REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 370ª
Sesión 22ª, en martes 31 de mayo de 2022
Ordinaria
(De 16:21 a 20:39)
PRESIDENCIA DE SEÑOR ÁLVARO ELIZALDE SOTO, PRESIDENTE, Y
SEÑORA LUZ EBENSPERGER ORREGO, VICEPRESIDENTA
SECRETARIO, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR, Y
EL SEÑOR ROBERTO BUSTOS LATORRE, ACCIDENTAL
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron las señoras y los señores:
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Campillai Rojas, Fabiola
--Carvajal Ambiado, Loreto
--Castro González, Juan Luis
--Castro Prieto, Juan Enrique
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cruz-Coke Carvallo, Luciano
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Edwards Silva, Rojo
--Elizalde Soto, Álvaro
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Gahona Salazar, Sergio
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--Gatica Bertin, María José
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Keitel Bianchi, Sebastián
--Kusanovic Glusevic, Alejandro
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Macaya Danús, Javier
--Moreira Barros, Iván
--Núñez Arancibia, Daniel
--Núñez Urrutia, Paulina
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pascual Grau, Claudia
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Saavedra Chandía, Gastón
--Sandoval Plaza, David
--Sanhueza Dueñas, Gustavo
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Soria Quiroga, Jorge
--Van Rysselberghe Herrera, Enrique
--Velásquez Núñez, Esteban
--Walker Prieto, Matías
Concurrieron, además, las Ministras de Relaciones Exteriores, señora Antonia Urrejola Noguera, y del Medio Ambiente, señora Maisa Rojas Corradi.
Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, y de Secretario General accidental y de Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:21, en presencia de 21 señoras Senadoras y señores Senadores.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
MINUTO DE SILENCIO POR TRABAJADOR MAPUCHE RECIENTEMENTE ASESINADO SEÑOR SEGUNDO CATRIL NECULQUEO
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Quiero iniciar esta sesión solicitando un minuto de silencio por el trabajador mapuche Segundo Catril Neculqueo, quien fue asesinado la semana pasada en la comuna de Lumaco, también como una muestra de solidaridad con su familia y de condena enérgica a toda forma de violencia.
(Los asistentes se ponen de pie y la Sala guarda un minuto de silencio).
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor BUSTOS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta, la cual, por ser un documento oficial, se inserta íntegramente y sin modificaciones.
Veinte Mensajes de S.E. el Presidente de la República
Con el primero, hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de los siguientes asuntos:
-El que modifica Código Civil y otras leyes, regulando el régimen patrimonial de sociedad conyugal (Boletín N° 7.567-07).
-El que modifica los requisitos de ingreso a carreras de pedagogía, establecidos en el artículo 27 bis de la ley N°20.129 y en el artículo trigésimo sexto transitorio de la ley N°20.903 (Boletín N° 14.151-04).
-El que modifica la ley N°20.205, que Protege al funcionario que denuncia irregularidades y faltas al principio de probidad, para extender su aplicación al personal de las Fuerzas Armadas, en las condiciones que señala (Boletín N° 12.211-02).
-El que regula el precio de los exámenes y procedimientos de apoyo diagnóstico y clínico, así como la obligatoriedad de informarlo públicamente (Boletín N° 13.892-11).
Con los siguientes, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para el despacho de los siguientes asuntos:
-El que establece el deber del Banco Central de informar sus políticas y la dictación de normas generales a la Cámara de Diputados (Boletín N° 14.616-05).
-El que promueve el almacenamiento de energía eléctrica y la electromovilidad (Boletín N° 14.731-08).
-El que modifica diversos cuerpos legales para establecer la mayoría de edad como un requisito esencial para la celebración del matrimonio (Boletín N° 14.700-18).
-El que modifica la ley N° 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, en materia de responsabilidad parental y pago efectivo de las deudas por pensiones de alimentos (Boletín N° 14.946-07)
Con el noveno al quince, hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
-El que regula el proceso unificado de búsqueda de personas desaparecidas y crea el sistema interconectado para estos efectos (Boletín N° 12.392-25).
-El que modifica el Código del Trabajo, para asegurar el cumplimiento del principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres (Boletines Nos 10.576-13, 12.719-13 y 14.139-34, refundidos,).
-El que modifica el Código Penal para agravar e incrementar las penas de los delitos, toda vez que sean cometidos contra niños, o éstos se encuentren entre los afectados por el delito y sus circunstancias (Boletín N° 14.107-07).
-El que declara el día 30 de noviembre de cada año, como el Día Nacional de las Víctimas del Asbesto, y autoriza erigir monumentos alusivos en las comunas que indica (Boletín N° 13.112-24).
-El que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias (Boletín N° 9.914-11).
-El que modifica el plazo de entrada en vigencia de los aranceles regulados, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación, establecidos en el Título V de la ley N° 21.091, sobre Educación Superior, para el financiamiento institucional para la gratuidad (Boletín N° 14.997-04).
-El que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas (Boletín N° 10.687-06).
Con los cinco últimos, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
-El que promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la prestación de servicios financieros (Boletín N° 14.570-05).
-El que modifica la ley N° 20.564, que establece ley marco de los Bomberos de Chile, para incluir y sancionar el acoso sexual y delitos relacionados, e incorporar la perspectiva de género en la reglamentación interna del Sistema Nacional de Bomberos (Boletín N° 14.536-34).
-El que modifica el Código Penal, tipificando el delito de desaparición forzada de personas (Boletín N° 9.818-17).
-El que dispone la obligatoriedad de la adopción del régimen de federación deportiva nacional para aquellas entidades que reciben recursos públicos de manera permanente (Boletín N° 13.869-29).
-El que interpreta la ley N°5.248, en materia de integración de la Comisión Administrativa del Parque Pedro del Río Zañartu o Parque Fundo Hualpén (Boletín N° 14.834-06).
--Se toma conocimiento de las calificaciones y de los retiros, y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Ocho de la Honorable Cámara de Diputados
Con el primero, informa que no recabó el parecer de la Excma. Corte Suprema, conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 77 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto de ley sobre publicidad visible desde caminos, vías o espacios públicos, correspondiente a los Boletines Nos 9.686-09 y 10.209-09, refundidos.
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el segundo, comunica que ha tomado conocimiento del oficio de S.E el Presidente de la República, mediante el cual otorga su consentimiento a la solicitud de archivo del Senado respecto del proyecto de ley, que modifica la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, correspondiente al Boletín N° 6.543-03.
--Se toma conocimiento y se procede al archivo del proyecto de ley.
Con el tercero, informa que ha aprobado el proyecto de ley que modifica el decreto N° 5.142, de 1960, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de las disposiciones sobre nacionalización de extranjeros, con el objeto de reducir el plazo de permanencia en el país que se exige para adquirir la nacionalidad, en el caso de los deportistas que indica, correspondiente al Boletín N° 12.101-06.
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Con el cuarto, indica que ha prestado su aprobación al proyecto de ley que interpreta la ley Nº 5.248, en materia de integración de la Comisión Administrativa del Parque Pedro del Río Zañartu o Parque Fundo Hualpén, correspondiente al Boletín Nº 14.834-06 (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Con el quinto, comunica que aprobó el proyecto de ley que modifica la ley N° 19.856, para excluir de los beneficios establecidos en ella a personas condenadas por delitos que, conforme al Derecho Internacional, sean considerados como genocidio o crímenes de guerra o lesa humanidad, correspondiente al Boletín N° 13.979-07.
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con el sexto, da a conocer a las diputadas y los diputados que integrarán las Comisiones de Reja y de Pórtico que recibirán a S.E. el Presidente de la República, en la cuenta pública del 1° de junio de 2022, a las 11.00 horas.
--Se toma conocimiento.
Con el séptimo, comunica que ha aprobado, en los mismos términos en que lo hiciera el Senado, el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, en materia de Transformación Digital del Estado, correspondiente al Boletín N° 14.969-06 (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Se toma conocimiento y se manda comunicar al Presidente de la República.
Con el octavo, informa que ha aprobado la enmienda propuesta por el Senado al proyecto de ley que modifica el decreto ley N° 3.516, de 1980, que establece normas sobre división de predios rústicos para garantizar el acceso a espacios públicos y caminos Cora, correspondiente al Boletín N° 12.268-01.
--Se toma conocimiento y se manda archivar los antecedentes.
Del Excmo. Tribunal Constitucional
Remite sentencia dictada en el proceso Rol N° 13185-22, sobre control de constitucionalidad del proyecto de ley que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest, correspondiente al Boletín N° 12.192-25.
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a S.E. el Presidente de la República.
Remite resoluciones dictadas en procedimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto de las siguientes disposiciones:
-artículos 459 y 466 del Código Civil (Rol N° 13164-22 INA).
-artículo transitorio, segunda parte, de la Ley N° 21.121 (Rol N° 13199-22 INA).
-respecto de la expresión "salvo en el caso de medidas judiciales", contenida en el artículo 15, inciso segundo, del DFL N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL N° 2, de 1996, sobre subvenciones del Estado a Establecimientos Educacionales (Rol N° 13208-22 INA).
-artículos 4°, inciso primero, segunda frase, de la Ley N° 19.886, de Bases (Rol N° 13184-22 INA).
-artículos 5°, inciso segundo; 10, inciso segundo; 11, letras b) y c), de la Ley N° 20.285 (Rol N° 13170-22 INA; Rol N° 9557-20-INA; Rol N° 9666-20-INA; Rol N° 10105-21-INA; (Rol N° 13170-22 INA; Rol N° 9511-20; Rol N° 13155-22 INA; Rol N° 13053-22 INA).
-artículo 506, del Código del Trabajo (Rol N° 13209-22 INA).
-artículos 230; 248, letra c), e inciso final; 259, inciso final; y 261, letra a), del Código Procesal Penal (Rol N° 13168-22 INA; Rol N° 13168-22 INA).
-artículos 139, inciso primero; y 140, del Código Tributario, en su texto anterior a la entrada en vigencia de la Ley N° 21.210, publicada en el Diario Oficial de 24 de febrero de 2020; y en el artículo cuarto transitorio, de la Ley N° 21.210 (Rol N° 13087-22 INA).
-artículo 196 ter, inciso primero, parte final; e inciso segundo, parte primera, de la Ley N° 18.290 (Rol N° 13259-22 INA; Rol N° 13256-22 INA; N° 13258-22 INA).
-artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216 (Rol N° 12725-22 INA; Rol N° 12711-22 INA; Rol N° 12321-21 INA; Rol N° 12708-22 INA; Rol N° 12887-22 INA; Rol N° 12387-21 INA; Rol N° 12707-22 INA; Rol N° 12894-22 INA; Rol N° 12392-21; Rol N° 12393-21; Rol N° 13173-22 INA; Rol N° 13255-22 INA).
-artículos 4°, inciso primero, de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; y 495, inciso final, del Código del Trabajo (Rol N° 12868-22 INA; Rol N° 13183-22 INA).
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Remite copias de sentencias pronunciadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad referidos a los siguientes preceptos legales:
-artículo 259, inciso final, del Código Procesal Penal, en el proceso penal (Rol N° 11487-21; Rol N° 11487-21).
-artículo 323, inciso segundo, parte final, del Código del Trabajo (Rol N° 11573-21-INA; Rol N° 11762-21-INA).
-artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216 (Rol N° 12186-21; Rol N° 12210-21; Rol N° 12266-21; Rol N° 12220-21; Rol N° 12221-21; Rol N° 12268-21; Rol N° 12291-21; Rol N° 12301-21; Rol N° 12270-21; Rol N° 12302-21; Rol N° 12303-21; Rol N° 12304-21; Rol N° 12277-21; Rol N° 12287-21; Rol N° 12308-21; Rol N° 12310-21; Rol N° 12327-21; Rol N° 12354-21 12329-21; Rol N° 12330-21; Rol N° 12350-21; Rol N° 12351-21; Rol N° 11625-21; Rol N° 12361-21; Rol N° 12358-21-INA; Rol N° 12362-21; Rol N° 12360-21-INA; Rol N° 12370-21; Rol N° 12373-21; Rol N° 12374-21; Rol N° 12321-21 INA; Rol N° 12379-21; Rol N° 12383-21; Rol N° 12388-21; Rol N° 12334-21; Rol N° 12339-21; Rol N° 12427-21; Rol N° 12428-21; Rol N° 12340-21; Rol N° 12407-21; Rol N° 12409-21; Rol N° 12435-21; Rol N° 12348-21; Rol N° 12410-21; Rol N° 12423-21; Rol N° 12349-21; Rol N° 12425-21; Rol N° 12447-21; Rol N° 12395-21; Rol N° 12400-21; Rol N° 12404-21; Rol N° 12399-21; Rol N° 12401-21; Rol N° 12441-21; Rol N° 12436-21).
-artículos 3°, 4°, 5°, inciso segundo; 10, inciso segundo; 11, letras a), b), c) y d); 15 y 28, inciso segundo; de la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública; y artículos 2º, letra i); 4º, inciso quinto; 5°, 7º y 9º; de la Ley N° 19.628 (Rol N° 10151-21-INA; Rol N° 10161-21-INA; Rol N° 10175-21-INA).
--Se manda archivar los documentos.
Del señor Ministro de Hacienda
Remite el Marco Comunicado de Gastos y las Instrucciones para la formulación presupuestaria institucional, con los procedimientos generales y específicos.
De la señora Subsecretaria de Hacienda
Contesta petición del Honorable Senador señor Sanhueza, en relación con solicitud del Colegio de Contadores de Chile AG, respecto de la prórroga de los plazos de presentación de las declaraciones juradas y de renta.
Del señor Subsecretario de Educación
Informa que al asumir la actual Administración se ha constatado la existencia de 42 oficios solicitados por el Senado que se encuentran pendientes de respuesta.
Del señor Superintendente de Pensiones
Atiende consulta del Honorable Senador señor Araya, respecto de diversos aspectos relacionados con las tasas de interés técnico para la modalidad de retiro programada (TITRP) determinadas en los últimos dieciséis meses.
Al mismo señor Senador, responde requerimiento relativo a las utilidades y dividendos de las Administradoras de Fondos de Pensiones.
Contesta planteamiento de los Honorables Senadores señora Órdenes y señor Velásquez, relacionado con las utilidades y dividendos de las Administradoras de Fondos de Pensiones y con la tasa de interés de retiro programado y su impacto en las pensiones autofinanciadas.
Hace llegar respuesta a diversas consultas de la Honorable Senadora señora Pascual, vinculadas a las operaciones de pago a raíz de los tres retiros de fondos previsionales.
Del señor Superintendente del Medio Ambiente (S)
Responde inquietud de la Honorable Senadora señora Allende, acerca de los procesos de fiscalización al funcionamiento de tres plantas de tratamiento y actividad minera en la comuna de Petorca, sector Chincolco-Los Comunes.
De la señora Secretaria Regional Ministerial Desarrollo Social y Familia de la Región Metropolitana
Envía respuesta a requerimiento de la Honorable Senadora señora Allende, concerniente al proyecto "Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural Miraflores, comuna de Curacaví".
Del señor Director Nacional de Vialidad
Atiende consulta del exsenador señor Navarro, relativa al estado de la cuesta el Caracol, de la comuna de Tomé.
Del señor Jefe Regional Valparaíso del Instituto Nacional de Derechos Humanos
Informa solicitud del Honorable Senador señor Latorre, sobre la situación que habría afectado a la persona que indica.
De la señora Directora del (S) SERVIU Región de Antofagasta
Contesta inquietud del Honorable Senador señor Araya, acerca de la situación de una beneficiaria de un subsidio habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
De las autoridades de las comunas de Ñiquén, Lago Verde, Guaitecas, Torres del Paine, Cabo de Hornos, San Carlos, Cochrane y Primavera
Responden sendas consultas del Honorable Senador señor Sanhueza, en relación con el número y régimen de contratación de funcionarios y funcionarias contratados por el Departamento de Administración Educación Municipal de la respectiva comuna.
Del señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas
Atiende petición del Honorable Senador señor Espinoza, sobre la paralización de proyectos inmobiliarios rurales con fines habitacionales en esa comuna.
Del señor Secretario Municipal de la comuna de Antofagasta
Responde planteamiento del Honorable Senador señor Araya, relativo a una denuncia de los vecinos de la Población Bandera, de la comuna de Antofagasta.
--Se toma conocimiento y quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que entrega facilidades de pago para los derechos de aseo municipal y faculta al Servicio de Tesorerías su cobro, en los casos que indica (Boletines Nos 10.858-06, 11.889-06, 14.252-06, 14.475-06 y 14.797-06, refundidos).
De la Comisión de Vivienda y Urbanismo, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el decreto ley N° 3.516, sobre división de predios rústicos (Boletín Nº 12.757-01).
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecua las penas aplicables a todos ellos (Boletines N°s. 13.204-07 y 13.205-07, refundidos) (con urgencia calificada de "simple").
De las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas, recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, y su Anexo 1, adoptado en Escazú, República de Costa Rica, el 4 de marzo de 2018 (Boletín Nº 14.852-10) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Educación y Cultura, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.712, del Deporte, para imponer a quienes ejerzan funciones al interior de una organización deportiva la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para el desempeño de tales cargos o funciones, en caso de incurrir en los delitos que indica (Boletín Nº 13.222-29).
--Quedan para Tabla.
Moción
De los Honorables Senadores señor Espinoza y señoras Carvajal, Órdenes, Núñez y Provoste, con la que inician un proyecto de ley que modifica la Ley de Tránsito, para consagrar como inhabilidad para la obtención de licencias de conducir profesional, contar con antecedentes penales por delitos de connotación sexual (Boletín N° 15.003-15).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Proyectos de Acuerdo
De los Honorables Senadores señor Kusanovic, señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Gatica, Núñez, Pascual, Provoste, Rincón, Sepúlveda, y señores Bianchi, Castro González, Castro Prieto, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Edwards, Elizalde, Espinoza, Gahona, García, Huenchumilla, Insulza, Kast, Keitel, Kuschel, Lagos, Latorre, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe y Walker, por el que solicitan a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene bien, adopte las medidas necesarias para dar una solución a los imponentes del 4% adicional de la Ex Caja de Empleados Particulares de la Provincia de Magallanes (Boletín N° S 2.271-12).
De los Honorables Senadores señor Durana, señoras Allende, Aravena, Carvajal, Gatica, Órdenes, Rincón y Sepúlveda, y señores Bianchi, Castro Prieto, Cruz-Coke, Gahona, Insulza, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Macaya, Ossandón, Prohens, Pugh, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker, con el que solicitan a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva evaluar y disponer un mecanismo de reajuste progresivo de los préstamos solidarios otorgados por la Tesorería General de la República, en el marco de la ley N° 21.252, con el propósito de aminorar los efectos del alza del I.P.C en el pago de dichos préstamos (Boletín N° S 2.272-12).
--Quedan para para ser votados en su oportunidad.
Permisos Constitucionales
Del Honorable Senador señor Latorre, por el que solicita autorización para ausentarse del país, a contar del 8 de junio de 2022, en virtud del artículo 60 de la Carta Fundamental.
De la Honorable Senadora señora Provoste, para ausentarse del país a contar del 4 de junio próximo, conforme a la misma disposición constitucional citada.
--Se toma conocimiento y se accede a lo solicitado.
Comunicación
Del Honorable Senador señor Moreira, por la que informó que estuvo fuera del país en la fecha indicada.
--Se toma conocimiento.
Cuenta Agregada:
El señor BUSTOS (Prosecretario).-
En este momento han llegado a la Mesa los siguientes documentos:
Informes
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social y de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 16, de 1986, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con el objeto de facultar temporalmente al Director(a) General del Crédito Prendario para condonar intereses moratorios de créditos pignoraticios que se hubieren devengado durante el período que indica (Boletín Nº 14.947-05) (con urgencia calificada de "suma").
--Queda para Tabla.
El señor BUSTOS (Prosecretario).-
Sería todo, señor Presidente.
Gracias.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Gracias.
)------------(
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Manuel José Ossandón.
El señor OSSANDÓN.-
Gracias, Presidente.
La Comisión especial encargada de tramitar los proyectos de ley relacionados con niños, niñas y adolescentes acordó, en sesión realizada el día de hoy, por la unanimidad de los miembros presentes, solicitar a la Sala refundir el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Senadores señoras Núñez, Rincón, señores Elizalde, Galilea y Ossandón, que modifica la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, con el objeto de garantizar el debido proceso en las causas relativas a niños, niñas y adolescentes (boletín N° 14.950-07), con el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Castro Prieto, De Urresti, Edwards, Elizalde y Ossandón, sobre peritaje judicial (boletín N° 14.982-07).
Hacemos esta solicitud, señor Presidente, en consideración a que las ideas matrices de ambas iniciativas tienen relación entre sí.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado y se fusionarán ambos proyectos de ley.
Acordado.
)------------(
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Alejandro Kusanovic.
El señor KUSANOVIC.-
Presidente, solicito que votemos hoy día el proyecto de acuerdo que busca dar solución a los imponentes del 4 por ciento adicional de la ex Caja de Empleados Particulares de la Provincia de Magallanes (boletín N° S 2.271-12), pues mucha gente ha estado esperando por varios años una solución para recuperar los recursos que quedaron entrampados en manos del Estado.
Sería bueno que pudiéramos votar hoy día ese proyecto para que avance rápido.
Gracias.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Vamos a recabar la unanimidad de la Sala para incorporarlo en el Tiempo de Votaciones correspondiente a los días martes.
¿Habría acuerdo para acceder a ello?
Acordado.
Entonces, se agrega el proyecto de acuerdo al Tiempo de Votaciones.
)------------(
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador David Sandoval.
El señor SANDOVAL.-
Muchas gracias, Presidente.
Quiero solicitar el acuerdo de la Sala para un nuevo plazo de presentación de indicaciones, hasta el próximo viernes 3 de junio, a las 12 horas, al proyecto que promueve el envejecimiento positivo, el cuidado integral y el fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor, que está en trámite en la Comisión de Adulto Mayor.
Esa es mi solicitud, Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
Acordado: viernes 3 de junio, al mediodía, en la Secretaría de la Comisión.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario para dar lectura a los acuerdos de Comités.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señor Presidente.
Buenas tardes.
Los Comités, en sesión celebrada el día de ayer, adoptaron los siguientes acuerdos:
1) Tratar en tabla de Fácil Despacho de la sesión ordinaria del martes 31 de mayo en curso el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que declara el 21 de marzo de cada año como el Día Nacional de la Conmemoración de las Personas Fallecidas Producto de la Pandemia de COVID-19 (boletín N° 14.083-24).
Los Comités acordaron votar esta iniciativa inmediatamente después de que la Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura rinda el informe respectivo.
2) Considerar en primer, segundo y tercer lugar, respectivamente, del Orden del Día de la sesión ordinaria del martes 31 de mayo en curso las siguientes iniciativas:
-Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que Aprueba el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, y su Anexo 1, adoptado en Escazú, República de Costa Rica, el 4 de marzo de 2018 (boletín N° 14.852-10), siempre que fuere despachado por las Comisiones de Relaciones Exteriores, de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas, y se hubiere recibido el informe o certificado respectivo.
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 21.420, que reduce o elimina exenciones tributarias que indica (boletín N° 14.830-05).
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medioambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecúa las penas aplicables a todos ellos (boletines Nos 13.204-07 y 13.205-07, refundidos).
En esta sesión el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento rendirá el informe respectivo.
3) Tratar en primer, segundo, tercer y cuarto lugar, respectivamente, del Orden del Día de la sesión ordinaria del miércoles 1º de junio del presente año las siguientes iniciativas:
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código de Minería para prohibir la licitación de contratos especiales de operación de minerales no concesibles a privados en los tres meses anteriores al traspaso de un gobierno (boletín N° 14.800-08).
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medioambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecúa las penas aplicables a todos ellos (Nos 13.204-07 y 13.205-07, refundidos).
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Seguro de Salud Catastrófico a través de una cobertura financiera especial en la modalidad de atención de libre elección de Fonasa (boletín N° 12.662-11). Los Comités acordaron tratar esta iniciativa solamente en general.
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.886 y el Código del Trabajo, con el objeto de reforzar la aplicación de las disposiciones que resguardan los derechos de los trabajadores en la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado (boletín N° 13.531-13).
4) Citar a sesión especial de la Corporación para el día martes 7 de junio del presente año, de 12 a 14 horas, con la finalidad de tratar el considerable aumento de la delincuencia en el país en los últimos meses y conocer los planes y programas que está desarrollando el Gobierno para combatirla de forma eficiente y satisfactoria.
A esta sesión se invitará a la señora Ministra del Interior y Seguridad Pública, al señor Subsecretario del Interior y al señor Subsecretario de Prevención del Delito.
5) Considerar, en la sesión del martes 7 de junio del presente año, la proposición de la Honorable Cámara de Diputados, comunicada por oficio de fecha 6 de abril de 2022, para designar, de conformidad con lo establecido en la letra b) del inciso primero del artículo 92 de la Constitución Política de la República, Ministros del Tribunal Constitucional a la señora Alejandra Precht Rorris y al señor Gonzalo Fuenzalida Figueroa (boletín Nº S-2.262-13).
6) Tratar, en la sesión del miércoles 8 de junio del presente año, el proyecto de ley de Su Excelencia el Presidente de la República relativo a la cobertura del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, creado por la ley Nº 20.765 (boletín Nº 15.028-05), siempre que fuere despachado por la Honorable Cámara de Diputados, se hubiere recibido el oficio que comunique la decisión de dicha Corporación, fuere despachado por la Comisión de Hacienda y se hubiere recibido el informe o certificado respectivo.
7) Hacer presente que para que las señoras y los señores Senadores puedan parearse entre sí se requiere, conforme a lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento del Senado, el consentimiento previo del respectivo Comité, por lo que no se cursarán pareos que no cumplan con dicha exigencia.
Es todo, señor Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Gracias, señor Secretario.
Quiero destacar especialmente el punto 7 de los acuerdos de Comités, que señala que no se van a cursar pareos que no cumplan con el requisito de ser firmados por los jefes de Comité respectivos.
El señor MOREIRA.-
Repítalo, por favor, Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Destaco este punto para que después no haya reclamos por parte de Sus Señorías.
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El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, como Presidente de la Comisión de Salud, pido que se recabe la autorización para tratar en general y en particular el proyecto de ley que dispone la obligación de fortificar ciertos alimentos con vitamina D (boletín Nº 14.794-11), por disposición y acuerdo de la Comisión.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
¿Habría acuerdo de la Sala?
Acordado.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 17ª y 18ª, ordinarias, en 10 y 11 de mayo de 2022, respectivamente, que no han sido observadas.
DÍA NACIONAL DE CONMEMORACIÓN DE PERSONAS FALLECIDAS PRODUCTO DE PANDEMIA DE COVID-19
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Corresponde pasar a la tabla de Fácil Despacho.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señor Presidente.
El señor Presidente pone en discusión, en tabla de Fácil Despacho, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que declara el 21 de marzo de cada año como el Día Nacional de Conmemoración de las Personas Fallecidas producto de la Pandemia COVID-19.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 14.083-24) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Esta iniciativa, como su denominación lo indica, tiene por objeto declarar el 21 de marzo de cada año como el Día Nacional para la Conmemoración de las Personas Fallecidas producto de la Pandemia por COVID-19.
La Comisión de Educación y Cultura hace presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, por tratarse de una iniciativa de artículo único, la discutió en general y en particular y acordó unánimemente proponer a la Sala que sea considerada del mismo modo.
Asimismo, la referida Comisión deja constancia de que aprobó en general y en particular el proyecto de ley por la unanimidad de sus integrantes, Senadora señora Provoste y Senadores señores Espinoza, García, Quintana y Sanhueza, en los mismos términos que fuera despachado por la Honorable Cámara de Diputados.
El texto que se propone aprobar se transcribe en la página 4 del informe de la Comisión de Educación y Cultura que Sus Señorías tienen a su disposición.
Es todo, señor Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Gracias.
Vamos a proceder a darle la palabra a la Presidenta de la Comisión de Educación, Senadora Yasna Provoste.
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El señor MOREIRA.-
¡Reglamento!
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Antes está pidiendo la palabra el Senador Moreira, por reglamento.
Senador Moreira.
El señor MOREIRA.-
A propósito de la Cuenta, Presidente, yo solo quisiera hacerle una pregunta, para verificarlo.
