REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 367ª
Sesión 64ª, en martes 29 de octubre de 2019
Extraordinaria
(De 11:19 a 15:10)
PRESIDENCIA DE SEÑORES JAIME QUINTANA LEAL, PRESIDENTE;
ALFONSO DE URRESTI LONGTON, VICEPRESIDENTE, Y SEÑORA
XIMENA RINCÓN GONZÁLEZ, PRESIDENTA ACCIDENTAL
SECRETARIOS, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR, Y LA SEÑORA
PILAR SILVA GARCÍA DE CORTÁZAR, SUBROGANTE
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Castro Prieto, Juan
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rincón González, Ximena
--Sandoval Plaza, David
--Soria Quiroga, Jorge
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Gonzalo Blumel Mac-Iver, y de Energía, señor Juan Carlos Jobet Eluchans.
Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, y de Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 11:19, en presencia de 25 señores Senadores.
El señor QUINTANA (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor QUINTANA (Presidente).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 59ª, especial, en 21 de octubre; 60ª, ordinaria, en 22 de octubre; 61ª, ordinaria, y 62ª, especial, ambas en 23 de octubre, todas del año en curso, que no han sido observadas.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor GUZMÁN (Secretario General) da lectura a la Cuenta, documento preparado por la Secretaría de la Corporación que contiene las comunicaciones dirigidas al Senado:
Oficios
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Remite copia de las sentencias pronunciadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las siguientes disposiciones:
-Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216 y artículo 17 B, inciso segundo, de la ley N° 17.798 (Roles Nos 6.912-19, 6.945-19, 6.955-19, 6.978-19, 6.852-19, 6.921-19, 6.927-19, 6.964-19 y 6.990-19).
-Artículo 209, inciso segundo, de la ley N° 18.290 y artículo 12, numerales 14 y 16, del Código Penal (Rol N° 5.121-19).
-Artículo 1°, inciso tercero, y 485, ambos del Código del Trabajo (Roles Nos 5.976-19 y 6.213-19).
--Se manda archivar los documentos.
Adjunta diversas resoluciones dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las siguientes disposiciones:
-Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216 y artículo 17 B, inciso segundo, de la ley N° 17.798 (Roles Nos 7.539-19 y 7.433-19).
-Artículo 126, inciso segundo, del Código Sanitario (Rol N° 7.498-19).
-Artículo 21, incisos primero y tercero, 31, inciso primero, y 33, letra g), todos de la Ley de Impuesto a la Renta (Rol N° 7.452-19).
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De la Honorable Cámara de Diputados:
Informa que ha aprobado el proyecto de ley relativo al proceso de recambio de medidores eléctricos (Boletines Nos 12.440-08, 12.444-08, 12.445-08, 12.448-08, 12.522-08, 12.577-08 y 12.597-08, refundidos) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Minería y Energía.
Comunica que ha prestado su aprobación al proyecto de ley que regula la portabilidad financiera (Boletín N° 12.909-03) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Economía.
Del señor Superintendente del Medio Ambiente:
Se refiere a una consulta del Honorable Senador señor Chahuán acerca de los sumarios sanitarios realizados a raíz del varamiento de carbón en la bahía de Quintero.
Del señor Director del Servicio de Impuestos Internos:
Responde, a solicitud del Honorable Senador señor García, respecto del alza de contribuciones del bien raíz que indica, ubicado en la comuna de Pucón.
Del señor Superintendente (S) de Servicios Sanitarios:
Remite antecedentes solicitados por el Honorable Senador señor De Urresti sobre denuncias recibidas y fiscalizaciones realizadas en el sector Las Ánimas, comuna de Valdivia.
De la señora Intendenta Regional de Aysén:
Responde consulta de la Honorable Senadora señora Órdenes sobre el sistema de electrificación rural del sector Valle Verde, en la comuna de Puerto Aysén.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Penal para establecer el tipo especial de lesiones contra profesionales que presten servicios en establecimientos educacionales y funcionarios de servicios de salud (Boletín N° 12.064-07).
Segundo informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria (Boletín N° 11.540-14).
--Quedan para tabla.
Moción
De los Honorables Senadores señoras Rincón y Goic y señores De Urresti, Harboe y Huenchumilla, con la que inician un proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales sobre endeudamiento y derechos del consumidor (Boletín N° 13.020-03).
--Pasa a la Comisión de Economía.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Terminada la Cuenta.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor QUINTANA (Presidente).-
El señor Secretario dará a conocer los acuerdos de Comités.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Los Comités, reunidos en sesión de ayer, 28 de octubre de 2019, adoptaron los siguientes acuerdos:
1.-
Celebrar la sesión extraordinaria del martes 29 del presente de 11 a 14 horas.
2.-
Tratar en primer, segundo, tercer, cuarto y quinto lugar del Orden del Día de la sesión extraordinaria del martes 29 los siguientes asuntos, sin perjuicio de la facultad otorgada a la Mesa en sesión de Comités de miércoles 23 de octubre para fijar la tabla de esta sesión:
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un sistema de garantías de los derechos de la niñez (boletín N° 10.315-18).
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, en lo tocante a la infracción consistente en estacionar en un espacio destinado a vehículos para personas con discapacidad, sin derecho a ello (boletín N° 12.071-15).
-Proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, en primer trámite constitucional, que establece la condición socioeconómica de los estudiantes a los que deberán otorgarles estudios gratuitos las instituciones de educación superior que accedan al financiamiento institucional para la gratuidad a contar del año 2019, de acuerdo con lo dispuesto en el Título V de la Ley de Educación Superior (boletín N° 11.687-04).
-Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señoras Órdenes y Provoste y señores Chahuán, Insulza y Soria, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones en lo relativo a la funcionalidad del servicio de radiodifusión al objeto de favorecer la comunicación en situaciones de emergencia y catástrofe (boletín N° 12.277-15).
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.283, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, para tipificar como delito la extracción no autorizada de tierra de hojas (boletín N° 11.168-12).
3.-
Votar el proyecto de acuerdo signado con el número 6 del Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria del martes 22 de octubre, presentado por los Senadores señor Chahuán, señoras Allende, Muñoz, Provoste, Rincón y Von Baer y señores Araya, De Urresti, Elizalde, Girardi, Harboe, Insulza, Kast, Lagos, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria, por el que se solicita a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, presente una iniciativa legislativa que exima de IVA a los medicamentos importados acogidos a la partida arancelaria 00.26; que incorpore a esta a las exenciones contempladas en la letra B del artículo 12 del decreto ley N° 825, de 1974, y aumente su valor FOB a US$ 3.000 (boletín N° S 2.084-12).
Es todo, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Muchas gracias, señor Secretario.
Quiero proponer una pequeña alteración a la tabla de hoy:
Poner en primer lugar, y sin discusión, el proyecto de acuerdo que acaba de señalar el Secretario, que busca eximir de IVA a los medicamentos importados, que cuenta con el apoyo de todos los Comités, razón por la cual se propuso verlo hoy día.
En segundo lugar, tratar el proyecto que establece un sistema de garantías de los derechos de la niñez, que es el que corresponde analizar según el orden de la tabla.
Y, en tercer lugar, la iniciativa que crea un mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía eléctrica para clientes sujetos a regulación de tarifas, el cual, como está con "discusión inmediata", debe verse de todas maneras.
¿Les parece acoger esa pequeña alteración?
--Así se acuerda.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Y el resto de la tabla sigue tal como ha sido señalado en los acuerdos de Comités.
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El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
En este momento ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República con el que retira y vuelve a hacer presente la urgencia contemplada en el numeral 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental respecto de la solicitud de acuerdo del Senado para nombrar Ministra Suplente Abogada del Ilustre Segundo Tribunal Ambiental a la señora Daniella Ramírez Sfeir (boletín N° S 2.086-05).
--Se tiene presente y se manda agregar a sus antecedentes.
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El señor QUINTANA (Presidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala para que pueda presidir más adelante la Senadora Ximena Rincón, pues debo reunirme con el Ministro de la Segprés.
El señor COLOMA.-
¿Dónde está el Vicepresidente De Urresti?
El señor QUINTANA (Presidente).-
Está por llegar.
¿Habría acuerdo para que presida más adelante la Senadora Ximena Rincón?
El señor GUILLIER.-
Por supuesto.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Acordado.
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El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Víctor Pérez, por una cuestión de reglamento.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, pido el acuerdo de la Sala para ampliar hasta el 11 de noviembre el plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley que moderniza la carrera funcionaria de Gendarmería. El anterior estaba fijado hasta el 4 de noviembre.
El señor QUINTANA (Presidente).-
¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado?
--Así se acuerda.
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El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Quinteros.
El señor QUINTEROS.-
Señor Presidente, pido autorización para que la Comisión de Salud sesione en paralelo con la Sala, porque estamos viendo el tema de los medicamentos en el proyecto sobre plan garantizado de salud.
El señor QUINTANA (Presidente).-
¿Habría acuerdo para que la mencionada Comisión sesione en paralelo con la Sala?
--Así se acuerda.
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El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora Isabel Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, quiero solicitarles a los Comités que pudiésemos, de alguna manera, cumplir el acuerdo de Comités alcanzado hace un tiempo, en el sentido de que todas las semanas, en la medida de lo posible, incorporáramos en la tabla de las sesiones temas que tuvieran que ver con el medio ambiente, con la conservación, asuntos que pueden ser muy relevantes.
Me gustaría que en esta Sala pudiésemos discutir la reforma constitucional que declara a las aguas como bien nacional de uso público y garantiza el derecho al agua; que pudiésemos ver otros temas tremendamente relevantes, como el vinculado con zonas saturadas y latentes. Yo veo que no ponemos en la agenda las cuestiones que nos importan.
Entonces, solicito que los Comités retomen el acuerdo mencionado y lo cumplamos de la mejor manera posible.
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente, sostuve una discusión con el Presidente del Senado para la incorporación en la tabla del proyecto que tipifica como delito la extracción no autorizada de tierra de hojas.
¿Por qué? Porque, independientemente de que estamos viviendo una crisis política, y todos estamos conscientes de eso, hay una crisis que será permanente y mucho más profunda, que es la crisis derivada del calentamiento global.
Y cuando le alego al Presidente sobre la importancia de este proyecto me baso en que todos los indicios técnicos, científicos apuntan a que la única posibilidad que tenemos de recuperar un poco de agua es llenar los acuíferos, que son embalses naturales, y además gratuitos. Porque construir embalses artificiales para el país va a costar cientos de miles de millones de pesos y estarían en operación en quince, veinte años, si se empezaran a levantar hoy día.
Las únicas medidas de adaptación con que contaremos será que la poca lluvia que cae se pueda infiltrar en sus acuíferos naturales, que son reservas naturales y gratuitas.
Y eso requiere que se protejan las cubiertas vegetales. Y entre ellas la más importante es la tierra de hojas. Si no hay tierra de hojas, el agua escurre, no se infiltra y erosiona.
Por lo tanto, quiero plantear algo de sentido común. Estamos viviendo una crisis política, una crisis de demanda ciudadana, pero subyace una crisis que va a ser mucho más dramática: nos vamos a quedar sin agua. El verano será catastrófico en la zona central y eso va a afectar a los sectores más pobres. Habrá 400 mil personas cesantes en la Quinta Región por falta de agua.
Y lo que pido es que proyectos como el mencionado no porque estemos en una crisis política pierdan su importancia. Son medidas muy simples, pero que causan un inmenso impacto.
Acabamos de realizar un encuentro con todo el mundo científico, de todas las universidades, para analizar temas de reforestación. Y la primera demanda que plantearon es justamente generar instrumentos fáciles de aplicar, como el señalado.
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Conforme a lo acordado, se verá en primer lugar el proyecto de acuerdo.
