REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 371ª
Sesión 17ª, en miércoles 26 de abril de 2023
Ordinaria
(De 16:27 a 20:22)
PRESIDENCIA DE SEÑOR JUAN ANTONIO COLOMA CORREA, PRESIDENTE,
Y SEÑORA LUZ EBENSPERGER ORREGO, PRESIDENTA ACCIDENTAL
SECRETARIO, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Retamales, Karim
--Campillai Rojas, Fabiola
--Carvajal Ambiado, Loreto
--Castro González, Juan Luis
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cruz-Coke Carvallo, Luciano
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Edwards Silva, Rojo
--Flores García, Iván
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--Gatica Bertin, María José
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Keitel Bianchi, Sebastián
--Kusanovic Glusevic, Alejandro
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Macaya Danús, Javier
--Moreira Barros, Iván
--Núñez Arancibia, Daniel
--Núñez Urrutia, Paulina
--Órdenes Neira, Ximena
--Pascual Grau, Claudia
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Saavedra Chandía, Gastón
--Sandoval Plaza, David
--Sanhueza Dueñas, Gustavo
--Soria Quiroga, Jorge
--Van Rysselberghe Herrera, Enrique
--Velásquez Núñez, Esteban
--Vodanovic Rojas, Paulina Eugenia
--Walker Prieto, Matías
Concurrieron, además, el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Álvaro Elizalde Soto, y la Ministra del Medio Ambiente, señora Maisa Rojas Corradi.
Asimismo, se encontraban presentes el Subsecretario del Interior, señor Manuel Monsalve Benavides; la Subsecretaria General de la Presidencia, señora Macarena Lobos Palacios, y el Coordinador Nacional de Ciberseguridad, señor Daniel Álvarez Valenzuela.
Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, y de Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:27, en presencia de 30 señoras Senadoras y señores Senadores.
El señor COLOMA (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor COLOMA (Presidente).-
Las actas de las sesiones 13ª y 14ª, ordinarias, en 18 y 19 de abril de 2023, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras Senadoras y los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor COLOMA (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor BUSTOS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta, la cual, por ser un documento oficial, se inserta íntegramente y sin modificaciones.
Veintiún Mensajes de S.E. el Presidente de la República
Con los diecinueve primeros, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", respecto de los siguientes proyectos de ley:
-Sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (Boletín N° 11.077-07).
-El que modifica el Código del Trabajo y la ley N° 18.290, de Tránsito, en materia de protección de la salud e integridad de los trabajadores que sufren violencia laboral externa (Boletín N° 12.256-13).
-El que modifica la ley N° 19.712, del Deporte, con el objeto de fijar un plazo para la presentación de denuncias por acoso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva (Boletín N° 14.597-29).
-El que establece en favor del Estado una compensación, denominada royalty minero, por la explotación de la minería del cobre y del litio (Boletín N° 12.093-08).
-El que suprime o modifica la intervención de notarios en trámites, actuaciones y gestiones determinadas (Boletín N° 13.535-07).
-El que modifica la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, para sancionar a quien apoce, extraiga, transporte o comercialice recursos hidrobiológicos contaminados (Boletín N° 14.971-21).
-El que modifica el Código Procesal Penal en materia de procedencia de la prisión preventiva y de suspensión de ejecución de la sentencia, respecto de mujeres embarazadas o que tengan hijos o hijas menores de tres años (Boletín N° 11.073-07).
-El que autoriza construir un memorial y circuito de memoria, en la comuna de La Reina, en recuerdo de las víctimas de la Caravana de la Muerte (Boletín N° 15.278-24).
-El que modifica la ley N° 20.765 para facilitar la recuperación del impuesto específico a los combustibles para los transportistas de carga (Boletín N° 15.289-05).
-El que modifica diversos cuerpos legales para incorporar el principio de equidad digital entre los estudiantes, asegurar su conectividad y el acceso a Internet, como herramienta esencial en el derecho a la educación (Boletines N°s 13.482-04 y 14.579-04, refundidos).
-El que posibilita la incorporación de la Escuela de Gendarmería de Chile dentro de aquellas instituciones de educación superior que el Estado reconoce oficialmente e incorpora reglas especiales para su proceso de acreditación (Boletín N° 14.879-04).
-El que moderniza la ley N° 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado (Boletín N° 14.137-05).
-El que impulsa la participación de las energías renovables en la matriz energética nacional (Boletín N° 14.755-08).
-El que protege los derechos de estudiantes cuidadores de la educación superior, promoviendo la corresponsabilidad y asegurando la conciliación entre actividades familiares, académicas y formativas (Boletín N° 15.221-34).
-El que introduce modificaciones y prorroga la vigencia de la ley Nº 18.450, que aprueba normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje (Boletín N° 14.068-01).
-El que modifica la ley N° 20.585, sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, con el objeto de fortalecer las facultades de los organismos reguladores y fiscalizadores y establecer las sanciones administrativas y penales que indica (Boletín N° 14.845-11).
-El que fortalece el vínculo entre el Hospital Clínico de la Universidad de Chile `Dr. José Joaquín Aguirre´ y el Sistema Nacional de Servicios de Salud (Boletín N° 15.486-11).
-El que establece un nuevo estatuto de protección a favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa (Boletines N°s 13.115-06 y 13.565-07, refundidos).
-El que modifica el Código del Trabajo para fortalecer los derechos de los dirigentes sindicales (Boletín N° 14.685-13).
Con los dos últimos, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", respecto de las siguientes iniciativas:
-La que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias (Boletín N° 9.914-11).
-La que establece normas de eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático (Boletín N° 13.179-09).
--Se toma conocimiento de los retiros y de las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Dos de la Honorable Cámara de Diputados
Con el primero, comunica que ha aprobado el proyecto de ley que modifica la ley N° 21.435, que reforma el Código de Aguas, para ampliar el plazo de inscripción y regularización de derechos de aprovechamiento de aguas, correspondiente a los Boletines N°s 15.588-33, 15.597-33, 15.667-33 y 15.784-33, refundidos.
--Pasa a la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía.
Con el segundo, comunica que en sesión de esta fecha, ha aprobado, en los mismos términos en que lo hiciera el Senado, el proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental, en materia de paridad en el Consejo Constitucional, correspondiente al Boletín N° 15.821-07.
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a S.E el Presidente de la República.
Informes
De la Comisión de Salud, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece el Día Nacional de la Prevención del Accidente Cerebrovascular (Boletín N° 15.756-11).
Segundo informe de las Comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública, unidas, e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece una Ley Marco sobre Ciberseguridad e Infraestructura Crítica de la Información (Boletín N° 14.847-06) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
De la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales, recaído en el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Boletín N° 9.404-12).
--Quedan para Tabla.
Mociones
De los Honorables Senadores señora Gatica y señores Flores, Kast, Kusanovic y Kuschel, con la que inician un proyecto de ley que modifica el Código Penal, para consagrar como circunstancia agravante cometer el delito en las inmediaciones de los establecimientos que indica (Boletín N° 15.871-07).
De los Honorables Senadores señoras Campillai y Pascual y señores Cruz-Coke, Edwards y Kusanovic, con la que inician un proyecto de acuerdo que modifica el Reglamento del Senado, con el objeto de crear la Comisión permanente de Discapacidad (Boletín N° S 2.385-09).
De los Honorables Senadores señores Sandoval, Durana, Prohens y Sanhueza, con la que inician un proyecto de ley que modifica el Código Civil, con el objeto de determinar la información que deben poner a disposición del público, las personas jurídicas que indica (Boletín N° 15.874-07).
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De los Honorables Senadores señores Sandoval, Chahuán, Durana, Prohens y Van Rysselberghe, con la que inician un proyecto de ley que modifica la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, para establecer el pago de intereses sobre fondos disponibles en cuentas corrientes, en las condiciones que indica (Boletín N° 15.875-03).
--Pasa a la Comisión de Economía.
Permisos Constitucionales
De los siguientes Honorables Senadores, en virtud del artículo 60 de la Carta Fundamental:
Del Honorable Senador señor Espinoza, a contar del día 25 de abril de 2023.
De la Honorable Senadora señora Órdenes, a contar del día 19 de mayo de 2023.
Del Honorable Senador señor Quintana, a contar del día 19 de mayo de 2023.
--Se toma conocimiento.
El señor COLOMA (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accede a lo solicitado.
--Se autoriza.
El señor BUSTOS (Prosecretario).-
Es todo, Presidente.
Gracias.
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El señor COLOMA (Presidente).-
Senador Pugh.
El señor PUGH.-
Muchas gracias, Presidente.
Respecto a la Cuenta, quiero solicitar el acuerdo para discutir en el primer lugar del Orden del Día el proyecto, en primer trámite constitucional, que establece la Ley Marco sobre Ciberseguridad e Infraestructura Crítica de la Información.
El señor COLOMA (Presidente).-
Al respecto, como existe el compromiso de despachar ahora el primer proyecto de la tabla, quiero sugerir, a propósito de lo que usted plantea y considerando que la iniciativa sobre ciberseguridad viene aprobada casi todo por unanimidad, que discutamos primero ciberseguridad hasta por una hora, conforme a los tiempos de Incidentes, para que sea bien justo, y luego vemos el relativo al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).
Y para evitar cualquier duda, dado que no es tan largo, acordar tratar el proyecto sobre SBAP hasta su total despacho.
¿Les parece pertinente esa fórmula?
La señora RINCÓN.-
Perdón, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Edwards.
El señor EDWARDS.-
Yo estoy de acuerdo con su propuesta, Presidente.
Pero quiero dejar meridianamente claro que, transcurrida la hora de discusión, el proyecto sobre ciberseguridad solo se vota, para poder despacharlo.
El señor COLOMA (Presidente).-
Así es.
El señor EDWARDS.-
No que termina la discusión y comienza un proceso de votación.
El señor COLOMA (Presidente).-
No. El espíritu es aprobarlo.
La señora RINCÓN.-
Perdón.
El señor COLOMA (Presidente).-
Senadora Rincón.
La señora RINCÓN.-
Presidente, ¿sería posible que nos volviera a plantear cuál sería el acuerdo?
El señor MOREIRA.-
No hay ningún acuerdo todavía.
La señora RINCÓN.-
Por eso digo "cuál sería".
El señor COLOMA (Presidente).-
Voy a explicarlo más lento.
El Senador Pugh, Presidente de la Comisión de Defensa, planteó al terminar la lectura de la Cuenta que el proyecto sobre ciberseguridad, que está en condiciones de ser visto y cuyas disposiciones fueron aprobadas por unanimidad, fuera puesto en el primer lugar de la tabla. Y al respecto, yo propongo que lo veamos de inmediato, lo discutamos hasta por una hora y luego lo votamos. Insisto: todas sus normas vienen aprobadas en la misma línea.
Me parece...
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Hay dos mayorías.
El señor COLOMA (Presidente).-
Hay dos mayorías pequeñas, pero me parece que ciberseguridad debe tener una discusión a lo menos equivalente a la hora de Incidentes. Terminada la votación, pasamos al proyecto que estaba originalmente en primer lugar, el relativo a SBAP, cuyo tratamiento es un poco más largo, y para que no haya ninguna duda, y como hay interés en aprobarlo, propongo discutirlo hasta su total despacho.
El señor MOREIRA.-
Pero sin fundamentar el voto.
El señor COLOMA (Presidente).-
No, se puede fundamentar, lo que importa es despacharlo.
(Murmullos en la Sala).
Ofrezco la palabra al Senador Walker y después al Senador Moreira.
El señor WALKER.-
Presidente, no sé por qué se hacen reuniones de Comités y se conforman las tablas si después se cambian de manera abrupta.
Está presente la Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, y en primer lugar se encuentra el proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad, el cual hay que explicarlo porque es complejo y en algunos casos hubo votaciones divididas.
Yo considero importante mantener el orden de la tabla.
Respecto al proyecto sobre ciberseguridad...
La señora RINCÓN.-
Que lo veamos en segundo lugar.
El señor WALKER.-
... lo podemos ver en segundo lugar, porque hay un tema muy complejo respecto del hacking ético, que se había resuelto en su momento sacar del texto, pero ahora se volvió a incorporar, el cual requiere también una discusión, porque se trata de un eximente de responsabilidad penal cuando hay un tipo de hacking determinado.
Entonces, yo prefiero que mantengamos el orden de la tabla.
Como digo, está presente la Ministra del Medio Ambiente, es un proyecto que fue muy discutido en la Comisión especializada y yo creo que es importante respetar el orden establecido.
Gracias, Presidente.
La señora RINCÓN.-
Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Yo estoy tratando de congeniar voluntades; hay una solicitud formal que, por último, se puede votar.
¡Ojo! Son necesarios dos tercios para cualquier cambio en la tabla: un acuerdo de Comités que represente a dos tercios de los Senadores en ejercicio; esa es la norma.
Senadora Rincón, tiene la palabra.
La señora RINCÓN.-
Presidente, para poder acoger lo que plantea el Senador Walker, si le parece, veamos el proyecto sobre medioambiente, luego ciberseguridad y después seguimos con el resto de la tabla.
¿Le parece?
El señor COLOMA (Presidente).-
¿Y si le ponemos límite de tiempo a SBAP, para asegurar que se vea ciberseguridad?
La señora RINCÓN.-
¿Va a alcanzar SBAP?
El señor COLOMA (Presidente).-
Como presumo, a esta altura, por la reacción, me parece que es más razonable que sea una hora para ciberseguridad y luego vemos SBAP, con todas las complejidades que tiene, hasta su total despacho en este caso.
La señora RINCÓN.-
Hasta total despacho.
El señor MOREIRA.-
Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Perdón, no hemos terminado el acuerdo. El Senador Moreira me pidió la palabra.
El señor MOREIRA.-
A ver, Presidente, yo no me opongo.
A mí lo que me interesa es que los dos proyectos ojalá se aprueben hoy día, independiente de lo que decida la Sala.
Pero yo le quiero pedir, si es que hay acuerdo para que se vea ciberseguridad, que sea una hora sin fundamentación de voto. Los que se inscriban para hablar, hablan, porque de lo contrario no vamos a alcanzar.
Así que quede claro que solo intervienen los que alcanzaron a inscribirse, y cuando termine la hora se vota.
El señor COLOMA (Presidente).-
Así lo entendí yo, pero es buena su explicación, porque efectivamente el espíritu es que sea una hora, se vote y después entremos a ver el primer proyecto de la tabla.
Hay varios inscritos y no sé si es sobre este tema o sobre otra cosa, porque nos podríamos enredar.
Esta materia, entonces, la entendemos resuelta.
¿Queda claro, Secretario?
Ya.
Así se acuerda.
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El señor COLOMA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador García.
El señor GARCÍA.-
Muchas gracias, Presidente.
La Comisión de Educación, de conformidad con el artículo 17 A de nuestra ley orgánica, acordó solicitar a la Sala que apruebe refundir las iniciativas correspondientes a los boletines números 15.806-04 y 15.858-04.
Ambos son proyectos interpretativos que dicen relación con los derechos de los asistentes de la educación al ser traspasados al sistema de educación pública. Por eso nos parece necesario refundirlos.
El señor COLOMA (Presidente).-
Solicito el acuerdo, entonces, conforme a lo solicitado por el Senador García, para que se refundan los dos boletines a que hizo referencia.
¿Si les parece?
--Se acuerda.
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El señor COLOMA (Presidente).-
Senadora Allende, tiene la palabra.
La señora ALLENDE.-
Presidente, es para asegurarnos de que SBAP será discutido hasta su total despacho.
Solamente eso quería ratificar.
En verdad, son muchos años de tramitación y se trata de un proyecto demasiado importante, donde hemos trabajado arduamente y creemos que debiera salir.
Estoy segura de que el Senador Moreira, quien nos ha acompañado, comparte una apreciación que es transversal.
¡No me hace caso el Senador Moreira...!
(El Senador Moreira no advierte la alusión por estar conversando con un colega).
El señor INSULZA.-
¡Está dedicado a pelear...!
El señor COLOMA (Presidente).-
¡Pero espiritualmente está con usted...!
La señora ALLENDE.-
¡Espiritualmente estará, por esta vez, conmigo...!
El Senador Moreira no me ha hecho caso, pero estoy segura de que transversalmente se comparte el punto.
(El Senador Moreira ahora pone atención a lo dicho por la Senadora).
Estamos diciendo que hemos trabajado arduamente en la Comisión y tenemos el mayor interés y compromiso en que salga hoy día el proyecto, estando, por cierto, la Ministra presente.
El señor MOREIRA.-
¿Ven que soy de centro...?
El señor COLOMA (Presidente).-
¡No exagere, Senador...!
Senadora Núñez, tiene la palabra.
La señora NÚÑEZ.-
Muy breve, Presidente, pero en la misma línea.
Efectivamente, que se vote primero ciberseguridad en el plazo que acordamos, pero en el caso del proyecto SBAP es muy importante que lo podamos despachar hoy día.
Solo eso.
Gracias.
El señor COLOMA (Presidente).-
Así está acordado, Senadora.
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El señor COLOMA (Presidente).-
Senador Flores, tiene la palabra.
El señor FLORES.-
Muchas gracias, Presidente.
Recién conversaba con el Presidente de la Comisión de Recursos Hídricos, por cuanto la Mesa decidió que el proyecto que amplía el plazo para la inscripción de los derechos de agua pase a dicha instancia, y con el Senador Durana coincidimos en que debería tramitarse en la Comisión de Agricultura, en la cual recién aprobamos una iniciativa que va en la misma línea.
Por tanto, solicito que pase a la Comisión de Agricultura, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Estaba sosteniendo la misma conversación.
¿Si les parece, enviaremos el proyecto referido a la Comisión de Agricultura?
--Así se acuerda.
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El señor COLOMA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Van Rysselberghe.
El señor VAN RYSSELBERGHE.-
Gracias, Presidente.
En relación a otro tema, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, solicito un nuevo plazo para presentar indicaciones, hasta el jueves 25 de mayo del presente, al proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley de Tránsito, para prevenir la venta de vehículos motorizados robados y sancionar las conductas que indica (boletines números 15.077-15 y 15.410-15, refundidos).
El señor COLOMA (Presidente).-
El Senador Van Rysselberghe ha solicitado un nuevo plazo de indicaciones hasta el 25 de mayo, a las 12 horas.
¿Les parece?
--Así se acuerda.
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El señor COLOMA (Presidente).-
Vamos a los proyectos de la tabla.
LEY MARCO SOBRE CIBERSEGURIDAD E INFRAESTRUCTURA CRÍTICA DE LA INFORMACIÓN
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Según lo acordado recién por la Sala, el señor Presidente pone en discusión en particular el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece la Ley Marco sobre Ciberseguridad e Infraestructura Crítica de la Información, iniciativa correspondiente al boletín N° 14.847-06.
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho, calificándola de "discusión inmediata".
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 14.847-06) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Este proyecto de ley fue aprobado en general en la sesión del 18 de octubre de 2022 y cuenta con un segundo informe de las Comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública, unidas, e informe de la Comisión de Hacienda.
Las referidas Comisiones unidas dejan constancia, para los efectos reglamentarios, de que los artículos 12, 31 y 32 permanentes, así como los artículos tercero, cuarto y séptimo transitorios del proyecto, no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.
Dentro de ellas, el mencionado artículo 31 requiere de 25 votos favorables para su aprobación, por tratarse de una norma de quorum calificado.
Las Comisiones unidas, además, efectuaron un conjunto de modificaciones al texto aprobado en general, las cuales fueron aprobadas por unanimidad, con excepción de dos de ellas, que fueron sancionadas por mayoría, por lo que serán puestas en discusión y votación en su oportunidad.
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de las Comisiones unidas respecto de alguna de ellas o existieren indicaciones renovadas.
Entre las enmiendas unánimes, las relativas al artículo 1, inciso segundo; artículo 4, inciso final; artículo 8; artículo 9, letras a), b), c), d), e), i), m), n), ñ), v) y x); artículo 10; artículo 13; artículo 14; artículo 16, inciso tercero; artículo 20, con excepción de su letra g), que fue aprobada por mayoría de votos; artículos 21, 25, 26, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 44 y 45 permanentes, y los artículos segundo, quinto, sexto y octavo transitorios requieren de 25 votos favorables para su aprobación, por tratarse de normas de rango orgánico constitucional.
Por su parte, las enmiendas referidas a los artículos 29, 30 y 42 de la iniciativa requieren de 25 votos a favor, por corresponder a normas de quorum calificado.
La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció acerca de las normas de su competencia y no introdujo modificaciones en el texto despachado en su segundo informe por las Comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública, unidas.
Asimismo, consigna que las referidas disposiciones fueron aprobadas por dicha instancia con las votaciones unánimes que en cada caso se registran.
Las modificaciones aprobadas por mayoría de votos en las Comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública, unidas, corresponden a las siguientes:
Primero, la eliminación de la oración final del inciso segundo del artículo 16, que se refiere a la integración paritaria del Consejo Multisectorial sobre Ciberseguridad.
Segundo, la letra g) del artículo 20, que contempla entre las funciones del Equipo Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática el realizar entrenamiento, educación y capacitación en materia de ciberseguridad. Esta norma requiere 25 votos favorables para su aprobación, por ser de rango orgánico constitucional.
Sus Señorías tienen a su disposición un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general, las enmiendas realizadas por las Comisiones de Defensa y de Seguridad Pública, unidas, y el texto que resultaría de aprobarse estas modificaciones.
Es todo, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias, señor Secretario.
Quiero recordar que esta iniciativa, además, forma parte de los treinta y un proyectos vinculados a la agenda priorizada en materia de seguridad, que es bien relevante.
Adicionalmente, solicito la autorización de Sus Señorías para que ingresen a la Sala el Subsecretario del Interior, señor Manuel Monsalve, y el Coordinador Nacional de Ciberseguridad, señor Daniel Álvarez, al objeto de que nos puedan ayudar y dar su visión respecto de esta materia, ya que fueron quienes estuvieron directamente vinculados al proyecto.
¿Habría acuerdo para ello?
(El señor Presidente hace sonar la campanilla en señal de acuerdo).
Adelante don Manuel y don Daniel.
Tiene la palabra Senador Pugh para entregar el informe correspondiente.
El señor PUGH.-
Presidente, a continuación daré lectura al informe del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece la Ley Marco sobre Ciberseguridad e Infraestructura Crítica de la Información (boletín N° 14.847-06).
Esta iniciativa de ley se inició en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República señor Sebastián Piñera Echenique. Fue aprobada en general por la Sala del Senado en octubre de 2022 por unanimidad. En dicha ocasión se determinó que fuera informada en particular por las Comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública, unidas.
Las instancias legislativas referidas dieron inicio a su cometido el 29 de noviembre del año pasado, recibiendo en audiencia a la Ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Tohá, y al Coordinador Nacional de Ciberseguridad, señor Daniel Álvarez, quienes anunciaron y explicaron los cambios propuestos por el Ejecutivo al proyecto despachado por la Sala de esta Corporación, mediante las correspondientes indicaciones.
Las Comisiones unidas dedicaron once sesiones al examen de las 199 indicaciones formuladas al texto aprobado en general. En todas ellas participó el Coordinador Nacional de Ciberseguridad; también estuvieron presentes en algunas sesiones representantes del Ministerio de Defensa, así como de la Comisión para el Mercado Financiero.
Cabe destacar que, para facilitar la tramitación de esta iniciativa de ley, se conformó una mesa de trabajo prelegislativo integrada por asesores de los miembros de las Comisiones unidas y del Ejecutivo, la que permitió alcanzar un amplio consenso en las modificaciones incorporadas. En efecto, tal como se aprecia en el informe, casi la totalidad de las indicaciones fueron aprobadas por unanimidad.
En lo que atañe a las enmiendas, el proyecto aprobado en particular pone en el centro y releva la protección de los derechos de las personas. Así lo señala expresamente el nuevo inciso final del artículo 1.
Otra innovación radica en la sustitución de la expresión "infraestructura crítica" por "operadores de importancia vital y servicios esenciales". La razón de tal decisión descansa en que actualmente aquel término ha quedado circunscrito a las de orden físico, mientras que para los demás se recurre a la locución "servicios esenciales". La Agencia Nacional de Ciberseguridad, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 4, determinará aquellos que sean considerados como tales, y, dentro de estos, identificará a los operadores de importancia vital, de conformidad con los criterios establecidos en la ley.
Otro aspecto modificado dice relación con el ámbito de aplicación. El texto sugerido a la Sala obligará a todos los organismos del Estado y a las instituciones privadas a dar cumplimiento a ciertos deberes generales: a saber, la adopción de medidas necesarias para prevenir, reportar y resolver incidentes de ciberseguridad; gestionar los riesgos asociados, y contener y mitigar sus impactos.
Para ello, la Agencia establecerá protocolos y estándares diferenciados según el tipo de organización de que se trate, y tendrá especial consideración con las características y necesidades de las pequeñas y medianas empresas.
Asimismo, todas las entidades, sean públicas o privadas, con excepción de aquellas eximidas por la Agencia Nacional de Ciberseguridad, reportarán, en un plazo de tres horas, al CSIRT Nacional los ciberataques e incidentes de ciberseguridad que puedan tener efectos significativos. Del mismo modo, informarán su plan de acción tan pronto como lo hubieren adoptado. Adicionalmente, se les prohíbe expresamente realizar pagos de cualquier tipo por rescate ante ataques de secuestro de datos, de equipos o de dispositivos.
A su vez, los organismos del Estado con competencias específicas sobre servicios esenciales, incluidas las empresas públicas creadas por ley, las empresas del Estado y sociedades en que este tenga participación accionaria superior al 50 por ciento o mayoría en el directorio y las instituciones privadas calificadas como "operadores de importancia vital", tendrán mayores exigencias, debiendo observar los deberes específicos del artículo 6.
