CREACIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de los adolescentes, y a otras normas que indica, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento e informes de las Comisiones de Hacienda y de Educación y Cultura y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.174-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite: sesión 5ª, en 4 de abril de 2017 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 42ª, en 5 de septiembre de 2017.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (segundo): sesión 87ª, en 18 de diciembre de 2019.
Hacienda: sesión 87ª, en 18 de diciembre de 2019.
Educación y Cultura: sesión 102ª, en 28 de enero de 2020.
Discusión:
Sesión 77ª, en 3 de enero de 2018 (se aprueba en general).
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- El objetivo de la iniciativa es crear el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, entidad pública especializada que asumirá, en coordinación con otras agencias del Estado, el proceso de reinserción social de los adolescentes infractores de la ley penal. Asimismo, modifica la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de los adolescentes, y otras disposiciones relacionadas con la materia.
La iniciativa fue aprobada en general el 29 de agosto de 2017.
Las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Educación y Cultura dejan constancia de que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los artículos 1°, 5°, 20 (que pasó a ser 29), 24 (que pasó a ser 36), 25 (que pasó a ser 37), 29 (que pasó a ser 45), 35 (que pasó a ser 51), 36 (que pasó a ser 52), 38 (que pasó a ser 54), 44 (que pasó a ser 62), 45 (que pasó a ser 63), segundo transitorio y cuarto transitorio.
Posteriormente, la Comisión de Hacienda se pronunció sobre las normas de su competencia y no introdujo modificaciones al texto.
Finalmente, la Comisión de Educación y Cultura tampoco introdujo enmiendas a ninguna de ellas.
Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación. Cabe señalar que el artículo 44, que pasó a ser 62, requiere el voto conforme de 23 señoras y señores Senadores, por ser norma de rango orgánico constitucional.
Posteriormente, las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Educación y Cultura introdujeron de forma unánime diversas modificaciones. Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifiesten su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o existieren indicaciones renovadas.
De las enmiendas unánimes, las relativas a los artículos 17, 26, 30 y 56, en su número 28), son normas de rango orgánico constitucional, por lo que requieren 23 votos para su aprobación.
En la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, las siguientes modificaciones fueron aprobadas por mayoría de los miembros presentes:
Artículo 7°, que pasó a ser 12, letra b), en la parte que sustituye las palabras "por sí o por terceros" por "directamente o a través de organismos acreditados" (corresponde a la indicación N° 13).
Artículo 17, que pasó a ser 26, inciso final (corresponde a la indicación N° 55 A).
Artículo 40, que pasó a ser 56, en sus numerales:
-14), que pasó a ser 17), en el inciso segundo del artículo 25 quáter introducido (corresponde a la indicación N° 103);
-25), que pasó a ser 28), en los incisos séptimo y octavo del artículo 35 ter introducido (indicación N° 112 A); en el inciso segundo del artículo 35 quinques introducido (corresponde a la indicación N° 112 A);
-27), que pasó a ser 31), letra b), en la parte que introduce un inciso final nuevo (corresponde a la indicación 114 B), y
-29), que pasó a ser 33), en la modificación del número 3, relativa a la parte que introduce un nuevo inciso cuarto (corresponde a la indicación N° 114 C).
Artículo quinto transitorio, inciso primero.
Finalmente, las Comisiones dejan constancia de que las siguientes normas tienen quorum especial de aprobación:
1.- Los artículos de quorum calificado, que requieren 21 votos para su aprobación, son:
-Artículos 9°; 10; 17, inciso sexto, y 30, inciso segundo, por incidir en lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 8° de la Carta Fundamental.
-Artículo 12, letra l), por incidir en lo dispuesto en el numeral 21° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.
2.- Artículos que tienen el carácter de ley orgánica constitucional y que, en consecuencia, requieren 23 votos favorables para su aprobación:
-Artículos 39, inciso cuarto; 43, inciso segundo; 56, número 17), en lo que atañe al inciso final del artículo 25 quáter propuesto; 56, número 22) y número 28), en lo relativo al inciso tercero del artículo 35 ter propuesto; 56, número 40); 58, y séptimo transitorio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 77 de la Carta Fundamental.
-Artículos 13, inciso segundo; 16; 22; 24, inciso segundo; 26, inciso primero; 62, número 2), pues alteran la estructura prevista en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
-Artículos 56, número 28), en relación con el inciso séptimo del artículo 35 ter propuesto; 59, y octavo transitorio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 84 de la Constitución Política de la República.
-Artículo 17, inciso quinto, según lo dispone el artículo 8°, inciso tercero, de la Carta Fundamental.
-Artículo 18, inciso cuarto, en virtud de lo dispuesto en los artículos 55, 77, 84, 111, 113, 118 y 119 de la Constitución Política de la República.
-Artículo 26, inciso final, según lo dispone la regulación orgánica de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Es todo, señor Presidente.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Muchas gracias, señor Secretario.
Me han pedido la palabra dos Senadores.
Senador Pizarro, hay dos temas puntuales que no se refieren a este proyecto de ley. Despachemos eso y luego vemos el procedimiento de votación de la iniciativa, especialmente para alcanzar los quorum.
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Senador Harboe, tiene la palabra.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, por acuerdo de las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género, solicito que se recabe el asentimiento de la Sala para abrir plazo de media hora para presentar una indicación al proyecto de ley que modifica el Código Penal en materia de tipificación del delito de femicidio y de otros delitos contra las mujeres (boletín N° 11.970-34). Asimismo, pido que esta iniciativa pueda ser vista mañana con certificado de la Comisión.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo?
Acordado.
En la Secretaría de la Comisión se va a presentar la indicación.