TRATAMIENTO ESPECIAL PARA IMPORTACIÓN DE MEDICAMENTOS CONTRA ENFERMEDADES ONCOLÓGICAS O DE CARÁCTER CATASTRÓFICO. PROYECTO DE ACUERDO
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Corresponde pronunciarse por el proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señor Chahuán, señoras Allende, Muñoz, Provoste, Rincón y Von Baer y señores Araya, De Urresti, Elizalde, Girardi, Harboe, Insulza, Kast, Lagos, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 2.084-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 47ª, en 10 de septiembre de 2019.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Mediante el proyecto de acuerdo se solicita a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, presente una iniciativa legislativa que exima del IVA a los medicamentos importados acogidos a la partida arancelaria 00.26; que incorpore a esta a las exenciones contempladas en la letra B del artículo 12 del decreto ley N° 825, de 1974, y aumente su valor FOB a US$ 3.000.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
En votación.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (32 votos a favor).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, De Urresti, Durana, Elizalde, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE GARANTÍAS DE DERECHOS DE LA NIÑEZ
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un sistema de garantías de los derechos de la niñez, con nuevo primer informe de la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.315-18) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 12ª, en 3 de mayo de 2017 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes: sesión 40ª, en 22 de agosto de 2017.
Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes (nuevo primer informe): sesión 49ª, en 24 de septiembre de 2019.
Discusión:
Sesión 46ª, en 13 de septiembre de 2017 (se envía el proyecto a la Comisión Especial respectiva); 52ª, en 2 de octubre de 2019 (el proyecto queda para segunda discusión en general).
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Cabe recordar que los incisos cuarto y quinto del artículo 26 son normas de quorum calificado, por lo que requieren para su aprobación 22 votos favorables. Los artículos 31, inciso quinto, y 37, inciso segundo, por su parte, son normas de rango orgánico constitucional, que requieren 25 votos favorables para ser aprobados.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 100 a 121 del nuevo primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Es todo, señor Presidente.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Muchas gracias, señor Secretario.
Iniciamos, pues, la segunda discusión en general del proyecto.
Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.-
Señor Presidente, hace unas semanas di cuenta del informe de este proyecto de ley. Por tanto, no voy a hablar como Presidenta de la Comisión de Infancia, sino como Senadora.
Desde hace veintiocho años que estamos en deuda con los niños, las niñas y los adolescentes de nuestro país. Aun cuando 4 millones 300 mil personas, casi un cuarto de nuestra población, son niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años, ellos parece que no cuentan.
Celebro que el Gobierno haya dicho que los niños están primero, tomando la frase que acuñó uno de nuestros colegas.
Sin embargo, lamentablemente la política no los tiene dentro de sus prioridades. Persisten el adultocentrismo, el patriarcado, la idea de que los niños son pertenencias del pater familias. Entonces, cuentan dentro del espacio privado y no del espacio público.
Ellos, por tanto, han de seguir la suerte de sus padres. Ese, en un Chile tan desigual, es sin duda alguna otro de los grandes dolores que sufren nuestros compatriotas.
Según la Casen del año 2017, casi el 50 por ciento de los hogares del país tienen niños, niñas y adolescentes en sus familias. De los 4 millones 300 mil niños del país, 56,4 por ciento viven afectados por la pobreza (pertenecen a los primeros dos quintiles); el 13,9 por ciento de ellos viven en la pobreza, atendidos los ingresos de sus familias; el 22,9 por ciento vive en pobreza multidimensional, es decir, en condiciones en las que no solo les falta dinero, sino que, además, no tienen satisfechas ni siquiera sus necesidades básicas, como alimentación, agua y vivienda.
El Gobierno contó 547 niños, niñas y adolescentes viviendo en las calles, sin un adulto responsable y solo en los puntos conocidos como "caletas".
El Ministerio de Salud señala que el 32,2 por ciento de los niños de 0 a 6 años están desnutridos; 51,7 por ciento malnutridos por exceso; 23 por ciento obesos.
Además, 289.510 niños y niñas menores de 15 años a enero del 2018 se encuentran en lista de espera en una consulta de especialidad, y 43.949 niños en lista de espera para intervención quirúrgica.
Por otro lado, 203 niños y niñas y adolescentes fueron víctimas de explotación sexual y comercial el año pasado y más de 100 lo han sido en lo que va de este año.
Señor Presidente, niños y niñas están sujetos a una forma de vida -en verdad, solo se me ocurre un término para nombrarla: esclavitud- que es profundamente dañina para su integridad y futuro.
La Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU) asegura que dentro de las razones para ello están la ausencia de normativa que proteja al menor; el aumento de pobreza, y la falta de oportunidades.
Si todo esto no es otra manifestación brutal de la grosera desigualdad que a todos nos explotó en la cara en estos días, no sé lo que es.
¿Qué más espera nuestro Congreso para aprobar y tramitar este proyecto de ley de garantías? ¡Y solo en general!
El 71 por ciento de los niños, niñas y adolescentes declaran haber sido víctimas de algún tipo de violencia por parte de su madre y/o padre; 25,9 por ciento, de violencia física grave; 25,6 por ciento, de violencia física leve; 19,5 por ciento, de violencia psicológica (datos de Unicef).
Entre los escolares de todo tipo de colegio aumentó el consumo de marihuana en 30,9 por ciento; de tabaco en 4,3 por ciento; de fármacos tranquilizantes en 8,6 por ciento; de cocaína en 3 por ciento, y de pasta base en 1,4 por ciento. Y en 65,3 por ciento aumentó la precocidad, entendida como la proporción de estudiantes que inician el consumo antes de los 15 años.
Esto, sin lugar a dudas, señor Presidente, es inaceptable.
La permanencia de este proyecto de ley durante cuatro años en el Congreso es otra muestra de no estar sintonizados con las necesidades de las familias que aman, luchan y se preocupan por sus hijos como cualquiera de nosotros por los nuestros.
Los niños, niñas y adolescentes no son satélites dentro de su hogar, su población y su país. Ellos padecen cada una de las injusticias que sufren sus padres, sus hermanos, sus vecinos. Ellos han acudido a las marchas pacíficas junto a sus padres; los adolescentes han ido con sus compañeros de colegio, con sus amigos de barrio, con sus vecinos.
La revolución pingüina fue hace trece años. Lucharon y movilizaron el sistema político por una educación gratuita y de calidad. Luego se manifestaron las jóvenes dentro del movimiento feminista. Ahora los estudiantes secundarios hicieron estallar a Chile con su rebeldía ante las alzas del precio del pasaje del Metro. Muchos de ellos no reclamaban por su pasaje, porque no lo pagaban; reclamaban por el pasaje de sus padres y sus abuelos.
Valentina Miranda decía: "Yo vivo en la comuna de Lo Espejo y mi familia gasta en promedio 150 mil pesos mensuales en transporte, ahora mi Papá está cesante. Si yo gasto dinero para poder moverme, un alza de 10 o 30 pesos en la tarifa, rompe con el presupuesto mensual que tienen las familias más vulnerables de Santiago".
Y aquí se está retrasando la tramitación de esta ley, pues algunos legisladores aún quieren discutir si ellos van adquiriendo o no una autonomía progresiva.
Señor Presidente, la tienen. El tema es quién responde por ella.
El martes 23 de este mes, Valentina fue detenida ilegalmente por carabineros no en la calle, sino en un edificio donde se encontraba alojando, sin haber infringido el toque de queda. Todos vimos los videos.
La Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile y el Instituto de Derechos Humanos han informado de violaciones especialmente graves en menores de edad. Existen numerosos casos de menores golpeados, detenidos de manera ilegal, con sus cuerpos llenos de perdigones; existen denuncias efectivas de niñas y adolescentes mojados y desnudados; hay incomunicación en muchos casos por un largo tiempo.
¿Esta es la garantía de respeto de los derechos que en Chile otorgamos a nuestros niñas, niños y adolescentes?
Señor Presidente, creo que es importante votar este proyecto hoy día para poder, tal como lo ha pedido el Senador Montes en nuestra Comisión de Infancia, entrar a la discusión en particular y desvirtuar en ella cada uno de los argumentos que se han esgrimido en las redes por aquellos que no quieren que avancemos en el rol que debemos jugar como Estado, el rol que deben jugar los padres y el rol que nuestros niños y niñas y adolescentes deben tener en el país.
Gracias.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Tiene, a continuación, la palabra el Senador García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, este proyecto, que tiene un nombre atractivo, por supuesto, "sistema de garantías de los derechos de la niñez", contiene, a mi juicio, materias que son un avance y otras que son muy controvertidas y que pueden dar lugar a relaciones familiares cada vez más complejas.
Entre los aspectos positivos del proyecto destaco el reconocimiento al derecho preferente de los padres respecto de sus hijos y el compromiso del Estado para proteger a los niños.
Sin embargo, el proyecto contiene también materias cuyas consecuencias en la convivencia familiar pueden ser extraordinariamente graves. Me refiero particularmente a lo que se denomina "autonomía progresiva".
Por supuesto, los niños crecen y su opinión en cada etapa de sus vidas pasa a ser más importante y más considerada, pero siempre bajo la atenta orientación y supervigilancia de los papás.
Si la autonomía progresiva llega a ser entendida como la prescindencia de los padres en la formación de nuestros niños y jóvenes, estaremos dando pasos muy graves en una dirección completamente equivocada.
Tengo la convicción de que en Chile necesitamos más familias; familias más unidas, más comprometidas con nuestros niños y adolescentes; no familias ausentes, no padres que abandonan su rol insustituible de dar amor, formación, educación; no hijos contra padres; no padres contra hijos; familias que encuentran en su intimidad y en su unidad la fuerza para crecer y prosperar.
Como dije, señor Presidente, creo que el proyecto avanza en algunos aspectos. En otros, lo hace equivocadamente, con graves consecuencias para el futuro.
Por eso, anuncio mi abstención.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Tiene, a continuación, la palabra el Senador Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, en 1990 el Estado de Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño.
¿Qué significa esto? Que asumió la obligación de adoptar un conjunto de principios, conceptos, medidas administrativas y legislativas para traducir esos derechos en realidad.
Han pasado casi tres décadas y, sin perjuicio de conseguir avances específicos muy trascendentes, como la Subsecretaría de la Niñez, la Defensora y un conjunto de otros aspectos, no se ha generado un marco que intencione lo que se ha hecho, que nos permita pasar a otra etapa para concretar las garantías contenidas en este texto.
El proyecto que estamos discutiendo avanza en reconocer explícitamente los contenidos de la Convención. Busca que ello se logre en el marco de un sistema general. O sea, muchas políticas, instituciones y normas...
¿Cuánto tiempo tengo, Presidente? Porque veo que se rebaja, a pesar de que estamos en el debate en general.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Cinco minutos. Es segunda discusión.
El señor COLOMA.-
Son cinco minutos, porque estamos en la discusión en particular.
La señora RINCÓN.-
¡Es en general!
El señor MONTES.-
Estamos en la discusión general.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Así es, pero es segunda discusión.
El señor COLOMA.-
Cierto. Es la segunda discusión.
El señor MONTES.-
Entiendo yo que son diez minutos. De hecho, inicialmente tenía ese tiempo.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Me dice la Secretaría que en la segunda discusión el tiempo de las intervenciones se rebaja a cinco minutos.
La señora ALLENDE.-
Démosle más tiempo.
El señor MONTES.-
Bien, voy a ir a ciertos aspectos puntuales, por lo tanto.
Nosotros compartimos este proyecto, creemos que hay que aprobarlo, que es obligación nuestra hacerlo, que si hubiera aspectos específicos que corregir los debemos ver en el debate en particular.
Chile carece de un marco, no ha asumido las garantías de la Convención que firmamos.
Uno puede tener sus observaciones. Yo quiero expresar una preocupación, porque algunos derechos y garantías no se hallan bien consagrados.
En los textos internacionales es frecuente encontrar disposiciones que apuntan a una cierta gradualidad en materias económico-sociales, en la medida de las posibilidades de cada país, pero los derechos de carácter político-cultural son inmediatos.
Como ha señalado el Instituto Nacional de Derechos Humanos, hay pasajes del texto donde parecen condicionarse derechos que debieran asegurarse directamente, o bien donde el nivel de protección de la Convención es muy superior a nuestro proyecto.
Tenemos el ejemplo del trabajo infantil, a cuyo respecto solo estamos incorporando la erradicación de las peores formas, en circunstancias de que la Convención apunta a la explotación en un sentido mucho más amplio.
Una segunda preocupación es la falta de mecanismos de aplicación de algunos derechos, como el derecho a ser oído, la participación o la asociación, que no están bien consagrados en el texto. Eso es algo que queremos discutir en particular.
En tercer lugar, ciertos sectores han planteado una supuesta confrontación entre los derechos que se reconocen a los padres en el cuidado y formación de los niños y niñas y la denominada "autonomía progresiva".