La Agencia Nacional de Ciberseguridad regulará, fiscalizará y sancionará las acciones de seguridad informática de los organismos de la Administración del Estado y de las instituciones privadas.
En tanto, las entidades autónomas constitucionales, por medio de sus órganos internos, tendrán la obligación de adoptar las medidas especiales de ciberseguridad contempladas en el artículo 6, dictando para ello las políticas, normas e instrucciones necesarias para dar cumplimiento a los principios y obligaciones de este texto legal, pudiendo requerir la asistencia de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Si bien estos órganos no estarán sujetos a la fiscalización, regulación ni supervigilancia de esta última, deberán acordar mecanismos de coordinación, cooperación, reporte de incidentes e intercambio de información sobre seguridad informática, incluyendo la conformación de equipos de respuestas.
Otra innovación estriba en la sustitución del Consejo Técnico de la Agencia Nacional de Ciberseguridad -aprobado en general-, en que sus miembros eran remunerados, por el Consejo Multisectorial de Ciberseguridad, cuyos integrantes se desempeñarán ad honorem y tendrán la misión de asesorar a la Agencia en diversas materias relacionadas con la seguridad informática.
En este punto, cabe hacer presente que el texto propuesto por las Comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública, unidas, no incluye una disposición que precise sus funciones. La razón de tal decisión se encuentra en la conveniencia de contar con un espacio de diálogo público-privado que de manera permanente y amplia apoye al Jefe de Estado en este tipo de asuntos.
En relación con el texto aprobado por la Sala del Senado, otra novedad se aprecia en el régimen aplicable al personal de la Agencia.
En efecto, recogiendo las observaciones realizadas durante la discusión en general, las peculiaridades de este organismo, las materias abordadas y la necesidad de contratar en ciertos casos a expertos sin título profesional, se concluyó que la mejor opción es que quienes se desempeñen en la entidad encargada de la seguridad informática queden sujetos a las disposiciones del Código del Trabajo, con ciertas modificaciones. Entre ellas, se encuentra la aplicación de las normas de probidad contenidas en la ley N° 20.880; las disposiciones del Título III de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y los artículos 61, 62, 63, 64, 90 y 90 A, según corresponda, del Estatuto Administrativo.
Además, se precisa que dichos trabajadores estarán sujetos a la responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiere afectarles por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones.
Por otro lado, el Director de la Agencia, no obstante lo que establezca el contrato, tendrá la facultad para aplicar las normas relativas a las destinaciones, comisiones de servicio y cometidos funcionarios de los artículos 73 a 78 del Estatuto Administrativo.
También es posible ver un cambio, respecto del proyecto de ley aprobado en general, en la creación de la Red de Conectividad Segura del Estado, la que proveerá servicios de interconexión y conectividad a los organismos de la Administración del Estado.
En lo que atañe a las enmiendas introducidas al precepto que regula los CSIRT sectoriales, el artículo 21 propuesto dispone que las autoridades sectoriales deberán constituir equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática a fin de contribuir al desarrollo de capacidades, confianza y seguridad de las redes y sistemas informáticos, y proporcionar asistencia para la gestión de incidentes en sus respectivas áreas.
En el ejercicio de sus funciones deberán dar cumplimiento a los protocolos, estándares técnicos e instrucciones que la Agencia pudiera dictar, con el objeto de lograr un nivel común de ciberseguridad y respuestas coordinadas.
En el caso del CSIRT sujeto a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero, bastará con dar cumplimiento a los protocolos y estándares que la Agencia comunique ante la ocurrencia de incidentes que pudieran tener un efecto sistémico para el país. Con todo, no se afectarán las facultades fiscalizadoras, las normativas ni las de supervisión del citado servicio público.
Además, se faculta a las autoridades sectoriales a dictar normas de carácter general y técnicas que consideren necesarias para la ciberseguridad de las instituciones de su sector. Ellas tendrán que ser sometidas a la aprobación previa de la Agencia. Asimismo, deberán dictar las instrucciones, circulares y órdenes del caso para implementar los protocolos y estándares técnicos establecidos por el organismo encargado de la seguridad informática.
Necesito dos minutos más para terminar, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
¡Le vamos a dar tres!
El señor PUGH.-
Muchas gracias.
En el ejercicio de estas facultades normativas, deberán considerar, al menos, los protocolos y estándares técnicos y las instrucciones generales y particulares dictadas por la Agencia Nacional de Ciberseguridad.
Tratándose de sus instituciones fiscalizadas, la Comisión para el Mercado Financiero podrá dictar las disposiciones de carácter general y técnico sobre ciberseguridad sin necesidad de solicitar la aprobación de la Agencia, siempre y cuando tengan un alcance distinto a las elaboradas por ella. De lo contrario, deberá informar previamente a la Agencia, por razones de coordinación.
Otro cambio radica en la inclusión de un título referido al Equipo de Respuesta a Incidentes de la Defensa Nacional. En él se crea el CSIRT de la Defensa Nacional y se señalan sus funciones, se faculta la creación del CSIRT institucional y se obliga a reportar los ciberataques e incidentes que puedan tener efectos significativos al CSIRT de dicha área.
Supone también una mejora, el perfeccionamiento del procedimiento administrativo aplicable en caso de infringirse este futuro texto normativo.
Otra relevante innovación se aprecia en el artículo 46 del texto sugerido, el que enmienda el artículo 2 de la ley N° 21.459, que establece normas sobre delitos informáticos, permitiendo brindar resguardo legal a las labores de investigación en seguridad informática, vale decir, al hacking ético, lo que es significativamente beneficioso para la sociedad en su conjunto.
Finalmente, es necesario poner de relieve que el texto propuesto por las Comisiones unidas recoge los últimos estándares en materia de ciberseguridad. Entre ellos, los de la Directiva NIS2, de la Unión Europea; las prácticas incorporadas recientemente en Israel y Bélgica, y las reformas introducidas en la legislación de República Dominicana.
En consecuencia, en mi calidad de Presidente de las Comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública, unidas, propongo a la Sala aprobar las enmiendas incorporadas al texto aprobado en general por el Senado, las que -reitero- fueron ampliamente respaldadas por los integrantes de las referidas Comisiones.
He dicho, Presidente.
Muchas gracias.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias, Senador.
Tiene la palabra, y abre el debate, el Senador Lagos.
El señor LAGOS.-
Muchas gracias, señor Presidente.
La Comisión de Hacienda tiene el honor de emitir su informe acerca del proyecto de ley de la referencia.
Como hemos conocido, esta iniciativa fue considerada previamente en particular por las Comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública, unidas, y a la Comisión de Hacienda le correspondió pronunciarse solo sobre los asuntos de su competencia.
A la sesión en que nuestra Comisión analizó este proyecto asistieron el Subsecretario señor Manuel Monsalve; el Coordinador Nacional de Ciberseguridad, señor Daniel Álvarez, y la Jefa de la División Jurídica, señora Camila Barros.
De conformidad con su competencia, la Comisión de Hacienda se pronunció respecto de disposiciones que dicen relación, básicamente, con los deberes de los operadores de importancia vital; la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad y sus atribuciones; la dirección de la Agencia y las atribuciones del director o directora; el patrimonio y el personal de la Agencia; la creación de la Red de Conectividad Segura del Estado; la creación del Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática de la Defensa Nacional, así como de las referidas a multas que se imponen en diversos artículos; al primer presupuesto de la Agencia, y al mayor gasto fiscal que irrogará este proyecto.
De otro lado, el informe financiero señala que el principal efecto en el presupuesto fiscal se origina con la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Para la conformación de dicha institución se contempla el traspaso de cuarenta y un trabajadores desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública -actualmente se desempeñan en funciones delegadas- a la nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad. También se considera el traspaso del 50 por ciento del presupuesto de bienes y servicios de consumo y de 32 por ciento de activos no financieros desde el programa presupuestario Red de Conectividad del Estado y de los recursos de la Unidad de Coordinación de Ciberseguridad de la Subsecretaría del Interior.
El mayor gasto fiscal que irrogará la aplicación de este proyecto de ley corresponderá a la contratación de quince nuevos trabajadores, los cuales se desempeñarán en el sistema de alerta temprana y en las unidades de Administración y Servicios Generales. Debido a que el personal a traspasar se encuentra contratado en calidad de honorarios, se proyecta además un gasto que permita mantener sus remuneraciones líquidas.
También se contemplan mayores gastos en bienes y servicios de consumo y adquisición de activos no financieros tanto permanentes como transitorios. Respecto de los gastos permanentes, se considera arriendo de oficinas, adquisición de software y servicios básicos asociados al nuevo personal, en tanto que el gasto transitorio contempla principalmente la habilitación de oficinas y equipamiento.
En cuanto a los montos propiamente tales -y con esto termino-, tiene un total de gasto permanente cercano a los 900 millones de pesos y un gasto transitorio que no alcanza los 60 millones de pesos.
Por último, cabe señalar que las normas de competencia de la Comisión fueron aprobadas en los mismos términos en que lo hicieron las Comisiones unidas, por la unanimidad de sus miembros, Senadores Coloma, García, Insulza, Lagos y Núñez.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias, Senador Lagos.
Tiene la palabra el Senador Kast.
El señor MOREIRA.-
¿Podría abrir la votación, Presidente?
El señor COLOMA (Presidente).-
No; quedamos de abrirla al final.
Usted mismo dijo esto con relación al fundamento.
El señor KAST.-
Gracias, Presidente.
Primero, quiero felicitar al Senador Kenneth Pugh por lo obrado en esta materia, y también destacar obviamente el apoyo que ha tenido desde la institucionalidad del Gobierno y de distintos actores.
En lo que respecta a ciberseguridad, este proyecto de ley nos va a poner a la vanguardia en un tema en que muchos congresos simplemente se han ido quedando atrás.
Quiero comentarles a los colegas el caso de Costa Rica; tal vez muchos no lo conocen, pero este país sufrió un ataque informático que lo colapsó aproximadamente por cinco días, donde todo su sistema digital fue completamente hackeado, capturado; desde las organizaciones públicas no se podía hacer absolutamente nada, ni tampoco en bancos, en organizaciones privadas, en fin.
Entonces, la experiencia que ha tenido Costa Rica ha sido muy traumática, y hace que un proyecto como el que hoy día estamos discutiendo sea realmente urgente.
Uno ve que otros países lo han hecho bien, como República Dominicana y Estonia, que ha sido una nación punta en la materia. Lo cierto es que en este nivel de negocio, de geopolítica, en que si el día de mañana quisiéramos avanzar en que lo digital fuera cada vez más cercano a la ciudadanía, permitiéndonos incluso votar electrónicamente, o establecer cualquier otra innovación, el tener más acceso a ello genera mayor riesgo.
El problema estriba en que cuando la ciudadanía se acostumbra a lo digital no hay vuelta atrás; por lo tanto, debemos ser capaces de generar una agencia como la que se está estableciendo por esta vía; de hecho, hay un legítimo debate en el sentido de si esta agencia tendría que quedar en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, como plantea este proyecto de ley, o si debiera estar en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Por ejemplo, en el caso de Estonia, se encuentra en el Ministerio de Transporte, porque es ahí donde está el know-how y la mayor capacidad técnica para justamente hacer frente a estas amenazas, que son sistémicas.
Tal vez hace veinte años este proyecto de ley era irrelevante; pero hoy día la fragilidad que puede tener un país, incluso por razones geopolíticas, en que incluso es factible infiltrar sectores críticos de su institucionalidad y afectar a la misma democracia, es brutal.
En tal sentido, lo más grave del ataque de que fue objeto Costa Rica, en que el Presidente de ese minuto dijo "Estamos en guerra", tiene que ver con que la ciudadanía no entendía la guerra que estaban sufriendo, porque, al ser cibernética, la gente decía: ¡Pero cómo!
Ciertamente, el sector privado tiene una capacidad, un nivel de riqueza, de recursos muy amplios para contratar capital humano, pero no así el Estado.
Cuando Costa Rica sufrió esta crisis, muchos actores del sector privado llegaron a ofrecerle ayuda al Gobierno; bueno, la ciudadanía muchas veces decía: "¡No! Tengo sospechas, porque ahí van a tener los datos", en fin.
Presidente, yo solo quiero decir que este es un proyecto fundamental; creo que va en la dirección correcta, y nos va a permitir defender nuestra democracia, defender nuestras instituciones y atrevernos a que cada vez más lo digital sea lo natural, pero también a que lo digital sea seguro y no tener susto de que, por movernos en esa dirección, finalmente nos vayamos quedando en una sensación de fragilidad.
Y esto requiere mucha inversión, mucha tecnología.
Me alegra que en este proyecto de ley la institucionalidad que se crea dentro del Ministerio del Interior -por ahora, hasta que contemos con el Ministerio de Seguridad Pública- sea con el Código del Trabajo. Y la razón por la cual se hace con dicho texto normativo es justamente para tener esa flexibilidad que nos permita ser competitivos con el sector privado. Porque si queremos tener el nivel de capital humano que se necesita en esta industria para protegernos, debemos contar con esa flexibilidad.
Así que, Presidente, voto a favor.
Y felicito a las Comisiones de Seguridad y de Defensa, unidas, de las cuales también fui parte, porque creo que este proyecto de ley nos mueve en la dirección correcta.
Gracias, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias, Senador.
Senador Insulza, tiene la palabra.
El señor INSULZA.-
Muchas gracias, Presidente.
Me correspondió, junto con el Senador Francisco Huenchumilla, estar en las Comisiones unidas que aprobaron este proyecto.
Bien sabemos de la importancia de esta iniciativa. La mayor parte de nuestras actividades de hoy son intermediadas por sistemas y redes informáticas que usamos para desarrollarlas diariamente. Por eso no es exagerado afirmar que de la seguridad de los sistemas y redes informáticas depende en gran parte nuestra acción en la sociedad tanto en materia social, económica, como laboral, y en última instancia de ella depende también la seguridad de las personas.
Incidentes y ataques de ciberseguridad que han tenido lugar en nuestro país y en el mundo entero en estos últimos años muestran la importancia de avanzar en crear e implementar modelos de gobernanza en ciberseguridad que permitan prevenirlos y reaccionar ante su ocurrencia.
La ley que crea el sistema de seguridad en Chile responde a esta urgencia. Por eso es fundamental y probablemente debió haber sido aprobada hace algunos años, incluso antes de otras normas sobre ciberdelito, etcétera.
Pero se ha llegado hasta ahora, y hoy, felizmente, estamos aprobando aquí, en este Senado, la ley en proyecto y proponiendo un marco regulatorio que en la actualidad es completamente inexistente y que promueve la gestión de riesgos, la coordinación interinstitucional, la implementación de estándares de seguridad digital para los sectores público y privado y la colaboración entre estos. Pero, además, busca ampliar y fortalecer la educación en materia de ciberseguridad, tanto para la formación de una cultura pública en esta materia como para la generación del capital humano pertinente.
Para esto se propone -y este es el corazón del proyecto- crear una Agencia Nacional de Ciberseguridad, cuyo objetivo sea no solo fiscalizar, regular y sancionar, sino, sobre todo, apoyar a las instituciones en la prevención y respuesta a incidentes de ciberseguridad, propiciando un modelo de colaboración y de alianza público-privada. Ello explica la propuesta de distintas categorías de obligaciones, algunas de aplicación general y otras más exigentes, para aquellos operadores que son considerados críticos en virtud de las actividades que desarrollan o los servicios que prestan.
Asimismo, se crea un sistema de alerta temprana y coordinación para cuando se produzcan incidentes de ciberseguridad, a fin de que las autoridades puedan actuar de manera rápida y efectiva ante cualquier amenaza. Se va a trabajar con un CSIRT, que quiere decir precisamente esto: sistema de coordinación en caso de incidentes de ciberseguridad y de reacción rápida. La sigla es en inglés, Presidente, pero se usa en todo el mundo, por lo que incluso en la ley aparece esta anomalía de que tengamos una sigla en inglés no traducida (el Senador lo dice en tono de ironía). Este CSRIT está dotado de adecuadas facultades de coordinación para cumplir el rol de colaborador y de primera respuesta ante eventos en la esfera tanto pública como privada.
El proyecto de ley, entonces, significa también un cambio en el enfoque, en la manera de mirar la ciberseguridad, poniendo énfasis en la seguridad de las personas, porque son estas generalmente las que se encuentran afectadas cotidianamente por este tipo de incidentes. Así, el primer deber de la Agencia será velar por la protección, promoción y respeto del derecho a la seguridad informática de las personas y las familias. Por eso se hace especial hincapié en la protección de aquellas instituciones que sean calificadas como "operadores de importancia vital", tomando en consideración que la afectación de las actividades de esos operadores de importancia vital como consecuencia de un ciberataque podría impactar de manera significativa la seguridad de las personas o el desarrollo de las actividades del país.
De ahí que creo, Presidente, que sería adecuado que esta institucionalidad, esta Agencia Nacional de Ciberseguridad, que ciertamente es autónoma, quedara bajo la dirección del Ministerio de Seguridad Pública.
Finalmente, es del caso señalar que para la elaboración de este proyecto se han estudiado y tomado en consideración los mejores estándares existentes en materia de ciberseguridad, así como la experiencia de aquellos países que cuentan con años de delantera en este ámbito.
De aprobarse la ley en proyecto, Chile contará con un marco regulatorio y una Agencia Nacional de Ciberseguridad que serán modelos para la región.
Muchas gracias, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Gracias, Senador.
Quiero recordar, para todos los que se inscriban con posterioridad, que es una hora de debate y se tiene que definir el tiempo de intervención. En el caso de la UDI, son diez minutos, y están inscritos el Senador Macaya y la Senadora Ebensperger, lapso en el que se debe considerar la participación de ambos.
La señora EBENSPERGER.-
A mí lo que me quede, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Estoy viendo que lo mismo pasa con el Senador Araya, la Senadora Órdenes y el Senador Quintana. Son tres, y se tienen que dividir el tiempo, llegar a un acuerdo.
El señor ARAYA.-
¿Y cuánto tiempo es, Presidente?
El señor COLOMA (Presidente).-
Siete minutos.
Senador Macaya, tiene la palabra.
El señor MACAYA.-
Gracias, Presidente.
Este proyecto de ley fue presentado en el Gobierno anterior por el Presidente Sebastián Piñera. En este sentido, quiero partir valorando la disposición de darle continuidad a una política pública, más allá del hecho de que haya sido formulada en la Administración pasada. Deseo celebrar el trabajo que se llevó adelante en la Comisión de Defensa, que me corresponde integrar, y lo reflejo en dos personas: en Daniel Álvarez, que nos acompaña y que es el encargado de la política de ciberseguridad por parte del Ministerio del Interior, y en el Senador Kenneth Pugh, quien hoy día es el Presidente de la Comisión de Defensa. Fueron personas muy muy relevantes para arribar a los acuerdos que se lograron en esta materia.
Creo que el proyecto se hace cargo de un vacío legislativo que resultaba indispensable resolver a la brevedad posible -estábamos atrasados en esta materia-, y lo hace de una manera inteligente: velando por los estándares de ciberseguridad del país sin que ello signifique una carga desproporcionada para las instituciones reguladas ni un aumento innecesario del Estado. Me parece que eso también es una noticia positiva.
Y en ese contexto, deseo celebrar la capacidad que se tuvo de construir acuerdos. Ojalá que se pueda repetir esta experiencia en otras materias, teniendo presente que, cuando se deja la ideología de lado, se logran importantes avances en temas que son trascendentales.
Este proyecto obliga al sector público y al sector privado a tomar las medidas necesarias para la gestión de riesgos y la implementación de estándares de seguridad digital con la finalidad de proteger a las personas; pero lo hace teniendo en especial consideración el impacto que ello pudiera provocar en la operación de los regulados, cuidando particularmente el no generar una sobrerregulación ni cargas imposibles de soportar.
Se tuvo muy presente ese equilibrio, porque es bien delicado. Y, por lo mismo, deseo aplaudir la capacidad de haber construido una regulación que soporte dicho equilibrio.
En tal sentido, se establecen obligaciones diferenciadas, según el tipo de institución de que se trate. Ahora, si bien se les otorgan facultades a autoridades sectoriales para dictar aquellas normativas de ciberseguridad que puedan ser requeridas, atendidas las especiales características de los sectores, se exige la aprobación previa de la Agencia con la finalidad de evitar una sobrerregulación y de contar con una legislación sistematizada.
En esa misma línea, cabe señalar que la Agencia cuya creación contempla este proyecto no ha sido diseñada para generar una relación asimétrica con los regulados, sino que para propiciar un modelo de colaboración en el que tanto las instituciones públicas como las privadas cuenten con el apoyo de la autoridad y de su organismo técnico, el CSIRT Nacional (Equipo de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad), para hacer frente a los riesgos y amenazas propias del ciberespacio, así como a los desafíos que implicará la entrada en vigencia de la nueva ley.
Conforme a esto, el foco de las sanciones no estará puesto en la forma como las instituciones van a dar cumplimiento al deber de tomar las medidas de seguridad adecuadas, sino en el cumplimiento del deber de reportar incidentes y en la comunicación oportuna de la información que pueda ser requerida para proteger la seguridad de las personas en el entorno digital.
En otras palabras, los mayores incentivos van a estar puestos en la gestión preventiva de los riesgos de ciberseguridad, pero sobre todo en la generación de las confianzas necesarias para el fortalecimiento de la ciberresiliencia y la pronta comunicación de estos incidentes.
La experiencia ha demostrado que un enfoque preventivo de gestión de riesgos, como el propuesto, y el conocer oportunamente los incidentes sufridos por otros y sus características es la manera más efectiva de prevenir su ocurrencia y evitar su propagación.
Por eso, Presidente, entendiendo que se hizo un trabajo de varios meses con un equipo de expertos, que pusieron a disposición los distintos parlamentarios para sacar adelante este proyecto de ley, damos un paso muy importante, porque pone a Chile a la altura de otras legislaciones en materia de ciberseguridad.
Y no tengo ninguna duda de que va a ser un paso fundamental y un avance muy importante para hacerles frente a los desafíos de la cuarta revolución industrial, del mundo digital y de todo lo que significan estos tipos delictuales, asociados a lo digital, a lo cibernético, a ámbitos en donde antes no teníamos conciencia de la existencia de delitos y de la posibilidad de generar daños importantes en materia de infraestructura crítica.
Así que reitero las felicitaciones al trabajo que se hizo en la Comisión de Defensa y también al que en paralelo se gestionó por parte de la Comisión de Seguridad. Y, especialmente, reitero los agradecimientos por parte de la coalición que nosotros representamos al Senador Kenneth Pugh, que tuvo un destacado trabajo en esta materia junto con los personeros del Ministerio del Interior.
Por supuesto, vamos a votar a favor.
El señor COLOMA (Presidente).-
Gracias, Senador.
Senador Araya, tiene la palabra.
El señor ARAYA.-
Gracias, Presidente.
Para nadie es un misterio que en los últimos años nuestro país se ha digitalizado y ha crecido con fuerza en este tema. Basta pensar, por ejemplo, cómo ha aumentado el comercio digital; pero, sobre todo, lo que ha significado la digitalización del Estado, donde hoy día buena parte de los ciudadanos puede hacer sus trámites desde la casa por internet.
Y esto, claramente, impone un nuevo desafío: qué se hace frente a los ataques.
En tal sentido, la Ley Marco sobre Ciberseguridad, que crea la institucionalidad necesaria para hacer frente a los desafíos del ciberespacio, parte -a mi juicio- de una premisa correcta: más allá de tratar de imponer sanciones, lo que busca o lo que propicia es un principio de colaboración entre las instituciones de los distintos sectores en la gestión de incidentes de ciberseguridad.
Así, el proyecto, que crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad como la encargada de la fiscalización del cumplimiento de la normativa, la dictación de los estándares técnicos que se requieren para lograr un ciberespacio seguro y resiliente y, en general, de la gestión política de la ciberseguridad, le da existencia legal al CSIRT Nacional, organismo técnico que va a estar encargado de prestar la asesoría para la generación de las capacidades y dar respuesta ante los ciberataques o incidentes de ciberseguridad que sean de efectos significativos.
Asimismo, se establece la habilitación legal para la creación de CSIRT sectoriales y establece el CSIRT de la Defensa. En esto me quiero detener un minuto. Esta entidad va a ser la responsable de la coordinación, protección y seguridad de las redes y sistemas del Ministerio de Defensa y de los servicios esenciales y operadores vitales para la defensa nacional. Además, asumirá un rol de coordinadora y enlace entre la Agencia y su CSIRT Nacional con los CSIRT institucionales de la Defensa Nacional.
La existencia legal del CSIRT de la Defensa implica un gran paso para consolidar el desarrollo de las capacidades de las instituciones de las Fuerzas Armadas. A la vez, resulta significativo que esta sea una atribución que se le va a entregar al Estado Mayor Conjunto, porque, como ha mostrado la experiencia comparada, la ciberdefensa debiera formar parte del mando conjunto.
Termino, Presidente, en honor al tiempo, felicitando el trabajo que desarrolló el Presidente de la Comisión, Senador Kenneth Pugh, quien ha sido un fuerte impulsor de este tema en el Senado; así como también el que llevaron adelante los asesores del Ministerio del Interior, quienes participaron de la discusión, especialmente el coordinador de ciberseguridad, señor Daniel Álvarez.
Anuncio mi voto a favor, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias, Senador.
Senador Pugh.
El señor PUGH.-
Muchas gracias, Presidente... (falla de audio).