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Senador Letelier, tiene la palabra.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, pido que se recabe la autorización para que la Comisión de Gobierno pueda sesionar en paralelo con la Sala mañana, de 4 a 5 de la tarde, para terminar de despachar el proyecto de ley sobre migraciones (boletín N° 8.970-06).
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo?
Acordado.
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- En discusión particular el proyecto.
Senador Pizarro, tiene la palabra.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, ¿cómo vamos a proceder con la votación? Lo consulto porque, por lo que le escuché al Secretario, hay artículos de quorum calificado y de ley orgánica constitucional, que producto de los permisos constitucionales necesitan 21 y 23 votos, respectivamente.
Además, todavía hay Comisiones sesionando en paralelo.
Entonces, no sé qué sugieren. ¿Se hará una sola votación buscando juntar los votos para el quorum? Al parecer, no hay petición de votación separada y el proyecto viene aprobado prácticamente por unanimidad, por lo que hemos escuchado.
En consecuencia, tal vez sería bueno empezar a llamar a los colegas que están en Comisiones y abrir la votación.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Señor Senador, en la misma línea, lo que vamos a proponer es abrir la votación con el quorum más alto, a partir de las indicaciones y los artículos que ha señalado el señor Secretario. Mientras, daremos la palabra al Senador Montes y al Senador Harboe para que informen por las Comisiones de Hacienda y de Constitución.
Si les parece, abriremos la votación respecto de todas las normas, incluidas las de quorum especial indicadas por el Secretario.
¿Habría acuerdo?
Senador García, tiene la palabra.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, yo creo que el Senador Latorre, Presidente de la Comisión de Educación, de igual modo debiera informar, porque en esa Comisión también se vio este proyecto.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Disculpe la omisión. Precisamente, informarán los tres Presidentes de las tres Comisiones en que se analizó la iniciativa.
Pero pongámonos de acuerdo respecto de la propuesta del Senador Pizarro.
¿Habría acuerdo en realizar una sola votación para todas las normas que ha señalado el Secretario, a fin de alcanzar el quorum?
Acordado.
En votación particular el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Harboe.
El señor HARBOE.- Que comience el Senador Montes.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Senador Montes, tiene la palabra.
El señor MONTES.- Señor Presidente, voy a empezar yo con el informe sobre lo analizado en la Comisión de Hacienda. Seré breve, pues la descripción del proyecto en su conjunto la hará posteriormente el Senador Harboe, quien está a la espera del documento del informe.
La Comisión de Hacienda realizó un análisis bastante a fondo de este proyecto. A sus sesiones concurrieron, por parte del Ministerio de Justicia, el señor Ministro, Hernán Larraín; el Subsecretario, y el Jefe de la División Jurídica. También asistieron personeros de la Contraloría y dirigentes gremiales del Servicio Nacional de Menores.
La preocupación más de fondo en el debate de la Comisión de Hacienda fue sustantiva, en torno al tema de los jóvenes en la sociedad actual y el tipo de respuesta que esta construye para los niños infractores, hasta qué punto logra iniciar procesos oportunamente, a fondo, y es capaz, por lo tanto, de tener alguna respuesta apropiada.
Aquí surgieron distintos tipos de interrogantes. Una de las principales fue hasta dónde el diseño institucional se corresponde con la proyección de las necesidades que la sociedad va a tener.
Los cálculos del proyecto plantean una demanda aproximada de nueve mil jóvenes en distintas situaciones. Hay una duda en cuanto a si, en la medida que el sistema funcione mejor, tenga una mejor capacidad, no habrá mayor demanda. Lo señalo porque hoy día gran parte de los jueces a uno le dicen que evitan que los jóvenes entren al sistema, que tratan de mandarlos por fuera porque el sistema no funciona apropiadamente.
Entonces, la duda principal de la Comisión de Hacienda apunta a qué flexibilidad tendrá este sistema para crecer en la medida que haya mayor demanda, mayores necesidades de distintas modalidades de intervención, porque de eso es de lo que se trata en definitiva.
La respuesta a eso no quedó clara.
El sistema de financiamiento será presupuestario, por lo tanto, se supone que el Presupuesto deberá verlo periódicamente.
Además, el tema no es solo nacional, sino que requiere una descomposición por regiones. Y en las regiones la demanda, los problemas, las realidades son distintas. Los modelos de intervención no pueden ser homogéneos, como después va a explicar el Senador Harboe.
Fue muy importante la presencia de los funcionarios para que precisaran y profundizaran en sus inquietudes. Ahí estuvo, entre otros, el Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio Nacional de Menores, señor Luis Cortez, quien nos hizo ver que había 4.300 funcionarios y que ellos tenían preocupación porque el proyecto de ley deja sujeta la estructura y el personal que se requerirá a un decreto con fuerza de ley. El dirigente hizo ver que hubieran preferido que ello estuviera explícito, a pesar de que valoraban mucho la participación que habían tenido en todo el proceso de formación de la iniciativa.
Los funcionarios quisieran que el acuerdo que hubo entre el Servicio Nacional de Menores y los trabajadores en torno a la reestructuración de los Cread, para efectos de incentivo al retiro y otros aspectos, se aplicara al conjunto de los funcionarios del Servicio.
Además, manifestaron mucha preocupación porque no estaba presente la capacitación del personal, sobre todo para la transición, para el cambio de modelo. A la vez, hicieron presente la necesidad de hacer ajustes y rectificaciones en los sistemas de turnos y de contar con un mecanismo de feriado diferenciado.
Creo que fue bastante importante el diálogo con los funcionarios, porque presentaron un conjunto de inquietudes que no estaban suficientemente explicitadas en el debate.