Algunos ven una suerte de emancipación forzada o anticipada de los menores, que colisiona con las facultades de los progenitores.
Personalmente, no veo esa dificultad. Estamos ante dos planos de acción o dos perspectivas para mirar un fenómeno, que es el crecimiento y desarrollo de niños y niñas.
Por una parte, es evidente el rol protector y formativo de los padres en el proceso. Pero también es claro que se debe tener como objetivo deseable la creciente autonomía de los menores, en la medida de su desarrollo afectivo, cognitivo, social, físico; hasta, como es obvio, alcanzar la mayoría de edad y hacerse independientes.
No cabe, a mi juicio, entender que la autonomía progresiva coarta la facultad de los padres, y no estamos cerrados a precisarlo en el texto, pero no hay que partir descartando y descalificando toda la Convención por una supuesta confrontación entre ambos conceptos.
En cuarto lugar, nos preocupa mucho la discusión sobre si el Estado tiene o no un rol en esto. El Estado debe dar garantías para que los padres y las familias desarrollen a los niños. Anteponer toda responsabilidad al Estado, como si este fuera atentatorio contra los padres, la verdad es que distorsiona los términos.
Si es necesario perfeccionar la redacción, se hará. Nosotros estamos asumiendo la Convención.
Con relación al ámbito territorial, aquí se han planteado las oficinas comunales de la infancia. Nosotros creemos que hay que precisar eso, porque no podemos tener 345 oficinas. En comunas pequeñas crear oficinas es algo cercano, pero estas no van a tener las capacidades para resolver y nos preocupa mucho, realmente, contar con un diseño que sea consistente con nuestra realidad.
Además, nos preocupa fortalecer todo lo que dice relación con el rol de la sociedad civil, porque es clave.
Estos días hemos visto en las calles el deseo de la ciudadanía de empoderarse, de construir comunidad, de participar, de no ser sujeto pasivo de los cambios, sino de asumirlos con sus propias manos.
El proyecto contiene diversas formas de recoger la vitalidad de la ciudadanía en estas materias, pero eso hay que potenciarlo mucho más.
Para que estas garantías tengan una aplicación real es muy clave lo que efectivamente se haga en la propia comunidad, en la familia, en los barrios, en los colegios, en las instituciones locales.
El cuidado y protección de los niños y niñas no puede ser entendido solo de arriba hacia abajo, como un mandato institucional impuesto por el Estado y sus organismos. Aquí es fundamental lo que ocurra desde el entorno directo de los niños.
Y, antes que nada, esto es un desafío ético, social, cultural.
Parte de la sociedad más humana, más solidaria e inclusiva que la ciudadanía nos ha demandado se juega en este tipo de asuntos.
En el mismo sentido, queremos recalcar la importancia de lo educativo en esta materia.
La escuela cumple un rol insustituible, un rol fundamental en acoger a los niños en su diversidad, en permitirles proyectar sus talentos, en aprender de sus derechos y ejercerlos en la familia, en el entorno y en los niveles de prevención y protección inicial.
No puede ser, estimados colegas, que hoy día en los colegios cuando se detecta a un niño con problemas de salud mental el sistema no tenga respuestas. ¡Se demoran cuatro meses en atender a ese niño por 10 minutos! Este es un ejemplo extremo, pero ocurre. No hay nada más atentatorio contra los niños que la situación en los temas de salud mental. Y la escuela debe tener un rol para detectar adecuadamente, para prevenir y proteger.
Los profesores, asistentes de la educación, directivos y equipos de los colegios pueden hacer mucho por advertir todo lo que ocurre con los niños y prever oportunamente.
Finalmente, creo que tenemos que ser serios, modestos. Hay que comprender a los niños, niñas y adolescentes para tener respuestas apropiadas. No creer, en una visión adultocéntrica, que todo lo tienen los adultos, en el diagnóstico, en los caminos. Debemos asumir que las actuales generaciones de niños son muy distintas a las anteriores.
Nosotros creemos que este proyecto de garantías es para el niño de manera integral. No es solo para niños con daños, para ciertos niños, sino para todos. Se trata de ver qué hace la sociedad con sus niños, con su realidad, porque necesitamos profundizar, precisar y este Parlamento, a través de este proyecto, tiene una oportunidad muy importante.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador Pugh.
Se ha solicitado abrir la votación, ¿habría acuerdo?
La señora EBENSPERGER.-
Aún no.
El señor SANDOVAL.-
En un ratito más.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
No hay acuerdo.
Tenemos quorum, Senadores. Por eso, insistimos en poder abrirla.
Senador Pugh, tiene la palabra.
El señor PUGH.-
Señor Presidente, sin lugar a dudas, Chile vive un momento trascendente; la crisis social más grande que hemos tenido. Y esto demuestra que ha habido una falla sistémica completa. Hemos fallado todos. Hemos fallado los que somos padres, los que hemos constituido familia. Ha fallado el Estado.
Y hoy, precisamente, estamos viendo cómo ese Estado no es capaz de cumplir demandas tan esenciales y básicas con los niños. Me voy a referir, en particular, a lo que ocurre con una responsabilidad del Estado respecto de los niños a los que sus familias han abandonado. Y eso es, básicamente, el Sename.
Tenemos una gran deuda que todavía no hemos sido capaces de solucionar. ¡Muchísimos niños y niñas muertos, violados, torturados! Y eso es violencia del Estado. Porque esos niños tienen derechos que deben ser respetados.
El Estado ha fallado. Por lo tanto, no podemos confiar en que el Estado va a ser capaz de resolver todos los problemas que nosotros como familias no somos capaces de resolver.
En segundo término, es cierto que ha pasado mucho tiempo, pero no hemos hecho la reflexión profunda que se requiere y que la ciudadanía clama y reclama: básicamente, dialogar y aceptar cada una de las visiones. No se puede imponer solo una, ni tampoco se les puede dar a aquellos que todavía no se han terminado de formar el derecho de decidir por sí mismos lo que quieran. Porque pueden decidir juntarse con personas no adecuadas y los padres tendrán que actuar, porque no serán capaces ni siquiera de respetar lo que el Consejo Nacional de Televisión señala respecto de la clasificación de ciertos programas, no habría control parental.
En fin, son varios elementos que hay que revisar, pero debemos irnos a la base, al origen, a lo que está comprometido, a lo que el país tiene que cumplir.
La Unicef lo tiene muy claro.
Deseo interpretar a quienes represento, a mis votantes. Hoy más que nunca, en esta crisis de representatividad, debemos alzar la voz de quienes votaron por nosotros. Y quienes votaron por mí, en particular, son familias que claman y buscan ser escuchadas.
Muchos de ellos se han levantado y organizado. Solamente, en los últimos tres días, se han juntado casi sesenta mil firmas. De hecho, tengo una copia de un grupo de padres que piden ser escuchados. ¡Están pidiendo ser escuchados!
Quizás eso es lo que nos falta en estos momentos en Chile: escucharnos. No combatir, no pelearnos: escucharnos y dialogar.
Busquemos, en las materias que son trascendentes, en las que el Estado debe tener responsabilidad, la mejor forma de hacerlo.
Creo que este proyecto no está preparado todavía, por su forma, para ser discutido. En la situación actual del país, no creo que estén dadas las condiciones para que hagamos algo que pueda poner en riesgo a nuestros hijos.
Hago ese llamado a todos los congresistas que son padres, porque ellos entienden el punto perfectamente. Algunos no han tenido la fortuna de dar vida. Ser padre es una responsabilidad tremenda. El padre no se forma: no existe una escuela para ello ni certificados ni notas. Algunos lo pueden hacer muy bien y otros no lo saben hacer tan bien. No por eso debemos dejarles a aquellos que no tienen la capacidad de hacerlo bien, la responsabilidad última de ser dueño de todas sus acciones.
Tenemos que actuar en un modo de "control parental". Pido que reflexionemos, que veamos la esencia.
Hoy en las calles se manifiesta el fracaso de todas estas políticas que tenemos. Por esa razón, llamo a reconstruir nuestra sociedad en base al diálogo, al convencimiento, al amor, al respeto y a la dignidad de las personas. Y la primera dignidad que se debe recuperar es la de aquellos niños que no tienen familia, porque el Estado, que se suponía les debía dar protección, no cumplió su rol.
Espero que las comisiones de derechos humanos vengan a ver esta realidad y se hagan cargo. El Estado de Chile debe ser el primero en dar el ejemplo con los niños que tiene a cargo. Pero no lo ha hecho.
Por eso, adelanto mi voto en contra del proyecto.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Por favor, les pido a las tribunas mantener silencio para seguir con el debate.
A continuación, tiene la palabra la Senadora Isabel Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, es tremendamente importante y necesario que podamos discutir y aprobar esta iniciativa, que llevaba dos años en el Senado, luego de su tramitación en la Cámara de Diputados.
El presente proyecto busca ser el marco, desde sus principios, sobre el cual se debe sustentar todo el sistema de garantías de la niñez, en el cual, no cabe ninguna duda, estamos en una profunda deuda.
No puedo dejar de recordar y mencionar lo que la prensa calificó como "el informe oculto de la PDI", en el cual se establece que en el cien por ciento de los centros de administración directa, ya sea a cargo del Sename o de los organismos colaboradores, se violaron los derechos de las niñas y los niños.
Les recomendaría a quienes no lo han visto que lean ese brutal informe de la PDI sobre los abusos que han sufrido nuestros menores.
Es tremendamente necesario que contemos con una ley de garantías precisamente para evitar que los niños sean vulnerados y lleguen al sistema del Sename tal como está operando, pese a las reformas que se están intentando hacer. En tal caso, necesitamos alertas que permitan prevenir e intervenir.
Por otro lado, no puedo dejar de mencionar que 343 niños han sido detenidos en las actuales movilizaciones, algunos de los cuales fueron víctimas de detenciones ilegales. Hay cuatro lesionados por balas, y otros tantos por perdigones. Otros han perdido la vista por la acción de agentes del Estado, todo lo cual, lamentablemente, ha mostrado la cara de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en estos últimos días en nuestro país.
La Defensoría de la Niñez se ha encargado de abordar las violaciones a los derechos humanos que han afectado, particularmente, a niños, niñas y adolescentes.
Es importante señalar que se plantea un cambio de paradigma. No podemos seguir viendo a los niños como objetos. Deben ser sujetos respetados, escuchados y con sus derechos.
Esto ha sido recogido en otras legislaciones, como en las de España, Colombia y Argentina, mientras que en Chile seguimos al debe.
Además, ni siquiera somos coherentes con lo que nosotros mismos firmamos, que fue la Convención sobre los Derechos del Niño en el año 90, con todos sus principios. Su artículo 4 establece la obligación de los Estados Partes de adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos por la Convención.
En nuestro caso, claramente hay un incumplimiento.
En su momento se encontraban en funcionamiento las Oficinas de Protección de Derechos de la Infancia (OPD). No todas las comunas pudieron instalarlas con igual eficacia, pero era una señal de que, a lo menos a nivel local y territorial, había preocupación por tratar de hacer un sistema de alerta temprana.
Chile Crece Contigo fue, sin duda, la política más eficaz de alerta temprana para acompañar, incluso desde el embarazo, a las familias.
¿Qué es este sistema de garantías de los derechos de la niñez? Es la creación de un conjunto de políticas, instituciones y normas que van dirigidas a proteger y garantizar el ejercicio de los derechos del niño.
Por eso el proyecto busca reconocer y ratificar ciertos derechos, algunos de los cuales han sido criticados o votados en contra en la Comisión, como es el caso de la autonomía progresiva.
Pero quiero recordar que estos derechos son parte de la Convención que nosotros suscribimos. Por lo tanto, me parece que hay un error de lectura.
Aquellos colegas que piensan que es un atentado contra las familias este marco de garantías de derechos están profundamente equivocados. ¡Profundamente equivocados! Esto nada tiene que ver con no fortalecer los roles de la familia, que son insustituibles. ¡Qué duda cabe!
Dichos roles se ven complementados con la educación, con las políticas del Estado. Y eso en nada atenta contra el núcleo familiar. Creer lo contrario me parece que es un error.
