que consigna una serie de modificaciones al articulado ya aprobado por ambas Cámaras, como forma y modo de resolver las divergencias surgidas durante la tramitación del proyecto, aprobando, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, incorporar tales disposiciones al debate a fin de alcanzar una fórmula de solución a la controversia, con la votación que consignada.
En seguida, y tal como se indica en este informe, se acogió la propuesta del Ministro Secretario General de la Presidencia, quien manifestó que todas las modificaciones dicen relación con la idea matriz del proyecto. Se sometieron a votación las propuestas del Ejecutivo, las cuales resultaron aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables Senadoras señoras Carmen Gloria Aravena y Paulina Vodanovic y el Senador que habla y los Honorables Diputados señora Catalina Pérez Salinas y señores Bernardo Berger Fett, Gustavo Benavente Vergara, Andrés Jouannet Valderrama y Leonardo Soto Ferrada.
Con igual votación se acordó mantener las modificaciones del Senado, excepto las recaídas en el artículo 11, reemplazado en la propuesta anterior, todo lo cual se consigna en las páginas 17 a 22 del presente informe.
De acuerdo a lo señalado, la Comisión Mixta, por unanimidad de sus miembros presentes, propone a la Sala aprobar su propuesta como forma y modo de resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto.
Es todo cuanto puedo informar, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias, Senador.
Tiene la palabra la Senadora Luz Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.-
Gracias, Presidente.
Efectivamente, la Comisión Mixta tenía por objeto, como aquí se ha señalado, resolver tres controversias.
El artículo 9, que establece las medidas preventivas de protección a favor de los funcionarios de la Administración del Estado. El Senado mantuvo las medidas introducidas por la Cámara eliminando algunas, pero se mantiene, de acuerdo a la Comisión Mixta, lo propuesto por el Senado.
En el artículo 11, que establece las normas de tramitación de las medidas de protección al denunciante, su inciso tercero fue sustituido por el Senado y luego rechazado por la Cámara, manteniéndose lo que hizo el Senado.
Por último, el Senado agregó un nuevo artículo 16, que fue rechazado por la Cámara, pero la Comisión Mixta mantuvo lo aprobado por el Senado.
Sin embargo, además de estas tres materias que debía resolver la Comisión Mixta, esta instancia propone ocho nuevas normas que no eran objeto de su análisis.
Y lo dije la semana pasada, Presidente.
Uno puede estar de acuerdo o no con las nuevas normas que se introdujeron.
En el artículo 1 se agrega un nuevo párrafo a su inciso segundo para incluir nuevas personas protegidas, que no son funcionarios públicos.
En el artículo 3 se introduce un nuevo párrafo en su inciso tercero, para establecer que el sistema que administra la Contraloría General de la República tiene que asegurar ciertos elementos que ahí se señalan.
En el artículo 4 se intercala un nuevo inciso segundo para permitir que el denunciante al que no le interesa mantener el anonimato pida altiro algunas medidas de protección establecidas en el artículo 9.
El artículo 10 se sustituye para establecer que la Contraloría General concederá estas medidas de protección y las mantendrá mientras exista el riesgo.
En el artículo 12, para incorporar, además del que hace la denuncia, al que haya participado en calidad de testigo.
En el artículo 14 se incorporan los incisos cuatro y cinco para establecer que, cuando la cooperación prestada por el denunciante sea eficaz, se reduzca de cinco a tres años la inhabilidad para ingresar a la Administración Pública.
En el artículo 18, número 4, se agregan -lo mismo ocurre en el artículo 19- los incisos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, nuevos, al artículo 121 para establecer como circunstancia atenuante la cooperación eficaz.
Y lo mismo pasa, como dije recién, en el artículo 19.
Presidente, uno puede estar de acuerdo con estas medidas -yo en general lo estoy-, pero no puedo concordar con el procedimiento, tal como lo dije la vez pasada.
Cuando la Comisión Mixta va más allá de solucionar las discrepancias, al menos debiera acordarse que su informe sea votado norma por norma para que el resto de los parlamentarios tuviéramos alguna posibilidad de participar o de opinar con relación a esas propuestas.
Yo particularmente no estoy de acuerdo con rebajar de cinco a tres años la inhabilidad, ni tampoco con la atenuante de cooperación eficaz. Los que éramos miembros de la Comisión de Gobierno, cuando se vio este proyecto en su discusión general y particular, discutimos mucho este tema y llegamos a la conclusión de que no debía ser una atenuante.
Sin embargo, ahora, por la vía de una Comisión Mixta, sin que el resto de los parlamentarios podamos opinar, se vuelve a ese tema. Y no es que no se haya discutido: vuelvo a decir que la Comisión de Gobierno de ese entonces lo desechó.
Presidente, insisto en que no porque esté en desacuerdo con el proyecto, sino porque no comparto el procedimiento, me voy a abstener en la votación de este informe de Comisión Mixta.
He dicho.
Muchas gracias, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Senador García, ¿usted está inscrito para este proyecto o para otra cosa?
El señor GARCÍA.-
Para otra cosa, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muy bien.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
¡Pensamos que iba a haber más entusiasmo...!
En votación.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
En votación.
(Luego de unos instantes).
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor COLOMA (Presidente).-
Cerrada la votación.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (27 votos a favor y 2 abstenciones), dejándose constancia de que se cumple con el
quorum
constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Carvajal, Gatica, Núñez, Órdenes, Pascual, Provoste y Rincón y los señores Araya, Chahuán, De Urresti, Flores, Galilea, García, Huenchumilla, Kusanovic, Kuschel, Latorre, Núñez, Prohens, Quintana, Saavedra, Sandoval, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.
Se abstuvieron la señora Ebensperger y el señor Coloma.
El señor COLOMA (Presidente).-
Aprobado el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto que establece un nuevo estatuto de protección en favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa.
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El señor COLOMA (Presidente).-
Se ha solicitado la autorización de la Sala para que pueda ingresar al hemiciclo la Subsecretaria de Hacienda, señora Heidi Berner, a fin de participar en la discusión del proyecto que viene.
¿Les parece?
Acordado.
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El señor GARCÍA.-
¿Me permite, Presidente?
El señor COLOMA (Presidente).-
Tiene la palabra, Senador.
El señor GARCÍA.-
Gracias, Presidente.
En el día de ayer venció el plazo para formular indicaciones a dos proyectos de ley.
Uno es el que posibilita la incorporación de la Escuela de Gendarmería de Chile dentro de aquellas instituciones de educación superior que el Estado reconoce oficialmente e incorpora reglas especiales para su proceso de acreditación (boletín N° 14.879-04).
La segunda iniciativa es la que modifica la ley Nº 19.712, del Deporte, con el objeto de fijar un plazo para la presentación de denuncias por acoso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva (boletín N° 14.597-29).
Ambos proyectos deben cumplir con el trámite reglamentario de la Comisión de Hacienda antes de que el Senado los despache en particular, en razón de contar con informe financiero.
Por lo tanto, por acuerdo de la Comisión de Educación, solicitamos que ambas iniciativas legales sean remitidas desde la Secretaría a la Comisión de Hacienda para cumplir lo señalado.
Gracias, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Lo que está pidiendo el Senador García es que ambos proyectos pasen a Hacienda al no haberse presentado indicaciones en la Comisión de Educación.
Solicito la autorización, que es razonable, para que ambos proyectos vayan a la Comisión de Hacienda, en vista de que no fueron objeto de indicaciones en la Comisión anterior.
--Así se acuerda.
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El señor COLOMA (Presidente).-
Vamos al tercer proyecto de la tabla.
Antes de la relación que hará el Secretario, quiero saber quién está de la Comisión de Economía para rendir el informe.
La Senadora Loreto Carvajal se encuentra en la Sala.
Va a dar la relación el Secretario y después vamos a ofrecer la palabra, pero también quiero hacer una petición con respecto a la forma de votar.
MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE GASTO PÚBLICO, AUMENTO DE ESTÁNDARES DE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA E INTRODUCCIÓN DE PRINCIPIO DE ECONOMÍA CIRCULAR EN COMPRAS DEL ESTADO
El señor COLOMA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señor Presidente.
El señor Presidente pone en discusión particular el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que moderniza la ley N° 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado, iniciativa correspondiente al boletín N° 14.137-05.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 14.137-05) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para el despacho de este proyecto, calificándola de "discusión inmediata".
Este proyecto de ley fue aprobado en general en la sesión del 19 de enero del 2022, y cuenta con un segundo informe de la Comisión de Economía e informe de la Comisión de Hacienda.
La Comisión de Economía deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que las siguientes disposiciones del proyecto de ley no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones:
Los numerales 5 (ex N° 4); 15 (ex N° 13); 20 (ex N° 16); 22 (ex N° 17); 24 (ex N° 19); 25 (ex N° 20); 29 (ex N° 24); 34 (ex N° 28); 35 (ex N° 29); 40 (ex N° 34);...
El señor COLOMA (Presidente).-
Silencio, por favor, para entender bien lo que se está informando.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
... 42 (ex N° 36); 46 (ex N° 39), y 47 (ex N° 40), del artículo primero; los artículos 3°, 5°, 7° y 9°, contenidos en el artículo segundo, y los artículos cuarto, quinto, sexto, séptimo y noveno permanentes. Asimismo, los siguientes artículos transitorios: segundo, tercero, cuarto (ex quinto), quinto (ex sexto), sexto (ex séptimo) y noveno (ex décimo).
Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.
La Comisión de Economía, además, efectuó un conjunto de modificaciones al texto aprobado en general, las cuales fueron aprobadas por unanimidad, con excepción de algunas de ellas, que fueron sancionadas por mayoría de votos, por lo que serán puestas en discusión y votación en su oportunidad.
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna Señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o existieren indicaciones renovadas.
Entre las enmiendas unánimes, las relativas a los siguientes preceptos del proyecto de ley requieren 25 votos favorables para su aprobación, por tratarse de normas de rango orgánico constitucional.
Del artículo primero, los numerales 1, que reemplaza al artículo 1°; 31 (ex 26), que reemplaza al artículo 22; 32, nuevo, que agrega los artículos 22 bis, 22 ter, 22 quáter, 22 quinquies y 22 septies, nuevos, que contiene; 36 (ex 30), que reemplaza el artículo 24; 39 (ex 33), en lo que respecta al inciso segundo del artículo 25 ter que propone incorporar; 41 (ex 35), en lo que respecta a los artículos 26 quinquies, 26 sexies y 26 septies que contiene; 48 (ex 41), en lo referido al inciso final del artículo 35 quáter, así como también los artículos tercero y octavo permanentes, además de los artículos séptimo (ex octavo) y final transitorios.
Por su parte, la enmienda referida al artículo primero, numeral 23 (ex 18), en lo relativo al inciso séptimo del artículo 16 que propone, requiere 25 votos favorables para su aprobación, por tratarse de una norma de quorum calificado.
La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció acerca de las normas de su competencia y no introdujo modificaciones al texto despachado en el segundo informe por la Comisión de Economía.
Asimismo, consigna que las referidas disposiciones fueron aprobadas por dicha instancia con las votaciones unánimes que en cada caso registra en su informe.
Las modificaciones aprobadas por mayoría de votos en la Comisión de Economía son las siguientes:
Del artículo primero, que modifica la ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, los numerales 3, 6 y 7 del literal d), propuesto por el ordinal iii), que pasó a ser iv), contenido en la letra a) del número 8, que pasó a ser 9. Estos se encuentran en las páginas 36, 42 y 43 del comparado.
En el artículo 8º ter, que pasó a ser 8º bis, propuesto por el número 10, que pasó a ser 11, los siguientes: la letra f) del inciso primero (página 58 del comparado); los incisos segundo, tercero y final (página 60 y 61 del comparado), y los artículos 22 sexies y 22 octies, contenidos en el numeral 32, nuevo.
Estas disposiciones requieren 25 votos favorables para su aprobación, por tratarse de normas de rango orgánico constitucional.
Las modificaciones recaídas en el artículo 23, contenidas en el N° 27, que pasó a ser 33, igualmente requieren 25 votos favorables para su aprobación, por tratarse de normas de rango orgánico constitucional (páginas 120 a 122 del comparado).
También el artículo 26 ter, propuesto por el N° 35, que pasó a ser 41 (páginas 148 a 152 del comparado), y los artículos 52, 53, 54 y 55, contenidos en el N° 50, nuevo, que se encuentran en las páginas 209 a 211 del comparado.
Sus Señorías tienen a su disposición un boletín comparado que transcribe el proyecto aprobado en general, las enmiendas realizadas por la Comisión de Economía y el texto como quedaría de aprobarse estas modificaciones o enmiendas.
Es todo, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Gracias, señor Secretario.
Para rendir el informe, le ofreceré la palabra a la Presidenta de la Comisión de Economía, pero -y se los quiero pedir además- no sé si ustedes tienen alguna propuesta de votación.
Este es un proyecto superimportante -por eso le hemos dado un espacio largo-, que mejora la calidad del gasto, aumenta el estándar de probidad, introduce principios de economía circular y básicamente modifica normas de ChileCompra. Para que tengamos bien clara su relevancia.
Lo que pasa es que este proyecto se discutió hace harto tiempo y tiene nueve votaciones.
Entonces, yo no sé si ustedes pueden proponer alguna forma de votar, agrupando modificaciones en una sola votación. De lo contrario, tendremos que hacer nueve votaciones diferentes.
Eso es lo que quiero plantearles.
Tiene la palabra la Senadora Loreto Carvajal.
La señora CARVAJAL.-
Gracias, Presidente.
Me corresponde, como Presidenta de la Comisión de Economía, el honor de exponer los aspectos sustantivos del segundo informe, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que moderniza la ley 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado.
Cabe señalar que el proyecto de ley fue aprobado en general por la Sala del Senado en sesión de fecha 19 de enero del 2022, oportunidad en que acordó abrir un plazo para presentar indicaciones, hasta el 3 de marzo, el que fue reabierto en varias ocasiones, siendo el último el día 13 de abril.
A una o más de las sesiones en que la Comisión estudió esta iniciativa asistieron, además de sus integrantes permanentes, los Honorables Senadores señoras Gatica y Provoste y señores Moreira, Castro Prieto, Elizalde y Velásquez.
La Comisión de Economía celebró numerosas sesiones para el estudio en particular del proyecto desde julio del año pasado, y contó con la colaboración permanente de numerosos invitados, entre los que podemos mencionar:
Desde el Ministerio de Hacienda, la Subsecretaria, Heidi Berner, que está aquí presente; la asesora legislativa Gabriela Rodríguez y la coordinadora legislativa, señora Consuelo Fernández.
Desde el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el Ministro, señor Nicolás Grau, y el asesor legislativo don Juan Ignacio Bugueño.
Desde la Contraloría General de la República, el Contralor General, don Jorge Bermúdez; de ChileCompra, la Directora subrogante, señora Dora Ruiz, y el fiscal señor Ricardo Miranda.
Del Ministerio de Obras Públicas, la fiscal señora Eliana Muñoz y el coordinador legislativo señor Sebastián García.