El informe financiero contempla, en régimen, 144.726 millones de pesos. Una parte ya está incorporada en el Servicio en los distintos años, y otra parte es un incremento. Entonces, hay un gasto permanente, de 144 mil millones, y un gasto transitorio, que asciende a 75 mil millones, que corresponde a la transición e instalación del Servicio.
Cabe mencionar que hay gastos asociados al nuevo Servicio, pero también a la especialización de la justicia penal para adolescentes. No voy a entrar a desagregar los distintos ítems que esto comprende. Pero, sin lugar a dudas, tanto en el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil como en la especialización de la justicia penal, lo fundamental son los gastos en personal. Además, se requieren recursos para transferencias corrientes a ciertas instituciones colaboradoras para distintos roles y diversos programas de intervención.
Termino diciendo que es indispensable sacar pronto el proyecto. Este podría discutirse y profundizarse mucho más en distintos aspectos, pero creemos que hay que aprobarlo, avanzar.
Nos preocupa la flexibilidad, es decir, si los modelos de intervención funcionan, cómo se va a expandir esta institución para hacerse cargo de nuevos roles, de nuevas necesidades.
Nuestra sociedad requiere formar psicólogos, contar con personal -tanto en el sector público como en el privado- muy especializado para responder a las necesidades que plantea la reinserción social juvenil.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente. No he hecho una descripción detallada, pues eso lo abordará el Senador Harboe.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, tengo a bien informar el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que consta de sesenta y tres artículos permanentes y trece transitorios y tiene por objeto crear una entidad pública especializada que asumirá, en coordinación con otros organismos del Estado, el proceso de reinserción social de adolescentes infractores de la legislación penal. Asimismo, modifica la ley N° 20.084, sobre Responsabilidad Penal Adolescente, y otras disposiciones que se relacionan con esta materia.
En la Comisión de Educación, además de la presentación del proyecto y acompañamiento durante su tramitación del Subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, se recibió en audiencia a las siguientes personas:
-Macarena Morales, Investigadora de la Línea "Convivencia y Bienestar" del Centro de Educación Inclusiva de la Universidad Católica de Valparaíso.
-Camila de la Maza, Encargada de Seguimiento Legislativo y Redes de la Fundación Opción, que trabaja con esta población.
-Liliana Cortés, Directora Ejecutiva de la Fundación Súmate del Hogar de Cristo, institución que se dedica a la reinserción educativa.
-Silvana Sáez y Javiera Guarda, Directora y Encargada, respectivamente, de convivencia escolar de la Corporación Municipal de Valparaíso.
En la discusión en particular del proyecto, el debate se enfocó en los aspectos educativos. Por ello, durante la tramitación en la Comisión se presentaron diecinueve indicaciones, de distintos señores Senadores y señoras Senadoras. De ellas, las aprobadas lo fueron por la unanimidad de los miembros presentes en la Comisión de Educación y Cultura, Senadoras Yasna Provoste y Ena von Baer, Senador José García Ruminot y el que informa.
Las indicaciones aprobadas modifican el proyecto de ley en el siguiente sentido.
-Se especifica que uno de los dos profesionales de las ciencias sociales que integrarán el Consejo de Estándares y Acreditación deberá ser un profesional del área de educación con más de diez años de actividad laboral y experiencia en el ámbito de la reinserción educativa.
-Se establece que en la formación de este Consejo la cantidad de miembros de un sexo no podrá superar en dos integrantes a los representantes del otro.
-Se instaura la indelegabilidad de la participación de los jefes de servicio de distintos organismos del Estado en la Comisión Coordinadora Nacional de Reinserción Social Juvenil.
-Se dispone que el plan de acción que formulará esta Comisión Coordinadora deberá incluir disposiciones que propendan a eliminar toda restricción que puedan sufrir las y los jóvenes con discapacidad para acceder efectivamente a las medidas necesarias para su debida reinserción.
-Se establece que en el modelo de intervención se deberán contemplar medidas eficaces para adecuar sus disposiciones y acciones a los jóvenes infractores discapacitados.
-Se agrega, a la individualización que se realiza en el expediente único de ejecución, la circunstancia de estar o no afectado o afectada por una discapacidad o de presentar alguna condición de salud relevante.
-Se ordena que los estándares para la aplicación del modelo de intervención en las áreas de salud y educación deberán ser propuestos por los respectivos Ministerios, en el ejercicio de sus atribuciones.
-Se estipula que la formación y perfeccionamiento del personal del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil deberá propender a que los funcionarios del Servicio mantengan una adecuada actualización en principios y herramientas para el debido resguardo de los derechos humanos de los jóvenes sujetos a su atención en el ejercicio de sus funciones.
-Se incorpora, en el artículo 48 bis, agregado a la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, lo siguiente: que el acceso a un régimen de educación formal para quienes se encuentren cumpliendo condena será de conformidad al derecho a la educación establecido en la ley N° 20.370, General de Educación, y que en el desarrollo del proceso de educación formal se tendrá en especial consideración la recuperación de las trayectorias educativas interrumpidas.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Enseguida, para emitir el informe de la Comisión de Constitución, tiene la palabra su Presidente, el Senador Felipe Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, el proyecto sobre el cual recae el segundo informe en examen está en primer trámite constitucional y se inició en mensaje de la ex Presidenta señora Michelle Bachelet. Consta de 63 artículos permanentes y 13 disposiciones transitorias.
Para iniciar este proyecto, las evaluaciones realizadas a la implementación de la ley N° 20.084, de Responsabilidad Penal Adolescente, son contestes en señalar que las dificultades de la operación actual del sistema radican principalmente en:
-La falta de especialización de los actores intervinientes.
-Las dificultades en los procedimientos y la ejecución de las sanciones.
-La institucionalidad del Servicio Nacional de Menores para dar cuenta de las exigencias que establece la legislación.