Me gustaría recordar las palabras del propio Benito Baranda. Lo escuché decir que era fundamental haber partido por este proyecto antes incluso de discutir la iniciativa que reforma el Sename, porque aquel es el marco global conceptual, el marco de los derechos, el marco de los principios, el marco que pone al país al nivel de lo establecido en la Convención mencionada.
Más allá de algunas precisiones que habrá que incorporar a la hora de analizar esta materia en particular y saber qué va a pasar con las OPD, votaré a favor de la idea de legislar, porque es tremendamente necesario que avancemos en el proyecto que nos pone al día con la Convención y que trata de recoger los principios fundamentales para orientar nuestras políticas, y, sobre todo, porque nunca debemos olvidar, más allá de cualquier otra consideración, la tremenda deuda que tenemos con los niños.
Hace poco leí un reportaje en la revista Sábado de El Mercurio en el que se señalaba la cantidad de abusos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes que han quedado impunes o han sido objeto de un acuerdo rapidísimo. Les recomiendo leer ese reportaje. Se da el detalle del número de casos de niñas abusadas, en los cuales, lamentablemente, bajo la presión de una u otra circunstancia, se llega a un acuerdo rápido que permite que el autor termine cumpliendo una condena mínima o no cumpliendo condena alguna.
Por eso y muchas otras razones, pienso que es muy importante votar a favor de esta iniciativa, que busca garantizar los derechos de los niños.
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Me han solicitado nuevamente la apertura de la votación.
¿Habría acuerdo, manteniendo los tiempos?
La señora EBENSPERGER.-
Sí.
La señora MUÑOZ.-
Sí.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Acordado.
En votación el proyecto en general.
--(Durante la votación).
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador Iván Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, la verdad es que en múltiples oportunidades he señalado, luego de estudiar con detención y responsabilidad el proyecto sobre garantías de la niñez, que lo votaré en contra. Y hoy solo puedo mantener mi posición y ratificar mi decisión.
Lamento mucho que, en los tiempos de crisis que estamos viviendo, se haya decidido que esta iniciativa, en especial, fuera una de las más relevantes y que se considere que, en la agitada situación actual, pudiera concitar unidad en esta Cámara y ayudar a la paz social.
Sin desconocer lo importante que es legislar respecto a la protección de la niñez, me veo en la obligación de rechazar este proyecto por las dificultades que contiene, que nos dividen, por cuanto los principios en que se basa no corresponden a lo que no solo yo, sino muchos chilenos creemos que deben ser los principios protectores de la familia.
En la redacción actual, la incorporación de conceptos como "autonomía progresiva", "derecho a la privacidad" o "derecho a la identidad de género", sin distinguir edad, da cuenta de la percepción de que nuestros niños y niñas hasta hoy no serían sujetos de derecho, sino meros objetos, ignorando el rol protector de los progenitores.
Esa idea se esparce a través de todo el proyecto: que los niños no son de sus familias, sino que estarían prestados desde el Estado. Ante ello, me veo obligado a reiterar una cita sobre un documento de la Cepal del 2017, que señala que los hijos no son de las familias; los hijos son ciudadanos y los ciudadanos son del Estado.
¡No lo está diciendo Iván Moreira; lo está diciendo la Cepal! Y yo tengo derecho, señor Presidente, a interpretar lo que indica una entidad que se supone que es muy seria.
¡No estoy loco por lo que estoy planteando! Estoy consciente de la importancia de las distintas definiciones que nosotros tenemos con respecto al niño y a la familia.
De hecho, en la iniciativa queda aún más clara la intención de reducir el rol de los padres a meros cuidadores al rebajar el derecho y el deber constitucional a una mera -entre comillas- responsabilidad.
La rebaja del derecho y del deber preferente de los padres a una mera responsabilidad es de una gravedad importante y trae la consecuencia de reducir los efectos de un precepto constitucional por medio de una simple ley. Por lo mismo, este proyecto debe ser revisado por la Comisión de Constitución Legislación, Justicia y Reglamento.
Pero, no bastando todo lo anterior, esta iniciativa, nacida en el segundo Gobierno de la ex Presidenta Bachelet, cambia la denominación "padres" por un clarificador "padres y madres", ampliando el abanico para incluir a parejas homosexuales.
Una sociedad moderna no es la que desprecia a la familia tradicional, sino la que construye alrededor de ella.
El Gobierno del Presidente Piñera ha anunciado el ingreso de indicaciones que modificarían y corregirían el sentido del proyecto, algunas de las cuales ya fueron incorporadas, pero sin alterar la esencia ni los aspectos más criticables.
Se termina mi tiempo, señor Presidente.
Le pido treinta segundos más.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Bien, señor Senador.
El señor MOREIRA.-
Gracias.
Aun abriéndose un plazo amplio para indicaciones, no veo con esperanza que pueda alterarse la actual redacción de la iniciativa en los temas más debatibles, por cuanto el oficialismo no tiene mayoría en las Comisiones o en esta Sala.
Si aquello fuera posible y ocurriera en aras de lograr un proyecto consensuado y que incorpore a todas las sensibilidades, con gusto puedo modificar mis apreciaciones. Pero, en las actuales condiciones, tengo que rechazarlo.
Señor Presidente, me parece muy relevante terminar señalando que hay alrededor de 55 mil firmas de personas que creen que la familia es lo más importante en la conducción de sus hijos.
Ellas han dicho: "Con mis hijos no se metan".
El verdadero garante del bien superior de un niño son los padres y su familia.
¡Menos Estado, más familia!
Voto que no.
--(Aplausos en tribunas).
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador Alejandro Guillier.
El señor GUILLIER.-
Señor Presidente, para hacerlo más directo, quiero señalar que esta iniciativa persigue como propósito servir como una suerte de ley marco para el sector y sentar algunos principios y bases generales de un sistema de garantías de los derechos a la niñez, permitiendo el desarrollo futuro de distintos cuerpos normativos.
Algunos ya están circulando en forma individual y sin ninguna estructura de contención y coherencia. Por lo mismo, es importante tener una línea matriz conforme a la cual se pueda ir elaborando una legislación al respecto.
Quiero recordar que hace ya veintinueve años Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño y, a la fecha, es el único país de América Latina que todavía no ha elaborado una ley integral de protección de la infancia.
Ahora, si partimos de la base que se ha pretendido modificar la Ley del Sename o la Ley de Adopciones sin contar con principios claros estructurantes, la verdad es que pareciera que estamos avanzando con muy buena voluntad pero sin mucha coherencia.
Es pertinente señalar, sin embargo, que esta iniciativa adolece de algunos aspectos que deberían corregirse en forma urgente.
Primero, es un proyecto de ley incompleto, toda vez que no señala ni establece mecanismos claros de prevención de la vulneración de los derechos de la niñez ni de promoción de derechos. Su texto es más declarativo.
Segundo, no logra proponer un sistema de garantías de derechos capaz de brindar protección integral a la niñez, asegurando derechos universales a través de mecanismos de protección administrativos que operen en los territorios en lo que habitan los niños, niñas y adolescentes.
Tercero, es
imprescindible una clara definición de los recursos que serán destinados a financiar el sistema en general.
Por último, es necesario aclarar que se generan tensiones administrativas que surgen a raíz del mecanismo de financiamiento vía subvención a los programas de protección. Con ello se tienden a concentrar los recursos en zonas urbanas con mayor número de niños y a entregar muchos menos fondos y apoyo a comunidades que están en territorios geográficamente más aislados.
Ahora bien, es preciso señalar que han surgido algunas objeciones por parte de especialistas en el tema respecto a que en las medidas de protección, más que establecerse plazos fatales para su duración, se deberían consagrar siempre mecanismos de revisión periódica por parte de un tribunal. En Chile aprobamos leyes, pero nadie fiscaliza que se cumplan, y que se cumplan bien.
También se considera que el principio del interés superior del niño es una máxima de carácter individual y no colectiva, por lo que esa determinación se debe efectuar en casos concretos, de acuerdo a las necesidades específicas del menor que debe ser protegido y siguiendo parámetros como la integridad (tener presente el conjunto de sus derechos), la extensión (implica progresividad y mayor desarrollo de los derechos) y mínima restricción (la afectación de derechos debe efectuarse solo en casos donde ello sea estrictamente necesario; por ejemplo, cuando el niño ha incurrido en conductas o prácticas que puedan ser irregulares).
Además, es necesario generar una figura institucional a cargo de la coordinación y el despliegue territorial de los diversos órganos, políticas y planes que se puedan desarrollar, de manera que tengan coherencia y mínima articulación y se pueda dotar de efectividad a dicho esquema institucional.
Por lo tanto, estimo que esta iniciativa contiene una idea muy matriz, bastante general, y que deja muchos espacios que se deberían corregir.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
A continuación, tiene la palabra la Senadora Luz Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.-
Señor Presidente, el título de este proyecto sin duda que lleva a reflexionar y nos llena de ilusión: "proyecto que crea el sistema de garantías de los derechos de la niñez".
Pero su contenido no dice relación con el desafío que plantea su título.
No estoy de acuerdo con esta iniciativa por tres razones.
Primero, como aquí han dicho algunos Senadores que me antecedieron, por consagrar la autonomía progresiva como un deber del Estado, pasando a llevar el deber, el derecho y la obligación prioritaria que tienen los padres sobre el cuidado, la educación y la formación de sus hijos.
Y respecto de eso, me gustaría citar unos párrafos...
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Un segundo, por favor.
Pido guardar silencio en la Sala. Está interviniendo la Senadora Ebensperger.
Puede continuar.
La señora EBENSPERGER.-
Gracias.
Decía que me gustaría citar, respecto a la materia del principio de la autonomía progresiva, algunos párrafos de un paper del doctor en Derecho y decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Finis Terrae, don Ignacio Covarrubias:
"La autonomía progresiva es un principio de origen primario en la Convención de Derechos del Niño, que suele proclamarse como fundamento de la independencia de la que gozarían progresivamente los niños y adolescentes para decidir sobre aspectos fundamentales de su vida, aun en contra de la opinión de sus padres o formadores.
"No parece que este principio se encuentre concebido de un modo que permita compatibilizarlo con el derecho de los padres a educar a sus hijos. Si bien se mantiene el derecho de los padres a educar a sus hijos, la incorporación de la autonomía progresiva como principio general no solo debilitará el deber de los padres con el deber del Estado de proveer un principio en contraposición, sino que presumiblemente circunscribirá el deber de los padres a la esfera exclusivamente escolar.
"La relación entre autoridad paterna y menores es concebida no solo con desconfianza, sino conflictualmente, de modo que promueve que las diferencias no las resuelven los padres, sino un tercero, habitualmente Defensor de la Niñez, juez de familia, etcétera.
"La lógica que impregna el proyecto de ley tampoco favorece concebir el núcleo familiar como una unidad que comparta un entorno común, que es participado por todos los integrantes de la familia en la que la conducta de uno incide en la acción del resto, y viceversa. Por el contrario, dado que la autonomía es vista como un atributo individual, el conflicto ha de ser abordado bilateralmente entre los titulares de los derechos tensionados, sin considerar si la mayor autonomía de los menores y la correlativa menor autoridad paterna afecta o no la formación de niños o adolescentes no involucrados formalmente en el conflicto, tales como hermanos menores".
Señor Presidente, no podemos quitarles a los padres este derecho preferente. No va de acuerdo a nuestra naturaleza humana el hacerlo, es desvirtuar algo que en nuestra propia Constitución decimos fomentar, y respecto de lo cual, además, entregamos al Estado la obligación de promover.
Y, finalmente, en el proyecto, aparte de consagrarse este principio, no se ha priorizado la infancia vulnerada. La iniciativa no entrega herramientas concretas que solucionen los problemas más urgentes de la infancia y, además, falta un mayor apoyo a las familias, de manera de prevenir posibles vulneraciones a los derechos del niño.
Dicho lo anterior, mi voto será en contra de este proyecto.
--(Aplausos en tribunas).
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
A continuación, tiene la palabra el Senador Jorge Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, estamos en un proyecto de ley que busca establecer un sistema de garantías de los derechos de la niñez, y así lo dispone claramente el artículo 1, que plantea que tiene por objeto "la protección y garantía integral, el ejercicio efectivo, el goce pleno de los derechos de los niños, en especial de los derechos humanos que les son reconocidos en la Constitución Política de la República, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en los demás tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes y en las leyes".
Eso es lo que estamos discutiendo.
