REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 368ª
Sesión 10ª, en martes 31 de marzo de 2020
Extraordinaria
(De 11:17 a 16:41)
PRESIDENCIA DE SEÑORA ADRIANA MUÑOZ D'ALBORA, PRESIDENTA;
Y SEÑORES RABINDRANATH QUINTEROS LARA, VICEPRESIDENTE;
Y ÁLVARO ELIZALDE SOTO, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIO, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Castro Prieto, Juan
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rincón González, Ximena
--Sandoval Plaza, David
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Felipe Ward Edwards; de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín Fernández, y la Ministra del Trabajo y Previsión Social, señora María José Zaldívar Larraín.
Asimismo, se encontraban presentes los Subsecretarios General de la Presidencia, señor Juan José Ossa Santa Cruz; de Justicia, señor Sebastián Valenzuela Agüero, y del Trabajo, señor Fernando Arab Verdugo.
Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, y de Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 11:17, en presencia de 33 señoras Senadoras y señores Senadores.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor GUZMÁN (Secretario General) da lectura a la Cuenta, documento preparado por la Secretaría de la Corporación que contiene las comunicaciones dirigidas al Senado:
Mensaje
De Su Excelencia el Presidente de la República:
Retira y hace presente la urgencia, en carácter de "suma", para el despacho del proyecto de ley que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos genéricos y evitar integración vertical de laboratorios y farmacias (Boletín N° 9.914-11).
--Se tiene presente la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
De Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Remite copia de la sentencia de control de oficio de constitucionalidad relativa al proyecto de ley que establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica, por el impacto de la enfermedad Covid-19 en Chile (Boletín N° 13.343-07) (Rol N° 8564-20).
--Se toma conocimiento y se manda archivar con sus antecedentes.
Adjunta copia de las sentencias pronunciadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad referidos a las siguientes disposiciones:
Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, y artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798 (Rol N° 7521-19).
Artículo 126, inciso segundo, oración final, del Código Sanitario (Roles Nos 7229-19, 7498-19, y 7542-19).
Artículo 162, incisos quinto, sexto y séptimo, del Código del Trabajo (Rol N° 7275-18).
Artículo 196 ter de la ley N° 18.290 (Rol N° 7653-19).
Artículo 196 ter, inciso primero, parte final, de la ley N° 18.290 (Roles Nos 7536-19 y 7756-19).
Artículo 196 ter, inciso primero, parte final, e inciso segundo, parte primera, de la ley N° 18.290 (Roles Nos 7786-10 y 7948-19).
Artículo 196 ter, inciso primero, segunda parte, de la ley N° 18.290 (Rol N° 7527-19).
Artículo 199 del DFL N° 1, de 2006, del Ministerio de Salud (Roles Nos 7585-19 y 7769-19).
Artículo 4°, inciso final, de la ley N° 19.983 (Rol N° 7641-19).
Artículos 195, inciso primero, parte final, y 196 ter, inciso primero, parte final, e inciso segundo, de la ley N° 18.290 (Rol N° 7893-19).
--Se manda archivar los documentos.
Comunica diversas resoluciones dictadas en procedimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad relativos a las siguientes normas:
Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216 (Roles Nos 7979-19, 8514-20, 8523-20, 8527-20, 8530-20, 8531-20, 8535-20, 8537-20, y 8538-20).
Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, y artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798 (Roles Nos 8466-20, 8483-20, 8515-20, 8516-20, 8521-20, 8529-20, y 8539-20).
Artículo 1°, inciso tercero, del Código del Trabajo (Roles Nos 8387-20 y 8395-20).
Artículo 126, inciso segundo, oración final, del Código Sanitario (Rol N° 8424-20).
Artículo 162, inciso séptimo, del Código del Trabajo (Rol N° 7140-19).
Artículo 196 ter, inciso primero, parte final, e inciso segundo, parte primera, de la ley N° 18.290 (Rol N° 8428-20).
Artículo 196 ter, inciso primero, segunda parte, de la ley N° 18.290 (Rol N° 8435-20).
Artículo 470 del Código del Trabajo (Rol N° 8422-20).
Artículos 196 bis y 196 ter, inciso primero, segunda parte, de la ley N° 18.290 (Rol N° 8466-20).
--Se toma conocimiento y se remiten los antecedentes a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Contralor General de la República:
Da respuesta a una solicitud del Honorable Senador señor Araya para que se fiscalice la gestión de la ex Subsecretaria de Bienes Nacionales, señora Alejandra Bravo.
Se refiere a una consulta de la Honorable Senadora señora Provoste sobre la procedencia del derecho a feriado estival de las asistentes de la educación.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informe
De la Comisión Mixta encargada de proponer la forma y modo de resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras respecto del proyecto de ley que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N° 19.728, en circunstancias excepcionales (Boletín N° 13.352-13) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
Certificados
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que fortalece los protocolos determinados por la institucionalidad de salud pública en tiempos de catástrofe, epidemia o contagio, mediante el aumento de las penas a delitos por infracción a las reglas higiénicas o de salubridad. (Boletín N° 13.363-07).
De la Comisión Mixta encargada de formular proposiciones para superar las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras en relación con el proyecto de ley que concede indulto general conmutativo a causa de la enfermedad Covid-19 en Chile (Boletín N° 13.358-07) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Quedan para tabla.
Comunicación
Del señor Ministro Secretario General de la Presidencia por la que hace presente el interés del Ejecutivo en avanzar en el proceso de nombramiento de los cargos del directorio de la empresa Televisión Nacional de Chile que se encuentran vacantes.
--Se toma conocimiento.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Es todo, señora Presidenta.
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La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Sobre la Cuenta, se ofrece la palabra.
La señora RINCÓN.-
¿Me permite, señora Presidenta?
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra, Senadora Rincón.
La señora RINCÓN.-
Señora Presidenta, no es sobre la Cuenta, pues estoy absolutamente de acuerdo con ella.
Solo quiero pedir -lo conversamos en reunión de Comités- que se oficie al Ejecutivo para requerir su patrocinio a dos proyectos de ley que hemos presentado.
Uno dice relación con la gratuidad de los exámenes de PCR.
La realidad hoy es que si una persona tiene isapre y se va a tomar esa prueba en un establecimiento con convenio, el costo le saldrá 5 mil pesos. En cambio, si es Fonasa, deberá pagar 14 mil pesos, lo que claramente es una discriminación.
La segunda iniciativa para la que solicito patrocinio, presentada junto a varios Senadores -entre ellos, usted, señora Presidenta-, establece la posibilidad de retirar el 10 por ciento de los fondos previsionales. Hoy día vimos al gerente de la AFP Uno señalar que debe considerarse la opción de retirar el 5 por ciento de esos fondos.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Muy bien. Se enviará el oficio por usted requerido.
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La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Sobre la Cuenta, tiene la palabra el Senador Sandoval.
El señor SANDOVAL.-
Señora Presidenta, ante el entusiasmo legislativo que se ha producido en los últimos días, es conveniente pedir seriedad a la hora de evaluar la tramitación de algunas iniciativas.
Hoy día, en este minuto, el caos que se está generando con los permisos de circulación en las diferentes municipalidades del país es un atentado a favor del coronavirus. ¡Es un atentado!
¿Y todo por qué? Por la señal que dimos desde este Congreso de que las personas iban a poder postergar el permiso de circulación. ¿Y con qué se encontraron? Con una norma a lo mejor muy bien inspirada, pero muy mal presentada, muy mal planteada.
Señora Presidenta, lamento sinceramente la cadena de errores del sistema en general. Está bien que uno tenga una idea. Pero hay asesores; hay abogados integrantes en las diferentes Comisiones; hay una estructura del propio Senado, del Congreso. ¡Cómo es posible que alguien no sea capaz de evaluar estas cosas! Al final, algo que probablemente alguien pensó para bien terminó provocando un tremendo dolor de cabeza.
Además, ¿a qué llevaron las imperfecciones de esa ley? A que el beneficio que tenía cualquier contribuyente de poder pagar en dos cuotas se perdiera. Resulta que ahora no lo va a poder hacer; deberá pagar al contado si se le ocurrió postergar el pago del permiso de circulación.
De lo único que exime esta bendita ley es solo y exclusivamente de la infracción que curse cualquier carabinero.
¡Cómo es posible que al día de hoy, a estas alturas del partido, con todo el profesionalismo que señalábamos, con los enormes discursos de consecuencia y profundidad, caigamos en este tipo de cosas, haciéndole tal daño a la sociedad!
Algo no está funcionando, señora Presidenta.
Debemos ser extremadamente rigurosos para que este entusiasmo legislativo se transforme en iniciativas posibles, reales, concretas, y para que pongamos los intereses globales por sobre las cosas pequeñitas, como querer sacar...
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Un minuto, Senador.
El señor SANDOVAL.-
... alguna pequeña ventajita al presentar un proyecto que puede parecer muy popular por su mensaje. Pero si se trata de una propuesta con la eficiencia con la cual se hizo la iniciativa del permiso de circulación, creo que es un error en todo sentido, por lo que amerita una revisión integral y también una reflexión de los Senadores.
Por favor, transformemos el entusiasmo legislativo en acciones sentidas, valederas, posibles, concretas, y que realmente ayude al producto que queremos todos lograr.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Estoy dando la palabra sobre la Cuenta.
¿No hay nadie inscrito para ello?
Es un tema atendible lo que ha sucedido con relación a la ley mencionada, por la confusión que se ha generado.
Voy a dar la palabra al señor Secretario para que dé cuenta de los acuerdos de Comités.
El señor OSSANDÓN.-
Señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
¿Es sobre la Cuenta, Senador Ossandón?
Tiene usted la palabra.
El señor OSSANDÓN.-
Señora Presidenta, solo quiero dejar una constancia.
Iba a decir más o menos lo mismo que señaló el Senador Sandoval.
En verdad, uno de los grandes problemas del proyecto sobre permiso de circulación fue la forma cómo se informó. Y en eso hubo responsabilidad en el Senado.
Si se hubiera dicho que aquí se eliminaba la multa de tránsito, que fue lo que aclaramos, y no que se prorrogaba el permiso -¡porque esto no es una prórroga!-, habría existido mucho menos desorden de lo que está ocurriendo hoy.
Esto se debe, de alguna manera, a la tozudez de un par de Senadores, a quienes se les dijo en todos los tonos lo que iba a pasar.
Un Senador llegó a señalar que daba fe de que los seguros iban a cumplir, cosa que no es verdad.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Quiero recordar que las intervenciones debe estar relacionadas con la Cuenta.
Esta otra materia la podemos tratar en Comités, instancia donde sería posible modificar formas de trabajo.
El señor OSSANDÓN.-
Sí, señora Presidenta. Pero quería decir eso para que quede claro.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Está bien.
El señor OSSANDÓN.-
¡Porque muchos estamos pagando la cuenta por un par de irresponsables!
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Muy bien.
Senador Insulza, ¿su intervención será sobre la Cuenta solamente? Lo pregunto, porque tenemos una nutrida tabla que tramitar.
El señor INSULZA.-
Señora Presidenta, si me lo permite, solo quiero expresar una idea.
La iniciativa a la que se han referido los señores Senadores, relacionada con el permiso de circulación, no ha sido promulgada por el Gobierno; por tanto, no está en vigor.
Tal vez habría que preguntarle al Ejecutivo primero si la va a promulgar o no, si la va a publicar o no, y después discutimos respecto de si ha tenido efecto.
Gracias, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Vamos a informar sobre los acuerdos de Comités y, posteriormente, iniciaremos el tratamiento de la tabla que se ha concordado para esta sesión.
Tiene la palabra el señor Secretario.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Los Comités, en sesión celebrada el día de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos:
Tratar en la presente sesión los siguientes asuntos:
Primero, el proyecto de reforma constitucional sobre rebaja de dieta parlamentaria, que se encuentra en discusión en general, destinando una hora para su debate, según la distribución de los tiempos de Incidentes. A saber: para el Partido Renovación Nacional e Independientes, trece minutos; para el Partido Unión Demócrata Independiente; trece minutos; para el Partido por la Democracia e Independientes, once minutos; para el Partido Socialista, diez minutos; para el Partido Demócrata Cristiano, siete minutos; para el Partido País Progresista e Independientes, cinco minutos; para el Partido Evópoli, cinco minutos, y para el Partido Revolución Democrática, cinco minutos.
Se les solicita a los jefes de Comités, si lo estiman pertinente, remitir a la Mesa una lista con los nombres de las señoras Senadoras y los señores Senadores que van a intervenir y los minutos que se le asignará a cada uno de ellos, de acuerdo a la distribución de tiempo que se ha comunicado.
Segundo, el informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que concede indulto general conmutativo a causa de la enfermedad COVID-19 en Chile (boletín Nº 13.358-07).
Este informe se acordó tratarlo sin debate y otorgando tres minutos a cada señora Senadora y señor Senador que desee fundamentar su voto.
Tercero, el informe de la Comisión Mixta sobre seguros de desempleo, el que será tratado en los mismos términos acordados en la sesión de Comités celebrada el día de ayer, esto es, sin debate, abriendo la votación al inicio y otorgando tres minutos a cada señora Senadora o señor Senador para fundamentar el voto, tanto para quienes se encuentran en la Sala como para quienes asisten por vía remota o telemática.
Cuarto, el proyecto de ley que fortalece los protocolos determinados por la institucionalidad de salud pública en tiempos de catástrofe, epidemia o contagio mediante el aumento de las penas a delitos por infracción a las reglas higiénicas o de salubridad (boletín Nº 13.363-07).
También se solicitó, por parte de los Comités y de la Mesa, hacer presente a las señoras Senadoras y a los señores Senadores la preocupación frente al no uso de mascarillas al interior de la Sala, incluidos los funcionarios, a quienes ya se les ha instruido al respecto. Se solicita que, dentro del Hemiciclo, se haga uso de dicho implemento de seguridad en estos momentos de crisis sanitaria.
Es todo, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Se ofrece la palabra sobre los acuerdos de Comités.
Se entregarán mascarillas a quienes lo requieran. Su uso se planteó como una recomendación necesaria. Es importante cumplirla como resguardo.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Hago presente a Su Señoría que participan de esta sesión de manera remota o telemática las siguientes Senadoras y Senadores: señora Allende, señora Aravena, señor Castro, señor Durana, señor Huenchumilla, señor Araya, señor Insulza, señora Órdenes, señor Prohens, señora Provoste, señor Soria, señor De Urresti.
REGULACIÓN SOBRE DIETA PARLAMENTARIA Y OTRAS REMUNERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Corresponde tratar el proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional, que modifica el artículo 62 de la Constitución política para determinar por ley el monto de la dieta parlamentaria, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.304-07, 11.124-07, 11.840-07, 12.319-07 y 13.013-07, refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional:
En segundo trámite: sesión 79ª, en 3 de diciembre de 2019 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 6ª, en 25 de marzo de 2020.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra el Señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Este proyecto de reforma constitucional tiene los siguientes objetivos:
-Modificar el sistema de determinación de la dieta parlamentaria y las remuneraciones de determinadas autoridades del sector público, las que serán fijadas por una Comisión Especial que crea esta iniciativa.
-Privar al Presidente de la República de la iniciativa exclusiva para presentar proyectos relativos a las remuneraciones de las autoridades que indica y establecer la rebaja inmediata del 50 por ciento de la actual dieta de los parlamentarios y las remuneraciones de determinados funcionarios públicos.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes, Honorables Senadores señores Allamand, De Urresti, Harboe, Huenchumilla y Pérez Varela.
La Comisión deja constancia que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la Carta Fundamental, los numerales 1 y 4 (este último en cuanto al inciso primero de la disposición transitoria que se propone) del artículo único del proyecto requieren, para su aprobación, el voto favorable de los dos tercios de los Senadores en ejercicio, esto es, 29 pronunciamientos a favor, toda vez que sus disposiciones inciden en los Capítulos I, VIII, XI y XII de la Constitución Política de la República.
Los números 2, 3 y 4 (este último en cuanto a los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto de la norma transitoria que se propone) del artículo único precisan, para su aprobación, del voto a favor de los tres quintos de los Senadores en ejercicio, esto es, de 26 votos favorables.
El texto que se propone aprobar en general se consigna en las páginas 112 y siguientes del informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Es todo, señora Presidenta.
Hay que dejar constancia de la incorporación a la sesión del Senador señor Quintana.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Gracias, señor Secretario.
En discusión general el proyecto de reforma constitucional.
Tiene la palabra el Senador Felipe Harboe para que entregue el informe de la Comisión de Constitución.
El señor HARBOE.-
Señora Presidenta, intervengo en mi condición de Presidente accidental de la Comisión de Constitución, toda vez que el Senador De Urresti se encuentra con un problema personal y no podía participar de esta sesión.
Le corresponde a la Sala del Senado iniciar el estudio en general del proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 62 de la Constitución Política para determinar por ley el monto de la dieta parlamentaria y otras asignaciones.
Esta iniciativa se encuentra en segundo trámite constitucional y tiene su origen en diversas mociones que se presentaron en la Cámara de Diputados.
Sus objetivos son modificar el sistema de determinación de la dieta parlamentaria y las remuneraciones de diversas autoridades y funcionarios del sector público, las que serán fijadas por una Comisión especial que crea este proyecto. Asimismo, privar al Presidente de la República de la iniciativa exclusiva para presentar proyectos relativos a remuneraciones de las autoridades que indica y establecer la rebaja inmediata del 50 por ciento de la actual dieta de parlamentarios y de las remuneraciones de un número muy relevante de funcionarios públicos.
Esta iniciativa se estructura en un artículo único, que se divide en cuatro números.
El primero de ellos modifica el artículo 8° de la Constitución para establecer las siguientes reglas:
1) Se estatuye que son públicas las remuneraciones y dietas de las autoridades y jefaturas de la Administración del Estado y de los órganos comprendidos en los capítulos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIV y de las empresas y universidades del Estado.
2) Esas remuneraciones serán fijadas cada cuatro años por una comisión integrada por dos miembros designados por el Consejo de Alta Dirección Pública, dos miembros designados por el Banco Central y un miembros designado por el Presidente de la República. La modificación agrega que podrán integrar esta Comisión aquellas personas que hayan ejercido anteriormente como consejero del Banco Central, Contralor General de la República, Ministro de Hacienda, Director o Subdirector de Presupuestos, Director Nacional del Servicio Civil o consejero del Consejo de Alta Dirección Pública.
3) Entrega la secretaría técnica de esta comisión al Banco Central.
4) Asimismo, establece que las remuneraciones y dietas de las autoridades y jefaturas antes señaladas se reajustarán anualmente conforme a las variaciones del IPC.
5) Finalmente, precisa que ninguna autoridad pública podrá recibir una remuneración o dieta superior a la que perciba el Presidente de la República.
El segundo número deroga el artículo 62 de la Ley Fundamental, precepto que prescribe que los Diputados y Senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado, incluidas todas las asignaciones que a estos les correspondan.
El tercer número modifica el numeral 4° del inciso cuarto del artículo 65 para privar al Presidente de la República de la iniciativa exclusiva para presentar proyectos de ley que fijen rentas de determinados funcionarios públicos.
El cuarto número agrega una disposición transitoria, nueva, a la actual Constitución Política.
En dicha disposición se establece que esta reforma constitucional comenzará a regir una vez que entre en vigencia la modificación a la ley orgánica constitucional a que hace referencia el artículo 8°, la que deberá ser presentada mediante un proyecto de ley con urgencia calificada de "suma" por el Presidente de la República en el plazo de treinta días contados desde la publicación de esta reforma y tramitada en idéntico plazo. Precisa que ningún funcionario de planta, a contrata ni de dotación a honorarios que se desempeñe dentro de los órganos comprendidos en los capítulos señalados en el artículo 8° podrá percibir una remuneración mayor a la que será establecida para sus respectivas autoridades.
A la vez, dispone que en el período que media entre la publicación de esta reforma constitucional y la fijación de remuneraciones que establezca la comisión que se crea por esta reforma, las autoridades de la Administración del Estado y quienes ejercen cargos de elección popular en los órganos comprendidos en los capítulos IV, V y XIV, con excepción de los consejeros regionales, alcaldes y concejales, solo tendrán derecho a percibir el 50 por ciento de su remuneración o dieta vigente.
Finalmente, establece cómo se implementará esta disposición transitoria y el destino que se otorgará a los recursos públicos que resulten de la rebaja de remuneraciones.
Señor Presidente, durante el estudio de esta iniciativa, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recibió las opiniones del Presidente de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, del Presidente del Banco Central, del Ministro Secretario General de la Presidencia, del Director Nacional del Consejo de Alta Dirección Pública y de Servicio Civil, del Presidente del Sistema de Empresas Públicas, del Presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, de la Presidenta del Frente de Trabajadores del Ministerio de Hacienda, del Vicepresidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas, de los Presidentes de la Asociación de Fiscalizadores y de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, del Vicepresidente de la Asociación de Magistrados del Poder Judicial, y especialmente también de los abogados y académicos de Derecho Administrativo señores Carlos Carmona y Luis Cordero y de Derecho Constitucional señores Arturo Fermandois y Sebastián Soto.
Del conjunto de audiencias y sesiones celebradas se pudo constatar que, si bien esta iniciativa puede ser aprobada en general, presenta serios problemas constitucionales y administrativos que es necesario subsanar durante el estudio en particular de este proyecto.
Entre los inconvenientes más graves que se detectaron, destacan sumariamente los siguientes.
En primer término, el proyecto tiene serios defectos en cuanto a su técnica legislativa, ya que incorpora disposiciones que rigidizan materias relativas a la función pública y que son propias de la legislación fiscal.
Por otra parte, hace intervenir al Banco Central como secretaría de una comisión técnica que no tiene prácticamente ningún parámetro objetivo para llevar adelante su cometido y altera las tareas esenciales que la Constitución entrega a este organismo. Dicho sea de paso, cabe señalar que en su intervención el Presidente del Banco Central descartó de plano que su institución ejerza como secretaría técnica, no obstante manifestar la disposición para que algún integrante del Banco Central pudiese conformar una nueva instancia que determine estas remuneraciones.
A la vez, consagra a nivel constitucional órganos cuya regulación natural corresponde al legislador común, como la normativa referida al Servicio Civil.
De igual forma, priva al Jefe de Estado en materias presupuestarias y financieras, que son propias de la iniciativa exclusiva.
Por otro lado, establece una serie de ambigüedades en la terminología que utiliza, lo que crea serios problemas respecto de los órganos que se verían afectados por esta normativa y que suponen una confusión entre representantes o funcionarios de carácter político (Diputados, Senadores, Ministros y Subsecretarios) y funcionarios de exclusiva confianza con aquellos que desarrollan carreras funcionarias en los tres Poderes del Estado. De hecho, en su intervención el señor Ministro Secretario General de la Presidencia, don Felipe Ward, se permitió señalar que, de aprobarse este proyecto tal y como viene de la Cámara de Diputados, podría afectar a un universo de 112 mil funcionarios públicos, incluidos los de la salud. Se comprenderá que, evidentemente, eso no es lo que se busca con este tipo de proyectos.
Este último punto fue especialmente destacado también por el Presidente de la Corte Suprema, por el Director Nacional del Consejo de Alta Dirección Pública y del Servicio Civil y también por el Presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales y representantes de diversas asociaciones de empleados públicos, quienes hicieron presente las negativas consecuencias que el actual texto de la reforma tendría en la función pública y en las remuneraciones de miles de funcionarios de carrera del Estado.
Se sumaron a estas observaciones también los profesores de Derecho Constitucional y Administrativo que escuchó la Comisión, quienes recordaron la historia constitucional de las normas que han regulado las rentas de los parlamentarios y los diversos problemas que presenta el proyecto que aprobó la Cámara de Diputados.
Adicionalmente, cabe destacar la intervención del Presidente del Sistema de Empresas Públicas, quien señaló que a propósito de esta iniciativa legislativa podrían verse afectadas las remuneraciones de decenas de funcionarios de las diferentes empresas públicas que hoy día tienen la modalidad de contratación por el Código del Trabajo, generando una afectación de derechos laborales difícil de resolver.
A partir de estos antecedentes, la Comisión propone la aprobación en general de esta iniciativa, para efectos de que se inicie la discusión en particular, y bajo la condición de que durante su estudio en particular se acote su ámbito de aplicación a los cargos de elección popular o altos cargos de nombramiento político.
Asimismo, es indispensable, ¡indispensable!, que el Gobierno presente una indicación para establecer quiénes serán las autoridades que quedarán regidas por esto; cuáles serán los montos respecto de los cuales se tendrán que establecer las disminuciones, sean transitorias o permanentes, y cuál será la instancia técnica encargada de establecer esta determinación de remuneraciones, materias todas de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Señora Presidenta, bajo estas condiciones, la Comisión, que accidentalmente hoy día presido y cuyo titular es el Senador Alfonso de Urresti, propone la aprobación en general de este proyecto de reforma constitucional y la apertura de un plazo de indicaciones para recibir aquellas que correspondan al Ejecutivo y a las señoras y a los señores parlamentarios, y dar corrección al proyecto en estudio.
He dicho.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Solicito el acuerdo de la Sala para que ingresen el Subsecretario de la Segprés, señor Juan José Ossa, y el Subsecretario de Justicia, señor Sebastián Valenzuela.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Sala, se abrirá la votación en los términos planteados por el Senador Harboe.
Acordado.
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra el Senador Latorre.
El señor LATORRE.-
Señora Presidenta, el primer proyecto sobre rebaja de dieta parlamentaria fue presentado originalmente hace seis años por Giorgio Jackson, Gabriel Boric, y apoyado por Vlado Mirosevic. En ese momento no existía el Frente Amplio como tal, pero eran tres Diputados jóvenes que levantaron una de las primeras iniciativas sobre esta materia en la Cámara de Diputados, con un criterio muy de sentido común, muy simple, de ética política, diría yo. Ellos compararon la dieta de los legisladores de Chile con la percibida en otros Parlamentos en el resto del mundo y también consideraron nuestra estructura remuneracional, con muy bajos salarios para trabajadores y trabajadoras. Y a partir de ello establecieron que la dieta parlamentaria nacional significaba más de cuarenta veces el salario mínimo.
Entonces, como un criterio de equidad política, de ética política, de austeridad y asimismo como una señal para intentar recuperar confianzas con la ciudadanía, en el contexto de un Parlamento desprestigiado por múltiples problemas de corrupción y otros que se conversaban, como el financiamiento de campañas políticas, la emisión de boletas, etcétera, resultaba importante disminuir la dieta de los parlamentarios a la mitad.
En tal sentido, el proyecto original de mis compañeros Giorgio Jackson, Gabriel Boric y Vlado Mirosevic apuntaba a desindexar la dieta parlamentaria de las remuneraciones de los Ministros o de autoridades de otras esferas del Estado, del Poder Judicial, etcétera. Es decir, se trataba de una medida acotada a los parlamentarios, como una señal política.
Después se presentaron otros proyectos relacionados con esta materia.
Y la iniciativa que nos ocupa llega al Senado luego de ser aprobada por una amplia mayoría en la Cámara de Diputados en el contexto del estallido social. Recordemos que el primer proyecto fue presentado hace seis años y por el estallido social la Cámara Baja lo tramita y recibe un amplio apoyo, un amplio respaldo. Pero el texto actual es un refundido con muchos otros cambios, en el que hoy día se incluye a otras esferas del Estado, también a jefes de servicio, a funcionarios públicos. En ese sentido, yo no estoy conforme con el proyecto que llega al Senado.
Obviamente, voy a votar a favor de la idea de legislar. Pero mi recomendación es que vuelva a la Comisión de Constitución y durante su trámite en particular se busque acotar el contenido del proyecto.
Creo que hoy día, en el contexto de la pandemia por el coronavirus más el estallido social, se hace urgente que el Parlamento le dé una señal política a la ciudadanía y que nos bajemos la dieta parlamentaria -hay que ver en cuánto y con qué mecanismo-, sin tocar la carrera funcionaria del Estado, sin meternos con la carrera funcionaria del Poder Judicial.
Pero hay que considerar al Presidente de la República, a los ministros, a los subsecretarios, a los parlamentarios y también -en mi opinión- a los alcaldes y a los intendentes. Es decir, cargos de elección popular, altas esferas del Estado, altos cargos políticos debiéramos dar una señal a la ciudadanía en este contexto de crisis, en que todos vamos a tener que apretarnos el cinturón.
En un escenario en que las empresas -y luego vamos a discutir el proyecto sobre seguro de desempleo- van a dejar de pagar salarios, en que los trabajadores verán disminuidos sus sueldos o perderán su empleo, se vuelve urgente dar una señal de ética política, de austeridad compartida, bajándonos la dieta parlamentaria.
Pero esto no puede involucrar un mecanismo complejo que perjudique a trabajadores de planta del Estado, a funcionarios que se desempeñan en el Estado, a las carreras funcionarias, etcétera.
Pienso que esta es una cuestión de señal.
En tal sentido, espero que el proyecto no esté tramitándose por mucho tiempo; dilatándose por mucho tiempo; creando comisiones complejas; invitando al Banco Central, que ya dijo que no quería participar en el mecanismo. Es el Ejecutivo el que debe involucrarse y dar una señal de respaldo a esta iniciativa, para llegar en un corto plazo a una propuesta sensata, pero que signifique una señal política de austeridad compartida en este contexto de crisis, bajándonos la dieta parlamentaria.
Voto a favor.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón.
No nos ha llegado la distribución de minutos establecida en su Comité.
La señora RINCÓN.-
Señora Presidenta, seré muy breve.
El acuerdo de nuestra bancada es el que hemos manifestado en las reuniones de Comités: que el proyecto se discuta en la Sala, que se vote en general y que pueda ser visto luego en las Comisiones de Hacienda y de Constitución.
Requerimos tener una mirada completa acerca de lo que pasa con las remuneraciones en el sector público, de todos y de cada uno de los altos directivos.
Creemos que hoy, más que nunca, necesitamos avanzar en esta línea, transparentar estas discusiones y que la ciudadanía tenga la certeza de que no solo modernizamos el Estado, sino que aseguramos que las remuneraciones de sus altos directivos, en todos los Poderes del Estado, se condicen con las responsabilidades y las tareas que deben cumplir.
