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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 371ª
Sesión 7ª, en jueves 30 de marzo de 2023
Especial
(De 15:28 a 19:16)
PRESIDENCIA DE SEÑOR JUAN ANTONIO COLOMA CORREA, PRESIDENTE, Y
SEÑOR FRANCISCO HUENCHUMILLA JARAMILLO, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR, Y
EL SEÑOR ROBERTO BUSTOS LATORRE, ACCIDENTAL
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Campillai Rojas, Fabiola
--Carvajal Ambiado, Loreto
--Castro González, Juan Luis
--Castro Prieto, Juan Enrique
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cruz-Coke Carvallo, Luciano
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Edwards Silva, Rojo
--Elizalde Soto, Álvaro
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Flores García, Iván
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--Gatica Bertin, María José
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Keitel Bianchi, Sebastián
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Macaya Danús, Javier
--Moreira Barros, Iván
--Núñez Arancibia, Daniel
--Núñez Urrutia, Paulina
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pascual Grau, Claudia
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Saavedra Chandía, Gastón
--Sandoval Plaza, David
--Sanhueza Dueñas, Gustavo
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Soria Quiroga, Jorge
--Van Rysselberghe Herrera, Enrique
--Walker Prieto, Matías
Concurrieron, además, las Ministras del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Tohá Morales, y Secretaria General de la Presidencia subrogante, señora Macarena Lobos Palacios, y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Luis Cordero Vega.
Asimismo, se encontraban presentes los Subsecretarios del Interior, señor Manuel Monsalve Benavides, y de Prevención del Delito, señor Eduardo Vergara Bolbarán.
Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, y de Secretario General accidental y Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 15:28, en presencia de 35 señoras Senadoras y señores Senadores.

El señor COLOMA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
Vamos a ver de inmediato el segundo proyecto que nos convoca el día de hoy.
III. ORDEN DEL DÍA



MODIFICACIÓN DE CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE DELITO DE SECUESTRO


El señor GUZMÁN (Secretario General).- Buenas tardes.
El señor Presidente pone en discusión el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Penal para agravar la pena del delito de secuestro en el caso que indica, iniciativa correspondiente al boletín N° 15.558-07.
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho, calificándola de "suma".
--A la tramitación legislativa de este proyecto (15.558-07) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El objetivo del proyecto es corregir una deficiencia del tipo penal que no distingue, en términos de pena, entre una privación de libertad de baja duración y una de alta duración que no alcanza a ser de más de quince días, de manera que, por ejemplo, tanto un encierro de media hora como uno de diez días son sancionados con la pena de tres años y un día a cinco años.
La iniciativa también plantea aumentar la pena mínima de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo en los casos de secuestros previstos en el inciso final del artículo 141 del Código Penal. Es decir, cuando con motivo del secuestro, se comete además homicidio, violación o lesiones gravísimas.
La Comisión de Seguridad Pública hace presente que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, por tratarse de una iniciativa de artículo único, la discutió en general y en particular, y acordó proponer unánimemente que en la Sala sea considerada del mismo modo.
La referida Comisión deja constancia de que la propuesta de ley resultó aprobada en general por la unanimidad de sus integrantes, Honorables Senadores señores Flores, Insulza, Kast, Ossandón y Pugh. En particular fue aprobada con la enmienda y la votación que se consigna en el respectivo certificado.
El texto que se propone aprobar se transcribe en la página 3 del certificado de la Comisión de Seguridad Pública y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Es todo, señor Presidente.


El señor COLOMA (Presidente).- Muchas gracias, Secretario.
Le ofrezco la palabra, para que entregue el informe del proyecto, al Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Senador Felipe Kast.

El señor KAST.- Gracias, Presidente.
Este fue el segundo proyecto que pudimos aprobar y al cual pudimos introducirle modificaciones, luego de ser aprobado por la Cámara de Diputados.
En este caso, para explicarlo en forma simple, la iniciativa busca modificar el Código Penal para agravar la pena en el delito de secuestro en aquellos casos en que este "se prolongare por más de 48 horas".
Y eso es importante, porque en nuestra legislación no existe esta diferencia. Y lo que ha mostrado la literatura comparada es que, ante la ocurrencia de este tipo de hechos, más allá de que en Chile afortunadamente todavía no son algo masivo pero en otros países de la región sí lo son, se ha buscado aumentar las penas en forma sustantiva cuando el secuestro es más extenso.
Tuvimos una discusión intensa, y el proyecto se aprobó en general de forma unánime.
Este delito está regulado en el artículo 141 del Código Penal.
El tema fundamental que analizamos durante la discusión en la Comisión estribó en que 48 horas nos pareció un tiempo excesivo para aumentar la pena.
Por lo tanto, luego de un debate intenso, donde participó obviamente el Ejecutivo, se aprobó finalmente una indicación, por 4 votos a favor y 1 en contra, que cambió el guarismo de 48 por 24 horas, luego de lo cual el proyecto quedó despachado.
Y, por lo mismo, la Comisión de Seguridad Pública invita a esta Sala a aprobar esta iniciativa de ley, que corresponde a un mensaje del Ejecutivo, del Presidente Boric, y que hoy día hemos despachado.
Gracias, Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).- Muchas gracias, Senador.
Si les parece a Sus Señorías, abriremos la votación, dando las palabras respectivas.

El señor WALKER.- Conforme.

El señor COLOMA (Presidente).- Muy bien.
Acordado.
Tiene la palabra el Senador Matías Walker.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- En votación.
(Durante la votación).

El señor WALKER.- Muchas gracias, Presidente.
Por supuesto, concurrí con mi voto favorable al proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Penal para agravar la pena del delito de secuestro en el caso que indica.
Agradezco al Presidente de la Comisión de Seguridad, el Senador Kast, por su informe.
Me alegro mucho de que se haya logrado un acuerdo en torno a la tipificación del delito denominado comúnmente como "secuestro exprés".
Yo fui autor en la Cámara de Diputados de una moción que intentó, en el ámbito de la Agenda Corta Antidelincuencia del Gobierno de la entonces Presidenta Bachelet, incorporar un tipo penal similar.
Y como bien ha dicho el Presidente de la Comisión de Seguridad, ya desde ese entonces -estoy hablando del segundo Gobierno de la Presidenta Bachelet- veíamos que era necesario abordar este fenómeno delictivo, que desgraciadamente se empezó a incubar en esta década y que era ajeno en nuestros datos sobre delitos de mayor connotación social.
Y el fijar un tiempo siempre puede ser arbitrario, siempre puede ser discrecional.
Por eso en aquella oportunidad planteamos que el secuestro exprés ocurría cuando la víctima era retenida por un tiempo mayor al necesario para cometer el delito.
¿Por qué? Porque el problema que tiene nuestra legislación, particularmente en la formalización de este tipo de delito, es que muchas veces los secuestros exprés eran tratados como robo con intimidación. En efecto, como el plazo que está establecido en el actual Código Penal es bastante arbitrario para la agravante (15 días), finalmente los secuestros, delitos en que había retención de la víctima, se trataban, se formalizaban y se condenaban como robo con intimidación.
Por eso me parece bien la forma en que la Comisión de Seguridad resolvió esta controversia, pues desincentiva la comisión de secuestros y sirve de incentivo a la liberación de las personas secuestradas antes de que la privación de libertad exceda las 24 horas.
El proyecto fue mejorado en la Comisión de Seguridad del Senado con relación a lo que venía de la Cámara de Diputados.
El plazo de 24 horas me parece más que razonable para distinguir este tipo de situaciones y poner atajo a lo que hoy día es una práctica delictual que lamentablemente, sobre todo en las regiones del norte del país, se está haciendo cada vez más habitual.
También en la zona central, en la Región Metropolitana, ayer veíamos cómo se retuvo a un comerciante, incluso aplicándole apremios, extracción de dientes.
Hemos visto cómo en la provincia del Choapa, a propósito de la situación de narcotráfico que vivimos en esa zona, a adultos mayores que son retenidos y secuestrados por bandas de narcotraficantes les cortan un dedo o sus extremidades.
Entonces, estamos hablando de eso, para decirlo en forma cruda y concreta.
Por eso la importancia de esta distinción y del acortamiento de los plazos.
Así que, por supuesto, hemos concurrido con nuestro voto favorable.
Gracias, Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).- Muchas gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador Francisco Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, el proyecto que se somete a nuestra consideración en esta oportunidad tiene por objeto establecer al secuestrador una pena de presidio mayor en su grado medio a máximo, en el caso que el encierro o privación de libertad para la víctima se prolongue por más de 24 horas, modificándose, para tal efecto, el artículo 141 del Código Penal.
Este delito se ha vuelto bastante recurrente en nuestro país, por lo que se hace necesario aumentar su penalidad, toda vez que atenta contra la libertad y la seguridad de las personas, encerrándolas y privándolas de su libertad sin derecho alguno que amerite tales acciones.
Por ello, de acuerdo a la doctrina penal, se trata de un delito pluriofensivo.
Por otra parte, se ha introducido una modificación al inciso final del referido artículo 141 para sustituir la pena de presidio mayor en su grado máximo por la de presidio perpetuo, en el caso de que con motivo u ocasión del secuestro se cometiere, además, homicidio, violación o algunas de las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 o 397, número 1º, en la persona del ofendido.
Estimamos que el aumento de la pena en su tramo más bajo, contemplado en esta parte del proyecto, es plenamente acertado para desincentivar a los responsables de estos delitos.
Creemos que el secuestro exprés se ha masificado y, sin lugar a dudas, tenemos que dar una señal pública y política para los efectos de disuadir este tipo de delitos.
En este mensaje legislativo se han recogido las ideas contenidas en diversas iniciativas presentadas por distintos parlamentarios, lo que significa imponer la misma pena para el secuestro extorsivo, cuando el encierro o la privación de libertad exceda de las horas mencionadas.
Atendido el fin que persigue el proyecto, damos nuestro voto favorable al mismo.
He dicho, señor Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).- Muchas gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador José Miguel Durana.

El señor DURANA.- Gracias, Presidente.
El objetivo de este proyecto es modificar el Código Penal con el objeto de agravar las penas para los delitos de secuestro y de secuestro calificado, ilícitos que por lo general en Chile no eran muy intensos, pero que hoy han aumentado este tipo de criminalidad.
El objetivo es también cumplir con la finalidad de responder con mayor intensidad a los secuestros no extorsivos a través del reforzamiento de la capacidad disuasiva del sistema penal en la materia y el aumento de las penas, llegando incluso al presidio perpetuo efectivo.
La valoración de este proyecto es positiva.
Resulta necesario destacar que no solo es una señal clara en la lucha contra la delincuencia, sino que además es una herramienta que, de aplicarse por los tribunales, debería resultar en mayores penas para quienes cometen el delito.
La importancia y la urgencia de la iniciativa radican, principalmente, en el aumento que ha tenido este delito en el último año.
Nuestras fuerzas de seguridad, Carabineros de Chile y PDI, indican un incremento en esta materia. La PDI dice que en el año 2022 se anotaron 46 secuestros, lo que implica un aumento del 76,9 por ciento con respecto al año anterior. Y Carabineros registra, desde el 2017 al 2022, 1.925 delitos de secuestro.
Es urgente aprobar el proyecto de ley que agrava la pena del delito de secuestro, figura penal que lamentablemente hoy ocurre con mayor frecuencia y que es utilizada, en gran medida, por organizaciones criminales y bandas de narcotráfico, que han arribado a las regiones del norte de nuestro país, dada la prolongada desprotección en que se encontraban nuestras fronteras.
Voto a favor, Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).- Muchas gracias.
¡Y tuvo un tiempo muy adecuado...!
Tiene la palabra el Senador Insulza.

El señor INSULZA.- Presidente, yo apruebo en general este proyecto, desde luego.
Pero como fui el único que votó por mantener las 48 horas, quisiera explicarlo.
La verdad es que la mayor parte de los secuestros que ocurren en Chile son exprés. Es una práctica bastante habitual, que ha hecho aumentar sustantivamente el número de secuestros.
Por lo tanto, a mí me parece bien que hagamos una diferencia entre determinadas horas.
Siendo práctico, muy pocos secuestros son investigados con éxito. Se trata de un delito que generalmente permanece impune.
En ese caso y con ese pretexto, por así decirlo -lo llamo "pretexto" como un argumento mío-, uno quisiera tener mayores posibilidades de que la víctima sea devuelta en un plazo razonable. Pero acortar más el plazo plantea la posibilidad de que la víctima sea retenida y dañada más fuertemente de lo que ya implica el daño que causa un secuestro.
Por lo tanto, creo que con esto de poner 24 horas de alguna forma estimulamos el secuestro exprés, porque, repito, se trata de delitos que no se investigan ni se aclaran tanto, y al mismo tiempo ponemos a la víctima en un riesgo más grave del que se expondría de otra manera.
Por esa razón quiero explicar esto.
La diferencia tendrá que ser votada, pero en todo caso voy a votar a favor en general, Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).- Muchas gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador Fidel Espinoza.

El señor ESPINOZA.- Presidente, por todos es sabido que dentro de las situaciones graves que vive el país en el ámbito de la delincuencia, durante los últimos años han llegado una serie de delitos que, de una manera u otra, no eran tan característicos en la criminalidad que vive el país.
De hecho, en los últimos meses hemos sido testigos incluso de algunos sicariatos y de hechos bastante complejos que ponen en riesgo obviamente la vida de las personas y la seguridad de la población.
El secuestro es, sin duda, uno de los delitos más graves en nuestro ordenamiento jurídico.
Se trata, como lo dice el propio mensaje presidencial, de un delito de naturaleza pluriofensiva, pues su comisión afecta más de un bien jurídico.
Y yo quisiera detenerme en este aspecto para señalar que cuando se comete un ilícito de estas características, que hoy día estamos sancionando más fuertemente, se vulneran los derechos de la víctima, dejándola en una especial posición de indefensión, lo que además implica y trae consigo daños psicológicos que pueden ser hasta de por vida, como lo han establecido profesionales especialistas en este tipo de materias.
Por lo tanto, me parece importante que exista un incremento sustantivo de las penas a aquellos delincuentes que cometan el delito de secuestrar personas.
En cuanto a la cantidad de horas donde comienza el aumento sistemático -se han establecido 48 horas-, considero que es positiva. Creo necesario, obviamente, aumentar las penas de manera sustancial, en las gradualidades respectivas, con el objeto de desincentivar, como busca la iniciativa, este tipo de delito, tan doloroso para las familias y obviamente para las víctimas.
Por lo tanto, voto a favor del proyecto, señor Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).- Muchas gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador Pugh.

El señor PUGH.- Muchas gracias, señor Presidente.
Tal como se ha señalado, esto es parte de un paquete de medidas tendientes a reforzar el Estado de derecho, impedir la comisión de ciertos delitos, para poder perseguirlos efectivamente, y también tipificar correctamente los hechos.
Como lo han señalado Senadores que me han antecedido, aquí lo que se busca es proteger a la persona y, especialmente, a la persona que es privada de su libertad por medio de la fuerza, retenida en un lugar y sometida a circunstancias que pueden ser múltiples.
Se han referido al delito del secuestro exprés, una de las prácticas habituales en algunos países, fuera de nuestra frontera, que efectivamente persigue retener personas de forma rápida, hacer un proceso que es parte del nuevo mercado del delito que se ha instalado.
Sin embargo, aquellas retenciones que se hacen por más tiempo pueden producir efectos gigantescos en las personas. Y es precisamente para protegerlas que se ha tomado en consideración la disminución de los períodos y así poder lograr que al menos estén retenidas el menor tiempo posible.
No queremos secuestros, pero, si van a ocurrir, que exista alguna medida para poder diferenciarlos, y que sepan, aquellos que van a retener a las personas por un tiempo mayor, que obviamente eso va a tipificarse y recibir una sanción mayor, porque es mucho más grave.
Lo que se busca en la iniciativa es precisamente lo que señalamos.
Hoy este tipo de secuestros incluso se da de forma virtual. Quiero alertar aquí que esa hipótesis también ocurre en redes sociales: se sabe dónde va a estar la persona; se le quita el teléfono o se le pide prestado, y se reclama dinero como si la persona estuviera secuestrada. Y efectivamente hay familias que han pagado dinero porque, como no tienen contacto con la persona, piensan que está secuestrada.
La forma en que está actuando el delito, la forma en que está mutando, requiere que seamos mucho más ágiles. Aquí tenemos un actor asimétrico, que tiene todo para ganar, y un actor estatal, que es lento, que se demora. Y ahí es donde viene el problema.
La idea es tipificar correctamente el delito, perseguirlo y, obviamente, generar las condenas respectivas. El delito que no tiene consecuencias es un delito que va a progresar y aumentar de forma desmedida. Por eso lo que se busca es eso: tipificarlo correctamente, generar penas más altas, y definir espacios de tiempo más cortos.
Sin embargo, debo advertir que esto no va a evitar que existan secuestros. Para eso tiene que actuar un sistema completo que pueda prevenirlo, que actúe rápidamente.
Y ese mismo sistema, señor Presidente, puede servir para encontrar a personas perdidas. Este es un tema no menor que vamos a tener que discutir: el uso de información biométrica para encontrar personas. Con la capacidad que hoy posee la tecnología, esas personas se pueden encontrar rápidamente: tanto las perdidas como las secuestradas.
Es parte de un sistema integral. No solamente estamos definiendo delitos y sus nuevas penas, sino también haciéndonos cargo de un proceso sistémico, en donde el Estado, si falla, que sea por una falla sistémica que podamos corregir usando todos los medios disponibles, incluidos los tecnológicos, para tratar de darles a esas personas lo que el Estado debe garantizar: ¡su libertad!
Esa es, básicamente, la esencia de por qué el Estado tiene fuerza y tiene medios: para asegurar que las personas sean libres, para que las personas puedan vivir en paz y en tranquilidad, en un país donde el Estado de derecho se respete y los delincuentes estén tras las rejas.
Por eso, señor Presidente, voto a favor.
He dicho, muchas gracias.

El señor COLOMA (Presidente).- Muchas gracias, Senador.
Ofrezco la palabra a la Senadora Rincón.

La señora RINCÓN.- Gracias, Presidente.
Yo celebro este mensaje presidencial y el trabajo expedito y rápido que ha realizado la Comisión de Seguridad, que preside el Senador Kast.
Quiero destacar el objetivo principal de este proyecto, que es corregir una deficiencia del tipo penal, que no distingue, en términos de pena, entre una privación de libertad de baja duración y una de alta duración, que no alcanza a ser de más de quince días, de manera que, por ejemplo, tanto un encierro de media hora como uno de diez días son sancionados con la pena de tres años y un día a cinco años.
La iniciativa también plantea aumentar la pena, tal como lo han explicado mis colegas, cuando con motivo del secuestro se produce homicidio, violación o lesiones gravísimas. Hoy día -todos lo sabemos-, este es un problema que ha aumentado en el país. Lo señalaba mi colega el Senador Walker cuando hablaba de lo que está ocurriendo en el norte. No solamente ha aumentado esta figura penal, sino también los homicidios, el sicariato y otros delitos que están siendo el pan nuestro de cada día en esa parte de nuestro territorio. Las imágenes que vimos pocos días atrás en el centro de Antofagasta, cuando una persona, en la noche, sacaba un arma frente a otras y disparaba con la intención de matar a varias, son un buen reflejo de aquello.
Por lo tanto, este proyecto, que busca que las privaciones de libertad sean sancionadas cuando se produzcan con un mínimo de detención o de privación de libertad de las personas, va en el sentido correcto. Aquí, tal como se decía, se afectan distintos bienes jurídicos: la libertad ambulatoria, la seguridad individual de las personas. Y eso hace que el delito merezca una mayor sanción.
Creo que tanto este proyecto como todos los que estamos viendo el día de hoy en la Sala van en la línea de lo correcto.
Y por eso, Presidente, concurrimos con nuestro voto favorable.

El señor COLOMA (Presidente).- Muchas gracias, Senadora.
Solicito autorización para que ingresen al recinto los Subsecretarios del Ministerio del Interior, señores Monsalve y Vergara.
(El señor Presidente hace sonar la campanilla en señal de acuerdo).
Adelante.
A continuación, tiene la palabra la Senadora Aravena.

La señora ARAVENA.- Gracias, Presidente.
Primero felicito a todos los que de una manera u otra han coordinado esta jornada de trabajo, especial y extraordinaria, para poder avanzar en proyectos que son de suma urgencia.
¡Qué duda cabe de que el crimen organizado llegó para quedarse! Hace pocos días se informaba que San Antonio es uno de los puertos que tienen más transacciones de droga o al menos uno de aquellos por los cuales pasa muchísima droga a través de sus instalaciones, que claramente están muy deficitarias y requieren tecnología de alto nivel para poder limitar este ingreso, tan dañino para el país.
En eso, claramente, el crimen organizado es un tema muy relevante y muy vinculado al secuestro, delito que, sin duda, se importó. No digo que en Chile no ocurra, pero datos concretos indican que el 2022, de las 76 personas detenidas por secuestro -casi dos veces y media más que el año 2021-, más de la mitad de los perpetradores, prácticamente el doble, no eran chilenos, sino extranjeros.
Eso no implica que este delito no ocurra también en Chile. Quiero recordar la situación, todavía en proceso, del doble homicidio de Collipulli... Perdón, no doble, sino un homicidio, pero con tortura y secuestro de dos personas, que ejemplifica que aquel es un delito no solamente cometido por extranjeros, sino también desarrollado por personas de nuestra nacionalidad, que sigue estando vinculado al crimen organizado que hay, obviamente, en la macrozona sur.
Felicito el hecho de que se haya incorporado un aumento de penas, pero, principalmente, lo que exponía el Senador Insulza en torno a haber disminuido a 24 horas el lapso de la privación de libertad, que también ayuda a la búsqueda de la persona informada como privada de libertad o que está siendo sometida a extorsión, además de parecer relevante para el desincentivo de la comisión de secuestros, que son un delito gravísimo.
Termino señalando que también hay muchos secuestros falsos o secuestros telefónicos, como mencionaba el Senador Pugh. Y no son pocos. El año pasado se informaron 59 secuestros probablemente falsos o finalmente descartados, pero que en muchos casos concurrieron con otro delito, la extorsión, que obviamente genera en las familias una angustia muy difícil de superar y de olvidar, porque muchas de ellas tuvieron que desembolsar recursos para poder sentirse tranquilas.
Son temas bien concretos, bien pequeños, bien simples, como los que aborda también el proyecto que vimos hoy en la mañana, pero muy complejos para quien los vive.
Así que espero que durante este día podamos aprobar los cinco proyectos que tenemos como compromiso sacar en esta jornada.
Muchas gracias.

El señor COLOMA (Presidente).- A usted, Senadora.
Ofrezco la palabra al Senador Latorre.

El señor LATORRE.- Gracias, Presidente.
Este proyecto, obviamente, busca aumentar las penas del delito de secuestro cuando excede las 48 horas. Venía de esa forma desde la Cámara y en el Senado ese tiempo se baja.
Es importante poner nuevamente los datos en el debate.
Al comparar el año 2022 con el 2021, se observa un aumento del 79,4 por ciento de los casos policiales de secuestro. Y si se lo compara con el 2019, el aumento es de un 51 por ciento.
Del total de casos de secuestro reportados por ambas Policías, un 50 por ciento se registró en la vía pública y un 20 por ciento en el domicilio particular.
Esto da cuenta de que estamos ante una realidad a la cual no estábamos acostumbrados en Chile, con un tipo de delito nuevo, que obviamente genera mucho temor en la ciudadanía y del cual hay que hacerse cargo.
El delito de secuestro, uno de los más graves de nuestra legislación penal, tiene penas altas cuando se trata de un secuestro extorsivo -por ejemplo, pidiendo un rescate-, o cuando el encierro dura más de quince días, o cuando el secuestrado sufre un daño grave. En estos casos las penas parten en cinco años y un día y pueden llegar hasta veinte años de presidio. En cambio, el delito base, cuando no se da ninguna de las circunstancias anteriores, tiene una pena comparativamente más baja, de tres años y un día a cinco años. Lo que no se justifica es que esta pena más baja sea igualmente aplicable a quien secuestra a una persona por un par de horas y a quien lo hace por varios días.
La Comisión de Seguridad del Senado aprobó la indicación que reduce el tiempo de duración de encierro de la nueva figura, de 48 horas a 24, dado que una privación de libertad por este último lapso ya es suficientemente grave como para subir la pena, además de servir de incentivo para que se libere a personas secuestradas antes de dicho plazo.
Considero importantes las modificaciones introducidas al Código Penal, ya que, por ejemplo, cuando estamos hablando de un secuestro con homicidio, violación o lesiones gravísimas, la pena puede ir de presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado.
Yo espero que este aumento de penas, que estas señales sirvan. El problema es que muchas veces nos encontramos -y esto lo dicen los profesores de Derecho Penal- con que el delincuente que comete el delito no está pendiente de estos aumentos de pena. Por más que se haga una campaña publicitaria de los aumentos de pena, la persona o las organizaciones del crimen organizado vinculadas o detrás de estos secuestros no están precisamente pendientes de las modificaciones que realiza el Congreso Nacional para ver si les dan un par de años más o un par de años menos de cárcel. El punto es todo el aparataje que hay detrás -insisto- de los delitos nuevos a los cuales no estábamos acostumbrados en Chile y que lamentablemente vemos que van en aumento.
Por tanto, tiene que haber una política de Estado seria. Hay que ir evaluando si efectivamente este tipo de medidas, este tipo de legislaciones y otras, que son más bien de gestión, más bien administrativas, van reduciendo las cifras e impidiendo su aumento año a año. Claramente, estos son fenómenos que hemos visto crecer en América Latina, donde también existe evidencia comparada de cómo ciertas sociedades han podido enfrentar de mejor manera que otras estas realidades a través de políticas públicas.
Por eso me parece importante esta legislación.
Voto a favor, Presidente.
Gracias.