El señor COLOMA (Presidente).-
Se cayó el audio.
¿Puede hablar así, a capela, o no?
El señor PUGH.-
Puedo usar otro micrófono, o el de la Senadora...
Ahora sí.
¡Nos hackearon, Presidente...!
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, "hacker" puede ser, en su primera definición: `Pirata informático'. Pero quiero leer la segunda acepción: `Persona con grandes habilidades en el manejo de computadoras que investiga un sistema informático para avisar de los fallos y desarrollar técnicas de mejora'.
Lo anterior ha permitido a quienes trabajaron en el desarrollo de este proyecto de ley entender el espíritu de aquellos que son expertos en proteger personas.
El proyecto de ley que estamos proponiendo protege a las personas, protege su vida en el ciberespacio: su vida íntima, su privacidad, sus datos. Protege los servicios esenciales y vitales que permiten darles a esas personas calidad de vida, seguridad y hasta sistemas de soporte vital.
Una de las cosas que llaman la atención es que hayamos sido tan innovadores al incorporar una norma europea, la NIS 2, que se publicó el 28 de diciembre del año pasado, o sea, tiene meses, y que ya está siendo aplicada por Bélgica.
Yo invito a leer el informe, el cual tiene 319 páginas. En la número 207 encontrarán los criterios fijados para que la comunidad hacker pueda acceder e informar y reportar vulnerabilidades.
De lo que estamos hablando, entonces, es de un sistema que va madurando.
Durante el proceso de desarrollo de la ley en proyecto, señor Presidente, Ucrania fue atacado con una guerra híbrida, tanto física, convencional, como ciberdigital. Toda la infraestructura crítica ucraniana -antenas de transmisión de telecomunicaciones, fibra óptica, centros de datos- fue destruida. Sin embargo, Ucrania sigue combatiendo en el ciberespacio, continúa dando servicios a sus ciudadanos y tiene todo lo que necesita, porque ellos redefinieron y lo que protegieron fueron esos servicios esenciales, usando medios alternativos y no la infraestructura crítica. Por eso decidimos cambiar también el estilo.
Cabe señalar, señor Presidente, que nuestra nueva agencia va a tener un nombre, una sigla: A-N-C-I. ANCI también es el nombre de la Agencia de Ciberseguridad de Francia. Porque Chile debe relacionarse con todos los países. Nadie en el mundo es capaz de enfrentar solo los desafíos de la ciberseguridad. Se requiere una amplia colaboración público-privada en el país y colaboración internacional. Y si se va a perseguir a los ciberdelincuentes, que no son estos hackers éticos de los que hemos hablado, se hará uso del Convenio de Budapest, que ya está considerado en la Ley de Delitos Informáticos, con evidencia. Aquí la Agencia va a jugar también un rol muy importante.
Se han fijado tres horas para que las empresas y todos los organismos e instituciones que estén sujetos a la ley informen. Porque necesitamos saber finalmente quién está detrás del ataque. Y este incluso puede ser un ataque de un actor estatal, como parte de una estrategia de debilitamiento de nuestro país.
La ciberseguridad tiene dimensiones geopolíticas, no tiene fronteras, no tiene colores ni trincheras. Y por eso hemos logrado un gran consenso.
Señor Presidente, en mis palabras finales quiero agradecer a toda la comunidad académica, a la comunidad científica, a todas las organizaciones, a las ONG que participaron y contribuyeron. También, al Ejecutivo, que empezó con una política nacional de ciberseguridad el 2017, cuya primera meta, del 2017 al 2022, era precisamente sacar adelante esta ley. Esta iniciativa fue ingresada el 10 de marzo de 2022, o sea, dentro del ámbito de vigencia de la política. Y espero que, como es un compromiso de la agenda de seguridad, de los treinta y un proyectos priorizados, cumpla la meta de los setenta y cinco días.
Creo que con esto Chile se pone a la vanguardia.
También se va a tomar el tema del secuestro. Antes se secuestraban aviones, pero los Estados se pusieron de acuerdo con las empresas y hoy no se secuestran aviones. En este sentido, queremos que no se secuestren grandes empresas y dejar afuera al ransomware, porque quienes pagan están permitiendo que el delito crezca y aumente. Las empresas que prestan esos servicios deberán tener todos los medios y la resiliencia para soportar estos ataques.
Finalmente, agradezco a mi equipo, señor Presidente, porque en esta labor se ha mencionado mi nombre, pero son muchas las personas que trabajaron en esto, comenzando por Michael Heavy, por Pascal de Smet, que estuvieron permanentemente contribuyendo; por todos los anteriores Subsecretarios de los diferentes Gobiernos, que también ayudaron. Porque desde el Comité Interministerial de Ciberseguridad, el anterior y el actual, ha sido posible llegar a este consenso: a que Chile tenga una agencia de calidad mundial, con las mejores prácticas, incorporándola incluso antes que muchos países europeos, que se verán obligados por la directiva NIS 2.
Voto a favor, señor Presidente.
Muchas gracias.
He dicho.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias. Senador.
Solicito el acuerdo de la Sala para que, eventualmente, me pueda reemplazar la Senadora Ebensperger, después de que intervenga, naturalmente.
Acordado.
Senador Quintana, tiene la palabra por tres minutos.
El señor QUINTANA.-
Gracias, Presidente.
En estos pocos minutos, quiero comenzar -nobleza obliga- destacando el rol de la Mesa. ¿Por qué? Porque, efectivamente, esto es parte de los treinta y un proyectos priorizados, como se ha dicho, y en ello la Mesa del Senado desempeñó un rol. También lo hizo en este proyecto, sin duda, como les consta a los miembros del Ejecutivo y a todos los Senadores que participaron en las Comisiones unidas de Defensa y de Seguridad, la Ministra Carolina Tohá.
Este es un proyecto que ingresó a fines del Gobierno anterior, pero al cual -y saludo también al Subsecretario Monsalve y a don Daniel Álvarez, quien tuvo un rol muy importante en la Comisión- se le presentaron muchas indicaciones.
Creo que con esta iniciativa nosotros dejamos atrás la era de la ciberseguridad de papel, como yo en algún momento la definí. Porque lo que teníamos era la Estrategia Nacional de Ciberseguridad definida, decretada, en papel, por la Presidenta Bachelet a finales de su segundo Gobierno. La verdad es que hubo unos años en que también se pudo haber avanzado mucho: 2017-2018; sin embargo, no se avanzó. ¡Pero nada se avanzó en los últimos cuatro años del Gobierno anterior!
Por eso, es valorable que tengamos esta estrategia, y que haya sido de manera consensuada, como dijo recién el Presidente de las Comisiones unidas, Senador Kenneth Pugh. Prácticamente todas las disposiciones fueron unánimes.
Aquí estamos hablando básicamente de dos órganos enormes que se crean, y que le dan al país un liderazgo en la región. Uno de ellos, el CSIRT, que es el equipo de respuesta ante incidentes en materia informática.
Eso es bien relevante, porque nosotros, poco se ha dicho acá, hemos tenido muchos incidentes en los últimos tres años, por ejemplo, en instituciones como el Ejército de Chile, Carabineros de Chile, el Registro Civil, los tribunales de justicia (el Poder Judicial sufrió incidentes el año pasado, y no sabemos cómo los reportó).
Con esta ley, todos los órganos, especialmente aquellos que son claves en esto, que son centrales en la respuesta, van a tener que informar de las medidas que toman. Por tanto, este órgano, el CSIRT, va a estar muy activo en aquello.
También este proyecto crea un segundo gran órgano, muy potente, del cual tampoco se ha hablado, que es la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que lo que hace es regular, sancionar y fiscalizar.
Si miramos nuestra institucionalidad pública, son muy pocos los órganos que tienen esas tres facultades. Esto solo es comparable con lo que tiene la Dirección del Trabajo.
Por lo tanto, efectivamente aquí hay un órgano bastante robusto.
En definitiva, este es un buen ejercicio. Es una muestra de la buena política, que da cuenta de que en los temas sensibles, como el de seguridad, el aprovechamiento político, como el que muchas veces vemos, o la instrumentalización incluso de las instituciones del Estado para fines políticos menores, pequeños, debe quedar desterrado, y dar paso a esta forma de despachar los proyectos.
Por eso quiero destacarlo, porque finalmente Chile se pone en la vanguardia en un tema tan delicado como el que se ha descrito.
Voto a favor.
Gracias, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias, Senador.
Le quedaron ocho segundos.
Senadora Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.-
Gracias, Presidente.
Muy breve, porque, como decía el Senador que me antecedió, casi todo esto fue aprobado por unanimidad, por tanto, todos los discursos que aquí se han dado van en el mismo sentido.
Sin duda, este proyecto, que hoy día usted somete a votación de esta Honorable Sala, se hace cargo de un punto débil institucional que tenía nuestro país, como es la seguridad, específicamente en su vértice de la ciberseguridad.
Va de la mano, me parece a mí también, con el proyecto del Estado digital ya aprobado hace un tiempo.
Porque hoy día queremos llevar todo a este espacio, a que la gente haga los menos trámites posibles.
Pero, para que ello sea efectivo, se requiere que esa información, que maneja el Estado, los privados, tenga la seguridad necesaria para que los datos que entregan las personas no sean mal utilizados.
El objetivo, Presidente, de este proyecto, como lo dice el mismo, es "establecer la institucionalidad necesaria para robustecer la ciberseguridad. Ampliar y fortalecer el trabajo preventivo. Formar una cultura pública en materia de seguridad digital. Y enfrentar las contingencias en el sector público y privado; y resguardar la seguridad de las personas en el ciberespacio".
Se crea una gobernanza que a mí me parece correcta, formada por los distintos órganos que aquí se crean, con una parte técnica muy fuerte, pero también con su contraparte política, para la debida coordinación, como lo es el Comité Interministerial.
Se establecen medidas de alto estándar para los órganos de la Administración Pública, destinadas a asegurar, entonces, el funcionamiento del sistema marco de ciberseguridad.
Presidente, no tengo mucho más que decir que felicitar el trabajo que ha hecho la Comisión de Defensa, liderado por el Senador Pugh, como su Presidente.
También, gracias a él, todos hemos aprendido un poco más de lo que es la ciberseguridad y la importancia que tiene para el resguardo de nuestro país, desde algo tan relevante como es nuestra soberanía, hasta las cosas más banales como los datos personales de todos los chilenos que puedan estar en el ciberespacio; y cómo evitar ataques, como los que han vivido algunos en distintas instituciones -los más conocidos probablemente se hicieron a algunos bancos-, y cómo toda esa información de las personas pasaba a ser pública o quedaba en manos de alguien que uno no sabía quién era.
Así que, Presidente, con mucho agrado, veo que nos estamos poniendo a la altura de lo que el mundo hoy día requiere con este proyecto.
Votaré a favor.
He dicho.
Muchas gracias.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias, Senadora.
Senadora Órdenes, por tres minutos, ocho segundos.
La señora ÓRDENES.-
Presidente, mis colegas han detallado en extenso el alcance de la Ley Marco de Ciberseguridad.
Solo me quiero permitir quizá algunas reflexiones.
Esta ley marco, primero, nos coloca en coherencia con un tratado internacional, el Convenio de Budapest sobre Delitos Cibernéticos.
Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo como país -creo- en materia de transformación digital.
Yo, como contexto, entiendo esta ley en esa línea.
Chile tiene varios desafíos.
Primero, romper con la brecha digital.
En ese sentido, tenemos un gran déficit, no en infraestructura digital, no en redes de alta velocidad, sino en el desarrollo de habilidades digitales. Si no, tendremos ciudadanos vulnerables. Por eso creo que es importante hablar de ciertos conceptos como la "ciberhigiene".
Otro tema tiene que ver con la digitalización del Estado y la interoperabilidad. Porque, más allá de la cuenta única, creo que ahí el Estado también tiene que ponerse al día respecto a los desafíos que tiene en materia de transformación digital.
Y, por supuesto, la digitalización de la economía es algo bien evidente si queremos pensar sobre todo en cómo nos instalamos en una sociedad que ya se piensa desde la lógica de la pospandemia.
En ese sentido, quiero compartir que creo que algunos de los desafíos que enfrentamos tienen que ver con la detección de talentos, con contar con profesionales con competencias avanzadas, que no implica solo estudiar una carrera. Acá hay chilenos y chilenas que tienen competencias en materia de ciberseguridad, respecto de los cuales quizás deberíamos ver y pensar cómo se acreditan. Se trata del desarrollo de los profesionales STEM, profesionales de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática.
Ahí hay también una brecha de género relevante, y que es importante abordar.
Decía también la Senadora Luz Ebensperger que tenemos la obligación de velar por la protección de los derechos de todos los usuarios de internet, de los datos, de su privacidad.
Por eso la ley de protección al tratamiento de datos personales y la privacidad de los ciudadanos es importante.
Digo esto, porque va más allá de gestionar riesgos.
Valoro, porque es importante -lo han destacado- que exista una institucionalidad como la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que regula, sanciona, fiscaliza. Y, por supuesto, está a cargo de la gestión de los incidentes.
Ataques han existido, como al BancoEstado, al Sernac, a los tribunales, y no hay capacidad de gestionarlos, porque a veces ni siquiera se han reportado de manera oportuna.
Entonces, lo primero también tiene que ver con eso.
Así que quiero reconocer el trabajo que han hecho las Comisiones, la Mesa, en tanto es parte de las prioridades de la Agenda de Seguridad.
Asimismo, el impulso que le dio también en lo personal el Senador Kenneth Pugh, con quien he trabajado en estos temas.
Y, por supuesto, el trabajo que ha desarrollado el Ministerio del Interior, encabezado por el Subsecretario Monsalve y el Coordinador Nacional de Ciberseguridad, Daniel Álvarez.
Voy a aprobar con mucho entusiasmo esta ley marco. Tenemos que seguir avanzando, porque hay que vestir efectivamente la Agencia. Y creo que ese es nuestro gran desafío.
Muchas gracias.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias a usted, Senadora.
Tiene la palabra la Senadora Provoste.
La señora PROVOSTE.-
Muchas gracias, Presidente.
Nos parece importante que cuando el país habla de una agenda de seguridad tengamos a la vista que esto no solo se refiere a los temas de seguridad ciudadana, sino también a los de seguridad social, a los de seguridad digital.
Por eso, quiero saludar la presencia del Subsecretario Manuel Monsalve y de Daniel Álvarez en esta Sala, que han liderado la tramitación de este proyecto de ley.
Nos parece que en esta era digital las tecnologías que se desarrollan en y gracias al ciberespacio están presentes con un creciente protagonismo en la actividad diaria de la población; y la pandemia ha profundizado este proceso de dependencia.
Por lo tanto, es deber del Estado, en coordinación con el sector privado, gestionar los riesgos del ecosistema digital, asegurando el respeto a los derechos fundamentales.
Este deber implica una acción multisectorial, que abarca aspectos tecnológicos vinculados a la ciberseguridad, pero también a aspectos políticos nacionales, dada la relevancia estratégica del ciberespacio.
Esta iniciativa, que en el día de hoy discutimos, no es un hecho aislado. Viene de lo que fue la primera Política Nacional de Ciberseguridad, entre el año 2017 y el año 2022, que permitió asentar un período de diseño, de una mirada primaria en los temas de ciberseguridad, donde la estructura actual recoge también los avances de ese tiempo. Y por ello, quiero valorar el que las Comisiones unidas de Defensa -que integro- y de Seguridad Pública hayan despachado este proyecto de Ley Marco de Ciberseguridad, que forma parte -insisto- de la Agenda de Seguridad y que va a permitir a nuestro país contar con una legislación pionera en la región que se hace cargo de una necesidad importante a nivel mundial.
El proyecto crea esta Agencia Nacional de Ciberseguridad que permite al país contar con organismos que promuevan la gestión de riesgos y la implementación de estándares de seguridad digital tanto para el sector público como para el sector privado.
El proyecto aborda el fenómeno de la ciberseguridad de manera integral, incluyendo normas relativas a la educación. Y aquí quiero detenerme. Por ejemplo, para el cumplimiento de esta función, la Agencia va a tener, entre otras atribuciones, el colaborar en el diseño e implementación de planes y acciones de educación, de formación ciudadana, de investigación, de innovación, de fomento y difusión, destinados a promover el desarrollo nacional de una cultura de ciberseguridad.
Lo anterior puede traducirse en el desarrollo de programas de capacitación, formación y educación continua, que permitan formar en Chile a profesionales que estén altamente capacitados en un área en la que existen enormes brechas a nivel nacional y mundial.
Por eso que nos parece que esta es una iniciativa importante, que además recoge no solo lo que se ha hecho en nuestro país, en materia de la política nacional de ciberseguridad de años anteriores, sino también el esfuerzo de este Parlamento.
La Senadora Órdenes resaltaba el trabajo del Senador Kenneth Pugh en esta tarea, a lo cual me sumo, pero también reconozco el trabajo que la propia Senadora Ximena Órdenes ha llevado adelante en estas materias de ciberseguridad. Hoy día tenemos que ser capaces de implementar correctamente esta política, con una mirada de desafío regional y en donde las regiones también tengan acceso de manera igualitaria.
Voto a favor, señor Presidente, insistiendo en que para muchos las políticas de seguridad solo se circunscriben a los temas de seguridad ciudadana. Valoramos que el Gobierno tenga una mirada mucho más amplia, mirando los temas de seguridad social, y por eso que es necesario llevar adelante una reforma tributaria para poder garantizar mayores recursos y apoyar a las familias que enfrentan mayores dificultades. Se trata de una seguridad desde el punto de vista digital, en donde se enmarca el proyecto de Ley de Ciberseguridad y una agenda robusta en materia de seguridad ciudadana.
Voto a favor, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Gracias, Senadora Provoste.
Calzamos justo con los tiempos que teníamos anotados.
Subsecretario Monsalve, para ser rigurosos, tratemos de utilizar unos 5 a 6 minutos y ahí calzamos justo con lo que habíamos calculado.
Es que no puedo abrir la votación si está hablando el Subsecretario. Habla el Subsecretario y después abrimos la votación inmediatamente.
En todo caso, hay petición de votación separada, así que son dos votaciones.
Subsecretario Monsalve, tiene la palabra.
El señor MONSALVE (Subsecretario del Interior).-
Muchas gracias, Presidente.
Saludo a todos los Honorables Senadores y Senadoras, y quiero partir agradeciendo el trabajo que durante estos meses hemos llevado en el Senado. Creo que ese trabajo vuelve a prestigiar a la política, posicionándola como un espacio donde se pueden construir soluciones a los problemas de los chilenos y políticas de Estado.
Lo hicimos cuando se tramitó el proyecto de narcotráfico, que logró acuerdos muy amplios en el Senado de la República. Se hizo cuando se tramitó el proyecto de ley de crimen organizado y también de delitos económicos. Y también ha ocurrido con acuerdos muy amplios, prácticamente unánimes, en la tramitación del proyecto de Ley Marco de Ciberseguridad.
Esto vuelve a colocar la importancia en las políticas de Estado. Acá hay una Política Nacional de Ciberseguridad que fue creada el año 2017, en el último año del Gobierno de la Presidenta Bachelet, y esa política se mantuvo durante el Gobierno del ex Presidente Piñera. El Gobierno del Presidente Gabriel Boric está revisando esa política y tiene la tarea, durante el mes de mayo, de proponer una nueva política nacional para el período 2023-2028, y en ese contexto se enmarca la tramitación de un proyecto de ley que fue ingresado al final del Gobierno del Presidente Piñera, que fue tomado por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric como base para construir la Ley Marco de Ciberseguridad.
Cuando hablamos de ciberseguridad, estamos hablando de la seguridad de los derechos de las personas. Millones de chilenos entran a los espacios informáticos; y, a través de esos espacios, establecen relaciones personales, relaciones laborales, relaciones económicas, compran, venden; administran su patrimonio, gestionan sus negocios. Por tanto, el Estado tiene la obligación de garantizarles a los chilenos seguridad en espacios que hoy día son muy relevantes y son usados masivamente por los chilenos. No proteger esos espacios es no proteger la seguridad de las personas y, además, colocar en riesgo eventualmente la seguridad del país.
Este proyecto de ley fue aprobado de manera unánime en las Comisiones unidas de Defensa y Seguridad Pública. Y quiero agradecer el trabajo de las Comisiones. Allí se ha nombrado al Senador Kenneth Pugh, y quiero reiterar esos agradecimientos y, a través de él, al conjunto de Senadoras y Senadores que trabajaron en esto.
Esto crea una Agencia Nacional de Ciberseguridad, que no existe, y que tiene facultades legales en materia de normativa; por lo tanto, puede fijar estándares obligatorios, puede fiscalizar y puede sancionar.
¿Y a quiénes les va a fijar estándares obligatorios en materia de seguridad informática? Bueno, el proyecto de ley establece la definición de lo que son servicios esenciales y, por lo tanto, servicios en que si se coloca en riesgo su operación en materia informática puede afectarse el normal funcionamiento del país y la seguridad de las personas.
En ese marco de servicios esenciales, se define el concepto de operadores de importancia vital, o sea, de aquellos que gestionan esos servicios. Y vamos a poder definir quiénes de ellos tienen mayores estándares de seguridad, quiénes medianos y quiénes más bajos. Y, por tanto, los operadores de importancia vital públicos y privados van a estar sujetos a las facultades normativas, fiscalizadoras y sancionatorias de la Agencia Nacional de Ciberseguridad.
Se establece a su vez la posibilidad de tener centros de respuesta de incidentes informáticos y ciberataques. Ya todos lo hemos visto: ha habido ciberataques a Sernac, al Estado Mayor Conjunto; se han capturado datos de importancia vital para el patrimonio de las personas, en el caso del Sernac; se ha colocado en riesgo la seguridad nacional, en el caso del hackeo y captura de datos del Estado Mayor Conjunto. Y eso vuelve a poner en el tapete la importancia de lo que estamos haciendo, que es colocar a Chile en la vanguardia en materia de estándares de ciberseguridad.
Así que quiero agradecer la tramitación que se ha realizado en el Senado. Esto es parte de la Agenda de Seguridad del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, es un compromiso, además, compartido entre el Gobierno y el Congreso Nacional y, por lo tanto, queremos agradecer el trabajo que se ha hecho aquí y el que pueda ser despachado el día de hoy.
Así que muchas gracias, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias, Subsecretario.
Señor Secretario, explique el procedimiento, porque hay alguna votación separada a que hay que hacer referencia.
Vamos a abrirla, pero quiero dar una explicación, para no equivocarme.
Los timbres, por favor, que es importante.
Aprovecho de pedir autorización para que doña Macarena Lobos, Subsecretaria, pueda hacer ingreso a la Sala, si les parece.
--Se accede.
(Luego de una breve pausa),
El señor COLOMA (Presidente).-
A ver, estamos analizando cómo votamos.
Senador Pugh, quiero hacer una sugerencia.
Prohens... (Risas).
El señor PROHENS.-
Senador Prohens.
El señor COLOMA (Presidente).-
¡Senador Prohens, amigo y Senador...! ¿Puede ser ahí o no?
Hay dos enmiendas aprobadas por mayoría. No sé si quieren votarlas juntas con el resto o quieren una votación separada de ellas.
Entonces, se votarán aparte.
Vamos a hacer tres tipos de votaciones. El Secretario lo va a explicar.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
En primer lugar, se votarán todas las enmiendas unánimes. Entre ellas, hay normas, como los artículos 29, 30 y 42, que requieren 25 votos a favor, por corresponder a disposiciones de quorum calificado, y también hay otras de rango orgánico constitucional, que requieren la misma cantidad de votos favorables.
Esa sería la primera votación; es decir, la de todas las enmiendas unánimes, considerando, además, las que precisan quorum especial y aquellas normas que no tienen modificaciones ni fueron objeto de algún tipo de indicación.
El señor COLOMA (Presidente).-
¿Queda claro?
O sea, vamos a votar todo aquello que fue unánime.
Después vamos a tener dos tipos de votaciones: una, de las enmiendas acogidas por mayoría, y otra, de las normas que se solicitó votar por separado.
¿Estamos okay?
Son a lo menos tres votaciones, porque no sé si hay una o dos solicitudes de votación separada.
El señor LAGOS.-
Son tres votaciones, entonces.
El señor COLOMA (Presidente).-
Son cuatro, pero la indicación nueva requiere unanimidad, así que tendremos que verlo en su momento.
Senadora Rincón.
La señora RINCÓN.-
Sí, Presidente, justamente quiero dejar claro eso.
La indicación que estamos pidiendo introducir, que propone intercalar un numeral en un artículo específico, tiene por objeto proteger, tal como lo hemos hecho en otras legislaciones votadas en el Senado, los datos de las personas.
Si no se acoge la solicitud de incorporar la indicación, ahí correría la votación por separado, para poder rechazar la norma aprobada.
Si se acoge, retiramos la votación por separado.
Por eso es importante aclararlo, para que no quede desfasada. Si se aprueba la norma, ya no podríamos presentar la indicación.
El señor COLOMA (Presidente).-
Primero vamos a votar las unánimes y las que no fueron objeto de indicaciones.
La indicación no incide en esas normas, Senadora, por eso se puede hacer.
Votemos esas disposiciones, algunas de las cuales son de quorum especial, por su importancia.
¿Okay?
En votación.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Se van a votar las referidas normas y va a quedar pendiente la solicitud de votación separada del artículo 46, número 1, hecha por la Senadora Rincón y el Senador Walker, y la indicación en la forma indicada por parte de los Senadores que la promueven.
El señor COLOMA (Presidente).-
En votación.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
En votación.
(Pausa prolongada).
El señor COLOMA (Presidente).-
¿Han votado todos y todas?