Yo, señor Presidente, he pedido hacer uso de la palabra para justificar mi voto, y también, de alguna manera, para explicarle los alcances que tendría este proyecto a la señora Francisca Álvarez, quien me ha escrito ya en dos o tres oportunidades como ciudadana y madre manifestando su preocupación. Se trata, en realidad, de argumentos que hemos escuchado de parte de algunos colegas, que plantean su cuestionamiento al denominado "principio de autonomía progresiva" y su temor porque aquí habría una apropiación de los niños por el Estado.
Lo primero que quiero manifestar es que esta iniciativa no establece norma alguna que signifique una "apropiación de los niños por el Estado". En ninguna parte.
La argumentación que se ha entregado muy probablemente se basa en el temor que se ha difundido en algunos sectores a partir de la aprobación de la Ley de Identidad de Género -infundado creo yo-, en cuanto a que el Estado "está decidiendo la vida de los niños".
En esa línea, lo que el proyecto de ley contempla es solo el reconocimiento del principio de autonomía progresiva. Y como principio que es, no es un derecho del niño ni menos una prerrogativa del Estado. No implica más que el reconocimiento de que los menores, con el tiempo, van a ir desarrollando su propia conciencia, valores y decisiones, que los padres deben saber guiar.
Lo que hace el legislador en esta iniciativa es reconocer ese principio que funcionará como criterio para que el juez decida, en un eventual conflicto con los padres, si el niño puede o no actuar por sí mismo. La ley no puede establecer reglas sobre cómo aplicar el principio, porque eso dependerá de la edad del menor y de su grado de madurez, el cual solo puede ser determinado por pericias, y -repito- será el juez el que decida frente a ese potencial conflicto.
El contrapeso general está contemplado, además, en otro principio, que es el deber de los padres de cuidar, orientar, educar y formar a sus hijos. Ahí es donde está el equilibrio.
A mí me parece que todos estamos de acuerdo, y a todos nos gustaría que nuestros hijos y todos los niños de este país pertenecieran a una familia. A una familia ideal, o como todos la concebimos, con padre y madre, que viven juntos, que forman sus hijos sobre la base de valores, del amor, del cariño, del respeto, sin violencia y, por supuesto, queriendo lo mejor para ellos. Pero ese ideal de familia está muy alejado de lo que es la familia, las familias o la diversidad de familias que existen en nuestra realidad en el país.
En numerosas oportunidades esos niños, lisa y llanamente, no tienen familia. Hay muchos casos donde, lamentablemente, no se vive en un ambiente familiar como a todos nos gustaría, sino, por el contrario, en un ambiente de violencia, de vulnerabilidad, de dejación, o derechamente de abuso.
Y eso es lo que también busca este proyecto de ley: establecer una protección y garantía integral mínima a los derechos de esos niños.
Yo, señor Presidente, voy a votar a favor. Me parece que en la discusión en particular seguramente se van a despejar y aclarar muchas de las inquietudes o dudas que aquí se han planteado, pero consideré pertinente responder directamente a las inquietudes que me hizo llegar la señora Francisca Álvarez.
Voto que sí.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Tiene, a continuación, la palabra el Senador José Miguel Insulza.
El señor INSULZA.-
Señor Presidente, para no repetir, voy a referirme a algunos aspectos que tienen que ver con la Convención sobre los Derechos del Niño.
Este tratado multilateral fue deliberado por más de treinta años en Naciones Unidas y concitó la adhesión de una de las más altas mayorías de países de que se tenga registro en esa organización en materia de derechos humanos, dando cuenta así de la positiva evolución conceptual y jurídica de los países civilizados respecto de estas materias.
Chile suscribió esta Convención en su nacimiento, en 1989, y la ratificó en 1990, comprometiendo así su pleno y leal cumplimiento, lo cual significa también reformar, ajustar y sintonizar las leyes, políticas y prácticas institucionales a sus mandatos.
Yo espero que aquí nadie esté planteando retirar esa aprobación, solamente estamos discutiendo una ley que aplica la Convención que Chile ratificó en 1990.
En septiembre de 2015, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas destacó la presentación en el Congreso Nacional de un proyecto de ley sobre protección integral de los derechos del niño -este- y también expresó su preocupación por el hecho de que todavía estuviera vigente la Ley de Menores de 1967, que -y cito- "posee un enfoque tutelar incompatible con un marco jurídico adecuado que reconozca y garantice los derechos de todos los niños".
Esta propuesta legislativa consagra un sistema de garantías de los derechos de la niñez. En consecuencia, es prioritaria y necesaria su aprobación, porque corresponde a un avance que establece la responsabilidad de los agentes garantes de sus derechos, en los que se encuentra la familia, por cierto, cualquiera que sea su conformación, y luego los demás agentes cuidadores: la comunidad cercana a los niños, las diversas instancias civiles y todos los órganos del Estado al final, no al principio.
Este cuento de que los niños son propiedad del Estado en esta iniciativa es el mismo que nos contaban en los años cincuenta cuando se decía que en muchos países europeos había que entregarles los hijos al Estado, cosa completamente falsa y ridícula.
El proyecto establece a los niños en la categoría de sujetos.
Esto no es tan antiguo en la historia, señor Presidente. Históricamente, los niños y las niñas han llegado a ser visibles como sujetos de derecho solo en una época muy reciente. Por eso, el sistema legal los ha connotado tradicionalmente como disminuidos: como incapaces en lo civil; como cargas en lo previsional; extendiendo indebidamente su imputabilidad o las sospechas sobre ellos en lo penal (es decir, los niños tienen derechos de ciudadano a los 18, pero pueden ser encarcelados a los 14); o estigmatizando su situación, refiriéndose a ellos como "irregulares", cuando en realidad estamos hablando de niños abusados, maltratados o privados por alguna circunstancia de los cuidados parentales.
Entonces, este sistema hace lo que han efectuado ya muchos países de nuestra región. Aplica la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptando una normativa sobre la infancia, como lo hicieron Brasil, en el año 1990; Panamá, en 1994; Honduras, en 1996; Costa Rica y Nicaragua, en 1998; Bolivia, en 1999; Perú, en 2000; Paraguay, en 2001; Ecuador y República Dominicana, en 2003; Uruguay, en 2004; Colombia, en 2006; o bien, incorporando leyes de protección integral, como las de México y Venezuela, en 2000; la de Guatemala, en 2003; la de Argentina, en 2005; y la de El Salvador, en 2009.
Estamos atrasados respecto de todos esos países, y esta tardanza institucional debería, al menos, incomodarnos como legisladores.
Pero más allá de eso, dotar a Chile de un estatuto como el que se nos presenta es un imperativo jurídico-legislativo y, a la vez, un deber ético y político de primera magnitud.
Señor Presidente, para no sobrepasar mi tiempo, no me voy a referir a los aspectos favorables ni tampoco a algunas dudas que tengo o a algunos problemas que presenta la iniciativa, que no está financiada de ninguna manera.
Espero que lo podamos analizar durante la discusión particular; pero hago presente que en esta Sala hemos escuchado visiones acerca de los niños y del carácter de la niñez que son retrógradas, y que la mayor parte de los países del mundo ya han abandonado por completo.
Se debe aprobar pronto este proyecto de ley, para que no resulte inconducente seguir avanzando en otras iniciativas de la infancia y la adolescencia que se tramitan en el Congreso y para que tengamos un marco de interpretación que irradie al resto de la institucionalidad en materia de infancia.
Por eso, este marco jurídico debe garantizar efectivamente los derechos, tener una bajada territorial que permita la articulación de la respuesta estatal y, por cierto, contar con los recursos necesarios para ello.
Voto a favor.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
A continuación, tiene la palabra el Senador Durana.
El señor DURANA.-
Señor Presidente, efectivamente nuestro país tiene la obligación internacional de hacer compatible su normativa interna en esta materia con las estipulaciones contenidas en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada y, en consecuencia, vigente en Chile desde el año 1990.
El norte de esa Convención es el interés superior del niño, y en esa línea es deber del Estado generar un sistema de protección integral de la niñez. Este interés general por el niño también encuentra protección constitucional en nuestro país.
En este sentido, constituye un elemento fundamental de un sistema de garantías para la niñez el fortalecimiento de la familia, puesto que esta es irremplazable en la formación de nuestros niños y niñas.
Al respecto, la Convención sobre los Derechos del Niño reafirma la importancia de la familia como ámbito fundamental para el respeto de los derechos de la niñez. Tal es así que el preámbulo de la mencionada Convención señala que la familia es el medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros, y en especial, de los menores.
Las indicaciones formuladas por el Poder Ejecutivo a este proyecto van en la línea de garantizar el pleno respeto del rol de la familia y de los derechos integrales de los niños.
La iniciativa busca ser una ley marco para la aplicación de la política de la niñez que, por una parte, da cuenta de una nueva concepción de los menores como sujetos de derechos con capacidad plena para ejercerlos por sí mismos y, por otra, otorga un rol más fuerte al Estado en la protección de los niños.
De igual modo, establece principios generales dirigidos a la protección y promoción de los derechos de los niños, e incluye obligaciones y deberes para el Estado y los padres. Sin embargo, no se logra aterrizar ciertos procedimientos o medidas concretas para proteger tales derechos, en vista de que el Ejecutivo espera aprobar otras iniciativas legales que lo hagan.
No considero necesario crear una ley marco para luego concretar las medidas de protección a través de otros proyectos de ley, puesto que los derechos de los menores de edad ya se encuentran contemplados en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada y vigente en Chile y en nuestra Constitución.
Hasta ahora, las iniciativas del Gobierno en materia de infancia (especialmente las que crean el Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez, la Subsecretaría de la Niñez y la Defensoría de la Niñez) tienen un contenido meramente declarativo, que no resguarda ni entrega soluciones y herramientas claras de protección a los derechos de los niños vulnerados. Esto, sumado a que los proyectos que reemplazan el Sename, que podría ser lo más cercano a una solución a dichos grupos vulnerables, siguen en primer trámite constitucional.
Un panorama igual de desalentador enfrenta otra iniciativa urgente para la infancia vulnerable: la reforma integral al sistema de adopciones en Chile, luego de que el Ejecutivo se comprometiera a presentar una nueva indicación sustitutiva, que acelerara el proceso de adopción.
No se ha priorizado a la infancia vulnerada: la iniciativa no entrega herramientas concretas que solucionen los problemas más urgentes de la niñez.
Falta un mayor apoyo a las familias, a modo de prevenir posibles vulneraciones a los derechos de los menores. Cabe destacar que no es un proyecto enfocado en los que no tienen familia, sino que se dirige a proteger a todos los niños que se encuentren o no en situación de vulnerabilidad.
Es por esto que no se entiende que, a pesar de que la regla general es que el niño viva con su familia, no enfoque sus esfuerzos en fortalecer dicho núcleo.
Lamento, sí, que este proyecto estructural de una reforma por la infancia siente las bases de un cambio absoluto de las relaciones de los padres con los hijos y la familia con el Estado.
Es una iniciativa que considera derechos y no obligaciones, garantizando la autonomía progresiva; vulnerando el derecho preferente que tenemos los padres de educar y formar a nuestros hijos poniendo al Estado como garante último de estos.
La redacción de este proyecto atenta contra la familia; plantea un listado extenso de derechos que sería garantizado por el Estado, pasando de tener un rol subsidiario a uno exclusivo en la educación de los niños y adolescentes en todas las áreas desplazando a la familia como núcleo fundamental de la sociedad.
Además, influye sobre la educación, que no va a ser libre, creando nuevos derechos, e incluso, inhibiendo derechos institucionales que emanan de la naturaleza sobre la vida; define al niño y no considera al que está por nacer, abriendo las puertas al aborto libre.
Debemos ser claros para no generar falsas esperanzas: el proyecto mejoró bastante respecto de su texto original. Sin embargo, sigue teniendo un contenido poco preciso, e incluso, contradictorio en lo que se refiere al derecho de los padres.
De esta forma, cabe preguntarse qué debe primar: ¿la autonomía progresiva del niño o el derecho a educarlo de sus padres? Esto sigue siendo una incógnita. Lo anterior no solo generará problemas de interpretación de la norma, sino que, debido a la falta de desarrollo adecuado de su institucionalidad, puede terminar siendo una ley inoperante.
Voto que no.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
A continuación, tiene la palabra el Senador Alejandro Navarro.