El señor COLOMA (Presidente).- Muchas gracias, Senador.
Tiene la palabra la Senadora Pascual.

La señora PASCUAL.- Gracias, Presidente.
Obviamente, nos parece importante enfrentar con legislaciones fenómenos que son no solo cada vez más concurrentes, sino de mucha complejidad cuando lo viven las víctimas. Creo que el secuestro es una situación que de verdad no le podemos desear a nadie.
Lo digo con mucha convicción, porque precisamente el día de ayer se conmemoró un año más del secuestro y degollamiento de tres militantes comunistas. Estos crímenes, que son violaciones de derechos humanos cuando los cometen agentes del Estado, son tremendos, como también lo son cuando ocurren, desde el punto de vista delincuencial, entre civiles.
Desde esa perspectiva, no podríamos estar en contra de un proyecto como este.
Nos parece sumamente importante, además, que se establezcan penas absolutamente distintivas dependiendo de la gravedad de los hechos, de si concurren más delitos. Y, desde ese ámbito, estimamos relevante no generar la sensación de que las penas comienzan recién a los quince días. Por lo tanto, se requiere una actualización de la legislación.
Solo quiero plantear una inquietud, Presidente, en tanto no he logrado encontrar posturas en común en relación con la reducción de las horas que se acordó en la Comisión de Seguridad a propósito de una indicación. Por lo tanto, si fuera posible, pido que quienes suscribieron la indicación expliquen la ventaja que tendría cambiar las 48 horas por 24, y al Ejecutivo, si pudiera comentar o dar su opinión en relación con este ámbito.
Pero, indudablemente, estamos a favor en general de esta propuesta normativa, Presidente.
Muchas gracias.

El señor COLOMA (Presidente).- A usted.
Tiene la palabra la Senadora Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.- Gracias, Presidente.
Claramente, el delito de secuestro ha ido evolucionando en nuestro país. Desde ya hace un par de años venimos conociendo delitos nuevos, dentro de los que están el sicariato, el secuestro extorsivo, el préstamo gota a gota, en fin, que han cambiado el tipo delictual en nuestro país, particularmente en la zona norte.
Lo que hace esta proposición de ley -bastante sencilla, pero que puede tener buenas consecuencias- es simplemente una distinción en la figura básica del delito de secuestro, que hoy día se castiga con una pena bastante menor: de tres a cinco años. Después de esta figura típica, tipo, básica, del secuestro viene otra, que es la que dura hasta catorce días. Y ahora se crea una tercera categoría, que, como bien ha explicado el Presidente de la Comisión, corresponde a aquellos secuestros que tengan una duración de más de 24 horas y de hasta, por ejemplo, catorce días. Aquí se aumenta la pena, que actualmente es de cinco a diez años, a una de diez a quince años.
Concuerdo en que el solo aumento de penas no soluciona los problemas de fondo, pero creo que sí ayuda.
Uno nunca puede olvidar -al menos así me lo enseñaron en Derecho Penal en la universidad- que una de las finalidades de las penas es que ellas sean ejemplarizadoras. A mí me parece importante que sean altas y efectivas, y más importante aún, más allá de que sean altas, que sean efectivas y de verdad se cumplan, para que, a su vez, cumplan -valga la redundancia- una de sus finalidades, que es la de ser ejemplarizadoras.
Eso es lo que hace este proyecto, además de cambiar, en el artículo 141 del Código Penal, la pena del secuestro que termina con homicidio, violación, etcétera, de presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado.
Eso es relevante porque te asegura que las penas de verdad se van a cumplir.
Creo que uno de los temas que tenemos pendientes y que ya se está empezando por lo menos a escuchar es la modificación orgánica del Código Penal.
Hoy día, si uno revisa las estadísticas, verá que los delitos que atentan contra los bienes son castigados con penas más altas que los delitos que atentan contra las personas, lo cual, claramente, debe ser corregido. Y aquí hay un ejemplo de cómo hacerlo.
Cuando uno determina las penas para los delitos, uno de los factores más importantes que debe considerar -yo diría que tal vez el más importante- es el bien jurídico protegido que hay detrás de cada delito. Y sin duda, al menos para mí, la vida es un bien jurídico muy superior a los bienes.
Entonces, resulta inentendible que hoy, producto de nuestro Código Penal tan antiguo, las más altas penas aplicadas por los tribunales de justicia resultan ser aquellas recaídas en los delitos contra los bienes y no contra las personas.
Ahora hablamos de un nuevo delito existente para el cual resulta importante no solamente crear la categoría pertinente, sino además subirle las penas. El proyecto va en el sentido de lo que expreso, en cuanto a que nunca podemos dejar de considerar que el bien jurídico persona humana debe estar por encima de cualquier otro bien jurídico a proteger.
He dicho, Presidente.
Voy a votar a favor.

El señor COLOMA (Presidente).- Muchas gracias, Senadora.
Senador Sandoval.

El señor SANDOVAL.- Muchas gracias, Presidente.
De los cinco proyectos en debate, cuatro corresponden a mensajes del Ejecutivo y uno solo se trata de una moción. Esta es una iniciativa del Presidente.
En materia de delitos, y como bien señalaba la Senadora Ebensperger, resulta paradójico que las penas que se aplican a delitos contra los bienes sean mucho mayores a las consideradas para los ilícitos contra las personas.
¿Y cuál es el bien jurídico relevante en este caso? Las personas, por sobre cualquier otra circunstancia.
Y en cuanto a los casos ocurridos, durante 2022 la Policía de Investigaciones constató un total de 46 secuestros ¡46 secuestros!, cifra que significó un incremento de 76,9 por ciento respecto del año anterior.
Detrás de tales números, hay que considerar todo el drama que implica para las familias y las personas afectadas por una situación de tal naturaleza.
Recién este martes, Carabineros entregaba también algunas informaciones que manejaban, y donde se señalaba que entre el 2017 y el 2022, se registraron 1.925 delitos de secuestro: ¡1.925!
Y como bien se ha señalado acá, las sanciones pertinentes están contenidas en el artículo 141 del Código Penal, el cual identifica cuatro figuras específicas: primero, el secuestro sin otras circunstancias ni agravantes; segundo, el secuestro con fines extorsivos; tercero, el encierro, detención por más de 15 días o cuando la persona resulte con un daño grave; cuarto, aquel que con ocasión del secuestro también se comete homicidio, violaciones o lesiones graves y gravísimas, y sanciona con diferentes penas según la escala de gravedad.
La modificación construye una nueva categoría del delito de secuestro que es plenamente proporcional a las sanciones aplicadas y a la figura que se está tratando de regular. Porque si alguien es privado involuntariamente por las circunstancias descritas por más de 24 horas y menos de 15 días constituye evidentemente un hecho grave a resolver y el presente mensaje del Ejecutivo se hace cargo de aquello.
Señor Presidente, la iniciativa forma parte de esta batería de cinco proyectos, la cual evidentemente tenemos que aprobar, y en lo personal así lo haremos, porque creemos que hay que enfrentar una realidad con la cual hemos visto hechos realmente dramáticos como aquí señalaba el Senador Felipe Kast, incluso con daños enormes de gran significación para las personas.
Votamos absolutamente a favor, Presidente.
Muchas gracias.

El señor COLOMA (Presidente).- Gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador Flores.

El señor FLORES.- Muchas gracias, estimado Presidente.
Este proyecto, que aprobamos con mucha celeridad en la Comisión de Seguridad, busca aumentar sustantivamente las penas para un delito relativamente nuevo en nuestro país, pero cuyas cifras nos alarman. Y nos alarman porque desde el 2019 al 2021 hubo un aumento del 51 por ciento en materia de secuestros. Y entre el 2021 y el 2022 hubo casi un 80 por ciento de mayores casos en Chile, con 574 incidencias, donde el 51 por ciento ocurrieron en vía la pública, ¡en la calle!, y el 21 por ciento en el domicilio de la víctima.
Ahora, cuando se trata de administrar justicia y de castigar este tipo de delitos, la verdad es que en nuestro Código Penal hoy día tenemos algunos problemas. Porque el delito que conlleva más de 15 días de separación de la libertad; o cuando el secuestrado sufre daño; o cuando existe extorsión, o sea, pedirles a sus familiares algo a cambio por soltar a la persona secuestrada, las penas son duras. No así en el delito base, cuando no se cumplen las condiciones descritas: el secuestro es menor a 15 días, no hay lesiones graves o no hay extorsión, las penas son tremendamente blandas y casi "aquí no ha pasado nada".
El espíritu del proyecto es frenar de raíz ese problema.
Por lo tanto, cuando lo debatimos en la Comisión de Seguridad y le dimos un trámite muy rápido, estábamos pensando en el temor que se genera ante la presencia de un delito que no conocíamos en el país, que lo veíamos en el vecindario. En Argentina es un delito antiguo, qué decir de Perú u otros países de Latinoamérica, donde es frecuente. Pero aquí no lo conocíamos, y resulta que las cifras son de verdad alarmantes.
¿Qué hicimos en la Comisión, además? El proyecto original contenía que pasadas 48 horas se constituía el delito que estamos discutiendo. La Comisión lo anticipó, tal como se hizo hace tiempo con otro proyecto, y ya no es necesario esperar 48 horas para que una persona declarada desaparecida pueda ser buscada por el Ministerio Público y las Policías, sino que solo deben transcurrir 24 horas. Si alguien es secuestrado, a las 24 horas ya se constituye el delito con penas aumentadas.
Por lo tanto, cuando se esté dentro de este supuesto, la pena pasará a ser exactamente igual a la del delito extorsivo, o sea, de cinco años y un día hasta quince años. Y en caso de que haya un secuestro con violación, con mutilación o con asesinato sencillamente se aplica la pena perpetua, no hay castigos intermedios.
El endurecimiento de penas es una señal superclara de lo que queremos evitar, Presidente, y me parece que vamos en la línea correcta.
Por eso, hay que apoyar este proyecto.
Gracias, Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).- Gracias, Senador.
Senador Quintana.

El señor QUINTANA.- Gracias, señor Presidente.
Yo quiero ser coherente con lo que he sostenido al comienzo de la discusión y en otros temas en materia de seguridad.
Soy de los que no creen que la sola promulgación de una ley haga que ciertos hechos no ocurran o, dicho de otro modo, que las bandas criminales estén muy atentas, siguiendo la presente discusión para ver qué sale finalmente: qué se tipifica, qué no se tipifica, para no cometer ese delito.
Eso puede haber ocurrido en otros tiempos, probablemente con los robos en hogares, robo en lugar no habitado, donde se hacía una marca al inmueble donde no había moradores y ahí se robaba. En otra época, el delincuente seguía muy de cerca la discusión. Hoy día no es el caso, definitivamente.
Entonces, con todas esas aprensiones, con las dudas que uno puede tener, dada la nueva realidad criminal en la cual pocas veces profundizamos, considero que la iniciativa va en la misma línea de otro proyecto que viene después, que se ocupa de la conspiración para cometer homicidio a cambio de una contraprestación, de un recurso, de una remuneración. Y a mi entender, nos estamos metiendo por fin a esta discusión.
Yo quiero decir que sobre esta nueva modalidad de secuestro no he visto que en algún matinal se esté hablando del asunto. Toda la discusión pública binaria ha recaído en el proyecto denominado "Nain-Retamal", donde hay que legislar, y ya lo hemos explicitado como sectores que respaldamos al Gobierno.
Y no me cabe ninguna duda de que la indicación que el Ejecutivo va a presentar o ha presentado, incluso va más allá de lo que en su momento los Diputados pensaron. Si nos hubiéramos apresurado en esa discusión tal vez nos habríamos quedado cortos con lo que realmente hay que hacer en materia de protección policial.
Pero volviendo al presente debate, creo que de verdad nos adentramos en algo que, como decía el Senador Flores recién, no conocíamos en términos de delitos.
En rigor, tampoco se trata de populismo penal, porque aquí, salvo en una modalidad, un cuarto de los secuestros que ocurren en el país terminan en violaciones, homicidios o con lesiones graves o gravísimas. Ahí sí se aumenta la pena, y digo "sí se aumenta la pena", porque no sucede lo mismo la mayoría de las veces. Alguien ya lo mencionaba: el último año el país conoció 574 casos de secuestro, donde tres cuartas partes responden a lo que uno podría decir el "mero secuestro", mero, entre comillas, porque es igual al simple encierro.
El 2020 fue lejos el año más violento en esta nueva realidad criminal que el país enfrenta, y probablemente ello no solo ocurre en Chile, porque el mundo delictual se está adaptando a la nueva situación producida con la pandemia, que tampoco fue un freno para seguir cometiendo delitos; ¡al contrario!
Entonces, descontando eso, efectivamente hoy día estamos sometidos a una herramienta cada vez más usada por el mundo de las organizaciones criminales. Y por eso también mencionaba el otro proyecto que viene a continuación, sobre el delito de extorsión entre bandas rivales.
De ahí que nos parezca correcto establecer esta nueva modalidad, al igual que en el caso del secuestro extorsivo. Además de que se encuentra consagrada en el anteproyecto de Código Penal, donde el Gobierno ha recogido bien el tema. No es un invento; en cualquier Código Penal o como sea que se haga, transversalmente los especialistas consideran que esta materia debe estar incorporada, más en la lógica del secuestro extorsivo.
Por lo tanto, en ese caso, se podrá aplicar una pena más alta, que no debería ser en ningún caso inferior a veinte años, porque parte en el presidio perpetuo simple.
En definitiva, Presidente, más allá de que poco se hable y estos temas iban a pasar así, colados, creo que de alguna manera nos estamos introduciendo en las herramientas fundamentales que hoy utiliza el mundo del crimen organizado, tal vez entre bandas. Si la situación no se contiene luego, puede empezar a afectar a muchos civiles.
Por lo tanto, voto a favor, Presidente.
He dicho.
Muchas gracias.

El señor COLOMA (Presidente).- A usted, Senador.
Tiene la palabra el Senador Castro Prieto.

El señor CASTRO (don Juan).- Gracias, Presidente.
En los últimos años, a nuestro país han llegado un montón de delitos que no estábamos acostumbrados a ver. Y eso se debe a una migración desmedida, descontrolada.
Este proyecto que estamos viendo, sobre el delito de secuestro, se hace cargo de algo muy doloroso para las familias que sufren el secuestro de un ser querido, pues normalmente dicha perpetración lleva asociada la extorsión, a la petición de dinero.
Además, me parece que también, de acuerdo con las cifras sobre secuestros de los últimos años, muchas familias son amenazadas para que no informen, y si contáramos ese tipo de amenazas, esas cifras se incrementarían.
Hoy día veo voluntad en todos los colegas, que hablan positivamente acerca de mejorar la legislación que tiene que ver con las sanciones penales para estos agresores.
Por ello, la voluntad que visualizo el día de hoy para mejorar esta ley en proyecto va por buen camino y me encantaría que este grupo de medidas apuntara exclusivamente a la seguridad total de los chilenos.
De allí que las medidas, atribuciones y el cuidado a las Policías son muy importantes, porque van de la mano con esto.
Por lo tanto, respecto de esta famosa normativa, donde todos esperamos que sea la mejor legislación en beneficio de Carabineros, me refiero a la denominada "Ley Nain-Retamal", o "Retamal-Nain", debemos mostrar la misma voluntad que he visto ahora, para que se convierta realmente en la ley que nos protegerá a todos los chilenos.
Espero de verdad que esa voluntad se siga manteniendo hasta la aprobación de dicho proyecto de ley.
He dicho, Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).- Muchas gracias, Senador.
Y, finalmente, tiene la palabra la Senadora Isabel Allende.

La señora ALLENDE.- Gracias, Presidente.
Iba a saludar a la Ministra, pero en este momento no está en la Sala, pero saludo al Subsecretario Monsalve.
Quiero partir señalando, como unánimemente lo hemos hecho en el Senado, que todos lamentamos la muerte o el asesinato, más bien, de la carabinera Rita Olivares, de Quilpué, del sector de El Belloto, muy apreciada y querida, por supuesto, por todos sus vecinos, vecinas, y por quienes la conocían desde hace mucho tiempo; y también de las otras víctimas.
Es indudable el dolor que puede causar esta aflicción, el cual todos podemos acompañar, pero aquello no nos debe impedir ser capaces de tener momentos de reflexión, con altura de miras, con una mirada más integral.
No se trata solamente del aumento de penas, que, por cierto, estoy de acuerdo en lo que se refiere al delito de secuestro, al que después me referiré, sino también de mostrar, y en tal sentido comparto lo que está planteando el Gobierno, una mirada más integral. Es evidente que debemos avanzar con la creación del Ministerio de Seguridad Pública y en la reforma a las Policías, donde es claro que hoy día se les está entregando respaldo, lo cual fue reconocido por el propio General Director de Carabineros, al señalar: "como nunca hemos recibido más apoyo"; más apoyo concreto, por favor, no de palabras, no de "se acabó la fiesta de los delincuentes", y los delincuentes estaban felices y contentos. No. Aquí estamos hablando de apoyo concreto, que se traduce en radiopatrullas, en más financiamiento, en chalecos protectores, en otros instrumentos. Y también en el avance, por supuesto, en materia de inteligencia.
Es decir, hay que tener una mirada más amplia e integral y no pensar que solo es cosa de aumentar las penas; aquello me parecería un camino muy errado.
Por eso, me alegro y reitero el apoyo que le dio mi Comité a la propuesta del Presidente del Senado, que fue acogida en forma casi unánime, con excepción del Partido Republicano, en el sentido de que no solo no teníamos informe, sino que debíamos reflexionar y disponer de tiempo para estudiar y ver las indicaciones, para que así podamos tratar el próximo martes el proyecto de ley denominado "Nain-Retamal".
Hoy veremos cinco proyectos, cuatro iniciativas del Ejecutivo, y el que en este momento estamos analizando se refiere al delito de secuestro, uno de los más graves de nuestro ordenamiento jurídico. Qué duda cabe que es tremendamente doloroso, agraviante y hasta mortal por la afectación del bien jurídico que implica un secuestro, que puede ser simple, con extorsión, o incluso acompañado de delitos aún más graves, como homicidio, violación, en fin.
Por eso vamos a apoyarlo, creemos que va en un buen sentido.
Pero quiero también señalar un punto que hemos conversado con el Senador Insulza y que a mí me hace sentido: ojalá se hubiese dejado en 48 horas el límite de tiempo, y no en 24 horas. Creo que es más razonable. Porque naturalmente a veces se puede producir que, tratándose de un secuestro, alguien no se encuentre en buenas condiciones económicas y a lo mejor necesita un lapso mayor, si existe cierto afán de extorsión, para conseguir el dinero que se debe pagar.
Yo sé que es discutible, pero le veo cierto sentido.
Sin embargo, estimo que lo importante es que estamos en la línea correcta. Pero la línea más correcta, con esto termino mis palabras, Presidente, y lo he dicho más de una vez, es que todos seamos capaces, en conjunto, de reflexionar serenamente sobre un tema mayor, que está afectando a nuestro país, respecto del dolor que sentimos al ver elevarse las tasas de homicidios, sobre todo por el nivel de violencia con que se perpetran, o por las acciones del crimen organizado.
Por eso, creemos que el llamado es a trabajar en conjunto para hacer la mejor legislación, no la más acelerada, no la que va a sacar tal o cual titular, no la que va a permitir acudir a cierto matinal de la televisión, por favor, no. Pongámonos simplemente en la piel de todos los ciudadanos y ciudadanas de a pie que se sienten amenazados, inseguros, y que requieren y esperan de nosotros la mejor legislación.
Presidente, yo soy una de las que más sintieron -y me dolió mucho- que algunos se retiraran de la mesa de seguridad. La Ministra del Interior había trabajado arduamente, presentado buenas propuestas, y la excusa o el argumento de los indultos no era suficiente. Lamento profundamente que hayan hecho aquello, pero hoy día disponemos de una oportunidad, si somos coherentes y conscientes de que van... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).
Termino, treinta segundos.
Vamos a aprobar el proyecto, Presidente, porque creo que vamos en la línea correcta; trabajemos con responsabilidad, con reflexión para sacar la mejor legislación.
He dicho.

El señor COLOMA (Presidente).- Gracias, Senadora.
Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor COLOMA (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general y en particular el proyecto, con la enmienda introducida por la Comisión de Seguridad Pública (44 votos a favor), y queda despachada la iniciativa en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Campillai, Carvajal, Ebensperger, Gatica, Núñez, Órdenes, Pascual, Provoste, Rincón y Sepúlveda y los señores Castro González, Castro Prieto, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Edwards, Elizalde, Espinoza, Flores, Galilea, García, Huenchumilla, Insulza, Kast, Keitel, Kuschel, Lagos, Latorre, Macaya, Moreira, Núñez, Ossandón, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Soria, Van Rysselberghe y Walker.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- En la Mesa se han registrado los siguientes pareos: del Senador señor Prohens con el Senador señor Araya, y del Senador señor Gahona con el Senador señor Bianchi.


El señor COLOMA (Presidente).- Aprobado el proyecto y pasa a la Cámara de Diputados para su tercer trámite.

El señor INSULZA.- Pero, Presidente...

El señor COLOMA (Presidente).- Senador Insulza, ocurre que esta es una discusión general y particular a la vez; entonces, se entiende...

El señor INSULZA.- Yo entiendo que hay una votación dividida, Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).- No; cuando es votación dividida, me señala la Secretaría, a menos que se reponga la indicación, se entiende que la aprobación es en general y particular.
En todo caso, queda constancia de su votación distinta, en el sentido de las cuarenta y ocho horas.

El señor INSULZA.- En contra, Presidente.
Y voy a decirle por qué: si no se junta la plata en veinticuatro horas, y estos son clanes criminales que matan a la gente sin ningún problema, van a decir: "Desháganse de este gallo en veinticuatro horas; no vamos a correr otro riesgo".
Van a morir muchas personas en esto, porque los secuestros son exprés, y de repente la gente no junta el dinero: ¡de repente la gente no junta el dinero, Presidente! Eso es lo que quiero decir. Si no juntan el dinero en veinticuatro horas, a la persona secuestrada la van a matar antes de lo que lo harían si no reúnen el dinero en cuarenta y ocho horas, como se hallaba establecido inicialmente.
Yo creo que esto es muy delicado; pero, en fin. Dejo constancia de mi opinión con esa dureza. Aquí lo que se está haciendo es asegurar que a los que no tienen dinero los maten en veinticuatro horas y no en cuarenta y ocho.
Gracias, Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).- Yo di cuenta, Senador, de que en la Comisión la norma se votó 4 votos contra 1, votación general y particular; y así se entiende votada, a menos que hubiese habido una insistencia en la indicación, cuestión que no ocurrió en la especie.
Así viene consignado en el informe.
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El señor COLOMA (Presidente).- Hace un rato le rendimos homenaje a la suboficial mayor de Carabineros Rita Olivares Raio.
Me informan que en este minuto están presentes en las tribunas sus familiares: doña María Raio, mamá de Rita Olivares; Benjamín Sotomayor, hijo mayor de Rita Olivares; Alonso Sotomayor, hijo menor de Rita Olivares; Raimundo Olivares, hermano de Rita Olivares; Andrés Olivares, hermano de Rita Olivares, y Luis Tapia, pareja de Rita Olivares.
Quiero, a través de ustedes, testimoniar la adhesión y la comprensión a la profunda pena, que a todos nos embarga, ante esta lamentable pérdida. Así se planteó poco antes de que ustedes llegaran. Ojalá este martirio no sea en vano y nos inspire a hacer una mejor legislación para Chile.
Deseo saludarlos y agradecerles su presencia.
Muchas gracias.
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El señor COLOMA (Presidente).- A continuación, corresponde pasar al tercer proyecto en tabla.