Por tanto, para abordar estos factores, que obedecen a distintos ámbitos, la propuesta que se impulsa tiene una mirada sistémica.
El proyecto no solamente se reduce a crear el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que resulta fundamental, sino que también refuerza la respuesta intersectorial, impulsa la especialización de los actores judiciales (jueces, fiscales y defensores) e introduce reformas a la ley N° 20.084, de Responsabilidad Penal Adolescente, que permiten corregir aquellas normas que en la actualidad han generado problemas en el funcionamiento del sistema.
Los principales aspectos de la propuesta son los siguientes.
En primer lugar, se crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil como un organismo especializado que va a tener por objeto la ejecución de medidas y sanciones fijadas en la ley N° 20.084. Su diseño se basa en los criterios de especialización que requiere este proceso y en la necesidad de contar con un alto nivel técnico para ello.
En razón de lo anterior, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil que se propone contará con un proceso de gestión que permitirá elevar y mejorar la calidad de los procesos de intervención a partir de las siguientes definiciones estratégicas:
-Adscripción al Sistema de Alta Dirección Pública.
-Fijación de estándares de calidad por cada programa de ejecución de medidas y sanciones, las cuales serán aprobadas por un Consejo de Estándares y Acreditación, conformado por profesionales altamente especializados, nombrados a través del Sistema de Alta Dirección Pública, quienes también acreditarán tanto a las instituciones como a los programas que formarán parte del sistema.
-Redefinición de un sistema de externalización de prestaciones en base a criterios de gestión de calidad, mejores procesos de supervisión financiera y técnica, y un sistema de financiamiento más adecuado que atienda a la necesidad de especialización que pretende esta reforma.
-Reforzamiento de la respuesta intersectorial a través de la creación de una institucionalidad acorde, que permita contar con una política nacional en esta materia y un plan de acción a mediano plazo, a fin de asegurar el acceso a las prestaciones sectoriales a los jóvenes sujetos de atención del Servicio, ya que inciden en su proceso de reinserción social.
En definitiva, se pretende dotar de un servicio nacional de menores, en este caso el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que propenda a la reinserción como elemento central, con evaluación constante de sus funcionarios, sus programas y sus entidades externas.
En segundo lugar, se materializa un sistema especializado de administración de justicia en lo referido a la formación y dedicación de los actores judiciales (léase fiscales, jueces y defensores). Ello, a través de la creación de salas especializadas para el conocimiento de estas materias y el aumento de la dotación de fiscales especializados para el conocimiento de casos en que existan imputados adolescentes.
La lógica que impera en el principio de especialización es evitar que quien por la mañana persiga o enjuicie a un adulto, por la tarde lo haga con un menor, situación que es completamente distinta, dada la ponderación de las condiciones diversas.
En tercer lugar, se innova a través de la regulación de la mediación penal juvenil como una forma alternativa de resolución de conflictos que permite lograr una importante satisfacción en las víctimas y que tiene un impacto positivo en los procesos de reinserción de los jóvenes. Se excluyen de esta mediación penal juvenil algunos ilícitos como, obviamente, los delitos contra la vida o contra la libertad sexual contra menores de edad.
En cuarto lugar, se corrigen los déficits más graves que ofrece el diseño previsto en la ley N° 20.084, actualmente vigente, y que han representado dificultades para los operadores del sistema.
Entre ellos se pueden mencionar, a modo de ejemplo:
-La limitación a la aplicabilidad de la amonestación y eliminación de la multa.
-La regulación del concurso de delitos, de la reiteración delictiva, el tratamiento del concurso de delitos cometidos como adolescente y adulto y un régimen de unificación de sanciones, que permita un efectivo y adecuado cumplimiento de las sanciones impuestas.
-La modificación de todas las normas relativas a la determinación de la pena y su individualización, incorporándose, entre otros puntos, la posibilidad de contar con informes técnicos que permitan establecer de manera fundada su idoneidad.
-La reformulación del sistema de quebrantamiento e incumplimiento de las condenas a fin de regular de manera efectiva sus consecuencias.
-La previsión de plazos y condiciones para la ejecución de la suspensión condicional del procedimiento y la sujeción a la vigilancia de la autoridad como medida cautelar.
Desde el punto de vista presupuestario, si bien el Presidente de la Comisión de Hacienda ya lo mencionó, el proyecto de ley tiene un gasto permanente de 146.318 millones de pesos y un gasto transitorio de 75.939 millones de pesos en inversión para mejorar la infraestructura.
Señor Presidente, en la discusión particular contamos con la presencia del señor Ministro de Justicia, don Hernán Larraín; del entonces Jefe de la División Jurídica de dicha Cartera, señor Sebastián Valenzuela, actualmente Subsecretario de Justicia; del asesor señor Francisco Maldonado, y de todo el equipo del Ministerio de Justicia.
De igual forma, recibimos en audiencia al señor Defensor Nacional Público; al señor Fiscal Nacional del Ministerio Público; a una delegación representativa, que nos acompañó durante toda la discusión, de esta última entidad, y a personeros del Poder Judicial -tuvimos la oportunidad de escuchar testimonios de diferentes magistradas que ejercen funciones en estas materias-, todos quienes ilustraron la necesidad de realizar una profunda reforma al actual sistema.
En definitiva, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recomienda a la Sala aprobar el proyecto de ley.
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Muchas gracias por su extenso y detallado informe, señor Senador.
A continuación, tiene la palabra el Senador Víctor Pérez.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, sin duda, este es uno de los proyectos más relevantes que vamos a tratar, discutir y ojalá resolver unánimemente hoy día en el Senado.