Asimismo, se escuchó a representantes del Tribunal de Contratación Pública, de la Asociación de Funcionarios de ChileCompra; de la Asociación de Dispositivos Médicos de Chile (Adimech); de Espacio Público; del Observatorio Fiscal; de la Fiscalía Nacional Económica; de la Asociación Chilena de Municipalidades; de Convergencia Mesa Pyme y Cooperativas de Chile; de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia de Segprés; de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, y también a profesores de derecho, de la academia, conocedores de la materia.
A lo largo de la tramitación del proyecto, las intervenciones de actores relevantes como el Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez, el Fiscal Nacional Económico, don Ricardo Riesco, y organizaciones gremiales de pymes significaron la necesidad de plantear indicaciones que introdujeran mejoras en materias de probidad, transparencia, innovación y competencia, entre otras.
Un punto muy relevante en el estudio del proyecto fue la intervención del Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez, quien expuso ante la Comisión de Economía importantes deficiencias del proyecto aprobado en general, urgiendo a que se introdujeran mejoras en las siguientes materias:
-El proyecto dejaba en el mismo nivel a la licitación pública y los demás procedimientos de contratación, la que además debía ser fundada. Esto quebrantaba el principio de concursabilidad y afectaba la libre competencia y a las empresas de menor tamaño.
-No se avanzaba en limitar las causales de trato directo.
-No establecía incentivos ni mecanismos para el control del proceso de decisión de compra y la preparación de la contratación administrativa.
-Contemplaba una serie de conductas supuestamente sancionables; sin embargo, no señalaba quién tenía esa potestad y su procedimiento de aplicación.
-No se avanzaba en el fortalecimiento de la probidad.
En este contexto, un grupo de Senadoras y Senadores presentamos indicaciones que recogían algunos aspectos discutidos, sabiendo que muchas de esas materias eran, por cierto, de iniciativa del Ejecutivo.
La Comisión de Economía trabajó para que el sistema de compras públicas se ajustara a altos estándares: que abogara por el desarrollo sostenible y la desconcentración económica. En lo jurídico, el sistema debe ser coherente con el derecho público y apuntar a reforzar la probidad y la transparencia.
En el proyecto de ley despachado por la Comisión de Economía, donde la gran mayoría de los acuerdos fueron adoptados por unanimidad, destacan los siguientes elementos, que más adelante pasaremos a desarrollar:
-Ampliación del ámbito de aplicación.
-Procedimientos más competitivos.
-Nuevos procedimientos de contratación pública.
-Uso eficiente de los recursos públicos.
-Gestión de los contratos.
-Modernización y ampliación de los sistemas de información.
-Mejoras al Tribunal de Contratación Pública.
-Nuevas facultades para la Dirección de Compras y Contratación Pública.
-Mayor probidad y transparencia.
-Impulso a la participación de empresas de menor tamaño.
-Fomento a la innovación y a la sustentabilidad.
I Ámbito de aplicación de la ley
En este ámbito aumenta el número de instituciones reguladas por la Ley de Compras Públicas, extendiendo la cobertura de la plataforma Mercado Público. La regla general será que, existiendo aportes públicos, deberá sujetarse a la Ley de Compras. La ley se aplicará a organismos autónomos constitucionales tales como el Congreso Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, entre otros. Deberán dictar una normativa interna para tales efectos.
Asimismo, se incorpora a las corporaciones, fundaciones y asociaciones en las que participe un organismo de la Administración del Estado en su organización o que reciban más de 1.500 UTM en aportes públicos, las que deberán ser identificadas por decreto supremo del Ministerio de Hacienda. Aquellas no identificadas en el decreto podrán adherir voluntariamente mediante convenios, sin perjuicio de que se les aplicará el capítulo VII, sobre probidad y transparencia.
Se incorpora con rango legal a corporaciones regionales y municipales.
Al Banco Central, a las empresas públicas y a las sociedades en que el Estado tenga más de 50 por ciento de participación se les aplicará el capítulo de probidad y transparencia. La adhesión voluntaria de estas instituciones a la Ley de Compras será vía convenios con ChileCompra.
Aplica la Ley de Compras en los contratos de ejecución de obra y concesión de obra, según sus particularidades. Deberán utilizar el Sistema de Información y Compras Públicas.
Excepcionalmente, por las causales establecidas en la ley, se podrán realizar algunas contrataciones fuera del sistema.
II Procedimientos más competitivos
La licitación pública será la regla general. Excepcionalmente, por acto debidamente justificado, podrán adjudicarse contratos mediante licitación privada, trato directo o contratación excepcional directa con publicidad u otros procedimientos especiales de contratación.
Las causales de trato directo estarán sujetas a una potestad reglada. Según la causal y el monto a contratar, deberán publicar, eventualmente, la decisión de recurrir a dicho procedimiento y siempre deberá publicarse el acto administrativo totalmente tramitado.
Los nuevos procedimientos de contratación, al igual que la contratación directa y la licitación pública, son excepcionales, justificados, públicos y, en su gran mayoría, competitivos.
Se fortalece la normativa aplicable al mismo grupo empresarial o relacionado entre sí y a los beneficiarios finales. Se regula la inadmisibilidad de ofertas que pretendan la simulación de escenarios competitivos.
Se reconocerá la subcontratación, con limitaciones expresamente establecidas en la ley.
III Nuevos procedimientos de contratación
En este punto, se define con rango legal la "Compra Ágil" y el "Convenio Marco". Se introducen como nuevos la "Compra por cotización", los "Contratos para la Innovación", el "Diálogo Competitivo" y la "Subasta Inversa".
La "Compra Ágil" ya no será una forma de trato directo. Se utilizará para la adquisición de bienes y servicios menores a 100 UTM y deberá realizarse exclusivamente con empresas de menor tamaño, salvo excepciones.
Tratándose del "Convenio Marco", se especifica que es un procedimiento competitivo que persigue la eficiencia y la reducción de costos para cubrir bienes o servicios de demanda regular y transversal. Requiere de un estudio previo. Deberá contemplar adjudicaciones regionales y considerar la participación de empresas de menor tamaño.
La "Subasta Inversa" es un nuevo procedimiento en etapas o rondas para la adquisición de productos estandarizados a través de la plataforma administrada por ChileCompra.
Los "Contratos para la Innovación" y el "Diálogo Competitivo" deberán ser acordes a la Política Nacional de Innovación.
IV Mejoras en la planificación y gestión de los contratos
Los contratos podrán ser modificados si las bases así lo establecen. Además, por caso fortuito o fuerza mayor se podrá modificar el plazo de ejecución mientras dure el impedimento, o bien cambiar los bienes por otros equivalentes. Todo ello, siempre que no se altere la naturaleza del contrato y no se aumente el monto más allá del 30.
Se precisan las causales de término anticipado de los contratos. Se considera la imposibilidad de ejecutar las prestaciones por parte de los proveedores.
Las medidas por incumplimiento deberán establecerse de forma clara e inequívoca en las bases, acorde a un debido proceso regulado en estas.
No podrán cobrarse multas al proveedor al que se le adeuden pagos.
Se fortalecerá el plan de compras como instrumento de planificación y evaluación. Se deberán considerar las necesidades públicas a satisfacer, el plan estratégico de desarrollo, las adquisiciones habituales, el presupuesto asignado y criterios de sustentabilidad. ChileCompra podrá exigir la modificación de este instrumento cuando contravenga la presente ley. El Ministerio de Hacienda establecerá una metodología para que cada institución evalúe el cumplimiento de su plan de compras.
V Fortalecimiento del Tribunal de Contratación Pública
Se aumenta la integración del Tribunal de Contratación Pública de tres a seis jueces, con funcionamiento en dos salas. Los y las juezas servirán en jornada completa, con dedicación exclusiva, y contarán con una remuneración equivalente al grado VI del escalafón superior del Poder Judicial. Durarán seis años en sus cargos.
Se regulan inhabilidades y prohibiciones para los jueces y las juezas.
Se aumenta la competencia del Tribunal de Contratación Pública, lo cual comprende: 1) todo el procedimiento de contratación pública, no solo las licitaciones; 2) la ejecución del contrato; 3) la inscripción en el registro de proveedores, y 4) la acción de nulidad.
Se perfeccionan las normas de procedimiento ante el Tribunal.
El Tribunal, también llamado "TCP", podrá decretar la suspensión del procedimiento de compra o la ejecución del contrato como medida prejudicial precautoria.
La conciliación será obligatoria. Respecto de los organismos de la Administración, la Dirección de Presupuestos deberá autorizar las conciliaciones que afecten el patrimonio fiscal en un plazo de quince días hábiles desde la recepción de la solicitud.
Otros aspectos: procederán las notificaciones a través de correo electrónico; las audiencias podrán ser remotas; la gestión administrativa del Tribunal de Contratación Pública corresponderá a la Unidad Administradora de los tribunales tributarios y aduaneros.
VI Fortalecimiento de la Dirección de Compras y Contratación Pública
El proyecto fortalece las facultades de ChileCompra, a saber:
-Podrá proponer al Ministerio de Hacienda políticas públicas en materia de compras públicas.
-Estará facultado para impartir instrucciones obligatorias, de general aplicación, para la correcta ejecución de los procedimientos de contratación. Deberá realizar las instrucciones, previa consulta pública, en un plazo no inferior a treinta días. La resolución que las aprueba estará afecta al trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República.
-Podrá hacer seguimiento a los procesos de compra y oficiar a los organismos públicos para que se refieran a eventuales infracciones a la ley.
-Asimismo, el proyecto hace un reconocimiento legal a la plataforma de reclamos en procesos de compra:
a) Se establece un procedimiento administrativo de reclamo claro, expedito y con plazos asociados.
b) De oficio o producto de una denuncia reservada, deberá gestionar las irregularidades que detecte. Además, deberá notificar al organismo público cuestionado y a las partes interesadas.
c) ChileCompra deberá poner en conocimiento de los organismos de control pertinentes las irregularidades que detecte.
-Monitoreo de los procedimientos de compra. Deberá velar por el cumplimiento de las normas que imparta e informar sobre los resultados a las Comisiones de Hacienda y de Economía de la Cámara de Diputados y del Senado.
VII Probidad y transparencia
En esta materia el proyecto contempla diversas medidas, tales como:
-La publicación en el sistema informático del personal que participe en el procedimiento de compra.
-Mejoras al Registro de Proveedores. Se amplía la información que deben aportar los proveedores, incluyendo el concepto de beneficiarios finales.
-Las inhabilidades para participar del Registro de Proveedores implicarán la imposibilidad de ofertar y contratar con el Estado.
-Nuevo catálogo de inhabilidades en Registro: delitos concursales, delitos tributarios, incumplimientos contractuales, condenas laborales, condenados por cohecho.
-Se detalla la etapa de preparación de la contratación administrativa: prueba de concepto, consultas al mercado, estudios de mercado, entrevistas y reuniones con la industria, etcétera.
-Se considera también una ampliación de las causales de incompatibilidad a todos los funcionarios y funcionarias de la entidad compradora, y una extensión de las incompatibilidades, por un año, desde el cese de funciones (respecto de autoridades directivas y el personal que participe en el proceso de compra).
-Se regula el deber de abstención de funcionarios y funcionarias.
-Se establece un canal de denuncias reservadas.
-El personal que evalúe la licitación deberá suscribir declaraciones de ausencia de conflicto de intereses y confidencialidad.
-La Contraloría General de la República podrá ordenar, instruir o instruir directamente sumarios por infracciones a la Ley de Compras. En caso de que la Contraloría instruya directamente el sumario, la autoridad deberá dictar la sanción administrativa en un plazo de treinta días contado desde que se le notifique la resolución que apruebe el sumario.
-Se fortalece la publicación de las contrataciones en el sistema, especialmente en el caso de tratos directos, y las eventuales acciones judiciales de las cuales se pudiera ser objeto.
-Los funcionarios y las funcionarias que participen en el procedimiento de compra deberán realizar una declaración de intereses y patrimonio de acuerdo a lo que establece la ley N° 20.880, con una periodicidad de seis meses.
VIII Innovación y sustentabilidad
Contratos para la innovación: procedimiento competitivo para productos no disponibles en el mercado.
Diálogo competitivo: procedimiento competitivo que establece un diálogo estructurado con proveedores de un producto que existe en el mercado pero que requiere de adaptaciones, con el objeto de determinar los medios más idóneos para la satisfacción de una necesidad pública.
Creación del Comité de Innovación y Sustentabilidad en Compras Públicas, que debe aprobar una política nacional bianual. Es presidido por la Subsecretaría de Hacienda y está integrado por las Subsecretarías de Economía y Empresas de Menor Tamaño; del Medio Ambiente; de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y por cuatro personas calificadas.
Ley de Economía Circular. Incorpora el proyecto de ley de economía circular (nueva ley, distinta de la ley N° 19.886) en la adquisición de bienes y servicios de los organismos del Estado. Se aplica a los organismos de la Administración del Estado con la finalidad de reutilizar los bienes en desuso y contratar servicios de forma conjunta. En caso de que sean eliminados, deberán serlo conforme a un adecuado manejo de residuos.
IX
Promoción de las mipymes y de las cooperativas
1.-
Se establece la exclusividad del procedimiento de compra ágil para las mipymes y las cooperativas.
Se aumenta el ámbito de aplicación, pasando de un tope de compras de 30 UTM hasta uno de compras de 100 UTM. Los nuevos convenios marco partirán por sobre ese umbral.
Estará disponible para las mipymes y las cooperativas a través de la plataforma de ChileCompra, que restringirá la recepción de ofertas de grandes empresas.
Excepcionalmente, solo si no se hubiese recibido cotización de una mipyme o cooperativa, se podrá seleccionar a un proveedor que no cumpla estas características. ChileCompra estima que esta modificación permitirá aumentar la compra a mipymes y cooperativas por un valor cercano a los 300 millones de dólares al año.
2.-
Se introduce la definición de proveedor local para fomentar la compra a mipymes y cooperativas locales.
Este concepto se usará exclusivamente en mipymes y cooperativas cuyo domicilio esté en la misma región donde se entreguen los bienes o se presten los servicios.
Esta medida es esencial para potenciar la compra regional mediante criterios de priorización o desempate que serán desarrollados en bases de licitación.
Los nuevos convenios marco deberán contener cláusulas de adjudicación por zonas geográficas.
3.-
Los criterios de evaluación en los convenios marco reconocerán la realidad de las mipymes y las cooperativas. Los criterios y requisitos no podrán implicar una discriminación arbitraria en contra de las mipymes y las cooperativas.
4.-
Se consagra y regula a nivel legal la figura de la Unión Temporal de Proveedores (UTP), solo entre mipymes y cooperativas.
Permite que las mipymes puedan competir en mejores condiciones frente a grandes empresas. Esta medida les permitirá disminuir costos de inversión, diversificar el riesgo y acceder a mejores condiciones para préstamos.
Si algún integrante se ve afectado por inhabilidad, la UTP podrá decidir si continúa con los restantes integrantes, lo reemplaza o desiste de su participación.