Vamos a esperar un poco.
(Luego de unos instantes).
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora...
(La Senadora señora Campillai levanta su mano para señalar que no ha podido votar, luego de lo cual es asistida para ello).
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor COLOMA (Presidente).-
Cerrada la votación.
--Se aprueban todas las normas acogidas unánimemente y las que no fueron objeto de modificaciones ni de indicaciones en las Comisiones unidas (37 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple con el
quorum
constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Campillai, Ebensperger, Gatica, Núñez, Órdenes, Pascual, Provoste, Rincón y Vodanovic y los señores Araya, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Edwards, Flores, Galilea, García, Insulza, Kast, Kusanovic, Lagos, Latorre, Macaya, Moreira, Núñez, Prohens, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Soria, Velásquez y Walker.
El señor COLOMA (Presidente).-
Vamos, entonces, al segundo paquete de votaciones, que son las de mayoría.
Senadora Allende, entiendo que usted quiere agregar su intención de voto.
(La Senadora señora Allende asiente).
Estaba ahí; la vi, pero no me di cuenta de que no había votado.
Entonces, se deja constancia de la intención de voto favorable de la Senadora señora Allende.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Corresponde ahora, en una sola votación, pronunciarse sobre las dos normas aprobadas por mayoría en las Comisiones de Defensa y Seguridad Pública, unidas.
Una se refiere al artículo 16 y propone la eliminación de la oración final del inciso segundo, relativo a la integración paritaria del Consejo Multisectorial sobre Ciberseguridad. Se encuentra en la página 75 del comparado.
La segunda votación de mayoría corresponde a la letra g) del artículo 20, que contempla, entre las funciones del Equipo Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática, la de realizar entrenamiento, educación y capacitación en materia de ciberseguridad. Se encuentra en la página 90 del comparado.
Esta norma es de rango orgánico constitucional. Por lo tanto, requiere 25 votos favorables para su aprobación.
El señor COLOMA (Presidente).-
En votación.
El que vota a favor, aprueba el texto como viene de las Comisiones unidas...
El señor MOREIRA.-
¿Como aparece aquí?
El señor COLOMA (Presidente).-
Sí, es lo que nos encontramos viendo ahora.
¡Estamos con un problema cibernético...!
(Luego de unos instantes).
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
En votación.
El señor COLOMA (Presidente).-
Voy a explicar por segunda vez.
"Sí" es a favor de como viene en el informe aprobado mayoritariamente por las Comisiones unidas; "no" es en contra.
(Luego de unos instantes).
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor COLOMA (Presidente).-
Cerrada la votación.
--Se aprueban las dos normas acogidas por mayoría en las Comisiones unidas (38 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple con el quorum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Campillai, Ebensperger, Gatica, Núñez, Órdenes, Pascual, Provoste, Rincón y Vodanovic y los señores Araya, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Edwards, Flores, Galilea, García, Insulza, Kast, Kusanovic, Lagos, Latorre, Macaya, Moreira, Núñez, Prohens, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Soria, Velásquez y Walker.
El señor COLOMA (Presidente).-
Aprobadas las disposiciones en los términos propuestos por las Comisiones unidas.
Ahora tenemos una indicación que requiere unanimidad para verla. De lo contrario, se pidió votación separada respecto a lo mismo.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Se presentó una indicación nueva por parte de la Senadora señora Rincón y del Senador señor Walker, para intercalar en el artículo 46, numeral 1, un número 1), nuevo, pasando el actual número 1) a ser número 2), y así sucesivamente.
El numeral 1), nuevo, es del siguiente tenor:
"Existir al momento de efectuar la labor de investigación o al entregar sus resultados, vínculo contractual, legal, de prestación de servicios o consentimiento fidedignamente comprobado con el titular de los datos objeto de dicha investigación".
Esta es la nueva indicación.
El señor COLOMA (Presidente).-
Le voy a dar un minuto y medio al Senador Walker para que la explique.
El señor WALKER.-
Gracias, Presidente.
La justificación de esta indicación es agregar un requisito adicional a la modificación que hizo el Ejecutivo al proyecto, al incorporar el artículo 46, para adecuarlo al Convenio de Budapest. Además, busca hacerlo consistente con la regulación del hacking ético de otros países; por ejemplo, en la legislación española, que regula este tema en el artículo 197 del Código Penal, se requiere el consentimiento del afectado.
Por ello, en esta indicación establecemos que debe existir un consentimiento previo (sea por un contrato, una obligación legal o un contrato de prestación de servicios) o un consentimiento posterior a la entrega de la información.
Para que esto coincida con la normativa que hemos aprobado anteriormente -por ejemplo, la Ley de Protección de Datos-, es necesario que prime el consentimiento, sea previo o de ratificación, sobre todo cuando se producen hechos que vulneran la protección de dichos datos.
Yo le expliqué personalmente al Senador Kenneth Pugh cuál era nuestra inquietud. El denominado "hacking ético" es bastante controvertido en la legislación comparada: algunos dicen que no está admitido en el Convenio de Budapest y en legislaciones como la española se requiere del consentimiento del afectado.
Por ejemplo, pensemos en un hacking a un banco o a servicios públicos. Creemos que el consentimiento del afectado es un elemento esencial y que debe estar incorporado en la ley.
Si no hay unanimidad para ver esta indicación, obviamente pedimos votación separada del numeral 1 del artículo 46, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
A ver, primero, no podemos hacer un debate respecto a esto.
Pido la unanimidad de la Sala para ver esta indicación.
No hay unanimidad; se oponen en distintos sectores.
Entonces, no se puede discutir.
Por lo tanto, procederemos a la votación separada del numeral, como fue planteado oportunamente.
Explíquela, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Se ha solicitado votación separada del numeral 1 del artículo 46. Se encuentra en la página 156 del comparado e incorpora en el artículo 2° de la ley N° 21.459 varios incisos finales nuevos.
El señor COLOMA (Presidente).-
¿Es todo el numeral, cierto?
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Sí, todo el numeral 1.
El señor COLOMA (Presidente).-
¿Tiene la página del comparado donde se encuentra?
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Parte en la página 156, tercera columna.
El señor COLOMA (Presidente).-
¿Quieren que lo lea el Secretario o todos lo entienden?
La señora RINCÓN.-
Que lo lea, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Es todo el número 1.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Dice así: "1. Incorpórase, en el artículo 2°, los siguientes incisos finales, nuevos:
"No será objeto de sanción penal el que, realizando labores de investigación en seguridad informática, hubiere incurrido en los hechos tipificados en el inciso primero, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
"1) Haber reportado el acceso y las vulnerabilidades de seguridad detectadas en su investigación al responsable de las redes y sistemas informáticos afectados, en forma inmediata y a más tardar en el momento en que alerte a la Agencia Nacional de Ciberseguridad;
"2) Haber dado cumplimiento a las demás condiciones sobre comunicación responsable de vulnerabilidades que al efecto hubiere dictado la Agencia Nacional de Ciberseguridad;
"3) Que el acceso no haya sido realizado con el ánimo de apoderarse o de usar la información contenida en el sistema informático, ni con intención fraudulenta. Tampoco podrá haber actuado más allá de lo que era necesario para comprobar la existencia de una vulnerabilidad, ni utilizado métodos que pudieran conducir a denegación de servicio, a pruebas físicas, utilización de código malicioso, ingeniería social y alteración, eliminación, ex filtración o destrucción de datos, y
"4) No haber divulgado públicamente la información relativa a la potencial vulnerabilidad.
"Tampoco será objeto de sanción penal la persona que comunique a la Agencia información una vulnerabilidad potencial de la que haya tomado conocimiento en su contexto laboral o con ocasión de la prestación de sus servicios, ni se considerará que ha incumplido con ello su obligación de secreto profesional.".
El señor COLOMA (Presidente).-
Ese es el numeral que se va a votar por separado.
Voy a dar la palabra por dos minutos para fundamentar la petición de votación separada, y si alguien quiere argumentar en contra, procederé de la misma manera.
Senadora Rincón, tiene la palabra.
La señora RINCÓN.-
Gracias, Presidente.
Nosotros queremos tomar un resguardo, por eso pedimos que se incluyera un numeral nuevo; pero no se aceptó ver la indicación en esta Sala.
El argumento de texto, Presidente, está en la Ley de Protección de Datos, N° 19.628, que en su artículo 10 señala: "No pueden ser objeto de tratamiento los datos sensibles, salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares".
Esa es la regla general en nuestro ordenamiento jurídico y establece el consentimiento.
A mayor abundamiento, el señor Carlos Araya Paz, profesor de la Universidad Católica y de la Universidad Adolfo Ibáñez, con posgrados en Stanford y en Harvard, tiene un interesante artículo que se titula: "Hacking ético en Chile: cuando el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones".
En dicho artículo señala, primero, que Chile se pondría a la vanguardia con esta normativa, ya que en ninguna legislación del mundo está consagrada una norma parecida. Y, obviamente, cuando se acuda al argumento de que esto se hace con buenas intenciones, podrían ocasionarse perjuicios, los que van a ser, por desgracia, tardíamente reparados en muchos casos; incluso en los relacionados con la salud.
Esa es la razón para poner el resguardo.
No nos oponemos a la norma, sino que simplemente queremos incorporar el consentimiento como un resguardo.
Yo lamento que no se haya dado la unanimidad en la Sala para ver la indicación. Por esa razón, tenemos que oponernos a esta norma -solo el número 1, del artículo 46-, aunque perdamos.
El señor COLOMA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Pugh, quien va a argumentar en contra de la votación separada.
El señor PUGH.-
El argumento, básicamente, es hacernos cargo de la nueva normativa -como señalé anteriormente-, la NIS 2, de diciembre del año pasado, y de las recomendaciones que se les están haciendo a todos los países de la Unión Europea para fomentar las notificaciones de vulnerabilidades.
¿Qué es lo que ha ocurrido hasta la fecha? Han disminuido las notificaciones de vulnerabilidad, porque al no existir norma, son consideradas delitos.
¿Qué hizo Bélgica, entonces? Sacó legislación al respecto y estableció criterios. Nosotros hemos puesto requisitos incluso más exigentes que la norma belga.
O sea, el argumento de que esto no existe en ninguna parte del mundo no es cierto, porque ya está presente en algunas legislaciones. Yo invito al profesor Araya a leer la ley belga y, además, el trabajo que se hizo durante la tramitación de este proyecto.
Esta fue una labor pública, en donde participaron los miembros de las diferentes comunidades. Se escuchó y, finalmente, se determinó que Chile puede estar mejor y las personas más protegidas si se cumplen las normas que están dispuestas en este proyecto, porque contiene una regla muy clara que hay que respetar: no se puede usar ninguna de las herramientas que utilizan los delincuentes; en cambio, sí procede notificar las vulnerabilidades, lo que tendrá una eximente.
Esa es la condición con la cual llegamos a este consenso, entendiendo que se tiene que hacer en un plazo limitado y no debe afectar a las personas.
Si se busca proteger a los ciudadanos, precisamente se puede hacer con esta norma; la que, además, desarrollará una comunidad activa que los resguardará.
Si no existe una norma de tal tipo, van a ser todos penalizados y, obviamente, vamos a quedar en manos de los delincuentes, quienes realizarán lo que hacen siempre y no sabremos cómo ocurrieron sus ataques.
Con esto evitamos cerrar puertas y permitimos que las vulnerabilidades se notifiquen oportunamente y que el CSIRT actúe. Esta información es fundamental para este último, para que pueda tomar medidas preventivas y actuar anticipadamente.
Esa es la razón por la cual creemos que esto se tiene que mantener y, por tanto, se debe rechazar
la exclusión de este numeral.
El señor COLOMA (Presidente).-
Ya, están claras las dos posiciones.
En votación.
La señora PASCUAL.-
¿No va a solicitar la opinión del Ejecutivo antes de votar?
El señor COLOMA (Presidente).-
Habíamos acordado que la discusión duraría una hora.
La señora PASCUAL.-
Es que algunos no estuvimos en la Comisión, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Pero quedamos en hacer una discusión rápida, porque después vamos a ver el proyecto del SBAP.
La señora RINCÓN.-
Pero tiene razón la Senadora.
El señor COLOMA (Presidente).-
Así es, pero entonces no lleguemos a acuerdos para ver la iniciativa en una hora.
Aquí con la misma pasión y entusiasmo con la que me sugieren fórmulas para racionalizar el debate, cuando está a punto de concretarse, fluye la imaginación para hacerlo más largo.
La señora PASCUAL.-
No es así, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Entonces, yo quiero ser justo.
Le vamos a dar treinta segundos al Ejecutivo para intervenir.
Señor Subsecretario, tiene la palabra.
El señor MONSALVE (Subsecretario del Interior).-
Muchas gracias, Presidente.
Este fue un tema largamente debatido. En esta oportunidad, le voy a pedir al Coordinador Nacional de Ciberseguridad que exprese la opinión del Ejecutivo. Obviamente, nosotros estamos porque se apruebe lo que se acordó en las Comisiones unidas.
Evidentemente, tener información sobre vulnerabilidades, a veces graves, de servicios esenciales o de operadores de importancia vital es determinante.
Si este camino permite tener esa información y esa vulneración no es utilizada para producir daño, sino, por el contrario, la información es entregada oportunamente para evitarlo, mucho mejor.
Eso es lo que busca establecer el proyecto de ley y es lo que fue aprobado por las Comisiones unidas, pero preferiría que Daniel lo explique técnicamente.
Muchas gracias.
El señor COLOMA (Presidente).-
Yo entiendo, Subsecretario.
Pero le di un tiempo breve para que usted explique lo que se podía. Si no, después con razón me pueden argumentar que necesitan más tiempo de la contraparte.
Entonces, perdón.
En votación.
Quien vota a favor acepta la norma como viene en el informe de la Comisión; quien vota en contra rechaza el planteamiento de la Comisión.
(Luego de unos instantes).
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor aún no ha emitido su voto?
El señor COLOMA (Presidente).-
Cerrada la votación.
--Se aprueba el numeral 1 del artículo 46, propuesto por las Comisiones unidas de Defensa Nacional y de Seguridad Pública (34 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención), y queda el proyecto aprobado en particular y despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Campillai, Ebensperger, Gatica, Núñez, Órdenes, Pascual, Provoste y Vodanovic y los señores Araya, Castro González, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Edwards, Galilea, García, Insulza, Kusanovic, Lagos, Latorre, Macaya, Moreira, Núñez, Prohens, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Soria y Velásquez.
Votaron por la negativa la señora Rincón y los señores Flores y Walker.
Se abstuvo el señor Chahuán.
El señor COLOMA (Presidente).-
Queda aprobada, por tanto, la norma en los términos en que venía planteada.
Senadora Rincón, tiene la palabra.
La señora RINCÓN.-
En favor del profesor Carlos Araya, para que no quede mal citado, él escribió el artículo antes de que se generara la legislación belga.
¡Para que no vayan en contra del profesor...!
El señor COLOMA (Presidente).-
¡Quedan todos advertidos...!
Aprobado el proyecto y se despacha a la Cámara de Diputados.
)------------(
El señor COLOMA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Juan Luis Castro.
El señor CASTRO (don Juan Luis).-
Presidente, solo para una petición reglamentaria.
Solicito, como Presidente de la Comisión de Salud, que dos proyectos de ley puedan ser tratados en general y en particular en el referido órgano técnico, en razón de su primer informe.
El primero es el que modifica diversos cuerpos legales para regular la comercialización de productos farmacéuticos y sancionar su venta ilegal, correspondiente al boletín No 15.850-11.
Y el otro es el que modifica diversos cuerpos legales para regular la práctica de cirugías y procedimientos con fines estéticos, que corresponde al boletín No 15.773-11.
En nombre de toda la Comisión solicitamos, si hubiere acuerdo, que puedan ser tratados en general y particular, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muy bien.
Recabo el acuerdo de la Sala para acceder a la petición del Senador Juan Luis Castro.
¿Les parece?
El señor DE URRESTI.-
Sí.
La señora ALLENDE.-
¡Por supuesto!
El señor MOREIRA.-
De acuerdo.
El señor SAAVEDRA.-
Sí, Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).-
¡Veo que hay una aceptación amplia...!
(El señor Presidente hace sonar la campanilla en señal de aprobación).
Pasamos, entonces, al segundo proyecto.
Tiene la palabra el señor Secretario para dar lectura a la relación.
CREACIÓN DE SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS Y SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El señor Presidente pone en discusión el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, iniciativa correspondiente al boletín No 9.404-12, que cuenta con informe de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 9.404-12) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Este proyecto de ley inició su tramitación en el Senado, el cual aprobó un texto de 156 artículos permanentes y 11 transitorios, cuyo objetivo es la conservación de la diversidad biológica del país a través de la preservación, restauración y uso sustentable de las especies y ecosistemas, con énfasis en aquellos de alto valor ambiental o que, por su condición de amenaza o degradación, requieren medidas para su conservación.
Con tal propósito se crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, como un servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y sujeto a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Medio Ambiente.
A su respecto, la Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, efectuó un conjunto de enmiendas, despachando un texto compuesto por 154 artículos permanentes y 12 transitorios que abordan, entre otras materias, las siguientes: disposiciones generales del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas; instrumentos de conservación de la biodiversidad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas; fiscalización, infracciones, sanciones y reclamaciones, y modificaciones a diversos cuerpos legales.
La Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales aprobó la mayoría de las enmiendas propuestas, con las votaciones que en cada caso se registran en su informe.
Asimismo, en virtud de los acuerdos que se consignan, propone rechazar las siguientes modificaciones:
-El reemplazo del numeral 34) del artículo 3º, que define el concepto de zona de amortiguación.
-Las siguientes enmiendas formuladas al artículo 29:
Primero, en su inciso primero, el reemplazo de la palabra "Servicio" por "Ministerio".
Segundo, en su inciso tercero, el reemplazo del vocablo "deberán" por "podrán".
Tercero, en su inciso cuarto, la sustitución de una frase y de una oración y la supresión de su oración final.
Cuarto, la supresión del inciso quinto, referido al reconocimiento de los sitios prioritarios de primera prioridad, y
Quinto, la incorporación del inciso final, nuevo, relativo a los sitios prioritarios para la conservación identificados en las estrategias nacionales y regionales de biodiversidad y su categorización.
-La incorporación del artículo 93, nuevo, sobre una excepción a la prohibición del artículo 92, que a su turno se refiere a la transferencia de la concesión.
-La incorporación del artículo 107, nuevo, sobre áreas libres de organismos genéticamente modificados.
-El reemplazo de la letra a) del artículo 118, que establece como infracción fuera de las áreas protegidas diversas acciones, tales como extraer tierra de hoja o turba; capturar, herir o dar muerte a ejemplares de fauna nativa; cortar o extraer especies nativas; bloquear o alterar cursos de agua.
-La eliminación del número 3) del artículo 147, que, a su vez, elimina las letras i) y k), del artículo 35 de la ley No 20.417, sobre infracciones que corresponden a la potestad sancionadora de la Superintendencia del Medio Ambiente.
-La eliminación del número 5) del artículo 149, que introduce modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura, relativo al reemplazo del artículo 158 del referido cuerpo legal.
-La incorporación de las estrategias regionales de biodiversidad en el artículo octavo transitorio.
-La incorporación del artículo duodécimo transitorio, nuevo, sobre el plazo de dictación de los reglamentos referidos en la ley.
Cabe señalar a Sus Señorías que las enmiendas recaídas en el inciso segundo del artículo 9; en el inciso segundo del artículo 13; en el inciso primero del artículo 16; en el inciso segundo, nuevo, del artículo 17; en los incisos segundo y tercero, nuevos, del artículo 18; en la letra c), nueva, del inciso primero y el inciso tercero, nuevo, ambos del artículo 20; en el artículo 21; en el inciso primero del artículo 70 (que pasó a ser 66); en las letras f), g) y h), nuevas, del inciso segundo del artículo 85 (que pasó a ser 81) y en las letras a), e) y g) del inciso primero del artículo 136 (que pasó a ser 134) requieren 25 votos favorables para su aprobación por tratarse de normas de rango orgánico constitucional.
Por su parte, la incorporación del inciso final del artículo 24 requiere 25 votos favorables por corresponder a una norma de quorum calificado.
El Senado debe pronunciarse respecto de las enmiendas efectuadas por la Cámara de Diputados.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición se transcriben el texto aprobado por el Senado, las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados y los acuerdos de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales a su respecto.
Finalmente, cabe consignar que el Honorable Senador señor De Urresti solicitó votación separada de las siguientes normas:
Primero, la enmienda introducida en el artículo 40 (que pasó a ser 41), que elimina, en su inciso primero, la frase "de primera prioridad", que se encuentra en la página 65 del comparado.
En segundo lugar, la enmienda introducida al artículo sexto transitorio, para sustituir su inciso primero, referido a las concesiones o contratos que se hubieren otorgado o adjudicado antes de la creación de un área protegida, que está en la página 316 del comparado.
Y, tercero, la enmienda introducida al artículo décimo transitorio, que intercala la expresión "ley N° 20.434", que se encuentra en las páginas 318 y 319 del comparado.
Respecto de estas tres enmiendas, se ha solicitado votación separada.
Es todo, señora Presidenta.
La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-
Gracias, señor Secretario.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales, Senador Juan Ignacio Latorre, para que entregue el informe respectivo.
El señor LATORRE.-
Gracias, Presidenta.
Haré un resumen ejecutivo, porque el proyecto es muy muy largo.
Voy al hecho.
El objetivo de la iniciativa es la conservación de la diversidad biológica del país a través de la preservación, restauración y uso sustentable de la especies y ecosistemas, con énfasis en aquellos de alto valor ambiental y que, por su condición de amenaza o degradación, requieren medidas para su conservación.
Con tal propósito se crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, como un servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio, sujeto a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Medio Ambiente.
En cuanto a la estructura del proyecto, como decía el Secretario, este consta de 154 artículos permanentes y 12 disposiciones transitorias.
Hay normas de quorum especial, que tienen carácter de LOC, que son las siguientes: los artículos 13; 30, inciso segundo y final; el 69, inciso final; el 70; 127; 136; 137; 141; y numeral 8 del artículo 146. En tanto, el inciso final del artículo 24 tiene rango de ley de quorum calificado.
Estamos en tercer trámite constitucional y con urgencia calificada de "discusión inmediata".
Las leyes que se modifican o se relacionan con la materia son la Constitución Política de la República, artículo 19, N° 8; la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; la ley N° 21.455, sobre Cambio Climático; la ley N° 21.202, que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos; la Convención sobre la Biodiversidad Biológica, adoptada en Río de Janeiro, en 1992, promulgada por el Gobierno de Chile el año 1994; la Convención sobre Zonas Húmedas de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de las Aves Acuáticas, suscrita por el Gobierno de Chile en la ciudad de Ramsar, en 1971, promulgada y publicada como ley de la república en 1981; el Convenio N° 169 de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo, promulgada el 14 de octubre de 2008 por el Gobierno de Chile; el decreto con fuerza de ley N° 29, del Ministerio de Hacienda, del 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo; la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley sobre Bases de los Procedimientos Administrativos; la ley sobre acceso a la información de la Administración del Estado; la Ley sobre Probidad en la Función Pública; la ley que crea los Tribunales Ambientales, y, por último, la Ley General de Pesca y Acuicultura, fijada por el decreto supremo N° 430, del año 1991, del Ministerio de Economía.
Yendo a la cronología del proyecto -creo que esto es importante-, en el Congreso Nacional, a través de la ley N° 20.417, se presenta el primer proyecto que mandata al Ejecutivo a presentar en un plazo de un año el SBAP, lo cual ha sido un compromiso transversal presente en los distintos programas de Gobierno.
El 2011 se ingresó el primer proyecto de ley para crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas; el 2014 el Gobierno de la Presidenta Bachelet ingresó al Senado un nuevo proyecto como indicación sustitutiva al del 2011 (boletín Nº 9.404-12); después, el 2016, se realizó un proceso de consulta indígena a nivel nacional que duró once meses y permitió importantes acuerdos, los que fueron recogidos en el actual proyecto de ley; el 2017 fue aprobado por la Comisión de Medio Ambiente del Senado, la cual emitió dos informes; el 2019 fue aprobado por la Comisión de Hacienda, también con dos informes; el mismo año 2019 fue aprobado por la Sala del Senado, contando además con un informe complementario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social; el año 2019 pasa a segundo trámite a la Cámara de Diputados, donde se derivó a las Comisiones de Medio Ambiente, de Agricultura y de Hacienda (fue revisado por tres Comisiones); el año 2022 el Ejecutivo presentó indicaciones en la Comisión de Agricultura, para mejorar la coordinación con otros servicios competentes en instrumentos fuera de áreas protegidas; y ya el 2023 el Ejecutivo presentó indicaciones al proyecto, incluyendo un informe financiero sustitutivo.
El 2023 la Sala de la Cámara de Diputados aprobó en general y particular el proyecto, regresando al Senado a su tercer trámite, donde fue revisado por la Comisión de Medio Ambiente, que me toca presidir.
En dicho órgano técnico fueron revisadas todas las modificaciones propuestas por la Cámara -los 154 artículos más los 12 transitorios-, solo pudiendo aprobarlas o rechazarlas, dado que no podíamos introducir modificaciones.
Sin embargo, se aprobó el grueso de las modificaciones y se decidió, a modo general o con mayorías importantes, enviar a Comisión Mixta siete artículos definitivos y dos transitorios.