Todos nosotros y el país entero vimos cómo la antigua institucionalidad que tenía el Estado para atender a los menores colapsó, se derrumbó. El Sename, lamentablemente, es la expresión de una sigla que trae amargos recuerdos: muerte de jóvenes, violaciones, injusticias, discriminaciones de distinta naturaleza. Y eso la opinión pública lo tiene absolutamente internalizado.
Por eso, era necesario hacer una cirugía mayor y crear dos organismos distintos para jóvenes, adolescentes y niños, de diferente carácter: uno, para los infractores de ley, y otro, para los que se hallen en condición de vulnerabilidad, pobreza o miseria.
Este es el proyecto que se va a ocupar de los jóvenes y adolescentes infractores de ley, que en la actualidad reciben en el Servicio Nacional de Menores -vuelvo a reiterarlo- una atención, en el mejor de los casos, precaria. Por lo tanto, todas las cifras en materia de delincuencia y reincidencia marcan elevados niveles para todos aquellos adolescentes infractores de ley que han sido atendidos por dicha entidad, en vista de que no ha habido ninguna posibilidad real y efectiva de recuperar a los jóvenes infractores de ley con la institucionalidad vigente. Por el contrario, estos deambulan no solamente en los organismos que el Sename tiene para controlarlos, sino también en todas las instancias de lo que es la institucionalidad pública.
Por eso, este es un proyecto relevante, ya que crea un Servicio robusto, con atribuciones, con facultades, con recursos para atender, yo diría casi sin temor a equivocarnos, cada caso particular de adolescentes que los tribunales remitan para la atención del nuevo Servicio de Reinserción Juvenil.
En mi opinión, constituye un elemento absolutamente indispensable que cada joven infractor de ley, en cualquiera de nuestras regiones, reciba una atención personalizada, puesto que habrá una lucha muy efectiva y muy fuerte por parte de esta nueva organización para poder recuperarlo, que es, en definitiva, el gran objetivo buscado.
De ahí que el Servicio en su conjunto sea dotado de atribuciones, recursos y especialización, especialización que es, verdaderamente, uno de los elementos centrales.
En tal sentido, no puedo dejar de mencionar el esfuerzo que se hace en este proyecto para establecer justamente dicha especialización, no solamente en la nueva entidad que se crea, sino en toda la estructura judicial y estatal que tenga nexos con adolescentes que infringen la ley.
Por eso se habla de la especialización de los fiscales. Cabe destacar que en la Comisión de Constitución hubo un trabajo muy directo y acotado con las fiscalías para llegar a determinar que los profesionales que actúen en este tipo de casos sean fiscales especializados. También se busca que los tribunales y juzgados de garantía que intervengan en estos asuntos tengan asimismo especialización, para que desde el primer momento el Estado realice todos los esfuerzos que sean necesarios para rescatar a estos jóvenes de la delincuencia.
En definitiva, el objetivo principal del nuevo Servicio es, en mi opinión, rescatar a los jóvenes de la delincuencia. Este organismo va a fracasar si un joven o un grupo de jóvenes vuelve a delinquir. Esa va a ser la medida, el estándar que vamos a tener que aplicar. Y es hacia donde el Ministerio de Justicia ha dirigido sus esfuerzos.
Me quiero detener en una de las normas, señor Presidente, para ejemplificar lo que a mi juicio será un Servicio, una institucionalidad, un mecanismo fuerte, robusto.
¿Qué pasa hoy cuando un tribunal remite a un joven a una de las instituciones del Sename? Lo llevan y lo matriculan en determinado colegio público, pero nadie hace un seguimiento para constatar que ese joven, primero, asiste a clases, y segundo, es un alumno regular que verdaderamente aprovecha la educación que el establecimiento donde lo enviaron le está brindando.
Aparte, muchos de estos adolescentes requieren atención especializada en materia de salud psíquica, e incluso física, y deambulan en las instituciones públicas para poder ser atendidos.
Y así sucesivamente.
Por eso, en el artículo 26 se crea un Comité Operativo en cada región del país para llevar adelante lo que será el Plan de Acción Intersectorial de Reinserción Social Juvenil. Sin duda, las facultades propias de coordinar y generar una estrategia serán fundamentales para poder realizar una tarea eficaz, pero además se le entregan a este órgano atribuciones extraordinariamente relevantes para cada caso en particular, para la atención personalizada de la que hablábamos.
Por ejemplo, deberá "Conocer y resolver a instancias de su presidente, situaciones particulares de carácter técnico que se produzcan en la región y que requieran de una respuesta intersectorial". O sea, si se requiere la atención de médicos especialistas, la atención de un servicio de salud, será tarea del Comité ver el caso particular y lograr que esas atenciones se presten.
Asimismo, tendrá que "Gestionar la resolución de las situaciones particulares asociadas a cobertura" (en materia de salud, en materia educacional) "o a otras restricciones relativas a la disponibilidad de la oferta requerida y que tengan implicancia intersectorial".
Por consiguiente, le estamos dando obligaciones a esta nueva institucionalidad para que se ocupe y resuelva personalizadamente cada caso específico.
Cuando uno visita un hogar del Sename -muchos de ustedes lo han hecho- se da cuenta de que hay adolescentes que tienen una hora al siquiatra o a otro especialista de salud para dentro de seis o siete meses. Ahora ya no será el joven, no será su familia, ni siquiera el hogar donde se encuentre, el que se ocupe de su situación, sino la institucionalidad de la región (el Comité, el seremi de Justicia y todos los demás organismos), la que tendrá obligaciones con respecto a ese joven.
Destaco esta norma, porque lleva al caso particular todo un andamiaje que, a nuestro juicio, resulta extraordinariamente positivo y que, por tal razón, recibió el apoyo unánime de la Comisión de Constitución, el apoyo unánime -por lo que acaba de informar su Presidente- de la Comisión de Educación, y el apoyo unánime de la Comisión de Hacienda.