X Medidas para potenciar el desarrollo de soluciones innovadoras y la demanda de compra pública de innovación por parte del Estado, para dar satisfacción a problemas complejos
Soluciones innovadoras y compra pública de innovación.
1) Creación de dos procedimientos especiales de compra de carácter excepcional.
Contratos para la innovación y diálogos competitivos.
En cuanto a los contratos para la innovación, estos operarán cuando no existan soluciones en el mercado para el problema planteado, por lo que las empresas que participen requerirán realizar investigación y desarrollo (I+D) para elaborar nuevos productos y servicios que permitan resolver el problema o atender la necesidad planteada por el organismo de la Administración. El desarrollo de prototipos será financiado por el Estado.
En cuanto a los diálogos competitivos, operarán cuando haya un desafío complejo donde sí existan soluciones en el mercado, pero que sean disímiles y, por ende, difíciles de comparar, además de requerir, por lo general, de un grado de desarrollo (pero no I+D) para desplegarlas como se solicita. El proceso se desarrollará en fases para que las empresas mejoren y adapten sus productos o servicios y para ir delimitando lo que la entidad compradora realmente necesite.
2) Creación del Comité de Compras Públicas de Innovación y Sustentabilidad.
Será una instancia interministerial, liderada por la Subsecretaría de Hacienda junto con los Ministerios de Economía, Ciencias y Medio Ambiente.
Su misión comprenderá realizar, entre otras, las siguientes tareas:
-Articular una política de compra pública de innovación, evaluar su funcionamiento y la implementación concreta de los procedimientos de compra pública de innovación, detectar brechas y proponer medidas de mejora.
-La evaluación de la implementación de los criterios de sustentabilidad en las compras públicas y en la Ley de Economía Circular contenida en este proyecto.
-La creación de la política de compra pública e innovación.
-Lineamientos sobre las áreas dentro del Estado donde fomentar la compra pública de innovación.
XI Plazos para la entrada en vigencia de la presente ley
Acorde al artículo primero transitorio, los plazos serán los siguientes:
-Las normas de la presente ley entrarán en vigencia un año después de su publicación en el Diario Oficial, salvo las excepciones que se señalan.
-El capítulo VII, sobre probidad y transparencia, entrará en vigencia en el momento de publicarse la ley.
-Las disposiciones contenidas en los numerales 4, 5 y 6 del literal d) del artículo 7° del artículo primero, sobre contratos para la innovación, diálogos competitivos de innovación y subasta inversa, y la Ley de Economía Circular en la adquisición de bienes y servicios de los organismos del Estado, entrarán en vigencia dieciocho meses después de la publicación.
-Los reglamentos deberán dictarse a más tardar dentro de los ciento ochenta días siguientes a su publicación.
Señor Presidente, estimados colegas, como el presente proyecto responde a uno de los compromisos adquiridos por el Estado en la última discusión sostenida sobre salario mínimo, consideramos de suma urgencia su aprobación, dado que beneficia especialmente a las mipymes y establece criterios de probidad y transparencia que son necesarios y urgentes.
Por ello, en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Economía, y entendiendo que en la mayoría de los casos ha sido aprobado unánimemente, hago un llamado no solo a aprobar el proyecto, sino también a valorarlo en su vasto conocimiento.
He dicho, Presidente.
Muchas gracias.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias por el completo informe, Senadora, de un proyecto que fue objeto de una amplia discusión. Y considero bueno para la historia de la ley tener todos los antecedentes respecto del tema.
Hay varios parlamentarios inscritos, pero quiero sugerir una forma de tramitación.
Primero, reglamentariamente corresponde que se dé por aprobado todo lo que no fue objeto de indicación ni de modificación.
Segundo, votar las enmiendas unánimes, lo que haremos ahora al inicio, porque entre ellas hay varias normas de quorum especial.
Y, en tercer lugar -y aquí viene la sugerencia-, las otras nueve votaciones recaídas en las enmiendas de mayoría propongo agruparlas en una sola, si les parece.
La señora PROVOSTE.-
Espere.
El señor COLOMA (Presidente).-
Porque tienen más o menos el mismo sentido...
La señora PROVOSTE.-
Fui el único voto disidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
No lo quería señalar; pero ¿lo puedo decir ahora...?
(Risas).
Gracias, Senadora Provoste, porque como el voto disidente fue el suyo, para operar de esa manera necesitamos su comprensión.
Entonces, primero votamos las normas mencionadas; después abrimos la segunda votación, y ahí se hace la discusión y cada uno podrá manifestar su punto de vista respecto de aquellas normas del proyecto.
Si les parece, lo hacemos de esa manera. Si no, tendríamos que realizar nueve votaciones distintas.
Acordado.
Entonces, partamos con la primera votación.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Según lo acordado, quedarían aprobadas todas las normas que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones.
Y ahora correspondería someter a votación las enmiendas unánimes, entre las cuales existen normas de quorum calificado y también de rango orgánico constitucional.
Entonces, se procede a la apertura de la votación, como ha indicado el señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
En votación.
(Durante la votación).
Están en votación todas las enmiendas unánimes, dentro de las cuales hay normas de quorum especial.
(Después de unos instantes).
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor COLOMA (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueban las enmiendas acordadas por unanimidad (37 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple con el
quorum
constitucional requerido.
Votaron a favor las señoras Allende, Aravena, Campillai, Carvajal, Gatica, Núñez, Órdenes, Pascual, Provoste, Rincón y Sepúlveda y los señores Bianchi, Castro González, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Gahona, Galilea, García, Huenchumilla, Kast, Kusanovic, Kuschel, Latorre, Macaya, Moreira, Núñez, Ossandón, Prohens, Pugh, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.
El señor COLOMA (Presidente).-
Sobre la segunda votación, propongo abrirla de inmediato y mantener los diez minutos de intervención, porque se refiere a nueve enmiendas de mayoría.
Entonces, una vez abierta la votación, las intervenciones serán hasta por diez minutos.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Corresponde, como lo ha indicado el señor Presidente, someter a votación todas aquellas enmiendas que se introdujeron al proyecto por mayoría, que son las siguientes:
Del artículo primero, los numerales 3, 6 y 7 del literal d), propuesto en el ordinal iii), que pasó a ser iv), que se contiene en la letra a) del número 8, que pasó a ser 9, lo que se encuentra en las páginas 36, 42 y 43 del comparado.
En el artículo 8° ter, que pasó a ser 8° bis, propuesto por el número 10, que pasó a ser 11, los siguientes: la letra f) del inciso primero (página 58 del comparado); los incisos segundo, tercero y final (páginas 60 y 61 del comparado) y los artículos 22 sexies y 22 octies, contenidos en el numeral 32, nuevo.
Las modificaciones recaídas en el artículo 23, contenidas en el número 27, que pasó a ser 33.
El artículo 26 ter, propuesto por el número 35, que pasó a ser 41, y los artículos 52, 53, 54 y 55, que se contienen en el número 50, nuevo, que están en las páginas 209 a 211 del comparado.
Son todas las enmiendas que se incorporaron por mayoría y que se someten a votación en esta oportunidad.
Eso es, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias, Secretario.
Entonces, conforme a lo acordado, abriríamos la votación para este segundo conjunto de normas y daríamos espacio hasta por diez minutos para fundamentar el voto.
En votación.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Se abre la votación.
(Durante la votación).
El señor COLOMA (Presidente).-
Senadora Aravena, tiene la palabra.
La señora ARAVENA.-
Gracias, Presidente.
Voy a ser bien breve.
Según los datos que hoy día tenemos, las compras públicas alcanzan montos muy relevantes. El año pasado se transaron 15.023 millones de dólares en total, que representa un aumento de casi 4 por ciento anual, con más de 1.809.000 órdenes de compra.
En mi opinión, la importancia de estos datos, dado el empleo que generan la micro y pequeña empresa, radica en que hay 5.500 millones de dólares transados en las mipymes, lo que significa que tienen prácticamente un 37 por ciento del mercado y la idea de este proyecto es aumentar dicho porcentaje.
En tal sentido, espero que todos los esfuerzos que se hicieron, donde participé en gran parte de la discusión, sirvan para poder incorporar a más mipymes al mercado, porque todavía disponen de un amplio rango para crecer, y ojalá su presencia aumente gracias a algunas indicaciones o alguna discusión que se realice en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, me parece relevante el que se haya incorporado prácticamente a todos los órganos del Estado que reciben platas públicas, como el Congreso Nacional; el Ministerio Público; la Contraloría General de la República; el Poder Judicial; las corporaciones regionales y municipales, que sabemos que han estado con variadas complicaciones y por transparencia considero mucho mejor que estén vinculadas al mercado público; el Banco Central; las empresas públicas y sociedades en que el Estado tenga al menos el 50 por ciento de su participación patrimonial.
Considero fundamental que los procedimientos sean más competitivos y en ese contexto la Senadora Carvajal fue bastante clara al señalar todas las mejoras.
Yo solo quiero agregar que hay procedimientos más competitivos, dentro de los cuales se consideran modalidades de contratación como compra ágil y convenio marco, que hoy día son prácticamente nuevos por la forma en que se han establecido; se incorporan la subasta inversa, el diálogo competitivo en varios aspectos, y sobre todo los contratos para la innovación, que no es un tema menor para quienes hoy día están invirtiendo en la materia y no obtienen valor agregado alguno por participar en aspectos vinculados con dicha área.
También están las mejoras en la planificación y gestión de los contratos; la supervisión de los planes de compra, que son un requisito en el sistema público, pero poco se hace al respecto.
El fortalecimiento del Tribunal de Contratación Pública. Y aquí quiero agradecer, ya que nosotros logramos -mi equipo particularmente, con apoyo de algunos expertos- que se aumentara su integración de tres a seis jueces y con el funcionamiento de dos salas y no de una; que sirvan en jornada completa y con dedicación exclusiva, y que reciban una remuneración equivalente al grado VI del Poder Judicial. Además, se regulan las inhabilidades; se aumenta la competencia del Tribunal de Contratación Pública; se perfeccionan las normas de procedimiento.
En otras palabras, por fin vamos a tener un Tribunal de Contratación Pública a la altura de lo que merece una institución que maneja tanto dinero y tantos recursos del Estado.
En cuanto al fortalecimiento de la Dirección de Compras Públicas, hubiera querido -tengo que decirlo- que se aumentaran aún más los recursos para el equipamiento y el personal de ChileCompra, porque creo que todavía son insuficientes.
También se consideran los temas de probidad y transparencia, que son muy muy relevantes, sobre todo hoy día que tenemos lamentables noticias respecto del uso de los fondos públicos en variadas instituciones que reciben recursos del Estado.
Por último, en el ámbito de la innovación y la competencia van a ser muy interesantes los resultados que veamos en los próximos años.
Felicito a la Comisión -tanto a la del año anterior como a esta- por el trabajo que realizó; al Ministerio de Economía y principalmente a sus asesores, quienes acogieron las propuestas emanadas de todas las discusiones, y también a las organizaciones gremiales del área económica, que estuvieron siempre disponibles para colaborar, entendiendo que finalmente quienes van a verse beneficiados son justamente ellos.
Esperamos que esto transparente, eficiente y modernice el sistema de compras públicas, porque eso habla de un Estado que logra hacer las cosas bien en un ámbito tan importante como el de los recursos financieros.
Así que voy a aprobar este proyecto.
El señor COLOMA (Presidente).-
Gracias, Senadora.
Tiene la palabra la Senadora Provoste.
La señora PROVOSTE.-
Muchas gracias, Presidente.
Quiero saludar a quienes nos acompañan: a la Subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, que le tocó liderar buena parte de este proyecto, y a la Subsecretaria de la Segprés, Macarena Lobos.
Quienes me antecedieron en el uso de la palabra destacaron que esta reforma a la Ley de Compras Públicas es el resultado de un acuerdo transversal, construido en la Comisión de Economía, que trabaja en este proyecto desde el año pasado, y respaldado luego por la Comisión de Hacienda.
No nos cabe ninguna duda de que la Ley de Compras Públicas requiere una modernización, considerando que hace quince años el movimiento en el sistema de compras públicas alcanzaba apenas al 40 por ciento de los 15 mil millones de dólares que se transaron en el 2022, monto cercano al 20 por ciento del presupuesto fiscal.
Por tanto, las compras públicas requieren una reforma profunda, sustentada no solo en este acuerdo transversal entre el Gobierno y la oposición, sino que fundada técnicamente en la evolución de los datos que nos entrega la realidad del sistema de compras públicas.
En nuestra opinión, esta reforma permite enfrentar las debilidades de la legislación y cerrarle caminos a la corrupción, que es bien importante. Porque cuando este proyecto llegó al Senado, ya aprobado por la Cámara, tuvo oposiciones que fueron bien relevantes. Y en esto quiero destacar la voz del Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, quien denunció la opacidad de la iniciativa, señalando que era un espacio fértil para la corrupción.
Creo que sus dichos provocaron un remezón en la Comisión de Economía, lo que gatilló este acuerdo transversal a fin de que el Senado pudiera reformar la Ley de Compras Públicas.
Fue así como se acordaron una serie de normas que fortalecen la probidad y la transparencia en el sistema: se reforzaron los controles a los directivos que participan en la toma de decisiones, replicando la modalidad que ha funcionado y está vigente en la administración de los gastos reservados.
Además, se fortaleció el Tribunal de Contratación Pública: aumentando sus integrantes, donde las y los jueces servirán en jornada completa, con dedicación exclusiva y además con una mejor remuneración.
Lo dijo recientemente la Senadora Carmen Gloria Aravena, y en esto también quisiera hacer un público reconocimiento al esfuerzo del Senador Ossandón y de su equipo por no aflojar jamás en esta determinación, porque cuando se miró qué pasaba con otros tribunales -por ejemplo, los ambientales-, se comprobó que el incremento del trabajo en el Tribunal de Compras Públicas no se condecía con las remuneraciones y las condiciones laborales. Así que al menos en este tema el Ejecutivo tuvo una buena disposición para acoger las solicitudes de la Comisión.
Junto con reconocer todo lo avanzado, quiero levantar algunas advertencias que me surgen de la revisión de la cuenta pública de ChileCompra.
Creo que todos en esta Sala concordamos en que queremos una reforma a las compras públicas para que tengan una vocación clara de apoyo a las empresas de menor tamaño. Porque la realidad del volumen de recursos transados para los proveedores pymes, de acuerdo a la última cuenta pública de ChileCompra, está bastante estancado: ha permanecido en 5 mil millones desde el año 2017.
Y, por tanto, hay que reforzar la implementación de estas reformas para que efectivamente sean propyme. Y para que en este proyecto, por ejemplo, la compra ágil signifique una mayor participación de las empresas de menor tamaño.
Valoramos que haya surgido un instructivo para todos los compradores públicos con énfasis en las compras públicas. Pero, la verdad -por su intermedio, Presidente, a la Subsecretaria de Hacienda-, si esto no va acompañado de una difusión, de una capacitación y de la determinación del Gobierno de que la compra pública tenga un sello de apoyo a las empresas de menor tamaño, nos vamos a quedar solo en el discurso, y se va a transformar en una mala poesía.