Brevemente, yendo al resumen y al contenido del texto mismo, como lo demuestra la historia de esta iniciativa, que ya lleva más de nueve años de tramitación, durante todo este proceso se ha escuchado a distintas organizaciones, trabajadores, pueblos indígenas, y se han presentado numerosas indicaciones, tanto del Ejecutivo como de parlamentarios, en las diferentes Comisiones para ir mejorando el proyecto.
La aprobación de esta iniciativa es muy importante para la conservación y el cuidado de la naturaleza de nuestro país, sobre todo porque el SBAP será un servicio público, dependiente del Ministerio del Medio Ambiente, que se encargará de la conservación de la biodiversidad, cuyo principal instrumento será la administración de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Se va a contar con un servicio que lidere la conservación de la biodiversidad en Chile, que integre dichas atribuciones y responsabilidades en un solo servicio encargado de coordinar a los distintos actores en torno a su gestión sectorial, y que tenga una mirada integrada en todo Chile a lo largo de todos sus ecosistemas, tanto marinos como terrestres, dentro y fuera de áreas protegidas, y cuyo único foco esté en la protección de la naturaleza.
Además, se crea un único Sistema Nacional de Áreas Protegidas, integrado por todas las áreas existentes en Chile, lo que permitirá fortalecer el principal instrumento de conservación del país tanto marino como terrestre, público o privado.
Actualmente, las áreas protegidas -esto hay que decirlo- se encuentran dispersas en cinco Ministerios distintos: el Ministerio de Agricultura administra áreas protegidas a través de la Conaf; el Ministerio de Economía administra los parques y las reservas marinas a través de la Subsecretaría de Pesca y el Servicio Nacional de Pesca; el Ministerio de las Culturas gestiona los santuarios de la naturaleza a través del Consejo de Monumentos Nacionales; el Ministerio de Bienes Nacionales administra los bienes nacionales protegidos; y el Ministerio del Medio Ambiente administra las áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos, custodia los santuarios de la naturaleza y supervigila todo el sistema.
Por lo tanto, la actual disgregación institucional no nos permite como país cuidar adecuadamente los ecosistemas.
Por otro lado, se asegura que el servicio también promueva e incentive la conservación de la naturaleza fuera de las áreas protegidas, incluyendo la creación de una serie de instrumentos que permitirán hacer frente a las principales amenazas que hoy enfrenta nuestra flora y fauna, así como la gestión de especies exóticas invasoras.
También se dota al servicio tanto de recursos humanos y financieros adecuados para el cumplimiento de su mandato como de instrumentos económicos capaces de cubrir las brechas históricas de financiamiento en áreas protegidas y la protección del patrimonio natural del país.
Por último, contaremos con un servicio público ciento por ciento enfocado en la protección de la naturaleza terrestre y marina, en un contexto de crisis climática ecológica de pérdida de la biodiversidad y de contaminación, resolviendo así la dispersión institucional de las áreas protegidas.
Asimismo, permitirá contar con instrumentos para la conservación en todo el territorio, fortaleciendo la normativa y el financiamiento de la conservación.
Solo a modo de recomendación, que es lo que hacemos en la Comisión de Medio Ambiente, sugerimos a la Sala enviar a Comisión Mixta, las siguientes normas: siete artículos definitivos y dos transitorios, ya que contienen elementos que deben ser mejorados y consensuados de mejor manera.
El señor NÚÑEZ.-
Podrías leerlo.
El señor LATORRE.-
Sí, voy a leer y con esto cierro, Presidenta.
Se van a Mixta, por recomendación de la Comisión de Medio Ambiente, insisto, el artículo 3, número 34), sobre zonas de amortiguación fuera de las áreas protegidas; el artículo 29, relativo a los sitios prioritarios, puesto que desconoce los sitios prioritarios ya existentes; el artículo 93, sobre excepción a la prohibición de concesiones sectoriales; el artículo 107, nuevo, referido a organismos genéticamente modificados, por cuanto genera dudas esta exclusión; el artículo 116, nuevo, en su letra a), concerniente a la extracción de tierra de hoja o turba fuera de las áreas protegidas, ya que... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).
Un minuto y termino.
Se va a Mixta, entonces, el artículo 116, nuevo, en su letra a), concerniente a la extracción de tierra de hoja o turba fuera de las áreas protegidas; el artículo 147 (que pasó a ser 145), sobre la Superintendencia del Medio Ambiente; el último inciso del artículo 149 (que pasó a ser 147), relativo a la Ley de Pesca: por tema de coherencia se suprimió la modificación aprobada por el Senado para hacer consistente la regulación sectorial de pesca con lo dispuesto en el SBAP; el artículo octavo transitorio, relacionado con el artículo 29, sobre sitios prioritarios, y el artículo duodécimo transitorio.
Es lo que puedo informar, Presidenta.
Muchas gracias.
La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-
Muchas gracias, Senador.
Le damos la palabra a la señora Ministra Maisa Rojas.
La señora ROJAS (Ministra del Medio Ambiente).-
Muchas gracias, Presidenta.
Por su intermedio, quisiera transmitirle al Honorable Senado que este proyecto, que tiene que revisar ahora, es el hito más importante de la institucionalidad ambiental desde el 2010, año en que se crea el Ministerio del Medio Ambiente. Desde ese momento Chile queda en deuda en cuanto a contar con este cuarto pilar de la institucionalidad ambiental.
Este proyecto viene a consagrar una política de Estado que es un compromiso ante distintos foros internacionales en lo que respecta a contar con una ley sustantiva para la protección de la naturaleza, la cual ha sido impulsada por los últimos cuatro gobiernos y ha sido objeto de una amplia discusión.
La necesidad de contar con un servicio especializado dedicado cien por ciento a la conservación del patrimonio natural y a la administración de las áreas protegidas no solamente es un compromiso de los cuatro últimos gobiernos, sino también una demanda solicitada por quienes durante décadas las han cuidado. Me refiero aquí a los guardaparques: ellos también han manifestado públicamente dicha necesidad y de hecho estuvieron en la votación de la iniciativa en su segundo trámite en la Cámara, a fines de enero de este año.
Asimismo, este proyecto ha sido recomendado por distintos informes de organismos internacionales...
(Rumores).
El señor COLOMA (Presidente).-
La interrumpo un segundito, Ministra.
(El señor Presidente hace sonar la campanilla).
Les pido silencio, por favor, para que se pueda escuchar.
La señora ROJAS (Ministra del Medio Ambiente).-
Continúo.
De hecho, cuando Chile ingresa a la OECD este ya era un compromiso. Las evaluaciones de desempeño ambiental que realiza dicha organización -de la cual somos parte- nos pidieron expresamente, el año 2016, ¡expresamente!, la aprobación de este proyecto.
Adicionalmente, podemos mencionar que en diciembre del año 2022 -hace solo un par de meses- Chile suscribió un nuevo tratado internacional, el Marco Global de Biodiversidad, que contiene veintitrés metas que tenemos que cumplir al año 2030. Y yo les puedo asegurar que no hay ninguna posibilidad de que Chile las cumpla sin contar con el SBAP. ¡Es así de urgente!
Existe una cantidad muy grande de evidencia científica acerca de la crisis y la pérdida de biodiversidad. Yo creo que no es bueno comparar qué es lo que es más o menos, pero la verdad es que la crisis del cambio climático es distinta, porque, cuando las especies se pierden, esa extinción es para siempre: no hay vuelta atrás; es irreversible. La pérdida de biodiversidad está en una situación tan crítica y tan compleja que pone en serio peligro la preservación misma de nuestra vida.
Y yo creo que todos, teniendo más o menos sensibilidad por la naturaleza, nos hemos dado cuenta de esa realidad. En el debate que tuvimos ahora, en la Comisión del Senado, que vuelve a ver este proyecto después de seis-siete años, los mismos Senadores y Senadoras se dieron cuenta de cuánto ha cambiado la discusión. Y es porque la crisis hace más urgente contar con este proyecto.
No me quiero referir a todas las cosas que el Senador informante ya leyó. Hoy en día hay un problema de dispersión que hace que sea muy poco efectiva la manera en que estamos cuidando nuestra naturaleza. Fíjense que incluso ya el año 2021 la Contraloría señaló lo siguiente, que paso a leer: "La ausencia de un marco regulatorio unitario y sistematizado sobre áreas protegidas y biodiversidad ha permitido una gestión desarticulada, donde no se establecen, conforme a las categorías de protección, los usos que se pueden desarrollar al interior y, con ellos, fomentar la sostenibilidad en el tiempo".
Así que la Contraloría también nos ha solicitado contar con este servicio.
El proyecto de ley se construye sobre cuatro pilares centrales.
El primero es justamente la creación de este servicio público, que estará enfocado en la protección de la naturaleza, tanto terrestre como marina.
El segundo pilar es resolver la dispersión institucional de las áreas protegidas, concentrando en este servicio su administración.
El tercer pilar es contar con instrumentos para la conservación de la biodiversidad en todo el territorio nacional, es decir, no solamente en las áreas protegidas, sino también cómo gestionamos de manera sustentable el resto del territorio, incluido nuestro maritorio.
Y, por último, el cuarto pilar es fortalecer la normativa y el financiamiento para la conservación.
El Senador Latorre ya explicó, más o menos, la historia de este largo proyecto de ley; por todas las Comisiones que ha pasado; que son dos proyectos en realidad, etcétera.
Solo quisiera agregar que en diciembre del año 2022 pasamos por la Comisión de Hacienda de la Cámara, donde pudimos entregar un nuevo informe financiero, puesto que el anterior no se había actualizado en todo rigor prácticamente desde el 2014. Ahí hubo uno; después, el 2019, otro, pero que apenas ajustó un poco no más. Y hemos quedado contentos con el último informe financiero, que aumenta, en el fondo, en un 42 por ciento el presupuesto permanente del Servicio, el cual -ustedes se imaginarán- va a ser muy intensivo en personas, pues necesitamos guardaparques que cuiden, efectivamente, nuestras áreas protegidas. Va a contar con un poco más de 2.100 funcionarios: mil quinientos y tantos permanentes, más otros jornales transitorios.
Yo mencioné que es urgente, que es necesario, que es una condición habilitante contar con este servicio, y después de tantos años estamos muy contentos de encontrarnos en esta etapa, aunque va a quedar una última fase de discusión, dado que todavía faltan algunas cosas.
Tal como leyó en su informe el Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, hay unos cuantos artículos que pasan a Comisión Mixta para, yo diría, abordar dos temas que aún quedan por resolver para que el Servicio pueda proteger de manera efectiva nuestra naturaleza, de la cual dependemos.
A mi juicio, son: el tema de los sitios prioritarios. Los "sitios prioritarios" responden a una clasificación que hizo el Ministerio del Medio Ambiente hace muchos años, y son sitios a los cuales les reconocemos un valor importante. Eso no está completamente resuelto. Y el otro gran tema que deberá resolver la Comisión Mixta son las concesiones sectoriales en las áreas protegidas.
Así que estamos muy contentos de haber llegado a este momento de la tramitación, sin perjuicio de que todavía falta una última etapa, en la cual estoy segura de que, con la colaboración que hemos visto de las parlamentarias y parlamentarios de todos los sectores y con la buena disposición para entender la gravedad de la crisis y la urgencia de contar con este organismo, podremos terminar prontamente y celebrar que el país cuente ya con el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
Muchas gracias.
El señor COLOMA (Presidente).-
A usted, Ministra.
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El señor COLOMA (Presidente).-
Tiene la palabra el Prosecretario, para dar una Cuenta agregada.
El señor BUSTOS (Prosecretario).-
Presidente, en este momento ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
Moción
De los Honorables Senadores señoras Gatica y Núñez, y señor Durana, con la que inician un proyecto de ley que modifica la ley N° 18.415, orgánica constitucional de los Estados de Excepción, para velar por el resguardo de zonas extremas o fronterizas (Boletín N° 15.878-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
)-----------(
El señor COLOMA (Presidente).-
Me han solicitado abrir la votación. Y, efectivamente, podemos abrirla respecto...
El señor LAGOS.-
¡Sí!
El señor COLOMA (Presidente).-
Alguien dijo con entusiasmo "sí".
El señor MOREIRA.-
¿Es una sola votación?
El señor COLOMA (Presidente).-
No, eso es lo que iba a aclarar.
Hay una votación, grande por así llamarla, y después hay un par de votaciones separadas que se han solicitado.
La señora NÚÑEZ.-
¿Podría repetir?
El señor COLOMA (Presidente).-
Senadora, el señor Secretario va a explicarlo detalladamente.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señor Presidente.
Aquí se vota el informe, con aquellas normas que propone aprobar y también con aquellas que propone rechazar, estas últimas singularizadas al momento de efectuar la relación, y son trece.
Luego habría que someter a votación las normas respecto de las cuales el Senador señor De Urresti solicitó votación separada, que corresponden a la enmienda introducida al artículo 40, que pasó a ser 41; enseguida, la modificación realizada al artículo sexto transitorio, y por último, la enmienda efectuada al artículo décimo transitorio.
Serían cuatro votaciones.
El señor COLOMA (Presidente).-
Por consiguiente, votaríamos primero el informe, tal como viene, con excepción de aquellas normas que el Senador De Urresti ha solicitado votar separadamente.
Voy a abrir la votación, sin perjuicio de otorgar la palabra a quien quiera fundamentar su voto.
Se abre la votación.
El señor MOREIRA.-
¡Yo pensé que habíamos llegado a un acuerdo!
El señor COLOMA (Presidente).-
La sugerencia es abrir la votación solo respecto del informe y posteriormente proceder a efectuar las otras tres votaciones ya identificadas.
La primera es solo respecto del informe, Senador De Urresti.
Se abre la votación.
(Durante la votación).
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
En votación.
El señor COLOMA (Presidente).-
Hay bastantes inscritos, en todo caso.
Tiene la palabra el Senador Walker.
El señor WALKER.-
Muchas gracias, Presidente.
Por supuesto, tal como lo hice en la Comisión de Medio Ambiente, he votado a favor del proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Presidente, es bueno recordar un poco la historia, tal como lo hizo, con mucha justicia, la Ministra Maisa Rojas, a quien aprovecho de saludar.
Este proyecto tuvo su origen en un mensaje de la ex Presidenta Michelle Bachelet en junio del 2014. Lleva casi diez años -un plazo largo-, en que hemos logrado avanzar en este ámbito, reconociendo el paso positivo que hemos dado hacia el cuidado del medioambiente y que el Estado ha asumido un rol en orden a evolucionar institucionalmente y cumplir los compromisos internacionales en materia de biodiversidad y las propias recomendaciones de la OECD.
Valoro el trabajo realizado por la Ministra del Medio Ambiente. Me tocó incorporarme, hace pocas semanas, a la Comisión del ramo, donde he aprendido mucho acerca de las áreas protegidas y la biodiversidad.
Quiero agradecer también al abogado Alejandro Correa, quien fue el asesor jurídico en la tramitación del proyecto; a todo el equipo del Ministerio; al Senador Juan Ignacio Latorre, Presidente de la Comisión, que anteriormente fue liderada por la Senadora Paulina Núñez, y a la Senadora Isabel Allende y al Senador Iván Moreira, con quienes tuvimos la oportunidad de despachar la iniciativa en dicho organismo.
No quiero repetir las ideas del informe, que muy bien señaló nuestro Presidente, así como la Ministra, pero sí me gustaría destacar los principios consagrados en el proyecto sobre los cuales deben sostenerse las diversas políticas, planes y programas que se ejecuten a través del Servicio y que inspiran al Estado a asumir un rol en materia de biodiversidad. Para ello se consideró la situación de las áreas protegidas en Chile y su actual regulación, y en especial, otras iniciativas parlamentarias.
Destaco la creación del Comité Técnico, de carácter consultivo, para apoyar el proceso de otorgamiento de concesiones, el cual deberá pronunciarse acerca de las propuestas de priorización de áreas protegidas para ser incorporadas en el proceso de otorgamiento de concesiones y participar en la elaboración de las bases de licitación, en la evaluación de las propuestas presentadas y en la proposición del adjudicatario de las mismas; esto, con el objeto de fortalecer el sistema de concesiones en áreas protegidas, públicas o privadas, pero regulando un sistema único orientado solo a las condiciones que se normen, debiendo contar con planes de manejo y tratarse de actividades vinculadas al ecoturismo, la investigación científica o la educación.
Asimismo, quiero destacar el respeto que se ha tenido a las concesiones ya otorgadas, obviamente con el resguardo de las causales de caducidad y de extinción por incumplimiento de las condiciones de la concesión, principalmente a causa de no respetar las normas ambientales, tal como lo hemos hecho en otras legislaciones sobre la misma materia.
Por lo tanto, Presidente, llamo a votar a favor íntegramente el texto aprobado y despachado por la Comisión de Medio Ambiente, destacando el paso histórico que estamos dando al crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas por primera vez en nuestro país.
Muchas gracias.
El señor COLOMA (Presidente).-
A usted, Senador.
Tiene la palabra el Senador Moreira.
El señor MOREIRA.-
Gracias, Presidente.
Como bien lo señalaron el Presidente de la Comisión y la Ministra, nosotros llegamos a un acuerdo en el contexto de aprobar (la idea es aprobar) el informe de la Comisión para llevar a Mixta siete artículos permanentes y dos transitorios.
A mi juicio, hemos ido avanzando en este tema. Yo diría que Chile está bastante en deuda con la protección del medioambiente, cosa que hemos venido aprendiendo con el tiempo. Por ejemplo, la situación de Puchuncaví, los relaves del Norte Grande y tantos otros casos son heridas abiertas desde hace muchos años y que nos llaman a la acción.
Desde ese lejano año 1994, en que se aprobó la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, mucho se avanzó hasta la dictación de la ley N° 20.417, del año 2010 -como aquí se ha señalado-, que rediseñó la institucionalidad ambiental y optó por un modelo que distingue las competencias de política y regulación de las de gestión y fiscalización, creando el Ministerio del Medio Ambiente y la Superintendencia del ramo.
La creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas viene tramitándose desde el año 2014. Me tocó conocerlo, en su primer trámite, en la Comisión de Medio Ambiente, donde se hizo un esfuerzo por escuchar a todos los actores relevantes que quisieran participar. El resultado fue un buen proyecto, pero que, dado el tiempo transcurrido, fue superado por los hechos y la experiencia internacional.
En la Cámara de Diputados el proyecto pasó por dos Comisiones con visiones diametralmente opuestas.
En primer lugar, la Comisión de Medio Ambiente, con el afán refundacional que imperaba en ese período, cercenó el proyecto, convirtiéndolo en un ejemplo de ecología profunda que desconocía la realidad de las regiones donde se encuentran las áreas protegidas.
Luego pasó a la Comisión de Agricultura, que hizo un esfuerzo por hacer conversar la protección del medioambiente, en especial de las áreas protegidas, y la necesaria interacción con el entorno.
El respeto a las concesiones otorgadas previamente; la posibilidad de llevar a cabo actividades de bajo impacto ambiental, con los debidos permisos y con las restricciones necesarias para conservar y proteger la biodiversidad, son avances logrados en esa Comisión.
También se realizó un esfuerzo favorable por actualizar los términosdereferencias internacionales en materia de protección medioambiental y las nomenclaturas; se escuchó a los trabajadores y sus necesidades al momento de incorporarse al nuevo servicio.
Devuelto el proyecto a tercer trámite, me tocó nuevamente revisarlo en la Comisión de Medio Ambiente, en reemplazo del Senador Gahona, quien ya está en franca recuperación de su salud. Esperamos que pronto retome sus funciones y sea parte de la Comisión Mixta.
Se formó un equipo de asesores del Ministerio y de la Comisión, el cual revisó los cambios y llegó a acuerdos en cuanto a qué había quedado bien y qué debía rechazarse, ya sea por no estar bien planteado, por ser incoherente con el resto del articulado o por omisiones producto de la extensión del proyecto.
Hubo consenso en casi el cien por ciento de las votaciones, pero, como toda obra humana, siempre va a ser opinable.
Considero que se ha hecho un trabajo serio, conversado, dialogado entre los miembros de la Comisión; por lo tanto, votaré a favor -y espero que así lo haga la bancada completa- de la propuesta, para que siete artículos vayan a la Comisión Mixta y puedan resolverse los nudos que quedaron pendientes.
Finalmente, tengo confianza en que este es un proyecto acorde a los nuevos tiempos medioambientales, por decirlo así.
Creo que el mundo político y los sectores que de alguna manera en el pasado manifestamos cierta distancia con este tema nos hemos ido acercando durante los últimos años, y tenemos la convicción de que hay que seguir avanzando, pero avanzando con responsabilidad.
Voto a favor.
El señor COLOMA (Presidente).-
Muchas gracias, Senador Moreira.
Tiene la palabra la Senadora Allende.
La señora ALLENDE.-
Presidente, quiero partir saludando a la Ministra del Medio Ambiente. Hizo un gran trabajo junto con la Comisión.
Por cierto, comparto las palabras que se han expresado para reconocer que la Comisión analizó el proyecto con mucho rigor, escuchando muchísimo y logrando grandes acuerdos.
Y, en ese sentido, comparto también lo expuesto en el informe, que acaba de entregar el Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, quien fue bastante claro en dar cuenta de una historia larga -la Ministra la ratificó- respecto de cuánto nos hemos demorado y cómo estábamos en deuda.
Incluso, la OECD nos ha solicitado, al menos en dos oportunidades, crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
En estas últimas décadas hemos sido testigos de cómo nuestros ecosistemas han superado cada día umbrales más críticos, experimentando cambios irreversibles en el clima y en la pérdida de biodiversidad.
Hoy día enfrentamos uno de los retos más grandes de la humanidad. Se calcula que un millón de especies están en peligro de extinción: ¡cada diez minutos desaparece una especie! Por lo tanto, evidentemente no podemos continuar comportándonos en la forma que ha permitido que esto ocurra.
Sin embargo, hemos ido avanzado en el cuidado y la protección de ecosistemas frágiles y de la biodiversidad, por ejemplo, aprobando la Ley de Humedales Urbanos; tramitando un proyecto de ley que protege las turberas; publicando el año pasado la Ley Marco de Cambio Climático; reformando el Código de Aguas, en fin. Pero, claramente, necesitamos una institucionalidad que resguarde y lidere los esfuerzos para la preservación de nuestra biodiversidad de una manera centralizada, lo que ha estado pendiente desde hace mucho tiempo.
Dando un paso histórico con este proyecto, se va a coordinar a los distintos actores involucrados, pues hoy día la protección del medioambiente se dispersa en cinco instituciones, lo que hace realmente imposible tener una política clara, eficiente, una mirada integrada de todo Chile: mar, tierra, territorio continental e insular, dentro y fuera de las áreas protegidas, con foco en la protección y preservación de la naturaleza.
En el Título II de esta iniciativa se crean diez instrumentos que, en la práctica, son nuevas potestades para que el Estado de Chile pueda conservar nuestro valioso patrimonio ambiental. Cabe destacar la planificación ecológica, cuyo objetivo será definir prioridades de conservación de la biodiversidad, planes de manejo de conservación de ecosistemas amenazados y planes de restauración ecológica.
Se contempla la recategorización de las áreas protegidas según las categorías internacionales dadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Nosotros teníamos diez categorías y logramos llegar a seis, poniéndonos al día en aquello tan importante.
En el Título V, a los cuerpos de guardaparques se les entregan mayores facultades y atribuciones en su labor y fiscalización.
Quiero hacer un reconocimiento a todos los años que los guardaparques se han preocupado por preservar nuestro medioambiente, nuestro patrimonio natural. Ahora, después de un largo proceso, de mucha conversación, se ha llegado a un muy buen acuerdo. Creo que realmente vamos a tener un enorme aporte de parte de personas que han estado trabajando por años en este ámbito.
Revisamos, como dijimos, todo lo que venía de la Cámara. Hubo muchísimos artículos aprobados de manera unánime. Pero quedan unos pocos que probablemente van a pasar a Comisión Mixta. Ahora, yo creo que esos artículos pueden ser corregidos y perfeccionados.
Es importante solucionar un tema que no es menor, que tiene que ver con los sitios prioritarios.
Hoy en día la Estrategia Nacional de Biodiversidad contempla el reconocimiento de 64 sitios prioritarios, mientras que las Estrategias Regionales consideran 266. Esto tiene una implicancia práctica, porque, considerando que la prohibición de la alteración de humedales está ubicada en dichas zonas, no es irrelevante lo que podamos hacer. Desde luego, no debemos retroceder en la protección de nuestros humedales flexibilizando requisitos para su intervención.
Esto es importante. Entiendo que la Ministra está muy abierta a que lo revisemos. Creo que necesitamos, como ya he dicho, prohibir la alteración física de los humedales que están constituidos en sitios prioritarios.
Otro aspecto que tampoco es menor, y que es muy necesario revisar, dice relación con las concesiones.
Actualmente, se señala que las concesiones vigentes se van a respetar; sin embargo, voluntariamente, algunas podrían relocalizarse, cosa que difícilmente va a ocurrir, como lo señalamos en la Comisión. Es una oportunidad voluntaria, pero es muy difícil que se concrete. Por tanto, es importante que tengamos mucho cuidado con las futuras concesiones. Y, en mi opinión, no podemos entregar concesiones acuícolas en áreas protegidas.
Creo que esa es una disposición que debemos revisar.
Estoy hablando... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)... no de las actualmente vigentes.
Esto requiere una transición responsable, ser cuidadosos. Estamos hablando de una actividad que genera más de cuarenta mil empleos. Nadie tiene la pretensión de dejar a la gente sin esa oportunidad laboral, pero es muy importante que seamos capaces de proteger nuestro medioambiente natural y entender que por algo esas áreas están protegidas.