El Gobierno y ustedes mismos le han dado mucha trascendencia a lo que vamos a votar dentro de un rato más, relativo al Acuerdo de Escazú.
Yo quisiera saber si las Ministras de Relaciones Exteriores y del Medio Ambiente fueron invitadas. ¿Van a venir? ¿Van a estar presentes?
La señora PROVOSTE.-
¡Ahí viene la Ministra!
El señor MOREIRA.-
¡Ah!, viene llegando la Ministra.
Muy bien.
Gracias, Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Sí, van a estar presentes las dos Ministras, para su tranquilidad, Senador Moreira.
El señor MOREIRA.-
Sí, me interesa mucho.
El señor LAGOS.-
¿Qué más?
¡Próxima pregunta...!
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El señor ELIZALDE (Presidente).-
Le damos, entonces, la palabra a la Presidenta de la Comisión de Educación, Senadora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE.-
Muchas gracias, Presidente.
Aprovecho de saludar a la Ministra del Medio Ambiente, que se encuentra presente en la Sala.
El proyecto de ley en discusión fue iniciado en moción de la Diputada señora Marzán, los Diputados señores Bernales, Rosas y Soto (don Raúl), la ex Diputada señora Girardi y los ex Diputados señores Díaz, Jiménez, Rocafull y Torres.
Ingresó al Senado con fecha 1º de abril de 2021, pasando a la Comisión de Educación y Cultura, instancia en la que fue discutido en general y en particular por constar de un artículo único.
A fin de dar contexto a su estudio, cabe tener presente que la enfermedad del COVID-19 fue reportada por primera vez en China el 31 de diciembre de 2019 y declarada más adelante emergencia de salud pública de importancia internacional. Posteriormente, el 11 de marzo de 2020 fue calificada como pandemia.
En Chile, la enfermedad se ha traducido en millones de contagios y en la pérdida de decenas de miles de vidas.
Esta crisis sanitaria ha implicado una verdadera tragedia, por los numerosos proyectos de vida truncados; la profunda aflicción de los familiares y las comunidades de pertenencia de los fallecidos y las fallecidas; los daños a nivel psicosocial de los sobrevivientes, y la huella que se ha forjado en la sociedad nacional producto de la incertidumbre, el dolor y la desestabilización de las condiciones de vida.
El proceso de duelo se ha visto también afectado por cuanto las restricciones sanitarias obligatorias han impedido desarrollar con normalidad las prácticas y rituales de despedida de quienes han fallecido, lo que ha impactado profundamente en sus familiares y en personas cercanas.
La construcción de una nueva convivencia en el contexto sanitario actual requiere acciones conmemorativas que honren a miles de personas que han perdido su vida como consecuencia de la pandemia y la promoción de espacios reflexivos que contribuyan a recobrar el sentido de paz y cohesión social.
El 21 de marzo de 2020 se produjo la primera muerte provocada por COVID-19 en nuestro país. Se trató de Sonia Valdivia -que en paz descanse-, una mujer de ochenta y dos años, de la comuna de Renca. De ahí que se propone establecer que anualmente sean reconocidas en ese día las víctimas de esta enfermedad.
En vista de los antecedentes señalados, la Comisión estuvo por aprobar la iniciativa en general y en particular por la unanimidad de sus integrantes. Votaron a favor los Senadores Fidel Espinoza, José García, Jaime Quintana, Gustavo Sanhueza y quien habla. Y proponemos a la Sala proceder de la misma manera.
He dicho, señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Gracias.
Conforme a los acuerdos de Comités, vamos a proceder a recabar la unanimidad de la Sala para la aprobación de este proyecto de Fácil Despacho.
¿Habría acuerdo de la Sala para su aprobación?
--Se aprueba el proyecto por unanimidad, en general y en particular, y queda despachado en este trámite.
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El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora Paulina Núñez.
La señora NÚÑEZ.-
Gracias, Presidente.
En nombre de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, solicito que se establezca un nuevo plazo para formular indicaciones, de quince días más desde el vencimiento del que está rigiendo, al proyecto sobre bienestar animal (boletín Nº 10.651-12).
Muchas gracias.
(Después de unos instantes).
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Estamos corroborando la información para ver la fecha.
Si le parece a la Sala, se fijará plazo hasta el 15 de junio, al mediodía, en la Secretaría de la Comisión.
Acordado.
ACUERDO REGIONAL SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN ASUNTOS AMBIENTALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (ACUERDO DE ESCAZÚ)
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Seguimos, entonces, con el Orden del Día.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señor Presidente.
El Señor Presidente pone en discusión el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, y su Anexo 1, adoptado en Escazú, República de Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, con urgencia calificada de "suma".
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 14.852-10) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Este proyecto de acuerdo tiene por objeto garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y a la justicia en asuntos ambientales y crear y fortalecer las capacidades y la cooperación necesarias para su implementación. Lo anterior, con el fin de contribuir a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medioambiente sano y al desarrollo sostenible.
Se dio cuenta de esta iniciativa en la Sala del Senado en sesión celebrada el 11 de mayo de 2022, donde se dispuso su estudio por las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas.
Las referidas Comisiones hacen presente que, por tratarse de un proyecto de artículo único, de conformidad con lo prescrito en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, lo discutieron en general y en particular a la vez, y proponen que en la Sala sea considerado del mismo modo.
Asimismo, dejan constancia de que aprobaron el proyecto de acuerdo en general y en particular por la mayoría de los integrantes de las Comisiones unidas, registrándose 7 votos a favor y 2 abstenciones. Votaron favorablemente los Senadores señora Núñez y señores Chahuán, De Urresti, Durana, Elizalde, Latorre y Quintana. En tanto, se abstuvo el Senador señor Moreira, como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores y en reemplazo del Senador señor Gahona, integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
El texto que se propone aprobar, que contiene el acuerdo aprobatorio del Acuerdo Regional y cuatro declaraciones interpretativas sugeridas por la Cámara de Diputados, se transcribe en las páginas 65 y 66 del informe de las Comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, que Sus Señorías tienen a su disposición.
Es todo, señor Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Agradecemos la presencia en la Sala de la Ministra de Relaciones Exteriores y de la Ministra del Medio Ambiente.
A continuación, le otorgamos la palabra al Presidente de las Comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente, Senador Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.-
Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero advertir a Sus Señorías que se trata de un informe bastante extenso, por lo cual pido la atención de la Sala.
Vuestras Comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales tienen el honor de informaros el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, y su Anexo 1, adoptado en Escazú, República de Costa Rica, el 4 de marzo de 2018 (boletín N° 14.852-10), iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República de 18 de marzo de 2022.
De esta iniciativa se dio cuenta ante la Sala del Senado en sesión celebrada el 11 de mayo de 2022, donde se dispuso su estudio por las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas.
Se deja constancia de que se ha fijado urgencia para su tramitación, siendo calificada de "suma".
Además, por tratarse de un proyecto de artículo único, y de conformidad con lo prescrito en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, vuestras Comisiones proponen discutirlo en general y en particular a la vez. Se deja constancia, asimismo, de que la propuesta legal resultó aprobada, en general y en particular, por 7 votos a favor y 2 abstenciones.
El objetivo del Acuerdo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y a la justicia en asuntos ambientales, y crear y fortalecer las capacidades y la cooperación necesarias para su implementación. Lo anterior, con el fin de contribuir a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medioambiente sano y al desarrollo sostenible.
Por otra parte, cabe hacer presente que el proyecto de acuerdo no requiere quorum especial para su aprobación. En este sentido se pronunció la Excelentísima Corte Suprema cuando en el informe que le fue solicitado por la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana de la Cámara de Diputados señala que el Acuerdo no dice relación con la competencia de los tribunales nacionales para conocer de los casos que, conforme al derecho doméstico, los habilitan para ello, pues se refiere, como resulta evidente, a conflictos entre los Estados partes respecto de los compromisos que se asumen por el Acuerdo.
En el debate se procuró tener una discusión representativa de diversos sectores a lo largo de las tres sesiones, celebradas los días 16, 17 y 30 de mayo. Las Comisiones unidas recibieron en audiencia tanto a la Ministras de Relaciones Exteriores y del Medio Ambiente, señoras Antonia Urrejola y Maisa Rojas, respectivamente -aquí presentes y a quienes saludo-, como a dos invitadas y un invitado especialistas en la materia, señoras Paulina Riquelme y Verónica Delgado y señor Ricardo Irarrázabal.
Los aspectos centrales de la discusión fueron:
1.-
Las consecuencias y efectos de la aprobación del Acuerdo.
2.-
La autoejecutabilidad de sus disposiciones.
3.-
La relación de la aprobación del Acuerdo con eventuales disputas con países limítrofes.
4.-
El plan de implementación y la hoja de ruta.
En todos esos aspectos las inquietudes planteadas por algunos señores Senadores y algunas señoras Senadoras fueron abordadas y despejadas a través de un profundo debate democrático, razón por la cual el Acuerdo fue respaldado por la amplia mayoría de quienes integraron las Comisiones unidas.
El mensaje con el que el Presidente de la República somete a consideración del Congreso Nacional este proyecto de acuerdo señala que el Acuerdo es un tratado internacional cuyo fin principal es garantizar la implementación de los derechos de acceso relativos a la gestión ambiental consignados en el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992, sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que indica que "el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierren peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes".
Así, el instrumento surge al constatarse la necesidad de alcanzar compromisos para la implementación completa de los derechos de acceso señalados en el Principio 10 de la Declaración de Río, atendido que tales derechos permiten abordar conflictos socioambientales desde su inicio, contribuyendo a un proceso de toma de decisiones que goce de apoyo democrático, generando estabilidad social y favoreciendo el desarrollo sostenible del país.
El Acuerdo, que refleja la ambición, las prioridades y las particularidades de nuestra región, aborda aspectos fundamentales en la gestión y protección ambientales desde una perspectiva regional y regula los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en ámbitos tan importantes como el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica, la lucha contra la degradación de las tierras y el cambio climático y el aumento de la resiliencia ante los desastres. También incluye la primera disposición vinculante en el mundo sobre protección a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, en una región en la que estos, lamentablemente, se enfrentan con demasiada frecuencia a agresiones e intimidaciones.
El Acuerdo se abrió a la firma de treinta y tres países de la región el 27 de septiembre de 2018, dando lugar a un plazo de suscripción de dos años que culminó el 26 de septiembre de 2020. Con posterioridad a esa fecha se encuentra abierto a la adhesión de todos los Estados de la región consignados en su Anexo 1 que no lo hayan firmado. En este sentido, cabe hacer presente que nuestro país no lo firmó dentro del referido plazo, por lo cual únicamente corresponde adherirse a él.
El tratado entró en vigencia el 22 de abril de 2021, al cumplirse las once ratificaciones necesarias para ello, y en la actualidad los Estados partes alcanzan a doce en la región: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
La aprobación de este instrumento internacional permitirá dar cumplimiento al programa de gobierno, promoviendo un proceso de transformación de la institucionalidad ambiental para que esta se adecúe a la situación actual de escasez hídrica y crisis climática y a las dinámicas condiciones sociales, culturales, económicas y ambientales de cada territorio.
El Acuerdo se estructura sobre la base de un Preámbulo, donde se señalan las consideraciones que tuvieron presentes las partes para adoptarlo; veintiséis artículos, donde se despliegan sus normas sustantivas, y un anexo, que establece los países de América Latina y el Caribe que pueden ser Estados partes de este acuerdo.
En el Preámbulo las partes recuerdan la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río, formulada por un grupo de países de América Latina y el Caribe en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro en junio del año 2012, denominada "Conferencia de Río+20".
En dicha declaración se reafirma el compromiso con los derechos de acceso, se reconoce la necesidad de avanzar en la aplicación cabal de tales derechos y se manifiesta la voluntad de iniciar un proceso que explore la viabilidad de contar con un instrumento regional.
Por otro lado, las partes reafirman los instrumentos internacionales relevantes, como la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, el Programa 21, la Declaración de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible, entre otros, y se considera la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, donde se estableció el compromiso de lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones, económica, social y ambiental, de manera equilibrada e integrada.
Asimismo, las partes destacan que los derechos de acceso están interrelacionados entre sí y que su implementación contribuye al fortalecimiento de la democracia, el desarrollo sostenible y los derechos humanos.
Finalmente, los Estados reconocen también la multiculturalidad de América Latina y el Caribe y sus pueblos y la importancia del trabajo y las contribuciones fundamentales del público y de los defensores y las defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, y se declaran convencidos de la necesidad de promover y fortalecer el diálogo, la cooperación, la asistencia técnica, la educación y la sensibilidad, así como el fortalecimiento de las capacidades en estas materias, con el fin de alcanzar la plena implementación de los derechos de acceso.
En cuanto a su contenido, el artículo 1 establece los objetivos del Acuerdo.
Por su parte, el artículo 2 comprende una serie de definiciones que se consideran fundamentales para la adecuada comprensión e interpretación del contenido del referido instrumento. Estas son: derechos de acceso, autoridad competente, información ambiental, público y personas o grupos en situación de vulnerabilidad.
Enseguida, el artículo 3 contempla los principios que guiarán a cada parte en la implementación del Acuerdo: de igualdad y no discriminación; de transparencia y rendición de cuentas; de no regresión y de progresividad; de buena fe; preventivo; precautorio; de equidad intergeneracional; de máxima publicidad; de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales; de igualdad soberana de los Estados, y pro persona.
A su vez, el artículo 4 establece las disposiciones generales que informarán a cada parte y a las partes en la implementación del Acuerdo, entre ellas: garantizar el derecho de toda persona a vivir en un ambiente sano, así como cualquier otro derecho humano universalmente reconocido que esté relacionado con el Acuerdo; velar por que los derechos reconocidos en este sean libremente ejercidos; adoptar las medidas necesarias de naturaleza legislativa, reglamentaria, administrativa u otra, en el marco de sus disposiciones internas, para garantizar la implementación del Acuerdo, y proporcionar al público información para facilitar la adquisición de conocimiento respecto de los derechos de acceso.
Se agrega que nada de lo dispuesto en el artículo 4 limitará o derogará otros derechos y garantías más favorables establecidos o que puedan establecerse en la legislación de un Estado parte o en cualquier otro acuerdo internacional del que un Estado sea parte, ni impedirá a un Estado parte otorgar un acceso más amplio a la información ambiental, a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y a la justicia en asuntos ambientales.
El artículo 5 trata del acceso a la información ambiental, prescribiendo, en su párrafo 1, que cada parte deberá garantizar el derecho del público de acceder a la información ambiental que está en su poder, bajo su control o custodia, de acuerdo con el principio de máxima publicidad.
El ejercicio de este derecho a la información ambiental comprende:
1. Solicitar y recibir información de las autoridades competentes sin necesidad de mencionar algún interés especial ni justificar las razones por las cuales se solicita;
2. Ser informado de forma expedita sobre si la información solicitada obra o no en poder de la autoridad competente que recibe la solicitud, y
3. Ser informado del derecho a impugnar y recurrir la no entrega de información y de los requisitos para ejercer ese derecho.
Además, los párrafos 3 y 4 aluden a que cada parte facilitará el acceso a la información ambiental de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad, estableciendo procedimientos de atención, desde la formulación de solicitudes hasta la entrega de información, considerando sus condiciones y especificidades, con la finalidad de fomentar el acceso y la participación en igualdad de condiciones y que se garantice a dichas personas o grupos en situación de vulnerabilidad, incluidos los pueblos indígenas o grupos étnicos, que reciban asistencia para formular sus peticiones y obtener respuesta.
En cuanto a la denegación del acceso a la información ambiental, los párrafos 5 a 10 disponen que cuando la información solicitada o parte de ella no se entregue al solicitante por aplicación del régimen de excepciones establecido en la legislación nacional, la autoridad competente deberá comunicar por escrito la denegación, incluyendo las disposiciones jurídicas y las razones que en cada caso justifiquen esta decisión, e informar al solicitante de su derecho de impugnarla y recurrirla.
A su turno, el párrafo 6 da cuenta de que el acceso a la información podrá denegarse de conformidad con la legislación nacional, y en el caso de que una parte no posea un régimen de excepciones establecido en la legislación nacional, podrá negar la información cuando hacerla pública pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; afecte negativamente a la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional, la protección del medioambiente, incluyendo cualquier especie amenazada o en peligro de extinción, o genere un riesgo claro, probable y específico de un daño significativo a la ejecución de la ley, o a la prevención, investigación y persecución de un delito.
(Rumores).
¡Yo advertí que era largo el informe!
Pediría que el diálogo fuera en el exterior de la Sala.
Seguidamente, se prescribe que en los regímenes de excepciones se tendrán en cuenta las obligaciones de cada parte en materia de derechos humanos, y se alentará la adopción de regímenes de excepciones que favorezcan el acceso a la información. Los motivos de denegación deberán ser establecidos legalmente con anterioridad y estar claramente definidos y reglamentados, tomando en cuenta el interés público y, por lo tanto, serán de interpretación restrictiva, por lo que la carga de la prueba deberá recaer en la autoridad competente.
Igualmente, cuando aplique la prueba de interés público, la autoridad competente ponderará el interés de retener la información y el beneficio público resultante de hacerla pública sobre la base de elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Cuando la información contenida en un documento no esté exenta en su totalidad, de conformidad con el párrafo 6 del presente artículo, la información no exenta deberá entregarse.
Respecto a las condiciones aplicables para la entrega de la información ambiental, las autoridades competentes garantizarán que esta se entregue en el formato requerido por el solicitante, siempre que esté disponible, y en caso de no estarlo, en el formato en que se encuentre; deberán responder a una solicitud de información ambiental con la máxima celeridad posible, en un plazo no superior a treinta días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud, o en un plazo menor si así lo previera expresamente la normativa interna, o cuando, en circunstancias excepcionales y de conformidad con la legislación nacional, la autoridad competente necesite más tiempo para responder a la solicitud. En este caso deberá notificar al solicitante por escrito de la justificación de la extensión antes del vencimiento del plazo, la que no podrá exceder de diez días hábiles. En el evento de que la autoridad no respete dichos plazos, el solicitante podrá reclamar el acceso ante instancias judiciales y administrativas.
Ahora bien, cuando la autoridad competente que reciba la solicitud no posea la información requerida, deberá comunicarlo al solicitante con la máxima celeridad posible, indicando, en caso de poderlo determinar, la autoridad que tuviera dicha información.
La solicitud deberá ser remitida a la autoridad que posea la información solicitada y el solicitante deberá ser informado de ello. Si no existe la información o no hubiera sido generada aún, se deberá informar fundadamente de esta situación al solicitante en los plazos ya previstos. La información ambiental deberá entregarse también sin costo, siempre y cuando no se requiera su reproducción o envío.
Finalmente, el párrafo 18 del artículo 5 alude a los mecanismos de revisión independientes, y cada parte establecerá o designará uno o más órganos o instituciones imparciales y con autonomía e independencia con el objeto de promover la transparencia en el acceso a la información ambiental, fiscalizar el cumplimiento de las normas, así como vigilar, evaluar y garantizar el derecho de acceso a la información ambiental.
Seguidamente, el artículo 6, que trata de la generación y divulgación de la información ambiental, señala que cada parte garantizará, en la medida de los recursos disponibles, que las autoridades competentes generen, recopilen, pongan a disposición del público y difundan la información ambiental relevante para sus funciones de manera sistemática, proactiva, oportuna, regular, accesible y comprensible, y actualicen periódicamente esta información y alienten la desagregación y descentralización de la información ambiental a nivel subnacional y local, fortaleciendo la coordinación entre las diferentes autoridades del Estado; que la información ambiental sea reutilizable, procesable y esté disponible en formatos accesibles, y que no existan restricciones para su reproducción o uso de conformidad con la legislación nacional.
Asimismo, cada parte contará con uno o más sistemas de información ambiental actualizados y deberá garantizar que los sistemas de información ambiental se encuentren debidamente organizados, sean accesibles para todas las personas y estén disponibles de forma progresiva por medios informáticos y georreferenciados, cuando corresponda.
También deberá tomar medidas para establecer un registro de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, y de materiales y residuos bajo su jurisdicción, el cual se establecerá progresivamente y se actualizará de manera periódica; garantizar, en caso de amenaza inminente a la salud pública o al medioambiente, que la autoridad competente divulgará de forma inmediata y por los medios más efectivos toda la información relevante que se encuentre en su poder y que permita al público tomar medidas para prevenir o limitar eventuales daños, y desarrollar e implementar un sistema de alerta temprana utilizando mecanismos disponibles.
Con el objeto de facilitar que las personas o grupos en situación de vulnerabilidad accedan a la información que particularmente les afecte, cada parte procurará, cuando corresponda, que las autoridades competentes divulguen la información ambiental en los diversos idiomas usados en el país y elaboren formatos alternativos comprensibles para dichos grupos por medio de canales adecuados.
Del mismo modo, cada parte hará sus mejores esfuerzos por publicar y difundir a intervalos regulares, que no superen los cinco años, un informe nacional sobre el estado del medioambiente, el que podrá contener:
1. Información sobre el estado del medioambiente y de los recursos naturales, incluidos datos cuantitativos, cuando ello sea posible;
2. Acciones nacionales para el cumplimiento de las obligaciones legales en materia ambiental;
3. Avances en la implementación de los derechos de acceso, y
4. Convenios de colaboración entre los sectores público, social y privado.
Dichos informes deberán redactarse de manera que sean de fácil comprensión, estar accesibles al público en diferentes formatos y ser difundidos a través de medios apropiados, considerando las realidades culturales. Cada parte podrá invitar al público a realizar aportes a estos informes.
En este orden de información, se alienta a las partes a realizar evaluaciones independientes de desempeño ambiental que tengan en cuenta criterios y guías acordados nacional e internacionalmente, e indicadores comunes, con miras a evaluar la eficacia, la efectividad y el progreso de sus políticas nacionales ambientales en el cumplimiento de sus compromisos nacionales e internacionales.
Asimismo, se les insta a promover el acceso a la información ambiental contenida en las concesiones, contratos, convenios o autorizaciones que se hayan otorgado y que involucren el uso de bienes, servicios o recursos públicos, de acuerdo con la legislación nacional; a asegurarse de que los consumidores y usuarios cuenten con la información oficial, pertinente y clara sobre las cualidades ambientales de bienes y servicios y sus efectos en la salud, favoreciendo patrones de consumo y producción sostenibles; a establecer y actualizar periódicamente sus sistemas de archivos y gestión documental en materia ambiental; a adoptar las medidas necesarias, a través de marcos legales y administrativos, para promover el acceso a la información ambiental que esté en manos de entidades privadas, en particular la relativa a sus operaciones y posibles riesgos y efectos en la salud humana y el medioambiente, y a incentivar la elaboración de informes de sostenibilidad de empresas públicas y privadas, en particular de grandes empresas, que reflejen su desempeño social y ambiental.
A continuación, el artículo 7, sobre participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, prescribe que cada parte deberá asegurar el derecho a participación del público, y para ello se compromete a implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales sobre la base de los marcos normativos internos e internacionales.
Entre otras acciones, las partes:
1. Garantizarán mecanismos de participación del público en los procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativas a proyectos y actividades, así como en otros procesos de autorizaciones ambientales que tengan o puedan tener un impacto negativo sobre el medioambiente, incluyendo cuando puedan afectar la salud;
2. Promoverán la participación del público en el proceso de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones distintas de las mencionadas precedentemente, tales como el ordenamiento del territorio y la elaboración de políticas, estrategias, planes, programas, normas y reglamentos que tengan o puedan tener un significativo impacto sobre el medioambiente;
3. Adoptarán medidas para asegurar que la participación del público sea posible desde las etapas iniciales del proceso de toma de decisiones, de modo que las observaciones del público sean debidamente consideradas y contribuyan en dichos procesos. A tal efecto, cada parte proporcionará al público, de manera clara, oportuna y comprensible, la información necesaria para hacer efectivo su derecho a participar;
4. Garantizarán, en la implementación del Acuerdo, el respeto de su legislación nacional y de sus obligaciones internacionales relativas a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales.
Dicho procedimiento de participación pública contemplará plazos razonables que dejen tiempo suficiente para informar al público y para que este participe de manera efectiva, y sea informado de forma cierta, comprensible y oportuna a través de medios apropiados, que pueden incluir los medios escritos, electrónicos u orales, así como los métodos tradicionales, como mínimo sobre:
1. El tipo o naturaleza de la decisión ambiental de que se trate y, cuando corresponda, en lenguaje no técnico;
2. La autoridad responsable del proceso de toma de decisiones y otras autoridades e instituciones involucradas;
3. El procedimiento previsto para la participación del público, incluida la fecha de inicio y de finalización de este, los mecanismos previstos para dicha participación y, cuando corresponda, los lugares y fechas de consulta o audiencia pública, y
4. Las autoridades públicas involucradas a las que se les pueda requerir mayor información sobre la decisión ambiental de que se trate, y los procedimientos para solicitar la información.
Además, el derecho del público a participar en los procesos de toma de decisiones ambientales incluirá la oportunidad de presentar observaciones por medios apropiados y disponibles, conforme a las circunstancias del proceso. Antes de la adopción de la decisión, la autoridad que corresponda tomará debidamente en cuenta el resultado del proceso de participación.
Para ello, cada parte velará por que, una vez adoptada la decisión, el público sea oportunamente informado de ella y de los motivos y fundamentos que la sustentan, así como del modo en que se tuvieron en cuenta sus observaciones. La decisión y sus antecedentes serán públicos y accesibles.
Así, la difusión de las decisiones que resulten de las evaluaciones de impacto ambiental y de otros procesos de toma de decisiones ambientales que involucren la participación pública deberá realizarse a través de medios apropiados, de forma efectiva y rápida. La información difundida deberá incluir el procedimiento previsto que permita al público ejercer las acciones administrativas y judiciales pertinentes.
En este orden de ideas, cada parte establecerá condiciones propicias para que la participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales se adecúe a las características económicas, culturales, geográficas y de género del público, promoviendo, además, su participación en foros y negociaciones internacionales en materia ambiental o con incidencia ambiental, de acuerdo con las reglas de procedimiento que para dicha participación prevea cada foro.
Asimismo, cada parte alentará el establecimiento de espacios apropiados de consulta en asuntos ambientales o el uso de los ya existentes, en los que puedan participar distintos grupos y sectores. Cada parte promoverá la valoración del conocimiento local, el diálogo y la interacción de las diferentes visiones y saberes, cuando corresponda.
Las autoridades realizarán esfuerzos para identificar y apoyar a personas o grupos en situación de vulnerabilidad, a fin de involucrarlos de manera activa, oportuna y efectiva en los mecanismos de participación. Para estos efectos, se considerarán los medios y formatos adecuados, a fin de eliminar las barreras a la participación y para identificar al público directamente afectado por proyectos y actividades que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medioambiente, y promoverán acciones específicas para facilitar su participación.
Por último, en los procesos de toma de decisiones ambientales que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medioambiente, incluyendo cuando puedan afectar la salud, se hará pública al menos la siguiente información:
1. La descripción del área de influencia y de las características físicas y técnicas del proyecto o actividad propuesta;
2. La descripción de los impactos ambientales del proyecto o actividad y, según corresponda, el impacto ambiental acumulativo;
3. La descripción de las medidas previstas con relación a dichos impactos;
4. Un resumen de los tres puntos anteriores en lenguaje no técnico y comprensible;
5. Los informes y dictámenes públicos de los organismos involucrados dirigidos a la autoridad pública vinculados al proyecto o actividad de que se trate;
6. La descripción de las tecnologías disponibles para ser utilizadas y de los lugares alternativos para realizar el proyecto o actividad sujeto a las evaluaciones cuando la información esté disponible, y
7. Las acciones de monitoreo de la implementación y de los resultados de las medidas del estudio de impacto ambiental.
Por su parte, el artículo 8, relativo al acceso a la justicia en asuntos ambientales, dispone que cada parte garantizará el derecho a acceder a la justicia en asuntos ambientales de acuerdo con las garantías del debido proceso, asegurando, en el marco de su legislación nacional, el acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir en cuanto al fondo y el procedimiento:
1.-
Cualquier decisión, acción u omisión relacionada con el acceso a la información ambiental;
2.-
Cualquier decisión, acción u omisión relacionada con la participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales, y
3.-
Cualquier otra decisión, acción u omisión que afecte o pueda afectar de manera adversa al medioambiente o contravenir normas jurídicas relacionadas con el medioambiente.
A fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia del público, cada parte, de acuerdo con sus circunstancias, contará con:
1. Órganos estatales competentes con acceso a conocimientos especializados en materia ambiental;
2. Procedimientos efectivos, oportunos, públicos, transparentes, imparciales y sin costos prohibitivos;
3. Legitimación activa amplia en defensa del medioambiente, de conformidad con la legislación nacional;
4. La posibilidad de disponer medidas cautelares y provisionales para, entre otros fines, prevenir, hacer cesar, mitigar o recomponer daños al medioambiente;
5. Medidas para facilitar la producción de la prueba del daño ambiental cuando corresponda y sea aplicable, como la inversión de la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba;
6. Mecanismos de ejecución y de cumplimiento oportuno de las decisiones judiciales y administrativas que correspondan, y
7. Mecanismos de reparación, según corresponda, tales como la restitución al estado previo al daño, la restauración, la compensación o el pago de una sanción económica, la satisfacción, las garantías de no repetición, la atención a las personas afectadas y los instrumentos financieros para apoyar la reparación.
Para facilitar el acceso del público a la justicia en asuntos ambientales cada parte establecerá:
i. Medidas para reducir o eliminar barreras al ejercicio del derecho de acceso a la justicia;
ii. Medios de divulgación del derecho de acceso a la justicia y los procedimientos para hacerlo efectivo;
iii. Mecanismos de sistematización y difusión de las decisiones judiciales y administrativas que correspondan, y
iv. El uso de la interpretación o la traducción de idiomas distintos a los oficiales cuando sea necesario para el ejercicio de este derecho.
Además, para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia, cada parte atenderá las necesidades de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad mediante el establecimiento de mecanismos de apoyo, incluida la asistencia técnica y jurídica gratuita, según corresponda.
Por último, en este ámbito cada parte deberá atender las necesidades de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad mediante el establecimiento de mecanismos de apoyo, incluida la asistencia técnica y jurídica gratuita, según corresponda; se asegurará que las decisiones judiciales y administrativas adoptadas en asuntos ambientales, así como su fundamentación, estén consignadas por escrito, y promoverá mecanismos alternativos de solución de controversias en asuntos ambientales, en los casos en que proceda, tales como la mediación, la conciliación y otros que permitan prevenir o solucionar dichas controversias.
El artículo 9 -ya estamos en el nueve-, referido a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, dispone que cada parte:
i. Garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
ii. Tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer y proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, así como su capacidad para ejercer los derechos de acceso, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales de dicha parte en el ámbito de los derechos humanos, sus principios constitucionales y los elementos básicos de su sistema jurídico.
iii. Tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el Acuerdo.
De otro lado, el artículo 10 consigna el compromiso de cada parte de crear y fortalecer sus capacidades nacionales sobre la base de sus prioridades y necesidades. A tal efecto, podrá tomar, entre otras, las siguientes medidas: formar y capacitar en derechos de acceso en asuntos ambientales a autoridades y funcionarios públicos; desarrollar y fortalecer programas de sensibilización y creación de capacidades en derecho ambiental y derechos de acceso para el público, funcionarios judiciales y administrativos, instituciones nacionales de derechos humanos y juristas, y contar con medidas específicas para personas o grupos en situación de vulnerabilidad, como la interpretación o traducción en idiomas distintos al oficial, cuando sea necesario.
El artículo 11 dispone que las partes deberán cooperar para el fortalecimiento de sus capacidades nacionales con el fin de implementar el Acuerdo de manera efectiva, prestando especial consideración a los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo de América Latina y el Caribe.
Además, las partes alentarán el establecimiento de alianzas con Estados de otras regiones, organizaciones intergubernamentales, no gubernamentales, académicas y privadas, así como organizaciones de la sociedad civil y otros actores de relevancia en la implementación del presente Acuerdo, y promoverán la cooperación regional y el intercambio de información con respecto a todas las manifestaciones de las actividades ilícitas contra el medioambiente.
Luego, los artículos 12 a 18 regulan el Centro de Intercambio de Información, la creación o instalación de diversos órganos y un fondo a los fines de asignarle mayor efectividad al Acuerdo.
Entre ellos, la Conferencia de las Partes estará encargada, de conformidad con el artículo 15, de examinar y fomentar la aplicación y efectividad del Acuerdo. En su primera reunión, convocada por el Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, deberá deliberar y aprobar por consenso sus reglas de procedimiento, que incluirán las modalidades para la participación significativa del público y las disposiciones financieras que sean necesarias para el funcionamiento e implementación del Acuerdo.
Entre sus competencias están: recibir y examinar los informes y las recomendaciones de los órganos subsidiarios; formular recomendaciones a las partes relativas a la implementación del presente Acuerdo; elaborar y aprobar, si procede, protocolos al presente Acuerdo para su posterior firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión, y examinar y aprobar propuestas de enmienda al presente Acuerdo.
Asimismo, conforme al artículo 12, se crea un Centro de Intercambio de Información, que tendrá carácter virtual y será de acceso universal sobre los derechos de acceso. Este Centro será operado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en su calidad de Secretaría, y podrá incluir medidas legislativas, administrativas y de política, códigos de conducta y buenas prácticas, entre otras.
Se establece, igualmente, un Fondo de Contribuciones Voluntarias para apoyar el financiamiento de la implementación del Acuerdo, cuyo funcionamiento será definido por la Conferencia de las Partes, pudiendo estas efectuar contribuciones voluntarias. La Conferencia de las Partes podrá invitar a otras fuentes a aportar recursos para apoyar la implementación del Acuerdo.
El artículo 13 prevé, para la implementación nacional, que cada parte, de acuerdo con sus posibilidades y prioridades nacionales, se comprometa a facilitar medios de implementación para las actividades nacionales necesarias para cumplir las obligaciones derivadas del Acuerdo.
Del mismo modo, habrá una Secretaría del Acuerdo, cuyo ejercicio le corresponderá al Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Entre sus funciones se encuentran: convocar y organizar las reuniones de las Conferencias de las Partes y de sus órganos subsidiarios; prestar asistencia a las partes; concretar, bajo la orientación general de la Conferencia de las Partes, los arreglos administrativos y contractuales necesarios para desempeñar con eficacia sus funciones, y cualquier otra que determine la Conferencia de las Partes.
Finalmente, queda establecido, conforme al artículo 18, un Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento como un órgano subsidiario de la Conferencia de las Partes para promover su aplicación y apoyar a las partes en la implementación del Acuerdo. Este Comité tendrá carácter consultivo, transparente, no contencioso, no judicial y no punitivo, y podrá examinar el cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo y formular recomendaciones conforme a las reglas de procedimiento establecidas por la Conferencia de las Partes, asegurando una participación significativa del público y considerando las capacidades y circunstancias nacionales de las partes.
El artículo 19 aborda la solución de controversias, disponiendo en su párrafo 1 que si entre dos o más partes surge una controversia respecto de la interpretación o de la aplicación del Acuerdo, esas partes se esforzarán por resolverlo por medio de la negociación o por cualquier otro medio de solución de controversias que consideren aceptable.
El párrafo 2 señala que cuando una parte firme, ratifique, acepte o apruebe el presente Acuerdo, o se adhiera a él, o en cualquier otro momento posterior, podrá indicar por escrito al Depositario, en lo que respecta a las controversias que no se hayan resuelto conforme al párrafo 1 aludido, que acepta considerar obligatorio uno o los dos medios de solución siguientes en sus relaciones con cualquier parte que acepte la misma obligación:
1. El sometimiento de la controversia a la Corte Internacional de Justicia, y
2. El arbitraje de conformidad con los procedimientos que la Conferencia de las Partes establezca. Si las partes en la controversia han aceptado los dos medios de solución de controversias mencionados, la controversia no podrá someterse más que a la Corte Internacional de Justicia, a menos que las partes acuerden otra cosa.
Asimismo, el artículo 20 estipula el procedimiento de enmiendas del Acuerdo, disponiendo que cualquier parte podrá proponer enmiendas, las que se adoptarán en una reunión de la Conferencia de las Partes. Añade que será la Secretaría la encargada de comunicar el texto de toda propuesta de enmienda a las partes al menos con seis meses de antelación a la reunión en que se proponga su adopción, procurando adoptarlas por consenso. En la eventualidad de que sea sometida a votación, se requerirá una mayoría de tres cuartos de las partes presentes y votantes en la reunión para su adopción.
Además, el depositario comunicará la enmienda adoptada a todas las partes para su ratificación, aceptación o aprobación. La ratificación, aceptación o aprobación de una enmienda se notificará por escrito al depositario. La enmienda que se adopte con arreglo al Acuerdo entrará en vigor para las partes que hayan consentido en someterse a las obligaciones establecidas en ella el nonagésimo día contado a partir de la fecha de depósito de los instrumentos de ratificación... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).
El señor MOREIRA.-
¡Nadie está escuchando, señora Presidenta!
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
¿Puede ir cerrando, Senador, por favor?
Tiene un minuto.
El señor QUINTANA.-
No, necesito cuatro.
Estoy en el 95 por ciento del informe, Presidenta.
He visto -lo sé- a muchos colegas seguir con mucha atención el texto,...
El señor MOREIRA.-
¡Eso no es así!
El señor QUINTANA.-
... y creo que en lo que viene a continuación se despejan muchas dudas.
¡Me distrajo...!
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Siga, por favor.
No sociabilice; dé el informe nomás.
El señor QUINTANA.-
Es lo que he estado haciendo, Presidenta, ¡además de pedir agua...!
Bueno, el artículo 21 considera la firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión, indicando que estaría abierto a la firma de todos los países de América Latina y el Caribe incluidos en el Anexo 1, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, del 27 de septiembre de 2018 al 26 de septiembre de 2020. Asimismo, estará sujeto a la ratificación, la aceptación o la aprobación de los Estados que lo hayan firmado, y abierto a la adhesión de todos los países de América Latina y el Caribe incluidos en el Anexo 1 que no lo hayan firmado a partir del día siguiente a la fecha en que expire el plazo para la firma del Acuerdo. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán en poder del Depositario.
A continuación, los artículos 22, 23, 24, 25 y 26 se refieren, respectivamente, a la entrada en vigor, las reservas, la denuncia, el Depositario (el Secretario General de las Naciones Unidas) y los textos auténticos, especificándose que el Acuerdo entrará en vigor el nonagésimo día contado a partir de la fecha en que haya sido depositado el undécimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. Respecto de cada Estado que ratifique, acepte o apruebe el Acuerdo, o que se adhiera a él, después de haber sido depositado el undécimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, este entrará en vigor el nonagésimo día contado a partir de la fecha en que dicho Estado haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
No será factible formular reservas al Acuerdo, pero se podrá denunciar, mediante notificación por escrito al depositario, en cualquier momento después de la expiración del plazo de tres años contados a partir de la fecha de entrada en vigor de una parte. La denuncia cobrará efecto al cabo de un año contado desde la fecha en que el depositario haya recibido la notificación correspondiente, o posteriormente, en la fecha que se indique en la notificación.
El Depositario será el Secretario General de las Naciones Unidas, y el texto original del Acuerdo, en los idiomas español e inglés, igualmente auténticos, será depositado ante este.
Finalmente, el Acuerdo tiene un Anexo 1... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).
Estoy terminando.
Sucede que esta no es como una intervención cualquiera, en que a uno le es factible resumir. No puedo cercenar el informe. Pero ya estoy finalizando.
Reitero: el Depositario será el Secretario General de las Naciones Unidas, y el texto original del Acuerdo, en los idiomas español e inglés, igualmente auténticos, será depositado ante este.
Finalmente, el Acuerdo tiene un Anexo 1, en el cual se nominan los 33 países de la región que pueden ser Estados partes de aquel.
Quiero terminar agradeciéndoles a la Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Senadora Paulina Núñez; a los miembros de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente; por supuesto, a las Ministras que acompañaron toda esta discusión, señoras Antonia Urrejola y Maisa Rojas, titulares de las Carteras de Relaciones Exteriores y del Medio Ambiente, respectivamente, así como a sus equipos, quienes siguieron todo este proceso; a los invitados que estuvieron acompañándonos también en esta discusión, y, por cierto, al equipo de la Secretaría de la Comisión de Relaciones Exteriores, conformado por don Julio Cámara y los profesionales abogados señora Magdalena Ascorra y señor Nicolás Montero.
He dicho.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Gracias, Senador.
Tiene la palabra la Senadora Núñez.
)------------(
La señora PROVOSTE.-
¡Señora Presidenta, punto de reglamento!
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Perdón, Senadora.
Para un punto de reglamento, tiene la palabra la Senadora Provoste.
La señora PROVOSTE.-
Muchas gracias, Presidenta.
Dado que mañana se rendirá la Cuenta Pública y la Comisión de Educación no podrá sesionar, porque la reunión programada coincide con el horario de aquella, solicito autorización para sesionar en paralelo con la Sala mañana, a partir de las 17 horas, a fin de revisar el proyecto que modifica el plazo de entrada en vigencia de los aranceles regulados, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación establecidos en el Título V de la ley N° 21.091, sobre educación superior, para el financiamiento institucional para la gratuidad (boletín N° 14.997-04).
A juicio nuestro, es importante iniciar esta discusión, Presidenta.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Gracias, Senadora.
Se ha solicitado autorización para que mañana la Comisión de Educación funcione paralelamente con la Sala.
¿Les parece a Sus Señorías?
--Así se acuerda.
)------------(
El señor INSULZA.-
Señora Presidenta.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
¿Punto de reglamento, Senador?
El señor INSULZA.-
Sí.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Senador Insulza.
El señor INSULZA.-
Presidenta, por petición del Ministerio del Interior solicito prorrogar el plazo para la presentación de indicaciones al proyecto sobre persecución del narcotráfico y crimen organizado, destino de bienes incautados en esos delitos y fortalecimiento de las instituciones de rehabilitación e inserción social.
El plazo vence mañana, y por eso estoy haciendo el planteamiento ahora.
Pido extenderlo quince días más solamente: hasta el 15 de junio.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Se ha solicitado ampliar el plazo para presentar indicaciones al proyecto señalado por Su Señoría, hasta el 15 de junio.
¿Habría acuerdo?
--Así se acuerda.
)------------(
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora Paulina Núñez.
La señora NÚÑEZ.-
Muchas gracias, señor Presidente.
Nos encontramos en el Senado, en el Congreso Nacional, para aprobar un tratado internacional que Chile, desde el año 2018, ha aspirado a adherir y, de esa forma, poder formar parte del primer gran tratado medioambiental de Latinoamérica y el Caribe.
En mi calidad de Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de este Senado y, además, como representante de la Región de Antofagasta, no tengo ninguna duda y me asiste la plena convicción de que estamos tomando una buena decisión.
Hemos trabajado durante varias sesiones en las Comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente.
Hago el alcance de la región que represento, porque creo que muchas veces los proyectos industriales, mineros, de energía terminan judicializados por el error de no querer socializarlos con anticipación, por temor a la participación ciudadana, y no garantizar derechos de acceso a la información e, incluso, a la justicia.
Siento que nuestro ordenamiento y nuestra institucionalidad se encuentran fortalecidos. Lo destacaba ayer en las Comisiones unidas y lo quiero resaltar también en esta instancia. Tenemos una buena institucionalidad en materia medioambiental: tribunales ambientales, un Ministerio dedicado exclusivamente al tema, nuestras propias Comisiones en la Cámara de Diputadas y Diputados y en el Senado, y una Superintendencia, cuyo rol principal es el de fiscalización.
Entonces, no podemos estar al debe en formar parte de este tratado internacional que regula los derechos de acceso ambientales.
Quiero dejar en claro también que, durante toda la discusión, y gracias al conocimiento tanto de la Cancillería como del Ministerio del Medio Ambiente -aprovecho de saludar a las Ministras que están presentes en la Sala-, se fueron aclarando varias dudas. Yo creo que, en un legítimo derecho, las distintas autoridades de turno, tanto en el Ejecutivo como en el Poder Legislativo, han tenido aprensiones. Es muy importante dejar en claro en esta instancia que las legítimas aprensiones que hubo al momento de determinar si se adhería o no a este tratado fueron despejadas.
En ese sentido, por ejemplo, las cuestiones relativas a la autoejecutabilidad; al mecanismo de controversias, donde se señala a la Corte Internacional de Justicia para resolver los eventuales conflictos que pueda haber entre los Estados parte; a la falta de reconocimiento de los avances legislativos en Chile, y a la situación de los países limítrofes quedaron despejadas.
Me quiero concentrar en una cuestión que me parece superclave que quede expresamente señalada en esta argumentación antes de emitir nuestro voto: en este momento no nos estamos sometiendo a la Corte Internacional de Justicia ni al arbitraje internacional como método para resolver los eventuales conflictos que pueda haber entre las partes.
Obviamente, cuando un Estado adhiere a un instrumento internacional, ejerce derechos y se somete también a cumplir deberes. En ese contexto, cuando existan eventuales conflictos, será la negociación, el diálogo, el acuerdo entre las partes, la primera herramienta para encontrar una solución. Si eso no opera, los Estados parte tendrán que señalar expresamente otro método para resolver; por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia o el arbitraje internacional.
Pues bien, en este momento, en esta ratificación por parte de nuestro Senado y del Congreso Nacional, esa definición no se está produciendo.
Quiero recalcar ese punto, porque fue uno de los más discutidos, a propósito de que, hace no tanto tiempo, terminamos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya para resolver lo relativo al acceso al mar que estaba demandando un país, tema que, para nosotros, desde nuestra Región de Antofagasta, evidentemente era muy relevante y que ya estaba resuelto. Pero igual lo terminamos discutiendo en tribunales internacionales.
Dicho eso, Presidente, quiero dejar muy en claro la constante prevención que hicimos varios parlamentarios, y yo la manifesté también en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente: la sola adhesión al Acuerdo de Escazú no garantiza la disminución de los conflictos socioambientales ni la protección de los defensores ambientales; para ello, se necesita una buena implementación de este tratado.
Durante la discusión, desde los dos Ministerios que encabezaron la tramitación de este instrumento internacional, se entregaron unas bases estratégicas de implementación del Acuerdo de Escazú, en las que están claramente definidas cuáles serán las etapas, los pasos a seguir y los recursos que van a ser necesarios para implementarlo. Si de algo está cansada la ciudadanía -y no podemos caer en eso si hoy día muchos de nosotros estamos concurriendo con plena convicción a respaldar la importancia de formar parte de este tratado internacional-, es de que se juegue con la expectativa de la sociedad civil, diciendo que seremos parte del Acuerdo, pero luego no existan recursos para ejecutarlo, o no haya un programa o una implementación que así lo permita.
Por último, Presidente, quiero señalar que el plan de ejecución no será de un día para otro. Creo que es importante señalarlo. De hecho, para este año -así se mencionó en la discusión- no hay recursos disponibles; por tanto, la implementación se va a producir a partir del próximo año desde el punto de vista de los fondos.
Mientras tanto, se va a avanzar en la adecuación de nuestra normativa. También es importante decirlo, dado que este tratado internacional es más de lo que hoy día tenemos dentro de nuestro ordenamiento jurídico.
Insisto, a eso no hay que tenerle temor, al contrario. Creo que el cambio climático -al menos para mí- no es un problema, sino un tremendo desafío para que nuestras actividades industriales, mineras, portuarias puedan, de una vez por todas, ser sostenibles, sustentables, y para que la verdadera responsabilidad social se traduzca, primero, con las propias comunidades donde se emplazan esos proyectos, pero también, evidentemente, desde nuestro país y desde nuestras regiones.
Por lo tanto, Presidente, salvadas las dudas, por ejemplo, a través de las declaraciones interpretativas que se acordaron y aprobaron en la Cámara de Diputadas y Diputados y que nosotros ratificamos de una u otra forma, revisándolas en las Comisiones unidas, vengo a dar mi voto favorable, como lo hice ayer, a este tratado internacional, e invito a los Senadores y a las Senadoras presentes a que actúen de la misma forma, ya que han sido despejadas las dudas por parte de quienes pudimos conocer el asunto en detalle en las Comisiones.
Finalizo dándole las gracias a la sociedad civil organizada, especialmente a quienes forman parte de Escazú Ahora Chile. Muchos de los que conforman este movimiento son personas muy jóvenes, que entienden perfectamente que el cambio climático no es un problema, sino un desafío que tenemos como país y que debemos enfrentar en forma transversal.
Muchas gracias, Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Gracias, Senadora Núñez.
Por punto de reglamento, le vamos a dar la palabra a la Senadora Pascual.
La señora PASCUAL.-
Muchas gracias, Presidente.
Quiero pedir, sin perjuicio de que los Senadores y las Senadoras podamos hacer nuestra intervención en el tiempo pertinente, que se abra la votación, por favor.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Se plantea abrir la votación, manteniendo los tiempos de argumentación.
Se solicita abrir la votación, manteniendo los tiempos.
No hay unanimidad. El Senador Kast y el Senador Moreira no dan la unanimidad.
Seguimos dando la palabra.
Tiene la palabra el Senador Moreira.
El señor MOREIRA.-
Antes de hacer uso de la palabra, reglamentariamente yo pediría que las reuniones bilaterales que están teniendo algunos Senadores aquí las hagan afuera. Veo desorden y eso me llama mucho la atención. Respecto de un proyecto de esta naturaleza, que el Gobierno estaba empeñado en que se votara hoy día, veo bastante desinterés, salvo el detalle que dio el Presidente de la Comisión.
O sea, ahora que tienen los votos, ya no les importa nada.
Presidente, la protección del medioambiente es, sin duda, una prioridad y es deber del Estado mejorar el acceso de las personas a la información y a la justicia medioambiental. En ese sentido, entiendo el interés de muchos sectores de mejorar esa protección y acceso al aprobar el denominado "Acuerdo de Escazú", cuyo objetivo principal es precisamente el acceso a la justicia ambiental.
Sin embargo, como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, mi preocupación va por un derrotero diferente, que es determinar cuáles son los efectos para nuestro país, más allá de lo que dice el Acuerdo.
Me ha tocado escuchar en la Comisión, en más de una oportunidad, planteamientos que indican que este tratado no representa riegos para nuestro país. Hemos oído estas expresiones de parte de las Ministras de Relaciones Exteriores y del Medio Ambiente. Han dicho que este acuerdo no implica riesgos para nuestro país, que no hay peligro alguno de autoejecutabilidad, que no se establecen diferencias arbitrarias y que, finalmente, no hay daño alguno a la soberanía nacional.
Este proyecto se va a aprobar, y no voy a ser yo un obstáculo para aquello. Sin embargo, no estoy en condiciones de manifestar mi conformidad, porque tengo mis serias dudas, las que no se resuelven con buenas intenciones o declaraciones interpretativas.
El Acuerdo de Escazú es un tratado de derechos humanos y, como tal, según muchos constitucionalistas, tiene un rango supraconstitucional. Por lo mismo, está sujeto a reglas no legales, sino constitucionales.
Es, además, un tratado pionero, según lo han afirmado desde el Gobierno y por los invitados que asistieron a las Comisiones unidas, por lo que no tenemos parámetro alguno en la región para medir de manera anticipada sus efectos.
Y, finalmente, es un tratado que no admite reservas.
Por lo mismo, aprobarlo implica una decisión política.
Algunos en mi propio sector dicen que el pacto es inocuo. Sin embargo, desde la Cámara de Diputados solicitaron al Gobierno que se formulen declaraciones interpretativas, que solo tienen valor relativo a nivel interno y no a nivel internacional y, por lo demás, solo pueden expresar qué entiende un país por el correcto sentido de una norma, sin alterar su esencia o efecto; si no, sería una reserva. Hay que ser claros: una declaración interpretativa no puede impedir la ejecución de un tratado o de una de sus normas.
Aquí, en el Senado, también se buscó incorporar nuevas declaraciones para "mayor seguridad", pero siempre con el evidente riesgo del valor reducido de una declaración, que no es una reserva propiamente tal.
¿Es el Acuerdo de Escazú autoejecutable? El Gobierno dice que no. Nosotros entendemos que el texto dice otra cosa, o que al menos permite interpretarlo en un sentido diverso. ¿Quién se va a hacer cargo si ello ocurre?
¿Establece el Acuerdo de Escazú diferencias arbitrarias entre diversas categorías de derechos humanos? Nosotros creemos que sí y, aún peor, tal diferencia carece de justificación en nuestra realidad.
¿Afecta el Acuerdo de Escazú la soberanía nacional? Se nos ha dicho una y otra vez que no. Sin embargo -para recordar-, se nos decía lo mismo con el Convenio 169 de la OIT, y los resultados están a la vista; tampoco traería problemas el acuerdo del gas con Argentina, y el corte de la llave de paso nos tuvo en una crisis energética en el pasado. Cualquier declaración interpretativa que busque frenar la aplicación del Acuerdo carece de fuerza y es inoponible a otros países, salvo que ellos la acepten.
En síntesis, el Acuerdo es un avance para Latinoamérica en general, pero no tanto para Chile en particular, porque nuestro país tiene grandes estándares medioambientales; somos un ejemplo, y muchas veces no sabemos reconocer lo que se ha hecho en este Parlamento a lo largo de estos últimos treinta años en la materia.
Digo que es un avance en Latinoamérica, pero nos llama mucho la atención que son muy pocos los países que lo han ratificado: Antigua y Barbuda, Guyana, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Argentina, México, Bolivia, Ecuador, Panamá, Uruguay, Nicaragua. Por alguna razón los demás países no lo han hecho.
Nosotros no queremos ser un obstáculo para este proyecto; de hecho, nobleza obliga, la labor de las Ministras de Relaciones Exteriores y del Medio Ambiente ha sido un aporte. ¿En qué? En que quienes estábamos comprometidos a votar en contra hoy día tenemos la legítima duda.
Por esa razón, algunos parlamentarios de la UDI -otros votarán a favor- hemos creído conveniente abstenernos. Más allá del Acuerdo, es un téngase presente. Ante la duda, nos abstenemos, porque puede que en algún minuto traiga consecuencias para nuestro país.
Pero, como estamos convencidos de que la protección del medioambiente es una prioridad y deber del Estado, así como mejorar el acceso de las personas a la información y a la justicia medioambiental, he decido, junto a otros colegas, abstenerme y no ser un obstáculo para la aprobación de este tratado.
He dicho, señor Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Se ha solicitado nuevamente la apertura de la votación.
¿Habría acuerdo?
El señor MOREIRA.-
No.
(El Senador Kast mueve su dedo en señal de negación).
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Durana.
El señor DURANA.-
Gracias, Presidente.
El Acuerdo de Escazú permite enfrentar los conflictos socioambientales de forma integral, siendo una opinión compartida que la integración de todos los sectores de la sociedad en materia ambiental constituye no solo un factor fundamental para el desarrollo sostenible de Chile, sino el cumplimiento de una responsabilidad con nuestras generaciones futuras.
El Acuerdo tiene una perspectiva regional, y si bien ello es destacable, es necesario que se priorice en todo momento el debido respeto a la legislación y a la jurisdicción interna de cada uno de los Estados. Solo así se puede canalizar adecuadamente la participación ciudadana y ejercer una eficaz protección de los defensores del medioambiente.
Si bien el Acuerdo de Escazú tiene por objetivo garantizar, con relación a los temas medioambientales, el acceso a la información, la participación pública en los procesos de toma de decisiones y el acceso a la justicia en este tipo de materias, es necesario hacer presente que gran parte de los avances que contiene en este ámbito ya han sido incorporados en nuestra legislación interna y hoy forman parte de nuestra institucionalidad.
Asimismo, los objetivos planteados, vivir en un medioambiente sano y el desarrollo sostenible, están siendo progresivamente incorporados a nuestra legislación.
En este contexto, es evidente que aparezca como conveniente y coherente la aprobación de este acuerdo.
Sin embargo, es necesario hacer presente aquellas materias en las cuales el Ejecutivo debe hacerse responsable de su implementación, las que son motivo de preocupación no solo en determinados sectores políticos, sino también en diversos ámbitos gremiales y académicos de nuestro país.
Esperamos que se asuma como corresponde el pleno respeto a lo establecido en la ley N° 19.300, en cuanto a los derechos referidos al acceso a la justicia, a la información ambiental y al concepto de autoridad competente.