Si no somos capaces de romper el estancamiento de la participación de las empresas de menor tamaño, debemos ser capaces de revisar los incentivos en el futuro. Se requiere que ChileCompra juegue un rol más activo en la promoción de la participación de las pymes en el sistema de compras públicas, así como de proveedores locales y de empresas lideradas por mujeres.
Presidente, quiero comentarles un hecho dramático. Me lo mencionó hace muy pocos días la directora del Liceo Federico Varela, de Chañaral, quien me dijo: "Mire, antes de que se instalara el Sistema de Educación Pública, cuando nosotros dependíamos de la municipalidad hacíamos todos los años una feria laboral que terminábamos con una pequeña recepción para los proveedores locales; nos costaba 300 o 400 mil pesos", dinero que salía de su plan de mejoramiento educativo. Pues bien, ahora que fueron traspasados, el servicio local licita la actividad y va una empresa desde Copiapó a Chañaral, lo que triplicó el valor. Y los proveedores locales miran con profunda decepción que hoy ya no cuentan con un espacio donde poder desarrollar su oferta.
Entonces, esto requiere una mayor voluntad. No basta con colocar más recursos, pues solo en el papel dirá que tiene sesgo propyme, si no va a ir acompañado de acciones concretas.
También dentro de las advertencias que me permito señalar, creo necesario que ChileCompra disponga de recursos para reponer las oficinas regionales. Y desde ya anuncio que vamos a promover en la Ley de Presupuestos del 2024 que existan mayores ingresos para que este organismo juegue verdaderamente un rol propyme, porque es clave superar el estancamiento que muestran los números del mercado público.
Espero que el Ministro de Hacienda se comprometa a inyectar más recursos en esta dirección en la Ley de Presupuestos.
Además, me preocupa que los tratos directos sigan siendo el 21 por ciento de los volúmenes transados el año pasado. Los diversos casos de corrupción que hemos conocido están ligados a este tipo de tratos. El 2022 los montos adjudicados por esta modalidad llegaron a 3 mil millones de dólares, y en lo personal esto me parece preocupante.
Debemos ser capaces de disminuir los tratos directos y fortalecer las licitaciones públicas como regla principal de asignación de los recursos en las compras públicas, con incentivos para los proveedores locales. Creo que eso es importante.
Por último, Presidente, quiero que seamos capaces de hacer un seguimiento para ver cómo va funcionando esta nueva iniciativa: que la reforma que establece que anualmente ChileCompra deba informar sobre la evolución del mercado de compras públicas en la Comisión de Economía nos permita no solo ir viendo cómo se va administrando el sistema, sino que efectivamente logremos colocar nuestra principal atención en la participación de proveedores pymes en los procesos de transacción de este organismo.
Apoyo la iniciativa, con las observaciones que he planteado.
Muchas gracias.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Gracias, señora Senadora.
Ofrezco la palabra al Senador Ossandón.
El señor OSSANDÓN.-
Gracias, Presidente.
Para mí es muy importante haber participado, a través de la Comisión de Economía, en las mejoras de este proyecto, que moderniza la Ley de Compras Públicas.
Se invirtieron muchos meses de trabajo transversal para sacarlo adelante, donde cada uno pudo aportar también en base a nuestra experiencia previa en organismos del Estado. El estudio de esta materia comenzó en el Gobierno anterior y se concluyó en el actual, siguiendo una matriz y una estructura central que no se modificaron.
Tenemos la responsabilidad de actualizar la regulación de las compras públicas, ya que hacerlo significa mayor eficiencia en los dineros del Estado, y con ello, mejores beneficios para todos los chilenos.
Este proyecto sigue los lineamientos internacionales al elevar los estándares de probidad y transparencia, en que el foco está puesto en dos cosas: primero, en fortalecer el Tribunal de Compras y Contratación Pública, permitiendo un real acceso a la justicia para quien sea agraviado, tanto estamento público como privado; y, segundo, en el crecimiento y la mejora sustantiva de la Dirección de Compras y Contratación Pública, más conocida como "ChileCompra".
Es importante mencionar que con esta nueva ley las compras y contrataciones de todos los organismos que tienen una existencia mayoritaria de aportes públicos quedarán reguladas; es decir, ahora también lo estarán las corporaciones, fundaciones y asociaciones, que por regirse por derecho privado hoy día son objeto de menos fiscalización, pese a que administran fondos públicos.
Este proyecto de ley no solo está centrado en eliminar las malas prácticas y actos de corrupción: también es muy importante el foco que hemos puesto en mejorar la participación de las pequeñas y medianas empresas que contratan con el Estado, así como de los proveedores locales, incorporando criterios de priorización para su adjudicación a fin de beneficiarlos.
No solo buscamos que se les dé la posibilidad de adjudicarse contratos: igual o más importante es regular el oportuno pago de estos, materia que también se trata en esta iniciativa y en otras de las que nos estamos haciendo cargo actualmente en la Comisión de Economía.
Finalmente, señor Presidente, no puedo dejar de mencionar el esfuerzo que se ha realizado para potenciar un área que en Chile prácticamente no se utiliza: la denominada "innovación y sustentabilidad", a la cual se le da mucha importancia. Los servicios públicos y todas las entidades que se regirán por esta normativa podrán dar solución a los problemas y desafíos a que se ven enfrentados con nuevos mecanismos, más eficientes y también ingeniosos.
Por qué no decirlo: durante muchos años el Estado ha prescindido de lo popularmente conocido como "la creatividad del chileno", por no tener mecanismos que acepten nuevas ideas, menos convencionales y que finalmente permitirán mejores soluciones a menores costos.
Por su intermedio, Presidente, le pido a este Senado que aprobemos este proyecto para que prontamente pueda comenzar su implementación, y así blindemos de mejor manera a nuestros organismos públicos de actos de corrupción, pero también para que hagamos más eficiente la utilización de nuestros recursos.
Muchas gracias.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
A usted, señor Senador.
Tiene la palabra el Senador José García.
El señor GARCÍA.-
Muchas gracias, Presidente.
Quiero dar cuenta brevemente de este proyecto desde la Comisión de Hacienda.
En tal sentido, cabe señalar que contamos con la participación de la Subsecretaria de Hacienda, señora Heidi Berner, del coordinador tributario, señor Diego Riquelme, y de la coordinadora legislativa, señora Consuelo Fernández.
Asistieron también:
Del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el Ministro, señor Nicolás Grau; la coordinadora legislativa, señora Virginia Rivas, y el asesor señor Juan Ignacio Bugueño.
De ChileCompra, la Directora subrogante, señora Dora Ruiz, y el fiscal señor Ricardo Miranda.
Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 1a Subsecretaria, señora Macarena Lobos, y la asesora señora Mónica Bugueño.
También recibimos en audiencia, del Tribunal de Contratación Pública, al juez titular señor Álvaro Arévalo y al secretario señor Felipe Olmos; y de la Asociación de Funcionarios de ChileCompra (AFUCH), a su Presidenta, señora María Cristina Alcántara.
Las normas de competencia de la Comisión de Hacienda fueron aprobadas por la unanimidad de sus miembros presentes en los mismos términos en que fueron despachadas por la Comisión de Economía.
Cabe señalar, además, que este proyecto de ley cuenta con siete informes financieros; de ellos, vamos a destacar el informe N° 30, de 15 de marzo de 2021, el cual explicitó tres efectos del proyecto de ley sobre el presupuesto fiscal.
Un primer efecto tiene que ver con la ampliación del universo afecto a la ley. Como ya se dijo, se incorporan sesenta y una nuevas instituciones del Estado al sistema de compras públicas.
Un segundo efecto dice relación con la modificación al Tribunal de Compras Públicas, y tanto las enmiendas al tribunal propiamente tal como la ampliación del universo van a requerir un aumento en la dotación de funcionarios; pero, al mismo tiempo, se estima que habrá un ahorro anual para gastos en bienes y servicios de consumo.
Una tercera afectación en el presupuesto fiscal lo determina la Plataforma de Economía Circular: la ley sobre la economía circular en la adquisición de bienes y servicios de los organismos del Estado precisa la creación de una plataforma para administrar la disposición de bienes muebles. Esta plataforma genera un costo fiscal de una sola vez de 52 millones de pesos.
Otro informe es el N° 36, el cual precisa los efectos de las indicaciones sobre el presupuesto fiscal.
Primero se refiere a las modificaciones al Tribunal de Contratación Pública, particularmente al crear una segunda sala integrada por tres nuevos jueces titulares. Con esto, el Tribunal de Contratación Pública pasa a estar integrado por seis jueces titulares; a la vez, disminuye la cantidad de jueces suplentes, desde los actuales tres a dos. También se define que por sobre las doce sesiones mensuales de sala los jueces suplentes tienen preferencia para integrarlas.
Y, segundo, habla de la modificación de la planta en la Dirección de Compras, que se aumenta en un técnico informático grado 13.
Otro informe financiero complementario, que refleja los efectos de las indicaciones sobre el presupuesto fiscal, se halla relacionado con cambios en la plataforma del Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas, cuyos costos ascienden a 100 millones por una sola vez. Esto, básicamente por la instalación del procedimiento de Compra Ágil.
Finalmente, el informe financiero complementario N° 178, de octubre del 2022, señala como efectos en el presupuesto fiscal los cambios en el Tribunal de Contratación Pública, que irrogan un mayor gasto fiscal, producto de la modificación de régimen de los seis jueces que pasan a tener dedicación exclusiva y jornada completa, de 81 millones de pesos.
Así también, el costo de cada proceso de selección de jueces, llevado a cabo por el Servicio Civil, asciende a la suma de 15.800.000 pesos.
Eso es todo lo que debemos informar desde la Comisión de Hacienda, señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Muchas gracias, señor Senador.
Tiene la palabra la Senadora Luz Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.-
Gracias, Presidente.
Siempre he sido, desde su dictación, muy partidaria de la Ley de Compras, y de hacer esta actualización, incorporando ojalá a todos los servicios públicos, porque en la primera normativa había algunos organismos como el MOP que quedaban fuera por la naturaleza de sus licitaciones, así como a aquellos que de alguna manera tienen fondos públicos o licitan con estos.
La duda que me nace respecto de este proyecto es que siento que se debilita el Tribunal de Compras Públicas.
Me explico.
Se incorporan normas que le dan facultades a la Contraloría General para realizar sumarios. Perfecto. Cuando se comete una falta a los deberes funcionarios se tiene que dar paso a la responsabilidad administrativa, y quien hace efectiva esa responsabilidad administrativa debe ser el jefe del servicio donde el funcionario se desempeña, o también puede realizar esto la Contraloría.
Pero en este caso, en que se introducen modificaciones al Tribunal de Compras Públicas, creo que faltó una norma que dijera que el sumario que inicia la Contraloría de oficio o que se le pide al jefe superior del servicio que realice debe hacerse luego de la sentencia del referido tribunal que acredite que ha habido falta o incumplimiento de la Ley de Compras Públicas. Porque si no, estaremos quitándole esa facultad a un tribunal especializado en la materia, debilitándolo, y traspasándosela a la Contraloría.
Pienso que la Contraloría no debiera iniciar un sumario administrativo por falta a la Ley de Compras Públicas, mientras no exista una sentencia del tribunal que señale que en determinado proceso no se cumplieron las normas legales. Fallado eso por el Tribunal de Compras Públicas, debiera nacer la obligación del jefe superior del servicio o de la Contraloría General de oficio para iniciar el proceso correspondiente a fin de hacer efectiva la responsabilidad administrativa.
Realizar aquello sin la exigencia de que exista previamente el pronunciamiento del Tribunal de Compras Públicas es debilitar a este y entregarle a la Contraloría competencias que no tiene.
Gracias, Presidente.
He dicho.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Muchas gracias, señora Senadora.
Tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón.
La señora RINCÓN.-
Gracias, Presidente.
Ha pasado el tiempo desde que se empezó a discutir e implementar todo este sistema de compras públicas y de transparencia.
En 1999 el Gobierno envió a discusión al Congreso Nacional un proyecto de ley con el objeto de incrementar la transparencia, la eficiencia y la eficacia en las compras públicas. Eso dio origen, cuatro años después, el 2003, a la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, en adelante "Ley de Compras Públicas".
A través de dicha ley se establece el Sistema de Compras Públicas, y para administrarlo se crea la Dirección de Compras y Contratación Pública, conocida como "ChileCompra", en reemplazo de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado.
El objeto de esa instancia era asesorar a los organismos públicos en la planificación y gestión de los procesos de compra; licitar y operar los sistemas para la compra y contratación pública; licitar bienes y servicios a través de la suscripción de convenios marco, y administrar y mantener en operación el Registro de Contratistas y el de Proveedores, entre otras funciones.
Asimismo, mediante esa ley se crea el Tribunal de Contratación Pública.
Pasó el tiempo, y el 22 de junio de 2021 se aprobaron en particular las modificaciones al presente proyecto en la Cámara de Diputados, por 139 votos a favor y 4 abstenciones.
El 19 de enero de 2022, esta reforma al sistema se aprobó en general en la Sala del Senado por 33 votos a favor y 1 abstención. Desde hace aproximadamente un año y medio ha habido una discusión intensa en las Comisiones de Economía y de Hacienda; ya la Senadora Carvajal dio un exhaustivo reporte acerca de lo que ha sido la tramitación y de las modificaciones introducidas.
Considero relevante destacar que cuando este proyecto se empezó a discutir había organismos que no estaban dentro de la contratación pública, lo que obviamente merecía reparos; entre ellos, las corporaciones municipales. No voy a ahondar en la importancia de que exista también control y transparencia en esas instancias.
Esto se corrigió durante la tramitación, se incorporaron, y hoy los poderes del Estado, todos, están dentro de esta normativa. Esto, ciertamente, es parte de lo que debemos destacar.
Me parece que si hay algo sobre lo cual debiéramos poner el foco -y ya lo han señalado algunos colegas que me antecedieron- es en cómo procuramos que este sistema, que busca proteger la utilización de los recursos públicos y la transparencia, no se transforme en un obstáculo para el desarrollo productivo de las emprendedoras y los emprendedores locales.
Presidente, usted es Senador por la misma región que yo represento, y sabe la importancia de que podamos fomentar el desarrollo productivo, el emprendimiento en los territorios, y que si este tipo de normas al final se transforman en una traba o en un camino que lleve a que las ventas a lo público las realicen los grandes empresarios, estaremos liquidando el comercio y el emprendimiento local, y además de liquidarlo, lo haremos más caro. Eso es algo que -según entiendo- no ha estado ni en el espíritu del proyecto original, cuando empezamos a discutir esta materia, ni en el debate que se ha dado hoy día.
Presidente, los ejemplos que relataba la Senadora Provoste los podemos multiplicar también en el Maule, los podemos traer a la discusión y al recuerdo; también la Senadora Carvajal podría ilustrarnos mucho más -porque participaron en la tramitaron de este proyecto- acerca de lo que pasa con las pymes y cómo estas se quejan de que las exigencias que se les han ido estableciendo a lo largo del tiempo solo han hecho que queden fuera de la competencia.