Conforme a lo acordado precedentemente por la Sala, la Senadora señora Rincón me reemplazará en la testera unos momentos.
--Pasa a presidir la sesión la Senadora señora Rincón, en calidad de Presidenta accidental.
El señor NAVARRO.-
Señora Presidenta, qué duda cabe de que los derechos de los niños en Chile hoy día están vulnerados. ¡No hay protección estatal!
El Sename es el peor ejemplo estatal de cuidado de los niños: ¡el Estado abandonó a miles de ellos! Los menores no solo han muerto al interior de sus centros: tampoco el Estado ha sabido qué hacer con los niños. Y hoy día vemos que el 56 por ciento de los condenados en las cárceles chilenas ha pasado por el Sename; es decir, uno de cada dos presos en nuestro país fue internado en alguno de sus centros, lo que demuestra de manera categórica el Estado fallido, la falta de preocupación de quien tenía el deber de cuidarlos.
Ahora bien, los niños han sido objeto de menor preocupación.
No hubo voces que se levantaran cuando en nuestro país se denunciaron casos de menores abusados sexualmente por miembros de la Iglesia católica. ¡Nadie alzó la voz! ¡Se toleró aquello! Y aún hoy día, cuando se tiene que denunciar un abuso contra un niño, hay que ir a la oficina del Vaticano a decirles a los mismos que han protegido durante décadas y décadas tales hechos que hay niños abusados.
Hemos tolerado demasiado tiempo el que los menores busquen protegerse a sí mismo. Están más seguros en la calle que al interior de los centros del Sename. Y pruebas de ello tenemos a montones.
En materia de protección estatal están la Junji, Integra y los VTF. ¿Qué es eso? Tres instituciones para la niñez (de edad parvularia o del nivel de salas cuna) que hacen lo mismo, y el Estado no logra coordinarlas.
Por eso este debate es sorprendente.
Señora Presidenta, al igual que a muchos Senadores, me han llegado decenas de mensajes, de e-mail. La Iglesia evangélica ha levantado su voz en todo Chile para expresarnos que este proyecto va contra la familia o la facultad de ella para proteger a los niños, y, asimismo, que le resta derechos.
Aquí los Senadores de Gobierno han señalado aquello.
No es mi interés reemplazar a la familia por el Estado.
En tal sentido, quiero señalarles qué establece este proyecto, porque tenemos acá una discusión algo bizantina.
¿Qué dispone esta iniciativa? ¿Qué se nos recomienda?
Tal vez en la parte más dura del informe respectivo, la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, nos dice: "La familia juega y debe jugar un rol preponderante en el desarrollo armonioso e integral de cada uno de los niños, niñas y adolescentes en Chile, pero aunque el Estado sea considerado en un rol subsidiario en este proyecto de ley, aquello no le permite desconocer su rol de garante de derechos". Y señala que todas las cuestiones que ella plantea respecto de la protección a los menores "no encuentran respuesta en este texto, impidiendo así comprender qué acciones concretas de favorecimiento del rol familiar activará el Estado para lograr que este núcleo fundamental de la sociedad favorezca y promueva el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes".
Asimismo, plantea que en este proyecto de ley no hay ninguna condición para que el Estado pueda reemplazar a la familia y, peor aún, que no existe ningún mecanismo de apoyo a la familia para la protección de los niños.
Ahora bien, en lo concerniente a las bases de esta iniciativa, respecto de los Títulos I y II se expresa: "En cuanto al listado de principios y derechos enumerados en el proyecto de ley, se incorporó el principio del fortalecimiento del rol protector de la familia, en virtud del cual la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y la primera encargada de brindar protección a los niños, de su cuidado y su educación. Es deber del Estado dar protección a la familia y propender a su fortalecimiento, de manera de otorgarle a los padres y cuidadores las herramientas necesarias para el ejercicio de su función".
¿Dónde está la contradicción?
Yo he escuchado aquí otro proyecto, cuando lo único que se dice acá es que debe fortalecerse a la familia; y, sin embargo, la Defensora de la Niñez señala que el Estado no hace nada y que debe robustecer a la familia para que esta proteja a los niños.
Entonces, señora Presidenta, la explicación que me doy es que aquí se ha hecho un debate sobre el artículo 7 de la iniciativa, el cual paso a leer:
"Artículo 7.-
Autonomía progresiva. Todo niño, en conformidad a la ley, podrá ejercer sus derechos por sí mismo, en consonancia con la evolución de sus facultades, su edad y madurez.
"Los padres y/o madres, representantes legales o las personas que los tengan legalmente a su cuidado deberán prestarles orientación y dirección en el ejercicio de sus derechos".
Esta iniciativa no tiene por qué reemplazar a la familia por el Estado...
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Puede continuar, señor Senador.
El señor NAVARRO.-
Gracias.
Decía, señora Presidenta, que esta iniciativa no tiene por qué -ni tampoco debe- reemplazar a la familia por el Estado; por el contrario, ha de brindarle a ella más herramientas para proteger de manera efectiva, real y concreta a los niños.
Por lo tanto, tal como se lo dije a la Presidenta de la Comisión Especial de Infancia, solicito que se invite a todas las organizaciones que han planteado estas observaciones: a las que están en las tribunas; a las que no pudieron venir; a quienes nos han escrito legítimamente, ejerciendo su derecho a que los escuchemos.
Vi la lista de invitados: hay pocas Iglesias evangélicas; vinieron pocos pastores. Si ellos nos están diciendo algo, escuchémoslos.
Creo que hay que proteger a los niños.
Soy partidario de no reemplazar al Estado; sin embargo, me interesa un estatuto que proteja de verdad, ex ante, de manera preventiva, y no ex post, cuestión que nos lleva a concurrir a los tribunales a defender a los menores, y lo hacemos mal.
Señora Presidenta, voy a votar a favor para que este proyecto de ley pueda ser discutido con todos. Eso es lo que nos ha dicho el pueblo hoy día en las calles. Y hay que escucharlo.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Señor Navarro, tal como se lo indiqué en su momento, he conversado con los Senadores de las otras bancadas y se va a invitar a todos. Así que les pedimos que nos hagan llegar la lista respectiva a la Comisión Especial de Infancia.
Tiene la palabra el Senador señor Ossandón.
El señor OSSANDÓN.-
Señora Presidenta, al igual que usted, soy miembro de la Comisión Especial de Infancia, y quiero aclarar un par de conceptos que a mi juicio son sumamente importantes.
Yo estoy absolutamente en contra de la autonomía progresiva, y lo demostré votando negativamente sobre la materia: fui el único voto en contra en el proyecto que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia.
Pero en el caso que nos ocupa hay que aclarar dos cosas tremendamente relevantes.
Este proyecto cuenta con una indicación sustitutiva y sustancial del Ejecutivo que define toda la bajada territorial de la protección general y la administración de los sistemas vinculados con los niños.
Considero fundamental que este proyecto esté conectado con los servicios que vienen, porque serán organismos especializados.
Con los miembros de la Comisión llegamos a un acuerdo político para eliminar dos cuestiones que para mí son primordiales.
En primer lugar, es imprescindible suprimir en el artículo 7 la frase conforme a la cual los niños podrán ejercer sus derechos por sí mismo. Aquí hay un acuerdo político, y el compromiso de todos los miembros de la Comisión es eliminarla.
En segundo lugar, hay que suprimir en el artículo 10 lo relativo a que una autoridad administrativa o judicial pueda definir el interés superior del niño, y que eso solo lo pueda hacer un juez en un caso puntual. También existe acuerdo para eliminar aquello.
Si vemos lo que ha aprobado nuestro país en los tratados internacionales que ha ratificado sobre la materia, constataremos que no dicen que el niño podrá ejercer por sí mismo sus derechos. Y se ha acordado suprimir eso de este proyecto y de todos los que planteen este asunto, así como eliminar el que una autoridad administrativa pueda definir el interés superior del niño, y que esto solo lo pueda hacer un juez, como corresponde, en determinado caso.
Ello, porque aquí lo importante es el rol de los padres y no el de las autoridades administrativas. Y tampoco se trata de que los niños se manden solos y que esto se convierta en una cosa contra los padres.
Como se trata de un acuerdo político, y yo creo en mis colegas miembros de la Comisión Especial de Infancia, quienes se comprometieron a eliminar todo eso, me voy a pronunciar favorablemente respecto de este proyecto, ciertamente con esa condición, sobre la base del referido compromiso.
Voto a favor.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el señor Secretario para que responda la cuestión específica que el Senador señor Ossandón ha planteado.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Con respecto a las modificaciones que señaló el Senador señor Ossandón en cuanto a la eliminación de algunas de las expresiones contenidas en el proyecto de ley, ellas solo podrían incorporarse a través de una indicación, dentro del plazo que deberá abrirse para tal efecto.
La señora RINCÓN.-
(Presidenta accidental).- Como existe un acuerdo al respecto y como vamos a fijar plazo de indicaciones, esperaremos la que presentará Su Señoría para materializar lo conversado.
El señor OSSANDÓN.-
La idea es que la firmemos todos los miembros de la Comisión.
La señora RINCÓN.-
(Presidenta accidental).- Tenemos tiempo, porque antes se debe fijar plazo para la presentación de indicaciones.
Tiene la palabra el Senador Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señora Presidenta, Honorable Sala, simplemente quiero señalar que yo planteé cuál iba a ser mi votación durante la discusión general.
Sin perjuicio de ello, hoy día me permito argumentar para los efectos de pedir más diálogo.
Han llegado 55 mil firmas, obtenidas en menos de 72 horas, de personas que están solicitando mucho más diálogo para mejorar este proyecto.
Tengo la convicción de que hoy estamos frente a un Estado fallido en materia de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes.
En tal sentido, debo decir que he presentado diversas acciones legales; he logrado que se declararan imputados funcionarios del Sename del Cread de Valparaíso; he denunciado este asunto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado, sin lugar a duda, ha sido el peor garante de los derechos de los menores.
En ese contexto, la necesidad de establecer un sistema de garantías de los derechos de la niñez es esencial. Sin embargo, el texto que hoy día se nos propone claramente no es suficiente; y tampoco el compromiso que se ha suscrito acá.
Yo voy a votar en particular este proyecto cuando haya sido mejorado. Mientras tanto, mantendré mi voto en contra de él, porque estoy convencido de que el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos no puede quedar supeditado finalmente a quien ha sido el principal responsable de que los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país hoy no estén cautelados.
--(Aplausos en tribunas).
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Sandoval.
El señor SANDOVAL.-
Señora Presidenta, este proyecto es de larga data. Ingresó a la Cámara de Diputados en 2015, donde me correspondió iniciar su discusión.
Si bien esto se halla dentro de la estructura de una serie de normativas vinculadas al ámbito de la protección de los menores, la iniciativa que establece un sistema de garantías de los derechos de la niñez, que -reitero- entró al Parlamento para su tramitación en aquel entonces, formaba parte de un esquema que involucraba diversas instancias, muchas de las cuales ya están en pleno desarrollo: la Subsecretaría de la Niñez, la Defensoría de la Niñez, en fin.
Hay otras materias que se encuentran pendientes.
Ya algunos Senadores se refirieron a cómo el Estado ha cumplido -entre comillas- su rol de garante respecto de los niños vulnerables. Nosotros hemos sido testigos en los últimos años de que aquel lo que menos ha hecho es garantizar los derechos más esenciales de los menores, los cuales fueron abusados y muchos terminaron en situaciones más dramáticas, pues no solo se les vulneraron absolutamente sus derechos, sino que en numerosos casos perdieron la vida.
Por ello, la iniciativa que crea el nuevo Sename y la demora que ha tenido su tramitación; la reforma al sistema integral de adopciones han estado limitadas, no por los contenidos necesarios referentes a la institucionalidad, sino por conceptos fundamentalmente de carácter ideológico. Y en particular la ley en proyecto tiene algunos.
Aquí vamos al artículo 2° de la iniciativa original que presentó la Presidenta Michelle Bachelet, que en su inciso segundo dice: "La responsabilidad por el cuidado, asistencia, protección, desarrollo, orientación y educación corresponde preferentemente a los padres del niño".