Además, creemos que existe la necesidad de que el Poder Ejecutivo promueva una ley a efectos de que los conceptos relativos a la buena fe, la equidad intergeneracional, la máxima publicidad, la soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales, la igualdad soberana de los Estados y el principio pro persona sean adecuadamente definidos.
Por otra parte, debe tenerse presente en todo momento que los acuerdos internacionales a los que Chile se obliga a su cumplimiento son aquellos que han sido previamente suscritos y ratificados por nuestro país.
Durante el primer trámite legislativo en la Cámara de Diputados, este acuerdo fue aprobado en conjunto con cuatro declaraciones interpretativas:
1.-
Chile ya cumple en su ordenamiento jurídico interno con los estándares de los derechos reconocidos en el Acuerdo de Escazú.
2.-
Todo lo relacionado con el principio de cooperación solo debe entenderse en los términos del Acuerdo de Escazú, sin contemplar otras materias.
3.-
Será el ordenamiento jurídico interno la herramienta por la cual se velará por el compromiso internacional.
4.-
No se reconoce competencia a ninguna de las dos instancias que señala el tratado para resolver controversias suscitadas en el contexto de este instrumento internacional. Cabe señalar que ninguno de los países que ha aprobado el Acuerdo ha reconocido competencias a la Corte Internacional de Justicia o al arbitraje.
Finalmente, debe tenerse presente que las medidas que sea necesario asumir para la implementación del Acuerdo deben ser adoptadas en el marco de las posibilidades y prioridades nacionales y por los medios que Chile, en el ejercicio pleno de su soberanía, considere apropiados y tenga disponibles.
Estos antecedentes estaban considerados en la declaración interpretativa promovida por varios Senadores, que entiendo que el Ejecutivo no ha estado dispuesto a considerar, limitándose a los términos de lo acordado en la Cámara de Diputados, a cambio de imprimir una celeridad en la aprobación de este acuerdo.
Voy a mantener mi voto favorable, fundamentalmente por lo que escuché: los compromisos asumidos y expresados por las señoras Ministras de Relaciones Exteriores y del Medio Ambiente.
No obstante, quisiera señalar, para la historia de la ley, que espero que con el Acuerdo de Escazú, que estamos ratificando, no estemos aprobando obligaciones ambiguas que puedan condicionar la legislación ambiental de Chile, generar incertidumbre jurídica o exponer al país a controversias internacionales.
Voto a favor, y creo que, de acuerdo a lo expresado en las Comisiones unidas en las cuales he participado, vale la pena confiar en este acuerdo medioambiental que tanto interés genera en la sociedad civil.
Voto a favor, Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Se ha solicitado nuevamente abrir la votación.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
El señor MOREIRA.-
Es por respeto a las Ministras, porque, de lo contrario, no va a quedar nadie en la Sala.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador David Sandoval.
El señor SANDOVAL.-
Muchas gracias, Presidente.
El Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como "Acuerdo de Escazú" -y aprovecho de saludar a las Ministras aquí presentes, a quienes, obviamente, les deseamos el mayor de los éxitos en las trascendentes e importantes tareas que deben cumplir-, sin duda que ha generado controversia, ha generado discusión y ha generado diversos debates, legítimos, válidos, en un país que quiere estar, de algún modo, a la vanguardia en materia ambiental.
Como se ha señalado, el Acuerdo ha sido firmado por veinticuatro Estados latinoamericanos, a los que se suma Chile, por cierto, y solamente doce de ellos lo han ratificado, entre los cuales se encuentran varias economías importantes de América Latina, como Colombia, Brasil, Paraguay, Perú, República Dominicana y la propia Costa Rica, lugar en el cual se encuentra la localidad de Escazú, que es donde se suscribió este relevante acuerdo.
Como bien se ha expresado, sus objetivos centrales son básicamente cuatro:
-Garantizar el derecho de acceso a la información ambiental.
-Garantizar la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales.
-Garantizar el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
-Crear y fortalecer la cooperación internacional necesaria para su implementación.
En este contexto, hay que señalar que el proceso que lleva adelante el Acuerdo sin duda que obliga a los Estados en diferentes ámbitos, y particularmente nos obliga a ponernos a tono con lo que significan los nuevos desafíos en materia ambiental.
Para muchos países probablemente el Acuerdo de Escazú sea el punto de partida para generar diversas iniciativas, dado el atraso de varios en cuanto a legislación ambiental, sin duda que sí. Incluso cuando uno asiste a algunos eventos internacionales sobre ciertas temáticas en las cuales Chile y otros países llevan la delantera, se percata de que prácticamente no son ni siquiera motivo de discusión en ciertas naciones, por su atraso en algunas materias. Y el tema ambiental evidentemente es una de ellas.
Eso ha generado una potente presión internacional para poner a tono a países -para qué nombrar los efectos que ha significado para la deforestación en América Latina- que tienen un atraso enorme en tal sentido.
Es más, desde el propio Congreso chileno se promovieron y se acordaron en el Parlamento Latinoamericano tres iniciativas sobre este particular: las leyes relativas al cambio climático, la ley sobre eficiencia energética y la ley de electromovilidad, que todavía está un poquito atrasada. Se suscribió un acuerdo de todos los países de América Latina a través del Parlamento Latinoamericano.
Por eso, creo que la pregunta debe formularse al revés: ¿cuál es el objetivo final del Acuerdo de Escazú? La aprobación de un acuerdo que genera tanta pasión en algunos, ¿qué significa en definitiva para Chile? ¿Vamos a resolver, con el Acuerdo de Escazú, los problemas de contaminación del país? ¿Vamos a resolver los problemas que implican hoy día tener sometidos a millones de chilenos a profundos niveles de contaminación ambiental?
Y para qué nombrar algunos casos emblemáticos. Aquí toda la vida se ha señalado a Quintero, Ventanas y Puchuncaví.
Soy de la Región de Aysén, que es el paraíso ambiental, la zona más linda de Chile: el 87 por ciento de su superficie son parques, reservas, monumentos o tierras fiscales. Repito: el 87 por ciento. Pero, curiosamente, albergamos a la ciudad que, según la medición de la contaminación ambiental, se constituye en determinados episodios en la ciudad más contaminada de América Latina. ¿Servirá Escazú para resolver los problemas de la comunidad de Coyhaique, que vive en un verdadero tubo de escape durante algunos momentos del año, particularmente ahora, en invierno? ¿Servirá este acuerdo para que esta y otras comunidades -porque en Chile el fenómeno está presente desde Rancagua hacia el sur- dejen de sufrir los efectos de la contaminación?
Porque si el Acuerdo de Escazú sirviese para que millones de chilenos que viven problemas de contaminación dieran un salto adelante en su calidad de vida, sin duda que todos, absolutamente todos, estaríamos alineados con este proyecto.
Por eso, evidentemente que esto nos impone reflexionar también en dicho sentido. Porque con toda seguridad muchas organizaciones ambientales aplaudirán su firma. Pero no podemos dejar de reflexionar sobre la realidad en la cual tenemos a millones de chilenos que esperan que se cumpla la norma que señala la Constitución.
Nuestra Ministra del Medio Ambiente, en una entrevista concedida hace pocos días, señalaba que quería hacer de Chile un país ecologista. ¡Tremendo desafío, Ministra!
Y sin duda que esperamos que así sea, porque un objetivo esencial es generarles a los habitantes de nuestro país un ambiente libre de contaminación, como reza la Carta Fundamental, y como reza, además (entre comillas) el borrador de la Nueva Constitución, que también hace mención al patrimonio ambiental.
El Acuerdo de Escazú de alguna manera constituye una obligación para que los Estados se pongan a tono en materia ambiental. Y la discusión se ha planteado muchas veces en los aspectos que tocan a nuestra nación. Porque Chile, evidentemente, no está dentro de los países atrasados en legislación ambiental.
Personalmente participé muchas veces en las Comisiones de Medio Ambiente, tanto en la Cámara como en el Senado, y tenemos una larga nómina de diversas normas legales que ponen a Chile en una posición distinta, partiendo por la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
Otra pregunta importantísima: ¿por qué aún no hemos sido capaces de aprobar el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el SBAP? ¿Saben desde cuándo está pendiente su tramitación en el Congreso? Desde el 2014. ¡Ocho años!, durante los cuales no hemos sido capaces de aprobar una norma que apunta precisamente al corazón de la biodiversidad y de las áreas protegidas.
¡Tantos años para generar una norma!
Por eso, de repente uno entra en cuestionamiento respecto de la oportunidad: Acuerdo de Escazú versus nuestra situación en ciertas materias.
Para qué nombrar los tribunales ambientales; la Ley Marco de Cambio Climático, que se aprobó recientemente; la ley de eficiencia energética.
Y esperamos, Ministra -por su intermedio, Presidenta-, que avancemos en una ley especial de electromovilidad. Considero necesario establecerla, por cuanto el transporte es uno de los principales elementos de la contaminación que afecta a Santiago, entre otras tantas ciudades.
También en la ley de delitos ambientales; la Ley de Reciclaje y Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que apunta también a un objetivo tan esencial como es la reutilización de los residuos, de los desechos; la regulación de los plásticos; lo relacionado con las compras sustentables; las normas de emisión que se han tramitado en nuestro país; los planes de descontaminación atmosférica.
En definitiva, creemos que ha habido un avance significativo en materia de legislación ambiental en nuestro país. Por eso hoy día el acento debemos ponerlo en este otro lado de la moneda.
Esperamos sinceramente que el Acuerdo de Escazú sea, de alguna manera, un punto de inflexión en la búsqueda de una mejor legislación ambiental. ¿Hemos experimentado avances? Sin duda que sí. ¿Son suficientes? Sin duda que no. ¿Queremos perfeccionarlo? Sin duda que sí.
Por cierto que voy a aprobar el Acuerdo de Escazú. Pero creo sinceramente, Ministra, que ahora debemos avanzar para generar una legislación eficiente, activa, real, proactiva, que se haga cargo del fondo del tema.
Tenemos a millones de chilenos viviendo en condiciones de altos niveles de contaminación, lo que afecta directamente la salud de las personas. ¡Ahí es donde hay que poner el acento!
El Acuerdo de Escazú no le va a aportar mucho al país, por más que lo quieran presentar como un gran logro, y probablemente mañana el Presidente Boric irá a anunciar: "Aprobamos el Acuerdo de Escazú".
Me habría gustado que mañana el Presidente anunciara que vamos a impulsar un plan de descontaminación del país y que nos vamos a hacer cargo de nuestras lacras ambientales, que implican que tengamos a millones de chilenos viviendo en condiciones de precariedad, por la mala calidad del aire, por la contaminación de los ríos, por la deforestación, por la desertificación y la escasez de agua; por tantos temas que sí son relevantes y que el Acuerdo de Escazú no resolverá.
Vamos a solucionar esos problemas en la medida en que nos hagamos cargo del fondo de la realidad y que nos preocupemos, no del Acuerdo de Escazú, sino de asegurar a millones de chilenos el legítimo derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación; un ambiente que se logrará cuando contemos con una legislación acorde a lo que necesitamos.
Mañana el Presidente informará sobre la firma del Acuerdo de Escazú, pero nos habría gustado sobremanera que nos comunicara de qué manera se van a impulsar las nuevas políticas en materia de descontaminación y de recuperación de los enormes pasivos ambientales que tenemos a lo largo del país.
Voy a votar a favor, Presidenta.
Muchas gracias.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador De Urresti.
Tiene la palabra el Senador Lagos.
Tiene la palabra el Senador Saavedra.
El señor SAAVEDRA.-
Muchas gracias, Presidenta.
En primer lugar, quiero saludar a la Ministra del Medio Ambiente.
Esta discusión se da en un momento en que el cambio climático en el planeta, y somos parte de eso, nos exige conductas, compromisos y responsabilidad frente al futuro. Por lo tanto, no se está desarrollando en un vacío la aprobación del Acuerdo de Escazú.
En consecuencia, somos parte del planeta y debemos hacer todo lo que podamos para permitir que los compromisos internacionales a los que hemos contribuido como país, porque vivimos con otros, sean coadyuvantes para disminuir todas las consecuencias de los gases de efecto invernadero y del calentamiento del planeta.
En nuestro país, la sequía no es casual, la disminución de la pesca no es casual, los deshielos en la Antártica no son casuales. Esos fenómenos tienen que ver, justamente, con la falta de decisiones estandarizadas en el planeta y con su cumplimiento.
Cuando asumimos el compromiso de reducir el uso del carbón, fue en serio. Por lo tanto, tenemos que dar pasos para mejorar todo lo que son los sistemas de generación eléctrica, para que allí haya proyectos sustentables que nos aseguren energías limpias.
Cuando acordamos mejorar los procesos de calefacción de las casas de todas las regiones del país, también iba en serio.
Esas medidas constituyen un incentivo, por lo tanto, para aprobar este proyecto. Porque nuestros conocimientos nos permiten cooperar internacionalmente con todas nuestras buenas prácticas en los casos de empresarios inescrupulosos que, estando en Chile, y debido a nuestros estándares ambientales más altos, se pudieran trasladar a aquellos países donde los requerimientos sean más bajos. Y continuamos con un planeta que sigue emitiendo cada día más gases de efecto invernadero y no resolvemos los problemas de fondo de la pobreza, de la segregación y de la desigualdad territorial, que también se viven en nuestro país.
Por lo tanto, acá estamos logrando estandarizar, junto con otros países de América Latina, las buenas prácticas y las políticas ambientales que hemos desarrollado, pero también adquiriendo la sabiduría y el conocimiento de otros.
Se abren las puertas, entonces, de la participación de la ciudadanía, pero con la protección que requieren para no caer en sanciones de un sistema judicial injusto con aquellos que buscan defender los derechos ambientales de todas y todos.
Y el acceso a la información también es clave para que en las discusiones sobre proyectos que afectan a las diferentes comunidades se posea el conocimiento que corresponde y su participación sea parte de la toma de decisiones, y no se llegue a reclamar o a protestar cuando las iniciativas ya estén aprobadas o cuando los efectos ya se estén viviendo.
En consecuencia, es un buen acuerdo. Y resulta positivo para el país y para el planeta que Chile forme parte de este instrumento internacional, porque aquello es coherente con lo que hicimos en Río el año 2012, cuando nuestro país fue propiciador en la Cumbre de las Naciones Unidas de este acuerdo, el que además cuenta con el apoyo firme y la convicción de la sociedad civil para avanzar.
Por tanto, eso que se dio en 2012 -y han pasado diez años- hoy día lo estamos ratificando. El Senado de la República concurre con la sabiduría que le corresponde a un cuerpo legislativo como este para poner a Chile al mismo nivel de los veinticuatro países que ya han ratificado este acuerdo.
Eso es cooperación, eso es colaboración, eso es estandarizar legislaciones a nivel latinoamericano.
Para Chile, este acuerdo significa reforzar la obligación de garantizar derechos humanos como el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia, guiándose por los principios, objetivos y estándares que presenta el presente instrumento.
Los países robustecen su democracia ambiental con este acuerdo, ya que los derechos de acceso mejoran la toma de decisiones y su implementación.
Mejora también la gobernanza, contribuyendo a la rendición de cuentas y al control de la corrupción en las decisiones ambientales. Han sido muchos los casos que hemos tenido que lamentar y sonrojarnos en este sentido, porque hemos incurrido en actuaciones francamente deplorables en el tratamiento de algunas situaciones en el país.
El Acuerdo de Escazú genera, además, un círculo virtuoso en cuanto a los derechos de acceso a la información y a la justicia ambiental, que contribuyen a una decisión democrática a favor del medioambiente.
En consecuencia, se benefician los derechos humanos, ya que todos ellos dependen de un entorno sano.
El enfoque de fortalecimiento de capacidades y la cooperación permitirán mejorar el desempeño nacional, como nos ha recomendado la OCDE en su evaluación del año 2016.
El adherir nos facilita una plataforma de cooperación con la región, cumpliendo nuestras buenas prácticas.
Entre los principios del Acuerdo figuran la soberanía permanente de los Estados sobre los recursos naturales y otros principios fundamentales en la esfera ambiental, como la prevención, precaución y la no regresión, lo que va en línea con lo recientemente aprobado en la Ley Marco de Cambio Climático.
El Acuerdo de Escazú es consistente con numerosos acuerdos internacionales ratificados por Chile, que promueven reforzar el ejercicio de los derechos de acceso. Así, robustecerá la implementación de instrumentos internacionales como el Acuerdo de París y la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible.
Como instrumento internacional, potencia una verdadera Política Ambiental de Estado, que es indispensable para enfrentar la actual crisis climática; es decir, la trascendencia en el tiempo de esta política, más allá de la duración específica de los Gobiernos, debe reflejarse en la aprobación de hoy día.
El Acuerdo de Escazú evidencia los principios de la política exterior de Chile respecto de los objetivos internacionales de promoción de la democracia, el respeto de los derechos humanos y la responsabilidad de cooperar. Adherir al Acuerdo permitirá retomar la consistencia y coherencia de nuestra política internacional.
En suma: estandarizar para cooperar y transmitir nuestras buenas prácticas.
Aprobar este acuerdo permite la participación en serio de quienes se sienten parte de proyectos que a veces atrofian la posibilidad de un desarrollo sostenible.
Asimismo, posibilita instalar un sistema de protección judicial para aquellos activistas y personas que defienden el vivir bien, el vivir en paz y el vivir en un ambiente sano y sustentable.
El Acuerdo de Escazú permite el acceso a la información requerida y necesaria para la participación consciente y consecuente con los principios de la sustentabilidad y de un Chile para vivir mejor.
Aprobaré, porque asumo que el Acuerdo de Escazú es bueno para el país; pero, al mismo tiempo, porque homologa condiciones con nuestros vecinos y congéneres de América Latina y así vamos cumpliendo con los acuerdos internacionales que contribuyen a que nuestro planeta pueda tener alguna mínima aspiración de volver al camino de la sustentabilidad.
He dicho, Presidenta.
Muchas gracias.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Gracias, Senador.
Senador Ossandón, ¿punto de reglamento?
El señor OSSANDÓN.-
Quería pedir si se podía abrir la votación.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Se ha solicitado abrir la votación.
No hay unanimidad, Senador.
Tiene la palabra el Senador De Urresti.
El Senador Lagos.
El Senador Latorre.
El Senador Edwards.
El señor EDWARDS.-
Gracias, Presidenta.
El Partido Republicano ha decidido votar en contra de este acuerdo.
La verdad es que consideramos que Chile posee una de las legislaciones ambientales más avanzadas del mundo. De hecho, hemos sido pioneros en incorporar temáticas como la participación, la transparencia y el acceso a la justicia, todos argumentos que fueron esgrimidos para ratificar este acuerdo.
Lo cierto es que nosotros no vemos avances reales en la protección medioambiental, que es la justificación que se da para aprobarlo. Sin embargo, sí vemos algunas complicaciones que lamentablemente se van a presentar en caso de acogerlo. Por ejemplo, va a traer probables problemas con nuestra soberanía territorial, una posible judicialización permanente y una consiguiente incertidumbre jurídica. Porque en el artículo 11 se acuerda de manera explícita que las partes se comprometen a cooperar con naciones menos adelantadas, así como con aquellas sin litoral. Esta interpretación de algunos países vecinos no va a ser muy favorable para Chile, pudiendo utilizarse los mecanismos que este acuerdo otorga. Y no me refiero solamente a la salida al mar de Bolivia, sino también a algo así como el caso del río Silala, que perfectamente podría darse.
Con respecto a la solución de controversias, se establece que de no lograrse un acuerdo las partes deberán recurrir a la Corte Internacional de Justicia o someterse a un arbitraje, es decir, bien podría este acuerdo llevarnos a problemas territoriales o internacionales y terminar siendo demandados en una corte.
Presidenta, este acuerdo tiene asimismo, y obviamente, carácter supralegal -no sé si obviamente, pero tiene carácter supralegal-, un rango jerárquico que va más allá de la legislación chilena propiamente tal. Pero se exige solamente quorum simple para su aprobación, sobreponiéndose a medidas nacionales que perfectamente pudieron haber sido aprobadas con quorum más altos.
Otro aspecto que también me preocupa es la ambigüedad de algunos de sus términos. A modo de ejemplo, cito lo relativo al "derecho a vivir en un medioambiente sano". Yo entiendo que hay ciertas piezas en la legislación en que se habla de "medioambiente sano", pero me parece que esto es muy distinto a decir "derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación", porque la contaminación es susceptible de ser medida de manera científica y técnica. Por ejemplo, nuestra actual Constitución obliga al Estado a evitar los riesgos de agentes contaminantes sobre el suelo, la tierra y el agua, y establece el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación. Sin embargo, "medioambiente sano" es un concepto bastante más difuso y ha sido objeto de una discusión contemporánea a nivel internacional que no deja claro qué es exactamente. Por lo tanto, hay una cierta ambigüedad.
Finalmente, Presidenta, debo señalar que soy partidario de la igualdad ante la ley, por lo que me genera mucha inquietud el reconocimiento y protección especial a cierto tipo de activistas, que son los activistas medioambientales -y lo digo con todo el respeto que me merecen, en general, las personas que trabajan por acciones políticas en las distintas áreas-, porque este tratado no establece de manera clara y distinta quiénes pueden ser considerados efectivamente defensores medioambientales.
Además, ¿por qué crear un grupo de activistas privilegiados? Yo me pregunto: ¿por qué no darles los mismos privilegios a los activistas provida, o a los activistas que defienden la idea de que el Gobierno no puede hacerse de nuestros ahorros previsionales, o a quienes defienden la libertad de enseñanza? ¿Por qué les damos beneficios y protección legal específica a activistas medioambientales? Yo personalmente creo que el ordenamiento jurídico debiese asegurar igualdad ante la ley independiente de la causa que se defienda. De modo que establecer privilegios gremiales, a mi juicio, constituye un retroceso civilizatorio.
Ahora bien, a las personas de nuestro sector que van aprobar este tratado quiero decirles que cuando haya miles de activistas medioambientales vestidos de activistas de derechos humanos -porque así es como lo plantea este proyecto de acuerdo-, estos van a estar protegidos por la ley y muchos de ellos, de manera injusta a mi juicio, podrán perfectamente vivir a costa de la gente de trabajo. Y todo eso, protegido por ley, por un acuerdo que les da un estatus distinto a activistas medioambientales.
En síntesis, sin beneficios concretos en la defensa del medioambiente, o al menos claros, porque la legislación chilena ya tiene esto incorporado en prácticamente todos sus artículos, Escazú solo representa, como lo hablamos, ciertos riesgos en contra de nuestra soberanía, de la certeza jurídica y de algunos que, a mi juicio, son principios civilizatorios, como la igualdad ante la ley.
Así que deseo anunciar no solamente que voy a votar en contra, sino que es muy probable, dado que el artículo 24 permite la denuncia de este tratado después de tres años de su entrada en vigor, que, si tenemos un presidente republicano, vayamos a denunciar este acuerdo para fortalecer la defensa del medioambiente y evitar los problemas que trae consigo.
Voto en contra, Presidenta.
Muchas gracias.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Gracias, Senador.
Senadora Rincón, ¿punto de reglamento?
La señora RINCÓN.-
Sí, Presidenta.
¿Sería posible abrir la votación?
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
¿Les parece?
No hay acuerdo, Senadora.
Tiene la palabra el Senador Núñez.
El señor MOREIRA.-
¡Presidenta!
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Disculpe, Senador Núñez.
Senador Moreira, ¿punto de reglamento?
Puede intervenir.
El señor MOREIRA.-
Presidenta, no es majadería que yo me niegue a que se abra la votación; es solo por respeto a las dos Ministras que tienen que hablar sobre el tema.
El Gobierno quiere anunciar esto mañana, en la Cuenta, con bombos y platillos, y me extraña mucho que los partidos que lo respaldan pidan en forma constante abrir la votación. Son recién las seis y media de la tarde. ¿Quieren que nos quedemos con tres personas acá y las Ministras? ¡No! A mí eso no me parece; lo considero una falta de respeto.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Gracias, Senador.
Senador Núñez, tiene la palabra.
El señor NÚÑEZ.-
Gracias, Presidenta.
Bueno, yo espero que el no acuerdo para abrir la votación sea por la preocupación que escuchamos acá del Senador Moreira y no porque, en definitiva, se quiera que el Acuerdo no se alcance a votar hoy día por haberse cumplidos los plazos. Supongo que no vamos a caer en ese tipo de triquiñuelas en el Senado...
El señor MOREIRA.-
¡Es hasta total despacho!
El señor NÚÑEZ.-
... Pero bueno, vamos a ver qué pasa en unos minutos más.
Presidenta, acá se ha argumentado mucho respecto a los contenidos del Tratado de Escazú: el acceso a la información en materia ambiental; la posibilidad de recurrir, obviamente, a la Justicia cuando las situaciones así lo ameriten; las garantías -algo que molestaba bastante al Senador Edwards- a la vida de los defensores y activistas ambientales.
Parece que a algunos les molesta que resguardemos la vida de las personas en Chile. Me llama la atención eso. No sabía que el Partido Republicano tenía esa indiferencia frente a los riesgos en la vida de la gente. Por cierto, escuchamos harto también bajo la dictadura ese mismo discurso.
Ahora bien, hay una cosa que a mí no me ha quedado suficientemente clara. Yo creo que alguien va a tener que explicarnos por qué el Gobierno anterior se negó a suscribir el tratado que estamos analizando.
Pero, Presidenta, deseo centrarme en una situación porque a veces los ejemplos ayudan bastante a ilustrar para qué sirven este tipo de instrumentos.
Les quiero comentar que en la Región de Coquimbo tenemos un conflicto ambiental enorme con un proyecto minero cuyos impactos son tremendos y han sido denunciados por distintas organizaciones ambientalistas, por científicos, por todo el mundo que entiende algo de medioambiente. Se trata del proyecto minero Dominga.
No obstante, algunos que se hallan en esta Sala creen que hay que aprobarlo igual porque el medioambiente no importa, como si el cambio climático y todos los efectos negativos fueran cosa secundaria, como si cuando una minera hace un rajo abierto y rompe un acuífero, esa agua vuelve a quedar disponible y sale sola. O sea, son cosas bastante ilógicas.
También cabe mencionar los constantes episodios de contaminación que generan distintos proyectos. En nuestra región, lamentablemente, el caso emblemático es el del proyecto minero Dominga.
Y, Presidenta, déjeme leerle un párrafo, solo un párrafo, del Tratado de Escazú, que dice que los Estados deberán proporcionar "acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes".
Aquí alguien dijo que tenemos en Chile una de las legislaciones ambientales más avanzadas de América Latina, y también escuché decir: "¡de las más avanzadas del mundo!". Yo les quiero hacer una consulta: ¿ustedes me pueden explicar por qué, si nuestra legislación ambiental es tan avanzada, tan progresista, tan eficaz, la denuncia sobre contaminación que presentamos el 29 de julio de 2021 a la Superintendencia del Medio Ambiente, generada por Minera Los Pelambres, todavía no tiene respuesta? Escuchen bien: ¡todavía no tiene respuesta!
O sea, han transcurrido ocho meses y la institucionalidad ambiental chilena no es capaz de señalar qué ocurrió, producto de que esa minera contaminó con polvo la localidad de Cuncumén, y de aplicarle una sanción.
Me van a decir, por supuesto, que esto es un invento del comunismo internacional.
Bueno, yo les quiero contar que como nosotros preveíamos que una vez presentada la denuncia ante la Superintendencia no iba a haber una acción eficaz, pusimos un recurso de protección unos meses después en la Corte de Apelaciones. Como dicha entidad no actúa -es decir, no cursa las multas frente a un hecho evidente, en que hay pruebas documentales de todo tipo de contaminación-, tuvimos que interponer ese recurso.
Minera Los Pelambres respondió con documentos elaborados por equipos jurídicos altamente prestigiosos, muy costosos. ¿Y saben qué pasó? La Corte de Apelaciones nos dio la razón a nosotros, a veintiocho pobladores de Cuncumén, Tranquilla y Batuco que firmaron el recurso de protección, porque los hechos eran innegables, evidentes. Incluso le ordenó a la Superintendencia, ¡le ordenó! -o sea, en Chile la Justicia le tiene que ordenar para que emita un informe, porque no lo hace-, le dio plazo de 120 días para ello y le dijo: "Usted, en la práctica, está cayendo en denegación de justicia, dado que no cursa las multas que corresponden, no cursa los procedimientos". Y hoy día, ¿a cuánto estamos?, 31 de mayo, ¡y todavía no tenemos respuesta de la Superintendencia!