Por eso estuvimos de acuerdo, cuando lo abordamos en reunión de Comités, con que despachado el informe de la Comisión de Constitución se pudiera poner en tabla el proyecto para su discusión en general.
Por lo tanto, producto de la necesidad y de la importancia de este debate, concurrimos con nuestro voto a favor.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra el Senador Coloma, hasta por cinco minutos.
El señor COLOMA.-
Señora Presidenta, quiero formular dos reflexiones respecto de este proyecto, que se encuentra en discusión general, para que por lo menos quede en la retina de quienes deben tomar la decisión en la Comisión. Y probablemente nosotros tendremos que actuar después en consecuencia.
Primero, quiero hacer referencia brevemente a la historia de esta norma, que me parece muy importante.
En las Constituciones de 1833 y de 1925 no había norma respecto a la remuneración de los parlamentarios. ¿Y esta cómo se determinaba? Por la vía de la ley. Incluso, había sistemas previsionales asociados a esta misma dictación de ley.
Esta fue una de las cuestiones que más influyeron en la crisis de representatividad que hubo, que se discutió mucho en el año 1969, durante el Gobierno de Frei Montalva, y que generó algunos cambios que finalmente no terminaron de manera adecuada.
¿Cuál era básicamente el reclamo? Que el hecho de que las dietas se establecieran por ley representaba la posibilidad de un doble abuso.
Por un lado, el abuso respecto de la cantidad excesiva que se podía determinar cuando esto no estaba amparado constitucionalmente. Y eso fue parte de una tremenda discusión en Chile. Y hubo abuso y hubo desprestigio y hubo complejidad.
Y segundo, que se podían generar barreras de entrada, o sea, leyes en donde la remuneración fuera tan baja que para poder optar a llegar al Parlamento había que ser o muy rico o no tener otra alternativa.
Y estos argumentos formaron parte de la discusión que existió en Chile y están en las actas respectivas.
Entonces, a mí me parece que haber incluido de la forma en que se hizo esta norma en la Constitución es sabio. Significaba no establecer la medida por ley, o sea, no dejar al arbitrio simplemente del legislador el monto propuesto y lo que pueda significar y no generar una barrera de entrada, colocando la dieta parlamentaria a tono con los sueldos de la Administración Pública y que aquí se asocia a la remuneración de un Ministro de Estado.
Entonces, a mí me parecía que era una solución razonable y lógica. Y nunca fue discutida, hasta ahora, y eso que hubo hartas modificaciones constitucionales.
¿Qué se pretende ahora? Producto quizá de la contingencia, de cierta vergüenza que algunos pueden sentir de ser parlamentarios, o de alguna lógica de darle un curso distinto al asunto, se pretende sacar la norma de la forma en que se halla planteada y generar, en la práctica, una disminución de 50 por ciento -porque eso plantea la disposición transitoria- de la remuneración en función de lo que hoy día existe.
Entonces, aquí hay aspectos conceptuales que yo echo de menos que se discutan. Por ejemplo, la Administración Pública debe tener una remuneración acorde con lo que pueda significar un sueldo equivalente en el mundo privado o por naturaleza ha de estar disminuido.
Es una primera reflexión que echo en falta, porque eso es lo que al final importa: tiene que ser una barrera de entrada o no. Desde mi perspectiva, la fórmula que se había definido y que hoy día se quiere cambiar resolvía bien esta materia.
Obviamente, un país puede determinar que las autoridades públicas posean una remuneración menor. Ello lo encuentro legítimo. Pero no sé por qué generamos la idea de que hay una actividad, que es la parlamentaria, que conlleva cierta lógica vergonzante y, por lo tanto, debe ser retribuida de manera distinta por el Estado. No sé por qué la lógica de la representación en una región, de ser colegislador aquí trata expresamente de hacer sentir que es una actividad que ha de tener una valoración social diferente.
Si alguien me dijera que vamos a efectuar un cambio de todas las remuneraciones o un reacomodo de la Escala Única de Sueldos de la Administración Pública respecto de las remuneraciones más altas, yo lo podría entender, porque, al bajar las del Ministro, simultáneamente disminuyen las del parlamentario, lo que a mi juicio tendría sentido. Pero no me parece conveniente -lo considero más bien efectista- que haya un sentido de fondo en la forma como se ha determinado ello a través de esta normativa.
Así que, señora Presidenta, como todas las cosas, esto puede ser discutible. Sin embargo, acá al menos quiero colocar el elemento histórico y el aspecto conceptual. Cualquier decisión de este tipo no puede nacer al fulgor de un debate, de un pantallazo, o de un tuit. ¡No! Tiene que ser pensando en las generaciones futuras: qué tipo de parlamentarios queremos en Chile.
Hago estas reflexiones, que estimo fundamentales en esta discusión.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra el Senador Pedro Araya, hasta por tres minutos.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Señor Senador, ¿puede hablar?
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Está sin audio.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Senador Araya?
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
¿Está conectado, señor Senador?
Tiene la palabra.
El señor ARAYA.-
Señora Presidenta, voy a concurrir con mi voto a favor de esta iniciativa, pues claramente considero que debemos discutir sobre cuál debe ser el régimen de remuneraciones de los parlamentarios.
Pero también hay que hacerse cargo de lo que ha sido la historia en esta materia, y en eso comparto lo dicho por el Senador Coloma. Tenemos que pensar que, cuando se estableció el régimen de remuneraciones de los parlamentarios, lo que se buscaba era que esto no fuera una barrera de ingreso. Recordemos que originalmente los parlamentarios no eran remunerados en nuestro país. ¿Y eso a qué llevó? A que solamente pudieran... (falla de audio en transmisión telemática)..., lo que ciertamente se transformó en una barrera de entrada, especialmente para el mundo de los trabajadores.
Con el tiempo se fueron buscando distintas fórmulas para establecer un régimen que permitiera que cualquier persona pudiera dedicarse a la labor parlamentaria, para que fuera candidato a Senador o a Diputado y recibir, en caso de resultar electo, una remuneración sin tener que preocuparse por ello.
Dicho eso, y atendido el contexto que está viviendo nuestro país hoy día, creo que este asunto debe ser discutido. Pero en esto también comparto el hecho de que no solo debemos abordar las remuneraciones de los parlamentarios, sino también las de otras altas autoridades que poseen mucho menores responsabilidades de las que tienen un parlamentario y un ministro de Estado y perciben sueldos bastante más altos.
Por todas esas razones, señora Presidenta, voto a favor.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra el Senador Rabindranath Quinteros, hasta por cinco minutos.
El señor QUINTEROS.-
Señora Presidenta, este proyecto se discute en medio de un clima de desconfianza generalizado sobre las instituciones que afecta particularmente al Parlamento. A la voz de la calle se suma, incluso, el propio Jefe de Estado con sus lamentables palabras de hace un par de días.
Si lo que se busca es sintonizar con la gente, me temo que esta iniciativa no cumplirá tales expectativas. Nada será suficiente: ni un diez, ni un cincuenta por ciento; ni gestos altruistas; ni operaciones comunicacionales. Ninguna medida por sí sola resolverá el grave problema de desconfianza que aflige a todo el sistema político.
Los socialistas estamos de acuerdo con rebajar la dieta parlamentaria y también la de otros cargos políticos; pero ello no puede significar que la política pase a ser una actividad restringida solo a aquellas personas que cuenten con un patrimonio propio importante. Los socialistas estamos de acuerdo con revisar asimismo las remuneraciones de los altos cargos directivos del sector público; sin embargo, ello debe hacerse reconociendo las diferencias propias de cada entidad, sin afectar su capacidad para atraer los recursos humanos calificados que se requieren.
Pero para legislar bien, de manera integral y completa es fundamental que el Ejecutivo asuma su responsabilidad y presente las indicaciones del caso o el proyecto de ley correspondiente.
Votaremos a favor de la idea de legislar respecto de este proyecto de reforma constitucional; no obstante, queremos dejar muy en claro que no es posible despachar una iniciativa que sea técnicamente adecuada y que dé respuesta a lo que se espera si no hay una voluntad explícita del Gobierno que se exprese en las indicaciones pertinentes.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra la Senadora Carmen Gloria Aravena.
La señora ARAVENA.-
¿Se escucha?
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Se escucha bien, señora Senadora.
Tiene la palabra.
La señora ARAVENA.-
Señora Presidenta, solo quiero decir que el proyecto que despachó la Cámara de Diputados, al análisis del Presidente de la Comisión, es bastante deficiente, y yo diría -voy a ser bien franca- que populista, porque, evidentemente, hay en él muchos sesgos de inconstitucionalidad.
Estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que han hablado mis colegas. Me parece que este asunto hay que tomarlo en serio. En tal sentido, debemos hacer un análisis completo de todos los cargos de alta dirección pública y también de ejecutivos de empresas públicas; de ministros, subsecretarios; de alcaldías, en fin.
Entonces, se trata de un asunto grande, complejo que requiere trabajar codo a codo con el Ejecutivo, porque aquí estamos tomándonos atribuciones que siempre han estado radicadas en él.
A mi juicio, en tiempos de crisis es fácil ser populista y decirle a la ciudadanía que con la rebaja de las remuneraciones en el Senado y en la Cámara de Diputados se solucionan todos los problemas, lo que considero impresentable.
Creo que debemos hacernos cargo de realizar una revisión completa en la materia, y la vamos a hacer.
Voy a votar apruebo este proyecto; sin embargo, pienso que hay que sincerarse en el sentido de que si efectivamente queremos un Senado representativo de la ciudadanía de Chile, no podemos pretender que solo las personas que tengan la capacidad para autosustentarse sean parte de aquel.
Así que voto a favor; sin embargo, es molesto ver un proyecto que ha sido difundido por Twitter y por Facebook y que en verdad adolece de grandes fallas técnicas.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra el Senador David Sandoval, hasta por tres minutos.
El señor SANDOVAL.-
Señora Presidenta, sin duda, en términos generales vamos a votar a favor de esta iniciativa, toda vez que creemos que hay que hacerse parte de algunos requerimientos en el sentido de efectuar ciertas correcciones, las cuales, como lo planteó el Senador del Frente Amplio, no necesariamente se traducirán en que vamos a mejorar algunas cuestiones, o que esta materia solo la abordaremos respecto de determinado sector y exclusivamente de la política, cuando en nuestro país hay una diversidad de rangos de instituciones, de cargos y de remuneraciones que incluso superan la estimación que hizo el propio Presidente de la República sobre cuánto costaba un parlamentario en el Congreso.
Se equivoca el Primer Mandatario: no son 23 millones de pesos. La dieta de un Senador -y se halla establecida en la página pública por lo demás- asciende a 9 millones 300 mil pesos, menos los descuentos legales; en promedio, 6 millones de pesos y fracción.
Pero el problema no es la plata; no es esa la cuestión de fondo en particular, aspecto que sí creemos que debiéramos corregir y mejorar.
Ya estamos bastante acostumbrados a impulsar iniciativas de ley que, en definitiva, no van hacia el fondo del problema.
Hemos procurado transparentar ampliamente la gestión del Senado. Mientras más lo hacemos, pareciera ser inversamente proporcional al prestigio que tenemos.
Cómo no recordar, por ejemplo, la situación -y creemos que debemos sumar a la tramitación de este proyecto todas las instancias que tengan que ver con la estructura de remuneraciones del Estado- de funcionarios del propio Congreso Nacional cuyos sueldos superan ampliamente al de un Senador.
Para qué hablar de determinadas empresas del sector público, cuyos ejecutivos sobrepasan con creces esas remuneraciones. ¡Más de 28, de 30 millones de pesos mensuales para un ejecutivo de una empresa del Estado!
Evidentemente, existe la necesidad de hacer correcciones sobre el particular.
De la misma manera, creo que, junto con esta iniciativa, debemos poner sobre la mesa dos proyectos cuyo desarrollo se halla pendiente: el primero tiene que ver con limitar la reelección de Senadores y Diputados; y el segundo, con la rebaja de la cantidad de parlamentarios.
Con respecto a la gran disputa que se planteó en la Administración pasada en el sentido de que el aumento del número de Senadores y Diputados no tenía ningún costo, quedó de manifiesto en la práctica que fue una absoluta falacia, pues iba en la dirección opuesta.
Aún más, se dijo que el término del binominal iba a generar una verdadera representatividad de los distintos sectores de la comunidad en el Congreso. ¿Y qué pasó? Miren la representatividad del Parlamento en este minuto; miren la percepción que tiene la sociedad chilena del Congreso en su conjunto: ¡somos los peor evaluados!
¡Qué curioso, cuando supuestamente esas reformas iban a apuntar a todo lo contrario!
Estamos totalmente de acuerdo con hacer una revisión y votaremos a favor esta iniciativa en general; pero esperamos también que, paralelamente, se tramiten los dos proyectos a que me referí: el que limita la reelección de los parlamentarios y el que rebaja su número, que es contrario al aumento en el que se incurrió en el último tiempo.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra la Senadora Yasna Provoste, hasta por cuatro minutos.
La señora PROVOSTE.-
Señora Presidenta, he solicitado la palabra para explicar cuál fue el objetivo que tuvo un grupo de parlamentarios el 10 de abril de 2014 para presentar esta iniciativa.
El sentido del proyecto no tiene que ver con el contexto que se está viviendo tras el estallido social de octubre del año pasado.
Nos motivó a los entonces Diputados Sergio Aguiló, Claudio Arriagada, Roberto Poblete y Yasna Provoste (ahora Senadora) y a los Diputados Gabriel Boric, Loreto Carvajal, Cristina Girardi, Giorgio Jackson, Vlado Mirosevic y Alejandra Sepúlveda, quienes somos los autores de esta iniciativa y no como se dijo hace un momento, que solo eran tres parlamentarios...
Algo pasa con el audio, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Se escucha bien, señora Senadora.
Quizás debería bajar un poco el volumen.
La señora PROVOSTE.-
Decía, señora Presidenta, que nuestro objetivo era abordar la grave desigualdad existente en nuestro país en materia salarial.
Esa fue la motivación.
Por lo tanto, para afrontar esa desigualdad es necesario que seamos capaces de establecer una institucionalidad que mire no solo las remuneraciones más altas de la Administración Pública, sino también las más bajas, de manera de generar una sociedad distinta, una sociedad que se haga cargo de estas desigualdades y que repare en un modelo social distinto.
Por eso voy a votar a favor de esta iniciativa. La venimos planteando desde el año 2014 dentro de una mirada más integral, en donde exista una institucionalidad que aborde la situación global, y no que ello se haga por la vía de donaciones o de simples actos de caridad que hemos visto en el último tiempo, en que algunos Ministros han ofrecido donar un porcentaje de sus remuneraciones.
Creemos necesario revisar las remuneraciones de un conjunto de altas autoridades del Estado; pero, junto con ello, debemos mirar también los sueldos más bajos y ser capaces de construir una escala remuneracional donde la brecha entre los que ganan más y los que ganan menos no sea tan grande como la que hoy día tenemos.
Voto a favor.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra el Senador Ricardo Lagos Weber, hasta por tres minutos
El señor LAGOS.-
Señora Presidenta, hay elementos objetivos y subjetivos que explican la necesidad de abordar esta materia.
Los objetivos radican en diversos estudios, nacionales e internacionales -Comisión Engel; Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo a nivel internacional; estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)-, que nos indican que la dieta parlamentaria chilena tiene un nivel superior al promedio de otros parlamentos en el resto del mundo.
Y lo segundo es un elemento que dice relación con una sana convivencia democrática y ciudadana.
La percepción de nuestra labor y de la política en general está muy a la baja. Pero si a eso le asociamos una dieta que a juicio de los ciudadanos se entiende como más allá de lo razonable, a mi juicio constatamos que se requiere discutir esta materia.
Entonces, no está en cuestión la legitimidad de la dieta, sino su cuantía.
Acá se hacían referencias históricas.
Hubo un minuto en Chile en que los parlamentarios no recibían dieta alguna, porque no la precisaban, ya que eran personas que tenían recursos propios para subsistir. De hecho, el Congreso funcionaba en torno a la actividad de esos parlamentarios: la agrícola. La legislatura ordinaria y la extraordinaria decían relación con la época de cosecha y de siembra en nuestro país, porque los parlamentarios, cuando no estaban dedicados al campo, venían a legislar. Y viceversa.
Ese era otro mundo.
Y la introducción de la dieta vino a dar espacio, para que no constituyera una barrera de entrada al Parlamento el hecho de que no existiera una remuneración.
Otra cosa es lo que tenemos hoy día.
Entonces, dado el cuestionamiento existente y entendiendo que puede haber miradas distintas en cuanto a la precisión de los estudios, lo que está proponiendo este proyecto es una revisión.
Creo que lo más elemental en esta revisión es pedirle a un ente ajeno al Congreso, en el cual nosotros no tengamos influencia, que determine cuáles deben ser las remuneraciones que deben percibir los parlamentarios en Chile.
Y para eso espero que en la discusión particular contemos con un mecanismo adecuado.
¿Qué es lo que sí me parece importante? Que debemos abordar también el tema de las remuneraciones en nuestro país en general, no solamente las vinculadas con la labor parlamentaria.
Pienso que uno podría cuestionar un sinnúmero de estamentos y sectores en Chile cuyas remuneraciones tienen un diferencial tremendamente alto y respecto de las cuales uno se pregunta si son necesarias.
Me refiero a remuneraciones de sectores que por ley deben funcionar o existir en nuestro país y a las cuales muchos chilenos tienen que contribuir con sus recursos propios -digo isapres, AFP- para mantenerlas. Y las preguntas son: ¿Hay límite para esos sueldos ahí? ¿Están bien invertidos los recursos? ¿Cómo es el proceso de reclutamiento en esos sectores? O como me hacía ver un abogado bien audaz, que me decía: "¡Ojo! En todas las concesiones en Chile, incluidas las del espectro radioeléctrico, uno también podría establecer algunas cuestiones en cuanto a la no discriminación, al monto de remuneraciones, a las condiciones de trabajo".
A mi juicio, esta iniciativa va a abrir un debate importante.
Espero que aprobemos la idea de legislar. Hay muchas modificaciones que hacerle al proyecto que viene de la Cámara de Diputados, que claramente tiene deficiencias.
Estimo que con ello vamos a dar una señal importante.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra el Senador señor Allamand, hasta por cuatro minutos.
El señor ALLAMAND.-
Señora Presidenta, en verdad, toda democracia debe asentarse en una administración pública que reúna a lo menos tres características: que sea profesional, que sea eficiente y que sea bien remunerada.
Creo que esos tres principios son fundamentales de cautelar.
Efectivamente, cuando uno lo piensa, hay que tener en perspectiva para la discusión que estamos teniendo, como un telón de fondo, que es importante que en la Administración Pública haya personas para las cuales el costo de oportunidad que enfrentan al tomar la decisión de incorporarse al sector público no sea extraordinariamente alto.
¿Qué estoy diciendo? Que las personas en sus vidas de pronto enfrentan disyuntivas: o me aboco al mundo de lo público o me aboco al ámbito de lo privado.
Si las diferencias entre uno y otro son sustancialmente distintas, entonces puede ocurrir que quienes se vuelquen a la Administración Pública no sean todos los que podríamos haber tenido si el costo de oportunidad no hubiera sido tan alto.
Dicho lo anterior, es del caso relevar que acá también hay un concepto democrático.
No parece aceptable -y así lo explicaba un Senador que me antecedió en el uso de la palabra- que finalmente puedan acceder a la Administración del Estado, a los servicios y cargos públicos, solamente las personas que tengan patrimonios abultados. Lo razonable es que todos puedan acceder.
Dicho lo anterior, voy a votar a favor de este proyecto. Y sin entrar a hacer una larga exposición de los argumentos que señalamos en la Comisión, quiero explicar cuáles son, por lo menos desde mi punto de vista, las tres orientaciones generales que debemos cautelar.
En primer lugar, creo que es necesario acotar este proyecto, señora Presidenta, a los parlamentarios y a los Ministros de Estado. No hacerlo, implica generar en toda la Administración Pública un conjunto de efectos en cadena que no han sido, por lo menos hasta ahora, adecuadamente calibrados.
En segundo lugar, es evidente que las remuneraciones no pueden ser fijadas por los mismos a quienes se les aplican. En consecuencia, todo indica que debemos avanzar hacia un organismo distinto, autónomo, independiente que pueda realizar esta tarea.
Aquí no hay que ponerse creativos. El Consejo de Alta Dirección Pública, cuyos miembros se designan con participación de este Senado, tiene todas las condiciones y competencias para definir el monto de esas remuneraciones.
Por último, señora Presidenta, a mi juicio, y a diferencia de lo que ocurre con el proyecto que viene de la Cámara de Diputados, no es necesario establecer todo un conjunto de normas transitorias para fijar estas remuneraciones. Si se determina que este Consejo sea el organismo que deberá proceder a fijarlas, perfectamente se puede establecer que este opere en un plazo reducido y que desde ya tengamos una definición clara respecto de una primera etapa de las remuneraciones del sector público, circunscrita simplemente a lo que he señalado: parlamentarios y Ministros de Estado.
He dicho.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra el Senador Elizalde, hasta por cinco minutos.
El señor ELIZALDE.-
Señora Presidenta, si hay algo que se expresó en octubre, cuando los chilenos salieron a las calles, fue, en primer lugar, su malestar ante las situaciones de abuso. Y, dentro de esas denuncias contra los abusos generalizados que afectan su vida cotidiana, se manifestó un malestar generalizado respecto de los privilegios en la política. Y debemos hacernos cargo de ese malestar.
La actividad política es de servicio público; no puede ser concebida como una actividad de privilegios. Más aún, es la política la que permite enfrentar, a través del debate democrático, los privilegios que existen en todas las sociedades. Y, por cierto, la labor del Parlamento es fundamental en esta materia.
Por eso me parece importante avanzar en la reducción de la dieta parlamentaria, precisamente como una señal clara y nítida al respecto.
Este debate debe ser abordado con altura de miras. La dieta también fue motivo de discusión cuando la actividad parlamentaria no tenía ningún tipo de ingresos o remuneración. Ella se estableció como una forma de garantizar algo muy simple: que tanto un latifundista como un obrero pudieran formar parte del Congreso Nacional si eran elegidos por la ciudadanía.
En ese contexto, es indispensable disponer de un mecanismo que garantice la autonomía de los parlamentarios al momento de legislar y cumplir con sus demás obligaciones constitucionales como representantes del pueblo.
Por tanto, junto con el debate de la reducción en examen, se debe establecer un órgano externo que defina cuál es el monto de la dieta, conforme a la realidad de nuestro país y a los recursos de que disponemos.
Es preciso despejar la creencia de que la reducción de la dieta permitirá que el Estado cuente con recursos para resolver los problemas sociales. Eso no es efectivo. En términos de los grandes números, las necesidades son mucho más sustantivas. Pero esta señal debe darse. Es una señal de austeridad ante un momento complejo que vivimos y ante un reclamo ciudadano que exige de parte de sus autoridades -de todas, sin excepción- ser un ejemplo.
Y debemos hacernos cargo de un tema más de fondo: la falta de valoración de la labor legislativa.
He sido testigo aquí, en el Senado, del esfuerzo de muchos Senadores, que son muy estudiosos, muy trabajadores y que, sin duda, desarrollan un gran trabajo. No obstante, la lógica de la farandulización, la lógica comunicacional de corto plazo evidentemente ha generado un cuestionamiento respecto de lo que aquí hacemos. Obviamente, es lo más noticioso. Cuando crecen los árboles no es noticia, cuando se quema el bosque es noticia.
Por tanto, cada vez que se produce un episodio en que se da a entender que esta es una actividad frívola, eso le hace un enorme daño a la labor parlamentaria.
Y eso está asociado a una incomprensión ciudadana, probablemente vinculada a la falta de clases de educación cívica, respecto de lo que hace el Parlamento, de la importancia de su actividad; de la necesidad que tiene toda democracia de contar con un Congreso en que se debatan las leyes, en que los representantes del pueblo definan cuál es el contenido de esas leyes y, a través de ellas, obviamente, generar condiciones para un mejor nivel de vida para todos nuestros compatriotas.
Por consiguiente, debemos hacernos cargo de todos estos temas.
Este proyecto, a mi entender, es muy amplio. Aplica la reducción de remuneraciones a un universo de servidores públicos respecto de los cuales no existe ningún cuestionamiento. Creo que el proyecto debe acotarse e ir acompañado de las bases técnicas para la definición de una dieta razonable, que no sea expresión de privilegio, pero que garantice la autonomía de la función parlamentaria. Y ese balance tiene que ser establecido adecuadamente.
Espero que en esta materia el Gobierno también tenga un rol muy activo, para que no ocurra lo mismo que con los permisos de circulación, en cuya discusión, por una parte, el Senador Ossandón -por su intermedio, señora Presidenta- advirtió de los problemas que tenía ese proyecto de ley, pero al mismo tiempo los Diputados autores de la moción presionaban para que se aprobara, porque el Gobierno no daba a conocer cuál era su punto de vista. Y hoy el Ejecutivo presenta un veto para, finalmente, establecer una legislación acorde en esta materia.
Pues bien, espero que este tema no se resuelva de esa manera, con el Ejecutivo manifestándose después de la aprobación en el Congreso. La idea es que el Gobierno tenga un rol activo, porque esta legislación y estas modificaciones constitucionales tendrán un impacto respecto de muchos servidores públicos. Y, por tanto, aquí se requiere una mirada amplia.
Se trata de contar con los mejores profesionales y técnicos en el servicio público, pero también, de que esta sea, obviamente, una actividad de servicio público y no un privilegio.
En suma, creo que es necesario debatir la reducción de la dieta, pero también un mecanismo que garantice que los criterios con los cuales se adopten estas decisiones sean los mejores para el buen funcionamiento del Estado y, por cierto, del Congreso Nacional.
Por eso, voto a favor.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra el Senador Víctor Pérez, hasta por cinco minutos.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señora Presidenta, quiero partir por una afirmación: el proyecto que nos llegó de la Cámara de Diputados es un muy mal proyecto; genera demasiadas dificultades y problemas, incertidumbre y temor en muchos funcionarios públicos.
De hecho, tuvimos en la Comisión la presencia de la ANEF, de la organización de funcionarios de Hacienda, de los funcionarios de Impuestos Internos, de las organizaciones de fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos, y también la expresión de lo que es el sistema de Alta Dirección Pública.
Es decir, este es un proyecto que verdaderamente genera un grado tal de dificultades, de problemas que no podemos sino avanzar en esta materia desechando una serie de normas en la discusión en particular.
Si nosotros seguimos con esta iniciativa, lo que hacemos es generar una tensión y un estrés a la Administración Pública en momentos en que esta y la mayoría de las autoridades del Estado están trabajando fuerte, intensamente para enfrentar la pandemia. Creo que eso sería un error mayúsculo.
En segundo lugar, a mi juicio, el proyecto también tiene supuestos y presupuestos que no son ciertos, y debemos enfrentarlos y decirlos. Por ejemplo, que los parlamentarios chilenos, Senadores y Diputados, ganan mucho más que en el resto del mundo. Eso no es así. La OCDE expresa esa información, pero en forma absolutamente equivocada y errónea, como fue demostrado por las autoridades del sistema de evaluación pública en Chile, quienes entregaron un dato correcto de todos los parlamentarios del país, el cual da cuenta de que estamos cerca de la media.
En tercer lugar, no hay duda de que este proyecto lo estamos tramitando y debatiendo en un contexto absolutamente distinto al que se planteó originalmente. Por lo tanto, requiere una mirada diferente, ya que nos encontramos en una situación en que el país se va a empobrecer, en que el país va a tener muchas dificultades de carácter económico, en que el país va a sufrir una merma en su capacidad de desarrollo y progreso. Ello hace que quienes tenemos responsabilidades políticas debamos actuar en consonancia con esa realidad.
Por tanto, vamos a votar favorablemente la idea de legislar, para que demos una señal importante hacia el país en esta materia, pero sin provocar, sin generar las dificultades que conlleva el proyecto de la Cámara de Diputados, dificultades que provoca no solo por la amplitud de instituciones a las cuales obligaría, sino también por los guarismos representados, que significarían una barrera de entrada para muchas personas modestas, para trabajadores, para profesionales jóvenes que quisieran dedicarse al servicio público.
Es por ello que esta iniciativa tan mal diseñada, que presenta tantos problemas y tan graves riesgos a la Administración Pública, exige que el Senado y el Gobierno trabajemos conjuntamente durante los próximos días a fin de entregar una propuesta razonable, coherente, que no provoque ninguna dificultad, y que verdaderamente le dé una señal al país de la austeridad que el mundo público debe exhibir frente al grave drama que representan la pandemia que estamos enfrentando y los perjuicios que se están generando a tantos chilenos. Y eso significa actuar con seriedad, sin populismo, sin demagogia, ofreciendo respuestas técnicas y coherentes.
En ese sentido, creo que lo expresado por el Ministro Felipe Ward al interior de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia apunta claramente a que habrá indicaciones del Ejecutivo, indicaciones que ojalá pudiéramos discutir, analizar en conjunto, porque no hay duda de que los Ministros de Estado y los Senadores y Diputados tendremos que dar una señal nítida en este sentido, y esa señal debe estar no solamente muy concordada, sino ser sustentable en el tiempo, para que más adelante, cuando la situación ya no sea tan grave, no tengamos que...
Señora Presidenta, ¿me da un minuto más, por favor?
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Su bancada ya no tiene tiempo, señor Senador.
Tiene la palabra el Senador Quintana, hasta por tres minutos.
El señor QUINTANA.-
Señora Presidenta, lo primero que quisiera decir es que hay momentos en que algunos se molestan porque se señala que el Senado muchas veces tiene que corregir aquellas propuestas de ley que vienen con deficiencias desde la Cámara de Diputados. Bueno, este es uno de esos casos.
Si este proyecto, como lo decía el Senador Harboe, se aprobara tal cual, 112 mil funcionarios públicos verían disminuidas sus remuneraciones, incluidos aquellos que están hoy día arriesgando sus vidas en la emergencia sanitaria del COVID.