AMPLIACIÓN DE FACULTADES DE CONTROL POLICIAL PARA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE LEY DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA


El señor GUZMÁN (Secretario General).- El señor Presidente pone en discusión el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.931 para ampliar las facultades de control policial, para efectos de aplicar las medidas establecidas en la ley N° 21.325, de Migración y Extranjería, iniciativa correspondiente al boletín N° 15.270-06.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (15.270-06) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El objetivo de este proyecto es ampliar la hipótesis de control preventivo de identidad y dotar a los funcionarios de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de nuevas herramientas en la identificación de personas migrantes en calidad de irregular o con permisos de residencia vencidos, para así dar mejor cumplimiento a los procesos de regularización y expulsión contemplados en la Ley de Migración y Extranjería.
La Comisión de Seguridad Pública hace presente que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, por tratarse de una iniciativa de artículo único, lo discutió en general y en particular, y acordó proponer unánimemente que en la Sala sea considerado del mismo modo.
La referida Comisión deja constancia de que la iniciativa legal resultó aprobada en general por la unanimidad de sus integrantes, Honorables Senadores señora Gatica y señores Flores, Kast, Pugh y Saavedra. En particular la aprobó con las enmiendas y las votaciones que se consignan en su certificado.
El texto que se propone aprobar se transcribe en la página 5 del certificado de la Comisión de Seguridad Pública y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Es todo, señor Presidente.


El señor COLOMA (Presidente).- Muchas gracias.
Para rendir el informe correspondiente, tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Senador Kast.

El señor KAST.- Gracias, Presidente.
Antes de rendir el informe respectivo, quiero adherir también a lo expresado frente al dolor de los familiares de Rita Olivares, quienes nos acompañan el día de hoy acá, en las tribunas. Asimismo, creo que corresponden unas disculpas públicas de todo el mundo político, de todos los que estamos dedicados a esto, por fallarle a su familia y no haber tenido las capacidades para garantizar que hubiera podido ejercer su trabajo y vivir en paz.
Ojalá esta normativa y toda la legislación que estamos empujando sea una forma del mundo político de hacerse cargo de este problema y de que su legado sea regalarles más seguridad a miles de familias que hoy viven con miedo.
Este proyecto de ley, Presidente, justamente les entrega facultades a las Policías para actuar en materia migratoria en forma oportuna y poner a disposición de la Policía de Investigaciones a quienes se encuentran en situación migratoria irregular en nuestro país.
La PDI es la encargada de ver los temas migratorios; pero hoy día en la normativa vigente no existe la facultad, ni el mandato, que es lo que se plantea en esta normativa, para que en el minuto en que se realice un control de identidad a una persona que tiene una situación migratoria irregular la entreguen a la Policía de Investigaciones en el más breve plazo posible.
Adicionalmente, hubo una indicación propuesta por la Senadora Rincón, que se acordó unánimemente, la cual entrega esa facultad también a las Fuerzas Armadas, por cuanto sabemos que en ciertos lugares de nuestro país igualmente efectúan controles, particularmente en la frontera.
Entonces, se posibilita que las Fuerzas Armadas, cuando hagan un control de identidad, tomen a esa persona y la entreguen a la Policía de Investigaciones, que ha de entrar en el proceso regular que la ley establece.
Asistieron a la Comisión la Ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Tohá; el Subsecretario del Interior, señor Manuel Monsalve; el Subsecretario de Prevención del Delito, señor Eduardo Vergara; el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Luis Cordero, y el Director del Servicio Nacional de Migraciones, señor Luis Eduardo Thayer.
Concurrieron, asimismo, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el asesor Tomás Humud y el Jefe de asesores de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Rodrigo Muñoz.
Nos acompañó, además, la Diputada Joanna Pérez, quien ha venido empujando este proyecto de ley con mucha fuerza.
También participaron los Senadores señores Iván Flores, Gastón Saavedra (en reemplazo del Senador Insulza), Kenneth Pugh (en reemplazo del Senador Ossandón), señora María José Gatica y quien habla.
La idea matriz de este proyecto consiste en ampliar la hipótesis de control preventivo de identidad y dotar a los funcionarios de Carabineros de Chile y de la PDI de nuevas herramientas en la identificación de personas migrantes en calidad irregular, o con permisos de residencia vencidos, para así dar cumplimiento a los procesos de regularización y expulsión.
Es importante que les explique, colegas, que si la persona controlada tiene su carné de identidad, no pasa nada, o sea, no es que en el fondo por ser inmigrante va a entrar en otro proceso. Solamente ocurre que ella es llevada hacia una oficina de la Policía de Investigaciones en caso de que no cuente con su carné de identidad o no tenga algún papel que demuestre que ya está pidiendo la solicitud de residencia.
Por consiguiente, no es necesario tener una residencia definitiva. Quiero aclarar esto: simplemente ha de estar en el proceso de búsqueda de regularización. En el minuto en que la persona demuestre aquello, de inmediato la ley no permite que se siga el procedimiento; pero si ella no tiene cómo probar eso o, por el contrario, se demuestra que está en una situación irregular, efectivamente ocurre lo que sigue.
También participó en esta discusión el Ministerio Público, y hubo un elemento significativo que se agregó en la Comisión de Seguridad, por cuanto se posibilita, en caso de que haya una situación irregular, realizar el registro de esta persona. ¿Por qué? Por todo el tema de que hoy día la ley no permite a Carabineros registrar para ver si hay algún indicio de delito.
Por lo tanto, la ley en proyecto incorporó -fue una proposición del Senador Saavedra- el que ello se hiciera antes del traslado, porque esto venía bastante ambiguo y el registro eventualmente se podía hacer en el traslado.
Sometido a votación general, Presidente, el proyecto fue aprobado en forma unánime. Otorgaron su voto favorable los Senadores Iván Flores, Gastón Saavedra y Kenneth Pugh; la Honorable Senadora María José Gatica, y quien habla.
Como digo, en la votación particular hubo algunas reformas, ciertos cambios: el de las Fuerzas Armadas, que fue la indicación que hizo la Senadora Rincón; ajustamos lo tocante a los plazos, porque había uno muy acotado, de una hora, y la verdad es que en ciertos lugares rurales o del norte ese tiempo era difícil de monitorear o de cumplir, por lo que se cambió por "dentro del más breve plazo", atendiendo a que las regiones tienen distintas realidades. Finalmente, está la propuesta del Senador Saavedra, para eventualmente registrar a las personas que estén en situación irregular, en caso de encontrar armamento o algo en tal sentido.
Conforme a los antecedentes que he descrito, la Comisión de Seguridad Pública tiene el honor de proponer a esta Honorable Sala la aprobación en general y en particular de este proyecto.
He dicho, Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).- Muchas gracias, Senador.
Tal como se ha procedido en los proyectos anteriores, propongo abrir la votación y que sean tres minutos por...

La señora EBENSPERGER.- ¡No, no, no!

El señor MOREIRA.- No.

El señor COLOMA (Presidente).- ¿Tres y medio...?
Está bien.
Tenemos tres proyectos...
(Diálogos en la Sala).
¡Perfecto, perfecto! Las propuestas son propuestas. Yo voy a acatar siempre lo que diga la Sala. Y en este caso, el acuerdo tiene que ser unánime. Así que no se preocupen.

El señor ELIZALDE.- ¡Que sea a partir del próximo proyecto, Presidente!

El señor COLOMA (Presidente).- A partir del próximo proyecto vamos a hacer la propuesta.
Por tanto, se sigue con la fundamentación de voto por cinco minutos.
Se abre la votación.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- En votación.
(Durante la votación).

El señor COLOMA (Presidente).- Senador Moreira, tiene la palabra.

El señor MOREIRA.- Gracias, Presidente.
La verdad es que yo no había querido hablar en honor al tiempo, para que los cinco proyectos sean aprobados hoy día. Solamente intervendré en este. Por eso pedía cinco minutos.
Señor Presidente, don Francisco Huenchumilla, una vez más este Senado debe votar una modificación que afecta el tema de migraciones; una vez más debemos modificar la ley que regula el control de identidad; una vez más la realidad obliga a enfrentar situaciones que fueron advertidas en su oportunidad, pero que se rechazaron en virtud de una postura ideológica sustentada en el nulo desconocimiento de la realidad policial y que se basa en la siempre peligrosa casuística.
La migración descontrolada que nos aqueja es objeto de una fuerte polémica en términos de cómo podríamos controlarla sin afectar las garantías mínimas que tienen todas las personas, sin distingo de su legalidad o irregularidad en el país.
La ley sobre control de identidad se basa en el supuesto prejuicio que tendrían las Policías para pedir la identificación a las personas, perjudicando a los sectores populares.
En tal sentido, el presente proyecto viene a darles más herramientas a Carabineros y a la PDI para efectuar controles de identidad que permitan identificar a las personas y su situación migratoria, estableciéndose procedimientos claros, objetivos y racionales.
La posibilidad de derivar a las personas al cuartel de la PDI más próximo para verificar su situación migratoria -le pediría al Senador Kast, quien siempre nos exige respeto, que él lo tenga en esta oportunidad- requiere de un periodo que, aunque breve, no ha de estar restringido a una hora. Por supuesto, en comunas de la Región Metropolitana no debiera ser difícil efectuar esa verificación en el más breve plazo. Sin embargo, la realidad de la norma debe abarcar la situación que se verifica en la frontera, donde la distancia desde el límite fronterizo hasta las zonas pobladas es mucho mayor a una hora de camino.
Otro aporte es la factibilidad de "registro" en términos amplios, que va a permitir revisar no solo las ropas de las personas fiscalizadas, sino también las pertenencias o vehículos en que se desplazan. El porqué es evidente: se han detectado mafias que usan a las personas migrantes y sus necesidades para el transporte de drogas y de armas.
Un siguiente punto relevante es la factibilidad de que, estando la persona fiscalizada en situación de irregularidad y con proceso administrativo en su contra, se pueda proceder a su notificación inmediata.
Entonces, nuevamente el Senado debe entrar a corregir, a revisar una cuestión que fue advertida en su oportunidad.
Cuando se estudiaba el proyecto en la Comisión de Derechos Humanos, en que yo participé, el Gobierno anterior hizo énfasis en la necesidad de premura para proceder a la expulsión administrativa. Pero todo intento fue rechazado por los miembros de la oposición de ese momento, apoyados por el entonces asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional y ex jefe de gabinete del Presidente Boric.
Chile, señor Presidente, no rechaza la migración ni puede discriminar al migrante, pero es factible exigir que sea una migración regular y que cumpla con nuestra normativa, y el Estado tiene el derecho y el deber de asegurarse de aquello.
Este proyecto es relevante, necesario, corrige deficiencias de leyes anteriores fundamentales para la seguridad pública, por lo que considero importante aprobarlo -tal como lo haremos hoy día- a la brevedad.
Señor Presidente, voto a favor.

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Muchas gracias, señor Senador.
Tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón.

La señora RINCÓN.- Gracias, Presidente.
Me sumo a las condolencias para los familiares de Rita Olivares, quienes hoy día nos acompañan en esta Sala.
No cabe duda de que ha crecido la comisión de delitos contra los funcionarios que tienen como deber el resguardo ciudadano, especialmente contra funcionarios de fuerzas de orden y seguridad, de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile, y que mantener el orden público se ha tornado más difícil, resistido y violento para funcionarios del Estado; que, en datos oficiales del Centro de Estudios y Análisis del Delito, aquellos de mayor connotación social, como homicidios, lesiones, robos con fuerza, robos con intimidación, violaciones, entre otros, se han incrementado: de 335.017 en el año 2021 pasamos a 488.268 el 2022.
Lamentablemente, cada vez más son reiterados los hechos de violencia en contra de las Policías, y con un nivel de crudeza y violencia mayor, como el asesinato del sargento Benavides, quien recibió un impacto de bala en una emboscada que grupos terroristas realizaron en el sector de Collipulli luego de haber cortado la ruta, en donde dispararon cuando aquel se encontraba restableciendo el tránsito.
Antes de ese suceso, la misma suerte corrió el cabo Nain, quien fue cobardemente asesinado en la ruta 5 Sur, en el sector de Metrenco, comuna de Padre Las Casas, pues se hallaba conduciendo un camión por esa vía cuando fue emboscado y asesinado. Se trató de un hecho delictual que terminó con la vida de un joven de tan solo veinticuatro años.
La misma suerte corrió un funcionario de la PDI muerto en el ejercicio de sus funciones, el subcomisario Luis Morales, que resultó baleado durante el allanamiento de una casa en Temucuicui por tráfico de drogas y posesión de municiones.
Finalmente, señor Presidente, no puede dejarnos indiferentes la muerte de la sargento de Carabineros Rita Olivares, que es la más reciente mártir que enluta a la institución y a todo el país. Tenía veintiún años de servicio en lo que a ella le apasionaba y era su vocación; hija y madre de dos hijos, uno de doce y otro de quince, quienes hoy viven su ausencia y que ahora nos acompañan en las tribunas.
La tragedia de la sargento Olivares deja al descubierto un drama que tiene múltiples aristas: la ya mencionada inseguridad que vive el país, pero también el mal funcionamiento de procedimientos. El hecho de que los involucrados fueran prófugos de la justicia revela la importancia de revisar la regulación en materia de orden y seguridad, tal como lo hacemos en esta Sala.
A diferencia de lo que dicen algunos, que este fast track es una excusa para una oleada de totalitarismo encubierto, nosotros creemos que quién más sino el Congreso, desde el punto de vista legislativo, es la instancia que debe ejercer esa función, para que hechos similares no vuelvan a ocurrir y que los culpables tengan el castigo que corresponda por la gravedad del delito cometido. Debemos cautelar que quienes cometan actos atentatorios contra la integridad física de funcionarios de Carabineros, de la PDI o de Gendarmería de Chile no puedan acceder a penas sustitutivas de la privativa o restrictiva de libertad, y que tengan restricción en beneficios carcelarios.
En el mismo sentido, se deben agravar las penas de aquellos delitos cometidos en contra de la integridad física de los funcionarios de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería.
Señor Presidente, si bien me gustaría intervenir en todos los proyectos que revisaremos el día de hoy, me detendré en el que actualmente estudiamos al objeto de hacer presente la necesidad de ampliar las facultades de control policial para aplicar las medidas de la ley N° 21.325, de Migración y Extranjería, iniciativa promovida e impulsada por la Diputada de Demócratas Joanna Pérez.
Es una buena noticia que se amplíen las hipótesis de control preventivo de identidad, así como dotar a los funcionarios de Carabineros de Chile y de la PDI de herramientas en la identificación de personas migrantes en calidad de irregular o con permisos de residencia vencidos, para así dar mejor cumplimiento a los procesos de regularización y expulsión contemplados en la Ley de Migración y Extranjería; pero también a las Fuerzas Armadas cuando coadyuven a esa función de orden público.
Es por ello que además ingresamos, junto al Senador Flores, una indicación para agregar un inciso final al artículo 12 bis nuevo, aprobado en forma unánime en la Comisión, con el fin de extender las nuevas atribuciones a las Fuerzas Armadas cuando de forma transitoria -y aquí respondo a una pregunta que me hizo el Senador Elizalde-, mientras dure el decreto que las faculta, puedan controlar identidad y reconducir en igualdad de condiciones que las Policías.
Conversamos el punto con la Diputada Joanna Pérez y convenimos en la importancia de esta indicación, que defendió el Senador Flores.
Son tantos los temas pendientes en materia de seguridad que el tiempo para expresarlos excedería el que tengo en esta intervención. Muchos de ellos se los hicimos llegar en marzo al Presidente de la República a través de una audiencia que nos concedió la Ministra del Interior, que agradecemos.
Nos hemos hecho parte de varias iniciativas para colaborar en la solución de este problema, que es nacional. Una de ellas es la relativa al establecimiento permanente del control terrestre de las Fuerzas Armadas en la zona norte de nuestro país.
Hoy vemos cómo fueron incautados más de veinte kilos de cocaína en un campamento migrante ubicado en Colchane, a menos de diez metros de la frontera.
Tenemos el delito frente a nosotros, pero no actuamos por ceguera y sordera ideológica. Esperamos que esta oleada de proyectos no solo sea para dejar tranquila a la ciudadanía, y que el Presidente y el Gobierno sigan poniendo las urgencias donde están las reales prioridades de los chilenos, porque Chile exige precisamente seguridad y le pedimos a la Ministra -por su intermedio, Presidente-, que ponga discusión inmediata al proyecto de reforma constitucional que establece el control fronterizo de las Fuerzas Armadas y la expulsión de nuestro país.
Gracias, Presidente.

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Muchas gracias a usted, señora Senadora.
Tiene la palabra el Senador señor Felipe Kast.

El señor KAST.- Gracias, Presidente.
La verdad es que voy a ser muy breve. Simplemente quiero decir que este proyecto de ley fue mejorado, fue trabajado, y que entrega atribuciones a Carabineros y también a las Fuerzas Armadas para cumplir su rol y dar una bajada territorial concreta a la ley migratoria.
Muchas veces se dice: "Hay impotencia en la ciudadanía cuando vemos que hay casos de migrantes que cometen delitos, y la gente se pregunta ¿por qué no fueron expulsados?". Bueno, en este proyecto de ley hay un canal operativo concreto para que eso tenga un marco regulatorio y mandata a Carabineros o a las Fuerzas Armadas para que deriven en forma inmediata a esas personas a la Policía de Investigaciones.
Por lo tanto, creo que es un buen proyecto, se trabajó de buena manera, y obviamente las indicaciones que recibimos fueron consideradas. Además, el proyecto permite, justamente en este ámbito, que se pueda registrar, para que efectivamente -como nos pidió el Ministerio Público- existan argumentos legales para la persecución penal. Porque si no se pudiera registrar a la persona en este caso, claro, al tomarla detenida podría tener en ella, en su equipaje o en su auto algún tipo de elemento ilícito, y hoy día la ley no permite que eso se pueda investigar.
Así que voto a favor y espero que podamos avanzar con celeridad en proyectos de esta naturaleza.

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Gracias, señor Senador.
Tiene la palabra el Senador señor Fidel Espinoza.

El señor ESPINOZA.- Señor Presidente, tengo serias dudas con este proyecto, porque no comparto en absoluto lo que ha dicho el Senador que me antecedió en el uso de la palabra, Felipe Kast, y la verdad es que en el último momento voy a determinar cuál será mi votación.
Creo que este proyecto no va en la línea de generar mayor seguridad en el país, por su esencia misma. O sea, pienso que esto va a generar arbitrariedades, va a generar que las Policías lleguen a ejercer control de identidad a personas que estén desempeñando una labor siendo inmigrantes, en cualquier establecimiento, y, de una u otra manera, van a desconcentrar su principal atención que es perseguir a los verdaderos delincuentes por el accionar que debiese concebirse como lo elemental que debemos atacar.
Por eso tengo serias dudas, porque creo que volvemos a la estigmatización de todos los inmigrantes, y eso no es bueno para el país, como hemos discutido en muchas partes.
Trabajamos legislativamente hace un par de semanas acá, en el mismo Congreso, en un proyecto de ley que expulsa de manera mucho más ágil a aquellos extranjeros que cometan delitos, para que no ocurra lo que nos pasó en Puerto Montt en que, de los trece colombianos que agredieron a Carabineros, recién llevamos a dos expulsados después de casi un año.
Entonces, ahí mejoramos la legislación para atacar el problema de fondo, pero creo que este proyecto se va a prestar para una serie de situaciones que no guardan relación con lo que todos creemos.
Yo soy de los que creen que en los países no hay seres humanos ilegales; hay seres humanos indocumentados, que no es lo mismo. Tengo por lo menos esa apreciación, porque muchos que aquí se llenan la boca hablando de los derechos humanos y también de los ilegales, de los ilegales. Pero en definitiva yo soy de los que creen que son personas que, por razones muchas veces humanitarias, han tenido que dejar sus países, han tenido que dejar sus familias, para buscar mejores expectativas de vida, y no tienen su documentación al día.
Los que cometan delitos, ¡fuera! Que sean expulsados automáticamente. Estoy cien por ciento de acuerdo con ello. Pero este proyecto se va a prestar para una serie de arbitrariedades que pueden, además, desconcentrar el principal accionar que deben tener nuestras Policías, que es perseguir a los verdaderos delincuentes, sean nacionales o extranjeros.
Repito que tengo serias dudas y me voy a abstener en este proyecto. No lo puedo compartir en esencia, porque en todas mis intervenciones anteriores siempre he defendido lo que estoy planteando ahora: que aquí no podemos dar manga ancha para que esto se preste para situaciones de acoso o de otro tipo hacia personas que estén cumpliendo labores, que tienen a sus familias trabajando en nuestro país, muchos de los cuales -repito- de una u otra forma están, incluso, en el camino hacia la regularización de su estadía en el país.
He dicho, Presidente, y me voy a abstener en este proyecto.

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Muchas gracias, señor Senador.
Tiene la palabra el Senador Iván Flores.

El señor FLORES.- Muchas gracias Presidente.
Bueno, como tuvimos la oportunidad de debatir el fondo de este proyecto en la Comisión de Seguridad, tal vez puedo darles tranquilidad a algunos colegas que han manifestado su preocupación. Y digo esto porque la verdad es que el problema fronterizo que hemos tenido constituye una dificultad mayor respecto de lo que significa una migración ordenada, coordinada y, además, esperada en algunas circunstancias en los distintos países, y particularmente en el nuestro.
El problema que hemos tenido con la migración, principalmente a través de pasos no oficiales o de algunos que se han saturado, la verdad es que ha dejado a nuestra institucionalidad completamente sobrepasada. Y, en este sentido, el proyecto que debatimos, con algunas mejoras que introducimos -como ya se ha dicho acá-, establece, por ejemplo, la atribución para hacer un control de identidad y revisar las pertenencias de inmigrantes en condiciones particulares -sobre todo de personas respecto a las cuales pueda haber sospecha fundada de que no se trata de integrantes de una familia que busca mejores oportunidades-, previamente a su traslado y, además, por las Fuerzas Armadas, tal como fue planteado en la indicación de la Senadora Rincón, y que también suscribimos.
Estas son circunstancias muy particulares, muy especiales, en que, si bien es cierto se planteó la posibilidad de que sea hasta redundante por ya estar contenido en otra norma, en otra ley, lo que se pretende es señalar muy claramente aquí que en ningún caso podrá servir para discriminar.
Así las cosas, creo que es un proyecto necesario, porque, primero, añade a las Fuerzas Armadas en el control de identidad, en condiciones muy especiales, en que el Presidente de la República haya decretado su participación en los pasos fronterizos en los cuales tenemos dificultad.
Lo segundo es la opción de ampliar el tiempo para que las Policías puedan trasladar a estas personas que tienen que ser reconducidas, porque con una hora puede bastar en los pasos, pero en sectores distantes o rurales puede ser muy difícil.
Lo tercero es la referencia a mantener el inciso final, que señala que está prohibido el control de identidad fundado en los motivos indicados, que establecen medidas contra la discriminación, como ya señalé.
Y lo último es que se deba registrar primero a la persona antes de entregarla a la Policía, por el temor, como se ha evidenciado en algunos casos, del porte de artículos peligrosos para las personas que van a acompañar este traslado.
He dicho, Presidente, y vamos a aprobar el proyecto.