¿Esa es la legislación ambiental progresista, la más avanzada del mundo que tenemos para que se sancione un hecho de contaminación que está reconocido ante el organismo fiscalizador cuya ley le encomienda como única función sancionar a una empresa que contamina, y no lo hace? Pero este tratado sí nos va a dar esa facultad, sí nos va a permitir incluso ir a tribunales internacionales.
Yo les quiero preguntar: ¿es justo que los pobladores de Cuncumén, de Batuco, de Tranquilla puedan demandar a Minera Los Pelambres ante tribunales internacionales? ¡Claro que es justo!, porque en Chile la institucionalidad no está actuando, no cursa las multas que corresponden, no cursa las infracciones. Y lo peor de todo es que se usa la fórmula de la omisión: no se responde la denuncia que se ha hace y en la que se han seguido todos los procedimientos legales.
Entonces, ustedes me van a decir: "¡No! Lo que pasa es que este fue un hecho excepcional. Usted, Senador, lo que hace es aprovecharse de este hecho excepcional para atacar a Minera Los Pelambres, ¡que es una minera muy pobre, que además es de una familia de mucho esfuerzo, sacrificada, como la familia Luksic, que no tiene ganancias multimillonarias, que apenas andan al día a día...!".
Pero, ¿sabe qué pasa, Presidenta? Que a mí me acaban de llegar ahora, ¡ahora!, videos que denuncian que el contraducto que saca el material del yacimiento Los Pelambres hasta el tranque El Mauro, que es un material líquido que viene contaminado, se acaba de romper en la localidad de Llimpo, en Salamanca. Tenemos aquí un video de cómo fluye eso por la carretera y llega a un terreno donde hay cultivos. ¿Y qué defensa tiene la gente frente a esa situación?
Entonces, acá lo que indigna, Presidenta, es que nos están diciendo que en este país tenemos el derecho consagrado a vivir en un medioambiente libre de contaminación, ¡y eso en la Región de Coquimbo no es verdad!
Por eso, quienes están aquí presentes tienen la posibilidad de darnos una pequeña oportunidad de conseguir más garantías para que, cuando la legislación chilena no actúe, o la institucionalidad incluso desconozca una resolución de la Corte de Apelaciones donde se le pida que curse las multas y no lo haga, bueno, podamos tener entonces el resguardo de acudir a organismos internacionales.
¿Cuál es el daño que eso provoca?
¡Oiga, si no estamos echando a los Luksic del valle del Choapa! ¡Solo les estamos pidiendo que no contaminen! ¡Cómo va a ser eso tan difícil de entender: que no contaminen!
¿Ustedes saben lo que es un material que viene de un contraducto de un tranque de relave? ¿Saben cuántas partículas contaminantes trae en su interior? Es un líquido, y ahí está escurriendo por la carretera, para llegar a un sector donde hay plantaciones agrícolas.
Entonces, realmente a mí me parece que lo mínimo, ¡lo mínimo!, que puede hacer este Senado es darle la posibilidad a la gente, a las comunidades, a la sociedad chilena, de defenderse frente a una situación como esta, porque hoy día la institucionalidad no se la da.
Y también quiero hacerle un llamado a la Ministra del Medio Ambiente, aquí presente, y asimismo a la Ministra de Relaciones Exteriores, a quien no alcancé a saludar cuando partió la sesión, para que por favor nos ayuden.
Yo estuve hace tres semanas en una reunión con el Superintendente subrogante del Medio Ambiente, porque sabíamos que no iba a responder, no a nosotros, sino a la Corte de Apelaciones de La Serena. ¿Y saben lo que hizo? Nos mandó un oficio, fechado hace cinco días, diciendo: "No se preocupen, estamos conscientes. El 31 vamos a responder a la sanción que nos están pidiendo, a su solicitud".
¡Todavía estamos esperando la respuesta!
Es por eso que la gente no cree en la institucionalidad; es por eso que, cuando tiene que movilizarse, al final revienta y se producen todos los hechos que nosotros no queremos que sucedan. Y para que ello no ocurra deben tener defensa.
De ahí que es tan importante, Presidenta, que el Senado apruebe este tratado internacional, que es fundamental.
Quise graficar la situación con un hecho para que puedan ver la realidad que hoy día se está viviendo en el valle del Choapa y que, obviamente, tiene preocupada a la gente, porque además, con la sequía que tenemos, si hay escurrimiento de material, este puede llegar a los pozos de la gente, a los APR, a los pozos de bebida.
Entonces, acá realmente se requieren medidas concretas, y este tratado es un gran avance. Lo vamos a aprobar en el Comité del Partido Comunista y también, obviamente, en la bancada de Apruebo Dignidad.
Termino mi intervención saludando a las Ministras por el esfuerzo que han puesto para que esto pueda ser ley lo antes posible.
Gracias, Presidenta.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador Lagos.
El señor LAGOS.-
Muchas gracias, Presidenta.
Aprovecho de saludar a la Ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola; a la Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas; a mis colegas, y a todos quienes siguen esta sesión, que es de alto interés.
No sé si algunos de mis colegas lo habrán señalado, pero el Acuerdo de Escazú tuvo su origen hace diez años. Fue un proyecto que se lanzó en la Cumbre de Río+20, curiosamente en la primera Administración del Presidente Sebastián Piñera, en 2012.
Chile lideró este proceso, y lo hizo junto a Costa Rica y varios países de América Latina.
Durante ocho o nueve años costó muchísimo aunar voluntades en torno a generar un marco normativo internacional que diera cuenta de los derechos humanos medioambientales: el acceso a la información, el acceso a la justicia y la transparencia en la información. Y todo esto en un acuerdo, si ustedes quieren, multilateral, el primero en su género en el mundo y el primero en América Latina.
Creo que los episodios más bochornosos de la diplomacia chilena se vivieron, un par de ellos, en la Administración anterior, con la decisión del Gobierno del ex Presidente Piñera de no firmar este acuerdo.
Tuve la oportunidad y ser testigo privilegiado de esa ingrata decisión, en que, con ocasión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, una delegación encabezada por el Presidente de la República, entre otras actividades, firmaría el Acuerdo de Escazú. Pero a la hora undécima, con el avión presidencial despegando, se informa que Chile no lo iba a ratificar, que no lo suscribiría.
Las razones que se dieron fueron siempre poco claras. Costó muchísimo obtener información oficial de la Cancillería de por qué nuestro país cambió de opinión.
Como señalé, Chile y Costa Rica lideraron este proceso. Es decir, los artículos generales, los artículos en situación de controversia, los artículos sustantivos, de contenido, fueron liderados por nuestro país, y no firmó el acuerdo.
Hoy este tratado está suscrito por veinticuatro países de América Latina y el Caribe. De América Latina, además de Chile, entre las naciones que no lo han firmado se encuentran Cuba, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Venezuela. Esos son los países que nos acompañan en no firmar este acuerdo, y ya doce lo han ratificado.
Quisiera señalar que yo encuentro válido plantearse dudas...
(Diálogo en un sector de la Sala).
¡Senador Kast, por favor...!
Decía que era válido plantearse dudas, inquietudes respecto de los alcances de un tratado; eso es legítimo con todos los acuerdos. Lo que yo pido, sí, es que despejemos las noticias falsas y las cosas que no son ciertas. Eso lo aplico tanto para este tratado como para otros instrumentos internacionales que están pendientes de ser aprobados por este Congreso, como es el Acuerdo Transpacífico, más conocido como "TPP", ¡que está lleno de fake news!
En el acuerdo que estamos viendo son fake news muchas de las afirmaciones que se han hecho acá. ¿O ustedes pueden plantearse que países de la envergadura de Brasil y otros, como México, no ven lo que algunos creen ver en este acuerdo? Ellos tienen una trayectoria larga.
Creo que de esa forma se le hace un flaco favor a nuestra política exterior medioambiental y a medidas de política exterior, ¡un flaco favor! Es como insinuar algo respecto de un conjunto de funcionarios de la Cancillería y del Ministerio del Medio Ambiente que se han fogueado en los últimos treinta años conectando a Chile con el mundo, porque durante diecisiete años nuestro país no firmó ningún acuerdo que no fuera el retirarse de las salas en que lo condenaban por derechos humanos. Y nadie tenía relación con Chile.
Durante treinta años, a partir del 90, una generación nueva de diplomáticos pudo desempeñarse y nos conectó con el mundo en los temas de alimentación, de emigrantes, de indigenismo, medioambientales, comerciales, políticos, de derechos humanos, laborales.
Y Chile, en esos roles, no es un país que suscriba acuerdos, ¡los crea! Eso es lo que hemos hecho, y este acuerdo lo creó nuestro país. ¡Chile fijó sus reglas! Es parte de la construcción del multilateralismo y de las reglas en América Latina. ¿Cómo nos fuimos a restar? Igual que como el Acuerdo de Migraciones. Nos restamos de los acuerdos, no somos parte del mismo al inicio, no fijamos las normas.
Cuando miro en otras latitudes países con menor peso internacional que Chile, pareciera que ellos no muestran las cavilaciones que tenemos nosotros. Y yo siento que ahí hemos cometido errores. Se cometieron errores con el Pacto Global de Migraciones; se cometió un error con Escazú, y se ha cometido un error -insisto- con el Acuerdo Transpacífico al no ponerlo en votación y no abordar ese tema.
Entiendo todo lo que ello generó. Pero la misma fuerza que exijo para aprobar este acuerdo, para tener normas claras y poder recurrir internacionalmente en caso de ser necesario, la quiero para nuestro desarrollo; lo mismo quiero para vivir en un medioambiente adecuado; lo mismo quiero para contar con una migración reglada y que no todo quede al arbitrio propio de un país solo y aislado.
Yo voy a votar favorablemente, señora Presidenta.
Y me parece legítimo que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, gobierno al cual apoyo, quiera tener aprobado este acuerdo para su Cuenta Pública. Fue aprobado por la Cámara de Diputados con una buena votación.
Yo espero que no ocurra lo que algunos creen que puede suceder, porque sería un flaco favor para este Senado, en su imagen hacia afuera, de dar la señal de que estamos obstaculizando algo. Por último, votémoslo. Y los que tengan dudas, que las expresen a través de la votación -se abstienen, se parean, no votan, se van-, y los que no, votaremos a favor y le daremos curso a un tratado que a mi juicio es sano y relevante para Chile.
Trabajemos profesionalmente.
Yo de nuevo pido si es posible abrir la votación.
Gracias.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Gracias, Senador.
Se ha solicitado abrir la votación.
El señor MOREIRA.-
No.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el Senador Juan Ignacio Latorre.
El señor LATORRE.-
Gracias, Presidenta.
Saludo, en primer lugar, por su intermedio, a la Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, y a la Ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola.
También quiero felicitar a todo su equipo y a las Comisiones unidas de Medio Ambiente y de Relaciones Exteriores del Senado, que en poco tiempo, generando una discusión de buen nivel y escuchando distintas opiniones sobre el Acuerdo de Escazú, hemos procedido a aprobarlo el día de ayer, con 7 votos a favor y solo 2 abstenciones, ratificando el pronunciamiento transversal en la Cámara de Diputados, si no me equivoco, de 105 votos a favor algunas semanas atrás.
Este es el primer proyecto que el Gobierno del Presidente Boric envía al Parlamento, le pone urgencia de "discusión inmediata", lo empuja, para que lleguemos a un acuerdo transversal. Porque finalmente la crisis climática y ecológica -algo bien cliché que se dice- no es ni de derechas ni de izquierdas, sino un problema planetario, probablemente uno de los desafíos globales más urgentes que enfrenta nuestra generación como humanidad.
Este Gobierno tiene una vocación ecologista y por eso este acuerdo es un paso que va en la dirección correcta. No es que aprobando Escazú se resuelvan todos los problemas y los conflictos socioambientales, ni mucho menos. Hay un tema de expectativas con Escazú que será necesario aterrizar.
Muchas cosas que están en este acuerdo de cooperación regional, de democracia ambiental, de justicia ambiental, de acceso a la información pública, de participación ciudadana, se encuentran en nuestra legislación. Eso es cierto. El problema es que no hemos implementado adecuadamente -y esto nos lo dicen organismos internacionales como la OCDE, por ejemplo- materias vinculadas a fortalecer la implementación de los derechos de acceso a la información y la participación, generalmente ya reconocidos en las normativas nacionales, o de los procesos de participación ciudadana en las declaraciones de impacto ambiental, las cuales dejan mucho que desear, ¡dejan mucho que desear!
Y lo decimos desde la Región de Valparaíso, una de las regiones con mayor número de conflictos socioambientales. Esto lo han reconocido el Instituto Nacional de Derechos Humanos y diversos informes. Tenemos una zona de sacrificio emblemática, lamentablemente, como es Quintero y Puchuncaví.
Asimismo, en materia de participación es necesario avanzar en otras decisiones, como dice el Acuerdo de Escazú, que tengan o puedan tener un significativo impacto sobre el medioambiente. No hay una consagración expresa del derecho de acceso a la justicia ambiental. Nada se dice de los tribunales ambientales, por ejemplo. No se consagran mecanismos de facilitación para grupos vulnerables ni de representación judicial.
En materia de defensores ambientales, este acuerdo es un elemento innovador en cuanto a la protección que se ofrece a los activistas ambientales en sus derechos humanos, ya que lamentablemente América Latina es el continente más peligroso para quienes defienden el medioambiente o denuncian contaminación, robo del agua, etcétera, porque los asesinan. Esa es la realidad en América Latina. En Chile ni siquiera hay datos, cifras o registros públicos de defensores ambientales.
Y al respecto quiero hacer un reconocimiento especial a algunas víctimas, como Macarena Valdés y Nicolasa Quintremán, quienes murieron en condiciones muy extrañas y cuyas causas de fallecimiento, hasta el día de hoy, no se saben con exactitud.
Pero, además, cabe mencionar a muchas otras personas -algunas están acá, en la galería, y han venido al Congreso para seguir esta discusión- como Mujeres Modatima, que han luchado por la defensa del agua en la provincia de Petorca. Tenemos a Lorena Donaire; a Manuel Arroyo y Caro Vilches, que hoy día están en la Constituyente; a Verónica Vilches, de la APR San José de Cabildo; a la Cata Alonso, de las Mujeres de Zona Sacrificio en Resistencia, de Quintero y Puchuncaví. Ellos son algunos ejemplos de personas que, por su compromiso socioambiental, han sufrido amenazas, persecución, amenazas de muerte, amedrentamiento, etcétera. O el lonco Alberto Curamil, que estuvo detenido un año y medio, privado de libertad, en prisión preventiva, y que finalmente fue absuelto. A mí me tocó visitarlo personalmente en la cárcel de Temuco. El lonco Alberto Curamil, además, recibió el premio Goldman, que es un "premio nobel verde", mientras estaba en la cárcel -lo tuvo que representar su hija-, como un reconocimiento internacional por la defensa del río Curacautín frente a un proyecto hidroeléctrico.
Entonces, efectivamente tenemos casos en Chile, pero yo espero que no escalemos estos conflictos, como ha sucedido en otros países, donde terminan muchas veces siendo asesinados los defensores y las defensoras ambientales.
Por otra parte, quiero relevar las zonas de sacrificio en Quintero y Puchuncaví. Por ejemplo, la Corte Suprema ha dictado un fallo histórico a partir de las masivas intoxicaciones ocurridas el 2018, pero finalmente no logró condenar a las empresas contaminantes, por falta de información, y solo pudo sancionar a varios organismos del Estado, estableciendo la violación a los derechos fundamentales de las personas, incluidos niños, niñas y adolescentes, por su omisión ilegal de proveer la información ambiental sobre exposición, gestión y prevención necesaria para una adecuada gestión ambiental.
Lo mismo en el caso de los continuos varamientos de carbón atribuibles a las empresas termoeléctricas de la zona. También se ha dictado un fallo histórico de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, pero finalmente las empresas se las arreglan para no respetarlo.
Entonces, claramente tenemos deficiencias en nuestro país. Y este acuerdo de cooperación regional -insisto: de intercambio de buenas prácticas, de experiencia comparada, de colaboración en derechos humanos ambientales- es un paso en la dirección correcta, es un paso para subir los estándares medioambientales hacia un modelo de desarrollo con sostenibilidad ecológica.
Esto va de la mano también con la discusión que se está dando en el proceso constituyente en materia ambiental, en una Constitución ecológica.
Creo que este acuerdo avanza en la dirección correcta, con inversiones más sostenibles, con seguridad jurídica, ofreciendo estándares y reglas claras para un desarrollo sostenible, estratégico, tanto a mediano como a largo plazo.
También el Acuerdo respeta la flexibilidad y ofrece un margen de aplicación para que cada Estado decida cuáles son las medidas que debe implementar. Es decir, ni siquiera se establecen cuestiones vinculantes, obligatorias, sino que se ofrece flexibilidad, margen de acción para que cada Estado, de conformidad con sus posibilidades, sus recursos y sus prioridades nacionales, facilite los medios para la implementación de este tratado.
Por lo tanto, obviamente al Gobierno del Presidente Boric -gobierno al cual obviamente yo respaldo- le tocará decir cómo va a ser la implementación, cuáles serán las prioridades nacionales, cómo lo va a aterrizar, cómo se va a hacer cargo. Le toca al Estado definirlo, soberanamente; no es que nos vengan a decir. Y por eso es que algunos sectores de cierta Derecha extrema, reaccionaria, que le temen al multilateralismo en materia de derechos humanos dicen: "Acá nos van a venir a imponer reglas". ¡No! Se trata de avanzar en colaboración, en cooperación regional, para hacernos cargo de la crisis climática y ecológica en la que nos encontramos, también en línea con el cumplimiento e implementación del Acuerdo de París.
Por otra parte, ya se ha hablado mucho sobre los fantasmas en relación con Bolivia, las posibles demandas ante La Haya, en fin. Creo que todas las dudas que se han planteado se han despejado absolutamente desde el punto de vista jurídico en las Comisiones unidas del Senado. Me parece que acá no hay temas de soberanía. No voy a profundizar en aquello, pero a mi juicio se despejan esos fantasmas.
Por último, quiero enfatizar que el Acuerdo de Escazú no crea una corte internacional o regional para garantizar los derechos de acceso que se consagran o resolver disputas entre Estados partes. Tampoco da competencia para resolver conflictos ante la Corte Internacional de Justicia, como se ha aclarado.
Cada Estado debe garantizar los derechos de acceso en el marco de su legislación nacional y a través de sus propias instancias judiciales o administrativas nacionales.
Dicho esto, Presidenta, y para concluir, me llama profundamente la atención por qué -todavía no lo entiendo, y lo digo sinceramente- el Presidente Piñera no firmó el Acuerdo de Escazú cuando le correspondía.
El señor MOREIRA.-
¡Ya se fue! ¡Se fue!
El señor LATORRE.-
Y planteo simplemente como hipótesis: ¿tendrá que ver con conflictos de interés? ¿Tendrá que ver con el caso Dominga? ¿Tendrá que ver con algún otro proyecto que desconozcamos y que esté relacionado con el acceso a la información pública?
La verdad es que no entiendo por qué Piñera no firmó Escazú, sabiendo que sus parlamentarios de Derecha lo aprobaron en su momento. Lo hicieron en la Cámara de Diputados y algunos de ellos también lo apoyaron ayer en las Comisiones. Y no me cabe duda de que otros también lo aprobarán hoy día en el Senado. ¡No se entiende!
Por eso felicito la decisión del Gobierno del Presidente Boric.
Voto a favor, ciertamente.
Gracias, Presidenta.
(Aplausos en tribunas).
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Matías Walker.
El señor WALKER.-
Muchas gracias, Presidente.
Yo no traje barra, pero sí quiero saludar a la Ministra del Medio Ambiente, señora Maisa Rojas; también a la Canciller, señora Antonia Urrejola. Y quiero decir que votaré a favor de la ratificación del Tratado de Escazú, porque no tengo doble estándar en materia de multilateralismo.
Lo dijo muy bien el Senador Ricardo Lagos Weber.
Yo voté a favor del TPP11 en la Cámara de Diputados, tratado negociado por el Gobierno de la Presidenta Bachelet, brillantemente defendido por el ex Canciller Heraldo Muñoz en todas las instancias internacionales.
Sin embargo, inexplicablemente los Diputados de Apruebo Dignidad siguieron en esa rama del Parlamento la doctrina de Donald Trump y rechazaron el TPP11, instrumento que había negociado el Gobierno de la Presidenta Bachelet junto con el Canciller Heraldo Muñoz.
Por supuesto, creo en el multilateralismo para enfrentar el principal problema que está afectando al mundo: la emergencia climática, que es más que el cambio climático, y la necesidad de avanzar desde el multilateralismo en el cuidado del medioambiente. Y hacerlo con participación ciudadana. ¡Qué importante, Presidente! Porque mucha gente que nos está escuchando en la Región de Coquimbo y que sigue esta intervención por las redes sociales se preguntará: "¿Y qué será esta cosa de Escazú?".
Expliquemos.
El Acuerdo de Escazú es un tratado internacional cuyo fin principal es garantizar la implementación de los derechos de acceso relativo a la gestión ambiental, consignado en el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992, que indica: "El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda.".
Este instrumento surge al constatarse la necesidad de alcanzar compromisos para la implementación cabal de los derechos de acceso señalados en el Principio 10 de la Declaración de Río, atendido que tales derechos permiten abordar desde eventuales conflictos socioambientales desde su inicio, contribuyendo a un proceso de toma de decisiones que goce de un robusto respaldo ciudadano, lo que a su vez genera estabilidad social y contribuye al desarrollo sostenible del país.
¡Qué importante es considerar la participación ciudadana, estimado Presidente, estimadas Ministras, en todos los procesos de evaluación ambiental!
Tenemos la norma ambiental, y esta tiene que cumplirse en todos los proyectos de inversión, de acuerdo a nuestra institucionalidad. ¡Pero qué importante es, además, que la normativa ambiental esté refrendada por el apoyo ciudadano a los proyectos!
A mí me encantaría, a propósito de que se ha mencionado el caso Dominga, que se le exigiera a dicho proyecto los más altos estándares ambientales, pero además que se les preguntara a los vecinos de la comuna de La Higuera si quieren que Dominga se desarrolle o no, y que el proyecto sea definido por los vecinos de esa comuna y no por los de la comuna de Santiago o de Ñuñoa.
Y lo mismo con relación al proyecto de ampliación de la minera Los Pelambres o de su planta desalinizadora en Los Vilos. Preguntarles a los vecinos de la comuna de Salamanca, quienes nos acaban de enviar una denuncia por el contraducto de minera Los Pelambres, porque lamentablemente, en la jornada de hoy, se ha producido un incidente ambiental, producto de que en el sector de Llimpo, de acuerdo a los registros -y tenemos los videos-, se habría producido una rotura del contraducto de la minera Los Pelambres.
Entonces, resulta fundamental que todos estos proyectos de inversión cumplan con las normas respectivas y, por supuesto, respeten la institucionalidad ambiental, pero además que se les pregunte a los vecinos de Los Vilos, a los de Salamanca e Illapel, donde estuvimos la semana pasada, cuál es el futuro productivo que quieren para sus comunas.
¡Eso es fundamental!
Estamos enfrentando una severa escasez hídrica en la Región de Coquimbo, producto de la emergencia climática. Gracias a Dios, tenemos ahora un reporte que indica la caída de 50 centímetros de nieve en el embalse La Laguna, en la cordillera del valle del Elqui, pero sabemos que no es suficiente.
Tenemos una situación de emergencia climática, de escasez hídrica estructural en la Región de Coquimbo, y aun cuando siga nevando -y esperamos que así sea en la cordillera de Limarí, en la cordillera del Choapa-, sabemos que necesitamos apoyar a los agricultores, con quienes compartimos el pasado día viernes en la comuna de Monte Patria, que están ahogados por la banca. Ellos lo único que quieren es tirar la esponja, porque ya no pueden recibir más ayuda y no les sirven los créditos blandos que ha anunciado el Ministerio de Agricultura, porque esos préstamos en un momento dado hay que pagarlos. Y si no tienen agua, no tienen cómo producir.
Por eso yo celebro que desde el multilateralismo estemos hoy día apoyando Escazú, un tratado que en su momento fue promovido por el Presidente Piñera y que inexplicablemente su Gobierno dejó abandonado.
¡Qué bueno que el Gobierno del Presidente Boric cumpla con este compromiso!
Por supuesto, vamos a ratificar este compromiso, que siempre hemos tenido, sin doble estándar, desde el multilateralismo, incluyendo los tratados internacionales negociados y aprobados durante los gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría, por el Presidente Aylwin, por el Presidente Frei, por el Presidente Lagos y por la Presidenta Bachelet, que le han dado a Chile los mejores treinta y dos años del desarrollo de la historia de nuestra patria.
Gracias, Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Senador Insulza, usted quiere hacer un punto de reglamento.
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor INSULZA.-
Sí, Presidente.
Quiero hacer uso del artículo 143 del Reglamento, que indica: "En los demás trámites constitucionales" -los trámites legislativos- "la clausura del debate podrá pedirse cuando se hayan pronunciado dos discursos de ideas opuestas, pero sólo para la totalidad de las proposiciones en discusión".
En virtud de lo anterior, pido el cierre del debate, pues ya son las siete de la tarde y hemos escuchado numerosas, ¡numerosas!....
El señor COLOMA.-
¡Habló el Senador Núñez!
El señor INSULZA.-
Bueno, yo estoy pidiendo el cierre del debate, porque me estoy dando cuenta, Senador Coloma, con todo respeto, de que aquí se trata de evitar que esto se vote hoy.
El señor MOREIRA.-
¡Mentira! ¡Eso no es así! ¡No es verdad!
El señor COLOMA.-
¡Pero si han hablado ustedes nomás!
El señor INSULZA.-
Ya está pedido el cierre del debate, Presidente. ¡Está pedido!
¡Yo pido el cierre del debate!
El señor COLOMA.-
¡Han hablado ustedes nomás!
El señor INSULZA.-
¡Voten en contra! No hay problema.
El señor NÚÑEZ.-
¡Transparente su posición ante la gente, Senador Moreira!
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Vamos a dar la palabra solo al Senador Coloma y vamos a resolver, porque hay una petición reglamentaria.
Senador Coloma.
El señor COLOMA.-
Presidente, obviamente, está el derecho a pedir el cierre del debate.
Hay que señalar que han hablado muchos más Senadores de enfrente que de acá. Entonces, con todo respeto y cariño, el Senador Insulza no puede decir que hay una maniobra dilatoria cuando acaban de intervenir a favor el Senador Walker, el Senador Núñez, el Senador Lagos Weber, que hasta ahora entiendo que no están en las bancadas de acá. ¡Puede que haya una evolución producto de hechos políticos del futuro, pero, hasta ahora, no están...!
Entonces, Presidente, dentro de mi derecho a argumentar, me parece una mala señal que respecto de un tratado de esta naturaleza no exista la posibilidad de que todos los parlamentarios tengan los mismos derechos. ¡Nada más! ¡No pido más! Cada uno votará conforme a su conciencia.
Pero yo quiero hacer una objeción, Presidente.
Obviamente, se votará, pero creo que lo que plantea el Senador Insulza está en la línea equivocada.
El señor MOREIRA.-
Presidente, ¡reglamento!
¡Reglamento, Presidente!
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Conforme al artículo 144 del Reglamento...
El señor MOREIRA.-
¡Reglamento, Presidente!
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Altiro, déjeme terminar, Senador Moreira.
Usted ha hablado cuatro veces en la sesión sobre este punto. Entonces, déjeme terminar.
El señor ESPINOZA.-
¡Está desatado hoy día Moreira...!
El señor ELIZALDE (Presidente).-
De acuerdo con el artículo 144 del Reglamento, "Para la clausura del debate en los negocios que se discutan en general y particular a la vez," -como es el caso- "en el Orden del Día, y para la de las observaciones que formule el Presidente de la República a un proyecto, se estará a lo dispuesto en el artículo 142".