Por lo tanto, creo que debemos ser tremendamente responsables en el texto que finalmente vamos a despachar.
Yo espero que el Ejecutivo esté poniendo atención, tomando nota de esta discusión para las indicaciones que va a presentar.
En segundo lugar, creo que hay elementos que atentan contra un buen desarrollo de este debate. Lo que afirmó el Presidente Piñera unos días atrás no ayuda, porque desconoce que un parlamentario paga 40 por ciento por concepto de impuesto a la renta. Me parece que somos las únicas autoridades que nos encontramos en este caso. Pero eso no lo dice.
Tampoco dice que un seremi, cualquier secretario regional ministerial de su Gobierno, le cuesta al Estado más que un Senador. Eso es fácil de demostrar, porque no solo hay que considerar la remuneración, sino también todo el apoyo y asesorías que se reciben.
Creo que tampoco ayuda el populismo que ha acompañado a esta discusión. Los Diputados y personas de Gobierno que oímos decir: "Voy a donar el 40 por ciento de mi sueldo", en realidad confunden la caridad con la justicia, y eso es bien distinto.
El apoyo que alguien quiera dar en esta emergencia -y seguramente muchos lo estamos haciendo- no es para anunciarlo públicamente. Eso se hace y no se dice, pues decirlo es, además, de mal gusto.
Hoy día enfrentamos un escenario completamente distinto, porque si bien este tema estaba pendiente -es parte de los llamados "temas simbólicos" que levantó el estallido social-, con el Senador Lagos y otros colegas presentamos en el medio del estallido social una de las pocas reformas constitucionales que llegaron al Senado. Si se hubiese aprobado sin la presión mediática del proyecto de la Cámara, habría dado lugar a una discusión mucho más limpia.
El tema es que a la vuelta de la esquina tenemos una recesión y una crisis económica. Por lo tanto, seguir manteniendo este nivel de remuneraciones, no solo del Parlamento, sino también de altas autoridades del Estado, creo que es ofensivo e inadecuado, además de injusto.
En consecuencia, debemos estudiar buenas experiencias. Creo que la mexicana no fue tan buena, porque terminó afectando y ahuyentando a destacados profesionales de la salud. En ese caso, yo miraría lo que está pasando en Uruguay, donde el Presidente, incluso en medio de la crisis provocada por la pandemia, estableció una disminución diferenciada para distintos tipos de autoridades.
Entonces, creo que este es un debate que debemos hacer en serio. Por eso, en la Mesa anterior, junto al Senador De Urresti, pedimos informes completos a la Biblioteca del Congreso Nacional sobre cuarenta países -se hallan a disposición de todos los Senadores-, donde efectivamente se muestra lo que aquí se señala: que estamos por sobre el promedio de la OCDE, aunque hay también realidades distintas por la exclusividad en la función parlamentaria; porque en otros países los parlamentarios no tienen la misma representación territorial, incluso en la Constitución, aunque muchos no la reconozcan y piensen que nuestro trabajo se agota en el plano legislativo, en fin.
Por todo lo anterior, creo que hoy día no podemos seguir manteniendo el actual esquema de remuneraciones, pero -insisto- no solo en el Parlamento. No podemos resolver esto solo con el Parlamento y dañarlo más. La rebaja debe hacerse cargo de las altas remuneraciones del Estado. No puede ser...
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Gracias, Senador Quintana.
El señor QUINTANA.-
No puede ser que alguien haga caso omiso de lo que ocurre, por ejemplo, en la gran minería, porque "rentas de mercado", como se han llamado siempre, ya no van a existir después de esta crisis...
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Gracias, Senador Quintana. Ha concluido su tiempo.
A menos que la bancada le otorgue más... Cuentan con tres minutos.
El señor QUINTANA.-
Bueno, voto a favor, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
La bancada de Renovación Nacional dispone de seis minutos.
Tiene la palabra el Senador Rodrigo Galilea.
El señor GALILEA.-
Señora Presidenta, naturalmente, tocar el tema de la remuneración de los parlamentarios es incómodo, porque estamos directamente involucrados. Pero eso no obsta a que reflexionemos un minutito sobre qué es una remuneración justa para un parlamentario, sea en Chile o en otro país. Y la verdad es que la respuesta es bien compleja.
Hoy día no hay ninguna duda de que la ciudadanía chilena tiene una visión muy crítica respecto de nuestra labor, y ello se ha reflejado en el cuestionamiento a las remuneraciones que reciben Senadores y Diputados.
No existe igual crítica a la remuneración del Presidente de la República; a las remuneraciones de los Ministros de Estado; a las remuneraciones de los intendentes, ni de los jueces ni de nadie. Todo esto se ha radicado en un cuestionamiento profundo hacia la labor del Parlamento. Y, por lo tanto, más que una crítica a las remuneraciones, yo lo entiendo como una gran crítica a cómo ve la ciudadanía lo que hacemos o dejamos de hacer.
Es el primer punto que quiero plantear en esta reflexión, porque claramente si hubiera una crítica a las remuneraciones del sector público estarían todas en tela de juicio, pero las únicas que lo están son las del Parlamento. Entonces, lo entiendo como un juicio negativo sobre nuestra labor.
En segundo lugar, ¿qué es lo justo para el sector público? El sector público no puede estar sujeto a las reglas de mercado en cuanto a la remuneración. Porque en el sector privado es mucho más fácil: si uno no paga lo suficiente, simplemente no encuentra a nadie. En el sector público hay una mezcla distinta, un sistema laboral distinto que, en definitiva, hace que debamos ser capaces de complementar este costo alternativo de las personas con los requerimientos de un Estado que funcione bien.
En ese sentido, si bien las remuneraciones del sector público no pueden ser necesariamente de mercado, no deben tener un costo alternativo demasiado alto con él, para que haya gente que efectivamente se interese en estar acá. Y, por lo mismo, hay que hacer un estudio relevante.
Si uno mira hoy día al sector público, advierte que es el tercer sector mejor pagado de Chile. Eso es algo que quizás se dice poco.
La mediana del sector público está en 650 mil pesos líquidos; el promedio está en 850 mil pesos líquidos. En consecuencia, lo que gana un Senador o un Diputado es más o menos diez veces esa mediana del sector público.
Si tomamos el promedio del sector privado asalariado, nos daremos cuenta de que, en verdad, anda parecido al sector público: llega a 670 mil pesos, aproximadamente.
La gran diferencia se produce respecto del sector independiente, que es muy informal, y respecto de las asesoras del hogar, que también tienen remuneraciones bajísimas en comparación con el promedio nacional.
Entonces, acá vamos a tener que encontrar una manera sensata de ajustar la expectativa ciudadana, pero sin salirnos de lo que es la realidad del sector público de nuestro país. Desajustar completamente esto y pensar que un Senador o un Diputado terminará ganando lo mismo que un seremi o un jefe de servicio no parece muy razonable.
Por lo tanto, aquí hay que hacer un estudio global, general, que mire todo el sector público, que mire el costo alternativo, para que no sea privilegio de ricos y un obstáculo entrar a la Administración Pública.
En fin, no es una tarea fácil.
Creo que el Servicio Civil debiera tener un rol preponderante. Pienso que el proyecto de ley está muy equivocado al involucrar al Banco Central en esta materia, pero, al igual que como ya lo han dicho otros parlamentarios, me parece que este es el momento de abordar, de legislar sobre el punto, pero sin populismo, sin creer que aquí hay recetas fáciles, sin creer que vamos a resolver todo el tema del prestigio o desprestigio del Parlamento a través de las remuneraciones de los mismos congresistas.
Voy a votar a favor la idea de legislar.
Y termino señalando que el minuto que le queda a la bancada de Renovación Nacional se lo otorgamos a la Unión Demócrata Independiente, específicamente al Senador Iván Moreira.
He dicho.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Senador Moreira, tiene la palabra hasta por un minuto.
El señor MOREIRA.-
Gracias, señora Presidenta.
Solamente quiero decir, en sesenta segundos, lo siguiente, porque ya todos han hablado y expresado sus opiniones.
Hoy día este Senado ha dado una respuesta definitiva. Le hemos dado una respuesta definitiva a la ciudadanía en cuanto a una rebaja razonable de la dieta de los parlamentarios. Y yo llamo a no dilatar la iniciativa, a no quedarnos solamente en la votación general, sino a tener una respuesta concreta y definitiva y que no sea una excusa el hecho de que la estamos aprobando en general.
Termino enviando un recadito, a través del Ministro Ward, que ya hice por la prensa: ya es tiempo de que el Gobierno mande las indicaciones a este proyecto.
Voto que sí.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra, por la bancada Independientes, hasta por cinco minutos, el Senador Alejandro Guillier.
El señor GUILLIER.-
Señora Presidenta, quiero destacar, por cierto, que la bancada Independientes apoya esta señal, por varias razones.
Primero, porque es una señal de austeridad en un momento en que el país está sufriendo los impactos de una crisis económica que también es una crisis sanitaria y también una crisis política. Por lo tanto, hay que dar señales a la ciudadanía en el sentido de que todos vamos a hacer un esfuerzo para salir adelante.
En segundo lugar, porque efectivamente hay estudios que demuestran que las dietas parlamentarias en Chile son más altas que el promedio de la región. Sería bueno hacer un ajuste en esta materia para estar más en línea.
Tercero, creo que es una condición para aquello, sin embargo, que no sea el Congreso Nacional, bajo ninguna circunstancia, el que fije el monto de las dietas, porque hoy podría acordar bajarlas, pero, si se atribuye esta facultad, nada garantiza que a futuro no votará para subirlas, lo cual, por cierto, no resulta aceptable.
Acá tiene que haber un órgano técnico que tenga la capacidad de hacer un estudio comparado objetivo y que pueda ponderar la importancia y la contribución que los congresos hacen a la estabilidad y a los procesos políticos respectivos. Por tanto, el sueldo debe fijarlo una agencia externa al Congreso Nacional.
Quiero recordar que, desde que volvimos a la democracia, el Congreso no se fija las dietas ni los salarios. Eso se hace por ley y afecta a varios cargos que están, más o menos, en la misma jerarquía. Por esa razón, los Ministros de Estado y los Subsecretarios, por ejemplo, tienen remuneraciones similares. Por lo mismo, me parece que el estudio tiene que hacerlo una agencia externa.
Nosotros vamos a apoyar esta rebaja, porque pensamos que la dieta está más alta que lo que corresponde, pero lo mismo pasa con otros cargos de la administración política, muchos de los cuales son cargos electos y otros designados.
También considero oportuno revisar ciertas asesorías y cargos que se crean para, a veces, favorecer a los actores políticos que apoyan la labor de los gobiernos, como es el caso de asesores que terminan ganando cifras que no solo no se conocen, sino que, bajo el pretexto de que son sueldos reservados, desbordan muchas veces lo que gana el propio Presidente de la República. Y el sueldo del Presidente es el que debe marcar el salario más alto en cualquier país democrático.
Así que vamos a apoyar este principio de rebaja, así como que se estudie una dieta objetiva, comparable a la de otros países, pero sin que sea el Congreso el que lo haga, porque no me parece que sea lo que corresponde.
Muchas gracias.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra el Senador De Urresti, hasta por un minuto y medio, que es el tiempo sobrante de la bancada del Partido Socialista.
El señor DE URRESTI.-
Señora Presidenta, creo que este es un tiempo de solidaridad, un tiempo para, precisamente, hacer una contribución clara y efectiva.
Este proyecto lo vamos a discutir en extenso y en particular en la Comisión. Pero, como digo, este es el tiempo para dar señales, de tener una mirada integral, pues existe una asimetría entre los altos cargos y las remuneraciones más bajas.
Es tiempo de solidaridad, no solo por lo que está viviendo el país, sino especialmente considerando lo que viene. Y ahí es donde tenemos que poner el acento; discutir el proyecto seriamente, involucrando a organismos técnicos que fijen el marco en el cual nos movamos.
Reitero: en estos tiempos de solidaridad, todos tenemos que hacer una contribución, particularmente desde el Senado.
Voto a favor, a la espera de las indicaciones, especialmente del Ejecutivo, para tener ese marco, para tener un sistema a través del cual se revisen las altas remuneraciones, las nuestras en primer lugar, como corresponde.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra el Senador Felipe Kast, hasta por cinco minutos.
El señor KAST.-
Señora Presidenta, más allá de valorar que el Senado esté aprobando hoy día este proyecto, que claramente es una demanda ciudadana en el sentido de actualizar las rentas del Congreso y las altas rentas del Estado, y más importante que realizar este ajuste, toda vez que Chile hoy día tiene dietas parlamentarias superiores a las del resto de los países, ojalá todos entendamos que, para que esto realmente funcione, necesitamos ir más lejos en la modernización del Estado.
Por lo tanto, no solamente se trata de bajar y de ajustar la dieta parlamentaria a los valores que corresponden en el concierto internacional, en especial de los países de la OCDE, sino también de atrevernos, ojalá, a fortalecer el Estado en su capacidad de gestionar de buena manera los distintos servicios públicos.
Acá el desafío es que lo deseable sería que ciertas instituciones del Estado tuvieran la misma autonomía y el mismo profesionalismo que tiene, por ejemplo, el Banco Central. No es aceptable que en áreas sociales estemos llenos de operadores políticos y que haya utilización política a través de los distintos partidos. Eso ocurre en todos los gobiernos.
Por eso, creo que una rebaja de la dieta parlamentaria debe considerar, en una mirada larga, la necesidad de modernizar el Estado para que incluso en algunos servicios públicos pueda haber rentas altas, pero recibidas por personas que no han llegado ahí por favores políticos.
Distinta es la vocación de los parlamentarios, que obviamente deben recibir sueldos más bajos, acordes con la realidad y que tengan empatía. Pero no es posible caer en la trampa de no entender la importancia de que, además de esto, resulta indispensable modernizar el Estado.
Y aprovecho esta conversación que estamos teniendo para que también revisemos el tema de los viáticos. Sabemos que hoy día existen viáticos parlamentarios -para los Senadores que viajan al extranjero- completamente inadecuados. Con el nivel de renta que recibimos resultan completamente inadecuados. Junto con varios Senadores ingresamos un proyecto de ley, en diciembre del año antepasado, que está durmiendo en la Comisión de Hacienda.
Para algunos a lo mejor no tienen mucho sentido, pero a la ciudadanía le generan una indignación tremenda, porque no tiene sentido que algunos Senadores o Diputados reciban extrarrentas, de hasta siete millones de pesos al año, porque estuvieron viajando. Creo que eso no corresponde y no ayuda a nadie.
Por eso, valoro el hecho de que el Senado se ponga a trabajar hoy día en serio en esto. Ojalá que hagamos una ley seria y no populista, no simplemente un saludo a la galería, y nos pongamos al día en todas estas materias. Pero insisto: ello debe ir de la mano con una agenda de modernización del Estado seria, sin tener el complejo de pagar altos sueldos en reparticiones técnicas para que efectivamente la función pública no tenga nada que envidiarle a la función privada. Eso no es incompatible con dietas más bajas para los parlamentarios. A lo que tenemos que aspirar es a que ojalá trabajar en el mundo privado no sea un privilegio mayor que trabajar en el mundo público para los que ingresan por vías técnicas.
Tenemos que aspirar a que la educación pública sea igual o mejor que la educación privada. Tenemos que aspirar a que la salud pública sea igual o mejor que la salud privada. Y para eso hay que reformar nuestras instituciones públicas, a fin de que efectivamente exhiban meritocracia, calidad, procesos de evaluación continua.
Es inaceptable que en los últimos quince años los directores del Sename hayan durado un año y medio en sus puestos. Es una inmoralidad que el Sename haya sido utilizado como botín de campaña por los partidos políticos durante los anteriores gobiernos. Y eso lo decían los mismos funcionarios.
Entonces, ojo: si realmente queremos prestigiar al Estado y hacer que lo público no sea sinónimo de algo precario, de algo mediocre, tenemos que ir mucho más lejos y modernizar el Estado en su conjunto.
Voto a favor, esperando que en futuras legislaciones podamos revisar el tema de los viáticos y también el de la reelección de las autoridades, que igualmente se encuentra pendiente.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra el Senador Navarro, hasta por los dos minutos que le restan a la bancada independiente.
El señor NAVARRO.-
Señora Presidenta, voto a favor de este proyecto de ley, que creo que plantea una discusión necesaria, y rechazo de manera categórica la imprudente y ofensiva crítica del Presidente Piñera a este Congreso, en medio de la crisis pandémica que vive el país.
Presidente, tiene que tratarnos bien para que le colaboremos. No puede utilizar la televisión, que está a toda su disposición mediante cadenas nacionales y a través de todos los canales, el tiempo que usted quiera, para criticar al Parlamento en medio de un discurso de colaboración y apoyo.
Usted es incongruente. Usted es confuso. Usted se distrae de su tarea principal.
Si quiere discutir la dieta, envíe las indicaciones que le ha pedido el Parlamento, pero no nos critique públicamente, porque en nada contribuye su crítica pública usando además una posición dominante, la misma posición dominante que ha usado en múltiples negocios especulativos durante toda su vida.
Yo le replico, Presidente: dele usted patrocinio al proyecto de ley que prohíbe que una autoridad de elección popular tenga dineros en paraísos fiscales como usted los tiene, ¡como usted los tiene!
Si de eso se trata, señora Presidenta, le aviso que no voy a dar mi asentimiento para que ingrese ningún asesor, ningún Subsecretario, nadie, con excepción de los Ministros.
Este Congreso merece respeto, este Senado merece respeto. Y el Presidente Piñera les ha faltado el respeto, una y otra vez.
Además, quiero señalar que, en medio del proceso constituyente, los incumbentes, nosotros, decidimos fijarnos cuánto ganamos y cuánto vamos a durar. ¡Pero si va a haber un proceso constituyente! Yo quiero un Congreso unicameral. ¡No quiero más Senado! Quiero que haya un Congreso unicameral. Y resulta que un año antes, o menos, el Congreso debate cuánto gana y cuánto dura.
Considero absolutamente inoportuno ese debate.
El Presidente podría mandar un proyecto de ley...
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Terminó su tiempo, Senador Navarro.
Ofrezco la palabra al Senador Felipe Harboe, hasta por tres minutos.
El señor HARBOE.-
Gracias, señora Presidenta.
Me alegro de que finalmente estemos discutiendo este proyecto. Creo que es importante. Me parece que llegamos atrasados a la discusión, pero no por eso hay que dejarla de lado.
No estoy de acuerdo con quienes dicen que, como se va a cambiar la Constitución, mejor no discutamos esto ahora. Yo creo que hay que discutirlo igual, en este momento, porque, si no, suena más bien a excusa.
Sí considero importante mirar esta situación con cierta perspectiva más global. En nuestro país necesitamos una profunda reforma del Estado, que involucre una política de recursos humanos y remuneraciones coherente.
Evidentemente -yo estoy de acuerdo con este proyecto y así lo voté en la Comisión de Constitución-, vamos a disminuir el monto de las dietas parlamentarias y queremos disminuir también las remuneraciones de las autoridades políticas, pero hay que ser muy cuidadosos porque, a partir de aquello, por disposiciones legales vigentes, como advirtieron ciertos profesores, podemos afectar a funcionarios de carrera.
Por eso, considero importante hacer una distinción. Porque una cosa son aquellos funcionarios o funcionarias de exclusiva confianza del Presidente de la República, de Ministros de Estado o de Subsecretarios, y otra cosa distinta son los funcionarios de carrera.
Si aplicáramos este proyecto tal como está hoy día, sería una irresponsabilidad, pues -fíjense ustedes- podría afectar a más de 100 mil funcionarios, incluidos funcionarios o funcionarias de la salud, fiscales, funcionarios de la Defensoría Pública. O sea, aquí se requiere hacer las cosas bien. Y por eso valoro que el Senado apruebe en general el proyecto, porque esto le va a dar al Gobierno -al que invitamos durante seis sesiones y finalmente solo llegó a la última, pero llegó- la posibilidad de presentar indicaciones, dado que el texto involucra cambios importantes en materia de financiamiento.
Y tenemos que ser capaces de distinguir, por ejemplo, qué va a ocurrir con el Poder Judicial.
Oiga, ¡por favor!, si usted le cambia la remuneración al Máximo Tribunal, va a generar toda una afectación hacia abajo, en cadena. Y eso puede afectar la carrera funcionaria.
¿Qué va a pasar con el Ministerio Público?
En consecuencia, hay que ser muy cuidadosos.
Probablemente a riesgo de ser impopular, mi mensaje al Ejecutivo es más bien que presente prontamente una indicación para que objetivemos la situación y tengamos una instancia técnica que tome esta decisión y diga: "Mire, la remuneración y la dieta adecuada es esta".
Aquí, señora Presidenta, se ha dicho que nadie puede ganar más que el Presidente de la República y me parece bien; pero, cuidado, porque cuando uno empieza a revisar los contratos a honorarios de instituciones como la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y otras, se encuentra con altas remuneraciones, que también debieran quedar reguladas por este articulado, pues, de lo contrario, estaríamos generando una diferencia completamente inadecuada y, además, discriminatoria.
En consecuencia, me alegro de que se apruebe este proyecto, pero -insisto-, creo que es necesario llevar a cabo una reforma estructural que involucre las diferentes...
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Gracias, Senador Harboe.
Tiene la palabra el Ministro señor Felipe Ward.
El señor WARD (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Muchas gracias, señora Presidenta y estimados Senadores.
El señor MOREIRA.-
Señor Ministro...
El señor WARD (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
¿Perdón?
El señor MOREIRA.-
¿Le va a dar mi recado al Presidente?
El señor WARD (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Sí, encantado.
Y encantado también de participar en este debate. Creo que es muy oportuno que pongamos en discusión esta iniciativa en la Sala.
Agradezco a los distintos parlamentarios y a los miembros de la Comisión de Constitución. Nosotros, señora Presidenta, estuvimos, como Gobierno, hace un mes, un mes y medio, en la Comisión dando a conocer la opinión del Gobierno en esta materia. Y, en tal sentido, nos parece importante entregarla también aquí, en el Hemiciclo, para poder participar activamente de un debate que surge en virtud de una moción parlamentaria que llega a vuestras manos después de una discusión en la Cámara de Diputados; un proyecto que podremos debatir, pero que es el texto base sobre el cual trabajan las Comisiones técnicas y que finalmente llega a la Sala.
Este proyecto ha sido calificado con urgencia en al menos siete oportunidades por parte del Ejecutivo. Obviamente, a raíz de lo ocurrido desde octubre del año pasado, las prioridades han cambiado y nos hemos hecho cargo, como Congreso.
Quiero agradecer, nuevamente, la disposición permanente que ha tenido el Senado -tanto la anterior Mesa como la actual-, lo mismo que la Cámara de Diputados, porque nos han permitido convenir semanalmente tablas que han integrado mociones parlamentarias y mensajes del Ejecutivo, lo cual es algo que hay que reconocer.
Sin embargo, concuerdo con el Senador Harboe en el sentido de que este es un buen momento para realizar esta discusión. Creo que si bien uno debe comprender que la ciudadanía está atenta a otros debates que también se están produciendo en el Senado y en la Cámara, este es un tema que lleva un buen tiempo en el Congreso y merece una respuesta desde el punto de vista parlamentario.
Nosotros, señora Presidenta, cuando fuimos invitados a la Comisión de Constitución hace algunas semanas, planteamos lo siguiente.
Primero, estamos de acuerdo con la reducción de la dieta, que es el principio básico contenido en la moción parlamentaria, el cual, entiendo, es compartido unánimemente por las señoras y los señores Senadores. Y, en segundo lugar, coincidimos en que en esta materia se debe actuar en base a criterios técnicos. Hay una serie de opiniones que se han vertido en el debate parlamentario, tanto en la Cámara como en el Senado, a través de las cuales se han planteado diferentes fórmulas.
Nosotros, como Ejecutivo, estamos convencidos de que aquí deben imperar criterios técnicos, y que sea un órgano distinto, por supuesto que no dependa del Parlamento, ya existente o no, el que tome esta determinación, para que rija durante un período determinado de tiempo, en virtud -reitero- de criterios técnicos.
Esta es la opinión que tiene el Gobierno en esta materia.
Nosotros señalamos también, a propósito de la invitación que recibimos de la Comisión, que nos parece que el momento procesal adecuado para emitir formalmente una opinión es cuando se abra el plazo para indicaciones, que entiendo ocurrirá con posterioridad a esta votación en general.
Estamos total y plenamente disponibles, Presidenta, y vamos a concurrir a la citación para entregar la indicación que está preparando hace un buen tiempo el Ejecutivo para pronunciarse respecto de esta materia, que, como le señalaba anteriormente y usted lo sabe muy bien, surge a raíz de una iniciativa a la que el Gobierno le ha dado urgencia, pero que finalmente se origina en una moción parlamentaria.
El Gobierno desea expresarse; emitir una opinión en la línea de lo señalado.
Estamos de acuerdo con la reducción, pero queremos que esto ocurra en virtud de criterios técnicos, por un órgano distinto e independiente del Honorable Congreso Nacional.
Y, además, entregaremos esta información en particular, tal como se señaló en la Comisión de Constitución, cuando se abra el plazo para formular indicaciones, si somos citados o invitados.
Muchas gracias.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
Vamos a proceder a consultar por la votación a los Senadores que se encuentran participando en la sesión de forma telemática, a fin de que emitan su voto nominativamente conforme al orden alfabético.
La Senadora Allende, ¿cómo vota?
La señora ALLENDE.-
A favor.
Espero que haya una Comisión técnica que realmente se dedique a revisar esto rigurosa e integralmente, porque existen muchas desigualdades injustificadas.
Y espero realmente...
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Es sin fundamento de voto, Senadora.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
La Senadora Aravena, ¿cómo vota?
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
No está aún conectada.
Pasemos al siguiente.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El Senador Pedro Araya, ¿cómo vota?
El señor ARAYA.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Ahora sí, la Senadora Carmen Gloria Aravena, ¿cómo vota?
La señora ARAVENA.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El Senador Juan Castro, ¿cómo vota?
El señor CASTRO.-
Presentaremos indicaciones al proyecto.
Me parece muy interesante.
Y vamos a votar a favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El Senador De Urresti, ¿cómo vota?
El señor DE URRESTI.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El Senador Durana, ¿cómo vota?
El señor DURANA.-
A favor.
Y espero que se consideren los tres poderes del Estado, y fundamentalmente las empresas estatales.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El Senador Francisco Huenchumilla, ¿cómo vota?
El señor HUENCHUMILLA.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El Senador José Miguel Insulza, ¿cómo vota?
El señor INSULZA.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
La Senadora Ximena Órdenes, ¿cómo vota?
La señora ÓRDENES.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El Senador Prohens, ¿cómo vota?
El señor PROHENS.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
La Senadora Provoste, ¿cómo vota?
La señora PROVOSTE.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El Senador Quintana, ¿cómo vota?
El señor QUINTANA.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El Senador Soria, ¿cómo vota?
El señor SORIA.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El Senador Carlos Montes, ¿cómo vota?
El señor MONTES.-
Apruebo la idea de legislar.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (42 votos a favor), dejándose constancia de que se reunió el
quorum
constitucional exigido.
Votaron
por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador Francisco Chahuán.
Respecto al plazo de indicaciones, se ha propuesto el día 20 de abril.
¿Habría acuerdo con esa fecha?
El señor BIANCHI.-
Sí.
El señor PIZARRO.-
Demos más plazo.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Ministro Ward, es una propuesta que ha llegado a la Mesa, entiendo, desde la Comisión y del Gobierno.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor WARD (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Conversé con el Senador Harboe, Presidenta, y en principio el plazo que se estaba proponiendo era el 20 de abril, pero obviamente dependería de la resolución de la Honorable Sala.
A nosotros nos parece bien esa fecha.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
¿Habría acuerdo para fijar el 20 de abril como plazo para presentar indicaciones al proyecto?
Acordado.
Pasaremos, entonces, a la iniciativa que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo en circunstancias excepcionales, respecto de la cual tiene que informar la Comisión Mixta.
Está listo el informe.
Señor Ministro de Justicia, estaba en segundo lugar el proyecto sobre el indulto; sin embargo, si llegaba en el transcurso de la sesión el informe de la Mixta sobre la iniciativa de protección al empleo, dada la prontitud que requerimos para despacharla, había acuerdo de Comités para ponerla en tabla, desplazando al proyecto sobre el indulto de la tramitación inmediata.
Ese es el acuerdo de Comités. Yo estoy solamente transmitiendo lo que acordamos.
Así es que vamos a poner en tabla el informe de la Comisión Mixta sobre el seguro de desempleo.
El acuerdo es sin debate y con fundamento de voto por tres minutos.
Vamos a abrir la votación de este proyecto. Y se dará a conocer el informe.
El señor COLOMA.-
Señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
¿Usted se quiere referir al Reglamento?
El señor COLOMA.-
Mire, una sugerencia.
Lo que pasa es que aunque sean tres minutos, tengo la impresión de que respecto al informe de la Comisión Mixta van a hablar por lo menos treinta Senadores.
Y, además, tengo la idea de que el otro proyecto podríamos abordarlo simplemente con el fundamento de una persona.
Así sería posible despacharlo.
Posteriormente podríamos ver el informe de la Comisión Mixta; porque, si no, no va a ser posible.
Es una sugerencia.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Todos podemos tener tincadas de lo que vamos a hablar o no. Eso es impredecible.
Hay un acuerdo de Comités, y se respeta.
El señor COLOMA.-
La sugerencia es que se pida la autorización para que el tratamiento del proyecto sobre el indulto sea sin debate.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Hay un acuerdo de Comités que voy a hacer resguardar.
ACCESO A PRESTACIONES DE SEGURO DE DESEMPLEO DE LEY N° 19.728 EN CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que faculta el acceso a prestaciones de seguro de desempleo de la ley N° 19.728, en circunstancias excepcionales, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (13.352-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite: sesión 5ª, en 25 de marzo de 2020 (se da cuenta).