Creo que en eso también debiera poner el foco el Ejecutivo, en las bases de licitación, en las reglamentaciones respectivas, de tal manera que protejamos a nuestros emprendedores y no hagamos que sucumban frente a las grandes empresas, que tienen más posibilidades de apalancar mejores precios y dejarlos fuera.
Por su intermedio, Presidente, pido que eso sea parte del trabajo que haga el Ejecutivo para que estas iniciativas, que están bien inspiradas y que ha sido objeto de un gran debate, no se transformen en letra muerta o en una trampa en el tiempo para los que queremos apoyar.
La probidad es muy importante; la transparencia, fundamental, pero también el que nos protejamos entre todas y entre todos.
Vamos a respaldar este proyecto, y felicito, obviamente, a los colegas que han participado en el detalle de la discusión.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Muchas gracias, señora Senadora.
Tiene la palabra el Senador Matías Walker.
El señor WALKER.-
Muchas gracias, Presidente.
Hemos concurrido con nuestro voto a favor de este proyecto de ley, que moderniza la Ley de Compras Públicas, aumenta los estándares de probidad y transparencia e introduce principios de economía circular en las compras del Estado.
No quiero reiterar lo que se ha dicho, sino simplemente hacer énfasis en algunos aspectos que considero importante mencionar.
En particular, deseo felicitar el trabajo de la Comisión de Economía, porque al leer el informe observamos cómo fue mejorándose el proyecto.
Al principio estaban quedando fuera el Poder Legislativo, el Poder Judicial y las corporaciones municipales, entre otros organismos. Y hemos visto muchas veces que las corporaciones municipales son precisamente una fuente de corrupción.
También me parece muy relevante esto de prohibir dirigir las bases de licitación para generar la compra a determinados proveedores o marcas por sobre otros. Una preocupación constante que vemos, sobre todo a nivel de contratos de municipios, tiene que ver con cómo se repiten siempre los mismos proveedores. La gente comenta: "Oiga, qué `eficiente' esta empresa que siempre se gana las mismas licitaciones; siempre son los mismos proveedores".
Por esa razón es muy importante esto de eliminar las compras dirigidas y favorecer el comercio electrónico, el e-commerce, por montos inferiores a las mil UTM.
A la vez, se dispone un procedimiento de compras ágil, para realizarse preferentemente con pymes. Después vi que se cambió prácticamente en forma exclusiva a estas.
Se amplía esto a los organismos autónomos constitucionales, como el Congreso Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial.
Como decíamos, se incorpora a las corporaciones, a las fundaciones y a las asociaciones, al Banco Central, a las empresas públicas. Quienes representamos a regiones mineras -espero que no se enoje mi amigo el Presidente de Codelco- muchas veces vemos que los proveedores (estoy pensando en proveedores de Choapa, de La Serena, de Coquimbo) se quejan de que en los contratos de Codelco se repiten los mismos nombres de empresas proveedoras. Hay un desafío enorme respecto de las empresas del Estado, de las sociedades en que el Estado tenga más de un 50 por ciento de participación.
También se aplica, desde luego, la Ley de Compras Públicas en los contratos de ejecución de obras y concesión de obras.
En fin, creo que se avanzó mucho en la discusión de este proyecto.
Se fortalece el Tribunal de Contratación Pública, aumentando su integración de tres a seis jueces, con funcionamiento en dos salas. Necesitamos un sistema jurisdiccional de contratación pública que resuelva las controversias, pero que lo haga con agilidad.
También se considera que el personal que evalúe la licitación deba suscribir declaraciones de ausencia de conflictos de intereses y de confidencialidad respecto de las bases, de los procesos, para no alertar y beneficiar con ello a un proveedor determinado.
Creo que la exclusividad del procedimiento de compra ágil para las mipymes y para las cooperativas es una excelente medida.
También se considera la subasta electrónica, por ejemplo, que en este procedimiento, de manera automática y conforme a los antecedentes aportados por los proveedores en distintas fases, se determine la oferta más conveniente para adquirir bienes o servicios estandarizados con demanda transversal. Eso confiere una suerte de "velo de ignorancia", como diría Rawls, en filosofía del derecho, respecto de los oferentes. Que sean compras ciegas ayuda también a la transparencia.
En fin, no quiero repetir lo que se ha dicho, solo deseaba destacar estos elementos.
Así que solamente quiero felicitar a todos los que intervinieron en la tramitación de este proyecto, que lo perfeccionaron, a la Subsecretaria de Hacienda y a la Subsecretaria de la Segprés, aquí presentes, que hicieron un tremendo trabajo legislativo y de acompañamiento.
Por lo tanto, espero que esta iniciativa se pueda aprobar por unanimidad y avancemos a un nuevo sistema de contratación pública mucho más transparente y eficiente.
Gracias, Presidente.
He dicho.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Gracias, señor Senador.
Ofrezco la palabra a la Senadora Loreto Carvajal.
La señora CARVAJAL.-
Gracias, Presidente.
La verdad es que no puedo sino reiterar, a propósito del informe para cuya rendición fui designada, la importancia que tiene en este proyecto y en esta modificación el acuerdo conseguido entre el Ejecutivo y la Comisión de Economía del Senado.
Y, junto con saludar a las Subsecretarias Heidi Berner y Macarena Lobos, quiero reconocer la presencia del Ejecutivo y la disposición que hubo para hacer las modificaciones y adecuaciones necesarias, con un gran trabajo también de nuestra Comisión de Economía a través de su equipo técnico, los abogados Pedro Fadic y Robert Angelbeck. Se trata de una labor que, obviamente, viene arrastrándose desde el período pasado, porque este proyecto ingresó el año 2021, pero implicó un trabajo importante, permanente, también de los asesores, que generaron todas las adecuaciones, como ya he dicho.
Por tanto, deseo reconocer ese esfuerzo y ese acuerdo transversal, que significó aprobar este proyecto unánimemente tanto en la Comisión de Economía como posteriormente en la Comisión de Hacienda.
También quiero destacar el trabajo de los colegas que integraron la Comisión de Economía anterior, Carmen Gloria Aravena, Álvaro Elizalde, Yasna Provoste, que ha sido muy significativo, porque entendíamos que sobre esta materia debía haber un cambio sustancial, con tres ejes, que fueron los que definimos. Y lo podemos traducir en cuestiones bien concretas.
En primer lugar, debía ser enfocado en aumentar la participación, por supuesto, de los proveedores pymes.
Siempre se alega -quienes venimos del mundo municipal lo sabemos; el Senador Ossandón también hacía mención a ello- que en la práctica municipal hay enclaves, particularmente, que han determinado conductas que hoy día incluso llevan a generar procesos judiciales, que en mi región, lamentablemente, también existen. Lo que pasa en San Ignacio, lo que pasa en Ñiquén, lo que pasa en Vitacura y en otros municipios son, efectivamente, abusos de procesos que, de pronto, con falta de transparencia y probidad, determinan que tanto las entidades públicas como también quienes ejercemos cargos públicos estemos en tela de juicio, y en muchos casos con justísima razón. Por eso es muy importante que este tipo de legislaciones vayan en ese sentido.
Sin duda, generar impulso económico en favor de las empresas de menor tamaño es un imperativo que se ha puesto sobre la mesa y que ha sido gatillante también respecto a proyectos emblemáticos, como fue el salario mínimo.
Avancemos sobre esta materia, avancemos sobre el pago a treinta días, avancemos en una mejor participación, con más transparencia, donde ningún estamento del Estado se sienta ajeno o con una posición dominante, para conseguir la promoción y participación de empresas de menor tamaño.
Se trata de algo que aquí hace mucha fuerza y que fue materia de discusión, pero que finalmente se resolvió en los términos que nosotros entendemos que debe hacerse: proveedores locales y participación de mujeres. Porque, efectivamente, cuando hay procesos de licitación y de adquisición, muchas de nuestras mujeres que hacen esfuerzos gigantes para tener sus pequeñas empresas, sus microempresas, muchas veces a pulso, de antemano, por distintas razones, son perpetuadas en la discriminación y en la no participación. Y en esto, obviamente, entendemos que hay una modificación que es muy importante relevar y que fue fruto también de acuerdos y de posiciones que hoy día en lo colectivo necesitamos reforzar en todas las materias.
Por cierto, también se considera la celebración de convenios de colaboración con organismos regionales, provinciales, comunales, para realizar acciones de promoción para el acceso de estas empresas a los procedimientos de contratación.
Se establece, a propósito de lo que se señalaba acá, el sistema de compra ágil, un mecanismo de compras exclusivo para empresas de menor tamaño y proveedores locales en el caso de montos de hasta 100 UTM. Se trata de una modificación importante, que lleva a alrededor de 6 millones 300 mil pesos los montos, ya que antes existía un límite muy inferior, de 30 UTM. Por tanto, ahí hay señales muy claras de lo que se espera con este proyecto de ley.
Las uniones temporales de proveedores, que se constituyen exclusivamente para un proceso de compra en particular, deberán estar integradas única y exclusivamente por empresas de menor tamaño y su vigencia no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo la renovación o la posterior prórroga.
En materia de probidad, creo que es muy importante volver a recalcar, dados los casos de corrupción que ya hemos indicado, que se debe aumentar la fiscalización. Tiene que haber normas que establezcan probidad y transparencia y otro conjunto de disposiciones, como la licitación pública como regla general. De manera excepcional, tal como contempla el proyecto, y por actos debidamente justificados, podrán adjudicarse contratos mediante licitación privada, trato directo, contratación excepcional directa con publicidad u otros procedimientos especiales de contratación.
Además, deberán especificarse las causales de trato directo. Estas estarán sujetas a una potestad reglada. Según la causal y el monto a contratar, deberá publicarse, eventualmente, la decisión de recurrir a dicho procedimiento y siempre deberá publicarse el acto administrativo totalmente tramitado.
Se amplía, además, el universo de personas relacionadas inhábiles para contratar con los organismos del Estado, incluyendo no solo a los directivos, hasta jefaturas de departamento, sino también a todos los funcionarios (aunque no ejerzan jefaturas) y a las personas vinculadas a estos por parentesco, así como a las sociedades en las que ellos sean parte o tengan la calidad de beneficiarios finales.
Y ya lo señalábamos, en el caso de los directivos, la inhabilidad se extenderá hasta un año después del cese de su cargo. Además, se publicará en el sistema el personal que participe en los procesos de compra.
También se amplían las causales de inhabilidad para participar del Registro de Proveedores; se fortalece la normativa aplicable a grupos empresariales relacionados y al concepto de "beneficiarios finales", junto con regular la inadmisibilidad de las ofertas en caso de que en un procedimiento de contratación se presenten ofertas simultáneas respecto de un mismo bien o servicio por parte de empresas de un mismo grupo o que estén relacionadas entre sí.
Asimismo, se establecen iguales condiciones al Banco Central, a las empresas públicas, a las sociedades en que el Estado tenga más de 50 por ciento de participación, en el sentido de aplicárseles, como decíamos, las normas de probidad y transparencia.
En general, este proyecto incorpora nuevos procedimientos de contratación, innovadores, que tienen que ver con los nuevos tiempos y con las necesidades de los distintos servicios. Por cierto, está la subasta inversa, que es un procedimiento en etapas o rondas para adquisición de productos estandarizados a través de la plataforma administrativa de ChileCompra. A la vez, se consideran los contratos para la innovación y el diálogo competitivo.
Esta iniciativa ha generado, como ya dijimos, no solo un acuerdo transversal, sino también un trabajo sostenido por largo tiempo, desde el año 2021 al presente, 2023, en que se han tomado en consideración la supervigilancia y la necesidad de contar con información anual, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
No puedo sino expresar que, a mi juicio, debiéramos tener a la vista a la hora de aprobar el proyecto que necesitamos respaldar con fuerza a las pequeñas y medianas empresas, pero también establecer condiciones que generen mayor probidad, mayor transparencia; y, por supuesto, aumentar los tipos de contratación; establecer inhabilidades, que quedan absolutamente claras, e incorporar al Estado en su conjunto en este quehacer.
Así que, sin más, anuncio mi voto a favor.
Y no puedo sino agradecer a quienes son parte muchas veces en un segundo plano -por así decirlo-, pero que igualmente tienen gran relevancia en la discusión de estos proyectos, especialmente a la asesora legislativa del Ministerio de Hacienda Gabriela Rodríguez, que por razones de maternidad no está acá, pero le envío un gran saludo como mujer, ya que también con su esfuerzo ha posibilitado que este proyecto hoy día vea la luz y, ojalá, sea aprobado.
Por cierto, también agradezco a la Directora subrogante de ChileCompra, Dora Ruiz, por su presencia y permanencia. Y doy las gracias sobre todo al Ejecutivo, en la persona del Ministro de Economía, Nicolás Grau, por tener a la vista hoy día la oportunidad de entregarle al país una legislación acorde a los tiempos, con más transparencia, con más incorporación y, por supuesto, con más proyección para las pequeñas y medianas empresas, con énfasis, como ya dijimos, también en las mujeres.
Así que anuncio mi voto a favor, y espero que la Sala tenga a bien aprobar la iniciativa en su totalidad.
He dicho, Presidente.
Muchas gracias.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Muchas gracias, señora Senadora.
Solicito la venia de la Sala para que pueda presidir la sesión la Senadora Ximena Órdenes, por favor.
Acordado.
Estimada Senadora, por favor.
(Pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidenta accidental, la Senadora señora Órdenes).
La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).-
Gracias, Senadora Carvajal.
Tiene la palabra la Senadora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA.-
Muchas gracias, Presidenta.
Primero, quiero agradecer a las dos Subsecretarias que están hoy día presentes en la Sala.
En verdad, no es la primera vez que la Fiscalía Nacional Económica coloca los puntos en cosas interesantes e importantes para el país. Creo que debemos fijarnos mucho más en las resoluciones, en los informes que emite dicho organismo. Recuerdo lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, con las rentas vitalicias en su minuto, en que planteó que era una caja de pandora el procedimiento.
Y hoy día nos coloca en el tapete alrededor de cinco ejes, que son relevantes y que dieron origen a lo que hoy día estamos revisando en la Sala: la baja participación de oferentes; los tratos directos y no justificados, que han motivado, yo diría, una discusión abundante en la Sala; la falta de eficiencia en la etapa de planificación y presupuesto; la ausencia de criterios claros en los convenios marco, y los problemas de gestión en los contratos.
Se trata de algo muy importante y creo que podemos hacer una gran diferencia hoy día si esto se hace bien. De ocurrir así, las pymes, las mipymes van a ser, sin duda, las grades favorecidas, pero también las cooperativas. Al respecto, debemos destacar el especial énfasis que han puesto en ellas el Ministerio de Economía y el Ministerio de Agricultura. Cabe mencionar que las cooperativas agrícolas, sin duda, son muy importantes en el mundo rural.