El artículo 142 dice:...
El señor MOREIRA.-
¡Si sabemos ya!
El señor ELIZALDE (Presidente).-
... "Durante la discusión particular de un proyecto en cualquiera de los tres primeros trámites constitucionales, podrá pedirse la clausura para un artículo o para un título determinado, cuando su discusión haya ocupado media hora, en total, del Orden del Día de una o más sesiones.
"Formulada la petición de clausura, ésta se votará inmediatamente.
"Aceptada, se votará de inmediato el asunto, sin que proceda la segunda discusión, ni haya lugar al aplazamiento de la votación.
"Rechazada, podrá renovarse en cualquiera de las sesiones siguientes.".
Por tanto, lo que corresponde, conforme al Reglamento, es que la solicitud del Senador Insulza sea sometida a votación.
Senador Moreira y, después, Senador Insulza.
El señor MOREIRA.-
Presidente, yo podré tener muchos defectos, pero soy un hombre de palabra. Y el Partido Comunista, con el cual conversé, tenía mi compromiso de que yo iba a levantar la hora, pero más tarde. Y el Presidente de la Comisión también lo sabe.
Nunca se había dado en esta Sala, señor Presidente, que se rindiera un informe tan largo como lo hizo detalladamente el Senador Quintana.
Entonces, cuando se dicen cosas de mala fe, como lo ha hecho el Senador Insulza, yo lo lamento mucho, por la estimación y admiración que siempre le he tenido.
Porque si nosotros quisiéramos dilatar esto, hubiésemos pedido segunda discusión.
¡Yo la palabra la cumplo!
El Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores también se me acercó.
Y creo que es una vergüenza que tengamos que estar aplicando estas medidas porque, si no, a las seis de la tarde se van todos.
¡Tanto que hablan del prestigio del Senado y aquí tuvimos que pedir, en la reunión de Comités, que de ahora en adelante los pareos los firmaran exclusivamente los jefes de bancada! ¿Saben por qué? Porque los señores parlamentarios de este Senado a las seis de la tarde se quieren ir. ¡Solo vienen dos días a la semana! ¡Y después queremos que reivindiquemos al Senado, que lo van a eliminar!
Presidente, se votará lo que estime conveniente, pero no estamos obrando de mala fe.
La misma participación de las Ministras en las Comisiones permitió, por ejemplo, que yo, que iba a votar en contra,...
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Senador Moreira, quedó claro su punto.
El señor MOREIRA.-
... ante la duda, me abstuviera.
Entonces, aquí no hay mala fe.
Nadie está paralizando este debate. Y yo he conversado personalmente con tres o cuatro Senadores de Oposición, jefes de bancada.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
El problema que tenemos es el siguiente: hay tres inscritos, el Orden del Día termina a las ocho de la noche, y el proyecto no se despacharía si es que no se vota...
El señor COLOMA.-
Que se prorrogue la sesión.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Y además -es el punto que plantea el Senador Insulza- hay una votación adicional respecto de una indicación.
Por tanto, hay varias alternativas. Una es votar la solicitud del Senador Insulza; la otra opción es que se acuerde que este proyecto se vea en la sesión de hoy hasta total despacho.
El señor MOREIRA.-
No hay ningún problema.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Senador Insulza, le ofrezco la palabra.
El señor INSULZA.-
Yo tengo la mejor intención de escuchar a todos los señores Senadores. Incluso, yo estoy inscrito para hablar. No tengo ningún inconveniente en que se prorrogue la sesión hasta el total despacho del proyecto, o que se limite el tiempo de las intervenciones a cinco minutos; lo que se desee. Pero yo y mi bancada queremos que este proyecto se vote hoy día, como estaba acordado.
Por lo tanto, si se acepta que se prorrogue la hora en lo que sea necesario, yo no tengo ningún inconveniente en retirar mi petición, Presidente. Pero parece que todos queremos que se vote hoy.
El señor KAST.-
Hasta total despacho.
El señor COLOMA.-
No perdamos el debate entonces: ¡hasta total despacho!
El señor ELIZALDE (Presidente).-
¿Habría acuerdo para tratar el Acuerdo de Escazú hasta total despacho?
(El señor Presidente hace sonar la campanilla en señal de aprobación).
El señor OSSANDÓN.-
Y que se abra la votación.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Segundo punto: ¿habría acuerdo para reducir las intervenciones a cinco minutos?
El señor INSULZA.-
A cinco, sí.
El señor MOREIRA.-
No está de acuerdo el Senador.
El señor INSULZA.-
Hay un Senador que no quiere.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
¿No hay acuerdo para el total despacho?
¿No quiere que se vote hoy día el proyecto de Escazú, Senador Espinoza?
El señor QUINTANA.-
Dice que no a la reducción de los tiempos.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
¡Ah!, no para reducir los tiempos. Pero habría acuerdo para el total despacho. Eso está aprobado.
No hay acuerdo para reducir los tiempos, así que vamos a seguir con el orden de los inscritos.
Tiene la palabra el Senador Gahona.
El señor GAHONA.-
Gracias, Presidente.
Nuestro país tiene importantes avances en la protección del medioambiente. Contamos con una institucionalidad robusta, procesos de participación ciudadana y un razonable sistema de evaluación de impacto ambiental, entre otras medidas.
En comparación con el resto de los países de Latinoamérica, estamos en un buen camino. Pero no podemos quedarnos cómodamente de brazos cruzados, sin avanzar. ¡Hay que seguir avanzando! Debemos continuar siendo un ejemplo para la región en estas materias.
El Acuerdo de Escazú tiene por finalidad fortalecer y garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Asimismo, busca proteger el derecho que tenemos todos, las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medioambiente sano.
Nadie puede estar en contra de estos objetivos. Sin embargo, se han generado legítimas dudas respecto del contenido del Acuerdo. Una de las mayores discusiones que surgieron en torno al Acuerdo de Escazú es lo relativo a la solución de conflictos.
En una primera aproximación, uno podría asumir que el Acuerdo permitiría que nuestro país fuera objeto de demandas en el futuro y que se podría mal utilizar este recurso por parte de otros países para fines políticos. Sin embargo, el Acuerdo solo habla de solución de controversias respecto de su interpretación y aplicación. Y, como ya vimos, el Acuerdo busca proteger y fortalecer el acceso a la información, la participación en las decisiones ambientales y el acceso a la justicia ambiental. Es decir, en ningún caso podrá ser ocupado para resolver problemas limítrofes, controversias de contaminación entre países ni otras materias similares.
Otro tema discutido es la autoejecutabilidad del Acuerdo, ya que se establecen obligaciones a los países que deberán cumplir al momento de ratificar el Acuerdo. Si bien hay varias obligaciones que se exigen, hay que destacar que su mismo artículo 13 regula la implementación nacional.
Este artículo señala que cada país, según sus posibilidades y de conformidad con sus prioridades, se compromete a facilitar medios de implementación para las actividades necesarias y así dar cumplimiento al Acuerdo. Es decir, reconoce la soberanía de cada país en la implementación de las obligaciones que señala el Acuerdo y no se exige de inmediato la aplicación de ellas. Sin embargo, también es importante dar cumplimiento al Acuerdo, y la forma de realizarlo tiene alta relevancia.
Por lo mismo, hemos conversado con el Ejecutivo con la finalidad de que las reglas respecto de su aplicación sean claras y transparentes y que las materias ambiguas o generales o potencialmente conflictivas queden aterrizadas en nuestra legislación mediante la tramitación de leyes en el Congreso Nacional.
Sin duda alguna, hay que adecuar nuestra legislación para la aplicación del Acuerdo, y eso va a requerir un proceso democrático, transparente, donde ambas Cámaras tengan la posibilidad de discutir, debatir y aprobar leyes.
No queremos que los tribunales de justicia se vean obligados a definir conceptos, principios o determinar la aplicación del Acuerdo. Hay que evitar, evidentemente, la judicialización.
Tampoco queremos que el gobierno de turno, ya sea este o el futuro, determine su aplicación. Deseamos que esto se discuta de forma transparente en el Congreso Nacional, por parlamentarios elegidos democráticamente para ello.
Es justamente este tema, tan relevante, el que no se evidencia en la hoja de ruta entregada por el Ejecutivo para la implementación del Acuerdo. Es necesario establecer cómo cada medida o artículo tendrá una aplicación práctica en nuestro país, ya sea mediante la aprobación de nuevas leyes o de manera reglamentaria o por gestión.
Sin embargo, el Ejecutivo, más que ir al fondo de la aplicación del Acuerdo, se enfoca en temas como la difusión, la capacitación, la implementación de programas y talleres, entre otras materias.
Lo anterior sin duda es importante, pero no soluciona el fondo: la aplicación práctica del Acuerdo en nuestro país y en su legislación.
Hago un llamado al Ejecutivo, entonces, a determinar una agenda legislativa que informe al país de los proyectos que se ingresarán para regular materias tan relevantes como el acceso a la información ambiental, la participación pública y el acceso a la justicia.
En síntesis, queremos certezas para la aplicación del Acuerdo de Escazú, al menos a través del compromiso expreso del Ejecutivo, que hoy está en esta Sala, para que quede en la historia fidedigna de la ley.
He dicho, señor Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Cruz-Coke.
El señor CRUZ-COKE.-
Presidente, muchas gracias.
Un punto reglamentario previo.
Pido que se recabe la autorización de la Sala para que la Comisión de Trabajo discuta en particular, antes de que venga a la Sala para su votación en general, el proyecto de ley sobre salas cuna, aprobado unánimemente. Me gustaría que lo pudiéramos ver con anterioridad a que eso ocurra, porque ese fue el compromiso que adquirimos con el Gobierno.
Gracias, señor Presidente.
(La señora Pascual levanta su mano en señal de rechazo).
El señor ELIZALDE (Presidente).-
No hay acuerdo.
El señor CRUZ-COKE.-
Bien.
El señor COLOMA.-
¡Le dijeron que no!
El señor CRUZ-COKE.-
Gracias, Presidente.
Existe una crisis ambiental y, sin duda, es importante avanzar en la legislación, en mecanismos y acuerdos internacionales que nos permitan buscar en conjunto soluciones a problemas que nos afectan a todos y respecto de los cuales a los países no les es posible dar abasto de manera individual.
Pero los compromisos que asumamos como país, los tratados que firmemos, no pueden ser exclusivamente simbólicos, sino que deben ser respuestas concretas a los problemas que afectan a la sustentabilidad ambiental y al crecimiento. La legislación ambiental debe tener por objeto poder coexistir con comunidades y no antagonizar los derechos de las personas, sus anhelos e intereses, con las necesidades, anhelos e intereses de la naturaleza.
Yo valoro la intención que hay detrás del Acuerdo de Escazú y sé que hay muchas cosas de él que podemos recoger. Pero también hay que estar atentos a algunas precauciones.
En primer lugar, existe incertidumbre frente a la aplicación del tratado por los tribunales de justicia. Los jueces podrían resolver controversias aplicando en forma directa las disposiciones del Acuerdo de Escazú, por sobre la ley chilena, y según la interpretación que ellos mismos hagan de los términos contenidos en este acuerdo. Como consecuencia de lo anterior, es probable que vivamos con un alto nivel de incertidumbre si cada juez tiene la posibilidad de dejar de lado la legislación nacional -por lo demás, es robusta en materia ambiental y de publicidad- y zanjar un asunto según su propia interpretación del Acuerdo de Escazú.
La solución que se propone, de las declaraciones interpretativas, no es suficiente para que las disposiciones del Acuerdo no sean autoejecutables en Chile, razón por la cual hemos ingresado una indicación al respecto que se va a poner en votación posteriormente, esta tarde.
En segundo lugar, cuestiono también la necesidad de adherirnos a un acuerdo cuando la propia legislación chilena ya cumple con muchos de los objetivos del tratado, que son garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública en los derechos ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, además de la cooperación y el fortalecimiento internacional en estos asuntos.
Es interesante, además, revisar qué dice la legislación chilena sobre el particular. Escazú y la ley nacional se basan en principios similares sobre acceso a la información pública: gratuidad, no discriminación, transparencia, facilitación y máxima publicidad.
Al analizar nuestra legislación, uno puede reconocer que Chile cumple ya con muchos de los requisitos contenidos en este acuerdo, por lo que es del todo cuestionable el para qué adherirse a él, especialmente cuando se puede ver sobrepasada la propia ley en los tribunales de justicia.
Así, por ejemplo, Chile ya tiene incorporadas en su legislación:
-La ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, que permite impugnar la decisión de negar la entrega de información por el Estado, lo cual es consistente con los artículos 5.2.c) y 5.5 de Escazú. Además, la ley dispone plazos para entregar la información incluso menores a los que establece el Acuerdo de Escazú.
-La ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que contempla la obligación de recopilar información con el fin de hacerla pública, permitiendo su acceso abierto, en forma consistente con el artículo 6 de Escazú; establece un registro de emisiones y transferencias de contaminantes, a través del Reglamento de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, en forma consistente con el artículo 6.4 de Escazú; establece el Sistema Nacional de Información Ambiental, en forma consistente con el artículo 6.3 de Escazú.
Dicha ley instaura en su artículo 31 bis la posibilidad de acceder a información ambiental. Se entiende por información ambiental toda aquella de carácter escrito, visual, sonoro, electrónico o registrada de cualquier otra forma que se encuentre en poder de la Administración del Estado. Y esto es consistente con lo señalado en el artículo 2 de Escazú.
A la vez, la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente asegura la participación y dispone que el Servicio de Evaluación Ambiental debe fomentar y facilitar la participación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Asimismo, establece la participación ciudadana en la elaboración de diversos instrumentos de gestión ambiental: planes de prevención y descontaminación atmosférica, normas de calidad ambiental y de emisión.
En tercer lugar, Escazú es el primer tratado que quiere proteger a los defensores ambientales, a través de la inclusión de una disposición vinculante con los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Pero existe riesgo, pues no está definido el contenido ni el alcance de las obligaciones que tendrán los Estados para garantizar la protección de estos defensores.
El tratado dice que hay que garantizar un entorno seguro y propicio. Pero ¿qué implica el deber de garantizar un entorno seguro y propicio? ¿Cuáles son los derechos de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales? No existe un catálogo. Hoy está preso el líder mapuche Alberto Curamil por causar disturbios públicos. Esta condena penal podría ser cuestionada bajo el Acuerdo de Escazú y, eventualmente, llevada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Escazú también podría otorgar un estatus especial a las ONG o líderes medioambientales, impugnando sentencias o solicitando mayor financiamiento.
La política exterior de Chile debe ser llevada, sin duda, seriamente, velando por los intereses propios de nuestro país, sin caer en el fervor mediático.
Insisto en que, más allá de las intenciones del Acuerdo de Escazú, que son loables y buenas, no representan una solución idónea para proteger la legislación que ya tiene nuestro país.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Insulza.
El señor INSULZA.-
Muchas gracias, Presidente.
Yo no quisiera referirme tanto a los aspectos técnicos del proyecto, respecto de los cuales han tenido una muy buena participación las dos señoras Ministras -a las que aprovecho de saludar-, al igual que el Senador Quintana, con un amplio informe.
Estamos discutiendo un tema bastante de fondo, a mi juicio. Porque se habla mucho en este país, y a todos nos encanta usar la expresión, de que Chile tiene una política exterior de Estado. Y la pregunta es en qué consiste esa política exterior de Estado. Sin duda, dice relación con un carácter permanente de una serie de principios en los cuales nosotros fundamos nuestra acción internacional. Pero tiene que ver sobre todo, o es lo central...
Senadores Quintana y Elizalde, ¿me permiten seguir interviniendo? Por favor, si son tan amables.
Decía que la base de esto es una opción que nuestro país tomó hace ya buenamente unos setenta años, cuando, en un mundo que se iba desarrollando cada vez más y donde iban apareciendo más naciones, enfrentábamos una situación donde los países intermedios, de tamaño medio, tenían que decidir si iban a participar y de qué manera en los acontecimientos internacionales. Y Chile tomó una decisión, una opción, que a mi juicio fue consensual, en el sentido de involucrarse plenamente en un sistema internacional naciente. Y, por lo tanto, como lo decía ya el Senador Lagos, puso en el centro de su política exterior no solamente el multilateralismo, sino también los tratados, el respeto a los tratados, la creación del derecho internacional, la solución pacífica de controversias y otros aspectos.
Naturalmente, eso significó -también lo señalaron- que nosotros concurriéramos con mucho interés, con mucho entusiasmo, a suscribir acuerdos internacionales. Chile es creador del derecho internacional; no es adherente al derecho internacional. El Tratado de Naciones Unidas, el Tratado de la Organización de Estados Americanos, el Acuerdo Global de Comercio -después llamado "Organización Mundial del Comercio"-, son instrumentos, organismos internacionales que han sido creados por este país. Hemos creado instituciones; siempre lo hemos hecho.
Por eso, no es extraño que Chile haya estado, cuando hubo un cambio de gobierno hace unos cuatro años, plenamente empeñado en el desarrollo de un pacto mundial sobre migración y, a nivel regional, en un acuerdo que conocemos como "Acuerdo de Escazú", sobre normas de transparencia en materia medioambiental.
Cuando algunos preguntan por qué no lo han aprobado todos aún, por qué no lo han ratificado, bueno, será porque el país que lo inventó no lo ha hecho, y eso es muy importante. No es lo mismo, y aquí no quiero hacer patrioterismo ni mucho menos, ¡no es lo mismo que no lo apruebe Chile a que no lo apruebe otro país! Porque Chile, generalmente, más aún cuando ha trabajado en redactar esos acuerdos internacionales, los vota favorablemente y los ratifica pronto.
Ahora bien, esa entrada al mundo que hicimos con fuerza, sobre la base de que solos no íbamos a pesar y que nos íbamos a dedicar, por lo tanto, a fortalecer un gran sistema internacional de normas, no nos garantiza que siempre vayamos a tener la razón -eso es cierto-, pero sí nos obliga a examinar las normas, su funcionalidad, su calidad y la forma en que realmente podemos lidiar con ellas.
Eso nos permitió ser los inventores de la Cepal. La Cepal, que está en Vitacura, la inventó Chile. Y hay una frase -hasta está en algún muro por ahí-, de don Hernán Santa Cruz, que dice: "Salvo mejor parecer de Usía, propondré la creación de una Comisión Económica para América Latina". ¡A algunos no les gusta, pero fue creada por nosotros!
Eso fue lo que hizo que el Presidente Alessandri, que no fue precisamente un Presidente de centro ni de izquierda, decidiera que lo que convenía a los intereses de Chile era que el Sistema Interamericano se mantuviera íntegro, y se opuso a la exclusión de Cuba.
Eso fue lo que hizo que el Presidente Frei firmara el Acuerdo de Viña del Mar y enviara a su Canciller, encabezando a los latinoamericanos, a una reunión con el Presidente Nixon en la que planteó todas las cosas que América Latina quería.
Eso fue lo que hizo que el Presidente Allende nos pusiera en la nueva alineación.
Esas son decisiones soberanas de este país que se hacen desde la perspectiva del multilateralismo, de no trabajar solos, ¡de no ir solos por el mundo!
¡Qué es esto que estamos haciendo aquí, de comparar el resto del mundo con nosotros y decir que estamos mucho más adelantados y que por eso no tenemos por qué meternos en estos acuerdos!
Para que sepan, con todo respeto por mi colega de Aysén, tengo aquí un informe de Futuro 360, que indica que Coyhaique, Osorno y Padre Las Casas son las tres ciudades con la peor calidad del aire de Latinoamérica. Y después se señala que ocho de las diez ciudades más contaminadas también son ciudades chilenas. ¡Y nosotros somos los que no queremos recibir lecciones de nadie en materia ambiental! A lo mejor podemos preguntarles a algunas ciudades del resto del continente cómo lo hacen para no tener tan sucio el aire, por lo menos. Yo tengo algunas ideas al respecto, pero no las voy a dar acá.
Siempre estuvimos en ese plano, en la creación de derecho internacional para mejorar todos juntos, porque solos no íbamos a mejorar. ¿Y qué pasó? Se nos vino el mundo encima y, naturalmente, tuvimos unos años en que no hicimos multilateralismo, estuvimos encerrados aquí, y algunas cosas que se dicen hoy en este país francamente recuerdan eso.
¡Todos hablamos de nuestra soberanía! ¿Fuimos tan soberanos en el período de la dictadura militar? Yo creo que no lo fuimos, porque no teníamos con quién aliarnos, no teníamos aliados; íbamos solos por el mundo -como quisieran algunos de mis colegas-, ¡íbamos solos por el mundo!
Y tan solos íbamos por el mundo que un periodista argentino, que no era un enemigo nuestro ni mucho menos, más bien simpatizaba con la causa democrática de Chile, don Jacobo Timerman, cuando estábamos metidos en todo el embrollo del Beagle, ¡en todo el embrollo del Beagle!, escribió: "Si Liechtenstein o Luxemburgo presentara demandas territoriales en contra de Chile hoy día, lo más probable es que la mitad del mundo mirara para otro lado y los demás lo apoyaran".
¡Ese fue el éxito de nuestro unilateralismo, de nuestro aislacionismo!
Volvimos a irrumpir, ciertamente, con el retorno de la democracia, y no voy a hablar acá de las muchas cosas que hizo el Presidente Aylwin para recomponer nuestras relaciones con América Latina; o lo que hizo el Presidente Frei, quien nos incorporó al Asia Pacífico, donde no teníamos prácticamente relaciones formales hasta entonces; o lo que hizo el Presidente Lagos; para qué recordar cómo se practicó la política de principios de este país para defender el multilateralismo y decir que no estábamos disponibles para intervenciones en otros lugares del mundo; o lo que hizo la Presidenta Bachelet en favor de la Unasur.
Nuestra política exterior es básicamente multilateral, es de tratados, ¡es de acuerdos!
De pronto no nos gustan, pero aquí se denuesta; se dice: "¡No! ¡Ojo! ¡Cuidado con la Corte Internacional de Justicia!". Y con eso llego a lo de ahora. Ese fue el problema, creo yo, con mucho respeto e incluso con simpatía, del Presidente Piñera: se le metió en su cabeza el terror de que fuéramos a perder el juicio con Bolivia, hasta el punto de que algunos de aquí expresaban que había que denunciar el Pacto de Bogotá para salvarnos de que Bolivia nos quitara nuestro territorio. Por cierto, se perdió eso, y se sembró ahí la duda: "¡Nos van a hacer algo con el Acuerdo de Escazú para quitarnos el mar!"; "¡Nos van a mandar a la Comisión, al Tribunal Internacional o a alguna parte de derechos humanos y nos van a soltar al lonco no sé cuánto a través del Acuerdo de Escazú!".
¿De dónde salen todas estas cosas, Presidente? Yo creo que vienen del temor atávico que siembra la Derecha en este país, o de una parte de ella, ante cualquier acuerdo internacional o compromiso con el mundo, en circunstancias de que lo que nos ha puesto donde estamos hoy es precisamente ese compromiso con el mundo. Esto es lo que nos ha permitido ser el país más desarrollado de América Latina: los acuerdos internacionales y la política exterior que hemos aplicado todos estos años.
Entonces, quisiera terminar diciendo, Presidente, que siempre se pueden pedir explicaciones, siempre se pueden mejorar los acuerdos, pero salirnos del sistema internacional en verdad creo que sería un drama.
Esta es la primera oportunidad que hemos tenido de volver al sistema internacional como lo estábamos antes de la segunda Administración del Presidente anterior. Y yo felicito, entonces, a nuestras Ministras, que han hecho este trabajo.
Seguramente se descubrirán problemas, seguramente podremos tener alguna dificultad, como las tuvimos en otras ocasiones, pero estamos embarcándonos en el mundo de nuevo.
Yo esperaba que esto fuera, como lo fue en la Cámara de Diputados, un festejo, ¡un festejo!
Un voto en contra... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).
Nos vemos aquí enfrascados en un debate completamente absurdo, en que tratamos, una vez más, de renegar y de volver al tiempo del ostracismo que tuvimos durante el Gobierno militar. Eso tenemos que evitarlo, Presidente.
Voto a favor.
Gracias.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora Órdenes.
La señora ÓRDENES.-
Muchas gracias, Presidente.
Solo quiero recordar que este acuerdo es fruto de más de seis años de negociaciones lideradas conjuntamente por los Estados de Chile y Costa Rica.
Hablamos de un tratado internacional de derechos humanos referido a derechos de acceso en materia ambiental cuyo objetivo es contribuir al derecho de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medioambiente sano y al desarrollo sostenible.
Para ello, este instrumento garantiza cuatro derechos fundamentales para todas las personas: el derecho a acceder a la información ambiental de manera clara, oportuna y adecuada; el derecho a participar de manera significativa en los procesos de toma de decisiones que afecten nuestras vidas y entorno; el derecho a la vida y a la integridad personal de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, y el derecho a acceder a la justicia nacional cuando uno de los anteriormente mencionados haya sido vulnerado.
Ese es el alcance y la magnitud de este tratado.
Por lo mismo, más allá de ciertas aprensiones, a mi juicio este es un paso adelante, y por eso considero importante que podamos aprobarlo el día de hoy.
El Acuerdo de Escazú fue firmado por veinticuatro de los treinta y tres países de la región y fue ratificado por doce de ellos. Es decir, el Tratado ya ha entrado en vigor, demostrando el amplio consenso y apoyo que suscitan sus disposiciones en los países de América Latina y el Caribe. Es más, la gran mayoría de los congresos en los que se ha aprobado se ha hecho por la unanimidad de sus miembros, demostrando que se trata de un tema que trasciende incluso las tendencias políticas más distantes.
Decía que el liderazgo en esta materia lo sostuvo Chile y Costa Rica, y por lo mismo no tiene que dejar de llamarnos la atención que estemos aprobando este tratado tan tarde, cuando ya lo han hecho veinticuatro países.
Chile lideró el proceso de redacción de su texto como una gran política de Estado, por, como lo dije al inicio, más de seis años. Lamentablemente, el Gobierno del Presidente Piñera decidió restarse sorpresivamente, a dos días de que se abriera a la firma, de suscribir el documento que Chile propuso, redactó y promovió entre los treinta y tres Estados de América Latina y el Caribe, con argumentos, a mi juicio, confusos, imprecisos y poco convincentes.
Aprobar el Tratado de Escazú el día de hoy es rectificar un tremendo error en la historia del multilateralismo en Chile.
Algunos han citado también, como otro mal ejemplo, el fracaso y la no firma del Pacto Migratorio de Marrakech, que fue en la misma línea. Por eso, desde el punto de vista político, aprobar el Tratado de Escazú coloca hoy día en una posición distinta al Estado de Chile frente a sus compromisos internacionales.
Chile, como también se ha dicho, en comparación con otros miembros de la región, ha avanzado en materia de derechos de acceso. Existe una ley de transparencia, mecanismos de participación ciudadana y tribunales ambientales, pero claramente nos queda mucho por avanzar.
Yo creo que esa reflexión es válida.
Hemos podido construir una arquitectura respecto a los temas medioambientales, pero repito que todavía queda mucho por avanzar. Entonces, no quiero ser autocomplaciente: quiero reconocer los avances, pero creo que el Tratado de Escazú también nos va a ayudar a adelantar en las tareas que tenemos pendientes.
Por ejemplo, en materia de acceso a la información, aún existen grandes vacíos que impiden a las autoridades tomar decisiones responsables para proteger la salud de las personas y el medioambiente.
El Senador Insulza mencionaba que en varias ciudades de Chile, entre ellas la capital de la Región de Aysén, los índices de calidad del aire son catastróficos. Yo no sé cómo todavía ello aparece como tolerable.
Nosotros hemos tenido esta semana, durante dos o una hora al día, contaminación por material particulado fino de 1.000 microgramos por metro cúbico, en circunstancias de que la norma establece un máximo de 50 y la norma internacional 25. ¡Nosotros estamos en los 1.000! A mí me parece sorprendente que todavía pase como algo no tan grave.
En materia de acceso a la información, el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica hizo ver estos déficits en su artículo "Principales problemas ambientales en Chile: desafíos y propuestas", donde se constatan los graves vacíos de información existentes en materia de contaminación atmosférica, contaminación y gestión del agua, degradación de suelos, contaminación acústica.
Solo quiero decir que ahí tenemos desafíos.