Este es un esfuerzo estatal muy significativo, que nos permitirá enfrentar el drama que sufren los adolescentes infractores de ley, que han entrado al mundo del delito porque el Estado no les da una respuesta adecuada.
Contamos con el instrumento pertinente, y tendremos que hacer el esfuerzo principal, esencial, para que verdaderamente actúe.
Señor Presidente, quiero valorar aquí la acción del Ministerio de Justicia, en particular el trabajo acucioso de su Ministro, Hernán Larraín, quien estuvo en todas y en cada una de las sesiones de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que se celebraron todos los martes y miércoles durante un año, cuando presidía el Senador Huenchumilla.
Asimismo, debo decir que el actual Subsecretario de Justicia fue un aporte invaluable en aspectos técnico-jurídicos.
Aquí ha habido un trabajo en equipo tanto del Ministerio de Justicia y del Ministerio Público como de la Defensoría, y hoy día se está entregando al país un proyecto que debiera cambiar radicalmente la imagen que Chile tiene del antiguo Sename -debemos hacer el esfuerzo por que así sea- por la de un nuevo Servicio que brinde una atención personalizada y cuya tarea principal sea rescatar a los jóvenes de la delincuencia. Creemos que le estamos dando los recursos, las atribuciones, la institucionalidad para que eso sea posible.
Vamos a votar favorablemente este proyecto.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Francisco Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, creo que las sociedades son cada vez más complejas, y en ellas la vida es mucho más difícil.
Estoy cierto de que los padres de familia, a lo largo y a lo ancho de este país, quieren lo mejor para sus hijos, y todos deseamos que nuestros hijos no sufran lo que nosotros sufrimos y que tengan alguna oportunidad en la vida para realizarse como seres humanos en medio de tantas dificultades que presenta hoy día la vida moderna.
Y, probablemente, uno de los sectores más carenciado, más necesitado o más débil de este eslabón en las sociedades complejas corresponde a los niños y adolescentes, quienes muchas veces, por distintas razones, ya sea por problemas familiares, porque los matrimonios se rompen, por la pobreza, por la discriminación, por las desigualdades no encuentran un horizonte en la vida. A lo mejor, son jóvenes sin esperanza, que no estudian ni trabajan y que por avatares de la vida se ven enfrentados a situaciones complejas y difíciles; y, entonces, muchos llegan a la comisión de delitos. Esa es una realidad aquí y en el mundo.
La pregunta es ¿qué debe hacer la sociedad frente a esa triste realidad que viven miles de niños y adolescentes acá, en nuestro país?
Yo, señor Presidente, saco varias lecciones.
Una primera lección es que es posible hacer políticas de continuidad entre gobiernos de diferentes signos. Lo digo porque hoy día nos encontramos con una sociedad polarizada muy compleja por el estallido social; con gente con mucha rabia acumulada por las injusticias, por las desigualdades, por los abusos; sin embargo, la política contenida en el proyecto que estamos aprobando fue iniciada por el Gobierno anterior, y el actual la continuó: tomó las iniciativas que se habían presentado en la Administración de la Presidenta Bachelet, no las metió en un cajón por así decirlo.
Esto es fruto y resultado de una política de Estado para los efectos de colocar al día un Servicio Nacional de Menores y una atención del Estado respecto de los menores infractores de ley, lo cual lo posiciona como una organización moderna, avanzada. Y eso significa dos cosas, fundamentalmente: la creación de un servicio especializado, de nivel técnico, para atender a los menores infractores de ley; y un sistema de administración de justicia, también especializado, para todo este segmento poblacional de adolescentes en nuestro país.
Lo anterior se enmarca en una constante del Estado, porque en una política de Estado hace años se reformaron la justicia penal, los tribunales de familia y los tribunales del trabajo. Hoy día estamos haciendo lo mismo desde el Estado con los menores infractores de ley. Y, por lo tanto, se ha hecho un buen trabajo.
Reconozco, como Senador de Oposición, que el año pasado observamos en el Ministerio de Justicia un trabajo serio, profesional, acucioso, permanente, cuando yo era Presidente de la Comisión de Constitución, y también este año, en el trabajo con el señor Ministro de Justicia y con don Sebastián Valenzuela, quien hoy día es Subsecretario de Justicia.
Por lo tanto, me precio de que este proyecto responde a una política de Estado con el Poder Ejecutivo y con el Poder Judicial, y lo vamos a votar favorablemente.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, los que hemos estado denunciando permanentemente la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, y que incluso hemos recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o hemos presentado querellas en contra de los funcionarios del Sename, particularmente del Cread de Valparaíso, creemos que es fundamental terminar finalmente con el Sename en su estructura y provocar la creación de un Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.
Queremos felicitar al Ministerio por empujarlo, por impulsarlo, por lograr el acuerdo en las Comisiones parlamentarias.
Sin lugar a dudas, acá estamos frente a la necesidad de avanzar en un sistema especializado en administración de justicia en lo referido a la formación y dedicación de los actores judiciales: fiscales, jueces, defensores. Y no me cabe la menor duda de que va en la dirección correcta.
Este es un proyecto que esperamos sea prontamente tramitado. Es un compromiso del Presidente Piñera y del Ministro de Justicia, Hernán Larraín, a quien felicito por este empuje.
Y, por supuesto, este es un proyecto que vamos a apoyar con todas las fuerzas.
Está con "discusión inmediata". Esperamos poder despacharlo en el día de hoy, así que me reservo el desarrollo de los argumentos para el resto de las intervenciones, pero claramente estamos legislando en la dirección correcta.
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
No hay más inscritos.