Pero lo que a uno le preocupa, además, es todo el encadenamiento que existe aquí, no solo lo que va a ocurrir con el producto y la venta, sino que también lo que pasa con las instituciones que hoy día tienen que hacer fomento productivo para que esa pyme, esa cooperativa pueda llegar a comercializar.
Entonces, cuando hablamos del Fosis, de Sercotec, del Sence, de la Corfo, lo hacemos pensando en instituciones que a uno le gustaría que estuvieran encadenadas en este proceso, que hubiese un flujo de acción. Sin embargo, eso no se ve.
Por eso, quiero preguntarle a la Subsecretaria de Hacienda -ella entiende este problema, por haber estado en el Ministerio de Desarrollo Social- cómo encadenamos eso hoy día, porque la sensación que tenemos nos lleva a decir: "No queremos que esto sea un palo de fósforo. La idea es que con esto podamos hacer comercialización no solo por una vez, sino que también podamos contar en forma permanente con distintas organizaciones del Estado".
Entonces, frente a eso, no solo se debe mirar hacia adelante la comercialización de esa empresa, entendiendo que quizás ese no sea el rol de Hacienda en este minuto. Pero se debe ver qué pasa con esa pyme; cómo hoy día accede a los sistemas de financiamiento; cómo hoy día se concatena con el Banco Estado, con el Fosis, con Sercotec, con Sence, con la Corfo.
Me gustaría que pudiéramos mirar el mapa completo y no solo esta parte, entendiendo que así podemos hacer la diferencia.
Y lo otro interesante es que ChileCompra pueda celebrar convenios de colaboración con organismos regionales, provinciales e, incluso, comunales para realizar acciones de promoción y acceso. O sea, lo interesante hoy día es que, además, tendrá la obligación de difundir esto, no solo de ver cómo se produce. Y en cuanto a estos procedimientos, deberá elaborar un reporte público semestral, con estadística, acerca de la participación de las empresas.
Eso último me parece muy muy positivo. No sé dónde irá ese reporte, pero considero interesante que vaya a las Comisiones que hoy día tienen un grado de relación con el sistema.
A través de ese informe deberíamos conocer qué está ocurriendo con las ventas ágiles o con el sistema completo; cuál es el porcentaje de utilización efectiva de las empresas. Porque, si no, Presidenta -por su intermedio, a la Subsecretaria-, esto es letra muerta. Y yo la verdad es que, en este sentido, tengo más experiencia en letra muerta que en letra viva.
Vamos a aprobar esto. Quién podría dudar en aprobarlo.
Pero cuando uno va a la realidad, cuando uno va a conversar con la mipyme, cuando uno va a conversar con las cooperativas, las puertas del Estado se cierran absolutamente, ¡absolutamente! Además, es pésimo pagador, ¡es pésimo pagador! O sea, aquí tenemos quebradas muchas empresas porque el Estado no paga a tiempo, por más que coloquemos el pago a treinta días, etcétera.
Entonces, vamos a aprobar esto, aunque yo le tengo poca fe. Lo debo decir. Le tengo poca fe, porque conozco al Estado. Y esto lo digo más allá de los gobiernos. Y lo peor de todo es que nosotros aprobamos aquí la teoría, lo que debería ser, pero otra cosa es lo que efectivamente es.
Por lo tanto, les pido a las dos Subsecretarias que están aquí, a las que conozco y sé que son proactivas, inteligentes, dinámicas, que...
El señor PUGH.-
¡Cómo...!
La señora SEPÚLVEDA.-
¡Pero si es cierto! ¡No se rían! ¡Si es verdad, absolutamente!
Les decía a las Subsecretarias que pudiéramos aquilatar la importancia de este proyecto y que si lo hacemos bien aquí daremos un salto importantísimo, y sobre todo para las mujeres emprendedoras. Un peso del Estado que va a la mujer se replica y salimos de la pobreza.
Voy a votar a favor. Pero, como yo soy escéptica, no creo que tengamos resultados -ojalá esté absolutamente equivocada-. En este sentido, pido que nos puedan hacer el reporte a las Comisiones de Economía, de Agricultura, donde podamos revisar el tema. A mí me interesa fundamentalmente saber cómo esto va a impactar en la pequeña y mediana empresa agrícola y en las cooperativas -yo lo voy a pedir mañana en la Comisión de Agricultura del Senado-, a fin de que podamos ir chequeando y evaluando qué es lo que estamos haciendo, Presidenta.
Ojalá que me equivoque, ¡ojalá que me equivoque! Creo que, desde el punto de vista teórico, lo estamos haciendo bien, pero que desde el punto de vista práctico hay mucho trecho y tenemos que revisarlo permanentemente.
Muchas gracias, Presidenta.
La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).-
A usted, Senadora Alejandra Sepúlveda.
Tiene la palabra el Senador David Sandoval.
El señor SANDOVAL.-
Muchas gracias, Presidenta, y es un orgullo que la Patagonia esté ahí, en la testera de este Senado.
Quienes hemos estado en la Administración Pública nos acordaremos de que los servicios teníamos que concurrir a la Dirección de Aprovisionamiento del Estado para la provisión de todo tipo de bienes. Las grandes instalaciones estaban en Santiago, y teníamos que acudir desde los lugares más recónditos del país a esa instancia para comprar, desde las resmas de papel hasta los muebles de oficina. Evidentemente que es una historia que cumplió su etapa, cumplió sus funciones.
Y estamos frente a un proceso en el cual hoy día el volumen de adquisiciones, la complejidad que están adquiriendo las mismas organizaciones relacionadas con cómo el Estado lleva adelante sus diferentes instancias obliga a tener una estructura orgánica diferente.
Además, en el proceso de adquisiciones todos los días vemos dificultades desde el ámbito público en cuanto a entidades en procesos irregulares, en situaciones complejas, que en muchas ocasiones han dejado en muy mal pie a numerosas administraciones precisamente por esas conductas.
Y, efectivamente, no hace mucho tiempo, conversando con el Contralor General de la República sobre esto mismo, se hablaba de que en el proceso público hay áreas claramente definidas donde hay riesgos.
Aprovecho de saludar, por su intermedio, a la Subsecretaria que nos acompaña.
Hay áreas sensibles dentro de la Administración a las que todos conocemos, desde todas las entidades. Por eso no sorprende que, cuando suceden estas situaciones y uno recurre a las causas, se observe que a veces es necesario enfatizar en esos procedimientos.
Por ello, es preciso instalar un sistema distinto de compras respecto a este particular; ver cómo se regula de una manera distinta. La Fiscalía Nacional Económica habla de la baja participación de oferentes: ¡imagínense que en el 25 por ciento de las licitaciones públicas participa un oferente!, o sea, para el cuarto de las adquisiciones del Estado existe solamente un proveedor. Y en el 55 por ciento hay tres o menos.
Por tanto, aquí hay un sistema de provisión de bienes hacia el Estado absolutamente atomizado y que, evidentemente, deja de lado lo que significan una diversidad de alternativas, por distintas circunstancias. Ello, sin dejar de mencionar los famosos tratos directos, en que incluso se señala por la propia Fiscalía que casi el 60 por ciento de los tratos directos no fueron debidamente justificados.
Entonces, estamos hablando de un procedimiento que requería con urgencia un perfeccionamiento, y esto se valora en dicha tarea y en dicha dirección.
Hay distintas alternativas: la compra ágil, la compra por cotización, los convenios marco. Estos últimos -dicho sea de paso- más de alguna vez también fueron un dolor de cabeza, porque obligaban al servicio a tener que recurrir a tales convenios a pesar de existir alternativas de proveedores más económicos.
Aquí alguien hacía mención -la Senadora Alejandra Sepúlveda, me parece- a cuál es la credibilidad que uno debe tener. Es como el pronto pago -por su intermedio, Subsecretaria- a que está obligado el Estado con los proveedores. Y en la tramitación de una iniciativa anterior, durante la semana pasada, se mencionaban ciertos contratos del Estado.
Con el Ministerio -anótelo, Subsecretaria, y mándelo al Ministerio de Transportes- comentábamos precisamente una situación en particular: en nuestra Región de Aysén existen muchos subsidios de transporte contratados por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Y existe una modalidad extremadamente rigurosa, donde cada pago, hasta del proveedor más pequeño de servicios, se resuelve en Santiago.
¿Pero cuál es el problema? Que tenemos dos servicios fundamentales para la región: de transporte lacustre y transporte marítimo, donde el Estado, desde enero hasta mayo, tiene deudas impagas por más de 1.600 millones de pesos. En efecto, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, por una coordinación con la Contraloría General de la República, tiene deudas por más de 1.600 millones de pesos para esos dos tipos de contrato: la barcaza Tehuelche, en el Lago General Carrera, y la barcaza Padre Antonio Ronchi, en el fiordo Mitchell. ¡1.600 millones de pesos solamente entre enero y abril!
¿Y dónde está la ley del pronto pago de los treinta días? Hay otra cantidad adeudada, a que también me referí en esa intervención, a catorce proveedores de transportes más pequeñitos todavía. A la persona que tiene un bus que va desde Coyhaique a Ñirehuao no le pagan desde noviembre del año pasado, en circunstancias de que lo único que tiene es un Hiace, un transporte para catorce pasajeros, al que debe proveer de combustible, lubricante, materiales, considerando, además, el tipo de caminos que tenemos.
Evidentemente que uno queda con ciertas dudas, como dice la Senadora Alejandra Sepúlveda, referidas a hasta dónde podemos avanzar en este cumplimiento. Pero si hay que hacerlo, tenemos que partir de la premisa de que al final del día esto es posible. Porque esta misma norma señala que ante el incumplimiento de las obligaciones respecto de compras, la entidad contratante, el Estado, podrá aplicar multas a quienes no le provean los servicios como fueron contratados.
Bueno, aquí estamos en una condición distinta, al revés, qué pasa con ese proveedor que ha venido prestando sus servicios de transporte regular desde noviembre del año pasado hasta ahora y al que el Estado no le paga. Entonces, es como una cosa medio extraña que necesariamente debemos suscribir.
Pero más allá de todo el tema, hay urgencia para resolver esto, para avanzar en sus regulaciones, para abrir los espacios. Y me parece muy bien lo que dice relación con el tema de los proveedores locales, porque en comunidades más rurales, más alejadas de los centros mayores a veces sucede que hay un solo proveedor en la plaza y la alternativa de comprarlo más allá puede ser quizá más barata (es relativo, pero a veces puede pasar). Y me parece muy bien que se reconozca esa instancia de los proveedores locales.
Creo que es un avance significativo, desde todo punto de vista. Espero que no se cumpla la máxima que señala la Senadora Sepúlveda, aun cuando tengo mis dudas e insisto con el pronto pago. Y, por favor, anótelo Subsecretaria, mande el mensaje, esto es vergonzoso, porque, además, de lo que hablamos cuando el Estado no paga, es de los servicios a los que recurre toda la población de nuestra región. O sea, cualquier persona que quiera ir de un rincón a otro rincón en la Región de Aysén lo hace a través de un transporte subsidiado. Y esos pequeños proveedores evidentemente no tienen las espaldas para cumplir con estos requerimientos, con ese nivel de demora en los pagos, que es evidentemente impresentable y en que espero sinceramente que se avance rápidamente.
Votaré absolutamente a favor, esperando que se cumplan las prerrogativas que aquí se señalan.
Muchas gracias, Presidente.
Y la felicito nuevamente por representar a la región más linda de Chile en la testera de este Senado.
La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).-
Muchas gracias, Senador David Sandoval.
Tiene la palabra el Senador Gastón Saavedra.
El señor SAAVEDRA.-
Muchas gracias, Presidenta.
El sistema de compras públicas ya tiene prácticamente veinte años en ejercicio. Y, por lo tanto, tenemos que valorarlo desde ahí. A veces nuestras críticas destempladas van más allá de lo que ocurre en la realidad. Otros lo aprecian de mejor forma desde afuera del país. No siempre cuando uno está inmerso en el bosque ve las cosas que ocurren y que son positivas.
Es cierto que tenemos problemas en algunos sectores o en algunos lugares con corrupción o falta de transparencia, con oportunidades en la licitación, pero es posible introducir mejoras, claro que sí, y eso también pasa por que adecuemos el sistema público a los tiempos que se viven.
No es menor que la Dirección de Compras Públicas refleje 2.271.000 órdenes de compra, con la participación aproximada de 120 mil pymes. Me parece que no es un número para despreciar. Es decir, el 96 por ciento de ellas son pymes. Aquí, por tanto, se expresa la relación público-privada. Son recursos públicos que salen del Presupuesto de la Nación y que están destinados a la compra de servicios y bienes para el funcionamiento del Estado.
Creo que ese es un respaldo pleno a la red de pequeñas, medianas y microempresas, que son las proveedoras de empleo en el país.
Una segunda consideración que debemos tener en cuenta es que esto fue parte de los acuerdos cuando se aprobó en esta Sala y en la Cámara de Diputados el ingreso mínimo. Ese era, por consiguiente, el compromiso de adecuar el sistema para beneficiar a las pequeñas y medianas empresas con recursos fijos, con flujos necesarios para poder capear el temporal que se está viviendo en la economía del mundo. Y, en consecuencia, en buena hora se aprueba este proyecto de ley, que permite fortalecer esa red de pequeños, medianos y microempresarios, además de la generación de empleos.
Por otra parte, se hace necesario observar lo siguiente.
Tenemos que mejorar respecto de lo que pasa en nuestras regiones. En el caso de la mía, de la Región del Biobío, estimativamente deben ser unos veinte millones de dólares que se traspasan a las pequeñas y medianas empresas. No es un dato menor, no es un monto menor, y eso se transforma en circulante, se transforma en otras relaciones socioeconómicas que permiten que la región pueda subsistir de mejor forma y, al mismo tiempo, se sostenga como tal a partir de esta red de pequeñas, medianas y microempresas, que -reitero-, junto con entregar servicios, son proveedoras de empleos.
Chile tiene compromisos respecto del cambio climático, y ahí claramente tenemos un amplio margen para mejorar, para innovar, para incorporar sistemas y mecanismos, para adecuar, para incorporar tecnología a la gestión no solamente de las compras, sino también de las pequeñas y medianas empresas. Y en ese sentido hay que abrir un capítulo seguramente respecto del sistema de compras para adecuar dichas empresas a este desafío.
En nuestro país cada uno de nosotros produce cinco toneladas al año de dióxido de carbono, que representan un porcentaje del total de lo que se emite en el planeta. Por lo tanto, ahí tenemos un desafío en materia de sustentabilidad, de ser parte de ese proceso y de contribuir clara y nítidamente a resolver un problema mayor que afecta a los habitantes de la tierra.
Esta normativa constituye un espacio -reitero- para crecer, para mejorar, para hacer economía circular, para transformar, en consecuencia, el sistema de compras públicas y la relación que se da con las pequeñas y medianas empresas, para hacerlo virtuoso en cuanto a sustentabilidad y, con ello, contribuir a la disminución de los gases de efecto invernadero y superar las condiciones medioambientales, a veces desastrosas, que nos toca tener en nuestros territorios.
