CREACIÓN DE SUBSIDIO ESTATAL PARA TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE BAJAS REMUNERACIONES
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, mucho se debate y se seguirá debatiendo sobre las causas de la crisis política y social que atraviesa nuestro país. Pero la gran mayoría de los diagnósticos relevan a la desigualdad como uno de los factores clave que explican la actual situación.
La desigualdad da cuenta no solo de una gran mayoría de personas que reciben bajos salarios, sino que también revela una concentración demasiado alta de la riqueza en unas pocas manos.
Este claro que es un proyecto triste.
Los proyectos principales de la agenda social no solo deben avanzar en dar respuesta efectiva a las demandas concretas, principalmente en salud, pensiones o remuneraciones. En la base de esta agenda debe estar la disminución de la desigualdad, de modo que quienes tienen más contribuyan de manera importante a solucionar este desequilibrio.
El proyecto, mal llamado de "ingreso mínimo garantizado", que estamos discutiendo hoy, no apunta en esa dirección.
El Gobierno sostiene que su iniciativa busca complementar los ingresos de los trabajadores que reciben más bajas remuneraciones con una especie de bono, de hasta 59 mil pesos, lo que generaría este nuevo ingreso mínimo garantizado.
Pero la propuesta adolece de varios problemas. El primero es la insuficiencia. Un aumento de hasta 59 mil pesos no alcanza a cubrir las necesidades esenciales de estos chilenos.
Lo dijo hace muchos años la Iglesia católica, cuando habló por primera vez del "sueldo ético"; lo han demandado insistentemente los trabajadores a través de sus organizaciones, y lo confirman todos los estudios que sostienen que el ingreso mínimo se encuentra bajo el umbral de la pobreza.
Existe consenso en que, para cumplir con este propósito, se requiere un ingreso de alrededor de 500 mil pesos.
A pesar de las cifras de crecimiento macroeconómico que ha exhibido por décadas el país, aún hay una gran cantidad de trabajadores pobres, y eso es simplemente intolerable.
El segundo problema que acarrea la fórmula del Gobierno es que persiste en el rol subsidiario del Estado. Aquí no hay un aumento de los salarios, sino un subsidio estatal a las empresas. No es el sector privado el que hace el esfuerzo para mejorar las remuneraciones. Es el Estado -el tan vapuleado Estado- el que absorbe el costo de mejorar el ingreso. No hay, por tanto, una valoración de parte del empleador hacia la labor de sus trabajadores.
A pocos días del estallido social, grandes empresarios se pronunciaron públicamente por hacer un esfuerzo mayor recurriendo a la expresión de que había que "meterse la mano al bolsillo" para mejorar los salarios más bajos y reducir la brecha de la inequidad. Pero eso no ha ocurrido hasta ahora. Solo hemos presenciado gestos voluntarios y aislados de algunos empresarios a título personal. Y ahora el Gobierno opta por subsidiar a la empresa privada para aumentar el ingreso mínimo, sin que exista contribución de los empleadores.
Un tercer problema lo constituyen los efectos indeseados de este subsidio. Por ejemplo, puede convertirse en un estímulo para que los privados no aumenten las remuneraciones más bajas, o que fijen los sueldos de los nuevos trabajadores en un nivel inferior, de manera que puedan recibir un mayor porcentaje del subsidio estatal. También puede significar un desincentivo para que los trabajadores hagan horas extraordinarias porque se podría perder el subsidio.
Todos estamos de acuerdo en la necesidad de elevar el salario mínimo, pero no es esto lo que establece este proyecto. El esfuerzo no lo hacen los empresarios. Y si lo que se busca es establecer un mecanismo de protección social, tiene mucho más sentido, por ejemplo, elevar la asignación familiar.
En este contexto, la propuesta del Gobierno podrá ser válida en cuanto al fin, pero es cuestionable respecto de la fórmula que propone.
Algo parecido sucede con la reforma tributaria, que recauda poco y cuya carga debe ser asumida por los consumidores de clase media y baja y no por los más adinerados, y con la reforma previsional en discusión, que considera una cotización de cargo del empleador, pero que se aplicará gradualmente en un plazo demasiado largo.
¿Será Chile un país más justo con estas medidas? ¿Tendremos más equilibrio en nuestra sociedad? ¿Estamos haciendo las reformas de fondo que el país necesita, o solo estamos estirando la cuerda hasta que se produzca un nuevo reventón?
El escenario actual exige soluciones más efectivas, y requiere también de medidas más osadas.
Es imprescindible la discusión sobre el salario mínimo en el marco de una negociación con los trabajadores, tal como lo disponen los convenios internacionales. Dicho salario mínimo debiera establecerse por lo menos en 450 mil pesos y ser complementado con este subsidio estatal, de manera tal que los ingresos totales alcancen los 500 mil pesos mensuales.
Y creo que debemos ir más allá, poniendo en discusión una rebaja gradual del IVA e incluso la eliminación de este impuesto a la canasta básica de productos y servicios, o su devolución para aquellos salarios menores a 500 mil pesos. Esa menor recaudación puede ser recuperada a través de una mayor tributación al lujo y al suntuario. No puede ser que mientras en varios países de la OCDE los mismos superricos estén pidiendo una mayor carga tributaria para cubrir el gasto social, en Chile persistamos en la noción impuesta por la dictadura de cuidar a los ricos, a la espera de un chorreo que, bien lo sabemos, nunca va a llegar.
Da la impresión de que el Gobierno no ha entendido el mensaje de los ciudadanos, que desde el 18 de octubre pasado están pidiendo con firmeza no solo mejores pensiones y remuneraciones, sino también mayor justicia social. Y eso no se hace sin tocar a quienes tienen más.
El Gobierno evade esta discusión. Lo hace levantando el discurso del miedo: miedo a la violencia, miedo a la cesantía o al estancamiento de la economía. Y también lo hace acusando a quienes quieren dar el debate de fondo tratándolos de obstruccionistas.
Los Ministros acusan a la Oposición de ralentizar la discusión de la agenda social, pero el Gobierno perdió los primeros cuatro meses tras la crisis enviando solo iniciativas de seguridad pública.
Chile ha cambiado, y la gente ya no se engaña con estos trucos.
Por eso, reiteramos que los socialistas apoyamos soluciones de fondo y no de parche. Respaldamos las urgencias de los ciudadanos, no las de La Moneda.
Por eso, podremos aprobar este proyecto en particular, pero seguiremos insistiendo en abordar de verdad el problema de las remuneraciones en Chile, que se resuelve con más poder negociador para los trabajadores y estableciendo mínimos que, efectivamente, permitan satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias.
He dicho.