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Muchas gracias, señor Senador.
Tiene la palabra la Senadora Luz Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.- Gracias, Presidente.
¿Ayuda o no este proyecto de ley? Sí, en algo ayuda. Pero me parece importante distinguir varias cosas, porque hay bastante imprecisión en lo que se ha señalado.
Primero, es distinto un migrante que se encuentra en una situación irregular del que se encuentra en una situación ilegal en el país. El migrante que se encuentra en una situación irregular es aquel que ha entrado por un paso fronterizo habilitado en forma legal, pero, por ejemplo, entró con una visa de turista, que era por treinta días, y se quedó sesenta o noventa días. Esa diferencia de tiempo desde que se le venció el documento, la forma legal en que entró, lo deja en una situación irregular. En cambio, el migrante que ha ingresado ilegalmente es aquel que lo ha hecho por un paso no habilitado sin presentar ninguna documentación.
Creo que es importante tener eso claro, en primer lugar.
En segundo término, hoy día la única autoridad que controla materias migratorias es la PDI. Nadie más que la PDI puede realizar un control migratorio a alguna persona; ni Carabineros ni las Fuerzas Armadas pueden hacerlo. Para que estas otras instituciones policiales lo hagan, necesitan una norma especial.
¿Qué hace el proyecto? Amplía la facultad que tiene hoy día la PDI para hacer un control migratorio, cuando Carabineros ejerza un control de identidad o en el caso de que se esté aplicando la ley sobre infraestructura crítica, facultad que ya tienen, lo que fue establecido en la reforma constitucional que hicimos al aprobar ese proyecto y luego en el decreto con fuerza de ley que lo reguló.
Tanto Carabineros como las Fuerzas Armadas no pueden -el proyecto no los habilita- realizar un control de identidad ni registrar a cualquier persona que se les ocurra. Solo lo pueden hacer a aquellas personas respecto de las cuales la Policía crea que han cometido un delito o tienen la intención de cometerlo.
La modificación propuesta, el 12 bis, señala que, en caso de que una persona sometida a un procedimiento de control de identidad no pueda acreditar su situación migratoria regular y se encuentre en la situación del artículo 12 de la ley N° 20.931, se podrá hacer este control respetando el artículo 85 del Código de Procedimiento Penal.
¿Qué establece el artículo 85 del Código de Procedimiento Penal? Que los controles de identidad solo se puedan hacer cuando existe un indicio de que la persona hubiere cometido un delito o haya indicios ciertos -todos quienes estudiamos Derecho alguna vez sabemos qué debe entenderse por indicio cierto- de que se va a cometer un delito. Es decir, no existe discriminación en el proyecto. No se le va a poder hacer este registro a cualquier migrante ni Carabineros va a poder hacer el control migratorio a cualquier migrante. Solo a aquellos que se encuentren, a razón del carabinero, en una situación inminente de cometer un delito o en una situación de flagrancia. Solo a ellos.
Eso aporta el proyecto.
¿Sirve? Sí, sirve. ¿Es la solución definitiva? No, no es la solución definitiva, porque no se va a poder realizar el control a todas las personas.
Pero también quisiera señalar, Presidente -si me da un minuto para poder terminar (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)-, un punto respecto del plazo tras la realización del control migratorio.
Evidentemente no es posible que sea una hora.
Cuando se establece que el personal de Carabineros o de las Fuerzas Armadas, cuando les corresponda, realice el control migratorio cumpliendo con todos los requisitos, y debe poner a la persona que no tiene su situación migratoria al día a disposición de la PDI en un plazo no superior a una hora, quiere decir que no conocen nuestras fronteras terrestres, al menos la de la Colchane, donde hay presencia de la PDI en forma permanente. No se considera, por ejemplo, que en algún minuto los funcionarios pueden estar en otro lugar y no haber nadie en los sectores de Pozo Almonte, Alto Hospicio o Iquique, para los que el traslado implica bastante tiempo: dos horas cuarenta y cinco a Pozo Almonte, que es lo más cercano; tres horas a Alto Hospicio; tres horas y media a Iquique. ¡O sea, es imposible llegar en menos de una hora! Por lo tanto, sería letra muerta en caso de que se mantuviera la propuesta de poner a esa persona a disposición de la PDI, que es la única autoridad migratoria.
Presidente, haciendo estas precisiones y considerando que el proyecto no es obviamente la única solución, pues creo que no existe una sola, sino que todo suma, voy a votarlo favorablemente.

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senadora.
Tiene la palabra el Senador Matías Walker.

El señor WALKER.- Muchas gracias, Presidente.
Por supuesto que vamos a apoyar este proyecto, que fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados. Destaco a su principal impulsora, la Diputada de Demócratas Joanna Pérez. La iniciativa modifica la ley N° 20.931, para ampliar las facultades de control policial para efectos de aplicar las medidas establecidas en la Ley de Migración y Extranjería, y viene con informe de la Comisión de Seguridad Pública.
Se han expresado dudas muy válidas, por ejemplo, la del Senador Fidel Espinoza, que voy a tratar, humildemente, de resolver desde la experiencia que tenemos en esta legislación.
La Agenda Corta Antidelincuencia que aprobamos en el Gobierno de la Presidenta Bachelet, siendo Subsecretario del Interior Mahmud Aleuy, fue una muy buena reforma que recibió críticas en su momento. Nos acusaron de populismo penal, al igual como lo hacen algunos hoy día respecto de la batería de proyectos que estamos despachando en esta sesión especial en el Congreso Nacional. Pero fue una ley muy efectiva, especialmente el artículo 12 respecto del control preventivo de identidad.
Está presente el Ministro de Justicia, Luis Cordero Vega, a quien aprovecho de saludar. El Ministro podrá informarnos, después, de la cantidad de personas con órdenes de aprehensión pendientes que, gracias al control preventivo de identidad, se han podido encontrar. Además, señalaba en el día de ayer el número de personas que, siendo condenadas por la justicia, no han cumplido condenas simplemente porque están desaparecidas, en fuga o en rebeldía del sistema.
El control preventivo de identidad consignado en el artículo 12 de la Agenda Corta Antidelincuencia tenía una limitación. Y es que señalaba que debía ser aleatorio; es decir, no podía ser dirigido, no podía ser focalizado.
El Senador Fidel Espinoza tiene toda la razón en el caso de las personas que ingresan en situación irregular o indocumentada al país: no existen las personas ilegales; puede haber personas en una situación de migración irregular. Este proyecto simplemente le permite a la autoridad policial solicitar la identificación a una persona. Esa persona podrá identificarse por cualquier medio: a través de la cédula de identidad vigente; a través del certificado otorgado por el Servicio Nacional de Migraciones, en el que conste que se realizó una solicitud de otorgamiento, cambio o prórroga de un permiso de residencia, o de una resolución expedida por la autoridad migratoria en la que conste el otorgamiento de un permiso de residencia. Es decir, la persona sujeto de control entrega cualquiera de estos tres documentos y se termina el control de identidad. No hay ningún problema.
¿Cuál es el problema? El problema es la situación de personas que no portan identificación alguna. Entonces, simplemente se les entrega la facultad, en este caso, a la Policía, a Carabineros, extendiéndose a las Fuerzas Armadas en la indicación que presentó la Senadora Rincón.
¿Por qué? Porque esto es consistente con el proyecto de infraestructura crítica, en el que una indicación del Ejecutivo permitió que las Fuerzas Armadas tengan la facultad de controlar la identidad, hacer registros de vehículos y de vestimentas, así como de poner al controlado a disposición de la policía migratoria, que es en este caso la Policía de Investigaciones. Lo que está planteando esta iniciativa es consistente con eso y se establece claramente que este control no puede ser discriminatorio.
¿Pero qué es lo que hace el proyecto? Focalizar todo esto en las personas que pueden no contar con una documentación y que potencialmente podrían cometer delitos, como lamentablemente está ocurriendo con frecuencia en nuestro país.
Por eso vamos a aprobar esta iniciativa, Presidente.
Gracias.

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- A usted, señor Senador.
Le ofrezco la palabra al Senador Insulza.

El señor INSULZA.- Gracias, Presidente.
En realidad, yo debo confesar que la objeción que presentó el Senador Espinoza me parece muy significativa, porque finalmente lo que está haciendo es indicar una cosa muy fundamental en el control de identidad. Nosotros rechazábamos este control, señalando incluso que era insuficiente, pero ahora se puede practicar derechamente; es decir, se pueden solicitar documentos sin indicios, cuestión que puede ser una causal de discriminación.
Solamente quiero agregar que basta con recorrer las calles de Arica para ver la inmensa cantidad de gente que es evidentemente migrante y que recorre la ciudad, generalmente pidiendo contribución, limosnas o cosas por el estilo.
Esto explica que sea difícil para un Senador de la región votar en contra de una medida como esta, aunque parezca extrema. La verdad es que yo tampoco puedo rechazar este proyecto de ley por lo que voy a decir después. Pero quiero dejar un punto planteado: tal vez se debería haber votado esto por separado -parece que no se puede-, pero también hay que ponerse en los zapatos de los habitantes de Arica y atender a la situación que ellos viven, la que realmente es muy difícil de sobrellevar, aunque entiendo que en Iquique es incluso peor.
Para no terminar en una nota puramente negativa, Presidente, quiero señalar que voy a votar a favor de este proyecto. Valoro mucho la última norma, que establece: "Se aplicarán las disposiciones de este artículo para el ejercicio de las atribuciones sobre control de identidad y registro en las áreas de las zonas fronterizas, otorgadas a las Fuerzas Armadas de forma transitoria, mientras dure el decreto que las faculta para ello.".
Yo estuve en la frontera el otro día, Presidente -el Senador Kast recordaba que el Senador Saavedra me reemplazó en la Comisión-, y la verdad es que es muy impresionante el trabajo que están desarrollando nuestras Fuerzas Armadas ahí. Y esto no es un patrullaje a distancia: en la frontera de Chile están de pie patrullas de militares, razón principal por la cual la inmigración ha disminuido muy fundamentalmente.
No tengo aquí las cifras exactas, pero aproximadamente seiscientas personas han sido sometidas a algún procedimiento, de las cuales trescientas estaban de forma ilegal en nuestro país y fueron pasadas a la PDI, lo cual constituye un número infinitamente inferior a los anteriores. Entre paréntesis, quiero agregar que se encontraban con muchos niños, cuestión que es muy complicada y tenemos que verla, ya que es raro que una pareja llegue a nuestro país sin uno o dos niños por lo menos.
Pero, al mismo tiempo, Presidente, lo más significativo -hablamos recién de cifras de trescientas, cuatrocientas personas- es que se estima en más de siete mil, ¡en más de siete mil!, la cantidad de personas que han sido disuadidas de entrar a nuestro país, por la sola vista del Ejército. No ha habido represión, no los han amenazado, no han levantado las armas, ni los han empujado; simplemente han estado ahí, lo que ha sido suficiente para que retrocedan y no intenten ingresar.
Quería decir esto porque, pese a que fui uno de los que más propusieron que estuviera el Ejército cumpliendo esta función, ni siquiera yo pensaba que iba a tener este impacto.
Agradezco mucho al General Guillermo Altamirano, quien es el Jefe de la Defensa Nacional en Arica, porque nos permitió conversar con los patrulleros y con la gente -estábamos con el Senador Durana en eso-, y pudimos ver que este trabajo, que todos queríamos que fuera bueno, ha sido mejor de lo que suponíamos.
Muchas gracias, Presidente.

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- A usted, señor Senador.
Le ofrezco la palabra al Senador Jaime Quintana.

El señor QUINTANA.- Gracias, señor Presidente.
Podríamos decir que este es el proyecto más sencillo de los cinco que vamos a revisar hoy día, ya que es el que modifica menos cuerpos legales. Sin embargo -y he estado escuchado con atención las intervenciones de los colegas-, hay dudas bien transversales y, yo diría, no ideológicas.
Imagínese que el proyecto que queríamos votar en la mañana, que modifica doce cuerpos legales, lo íbamos a sacar en veinticuatro horas, a la rápida, siendo que este, que es el más sencillo de todos, está generando muchas dudas, bien transversales.
Yo entiendo -lo decía también el Senador Insulza- a los colegas del norte -varios de los mocionantes son Diputados de las Regiones de Arica, Antofagasta, Tarapacá-, pero acá estamos frente a un control preventivo de identidad que ya está aprobado y que va a ser utilizado para conducir -no necesariamente detener, pero en algunos casos sí- a estos migrantes a los cuarteles de la PDI.
¿Por qué Carabineros va a tener que conducirlos a los cuarteles de la PDI? Porque la PDI, todos sabemos, tiene la base de datos con la condición migratoria de las personas.
Entonces, uno puede decir que esto va en línea con otras iniciativas que el Gobierno ha tomado. El propio Presidente, junto al Canciller Van Klaveren, el fin de semana, en Santo Domingo, conversaron con representantes de países vecinos sobre el tema de la reconducción.
Vemos también que la ciudadanía nos está exigiendo una mayor preocupación respecto del control migratorio regular y de la infraestructura crítica, cuestión en la que ha tenido un rol muy importante la Ministra del Interior, Carolina Tohá.
Todo esto va en la línea de hacer una bajada a los temas relativos a las personas que ya ingresaron al país y que se encuentran en una situación irregular.
Ahora, puede ocurrir que tengamos una unidad policial, por ejemplo, aquí mismo, en la Región de Valparaíso, o en Tarapacá, en la que en una noche haya cuarenta o cincuenta personas. Este proyecto va a tener consecuencias en las unidades policiales, y yo no sé qué tan preparados estamos para eso.
En lo personal, a ratos estoy incluso por abstenerme. Pero, en definitiva, creo que hay aspectos positivos en la iniciativa, la que -reitero- va en línea con lo que aprobamos en noviembre, que son las formas alternativas de notificación en procedimientos de expulsión; esto puede favorecer dichos procedimientos.
Otro efecto que se puede provocar, en este caso por la vía de la tutela judicial, es que alguien interponga un recurso de amparo. A lo mejor vamos a tener una persona lista para subir al avión e irse, que la tomaron esa noche, pero se va de amparo -en esto vamos a depender mucho de las Cortes, ya que algunas funcionan ciertos fines de semana; ha ocurrido-, logrando dilatar su salida del país.
Puede suceder, al igual que muchas otras cosas.
También pueden producirse prejuicios en este control preventivo de identidad. Esto no es nuevo, se ha discutido desde que se planteó. Siempre ha habido discrecionalidad; afortunadamente, no ocurre de manera masiva, pero hay lugares donde los agentes policiales han discriminado.
Entonces, yo en eso sería cuidadoso.
Con todo, hay algo que no he escuchado en la discusión de hoy: si todo esto anda bien, si los proyectos de hoy día y los de la próxima semana producen el resultado esperado, uno tendría que inferir inmediatamente que vamos a tener un gran impacto en las cárceles chilenas.
Yo sé que estas cosas a veces cuesta abordarlas, porque hay casos como el de Bukele y sus campos de concentración en El Salvador, y nadie quiere que nos convirtamos en ese país, pero es un tema que vamos a tener que abordar. Las propias proyecciones que hace el Ministerio de Justicia -está el Ministro presente- señalan que de aquí al 2024 tendremos más de cincuenta mil personas internas, a lo cual se suman todas estas leyes. Si todo esto funciona, se producirá un impacto directo en la prisión preventiva.
Entonces, ¿cuándo empezamos a discutir la situación de los penales sobrepoblados? Tenemos los casos de Copiapó y de Santiago Sur, que están absolutamente congestionados, por lo que no hay ninguna posibilidad de reinserción posible.
Siento que estos son temas que también debemos abordar.
Yo sé que muchas veces en estas discusiones se privilegia el eslogan, la cosa binaria; pero cuando entramos a una discusión ya en profundidad, como la que estamos teniendo ahora, necesitamos mirar esto y poner en discusión qué va a pasar en Chile con el tema carcelario. ¿Vamos a empezar a proyectar la construcción de nuevas cárceles? Lo menciono porque, más allá de que alguien diga "Ahí lo vemos" o "No podemos estar gastando plata como país en los internos", esa es una consecuencia inmediata que se nos va a presentar.
Simplemente quería señalar eso.
A pesar de todas las dudas que uno puede tener, creo que este es un proyecto que se plantea en dos hipótesis: una es que, trasladada la persona ante la PDI -si me permite un minuto más para cerrar, señor Presidente-, se diga "Esta persona está en regla" y, por lo tanto, se puede ir a su casa sin problema; o encuentra su carné de identidad donde dice que tiene residencia temporal o definitiva, caso en el cual tampoco hay inconveniente. La otra hipótesis es que nos encontremos con situaciones irregulares y que la PDI, cuando chequee los antecedentes de la persona detenida, a esa altura retenida, advierta probablemente que está con una expulsión pendiente. Y en ese caso este proyecto sí puede aportar.
Tengo algunas dudas, pero, con todo, voto a favor, señor Presidente.

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Muchas gracias, señor Senador.
Le ofrezco la palabra a la Senadora Yasna Provoste.

La señora PROVOSTE.- Muchas gracias, Presidente.
No es fácil la aprobación de este proyecto de ley, como tampoco es fácil la situación de quienes han perdido a sus seres queridos. Aprovecho de reiterar, en nombre de nuestra bancada y del mío propio, las condolencias a la familia presente de la suboficial mayor Rita Olivares, tras su asesinato por parte de delincuentes. Y lo extiendo, por cierto, al conjunto de mujeres y hombres que integran la institución de Carabineros de Chile.
Condolerse significa compartir un dolor, y por cierto que hoy compartimos este dolor. Y el mejor homenaje que nosotros podemos hacer es que la legislación también sea una herramienta que permita dignificar: dignificar el ejemplo de vida y de servicio que tantas personas han entregado y dignificar a la ciudadanía en cuanto al libre tránsito por nuestro país.
Digo que no es sencilla la votación de este proyecto de ley porque siempre que las personas se trasladan de un territorio a otro lo hacen acompañadas de sus derechos, y, a ratos, uno siente que esta iniciativa tiende a desconocer aquellos derechos que están consagrados en nuestra Carta Fundamental.
Presidente, antes de la votación, quiero solicitar la intervención del Ejecutivo para preguntarle cuál es su postura frente a esta moción. Lo digo porque, tal como aquí se ha señalado, este no es un proyecto del Gobierno, sino de parlamentarios. Y me gustaría al menos conocer su opinión antes de emitir mi voto, porque ya la semana pasada hicimos modificaciones, a partir de una moción que presentó, entre otras, la Senadora Ebensperger, a la Ley de Migraciones.
Entonces, si tenemos dificultades con esa normativa, mi pegunta es si vamos a seguir parchándola o vamos a presentar una iniciativa más robusta que aborde todos los problemas que hoy enfrentamos.
Hay un tema que regula este proyecto de ley que es relevante y es que siguen consagradas todas las facultades sobre aspectos migratorios en la Policía de Investigaciones. Como hoy día Carabineros de Chile no tiene esas atribuciones, lo que hace es que, al constatar la situación irregular de una persona migrante, la coloca a disposición de la PDI. En ese sentido, esa facultad pareciera ser interesante para enfrentar los problemas que hoy día existen.
Pero, insisto, Presidente, me gustaría escuchar la opinión del Ejecutivo antes de emitir mi voto.
Muchas gracias.

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- A usted, señora Senadora.
El Ejecutivo está presente y en cualquier minuto nos puede pedir la palabra para los efectos de lo señalado por la Senadora.
Le ofrezco la palabra a la Senadora Claudia Pascual.

La señora PASCUAL.- Gracias, Presidente.
Yo quiero manifestar que debemos entender que hay varias complejidades en el fenómeno de la migración, que no puede solo verse desde un punto de vista punitivo, sino que efectivamente tiene que considerarse de forma más integral, más holística, puesto que la migración no solo ha permitido el poblamiento de todos los continentes como los conocemos hoy, sino que, además, es un fenómeno que cambia de características a partir de la globalización y, por ende, es una realidad que llega para quedarse en todos los países. En consecuencia, creo que no puede analizarse solo desde el punto de vista negativo o desde la sospecha.
Sobre este proyecto, insisto, teniendo toda la voluntad de discutir, debatir y aprobar normas que hagan mucho más pertinente nuestra legislación frente a los fenómenos nuevos, quiero expresar que tengo dudas y las voy a señalar un poco en el tenor de lo que han manifestado el Senador Espinoza y la Senadora Provoste. Porque, efectivamente, me gustaría confiar plenamente en lo que ha afirmado la Senadora Ebensperger en el sentido de que el control de identidad para migrantes se hará si es que hubiere sospecha de la comisión de delitos. Sin embargo, la redacción del artículo 12 en ningún caso plantea aquello. La norma vigente dice: "En cumplimiento de las funciones de resguardo del orden y la seguridad pública, y sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 del Código Procesal Penal" -que versa sobre el control de identidad en hipótesis de comisión de delitos, lo que aquí no está puesto- "los funcionarios policiales indicados en el artículo 83 del mismo Código podrán verificar la identidad de cualquier persona mayor de 18 años en vías públicas, en otros lugares públicos y en lugares privados de acceso al público...". Y luego se dedica a decir cuáles son los medios para constatar esa situación.
Entonces, me entran dudas.
Desde esa perspectiva, podría entenderlo absolutamente si es que fuera solo en lugares fronterizos, pero quiero plantear la inquietud, y me gustaría que también me lo contestara, si es posible, el Ejecutivo o la Comisión de Seguridad, porque una de las mocionantes -si no me equivoco, la Diputada Pérez- planteó que este proyecto no es solo para las zonas fronterizas, sino también para las zonas urbanas.
Siendo así, la pregunta es cómo se aplicaría en las zonas urbanas.
Y digo esto haciéndome cargo de un fenómeno bien complejo que ocurre en nuestro país, porque cuando tuvimos detención por sospecha no se detuvo a nadie en Las Condes con ciertas características fenotípicas, de ingreso...
(El Senador Cruz-Coke se vuelve hacia la Senadora y le hace un gesto de desacuerdo).
Perdona, Luciano, déjame terminar.

El señor CRUZ-COKE.- ¡La lucha de clases...!

La señora PASCUAL.- No, no es lucha de clases, es racismo y clasismo, que es muy diferente.
Lo quiero decir así: si aquí solo va a perseguirse por las condiciones físicas, entonces, ¿quiénes van a ser controlados? ¿Los más morenos? ¿Los que vienen de pueblos originarios de los países hermanos? ¿O nosotros nos imaginamos el control de identidad a los turistas de Europa?
Entonces, lo planteo.
Y si alguien tiene todas las respuestas para tranquilizarme, bienvenido sea; estoy dispuesta a ser convencida. Pero pido por favor que también se nos permita tener dudas razonables frente a los proyectos de ley que estamos discutiendo.
Insisto, tal como dijo el Senador Quintana: qué ganas de haber tenido más tiempo para revisar todos estos proyectos, porque no es que no haya voluntad de legislar, es que también hay cosas que debemos aclarar para poder generar las mejores leyes para el país.
Gracias, Presidente.

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Muchas gracias, señora Senadora.
Le ofrezco la palabra al Senador Durana.

El señor DURANA.- Gracias, señor Presidente.
Ampliar las hipótesis de control preventivo de identidad y dotar a los funcionarios de Carabineros y de la PDI de nuevas herramientas para la identificación de personas migrantes irregulares o con permisos de residencia vencidos obviamente es un hito importante para las regiones del norte, y se hace para dar mejor cumplimiento a los procesos de regularización y expulsión, cuya efectividad hoy, lamentablemente, está muy puesta en duda.
La crisis que vive nuestro país en esta materia y el alto flujo migratorio, en gran parte irregular, superan los más de 53 mil ingresos clandestinos en 2022 y afectan fundamentalmente a la zona norte, poco a la Región Metropolitana. Pero este descontrol migratorio, en general, también ha sido vinculante con el aumento de la violencia y la delincuencia.
El buen resultado de tener a las Fuerzas Armadas desplegadas en las fronteras del norte del país, en virtud de la Ley de Infraestructura Crítica, ha permitido contener a más de 7 mil migrantes que ingresaron por pasos no habilitados, según se nos informó en el reporte semanal que se entrega en el Comité Policial al cual hemos sido invitados y en el que participamos los dos Senadores de la región, donde se da cuenta fundamentalmente del despliegue de las Fuerzas Armadas que apoyan el resguardo de las fronteras.
La importancia de este proyecto radica en que se hace cargo de modificar y mejorar el sistema de notificaciones para procesos de expulsión.
Primero, si al momento de ser puesto a disposición de la autoridad migratoria el sujeto sometido a control mantuviere pendientes notificaciones relacionadas con procedimientos de expulsión u otros de la ley N° 21.325, se procederá a su notificación inmediata, dejándose constancia de la debida recepción mediante firma del extranjero.
Segundo, muchos extranjeros que ingresan de manera irregular entregan como su domicilio el de instituciones como la Defensoría Penal Pública, cosa que no es real.
Y, finalmente, quienes cometan delitos de robo, hurto y receptación serán sometidos a la acreditación de su situación migratoria y, después de haber cumplido con la pena, inmediatamente serán expulsados.
En este mismo sentido, me parece necesario evaluar las denuncias y autodenuncias de los inmigrantes, porque se trata de personas que son denunciadas por la autoridad o se autodenuncian voluntariamente, pero todas quedan en libre circulación por la región y el país.
Por ejemplo, se nos informó que en Arica y Parinacota, de un total de más de 8 mil denunciados, solo 1.200 cumplen con el proceso de firma. Del resto se desconoce su paradero y no sabemos dónde están, qué hacen, qué comen, a qué se dedican, en qué trabajan. Pueden ser parte, lamentablemente, de alguna organización criminal, quizás.
En la instancia de seguridad también se entregaron detalles en torno a que, entre el 25 de febrero y el 28 de marzo, tanto el Ejército como Carabineros han entregado a la Policía de Investigaciones 205 menores de edad. Además, se ha permitido el ingreso de 169 adultos que, supuestamente, de acuerdo a la débil documentación que traen, serían los padres o familiares directos de dichos menores.
Por lo tanto, se hace absolutamente necesario investigar si en algunos casos se están utilizando menores de edad para ingresar adultos; cuál es el vínculo que une al adulto con el niño, niña o adolescente, debido a que los menores ingresan sin registro alguno. Es importante evaluar si al momento de entrar a nuestro país pudiese realizarse a lo mejor una prueba de ADN a los menores que ingresan con los supuestos padres y/o familiares.
No obstante el positivo avance que implica la ley en proyecto, para que esta normativa no sea letra muerta es necesario que el Gobierno se comprometa a dar los recursos tanto humanos como materiales, para que los miles de trámites de solicitudes de residencia temporal y definitiva que se encuentren pendientes en nuestro país concluyan.
Cada día que pasa con un sistema migratorio colapsado, cientos de personas que quieren mantener una situación regular en Chile ven cómo se vencen sus cédulas de identidad o los certificados emitidos por el Servicio Nacional de Migraciones, sin poder hacer nada al respecto...(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).
Termino, Presidente.
Es por ello que la eficacia de esta norma se encuentra condicionada al compromiso que ha asumido el Gobierno en el sentido de dar una respuesta oportuna a aquellas personas que se encuentren con sus trámites pendientes para definir su situación migratoria, trámites que en algunos casos llevan más de dos años sin respuesta.
Voto a favor, señor Presidente.

