CREACIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, el día de hoy estamos convocados para votar un proyecto que viene a modificar una de las instituciones más criticadas de nuestro país. Y estas críticas no han sido en vano.
No podemos hacer oídos sordos a todos los abusos e injusticias que se han cometido en algunas de sus dependencias.
No puedo dejar de mencionar la muerte de la pequeña Lissette Villa, hace unos años; pequeña que falleció en un lugar donde debía entregarse cuidado, protección, de los que se la había despojado por diversas situaciones.
Tampoco puedo pasar por alto el convenio con la Agencia Nacional de Inteligencia, que finalmente se dejó sin efecto, donde se entregaban los datos de todos los menores que están a cargo de este Servicio a la ANI.
¿Cuál era el fin? Claramente, estábamos frente a un convenio que contravenía tratados internacionales firmados por nuestro país, que nos obligan a cuidar y proteger la privacidad de estos menores, quienes casi en su totalidad han sido vulnerados en sus derechos en distintos ámbitos. Por eso están bajo el cuidado de esta institución.
¿Qué se pretendía? ¿Vulnerarlos aún más?
Me deja tranquilo que ese convenio haya quedado sin efecto. Y espero que este tipo de situaciones no se repitan bajo ninguna circunstancia.
Como decía, el proyecto que nos convoca viene a cambiar la institucionalidad existente en cuanto a vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. Es uno de los proyectos de la nueva institucionalidad de menores, cuya otra parte es la iniciativa de ley sobre el Servicio de Reinserción Social Juvenil, que se encarga del proceso de administración y ejecución de las medidas contempladas en la ley N° 20.084, poniendo especial énfasis en la implementación y desarrollo de programas que contribuyan a la modificación de las conductas delictivas y apunten de verdad hacia una efectiva reinserción social de los adolescentes infractores de la ley.
En este sentido, se viene a separar a aquellos menores infractores de la ley de aquellos que han sido vulnerados en sus derechos por distintas circunstancias, algo necesario desde hace mucho tiempo.
Este proyecto tiene como eje rector la restitución de los derechos de los niños y las niñas afectados por vulneraciones graves a sus derechos; pero también la reparación de esos derechos vulnerados, teniendo como principales articuladores el interés superior de la niña o el niño, la protección reforzada del derecho de los niños y las niñas a su vida familiar, el derecho a ser oídos y el deber de reserva y secreto que tendrán los funcionarios y funcionarias del Servicio respecto de los datos personales de estos menores.
Se avanza en cuanto a la acreditación de los entes que proveen la protección especializada, lo cual es un requisito para ejecutar dicha prestación y recibir la subvención por parte del Estado. Existen normas de carácter general que establecen exigencias para la adjudicación de proyectos y su posterior evaluación. Asimismo, se disponen sanciones para aquellos entes especializados que no cumplan con los estándares fijados por la autoridad.
Acá el foco de atención principal son los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos. Pero se extiende también el foco de atención al entorno más próximo de los menores.
La familia también es parte del proceso. Y el Estado debe procurar que los menores reconozcan en sus familias espacios de cuidado seguros y con afecto, donde sus derechos no sean vulnerados en ningún ámbito.
Debemos seguir avanzando en una nueva institucionalidad. El Estado de Chile tiene una deuda con los niños, niñas y adolescentes que han visto sus derechos vulnerados en lugares donde se supone que deben protegerlos y entregarles los cuidados necesarios para su desarrollo integral.
Con esta nueva institucionalidad se avanza en ese objetivo. Y esperamos que en lo futuro ninguno de estos adolescentes vea sus derechos vulnerados en situaciones tan dolorosas como las conocidas la semana recién pasada en un hogar de Hualpén.
Ningún niño merece pasar por eso y debe ser el Estado el principal garante de su protección e integridad tanto física como psíquica.
Voto a favor.