Tercer trámite: sesión 9ª, en 30 de marzo de 2020.
Informes de Comisión:
Trabajo y Previsión Social (certificado): sesión 7ª, en 26 de marzo de 2020.
Hacienda (certificado): sesión 7ª, en 26 de marzo de 2020.
Mixta: sesión 10ª, en 31 de marzo de 2020.
Discusión:
Sesiones 7ª, en 26 de marzo de 2020 (se aprueba en general y en particular); 9ª, en 30 de marzo de 2020 (se rechazan las enmiendas de la Cámara de Diputados y pasa a Comisión Mixta).
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Cabe recordar que el Senado, en primer trámite constitucional, aprobó un texto que permitía, en caso de que existiera un acto o declaración de la autoridad competente para el control de la enfermedad denominada "COVID-19", que implicara la paralización de actividades y que impidiera la prestación de los servicios contratados, que los trabajadores afiliados al seguro de desempleo tuvieran derecho a prestaciones de cesantía.
Asimismo, permitía los pactos de suspensión temporal de contrato de trabajo por seis meses y los pactos de reducción temporal de jornada laboral hasta por diez meses.
Finalmente, establecía que durante el estado de catástrofe no se podría poner término a los contratos de trabajo por la causal de caso fortuito o fuerza mayor, invocando, como motivo directo, los efectos de la pandemia de COVID-19.
La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, introdujo un conjunto de enmiendas al proyecto, conforme a las cuales, primero, eliminó los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 22 y 23.
Segundo, en el inciso segundo del artículo 18 eliminó el vocablo "exenta".
Tercero, incorporó un artículo 14 nuevo para permitir a los trabajadores regulados por la ley hacer efectivos los seguros de cesantía, o cláusulas de cesantía asociadas a créditos de cualquier naturaleza.
Cuarto, en el artículo 24 sustituyó la frase "Durante el estado de catástrofe" por "Durante el plazo de seis meses o bien, existiendo el Estado de Catástrofe" y suprimió la palabra "directo".
Quinto, en el artículo 25 eliminó su oración final.
Todas las mencionadas modificaciones fueron rechazadas por el Senado durante el tercer trámite constitucional, suscitando así la divergencia entre ambas Cámaras y determinando la formación de la Comisión Mixta encargada de resolverlas.
Dicha Comisión Mixta, como forma de superar tales discrepancias, y con la votación que se consigna en el respectivo informe, acordó lo siguiente.
Primero, aprobar el texto del proyecto de ley despachado por el Senado, en primer trámite constitucional, con las enmiendas y redacciones que se detallan en su proposición.
Segundo, aprobar las modificaciones efectuadas por la Cámara de Diputados en los siguientes artículos despachados por el Senado: 18, 24 (que pasó a ser 26) y 25 (que pasó a ser 29).
Tercero, aprobar como artículo 21 la disposición nueva incorporada por la Cámara de Diputados, referida a los trabajadores que hagan uso de los beneficios de los artículos 1 y 7 del proyecto de ley respecto de las deudas que hayan contraído con bancos, instituciones financieras, casas comerciales y similares.
Cabe tener presente que la proposición de la Comisión Mixta, salvo en cuanto a los artículos 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27 y 29, debe ser aprobada con quorum calificado, esto es, por 22 votos favorables, por cuanto regula el ejercicio de derechos relativos a seguridad social.
La referida proposición de la Comisión Mixta se consigna en las páginas 5 y siguientes de su informe. Y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Es todo, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
En discusión el informe de la Comisión Mixta.
Tiene la palabra el Senador señor Letelier, para dar a conocer el resultado del trabajo de la Comisión Mixta.
El señor LETELIER.-
Señora Presidenta, deseo partir agradeciendo a los miembros de la Comisión Mixta del Senado y de la Cámara de Diputados, así como al equipo de Secretaría.
Ayer la Comisión funcionó por más de 12 horas seguidas para sacar adelante el informe en una iniciativa que es de tremenda complejidad.
En forma resumida, puedo informar los siguientes acuerdos.
Se acordó firmar un protocolo con el Ejecutivo, que se formalizará al término de esta sesión, en torno a tres puntos.
Primero, que el Gobierno, en el contexto de la evolución de la pandemia, se compromete a estudiar y a analizar a la brevedad fórmulas para apoyar los ingresos de los trabadores y trabajadoras independientes con boleta a honorarios, así como de otro grupo, de forma tal de perfeccionar las fórmulas para apoyar los ingresos de otros trabajadores que no tienen acceso al Seguro de Cesantía.
Segundo, se compromete, además, a la creación de una comisión de seguimiento y evaluación de los impactos laborales y salariales de la crisis derivada de la pandemia, con la participación de parlamentarios, en que se realicen propuestas complementarias y evaluación de las medidas legislativas y administrativas adoptadas.
Tercero, el Gobierno asume el compromiso de solicitar a la Dirección del Trabajo, a propósito de esta nueva ley, un nuevo dictamen que aborde los efectos de la suspensión de la jornada por actos de autoridad.
Estos son los tres elementos que complementan el informe sobre el proyecto y que permitieron construir un acuerdo de aquellos temas que se debatieron en la Cámara de Diputados, y respecto a los cuales aquí se manifestaron inquietudes.
Deseo recordar que el proyecto de ley que discutimos en la Comisión Mixta potencialmente puede ser utilizado por cuatro millones de trabajadores y trabajadoras.
Esta es una de las iniciativas respecto a prestaciones de más alto impacto que ha tramitado el Congreso en el último tiempo.
En la discusión de la Comisión Mixta se logró lo siguiente.
Ampliar el universo de beneficiados con la prestación, flexibilizando los requisitos de acceso. En particular, como se recordará, la regla general en el Seguro de Cesantía es tener 12 cotizaciones registradas en el Fondo de Cesantía.
En esta ocasión, se requerirán tres cotizaciones en los últimos meses de forma consecutiva, sin importar que sea el mismo empleador o no. Adicionalmente, se abre la posibilidad de acceder a estos beneficios a aquellas personas que tengan solo las últimas dos cotizaciones, si han tenido seis cotizaciones en los últimos doce meses.
También se generó un debate en la Comisión Mixta -y agradezco que el Ejecutivo haya aceptado nuestra petición- en cuanto a mejorar la tasa de reemplazo para las personas con ingresos bajos de nuestro país. En términos prácticos, se logró que en el caso de todas aquellos que tengan sueldo mínimo, la tasa de reemplazo sea de 70 por ciento en los primeros tres pagos.
Este beneficio va decreciendo, pero todas las personas con ingresos menores a quinientos mil pesos tendrán tasas de reemplazo mejores a las establecidas en la ley común del Seguro de Cesantía.
Igualmente, deseo mencionar algo muy importante.
Se otorgan atribuciones y facultades a la Dirección del Trabajo para fiscalizar el cumplimiento de esta ley en proyecto y sancionar a quienes promueven el acceso a los beneficios en forma inadecuada.
Aquí se trata de que puedan acceder a los beneficios de esta ley las personas que estén obligadas a suspender su actividad o impedidas de realizarla. Eso en los casos de suspensión, sea por actos de autoridad o por mutuo acuerdo.
No es permitido que una empresa suspenda la actividad laboral si no existe un acto de autoridad, si no existe un problema sanitario para que el trabajador realice su trabajo, o si no tiene impedimentos para ello.
La Dirección del Trabajo podrá fiscalizar que no exista un uso abusivo de estas prestaciones.
De la misma forma, se establecen sanciones muy gravosas para quienes, sean personas naturales o empresas, accedan a los beneficios de esta ley de forma inadecuada.
Y será responsabilidad de la Dirección del Trabajo dicha fiscalización y pasar los antecedentes a los tribunales.
También se crea un registro público de las personas que van a hacer uso de los beneficios de esta ley para que exista una responsabilidad pública de quienes, empresas y trabajadores, utilicen estos recursos excepcionales del Seguro de Cesantía.
Lo anterior es una innovación. Son las propuestas que el Ejecutivo presentó a partir de planteamientos realizados por la Cámara de Diputados en estas materias.
Adicionalmente, se establece el mecanismo de consulta a los sindicatos cuando se quiera promover pactos.
Se clarifican las normas sobre cómo se calcula el sueldo promedio de los últimos tres meses. Tiene que ser el mes completo y deben contemplarse los ingresos tanto fijos como variables.
De la misma forma, señora Presidenta, se establecen normas sobre pago de imposiciones.
Se debe recordar que, cuando alguien está en situación de cesantía, no hay pago de imposiciones ni de otros derechos, ni cotizaciones por salud.
En el proyecto se plantea que, cuando se provoque una suspensión laboral, situación en la que no va a haber producción, las empresas pequeñas, medianas y grandes tendrán que hacer un esfuerzo por pagar todas las obligaciones en materia de salud, porque estamos en una pandemia -se entiende que, pese a no haber producción, aquellas mantendrán esta obligación-, y por pagar las imposiciones de manera diferida en el tiempo, con un porcentaje de los ingresos que efectivamente estén recibiendo. Será de 50 por ciento, en el caso de las suspensiones. Si se trata de reducción de la jornada, el empleador tendrá la obligación de pagar las imposiciones proporcionales que correspondan.
Señora Presidenta, respecto de las modificaciones que introdujo la Comisión Mixta, es preciso recordar que esta iniciativa de ley tendrá un efecto retroactivo: hasta el 18 de marzo. En tal sentido, se incorporó una enmienda que permite que los empleadores y trabajadores que hayan llegado al acuerdo de poner fin a la relación laboral puedan reactivarla en forma retroactiva para acogerse a los beneficios de esta ley, lo cual constituye una acción muy importante.
La última modificación que se introdujo en este proyecto se relaciona con el artículo 159, numeral 6, del Código del Trabajo. Queda claro que es ilegal el despido por fuerza mayor, ¡es ilegal el despido por fuerza mayor!, durante todo el tiempo que dure la crisis que estamos viviendo, o por hecho fortuito. Esa causal solo se puede usar para eventos que son permanentes, no de carácter temporal, como es esta pandemia.
Se perfeccionó la norma; se acogió la propuesta de la Cámara de Diputados, y se planteó que eso no se puede hacer por los efectos de la pandemia, sin usar el concepto directo.
Repito, señora Presidenta, que el proyecto se mejoró sustantivamente. Cabe señalar a la Sala que este se construyó en conjunto entre la Comisión de Trabajo y el Gobierno a fin de proponer un mecanismo de protección para los ingresos y el empleo mediante el uso del Seguro de Cesantía. Ya en el primer trámite se había mejorado esta iniciativa en lo que respecta a la fuente de financiamiento del aporte fiscal que va a acompañar al Fondo de Cesantía Solidario. Se ha resuelto que sean recursos del Tesoro Público y no del Fondo de Reserva de Pensiones, que era un elemento que se había planteado.
Por tanto, se somete a consideración de la Sala un buen proyecto.
Señora Presidenta, nuevamente agradezco que en las votaciones de todas las materias -diría que en el 99 por ciento de ellas, para ser exacto- la aprobación haya sido unánime. A lo más, hubo algunos votos de abstención.
A mi juicio, en el debate de la Comisión Mixta se marcó un tono que es muy positivo para lo que se nos viene encima.
A muchos nos habría gustado -y con esto termino- que se hiciera un mayor aporte en este proyecto, que hubiésemos podido resolver aquí el problema de toda la fuerza de trabajo, incluso de los que no tienen Seguro de Cesantía. Pero esta es una iniciativa realista para lo que vamos a vivir, que van a ser momentos muy duros, bastante difíciles para millones de trabajadoras y trabajadores.
Reitero: este proyecto tiene una cobertura potencial para cuatro millones de trabajadoras y trabajadores de nuestro país.
He dicho.
El señor BIANCHI.-
Señora Presidenta, ¿puede abrir la votación?
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Con el acuerdo de la Sala, se procederá a votar. Cada señora Senadora o señor Senador dispondrá de tres minutos para fundamentar el voto.
En votación las proposiciones de la Comisión Mixta.
--(Durante la votación).
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra el Senador Quinteros.
El señor QUINTEROS.-
Señora Presidenta, con motivo de la discusión del proyecto sobre el llamado "bono COVID-19", ya despachado, hice hincapié en la necesidad de que el Gobierno busque acuerdos amplios a la hora de definir medidas económicas-sociales destinadas a paliar los efectos que está teniendo y que tendrá la emergencia sanitaria en muchas familias chilenas.
Las medidas deben responder a dos preguntas esenciales: primero, ¿son suficientes los montos de ayuda, considerando la pérdida de ingresos de las personas? y, segundo, ¿alcanzan los apoyos a todas las personas que lo necesitan?
Las respuestas concretas hasta aquí son insuficientes, en particular por el espectro de beneficiarios. Pero, felizmente, el Gobierno ha asumido el compromiso de revisarlas de acuerdo al desarrollo de la crisis, y esperamos que estas soluciones lleguen pronto a los hogares chilenos.
La situación de los trabajadores informales y de los trabajadores independientes es dramática: sus ingresos han disminuido drásticamente o, incluso, desaparecidos por completo; no cuentan con espaldas para resistir, y no califican como beneficiarios de bonos, en la gran mayoría de los casos.
Pienso en los pescadores artesanales, en los algueros, en los feriantes, en los ambulantes, en los garzones, en los taxistas, en los conductores de colectivos, con quienes he hablado y están sumamente preocupados. Todos ellos verán fuertemente afectados sus ingresos regulares. Pienso en todos aquellos trabajadores a honorarios.
Creo que el Gobierno debe darles una solución de acuerdo a lo comprometido en la discusión que hubo en la Comisión Mixta.
¿Por qué no recoger la solicitud de muchos dirigentes de que, por este año, la devolución de impuestos sea íntegra y no se hagan los descuentos establecidos por ley? Esa sería una buena medida para aliviar los bolsillos de esas familias.
No puedo dejar de pensar también en las trabajadoras de casa particular. ¿Cómo las protegemos? Si se ven en la imposibilidad de ejercer sus labores y no se les paga su sueldo, ¿qué solución les damos a ellas? Si no cuentan con un seguro de cesantía con el que se pueda complementar su sueldo, las dejamos en la desprotección total.
Es claro: la propuesta gubernamental tendiente a definir un mecanismo de apoyo para llegar a esos sectores debe ser formulada a la brevedad, en estos días. Y esperamos que el Presidente de la República pueda recoger esta solicitud.
En ese entendido, concurro a aprobar esta propuesta de la Comisión Mixta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el Senador Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señora Presidenta, quiero ocupar estos tres minutos solamente para señalar que, independiente de que muchas veces podamos tener roces con el Presidente Piñera, a mí no me cabe la menor duda de que él, las veinticuatro horas del día, está pensando en buscar soluciones adecuadas, responsables para el país frente a esta pandemia. Y el Gobierno está haciendo lo imposible precisamente por superar esta crisis, siempre pensando en cómo solucionar el problema de la gente, conversando con líderes y expertos de todo el mundo para buscar las medidas necesarias.
Sin embargo, no solo en la discusión de este proyecto, sino en la de muchos otros, hemos visto un exacerbado populismo de algunos personeros de Izquierda, quienes no colaboran y únicamente entorpecen y demoran muchas veces la llegada de los beneficios que la ciudadanía nos reclama.
No se le puede pedir lo imposible a un Gobierno que ha hecho ya lo imposible por obtener recursos necesarios para ir en ayuda de la ciudadanía. Casos concretos: ingreso mínimo garantizado; el bono para 2 millones 700 mil personas; este mismo seguro de desempleo, donde prácticamente las arcas fiscales van a quedar vacías.
Se está buscando una fórmula prudente para poder financiar los costos que van a venir producto del aumento de esta epidemia, y vamos a tener que prepararnos para ver de qué manera enfrentamos los desafíos cuando se produzca lo que se ha denominado el "peak" de esta crisis.
Pero de la misma forma en que me alegra que el Gobierno de Chile haya llegado a un acuerdo con distintos sectores, me parece inconcebible que hoy día, cuando más se necesita la ayuda de todos, nos informemos a través de los medios de comunicación del alza de los planes de las isapres. Precisamente cuando más se necesita una mano hacia la ciudadanía de parte de estas empresas, se adopta esa medida, que puede justificarse desde la perspectiva de la contabilidad, pero que, desde la humanidad, no corresponde.
Estamos luchando para que la responsabilidad social de las empresas no solo quede en un papel, sino que se manifieste en hechos concretos. Y esa decisión de las isapres se aleja de tal predicamento.
Esas son las razones por las cuales muchas veces se producen los estallidos sociales.
Cierre de paréntesis.
Este es un proyecto necesario. Voto a favor.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra el Senador Carlos Montes.
El señor MONTES.-
¿Aló? ¿Se escucha?
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Se escucha bien.
El señor MONTES.-
Bueno.
Señora Presidenta, en primer lugar, debo señalar que he seguido el debate de las distintas Comisiones, y felicito a los integrantes de la Comisión Mixta, quienes trabajaron muchísimo y muy bien.
También he visto las tristes declaraciones del Ministro Briones y los lamentables dichos del Presidente de la República.
Voy a aprobar el informe de la Comisión Mixta, porque aporta en garantizar ingresos a los trabajadores, que constituye una protección social básica.
Votaré a favor, a pesar de creer que la fórmula no es la mejor y es cortoplacista. Consumir los fondos individuales y después los solidarios dejará un vacío indiscutible para el futuro cercano.
Quiero hacer dos reflexiones.
La primera es que la propuesta del Gobierno no es la única posible. También se ha planteado establecer una renta básica nacional por tres o cuatro meses para todos los trabajadores, propuesta del Foro de Desarrollo Sustentable y de Nicolás Eyzaguirre.
Además, se ha sugerido una manera de financiamiento más directa, realista y con perspectiva de más largo aliento: en definitiva, que el Banco Central compre bonos a la Tesorería General de la República, como sucede en otros países con bancos centrales autónomos, y que esto se pague a veinte o más años plazo.
Lo anterior supone un cambio constitucional, pero un cambio muy simple: solo modificar una palabra.
La propuesta del Gobierno, a través del seguro de desempleo, fuerza en exceso las normas y su sentido original. Dicho seguro fue diseñado para otras circunstancias y con otro supuesto de realidad. Se inventa y se hacen ficciones. Y se utiliza un instrumento que puede ser más útil en el período de reactivación.
Hay que asumir plazos de más meses para la situación crítica. El COVID-19 se supuso que nos iba a afectar por un mes. Afortunadamente, el lapso aquí se amplió.
Y la segunda reflexión: parece necesario evaluar la posibilidad de darle facultades extraordinarias al Gobierno para establecer medidas de protección social y para implementar acciones sanitarias y de defensa de las pymes y del empleo.
Se requiere una ley de emergencia que incluya el control del Congreso Nacional, con fondos para iniciativas del Gobierno, especialmente para desarrollarlas con los municipios y servicios públicos en sectores populares y medios.
Los municipios son indispensables para la etapa más crítica de cuarentena y para atender problemas de sobrevivencia en las comunas con mayores requerimientos.
Tenemos conciencia de la necesidad de otorgar facultades extraordinarias, porque el florecimiento de iniciativas no articuladas presentadas por parlamentarios, y a veces a destiempo, puede hacer daño y gastar mucho tiempo. El permiso de circulación es un ejemplo.
El Gobierno debe asumir su responsabilidad en la emergencia y el Parlamento también para atender a estas condiciones excepcionales.
Yo votaré a favor del proyecto porque protege, a pesar de las debilidades de su enfoque.
Muchas gracias.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Ofrezco la palabra al Senador Pedro Araya.
El señor ARAYA.-
Señora Presidenta, voy a votar a favor del proyecto, porque sin duda constituye una ayuda importante para miles de trabajadores que están viendo en riesgo su fuente laboral el día de hoy.
Comparto lo que han dicho algunos colegas que me precedieron en el uso de la palabra: la fórmula no es la mejor. Hubiéramos querido que esto partiera con el Fondo de Cesantía Solidario y después con las cuentas individuales, pero, bueno, se llegó a esta propuesta.
No puedo dejar de señalar que la gran preocupación que tengo en lo personal, y que me ha transmitido mucha gente de la Región de Antofagasta, dice relación con las personas con contratos a honorarios o con empleos informales, quienes no van a poder recibir las ayudas que hoy día estamos aprobando y tampoco son beneficiarios del "bono COVID", que despachamos hace un par de días.
En tal sentido, quiero hacerles un llamado al Ministro de Hacienda y al Presidente de la República para que busquen una solución. Miles de chilenos trabajan a honorarios; otros realizan trabajos informales; otros ni siquiera boletean. Es el caso de los taxistas y de aquellas personas que se dedican a actividades informales, respecto de las cuales no van a encontrar ninguna norma de protección frente a la severa crisis que nos afecta.
Hemos visto cómo en estos días ha disminuido drásticamente la actividad económica, en especial de aquellos que viven de su trabajo diario.
Por esa razón, espero que recibamos prontamente una propuesta por parte del Gobierno respecto de cómo abordamos una ayuda real a los trabajadores independientes, que no están recibiendo los beneficios establecidos.
Dicho eso, señora Presidenta, voto a favor del proyecto.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Ofrezco la palabra al Senador David Sandoval.
El señor SANDOVAL.-
Señora Presidenta, frente a la condición particularmente extrema en que nos encontramos, agravada además por varios meses de movilización que provocaron tantos destrozos, tanta destrucción, en materia financiera y económica, se requieren gestos grandes.
En la iniciativa el Ejecutivo plantea una batería de propuestas que sin duda valoramos.
Sobre el caso particular de las prestaciones del seguro de desempleo, nosotros nos manifestamos absolutamente a favor.
Tenemos algunas aprensiones que nacen fundamentalmente de las demandas de nuestras propias comunidades. He estado en contacto con dirigentes gremiales de las cámaras de comercio y de la Multigremial de Coyhaique, con dirigentes como Héctor Canales y otros, los cuales nos han hecho ver lo que significan las obligaciones que subyacen a la aplicación de esta norma; en particular, con las obligaciones -nos parece razonable- relacionadas con las cotizaciones previsionales y de salud.
En este punto me gustaría que el Ejecutivo -por su intermedio, señora Presidenta-, aprovechando la presencia de la Ministra en la Sala, pudiera señalar con mucha claridad cuál será la obligación que le quedará al empleador. Hablo por el pequeño y mediano empresario, aquel que genera el 53 por ciento del empleo en nuestro país. Algunos de ellos me han dicho: "David, tenemos que cumplir estas obligaciones, pero muchos de nosotros estamos ya en una condición de precariedad enorme en cuanto a nuestros ingresos; muchos incluso ni siquiera somos propietarios del bien que estamos ocupando, por lo cual debemos arrendarlo, y todo eso nos significa evidentemente compromisos adicionales".
Creo que el proyecto, sin duda, se hace cargo del problema, pero quizás no con toda la fuerza ni con toda la intensidad que quisiéramos.
En materia previsional, me gustaría que el Gobierno a través de la Ministra aclarara específicamente cómo se va a operar en dicho ámbito.
Y, en segundo lugar, no me cabe la menor duda de que habrá que impulsar otras iniciativas durante el desarrollo de los acontecimientos, que obligarán a perfeccionar y mejorar normativas a fin de hacernos cargo de otras realidades.
Los empresarios no están solamente en las zonas metropolitanas o en las grandes ciudades. En las regiones, los impactos por concepto de arriendo para pequeños empresarios que no son dueños de sus locales, que además deben asumir todas las obligaciones descritas, significan una carga adicional.
Y si queremos resguardar el 53 por ciento del empleo que ofrece este sector productivo, necesariamente vamos a tener que impulsar medidas que complementen las actuales decisiones y que ayuden a crear instrumentos aún más eficientes para hacer frente al salvataje que debemos hacer del empleo y de estas pequeñas y medianas empresas.
Votamos a favor de esta iniciativa, y esperamos las aclaraciones del Ejecutivo.
Muchas gracias.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Ofrezco la palabra al Senador Guido Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señora Presidenta, creo que la mayoría, y de manera muy transversal, hemos respaldado esta iniciativa no sin manifestar algunas dudas y diferencias. Pero en este tiempo es fundamental poner por delante las prioridades, y la principal de ellas es la defensa de la salud de la población.
Por eso no hemos tenido ninguna vacilación en respaldar lo que ha ido realizando el Presidente de la República y el Ministro de Salud, sin que ello signifique abandonar la posibilidad de emitir opiniones y críticas e intentar contribuir al mejoramiento de las políticas propuestas.
Y el segundo desafío que tenemos hoy día -a mi juicio, va más allá de todo debate político, y necesitamos una tregua política- es entender que esta crisis que vivimos en materia de salud va a significar también una catástrofe social. Ahí es donde yo quiero hacer un llamado al Gobierno. Si bien hemos apoyado estas iniciativas, creo que el Ejecutivo tiene que aprontarse para que los fondos que se dispongan para enfrentar los futuros problemas sociales de los sectores más desfavorecidos, más precarios vayan en aumento.
Por eso, creo que debemos tener la convicción de que el Estado en esta materia hoy día no puede vacilar. Lo más importante es proteger la dimensión social y la salud. Y muchas veces los temas que dicen relación con la protección social de las personas, con su acceso a la alimentación, con los problemas de pago que tienen, que incluyen los créditos con casas comerciales, los créditos de consumo o los servicios básicos, se transforman en una prioridad.
No se puede hablar de salud si las personas no tienen acceso a la alimentación. No se puede hablar de salud si las personas no tienen acceso al agua, a los servicios básicos.
El Estado ya ha venido generando una deuda fiscal para enfrentar esta crisis. Por ello, creo que es importante nuestro respaldo transversal, porque el Estado de Chile tendrá que endeudarse todo lo que sea necesario para evitar que esta catástrofe en salud devenga también en una catástrofe social, en una catástrofe de pobreza, en una catástrofe de acceso a bienes básicos, a consumos básicos, a servicios básicos para la gran mayoría de la población.
Con ese espíritu, yo apoyo este proyecto, pero pensando que es totalmente insuficiente para la magnitud de los problemas que vamos a vivir. Y debemos prepararnos para dar una respuesta muy potente en esa área.
He dicho.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra la Senadora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE.-
Señora Presidenta, las soluciones que propone el Gobierno son individualistas. Cada cual se tiene que rascar con sus propias uñas y lo que ahorró en su cuenta individual es lo que debe sacar primero para el pago de su sueldo durante este período excepcional en que se va a utilizar el Seguro de Cesantía.
Lamentamos que se desechen las fórmulas solidarias. El debate sobre la regla de uso en el Seguro de Cesantía lo revela en cuerpo y alma. El Gobierno y la mayoría presente en esa Comisión Mixta se la jugaron por el individualismo.
No es tiempo para las mezquindades; tampoco, para las iniciativas a cuentagotas. Es la hora de la solidaridad. Es la hora de tener un plan maestro en que el Gobierno les diga con claridad a sus ciudadanos que los va a proteger, y no lo que ocurre hoy, en que el Ejecutivo solo les pide a los bancos -que han ganado 2,3 billones de pesos el año 2018- que ojalá vean ellos cómo resuelven el problema del endeudamiento. Esto último ya era una crisis antes del COVID-19, pues uno de los graves problemas que enfrentaba la sociedad chilena era el alto endeudamiento. Y hoy día el Estado se deshace de aquello, no hay un mandato de protección.
En el momento en que discutimos este proyecto de ley las isapres han anunciado que van a aumentar los valores de sus planes de seguro médico. Y ayer veíamos al Gobierno haciendo intentos para que la Administradora de Fondos de Cesantía pudiera también recibir sus comisiones con los recursos adicionales que se van a inyectar.
¡No, señora Presidenta! Esta no es la hora de lucrar con esta crisis; esta es la hora de la solidaridad y de la protección.
Este proyecto de ley tiene enormes dificultades.
En primer lugar, desprotege a 2,7 millones de chilenos y chilenas que no poseen contrato, que no cuentan con seguro de cesantía y, por lo tanto, deben seguir saliendo a buscar una fuente de ingresos, con el riesgo de contagio para ellos y para sus familias.
Las soluciones son inadecuadas para las trabajadoras de casa particular en este proyecto de ley.
También son inadecuadas respecto de los problemas asociados a los créditos hipotecarios. Más allá de la buena intención del Diputado que presentó esa propuesta, aquello no se zanjó adecuadamente.
En consecuencia, porque este no es un proyecto que apunte a generar más solidaridad, mayor tranquilidad a las trabajadoras y a los trabajadores; porque esta es una iniciativa que sigue en el modelo del individualismo de nuestro país y no de la solidaridad, como esperan millones de chilenos, no puedo concurrir con mi voto favorable.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra la Senadora Carmen Gloria Aravena.
La señora ARAVENA.-
¿Se escucha bien?
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Sí.
La señora ARAVENA.-
Señora Presidenta, coincido con la Senadora Provoste en que son tiempos de solidaridad. Pero también son tiempos de seriedad.
Primero, quiero felicitar a la Comisión Mixta, que hizo un gran trabajo, mejoró muchísimo el proyecto. También coincido en que esta no es la solución para todo el país. Pero va en el camino correcto. Y hay un compromiso claro y efectivo de hacernos cargo de los profesionales a honorarios, que son muchísimos en el país, y de las trabajadoras de casa particular.
Creo que es importante sentar las bases de que esta es una crisis que está empezando. No sabemos cuál será la realidad sanitaria y productiva del país de aquí a uno, dos o tres meses. Por lo tanto, no podemos adelantarnos a ese hecho y gastarnos todo el presupuesto de una sola vez.
Pienso que hay que ser muy pragmáticos en esto, muy serios con el país e ir buscando de alguna manera alternativas eficientes, como la de hoy día, que va a ocupar el Seguro de Cesantía y que pedirá cierto grado de solidaridad a los empresarios para que paguen las cotizaciones previsionales y de salud.
Sin duda, esta no es la única solución, pero es un avance. Y tendremos que ver cómo nos hacemos cargo de las otras problemáticas. Pero, sobre todo, deberemos resguardar un presupuesto que puede ser urgentemente necesario administrar para dos, tres, cuatro o cinco meses de crisis sanitaria que podría impedir, incluso, el movimiento económico del país en caso de una cuarentena total, lo que hará que la condición económica de Chile sea muy crítica.