En el acceso a la participación, los actuales mecanismos de participación ciudadana claramente no propician el diálogo y el entendimiento entre las partes involucradas en un conflicto socioambiental. O sea, hoy día la iniciación de un proceso de participación ciudadana depende de la solicitud que formule la propia ciudadanía al respecto, y en la práctica suele ser comprendida como un checklist con el que las empresas deben contar.
Entonces, claramente tenemos un déficit, y si queremos avanzar en la resolución de conflictos, las partes tienen que llegar a acuerdos.
Así que creo que ahí tenemos otro tema.
En el acceso a la justicia también debemos avanzar. Quienes intentan hacer valer sus derechos ambientales no cuentan con un acceso garantizado a la justicia ni mucho menos en igualdad de condiciones y oportunidades que su contraparte. Las normas procedimentales imponen a los ciudadanos la carga de probar el incumplimiento ambiental de las empresas.
Claramente estamos al debe, y yo creo que Escazú va a ayudar mucho en esta materia, sobre todo en cuanto a los derechos humanos en asuntos ambientales, porque es el primer tratado en el mundo que establece, en su artículo 9, la obligación de los Estados partes de garantizar un entorno seguro para que las personas, grupos y organizaciones puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad mediante la adopción de medidas para prevenir, investigar, sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que puedan sufrir.
Presidenta, América Latina es la región que registra más amenazas y asesinatos contra defensoras ambientales en el mundo.
Solo quería plantear estos puntos.
Creo que el tema del multilateralismo en los cambios climáticos es otra señal. No los vamos a enfrentar solos, sobre todo siendo un país vulnerable, como mostró la pandemia. Por eso, insisto en que este es un paso adelante, y me alegra que finalmente podamos decir "¡Escazú ahora!". De ahí que voto a favor de la información, la participación y la justicia ambiental.
He dicho, Presidenta.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra la Senadora Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA.-
Muchas gracias, Presidenta.
Mire, yo he votado muchas veces en contra de los tratados y fundamentalmente de los de índole económica. Así, hace muchos años reflexionábamos con alguien que fue parte de esta Corporación, el Senador Gabriel Valdés, quien planteaba que, sin duda, Chile tenía que abrirse al mundo, pero con una musculatura interior que permitiera que esa competencia no destruyera lo que nosotros somos, así como el sistema productivo que tenemos, entendiendo que debemos ser competitivos y todo lo que se quiera.
Saludo en forma especial a las Ministras, porque ¡por Dios que es sintomático tener a dos mujeres Ministras hoy día aquí defendiendo este tratado!
Entonces, cuando uno se plantea cuáles son las consecuencias de los tratados internacionales fundamentalmente económicos que hemos firmado acá, y cómo ir monitoreándolos, hay que considerar que esos tratados nos hacen tener precisamente 1.114.000 hectáreas menos en siembra, nos hacen reducir la pequeña agricultura, importantísima en la seguridad alimentaria, porque no hemos sido capaces de estimular y proteger nuestra producción nacional.
Hoy día hablamos de seguridad alimentaria, pero no hacemos nada para proteger a quién produce esa seguridad alimentaria.
Por lo tanto, los tratados internacionales, ¡perfecto!, pero sin estímulo interno resultan bien complejos, ¡bien complejos!
Y ahondando un poco más, si hoy día tenemos una presión ambiental en Chile es precisamente por esos tratados, ¡precisamente por esos tratados! Permítannos colocar ejemplos de nuestra región, de quienes vivimos en regiones y no solo de quienes las representamos aquí, pero viviendo en Santiago.
En muchas regiones, en muchos sectores, existen zonas de sacrificio, microzonas de sacrificio, que han ejercido una presión medioambiental debida precisamente a un sistema productivo y un modelo económico que hoy día nos complican.
¡No lo voy a saber yo, con el bosque esclerófico de la zona central de Chile, Ministras -por su intermedio, Presidenta-, cuando, en mi región, la Sexta, no queda prácticamente nada! ¿Por qué? Porque ahí están los paltos que tenemos que exportar producto de tratados internacionales donde nunca se ha entendido el equilibrio que debe haber entre lo productivo, lo económico y lo ambiental.
Además, ¿qué significa la presión que hemos tenido sobre el agua? La pregunta es: si hoy día tenemos menos agua, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a entregar los APR a la gente para que tenga agua, o a los frutales, para exportarlos?
Ese es el modelo económico que hemos desarrollado, porque esa es la forma como nos hemos entendido a partir de los tratados internacionales desde el punto de vista económico. Por no haber llegado a un equilibrio es porque hoy día tenemos que firmar Escazú, y la presión que tenemos sobre el sistema, sobre lo ecológico, es la que han ejercido los tratados internacionales.
¿Y qué pasa con las mineras? ¿Qué pasa con los relaves, donde hay una presión sin equilibrio?
Por eso nos alegra que nuestro Presidente diga hoy: "¿Saben? Coloquemos una mirada distinta al desarrollo productivo y también a cómo protegemos el medioambiente a través de este tratado".
Y esto empieza mucho antes, el año 92. Imaginen ustedes que ese año ya estábamos hablando de la Cumbre de la Tierra, en que teníamos veintisiete principios, de los cuales el décimo era cómo elaborar y empezar a trabajar este proceso de Escazú.
Para mí es importantísima la participación ciudadana. Sin la participación ciudadana, Presidenta, no lograríamos colocar estos focos amarillos, rojos, que nos han planteado y que hemos vivido permanentemente en las zonas de sacrificio.
¿Qué pasa con los relaves de Codelco? ¿Qué pasa con Vik Millahue, donde se están robando toda el agua en una zona productiva? ¿Qué pasa con los APR? ¿Qué pasa con los humedales? ¿Qué pasa con los glaciares?¿Qué sucede ahí? Es solo participación ciudadana que nos hace mirar la realidad, porque el Estado de Chile no funciona, ¡porque el Estado de Chile no funciona! Porque no son capaces de fiscalizar, ni de monitorear, ni están permanentemente sujetos al ejercicio de que el Estado defienda a los ciudadanos y ciudadanas. Eso lamentablemente no ocurre, no lo vemos en las regiones, donde tenemos zonas de sacrificio permanentes.
Por eso hoy día, cuando nos hablan de encontrar participación ciudadana para una justicia en materia de sostenibilidad de los recursos, conservación de la biodiversidad, lucha contra la degradación de la tierra, cambio climático, resiliencia ante los desastres, nosotros decimos "bueno, cómo no vamos a estar de acuerdo con esto, cómo no vamos a estar de acuerdo con potenciar la participación ciudadana, el acceso a la información, vital para la toma de decisiones", pero esta participación ciudadana debe ser vinculante para el Estado de Chile, a fin de tomar decisiones, proteger a las personas que viven en los distintos sectores y, sin duda, proteger a los activistas medioambientales.
Presidenta, ahora sí vamos a votar con alegría y con emoción. Ciertamente, debe ser una fiesta el que podamos tener la aprobación de este tratado el día de hoy, y que mañana el Presidente de la República diga que se ha obtenido como un logro, no de este Gobierno, sino del Estado de Chile, para la protección de este país y, fundamentalmente, de las personas y las comunidades.
Muchas gracias, Presidenta.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Gracias, Senadora.
Tiene la palabra el Senador Quintana.
El señor QUINTANA.-
Gracias, Presidenta.
Contra toda evidencia, el Gobierno anterior intentó instalar la idea de que Escazú representaba un instrumento aventurado, riesgoso y que podría traernos incertidumbre y conflictos. Y digo "contra toda evidencia", porque el Acuerdo de Escazú no surgió de la noche a la mañana. Por eso creo que es bueno ir un poco hacia sus orígenes.
Esto ocurre el año 1992, en la primera Cumbre de la Tierra, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en la cual me correspondió participar como estudiante universitario. En esa ocasión se plantearon estos 27 principios que han acompañado buena parte de nuestra legislación en materia ambiental, en el mundo y en Chile, con mayores o menores grados de avance y convicción; pero ahí los tenemos.
También está el principio 10, que es el que nos tiene en esta discusión, que establece, como decía la Senadora Órdenes, la participación, la cooperación, la justicia ambiental, la información.
Yo creo que aquello es central, porque en los tiempos que corren -y también esta es una prueba a la coherencia de todos nosotros- podríamos afirmar categóricamente que el multilateralismo -conversamos recién el punto con el Senador Insulza- está amenazado. ¡Cómo no, si hace pocos días el Canciller de Rusia -repito: el Canciller de Rusia-, Serguéi Lavrov, dijo que había que sustituir el multilateralismo como lo conocemos hoy porque sería una invención occidental! O sea, un país que ha invadido a otro (Ucrania), en un mismo territorio, a una nación autónoma, pasando a llevar todas las normas internacionales-, sostiene que habría que reemplazarlo por otro mecanismo.
Entonces, claramente hoy día está amenazado el multilateralismo. Probablemente, algunos regímenes autoritarios tienen en su cabeza formas más fragmentadas de participación, más acotadas, y no la colaboración.
Creo que esta discusión también nos permite derribar muchos mitos en materia multilateral, en todo orden de cosas, Y por ello además hay un llamado a la coherencia, porque -reitero- nada menos que el Primer Ministro ruso es el que señaló aquello, y por eso me extraña que algunos colegas -digo "algunos"- de bancadas de Derecha estén planteando objeciones, rechazo o abstenciones a propósito de este proyecto de acuerdo.
Ayer conversamos, entre otros, con el Senador Chahuán, y quiero rescatar la buena disposición que planteó, y también por supuesto la Senadora Núñez, para despacharlo el día de hoy. Ellos manifestaban justamente eso, a la luz del estudio que hacíamos de las bases estratégicas que entregaban las Ministras aquí presentes, que nos brindan la tranquilidad para abordar esta discusión. Veíamos que todos estos temores que se intentaban instalar no eran reales, y coincidíamos justamente con el Senador Chahuán en que el Acuerdo de Escazú bien podría llamarse "Acuerdo de Santiago".
Por eso entiendo a varios colegas, especialmente de las filas de acá, que no entienden qué pasó en estos últimos ocho años, en el sentido de que Chile, el año 2012, en Río+20 -todos sabemos que el Presidente Piñera gobernaba a nuestro país ese año-, fue uno de los principales países en decir: "¿Saben qué? Esta cosa no está bien; tenemos un avance, una implementación un tanto dispar entre las distintas naciones, particularmente respecto del principio 10 de la Declaración de Río, y por lo tanto, debemos ver qué pasa". Y ahí tuvimos la copresidencia de Chile y Costa Rica, donde se empujó un proceso.
Vino el 2014, con la Decisión de Santiago, y luego, en el Gobierno de la Presidenta Bachelet, entre los años 2014 y 2018, se sucedieron, no una, sino nueve rondas de conversaciones, varias de ellas en Chile. Por eso no es exagerado decir que este acuerdo debió llamarse "Declaración de Santiago", o "de Chile", por el liderazgo, por el protagonismo, por el empuje que nuestro país le puso a este asunto en un momento.
Por esa razón, cuesta entender cómo se gesta el frenazo que finalmente decidió el Presidente Sebastián Piñera respecto de Escazú. Y Escazú no es otra cosa -varios colegas lo han dicho también, y lo señalamos en el extenso informe que se preparó, el cual no podía ser más reducido porque se trata de un trabajo acucioso, de tres sesiones de dos Comisiones como las de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente- que un convenio, un tratado que busca que los ciudadanos tengan mayor acceso a la información, mayor acceso a la justicia ambiental y mayor participación.
Tampoco es que esta sea una invención latinoamericana, buen antecedente, además, para traer a la discusión. Esto ya se hizo con Aarhus -no sé si está bien pronunciado-, que es el símil de Escazú, pero en Europa, el cual fue suscrito hace veinticuatro años, en los mismos términos: también es una aplicación, una bajada práctica, un acuerdo regional, en ese caso de Europa, para hacer posible el acceso a la información, a la justicia ambiental y a la participación.
Quiero decir que en esos veinticuatro años de existencia del Convenio o el Acuerdo de Aarhus no ha habido litigio alguno en ningún Tribunal de La Haya por este tema. ¡Ninguno! Porque además -bien lo han dicho la Ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, y la Ministra Maisa Rojas- es absolutamente claro que no existe ninguna cesión de soberanía. ¡Cómo va a haber cesión de soberanía -también lo señalamos en el informe- si la colaboración que se les puede dar a Estados o naciones más vulnerables, incluso a países sin litoral, tiene que ver con los aspectos específicos del convenio: buenas prácticas, experiencia, aquello que Chile puede aportar! Y en otras cosas nosotros igualmente vamos a necesitar apoyo, pues bien sabemos lo que significan las zonas de sacrificio aquí, en la Región de Valparaíso; en la Región de La Araucanía tenemos problemas ambientales muy severos, por de pronto la contaminación atmosférica en Temuco y Padre Las Casas, problemas con humedales en Villarrica, en Ñancul, en Carahue, en Saavedra, en tantas zonas.
Este tema es urgente, y por lo tanto, el habernos demorado ocho años, el tener que adherir y no haber entrado en plenas condiciones, como fue la idea de los gobiernos en su momento, es un problema.
Yo simplemente deseo señalar que no existe ninguna posibilidad de que esto signifique cesión de soberanía.
Además, quiero agregar que nosotros, este mismo Congreso, ha suscrito no menos de noventa tratados donde la misma cláusula de resolución de conflictos que algunos colegas han criticado hoy día aparece exactamente igual. ¡La misma cláusula! Y de esos noventa tratados, treinta son ambientales. Uno de ellos es nada menos que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y otro, el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, donde los colegas recordarán que el entonces Canciller Andrés Allamand tuvo un rol muy importante en su defensa.
Por consiguiente, creo que esta es la hora de la coherencia para todos nosotros, de entender que debemos defender el multilateralismo, por cuanto es la herramienta que tienen los países grandes, y también los países chicos, como Chile, para negociar protecciones en distintos temas. Y hablar de desarrollo, ¡por supuesto! A veces, como que a algunos sectores les cuesta hablar de desarrollo. ¡Pero si la Cumbre de Río parte por eso, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo! Claro, no cualquier desarrollo: uno sostenible.
Eso es lo que hoy día se ve como una posibilidad.
Me parece que se despejan todos los mitos, las dudas, los prejuicios ideológicos que algunos sectores pueden haber tenido con la manera como esto se ha resuelto, incluso con las declaraciones interpretativas que ciertos colegas de la Oposición plantearon y que, a juzgar por todos los que estuvimos presentes ayer en la aprobación, que fue mayoritaria, entendimos que era suficiente para dar luz verde, finalmente, al Acuerdo de Escazú el día de hoy.
Por esas razones, Presidenta, voto a favor.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Gracias, Senador.
Tiene la palabra la Senadora Pascual.
La señora PASCUAL.-
Muchas gracias, Presidenta.
Por su intermedio, saludo a las Ministras de Relaciones Exteriores y del Medio Ambiente.
Quiero plantear que Chile, al suscribir y ratificar el Acuerdo de Escazú, avanza en subir los estándares legislativos medioambientales y de desarrollo económico.
Llama la atención que a este acuerdo, solo a este acuerdo se le acuse de querer vulnerar la soberanía nacional, de querer sobrepasar las legislaciones nacionales. Sin embargo, no hubo ningún problema con cuanto tratado de libre comercio suscribió nuestro país en años anteriores.
Es más, para algunos incluso no hay ningún problema con el TPP11, que implica suscribir tratados de libre comercio precisamente con varias de las naciones con las cuales ya existe este tipo de acuerdos de manera bilateral.
Este es un tratado regional que avanza en garantizar a las ciudadanas y a los ciudadanos el derecho al acceso a la información ambiental, a la justicia ambiental y a la participación pública.
Por ello llama profundamente la atención la negativa del Gobierno anterior, del Presidente Sebastián Piñera, quien no quiso ratificar y firmar el Acuerdo de Escazú, porque provocó la interrupción de una política internacional de Estado que ha permitido ir instalando a nuestro país en el ámbito de la suscripción de acuerdos medioambientales.
El Acuerdo de Escazú garantiza el acceso a la información ambiental, obligando a los países a asegurar la igualdad de conocimientos de todas las actoras y de todos los actores vinculados a un proyecto, o bien, que sufren su impacto. Ello habla de comunicar a las comunidades cómo les van a impactar los proyectos medioambientales, y esa es una materia de democracia relevante.
También permite otorgar el derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia ambiental.
Incorpora principios como el de no regresión -me parece que esto es fundamental-, y el contrario, de progresividad de la acción ambiental, lo que impediría modificaciones a las legislaciones nacionales -a lo mejor por eso existen todos esos miedos por parte de algunos Senadores que han anunciado su voto en contra- que retrocedan en materia de protección ambiental y social.
Los países que suscriben este acuerdo se obligan también a garantizar la debida protección de los derechos humanos, de la vida y de la integridad física de los dirigentes y las dirigentas sociales que promuevan y defienden tales derechos en materia medioambiental.
Hace un rato el Senador Latorre hablaba de Macarena Valdés como uno de los ejemplos de aquello; nombraba también a la medioambientalista Celsa. Yo quiero recordar además a Alejandro Castro, dirigente social y medioambiental justamente de esta región, respecto del cual hasta el día de hoy no sabemos cómo apareció muerto en una reja de un sector del Gran Valparaíso.
El Acuerdo de Escazú permite, entonces, ratificar elementos que ya están presentes en nuestra legislación nacional, como han dicho varios de los Senadores y Senadoras que me han antecedido, pero, por sobre todo, permite incorporar elementos que fortalecen el papel de aquella.
Por eso no es un detalle que el Presidente Gabriel Boric, que nuestro Gobierno decida incorporar a Chile en este acuerdo y que avance y restituya algo que nos parece que no debió haberse dado en el Gobierno anterior, como fue no haberlo firmado ni ratificado en su momento, cuando correspondía. Entonces, es absolutamente favorable y relevante que este proceso se produzca hoy.
Alguien acá también decía que los acuerdos no garantizan, o en particular que este acuerdo no garantiza todas las materias que se propone. Creo que no hay ninguna legislación en el mundo que haga esto si es que no hay voluntad de las partes, en especial de los Estados partes, de llevar a cabo estas normativas de la mejor manera.
La firma del Acuerdo de Escazú es precisamente la muestra del Gobierno del Presidente Gabriel Boric de llevar esa voluntad de avanzar en los aspectos fundamentales que tiene este proyecto: la protección de los derechos humanos de las dirigencias sociales, el acceso a la información, el acceso a la justicia ambiental y el proceso de participación ciudadana medioambiental.
Por ello, mi voto es a favor, Presidente.
Muchas gracias.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Coloma.
El señor COLOMA.-
Muchas gracias, Presidente.
Parto diciendo que en general tengo una mentalidad abierta y ganas permanentes de mejorar los convenios internacionales, los tratados, en la lógica de que siempre han sido un medio, no un fin. Nunca les he creído a aquellos que dicen que por el solo de ser tratados hay que aprobarlos. ¡No! Hay tratados buenos y hay tratados menos buenos. Creo haber sido siempre riguroso, al igual que muchos otros Senadores que piensan distinto, en intentar evaluar cada uno en su mérito, respecto de las implicancias jurídicas y económicas propias de un tipo de acuerdos de esta naturaleza, que no son neutros: ¡tienen efectos!
Así he apoyado la mayoría de ellos, pero también me he opuesto a otros, porque entendía que no estaban dadas las condiciones para asegurar que la suma final iba a ser positiva versus los inconvenientes que podría ocasionar.
Digo esto porque, al igual que muchos, he leído bien a conciencia este tratado. He procurado buscar las virtudes y también los peligros que cualquier acuerdo de esta naturaleza genera, y con toda honestidad hoy día veo más riesgos que virtudes.
Es mi visión personal, particular, y quiero compartirla; no necesariamente puede ser seguida por todos -respetada, espero-, pero al menos define una posición frente a esta clase de acuerdos.
A mí lo primero que me pasa -y en eso siempre he sido cuidadoso- es que el aspecto más crítico es la ambigüedad de si es autoejecutable o no. Es un tema que a todos quienes estudiamos Derecho nos importa mucho, porque es parte esencial de la juridicidad con que debemos actuar, más aún cuando se trata de normar leyes o un tipo de normativas que producirán efectos en otras personas.
La redacción del Acuerdo no dispone expresamente dictar leyes para implementar los derechos procedimentales que promueve, lo que obviamente introduce una primera incerteza: algunos artículos van más allá de lo establecido en una normativa nacional en materia medioambiental y de acceso a la información pública.
A su vez, aquí hay -esto es importante- nuevos principios no contenidos en nuestro ordenamiento, por ejemplo el pro persona y la referencia al artículo 4, número 1, que señala que cada parte garantizará cualquier otro derecho humano universalmente reconocido que esté relacionado con el presente Acuerdo.
En el fondo, desde mi perspectiva, esto supone aprobar una norma abierta cuyos límites o contenidos serán resueltos por organismos internacionales y no producto de un debate democrático en el Parlamento chileno. Y yo espero, cualquiera sea la circunstancia, que siempre lo establezcamos de este último modo.
Además, en el Acuerdo hay principios como el de no regresión -ahí tengo una discrepancia con algunos Senadores y Senadoras-, progresividad, pro persona y su naturaleza supralegal, que tendrán como efecto que las interpretaciones sobre el alcance del tratado serán más exigentes con el tiempo en nuestro país, siendo inviable, a mi juicio, la opción de adoptar interpretaciones más acotadas.
El mecanismo, entonces, para precisar esto es una declaración interpretativa, que se ha planteado.
Honestamente, yo miro el texto y quiero ser bien transparente. Escuché el análisis que hizo la Comisión de Relaciones Exteriores respecto de este mismo tema y no puedo dimensionar cuál es la validez exacta de un planteamiento de esa naturaleza, existiendo un artículo -entiendo que es el 23- que señala una visión distinta sobre la funcionalidad o validez de tales normas interpretativas. Eso a mí me hace fuerza porque, si estamos suscribiendo un tratado que establece en su normativa que no se acepta ningún tipo de reserva, no entiendo bien cuál es la validez de las declaraciones unilaterales que se plantean, la cuales, a mi juicio, no son completas. Además, yo entendía que se iba a hacer una modificación de esa interpretación; así lo transmitieron por lo menos los miembros de las Comisiones unidas de Medio Ambiente y de Relaciones Exteriores, pero al final no se dio.
Asimismo, se incorpora de manera vinculante el que "Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio" a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. ¡Esto no existe en ningún otro tratado! Algunos han hecho referencias a otros instrumentos internacionales, pero esto no existe en ningún otro. Lo digo para que quede claro.
Tampoco está en el ordenamiento jurídico nacional. ¿Y por qué? Porque la ley chilena toma otra definición: establece para todos los ciudadanos las garantías de protección, de libertad de expresión, el derecho a la libertad personal, a la seguridad individual, a reunirse pacíficamente sin permiso previo. Esta es la forma en que nosotros abordamos los temas. No damos privilegios a unos en desmedro de otros. Es una concepción global.
Yo temo que ese tipo de figuras va a incentivar la ambientalización de conflictos de otra naturaleza, cuestión que, desde mi perspectiva, en ningún escenario uno debería tratar de buscar.
Este acuerdo, además, tiene redacciones amplias, conceptos jurídicos que no están acordes con la legislación chilena y exigencias que sobrepasan los límites regulatorios definidos por las normas democráticas aprobadas en Chile.
El Acuerdo de Escazú habla, por ejemplo, de "posibles riesgos y efectos en la salud humana y el medio ambiente". ¿Cuál es la consecuencia práctica de eso? ¿Qué organismo debe hacerse cargo? ¿Dónde está la preocupación del Estado por esos efectos ambientales?
A mi juicio, el estándar de participación o de acceso a la información que define Escazú va a incrementar litigios ambientales, ni siquiera nacidos de la mala fe, sino de la forma de redacción y de la manera de establecer derechos que no están interpretados o recogidos en nuestra legislación, lo cual va a generar, obviamente, lógicas que pueden ser disruptivas con un desarrollo que hemos definido en una amplia legislación.
Yo quiero defender -algunos podrán criticarlo- el que se haya llegado a acuerdos legislativos importantes en esta materia. Creo que lo que tenemos es muy superior a otros estándares. Considero que incorporar elementos no definidos, no planteados en nuestras normas, estableciendo otros caminos, lo que va a hacer es debilitar una normativa institucional ambiental que ha sido muy difícil de lograr y que a mi juicio es un activo y no un elemento que pueda ser modificable por interpretaciones jurídicas el día de mañana.
Además, este tratado incorpora otros principios, cuya definición -se lo planteo a la Ministra, por su intermedio, Presidenta- a mí me complejiza: buena fe, equidad intergeneracional, máxima publicidad, soberanía permanente de los Estados, igualdad soberana, pro
persona. Como no están definidos dentro de nuestras normas, tengo la duda respecto de cómo se van a ejecutar. Señalo esto en un sentido constructivo y positivo.
Escazú es una norma abierta, por su naturaleza. De hecho, el artículo 4, número 1, a que hice referencia establece la posibilidad de garantizar "cualquier otro derecho humano universalmente reconocido que esté relacionado con el presente Acuerdo". Bueno, al ratificar este instrumento, no tenemos certeza de qué otros derechos podrán ser exigibles. A mí no me gusta respaldar ratificaciones de normas que yo considere en blanco; creo que es un peligro porque los blancos siempre se llenan el día de mañana. Los vacíos no existen, particularmente en la lógica de los poderes, menos aún en la lógica soberana de los países.
Honestamente, yo esperaba -y así lo habían manifestado- que la declaración interpretativa fuera de una naturaleza distinta, mucho más precisa que la que hoy día estamos planteando, justamente para orientar e iluminar lo que deberían ser las interpretaciones jurídicas tanto de otros países con relación a Chile como de nuestras propias normas al interior del territorio.
Presidenta, en general, trato de mirar con buen espíritu este tipo de proyectos, porque sé que ha habido un esfuerzo grande. ¡Pero estos son temas discutibles!
Y quiero defender al Presidente de la Comisión. Si bien ha dado quizá uno de los informes más largos que recuerdo, era necesario considerando este tipo de temas. Porque este no es un proyecto cualquiera, es muy relevante. Por mi parte, lo felicito, pues creo que ello le da un sentido de racionalidad, junto con haber acogido que cada uno pueda hacer su planteamiento, porque de alguna manera uno tiene que hacerse responsable de su voto.
Tengo esas inquietudes, que son bien de fondo y no obedecen a un ánimo negativo. Al contrario, las planteo porque creo que hemos sido capaces de generar legislaciones que definen certezas jurídicas, particularmente en estas materias.
Por lo mismo, como ya lo he dicho, ya sea por la lógica de normas en blanco, ya sea por la lógica de las interpretaciones posteriores o interpretaciones que otros países puedan hacer acerca de qué significa haberse sumado, no me convence, honestamente, la forma en que se ha planteado este instrumento. Y, por tanto, votaré en consecuencia.
He dicho, Presidenta.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.-
Presidenta, yo tenía la intención de hacer algunos puntos jurídicos sobre este tema y algunos comentarios políticos, pero no voy a hacer uso de la palabra.
Gracias.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Senador Velásquez.
El señor VELÁSQUEZ.-
Gracias, Presidenta.
Solo quiero expresar un par de consideraciones.
Una de ellas tiene que ver con cómo nos damos cuenta de la importancia de discutir los tratados y los acuerdos.
En algún momento, cuando a algunos no nos parecían buenos los tratados económicos y opinábamos en contra de ellos, recibíamos descalificaciones. Hoy día entendemos que ello es necesario, porque es debatible, como se ha dicho acá. El punto tiene que ver con visiones de mundo, incluso con visiones acerca de la convivencia.
Sin ir más lejos, recordemos lo que sucedió con las actuaciones del Presidente de Estados Unidos Donald Trump: su retiro del Acuerdo de París y su mirada en cuanto a cambio climático.
Entonces, son posiciones ante la vida misma.
Por eso este tiempo y este espacio de debate son muy importantes. Además, es un espacio de aprendizaje, Presidenta, de sensibilidad.
Recién alguien se preguntaba si este acuerdo nos puede dar garantías, si este acuerdo efectivamente va a ser confiable. Ahí yo creo que tenemos que preguntarnos si nosotros damos garantías a tratados de este tipo internamente, si nosotros los garantizamos con las leyes que emanan de este Congreso en sus distintas legislaturas.