La Presidenta Bachelet no hace distinción entre "padres" o "madres". Sí agrega un elemento a tener en cuidado, pues habla de "la responsabilidad". No hace mención del derecho de los padres, sino de la responsabilidad. En ningún punto este proyecto pone como primera relación el derecho preferente de los padres. Lo que habla -ya leí la norma pertinente- es de la responsabilidad, no del derecho de los padres.
Además, se refiere a "los padres", no a "los padres y/o madres", porque esa fue una modificación que se incorporó en ese mismo artículo durante la tramitación en la Cámara de Diputados. Allí cambiaron "los padres" por "los padres y/o madres" con el insustituible propósito de generar este mecanismo del matrimonio igualitario y todo lo que ello significa desde el punto de vista ideológico, más allá de lo que cada uno pueda pensar sobre el particular.
Esa es la distorsión que se plantea en esta discusión.
Y lo mismo se repite respecto de la ya mencionada "autonomía progresiva", porque también el artículo 7° del proyecto enviado por la Presidenta Bachelet hablaba de "los padres"; pero en la Cámara Baja eso se cambia por "los padres y/o madres", y se vuelve al concepto ideológico de poner en primer lugar la situación del derecho fundamental del niño.
Es más, es la Corte Suprema la que sugirió en el primer trámite que los títulos III y IV del proyecto se eliminaran, pues establecían toda una institucionalidad donde el Estado asumía un rol relevante.
¡Ese era el proyecto de la Presidenta Bachelet!
Los títulos III y IV se suprimen a insinuación de la propia Corte Suprema, pues dijo que esa institucionalidad todavía no estaba debidamente clara, ni mucho menos implementada.
Incluso se agrega un elemento -y hacemos reserva de constitucionalidad sobre el particular- en el artículo 20, que habla de que "los órganos del Estado en el ámbito de sus competencias podrán tomar en consideración" -¡miren lo que dice!- "las Directrices de Naciones Unidas". No estamos hablando de tratados vigentes, sino de directrices de las Naciones Unidas. Y perdónenme, de ese organismo pueden salir muchas cosas, ¡pero caramba que hemos visto surgir algunas aberraciones también!
¡Por qué nosotros! En ningún marco regulatorio existe una norma que permita que directrices de organismos internacionales sean integradas a la legislación, al aparataje jurídico de nuestro país.
Hacemos, pues, reserva de constitucionalidad respecto del artículo 20 en cuanto al impacto de esa circunstancia, pues se les está dando valor a directrices de carácter reglamentario, estatutario que en nuestra nación ninguna norma jurídica tiene.
Por eso, Presidenta, ante la duda e inquietud...
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Puede continuar, Su Señoría.
El señor SANDOVAL- Gracias.
Nos parece, señora Presidenta, que los cambios que plantea el concepto de "padres y/o madres" producen severas reinterpretaciones al propio Código Civil.
En consecuencia, hacemos reserva de constitucionalidad también por transgresión a los siguientes artículos de la Constitución Política: al artículo 19, número 10°, inciso tercero, que dispone el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos; al artículo 1°, inciso final, que establece la obligación del Estado de proteger y promover el fortalecimiento de la familia; y al artículo 19, número 26°, que habla de la no afectación de los derechos constitucionales en su esencia.
Por todo lo expuesto, y ante la duda sobre lo que pudiera acontecer con las indicaciones que se presenten, en el evidente propósito ideológico de introducir, frente a una cuestión tan relevante como lo son los niños, materias que no tienen el sentido ni la profundidad requeridos, creo conveniente hoy día, más que abstenerme, votar en contra de esta iniciativa.
--(Aplausos en tribunas).
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Ruego a los asistentes a las tribunas guardar silencio.
Tiene la palabra la Senadora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE.-
Señora Presidenta, me tocó iniciar la discusión de este proyecto de ley siendo Diputada en el período anterior. Y llama poderosamente la atención que hoy día muchas de las líneas argumentativas, que son reiteradas en las bancadas de Gobierno, no estuvieran presentes cuando debatimos esta materia en la Cámara Baja.
El señor SANDOVAL.-
¡Yo sí las planteé!
La señora PROVOSTE.-
De hecho, sin ir más lejos, esta iniciativa fue aprobada por 106 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.
Señora Presidenta, aquí, frente a la tan compleja situación que hoy vive nuestro país, no deja de sorprenderme el nivel de la discusión respecto de un proyecto que debiera contar con un apoyo muy amplio de la ciudadanía, que no se refiere a otra cosa que a la forma como el Estado debe garantizar derechos a los niños y a las niñas.
Yo no tengo ninguna duda de que el principal rol en nuestra sociedad es el de la familia. Y en ninguna parte de este proyecto se pretende soslayar esa responsabilidad.
Es más, cuando en su momento discutimos esta materia en la Cámara de Diputados no existía, porque la tramitación del proyecto que establecía la institucionalidad de la Defensoría de la Niñez se hizo en forma paralela, la Defensora o el Defensor de la Niñez.
Ahora bien, ¿qué plantea la Defensora de la Niñez en el segundo trámite de esta iniciativa en la Comisión Especial de Infancia? Dice: "Este proyecto de ley trata el rol decisivo de la familia durante la niñez y la adolescencia, y" -es más, agrega- "es un elemento fundamental".
Entonces, no nos dejemos engañar. ¡No nos dejemos engañar!
El proyecto, desde ningún punto de vista, reemplaza una tarea que resulta esencial para el desarrollo, para el cuidado cariñoso, para el trato amable, sensible que debemos tener con nuestros niños y niñas.
Hay ciertos eslóganes engañosos que se comienzan a instalar y que la gente empieza a repetir, como cuando el Gobierno habla de "sala cuna universal", que no es universal, y todo el mundo señala: "¡Cómo nos vamos a oponer a un proyecto tan importante, tan noble como el de la sala cuna universal!". Y es porque les mienten. ¡No es universal!
Entonces, cuando se presenta este otro proyecto, se dice: "¡Pero cómo vamos a apoyar este proyecto, cuando aquí se quiere reemplazar el rol de la familia!". ¡Mentira! ¡Mentira! ¡El Estado no va a reemplazar el rol de la familia!
Y a renglón seguido plantean otro eslogan: "¡Con mis hijos no se metan!". Claro, porque no se metieron, hoy día tenemos niñas violadas. Hoy día tenemos niñas quemadas por sus progenitores, ¡porque nadie se metió! Y lo que el proyecto establece es que, en tales circunstancias, el Estado debe garantizar ciertas condiciones.
Comparto lo que aquí indicó el Senador Francisco Chahuán. ¡Si yo misma, junto con el Diputado Cornejo, presentamos un recurso en contra del Cread del Servicio Nacional de Menores! Pero no a partir de esta práctica del Sename podemos decir que esa va a ser la actuación del Estado. Precisamente, la Defensora de los Derechos de la Niñez, a propósito de este proyecto, expresó que deben entregarse mayores recursos y exigir a los órganos e instituciones responsables el aseguramiento de garantías cuando no exista una familia responsable.
Nosotros vamos a relevar el rol de la familia como una institución insustituible en nuestra sociedad para el trato cariñoso que debe entregarse a los niños y las niñas, pero, con la misma fuerza, tenemos que hacernos cargo de la realidad de los niños y las niñas que hoy no tienen madre ni padre.
Si me da treinta segundos, señora Presidenta, indicaré un elemento que no quiero dejar pasar.
Se dice que ha habido un cambio en el lenguaje; que antes el proyecto hablaba solo de "padres" y que ahora agregó a las "madres", y que, por lo tanto, "ustedes quieren favorecer otro tipo de sociedad".
Queridos colegas, lo afirma la Subsecretaria de este Gobierno. El Chile del Bicentenario, el Chile del año 2010, tenía un 24 por ciento de mujeres a cargo de sus familias, ¡solas, a cargo de sus familias! El Chile del año 2017 -repito: según cifras oficiales de este Gobierno- muestra que esta realidad supera el 48 por ciento. ¡Mujeres solas! ¿Por qué las "mujeres solas" se tienen que sentir representadas en un lenguaje de padres, cuando ahí hubo padres que no fueron responsables, padres que abandonaron a sus hijos? Pero hay una madre; una madre que debe ser reconocida, que debe ser valorada.
Yo espero que en la próxima tramitación, junto con escuchar a las organizaciones que no lo han sido, el Estado se comprometa a apoyar a las familias, que deben tener un rol importante...
El señor BIANCHI.-
¡Dele un minuto más, señora Presidenta!
La señora PROVOSTE.-
Por eso, confío en que todos aquellos que hoy día colocamos como núcleo central a la familia, también seamos capaces de exigir mayor apoyo a esa familia, cuando enfrenta hacinamiento; mayor apoyo a esa familia, cuando busca empleo y no lo encuentra; mayor apoyo a esa familia, cuando enfrenta situaciones de violencia. Porque, insistimos, hoy día, para sacar adelante una sociedad, se requiere que esa familia pueda garantizar un trato adecuado, sensible, cariñoso, oportuno a cada niño y niña del país. Y para ello el Estado igualmente debe garantizar condiciones a esa familia para salir adelante.
Voto a favor del proyecto.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Senador Coloma.
El señor COLOMA.-
Señora Presidenta, si bien en la sesión anterior en que se discutió este proyecto hice un planteamiento más profundo, considero importante por lo menos indicar ahora algunos de sus elementos centrales.
Partí señalando que tiene un título en contra del cual resulta casi imposible argumentar en contra. Pero uno descubre que debe votar no solo los títulos, sino también las ideas matrices, que apuntan a cómo se define un problema y cómo se le busca una solución.
Una cosa es plantearse un desafío a través de los problemas de la niñez, que son evidentes, dramáticos, amplios, claros, y que me alegro de que hayan pasado a ser, particularmente en el último tiempo, una prioridad muy importante en las preocupaciones del Gobierno y, en general, de una sociedad más exigente en esta materia.
Dicho lo anterior, uno tiene que ver si este proyecto es realmente capaz de hacerse cargo de tal situación. Y si bien contiene algunos elementos relevantes, como el reconocimiento del rol preferente de los padres con respecto a sus hijos o el compromiso del Estado de proteger a los niños, hay otros que son los que generan el nervio central de esta discusión y que a mí me parece que están decididamente mal resueltos.
Ni siquiera hablo de la nueva definición de niño. Ya es la tercera en nuestra legislación, asunto que estimo francamente complejo. Pero la dejo pasar porque siempre será un tema corregible.
Lo que a mí me preocupa es la esencia del proyecto en cuanto a generar una lógica de la autonomía progresiva que genera derechos: "Todo niño, en conformidad a la ley, podrá ejercer sus derechos por sí mismo, en consonancia con la evolución de sus facultades, su edad y madurez".
Instalar esta autonomía progresiva resulta profundamente complejo respecto de lo que ella implica: qué es lo jurídicamente determinado; qué contornos, qué límites y qué precisiones se tienen en cuanto a tales derechos, cuestión que este proyecto no asume; declara, pero no asume.
Se trata de derechos. Y los autores de la idea hablan, por ejemplo, de que esto impediría, en la práctica, revisar las interacciones y comunicaciones que un hijo mantiene en redes sociales. Yo tengo la convicción de que quienes se hallan más expuestos al mal uso de las redes sociales son precisamente los menores de edad, por lo que, si de alguna manera la ley me dice que como padre no me puedo hacer cargo de influencias que yo considero negativas, significa que algún problema tiene esa ley, en su esencia, al generar el impedimento de un derecho esencial.
En mi opinión, si se puede sobreponer la autonomía del niño y su derecho a la privacidad con respecto al derecho y deber que nos corresponde a los padres de darle protección, tenemos un serio y grave problema.
¿Qué se busca, finalmente; a qué se apunta; cuál es el rol de esta iniciativa de ley, más allá de las declaraciones que se han planteado acá? Porque todo esto parte de supuestos: que se va a cambiar algo que no se ha cambiado. Y yo me tengo que hacer cargo del proyecto tal como actualmente se encuentra definido.
Esto es lo que uno debería buscar: el rol que corresponde a los padres. Y, perdónenme que se los diga, este proyecto lo debilita.