Me parece que vamos en el camino correcto. Hay que ser positivos en torno a que no podemos dar soluciones a todo, a que los proyectos no pueden ser tan amplios. Creo que se mejoró muchísimo la iniciativa original, razón por la cual voto a favor.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra el Senador Elizalde.
El señor ELIZALDE.-
Señora Presidenta, creo que tenemos que tomar conciencia de que estamos enfrentando situaciones difíciles, dramáticas, que se van a prolongar, probablemente, por más tiempo del que originalmente se pensaba. Y eso requiere hacerse cargo del desafío sanitario, pero también, del desafío social.
Por eso los socialistas hemos planteado la importancia de contar con un marco de protección a los trabajadores, a las trabajadoras, a las familias, a sus ingresos, que permita minimizar los costos de esta crisis y evitar lo que podríamos denominar una "pandemia social".
Por tanto, eso exige establecer, a través de nuevas herramientas, mecanismos que permitan que las personas mantengan sus ingresos, primero, para subsistir, pero en segundo lugar, para cumplir con las decisiones que tome la autoridad sanitaria, a fin de que no ocurra lo que ha acontecido en el sur de Italia, en que las resoluciones de la autoridad sanitaria no son respetadas porque hay familias que no tienen qué comer.
Por eso le hemos insistido al Gobierno que el paquete de ayuda debe estar concentrado precisamente en las personas, que tenemos que evitar que la burocracia del Estado, por un lado, y la ambición de algunos privados inescrupulosos, por otro, hagan que estos recursos no lleguen a las familias chilenas.
Por eso insistimos en la necesidad de ampliar la cobertura del bono COVID-19. El Gobierno hizo un esfuerzo -insuficiente, pero hizo un esfuerzo- respecto de la propuesta original porque la Oposición planteó de manera clara que lo que estaba sobre la mesa era insuficiente. Y por eso hemos señalado que se debe fortalecer este mecanismo.
Tenemos diferencias -lo quiero decir- con la forma en la cual se paga este beneficio. Propusimos que fuera de una manera distinta, que primara la lógica de solidaridad. El Gobierno no estuvo disponible. Pero debemos votar sobre la base de lo que determinó la Comisión Mixta, y pronunciarnos a favor significa que estas familias podrán contar con esta ayuda. En caso contrario, no van a tener el resguardo, aunque sea insuficiente, para enfrentar momentos difíciles.
Y respecto del paquete global tenemos una crítica. Lo hemos señalado.
Se habla de más de 11 mil millones de dólares. No todo eso significa recursos adicionales. Y lo que se concentra en las familias directamente, en los trabajadores y las trabajadoras informales y formales es insuficiente. Son 170 millones de dólares a través del bono y, en este otro caso, 2 mil millones de dólares, pero que son más bien nominales, porque no se gastan primero esos recursos, sino los del Fondo de Cesantía.
Creemos que hay que hacer un esfuerzo adicional con los recursos disponibles.
Por eso, con todas las críticas que tengo respecto del proyecto y habiendo esperado del Gobierno una mayor amplitud, votaré a favor porque es imprescindible que las familias chilenas cuenten al menos con esta contribución, con esta colaboración, con esta ayuda, independientemente de que sea necesario mejorar y perfeccionar estos mecanismos en el marco de la crisis que estamos afrontando.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador Latorre.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente, primero quiero mencionar que yo me abstuve en el primer trámite para dar una señal crítica frente a este plan insuficiente del Ejecutivo y esperando que en las siguientes instancias, en la Cámara de Diputados y en una eventual Comisión Mixta, se pudiera mejorar sustantivamente el proyecto, ya que prácticamente todo es iniciativa del Ejecutivo, en materia económica, en materia de seguridad social.
En tal sentido, hago un llamado al Ejecutivo a mostrar un poquito más de humildad en este contexto de crisis, porque el Parlamento no es un buzón del Gobierno. Es decir, no estamos obligados a tramitar los proyectos que envía el Ejecutivo prácticamente sin hacerles reparos, cuestionamientos o críticas.
Por ello, valoro tanto las gestiones que se hicieron en la Cámara de Diputados como los esfuerzos realizados en la Comisión Mixta.
Es indudable que en este contexto todo va a ser insuficiente.
Valoro algunos pequeños logros en el sentido de proteger en algo, de dar un mecanismo de protección a los trabajadores con contratos, es decir, los formalizados.
Las empresas, para no quebrar, van a tener la posibilidad de no pagarles el salario durante algunos meses a sus trabajadores y ellos, echando mano al Seguro de Cesantía y al Fondo Solidario, van a poder mantener en algo sus ingresos, no completamente, durante los primeros meses: los que perciben salarios más bajos, en un 70 por ciento, para después ir disminuyendo; y los de remuneraciones más altas, en un porcentaje menor.
Eso va a obligar a los trabajadores y a las trabajadoras a buscar complementar esos ingresos probablemente con deuda. Y ahí se va a requerir el esfuerzo, por ejemplo, de la banca para ofrecer créditos a bajo costo, sin interés o al mínimo interés, es decir, sin que lucren con esta crisis.
Ya hemos visto cómo las AFP siguen lucrando con la crisis, a pesar de las pérdidas en los fondos de pensiones. Las isapres desean seguir lucrando con esta crisis sanitaria. Y los bancos van a querer seguir lucrando con esta crisis.
Entonces, ahí se necesita una mano regulatoria fuerte del Estado.
Mi llamado al Ejecutivo es a que haga un esfuerzo mayor en gasto público y a que les pida a los grandes grupos económicos que hagan un esfuerzo mayor. Lo señalo porque en esta crisis, hasta ahora, ellos no han sido tocados.
El Ejecutivo está poniendo pocos recursos; los grandes grupos económicos están poniendo pocos recursos y, finalmente, los trabajadores tienen que paliar esta crisis echando mano al Seguro de Cesantía, al Fondo Solidario. Y por eso mismo creo que también deberían poder echar mano, transitoriamente, a un porcentaje de sus fondos de pensiones.
Voto a favor.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora Isabel Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, espero que me oigan...
¿Me escuchan?
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-
Se escucha, Senadora.
La señora ALLENDE.-
Perfecto.
Muchas gracias.
En primer lugar, quiero señalar que seguí en gran parte la labor de la Comisión Mixta y no cabe sino señalar que fue un trabajo exhaustivo, riguroso, prolongado.
Quiero hacerme cargo de cómo la Comisión intentó -y de hecho logró- hacer cambios extremadamente importantes, como modificar la tasa de reemplazo del Seguro de Cesantía para los ingresos menores a 500 mil pesos, cosa que no estaba en el proyecto original, con el propósito de que esos trabajadores reciban a lo menos durante los tres primeros meses el 70 por ciento de su remuneración. Eso es muy importante.
También quiero recalcar cómo la Comisión Mixta flexibilizó el requisito de contar con las tres cotizaciones durante los últimos meses, los cuales pueden ser hasta seis, incluso discontinuos.
De otro lado, cabe destacar la obligación de pagarle las cotizaciones previsionales al trabajador y que la suspensión de acuerdo mutuo tenga que ser acordada con el sindicato respectivo, si lo hay.
Por cierto, me alegró mucho -y eso fue unánime- la crítica al dictamen de la Dirección del Trabajo y las exigencias para que el Gobierno genere un nuevo dictamen, porque lo planteado es absolutamente insostenible.
Creo que el mayor logro es que existe un compromiso del Ejecutivo para hacer un seguimiento de todos los casos que este proyecto lamentablemente no cubre. Me refiero a los independientes, a los que laboran a honorarios, a las trabajadoras de casa particular, en fin. Pienso que esto es tremendamente importante.
Por cierto, hago presente mi preocupación por las manipuladoras de alimentos. Es de esperar que las empresas no abusen de ellas y se hagan cargo de su situación.
Es cierto que es tiempo de solidaridad y que hubiésemos querido algo mejor. Ojalá que el Gobierno no lo descarte.
Son muchas las voces que se han levantado para decir que se necesita una renta básica temporal que garantice ingresos a lo menos por los próximos tres meses, que es lo mínimo que esperamos que va a durar esta atroz pandemia, que va a generar gravísimos problemas no solo en el ámbito de la salud, sino también, obviamente, económicos y sociales.
Por eso es fundamental todo el apoyo.
¿Y por qué voy a votar a favor? Porque nosotros tenemos que garantizarles a esos cuatro millones de trabajadores al menos un instrumento para defenderse.
Pero vuelvo a reiterarle al Gobierno lo siguiente.
Es perfectamente posible, como lo están haciendo otros países, echar mano a más recursos si de verdad queremos salir colectivamente.
Esta crisis, esta pandemia, que no es responsabilidad de los trabajadores, no la pueden pagar los trabajadores.
En consecuencia, señor Presidente, yo deseo que se siga trabajando a futuro, que veamos lo que pasa con los independientes, que veamos lo que ocurre con la situación de otros trabajadores, que se haga un seguimiento. Y espero que el Gobierno ponga más recursos, porque no vamos a salir de esta crisis con facilidad.
Este proyecto es, de alguna manera, una medida contracíclica en un período de emergencia.
Necesitábamos que los trabajadores tuvieran su ingreso para que puedan subsistir, puedan comprar, puedan pagar sus deudas, pero sobre todo para que puedan alimentarse y no caer en la situación más terrible que puede darse.
Por todas estas razones, voy a votar a favor, teniendo en consideración que falta todavía resolver muchas situaciones. Y espero que el Gobierno cumpla con los compromisos que hasta ahora ha asumido.
Y termino señalado mi preocupación por Isla de Pascua, porque es demasiado especial y no... (falla de audio en transmisión telemática).
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-
Gracias, Senadora.
Tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón.
La señora RINCÓN.-
Señor Presidente, sin lugar a dudas, la respuesta del Ejecutivo a la situación crítica que muchas y muchos van a enfrentar es necesaria.
En ese ámbito resulta difícil votar en contra de este proyecto de ley. Sin embargo, creo que es importante entender que requerimos un esfuerzo y un plan global del Gobierno.
Siento que estamos parchando.
Siento que algunas respuestas son reactivas frente a la situación que va avanzando y se va agravando.
Esta pandemia -ya muchos de mis colegas lo han dicho- genera situaciones complejas, graves, no solo en el ámbito de la salud, sino también en el ámbito económico y, por cierto, en el social.
La situación que van a enfrentar -y lo hemos conversado con usted, señor Presidente- las familias para pagar sus cuentas de agua, de luz; las dificultades que acabamos de ver para pagar los permisos de circulación o los problemas para cumplir el trámite de obtención de la licencia de conducir, más la situación crítica y grave de lo que significan los créditos de casas comerciales o ante la banca, dan cuenta de una realidad en la que se requiere una reacción oportuna, rápida y eficaz del Gobierno.
Cuando miramos y escuchamos las intervenciones de muchos colegas que hablan de solidaridad o de responsabilidad, uno necesariamente tiene que pensar que esa solidaridad debe ser compartida.
Todas las familias van a hacer un esfuerzo. Y ni siquiera entramos a discutir el tema de la cuenta individual o de la cuenta solidaria. Todas las familias tendrán que hacer un esfuerzo, porque deberán reducir sus gastos y limitarse en muchos aspectos.
Y la pregunta, entonces, es qué van a hacer las empresas que, por un lado, verán afectada su situación económica, pero que, por otro, están en posición de reaccionar.
Necesitamos generar una comunidad distinta, solidaria, comprometida, en la que todos aporten. Hoy día se les pide a los trabajadores que hagan un aporte con su cuenta individual, que financien con su cuenta individual por Seguro de Desempleo este siniestro.
Y las preguntas que surgen son: ¿Qué va a hacer la banca? ¿Qué van a hacer las casas comerciales? ¿Qué van a hacer las compañías de seguros, el retail¸ las isapres, etcétera? ¿Qué harán ellos? ¿O van a esperar a que el Gobierno ponga encima de la mesa una solución?
Finalmente, qué espera el Ejecutivo para llamar a estas empresas a buscar una salida ante la situación que estamos viviendo.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora Jacqueline van Rysselberghe.
La señora VAN RYSSELBERGHE.-
Señor Presidente, en verdad, la aprobación de este proyecto, cuyo informe de Comisión Mixta estamos votando hoy día, se da en un contexto extremadamente especial, donde como sociedad estamos sometidos no solo a una pandemia nunca antes vista, sino también a una situación económica, a un estrés económico de nuestra sociedad que ya venía dándose desde hacía cinco meses.
Desde esa perspectiva, hay muchos trabajadores que se hallan en riesgo de perder su empleo; hay numerosísimas empresas que están viendo con temor el futuro, pues tienen la incertidumbre de si van a poder cumplir sus compromisos no solo con sus trabajadores, sino además con sus acreedores.
Mirada así las cosas, esta iniciativa sin duda significa un avance.
Por eso llama la atención que haya parlamentarios que la rechacen, porque ella se traducirá en que por lo menos durante los próximos meses habrá familias cuyos sostenedores, que de otra manera verían desvinculados sus contratos de trabajo, percibirán un ingreso y podrán, en la eventualidad de que se enfermen, hacer uso de su seguro de salud.
Entonces, lamento que existan Senadores que voten en contra de un proyecto como este.
En segundo lugar, se ha dicho que esta iniciativa no tiene un componente de solidaridad. Eso no es cierto. Acá, efectivamente, el Fondo de Cesantía está compuesto por una cuenta individual y una cuenta solidaria. Y esta última es la que ayuda mayoritariamente a las personas de menores ingresos.
Por lo tanto, si partimos ocupando el fondo de la cuenta individual, aquellas personas de mayores ingresos van a utilizar la plata, los recursos que debieran estar focalizados y orientados hacia la gente de más bajos ingresos.
¡De eso se trata la solidaridad, de ocupar y focalizar adecuadamente los recursos en aquellos que más los necesitan! Y quienes más los requieren son las personas de menores ingresos, porque las de mayores ingresos tienen mucho más fondos en su cuenta individual y, por lo tanto, pueden usarlos.
En tercer lugar, esto también significa una defensa del trabajo, porque en la eventualidad de que la empresa no pueda mantener al trabajador, se verá obligada a despedirlo y tendrá que indemnizarlo. De ser así, los primeros recursos saldrán de la cuenta individual del Seguro de Cesantía. Por lo tanto, si esa cuenta ya se ocupó, ello lo tendrá que suplir el mismo empleador, lo que hará más caro el despido. Y al tornarlo más caro, este lo pensará dos veces antes de despedir al trabajador.
Por último, solo quiero hacer una advertencia sobre el artículo 21, respecto del cual hubo parlamentarios que nos abstuvimos, pues si bien entendemos y compartimos su sentido, este va orientado al uso de los seguros de cesantía en los créditos.
Compartimos la finalidad completamente.
Sin embargo, creemos que el hacer uso, en esta normativa, de esa herramienta, donde se va a intervenir en un contrato entre particulares, terminará judicializando una cuestión que podría haberse arreglado por otra vía, y caeríamos en una situación como la que hace poco se generó respecto de los permisos de circulación, en que, teniendo una muy buena intención, finalmente se despachó un instrumento legal que le ha provocado más problemas que beneficios a la ciudadanía.
Así que me alegro de que el informe de la Comisión Mixta se apruebe, pues más allá de las dificultades puntuales que eventualmente se puedan dar con esta iniciativa, creo que se trata de un muy buen cuerpo legal que va a ayudar, como una herramienta más, a superar esta crisis.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor José Miguel Insulza.
El señor INSULZA.-
Señor Presidente, en primer lugar, deseo agradecer a los miembros de la Comisión Mixta, que acaba de perfeccionar sustantivamente este proyecto. No cabe duda de que ha mejorado muchísimo. Hubo una fuerte presión, donde nunca es fácil avanzar, pues todos entendemos que se vive una emergencia y que solo podemos llegar hasta cierto punto. Pero, naturalmente, eso no significa que no haya seriedad en lo que estamos planteando.
Nosotros consideramos necesario, para que la crisis no se profundice, tratar de mantener el nivel de ingresos de los trabajadores y que seamos mucho más fuertes en ello.
Me alegro de que la tasa de reemplazo sea de 70 por ciento ahora por tres meses, pero no que esta no alcance al 100 por ciento. Sin embargo, eso no significa que rechacemos la propuesta, como señaló la Senadora que me precedió, sino simplemente que todavía pensamos que debemos hacer un esfuerzo colectivo. Y para ello hay fondos suficientes a fin de mantener el nivel de ingresos de los trabajadores.
Eso cuesta los 2 mil millones de dólares que el Gobierno dice que pondrá en el Fondo de Cesantía.
Me parece, además, que debemos partir por el referido Fondo y no por las cuentas individuales. Sinceramente, creo que esta idea de que los trabajadores más ricos -como si estos ganaran mucho- se van a quedar con todo el fondo colectivo no es efectiva.
Lo que va a ocurrir si empezamos por la cuenta individual es que los trabajadores más pobres se van a quedar sin recursos y, probablemente, estarán a merced de los empleadores, quienes se verán mucho más tentados a despedirlos.
Entonces, pienso que estos son temas discutibles. Los vamos a debatir siempre. Nosotros hemos sido muy solidarios y casi obedientes con el Gobierno en materia sanitaria. Esta es una pandemia que hay que superar de manera colectiva y unitaria; pero no nos pueden pedir que no discrepemos cuando tenemos ideas económicas distintas a las que se plantean.
Hay un importante economista que hoy día ha dicho algo muy cierto: aquí no basta con las medidas; también la oportunidad es fundamental. En tal sentido, creo que el Ejecutivo está perdiendo una gran oportunidad.
Aprovecho esta ocasión para enviarle un mensaje al señor Presidente de la República, quien una vez más ha tratado de sacarse sus propios problemas insultando al Senado o al Congreso.
Pienso que ese no es el camino, y está profundamente equivocado. Con esa actitud altanera es que llegó al 18 de octubre, y con esa misma actitud difícilmente podrá unificar a la nación en la grave hora que estamos viviendo.
Voto a favor.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador Andrés Allamand.
El señor ALLAMAND.-
Señor Presidente, yo no me voy a referir a los distintos aspectos técnicos que diversos colegas ya han explicado latamente, sino a algunos principios políticos que a mi juicio hay que valorar en esta iniciativa.
En primer lugar, esta crisis requiere un esfuerzo en un doble frente: en el sanitario, con las medidas que se están adoptando en esta materia; y en el del ingreso de los trabajadores. Ambas cuestiones son, para los efectos de manejar esta crisis, dos caras de la misma moneda.
En segundo lugar, hay que tener en cuenta que si uno quiere asegurar el ingreso de los trabajadores, eso supone garantizar y apoyar el funcionamiento y la continuidad de las empresas. Nada desprotege más a los trabajadores que empresas que quiebran o empresas que deben cerrar sus actividades.
En tercer lugar, y con relación a lo anterior, cuando hablamos de "continuidad de las empresas", también estamos pensando en continuidad de los vínculos laborales entre las empresas y sus trabajadores.
Este proyecto, precisamente haciéndose cargo de la situación de crisis, establece mecanismos para mantener a firme el vínculo laboral entre los trabajadores y sus empresas.
Si ese vínculo se pierde, se rompe, las posibilidades de asegurarles ingresos a los trabajadores ciertamente son mucho menores.
En esa misma lógica, el proyecto funciona sobre la base de un mecanismo de suspensión y de un mecanismo de reducción de la jornada. En los dos casos se opera sobre la base de recursos del Fondo de Cesantía, ya sea de las cuentas individuales o del fondo solidario, y de aportes y cotizaciones que efectúa el empleador. El equilibrio entre ambos sistemas se ha logrado adecuadamente.
Por último, señor Presidente, solo quiero hacer tres pequeños comentarios.
Deseo agradecer la conducción que tuvo el Senador Letelier de la Comisión Mixta, porque era realmente difícil sacar adelante su informe, cuestión que logramos hacer ayer de buena manera.
El ambiente constructivo y de armonía que prevaleció en sus miembros de alguna manera se ha reflejado en esta sesión.
Quizás solo debo lamentar que algunos colegas insistan en un planteamiento que se demostró equivocado en la referida Comisión.
Aquí se ha producido un debate en cuanto a si hay que recurrir primero al Fondo de Cesantía Solidario o a las cuentas individuales. Se explicó claramente por qué acudir primero al referido Fondo era regresivo y perjudicial para los trabajadores de ingresos más bajos. Nadie fue capaz de refutar la argumentación que a ese respecto se dio ayer durante el trabajo en dicha instancia.
En consecuencia, sorprende que, sin ningún argumento, se insista casi majaderamente en un orden que es perjudicial.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Solo quiero comunicarles a las señoras Senadoras y a los señores Senadores que están participando en la sesión en forma remota o telemática que, conforme al Reglamento, su votación es nominativa, de modo tal que se les consultará por su voto una vez concluido el debate.
Actualmente, quedan diecisiete parlamentarios inscritos para intervenir.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador Felipe Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente, las crisis demandan actuar bien y rápido, con medidas efectivas ante amenazas que evidentemente están superando todo tipo de capacidades individuales, e incluso algunas colectivas.
Así, entonces, más allá de nuestras legítimas diferencias, debemos crear un sistema de protección social para quienes hoy día están siendo afectados, y sobre todo para los que se verán perjudicados, por los efectos de la situación que estamos viviendo: me refiero a los trabajadores y a las trabajadoras y a las pequeñas y medianas empresas.
Esta crisis no la vamos a superar por separado, ni tampoco con más o menos matinales. Esta crisis se va a superar con unidad en el propósito; con generosidad y rigurosidad en el debate, y con eficacia y eficiencia en la implementación de medidas.
Este proyecto se enmarca dentro de un conjunto de iniciativas que el Parlamento está impulsando con el objetivo de proteger a la gente que más lo va a necesitar.
Este proyecto contempla una ayuda concreta y práctica para las pequeñas y medianas empresas y para sus trabajadores y trabajadoras, los cuales probablemente, más allá de la buena relación laboral que tengan, no van a poder seguir trabajando juntos porque aquellas no contarán con recursos para financiar las remuneraciones de sus empleados. Esta iniciativa posibilita que opere el Seguro de Cesantía para trabajadores y trabajadoras, y, adicionalmente, permite la reducción de la jornada laboral.
Creo que debemos valorar que en la Comisión Mixta se haya logrado incrementar la cobertura; que se haya conseguido también aumentar los porcentajes de ayuda. Me parece que ello va en la dirección correcta.
Ciertamente, es perfectible este proyecto. Sin embargo, yo no puedo entender que alguien pueda rechazar una iniciativa como esta, cuando estamos hablando de personas que van a perder sus trabajos y de que detrás de cada trabajador o trabajadora hay una familia. De modo que yo voy a votar a favor de un proyecto como este.
Ya será momento para hablar, como corresponde, sobre por qué no tuvimos la suficiente fortaleza para crear un sistema de protección social más adecuado. Bueno, será una discusión para el futuro. Pero hoy día hay que ponerse manos a la obra y trabajar rápidamente para sacar adelante este proyecto.
Considero que estamos en presencia de una iniciativa que va a ayudar. Sin embargo, quiero advertir también que es muy importante hacerse cargo de las deudas de las personas que están perdiendo sus trabajos. Algo se dice al respecto en este proyecto. Pero, ¡cuidado!: es muy importante que haya claridad sobre el particular, porque cuando alguien deja de trabajar por razones involuntarias, no puede pagar, por ejemplo, ese crédito que tomó, y, por lo tanto, la pregunta es qué se hace con ello. Ahí, entonces, debemos tener más certeza sobre lo que establece esta iniciativa.
Señor Presidente, voy a votar a favor de este proyecto de ley, esperando que sea una contribución y en el entendido de que esta es una de las medidas que debemos tomar, pues vamos a tener que seguir adoptando otras nuevas para ayudar a la gente que más sufre.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador Carlos Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero valorar el trabajo que se llevó a cabo por largas horas en la Comisión Mixta respectiva. Sinceramente, aprecio todo lo que se logró consensuar.
Digo aquello porque el Gobierno hace anuncios permanentes casi obviando el aporte y la labor que se lleva a cabo desde el Congreso, en particular desde el Senado. Así que me parece que se alcanzó un importante acuerdo.
Lo que uno espera es que el Ejecutivo nos presente una planificación para ver de qué manera en adelante se posibilitará que los efectos negativos que tendremos que enfrentar no sean de tal magnitud que dañen directamente a las personas que pueden quedar cesantes; a las familias más vulnerables; a los adultos mayores; a los trabajadores independientes -lo señalé el otro día-; a quienes llevan su trabajo como colectiveros, pequeños emprendedores, feriantes, asesoras del hogar, en fin, una suma enorme de personas que uno siente que estarán muy desprotegidas en momentos tremendamente complejos.
Entonces, yo voy a votar favorablemente el informe de la Comisión Mixta.
Sí quiero decir que el Gobierno se encargó de algo bien especial: de seguir protegiendo a las sociedades administradoras de Fondos de Cesantía, permitiéndoles tener su retribución económica ¡en el peor de los momentos! A estas sociedades, que las componen AFP, se les sigue garantizando la rentabilidad.
Esa es una muestra de lo que probablemente el Ejecutivo prioriza.
Señor Presidente, la próxima semana vamos a debatir sobre el enorme efecto negativo que perciben todas las personas con respecto a sus fondos de AFP. Entiendo que el Senado va a citar a una sesión especial -así lo hemos pedido- para tener un sincero y gran debate acerca del inmenso daño que se ha producido.
Pero uno no ve que el Ejecutivo tenga hoy día como prioridad señalar qué hará la banca, qué harán las AFP o que harán las grandes empresas en esta materia. Y uno desearía eso: contar con una planificación estratégica, porque este proyecto efectivamente será una contribución. Y votar en contra del informe de la Comisión Mixta sería negarse a que exista esta pequeña retribución.
Entonces, desde esta tribuna le exigimos al Gobierno que con la mayor brevedad posible le presente al país un plan, una estrategia para enfrentar los meses que serán tremendamente complejos de aquí en adelante.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador José García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, me sumo a las palabras que valoran el trabajo que hizo la Comisión Mixta durante todo el día de ayer. En mi opinión, el proyecto viene muy muy mejorado.
En tal sentido, quiero resaltar especialmente el que se esté permitiendo que aquellos pequeños y medianos emprendedores que no van a tener caja para pagar las cotizaciones previsionales respectivas puedan hacer esto en doce meses. Eso es algo tremendamente realista.
Este es un proyecto necesario, que busca garantizar y cuidar los empleos en momentos realmente dramáticos para nuestro país, porque somos conscientes de que la mejor política social es que nuestros trabajadores no pierdan sus empleos, que mantengan el vínculo laboral.
Por eso voto a favor del informe de la Comisión Mixta, reconociendo una vez el trabajo llevado a cabo en dicha instancia y, por supuesto, la labor efectuada por la Ministra del Trabajo y el Subsecretario aquí presentes, así como por el Ministro de Hacienda y por quienes desde el Ejecutivo participaron de estos acuerdos.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Castro.
El señor CASTRO.-
Señor Presidente, en verdad, este proyecto es interesante.
También resulta necesario -como muchos Senadores lo han planteado- que el Gobierno forme una mesa de trabajo, cuestión que en lo personal le solicité al Presidente de la República. ¿Y por qué razón? Porque hay que entender que si un trabajador recibe el cien por ciento de su sueldo durante estos cuatro meses de crisis social, ¿será necesario que reciba beneficios? Yo creo que no.
En nuestro país todos los funcionarios públicos, además de los funcionarios de las empresas del Estado, van a percibir el cien por ciento de sus remuneraciones.
La gente que trabaja en los bancos debería recibir el cien por ciento de su sueldo, porque estos han rentabilizado muchísimo. A la gente que trabaja en una pesquera grande, ¿le van a pagar la mitad del sueldo o un setenta y cinco por ciento del sueldo? Yo creo que no.
Por eso es importante esta mesa de trabajo, donde debe comparecer el director del Servicio de Impuestos Internos y en la que se evalúe el nivel de empresas que van a tener que responder por el cien por ciento de sus sueldos a sus trabajadores. Los aportes del Estado solamente deberían ir a las empresas vulnerables, pequeñas, a las que realmente no pueden mantener a sus trabajadores.
Yo soy un convencido de que en una crisis social y económica como la que vamos a enfrentar es imposible que el Estado asuma toda la responsabilidad. Aquí la responsabilidad la debemos asumir todos. Los empresarios deben colocar lo propio, los bancos deben colocar lo propio, el Banco del Estado de Chile debe estar a disposición, la gente de las AFP debe poner también una cuota de apoyo a esta iniciativa.
Por eso, creo que el aprovechamiento, cuando aparece una ley como esta, también debería ser sancionado.
Señor Presidente, yo espero que el Presidente de la República convoque lo más rápido posible a esa mesa de trabajo, pues va a ser necesaria para que los aportes que muchos de nosotros podamos hacer estén a disposición de toda la gente, para que ningún trabajador pierda su fuente laboral.
Tenemos que entender lo siguiente: la economía del país la mantiene un grupo importante de empresas y de personas que aportamos con nuestros impuestos. Y también hay que entender que esa economía se debe cuidar. Hay mucha gente que trabaja en forma independiente y no tiene ningún beneficio. Bueno, hoy día lo va a necesitar.
Por eso, creo que es importante pedirle al Gobierno esa mesa de trabajo lo antes posible.
Voy a votar a favor, Presidente.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador Jorge Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Presidente, no cabe duda de que la crisis que se nos viene encima va a ser mucho más profunda en los próximos meses. Tendremos un mayor desempleo, una caída importante del producto interno bruto y habrá empresas que van a quebrar, trabajadores que quedarán sin empleo. Por lo tanto, cuando uno dice que las medidas que ha estado tomando el Gobierno son insuficientes, es un hecho de la práctica, es un hecho real. No me gustaría que lo tomaran como una crítica a la gestión del Gobierno, sino como un hecho real frente al cual la comunidad tiene que plantearse desafíos distintos.
Y, a mi juicio, no cabe duda de que aquí se requiere un rol más activo del Estado y de que, dentro de la institucionalidad de este último, necesitamos un mayor protagonismo del Banco Central.