El señor NAVARRO.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Senador Navarro, tiene la palabra.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el objetivo de esta iniciativa es reemplazar al Sename, que es una institución que fracasó. Hay una responsabilidad moral, ética, pero particularmente administrativa y penal por todos los muertos del Sename y por el hecho de que el 56 por ciento de quienes están hoy día en las cárceles pasaron por las manos de esta institución. ¡Fracasamos todos: los gobiernos de la Concertación, de la Nueva Mayoría, y los gobiernos de Derecha!
En el año 2010 intervine en esta Sala respecto a una carta abierta al Presidente Piñera, junto con la ex Presidenta Bachelet, acerca de lo que estaba pasando en el Sename. Los niños estaban más seguros en la calle que al interior de los hogares de acogida. Y el Sename prestaba una función; pero de 4 mil funcionarios, el 25 por ciento presentaba ausentismo laboral diario; o sea, mil funcionarios al día no trabajaban por estar con licencia médica.
Y lo más terrible es que 96 por ciento de todos los niños que están en el sistema nacional se encuentran en manos de privados. Y este proyecto de ley no va a cambiar eso.
He leído y releído su texto intentando ubicar las palabras "reinserción", "rehabilitación"; pero no, se dedican páginas y páginas al procedimiento penal. Solo se habla de procedimiento judicial.
El Ministro va a decir que Navarro no ha leído el texto.
Yo anuncio que voy a votar en contra, porque quería pronunciarme respecto del sistema.
Lo pregunté en la Comisión: ¿cuál es el sistema que va a rehabilitar? ¿Por qué le dedican 40 páginas al sistema penal? ¿Cuál es el modelo de intervención?
¡No existe una definición de modelo de intervención en esta iniciativa!
Ojalá me equivocara, de corazón, señor Presidente, porque he visitado los centros, y son un desastre, con intentos de suicidio a cada instante. Y hay una particularidad: en el Cereco de Coronel se gasta una millonada: hay 219 funcionarios, 40 internos y cada joven cuesta casi 10 millones de pesos al mes. Y los resultados son desastrosos.
¿Dónde está la garantía de que el modelo de intervención va a rehabilitar y reinsertar?
El proyecto se explaya en todo un procedimiento penal administrativo judicial que es extraordinario. Lo he leído y subrayado. Pero cuando se toca el modelo de intervención se señala que será licitado a profesionales, a instituciones sin fines de lucro.
¿Dónde está la responsabilidad del Estado en la definición de un modelo de intervención, que es lo que nos interesa? ¿Cómo lo haremos para reinsertar y rehabilitar a los jóvenes que han delinquido y que desean rehabilitarse?
El proyecto no se explaya en eso. Habla mucho más de procesos judiciales, de normas de mediación, de medidas, de penas, de fiscalización, pero no se especifica una palabra respecto de un modelo de reinserción.
Es decir, se habla de un modelo de reinserción. ¿Cuál? El que la licitación que se va a ejercer determine en cada caso.
Organismos privados sin fines de lucro postularán a recursos del Estado, tal como lo hacen ahora los hogares de acogida. ¿Cuál es la diferencia? Que habrá fiscalización.
Muy bien. Es un avance, pero me gustaría saber cuál es el modelo de intervención.
Escuché con atención a los Senadores Harboe y Latorre, y me pregunto: ¿Cuál es el modelo de intervención? ¿Cuál es una experiencia mundial exitosa en reinserción de jóvenes adolescentes infractores al sistema societal?
Dice que va a propenderse a que se haga con la familia. Porque el problema está en la familia, pero también en el sistema.
Señor Presidente, le pido formalmente votación separada.
Se ha explicado todo el procedimiento, como lo ha indicado el Senador Huenchumilla, en quien confío mucho, así como el propio Ministro, a quien le tengo una extraordinaria consideración. Sin embargo, en el proyecto no se desarrolla el modelo de intervención. Se le saca el bulto; no se define qué se va a hacer.
¿Seguiremos con las mismas cárceles? ¿Seguiremos con los mismos centros? ¿Seguiremos licitando al mejor postor, a instituciones sin fines de lucro, para que hagan la intervención?
El Estado elude su responsabilidad de manera flagrante.
Y no voy a respaldarlo. Quiero un Estado que esté comprometido desde el inicio y no licitando al mundo privado, a instituciones sin fines de lucro, para ver cuál lo hace mejor, que sin duda las hay. Pero nos han dicho "faltan recursos", "hay modelos fallidos".
Señor Presidente, no estamos resolviendo el modelo de intervención que se aplicará y estamos licitándolo al mejor postor.
Yo votaré en contra, si no se puede votar por separado. De verdad quisiera equivocarme, de corazón me gustaría hacerlo, pero me parece que se ha eludido ir al fondo del problema, que es el modo como tratamos a los jóvenes infractores y de qué manera los reinsertamos y de qué manera determinamos cuál es el modelo exitoso. No hay una letra respecto de la investigación y la experiencia internacional.
Voto en contra, señor Presidente.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Senador señor Navarro, con relación a su petición de votación separada, deseo reiterarle que ya se adoptó el acuerdo y se abrió la votación.
Por tanto, se hará una sola votación haciendo referencia al quorum más alto.
Señor Secretario, le pido que precise la fórmula de votación.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Como se indicó al momento de efectuar la relación, existían normas con distintos quorum especiales: orgánicas constitucionales, de quorum calificado y de quorum simple.
Conforme al acuerdo que adoptó la Sala en la presente sesión, la votación que se está efectuando recaería en el conjunto de las disposiciones del proyecto en general y de las enmiendas propuestas por las tres Comisiones que han conocido en particular esta iniciativa legal.