En suma, este es un proyecto que contribuye al desarrollo y al fortalecimiento de la relación público-privada; segundo, que ayuda a mejorar todo lo que es el sistema de compras y de pagos -esperamos que sea en términos oportunos-, para que las empresas no tengan que padecer situaciones financieras y llegar al borde de la quiebra.
En definitiva, se trata de seguir fortaleciendo con estas medidas y estas leyes el sistema de compras públicas, las empresas de menor tamaño y de este modo la generación de empleo en todos los territorios del país.
Votaré a favor, como también lo hará el resto de la bancada del Partido Socialista, porque estamos contribuyendo -y lo entendemos así- a modernizar el Estado, sus relaciones con las pequeñas, medianas y microempresas. Y, al mismo tiempo, hay que seguir fortaleciendo esta relación público-privada, que está en función no solamente de las finanzas, sino también de la generación de empleo, que es algo que el país requiere en términos permanentes.
He dicho.
Muchas gracias.
La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).-
A usted, Senador Gastón Saavedra.
Tiene la palabra la Senadora Isabel Allende.
La señora ALLENDE.-
Gracias, Presidenta.
Creo que es bastante claro el apoyo unánime que va a tener este proyecto aquí, en la Sala del Senado, porque es tremendamente necesario e importante avanzar, como se ha explicado, en profundizar, en desarrollar el proceso de modernización del gasto público.
Por cierto, todos queremos elevar los estándares de probidad, de transparencia, de eficiencia y, desde luego, que exista incorporación, que es un elemento que llama la atención.
Además, me parece muy positivo el paso relacionado con la innovación, como el análisis de los principios de economía circular, a cuyo respecto -entre paréntesis, lo digo ya que está presente la Subsecretaria, a quien aprovecho de saludar- la verdad es que creo que en nuestro país se usa poco todavía el concepto de economía circular, e incluso considero que el reuso es algo bastante escaso, lamentablemente.
Así que yo espero que con esto podamos darle a ella un impulso, ser capaces de desarrollar la reutilización, el reuso y, por cierto, poder dinamizar aún mucho más una economía circular, que es tan necesaria.
Es evidente -y aquí se mencionó- que fue muy decisivo el estudio de la Fiscalía Nacional Económica, mediante el cual nos mostró justamente la baja participación de oferentes. Aquí se señalaba la cifra. Es bastante impactante el hecho de que a lo menos en un 25 por ciento de las licitaciones públicas solo haya un participante u oferente y que en el 55 por ciento se presenten tres o menos. Eso lo dice todo de la concentración del mercado y la falta de mayor diversidad de proveedores. Estimo que ello es una seria limitación a la competencia, por supuesto.
También dicha entidad hizo otras observaciones, como las relativas a que los contratos directos no son debidamente justificados, a que no siempre existían criterios claros en los convenios marco, en fin, en una serie de otros temas. Y todo esto, entonces, se ha tratado de mejorar, a través de proyectos que ha desarrollado la Comisión de Economía -me parece que es muy importante el trabajo que han realizado ahí-, para que haya mayor probidad y transparencia, uso eficiente de recursos públicos, se mejore lo relacionado con el Tribunal de Contratación Pública, se establezcan nuevas facultades para la Dirección de Compras y Contratación Pública, se fomente la innovación, como se señalaba, en fin.
Fue así que, entonces, motivados por este informe, estas necesidades y este tema, se formularon una serie de indicaciones que son muy positivas, como aumentar las instituciones reguladas por la Ley de Compras Públicas, mejorar la regulación en los contratos de obras y respecto del sistema de información y gestión de compras públicas. Se trata de una serie de indicaciones que apuntan a lo que hemos estado señalando y en las que, por supuesto, estamos todos de acuerdo, y las vamos a votar a favor.
Ahora bien, junto con manifestar todo aquello, que además es algo que todas y todos quienes han intervenido en la Sala han reiterado, quisiera señalarle a la Subsecretaria de Hacienda -se lo dije en privado y se lo quiero decir acá, en la Sala- que a mi juicio sería interesante que se pudiese prestar atención al tema de las universidades públicas y al procedimiento de contratación. Como todos sabemos, estas son instituciones creadas por ley para el cumplimiento de funciones de docencia, de investigación, de creación artística, de innovación, de extensión, de vinculación con el medio y el territorio, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la democracia, al desarrollo sustentable e integral del país y al progreso de la sociedad en diversas áreas del conocimiento y dominio de la cultura. Es decir, tienen una tremenda responsabilidad en materia de extensión y de funciones que, por supuesto, además son fundamentales en nuestros territorios.
Sin embargo, el Consorcio de Universidades del Estado de Chile me hizo ver las dificultades que tienen y me señaló que ellos sienten que la entidad debiera tener justamente un reconocimiento, un régimen jurídico especial. Por eso mismo le he entregado a la Subsecretaria un documento, que se ha comprometido a estudiar para ver si efectivamente pudiese hacerse una adecuación en ese sentido y considerar algunas situaciones, porque lo que nos explicaban es que muchas veces la implementación de los mecanismos de licitación les genera problemas en la oportunidad de contratación y en relación con los respectivos costos, impactándose con ello, por ejemplo, la eficiencia de la gestión, que es algo que se les exige y que es necesario; o que a veces, cuando se trata de procesos de licitación, estos son muy largos, duran de ocho a doce meses, y, por cierto, ponen en riesgo la posibilidad o disponibilidad de productos.
En fin, hay una serie de situaciones que, dadas las funciones diversas y específicas que por otro lado cumplen las universidades, pueden producirles problemas. Y el ChileCompra no necesariamente las ayuda muchas veces; más bien, hay ocasiones en que incluso les encarece los mecanismos de compra, como pueden ser servicios de transporte terrestre, aéreo, en fin, todo lo cual la verdad es que les genera una serie de temas que sería interesante abordar para ver si es posible darles solución.
Por lo menos, yo quería plantear esto formalmente, como me dijo la Subsecretaria, a quien le agradezco que se comprometa a buscar respuestas a estos requerimientos del Consorcio de Universidades del Estado, porque creo que son muy importantes y necesarios.
Habiendo dicho eso, termino señalando que por supuesto voy a votar a favor.
Eso sí, quiero comentar algo una vez más. Hemos escuchado tantas veces decir que debe haber un pago oportuno a los proveedores y que tenemos que darles oportunidades a las pymes y a las mipymes. Por lo tanto, espero que realmente esta iniciativa sea un salto cualitativo y que de verdad los pagos no demoren más de treinta días.
Normalmente oímos que debiera haber un pago oportuno, pero pareciera que esto no ocurre, y una vez más nos encontramos con dilaciones de esos pagos, lo cual, por supuesto, afecta a las empresas en su solvencia e, incluso, en su sustentabilidad propiamente tal.
Por lo tanto, espero que de aquí en adelante realmente tomemos en cuenta las lecciones que nos ha entregado la Fiscalía Nacional Económica. Es muy importante tenerlas en cuenta para mejorar nuestro mercado y, sobre todo, favorecer a un mayor número de proveedores y contar con más participación de estos.
Eso es lo que más esperamos, junto con más oportunidades para las pequeñas y medianas empresas.
Por todas estas razones, considero que, evidentemente, este es un paso importante que estamos dando.
Y confío, entonces, en que efectivamente hagamos fe y a través de estos cambios podamos superar todas las observaciones que nos entregó la Fiscalía Nacional Económica; porque no es sano, ¡no es sano!, para un país lo que hemos señalado respecto al nivel de concentración y de falta competencia.
Esperamos que con todas estas nuevas herramientas, disposiciones y mejoramientos logremos lo que más deseamos, que es contar con una buena relación público-privada, un mercado competitivo y, sobre todo, más oportunidades para las pequeñas y medianas empresas, dejando atrás la concentración solo en las grandes.
He dicho, Presidenta.
La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).-
Muchas gracias, Senadora Isabel Allende.
Tiene la palabra el Senador Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA.-
Seré muy breve, Presidenta.
Quiero sumarme a lo señalado por quienes me han antecedido en el uso de la palabra. Este es un proyecto de ley que desde todo punto de vista busca modernizar el Sistema de Compras Públicas, cuestión que es muy necesaria en nuestro país, más aún si su propio articulado contempla la posibilidad de aumentar la transparencia y la probidad en el mercado de las compras públicas.
Lamentablemente, a lo largo de los últimos años sendos informes de Contraloría han mostrado las serias deficiencias que han tenido los sistemas anteriores. Se han indicado las señales, los caminos y las vías para ir mejorando el sistema de compras públicas, y creemos que este proyecto va en esa línea, porque de una u otra manera genera condiciones que van a facilitar la participación de las pymes, disminuyendo las barreras de entrada al sistema y perfeccionando el procedimiento ante el Tribunal de Compras Públicas.
Yo quisiera, sí, tomar algunas de las palabras de la intervención del Senador Sandoval. La región que yo represento, la Región de Los Lagos, tiene las mismas problemáticas que la de Aysén con los subsidios al transporte en sus diferentes modalidades, como son el marítimo y el lacustre.
Y, la verdad, hemos tenido serios problemas, porque cuando hay retrasos e ineficiencias en los pagos a los proveedores de los servicios, se generan dolores de cabeza tremendos para la gente. Ha empezado a disminuir la calidad de los servicios prestados, porque los operadores sostienen que el Estado no les paga, y ellos no pueden mantenerse ocho o diez meses con facturas impagas, cuestión que es absolutamente atendible. Esto genera impactos directos sobre la población.
Debemos evitar aquello.
Yo creo que, si estamos sacando este tipo de leyes, que van en la línea de perfeccionar y modernizar el sistema de compras públicas, también necesitamos que el Estado sea un buen pagador, que lo haga a tiempo y de manera eficiente, para no provocar estas distorsiones y problemáticas que muchas veces las terminan pagando los campesinos de a pie, la gente de campo, las mariscadoras, las extractoras de productos del mar de orilla, etcétera.
Esas son las personas que sufren cuando el Estado no cumple a tiempo sus obligaciones.
Por eso, es importante que desde los Ministerios respectivos (Transportes; Economía, Fomento y Turismo, y Hacienda) se coordinen las acciones para que estos temas no sigan ocurriendo.
No corresponde que esto pase. Y no estoy haciendo una crítica a este Gobierno; este es un problema que tenemos hace largos años, que ha sido transversal a los gobiernos de uno y de otro sector, y que no se ha corregido.
A veces, un trámite en la oficina de un abogado de los Ministerios señalados se demora de cuatro a seis meses; creemos que eso es absolutamente solucionable y subsanable.
Por lo tanto, Presidenta, voto a favor de este proyecto.
Creemos que es una buena iniciativa, la que, además, va en línea -repito- con lo que el propio Presidente de la República ha señalado en su cuenta pública, en cuanto a profundizar todo lo relacionado con la transparencia y con lo que significa para nuestro país ir abordando los temas relativos a la corrupción, los que, lamentablemente, en el aparato público muchas veces están muy enraizados.
Desde ese punto de vista, quiero señalar lo siguiente -por si no lo saben los Subsecretarios de los Ministerios involucrados-: esta semana se dictó en un tribunal de mi región una sentencia que es inédita en el país, la cual estableció condenas a exautoridades de Puerto Varas por falso testimonio ante la Contraloría.
Este es un delito respecto al cual no hay jurisprudencia en nuestro país; por ende, se realza el rol de todos quienes creemos que la corrupción y la falta a la probidad hay que abordarla con mucha fuerza.
Al existir esta sentencia condenatoria, se le da mayor fortaleza al rol de la Contraloría General de la República, cuestión que siempre va a ser buena en un país que quiera avanzar en el ámbito de la probidad y la transparencia.
He dicho, Presidenta.
Muchas gracias.
La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).-
A usted, Senador Fidel Espinoza.
Le ofrezco la palabra al Senador Kenneth Pugh.
El señor PUGH.-
Muchas gracias, señora Presidenta.
Sin lugar a dudas, la modernización del Estado es una necesidad para poder transitar a un Estado centrado en las personas.
Cuando hablamos de modernizar, nos referimos a los diferentes procesos. Y ahí es donde viene mi reflexión: no solamente se requieren reglas claras, sino que también la capacidad efectiva para hacerlas cumplir.
En los procesos de adquisición y de compra, la naturaleza de los servicios prestados y el proceso que se sigue obedece a un ritual establecido y quizá basado en papeles, autorizaciones y personas.
Hoy estamos comprometidos con la transformación digital -al respecto, quiero traer a colación la ley N° 21.180, de Transformación Digital del Estado-; pero no basta con eso, ya que necesitamos saber si efectivamente las cosas ocurrieron tal como se señalan, pero poner a personas a controlar miles o millones de procesos que pueden estar ocurriendo es bastante ineficaz e ineficiente.
Aquí es donde aparece una oportunidad para que nuevas tecnologías -por ejemplo, la inteligencia artificial- evalúen estos procesos.
En esto, señora Presidenta, viene mi solicitud al Gobierno (representado en la figura de las Subsecretarias presentes), relativa a realizar una verdadera modernización del Estado, usando las tecnologías digitales de manera completa, no quedándonos solamente en que los procesos se puedan hacer en una página web o en los documentos en formato PDF o Excel que se suben normalmente, porque todo eso puede sufrir alteraciones producto de la forma en que se hace.
Necesitamos sistemas transaccionales que otorguen certeza jurídica de cada uno de los actos digitales.
Y aquí es donde aparece nuevamente la palabra "interoperabilidad": requerimos una gobernanza interoperable, que cuente con sistemas transaccionales que permitan instantáneamente saber qué está ocurriendo, sin la necesidad de pedir informes, estudios o reportes, como lo hacemos siempre durante la Ley de Presupuestos, lo cual lleva a que una gran cantidad de personas deban preparar documentos, cuestión que podría estar automatizada.
Invito al Gobierno a no solo hacer propio lo que se está señalando en este proyecto, las formas que se están viendo, sino que a profundizar, para que usando bien la tecnología podamos darles más a las personas con lo que hay.
Esa es la verdadera reforma del Estado: este recibe ingresos de los impuestos que recauda, y estos deben ser usados de la mejor forma posible. En todos los procesos, especialmente en las adquisiciones, tiene que haber transparencia absoluta: se debe saber que se está adjudicando a quienes corresponde y que se están recibiendo los servicios contratados.
Este proceso de control es el que permite que el Estado funcione y que la ciudadanía confíe en que este último es capaz de ejercer todos estos procesos, los que además se hacen de forma distribuida.
Ya se han destacado todas las realidades de las regiones, cada una tiene situaciones en particular; pero el común denominador sigue siendo un proceso que se basa en un sistema que se ha llevado del papel a computadores y que está en una fase inicial.
Yo espero que seamos capaces de avanzar de forma más rápida y profunda para poder tener procesos precisos que no sean alterables, que sean muy difíciles de comprometer, no repudiables, en el sentido de que la información que se va traspasando va siendo validada. Eso requiere, obviamente, nuevos marcos jurídicos.