El Banco Central Europeo dictó el viernes pasado una norma que establece que los bancos no pueden retirar utilidades durante este año. ¿Cuál es la idea? La idea es que dichas utilidades se puedan destinar a entregar más créditos a las empresas, para evitar que quiebren.
Sin duda que se requiere un rol mucho más activo del Banco Central, de toda la institucionalidad del mundo económico, pero hay que partir de la base, como se ha dicho varias veces acá, de que tenemos que ser más solidarios. No podemos insistir en soluciones individualistas, sino que debemos entender que hoy día tenemos un avance para los trabajadores que tienen contrato, pero hay casi tres millones de chilenos que no tienen ninguna posibilidad de obtener ingresos si no salen a trabajar el día a día o si no se entrega un subsidio directo a cada uno de ellos. Estoy pensando en la pesca, la pesca artesanal, el transporte, los taxistas, los informales, la pequeña empresa, el trabajador por cuenta propia, la agricultura familiar campesina, en toda la gente que hoy día no tiene acceso, por ejemplo, a los beneficios de este proyecto ni tampoco al paquete económico que conocimos el viernes pasado.
¿De qué se trata, Presidente? Se trata de que frente a crisis extraordinarias el país tiene que abrirse a pensar en soluciones extraordinarias. Y si la institucionalidad actual es rígida para el Banco Central, bueno, tendremos que modificarla, porque seguramente ese organismo puede generar instrumentos que permitan que el Estado, el Fisco tenga un endeudamiento mayor para llegar con subsidios directos a todos los chilenos.
Y el llamado a la solidaridad no es de crítica al Gobierno, es un llamado a que este tema o lo enfrentamos todos juntos y de una vez o, lisa y llanamente, no vamos a estar en pie cuando la crisis pase.
Voy a votar a favor, Presidente.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora Luz Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.-
Presidente, yo voy a votar favorablemente este proyecto.
Quiero agradecer, como aquí se ha reconocido, el gran trabajo que hizo la Comisión Mixta el día de ayer y, también, el trabajo que está haciendo el Gobierno.
A diferencia de las cosas que acá se dicen, creo que el Gobierno está dirigiendo esta crisis de una buena manera. Obviamente que todos podemos tener otra opinión, pero aquí debe haber una voz de mando. Creo que ha estado presente y tratando de abarcar todos y cada uno de los temas. No puede existir mayor planificación frente a algo que no sabíamos hace dos o tres meses que iba a venir. Si no, habríamos sido magos, tendríamos que tener una bolita de cristal.
En términos generales, Presidente, respecto al proyecto, insisto: voy a votar favorablemente, pues creo que tiene aspectos muy valiosos. Su propósito principal -se ha dicho reiteradamente- es proteger a los trabajadores de forma de evitar que pierdan sus empleos o que tengan una merma en sus ingresos. Esto busca, de alguna manera, otorgar integridad o estabilidad a los ingresos del trabajador frente a esta grave crisis que estamos viviendo, y también significa un alivio para la caja de las empresas, particularmente de las pequeñas y medianas, porque no podemos preocuparnos de los trabajadores sin preocuparnos, al mismo tiempo, de las pequeñas y medianas empresas, las que, como sabemos, generan más del 70 por ciento de los puestos de empleo.
Creo que tenemos que ser rigurosos y cuidar los puestos de trabajo.
Este proyecto va en línea con todas las demás medidas, con el plan económico que ha presentado el Gobierno. Pienso que es un proyecto armónico y que cumple con la idea final que es proteger, reitero, los trabajos de todas las personas y flexibilizar un poco el cumplimiento de las reglas de las empresas para, también, alivianarlas en esta dura carga que se está viviendo.
Simplemente, quiero llamar la atención sobre un par de cosas que quedaron por interpretar: no se sabe bien cuándo comienza a regir la suspensión para acotar las dudas de temporabilidad; hay contradicción en el artículo 1, inciso tercero, con el inciso cuarto, relativo a quienes no podrán acceder a las prestaciones reguladas por el proyecto; no queda clara la exclusión de las funciones que pueden continuar ejecutándose a través del trabajo a distancia o teletrabajo, etcétera. Espero que estas materias sean aclaradas más adelante.
Voto a favor.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora Ximena Órdenes.
La señora ÓRDENES.-
Señor Presidente, lo he planteado en intervenciones anteriores: estamos enfrentando una situación que es inédita y cuya cobertura, evidentemente, la hace aún más compleja.
Creo que Chile se encuentra en un momento bien crucial: o toma el camino de países como China o Corea del Sur o va a optar por medidas que, al parecer, no fueron las más indicadas, como ocurrió en España o en Italia.
Por lo tanto, todas aquellas acciones que adoptemos durante este período van a determinar en gran medida la forma como vamos a gestionar esta crisis sanitaria.
En primer lugar, creo que el tema de la crisis sanitaria requiere que sigamos insistiendo -por eso aprovecho este espacio- en que el Gobierno debe impulsar una política más integral, de testeo masivo y gratuito, que permita identificar los casos a tiempo y, en consecuencia, adoptar también medidas de cuarentena cuando corresponda y en los contactos.
En ese sentido, lo que no podemos hacer en el manejo de esta crisis es, a fin de proteger el derecho fundamental, que es el derecho a la salud y al bienestar de las personas, desproteger otros temas de seguridad social como es hoy día el empleo.
En ese sentido, creo que, si hacemos un buen manejo desde el punto de vista de la salud, podemos también abordar otro tipo de medidas. Yo quiero valorar la labor que desarrolló durante todo el día de ayer la Comisión de Trabajo. Es obvio que habríamos esperado más, pero creo que al final del día logramos colocar los puntos principales, porque lo que no puede ocurrir es que esta crisis la terminen pagando los más vulnerables.
Y más allá de lo que se ha hecho a partir de un plan económico, tenemos que asumir que esta crisis va a durar un tiempo; que se requiere una política mucho más integral de medidas, un paquete que efectivamente dé respuestas. Porque, si les vamos a decir a las personas que esta pandemia no tiene cura, no tiene tratamiento y que la mejor medida es el aislamiento social, lo mínimo que debemos garantizarles es que vamos a proteger su empleo.
Desde esa perspectiva, espero que se pueda avanzar en aquellos temas que no se lograron resolver en esta legislación y que están en el marco de un protocolo, como son los relativos a los trabajadores independientes o a honorarios, entre otros, que no tienen acceso al seguro de desempleo. Se debe hacer un seguimiento serio de los impactos que va a tener esta crisis sanitaria en términos laborales. Y me alegro de que respecto de parte del marco de discusión, que fue el dictamen de la Dirección del Trabajo, finalmente la Ministra se haya abierto a abrir un espacio para efectivamente dar señales que sean mucho más positivas y claras, porque el sentido abstracto de tal dictamen al final del día perjudicaba a los trabajadores.
El trabajo creo que rindió sus frutos. La flexibilización de los criterios para el acceso al Seguro de Cesantía; el tema de las tasas de reemplazo, a lo menos para aquellos que ganan 500 mil pesos o menos, de manera que tengan un 70 por ciento de su sueldo, de su salario en los primeros tres meses, creo que empiezan a dar algunas garantías. Pero, se requiere adoptar una política mucho más integral e involucrar a todos los actores. Yo también les hago un llamado serio al sector privado y a los grandes empresarios, porque se debe hacer la distinción. A la pyme hay que apoyarla, a los pequeños...
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-
Terminó su tiempo, señora Senadora.
Tiene la palabra el Senador Ricardo Lagos.
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, son escasos tres minutos.
Primero, quiero agradecer el trabajo que hizo la Comisión Mixta, no solamente porque sesionaron muchas horas, sino porque las diferencias que había en las distintas miradas desde la Cámara de Diputados y el Senado eran bien grandes. Y los que tuvimos la posibilidad de seguir el debate somos testigos de que existió un tono razonable de entendimiento. Hubo que cruzarse y encontrarse en puntos intermedios; y, a veces, despejar dudas que había. También valoro que muchos puntos de los parlamentarios fueron considerados en el proyecto.
Lo segundo, la magnitud de lo que se viene todavía no la tenemos dimensionada en Chile, desde el punto de vista del diario vivir. El Gobierno está tomando medidas, la clase política está tratando de trabajar lo más rápido posible. Pero mientras nosotros hablamos, el Fondo Monetario Internacional anuncia una recesión para el año 2020; e importantes estudios internacionales de economía señalan que a la Eurozona y a Estados Unidos les va a tomar hasta el año 2022 recuperarse del impacto económico de la crisis.
Y aquí tenemos, básicamente, tres mecanismos de transmisión de la crisis: se disminuye la producción, se producen trastornos en la cadena de suministros, en los mercados, y eso tiene un impacto financiero en las empresas. Todo ello quiere decir, si se traduce desde el punto de vista de la vida real diaria de muchos ciudadanos del mundo, incluidos los chilenos, que se pone a prueba la capacidad de mantener los empleos y las remuneraciones e ingresos.
Por eso que este paquete de medidas, con todo lo que podría ser mejorable, con todo lo que tenemos que discutir respecto de los informales, de la gente que está a honorarios, que no están comprendidos en él, creo que ayuda.
La semana pasada aprobamos el bono del COVID-19, con todas las limitantes, extrayendo la concesión clara del Gobierno de que había que meter más recursos; ya que los recursos son escasos a todas luces, como lo dijeron connotados economistas chilenos, de todos los cortes políticos. Pero creo que estamos tratando de apuntar en la dirección correcta.
¿Qué quisiera transmitir? Que vamos a tener que prepararnos para tomar medidas muy extraordinarias desde el punto de vista económico en lo que viene por delante; no está calibrado bien lo que nos va a ocurrir. Acá hay empresas que van a quebrar, pese a todos los esfuerzos que se van a hacer. Y eso terminará afectando los ingresos de chilenos y chilenas.
En consecuencia, creo que el Gobierno, y si quieren digo "el Estado de Chile", no "el Gobierno", va a tener que tomar medidas con respecto al sector financiero y a la banca. No basta con esperar la autorregulación, que lo están haciendo, y algunos en la dirección correcta, porque no acaba de plasmarse eso. Creo que necesitamos una solución única a este tema: postergación de créditos de consumo e hipotecarios pero a tasa cero, tal vez. Pero que sea claro y transparente este tema.
En los servicios básicos, en salud, ¡eso hay que defenderlo a muerte!, porque eso sí que puede ser un desastre en un país: que tengamos mucho desempleo, que las cadenas de suministro se puedan ver interrumpidas y que los servicios básicos resulten comprometidos por no pago.
Termino, señor Presidente, diciéndole que voy a votar a favor, porque no me imaginaría otra cosa. Y ciertamente aquellos que puedan votar en contra de este proyecto de ley lo harán porque tienen el subsidio político de quienes vamos a votar a favor.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora Carolina Goic.
La señora GOIC.-
Presidente, yo voy a partir reconociendo el buen ánimo, la conducción, la disposición de la Ministra, del Subsecretario y de su equipo para sacar adelante este proyecto. Tal como se ha señalado, es una medida que ayuda a un grupo importante de trabajadores, pero es una entre varias que deberemos tramitar, y en las que uno espera mayor audacia y oportunidad del Gobierno.
Pero quiero también reconocer a muchos pequeños empresarios, que estaban pendientes, preocupados de qué pasaba con este proyecto: aquellos que podían haber despedido ya, aquellos que podían haber cerrado ya sus negocios, porque no han tenido ventas desde hace tiempo, y se esperaron. ¡Porque eso es lo que a uno le gustaría ver!
Las crisis, Presidente, muestran la mejor cara y también la peor. Y así como yo reconozco a quienes han esperado para no despedir a sus trabajadores, para tratar de capear la crisis, volver a pararse después y asumir los costos en conjunto, ¡también denuncio a otros! A otros que ya han despedido sin haber paralizado por orden de la autoridad; a otros que utilizan la crisis muchas veces. Eso es lo que no queremos en Chile.
Por tanto, valoro que la Ministra se haya comprometido a revisar los impactos que tiene el dictamen de la Dirección del Trabajo, para que nadie se ampare en eso para dejar de pagar una remuneración. Valoro también el compromiso que hemos suscrito de trabajar para poder dar cobertura e instrumentos de apoyo a los tres millones de trabajadores que quedan fuera.
Yo quiero plantear también una reflexión respecto de cómo abordamos esta crisis sanitaria, que sin duda va a tener muchos mayores impactos desde lo económico.
¡Salvar vidas es lo primero!
La economía se puede recuperar; eso lo hemos dicho muchas veces. Las vidas, no.
Pero también la pobreza, también la falta de ingresos afectan la salud de las personas. También la pobreza puede cobrarnos vidas.
Entonces, ahí es cuando uno dice: "¡Cuándo, si no ahora, se justifica fortalecer el rol del Estado!".
¡Cuándo, si no ahora, se justifica que armemos un plan robusto que resguarde al país de los efectos económicos de la pandemia!
Seamos capaces en esto de ser más audaces, de ser más innovadores, de ser más generosos, sentados todos a la mesa. La oportunidad también es fundamental.
Todos sabemos que para una pyme, para una pequeña empresa poder levantarse después, una vez que fracasa, es mucho más difícil. Y por eso le quiero pedir, por su intermedio, señor Presidente, a la Ministra que avancemos desde ya, que no esperemos para implementar planes de capacitación.
¡Qué estamos esperando para aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías, para dotar de los instrumentos para eso, para pensar desde ya no solo en cómo garantizamos ingresos hoy día, sino en cómo nos paramos después de la crisis! Eso tenemos que prepararlo ahora. Tenemos que ser capaces de pensar en soluciones distintas para un mundo que es cambiante.
Presidente, el coronavirus nos ha mostrado nuestra fragilidad como sociedad y nuestra fragilidad también como economía. Y cuando hablamos de medidas excepcionales, hablamos de eso también.
Aquí hay temas que repensar. Tenemos urgencia para hacerlo, tenemos disposición; pero aquí el Gobierno es el que pone el tono.
Así que el llamado al Gobierno, en este ánimo en que hemos sacado adelante este proyecto, es a no demorarse en presentar, en trabajar en conjunto, con todos sentados a la mesa, un plan robusto que sea distinto de lo que vemos hoy día con las isapres. Esa es la peor cara, ¡inaceptable! La respuesta de las instituciones privadas de salud, de las aseguradoras privadas: subir los precios...
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-
Concluyó su tiempo, señora Senadora.
Tiene la palabra el Senador Durana.
El señor DURANA.-
Presidente, este proyecto permite defender los ingresos y la fuente de trabajo a través de acceder al régimen del seguro COVID-19, dada la contingencia que enfrentamos; y, obviamente, es una circunstancia excepcional, extraordinaria y temporal. Establece normas para evitar despidos y haciendo posible la suspensión de la relación laboral y la reducción de las jornadas.
Es preciso aclarar que esta iniciativa va a beneficiar a más de 5 millones de chilenos y también ayuda a más de 200 mil trabajadoras de casa particular.
De esta forma, de manera responsable, garantizamos que este seguro lo utilicen, primero, quienes tienen menos fondos en sus cuentas individuales, es decir, aquellos trabajadores que poseen menos recursos. Respecto de quienes tienen mayores ingresos, su uso será posterior, pues resulta obvio que existe una desigualdad en el monto que cada trabajador posee en su cuenta individual.
Además, se debe considerar que no todas las micro, pequeñas y medianas empresas tienen las espaldas para poder subsistir sin ingresos, por lo que debemos evitar que el sistema colapse. Por eso, tal como se indicó, los pagos deben hacerse primero con los recursos acumulados en las cuentas individuales y luego utilizar los del Fondo de Cesantía.
Lo más importante para una familia es conservar sus fuentes de ingresos o subsistencia, y que cada uno de los proyectos de ley y medidas del plan de emergencia económica presentado por el Ejecutivo constituyan una posibilidad concreta que permita enfrentar en mejor forma la crisis.
Por eso, manifiesto mi aprobación a este proyecto de ley y llamo a la reflexión respecto a la necesidad de que toda norma extraordinaria que aprobemos esté inspirada en la máxima responsabilidad. De lo contrario, vamos a estar generando la misma ilusión que hoy se provoca con los permisos de circulación, que tanto se comentó en el Senado.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, Honorable Sala, por supuesto quisiera felicitar el espíritu que hubo durante la discusión del proyecto, no solamente en los miembros de la Comisión Mixta y su Presidente, Juan Pablo Letelier, sino también de parte de la Ministra y el Subsecretario, Fernando Arab.
Eso demuestra que hubo capacidad para ponerse de acuerdo en las normas que había que reponer en esa instancia. Por ejemplo, las que regulan el pacto de reducción de la jornada y la forma de suscripción por parte de la Dirección del Trabajo. Y otras tan importantes como la relativa a la flexibilización de los requisitos para acceder a la prestación por efecto de la suspensión del contrato de trabajo.
Pero también se establecieron otros elementos claves. Por ejemplo, la norma que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por infracción a las disposiciones de esta ley. Este es un asunto de la mayor importancia. Estamos haciendo historia desde el punto de vista de las responsabilidades penales de las personas jurídicas, que hemos ido agregando paulatinamente en esta legislación, hoy día por infracción de preceptos laborales.
Asimismo, se establece el registro público de empleadores, que nos va a permitir tener un catastro, una supervisión y una administración por parte de la Dirección del Trabajo.
Otra cosa importante son las facultades fiscalizadoras de la Dirección del Trabajo para determinar el incumplimiento de los requisitos en caso de suspensión de la jornada.
Estamos hablando de que vamos a enfrentar momentos difíciles para el país. Y tenemos un Gobierno y un Congreso que están trabajando y coadyuvando para garantizar la capacidad de empleo de la sociedad chilena, de las empresas, particularmente de las pymes y las mipymes.
Por lo tanto, establecer hoy día la posibilidad, en el caso de reducción de jornada, del suplemento a través de este seguro, nos parece adecuado.
También consideramos apropiado el acuerdo que se logró con respecto de a cuál cuenta recurrir primero: si a las cuentas individuales o al Fondo de Cesantía Solidario. Básicamente, se buscaba -y quedó establecido en el debate que la planteada así lo es- una fórmula mucho más solidaria, que permitiera ofrecer una solución mucho más equitativa, pensando en salvaguardar, claro está, los ingresos de los trabajadores con empleos más precarios.
Por lo tanto, este es un buen proyecto. Por supuesto que hay temas que quedan pendientes para ser abordados en algún minuto, como el de los trabajadores independientes que no tienen contrato -los conductores de taxis colectivos, por ejemplo, y tantos otros-, pero este es un proyecto que va bien encaminado y esperamos que los desafíos pendientes se resuelvan a la brevedad posible.
He dicho.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, este es un debate bastante surrealista por algunos elementos.
En primer lugar, porque aquí se confunden los argumentos y se intenta, a ratos, la descalificación. Puede haber buenos o malos argumentos. Pero, a propósito de eso, tratar de atacar al Gobierno por algo de que supongo nadie le echará la culpa, que es el coronavirus, hay un paso gigantesco, más aún cuando hay quienes piden todo tipo de planes elaborados, cartas maestras, todo resuelto, respecto de una pandemia que, cinco segundos después, reconocen que está recién iniciándose.
Aquí, creo que la cosa tiene que ser seria y tiene que haber más coherencia; la misma coherencia que ahora no veo, porque este proyecto se aprobó en general con solo dos abstenciones y ahora resulta que algunos señalan que no lo van a apoyar, después de una Comisión Mixta que todos dicen que fue buena. Esto sí que no lo entiendo: que alguien haya estado dispuesto a apoyar un proyecto antes de la Mixta y, después de decir que esta fue buena, ahora anuncie que no lo va a aprobar. Me deja pensando la afirmación del Senador Lagos, quien expresó que algunos cuentan con una suerte de subsidio. Igual se va a apoyar, pero el punto es que no se resuelve conforme a lo que debe ser en su exacto mérito.
En cuanto al proyecto mismo, señor Presidente, creo que ha quedado suficientemente claro lo bien diseñado que está, justamente, el tipo de subsidio, procurando que primero se agoten las cuentas individuales para posteriormente ir al Fondo de Cesantía Solidario, que es la única forma de ir a la vena de una justicia real. Ha quedado suficientemente claro, pero a ratos vuelve a resonar este como comidillo de que esto sería injusto. ¡No es nada de injusto! ¡Es lo más justo que hay! Porque, de otra manera, estaríamos perjudicando, obviamente, a aquellos trabajadores que reciben un ingreso menor y que, por tanto, tienen un problema severo respecto de su subsidio.
En el minuto y tanto que me queda, señor Presidente, quiero destacar dos importantes innovaciones que se han hecho.
La primera es que se deja en claro que el empleador que suspenda un trabajo de común acuerdo va a pagar el 50 por ciento de lo que sirva de base para el pago de la previsión, en un período largo de tiempo (doce meses), sin intereses. Es un avance importante que quiero destacar, porque a veces uno se olvida de este elemento.
Y la segunda modificación consiste en que, para efectos del acceso, se establece que se considerarán las tres cotizaciones que un trabajador tenga en forma continua, o seis cotizaciones en doce meses, con las últimas dos con el mismo empleador. ¿Por qué me importa esto? Porque, obviamente, abre un gran espacio al trabajador de temporada, que no necesariamente tiene una ocupación continua con el mismo empleador, pero sí muchas imposiciones a lo largo del tiempo. Y de eso se hace cargo, en forma correcta, este proyecto.
Por eso, señor Presidente, animo a efectuar un debate serio, a ser coherentes y a realizar un esfuerzo entre todos, porque de aquí entre todos salimos, cada uno haciendo su parte. Ojalá sean más los proyectos que nos unan que los que nos desunan.
He dicho.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, solo una referencia a algo que le manifesté a la Ministra vía telefónica hace un par de minutos: qué ocurre con los trabajadores que, teniendo contratos de trabajo, estos son de antes del 2002, es decir, que no tienen, en definitiva, seguro de desempleo.
Ahí hay un punto, hay un vacío importante que genera una asimetría entre personas con contrato: aquellas que van a recibir el beneficio y quienes no lo van a recibir.
Consultaba con empresas grandes de la Región de Valdivia, las que me señalan que un 20 o 30 por ciento de la plantilla de trabajadores antiguos, con contratos de trabajo anteriores al 2002, no tienen seguro.
Ahí hay un tema importante.
Voy a votar a favor, porque el tiempo corre y, no siendo este un proyecto que va al fondo del asunto, al menos permite llevar ayuda a miles de personas.
Además, creo que hay un debate que debiera instalarse de inmediato y la Ministra y el Gobierno pronunciarse acerca de qué ocurre con estos miserables de las isapres que en este mismo momento, mientras miles y miles de personas pierden el empleo, anuncian un aumento de los planes.
Este es un Chile que no entiende. Hay un sector de este país que no entiende: estos empresarios. Y aquí es donde uno echa de menos al Gobierno, a las autoridades, para que digan "esto no puede ser" y tomen control sobre las isapres. Estos delincuentes de cuello y corbata, estos miserables, que se están aprovechando de los chilenos en el peor momento, no pueden pasar impunes.
Lo que yo señalaría también, entonces, es cómo, de manera unánime, condenamos y exigimos al Gobierno paralizar las alzas de estos delincuentes de las isapres.
Voto a favor, señor Presidente.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Kast.
El señor KAST.-
Señor Presidente, hay momentos en los que uno quisiera -sé que a veces es mucho pedir- que de verdad todos estuviéramos dispuestos a valorar cuando, como Estado y como país, somos capaces de generar políticas públicas bien hechas.
Por eso duele tanto cuando, incluso en estos momentos, en que estamos enfrentando quizás la crisis más severa que nos haya tocado vivir en nuestras vidas en materia económica y social, algunos simplemente busquen lograr un aprovechamiento político.
Lo digo porque, probablemente, este proyecto debió haberse aprobado el viernes pasado. Este fin de semana muchos emprendedores estuvieron en vilo porque simplemente no hubo voluntad política en su minuto para sacar adelante esta iniciativa, con todas las mejoras que, además, el Gobierno y sus ministros han señalado desde el primer día que van a venir hacia delante.
En consecuencia, el proyecto es muy importante, por cuanto logra dos objetivos que son centrales en la crisis actual.
Primero, garantiza que los trabajadores con contrato puedan, en los meses de abril, mayo y junio, contar con recursos financiados por el Estado, aun cuando su empresa haya estado completamente paralizada, ya sea por el coronavirus o porque finalmente no pudo operar. Claramente, este primer beneficio es central para los trabajadores.
Pero el proyecto incluye, además, un segundo beneficio: evita que los emprendedores y las pymes no terminen siendo golpeadas en forma permanente. Porque algunos no se dan cuenta de que aquí el riesgo grave no es simplemente que ocurra un despido masivo de trabajadores; un riesgo adicional es que muchas empresas terminen quebrando de forma permanente.
Por eso hoy recibimos un paquete económico que contiene muchos elementos, pero del cual este es, tal vez, el elemento central, que la mayoría de los emprendedores está esperando con bastante fuerza.
Así que, a diferencia de lo que sucedió el viernes pasado, cuando la Cámara de Diputados rechazó el proyecto, espero que hoy tengamos una aprobación tanto en el Senado como en la otra rama del Parlamento.
Estamos conscientes de que la tarea pendiente que deberemos enfrentar con la mayor prontitud -y agradezco al Gobierno que lo haya señalado así desde el día uno- es replicar estas medidas para los trabajadores independientes, aquellos que tienen contratos a honorarios. Claramente, necesitamos poner toda la pasión, todo el esfuerzo, así como la responsabilidad fiscal que tanto nos sirvió en el pasado, para que podamos enfrentar con fuerza esta ayuda que hoy les estamos dando a los trabajadores y a los emprendedores.
Así que felicito a la Ministra, al Subsecretario y a todo el equipo que ha sacado adelante este proyecto.
Voto a favor.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, todos han felicitado a la Comisión de Trabajo. Yo me sumo a la felicitación, pero lo que debieran aprender el Senador Letelier y los otros integrantes de ese organismo es que "guagua que no llora, no mama".
A este Gobierno nada se le va a sacar si no existe una fuerte presión social y una labor como la que realizó la Comisión, de manera intensa, aunque no digo "bien", porque hay otros aspectos que me hubiera gustado lograr. Además, a las Senadoras y los Senadores les pagan bien, de modo que felicitarlos por hacer la pega me parece un poquito excesivo. Hicieron lo que tenían que hacer, ¡y faltó!
Y es por eso que anuncio mi voto de abstención. ¿Por qué? Porque no están. ¿Quiénes? Los pescadores artesanales, los trabajadores independientes, los trabajadores a honorarios, los taxistas, los colectiveros, los transportistas públicos del turismo, los cesantes.
¡Un millón doscientos mil cesantes, a los cuales nada les aporta este proyecto! Y de los 6 millones de la fuerza laboral, ¡4 millones quedan fuera! Este es un proyecto para 2 millones de trabajadores chilenos. ¡Bien! Y por esa razón no me voy a oponer. Pero hay 4 millones que no agarran ni tocan ni una.
Presidente Piñera, suspenda el CAE. Alivie el pago de los trabajadores que no reciben un subsidio como el que estamos aprobando ahora, porque se va a aprobar. Detenga el CAE. No haga acuerdos con sus amigos de las empresas eléctricas y de las sanitarias. ¡No! Haga aportes, pues la gente no tendrá cómo pagar, ni ahora ni después, dado que ha quedado cesante. En agosto, octubre y noviembre tampoco tendrá recursos.
Los Senadores Allamand, Harboe, Ebensperger y Coloma señalaban que no comprendían por qué alguien se puede abstener. Pero está bien. Y el Estado debe pagar.
Señor Presidente, quiero referirme al artículo 18.
Los 2 mil millones de dólares que establece el Ministro Briones se los descontarán al Fondo Solidario de Cesantía en diez años. ¡No hay plata! ¡Se equivoca el Senador Kast! ¡No es dinero del Fisco! El Estado pone como máximo 2 mil millones y los va a recuperar. ¿Tiene una bolita de cristal el Ministro Briones? ¿Sabe que son 2 mil millones lo que va a costar este proceso duro, dramático, único en la historia de Chile? La verdad es que nadie lo sabe. Y se pone ese límite de 2 mil millones de dólares. Trabajadores de Chile: no los pone el Estado ahora; la obligación es devolver esa plata al Fisco en diez años, en "cómodas cuotas" anuales.
Las regiones van a contribuir a este Fondo, a estos 2 mil millones de dólares prestados por el Estado al Fondo Solidario de Cesantía. Se los van a quitar a usted, señor Presidente, y a todos los Senadores que estamos aquí. De mi región, ¡8 mil millones del Serviu; 180 millones de los consejos locales de educación! ¡Nos están sacando la plata!
Yo llamo a las regiones a la rebeldía.
Señor Presidente, no les quite recursos a las regiones. Necesitamos dinero para protegernos del virus. ¡No nos saque la plata! ¡No nos engañe! Usted y el Ministro Briones señalan que van a repatriar recursos de las regiones, ¿7 mil millones? ¿4 mil millones? Dígame la cifra. Pero lo que no vamos a aceptar, y espero que los consejeros regionales se rebelen...
El señor MOREIRA.-
¿Pero por qué te indignas?
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-
Tiene treinta segundos para terminar, señor Senador.
El señor NAVARRO.-
Cada cual tiene su modo de expresión, y la verdad es que esto me indigna.
Entonces, señor Presidente, no permitamos que nos quiten la plata a las regiones, no permitamos que la Dirección del Trabajo sea puesta como la institución que va a proteger a los trabajadores, la misma que acaba de dictar un dictamen que establece que a los trabajadores que falten a la pega no se les pagará el sueldo ni el transporte público.
Por último, Alberto Fernández, Presidente de Argentina, ha dicho: "La vida siempre va a estar por sobre la economía". Porque la economía puede quebrar, pero, si las vidas se quiebran, se pierden y no se recuperan, al revés de la economía. El Presidente Pedro Sánchez prohibió los despidos.