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- Muchas gracias, señor Senador.
Quedan tres inscritos: el Senador Pugh, la Senadora Carmen Gloria Aravena y el Senador Francisco Chahuán.
Y también me ha pedido la palabra la señora Ministra del Interior.
Le ofrezco la palabra al Senador Pugh.

El señor PUGH.- Muchas gracias, señor Presidente.
Por su intermedio, saludo a la Ministra del Interior, aquí presente, y al Subsecretario de Prevención del Delito, con quienes hemos estado trabajando intensamente en los últimos días para fortalecer el Sistema de Seguridad del Estado.
¿Qué tenemos aquí? Un problema que quizás es más profundo y en el cual tenemos que ir a su origen.
Estamos ante un desplazamiento masivo de millones de personas que no pueden vivir en su país, y que han tenido que abandonarlo.
Y esta es una crisis humanitaria. Eso es lo que estamos enfrentando: un desplazamiento de muchísima gente que está circulando.
Curiosamente, algunos países vecinos no están aplicando las medidas migratorias que corresponden y se han transformado básicamente en pasadizos para que los migrantes puedan llegar a nuestro país por lugares incluso inhabilitados. Se conocen más de cien de estos pasillos.
Esto motivó una reforma constitucional que incluso tiene una variante, que es la protección de la frontera ante esta verdadera sobredemanda de migrantes que llegan al país de forma irregular.
Esos son los motivos por los cuales fue necesario incorporar a este proyecto de ley una indicación, proveniente de la Senadora Ximena Rincón y el Senador Iván Flores, para que las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de sus tareas de resguardo de fronteras, mientras dure el decreto y de forma temporal, vale decir, esto no es algo que se debe extender en el tiempo, puedan hacer lo mismo que indican la reforma constitucional y el decreto con fuerza de ley con el objeto de homologar el trabajo.
Y quiero hacer este punto, señor Presidente, porque una de las cosas que no se mencionaron aquí fue que tuvimos que cambiar el texto original, el cual señalaba que esas personas debían ser puestas, en no menos de una hora, a disposición de Carabineros o la PDI. Obviamente, esa norma estaba pensada para una situación urbana, donde probablemente es muy fácil concurrir. Incluso, en algunas ciudades puede ser poco para llegar.
Eso motivó la primera de las indicaciones, dejando la norma "dentro del más breve plazo" posible.
Asimismo, se incorporó el tema del registro, que estaba considerado en la reforma constitucional, buscando dar herramientas a nuestro Sistema de Seguridad del Estado para que sepamos qué personas están en nuestro país.
Vienen, entonces, los segundos problemas.
¿Quiénes son estas personas? Es posible que incluso estén viajando sin documentos, porque no se los dio su país de origen, se los robaron o los perdieron. Sin embargo, tenemos que recibirlos.
¿En qué condición? En una condición especial.
Y aquí viene otra de las iniciativas importantes, que es el levantamiento biométrico de las personas que ingresan de forma irregular por pasos que ni siquiera están habilitados o de aquellas que entran por los controles establecidos, porque puede que ni siquiera tengamos información precisa de ellas.
Lo que señalaba el Senador Durana es no menor: ¿cómo saber si efectivamente los niños y niñas que están llegando son hijos de los padres que los acompañan? Porque no lo sabemos, no tenemos cómo comprobarlo. Y sería un delito grave si se tratara de un tráfico de personas.
Por lo tanto, para todas las hipótesis que he señalado tenemos que establecer medidas que permitan identificar y tomar estos resguardos.
La rama especializada es la Policía de Investigaciones -por eso los migrantes deben ser derivadas a ella-, por lo que se requiere que esta institución pueda realizar el control biométrico con el fin de hacer cruces con otras Policías, usar la base de datos de Interpol, saber el origen de estas personas y obtener información un poco más completa.
Aquí se busca, entonces, saber quiénes están en Chile.
Y las personas que hoy están en nuestro país tienen su carné de identidad; se hallan identificados aquellos que nacen en el territorio desde el momento mismo, en el hospital, por el Registro Civil, con su RUT, que nos identifica a todos.
Por tanto, lo mínimo es asegurarnos de que todos los que vivan en el país estén bajo ese mismo sistema, porque así el Estado podrá saber a quién debe ayudar y de qué forma. La única manera es contar con información precisa de todas las personas.
Si eso no ocurre, habrá que detectarlas al principio y llevarlas a la Policía de Investigaciones, la que seguirá los procedimientos y los protocolos que para ello se establezcan.
Solo quiero destacar en estos últimos minutos la necesidad de una policía fronteriza.
No podemos eternizar a nuestras Fuerzas Armadas en una tarea que es temporal, transitoria. Y ojalá trabajemos -esos son los acuerdos- para lograr establecer la capacidad que refuerce nuestras fronteras.
Existe una general de Carabineros a cargo de la zona de fronteras. Y esperamos darle todos los medios, tanto tecnológicos para la detección y verificación de quiénes están ingresando, como materiales y humanos, hombres y mujeres entrenados para el control fronterizo y también para el patrullaje de la larga y extensa frontera que tenemos.
Por eso voto a favor.
He dicho, señor Presidente.
Muchas gracias.

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).- A usted, señor Senador.
Tiene la palabra la Senadora Carmen Gloria Aravena.

La señora ARAVENA.- Muchas gracias, Presidente.
Yo voy a hacer una intervención bien breve, pues muchos de mis colegas ya han explicado de qué se trata esto.
En mi opinión, cuesta entender que este proyecto no sea parte de la legislación vigente y, por lo tanto, requiere urgencia en su tramitación.
No coincido con algunas opiniones de quienes me antecedieron, aunque las respeto, en cuanto a que esta iniciativa no ayuda en nada. Yo creo que ayuda, y muchísimo, porque efectivamente el problema migratorio, sobre todo hoy día el control de la migración ilegal, es muy complejo. Y todo sirve.
Y tampoco resulta comprensible que hoy día solo la PDI pueda tener esta atribución de control, y no Carabineros y las Fuerzas Armadas, que son los que están apoyando este proceso, principalmente en la zona norte del país.
La situación de Chile es grave, es compleja.
Yo entiendo que nadie migra porque quiere. Muchos migrantes han realizado un tremendo aporte a nuestro país. De hecho, Chile se ha construido con migrantes.
Pero estamos en una situación complicada.
Y quizás no es políticamente correcto decirlo, pero tenemos alrededor de dos millones de migrantes, de los cuales un porcentaje importante se encuentra en situación irregular. Y muchos han entrado también -no digo que todos- a delinquir. Y esos delitos han implicado que muchas personas en nuestro país sufran, ¡sufran!, porque no estaban acostumbradas a vivir en una situación de tanta inseguridad.
Por lo tanto, el hecho de que uno vaya a otro país, le pidan sus papeles y le revisen sus pertenencias no es un pecado, entendiendo la situación grave que hoy día están viviendo los chilenos, especialmente en el norte.
En consecuencia, creo que tenemos el derecho y el deber de proteger a los ciudadanos chilenos, que son siempre nuestra primera prioridad.
Cuando un migrante viene, tramita sus papeles y se incorpora a la ciudadanía chilena, evidentemente tenemos que protegerlo con la misma intensidad, pero evidentemente quien nada esconde, no tiene nada que temer.
En ese contexto, creo que este proyecto es un aporte. Es un proyecto pequeño, al igual que muchos de los que hemos visto hoy, que no son tan grandilocuentes en redacción, pero que sí apuntan a lo que hoy día nos pide la ciudadanía: mayor control y mayor seguridad en nuestro territorio.
Así que yo voy a aprobar este proyecto.
Muchas gracias.

El señor COLOMA (Presidente).- Gracias, Senadora.
Finalmente, tiene la palabra el Senador Francisco Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, ¿qué se le puede decir a la madre de Rita Olivares? ¿Qué se les puede decir a sus dos hijos, de doce y quince años? ¿Qué se le puede decir a su pareja y a sus hermanos? Ellos están presentes hoy en este Hemiciclo, sentados en las graderías.
Y lo primero que quisiera transmitir, por su intermedio, Presidente, es que la sargento Rita Olivares no solamente se convirtió en una mártir de Carabineros, la 1.232, sino que también contribuyó a que hoy día el foco de la atención esté puesto en la seguridad pública.
Rita Olivares fue una mujer que durante sus veintiún años de servicio en Carabineros se desempeñó en la Tercera Comisaría de Talca; en la Sección de Investigación Policial; en la Cuarta Comisaría de Cancha Rayada; en la Segunda Comisaría de Quilpué y, finalmente, en la Tenencia de El Belloto.
El día de su asesinato había sido ocupado, agobiante, con procedimientos durante toda la tarde. Y a la una de la madrugada recibe el llamado de una alerta de robo en un domicilio ubicado en calle Río Toltén, en Belloto Sur, al cual concurrió, y donde fue brutalmente baleada.
La sargento Rita Olivares tuvo seis menciones de honor por su destacado profesionalismo.
Y quiero decirle a su familia que este fallecimiento atroz no va a quedar impune, por lo que hemos puesto a disposición de ella todos nuestros equipos jurídicos para querellarnos y dar finalmente con una sanción ejemplar.
Pero, además, esperamos que este Congreso Nacional esté a la altura de las circunstancias y que logremos sacar adelante una legislación para que ese "nunca más" se escriba con mayúsculas: nunca más un carabinero, nunca más un oficial de la PDI, nunca más Gendarmería, sin un estatuto adecuado que le permita enfrentar el delito.
Por esos 891 carabineros lesionados durante este año, ¡891 más los 2 fallecidos!, hoy día tenemos que trabajar para sacar adelante esta legislación.
Este proyecto de ley, iniciado en una moción transversal de varios Diputados y Diputadas, tiene por objeto permitir que la Policía pueda aplicar ciertas medidas en casos de control de identidad a extranjeros, en ejercicio de la facultad que otorga el artículo 12 de la ley Nº 20.931, cuando estos no cuenten con la documentación que acredite su situación migratoria regular.
En tal caso, la disposición que se incorpora como artículo 12 bis a dicha ley establece que el funcionario policial deberá trasladar al individuo para ponerlo a disposición de la Policía de Investigaciones dentro del más breve plazo, para corroborar su situación migratoria e iniciar los procedimientos que correspondan de conformidad a la ley.
Si al momento de ser puesto a disposición de la autoridad migratoria existiesen notificaciones pendientes sobre el extranjero controlado, deberán practicársele dichas notificaciones, aunque se tratare de la expulsión del país.
Por otra parte, se establece que dicha persona podrá acreditar su situación de migración regular con su cédula de identidad vigente, el certificado otorgado por el Servicio Nacional de Migraciones en el que conste que el extranjero realizó una solicitud de otorgamiento, cambio o prórroga de un permiso de residencia, o la resolución expedida por la autoridad migratoria en la que conste el otorgamiento de su permiso de residencia.
Finalmente, la norma que se introduce a la ley referida dispone que debe dársele igualdad de trato al extranjero controlado, no pudiendo aplicarse a su respecto un control de identidad, conforme a las normas establecidas en la ley Nº 20.609, denominada "Ley Zamudio".
O sea, esta modificación legal tiene por objeto ratificar las normas sobre migración legal y regular para los extranjeros que lleguen a nuestro país, quienes deben someterse a las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico en plenitud.
Por tanto, voto favorablemente.
Lo que nosotros pretendemos es que la migración sea segura, ordenada y regular.
A mí me tocó estar en el hito Nº 1 con las Fuerzas Armadas. En la Región de Arica y Parinacota hay cerca de diez lugares donde la permeabilidad de nuestras fronteras hace perfectamente posible un ingreso irregular o clandestino a nuestro país.
Lo mismo ocurre en Colchane, en la Región de Tarapacá, lugar que conozco, donde durante los fines de semana se da la posibilidad de un tránsito libre por Pisiga Carpa desde Bolivia. Es decir, es una frontera totalmente permeable.
Por eso es tan importante... (se desactiva micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)... avanzar en el resguardo de nuestras fronteras.
Y este tema es de la mayor importancia, no solamente porque el narcotráfico y el crimen organizado permean nuestro país, sino porque además esto involucra un problema de seguridad nacional.
Nosotros no hemos logrado hacer entender a nuestras autoridades la importancia de una política de fronteras interiores.
A diferencia de lo que hace Argentina, Chile carece de una política de fronteras interiores y, por supuesto, debe haber una policía fronteriza que permita liberar a las Fuerzas Armadas.
Mientras tanto, las Fuerzas Armadas deben contar con todas las atribuciones y todas las condiciones para resguardar las fronteras de nuestro país.
Por eso, Presidente, voto favorablemente este proyecto de ley.
Gracias.
He dicho.

El señor COLOMA (Presidente).- A usted, Senador.
Solicito el acuerdo de la Sala para que la Ministra pueda intervenir antes del cierre de la votación, pues nos ha pedido la palabra.
Muy bien.
Antes, eso sí, le ofreceré la palabra al Senador Elizalde. Después hablará la Ministra del Interior.
Tiene la palabra, Senador Elizalde.

El señor ELIZALDE.- Gracias, Presidente.
Yo tan solo quisiera recordar, a propósito de este proyecto, que el problema de la migración y de la delincuencia no empezó el 11 de marzo del año pasado. El incremento de la delincuencia se viene generando hace mucho más tiempo, y el descontrol migratorio tuvo un especial aumento en el contexto del Gobierno del Presidente Piñera, particularmente durante la pandemia.
Sin embargo, las medidas que se han adoptado han tenido algún tipo de resultados. Hay que ir evaluando cuál es su proyección en el tiempo.
Este Senado aprobó en su momento la reforma constitucional sobre infraestructura crítica, originalmente presentada por la Senadora Aravena y el Senador Pugh, que fue rechazada por la Cámara de Diputados. Después presentamos un nuevo proyecto, junto con otros Senadores, y finalmente fue aprobado. Y el Gobierno presentó una indicación para el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera, lo que ha tenido un impacto en la disminución de la migración irregular.
Hay que ir viendo cuál es el impacto que esto tendrá en el futuro. Obviamente, no se solucionan todos los problemas que se han generado, pero me parece importante mencionarlo, porque la aprobación de esa iniciativa se produjo hace un tiempo relativamente corto.
Ahora estamos aprobando este otro proyecto, que amplía las facultades de control para efectos de aplicar las medidas establecidas en la Ley de Migración y Extranjería, donde se aprobó una indicación que hace aplicable esta normativa a las Fuerzas Armadas, entendiendo que estas están cumpliendo un rol adicional al que ejercen Carabineros y la PDI en los controles fronterizos.
Pero quiero hacer el punto de que, cuando se legisla a la rápida, aunque sea con buena intención, las normas no quedan del todo bien redactadas. Yo entiendo la señal política que quiso dar el Congreso Nacional, y por eso anteriormente hice mención de algunos proyectos que llevaban en la Cámara, unos más de un año, otros meses, y que cuando el Senado los aprueba en horas (en rigor, se dio cuenta de ellos recién en la sesión de hoy, independientemente de que la Comisión estaba autorizaba para reunirse desde antes), quizás no se logra del todo el objetivo de contar con una legislación de alto estándar, independiente del objetivo político, el cual comparto.
Por tanto, creo que debemos ser muy responsables en eso.
Y voy a insistir en lo que dije en la mañana. Considero lamentable que se traslade al Senado de la República la dinámica de la Cámara de Diputados, donde las bancadas votan por propinarle una derrota al adversario; tanto es así que parlamentarios de oposición votaron en contra del proyecto de infraestructura crítica, no obstante haber sido presentado, en el Senado, ¡por dos Senadores de oposición!
A mi juicio, esa dinámica es muy negativa para el proceso legislativo. Lo que nosotros más bien debemos garantizar es que los proyectos se voten de acuerdo a su mérito y no de acuerdo a qué sector político saca dividendos. En caso contrario, vamos a tener malas leyes y no vamos a resolver ninguno de los problemas que afectan a los chilenos: el de la delincuencia, que nos preocupa -y no solo debe preocuparnos, sino ocuparnos-, y para qué decir los tristes, lamentables, condenables asesinatos de que han sido víctimas funcionarios y una funcionaria de Carabineros, que nos deben conmover y, por tanto, llevarnos a adoptar las medidas necesarias para enfrentar esta ola delictiva con políticas serias, que permitan elevar los estándares de seguridad.
Voto a favor de la iniciativa en comento, referida a las facultades que tienen las Policías y que se hace extensiva a las Fuerzas Armadas, insistiendo en que tenemos un debate pendiente. Y digo esto porque he escuchado algunos puntos de prensa, afuera de la Sala, donde algunos colegas ya anuncian cómo van a votar respecto de proyectos o indicaciones que ni siquiera se han leído. Yo creo que eso no contribuye a tener una legislación de alto estándar como la que merece nuestro país y que el Senado de la República puede garantizar si hacemos bien el trabajo.
Así que -insisto- mantengamos la dinámica, que me parece que aquí ha sido constructiva, para promover buenos proyectos para Chile, considerando que tenemos legítimas diferencias, pero sin replicar prácticas que se han traducido en el rechazo de iniciativas tan imprescindibles como lo fue en su momento el proyecto de infraestructura crítica.
Voto a favor.

El señor COLOMA (Presidente).- Gracias, Senador.
Antes de la Ministra, me pidió la palabra el Senador Cruz-Coke.

El señor CRUZ-COKE.- Sí, Presidente.
Primero, saludo a la Ministra y a los Ministros presentes. Veo por ahí también al Ministro Cordero.
Yo no iba a intervenir, pero lamentablemente lo tengo que hacer, dada la intervención del Senador Elizalde, quien fue un muy buen Presidente de esta Corporación, ¡muy buen Presidente!, que trató de sacar las cosas en un momento difícil. ¡Costó!
Nosotros no tenemos la dinámica de la Cámara de Diputados. ¡A Dios gracias! Era muy difícil el trabajo en la Cámara, donde se actúa en trincheras, donde se actúa, precisamente, con afán de derrota política.
Pero lo que sucedió hoy día en los Comités fue justamente lo contrario. Y la muestra más palpable es la urgencia de legislar y sacar prácticamente seis proyectos -es cierto, sin haberlos leído, o habiéndolos estudiado muy poco- en una sola sesión, o en dos, pues nos hemos dado un plazo razonable hasta el martes.
La pregunta es por qué. ¡Y es porque estamos obligados por las circunstancias, Senador -por su intermedio, Presidente-!
Nos acompañan en las tribunas los familiares de la carabinera fallecida. Y, bueno, ello nos ha obligado a esto. Es cierto, necesitamos legislar bien, y me parece que ese ha sido el espíritu que ha predominado finalmente en este Senado. A mí me correspondió liderar la presidencia de la Comisión de Trabajo, donde sacamos el proyecto de las 40 horas en forma unánime. ¡Cinco por cero!
Acá no impera, y espero que no impere, la lógica de la Cámara de Diputados. Pero, por razones fundadamente ideológicas y por razones de creer en aquello que se cree, hay quienes no querían legislar, por ejemplo, respecto a la Ley Nain-Retamal, por diversos motivos. Decían: "Mire, hagamos el trámite, aunque ya no rápido, como nos está exigiendo la ciudadanía". Nosotros fuimos puestos en este brete prácticamente por lo que sucedió en la Cámara de Diputados y por las circunstancias a raíz de lo acontecido el fin de semana.
Y es cierto: tenemos que sacar los proyectos adelante y estudiarlos bien.
Acá se dice: "Mire, el estado de excepción en La Araucanía y en el norte ha funcionado". Siempre se dijo que este Gobierno no iba a recurrir a los estados de excepción, que no iba a recurrir a los militares, que estos eran elementos de represión, que no se condecían con el trabajo de las Policías, y finalmente aparece hasta la vocera de Gobierno señalando el éxito de esta medida, el porcentaje de baja que ha significado tener a los militares en el sur. Y ahora el Senador Elizalde nos recuerda -igual que el Senador Insulza cuando habló del mismo tema- que en el norte el resultado ha sido el mismo.
Entonces, esta es una regla de tres, bastante básica.
Avancemos efectivamente, hagamos la pega en forma seria, pero no se venga a acusar de que este Senado está aplicando las mismas lógicas de trabajo que la Cámara de Diputados, que le han hecho tanto daño a la labor legislativa, como también se lo ha hecho la excesiva fragmentación de nuestro sistema político producto de una mala legislación. Porque esa fue una mala legislación. Hoy estamos tratando de recoger el carrete para decir: "Mire, no podemos seguir actuando así: ningún gobierno puede venir a este Hemiciclo a generar algún tipo de acuerdo con veinte, veintiún partidos políticos porque eso no va a resultar".
Y eso ocurre menos en este Senado, precisamente porque tiene otro régimen. O sea, hay razones estructurales, y también razones que dan a entender que este lugar sí es un espacio donde se puede llegar a acuerdos.
Entonces, con todo el cariño que le tengo al Senador Elizalde, y habiendo compartido, como jefe de Comité, parte de los éxitos que tuvo como Presidente del Senado, no le puedo aceptar, humildemente, también como jefe de Comité, que me venga a decir que en esta Corporación nosotros estamos actuando con la misma lógica de la Cámara de Diputados, porque la verdad creo que eso insulta la disposición que hemos tenido todos nosotros, incluso siendo oposición a quienes hoy día son parte del Gobierno, para tratar de llegar a acuerdos, a buenos acuerdos, con buenas leyes, con buena legislación, estudiando y haciéndolo con tiempo.
Y en ese sentido siempre desde la oposición, al menos desde este Senado y desde este Comité, vamos a estar disponibles.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).- Muchas gracias, Senador.
Le vamos a dar la palabra a la Senadora Sepúlveda.

La señora SEPÚLVEDA.- Muchas gracias, Presidente.
Yo no quería intervenir, pero, con la provocación del Senador Cruz-Coke, no lo puedo evitar.
A mi juicio, fue absolutamente asertivo lo que hizo la Cámara de Diputados, y en forma muy especial su Presidente, Vlado Mirosevic. Lo que hizo fue recoger, ¡recoger!, una sensibilidad que estaba a flor de piel de parte de la ciudadanía, de parte de Carabineros de Chile, respecto de lo que ocurrió, de lo que ha ocurrido durante estos años y de lo que ocurrió en la semana.
Entonces, decir que aquí hay una irresponsabilidad, no me parece, ¡no me parece! Creo que aquí hubo una sensibilidad absoluta del Presidente de la Cámara de Diputados en cuanto a recoger los problemas que hoy día se tienen. Perfectamente podría haber dicho: "Mire, ¿sabe? Veámoslo después. Esperemos la semana de vuelta de la distrital". ¡No! Por el contrario, asumió lo que tenía que asumir, que era buscar una fórmula para, de alguna manera, resolver los temas como nos corresponde, que es legislando.
Les quiero decir aquí que la mayoría de los proyectos que hoy día estamos debatiendo fueron aprobados por 143 votos o más. Por lo tanto, tampoco hubo discrepancia. Y las discrepancias que existieron son legítimas y bienvenidas. ¡Bienvenidas! Son parte de la historia, de las dificultades, etcétera.
Unos podrán decir que hablo como Diputada. Sí, un poco. Algunos se ríen. Pero, ¿saben una cosa? No puedo dejar de decirlo, ¡no puedo! Porque, además, hubo acuerdo, ¡hubo acuerdo! Y respecto de lo que no hubo acuerdo, ¿qué está haciendo el Ejecutivo? Precisamente, incorporando indicaciones. Y bienvenidas las indicaciones para poder mejorar un proyecto de ley. ¡Bienvenidas! De eso se trata la complicidad, la simbiosis, la complementación que debemos tener con el Ejecutivo.
Entonces, Presidente, no me parece aquello. Creo que la Cámara hace lo suyo, y nosotros tenemos que cumplir con lo que nos compete, que es ser una Cámara revisora.
No se trata de venir aquí a ningunear a ninguna de las dos Cámaras. Las dos somos el Poder Legislativo y queremos hacer lo mejor para el país.
Gracias, Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).- Gracias, Senadora.
No hay más inscritos.
Antes de cerrar la votación, le voy a dar la palabra a la Ministra del Interior.