Y esa es la ausencia que tiene el Estado hoy.
Esta verdadera modernización va a ocurrir cuando seamos capaces de tener una ley de gobernanza de interoperabilidad con, ojalá, el estándar europeo de cuatro capas.
La primera capa es la técnica, que no solo permite una conexión digital segura con trazabilidad (saber quiénes están accediendo, por qué y si tienen los permisos y las autorizaciones respectivas), sino también integridad de la información, que no va a ser cambiada. Porque de ahí parte la fe pública, la confianza que se tiene en el Estado.
La segunda capa es esencial producto de los diferentes sistemas y lenguajes que existen, ya que cada Ministerio ha adoptado uno distinto.
Pero la tercera capa es quizás la más importante: la cultural. Qué entiende cada organización u organismo como dato, como elemento para poder sacar información que, consolidada, nos permita tomar decisiones. Y algunas veces esto se enreda en códigos de clasificación, que cada uno puede tener cosas distintas y finalmente estamos hablando de lo mismo.
Poner en orden eso es ordenar el Estado para que toda la información disponible sirva y pueda ser utilizada.
Y, finalmente, la capa jurídica, que hace que todo esto funcione orgánicamente con su gobernanza.
Estamos en un mundo de datos, nos guste o no.
Por eso, tenemos que sacar adelante la nueva ley de protección de datos personales, que está en tercer trámite constitucional. Yo espero que pronto sea puesta en discusión en la Comisión de Constitución para, si es necesario, hacerle los últimos ajustes que nos permitan avanzar en un tema que es esencial: darles a las personas un derecho que tienen consagrado en la Constitución, que es la protección de sus datos personales. Porque en todos estos procesos hay información que debe ser custodiada, resguardada, protegida. Todos estos sistemas pueden ser atacados y por eso necesitamos la nueva ley de gobernanza de ciberseguridad, que probablemente va a crear una nueva agencia nacional.
Ese marco jurídico digital es el que permite que procesos como este se lleven a cabo de forma eficaz, rápida, segura, transparente, que dé todas las garantías de las que hemos hablado. Y tener información instantánea para saber si las cosas ocurren o no.
Yo me hago cargo de las palabras de las Senadoras que me antecedieron, que dijeron que desconfiaban de que esto fuera a ocurrir. Qué bueno que se sincere la posición de desconfianza, porque queremos que sea posible comprobar, igual como uno revisa su cuenta corriente, por ejemplo, que efectivamente se realizaron las transacciones, las transferencias, los pagos y que el saldo diario es el que se señala; que podamos chequear si efectivamente el Estado está cumpliendo su compromiso con los proveedores, con aquellas personas a las que les adeuda y si eso ha sido entregado, además, en la calidad que se espera.
Es por eso que la tecnología es un medio, no un fin, que nos va a permitir, con esta modernización del Estado, dar mejores servicios a las personas, que es finalmente lo que esperamos: modernizar el Estado a través de procesos claros, con controles y sistemas que reporten instantáneamente para darles a las personas lo que requieren en su día a día.
Señora Presidenta, tal como se ha señalado, creo que este es un avance, pero necesitamos profundizarlo con sistemas nuevos. Se requiere que el Estado sea, quizás, el primero en transformarse, partiendo por el Registro Civil, donde están todos nuestros datos. Necesitamos sistemas que nos permitan contar con identidades digitales adecuadas para que tanto las personas naturales como jurídicas puedan operar dentro de ellos, que nos ayuden a reconocer quién es quién o cuáles son las transacciones que se están realizando, para así saber con certeza y seguridad qué es lo que está ocurriendo.
Más información con mejores datos va a ser siempre un mejor Estado.
Cuando estos procesos alcanzan ese nivel de transparencia, quizás podemos terminar con la lacra más grande que puede tener cualquier gobierno, la corrupción, porque no deja mucho espacio para que cosas de ese nivel ocurran. Por eso, siempre vamos a esperar avanzar en el sentido correcto, de dar más transparencia a cada uno de los actos del Estado, para que se obtenga toda la información necesaria de manera instantánea, sin que tengamos que generar una carga adicional para recabarla.
Habiendo dicho lo anterior, señora Presidenta, voto a favor.
Y estoy comprometido, tal como lo señalé, para apoyar al Gobierno en todas las materias de transformación digital segura que quiera hacer.
Muchas gracias.
He dicho.
La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).-
Gracias, Senador Kenneth Pugh.
No hay más inscritos.
Señor Secretario, haga la consulta.
El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).-
Terminada la votación.
--Se aprueban las enmiendas acordadas por mayoría en la Comisión de Economía (36 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple el
quorum
constitucional exigido, y el proyecto queda aprobado en particular y despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Campillai, Carvajal, Gatica, Órdenes, Pascual, Provoste, Rincón y Sepúlveda y los señores Castro González, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Espinoza, Flores, Gahona, Galilea, García, Huenchumilla, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Latorre, Moreira, Núñez, Ossandón, Prohens, Pugh, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.
La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).-
Aprobado y despachado en particular, el proyecto pasa a la Cámara para tercer trámite.
Le ofrezco la palabra a la Subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner.
La señora BERNER (Subsecretaria de Hacienda).-
Muchas gracias, Presidenta.
Por su intermedio, saludo a las Senadoras y los Senadores presentes.
Primero que todo, quiero agradecer la aprobación de este proyecto.
Y, también, darle las gracias a la Comisión de Economía, porque en varias intervenciones se ha señalado el importante rol que tuvieron los Senadores y las Senadoras que la integran para recoger, desde ese punto de partida, el informe de la Fiscalía Nacional Económica y la intervención del Contralor, que dio cuenta de la falta de competencia en algunos mecanismos de compras públicas.
Desde esa base se inició el trabajo conjunto con los asesores de cada uno de los Senadores y las Senadoras para ir presentando las indicaciones que fueron aprobadas en un trámite importante en la Comisión de Economía.
Creo que varios de los temas a los que se han referido son relevantes, pero me gustaría resaltar algunos.
En términos de mayor probidad y transparencia, efectivamente se contempla todo un capítulo que fortalece las normas relativas a esa materia. Y en particular, a propósito de la intervención de la Senadora Sepúlveda, el proyecto de ley establece el deber de ChileCompra de elaborar un reporte público semestral que contenga información sobre las compras de las empresas de menor tamaño y de los proveedores locales.
Adicionalmente, se ha señalado la importancia de la extensión de cobertura, que significa un aumento de 35 por ciento de entidades compradoras, incluyendo, como ya se dijo, a las corporaciones municipales y a otras entidades que reciben recursos públicos. Pero también hay un aumento relevante de cobertura de los proveedores, que estimamos va a ser de un 20 por ciento.
La Fiscalía Nacional Económica resalta la necesidad de mayor competencia. Y lo que se establece en este proyecto de ley es que la licitación es la regla principal del mecanismo de compra.
Adicionalmente, respecto a las licitaciones, se señala el conjunto de criterios que las rigen, para que no suceda lo que se mencionó que ocurría en el pasado -o que pudiese haber ocurrido-: que había licitaciones con muchos requisitos o especificaciones que al final del día hacían que hubiera pocas empresas o proveedores que pudiesen adjudicárselas.
Y eso es algo que también se corrige en este proyecto, además de, por supuesto, establecer nuevos mecanismos de compra; modificar los convenios marco, lo que también se señaló como un problema levantado por la Fiscalía Nacional Económica; y fortalecer los planes de compra, dándole atribuciones a ChileCompra para revisarlos y observarlos en caso de que existan inconsistencias en lo que las entidades públicas emiten como plan de compra anual. Y creo que eso es algo importante, porque hoy día ChileCompra los recibe, pero no puede hacer una planificación ni nada al respecto.
En relación con las empresas de menor tamaño, yo diría que este sí es un proyecto proempresa pequeña. Algunas de las intervenciones señalan que pudiese no serlo, ¡y sí lo es! De hecho, parte importante es cómo la compra ágil, que hoy día es un mecanismo de compra que puede ser utilizado por las empresas pequeñas, medianas y grandes, pasa a ser un mecanismo que solo podrá ser utilizado por las empresas de menor tamaño. Y cabe decir que actualmente el 72 por ciento de las compras ágiles las realizan las empresas de menor tamaño.
Por tanto, si bien es un ámbito y un instrumento que hoy día utilizan, ahora solo lo podrán usar ellas. Y, además, se amplían los montos desde 30 a 100 UTM.
Por eso calculamos que habrá un aumento, como dije, de 20 por ciento en los proveedores de empresas de menor tamaño, lo que significa aproximadamente un incremento de 300 millones de dólares al año.
Entonces, creemos que es algo importante.
Y, por supuesto, vamos a poder hacer seguimiento porque, como dije, el proyecto establece que ChileCompra tiene el deber de elaborar informes semestrales.
No me quiero detener en otros temas, como la economía circular o el comité de innovación, pero sí quisiera señalar, con relación al fortalecimiento de los tribunales de compra, que hoy día tenemos un tribunal con tres jueces titulares y tres suplentes. Y a partir de este proyecto de ley vamos a tener dos tribunales con seis jueces, y cada uno con sus suplentes. Creo que eso es un cambio bien importante.
Con relación a la Contraloría, este organismo tiene atribuciones distintas a las de los tribunales de compra. Los tribunales de compra actúan frente a un tercero, en general un proveedor, que se siente perjudicado y asiste a un tribunal de compra. Pero un órgano de este tipo no puede ir, por ejemplo, tras una falta de probidad cometida por un funcionario.
Esas atribuciones las tiene la Contraloría General, y que son previas a este proyecto de ley.
Lo que hace esta iniciativa de ley, a propósito de lo que señalaba la Senadora Ebensperger, es darle un plazo a la Contraloría General de la República para pronunciarse. Hoy día pueden eternizarse los sumarios. Pero cuando se trate de sumarios por faltas a la probidad, a propósito del proceso de compra, se le da un plazo de treinta días.
Eso es lo que cambia este proyecto, además, por supuesto, de todo el fortalecimiento que señalé previamente con relación a los tribunales de compra.
Respecto a los proveedores locales, se incorpora un capítulo IX que, además de promover la participación de las empresas de menor tamaño, fomenta la compra a proveedores locales y empresas lideradas por mujeres.
Eso es algo muy importante del proyecto.
Entonces, ante igualdad, siempre se debe priorizar al proveedor local. Además, define lo que es un proveedor local, que, por supuesto, se relaciona con tener registrada dirección en la región.
Y, por último, también se ha señalado importantemente el tema de las deudas impagas.
Efectivamente, nosotros hoy día estamos tramitando en la Comisión de Economía del Senado un proyecto sobre pago a treinta días, que lo perfecciona, pero igual no puedo dejar de mencionar que la ley en proyecto establece que a cualquier proveedor que mantenga deudas originadas por algún organismo del Estado no se le pueden cobrar multas. Porque puede ocurrir que a esa pequeña empresa, además de tener deudas, se le cobren multas. Eso hoy día, con este proyecto de ley, deja de ser posible.
No me quiero extender más, porque ciertamente ha sido una larga tramitación.
Sin embargo, a propósito de la última intervención, quiero puntualizar que el proyecto de ley genera un sistema de información y gestión de compras públicas, lo cual va a permitir mucho acceso a datos.
Adicionalmente, nosotros hemos trabajado durante este año en mayor integración del sistema ChileCompra con otros sistemas del Estado, como el Sigfe, el Registro Civil, el Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería General de la República.
Asimismo, estamos trabajando en el modelo de datos para que se pueda acceder al sistema a través de una clave única y no como sucedía antes, donde un proveedor tenía una clave que no contaba con todos los mecanismos de seguridad, algo que aquí se ha planteado como un aspecto importante. Eso hoy día se corrige también.
Por lo tanto, nuevamente agradezco la votación, y esperamos poder continuar en la Cámara con su tercer trámite.
Tal como señaló el Senador Saavedra, fue parte de los compromisos al momento de tramitar el ingreso mínimo el poder apurar este proyecto, porque además es muy esperado por las empresas de menor tamaño.
Muchas gracias.
El señor SAAVEDRA.-
Así es.
La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).-
A usted, Subsecretaria.
Senador Velásquez, usted está inscrito, pero se encuentra terminada la votación.
¿Quiere intervenir?
El señor VELÁSQUEZ.-
No, Presidenta.
La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).-
Okay.
Como no existe quorum para tomar acuerdos, procederé a levantar la sesión, sin perjuicio de dar curso a las peticiones de oficio que han llegado a la Mesa.
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor BIANCHI:
Al Presidente de la República y al Ministro Secretario General de la Presidencia, pidiéndoles ENVÍO DE MENSAJE PRESIDENCIAL QUE REGULE Y ENMIENDE ERRORES DE LEY Nº 19.853 PARA LOGRAR UNA REAL PROMOCIÓN E INCENTIVO A CONTRATACIÓN LOCAL.
Del señor EDWARDS:
Al Presidente de la República, solicitándole manifestarse respecto de IRREGULAR ENCARCELACIÓN DE EXPRESIDENTA DE BOLIVIA JEANINE ÁÑEZ Y GOBERNADOR DE SANTA CRUZ, LUIS FERNANDO CAMACHO, ASÍ COMO DE UN POSIBLE OTORGAMIENTO DE ASILO POLÍTICO.
Del señor GARCÍA:
Al Director General de Concesiones de Obras Públicas, para que informe sobre COMPONENTES DE ÚLTIMA ALZA DE PEAJES EN CONCESIÓN RUTA DE LA ARAUCANÍA.
Al Director Nacional de Vialidad (s), pidiéndole antecedentes sobre EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA RUTA LUMACO-LOS SAUCES, EN EXTENSIÓN DE 1 KILÓMETRO, IDENTIFICADA COMO "MODIFICACIÓN N° 1 DEL CCH NAHUEL, ETAPA 1".
Y al Director del Servicio de Salud Araucanía Sur, haciéndole presente FALTA DE ÁREAS PARA COLACIÓN Y DE CASILLEROS PARA GUARDIAS DE SEGURIDAD DE HOSPITAL DE LAUTARO y planteándole NECESIDAD DE CAMBIO DE FECHA DE PAGO A DICHOS TRABAJADORES.
Del señor MACAYA:
A la Seremi de Transportes de la Región de O'Higgins, solicitándole información sobre LICITACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO ENTRE RANCAGUA Y LOCALIDAD DE COYA; FECHAS Y VIGENCIA DE LICITACIÓN, ASÍ COMO CONDICIONES EXIGIDAS A LOS MICROBUSES; Y FISCALIZACIONES Y SANCIONES A DICHO RECORRIDO EN ÚLTIMOS 36 MESES.
De la señora RINCÓN:
Al Ministro de Obras Públicas, requiriéndole URGENTE SOLUCIÓN PARA HABITANTES DE LOCALIDADES CERCANAS A RUTA K-660, PROVINCIA DE LINARES, AFECTADOS POR MAL ESTADO DE SUS CAMINOS.
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La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).-
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:44.
Mario Inostroza Sepúlveda
Jefe de la Redacción subrogante