Por lo tanto, no se trata de celebrar acuerdos entre amigos. No se trata de acuerdos, Presidente Piñera, entre usted y sus amigos de las empresas eléctricas, del agua o del gas. Se trata de políticas de Estado. Y yo pido que las políticas de Estado favorezcan a todos por igual.
Aquí hay 4 millones de excluidos y por eso me abstengo en esta votación, señor Presidente.
He dicho.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, un par de comentarios en materia de emergencia sanitaria.
Primero, no me pidan aplaudir las medidas que está tomando el Gobierno cuando en la Región de La Araucanía tenemos actualmente sesenta personas hospitalizadas solo en el hospital regional, quince de ellas conectadas a un ventilador, y donde apareció el primer caso de coronavirus en Chile, exactamente un mes atrás. Por lo tanto, el evitar el colapso de los hospitales era claramente la primera medida que había que adoptar.
Por eso, cuestiono las señales de tranquilidad y normalidad que a ratos da el Ejecutivo, cuando es evidente que no existe una coordinación adecuada con los alcaldes. El episodio con la Alcaldesa de Maipú es una clara muestra de aquello.
De ahí que llamo al Gobierno a tomar medidas extraordinarias, especialmente para aquellos centros asistenciales que están cerca del colapso, como es el caso del Hospital Regional de Temuco.
Con relación a este proyecto, efectivamente hay que ponerse en la situación en que todos nos hemos puesto. Creo que es imposible votarlo en contra, porque dejaríamos a millones de trabajadores fuera del beneficio. Y, efectivamente, dada la suspensión del trabajo que va a ocurrir, la respuesta que debe dar el Estado es proveer los recursos necesarios.
La respuesta que estamos dando es muy distinta de aquella que se observa en países como Inglaterra, Dinamarca, Nueva Zelandia e Irlanda, entre otros, donde el Estado no escatimó ni un segundo en llegar con recursos directos.
Acá, lo que finalmente va a ocurrir es que el trabajador se va a pagar los primeros meses con cargo al Seguro de Desempleo, el cual, como se sabe, se creó para otro efecto.
Acá no está respondida la pregunta de qué va a ocurrir cuando pase la crisis sanitaria, económica, la recesión, y persistan los despidos. ¿Qué va a suceder en ese momento? ¿Qué protección va a tener el trabajador? Eso no está respondido aún.
Efectivamente, la Comisión Mixta introdujo cambios, especialmente en la tasa de reemplazo, que ahora llega a 70 por ciento. Pero yo insisto: la filosofía que hay detrás es la que no me gusta, en que se ha hecho una discusión abusiva por parte del Ejecutivo, ¡abusiva!, denostando al Parlamento en todo momento.
El Presidente ha denostado al Parlamento y no ha tenido la misma actitud con otras entidades. Por ejemplo, nos gustaría ver una actitud más firme del Presidente con las isapres, que han vuelto a elevar los planes de los afiliados.
Claramente, en este proyecto no veo solidaridad. La Comisión Mixta efectivamente hizo un esfuerzo sobre la base de nuestras atribuciones; pero dado que en un presidencialismo exacerbado como el nuestro la potestad la tiene el Presidente de la República, simplemente no dio más y no estuvo dispuesto a moverse.
Obviamente, acá lo que ha habido por parte de la Dirección del Trabajo ha sido una presión indebida al Parlamento, con la amenaza de que la suspensión laboral es sin pago. Porque de eso se han aprovechado empresas como la Constructora Moller-Pérez Cotapos, que tuvo utilidades por 20 mil millones de pesos el 2019. Ella tomó esa circular e inmediatamente dijo "No hay plata para pagar a los trabajadores".
Entonces, creo que eso es inmoral.
Y, por lo tanto, esta es una respuesta mínima todavía. Hay que insistir. Evidentemente, quedan muchos sectores de la economía fuera de este beneficio: quedaron excluidos los trabajadores informales; los pescadores; aquellos que trabajan en taxis colectivos, como se ha dicho, también están fuera de esto.
No me gusta la manera en que el Ejecutivo habla de unidad, porque finalmente opta por la imposición, por no dialogar, por no articular una propuesta, como en el caso de las pensiones...
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-
Se ha cumplido su tiempo, Senador Quintana.
El señor QUINTANA.-
Voto a favor.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-
Finalmente, tiene la palabra el Senador Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, probablemente, si hubiera otro Gobierno, la propuesta para enfrentar esta situación habría sido distinta. A lo menos esa hubiese sido mi intención y mi propuesta: que se usaran recursos distintos al Seguro de Cesantía a objeto de financiar un ingreso mínimo garantizado para enfrentar esta crisis.
Pero lo que estamos haciendo hoy es decidir sobre la propuesta del Gobierno, que tiene la iniciativa en esta materia. ¿Y esta iniciativa logra proteger el empleo, generar ingresos para enfrentar la crisis? Sí, lo logra.
¿Será óptimo o no será óptimo? Cada uno tiene su juicio.
Yo lamento que el Gobierno haya anunciado que iba a aportar 2 mil millones de dólares, porque en verdad lo que existe es la posibilidad de un crédito que devuelve la AFC, que administra el Fondo Solidario de Cesantía, si es que se usa, y tendrá diez años para devolverlo. Es un préstamo. No hay un aporte fiscal fresco, completo para esto. Quizás lo necesitemos a futuro, y es altamente probable. Pero lo más importante, señor Presidente, es que aquí se ha logrado un acuerdo para comenzar un trabajo de protección sueldo-ingreso.
Hay una discusión sobre las personas que no están incorporadas, que son unos tres millones de trabajadores. Y hay un compromiso en el protocolo para lograrlo.
Señor Presidente, quiero brevemente decir que la Senadora Provoste está equivocada en su evaluación en lo que respecta al fondo de las cuentas mal llamadas "individuales" y al Fondo Solidario de Cesantía. Hacerlo de otra forma habría sido regresivo, favorable para los altos ingresos, y ese no es el propósito de esta propuesta.
Creo que debemos reconocer que lo que se considera aquí para las trabajadoras de casa particular no es adecuado. Lo único que se pide es que ellas usen el fondo de indemnización a todo evento, que lo puedan utilizar para salir del impasse de no contar con ingresos.
Pero, más allá de eso, señor Presidente, lo más importante para mí es que tenemos un instrumento.
Ahora bien, hay que felicitar las facultades a la Dirección del Trabajo para sancionar a los malos empresarios que quieren aprovecharse de esta coyuntura, como empresas constructoras, agrícolas y otras, que no necesitan suspender. Pero, por sobre todo, se debe valorar el clima que tuvimos para avanzar en un acuerdo.
Eso es lo más relevante.
También es del caso señalar que las empresas que tienen contratos con el Estado, como las empresas de manipuladoras de alimentos, no podrán hacer uso de esta ley porque el Estado va a seguir pagando...
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-
Se le acabó el tiempo, señor Senador.
Tiene treinta segundos para terminar.
El señor LETELIER.-
Solamente deseo dejar en claro que lo que estoy manifestando corresponde a una de las indicaciones que se ingresó.
Como decía, el Estado va a seguir pagando sus compromisos a empresas como las de manipuladoras de alimentos o que realizan otras actividades que están tercerizadas. Esas empresas no podrán hacer uso de esta ley en proyecto porque significa cometer un delito.
Por último, señor Presidente, quiero señalar que se estableció un criterio -el Senador Harboe algo planteó- sobre el derecho a usar los seguros de cesantía para los créditos hipotecarios y de consumo. Se determinó que eso se podrá hacer; que las personas que tengan suspendida su situación laboral van a poder ser consideradas como cesantes para efectos del uso de esos créditos.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-
Se procederá ahora a tomar nominativamente la votación a los señores Senadores que están en modo telemático.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Efectivamente, se va a consultar por la votación nominal de los señores Senadores que se encuentran participando de manera remota.
La Senadora señora Isabel Allende ¿cómo vota?
La señora ALLENDE.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
La Senadora señora Carmen Gloria Aravena ¿cómo vota?
La señora ARAVENA.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El Senador señor Pedro Araya ¿cómo vota?
El señor ARAYA.-
A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El Senador señor Juan Castro ¿cómo vota?
El señor CASTRO.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El Senador señor Alfonso de Urresti ¿cómo vota?
El señor DE URRESTI.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El Senador señor José Miguel Durana ¿cómo vota?
El señor DURANA.-
A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El Senador señor Francisco Huenchumilla ¿cómo vota?
El señor HUENCHUMILLA.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El Senador José Miguel Insulza ¿cómo vota?
El señor INSULZA.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El Senador señor Carlos Montes ¿cómo vota?
El señor MONTES.-
Voto a favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
La Senadora señora Ximena Órdenes ¿cómo vota?
La señora ÓRDENES.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El Senador señor Rafael Prohens ¿cómo vota?
Señor Senador, tiene que conectar el audio.
El señor PROHENS.-
Está conectado.
Voto a favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
La Senadora señora Yasna Provoste ¿cómo vota?
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-
Senadora Provoste, ¿cómo vota?
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El Senador señor Jaime Quintana ¿cómo vota?
El señor QUINTANA.-
A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El Senador señor Jorge Soria ¿cómo vota?
El señor SORIA.-
A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Repito: la Senadora señora Provoste ¿cómo vota?
La señora PROVOSTE.-
Señor Presidente, lo he señalado: no puedo concurrir con mi voto favorable. Me abstengo. Esta no es una solución para los trabajadores y las trabajadoras...
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-
Gracias, señora Senadora.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (40 votos a favor y 3 abstenciones), dejándose constancia de que se reúne el
quorum
constitucional requerido, y queda despachado el proyecto.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
Se abstuvieron las señoras Provoste y Rincón y el señor Navarro.
El señor MOREIRA.-
Reglamento, señor Presidente.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Tiene la palabra el Senador Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, quiero plantearle dos cosas.
La primera es una solicitud como bancada: que veamos ahora, de inmediato, porque prácticamente se va a aprobar sin discusión, el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto de ley que concede indulto general conmutativo a causa de la enfermedad COVID-19 en Chile.
Y en segundo lugar, pido prorrogar la presente sesión hasta la hora que sea necesario a fin de que se pueda tomar el acuerdo para que ingrese un proyecto que va a venir de la Cámara de Diputados alrededor de las cinco de la tarde con respecto a lo que se ha denominado, aunque no sea así, "prórroga del pago de los permisos de circulación"...
El señor PÉREZ VARELA.-
No, el veto.
La señora EBENSPERGER.-
El veto.
El señor MOREIRA.-
¡Pero me dejan terminar!
Y eso se debe explícitamente a que el Gobierno, a sugerencia de varios parlamentarios, ha tomado nota para corregir algunas diferencias y problemas que ha habido (que ustedes bien conocen por la televisión, donde nos han dado muy duro), mediante un veto aditivo del Presidente de la República en que estaría enmendando algunas cuestiones relacionadas con esa iniciativa.
Entonces, le quiero pedir que recabe el acuerdo de la Sala para suspender la sesión; que se pronuncien tanto los Senadores que estamos acá como los que se encuentran a distancia.
Hay que asumir una decisión frente a un tema de esta naturaleza, lo ha pedido el Gobierno: a las cuatro se juntan los Diputados, a las cinco estaría listo el veto, y nosotros podemos votarlo de inmediato.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, estoy de acuerdo con que veamos el informe de la Comisión Mixta sobre el indulto conmutativo. Pero no estoy de acuerdo con que se mantenga en suspenso la sesión quién sabe hasta qué hora.
Ya tenemos muy malas experiencias al respecto.
Así que terminado el despacho del proyecto sobre indulto, lo que corresponde es levantar la sesión. Y si hay necesidad de realizar otra sesión, la Mesa se encuentra facultada para citar de manera extraordinaria cuando sea necesario. Y en esa reunión se podrá participar de manera presencial o a distancia.
Pero creo que hay que ponerle un poquito de seriedad al asunto.
Además, todos sabemos que el Gobierno no quiso en ninguna parte de la tramitación del proyecto en cuestión patrocinar o actuar para mejorar el texto mientras se estaba discutiendo. Y eso formó parte de un largo debate realizado hace poco.
Y resulta que ahora vienen a decirnos: "No, nosotros vamos a arreglar la cuestión, porque fíjese que ahora somos los salvadores de la patria". Creo que nos merecemos un mínimo de respeto, señor Presidente.
Además no tenemos ninguna garantía de que el veto efectivamente resuelva varios de los problemas que se plantearon acá.
Así que le pediría, nomás, que levante la sesión cuando corresponda, una vez que votemos el proyecto sobre indulto, ya que la Mesa se encuentra facultada para citarnos a fin de analizar las iniciativas que estime pertinentes.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-
Les pido el acuerdo para prorrogar la sesión a los efectos de considerar -habíamos resuelto en reunión de Comités que lo íbamos a ver hoy- el proyecto que concede indulto general conmutativo por causa de la enfermedad COVID-19 en Chile.
Y una vez despachada esa iniciativa, y si ha ingresado el veto, veríamos si programamos una nueva sesión.
Pero vayamos con calma, viendo los proyectos según se conforme la tabla.
¿Hay acuerdo para prorrogar la sesión y ver el proyecto del indulto?
Los Senadores y las Senadoras que están participando a distancia, ¿también manifiestan su acuerdo?
--Acordado.
CONCESIÓN DE INDULTO GENERAL CONMUTATIVO POR ENFERMEDAD COVID-19. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-
Corresponde tratar el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que concede indulto general conmutativo a causa de la enfermedad COVID-19 en Chile, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (13.358-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite: sesión 6ª, en 25 de marzo de 2020 (se da cuenta).
Tercer trámite: sesión 8ª, en 27 de marzo de 2020.
Informes de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (certificado): sesión 7ª, en 26 de marzo de 2020.
Mixta (certificado): sesión 10ª, en 31 de marzo de 2020.
Discusión:
Sesiones 7ª, en 26 de marzo de 2020 (se aprueba en general y en particular); 8ª, en 27 de marzo de 2020 (se rechazan las modificaciones de la Cámara de Diputados y el proyecto pasa a Comisión Mixta).
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Cabe recordar que el Senado, en primer trámite constitucional, aprobó esta iniciativa, que, en el marco de las acciones adoptadas para enfrentar la crisis generada a causa de la enfermedad COVID-19 en Chile, y mediante el otorgamiento de un indulto general conmutativo, busca cumplir dos objetivos de salud pública relativos al sistema de ejecución penal, a saber: establecer medidas destinadas al cuidado preventivo de grupos de alto riesgo y adoptar medidas orientadas a reducir los contactos interpersonales para prevenir eventuales focos de contagio masivo, de manera de proteger a toda la ciudadanía.
Las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras derivan del rechazo por el Senado, en tercer trámite constitucional, de las dos enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley en segundo trámite constitucional; esto es, la eliminación de su artículo 8° y la incorporación en su artículo 15 de una oración final para excluir de los indultos y de la modalidad alternativa de cumplimiento de pena mediante reclusión domiciliaria total a los condenados por los delitos que al efecto la misma norma señala.
La Comisión Mixta, como forma de superar tales discrepancias y con las votaciones que se consignan en el informe, propone lo siguiente:
1.-
Respecto del artículo 8°, aprobar el texto despachado por el Senado.
2.-
Respecto del artículo 15, aprobar la propuesta acordada por la Cámara de Diputados con el siguiente texto:
"Artículo 15.-
No procederán los indultos contemplados en el Título I, ni la modalidad alternativa de cumplimiento de pena mediante reclusión domiciliaria total regulada en el Título II, respecto de los condenados por los delitos previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142; 150 A; 150 B; 150 E; 293; 294; 361; 362; 366 bis; 372 bis; 365 bis; 390; 390 bis; 390 ter; 391, números 1° y 2°; y 394 del Código Penal; en el Párrafo 6, del Título VII del Libro II, cuando las víctimas fueren menores de edad; en el Párrafo 5 bis del Título VIII del Libro II, y en el artículo 433 del mismo Código. Tampoco procederán estos indultos ni la modalidad alternativa de cumplimiento de pena mediante reclusión domiciliaria total regulada en el Título II, respecto de los condenados por los delitos previstos en los artículos 8; 10; 13, inciso segundo; 14, inciso final; y 14 D, incisos primero y segundo, del decreto N° 400, del Ministerio de Defensa Nacional, de 1977, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 17.798; y en el artículo 16 de la ley N° 20.000, ni respecto de los condenados por el delito contemplado en el artículo 150 N° 1 del Código Penal hasta antes de la modificación dispuesta por la ley N° 19.567, ni respecto de los condenados por los delitos contemplados en la ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, ni tratándose de los condenados en que la sentencia, en conformidad al derecho internacional, hubiere considerado como genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, cualquiera que haya sido la denominación o clasificación que dichas conductas hubieren tenido al momento de su condena, o por alguno de los delitos tipificados en la ley N° 20.357.".
Cabe tener presente que la proposición de la Comisión Mixta debe ser aprobada con quorum calificado, esto es, 22 votos favorables.
La referida proposición de la Comisión Mixta se consigna en las páginas 5 y siguientes del certificado, y en el boletín comparado que Sus Señorías tiene a su disposición.
Es todo, señor Presidente.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-
Gracias, señor Secretario.
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El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-
Pido autorización a la Sala para que me reemplace en la testera un par de minutos el Senador Elizalde.
Acordado.
--Pasa a dirigir la sesión el Senador señor Elizalde, en calidad de presidente accidental.
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El señor ELIZALDE (Presidente accidental).-
Vamos a escuchar el informe del Senador Harboe y luego abriremos la votación, si hubiera acuerdo de la Sala.
Tiene la palabra el Senador Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente, seré muy breve para ilustrar a la Honorable Sala.
Señores Senadores, señoras Senadoras, la Comisión Mixta se constituyó hoy por la mañana y resolvimos las divergencias que teníamos con la Cámara de Diputados.
En la práctica, a lo que ustedes ya aprobaron en particular en la sesión anterior, se agrega el artículo 8º. En realidad, se repone, pues fue aprobado aquí, en el Senado. Es el que establece un mecanismo para sancionar en caso de incumplimiento del indulto conmutativo que se establece. Esta norma había sido eliminada por la Cámara Baja, pero incluso los señores Diputados en la Comisión Mixta votaron a favor de reponerla.
La segunda modificación, muy simple también, es el artículo 15, en el que la Cámara de Diputados agregó al catálogo de exclusión de delitos, es decir, aquellos por los cuales no procede el indulto conmutativo, los de infracción a la Ley de Control de Armas y de asociación ilícita en el caso de la ley Nº 20.000, de Drogas.
Esas son las únicas dos materias respecto de las cuales teníamos divergencia. Llegamos a acuerdo. En consecuencia, como Presidente accidental de la Comisión Mixta, sugiero la aprobación de este informe.
Gracias.
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).-
Vamos a proceder a abrir la votación luego de darle la palabra al Ministro Larraín.
Ministro, tiene la palabra.
El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).-
Gracias, señor Presidente.
Seré muy breve.
Creo que el Presidente de la Comisión Mixta, Senador Felipe Harboe, ha informado con claridad respecto de los cambios que se han hecho a propósito de la divergencia que se produjo entre la Cámara de Diputados y el Senado.
En realidad, no hubo verdadera divergencia. Solamente ocurrió que un artículo en la Cámara no alcanzó el quorum necesario por una confusión respecto de lo que se estaba votando. Es el que ha sido corregido por la Comisión Mixta, que es un artículo clave para asegurar el cumplimiento del indulto domiciliario que se ha determinado.
Este indulto conmutativo requiere que las personas cumplan su arresto domiciliario.
En el artículo 8º se establecen las consecuencias del incumplimiento. Y, por lo tanto, si dicha norma no se mantenía en el proyecto, el arresto domiciliario podía ser burlado sin consecuencias, quedando en total impunidad. Por lo tanto, era necesario reponer este artículo, que se había caído -repito- por falta de quorum, por inadvertencia de algunos Diputados que creyeron que se estaba votando algo distinto.
Hubo debate respecto de temas muy de fondo en esto, pero no referidos a este artículo 8º.
Es importante aprobarlo, porque, de lo contrario, este indulto empieza a ser completamente ineficaz.
Y la otra norma es la ampliación de exclusiones en un par de delitos, como lo ha señalado el Senador Harboe: infracciones a la Ley de Control de Armas y asociación ilícita en caso de narcotráfico. Ello complementa el catálogo de delitos excluidos, lo que nos parece también pertinente aprobar.
Por eso hemos mantenido la idea de apoyar el informe que ha hecho la Comisión Mixta sobre estas dos materias, resolviendo así las diferencias que se han producido.
Gracias, Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).-
En votación la proposición de la Comisión Mixta.
--(Durante la votación).
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, voté favorablemente este proyecto de ley en su trámite en el Senado y señalé la necesidad de revisar la situación de los casos de prisión preventiva.
Tengo en mi mano una indicación. Sé que en esta etapa del trámite legislativo no es posible incorporarla, pero está el Ministro de Justicia en la Sala, y está claro que hay centenares de personas a las que se les ha decretado prisión preventiva por delitos menores, que no conllevan después ni siquiera una condena de cárcel.
No parece adecuado, aun cuando estén en proceso, que personas que cumplen prisión preventiva por delitos menores, que no implican condenas de cárcel, sigan allí.
Se ha dado la situación del juez Urrutia. Ha habido una condena generalizada a su suspensión unilateral por una medida absolutamente ilegal de la Corte de Apelaciones de Santiago. Hay que poner ojo y cuidado con esa Corte de Apelaciones, que se constituyó sin que el Presidente la hubiera convocado. Ya sabremos más detalles -al final del día las cosas siempre se saben- sobre cómo se convocó la Corte estando en cuarentena y estando con trabajo telemático, al igual que nosotros.
Quiero señalar que, si eso no ocurre, no hay ninguna justificación para todo lo que hemos hablado, porque no solo los enfermos tienen que ser trasladados a sus casas para mayores cuidados, sino también aquellos que pueden verse contagiados. Hemos sabido de la situación de varias cárceles (de Colina, de San Miguel), donde ha habido diversos motines o inicios de motines producto de la situación de los reos.
Este proyecto apunta a eso y, por lo mismo, ha tenido el apoyo unánime en el Parlamento.
Pero, en los casos de prisión preventiva respecto de los cuales es susceptible, total y absolutamente, decretar el arraigo domiciliario total en reemplazo de dicha medida preventiva, era necesario tomar la decisión.
Yo lamento que eso no se haya incorporado al proyecto. Es un tema que vamos a tener que discutir si la situación en las cárceles se agudiza.
Voy a apoyar este proyecto, señor Presidente, como una señal de que va en la línea correcta, pero no fue suficiente. Y confío en que el criterio, tanto de Gendarmería como del Ministerio de Justicia, pueda determinar que ello se realice.
Lo mismo respecto de los tribunales de justicia. Los jueces han suspendido su trabajo y han establecido un mecanismo telemático. Los reos, en cambio, sin una ley no pueden ir a sus casas a resguardarse, y las cárceles chilenas tienen condiciones de insalubridad, de hacinamiento, que ponen en riesgo también al personal de Gendarmería, cuyo informe y situación pediría al Ministro nos aclare.
¿Cómo se protege a los gendarmes de Chile en estas condiciones dentro de las cárceles? Porque ellos no pueden optar por irse a sus casas; deben cumplir su trabajo y su deber al interior de los establecimientos penitenciarios.
He dicho, señor Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador Felipe Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente, solo quiero hacerme cargo de lo que planteó el Senador Navarro con mucha propiedad. Ese fue un tema que se debatió en la Comisión de Constitución y también en la Comisión Mixta.
Es evidente que la situación de las personas que están sometidas a prisión preventiva es de especial preocupación, porque muchos de ellos, si resultan condenados, probablemente no van a recibir penas privativas de libertad. En consecuencia, la pregunta es cómo se enfrenta esto.
Pero, desde el punto de vista constitucional, como Parlamento, como Poder Legislativo, estamos impedidos, en el marco de un proyecto de indulto, de referirnos a las medidas cautelares, que son decretadas judicialmente, o de implementar un indulto en ese ámbito, porque implicaría, dado que son resoluciones judiciales, abocarse a causas pendientes. En consecuencia, desde el punto de vista de la disposición constitucional, eso no fue posible.
No obstante, el señor Ministro y el Subsecretario de Justicia señalaron que estaban en conversaciones con la Defensoría Penal Pública. Entiendo que se han de presentar cerca de ochocientos, novecientos -me puedo equivocar- recursos de amparo para ver la posibilidad de sacar de prisión a algunas de las personas que están sometidas a esas medidas cautelares.
Quería explicar ese punto para efectos de que la Sala tuviese conocimiento de las razones que se consideraron en la Comisión de Constitución del Senado, de la Cámara de Diputados y la Comisión Mixta, para no hacer aplicable el indulto a las prisiones preventivas, toda vez que hay disposición constitucional que expresamente así lo prohíbe.
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador Moreira.
El señor MOREIRA.-
La verdad, señor Presidente,...
Como el Ministro tiene algo que decirnos, le cedo la palabra y después hablo yo. El Ministro tiene la preferencia.
Yo le daría la palabra a él y después se la pido yo, Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).-
Las palabras se dan desde la Mesa, Senador Moreira.
Pero le vamos a dar la palabra al Ministro.
El señor MOREIRA.-
Yo se lo pedí a usted. Siempre respeto el rol del Presidente o de la Presidenta.
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).-
Ministro, tiene la palabra.
El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).-
Señor Presidente, quiero transmitir la inquietud de que hay un grupo de Senadores, junto con la Ministra del Trabajo, que está en este minuto en conferencia de prensa explicando el resultado del acuerdo al que se llegó en la Sala del Senado respecto del proyecto que se acaba de despachar, muchos de los cuales no han podido votar. De manera que, si fuera posible suspender en un minuto la votación, se lo agradecería para los efectos de asegurar su resultado.
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).-
El Senador Moreira va a intervenir.
También están pidiendo la palabra, telemáticamente, los Senadores Montes, Araya y Girardi.
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El señor ELIZALDE (Presidente accidental).-
Senador Moreira, tiene la palabra.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, quiero aprovechar, no para fundamentar mi voto, sino para pedirle que, una vez que se sancione esta votación, suspenda la sesión y cite a reunión de Comités por cinco o diez minutos, porque tenemos que tomar un acuerdo con relación al proyecto de ley que viene en camino. Creo que no puede, de ninguna manera, no prorrogarse esta sesión.
Los jefes de Comités estamos mandatados para representar a nuestros parlamentarios, y nadie de la Mesa puede impedir, antes de que se termine una sesión, que se realice una reunión de Comités.
Vamos a pedir dos cosas: prórroga de esta sesión y suspensión de la sesión hasta que llegue aquí el voto aditivo...
El señor BIANCHI.-
Veto.
El señor MOREIRA.-
El veto aditivo, perdón, con el fin de votarlo.
Hoy día hay una gran molestia de la ciudadanía por la iniciativa que nosotros aprobamos y que algunos, más inteligentes que otros, se negaron a aprobar.
Yo voté a favor, lamentablemente.
Eso era lo que quería manifestar: reunión de Comités antes de que se termine la sesión y que esta se suspenda a la espera del proyecto desde la Cámara de Diputados.
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El señor ELIZALDE (Presidente accidental).-
Vamos a seguir con las fundamentaciones de voto y después resolveremos lo propuesto por el Senador Moreira.
Tiene la palabra el Senador Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, yo voy a votar a favor el informe de la Comisión Mixta, pero quiero aprovechar de decir algo con relación a lo que planteaba el Senador Navarro.
A mí me llaman familias de distintos lugares que tienen a sus hijos presos por hechos ocurridos durante el estallido social. La mayor parte de ellos -he hablado incluso con fiscales- está ahí por delitos menores. Yo no entiendo por qué los jueces se han preocupado de darles cautelares tan altas.
Creo que es fundamental que esos jóvenes, que son más de mil, según entiendo, puedan estar recluidos en sus casas mientras termine el proceso.
Eso no puede hacerse mediante una ley. Lo tengo claro. Tampoco es un tema de los fiscales, sino de los jueces.
A lo mejor esta Sala podría dirigirse al Presidente de la Corte Suprema para pedirle que se tomen medidas de excepción para los mil y tantos presos que hay producto de distintos hechos ligados al estallido social.
Quería aprovechar de decir eso, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra el Senador Pedro Araya.
El señor ARAYA.-
Señor Presidenta, sin duda, voy a concurrir con mi voto a favor de esta iniciativa a fin de permitir el otorgamiento de estos indultos conmutativos a las personas mayores de edad. Creo que el trabajo de la Comisión Mixta resuelve bastante bien el problema suscitado y, dadas las circunstancias que está viviendo el país producto de esta pandemia, es absolutamente necesario aprobar esta futura ley.
Dicho eso, señora Presidenta, quiero formular -por su intermedio- una serie de consultas al Ministro de Justicia, dado que hemos recibido varias llamadas telefónicas de familiares de personas que están en prisión preventiva o cumpliendo condenas en distintos penales de la Región de Antofagasta (en Antofagasta propiamente tal; en las comunas de Calama, Taltal, Tocopilla), manifestándonos la preocupación respecto de qué medidas va a tomar Gendarmería a fin de evitar el contagio del COVID-19 en las distintas unidades penales, preocupación que también nos han transmitido los distintos funcionarios de Gendarmería.
Hemos conocido hace pocos minutos la declaración de la vocera de la Corte Suprema, la Ministra Gloria Ana Chevesich, quien ha señalado que hasta este momento habría nueve internos de la ex Penitenciaría y uno de la cárcel de Puente Alto que estarían contagiados con el COVID-19.
Obviamente existe preocupación por las personas que están privadas de libertad. Pero eso no significa que se les prive de otros derechos, especialmente el derecho a la salud. Y todos conocemos el hacinamiento y las condiciones en que está la mayoría de las cárceles de nuestro país.
Creo que eso requiere que el Ministerio de Justicia tenga un plan, que el Ministro puede explicar claramente a este Senado. ¿Qué va a pasar si se producen brotes de contagio, como los que están ocurriendo hoy día al interior de los distintos penales?
Reitero: he recibido varias llamadas en estos días de funcionarios de Gendarmería de la Región de Antofagasta y de familiares de personas privadas de libertad, todos preocupados por esta situación.