La señora TOHÁ (Ministra del Interior y Seguridad Pública).- Buenas tardes.
Gracias, Presidente.
Se solicitó la opinión del Ejecutivo por parte de la Senadora Provoste y quisiera darla.
Esta es una moción parlamentaria, iniciada de manera transversal en la Cámara con una formulación inicial bastante distinta. Se discutió mucho sobre su contenido. Cuando se llevaron a cabo las negociaciones de la mesa de seguridad, se habló de este proyecto y se dio con una fórmula que, grosso modo, es la que está reflejada aquí y que apunta a lo siguiente.
Nosotros tenemos en Chile dos tipos de controles de identidad: el preventivo y el investigativo. En el control investigativo hay indicios de la comisión de un delito y, por lo tanto, el control es mucho más intrusivo y se puede obligar a la persona a identificarse. En el control preventivo no es así: uno solicita una identificación, pero, si no la hay, la persona puede seguir transitando. Y este control preventivo lo puede realizar tanto la Policía de Investigaciones como Carabineros, aun cuando la autoridad contralora en materia de migración en Chile es la PDI.
Si en un control preventivo la Policía de Investigaciones detecta una situación migratoria irregular, puede hacer una serie de cosas que son producto de esa irregularidad y que son parte de su rol contralor. En cambio, si en un control preventivo Carabineros detecta una situación migratoria irregular, no puede hacer nada. Y lo que hacemos aquí es decirle: "Si detecta algo irregular, derívelo a la Policía de Investigaciones".
Eso es lo que hace este proyecto. O sea, identificado algo irregular migratorio, se deriva a la Policía de Investigaciones, que es la autoridad contralora.
Ese es el corazón del asunto.
Ahora, tiene adosados dos elementos más que son de interés y de debate. Uno es que en el trámite legislativo se agregó la idea de que además se podría registrar, que, en verdad, es como integrar en el procedimiento algo que es bastante ajeno, porque registrar ya tiene que ver con otras situaciones que no se refieren a la migración irregular, sino a otros delitos, a otros componentes. Muchos parlamentarios, entiendo, quieren que eso, que no estaba en la propuesta original, se vote separadamente. Se refiere a qué se hace ante la detección de una situación en que, por ejemplo, una persona que está con decreto de expulsión se identifica. "¡Ah! Tiene un decreto de expulsión. ¿Qué hago? Se lo traspaso a la PDI".
El segundo tema es que el proyecto original venía con el plazo de una hora. O sea, Carabineros, entre que identificaba la situación y se la traspasaba a la PDI, tenía una hora. Aquí, en el Senado, se consideró que eso era poco y se dejó "dentro del más breve plazo". Nosotros entendemos la lógica, porque una hora puede ser considerada muy poco tiempo. El "más breve plazo" no es un plazo determinado y en ese sentido genera aprensión. Consideramos que el tema es debatible desde ese punto de vista.
Pero el corazón del proyecto -que, ante un control de este tipo, la policía de Carabineros, cuando identifique una situación irregular en materia migratoria, se la traspase al organismo contralor- nos parece razonable, adecuado. Es bien explicable que un carabinero que detecta un hecho de este tipo no tenga ninguna actitud más que la de dejar pasarlo de largo e ignorar que ha descubierto una situación que no está adecuadamente resuelta. Ahora, qué hace después la PDI es otro asunto. Eso no lo resuelve esta legislación; depende de otras leyes, de otros procedimientos, de la política migratoria, en fin. Aquí simplemente se pone en manos de la policía especializada para que actúe de acuerdo a su competencia.
Y, con motivo del planteamiento que se hizo previamente, quisiera aclarar que en el mes de enero, en el mes de diciembre en realidad, cuando debatimos el acuerdo por la seguridad, los contenidos de la Ley Nain y los contenidos de la Ley Retamal fueron discutidos, llegándose a la determinación de avanzar en ambas materias: en la Ley Nain, conforme a lo que está propuesto en la indicación del Ejecutivo, y en la Ley Retamal, a propósito de la ley sobre reglas del uso de la fuerza, que va a establecer, con un estándar más alto, a nivel legal, cuáles son las reglas que regirán el uso de la fuerza por parte de las Policías y también por parte de las Fuerzas Armadas cuando intervengan en el orden público. Nos pareció que esa legislación era un buen lugar para establecer también, una vez que se pasaba el ámbito penal, cómo tenía que ser tratado aquello, complementando las reglas que hoy existen.
Y de ese acuerdo fue parte todo el espectro político, ¡todo el espectro político!: Apruebo Dignidad, Socialismo Democrático, Chile Vamos, el Partido de la Gente, Republicanos. ¡Todos estuvimos de acuerdo! Habrá matices en cuanto a la fórmula a través de la cual ello se lleva a cabo -cuál es la más efectiva, cuál es la más adecuada; cuál es la sede legal: si el Código Penal o el Código de Justicia Militar-, pero en la idea de avanzar en esta dirección, de tener reglas más claras, más protección para la policía, normas más explícitas de cómo tratar su desenvolvimiento cuando está cuestionado su actuar, hubo acuerdo transversal.
Y creo que, desde el punto de vista de las Policías y de la familia de la sargento Olivares, así como de todos los familiares de policías fallecidos, es mucho más reconfortante saber que el sistema político entero entiende que hay que avanzar en esta materia que transformar cualquier diferencia en la idea de que algunos quieren proteger a las Policías y otros no.
Me parece que en esto hay una voluntad amplia. ¿Y las diferencias? Discutámoslas, resolvámoslas, pero no mandemos el mensaje de que no hay acuerdo en proteger a las Policías, porque al momento de definirse esto transversalmente... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).
Ahí terminé, Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).- ¡Coincidió con el tiempo!
Gracias, Ministra.
Cerrada la votación.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

--Se aprueba en general y en particular el proyecto (41 votos a favor y 2 abstenciones), y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Carvajal, Ebensperger, Gatica, Núñez, Órdenes, Provoste, Rincón y Sepúlveda y los señores Castro González, Castro Prieto, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Edwards, Elizalde, Flores, Galilea, García, Huenchumilla, Insulza, Kast, Keitel, Kuschel, Lagos, Latorre, Macaya, Moreira, Núñez, Ossandón, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Soria, Van Rysselberghe y Walker.
Se abstuvieron la señora Campillai y el señor Espinoza.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- En la Mesa se han registrado los pareos del Senador señor Prohens con el Senador señor Araya, y del Senador señor Gahona con el Senador señor Bianchi.


El señor COLOMA (Presidente).- Aprobado el proyecto, pasa a tercer trámite en la Cámara de Diputados.
Les pido atención un segundo.
Yo quiero cumplir con lo que me han planteado distintos parlamentarios en cuanto al derecho a petición.
La Comisión de Seguridad ha aprobado en general el proyecto signado con el N° 6 de la tabla y me han pedido la posibilidad de votarlo en general en la Sala.
Necesito el acuerdo unánime.
No hay acuerdo.
Quiero ser claro: se necesita el acuerdo unánime. Está explícito.
Era un tema que se había planteado y queda debidamente resuelto, así que vamos a continuar.
Pasamos al cuarto tema que nos convoca.
Quiero solicitar, antes de que haya cualquier cálculo, que después del informe del Presidente de la Comisión se abra la votación y el tiempo sea de tres minutos.
¿Habría acuerdo?
(El señor Presidente hace sonar la campanilla en señal de acuerdo).
Entonces, para los dos proyectos que vienen, el tiempo sería de tres minutos. Me refiero al fundamento.



REFORZAMIENTO DE COMPETENCIAS DE GENDARMERÍA DE CHILE Y CREACIÓN DE DELITO GENERAL DE EXTORSIÓN


El señor GUZMÁN (Secretario General).- El señor Presidente pone en discusión el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que refuerza las competencias de Gendarmería de Chile y crea un delito general de extorsión, iniciativa correspondiente al boletín N° 15.561-07.
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho calificándola de "suma".
--A la tramitación legislativa de este proyecto (15.561-07) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Este proyecto de ley tiene dos propósitos básicos: por un lado, reforzar las competencias de Gendarmería de Chile, y por otra parte, crear la figura penal de extorsión.
En cuanto a lo primero, se trata, en síntesis, de flexibilizar las condiciones de intervención de Gendarmería de Chile como auxiliar de la investigación de delitos, de manera que la institución quede disponible para el desarrollo de diligencias de investigación en la medida en que el Ministerio Público lo estime pertinente y necesario.
Además, con este propósito se incorpora a Gendarmería de Chile como miembro pleno de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, así como en las Comisiones Regionales de Coordinación de dicho sistema.
En este mismo aspecto, el proyecto plantea permitir que Gendarmería de Chile acceda al banco unificado de datos, de manera que su participación en dicho banco de datos no solo le permita cumplir su función de sustentar políticas de reinserción, sino que le ayude, además, a tomar decisiones propias de administración penitenciaria.
Respecto del delito de extorsión, la iniciativa pretende consagrar una norma que regule de forma amplia esta figura, sin limitar los medios comisivos que se utilicen y, en cuanto a las penas, asimilarlo a las asignadas para el delito de robo.
La Comisión de Seguridad Pública deja constancia de que discutió la iniciativa en general y en particular, y acordó proponer, unánimemente, que en la Sala sea considerada del mismo modo.
Además, hace presente que la iniciativa de ley resultó aprobada en general y en particular por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señora Gatica y señores Flores, Kast, Pugh y Saavedra, en los mismos términos en que fue despachada por la Honorable Cámara de Diputados.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 3 y 4 del certificado de la Comisión de Seguridad Pública y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Es todo, señor Presidente.


El señor COLOMA (Presidente).- Muchas gracias.
Ofrezco la palabra al Senador Kast, para que entregue el informe respectivo.

El señor KAST.- Muchas gracias, Presidente.
En verdad, este es un proyecto de ley bastante simple, pero no por eso menos importante. Y al igual que el anterior, se aprobó por unanimidad.
Básicamente, la iniciativa se hace cargo de un delito que tal vez en el pasado no era muy usual en Chile, pero que ahora, como le sucedió a la familia Correa, se han dado casos de sicariato.
En esta ocasión asistieron, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el asesor señor Tomás Humud; el Jefe de asesores de la Subsecretaría de Prevención del Delito, señor Rodrigo Muñoz; la Ministra de Interior, señora Carolina Tohá; el Subsecretario del Interior, señor Manuel Monsalve; el Subsecretario de Prevención del Delito, señor Eduardo Vergara, y el Ministro de Justicia.
Asistieron por parte de los Senadores la señora María José Gatica y los señores Iván Flores, Gastón Saavedra, Kenneth Pugh y quien habla.
La idea matriz y fundamental del proyecto consiste en modificar el Código Penal para sancionar los actos preparatorios o de conspiración para cometer el delito de homicidio calificado por premio, promesa remuneratoria o ánimo de lucro.
El mensaje del proyecto plantea que durante los últimos años nuestro país, de conformidad a la estadística de la Subsecretaría de Prevención del Delito, enfrenta un incipiente y preocupante cambio de las características de criminalidad.
La gravedad del problema ha motivado una serie de mociones parlamentarias para aumentar las penas para el delito de homicidio calificado por premio, promesa remuneratoria o ánimo de lucro, o bien para anticipar...

El señor COLOMA (Presidente).- Senador.

El señor KAST.- ¿Perdón?

El señor COLOMA (Presidente).- Estamos en el cuarto proyecto.

El señor KAST.- Ah, ¿no es el del sicariato?

El señor COLOMA (Presidente).- No.

El señor KAST.- ¡Perdón!

El señor ESPINOZA.- ¡Estamos legislando apurados...!

El señor KAST.- Estoy medio piti, Presidente. Disculpe (el Senador mira uno de los monitores de la Sala a su izquierda).
(Rumores).

El señor COLOMA (Presidente).- ¡Yo entiendo el entusiasmo del Senador Kast...!

El señor KAST.- Es que estamos muy entusiasmados con varios proyectos.

El señor COLOMA (Presidente).- Estaba pasando al quinto.

El señor KAST.- ¿Estamos en el de Gendarmería, entonces?

El señor COLOMA (Presidente).- Es el cuarto proyecto, el de Gendarmería.

El señor KAST.- ¡Ah, por Dios!

El señor ESPINOZA.- ¡De por informado el de sicariato...!

El señor KAST.- Se da por informado el del sicariato, tal cual. Muy bien.
Vamos, entonces, al proyecto boletín N° 15.561-07.
En este caso, estuvieron presentes la Ministra del Interior y las personas que nombré recientemente, porque lo tratamos en la misma jornada.
La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en permitir que Gendarmería pueda tener capacidad de investigación y formar parte de la realidad investigativa del país.
La presente iniciativa en verdad es bastante simple -el Ministro de Justicia nos acompañó durante gran parte de la sesión e incluso contamos con la presencia del Director Nacional de Gendarmería, con quien me reuní el día lunes- y busca que Gendarmería pase a cumplir un rol investigativo, porque muchas veces se piensa que el delito termina cuando el delincuente entra a la cárcel. Y resulta que hoy día pasa todo lo contrario. Muchas veces la carrera delictual comienza al interior del penal.
Yo quiero felicitar al Ministro de Justicia, porque tiene bastante conciencia de esta realidad. Y me alegra que el combate al delito no sea competencia solo del Ministerio del Interior o de la Subsecretaría de Prevención del Delito, sino también de la Cartera de Justicia.
Uno de los dramas que se manifestó, y que el proyecto busca arreglar, es que Gendarmería no tenía acceso a la Base Unificada de Datos, incluso para sus propias funciones y así poder segmentar a los reos, rehabilitar, o colaborar con la Policía de Investigaciones en la persecución penal, aunque nos comentaron que esa cooperación se hacía de facto y, en la práctica, no estaba regulada.
Fue un proyecto que contó con la unanimidad de los miembros de la Comisión. Y, a diferencia de otras iniciativas, no sufrió modificaciones importantes y solo fue requerida una enmienda muy menor.
Así que, Presidente, invito a la Sala a que ojalá podamos colaborar con este proyecto y que lo hagamos realidad para que de esta manera Gendarmería se transforme en una institución que nos permita perseguir el crimen organizado, cosa que hoy día desgraciadamente no está contemplado en nuestra legislación.
Invito a la Sala a aprobar el proyecto.

El señor COLOMA (Presidente).- Muchas gracias, Senador.
Ofrezco la palabra al Senador Espinoza.

El señor KAST.- Presidente, abra la votación.

El señor COLOMA (Presidente).- Abriremos la votación.
Y las intervenciones serán de hasta tres minutos, como habíamos quedado.
Disculpe, Senador Espinoza.
¿Quién está pidiendo la palabra por reglamento?
Senador Insulza.

El señor INSULZA.- Presidente, estoy enteramente de acuerdo con el proyecto, lo que ocurre es que entremedio trae un artículo, con el cual también estoy de acuerdo, que redefine el delito de extorsión. Y redefinirlo no es cualquier cosa, porque hoy día es uno de los ilícitos más practicados por el crimen organizado en el país.
Entonces, creo que por un tema de procedimiento, deberíamos votar primero lo de Gendarmería. En eso no tengo ningún problema. Y después decir algo respecto de la extorsión.
Es lo que llamaríamos un proyecto relativamente mixto, Presidente. Y nada más ni nada menos que establece una redefinición del delito de extorsión, que es realmente muy importante.

El señor COLOMA (Presidente).- Pero, a ver, ¿está bien definido?

El señor INSULZA.- A primera vista sí, pero no sé si el señor Ministro tiene...

El señor COLOMA (Presidente).- El problema sería si estuviera mal definido.

El señor INSULZA.- ¿Perdón?

El señor COLOMA (Presidente).- El problema grave sería si estuviera mal definido.

El señor INSULZA.- No, creo que lo define mejor que en el Código Penal, pero francamente no estoy seguro a primera vista, así, a ojo.
Había visto esto -quiero confesarlo- como un proyecto sobre Gendarmería, y estaba completamente de acuerdo. Y de pronto me encuentro con el reemplazo del artículo 438 por el siguiente: "El que para obtener un provecho patrimonial para sí o para un tercero constriñere a otro con violencia o intimidación", etcétera, etcétera, "será castigado con las penas respectivamente señaladas en este párrafo para el culpable de robo".
La verdad que esta cosa a mí me pone un poquito inquieto, Presidente, para ser bien franco.
Porque creo que las tres principales actividades del crimen organizado, por lo menos en mi región, son el tráfico de personas, el tráfico de drogas y la extorsión. Y diría que a estas alturas hay más gente dedicada a la extorsión que a otra cosa.
Entonces, tratarlo en medio de un proyecto sobre Gendarmería, ¡me parece un poquito raro! Pienso yo.

El señor COLOMA (Presidente).- Está bien.
Le entiendo su punto, Senador.
Lo que pasa es que aquí estamos viendo un proyecto que lo incluye y viene con votaciones unánimes.
Entonces, ahí se me produce a mí un problema para la secuencia posterior...

El señor MOREIRA.- ¿Va a votar en contra del proyecto?

El señor INSULZA.- No, lo voy a votar a favor.
(Rumores y risas en la Sala).

El señor COLOMA (Presidente).- Ah, entonces es más fácil.

El señor INSULZA.- No digo que vaya a votar en contra. Digo que quiero hacer ver solamente...

El señor COLOMA (Presidente).- Usted, está haciendo una advertencia.

El señor INSULZA.- De cierta manera, me estoy haciendo eco de ciertas cosas que dijo el Senador Elizalde hace un rato, que aquí finalmente cualquier cosa cabía. De repente en medio de un proyecto sobre Gendarmería se nos mete uno de los principales delitos cometidos por el crimen organizado en el país.

El señor COLOMA (Presidente).- Pero por suerte está bien.
Entonces, es como un asterisco reglamentario, en el sentido de señalar: ¡ojo!, esto es más profundo; pero mientras la profundidad sea buena, tenemos de alguna manera que hacerle espacio.
Bueno, estamos por abrir la votación. Se rindió el informe y aquí debemos actuar conforme al Reglamento.
Está abierta la votación.
Ofrezco la palabra al Senador Walker.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- En votación.
(Durante la votación).

El señor WALKER.- Señor Presidente, es cosa de escuchar al ex Director Nacional de Gendarmería, don Christian Alveal, para percatarse de que, a propósito de la crisis penitenciaria que vive nuestro país -y que bien conoce el Ministro de Justicia, don Luis Cordero Vega, que se encuentra presente con nosotros y que sé que ha empeñado su nuevo liderazgo en esa Cartera para tratar de ir resolviendo dicha crisis penitenciaria-, la extorsión es un delito, lamentablemente, con cada vez mayor ocurrencia, donde personas privadas de libertad agreden, torturan y aplican todo tipo de violencia contra otros internos; graban estos apremios ilegítimos y los envían a los familiares con el objeto de obtener un pago.
Entonces, en buena hora este proyecto redefine el delito de extorsión.
Supongo que el comentario del Senador José Miguel Insulza atribuye la iniciativa a una virtud y no a un defecto, porque en esta semana legislativa estamos analizando las nuevas formas de comisión de delitos por parte del crimen organizado para ver cómo abordar no solo un aumento de penas, sino también para establecer algunas medidas de prevención -y acá está precisamente el Subsecretario de Prevención del Delito, don Eduardo Vergara, quien se ha dedicado por años a estudiar tales fenómenos y a implementar soluciones- que otorguen más facultades a Gendarmería y para redefinir el delito de extorsión.
Desde luego, resulta fundamental incorporar a Gendarmería en el Banco Unificado de Datos, que lamentablemente no ha dado los resultados que se esperaban cuando se planteó la agenda corta antidelincuencia en el Gobierno de la Presidenta Bachelet. Algunos señalan que es por resistencia de las propias Policías a compartir sus datos. Yo me niego a creer que sea así. Me imagino que tanto la Policía de Investigaciones como Carabineros tienen la mejor voluntad de poner sus datos, sus años de esfuerzo, de dedicación, de investigación, a disposición del sistema.
Nosotros vamos a aprobar este proyecto, Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).- Muchas gracias, Senador.
Senador Insulza, tiene la palabra.

El señor INSULZA.- Por su intermedio, Presidente, quisiera pedir que el Senador Walker me mostrara un solo artículo del proyecto que tenga algo que ver con el delito de extorsión, que no sea aquella norma a la que me he referido. No hay absolutamente nada en el texto que tenga que ver con ese tema.
Así que no nos engañemos.
Aquí hay dos asuntos distintos que están metidos en el mismo proyecto. Constatémoslo y sigamos adelante, como dijo usted, dejando una nota sobre procedimiento que a mí me sirve para decir que mucho de esto es improvisado simplemente.

La señora ALLENDE.- Sí, tiene toda la razón.

El señor COLOMA (Presidente).- Diríjase a la Mesa y yo puedo transmitirle el punto al Senador.
Tiene la palabra el Senador Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, este proyecto de ley es de suma importancia, ya que, por una parte, permite que Gendarmería de Chile, por instrucciones del Ministerio Público, pueda practicar y efectuar investigaciones al interior de los recintos penales, como auxiliar de dicho organismo; y asimismo refuerza la penalidad contenida en el artículo 304 bis del Código Penal para los funcionarios que ingresen teléfonos móviles o equipos electrónicos complementarios, para que sean utilizados por los reclusos, y cuando el funcionario cometa el referido delito para facilitar la perpetración de otros crímenes que señala.
Asimismo, se reemplaza el texto actual del artículo 438 del Código Penal, que contiene la sanción del delito de robo, para quien, con ánimo de defraudar a otro, lo obligue con violencia o intimidación a suscribir, otorgar o entregar un instrumento público o privado que importe una obligación estimable en dinero.
El texto que se introduce a dicho artículo 438 es del siguiente tenor: "El que para obtener un provecho patrimonial para sí o para un tercero, constriñere a otro con violencia o intimidación a suscribir, otorgar o entregar un instrumento público o privado que importe una obligación estimable en dinero, o a ejecutar, omitir o tolerar cualquier otra acción que importe una disposición patrimonial en perjuicio suyo o de un tercero, será castigado con las penas respectivamente señaladas en este párrafo para el culpable de robo".
O sea, la citada norma crea el delito general de extorsión, que se ha generalizado al interior de las cárceles, mediante el cual se constriñe a la víctima para que haga una disposición patrimonial en favor del extorsionador, ya sea mediante la suscripción de documentos públicos o privados, o para ejecutar, omitir o tolerar cualquier otra acción que tenga por finalidad efectuar la referida disposición patrimonial en perjuicio suyo o de un tercero.
Nos parecen muy acertadas tanto la norma que permite actuar a Gendarmería como auxiliar del Ministerio Público en caso de que así se disponga por ese organismo, porque ello se traducirá en la disminución de las conductas delictivas intercarcelarias, como la que crea el delito de extorsión, ya que dicha conducta no estaba normada hasta ahora en nuestra legislación penal y se hace necesario que así se tipifique y sancione.
Nosotros en la Región de Valparaíso interpusimos acciones de denuncia respecto de personas que practicaban este tipo de extorsiones. Y logramos desbaratar dos bandas que operaban en la comuna de Concón.
Acá se requiere lograr tipificar el delito de extorsión y creemos que el proyecto lo hace de manera útil y conveniente.
Del mismo modo, esta proposición de ley viene a complementar, justamente, las acciones que Gendarmería puede ejecutar al interior de los recintos penitenciarios.
Con el Senador Kast -por su intermedio, Presidente- presentamos un proyecto para evitar que se introdujeran artículos a las cárceles con el objeto de perpetrar algún tipo de delito. Esa norma fue aprobada y la presente iniciativa la viene a complementar.
He dicho, señor Presidente.
Vamos a votar favorablemente.

El señor COLOMA (Presidente).- Muchas gracias, Senador.
Pido la unanimidad para que pueda hablar el Ministro de Justicia.
Muy bien.
Ministro, tiene la palabra.