Para estos efectos debe haber una transición que permita una distinción, claramente con el foco de proteger el medioambiente, no permitir futuras concesiones en áreas protegidas y, a mi modo de ver, exigir planes de manejo y ciertos requisitos muy claros.
Me parece que estos son los dos temas más importantes que deben tratarse en la Comisión Mixta. Estoy segura de que lograremos un buen acuerdo.
Todo esto nos va a permitir contar con un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que realmente nos ponga a la altura de los acuerdos internacionales a los que hemos llegado, a los que nos hemos comprometido y que nos están exigiendo. Ojalá aprendamos de experiencias de otros países, como Conabio, de México, una institución que permite desarrollar y fortalecer la cultura y la valoración del capital natural de un país, que es lo que nosotros debiéramos hacer y que por años, de alguna manera, hemos ignoramos.
Hoy día el propio cambio climático y otras amenazas nos impiden seguir siendo incapaces de defender nuestro capital natural, que es tan importante, y tenemos que evitar el colapso de los ecosistemas y enfrentar lo que significa la crisis civilizatoria que nos aqueja.
Por eso, el desarrollo debe ser sustentable.
En ese sentido, Presidenta, por supuesto vamos a votar a favor lo propuesto por la Comisión.
Muchas gracias.
La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-
A usted, Senadora.
Tiene la palabra el Senador David Sandoval.
El señor SANDOVAL.-
Muchas gracias, Presidenta.
Por su intermedio, saludamos a la Ministra aquí presente.
Sin duda que este es un tema de larga data. Estamos dando paso a la tramitación del segundo mensaje, que se presentó el año 2014. En marzo del 2011 se ingresó el primer boletín, el N° 7.487-12, que apuntaba al mismo objetivo para hacer frente a los desafíos que tenemos como país en esta materia.
En Chile hay 105 unidades bajo mecanismos de protección: 41 parques nacionales; 46 reservas nacionales; 18 monumentos naturales, que equivalen prácticamente al 21 por ciento del territorio continental.
Nuestra región tiene el parque nacional más grande del país -en realidad, es compartido con la Región de Magallanes-: el Parque Nacional Bernardo O'Higgins. Son 36 mil kilómetros cuadrados de superficie, que evidentemente abarcan una zona de enorme valor natural, glaciológico. En ese escenario, están los Campos de Hielo Sur, con toda una gama de efectos y de vinculaciones con el área marítima y una riqueza de flora y fauna realmente envidiable.
Para graficar todavía más este contexto, hoy día en nuestra propia región hay toda una discusión sobre cuál es el modelo y qué esquema de desarrollo queremos llevar a cabo. En Aysén, el 86 por ciento de la superficie regional son parques nacionales, reservas naturales, monumentos naturales y tierras fiscales, ¡el 86 por ciento! Por tanto, en algunos sectores hay cierto debate respecto a qué hacemos, en definitiva, con el tipo de desarrollo que queremos impulsar.
Esta iniciativa de ley, que nos parece absolutamente razonable y que respaldo, resuelve una materia institucional importante, puesto que llena el vacío que se produce en la administración de estas áreas protegidas, que hoy día está repartida en cinco Ministerios: en el de Agricultura, a través de la Conaf, con todo lo que realiza; en el de Economía, a cargo de parques y reservas marinas, a través de la Subsecretaría de Pesca; en el de las Culturas, con los santuarios de la naturaleza; en el de Bienes Nacionales, y para qué decir en el propio Ministerio del Medio Ambiente.
Sin duda que esa diversidad institucional genera ambigüedades, y, particularmente, debilidades en la gestión de la administración de esas áreas, que necesariamente debemos hacer frente como país con una mirada distinta, nueva.
Por eso el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que apunta a proteger, a fiscalizar, a sancionar principalmente eventuales faltas en que se pueda incurrir, busca precisamente atender una de las grandes necesidades: ir cerrando capítulos en materia de legislaciones ambientales.
Y estos cuatro pilares, que muy bien señalaba la Ministra, nos llevan precisamente a procurar enfatizar en el significado del rol que tienen estas áreas protegidas, porque aquí hay que pensar no solamente desde el punto de vista de la ley, del parque, de la reserva o de lo que se constituya, sino del contexto que está detrás, que es la cultura, que es la comunidad, en definitiva, que a la larga debe ser parte de este proceso en cuanto a su valoración, a su significado.
Por eso, hay una profunda discusión en este sentido sobre cuál es -y lo hemos visto en las experiencias que hemos tenido en la región con relación a la creación de la Red de Parques de la Patagonia- el verdadero rol articulador o el rol de participación que deben tener las comunidades locales.
Y, Ministra, aquí hay un caso: el Parque Nacional Cerro Castillo. Las comunidades locales tienen serias dificultades para acceder a un parque ¡que es de todos! Se ven fuertemente restringidas por diversas circunstancias, que evidentemente habrá que analizar. El alcalde Marcelo Santana, ¡activo participante!, incluso ha planteado ahora crear áreas de conservación nuevas, como la zona del Avellano.
Por eso también hay que resguardar el tema de la incorporación de las comunidades en estos procesos legislativos.
Por otro lado, se señalaba aquí la situación de la Conaf.
Yo creo, Presidenta, que en este proceso hay que reconocer el rol que ha tenido la Conaf a lo largo de estos años. En todo este tiempo su trabajo ha sido extremadamente meritorio, porque prácticamente sin medios, sin recursos, con grandes falencias y debilidades de toda naturaleza, ha llevado adelante la protección de nuestros recursos, de nuestras reservas, con limitaciones, y, evidentemente, eso hay que reconocerlo.
Por ello, valoro especialmente la labor de todos los funcionarios de la Conaf a lo largo de estos años, pues han cumplido un papel relevante en este sentido.
Desde la creación del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, a través de la ley N° 18.362, han pasado ya treinta y nueve años; por tanto, se hace absolutamente necesario ampliar, profundizar y modernizar esta legislación. Y, en ese contexto, también hay que poner atención en la famosa dicotomía -aquí la mayoría de las discusiones lo plantean- entre medioambiente y desarrollo económico.
¿Podremos cerrar las actividades de la industria minera en el norte, que es, por lo demás, su vocación natural? ¿Y qué pasa con el litio?
A propósito, dicho sea de paso, dentro de la estrategia nacional se incluyen las áreas de protección que están vinculadas a este mineral. ¡Pero la explotación del litio va a generar alteraciones, sin duda!
Pasaría lo mismo en la zona sur austral. Connatural a dicha zona está el mundo del desarrollo de la acuicultura. Aquí lo ha señalado la propia Senadora Allende: son miles los trabajadores insertos precisamente... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)... -termino, Presidenta- en esta profunda actividad.
¿Cómo compatibilizamos, por tanto, un desarrollo natural efectivo? ¿Cómo resolvemos la necesaria ecuación entre protección, promoción del patrimonio ambiental del país y desarrollo sustentable?
En definitiva, a través de ello estamos poniendo evidentemente en valor la necesidad de las propias personas para generarles oportunidades de desarrollo. No se trata de entrar en conflicto, sino de entrar en una adecuada ecuación, donde se vinculen las diferentes potencialidades, y así permitir el logro de este equilibrio.
Sabemos que es difícil de encontrar, y generalmente propicia más bien desencuentros que encuentros, pero la urgencia y la necesidad de ambos valores son una tarea absolutamente fundamental.
Este es un importante paso adelante; pone al país en una posición distinta, y evidentemente votaremos a favor.
La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-
Gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
En la próxima.
La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-
Senadora Paulina Núñez.
La señora NÚÑEZ.-
Muchas gracias, señora Presidenta.
Primero, quiero saludar a la Ministra; a la Subsecretaria de la Segprés, que están presentes; a mis colegas de la Comisión de Medio Ambiente, que el año pasado me tocó presidir, y a sus asesores, como también a la señora abogada de la Comisión, Magdalena Palumbo, y a Katherine Ortiz, la abogada ayudante, porque sin el trabajo de todas las personas que he nombrado difícilmente estaríamos hoy día aprobando, de manera transversal, un proyecto de ley que ingresó en junio del año 2014. ¡Así es, en junio del año 2014!
Evidentemente, en este caso prefiero ver el vaso más lleno que vacío y valorar aquello. Está saliendo un proyecto distinto del que ingresó, fortalecido, actualizado, a propósito del transcurso del tiempo.
Y quiero mencionar algunas cuestiones que fueron las más debatidas, porque evidentemente, si estamos a esta altura aprobando este proyecto, hay cosas que a lo mejor no está de más decirlas, y las voy a mencionar rápidamente. Valoro la creación del Servicio Nacional de Biodiversidad; el que tengamos estas áreas protegidas, con sus distintas categorías, y también el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado.
Por eso creo que es muy importante no olvidar el objeto de la iniciativa de ley, cuál fue su idea matriz, qué es lo que hoy nos convoca. Es la conservación de la diversidad biológica y la protección del patrimonio natural del país a través de la preservación, restauración y uso sustentable de genes, especies y ecosistemas.
Ese es el objeto de este proyecto. No otro.
Cuando se cruza con otros objetivos que podamos tener en nuestra sociedad y en nuestro territorio, lógicamente -yo soy de esa idea- hay que lograr equilibrios, y me voy a referir a aquello también. Pero ese es el objeto de la iniciativa de ley que hoy nos convoca.
Como decía en un inicio, es muy importante tener claro qué estamos entendiendo por área protegida, porque hay una serie de categorías que evidentemente forma gran parte del proyecto.
Estamos estableciendo, y es lo que estamos aprobando, "un espacio geográfico específico y delimitado, reconocido mediante decreto supremo del Ministerio del Medio Ambiente, con la finalidad de asegurar en el presente y a largo plazo, la preservación y conservación de la biodiversidad del país, así como la protección del patrimonio natural, cultural y del valor paisajístico contenido en dicho espacio".
Luego -y por eso me parecía importante leer qué estamos aprobando y qué estamos entendiendo por área protegida- en el artículo 56 vienen todas las categorías de áreas protegidas y establecemos que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas comprenderá las siguiente: reserva de región virgen, parque marino, parque nacional, monumento natural, reserva marina, reserva nacional, santuario de la naturaleza, área marina costera protegida de múltiples usos, humedal de importancia internacional o sitio Ramsar y área de conservación de pueblos indígenas.
En la Comisión sostuvimos una larga discusión, más allá del tiempo que el proyecto lleva en tramitación, y quienes ahora la conformamos aprobamos este artículo por unanimidad.
Pero me quiero referir, porque me parece importante dejarlo consignado en la historia de la ley, respecto a lo que ocurre con la reserva nacional, y me voy rápidamente, Presidenta, al artículo 62, porque fui la única que votó en contra su inciso segundo, a propósito de reemplazar la expresión "el uso sustentable" por "la conservación".
Y lo quiero subrayar, porque, si bien no es de aquellos artículos que vamos a discutir en la Comisión Mixta -después señalaré algo sobre aquello-, me produce la duda de que esto termine -y que ese sea el objetivo, también lo quiero decir- evitando concesiones en áreas protegidas. Por supuesto que de aquí en adelante porque, y quiero destacarlo, el proyecto no opera con efecto retroactivo.
Por eso me voy rápidamente al artículo 93, que es uno de los artículos que hemos acordado llevar a la Comisión Mixta, donde se establece la extinción de la concesión.
La Ministra también hizo referencia a aquello -y es uno de los temas que produjo mucha discusión- porque este artículo dispone que la concesión se extingue por la concurrencia de alguna de las causales ahí establecidas, dentro de las cuales se encuentra la cancelación o extinción de la personalidad jurídica del concesionario. Y eso lo tendremos que discutir a la Comisión Mixta.
Por lo mismo, rápidamente quiero especificar qué vamos a llevar a la Comisión Mixta, ya que lo acordamos dentro de la Comisión: el turismo ambiental, los sitios prioritarios -muy importante- y, como decía recién, la inconsistencia del artículo 93 con el artículo 92; como también el artículo 107, sobre áreas libres de organismos genéticamente modificados, y el artículo 116, sobre las infracciones cometidas dentro del marco de la presente ley y fuera de las áreas protegidas.
Y me detengo en el artículo duodécimo transitorio, porque los trabajadores de los distintos servicios que van a verse intervenidos con la futura ley también esperan poder participar, y es algo que se acordó unánimemente dentro de la Comisión.
Presidenta, yo llevo varios años, tanto en la Cámara como ahora en el Senado, preocupada de poder proteger nuestra biodiversidad, y creo que el actual proyecto efectivamente es uno de los más importantes que va en esa línea, pero también me he preocupado siempre de que se logre un equilibrio con las actividades que han estado emplazadas antes de que salgan las leyes en los respectivos territorios.
Y creo que eso se respeta a través de la presente ley.
Así que hago un llamado a que votemos a favor, sin perjuicio de rechazar aquellos artículos que acordamos discutir nuevamente en la Comisión Mixta.
La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-
Gracias, Senadora.
Tiene la palabra el Senador De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Muchas gracias, Presidenta.
En primer lugar, quiero saludar a la Ministra del Medio Ambiente y a la Subsecretaria de la Segprés, y a todos quienes están siguiendo este debate.
Se decía al inicio de su presentación que estamos concluyendo la tramitación de un proyecto que ha tardado largo tiempo, donde han pasado muchas administraciones y participado muchos colegas. En tal sentido, quiero recordar a un Senador que ya no está, don Antonio Horvath, quien nos ayudó mucho en esta discusión, particularmente en materia de humedales, entre otras cosas.
La Ministra señalaba que en el ámbito internacional, las informaciones sobre evaluaciones de desempeño ambiental y el Convenio sobre Biodiversidad nos obligan, nos demandan, nos hacen necesario poder contar con este servicio. Y en buena hora estamos avanzando y existe un consenso bastante extendido para la aprobación de este proyecto, ya que la creación de un servicio público, el poder concentrar la dispersión institucional, el disponer de distintos instrumentos sobre biodiversidad y fortalecer la conservación ambiental, sin lugar a dudas son elementos fundamentales.
Pero si queremos fijar parámetros acordes con los compromisos internacionales que Chile ha suscrito y también con las leyes posteriores a cuando se inició este debate, debemos tener en consideración dos conceptos que para mí son fundamentales: el principio de no regresión y la transición ecológica justa.
Y por eso la discusión que he dado en la Comisión, referida principalmente a propósito del artículo 41, para el que he solicitado votación separada, porque no puede ser posible que Chile, que hoy día es un referente internacional en materia de protección de humedales y de protección de ecosistemas (ecosistemas que Chile se ha comprometido a preservar a través de la Contribución Nacional Determinada; al igual como ocurre con las turberas, a propósito del Acuerdo de París), vea debilitadas aquellas protecciones: principio de no regresión. Esto no puede ser posible.
No podemos alegrarnos de contar con el Servicio de Biodiversidad y, al mismo tiempo, relativizar la protección de ecosistemas en los cuales se avanzó transversalmente.
Y agradezco que se haya progresado en la materia, partiendo por la ex Ministra Carolina Schmidt, quien se la jugó por avanzar en el proyecto.
El Gobierno anterior estableció el Plan Nacional de Protección de Humedales 2018-2022, el cual, dicho sea de paso, no ha sido renovado.
Entonces, en primer lugar, tenemos que ser claros y precisos, y es importante que quede en la historia de la ley, sobre si estamos avanzando en la protección de esos ecosistemas.
Yo al menos daré todas las peleas, haré todas las presentaciones para que ese aspecto no experimente un retroceso, porque el artículo 41, que vamos a discutir a propósito de la votación separada, relativiza el enorme impacto.
Miren, para la historia de la ley -yo sé que hay mucha gente que está siguiendo este debate-, el texto sobre el cual nosotros nos estamos pronunciando se presentó el año 2016. Y desde el 2016 en adelante se establecieron el Acuerdo de Escazú, la Ley de Humedales Urbanos y la Ley Marco de Cambio Climático, tres normativas señeras en materia ambiental, y ninguna de las normas de la iniciativa ha sido actualizada.
Yo valoro que la Ministra haya dicho que el año 2016 se hizo la actualización financiera del proyecto. ¡Perfecto! Había que adecuarlo, porque desde que comenzó está desfasado, pero si hacemos una adecuación financiera, ¿dónde está la adecuación medioambiental?, ¿dónde aparecen los nuevos ecosistemas como las turberas?, ¿dónde están los ecosistemas de los humedales? Los fallos de los tribunales de justicia y de los tribunales ambientales, los dictámenes de la Contraloría han sido unánimes en que se deben preservar los humedales, aun no siendo reconocidos oficialmente; existe jurisprudencia en que es un ecosistema sujeto de protección, y principalmente la Tercera Sala de la Corte Suprema se manifiesta conteste.
Respetemos el principio de no regresión, Ministra -por su intermedio, Presidenta-, para que no retrocedamos, para que no se relativice un logro.
Y quiero referirme, en segundo lugar, a las concesiones de acuicultura.
Nosotros entendemos que Chile ha generado un desarrollo en materia de acuicultura, lo dije en la Comisión investigadora de las condiciones laborales y medioambientales de la industria del salmón, el año 2006, y lo sostengo acá. Pero hoy día tenemos concesiones en áreas protegidas. No puede ser que nuestro estándar sea que por un lado establezcamos áreas protegidas y en esa misma área haya salmoneras instaladas.
El principio de transición ecológica justa implica instaurar incentivos para que se trasladen. No se trata de caducar y no vengamos con la consigna de "solo los trabajadores". ¡No! La conservación de los ecosistemas resulta sustentable en el tiempo para la industria, para los trabajadores, pero también para el Estado de Chile.
Hemos conocido noticias brutales en estos días: sobreproducción de miles de toneladas de salmones, donde en buena hora tenemos la ley de delitos ecológicos para sancionar.
Entonces, no podemos establecer el Servicio de Biodiversidad y, al mismo tiempo, afectar las áreas marinas y áreas protegidas con salmoneras.
Por último, me preocupa la situación de los guardaparques. Resulta fundamental para el resguardo de los derechos de estos trabajadores y trabajadoras que la implementación de la nueva institucionalidad no sea con menoscabo laboral.
La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-
Gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador Daniel Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Gracias, Presidenta.
Bueno, yo no soy parte de la Comisión que estuvo revisando el presente proyecto de ley, pero es indudable que esta temática nos preocupa y que es muy importante para todo el país.
Solo quiero partir señalando que no deja de llamar la atención enterarse de que la primera iniciativa comenzó su tramitación el año 2011. Y si uno saca la cuenta, nos demoramos doce años.
Entonces, uno ve que al final el país no tiene las pilas puestas en este tema. O sea, no puede ser que una ley que va a ser tan significativa, tan importante, independiente de las diferencias, nos haya tomado más de doce años.
Y creo que eso nos deja atrás respecto de nuestra preocupación, lo que por supuesto ahora estamos corrigiendo.
De hecho, saludo a la Ministra y celebro la acción que está realizando, pero el punto no deja de llamar la atención, más aún cuando ella misma en la Comisión planteó que la discusión se desarrolla en el contexto de la grave crisis climática que atraviesa el mundo y también de la pérdida de biodiversidad.
Por lo tanto, en estos doce años algo muy importante hemos desatendido en Chile. Y eso es un llamado de atención.
También valoro enormemente lo que aquí se ha señalado: este proyecto no tiene sentido si no viene también con los recursos que se requieren. Y, desde ese punto de vista, hay que decirlo, los recursos pasan de los 23 mil millones actuales que recibe la Conaf a más de 59 mil millones. Es decir, hay un incremento significativo que permite cumplir con una parte de los objetivos que aquí se han señalado.
Quiero centrarme en dos cosas que me parecen relevantes de lo que hemos podido estudiar del proyecto de ley.
Primero, encuentro muy significativo que quede claro que en ciertos sitios prioritarios (parque nacional, reserva de región virgen y monumento natural) está prohibida cualquier actividad productiva en base a los recursos naturales. Y si bien se pueden hacer, llamémoslas así, "concesiones", ellas deben ir destinadas a la educación, al turismo y a la conservación, que son objetivos afines y coherentes con la preservación de los ecosistemas y de la biodiversidad.
Pero no queda claro qué va a ocurrir con los permisos sectoriales en las otras áreas o sitios de conservación. Y desde ese punto de vista, vamos a estar muy expectantes, si se aprueba la propuesta que se ha hecho, de lo que resuelva la Comisión Mixta.
Y por último, Ministra, dos inquietudes puntuales.
Primero, los humedales. Efectivamente, hay iniciativas presentadas; yo mismo fui el autor de un proyecto de ley cuando integraba la Cámara de Diputados sobre protección universal de humedales.
En la Región de Coquimbo tenemos muchos humedales costeros que están expuestos a riesgos inminentes y que no son sitios Ramsar. El caso más emblemático sucede en Tongoy, donde el problema no solo se da en los humedales Salinas Grande, Salinas Chica y Pachingo, sino que además en la zona de buffer. Es decir, tenemos el humedal protegido -nos costó, pero lo logramos-, pero al lado, a 50, 70, 80, 100 metros, se emplazan parcelas de agrado recién constituidas. ¿Y de dónde sacan el agua? De los pozos que construyen, afectando, por supuesto, al humedal.
Entonces, desde ese punto de vista, comparto la inquietud del Senador De Urresti en el sentido de que acá hay una norma según la cual el Servicio de Biodiversidad va a dar la autorización en todos aquellos sitios que no son prioritarios, pero ¿en qué rango?, ¿con qué alcance?, ¿bajo qué principio?
Yo soy partidario de una protección mucho más nítida, más clara, con una ley de protección universal de humedales. Y que las situaciones excepcionales queden consagradas como tales.
En ese sentido, esta ley no va a otorgar la protección que se requiere, más allá del enorme avance que significa una legislación de humedales urbanos, porque posee un espacio acotado de acción.
Y, por último, también solidarizo con la inquietud que nos han planteado muchos trabajadores.
Por supuesto que es importante el traspaso a esta nueva institucionalidad. Los actuales trabajadores de la Conaf se rigen por el Código del Trabajo y no tienen la categoría de funcionarios públicos, y constituye un avance que pasen a dicha condición. Pero ellos también quieren tener certezas de que no van a ver perjudicados ninguno de sus beneficios o de sus avances en materia de conquistas laborales. Particularmente porque hoy día, bajo el Código del Trabajo, muchos de ellos cuentan con contrato indefinido y no tienen certeza en qué régimen jurídico van a quedar dentro de las diversas opciones aplicadas a los funcionarios públicos.
Entonces, a mí me gustaría, Ministra, que usted nos pueda plantear la voluntad del Ejecutivo. Yo entiendo que después vendrán resoluciones y actos administrativos que darán certeza a los trabajadores y las trabajadoras. Pero el asunto es muy importante, porque si bien la función de los guardaparques es muy reconocida en lo simbólico, ha sido insuficientemente recompensada en lo material y en lo económico. Ellos realizan una labor fundamental que debemos relevar de la mejor manera.
Esas son mis inquietudes, Presidenta, sobre las cuales me gustaría dialogar con el Ejecutivo.
Gracias.
La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-
A usted, Senador.
Tiene la palabra el Senador Gustavo Sanhueza.
El señor SANHUEZA.-
Gracias, Presidenta.
Estamos frente a un proyecto de ley muy importante y que manifiesta nuestro compromiso con la biodiversidad, lo que no se opone al desarrollo sustentable, que es el futuro y la vía por la cual se debe proyectar nuestro país.
Cabe señalar que las áreas protegidas en Chile abarcan una superficie de aproximadamente 30 millones de hectáreas, distribuidas en un total de 157 unidades emplazadas en diferentes tipos de ecosistemas: terrestres, costeros, marinos y humedales.
A pesar de la alta concentración de áreas protegidas en el ámbito terrestre, que cubren prácticamente el 20 por ciento del territorio nacional continental e insular, todavía persisten importantes vacíos y desbalances de representatividad para un número importante de este tipo de ecosistemas, toda vez que más del 12 por ciento no se encuentra incluido en alguna categoría de área protegida y otro 24 por ciento posee menos del 1 por ciento de sus áreas bajo algún sistema de protección.
Sumado a lo anterior, otro punto crítico detectado en materia de áreas protegidas en Chile es la complejidad del sustento normativo e institucional existente, lo cual se explica en buena medida porque la legislación sobre áreas protegidas se encuentra dispersa, desarticulada e incompleta.
Es en consideración a esto último que encuentra su origen el presente proyecto, por el cual se busca la creación de un servicio público especializado, cuyo objeto viene a ser el manejo y gestión de las áreas protegidas, concebidas como un instrumento fundamental para la adecuada gestión y conservación de la diversidad biológica del país.
Dicho esto, cabe señalar que actualmente las áreas protegidas en el país se encuentran dispersas en cinco Ministerios: de Agricultura, de Economía, de las Culturas, de Bienes Nacionales y del Medio Ambiente, razón por la cual se busca mediante este proyecto crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), y, a través de este, la creación de un único Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), que reúna todas las áreas protegidas y que permita fortalecer el principal instrumento de conservación del país, tanto marino como terrestre, público o privado.
Se trata entonces de generar una institucionalidad sólida, eficiente y específica para el resguardo de nuestra biodiversidad y de las áreas protegidas, lo que representa un avance muy significativo. De esta forma se deja atrás la diversidad de órganos con competencia en la materia, facilitando la toma de decisiones y la implementación práctica de la ley.
Por dichas consideraciones, valoramos positivamente el informe de la Comisión y creemos que resulta esencial, tal como se señaló, hacer las mejoras en una Comisión Mixta.
Por eso, voto a favor.
Gracias, Presidenta.
La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-
Gracias, Senador.
Tiene la palabra la Senadora Ximena Órdenes.
La señora ÓRDENES.-
Muchas gracias, Presidenta.