Ha habido garantías mediante leyes en lo relativo a financiamiento electoral o al mercado del gas -podríamos seguir enumerando ejemplos-, pero igual allí encontramos espacios, como se dijo por ahí, para la trampa, para no honrar y no garantizar principios.
Finalmente, estos acuerdos representan principios. Pero los aportes de los tratados también nos apuran, nos permiten mirar un poco más allá.
Alguien dijo al comienzo del debate que, cuando esto lo aterrizamos, lo llevamos al territorio, nos damos cuenta de que, efectivamente, necesitamos que en nuestro país no solo haya tratados, sino también decisión, convencimiento y entender que de Arica a Punta Arenas tenemos lugares frágiles.
Cuando miramos el norte, nuestro desierto, da la impresión de que lo soporta todo. Antes no había marcos medioambientales; se establecieron a partir de la década del noventa, cuando se promulgó la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Y hoy día tenemos un río Loa declarado agotado; tenemos ecosistemas frágiles, prácticamente maltratados; tenemos un salar de Atacama intervenido por dos importantes empresas privadas, con una serie de cuestionamientos medioambientales, además de las pocas herramientas de que dispone la Superintendencia del Medio Ambiente.
Entonces, es importante revisar cómo lo estamos haciendo y no estar dependiendo del titiriteo que los dueños de las empresas pretenden con el poder político.
Me parece interesante este Acuerdo de Escazú, ya que establece cuestiones elementales: acceso a la información, participación ciudadana, tribunales medioambientales, protección a los líderes defensores ambientales, que en las escuelas los llamamos "forjadores medioambientales". O sea, en los establecimientos de educación básica y en los liceos formamos forjadores medioambientales; luego, cuando estos niños y jóvenes se creen el cuento y lo defienden siendo adultos, como líderes medioambientales, sufren no solo atentados a su vida, sino también, en algunos casos, chantaje de las empresas respecto de su comportamiento ciudadano.
Para terminar, Presidenta, creo que nos hace bien revisar lo que estamos haciendo. Fíjese usted que, para intentar mitigar el comportamiento de las empresas en torno a los marcos medioambientales, apareció en algún momento la responsabilidad social empresarial. Pero en muchas regiones esta se vuelve un verdadero chantaje a los municipios, a los gobiernos locales particularmente, e incluso a los propios gobiernos centrales.
Las empresas y la industria minera colocan y sacan gobiernos en muchos lugares del planeta; colocan y sacan ministros en muchos lugares del planeta. No son tema para ellas.
Recordemos un poco lo que está ocurriendo hoy día en los medios de comunicación, en la televisión y en las radios. Ahí escuchamos la poesía y el verso de las empresas privadas de litio y de cobre, particularmente. Parece que están haciendo una verdadera oda a la naturaleza y al cuidado del medioambiente. Para quienes vivimos en esos lugares, la verdad es que resulta hasta ofensivo, porque esas mismas empresas luego financian hermosas exposiciones y acciones de caridad, con las cuales limpian y lavan su imagen.
Eso también debiera conmovernos cuando hablamos de estos acuerdos.
¿Nos garantiza todo este acuerdo? ¡Claro que no!
¿Nos puede traer problemas? ¡Por supuesto que sí!
¿Y qué no nos trae problemas? ¿Acaso no trajo problemas cuando en la legislatura pasada se dejó ese artículo duodécimo transitorio en la regulación del mercado del gas natural? Si no es por una investigación periodística, no habría sido tema probablemente hoy día en el debate político.
Entonces, creo que es importante revisarnos todos, en especial si profesamos ciertos valores humanistas.
Así que, Presidenta, vale esta discusión, vale este tiempo y vale esta diferencia para reconocer distintas visiones de vida. Y ojalá, sobre todo, que terminen de ser el titiritero esas empresas, que finalmente son las dueñas de los distintos países.
Gracias, Presidenta.
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-
Gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Muchas gracias, Presidenta.
Honorable Sala, han transcurrido más de diez años para poder abordar definitivamente en Sala este proyecto. Creo que quienes fueron sus detractores, quienes se opusieron constantemente, estarán arrepentidos, ya que este acuerdo, que antes no tenía trascendencia, hoy es uno de los temas que más se siguen en el debate ambiental no solo a nivel nacional, sino también internacional. De hecho, tenemos una sociedad que sigue esta discusión para informarse y tener una posición.
Al respecto, valoro las actuaciones de la Ministra del Medio Ambiente y de la Canciller -les hago un reconocimiento a ambas-, quienes claramente han tenido la capacidad de impulsar este proyecto y de cambiar opiniones, pasando de negativas a abstenciones o a aprobar con algunas observaciones.
Se ha dado un legítimo debate, y eso hay que reconocerlo, por la capacidad de interactuar, de persuadir y de desvirtuar determinados elementos que hacían prácticamente inviable este instrumento.
Creo que hubo un error político en la Administración anterior al construir una serie de mitos respecto del Acuerdo de Escazú, los que prácticamente hacían inviable su aprobación. Hoy día, producto de la explicación, de la persuasión, del debate y de los compromisos, se ha establecido que claramente es un avance para nuestro país.
De acuerdo con los antecedentes que hemos recogido -y esto es importante para la historia de la ley-, el Acuerdo de Escazú tiene como objetivo "garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible".
Igualmente, en las minutas a que hemos accedido se señala que, en términos generales, sobre el acceso a la información ambiental, se contemplan disposiciones de transparencia pasiva y activa.
En materias de participación pública, el Acuerdo establece que los Estados se comprometen a implementar una participación abierta e inclusiva sobre la base de los marcos normativos internos e internacionales.
A su vez, respecto al acceso a la justicia ambiental, indica que cada parte garantizará este derecho de acuerdo con las garantías del debido proceso.
En cuanto a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, dispone el compromiso de adoptar medidas para un entorno propicio y seguro, preventivas y de protección, así como de respuesta frente a ataques, amenazas o intimidaciones.
Yo creo que son claros y precisos los objetivos perseguidos por el Acuerdo de Escazú. Por eso lamento que la discusión se centre en los argumentos de quienes han señalado que los litigios ambientales van a seguir y ahondarse. Al contrario, pienso que se dará transparencia, seguridad y la posibilidad efectiva, a través de distintos mecanismos, de tener una participación activa y pasiva.
Los grandes conflictos en este país son precisamente por "saltarse la fila" y desconocer la capacidad de dialogar no solo con activistas ambientales, sino también con la comunidad organizada.
En muchos lugares de nuestro territorio -podríamos enumerarlos región por región- los grandes conflictos ambientales surgen simplemente por la imposición de grupos económicos que tratan de instalar un proyecto. Por ejemplo, es lo que ocurre en Freirina, Región de Atacama; o en la Región de Coquimbo, con algunas mineras que arrasan en los valles; o en la zona sur, con esas extensas plantaciones forestales; o en el extremo sur, con esa actitud absolutamente depredadora de las salmoneras.
Pero seamos claros -lo dije ayer en mi intervención en la Comisión al votar-, estimadas Ministras, especialmente Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas: debemos ser rigurosos con las empresas estatales también y no mirar solo el gran capital privado, que igualmente evidencia tremendas aberraciones. El Estado de Chile, el Gobierno, tiene control sobre Codelco, empresa que -y en este punto me podrán ayudar los Senadores y las Senadoras de la zona norte- no es un paradigma de respeto medioambiental.
¿Y cuál es el comportamiento de ENAP en la Región de Valparaíso, en la Región del Biobío y en el extremo austral? ¿Tiene estándares ambientales? También es una empresa del Estado.
¿Y qué pasa con los sistemas portuarios? Hoy día, Ministra -por su intermedio, Presidente-, no vamos a aceptar las presiones que ejercen las empresas portuarias del Estado para relativizar la Ley de Humedales Urbanos. Ello ocurre cuando anteponen el desarrollo productivo a cualquier otra consideración, simplemente porque no son capaces de modificar sus proyectos considerando la variable medioambiental, y andan haciendo sus cabildeos precisamente para que se relativice, vía modificaciones de reglamentos de otros aspectos, una norma que ha costado decenas de años y que ha permitido avanzar en el cuidado del medioambiente.
Voy a votar a favor, al igual que la bancada del Partido Socialista, pero le pido al Gobierno, a nuestro Gobierno, coherencia en la protección del medioambiente. Y que así como somos drásticos y establecemos todas las acciones y las denuncias correspondientes contra los privados, que también sea deber del Estado, y de nuestras Ministras y nuestros Ministros, asegurar que en el desarrollo del país se siga una pauta respecto al cumplimiento ambiental: las empresas estatales contaminan igual o más que las empresas privadas.
En ese aspecto no podemos mirar para el techo ni relativizar la situación, sino exigir que el Gobierno, que ha manifestado su compromiso medioambiental, aplique también las normas en aquellas industrias, en aquellas empresas en las cuales el Estado no solo tiene participación, sino un completo y absoluto control en la dirección de la gestión.
Yo voy a votar a favor, y ojalá que la litigación ambiental sea anticipatoria. Creo que con transparencia, con buenos dirigentes, con acceso a la información sobre los distintos proyectos y con el cumplimiento de la normativa vamos a tener menos conflictos. Y con esto Chile se pone a la vanguardia y asume un estándar internacional, a los efectos de que el país sea atractivo para las inversiones, no por su baja legislación ambiental, sino porque ofrecemos ventajas, porque hay buen capital humano, infraestructura, innovación, y no simplemente porque es más fácil explotar los recursos naturales y depredar nuestros mares y nuestros ríos.
Ahí debe haber un equilibrio.
Y creo que, así como este Parlamento, mis estimadas Ministras, está dando fe y va a brindar un apoyo contundente, no me cabe duda, al Acuerdo de Escazú, porque nos llena de orgullo y se constituye en un estándar de cumplimiento para el país, también tenemos que dar señales de que al menos en las empresas estatales se cumple cada uno de esos compromisos.
Voto a favor y reitero mis felicitaciones a la capacidad persuasiva de las Ministras para lograr esta mayoría.
Voto a favor, señor Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Gracias, Senador De Urresti.
Está inscrito el Senador Chahuán, pero no lo veo en Sala, así que vamos a proceder a dar inicio a la votación.
Señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señor Presidente.
Se hace presente que se ha presentado una sugerencia de declaración interpretativa por parte de los Senadores señores Kast, Gahona y Cruz-Coke, del siguiente tenor:
"Para interpretar el Tratado de Escazú de parte del Congreso Nacional.
"El Estado de Chile considera que las disposiciones del Acuerdo de Escazú que no consagran derechos que emanen de la naturaleza humana, según el artículo 5°, inciso segundo, de la Constitución, son de naturaleza no autoejecutable.".
En consecuencia, en una primera votación corresponde ocuparse de todos aquellos aspectos tratados en general y en particular, y con posterioridad de esta sugerencia de declaración interpretativa.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Entonces, realizaremos dos votaciones: primero votaremos el Acuerdo de Escazú y después nos pronunciaremos por la sugerencia de declaración interpretativa,
Agradecería que se toquen los timbres.
En votación el Acuerdo de Escazú.
(Durante la votación).
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Se ha abierto la votación.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Estamos votando el Acuerdo.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Se está votando el Acuerdo de Escazú, con todas aquellas declaraciones interpretativas que se incorporaron en la Cámara de Diputados y que fueron conocidas por las Comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
Posteriormente, se someterá a votación la sugerencia de declaración interpretativa que han formulado los Senadores señores Kast, Gahona y Cruz-Coke.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Reitero, estamos votando el Acuerdo.
(Pausa).
Estamos votando el Acuerdo, con las cuatro declaraciones interpretativas incorporadas en la Cámara de Diputados.
Vamos a esperar que ingresen a la Sala los Senadores que no han votado.
(Pausa).
Hay un solo pareo, que corresponde a la Senadora Isabel Allende con la Senadora Luz Ebensperger, a quien agradecemos su buena voluntad para acceder al pareo.
Vamos a proceder a cerrar la votación.
(Manifestaciones con carteles en las tribunas).
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Falta la Senadora Campillai.
(Luego de unos instantes).
El señor MOREIRA.-
¡Que exprese a viva voz el voto!
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Ahí está, incorporado.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo, con las cuatro declaraciones interpretativas incorporadas en la Cámara de Diputados (31 votos a favor, 3 en contra, 11 abstenciones y 1 pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Campillai, Carvajal, Gatica, Núñez, Órdenes, Pascual, Provoste, Rincón y Sepúlveda y los señores Castro (don Juan Luis), Castro (don Juan), Chahuán, De Urresti, Durana, Elizalde, Espinoza, Huenchumilla, Insulza, Kast, Keitel, Lagos, Latorre, Núñez, Ossandón, Quintana, Saavedra, Sandoval, Soria, Velásquez y Walker.
Votaron por la negativa los señores Edwards, Kusanovic y Kuschel.
Se abstuvieron los señores Coloma, Cruz-Coke, Gahona, Galilea, García, Macaya, Moreira, Prohens, Pugh, Sanhueza y Van Rysselberghe.
Se encontraba pareada la señora Ebensperger con la señora Allende.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
En consecuencia, se aprueba el Acuerdo de Escazú.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
Vamos a proceder a votar ahora la sugerencia de declaración interpretativa presentada por los Senadores señores Kast, Gahona y Cruz-Coke.
Senador Kast.
El señor KAST.-
Gracias, Presidente.
Bueno, esta declaración interpretativa busca asegurar lo que de hecho muchos han señalado en cuanto a lo que debe cumplir aquello que acabamos de aprobar.
La verdad es que si uno revisa los argumentos esgrimidos, efectivamente quedan dudas. Y lo único que hace esta declaración interpretativa es decir: "Aquí, el Gobierno de Chile tiene que implementar, a través de sus leyes, las exigencias medioambientales que conlleva el Tratado, pero en ningún caso va a significar que sean autoejecutables".
Por eso, invito a los colegas a que, así como en la Cámara de Diputados se aprobaron cuatro declaraciones interpretativas, podamos aprobar en el Senado este componente adicional.
Gracias, Presidente.
(Luego de unos instantes).
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Estábamos resolviendo un asunto administrativo, a propósito de una solicitud del Senador Gahona.
El señor OSSANDÓN.-
¡Presidente!
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Senador Ossandón.
El señor OSSANDÓN.-
¿Pueden leer la indicación, por favor?
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Vamos a proceder a dar lectura, nuevamente, a la indicación.
Señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, Presidente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 54, número 1), de la Constitución Política de la República, y 62 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se ha presentado una sugerencia de declaración interpretativa por parte de los Senadores señores Kast, Gahona y Cruz-Coke, en relación a este acuerdo, que señala:
"El Estado de Chile considera que las disposiciones del Acuerdo de Escazú que no consagran derechos que emanen de la naturaleza humana, según el artículo 5°, inciso segundo, de la Constitución, son de naturaleza no autoejecutables".
El señor ELIZALDE (Presidente).-
¿Habría acuerdo para abrir la votación?
Muy bien.
En votación.
(Durante la votación).
Senador Insulza, ¿va a argumentar?
El señor INSULZA.-
Sí.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra, Senador.
El señor INSULZA.-
Entiendo, Presidente, que están proponiendo una reserva: se está hablando del "Estado de Chile".
No tengo ninguna objeción a que los señores Senadores quieran interpretar las cosas como les parezca, pero los tratados internacionales no admiten este tipo de reservas.
¡Para qué vamos a engañar a la gente, Presidente!
Estamos engañando a la gente diciéndole que el Estado de Chile está tomando una reserva, cuando los mismos autores, el Senador Kast, entre ellos -que es un asiduo del Foro de Davos, según me he enterado, y que ahora está yendo a una importante reunión de fuerzas republicanas y conservadoras- debe saber estas cosas. Todo el mundo conoce el derecho internacional.
Entonces, lo considero realmente un engaño.
Yo voy a votar en contra de esta sugerencia de declaración interpretativa, Presidente.
Gracias.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Kast.
El señor KAST.-
Yo creo que el Senador Insulza debería saber, dado que estuvo en la OEA ocupando un alto cargo dentro de las relaciones internacionales, que esta no es una reserva sino una declaración interpretativa, tal como las otras cuatro que fueron aprobadas por la Cámara de Diputados. Por lo tanto, puede votar como quiera, pero sería bueno que no confundiera a la ciudadanía.
Lo único que hace, de hecho, la declaración interpretativa es pedir algo que justamente las Ministras y varios otros colegas han solicitado: aclarar este tratado.
Y sobre los foros que indica, ojalá que me señale cuáles son, porque no he ido a ninguno. Espero que me los aclare.
Gracias, Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Está abierta la votación y hay varios Senadores que no han manifestado su preferencia. Les agradecería que se pronunciaran para proceder a cerrar la votación.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Terminada la votación.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Resultado de la votación: por la afirmativa, 22 votos; por la negativa, 21; abstenciones, 2, y pareos, 1.
Votaron por la afirmativa la señora Aravena y los señores Castro (don Juan), Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, Durana, Edwards, Gahona, Galilea, García, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Sandoval, Sanhueza y Van Rysselberghe.
Votaron por la negativa las señoras Campillai, Carvajal, Órdenes, Pascual, Provoste, Rincón y Sepúlveda y los señores Castro (don Juan Luis), De Urresti, Elizalde, Espinoza, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Núñez, Quintana, Saavedra, Soria, Velásquez y Walker.
Se abstuvieron las señoras Gatica y Núñez.
No votó, por estar pareada, la señora Ebensperger.
Las abstenciones inciden en el resultado, por lo que corresponde proceder a votar nuevamente la sugerencia de declaración interpretativa, solicitando a las señoras Senadoras que han optado por la abstención que se manifiesten en algún sentido.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
En votación.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se rechaza la sugerencia de declaración interpretativa
propuesta por los Senadores señores Kast, Gahona y Cruz-Coke
(22 votos en contra, 21 a favor, 1 abstención y 1 pareo).
Votaron por la negativa las señoras Campillai, Carvajal, Gatica, Órdenes, Pascual, Provoste, Rincón y Sepúlveda y los señores Castro (don Juan Luis), De Urresti, Elizalde, Espinoza, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Núñez, Quintana, Saavedra, Soria, Velásquez y Walker.
Votaron por la afirmativa la señora Aravena y los señores Castro (don Juan), Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, Durana, Edwards, Gahona, Galilea, García, Kast, Kusanovic, Kuschel, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Sandoval, Sanhueza y Van Rysselberghe.
Se abstuvo la señora Núñez.
No votó, por estar pareada, la señora Ebensperger.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
En esta oportunidad, las abstenciones se suman a la mayoría, motivo por el cual la opción negativa suma 23 votos.
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Entonces, se rechaza la propuesta.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
Le damos la palabra a la Ministra de Relaciones Exteriores.
La señora URREJOLA (Ministra de Relaciones Exteriores).-
Gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, Senadores y Senadoras.
No quiero alargar mucho mi intervención.
Quiero decir, en primer lugar, que esta es una votación histórica. Como Gobierno, y no solo como Gobierno, sino como representantes del Estado de Chile, estamos muy contentas, muy contentos.
Creemos que la adhesión al Acuerdo de Escazú es un hecho histórico, porque Chile vuelve con fuerza al multilateralismo en tiempos en que está puesta en duda su importancia. En tiempos de guerra, en tiempos de crisis climática, requerimos más que nunca, ¡más que nunca!, del multilateralismo.
Quiero insistir en que este es un acuerdo de cooperación entre Estados; un acuerdo de cooperación y solidaridad frente a las graves crisis climáticas y ambientales y también frente a la grave situación de defensores y defensoras de derechos humanos, y eso es importante.
Tenía un discurso preparado, pero me parece que aquí lo más relevante es señalar que Chile va a ser parte de un acuerdo cuyo eje central -insisto- es la cooperación. En los tiempos que vivimos, con desafíos que traspasan las fronteras, la cooperación y el multilateralismo son fundamentales.
Y por ello resulta fundamental, para un país como Chile, tal como muchos de los Senadores y Senadoras han reconocido, que tiene una institucionalidad ambiental robusta, la cooperación con aquellos Estados que no poseen esa institucionalidad; como también nosotros requerimos la cooperación y las buenas prácticas en materia de protección de los defensores ambientales y de los defensores de derechos humanos.
Quiero señalarles a algunos Senadores que el concepto de defensores de derechos humanos está establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y en la jurisprudencia interamericana, y se halla asimismo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Chile.
La defensa de derechos es parte esencial de una democracia. Y este acuerdo la profundiza, la hace más inclusiva y también les da garantías a los defensores de derechos humanos en una democracia que, entiendo, todos queremos proteger y hacer más amplia, por el derecho a defender derechos.
Muchas gracias a todos los Senadores y Senadoras, y felicitaciones.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Gracias, Ministra Urrejola.
Le damos la palabra a la Ministra del Medio Ambiente.
La señora ROJAS (Ministra del Medio Ambiente).-
Gracias, Presidente.
Muchas gracias, Senadoras y Senadores, por haber llegado hasta estas altas horas de la tarde y haber votado a favor de este acuerdo.
Es un motivo para festejar, como dijo la Canciller, el que volvamos al multilateralismo porque, muy particularmente por las crisis que estamos enfrentando, las soluciones se tienen que tomar de manera mancomunada.
Nadie puede resolver ni la crisis climática ni la crisis de biodiversidad sola o solo. Aquí, o resolvemos las crisis juntos, o simplemente no dejamos a nuestros hijos e hijas un planeta que sea habitable.
Con este acuerdo se fortalece la democracia ambiental. Y ese fortalecimiento nos da herramientas y contenidos para cristalizar el compromiso del Presidente Gabriel Boric: que seamos el primer Gobierno ecologista del país.
Muchas gracias.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor ELIZALDE (Presidente).-
Gracias.
Queremos agradecer, además, a los representantes de las organizaciones que han participado desde las tribunas en esta sesión del Senado: de Escazú Ahora Chile, Campaña Ciudadana, de la Sociedad Civil por la Acción Climática; de Terram; de ONG FIMA; de Greenpeace; de Fridays For Future; del Observatorio de Juventudes de Derechos Humanos, y de Modatima.
(Manifestaciones a favor en tribunas).
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El señor ELIZALDE (Presidente).-
Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
De la señora ALLENDE:
Al Ministro de Vivienda y Urbanismo, para que informe sobre GESTIONES PARA CAMBIOS EN USO DE SUELO PARA REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS SITUADAS EN LOCALIDAD DE CABRITERÍA, COMUNA DE VALPARAÍSO.
A la Ministra de Bienes Nacionales, recabando antecedentes referidos a ESTADO DE CONSERVACIÓN DE TERRENOS FISCALES Y DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO UBICADOS EN LOCALIDAD DE CABRITERÍA Y DEL SANTUARIO DE LA NATURALEZA "ACANTILADOS FEDERICO SANTA MARÍA", SITUADO EN SECTOR DE LAGUNA VERDE, AMBOS DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO.
Al Gobierno Regional de Valparaíso, solicitando información relativa a NIVELDE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL, INFORMANDO SOBRE DESTINO DE LOS RECURSOS, RAZONES DE LA BAJA EJECUCIÓN Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRAR ENTERAR EL PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL PARA EL PRESENTE AÑO, y pidiendo antecedentes sobre GESTIONES EN MATERIA DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES EN COMUNA DE VALPARAÍSO, ESPECÍFICAMENTE EN SECTOR DE CABRITERÍA.
Y a la Municipalidad de Valparaíso, requiriéndole que informe acerca de CUMPLIMIENTO Y FISCALIZACIÓN DE USOS DE SUELO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES EN LOCALIDAD DE CABRITERÍA.
Del señor ARAYA:
Al Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de Antofagasta, pidiéndole FORTALECIMIENTO DE FISCALIZACIÓN EN HORARIOS Y PUNTOS DE ALTA AFLUENCIA DE USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN ANTOFAGASTA y solicitando RESPUESTA A OFICIO N° 99, DE 10 DE MARZO DE 2022, EN QUE SE SOLICITA EVALUAR SITUACIÓN DE CONGESTIÓN VEHICULAR EN DICHA CIUDAD, CAUSAS Y HORARIOS, Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS.
Del señor BIANCHI:
Al Ministro de Economía, Fomento y Turismo, solicitándole NOMBRAMIENTO DE NUEVO FISCAL NACIONAL ECONÓMICO ANTE NOTABLE ABANDONO DE DEBERES DE ACTUAL TITULAR.
A la Ministra de Salud, para que entregue antecedentes sobre ESTADO DE PLAN PILOTO CONTRA FIBROMIALGIA, COMPLEJIDADES EN SU EJECUCIÓN E INFORME RELATIVO A DESARROLLO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE SUS RESULTADOS.
Al Embajador de Panamá, pidiéndole APOYO YAGILIZACIÓN DE TRÁMITES ORIENTADOS A OBTENCIÓN DE VISA DE TRÁNSITO PARA SEÑORA MIRELVIS ENRÍQUEZ LORENZO Y PARA SU HIJO.
Y a la Presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, consultándole por ACCIONES DE LA CMF EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA A FIN DE IMPEDIR ESTAFAS POR PARTE DE FALSAS FINANCIERAS.
De la señora GATICA:
Al Ministro de Obras Públicas, al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, al Subsecretario de Transportes y al Alcalde y al Concejo Municipal de Corral, pidiéndoles iniciar GESTIONES PARA MEJORAR ACTUALES CONDICIONES DE CONECTIVIDAD EN LA RUTA NIEBLA-CORRAL, QUE UNE LAS COMUNAS DE VALDIVIA Y CORRAL.
Al Ministro de Vivienda y Urbanismo, al Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Los Ríos y al Director Regional del Serviu de Los Ríos, solicitándoles información sobre REQUERIMIENTO PARA USO PROVISORIO DE CANCHA N° 1, UBICADA EN PARQUE URBANO CATRICO, VALDIVIA, PRESENTADO POR AGRUPACIONES "CLUB DE DEPORTES ATLÉTICO MERINO" Y "DEPORTIVO UNIÓN TENIENTE MERINO".
Al Ministro de Vivienda y Urbanismo y al Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Los Ríos, pidiéndoles antecedentes referidos a PROCESO DE ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDAS SOCIALES EN REGIÓN DE LOS RÍOS CON FONDOS MINISTERIO DE VIVIENDA Y GOBIERNO REGIONAL 2021-2022.
Y al Ministro de Vivienda y Urbanismo, solicitándole información acerca de PROCESO DE ADQUISICIÓN DE TERRENOS CON FONDOS MINISTERIO DE VIVIENDA Y GOBIERNO REGIONAL 2021 Y 2022 Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ASIGNACIÓN DE TERRENOS EN LOCALIDAD DE MALALHUE, COMUNA DE LANCO, Y LOCALIDAD DE COÑARIPE, COMUNA DE PANGUIPULLI.
Del señor MACAYA:
A la Ministra de Salud, consultándole sobre ESTADO ACTUAL DE PROYECTO SOBRE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO HOSPITAL PARA LA ZONA NORTE DE LA REGIÓN METROPOLITANA.
Y al Alcalde de Machalí, pidiéndole información sobre diversas materias relativas a CONSTRUCCIÓN DE SEDE DE JUNTA DE VECINOS DE POBLACIÓN EL MAITÉN, COMUNA DE MACHALÍ, APROBADA EN 2020 POR FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL.
De la señora RINCÓN:
A la Defensora de la Niñez y al Fiscal Regional del Maule, requiriéndoles, en el ámbito de sus competencias, ACCIONESPARA BRINDAR PROTECCIÓN REFORZADA, PRIORITARIA Y ESPECIALIZADA EN FAVOR DE ALUMNAS DE LICEO DE PELLUHUE AFECTADAS POR HECHOS DENUNCIADOS DE AMENAZAS Y EVENTUAL ABUSO SEXUAL.
Del señor VAN RYSSELBERGHE:
Al Presidente de la República, solicitándole fijar URGENCIA DE "DISCUSIÓN INMEDIATA" A PROYECTO QUE ESTABLECE, PROMUEVE Y GARANTIZA LA ATENCIÓN MÉDICA, SOCIAL Y EDUCATIVA, ASÍ COMO LA PROTECCIÓN E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA, U OTRA CONDICIÓN QUE AFECTE EL NEURODESARROLLO.
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--Se levantó la sesión a las 20:39.
Daniel Venegas Palominos
Jefe de la Redacción subrogante