El señor CORDERO (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).- Muchas gracias, señor Presidente.
Por su intermedio, entrego mi saludo a todas las Senadoras y a todos los Senadores presentes.
De manera breve, quiero señalar la importancia de este proyecto, porque ningún plan que tenga por objetivo enfrentar la criminalidad organizada resulta posible si no analizamos la realidad carcelaria.
Habitualmente, en las discusiones que han estado asociadas a parte del debate público solemos poner énfasis en los aspectos negativos y no en los positivos.
Este proyecto viene a reconocer las competencias de Gendarmería desde el punto de vista concreto de sus habilidades, con una gran unidad de investigación criminal en su interior y que, a juicio del Ministerio Público, tiene estándares iguales o superiores al de las otras instituciones que colaboran con ellos.
El proyecto resulta relevante no solo para que Gendarmería realice investigaciones al interior de los recintos penales respecto de delitos que se cometen allí, sino además porque dentro de las cárceles también es posible combatir el crimen organizado.
Gendarmería se ha ido transformando con el tiempo en una institución clave para la persecución penal y este proyecto reconoce esa función.
Sin embargo, Sus Señorías, es mi responsabilidad advertirles que en la medida en que la complejidad contra los delitos aumenta, también crece el número de personas que se encuentran privadas de libertad. En el último año, hemos tenido un incremento de 12 por ciento por tal concepto y los números van a seguir aumentando.
Hago esta advertencia, Sus Señorías, porque para mirar la situación en términos sistémicos, tal como lo planteé en la Comisión de Seguridad de este Honorable Senado, no solo debemos poner énfasis en los aspectos mencionados, sino también en el cumplimiento de las condenas.
Muchas gracias.
Muy amable, señor Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).- Muchas gracias, Ministro.
Tiene la palabra el Senador Juan Castro.

El señor CASTRO (don Juan).- Gracias, Presidente.
La verdad es que en materias penales o relacionadas con Gendarmería nunca he podido entender por qué en las cárceles los teléfonos celulares funcionan, cuando la tecnología actual permite evitar que dentro de los penales exista señal.
Cada vez que uno conversa con algún amigo que ha estado preso, qué es lo que dice: que al interior de las cárceles es donde se dirige la delincuencia en el país y en nuestras poblaciones.
Por eso creo que hoy día, si tenemos un Ministro de Justicia preocupado de evitar que sigan ocurriendo hechos delictuales en Chile, deberíamos partir por prohibir de una vez por todas cualquier tipo de comunicación al interior de las cárceles.
Eso sería maravilloso, y traería mucho beneficio para la seguridad de la población.
He dicho, Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).- Muchas gracias, Senador.
¿No hay más inscritos?
¿El Senador Kast no lo está? Porque aparece registrado para intervenir.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor COLOMA (Presidente).- Voy a esperar 30 segundos.
(Luego de unos instantes).
Terminada la votación.

--Se aprueba en general y en particular el proyecto (41 votos a favor), y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Carvajal, Ebensperger, Gatica, Núñez, Órdenes, Pascual, Provoste, Rincón y Sepúlveda y los señores Castro González, Castro Prieto, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Edwards, Elizalde, Espinoza, Flores, Galilea, García, Huenchumilla, Insulza, Kast, Kuschel, Lagos, Latorre, Macaya, Moreira, Ossandón, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Soria, Van Rysselberghe y Walker.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Están registrados en la Mesa los siguientes pareos: del Senador señor Prohens con el Senador señor Araya, y del Senador señor Gahona con el Senador señor Bianchi.


El señor COLOMA (Presidente).- Queda despachado el proyecto en los mismos términos en que fue aprobado por la Cámara de Diputados.
Finalmente, pasamos al quinto proyecto, respecto del cual el Senador Kast ya nos hizo un preámbulo.

El señor COLOMA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.



SANCIÓN DE CONSPIRACIÓN PARA LA COMISIÓN DEL DELITO DE SICARIATO


El señor GUZMÁN (Secretario General).- El señor Presidente pone en discusión el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Penal para sancionar la conspiración para cometer el delito de homicidio calificado por premio, promesa remuneratoria o ánimo de lucro, iniciativa correspondiente al boletín N° 15.559-07.
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho calificándola de "suma".
--A la tramitación legislativa de este proyecto (15.559-07) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El objetivo de este proyecto es sancionar con la pena de presidio menor en su grado máximo a quien conspire para cometer sicariato, esto es, homicidio calificado por premio o promesa remuneratoria o por cualquier otro medio que implique ánimo de lucro, delito contemplado en el artículo 391, N° 1, circunstancia segunda del Código Penal.
La Comisión de Seguridad Pública hace presente que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, por tratarse de una iniciativa de artículo único, la discutió en general y en particular, y acordó proponer unánimemente que en la Sala sea considerada del mismo modo.
Asimismo, deja constancia de que la iniciativa de ley resultó aprobada en general por la unanimidad de sus integrantes, Honorables Senadores señora Gatica y señores Flores, Kast, Pugh y Saavedra; y que en particular la aprobó con la enmienda y las votaciones que se consignan en el respectivo certificado.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 4 y 5 del certificado de la Comisión de Seguridad Pública y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Cabe hacer presente que el Honorable Senador señor Latorre ha solicitado votación separada del número 3), nuevo, del artículo único de la iniciativa, mediante el cual se incorpora en el Código Penal un artículo 400 bis, norma que figura en la página 3 del comparado que está a disposición de Sus Señorías.
En consecuencia, respecto de este proyecto se deben realizar dos votaciones.


El señor COLOMA (Presidente).- Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Senador Kast, para rendir el informe correspondiente.

El señor KAST.- Gracias, Presidente.
¿Ahora tengo que hablar de Gendarmería, o no...? (Risas).
¡No, no!
Vamos con el sicariato.
Respecto de esta iniciativa, no voy a partir desde el inicio, pues ya hice una vasta introducción; solo quiero concluir diciendo que se generó un debate sobre si es que se debía incorporar el hecho de que aquellos que hicieran un llamado o convocatoria a este tipo de actividades también debiesen tener la misma penalidad. Finalmente, esa opción se rechazó 3 votos contra 2, básicamente porque se consideró que la palabra "conspiración" ya incluía todo lo anterior.
Únicamente deseo clarificarles a los colegas que en la Comisión estuvo presente ese debate.
Como les señalé, sí pienso que se trata de un proyecto muy relevante; creo que ordena nuestro Código Penal en materia de sicariato, y además permite hacerse cargo de todas las cadenas que hay en medio, porque efectivamente podemos tener a alguien que ordene un sicariato contratando a otra persona para que lo encargue.
Entonces, acá hay varios anillos de posibilidades de conversación, y finalmente el texto quedó regulado de buena manera, porque incluye todo ello.
Insisto: este es un fenómeno que desgraciadamente en Chile ha venido ocurriendo con más frecuencia, si bien no a la escala que vemos en otros países del continente; pero si no nos adelantamos, si no legislamos con claridad y fuerza en este ámbito, ciertamente estaremos al debe.
Este proyecto se aprobó unánimemente en la Comisión, excepto algunas indicaciones que fueron objeto de votación separada; y, por lo mismo, invito a Sus Señorías a votarlo a favor.

El señor COLOMA (Presidente).- Muchas gracias, Senador Kast.
Conforme a la petición del Senador Latorre, vamos a hacer lo siguiente: abriremos la votación en general y particular de todos los artículos respecto de los cuales no se pidió votación separada; una vez realizado aquello, nos abocaremos a la norma que el Senador Latorre pidió votar separadamente.
Señalo esto para hacer más fácil el procedimiento.
¿Queda claro?

El señor OSSANDÓN.- ¡Y ofrecerá la palabra también!

El señor COLOMA (Presidente).- Así es.
Tiene la palabra la Senadora Núñez, por hasta tres minutos, tal cual habíamos acordado.

La señora NÚÑEZ.- Muchas gracias, señor Presidente.
Hace dos días, a sangre fría, en pleno centro de la comuna de Antofagasta un extranjero asesinó a otro. La víctima: un joven que recibió impactos de bala en el tórax y que falleció frente a un grupo de personas que estaban a su alrededor.
Obviamente, quien cometió el delito salió caminando y hasta el día de hoy no se sabe de su paradero.
Se trata de un delito importado que no se veía en nuestras calles y que, si no lo frenamos ahora y no endurecemos nuestra legislación, lamentablemente no solo se empezará a normalizar, sino que quedará en la impunidad total, con lo que se quebrantará el orden social.
El proyecto que nos convoca, en el marco de seis iniciativas que hemos estado discutiendo en el Senado, cinco de las cuales se han visto hoy en esta Sala, busca sancionar la conspiración para cometer el delito de homicidio calificado por premio, promesa remuneratoria o ánimo de lucro; es decir, esta modificación plantea castigar con la misma pena tanto a quien de manera seria propone la comisión de un homicidio a cambio de un pago o beneficio como a quien acepta también de manera seria dicho encargo.
La pena que se establece a este tipo penal especial de sicariato iría de tres años y un día a cinco años, una pena alta para un acto preparatorio que no es otra cosa que un delito de peligro, pues no existe aún lesión a la vida en su calidad de bien jurídico protegido.
Hoy ese bien jurídico protegido, lamentablemente, se está desprotegiendo, porque mediante encargo y por cifras bajísimas alguien está disponible a quitarle la vida a otra persona.
En ese mismo espacio, señor Presidente, en el centro de nuestra comuna de Antofagasta el año pasado la delincuencia aumentó en 172 por ciento. A diciembre de 2022 se registraron 842 homicidios; solamente considerando este tipo de delito, el aumento es de 43 por ciento en relación con el año 2021: es decir, tenemos a 922 personas asesinadas.
Señor Presidente, lamento que hoy no votáramos al menos en general el proyecto de ley conocido como "Nain-Retamal", porque evidentemente es una señal errada hacia la ciudadanía que no hayamos sido capaces como Senado de hacer aquello.
Obviamente, el Ejecutivo como colegislador tiene todo el derecho a ingresar indicaciones, y es razonable que nos tomemos el tiempo prudente para discutirlas a fin de que salga un buen proyecto; pero la señal de no haberlo votado en general acá demuestra que la reflexión que hace unos días realizó el Presidente queda en su mente y en su corazón, pero no se traduce en ordenar a sus parlamentarios en el Senado.
Lamento profundamente aquello, y quería manifestarlo.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).- A usted, Senadora.
Tal como lo indicamos hace un momento, procederemos a abrir la votación.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- En votación.
(Durante la votación).

El señor COLOMA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Espinoza.

El señor ESPINOZA.- Muchas gracias, Presidente.
Lamento que sigamos en la misma tónica. Creo que fuimos bastante claros al inicio de las intervenciones del día de hoy, en el sentido de que ese proyecto debe ser revisado con mayor acuciosidad, pues presenta modificaciones en doce de sus artículos. Por lo tanto, esto de la señal que plantea la Senadora que me antecedió en la palabra no es más que una pretensión de sacar un mezquino provecho político de una situación puntual, en circunstancias de que en un par de horas vamos a tener aprobados cinco proyectos de ley.
La Cámara de Diputados, como dijo el ex Presidente Elizalde, tuvo esa iniciativa un año, ¡y quieren que nosotros la despachemos en cinco horas...!
Me parece de mala fe ese tipo de actuaciones en esta materia, sobre todo cuando proviene de una Senadora que no acostumbra a realizar acciones de esa naturaleza.
Con respecto al proyecto que ahora nos ocupa, me parece un acierto absolutamente positivo para el país el que hoy día se legisle a fin de sancionar y tipificar como delito bastante grave la conspiración para el sicariato. Si bien lo planteado por la Senadora es efectivo, porque se trata de un delito que viene desde fuera y que ha impactado con mucha fuerza en el último tiempo, ya que por irrisorias y preocupantes cifras de dinero se persigue provocar la muerte de una persona, consideramos muy trascendental que desde ese punto de vista haya sanciones más efectivas, sanciones que definitivamente vayan más allá de lo que hoy día se establece.
En la actualidad, el sicariato tiene sanciones bastante altas, incluso algunas llegan a la cadena perpetua. Eso hay que dejarlo claro. Lo que está agregándose en esta iniciativa es la conspiración para cometer el delito.
Este tema me recuerda un hecho muy doloroso que vivimos en nuestra Región de Los Lagos y que causó conmoción a nivel nacional: la muerte de una profesional, de una contadora en Puerto Varas, caso respecto del cual toda la comunidad tiene plena claridad acerca de cómo ocurrió y en que hubo una mala investigación judicial para dar con los responsables directos. Se llegó solamente al último eslabón de la cadena, una persona que hoy día se halla cumpliendo condena; pero todo el país sabe lo que sucedió en ese cruel asesinato de una mujer y madre de Puerto Varas, quien murió en circunstancias probablemente enmarcadas dentro de lo que es un sicariato y que, de haber existido esta normativa, se habría contado con mecanismos de investigación más profundos.
Valoro enormemente -y con esto termino, Presidente- el que aquí se sancione también de manera drástica a quienes conspiran para cometer este tipo de acto tan deleznable en nuestra sociedad.
Por lo tanto, mi voto es a favor.

El señor COLOMA (Presidente).- Muchas gracias, Senador Espinoza.
La Senadora Núñez me ha pedido hacer uso de su derecho a réplica.
Le voy a dar la palabra para tal efecto después de terminada la votación, porque eso es lo que corresponde conforme al Reglamento.
Senador Chahuán, tiene la palabra.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, el proyecto de ley para el cual se nos ha convocado en esta oportunidad sanciona la conspiración para cometer el delito de sicariato como una figura penal independiente, conforme lo autoriza el artículo 8 del Código Penal, quedando como un delito de peligro abstracto.
Quiero decir que en el año 2010, y existiendo señales incipientes de que podrían cometerse delitos de sicariato en el país, al igual que en otras naciones del continente, presenté la primera moción que buscaba sancionar el sicariato, que ya lleva trece años esperando para ser tramitada en la Comisión de Constitución del Senado. Básicamente a lo que aspiraba ese proyecto, al igual que este, era a incorporar un artículo 391 bis al Código Penal, del siguiente tenor:
"Constituye delito de sicariato el homicidio que se cometa por precio, promesa remuneratoria, dádiva, o cualquier otra compensación de significación económica, o para obtener en forma directa un beneficio económico para sí o para terceros.
"Este delito será penado con presidio perpetuo, la que se impondrá al autor intelectual del hecho o contratante, cómplice y encubridor, sin perjuicio de las otras penas que correspondiere aplicar de acuerdo a las normas de este Código".
Si bien la pena que se contempla en esta moción es muy elevada, la establecimos para que se discutiera prontamente en la Comisión pertinente; pero lamentablemente no fue así, y desde entonces se ha archivado en dos oportunidades -logramos su desarchivo, pero no hubo posibilidad de que en dicha instancia se pudiera tramitar esta iniciativa; por eso valoro el que hoy día tengamos una Comisión de Seguridad que ciertamente pueda discutir este tipo de proyectos de manera independiente- por no tener movimiento legislativo, conforme lo dispone el artículo 36 bis del Reglamento de la Corporación, y en dos ocasiones he debido solicitar su desarchivo para mantenerla vigente.
En esa oportunidad estimamos que la conspiración, como parte del desarrollo del delito, sería discutida en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Y el tiempo nos dio la razón -¡el tiempo nos dio la razón: trece años después!-, ya que hace aproximadamente tres años, en la comuna de Concón, a la que represento en este Hemiciclo, se cometió un sicariato que causó conmoción nacional, asesinándose al empresario inmobiliario Alejandro Correa, y hace cerca de un año se impuso condena con altas penas al autor intelectual, al autor material y a dos cómplices de este delito.
Finalmente, el proyecto ha quedado con la pena de presidio menor en su grado máximo, cuando se actúe por beneficio económico o de otra naturaleza en provecho propio o de terceros.
Asimismo, en caso de que este delito se cometiere en contra de un juez con competencia en lo penal; de un fiscal del Ministerio Público, de un defensor penal público; de un funcionario de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile o de Gendarmería de Chile, en razón del ejercicio de sus funciones, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).

El señor COLOMA (Presidente).- Puede continuar, Senador, por un minuto más.

El señor CHAHUÁN.- ... a presidio mayor en su grado mínimo.
Por último, se aprobó una indicación que incorpora un artículo 400 bis, el cual sanciona con la pena aumentada en un grado al delito de lesiones que se cometa por encargo, premio o promesa remuneratoria, o cualquier otro beneficio, para sí o para un tercero.
Consideramos importante aprobar este delito de sicariato que se incorpora a nuestra legislación penal, a fin de no terminar como otros países latinoamericanos, en donde se ofrece incluso por internet llevar a cabo acciones de sicariato, con sus tarifas, lo que constituye una conducta realmente deleznable.
También quiero adherirme a las palabras expresadas por la Senadora Paulina Núñez. Claramente acá teníamos la oportunidad de dar una señal potente, no votando en particular el proyecto conocido como "Ley Nain-Retamal" si requería mayor estudio, pero sí pronunciándonos en general.
Pensamos que hoy habríamos concretado una señal política potente en el combate a la delincuencia... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).

El señor COLOMA (Presidente).- Gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador Latorre.

El señor LATORRE.- Gracias, Presidente.
Entiendo que ahora solo se trata de argumentar respecto de este proyecto. Yo voy a votar favorablemente todas las normas en que no hubo diferencias.
Al respecto, básicamente hablando de nuevo sobre datos levantados, estos dan cuenta de que entre el 2018 y el 2022 se han registrado cuarenta y dos homicidios en contextos de encargo o sicariato, de los cuales el 60 por ciento ocurrieron en la Región Metropolitana, y el 74 por ciento de ellos fue cometido con un arma de fuego. O sea, en pocos años ha habido un aumento muy significativo de homicidios por sicariato, delito al que no estábamos acostumbrados en nuestro país, que no teníamos el hábito de ver en forma tan cotidiana como lamentablemente sucede en otros países.
El delito de sicariato ya existe en nuestro ordenamiento jurídico, Sin embargo, requiere mejoras, y este proyecto viene a contribuir en tal sentido, dado que no aumenta penas, sino que crea un nuevo delito: la conspiración de sicariato. Con esta propuesta, cuando dos o más personas se pongan de acuerdo para que una de ellas mate a un tercero a cambio de una remuneración o contraprestación, serán castigadas por este delito, independiente de si el asesinato finalmente se consumó.
Presidente, entiendo que después voy a tener la oportunidad de referirme a la votación separada, porque ahora solo estamos en la fundamentación sobre lo que no hay diferencias en este proyecto.
¿Es así, Presidente?

El señor COLOMA (Presidente).- Exactamente, Senador.

El señor LATORRE.- Entonces, quedo hasta aquí.
Voto a favor, Presidente.
Gracias.

El señor COLOMA (Presidente).- A usted, Senador.
Tiene la palabra el Senador Pugh.

El señor PUGH.- Muchas gracias, señor Presidente.
Si esta normativa debiera tener un nombre, tal como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, yo la denominaría "Ley Alejandro Correa".
¿Quién era Alejandro Correa?
Un vecino nuestro, de nuestro barrio en Concón, a quien conocíamos, que el 10 de mayo del 2020 tuvo una discusión con una persona que estaba haciendo un loteo brujo, un loteo ilegal en un terreno de su propiedad, a la cual denunció -tuvo la capacidad de denunciar el ilícito que estaba ocurriendo-, y cuatro días después lo asesinaron en la puerta de su casa.
Ese fue un asesinato por encargo.
Ese es el sicariato, lo que nos afecta y nos golpea incluso con nuestros vecinos.
Yo rindo, pues, un homenaje a la familia de Alejandro Correa, a la que le ha tocado vivir esta situación y que ha debido hacer la imposible para dar con aquellos que mataron a su padre, a su esposo, a una persona que tenía todo nuestro respeto.
¿Por qué es importante entonces destacar este hecho, señor Presidente? Porque la verdad es que si uno analiza la cantidad de armas que hay en Chile, constatará que sigue siendo la misma; lo que pasa es que los delincuentes están usando las armas de forma violenta para enfrentar a las Policías, y les disparan incluso hasta en los vehículos en el momento en que se están bajando. Es el caso de la hoy suboficial mayor Rita Olivares, cuya familia nos estuvo visitando.
Yo quiero decir con esto, señor Presidente, que el delito y el crimen organizado han cambiado completamente, y que se están cometiendo acciones que no veíamos antes. Por eso es tan importante regularlo y tener no solo la tipificación, sino también las penas correctas. Pero con esta iniciativa se agregan -y aquí viene la parte que también es importante en el trabajo de las Comisiones- las lesiones por encargo: no solamente se incluye a todos aquellos que participen para asesinar una persona, como en el sicariato, sino también a aquellos que se organicen para afectar con lesiones a personas.
Es mucho más amplio el criterio, y por eso espero que el Ministerio Público tenga las herramientas para perseguir a estas personas. No podemos permitir que los delincuentes fijen sus normas, ni siquiera con este sistema de lesiones por encargo.
No queremos que más personas, como Alejandro Correa, sean asesinadas en la puerta de su casa, como tampoco que sean golpeadas o vejadas para que el crimen organizado pueda imponer su orden.
Es el orden del Estado, es el Estado de derecho el que debe primar. Para eso es necesario empoderar a nuestras Policías, facultar al Ministerio Público para perseguir como corresponde, y que esa persecución penal sea efectiva. También es necesario que las personas denuncien. Sin la denuncia efectiva, incluso de lesiones por terceros, no se puede actuar; hoy la ley las va a proteger.
Por eso voto a favor, señor Presidente.
He dicho.
Muchas gracias.

El señor COLOMA (Presidente).- A usted, Senador.
Senadora Pascual, tiene la palabra.

La señora PASCUAL.- Gracias, Presidente.
Yo quiero manifestar nuestro voto a favor.
Creo que el mensaje del Gobierno es claro para poder actualizar nuestra legislación a fenómenos delictivos que lamentablemente no comenzaron el año 2022.
Solo quiero comentar que yo fui concejala de la comuna de Santiago a partir del año 2008, y el delito de extorsión, el matonaje y también las situaciones de lesiones o de encargos que hoy día estamos colocando bajo el rótulo de sicariato, ya se daban en ese tiempo. Por lo tanto, tenemos fenómenos complejos que han estado pasando en nuestro país y respecto de los cuales no se han tomado a tiempo, o, mejor dicho, con mayor antelación los resguardos necesarios.
Me parece importante desde esta perspectiva lo que se plantea en el mensaje, en materia de poder sancionar no solo el hecho propiamente tal cuando se consuma, sino también la conspiración para el sicariato. Yo creo que desde esa perspectiva es importante que pueda darse este proyecto de ley.
Por lo mismo, solo quiero plantear la inquietud en términos del 400 bis -entiendo que está pedida la votación por separado-, con relación a que habría sido importante que fuera incluida la conspiración para generar esas lesiones, que es lo que se quiere penar y que acaba de explicar el Senador Pugh. Sin embargo, según su redacción se incluye solo si es que ya se han cometido; no está el tema de la conspiración.
Creo que, desde esa perspectiva, se podría haber reforzado aún más la idea matriz del proyecto si la redacción hubiera sido de otra forma.
Gracias.

El señor COLOMA (Presidente).- A usted, Senadora.
Tiene la palabra el Senador Quintana.