Sin duda que estamos frente a un proyecto relevante. Yo creo que es una buena noticia que después de tantos años estemos aprobando la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
A mi juicio, esto forma parte de una evolución progresiva en el desarrollo de nuestra institucionalidad ambiental, la cual ya cuenta con un Ministerio, un Servicio de Evaluación Ambiental, una Superintendencia y tribunales ambientales. De hecho, la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas constituye el cumplimiento del artículo octavo transitorio de la Ley N° 20.417, que creó el Ministerio del Medio Ambiente, el SEA y la Superintendencia.
Este desarrollo y fortalecimiento de la institucionalidad ambiental del país estuvo muy ligado al proceso de ingreso de Chile a la OCDE y a las evaluaciones de desempeño ambiental realizadas por dicho organismo internacional en los años 2005 y 2016.
Digo esto, porque al día de hoy la no existencia de este Servicio provoca que la institucionalidad ambiental se concentre en la evaluación de los proyectos y su fiscalización y no tanto en el cuidado de la biodiversidad, que debiera ser el corazón de su gestión.
El proyecto viene a enmendar un vacío histórico en nuestra arquitectura institucional de protección medioambiental. Y, de acuerdo a lo que se ha debatido, creo que también viene a solucionar o abordar otro tema importante y es que la actual normativa sobre áreas protegidas se encuentra dispersa, desarticulada e incompleta.
La Conaf administra el Snaspe, que protege y gestiona la conservación de una porción de los ambientes silvestres, terrestres o acuáticos, entre los cuales existen parques nacionales, reservas y monumentos naturales, pero abarca menos del 50 por ciento de las áreas protegidas a nivel nacional.
Esta es una buena noticia, porque la futura ley nos va a permitir contar con el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, primer organismo público con dedicación exclusiva y con recursos destinados para el cuidado de las áreas protegidas.
Sin embargo, quiero poner énfasis en las brechas de financiamiento. Chile tiene un reconocimiento, porque progresivamente ha ido aumentando la superficie respecto de áreas silvestres protegidas, en ambientes terrestres o marinos; pero claramente hay un déficit. Al respecto, deseo recordar que en la Ley de Presupuestos anterior incluso se había rebajado de manera muy significativa el presupuesto del programa de áreas silvestres protegidas.
Entonces, si vamos a mantener esa dicotomía y desigualdad, claramente no le veo el mejor futuro a esto, y lo quiero decir así de honestamente; porque conforme a la experiencia regional -yo represento a la Región de Aysén-, más de la mitad de la superficie del territorio es área silvestre protegida. Cuarenta y siete guardaparques están a cargo de más de siete millones de hectáreas; con suerte se hallan dedicados solo a la gestión de uso público y no a la conservación, y cuando se los fortalece se hace con contratos a otras personas de carácter transitorio que no cubren esta necesidad. No tienen acceso a internet, Presidenta; no cuentan con sistemas de APR que les permitan entregar un buen servicio a los usuarios, ni tampoco se les garantizan derechos con respecto a la estadía en su lugar de trabajo.
Quiero hacer un llamado sobre el particular. Creo que se debe adoptar un compromiso en materia de recursos, porque no podemos seguir apelando a funcionarios y funcionarias que yo considero de los más camiseteados de este país, pues tienen un compromiso con la conservación. La biodiversidad está amenazada desde hace mucho tiempo en un contexto de cambio climático; pero claramente si no hacemos modificaciones en esta materia, la verdad que este proyecto de ley puede que no sea lo que queremos y no apunte al objetivo esencial.
Yo voy a votar a favor, porque obviamente creo que Chile será mejor con un Servicio de esta naturaleza; sin embargo, se requiere un presupuesto claro y sin ambigüedades para poder avanzar en la línea planteada al inicio de este proyecto.
He dicho, Presidenta.
La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-
Gracias, Senadora.
Tiene la palabra el Senador Flores.
El señor FLORES.-
Muchas gracias, Presidenta.
Saludo a la Ministra del Medio Ambiente aquí presente.
Lo hemos dicho tantas veces: Chile es un país muy particular, primero, porque tiene una rica diversidad territorial en distintos aspectos que nos diferencian, nos potencian y nos permiten contar con una oferta única de reservas, con productos únicos: marinos, agrícolas, turísticos. Tenemos humedales que no existen en otros lados: en el altiplano, en la costa, en los sectores periurbanos y urbanos, como en el caso de Valdivia; tenemos una selva fría, un desierto único y también sistemas insulares, glaciares, volcanes, en fin: somos un país distinto.
Además, por su topografía, por su naturaleza de suelo, por su condición oceanográfica, por el continente antártico somos uno de los diez países más susceptibles a los efectos del cambio climático, y eso lo sabemos. Por lo tanto, no solamente debemos preparar a nuestra comunidad nacional, sino también tenemos que informarla, sensibilizarla; y para ello necesitamos instituciones públicas y, asimismo, el compromiso del mundo privado para que apuntemos en la misma dirección a fin de hacer que esta condición de únicos sea permanente en el tiempo, por lo menos, en todo lo que dependa de nosotros.
Lo de la naturaleza lo dejamos a ella, pero tenemos que cuidarla.
Bueno, en la Comisión de Agricultura hemos estado discutiendo este asunto, que nos preocupa; y si bien abrazamos y compartimos la necesidad nacional de contar con una institucionalidad que aglomere, agrupe, potencie toda esa característica que nos diferencia en materia de protección del medioambiente y armonía con quienes vivimos en nuestro territorio, debemos hacer esto bien.
Con respecto a este proyecto, que lleva mucho tiempo tramitándose, con tal vez más de dos mil indicaciones desde que se presentó hace seis años, y que lo discutimos en su tiempo en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados más o menos en conjunto para intentar convertir a la Conaf en un servicio público como corresponde, la verdad es que hemos estado bastante trancados y teniendo muchos vaivenes.
Estos vaivenes entre las Cámaras y entre las Comisiones, han permitido mejorar el contexto, manteniendo la idea matriz en el sentido de efectivamente tener esta institucionalidad; pero también han generado ambigüedades, incertidumbre y preocupaciones.
Entonces, quisiera insistir en la necesidad de contar prontamente con una institucionalidad ambiental superpotente, pero que dé certezas: al país, a la naturaleza, a quienes invierten en Chile y a quienes deben cumplir con el rol de fiscalización.
Por esa razón, en su momento como Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados siempre dijimos que nos íbamos a oponer a que las áreas silvestres protegidas pasaran en su administración de la Conaf al Servicio de Biodiversidad, porque no se entendía claramente lo que era esta institucionalidad. Eso lo señalamos al principio.
No voy a repetir lo que ya han señalado los demás colegas, aunque tengo la tentación de manifestar algo respecto de los seis títulos que componen el proyecto; sin embargo, solamente quiero decir que estas personas que se traspasan, que tienen familia, que tienen experiencia y una tremenda trayectoria, que unas trabajan en el Ministerio del Medio Ambiente y otras en la Conaf, protegiendo a duras penas y con muchísimo esfuerzo las áreas silvestres protegidas, la mayoría de las veces sin el presupuesto que se requiere para ello, no solo merecen respeto, sino también que haya coherencia en el tránsito hacia esta nueva institucionalidad.
Esto hay que hacerlo en forma simultánea; no pueden ir unos primeros y otros después, porque se generan principios distintos, y hay que aprender de la experiencia de otros países.
Asimismo, hay que asegurarles a esos funcionarios que sean traspasados en condiciones de estabilidad, y que no exista esta posibilidad de contratos transitorios que no solo les provocará incertidumbre, sino también riesgo laboral.
Yo estoy de acuerdo con que debemos enviar a Comisión Mixta, rechazando, los artículos 3, numeral 34; 29; 93; 107; 116, y 146, que tienen que ver con las concesiones sectoriales en zonas protegidas, con los sitios prioritarios. Pero también hay que asegurar que los sitios prioritarios efectivamente tengan la protección adecuada, sobre la base del principio... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).
La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-
¿Terminó, Senador?
El señor FLORES.-
Ya termino, Presidenta.
La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-
Puede continuar.
El señor FLORES.-
Gracias.
Solamente me resta decir, Presidenta, que espero que la Comisión Mixta efectivamente dé cuenta de aquellas cosas que hoy día generan incertidumbre, porque necesitamos este servicio, pero necesitamos tenerlo en buenas condiciones, para los trabajadores, para el mundo que invierte y, particularmente, para aquellas zonas críticas que no permiten que se instalen salmoneras por una simple facilidad administrativa u otras cosas que nos preocupan.
Muchas gracias, Presidenta.
La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-
Gracias a usted, Senador.
Tiene la palabra el Senador José Miguel Durana.
El señor DURANA.-
Gracias, Presidenta.
El proyecto de ley que hoy nos toca revisar ha sido objeto de una tramitación legislativa que se prolonga por muchos años y que, al parecer, se seguirá dilatando por la necesidad de conformar una Comisión Mixta para ver algunos artículos, dadas las recomendaciones realizadas por la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, a la cual tuve el honor de pertenecer mientras se tramitó gran parte de esta iniciativa.
La aprobación de este proyecto es imperiosa, por cuanto su objeto es generar las herramientas necesarias, y esperamos sean eficaces, para la conservación de la diversidad biológica y la urgente protección del patrimonio natural del país.
Las áreas protegidas en Chile abarcan una superficie de aproximadamente treinta millones de hectáreas, las cuales se distribuyen en un total de 157 unidades emplazadas en diferentes tipos de ecosistemas. Sin embargo, la distribución por ecosistemas no es homogénea, ya que más del 80 por ciento corresponde a ecosistemas terrestres; un 14 por ciento posee ambientes costeros, costeros-marinos, intermareales y marinos, y solo un 5 por ciento de las unidades albergan humedales.
Esta situación es aún más evidente para el ámbito marino, ya que solo un 4 por ciento de la zona económica exclusiva de jurisdicción nacional cuenta con algún tipo de protección; por lo tanto, es sumamente relevante esta legislación, porque todavía persisten importantes vacíos y desbalances de representatividad para un número significativo de ecosistemas terrestres.
En todo el territorio nacional la protección y preservación de los ecosistemas no solo es fundamental en nuestros días, sino que genera una inexcusable responsabilidad con las generaciones futuras.
Este es un compromiso que como legisladores debemos priorizar. El cuidado y la restauración del medioambiente, así como el resguardo de la diversidad biológica son simplemente vitales.
En este sentido, quien cause daño a cualquiera de los componentes de la biodiversidad deberá asumir sus responsabilidades, de conformidad con la ley, y reparar el mal causado bajo un marco de enérgico resguardo por parte del Estado.
Voto a favor todo lo aprobado por unanimidad, y obviamente me sumo a la recomendación dada por la Comisión de Medio Ambiente para ir a Comisión Mixta.
Gracias, Presidenta.
La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-
Gracias, señor Senador.
No hay más inscritos.
¿Puede hacer el llamado, señor Secretario?
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales (33 votos a favor), y se deja constancia de que se cumple el
quorum
constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Campillai, Ebensperger, Gatica, Núñez, Órdenes, Pascual, Rincón y Vodanovic y los señores Araya, Castro González, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Flores, Galilea, García, Insulza, Lagos, Latorre, Macaya, Moreira, Núñez, Prohens, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Velásquez y Walker.
La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-
Queda aprobado el informe de la Comisión.
Vamos a proceder ahora a las votaciones separadas. Pero antes de entrar a ellas, hablará la señora Ministra, quien había solicitado intervenir.
Ministra, tiene la palabra.
La señora ROJAS (Ministra del Medio Ambiente).-
Muchas gracias, Presidenta.
Por su intermedio, yo solamente deseo responder a algunas de las preguntas que surgieron en las intervenciones que escuchamos, en particular la del Senador Núñez, con respecto a los trabajadores.
En efecto, inicialmente el proyecto ingresó con la propuesta de que los trabajadores quedaran sujetos al Estatuto Administrativo, y hubo bastante discusión al respecto. Pero ya el año 2016 el Ejecutivo estuvo de acuerdo con que los trabajadores de la Conaf, que hoy en día se rigen por el Código del Trabajo, fuesen traspasados conforme a este último cuerpo normativo. Ello fue aprobado en el primer trámite, y esa es la situación actual.
Así que los funcionarios traspasados y todos los trabajadores nuevos, una vez que se instale, que se cree el Servicio, van a funcionar con el Código del Trabajo y estarán resguardados todos sus derechos adquiridos.
Quería simplemente reforzar esa idea.
Hubo harto trabajo en las Comisiones con los guardaparques, que son los que van a ser traspasados, y varios de los cambios que hicimos durante el año pasado se introdujeron para clarificar bien aquello. Además, muchas de las indicaciones fueron acordadas junto con los sindicatos de guardaparques.
Deseaba hacer esta aclaración para que tuvieran toda la tranquilidad en el sentido de que este trabajo se realizó con el acuerdo de los sindicatos de guardaparques. Es más, durante el pasado nosotros también accedimos a que algunos de los funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente fuesen traspasados al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, a través de un proceso de encasillamiento, dado que hay funciones que se traspasan desde el Ministerio a dicho Servicio.
Muchas gracias, Presidenta.
La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-
Gracias, señora Ministra.
Señor Secretario, partimos entonces con las solicitudes de votación separada.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Bien, señora Presidenta.
Como se indicó, el Senador señor De Urresti ha solicitado votación separada de las siguientes normas.
En primer lugar, respecto de la enmienda que se introdujo en el artículo 40 (que pasó a ser 41), que elimina en su inciso primero la frase "de primera prioridad". Esta modificación se encuentra en la página 65 del comparado.
En segundo término, pidió votación separada para la enmienda al artículo sexto transitorio, que sustituye su inciso primero, referido a las concesiones o contratos que se hubieren otorgado o adjudicado antes de la creación de un área protegida. Esto figura en la página 316 del comparado.
Y la tercera votación dice relación con la enmienda introducida al artículo décimo transitorio, que intercala entre la expresión "ley N° 20.434" y la coma que le sigue la locución "y la ley N° 21.183, según sea el caso", que se encuentra en las páginas 318 y 319 del comparado.
La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-
Gracias, señor Secretario.
Le damos la palabra al Senador De Urresti, quien ha solicitado estas votaciones separadas.
El señor DE URRESTI.-
Presidenta, para facilitar el debate, creo que esto se puede agrupar en dos órdenes de temas: el primero, el del artículo 41, que dice relación con los humedales, y el segundo, el de las dos normas transitorias, que se refiere a las concesiones marítimas de acuicultura. Tal vez, estas dos materias se pueden abordar de esa manera, por economía legislativa. No habría inconveniente.
La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-
Se le agradece, señor Senador.
Partamos, entonces, por la primera...
El señor DE URRESTI.-
¿Me puede dar tiempo para explicarlas?
La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-
Le vamos a dar el tiempo necesario.
Solo quiero recordarle que... ¡Mejor no; no vamos a pelear...! Hable lo que estime pertinente, Senador.
(Risas).
El señor DE URRESTI.-
Gracias, Presidenta.
Hemos solicitado votación separada del artículo 41, que figura...
El señor MOREIRA.-
¿"Hemos"? ¿O "ha"?
El señor DE URRESTI.-
... en la página 65, y paso a leerlo.
Es importante la lectura para que se entienda la magnitud de lo que se está votando. El artículo 41 dice: "Permiso para la alteración física de humedales. Se prohíbe la alteración física de los humedales que constituyan sitios prioritarios de primera prioridad.
"Toda alteración física de otros humedales inventariados requerirá un permiso previo del Servicio. Se entenderá por alteración física la extracción de caudales, extracción de áridos, alteración de la barra terminal, alteración de la vegetación azonal hídrica y ripariana, extracción de cubierta vegetal de turberas, modificación de la superficie de humedales urbanos, entre otros similares.
"Dicho permiso tendrá por objeto asegurar que la alteración física no modifique de manera permanente la estructura y funciones del humedal".
Este artículo lo votó en contra la Senadora Allende, y se aprobó por 3 a 1.
He solicitado votación separada por los siguientes antecedentes.
De su sola lectura, ese texto significa borrar no con el codo, sino con las dos manos, la legislación sobre medioambiente en materia de humedales.
Como se ha señalado, esta es una norma que proviene originalmente del año 2016.
Por cierto, se aprobó la ley que protege los humedales urbanos, normativa específica para su resguardo; se han establecido convenciones precisamente para avanzar en el acuerdo sobre cambio climático; está el Tratado de Escazú, y hay sentencias mayoritarias, prácticamente unánimes, en materia de protección. Sin embargo, nosotros mantenemos este artículo. Esto francamente es afectar y vulnerar el principio de no regresión.
Si hemos establecido ese estándar del 2016 -lo dijo muy bien el Senador Núñez-; si hemos demorado once años en esta normativa; si se ha ido perdiendo biodiversidad, pero en paralelo hemos avanzado con el acuerdo de todos -yo les agradezco acá a muchos Senadores que dieron su apoyo e impulsaron la legislación de los humedales-, no podemos retroceder en la ley más importante de protección ambiental. Por eso pedimos que esto se modifique, que se estudie y que se vea la fórmula de no retroceder, de no tener esta vulneración.
Ministra -por su intermedio, Presidenta-, el 2 de febrero estuvimos en la localidad de Mantagua, aquí, en la Región de Valparaíso, en el humedal urbano número cien. ¿Con qué cara les decimos a esas comunidades, donde fuimos a aprobar proyectos de humedales, que con esta norma se van a relativizar? ¿Con qué cara le decimos a Ojos de Mar, en San Antonio, que le van a sacar agua y que extraerán áridos de ese humedal? En el humedal El Culebrón, de Coquimbo; en los humedales de Valdivia; en los humedales de Los Lagos, y en los cien humedales y otros que existen ¿vamos a dejar un forado, una puerta enorme para que estos ecosistemas sean afectados?
Eso es lo que yo pido: ¡coherencia en la legislación! Si hemos avanzado en estándares, no retrocedamos o no dejemos puertas abiertas para que, sin una excepción justificada, fundada, se puedan intervenir los humedales.
Y aquí no nos digan que los humedales han impedido el desarrollo del país. Precisamente fue el Estado de Chile, no el Gobierno, ¡el Estado de Chile!, el que en los compromisos internacionales estableció que la prioridad en las NDC son los humedales. Entonces, seamos coherentes, ¡seamos coherentes! Esta no es una buena legislación para los humedales. Así lo han dicho la Red de Humedales y distintas organizaciones, y podríamos recorrer de Arica a Punta Arenas puntualizando otras situaciones.
Esta normativa pone en riesgo los humedales y nos coloca en la mira de incumplimientos internacionales respecto de lo que Chile ha hecho para proteger estos ecosistemas.
Por eso pido que esto se vote en contra, para generar una discusión en la Comisión Mixta.
La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-
Gracias, Senador De Urresti.
Deseo aclarar a la Sala que estamos en el tercer trámite, y lo único sobre lo que se puede pedir votación separada y, por lo tanto, votar en contra tiene que ver con las enmiendas que introdujo la Cámara de Diputados.
En este caso, la Cámara Baja incorporó una enmienda que elimina en el artículo 40, que pasó a ser 41, la frase "de primera prioridad".
Eso es lo que vamos a votar por separado.
Los que quieren que la frase se suprima votan "sí"; los que desean que la frase se mantenga votan "no".
El señor MOREIRA.-
No, pues, votamos a favor, Presidenta.
La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-
Así viene de la Comisión. No me venga a mandatar. Soy yo la que está dirigiendo la sesión y digo cómo vamos a proponer esta votación.
El señor MOREIRA.-
¡Se está mal acostumbrando...!
La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-
Repito: quienes quieren mantener el artículo con la enmienda que viene de la Cámara, que es la propuesta de la Comisión, votan "sí"; los que desean sumarse a la posición del Senador De Urresti, para que se mantenga la frase "de primera prioridad", votan "no".
Abierta la votación.
(Durante la votación).
¿Alguien quiere hacer uso de la palabra?
El señor MOREIRA.-
No, nadie. Abra la votación.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
En votación.
La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-
Senadora Allende, tiene la palabra.
La señora ALLENDE.-
Disculpe, Presidenta. Efectivamente, desde el punto de vista reglamentario está en lo correcto. Porque lo único que enmendó la Cámara de Diputados fue eliminar la frase "de primera prioridad", cosa con la que estamos de acuerdo, porque debe quedar "prioridad", punto.
Sin embargo, el Senador De Urresti ha hecho un planteamiento, que me motivó a votar en contra en ese momento en la Comisión, relativo a la preocupación por los humedales.
No soy tan taxativa como el Senador De Urresti, pero creo que, efectivamente, eso tiene que corregirse. Por eso me gustaría que el tema llegara a la Comisión Mixta, ya que me parece que debería quedar más claro y con mayor certidumbre. ¿En qué sentido? Que no puede quedar como aparece en el artículo 41, que dice "permiso para la alteración física", en circunstancias de que lo que hay que establecer es la prohibición de la alteración física de los humedales ubicados en sitios prioritarios.
Esto lo hemos conversado con la Ministra. Y cualquier alteración descrita aquí, que es muy amplia y considera muchas materias o posibilidades, como la extracción de caudal, la extracción de áridos, etcétera, etcétera, debe contar un permiso previo del Servicio. Además, hay que cumplir requisitos para el otorgamiento de ese permiso, como no modificar de manera permanente, irreversible la estructura y funciones del humedal; resguardar sus características ecológicas; mantener el régimen hidrológico, tanto superficial como subterráneo; y debe basarse en una decisión fundada de acuerdo con los principios que establece la ley en proyecto.
Entonces, creo que sería mejor que esta enmienda se resolviera, en lo posible, en la Comisión Mixta.
Por eso he votado en contra. Pero eso no significa que esté de acuerdo con la frase "de primera prioridad", porque de verdad no tiene ninguna coherencia, ya que estuvimos todos de acuerdo en la Comisión en que debe quedar "prioridad". Ya dejamos atrás hablar de "primera prioridad".
Pero sí vale la pena hacer por lo menos el alegato -yo quisiera que entendieran los colegas que no participaron de la discusión-, porque es un tema muy relevante, y es la duda que teníamos.
Por lo demás, el artículo 40 está mal redactado, porque decir "permiso", en circunstancias de que lo que queremos es prohibir la alteración, creo que cambia muchísimo el sentido. Por eso pienso que vale la pena que lo veamos en la Comisión Mixta.
Presidenta, con eso he fundamentado por qué voy a votar que no.
La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-
Gracias, Senadora.
Senador Moreira, ¿ha pedido la palabra sobre este punto?
El señor MOREIRA.-
Sí, Presidenta.
Solo quiero decir que lo que está haciendo el Senador De Urresti es remarcar un punto. Sin embargo, creo que lo que corresponde aquí es votar a favor del informe de la Comisión.
Pienso que estas divisiones de votación terminan perjudicando el proyecto.
Por eso nosotros establecimos, más allá de las fundamentaciones de voto que se puedan hacer, siete u ocho artículos permanentes y dos transitorios para que pasen a Comisión Mixta, precisamente porque había unanimidad en que se les debían introducir algunos cambios.
Este tema viene desde hace mucho tiempo. El Senador De Urresti hizo su punto. Pero creo que lo que corresponde es votar a favor del informe de la Comisión, ya que votar en contra termina enredando esto.
Yo voy a votar igual que el Frente Amplio en este caso.
(Risas).
La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-
Gracias, Senador.
Tiene la palabra la Senadora Paulina Núñez.
La señora NÚÑEZ.-
Presidenta, quiero alertar de que, con el ánimo de hacer un punto político -es evidente, porque esto no es ni un directorio ni una ONG-, estamos arriesgando que en la Comisión Mixta esto no quede mejor -a los ojos de quienes creen que esto no quedó tan fortalecido- de como hoy día puede quedar a propósito del acuerdo.
Quiero hacer presente esto, no solo por cumplir un acuerdo, porque, evidentemente, uno puede marcar su punto y pedir votaciones separadas. Pero sí creo que nada asegura que en la Comisión Mixta vayamos en la línea de lo que está planteando el Senador De Urresti.
Entonces, una cosa es el punto político, que corresponde, y otra es que terminemos arriesgando esto y quizás, al final, con la norma sin el elemento que se ha planteado.
Muchas gracias.
La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-
Gracias, Senadora.
Haga el llamado, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-
Terminada la votación.
--Se aprueba la enmienda introducida por la Cámara de Diputados al artículo 40, que pasó a ser 41 (13 votos a favor y 9 en contra).
Votaron por la afirmativa las señoras Ebensperger, Gatica, Núñez y Rincón y los señores Durana, Galilea, Latorre, Moreira, Prohens, Pugh, Sandoval, Sanhueza y Walker.
Votaron por la negativa las señoras Allende, Pascual y Vodanovic y los señores De Urresti, Flores, Insulza, Núñez, Saavedra y Velásquez.
La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-
Pasamos a la siguiente solicitud de votación separada.
El señor WALKER.-
Con la misma votación.
El señor MOREIRA.-
Con la misma votación.
La señora NÚÑEZ.-
Sí, con la misma votación.
La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-
Senador De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Presidenta, luego de la alianza UDI-Frente Amplio, y en aras de mejorar el tiempo de discusión, pues me imagino que esa alianza se mantendrá en esta votación, propongo que se haga una sola votación respecto de los artículos sexto y décimo transitorios.
Y solo quiero hacer el punto, a propósito de otro principio básico.
En esto, estimadas Senadoras y estimados Senadores, uno cumple los compromisos. Pero también uno tiene que alertar de los errores que cometemos. Y pienso que en una ley de esta importancia hay que dejar la menor cantidad de errores.