Y a raíz de lo que ha señalado la vocera de la Corte Suprema, se hace necesario que se explique por parte del Ministerio de Justicia cómo se van a evitar los contagios o qué medidas adicionales se van a tomar en las cárceles, porque el hacinamiento en ellas lo conocemos todos y va a ser imposible que se cumplan las medidas sanitarias que ha dispuesto el Gobierno en este tipo de situaciones.
Gracias, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Ofrezco la palabra al Senador Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señora Presidenta, intervendré en la misma dirección.
Yo voy a votar a favor de esta iniciativa, porque obedece a una fundamentación sanitaria ante una catástrofe sanitaria.
Esta es una medida preventiva, por la situación que viven las cárceles y el alto riesgo de contagio en ellas. Para ello, se hizo una larga discusión, luego de lo cual se estableció un indulto a personas que están cumpliendo penas privativas de libertad por distintos delitos, muchas veces delitos graves. Durante el debate y también en la Comisión Mixta evidentemente se ha intentado dejar fuera los más graves: delitos de sangre, de porte de armas y, como aquí se ha señalado, asociación ilícita por tráfico de drogas.
Pero lo que parece totalmente contradictorio, más allá del tema formal, es que a jóvenes en prisión preventiva producto de acciones durante el estallido social -yo no estoy haciendo un juicio de valor respecto de sus conductas-, considerando que la mayoría no va a tener penas privativas de libertad, se los deje en una situación de absoluto riesgo, un riesgo innecesario.
Es evidente que esos jóvenes -algunos hablan de mil; otros, de dos mil- están en un riesgo evidente de contagio por el hacinamiento y, como he señalado, lo más probable es que ni siquiera reciban penas privativas de libertad por sus actos. En una suerte de venganza, se los somete a cautelares que, a mi juicio, hoy día debieran ser revisadas.
Pido a este Senado y también al Ministro de Justicia que se revise eso, pues estamos ante una situación excepcional. Se está poniendo en riesgo la vida de ellos innecesariamente, pudiendo cumplir perfectamente la medida de prisión preventiva en sus domicilios, como lo había establecido el juez Urrutia para trece de ellos.
No significa que la justicia deja de perseguir el delito o deja de actuar, sino que aplica un criterio que hemos intentado que sea ecosistémico, que sea sistemático.
Pero aquí esto aparece como una situación parcial, que no da cuenta del objetivo que tenía la misma iniciativa de ley que estamos apoyando.
Entonces, les quiero pedir al Presidente y al Ministro de Justicia no que los tribunales claudiquen en su dimensión de investigar y sancionar los delitos, sino que actúen con el mismo criterio de prioridad sanitaria que estamos aplicando a personas que sí han cometido delitos, que sí tienen penas privativas de libertad, a la hora de aplicar las cautelares a quienes lo más probable es que ni siquiera reciban dichas penas.
He dicho.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra el Senador Alejandro Guillier.
El señor GUILLIER.-
Señora Presidenta, quiero poner el punto sobre esto último: las personas que, siendo procesadas hoy, no pueden acceder al beneficio de este proyecto porque no están condenadas. Ese es el problema formal que se ha constituido aquí.
Se lo he planteado al señor Ministro Hernán Larraín, quien entiende perfectamente que no se puede interferir en decisiones del Poder Judicial.
Yo deseo recordar que esos miles de jóvenes, muchos estudiantes, por protestar en la calle, por hacer bailar a la gente en forma obligatoria, por usar una capucha o por estar en una manifestación, fueron penalizados por este Congreso en un debate que se abrió al efecto y donde la mayoría estaba en un estado de preocupación -no sé qué estado raro-, con lo que, finalmente, se terminó penalizando ciertas formas de protesta, que pueden ser materias de faltas al orden público, pero en ningún caso implican delitos o penas.
Entonces, tenemos ahora el absurdo de que este mismo Congreso se desdice y quiere que suelten, con toda razón -porque ahí sí estamos de acuerdo-, a jóvenes que están detenidos por faltas que ni siquiera van a terminar en condena. Y si hubiera condenas, van a ser remitidas, pues esas personas no tienen antecedentes anteriores. Y en tal caso, van a ser penas menores.
Hicimos ese absurdo; aquí se construyó.
Por lo tanto, este Congreso tiene la obligación de reparar ese daño causado y salir a exigir que se les den las libertades mínimas por su propia seguridad, porque no existe proporción alguna en que gente por desórdenes en la vía pública pueda terminar exponiendo su vida por leyes que se aprobaron al calor de un estado emocional alterado.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra el Senador Elizalde.
El señor ELIZALDE.-
Señora Presidenta, en primer lugar, quiero valorar el trabajo realizado por la Comisión Mixta, que reparó una norma que había quedado incoherente, particularmente en cuanto a quienes, beneficiándose por la ley en proyecto, no cumplían la pena alternativa y, por tanto, por una votación que se produjo en la Cámara de Diputados, quedaban sin sanción, lo que es un absurdo.
Y este nuevo texto que está sometido a consideración del Senado le da un sentido coherente a la normativa, que además expresa un sentido humanitario fundamental, que es proteger a la población carcelaria -no estamos hablando de quienes son más peligrosos o de quienes han cometido delitos más graves-, la que se encuentra entre los grupos de riesgo, ya que en caso de producirse un foco infeccioso de coronavirus en algún penal obviamente podrían arriesgar sus vidas.
En tal sentido, creo que el Ministro de Justicia ha hecho un muy buen trabajo, tratando de generar condiciones para que, efectivamente, en las cárceles tengamos las mejores condiciones -valga la redundancia- para enfrentar esta situación tan compleja.
Hay otras medidas adicionales que se tienen que adoptar, medidas de carácter sanitario, las inversiones necesarias, porque aunque estemos hablando de personas que se encuentran privadas de libertad por haber cometido un delito, su protección es responsabilidad del Estado, y este debe actuar conforme a lo que eso representa.
Así que me parece muy importante que se apruebe esta normativa.
Y quiero sumarme a lo que han planteado los Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra respecto a la situación de aquellos que, no habiendo sido condenados, que han sido formalizados, que están siendo investigados, se encuentran actualmente sometidos a alguna medida cautelar de privación de libertad, y que en muchos casos podrían llegar a una absolución o a una condena con una pena inferior a lo que representa en los hechos esta medida cautelar.
Creo que hay que hacerse cargo de esa situación.
Y, por tanto, debiéramos debatir no sobre casos concretos, porque no corresponde a nosotros involucrarnos en causas que están pendientes, pero sí respecto de criterios generales que permitan enfrentar de la mejor forma posible la situación del coronavirus en las cárceles chilenas.
Ese es un tema que le hemos planteado al Gobierno para buscar una alternativa, porque aquí lo relevante es dar el debido marco de seguridad a quienes están hoy día privados de libertad, independientemente de los delitos que hayan cometido.
Resulta evidente que este tipo de normativas no se puede aplicar respecto de los delitos más graves ni de quienes constituyen un peligro para la sociedad, pero eso no obsta a que hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para que no se produzca un foco de contagio que pudiera terminar con la vida de los reclusos. Y todos sabemos las consecuencias que eso podría tener para nuestro país.
Así que creo que hay que redoblar los esfuerzos. Por cierto, proteger a toda la población, pero no dejar en la desprotección a quienes estén privados de libertad.
El Estado no se venga, el Estado imparte justicia. Y eso es muy importante. Nunca hay que perder esa perspectiva.
Por lo anterior, voto a favor.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra el Senador Durana.
El señor DURANA.-
Señora Presidenta, el proyecto de ley que establece el indulto conmutativo tiene en su origen un profundo sentido humanitario respecto de las personas que se encuentran privadas de libertad.
Sin embargo, y lo digo con pesar, no puedo compartir que este proyecto de ley se transforme en un instrumento de intolerante discriminación con las personas que hoy están cumpliendo condenas en Punta Peuco y que casi en su totalidad se encuentran entre los grupos de más alto riesgo respecto de la pandemia.
¿Quién cargará con la responsabilidad de transformar Punta Peuco en un verdadero gueto mortal de personas de la tercera edad si tan solo uno de ellos es contagiado con la pandemia?
Cada uno de esos miembros de las Fuerzas Armadas hoy privados de libertad, independiente de los delitos que hayan podido cometer, tiene derechos y no se los podemos negar anteponiendo razones políticas e ideológicas al cumplimiento de su condena. Ya fueron juzgados y condenados, algunos a través de una ficción jurídica, como reconoció un juez de la república. Y a partir de ese hecho no podemos establecer dobles o triples condenas.
No es posible que seamos jueces inquisidores respecto de hechos que ya fueron juzgados, y menos establecer a cada momento a un grupo privado de libertad como nuestros enemigos políticos e ideológicos a quienes debamos destruir.
Si nos vanagloriamos de defender la vida, tenemos que ser consecuentes: defendamos la vida y la salud de todos los chilenos.
Me abstengo, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón.
La señora RINCÓN.-
Señora Presidenta, quiero saludar este proyecto.
Además, agradezco la disposición del Gobierno para acoger las indicaciones que planteamos en la discusión de la iniciativa en la Comisión -tuve el honor de reemplazar a mi colega y miembro de la bancada de la Democracia Cristiana Francisco Huenchumilla- en orden a hacer consideraciones especiales respecto de las edades de quienes pueden acceder a este beneficio: en el caso de los hombres, rebajar a 60 años; y en el caso de las mujeres, a 55.
Creo -y les pido a mis colegas que puedan discutir afuera de la Sala- que este proyecto de ley, que es una buena iniciativa a la luz de lo que estamos viviendo y más cuando hemos escuchado a los médicos, a los expertos -aquí tenemos varios colegas que pueden ilustrarnos en esta materia-, nos demanda un desafío adicional: poner encima de la mesa con el Ejecutivo una discusión permanente respecto de aquellas personas que podrían acceder a este tipo de beneficios cuando tengan cierta edad y cierto espacio de tiempo de cumplimiento de su condena.
Los hacinamientos en las cárceles existen, y eso nos obliga a revisar y replantearnos estos temas.
Y, además, le hago una petición especial -por su intermedio- al Ministro de Justicia, quien conoce El Maule, conoce Chanco, para que podamos revisar la cárcel de Chanco a fin de transformarla en un centro de capacitación para el país y para los jóvenes.
Creo que tenemos que replantearnos este tema. Y sería una buena oportunidad para instalarlo. Lo hemos hablado con el Senador Felipe Harboe, quien ha estado en conversaciones con el Ejecutivo en estos temas.
Respaldo la iniciativa.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra el Senador Insulza.
El señor INSULZA.-
Señora Presidenta, en realidad, iba a intervenir antes.
Ya se ha dicho bastante, pero quiero reiterarlo.
Me refiero a estos debates que no dicen relación propiamente con un proyecto de ley, porque está claro que en esta iniciativa no podemos introducir ninguna normativa para que los procesados puedan ser dejados en libertad, aunque sintamos que realmente no deberían estar ahí.
Eso se discutió en la Comisión. Pero el problema es que el artículo 76 de la Constitución, que consagra la independencia del Poder Judicial, es taxativo sobre esta materia: ni nosotros, ni el Ministro podemos realizar ninguna acción útil para que esas personas sean puestas en libertad. Podemos solicitarlo, pero no podemos avocarnos causas pendientes.
Yo espero que tengamos claro ese punto.
Creo que es importante que la gente que escucha estas sesiones del Senado entienda que está taxativamente prohibido al Presidente de la República o al Senado o al Congreso Nacional tomar medidas, dictar leyes o algo por el estilo que signifique avocarnos causas pendientes.
Me parece relevante recalcar eso, porque después van a decir que no quisimos hacerlo. No. Yo quisiera que el fiscal decidiera algo, pero de acuerdo con la Constitución solamente los fiscales y los jueces pueden tomar esa decisión respecto de causas pendientes.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra la Senadora Allende.
La señora ALLENDE.-
Señora Presidenta, en primer lugar, quiero decir que por supuesto voy a dar mi voto a favor. Creo que la Comisión Mixta ha hecho un buen trabajo.
Pienso que debemos tomar medidas por la crisis sanitaria que se empieza a desarrollar en las cárceles, como ya ocurrió en el caso de Puente Alto, donde obviamente la reacción de los internos es preocupante. Y se puede empezar a producir en muchos otros penales, dado que lamentablemente tenemos un nivel de hacinamiento bastante grave en nuestro país, y claramente no resiste una crisis sanitaria como esta si no tomamos particulares medidas.
Estoy pensando, por cierto, en los internos, pero también en los gendarmes. Yo creo que aquí hay una tremenda responsabilidad. Pienso que el Ministro de Justica está plenamente consciente de ello, pero espero que después ilustre sobre qué medidas se están adoptando al respecto.
También quiero decir que me llamó el sacerdote Roblero muy preocupado porque veía que esta situación se iba a incubar y veía con mucha inquietud las condiciones reales de hacinamiento hoy día, que hacen prácticamente imposible tomar las medidas preventivas y de cuarentena que estamos teniendo muchos de los ciudadanos.
Entonces, creo que esta norma es una gran iniciativa y coincide con la preocupación del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y, claro, estamos hablando no solo de la gente de avanzada edad, sino también de todos aquellos que no han incurrido en los delitos más graves, como homicidios, secuestros, violaciones, etcétera.
Yo, al revés de lo que expresaba un Senador que me antecedió en el uso de la palabra, soy de las que presentamos una indicación para excluir precisamente a los que constituyen un peligro para la sociedad. Y creo que lo que se ha agregado en la Comisión Mixta, que tiene que ver con aquellos ligados con tráfico de armas o narcotráfico, también es importante.
Pero, de igual forma, resulta necesario que se establezca un mecanismo de sanción, porque para aquellos que incumplan debe haber una sanción efectiva, para que lo tomemos realmente en serio y se pueda aplicar, sobre todo si perseguimos un objetivo mayor.
Termino diciendo que me preocupa qué sucede con las prisiones preventivas durante esta crisis sanitaria. Espero que el Gobierno y el Ministerio de Justicia tomen medidas. Nosotros podemos ver algunas normas generales sobre medidas cautelares. Claramente, esto es una preocupación.
Espero que ello pueda ser abordado, al igual que la actual situación de jóvenes que fueron detenidos durante el estallido social, respecto de los cuales el Ministerio del Interior se ha querellado. Yo creo que eso no corresponde. Ojalá dicha Cartera entienda que en esta situación de crisis sanitaria es absurdo tenerlos presos. Ojalá puedan tomar medidas para que estos jóvenes salgan y no se mantengan en condición de riesgo en circunstancias de que los delitos que han cometido no revisten la gravedad que uno podría suponer, a diferencia de lo que significa un homicidio, y para qué decir un delito de lesa humanidad.
Voto a favor.
Pero le pido al Gobierno y al Ministerio del Interior que encarecidamente tomen en consideración la situación de los jóvenes que fueron detenidos, alrededor de mil... (falla de audio en transmisión telemática).
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra el Senador Francisco Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.-
Señora Presidenta, quería hacer un par de comentarios respecto de lo que aquí se ha discutido, porque yo me pregunto qué filosofía está detrás de este proyecto que concede un indulto a los condenados. Naturalmente, lo que se encuentra detrás de esto es la crisis sanitaria que vive Chile y el mundo, que es una situación excepcional.
Entonces, si yo puedo dictar una legislación excepcional respecto de los condenados para indultarlos y mandarlos para su casa, con esa misma filosofía yo podría pensar: ¿por qué no es posible hacer lo mismo respecto de la gente que está en prisión preventiva, si efectivamente estamos frente a una situación de excepción desde el punto de vista sanitario y esta gente se encuentra privada de libertad?
Aquí se ha dicho que hay una disposición constitucional que nos impide avocarnos causas pendientes. Bueno, si nosotros quisiéramos dictar una ley precisamente para esas causas, con número, con nombre y apellido, no sería posible hacerlo.
¿Pero no podemos dictar una norma general acerca de las medidas cautelares en el Código Procesal Penal respecto de lo que aplican los jueces, innominadamente, como una norma general en una situación de excepción sanitaria?
A mí me parece que no es tan clara la norma constitucional que aquí se ha aludido. Lógicamente, si lo hacemos con nombre y apellido y con número de las causas específicas, no podemos hacerlo. Pero creo que nada nos impide legislar, ya sea una reforma constitucional o una ley, con normas generales respecto de las medidas cautelares en situaciones de excepción que pueda vivir nuestro país.
Hago esa reflexión porque creo que sería bueno que el señor Ministro pudiera decir algo al respecto.
Naturalmente, voto que sí.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
No hay más inscritos.
Se ha cerrado el debate.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador de los presentes en la Sala aún no ha emitido su voto?
Vamos a proceder a consultar la votación de los Senadores que se encuentran participando de la sesión de manera remota.
Senadora señora Isabel Allende, ¿cómo vota?
La señora ALLENDE.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senadora señora Carmen Gloria Aravena, ¿cómo vota?
La señora ARAVENA.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senador señor Pedro Araya, ¿cómo vota?
El señor ARAYA.-
A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senador señor Juan Castro, ¿cómo vota?
El señor CASTRO.-
Por ser un proyecto que discrimina, me abstengo.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senador señor Alfonso de Urresti, ¿cómo vota?
El señor DE URRESTI.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senador señor José Miguel Durana, ¿cómo vota?
El señor DURANA.-
Por lo expuesto, me abstengo.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senador señor Francisco Huenchumilla, ¿cómo vota?
El señor HUENCHUMILLA.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senador señor José Miguel Insulza, ¿cómo vota?
El señor INSULZA.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senador señor Carlos Montes, ¿cómo vota?
El señor MONTES.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senadora señora Ximena Órdenes, ¿cómo vota?
La señora ÓRDENES.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senador señor Rafael Prohens, ¿cómo vota?
El señor PROHENS.-
Me abstengo, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?
La señora PROVOSTE.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senador señor Jaime Quintana, ¿cómo vota?
No está conectado el Senador Quintana.
Senador señor Jorge Soria, ¿cómo vota?
El señor SORIA.-
¿Puedo votar?
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Está o no está, Senador? No se ve en la pantalla
¿Senador señor Jorge Soria?
El señor SORIA.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
No aparece en pantalla el Senador señor Soria.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
¿Senador Soria?
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Tiene que prender la pantalla, Senador señor Soria.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Se escucha solo la voz. Tiene que estar en pantalla para que se pueda consignar su voto.
Terminada la votación.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (33 votos a favor y 7 abstenciones), dejándose constancia de que se reunió el
quorum
constitucional exigido, y queda despachado el proyecto en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, De Urresti, Elizalde, Galilea, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Quinteros y Sandoval.
Se abstuvieron la señora Ebensperger y los señores Castro, Coloma, Durana, García, Prohens y Pugh.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).-
Señora Presidenta, en verdad, no era mi ánimo intervenir nuevamente.
Aprovecho de agradecer el apoyo que ha tenido esta iniciativa, tanto de la Comisión Mixta como de esta Sala.
Solo quiero referirme, en forma muy breve, a algunas inquietudes que se han manifestado acerca de las prisiones preventivas.
Al respecto, tanto cuando se introdujo este debate como al momento de discutirse el texto de este proyecto la semana pasada hice presente la opinión del Ejecutivo sobre la materia.
En términos generales, consideramos que las prisiones preventivas en Chile están excedidas en su ámbito de aplicación. En cerca de la mitad de las causas en que se decretan estas medidas cautelares, cuando se trata de casos finales, cuando se cierran los procesos respectivos y se dicta sentencia, se termina en condenas inferiores a las penas privativas de libertad o en absoluciones, y, por tanto, las personas son declaradas inocentes: las cifras hablan de aproximadamente 20 por ciento declaradas inocentes y de 25 a 27 por ciento condenadas a penas inferiores a la privativa de libertad.
Por consiguiente, no cabe la menor duda de que estamos excediendo las prisiones preventivas que se establecen durante los procesos judiciales.
Es cierto que tiene que haber un margen de error, porque los jueces y el Ministerio Público deben ir evaluando las situaciones, y, probablemente, igual debe de haber más personas procesadas que las que son finalmente absueltas o que resultan con penas inferiores a la de privación de libertad. Pero la diferencia es mucha, y por eso estamos trabajando en un proyecto que esperamos entrar a tramitación muy pronto, relacionado con el control telemático, que va a permitir tener una medida cautelar efectiva no solo respecto de la violencia intrafamiliar, sino también para muchos delitos vinculados precisamente con esta situación: que en lugar de establecer prisión preventiva, puedan tener control telemático. Y, por esta vía, esperamos reducir la prisión preventiva como regla general.
En lo particular, ya lo han dicho varias señoras Senadoras y diversos señores Senadores, la capacidad que tienen el Congreso o el Gobierno para interferir en los procesos judiciales es nula. En eso consiste la autonomía del Poder Judicial y su independencia, en que nadie puede tomar decisiones por él.
Las medidas de prisión preventiva son resueltas al interior de procesos judiciales que se están llevando adelante. Y, por tanto, este proyecto se refiere -como lo señalé en su momento- a personas que se hallan condenadas.
¿Se les puede indultar a los condenados? Sí, bajo ciertas condiciones. Pero respecto de personas que están en prisión preventiva no se pueden dictar normas desde el punto de vista constitucional, ya sea por una ley o por una decisión que pudiera adoptar el Ejecutivo en cualquier sentido.
Entonces, hay una restricción.
Ahora, con todo, somos conscientes de que hay cuestiones que se deben revisar. A lo menos, los mismos criterios que hemos tenido en cuenta en este proyecto para indultar deberían estar presentes en buena medida en los criterios que se pueden adoptar en el ámbito de la prisión preventiva para conmutarla o para modificar la medida cautelar por una distinta. Y nosotros favorecemos esa posición. De hecho, hemos trabajado este tema con la Defensoría, y esta ha presentado del orden de las ochocientas a mil solicitudes para hacer las transformaciones de estas medidas cautelares de prisión preventiva a arresto domiciliario a fin de poder evitar que la población de riesgo que se halla en prisión preventiva quede expuesta a los contagios que se dan cuando se está encerrado en una prisión.
En cuanto al tema puntual, no me corresponde pronunciarme sobre casos específicos, si debe o no dárseles este beneficio a quienes se ha mencionado aquí, a los detenidos durante el estallido social; pero la información que estamos recabando -porque estamos inquietos sobre el particular- es que muchos de estos casos no solo corresponden a desórdenes públicos, sino que también se trata de jóvenes y no tan jóvenes detenidos por atentados, por portar explosivos, por portar armas, por participar en saqueos. Hay una confusión en materia de detenciones, y, por tanto, estrictamente los detenidos que quedaron en prisión preventiva única y exclusivamente por desórdenes públicos aparentemente son pocos.
Y eso explica, señora Presidenta, la dificultad que tenemos al respecto.
Pero, en todo caso, estamos estudiando el tema, porque, junto con ese grupo determinado, nos preocupa en general el caso de las personas que hoy día están encarceladas, ya sea que se hallen en prisión preventiva o estén condenadas.
Con relación a quienes están en prisión preventiva, advertimos que si los jueces, con el Ministerio Público y la Defensoría, colaboran y actúan coordinadamente, podemos aliviar la carga de las cárceles.
Estamos trabajando en tal sentido, y esperamos en los próximos días tener alguna resolución positiva.
En lo tocante a la situación interna de las cárceles, aparte esta medida de indulto, estamos con un plan muy completo de control y prevención de la expansión del contagio internamente. Y, en el caso de que se produzca, tomaremos medidas de aislamiento serias y que ayuden a evitar los conflictos que se derivan de ello. Incluso, nos hallamos trabajando para establecer ciertos centros a fin de no mantener internos dentro de los recintos penitenciarios. Hay algunos que están sobrepoblados y no es razonable que queden ahí.
Vamos a tener un centro en Arica, otro en Concepción y otro en Río Bueno. Es decir, se está trabajando mucho. Sé que es un tema complejo y difícil. No quiero agotar el tiempo de las señoras y de los señores Senadores, pero sí quiero hacerles presente que somos plenamente conscientes de este problema. Afortunadamente, en materia de internos solo tenemos un contagio. Hay muchos sospechosos -no sé si tantos, pero hay sospechosos- a lo largo de nuestro país y se encuentran todos aislados, y estamos tomando las medidas que los protocolos recomiendan. Y también estamos preocupados, porque esto obviamente, tratándose de recintos carcelarios, trae consigo complejidades muy grandes que queremos evitar por la población penal, ciertamente, que está bajo la custodia del Estado, pero también por los propios trabajadores penitenciarios, que deben ser protegidos en sus derechos de salud.
Gracias, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Entonces, queda despachado el informe de la Mixta y terminada la tramitación de este proyecto.
Voy a suspender la sesión para llamar a reunión de Comités.
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--Se suspendió a las 16:02.
--Se reanudó a las 16:38.
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La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Continúa la sesión.
ACUERDOS DE COMITÉS
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Los Comités, en sesión de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos:
1.-
Facultar a la señora Presidenta para citar a una sesión especial para el día de hoy, a las 17:30 horas, sin necesidad de cumplir con los plazos previos establecidos por el Reglamento, a los efectos de tratar las observaciones que se efectuaron por parte del Ejecutivo al proyecto de ley que faculta a los concejos municipales para prorrogar la obtención y renovación del permiso de circulación de los vehículos que indica (boletín N° 13.308-06).
Asimismo, se acordó que, una vez abierta dicha sesión especial, si no se hubiere recibido el respectivo oficio de la Honorable Cámara de Diputados, se facultará a la Presidenta para proceder a la suspensión de la sesión hasta que dicho oficio sea recibido, el cual será tratado directamente en la Sala, sin pasar a Comisiones y hasta su total despacho.
2.-
Citar a sesión extraordinaria de Sala para el próximo miércoles, 8 de abril, desde las 11 horas, a fin de conocer asuntos de tabla, la que se elaborará en los Comités, que serán convocados ese mismo día a contar de las 9:30 horas.
3.-
Efectuar y dar a conocer una regulación del funcionamiento de la votación telemática a distancia de las señoras y los señores Senadores, para su adecuada información.
Es todo, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Gracias, señor Secretario.
Ofrezco la palabra sobre los acuerdos de Comités.
El señor PIZARRO.-
¿A qué hora es la sesión, señora Presidenta?
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
A las cinco y media de la tarde, facultándose a la Mesa para, una vez abierta la sesión, suspenderla por más de veinte minutos si no se hubiere recibido el respectivo oficio de la Cámara de Diputados.
Por haberse cumplido su objetivo, levantaré la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor DE URRESTI:
Al Ministro de Defensa Nacional; al Ministro de Obras Públicas; al Ministro de Bienes Nacionales; al Comandante en Jefe de la Armada, y al Alcalde de Lago Ranco, con relación a TRABAJOS CON MAQUINARIA PESADA EN PLAYA DE LAGO RANCO; INFORMACIÓN SOBRE INICIO DE ALGUNA INVESTIGACIÓN O DENUNCIA AL RESPECTO Y NOTIFICACIÓN A QUIENES EJECUTARON TALES FAENAS; INDIVIDUALIZACIÓN DEL PARTICULAR O EMPRESA RESPONSABLE DE DICHOS TRABAJOS, PRECISANDO SI CONTABA CON PERMISO O SI LO SOLICITÓ CON POSTERIORIDAD A LA FISCALIZACIÓN.
Al Ministro de Obras Públicas, al Ministro de Salud, al Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos y al Alcalde de Río Bueno, para que informen sobre MEDIDAS ADOPTADAS PARA CAUTELAR ACCESO Y CONSUMO HUMANO DE AGUA POTABLE ANTE DENUNCIA DE COMUNIDAD DE EL ROBLE-CARIMALLIN POR CORTE E INTERRUPCIONES DE SUMINISTRO DURANTE LAS NOCHES.
Al Ministro de Salud, solicitándole información sobre NÚMERO DE VENTILADORES ADQUIRIDOS CON MOTIVO DE PANDEMIA COVID-19, INDICANDO SU DESTINACIÓN TANTO A REGIONES COMO A CENTROS ASISTENCIALES DE LOS RÍOS Y ADQUISICIONES Y DESTINACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL, ASÍ COMO INCREMENTO DE EQUIPAMIENTO E INSUMOS PARA PROFESIONALES Y TRABAJADORES DE LA SALUD.
Y al Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos y al Alcalde de Mariquina, pidiéndoles remitir antecedentes y copia de INFORME DE MISIÓN DE OBSERVACIÓN DEL INDH QUE ESTABLECIÓ A MARIQUINA COMO POTENCIAL ZONA DE SACRIFICIO POR DIFERENTES PROYECTOS FORESTALES, ASERRADEROS, POZOS DE EXCAVACIÓN DE RIPIOS, ADEMÁS DE EVENTUAL INSTALACIÓN DE PLANTA DE RESIDUOS INDUSTRIALES Y DOMICILIARIOS Y NO PELIGROSOS, QUE SE TRAMITAN O HAN TRAMITADO EN DICHO TERRITORIO.
Del señor PIZARRO:
Al Ministro de Salud, planteándole NECESIDAD DE REALIZAR TESTS RÁPIDOS DE COVID-19 A CONDUCTORES DE CAMIONES DESTINADOS A DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A LO LARGO DEL PAÍS.
Del señor PROHENS:
Al Ministro de Salud, pidiéndole incorporar, dentro de las medidas dispuestas en el Plan de Acción de Coronavirus del Gobierno de Chile, el CIERRE DE MACROZONA NORTE, CON MANTENCIÓN DE SU AISLAMIENTO TOTAL Y CON REFORZAMIENTO DE BARRERAS SANITARIAS DE PREVENCIÓN.
De la señora RINCÓN:
Al Superintendente de Salud, solicitándole realizar GESTIONES NECESARIAS PARA USO DE FACULTADES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONFORME AL ESTADO DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE CATÁSTROFE, EN ESPECÍFICO RESPECTO AL CONGELAMIENTO O ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS, PARA EVITAR ALZA EN PLANES DE SALUD DE ISAPRES.
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La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 16:41.
Julio Cámara Oyarzo
Director de la Redacción