El señor QUINTANA.- Gracias, señor Presidente.
Bueno, como se sabe, la regla general en materia criminal es que se penan, se condenan, se sancionan los hechos consumados, ya ocurridos.
Yo creo que aquí hay una variación bien interesante en este sicariato, ya que en realidad no estamos legislando sobre este, porque el sicariato existe hoy día en Chile, claro, bajo la figura o bajo el nombre de un homicidio calificado con una promesa remuneratoria; eso es lo que conocemos como el sicariato. Y entiendo que aquí lo que se hace es sancionar el acto preparatorio, es decir, el que un grupo de personas conspire, independiente de si finalmente ese hecho llega a perpetrarse o no.
Creo que eso es lo relevante de esta discusión.
Ahora, esto es nuevo en Chile; hay que decirlo.
Yo creo que en los últimos cuatro o cinco años hemos visto con mayor presencia hechos como estos homicidios calificados con promesa remuneratoria o sicariatos; pero en el fondo esto es parte de los servicios criminales que se prestan.
Es crudo decirlo así, pero finalmente es como la trata de personas; como el tráfico de armas, la extorsión, el tráfico de drogas. Es parte de todos los servicios que se ofrecen en las redes criminales, uno de los cuales es el sicariato.
Creo que es interesante lo que aquí se ha planteado por parte del Ejecutivo, en cuanto a ponerle atención, a buscar sancionar la conspiración para cometer el delito de homicidio con premio o promesa remunerativa.
Esto no va a ser fácil de probar; y, por lo tanto, todo esto nos plantea o nos lleva al mismo camino.
Esto es una discusión larga, y cuando se tiene la posibilidad de hacer un debate más ponderado se puede decir. En esto naturalmente las Policías cumplen un rol fundamental. Por eso, cuando se plantea su fortalecimiento no se trata solo de que el Gobierno sea categórico en su respaldo -como lo han hecho explícitamente la Ministra Tohá y el Presidente de la República en estos días con mucha claridad-, sino de que exista el equipamiento, pero también la formación, la capacitación. Yo lo decía recién a propósito de otro proyecto.
En cuanto al tema de las prácticas de tiro -lo he señalado en varios lados, lo he publicado-, quiero señalar algo que, en rigor, más allá de lo que nos pueda decir el alto mando de todas las Policías, hoy día es bien transversal.
Ministra, Ministros, yo no sé si las municiones en Chile son muy caras o no, pero lo cierto es que si ustedes le preguntan a cualquier policía en Chile sobre las prácticas de tiro les va a decir: "¿Sabe qué? Mi práctica de tiro fue de veinte tiros una vez al año, o a lo más dos". Esto es para el tipo de armas que tenemos en la calle, para el tipo de delincuentes que hoy día están operando.
Entonces, las prácticas de tiro, como la capacitación, deben ser temas fundamentales en la idea de fortalecer nuestras Policías.
Por eso, aquí necesitamos abrir una discusión de una reforma... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).

El señor COLOMA (Presidente).- Un minuto más.

El señor QUINTANA.- Un minuto solamente.
Entonces, yo creo que todos los caminos conducen a Roma y todos los caminos conducen a la necesidad de fortalecer nuestras Policías.
Yo pongo el ejemplo de la práctica de tiro -no es el único-, en que requerimos actualizar a nuestras Policías a la realidad criminal de hoy, no a lo que teníamos diez años atrás.
Entonces, creo que este proyecto puede ayudar, en cuanto a la conspiración, a la concertación, no al hecho materializado propiamente tal. Pero, insisto, esto puede ser complejo desde el punto de vista probatorio.
Y lo último es que también me sumo a lo que planteó el Senador Latorre recién, de la votación separada del 400 bis, porque se establece una agravante para la muerte de autoridades, por ejemplo, que ya está en el Código Penal.
Creo que esa redundancia no tiene ningún sentido, y por eso hay que votarla aparte.
Voto a favor.

El señor COLOMA (Presidente).- Senadora señora Carvajal, tiene la palabra.

La señora CARVAJAL.- Gracias, Presidente.
Bueno, sin ánimo de redundar, quiero señalar que aquí hay un ordenamiento jurídico que establece o le da un carácter punitivo a una acción que penalmente no estaba consignada de esta manera en el Código Penal.
Por tanto, hoy día se genera, a propósito y con distancia -no sé si tanta, pero con independencia del resultado- el penalizar la conducta, y en este caso la conspiración, suponiendo aquello que hay dos personas que se reúnen, que definen una estrategia y que generan acciones concretas tendientes a buscar finalmente el resultado de causar un homicidio.
La conspiración va en ese sentido, y creo que eso es lo innovador en este proyecto de ley. Es decir, independientemente del resultado, lo que se va a penalizar es justamente la conducta y, más allá de los efectos, las acciones que se generan, entendiendo -vuelvo a reiterarlo- que sea compartida la pena; porque, además, se da el efecto de que la pena va a ser igual tanto para el que propone la acción como para quien está de acuerdo con la acción.
Eso me parece muy relevante, sobre todo al generar lo que aquí se ha señalado: que tengamos delitos que, si anteriormente no estaban consignados en nuestro ordenamiento jurídico penal, hoy día sí lo van a estar.
Sin ir más lejos, dentro de lo que va del año 2018 al 2022, según los datos del Centro para de Prevención de Homicidios y Delitos Violentos, ya por el delito de sicariato se ha sentenciado a cuarenta y dos personas. Creo que allí hay un elemento que obviamente nos obliga como Parlamento, y particularmente como Senado, a ponernos en la condición de actualizar nuestra legislación, a propósito de lo que está ocurriendo en la sociedad.
A mí me parece que esto merece especial atención, que va en el sentido correcto y que genera, como ya se dijo, una tipificación distinta a la que había, y eso, obviamente, hace que nosotros tengamos como bancada también una opinión unánime en el sentido de aprobar este proyecto.
Por tanto, Presidente, anuncio mi voto a favor.
Y, como ya he dicho, esta nueva figura penal, que tiene una consistencia distinta y respecto de la cual obviamente hoy día existe la posibilidad de que sea expresamente punible, por supuesto que la apoyo, y votaré a favor.

El señor COLOMA (Presidente).- Gracias, Senadora.
Senadora Allende.

La señora ALLENDE.- Gracias, Presidente.
Por cierto, esta ha sido una larga jornada, donde hemos estado trabajando diversos temas, lo que a mí me reafirma más que nunca la necesidad de reflexionar un poco y de revisar esos temas con más cuidado.
Sin embargo, creo que es bien interesante lo que se ha dicho aquí. Pero quiero partir por reiterar algo que también ha sido mencionado en la Sala.
Yo entiendo que lo de crear el Centro Nacional de Prevención de Homicidios y Delitos Violentos fue iniciativa de la Subsecretaría de Prevención del Delito, y aquí nos está acompañando el Subsecretario. Eso nos ha permitido tener cierta información y revisar las carpetas investigativas entre los años 2018 y 2022. Reitero: nos permite tener información, seguir una investigación y ver la forma en que se han cometido estos homicidios, dentro de los cuales, por cierto, tenemos la figura del sicariato, que ya existía en términos de homicidio violento. Pero ahora esto nos va a permitir tener una mirada más específica, que creo que hacía mucha falta.
Obviamente, llaman la atención las cifras que se nos entregan: entre el 2018 y el 2022 se han registrado cuarenta y dos homicidios en el contexto de encargo o sicariato, y el 60 por ciento de ellos ha ocurrido en la Región Metropolitana.
Por lo tanto, con este proyecto queremos buscar la manera de recoger la inquietud creciente que ha empezado a tener la ciudadanía, o que tenemos todos, a raíz de que ha habido casos muy violentos, muy bullados, que han salido en forma bastante masiva en algunos medios, como fue el que recordaba hace unos instantes el Senador Pugh, el caso de Alejandro Correa, ocurrido en agosto del 2020. Porque evidentemente que es violento que en la puerta de la casa se cometa un homicidio por encargo.
Ahora, lo importante aquí es que nosotros queremos sancionar entonces la conspiración para cometer el delito de homicidio calificado, como se ha dicho, con una promesa remuneratoria o ánimo de lucro.
Ciertamente es interesante lo que se está haciendo porque se pone en un cierto nivel algo que normalmente nunca se hace, que es la concertación entre dos personas para poder planificar este homicidio calificado.
Yo creo que esto da para pensar y que es cierto que será una tremenda tarea para el Ministerio Público poder comprobar que efectivamente dos personas -como dice la norma, de manera seria; no imagino de qué otra forma podría ser si no es seria- se pusieron de acuerdo para planificar o hacer posible lo que se pretende, que es cometer un homicidio con una suerte de compensación, de recompensa.
Por lo tanto, me parece interesante lo que está ocurriendo en ese sentido y que vale la pena aprobar el proyecto. Por cierto que yo lo aprobaré. Pero lamento, una vez más, decir... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).

El señor COLOMA (Presidente).- Muchas gracias, Senadora.
No hay más inscritos.
Le ofrezco la palabra...

La señora ALLENDE.- Presidente, estaba terminando...

El señor COLOMA (Presidente).- Perdón.

La señora ALLENDE.- ... y pensaba que iba a tener la amabilidad de darme los treinta segundos para poder concluir.

El señor COLOMA (Presidente).- De todas maneras, Senadora. Es que no la alcancé a escuchar.

La señora ALLENDE.- Está bien. Queda excusado, Presidente. Pero es lamentable que sea así el sistema, porque de repente se interrumpe, y es bastante poco grato.
Decía que, evidentemente, todos lamentamos lo que ocurrió con esa persona. Reitero: fue un caso muy bullado y muy lamentable, por cierto, para esa familia, y sucedió en Concón, en nuestra región.
Pero aquí en lo que tenemos que seguir trabajando nosotros es, por supuesto, en la forma de prevenir e ir erradicando este tipo de homicidios violentos y, en particular, estos sicariatos. Porque además se trata de algo que ha llamado mucho la atención y ha generado bastante más temor en la población, porque pareciera que eso se está dando de una manera mucho más masiva de lo que ocurre. Y la verdad es que no es así, pero produce harto temor porque tiene esa connotación: la de ser un encargo a un tercero... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).

El señor COLOMA (Presidente).- ¿Le doy treinta segundos más?
(La Senadora asiente con su cabeza).

El señor DURANA.- ¡Eran solo dos minutos, Presidente!

El señor COLOMA (Presidente).- Tiene treinta segundos, Senadora.

La señora ALLENDE.- Por eso mismo, Presidente, tenemos que hacernos cargo de las inquietudes. Y no solo eso, porque entiendo que también hay fiscales amenazados y que ese es un problema del que nos corresponde hacernos cargo.
Por eso decía que todo esto motiva a reflexiones, a que no debemos legislar rápidamente, sino de manera muy eficiente, contando con todos los elementos posibles.
Ahora, si esta propuesta significa una mayor protección también para aquellos que están en la obligación de investigar, ¡en hora buena!
Por todas estas razones, Presidente, voy a aprobar este proyecto.
He dicho.

El señor COLOMA (Presidente).- Gracias, Senadora.
No hay más inscritos.
Le ofrezco la palabra a la Ministra Carolina Tohá...

La señora NÚÑEZ.- ¿Y yo, Presidente?

El señor COLOMA (Presidente).- Senadora, vamos a votar, y antes de la segunda votación le voy a ofrecer la palabra, como corresponde al Reglamento. Lo tengo subrayado aquí.

El señor NÚÑEZ.- ¡Ah, ya!

El señor COLOMA (Presidente).- Señora Ministra.

La señora TOHÁ (Ministra del Interior y Seguridad Pública).- Gracias, Presidente.
Me ha pedido ser breve, y voy a hacer el mayor esfuerzo.
Quiero primero señalar que este proyecto, a diferencia del anterior, corresponde a un mensaje del Ejecutivo, y el foco de este mensaje es en el entendido de que el sicariato -es decir, el homicidio que se comete por premio o recompensa- está hoy día sancionado.
Lo que hacemos acá es sancionar en sí misma la conspiración, o sea, el acuerdo en virtud del cual una persona le ofrece a otra algún tipo de premio o recompensa por cometer el homicidio. Esto significa que podemos sancionar el hecho antes de que se cometa el primer acto material, que tiene por objeto concretar ese asesinato.
En general, la conspiración para cometer delitos se supone que se puede sancionar en sí misma, pero en la práctica, si no hay actos materiales que vayan avanzando en la comisión del delito no se considera ni siquiera producida la conspiración. En este caso, por el hecho de que establecemos como un delito independiente la conspiración para cometer sicariato, el haber acordado un precio a cambio de este servicio ya constituye en sí mismo un delito.
En la Cámara hubo un debate -aquí no lo he visto, pero anticipo que puede producirse- en el sentido de que como en los hechos el homicidio frustrado o la tentativa de homicidio tenía una pena más alta que esta conspiración, a ellos les preocupaba que en el fondo esto pudiera significar que íbamos a bajar la penas, porque se iba a considerar conspiración lo que era ya una tentativa. Bueno, ese riesgo no existe, porque habiendo ya hechos materiales, que son los que constituyen la tentativa, la evaluación de los tribunales es aplicar siempre la pena más alta, la que sanciona el tipo de acción que ya se cometió; en este caso, avanzar en la comisión del delito.
Lo que buscamos con esto es adelantarnos y, en el fondo, atacar directamente este verdadero mercado de servicios de asesinatos, que se encuentra incipientemente aún, pero ya estamos viendo muchos síntomas de su existencia en Chile, para perseguirlo en sí mismo.
Es cierto lo que se ha dicho aquí: que esto no es fácil de investigar. Sin embargo, les recuerdo que se trata de algo que está ligado a otras legislaciones que hemos aprobado en paralelo, como son la Ley de Narcotráfico y la Ley contra el Crimen Organizado, donde hemos establecido nuevas modalidades intrusivas de investigación y donde hemos desarrollado más los agentes encubiertos, las escuchas telefónicas y el tráfico de llamadas. Eso nos va a dar más herramientas para identificar este tipo de dinámicas, que efectivamente son más difíciles de probar porque suceden en el seno de un acuerdo entre dos personas y no hay todavía actos materiales.
Sobre la indicación, quisiéramos decir que hubiera sido interesante que ella sancionara la conspiración para solicitar lesiones por precio o recompensa. Pero no está formulada así, sino que apunta al hecho de ofrecer premio o recompensa por producir lesiones a un tercero, y eso en nuestra legislación ya está sancionado, porque en general cualquier delito que se comete por precio, recompensa o promesa tiene una agravante. Entonces, lo que hace esta indicación en la práctica es subir levemente la escala de las penas a las que se somete a la persona. Pero la verdad es que cuando uno compara esto con otro tipo de delitos que se pueden hacer por premio o recompensa, observa que va a quedar una situación distinta respecto de las lesiones, que no sé si los autores de la indicación estudiaron, pero que claramente no es parte de la reflexión que se ha dado acá.
No se instala con la indicación una nueva modalidad de delito o una nueva agravante. Lo que se hace es que respecto de las lesiones se pone una pena superior.
Nosotros quisiéramos decir desde el Ejecutivo que, cuando leímos esta indicación, en un primer momento pensamos que se trataba de sancionar la conspiración para pagar por causar lesiones. No era así y tal como está planteado hoy día nos parece que es redundante, la legislación ya lo tiene previsto. Esto, en general, está sancionado respecto de cualquier delito cuando se comete a cambio de algún tipo de recompensa.
Por esa razón, no respaldamos ni patrocinamos la indicación.

El señor COLOMA (Presidente).- Muchas gracias, Ministra.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor COLOMA (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general y en particular el proyecto, con excepción de la norma para la que se solicitó votación separada (40 votos a favor y 1 pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Campillai, Carvajal, Ebensperger, Gatica, Núñez, Órdenes, Pascual, Provoste, Rincón y Sepúlveda y los señores Castro González, Castro Prieto, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Edwards, Flores, Galilea, García, Huenchumilla, Insulza, Kast, Kuschel, Lagos, Latorre, Moreira, Núñez, Ossandón, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Soria, Van Rysselberghe y Walker.
No votó, por estar pareado, el señor Elizalde.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- En la Mesa se encuentran registrados los siguientes pareos: del Senador señor Prohens con el Senador señor Araya; del Senador señor Gahona con el Senador señor Bianchi, y del Senador señor Macaya con el Senador señor Elizalde.


El señor COLOMA (Presidente).- Aprobados, entonces, todos los artículos menos lo que vamos a votar separadamente.
Conforme al Reglamento, le ofrezco la palabra por dos minutos a la Senadora Núñez.

La señora NÚÑEZ.- Muchas gracias, señor Presidente.
Ejerzo mi derecho a réplica a propósito de la intervención del Senador Fidel Espinoza, quien cuestionó mis argumentos cuando mencionaba que me parecía un error no haber votado hoy en general la Ley Nain-Retamal.
Lo hago porque creo que eso atenta contra la democracia y es una falta de respeto para quienes hemos sido elegidos democráticamente. Pienso que si empezamos a cuestionar los argumentos de uno u otro lado difícilmente vamos a poder, como representantes a la ciudadanía, pedirles a los chilenos y chilenas que actúen de otra manera, si no damos el ejemplo. En consecuencia, reitero mis dichos; tenemos todo el derecho a expresar una opinión. Y yo al menos -él lo mencionó- no soy de las que actúa por mezquindad política; trato siempre de ser lo más objetiva posible y he dado muestras claras de que, incluso frente a los propios, cuando algo no me parece lo digo, en este mismo hemiciclo y con este mismo micrófono.
Por eso, Presidente, quiero reiterar que es un error no haber votado hoy día. Tengo mis argumentos muy de fondo y creo que, además, el error viene precisamente de quienes no han sido capaces de ponerse de acuerdo respecto de este proyecto.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).- Muchas gracias, Senadora.
Vamos, entonces, a la votación separada que solicitó el Senador Latorre.
Antes de votar, le doy la palabra al Senador Latorre para que explique el fundamento de su petición.

El señor LATORRE.- Gracias, Presidente.
En la Comisión de Seguridad del Senado se aprobó una indicación para incluir un nuevo artículo 400 bis que aumenta en un grado la pena de los delitos de lesiones cuando se cometieren por encargo, premio o promesa remuneratoria o cualquier otro beneficio para sí o para un tercero. Adicionalmente, impone la misma agravante a quien de forma directa o indirecta encarga, acuerda u ordena o actúa como intermediario para la perpetración del ilícito.
Esta adición fue aprobada en la Comisión en contra de la sugerencia tanto del Ejecutivo como del Ministerio Público y es problemática por varias razones.
El artículo 12, número 2°, del Código Penal ya contempla la agravante de premio o promesa remuneratoria para todos los delitos. No tiene sentido hacer diferencia para las lesiones y no para otros ilícitos.
La enumeración de conductas a las que se aplica la agravante (encargar, acordar, ordenar, intermediar) son formas distintas de participación penal que tienen ya una regulación clara, diferenciada y asentada en la parte general del Código Penal. Carece de sentido hacer esa enumeración en este tipo penal nuevo.
Y en la Comisión no se presentaron datos que avalen la necesidad político criminal de aumentar las penas de los delitos de lesiones por encargo. La indicación que se adhirió escapa de la idea matriz del proyecto, que buscaba sancionar solo la conspiración para el sicariato y no modificar la regulación del delito de lesiones.
Por esta razón, se pide en Sala volver a analizar eso que se discutió en su momento en la Comisión y que se aprobó por votación dividida: 3 a favor, 2 en contra.
Mi recomendación a la Sala es votar en contra.
Gracias, Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).- Entonces, vamos a votar. Los que están de acuerdo con el Senador Latorre votan en contra.

El señor OSSANDÓN.- Exacto.

El señor COLOMA (Presidente).- Los que estén de acuerdo con el texto que hoy día está propuesto por la Comisión votan a favor.
¿Está claro?

La señora RINCÓN.- Sí.

El señor MOREIRA.- Sí.

La señora RINCÓN.- Que expliquen o defiendan la indicación.

El señor COLOMA (Presidente).- Los que están a favor del texto votan "sí", los que estén a favor de lo que dice el Senador Latorre votan "no".
A ver, hay un problema reglamentario antes.
Tiene la palabra el Senador Pugh y después, el Senador Galilea.

El señor PUGH.- Muchas gracias, Presidente.
Yo creo que es muy importante explicar qué es lo que se está votando, porque básicamente lo que tiene considerado nuestro ordenamiento jurídico actual es el beneficio económico, y aquí lo que se dice es "cualquier otro beneficio", no necesariamente económico.
Se trata de cualquier beneficio, "para sí o para un tercero"; eso es lo que se está agregando, lo nuevo, lo distinto.
Gracias, Presidente.

El señor WALKER.- Muy bien.

El señor COLOMA (Presidente).- Muchas gracias, Senador.
Senador Galilea, ¿quedó satisfecho? ¿No?

El señor GALILEA.- Es que, Presidente, entendiendo lo que acaba de señalar el Senador Pugh, dado que la indicación del Senador Latorre había sido respaldada por el Ejecutivo y por el Ministerio Público, me hubiera gustado una explicación mayor de esto por parte del Ejecutivo. Pero si eso queda resuelto por lo que acaba de señalar el Senador Pugh, que se amplía la figura a cualquier otro tipo de recompensa más allá de dinero, está bien, pero no sé si el Ejecutivo quería...

La señora RINCÓN.- Está clarísimo.

El señor COLOMA (Presidente).- El Ejecutivo algo dijo cuando hizo la intervención general.

El señor MOREIRA.- ¡Está ocupado el Ejecutivo...!

El señor COLOMA (Presidente).- Pero es claro: los que están de acuerdo con el texto que viene de la Comisión votan a favor, y los que no lo están, en contra.
Esta es la última votación y es preciso que tengamos claro el panorama.
Senadora Pascual.

La señora EBENSPERGER.- Abra la votación, Presidente.

La señora PASCUAL.- Presidente, solo para aclarar.
Yo puedo entender la intencionalidad de ampliar el beneficio del encargo de la generación de lesiones, que no es de carácter económico, sino que puede ser de otro tipo.
Pero me pareció, y por eso pido que el Ejecutivo nos pudiera aclarar el punto, que en la explicación de la Ministra cuando interviene recientemente plantea que, primero, ya estaría contenida la norma. Yo entendí que claramente dijo eso, otra cosa es que no se esté de acuerdo. A su vez, se afirmó que no se estaría apelando en esta norma a la conspiración para generar lesiones graves.
Eso es lo que yo entendí de la explicación del Ejecutivo, solo por eso pido si acaso el Ejecutivo nos puede volver a señalar cuál es la diferencia de opinión con la indicación para poder mejor resolver la votación, Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).- A ver, vamos a abrir el debate, está bien.
Le voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo y después, a alguien que pueda tener una visión distinta.
Ministra.

La señora TOHÁ (Ministra del Interior y Seguridad Pública).- De la manera que está redactada la disposición es como una agravante. Es decir, cuando se comete el delito por un precio o una recompensa tiene una pena más alta; eso es como lo que hay hoy día, la agravante ya existe.
En la propuesta del Ejecutivo respecto a la conspiración para cometer sicariato no es una agravante, porque eso ya existe, sino que se establece como un delito separado el conspirar para cometer sicariato.
Entonces, yo llego a acuerdo... No, no voy a ocupar ese ejemplo, porque después va a salir en la prensa... Alguien llega a acuerdo con un tercero para cometer un asesinato a cambio de un premio o una recompensa: en el momento en que llegaron a acuerdo ya cometieron un delito.
En la formulación de la indicación que se refiere a lesiones no está planteado así. Se señala que la pena es más alta por el hecho de que es por una recompensa. Eso ya existe en la legislación. Si uno quisiera hacer una innovación, tendría que ponerlo no como una agravante, sino que como un nuevo delito, como hicimos nosotros en el caso del sicariato.
¿Se entiende?

La señora CARVAJAL.- Sí.

La señora TOHÁ (Ministra del Interior y Seguridad Pública).- Dicen "sí", pero sus caras dicen "no".

El señor COLOMA (Presidente).- No lo entiendo mucho.
Efectivamente, las agravantes se compensan, tienen otros efectos, por eso que no capto bien...

La señora TOHÁ (Ministra del Interior y Seguridad Pública).- La agravante va ligada a la comisión del delito. O sea, si este no se comete no hay agravante. En cambio, la conspiración en sí misma es un delito, aunque en definitiva no se concreten el homicidio ni las lesiones.

El señor COLOMA (Presidente).- Está bien, es opinable.
Senador García.

El señor GARCÍA.- Gracias, Presidente.
El Senador Pugh explicó en su intervención que lo que se agrega es que se trate de un premio o promesa remuneratoria o "cualquier otro beneficio". Ese sería un primer agregado. Y un segundo agregado es que este beneficio sea "para sí o para un tercero", lo que hoy no existe.
Esa fue la justificación que nos dio el Senador Pugh, quien integró la Comisión de Seguridad, y yo le encuentro bastante sentido, por lo que me inclino a votar favorablemente la norma.
Gracias, Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).- Los puntos de vista están claros.
Ahora, esto se determinará mediante la votación.
En votación.
(Luego de unos instantes).

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor COLOMA (Presidente).- Terminada la votación.

-- Se aprueba el número 3), nuevo, que agrega un artículo 400 bis en el Código Penal (19 votos a favor y 16 en contra), y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Ebensperger, Rincón y Sepúlveda y los señores Castro Prieto, Chahuán, Coloma, Durana, Flores, Galilea, García, Kast, Kuschel, Moreira, Ossandón, Pugh, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe y Walker.
Votaron por la negativa las señoras Allende, Campillai, Carvajal, Órdenes, Pascual y Provoste y los señores Castro González, De Urresti, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Núñez, Quintana, Saavedra y Soria.


El señor COLOMA (Presidente).- Por tanto, aprobada la modificación para la cual se solicitó votación separada, el proyecto pasa a la Cámara de Diputados para su tercer trámite constitucional.
Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.
--Se levantó a las 19:16.
Mario Inostroza Sepúlveda
Jefe de la Redacción subrogante