En consecuencia, si se alcanza el quorum antes señalado, se daría por aprobado en integridad el proyecto en sus distintas normativas y con los distintos quorum especiales indicados.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, deseo ratificar que efectivamente estamos en la discusión particular.
Tuvimos la discusión general y planteamos las visiones que cada uno tiene y por eso se demoró la votación. Las Comisiones se pusieron de acuerdo respecto a la forma de votar, lo cual se acordó previamente.
Por esa razón quería dar las explicaciones. Fue consultado por usted a la Sala y se acordó de esa manera.
Así que se trata de una votación global respecto de todas las normas.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- No hay más Senadores inscritos.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en particular el proyecto(27 votos a favor y 1 en contra), dejándose constancia de que se cumple con el quorum constitucional exigido, y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Órdenes, Rincón y Von Baer y los señores Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Galilea, García, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Pugh, Sandoval y Soria.
Votó por la negativa el señor Navarro.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.
El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia).- Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer al Senado esta tarde por la votación, que ha sido muy importante. Pero sobre todo porque la iniciativa, quizás, en un momento tan complejo y difícil, como el que vive nuestro país, es un ejemplo de cómo el esfuerzo transversal del Gobierno y del Senado puede sacar adelante proyectos relevantes.
Todos sabemos que la situación del Sename ha sido extraordinariamente compleja y delicada, que la institución ha fracasado en su función. Por eso hay que cambiarla y modificarla radicalmente.
En la primera Administración del Presidente Piñera se presentó una iniciativa para reemplazar en el Sename lo que dice relación con la reinserción social juvenil. Además de otro proyecto sobre protección especializada de menores vulnerables.
En el Gobierno de la Presidenta Bachelet se retiró la mencionada iniciativa y se presentó una nueva, que estamos tratando ahora.
Este proyecto ha sido discutido largamente, por más de dos años y medio, en la Comisión de Constitución del Senado. Y doy testimonio de ello porque me tocó participar en esa discusión, en un debate que fue muy complejo e íntegro respecto de lo que significa la reinserción social juvenil de menores que han sido infractores de ley.
Luego fue aprobado por la Comisión de Hacienda y por la Comisión de Educación, que también introdujo modificaciones.
Deseo señalar, a diferencia de lo que lamentablemente indicaba el Senador Navarro, que yo soy consciente de su inquietud. Pero si hubiera estado en todo este período de las sesiones, le garantizo que no habría expresado las afirmaciones que formuló hoy.
El proyecto tiene un modelo de intervención basado en los sistemas de España y del Reino Unido, que ha sido exitoso y que posee una nueva forma de hacer la intervención: interdisciplinaria, intersectorial y de manera completamente individual. Se trata de nuevos paradigmas que permitirán, con una gestión administrativa diferente, entrar a resolver caso a caso en forma pormenorizada la situación de cada menor.
Ello va acompañado de distintos ámbitos normativos, como la Comisión de Estándares de Calidad, que establecerá cómo se debe intervenir en cada uno de los lugares en los que residen menores en esta situación.
Como se trata de centros de administración del Estado, aquí no hay, como en el área de protección especial, organismos colaboradores acreditados. Todo lo administra el Estado.
El proyecto aumenta la cantidad de personas porque mejora el nivel de profesionales y de especialización para desarrollar la iniciativa con una infraestructura con mayor calidad para prestar un mejor servicio a los menores.
Realmente lo que se hace es muy significativo. Es efectivo que también hay cambios en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Esto es muy importante a la luz de la experiencia de una normativa que se aprobó en el año 2007 y que nos permite corregir algunos aspectos en que se han observado deficiencias en este tiempo. A ello se agrega lo que algunos Senadores destacaban: incorporar conceptos de justicia restaurativa.
La justicia restaurativa es el nuevo rostro de la justicia. Incorpora la mediación, dicho en otras palabras, respecto de un cierto tipo de delitos, lo que ayuda a llegar a una solución más integral y horizontal en la forma de hacer justicia.
Finalmente, especializa a los actores de este proceso: jueces, fiscales y defensores, para que puedan entender que la realidad del trabajo con menores en el ámbito de la justicia es distinta a la de adultos.
Se quiso hacer con la Ley Penal Adolescente, la N° 20.084, pero no se logró en su plenitud. Con el proceso y las normas que estamos aprobando hoy sí se produce dicho cambio.
Por lo tanto, realmente estas transformaciones que se van a lograr a través de la presente iniciativa darán cuenta de un mucho mejor trabajo. Esto se logró con el apoyo y con una discusión larga, extenuante a ratos, pero que fue seria y responsable para hacer algo distinto y mejor.
En consecuencia, es una lástima que el estimado Senador señor Navarro no haya podido apreciar el esfuerzo que hay detrás del proyecto, que estoy seguro, ya aprobado aquí y luego de pasar por la Cámara de Diputados, va a significar una mejoría radical en la forma como resolver los problemas de los infractores juveniles, cuya reinserción está incorporada en este proyecto y será pieza clave para poder integrar a estos menores en la vida social de manera que pueda ser compatible con sus propios intereses y, ciertamente, dentro del funcionamiento de nuestras normas legales.
Por todas estas razones, agradezco muy sinceramente el apoyo que hemos obtenido, o mejor dicho, la contribución que todos hemos hecho, porque este ha sido el producto de un trabajo realizado, como le consta a quien preside hoy la Comisión de Constitución, a lo largo de mucho tiempo y que ahora permite dar un paso gigantesco en lo que respecta al modo como se puede trabajar la reinserción social de los menores infractores de ley.
He dicho, señor Presidente.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Muchas gracias, señor Ministro, por sus palabras, y agradezco las intervenciones de todos los señores Senadores y las señoras Senadoras.