Hemos escuchado distintos planteamientos desde el punto de vista de las concesiones, de la industria, pero no debiera ser materia de esta ley. Y, precisamente, al estar en las normas transitorias, establecemos un principio. Incluso, yo leía una entrevista del propio Presidente de la República, que quedó consignada en la Comisión. El Presidente Gabriel Boric, en mayo, en la Región de Magallanes, sostuvo que no eran compatibles las concesiones acuícolas en las áreas protegidas. Eso, reitero, lo señaló como Presidente de la República en la Región de Magallanes.
El señor SANDOVAL.-
Pero eso fue antes; ahora no sabemos.
El señor DE URRESTI.-
Dicho eso, los artículos sexto y décimo transitorios generan una situación en la que no se consagra el principio de la transición ecológica, que establece un proceso, un camino, para que se compatibilice la protección y, por otro lado, el desarrollo productivo.
Ese es el punto que hacemos.
Por eso planteo esta votación separada.
Si le parece, Presidenta, se puede repetir con la misma votación, como corresponda.
Lo que quiero es hacer el punto. Me parece importante hacerlo en Sala para la historia fidedigna del establecimiento de la ley. Una ley que avanza enormemente en institucionalidad no puede dejar un espacio abierto en materia de protección o compatibilidad entre áreas protegidas y concesiones acuícolas. Hablo del principio de transición ecológica justa.
La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-
Gracias, Senador.
El Senador Moreira ha pedido la palabra.
El señor MOREIRA.-
Muy breve, solo un minuto, para decir dos cosas.
Quiero que se haga nuevamente la votación y que nos pronunciemos a favor del informe de la Comisión.
Pero yo deseo decir dos cosas, pues no quiero dejar pasar esto.
El Senador De Urresti tiene sus puntos y se les respetan, pero él habla de errores. Yo creo que no podemos hablar de errores. Podemos decir que algunos artículos se prestan para interpretaciones y él quiere mayor certeza en la defensa de los humedales y en lo que ha planteado. Pero son interpretaciones.
Y yo le creo a la Ministra. ¿Y sabe por qué le creo? Porque sé que ella es una persona muy comprometida y muy dura en el tema de medioambiente.
Entonces, si la Ministra está de acuerdo, no se trata de contradecirla. Ella ha dado sus argumentos. Y en muchas cosas que ha señalado el Senador De Urresti ella tiene una apreciación distinta.
Por lo tanto, me quedo con lo que ha dicho la Ministra. Cada uno puede tener interpretaciones, pero los artículos que están hoy día para la Comisión Mixta son los adecuados. Si seguimos abriendo normas, como lo dice precisamente la Senadora Paulina Núñez, podría ser peligroso porque podemos, en vez de avanzar, retroceder en otros aspectos.
Por eso, quiero seguir votando junto con el Frente Amplio a favor de la Comisión.
La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-
Gracias, Senador.
Se va a abrir la votación.
Los que votan "sí" lo hacen por aprobar como vienen de la Comisión estos dos artículos transitorios; los que votan "no" comparten la postura del Senador De Urresti, queriendo que la modificación al inciso primero del artículo sexto transitorio se rechace y que en el artículo décimo se rechace la incorporación de la locución "y la ley N° 21.183, según sea el caso".
En votación.
(Durante la votación).
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Abierta la votación.
La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-
Senadora Allende, tiene la palabra.
La señora ALLENDE.-
Quiero que se aclare bien, porque la verdad es que el proyecto es tan extenso que de repente uno puede confundirse.
Deseo ser bien clara: nosotros, toda la Comisión, por unanimidad, y quiero saber si me estoy equivocando, votamos justamente por rechazar para que pudiera verse en la Mixta el tema de las concesiones, que es muy relevante.
Entiendo que eso era unánime en nuestra Comisión. Así lo acordamos. Estábamos todos conscientes de la importancia que tiene hacer una transición gradual, en fin, lo que de alguna manera hemos expresado en relación con esto.
Entonces, no entendí bien. Es el artículo 93, si no me equivoco.
¿Cuál es la norma que estamos votando? Porque por unanimidad nosotros decidimos rechazar todo lo que tiene que ver con las concesiones, para que lo viéramos precisamente en la Comisión Mixta.
La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-
Senadora, estamos votando dos normas transitorias: el artículo sexto, que se encuentra en la página 316, vuelta; y el artículo décimo, que está en la página 318. Son normas transitorias.
La señora ALLENDE.-
¿Puede leer lo que dicen? No tengo el texto acá.
La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-
Sí.
Voy a leer el inciso primero del artículo sexto transitorio como lo dejó la Cámara: "Artículo sexto.-
Las concesiones o contratos que se hubieren otorgado o adjudicado antes de la creación de un área protegida en espacios comprendidos en ellas de acuerdo con esta ley continuarán vigentes al interior de éstas, hasta el momento que se efectúe su relocalización, a menos que caigan en incumplimiento de las normas especiales que las rige y se produzca con ello la caducidad de la concesión o término del contrato".
Ese es el inciso primero del artículo sexto transitorio.
La Comisión recomendó a la Sala, por 4 a 1, con su voto en contra, Senadora Allende, aprobar esa enmienda al inciso primero del artículo sexto transitorio.
Y la segunda votación es respecto del artículo décimo transitorio. En este caso, la Cámara agregó en dicho artículo la locución "y la ley N° 21.183, según sea el caso".
La propuesta unánime de la Comisión fue aprobar esa modificación. Solo hace una referencia a la ley N° 21.183.
Señor Secretario, haga el llamado.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-
Terminada la votación.
--Se aprueban las enmiendas de la Cámara de Diputados a los artículos sexto y décimo transitorios (14 votos a favor y 9 en contra).
Votaron por la afirmativa las señoras Ebensperger, Gatica, Núñez y Rincón y los señores Durana, Galilea, García, Latorre, Moreira, Prohens, Pugh, Sandoval, Sanhueza y Walker.
Votaron por la negativa las señoras Allende, Pascual y Vodanovic y los señores De Urresti, Flores, Insulza, Núñez, Saavedra y Velásquez.
La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-
Al haberse rechazado algunas enmiendas, se procede a la formación de la Comisión Mixta, que por el Senado estará integrada por los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales.
--Así se acuerda.
La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-
Se necesita acuerdo para extender la sesión y pasar a Incidentes, pues se ha llegado a la hora de término indicada en la citación.
Acordado.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
)------------(
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor CASTRO (don Juan Luis):
Al Ministro de Hacienda y a la Ministra de Salud, solicitándoles información sobre CATASTRO NACIONAL DE PACIENTES CON DIABETES TIPO 1.
De la señora ÓRDENES:
A la Ministra de Obras Públicas, requiriéndole antecedentes detallados sobre IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA ANUAL DE DEMARCACIÓN DE RED VIAL DE CAMINOS DE LA REGIÓN DE AYSÉN, y para que informe acerca de PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO A COYHAIQUE Y PUERTO AYSÉN y respecto de MEDIDAS PARA MEJORAR PASARELAS PIEDRA DEL INDIO Y PAMPA PINUER Y FECHA DE ENTREGA DE PUENTE ACCESO NORTE A COYHAIQUE.
Del señor PUGH:
A la Seremi de Educación de Valparaíso, solicitándole información sobre CRITERIOS PARA CESE DE FUNCIONAMIENTO DE SEDES PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y MEDIA CIENTÍFICO-HUMANISTA DE ADULTOS DE COLEGIO DE ADULTOS "CEIA SAN FRANCISCO DE ASÍS" y respecto de FUNDAMENTOS PARA CIERRE GRADUAL DE EDUCACIÓN DE ADULTOS EN SEDES.
De la señora RINCÓN:
Al Fiscal Nacional del Ministerio Público, poniendo en su conocimiento DIVERSOS HECHOS DE POSIBLE PREVARICACIÓN EN CAUSAS JUDICIALES TRAMITADAS EN TRIBUNALES DE FAMILIA Y QUE ESTARÍAN EN CONOCIMIENTO DE PERSONEROS DE PODER JUDICIAL, DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ, UNICEF CHILE Y CENTRO IBEROAMERICANO DE DERECHOS DEL NIÑO (CIDENI).
)------------(
La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-
En Incidentes, los Comités Partido Revolución Democrática, Partido Renovación Nacional e Independientes y Partido Unión Demócrata Independiente no harán uso de sus tiempos.
Partido Socialista, ¿va a hacer uso de su turno?
El señor INSULZA.-
Sí. El PPD nos cedió su tiempo.
La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-
Entonces, el Partido Socialista suma a sus ocho minutos los siete del Comité PPD, que se los ha cedido.
Entiendo que harán uso de la palabra los Senadores Saavedra e Insulza.
Senador Saavedra, tiene la palabra.
CENTROS DE DETENCIÓN Y/O TORTURA A SER DECLARADOS SITIOS DE MEMORIA Y ESTADO DE DECLARACIÓN DE ISLA QUIRIQUINA COMO MONUMENTO NACIONAL. OFICIO
El señor SAAVEDRA.-
Muchas gracias, Presidenta.
Quiero oficiar a la señora Mireya Canavati Carrasco, Oficial Mayor de Secretaría del Senado, a fin de que se remita un oficio al nuevo Ministro de las Culturas, don Jaime de Aguirre Höffa, para que informe sobre lo siguiente:
1.-
Nómina de los centros de detención y/o tortura que se pretenden declarar como sitios de memoria durante el actual Gobierno, con la indicación de sus respectivas regiones y estados de avance.
2.-
Indicar si ha existido alguna dificultad de acceso o de otra índole respecto de aquellos sitios que se encuentran en propiedad o administración de algún órgano público o privado, con indicación del sitio y la identidad.
3.-
Informar el estado de avance de la solicitud efectuada mediante oficio N° 712, de 2022, respecto de la isla Quiriquina, en relación con el inicio de los procedimientos administrativos necesarios para otorgarle una debida protección, mediante su declaración como monumento histórico en categoría de sitio de memoria y la instalación de un memorial en dicho lugar para el recuerdo de las víctimas, y para destinar también dicho espacio a la promoción y difusión de los derechos humanos.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
SOLICITUD DE TARIFA DIFERENCIADA DE ELECTRICIDAD PARA CONSUMO FAMILIAR EN PROVINCIA DE BIOBÍO. OFICIO
El señor SAAVEDRA.-
En segundo término, pido que se remita un oficio al Ministro de Energía.
Todos nos hemos informado del alza en las tarifas eléctricas. Me estoy refiriendo a la energía que se destina a la vida de las familias chilenas.
Como es sabido, además, en la Región del Biobío se encuentra la provincia de Biobío, compuesta por catorce comunas. Doce de ellas tienen plantas de generación eléctrica, ya sea hídrica, eólica, fotovoltaica o de biomasa o combustibles fósiles, es decir, petróleo.
La externalidad de ello la viven las más de doscientas mil personas que habitan en esa provincia.
Y los lugares más rurales, es decir, las comunas de Alto Biobío, Santa Bárbara, Antuco, Tucapel, Cabrero, Yumbel, Quilaco, Quilleco, en fin, son expresión de la desigualdad territorial más aberrante que el país puede tener.
De ahí mi solicitud de oficio al Ministro de Energía para establecer una tarifa diferenciada que sea capaz de subsidiar el consumo de electricidad para la vida familiar a los habitantes de esta provincia, que, con su calidad de vida, pagan el bienestar del resto del país y también del desarrollo productivo.
Por lo tanto, reitero la petición de oficio en aras del bienestar de los habitantes y familias de la provincia de Biobío, Presidenta.
Muchas gracias.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-
Gracias a usted.
Tiene la palabra el Senador Insulza.
PROPUESTAS DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL ANTE LA ACTUAL SITUACIÓN MIGRATORIA EN CHILE Y LATINOAMÉRICA
El señor INSULZA.-
Muchas gracias, Presidenta.
Presidenta, el Ministro de Relaciones Exteriores, el señor Van Klaveren, ha declarado en estos días que -y lo cito- "Chile ha agotado su capacidad de recibir migrantes".
Es indiscutible la realidad de esta frase. El millón trescientos mil inmigrantes que ingresaron en los últimos años a nuestro país, que tiene dieciocho millones de habitantes, representa un porcentaje mayor que el de los inmigrantes que llegaron de Siria a Alemania durante la avalancha provocada por la guerra en ese país.
Pero así como los prófugos de Siria no solo fueron a Alemania, tampoco los de Venezuela, Haití y otros países han venido solamente a Chile. Se estima que más de setecientos mil venezolanos han dejado su tierra, y no más de un 10 por ciento de ellos vino a Chile. La gran mayoría se encuentra en América del Sur, especialmente Colombia, Perú, Brasil, Chile y, recientemente, Argentina. No ha llegado una cifra más grande de lo habitual a Estados Unidos, no ha ido para allá la migración, pero ese país ha tenido que lidiar con un creciente caudal de inmigrantes de Centroamérica.
Al comienzo, Presidente, la actitud de la mayoría era más bien favorable o benévola ante esta realidad. Al fin y al cabo, Chile siempre fue un país de escasa migración. Un estudio del CEP afirmaba en 2016 y 2017 que los inmigrantes tenían niveles de ingreso superiores a los chilenos. El mismo Presidente Piñera defendió muchas veces su invitación a los venezolanos, argumentando el número de profesionales. Y, además, casi todos los inmigrantes, de cualquier nacionalidad, habían ingresado legalmente al país. Teníamos entonces un registro de ellos, más allá de que hubieran excedido su tiempo de permanencia.
Esta situación, como ha revelado una encuesta esta semana, ha cambiado tremendamente en los últimos años. Los chilenos y las chilenas, primero que nada, tienen una visión bastante amplia de lo que es la realidad de la migración. La mayor parte de los encuestados cree que un 20 por ciento de los habitantes de Chile hoy día son extranjeros, cuando en realidad son todavía menos del 10 por ciento; rechazan su presencia como negativa para el país en un 77 por ciento; creen que hay que cerrar las puertas a la migración en un 86 por ciento.
Estas cifras son mucho más malas que las de hace un tiempo, y las pocas percepciones positivas son mucho más bajas, también han caído. Por ejemplo, en el último año los que creen que los extranjeros que han entrado legalmente deben tener los mismos derechos que los chilenos se han reducido en un 16 por ciento.
Ahora, todos sabemos cuál es la situación en que se han producido estos cambios. Estos han tenido lugar en un clima social, económico y político muy deplorable, en el cual el estallido social y la pandemia transformaron muy negativamente la vida cotidiana de la mayoría de los chilenos.
Además, la inmigración ilegal, ya bastante criticada en 2019, se estancó en 2020, como producto del cierre de las fronteras, pero fue reemplazada por el ingreso por pasos no habilitados de un gran número de inmigrantes indocumentados. A esa nueva realidad se agregarían la incertidumbre económica y la inseguridad, y todo esto cambió para mal la imagen que los chilenos tienen de la situación de su país y destruyó cualquier intento de tener la migración segura, ordenada y regular que proclaman los acuerdos internacionales.
El contenido del proceso migratorio en Chile cambió. El número de inmigrantes ingresado legalmente era la gran mayoría hasta 2019; después habían excedido su tiempo de permanencia, claro, pero era la mayoría el año 2019.
En la ley que votamos en este Congreso, y que se promulgó a comienzos del año 2021, los inmigrantes tienen un camino de regularización. Pero los recién llegados, que son en su mayoría ilegales e indocumentados, son ya más de 70 mil, y en la misma ley no tienen otra opción que salir voluntariamente o ser expulsados.
Han existido intentos de expulsión, pero pocos de ellos se han concretado. Por esa vía se podrán apresurar más casos; pero el proceso migratorio ya se produjo, y cambió para siempre el rostro del país. Chile tiene que asumir la realidad de un proceso que involucra a un número de alrededor de un millón y medio de individuos. Debe regularizarlos, separar a los que no pueden permanecer y dar un trato justo y humano a los que tengan que salir del país, y también dar un trato justo y humano, por cierto, a los nuevos ciudadanos y ciudadanas que se quedan aquí.
Las medidas represivas, como la detención por falta de papeles (87 por ciento) y la expulsión de ilegales (73 por ciento), son favorecidas por altas mayorías, pero son más bien medidas decorativas, son poco efectivas, se aplican con dificultad y tienen un efecto más populista que real. La mejor posibilidad para ordenar nuestra nueva realidad de población es asumirla y enfrentarla en cooperación y coordinación con los países de América del Sur que enfrentan una situación similar.
La Cancillería chilena ha buscado la cooperación de otros países de la región. El Canciller mismo ha emprendido desde el comienzo de su mandato algunas gestiones, entendiendo bien que este no es un problema unilateral, sino un problema compartido. El asunto migratorio afecta a casi todos los países de América del Sur y requiere una mirada regional.
Cuando todos los países tienen este problema, no hay posibilidad de trabajar de manera unilateral. Impedir el ingreso de indocumentados supone que el país de donde vienen debe recibirlos de vuelta. Hemos tenido alguna cooperación de Perú, y casi ninguna de Bolivia. Pero es cada vez más difícil obtener esa cooperación, cuando los vecinos sienten que ellos deben soportar la carga de los retornados. Eso es lo que está pasando ahora con Perú. No estamos enfrentados con Perú. Simplemente lo que ocurre es que estamos en una situación en que ninguno quiere que desde el otro lado se traspase su frontera; y, por lo tanto, se forman grupos de personas en el terreno intermedio de la frontera, lo cual es sin duda una situación grave de humanidad.
En suma, hay un gran número de migrantes y todos quieren reducir o al menos mantener su número. Los que salen de uno irán al otro. Chile, en este contexto está participando y liderando la Conferencia Suramericana sobre Migraciones, cuya membresía la comparte con países como Perú, Colombia y Argentina. También estamos promoviendo el denominado Proceso de Quito, que también actúa en el ámbito de Migraciones y Diálogo de la Celac.
Hay tareas importantes en estos escenarios, y quiero enumerar algunas ideas constructivas.
Primero, tenemos que determinar la cantidad total de inmigrantes que cada país tiene y determinar también qué número de ellos podrían volver voluntariamente a su país de origen. En este aspecto la presión recae sobre todo en Venezuela, que ha disminuido su población.
En segundo lugar, se debe incentivar la creación de corredores humanitarios para permitir que ciudadanos y ciudadanas migrantes venezolanos y de otras nacionalidades puedan transitar con las facilidades permanentes respecto de sus derechos, para el retorno a su país. El tema de los corredores humanitarios ya se está estudiando.
En tercer lugar, se debe lograr un acuerdo inmediato para intercambiar información sobre cada uno de los inmigrantes, con documentos de identidad verificables, para poder realizar los procesos de regularización correspondientes. Bien sabido es que delincuentes bastante conocidos, y con bastante acción en sus países, ingresan a nuestras cárceles como primerizos, al no tener ningún documento que los califique como delincuentes antes de eso.
En cuarto lugar, hay que coordinar los servicios de inteligencia y seguridad, para intercambiar información reservada sobre cada inmigrante que solicite residencia en un país. Los inmigrantes que tengan antecedentes delictuales deberían retornar a su país, salvo que ya hayan cometido delitos en sus países de residencia.
En quinto lugar, todos los países deben asumir la responsabilidad de recibir a aquellos ciudadanos que deseen voluntariamente regresar o que sean expulsados del país en el cual residen.
En sexto lugar, se debe uniformar cuanto sea posible las formas y datos de los documentos de identidad, a fin de facilitar el intercambio de información.
En séptimo lugar, sin perjuicio de lo anterior, se deben cancelar los acuerdos sobre uso de documentos de identidad para ir de un país a otro, cuando no den plenas garantías de su idoneidad.
Sabemos perfectamente que los documentos de identidad con que ingresan muchos de nuestros amigos sudamericanos a Chile no tienen la calidad que permita asegurar su identidad.
Finalmente, al mismo tiempo de adoptar estas medidas de seguridad, los países deben comprometerse a dar a los inmigrantes protegidos por este acuerdo un trato nacional con todos sus derechos.
Es deseable que Chile promueva y vele por la generación de un estándar común y compartido en la región latinoamericana sobre las conductas que serán o son consideradas punibles en el ámbito migratorio, conforme a las normas internacionales que rigen esta materia.
Muchas gracias, Presidenta.
La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-
Gracias, Senador.
En el tiempo del Comité Mixto Independiente y Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra la Senadora Yasna Provoste.
QUIEBRE EN MESA DE TRABAJO DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN SOBRE DIVERSOS PROBLEMAS. OFICIOS
La señora PROVOSTE.-
Muchas gracias, Presidenta.
Durante los últimos meses, y debido a los diversos problemas que han aquejado a las y a los asistentes de la educación en nuestro país, se estableció una mesa de trabajo entre los gremios más representativos de dichos trabajadores y el Ministerio de Educación.
El día de ayer, en palabras de los mismos dirigentes de los asistentes de la educación, nos informamos de que dicha mesa se quebró ante el nulo avance en soluciones para este importante sector de trabajadores y trabajadoras.
Hemos conocido de primera mano, tanto del Presidente del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación de Chile, Miguel Ángel Araneda, como también de Fabián Lavín, Presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Educación de Chile, que se retiraron de esta mesa de trabajo señalando su preocupación respecto a una serie de situaciones que les ha tocado evidenciar.
Entre los temas que esta mesa se encontraba tratando estaba el retraso en el pago del incentivo al retiro, además de diversos errores en los pagos de distintos bonos, incluso algunos adeudados desde hace más de dos años a los asistentes de la educación.
Los trabajadores en cuestión señalan que la falta de prolijidad de parte del Ministerio de Educación ha hecho incluso retroceder en temas de levantamiento de perfiles funcionarios, dado que descabezaron los equipos que llevaban un tiempo importante de trabajo junto a los asistentes de la educación de todas las confederaciones del país.
Los dirigentes de los asistentes sostienen que ellos han sido extremadamente pacientes, pero cuando los desafíos no están claros, es una pérdida de tiempo y de recursos el sentarse cada quince días sin avanzar, por ejemplo, para solucionar los errores que, a juicio de ellos, son muy graves en las postulaciones de los asistentes de la educación. Estos hoy están perdiendo su incentivo al retiro, dado que hay sostenedores que han confundido la ley con el incentivo al retiro de los profesores y las profesoras, olvidando postularlos, perdiendo recursos que permiten materializar efectivamente este incentivo al retiro para los asistentes de la educación. Y, producto de eso, muchas veces, cuando son incorporados en las nóminas, finalmente salen rechazados, porque los sostenedores no tienen una bajada clara respecto del conjunto de antecedentes que deben enviar.
En algunos casos, incluso no los han considerado como asistentes de la educación, y por ese solo error han quedado fuera del legítimo incentivo al retiro que tienen garantizado por ley.
Además, hay otros asistentes respecto a los cuales, insisto, ha habido errores de los sostenedores. Por ejemplo, las manipuladoras de alimentos de establecimientos educacionales, los conductores, los encargados de bibliotecas, no han sido incorporados como tales, y, por lo tanto, pierden este incentivo al retiro.
Presidenta, es urgente que estos temas se resuelvan a la brevedad. Yo agradezco la confianza que los dirigentes han tenido con nuestra oficina parlamentaria para comunicarnos esta situación, y desde acá manifiesto toda nuestra solidaridad con ellos y con las y los trabajadores que representan.
Por lo anterior, solicito que se oficie al señor Ministro de Educación y a la señora Subsecretaria de Educación a fin de que informen al Senado el estado de avance de la mesa de trabajo entre el Ejecutivo y los asistentes de la educación; que señalen los avances y propuestas que ha entregado el Gobierno respecto de la situación de los asistentes de la educación en las problemáticas que he señalado, particularmente en lo que dice relación con el pago del incentivo al retiro, la solución de errores por parte de los empleadores, el mal uso de los recursos destinados al finiquito de las y los asistentes, y en general, con los problemas que han manifestado los gremios en dicha mesa de trabajo, señalando plazos, si es que los hay, para asumir los compromisos que permitan solucionar todos los temas planteados.
Solicito, además, que se entreguen las actas de los medios de verificación de cada una de las reuniones para poder verificar cuáles son los gremios que han participado, así como también los funcionarios y las funcionarias del Ministerio; cuáles son los acuerdos alcanzados, y cuándo efectivamente se va a resolver el rezago que hoy día tienen las y los asistentes de la educación.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre de la señora Senadora, conforme al Reglamento.
PREOCUPACIÓN POR PAGOS REZAGADOS DE INCENTIVOS AL RETIRO DE PROFESORES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. OFICIOS
La señora PROVOSTE.-
Además, Presidenta, en este mismo sentido, deseo manifestar mi preocupación respecto del incentivo al retiro para las y los profesores de nuestro país, porque vemos que en algunas regiones se ha comenzado a pagar dicho beneficio en el caso de situaciones de rezago. Sin embargo, en algunas comunas, particularmente todas las del norte del país, con excepción de un par, aún se mantienen rezagos desde los años 2018-2019, mientras que en otras, particularmente las de la zona centro sur, ya se les ha comenzado a pagar el año 2022 inclusive.
Entonces, nos parece que se trata de una situación muy desigual. Uno podría entender que no se ponen todos los recursos a tiempo en este rezago que enfrentan los y las asistentes y los profesores en el incentivo al retiro.
Por lo tanto, solicito que el Ministerio de Educación y la Dirección de Presupuestos entreguen un detalle pormenorizado por cada una de las comunas respecto del estado de pago en el incentivo al retiro para los profesores y profesoras, así como también para las y los asistentes de la educación.
He dicho, Presidenta.
Muchas gracias.
La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-
Gracias a usted, Senadora.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre de la señora Senadora, de conformidad al Reglamento.
La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-
Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 20:22.
Mario Inostroza Sepúlveda
Jefe de la Redacción subrogante