OCULTAMIENTO DE IDENTIDAD COMO TIPO PENAL, CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE Y CASO DE FLAGRANCIA
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, la violencia que se ha tomado las calles en las últimas semanas tiene distintos orígenes.
Están los grupos radicalizados, normalmente de tendencia anarquista, que emplean la violencia política como un recurso, pues creen que de la destrucción surgirá el nuevo orden al que aspiran. Estos grupos son pequeños y hace mucho tiempo están activos, pero como no tenían repercusión social habían sido ignorados hasta la fecha.
El grupo mayoritario es el de una gran masa, principalmente de jóvenes que hasta ahora había ignorado o despreciado la política, pero que se ha sumado a la movilización impulsado por un sentimiento de marginalidad, pues la sociedad los castiga e ignora, y por lo tanto, no sienten ninguna deuda con ella.
Este grupo podría haber explotado en cualquier momento: era una bomba de tiempo en nuestra sociedad.
Pero lo realmente novedoso ha sido el apoyo, activo o pasivo, de un sector de las capas medias, que normalmente rechaza la violencia, pero que ahora, después de tanta marcha infructuosa, siente que sin violencia no se logra nada.
Por último, un grupo minoritario pero el más dañino, conformado por delincuentes que se aprovechan de la situación de descontrol de las ciudades, siguen desarrollando sus actividades habituales, ahora en otros barrios y con más impunidad.
Las medidas deben ser diferenciadas para cada sector. La agenda política y social debe apuntar a satisfacer las demandas legítimas de la mayoría y aislar a la minoría de violentistas y delincuentes.
La policía también debe diferenciar, pero hasta ahora no lo ha logrado, supongo que por su incapacidad o debilidad operativa.
El Gobierno agrega a la agenda social y política una agenda de seguridad. En verdad, no creo que se restablezca el orden público gravemente afectado estos días con leyes que eleven las penas, ni con reformas administrativas a la policía.
Este proyecto, que establece el ocultamiento de identidad como tipo penal, fue iniciado en septiembre del presente año, antes del estallido, y estaba pensado para otro contexto.
Hoy Carabineros está debilitado.
Organismos internacionales y el propio Gobierno han reconocido que la institución requiere una reforma estructural, no solo para asegurar el respeto de los derechos humanos.
¿Qué sacamos con elevar las penas si la policía no es capaz de detener a los autores de saqueos que permanecen durante horas cometiendo sus desmanes?
Carabineros puede y debe actuar eficazmente para restablecer el orden, y la autoridad civil debe controlar efectivamente su operación para garantizar un pleno respeto a los derechos humanos.
Perseguir las capuchas y el uso de pañuelos no tiene sentido ni eficacia hoy día, cuando estas han pasado a ser casi un elemento cultural que identifica a un amplio sector de nuestra juventud.
Señor Presidente, yo no tengo complejos en que se adopten todas las medidas para restablecer el orden público. Es más, lo espero y lo exijo. Y lo exijo del Primer Mandatario, pues esa es su primera obligación. Pero no estoy dispuesto a apoyar cualquier medida que se use para distraer y endosar responsabilidades.
En el actual marco, este proyecto de ley será perfectamente inútil. Es como si hubiéramos aprobado un reajuste del 5 por ciento de las pensiones. Solo desatará más ira.
La mayoría de los chilenos que quiere la paz espera del Presidente de la República, del Gobierno, de las policías y de todos nosotros que cada uno cumpla con su deber.
He dicho.