En cuanto a las cartas que han llegado aquí con la frase "Con mis hijos no te metas", varias veces mencionadas aquí, me parecen correctas desde una perspectiva moral, desde una perspectiva práctica, desde una perspectiva física. Porque, señora Presidenta, muchas veces uno tiene que decir que no. En la vida no todo es decir que sí. Con mis hijos eso es lo importante: a veces uno tiene que decirles que no. Por tanto, si hay una norma que me va a dificultar, complejizar o judicializar una negativa que como padre podría oponer a un hijo respecto del ejercicio de un eventual derecho que yo considero nocivo para su formación o para la familia, no la puedo aprobar.
Valoro los discursos, el ánimo, pero yo soy legislador. Tengo que hacerme cargo de un proyecto y de su idea matriz, tengo que hacerme cargo de su contenido. Y ese contenido, tal cual se halla formulado, claramente debilita a la familia y debilita el rol de los padres: genera derechos que, al estar indeterminados y pertenecer a la categoría de la autonomía progresiva, permiten interpretaciones completamente al margen de lo que uno, de alguna manera, busca como padre.
Creo, señora Presidenta, que hay mucho que hacer en materia de protección de la niñez. Hay roles del Sename que están siendo modificados. Estamos ante un proyecto -cuya tramitación espero que sea rápida en el Parlamento- que hace un cambio copernicano en cuanto al sentido de la protección y el cuidado de los menores, materia que ha sido mal abordada en las políticas públicas y que confío en que ahora será unánimemente.
Espero que haya muchas ideas que acompañen esta nueva forma de ver la niñez, pero me parece que eso -y esto es fundamental- jamás puede debilitar el rol de un padre, jamás puede relativizar el rol de la familia, jamás puede dejar a interpretaciones judiciales la posibilidad de decirle que no a un hijo cuando un padre considera que ese es, moralmente, el mejor camino para su formación.
Por esas razones, señora Presidenta, no puedo votar a favor de este proyecto de ley.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Ruego a las tribunas guardar silencio.
Quedan tres oradores inscritos, a quienes pido ser tremendamente concisos porque ya estamos avanzados en la hora. Tenemos que tratar el proyecto sobre planificación tarifaria -el informe ya llegó y se está distribuyendo- y la Cámara de Diputados fue citada para verlo en una hora más.
Les pido al Senador Letelier, a quien le corresponde intervenir a continuación, y a los Senadores Latorre y Huenchumilla que sean superbreves.
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señora Presidenta, estimados colegas, he escuchado con atención a las bancas de enfrente y entiendo que nadie cuestiona la Convención sobre los Derechos del Niño, ya incorporada en nuestro marco legal. Y, por ende, esta iniciativa de ley, que no hace más que cristalizar en un texto interno los derechos básicos de los menores de edad, no debería ser objeto de gran contradicción.
Sin embargo, algo pasa en nuestra sociedad que llama la atención.
A principios del siglo pasado, la sociedad chilena debatió casi veinte años, ¡veinte años!, esta misma dicotomía, Estado-familia, a propósito de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria. Y desde entonces hasta la fecha un sector de nuestro país ha estado tan ideologizado, tan patológicamente enceguecido, que cree que algunos no tienen familia, que ellos son los dueños de la familia y que son los únicos preocupados de la educación de sus hijos. ¡Por favor! Algunos discursos que he escuchado de algunos colegas de enfrente -no todos- me parecen decimonónicos.
Es tan obvio que los niños y las niñas son sujetos de derechos. ¿O no? ¡Obvio que son sujetos de derechos! Y es evidente que las principales responsables del proceso formativo de un niño o una niña son las familias. ¡Es obvio!
También es obvio que los niños y las niñas son sujetos de derechos con un desarrollo progresivo, cuestión ya reconocida en nuestras leyes. Por algo existe la responsabilidad penal de los niños y las niñas a partir de cierta edad, antes de que sean mayores, pues se entiende que, en la medida que van creciendo, se va dando una evolución biológica, psicológica, psicosocial y van adquiriendo capacidad para asumir diferentes decisiones con relación a su identidad, a la forma como son escuchados, al modo de ejercer sus derechos fundamentales.
En consecuencia, resulta evidente que existe una autonomía progresiva, porque no es lo mismo un niño de dos años que otro de cinco o de diecisiete. Cuando algunos cuestionan este principio, ¡disculpen!, parece que hace falta escuchar más a los psicólogos, que hablan de la evolución de las personas en cuanto a la conformación de su estructura psicológica.
Señora Presidenta, este es un proyecto bastante balanceado -nos encontramos en su discusión general- que establece cómo plasmamos la Convención sobre los Derechos del Niño en una ley interna. Y lo estamos haciendo a través de la definición de principios bastante equilibrados. De la Cámara de Diputados llegó un texto muy malo porque allí se eliminaron ciertos procedimientos, en circunstancias de que esta es una normativa para todos los niños y las niñas del país, no solo para los vulnerados. ¡Para todos los niños y las niñas de Chile, que son las grandes mayorías!
Los niños y las niñas requieren que la sociedad en su conjunto ayude, coadyuve y apoye a las familias en este proceso de formación, y que el Estado esté presente, en forma clara, para respaldar ese proceso formativo, en el cual los padres y las madres tienen responsabilidades.
¡Es para todo tipo de familias, no solo un tipo de familia! ¡Todos los tipos de familia!
Asimismo, el proyecto establece procedimientos administrativos ante la vulneración de derechos, así como otro tipo de procedimientos. Se puede revisar.
Pero me llama la atención, señora Presidenta, que llevemos casi veinte años discutiendo esta intención de tener una ley...
El señor MONTES.-
¡Treinta años! ¡Treinta!
El señor LETELIER.-
Treinta: desde 1990.
¡Es increíble! ¡Más de lo que demoró la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, donde se discutió la misma ideología!
Por cierto, señora Presidenta, voy a aprobar la idea de legislar, pero no puedo menos que señalar lo siguiente.
Con la crisis que vivimos hoy en nuestra sociedad, yo les pido a las bancas de enfrente que dejen de lado un poco la ideología y comencemos a discutir...
El señor MOREIRA.-
¡Ya entendimos...!
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Concluyó su tiempo.
Tiene un minuto adicional.
El señor LETELIER.-
... y comencemos a discutir los problemas reales.
Disculpen: a algunos les molestará que haga el comentario, pero esta discusión medio ideologizada, decimonónica, en torno a que el Estado les quitará este derecho a las familias, es como no hacernos cargo de lo que pasa en nuestra sociedad.
¡Esta sociedad cambió! ¡Esta sociedad no va a volver a ser como antes! Y por ello quiero pedirles a algunos de mis colegas que sean más empáticos y más empáticas con el conjunto de la sociedad en que vivimos.
En lo que a mí respecta, voy a defender el derecho de cada familia a educar a sus hijos en la forma como mejor quiera y pueda, siempre que no violenten sus derechos fundamentales.
Creo que eso es básico.
No supongamos que alguien no quiere resguardar esos principios. Esto de la lista de los cincuenta mil firmantes lo vengo escuchando desde hace harto tiempo, por todos lados...
--(Manifestaciones en tribunas).
¡Aquí, la asesora de un parlamentario es a quien le gusta pifiar más!
Termino, señora Presidenta, diciendo lo siguiente.
¡Tenemos una responsabilidad!
Voto a favor.
--(Manifestaciones en tribunas).
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
¡Por favor!
Ruego a las tribunas mantener silencio.
La idea es que puedan escuchar el debate y para eso se debe permitir que se planteen todas las posiciones.
Tiene la palabra el Senador Juan Ignacio Latorre.
El señor LATORRE.-
Señora Presidenta, este proyecto tiene por finalidad crear un sistema de garantías y protección integral y efectiva de los derechos de la niñez, conformado por un ordenamiento coordinado de disposiciones legales y por un conjunto de políticas, instituciones y normas destinadas a velar por el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de los niños, niñas y adolescentes que dé cuenta de una nueva concepción de los niños como sujetos de derechos en materia de respeto, prevención, promoción y protección de estos, incorporando en nuestro orden normativo un sistema que proteja universalmente los derechos reconocidos en este ámbito en la Constitución Política de la República, en las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, así como en el resto de las leyes que rigen en nuestro país. Lo anterior, sin perjuicio de la profundización y el desarrollo que se propone en la configuración de algunos de los referidos derechos.
El proyecto determina quiénes son los destinatarios de las normas que contiene e impone a los órganos de la Administración del Estado el deber de rendición de cuentas sobre las políticas desplegadas para la satisfacción de los derechos del niño, siempre en el marco de sus competencias y de los recursos de los que se disponga.
Asimismo, se establecen reglas para la aplicación e interpretación de los derechos, principios y garantías de los derechos de los niños, y se determina que las normas internacionales deben considerarse, de igual forma, al momento de aplicar e interpretar la ley con la finalidad de garantizar su efectividad.
Se hace presente que la iniciativa pretende servir como una ley marco para el sector en cuanto sienta las bases generales del sistema de garantías de los derechos de la niñez, permitiendo el desarrollo futuro de distintos cuerpos normativos que tendrán por objeto complementar la institucionalidad y poner en ejecución sus postulados.
Aprovecho de hacerme parte, pues estoy de acuerdo con ellas, de las observaciones que ha hecho la Defensoría de la Niñez al proyecto de ley, cuya idea de legislar recién estamos votando hoy. Después, en la discusión particular, podremos presentar indicaciones para perfeccionar y mejorar su contenido. Pero, como digo, la Defensoría de la Niñez ha formulado observaciones que habrá que considerar para tales indicaciones.
Por un lado, elimina consideraciones específicas que obligaban al Estado a utilizar el máximo de los recursos disponibles en el país, para respetar, promover y proteger el desarrollo de niños, niñas y adolescentes.
Señala que cumplir con la Convención implica que el Estado asuma su deber de dejar de lado la visión asistencialista, paternalista e incluso caritativa, herencia, yo diría, del siglo XIX, del siglo XVIII, tal vez.
Hace presente que el rol de la familia de niños, niñas y adolescentes es crucial, pero si estas no tienen las posibilidades de responder de manera adecuada a la atención, protección y cuidado de ellos, es deber del Estado brindarles dichas herramientas (habilidades parentales, competencias parentales) o cuando, a pesar de ello, no puedan brindarles protección, responder al cuidado y garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Sostiene que los principios y derechos del proyecto deben tener un asidero concreto que impacte efectivamente en los destinatarios de la ley en proyecto, cuestión de la que no se hace cargo la moción.
Agrega que las indicaciones del Ejecutivo, de octubre de 2018, contrarían las observaciones del Comité de los Derechos del Niño, desde el principio del proyecto, cambiando su nombre, pero también otras normas. Dichas modificaciones generan, entre otras, las siguientes consecuencias:
-Dejan de garantizarse los derechos de niñas, niños y adolescentes, solo se promociona su resguardo.
-Debilita la efectivización de tales derechos.
-No se establecen mecanismos que permitan a los niños y las niñas ejercer procedimientos que impliquen asegurar sus derechos fundamentales, careciendo de un reconocimiento de estos como sujetos de derechos.
A la vez, señala la Defensora de la Niñez que el proyecto es una réplica de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Añade que esta iniciativa debe centrarse en las obligaciones de las instituciones.
Agrega que es necesario que la ley cree y desarrolle un sistema robusto.
Nos parece imprescindible que la expresión "familia" se utilice a nivel transversal en toda la legislación. ¡Es importante que esté presente en toda la legislación!
Hoy tenemos un sistema de excesiva, casi absoluta, judicialización de casos de vulneración de derechos, lo cual no lleva a obtener buenos resultados de protección.
El sistema debe contemplar mecanismos sólidos y robustos de protección administrativa a nivel local.
Por último, lamento que la Derecha acá, en el Senado, se deje arrastrar por visiones conservadoras y de extrema Derecha, como fue la del único Diputado que estuvo en contra. Cuando José Antonio Kast era Diputado, fue el único que rechazó la idea de legislar respecto de este proyecto de ley. Y lamento que la Derecha en el Senado, en este ciclo político, se deje llevar por esas visiones extremistas y conservadoras a la hora de legislar.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Senador Francisco Huenchumilla, con quien cerraremos el debate.
El señor HUENCHUMILLA.-
Señora Presidenta, esta discusión demuestra de qué manera la clase política va detrás de los cambios culturales en nuestro país. La crisis que hoy día estamos viviendo es la mejor demostración de que muchas veces llegamos tarde. Y este mismo proyecto que estamos discutiendo lo demuestra.
Es verdad que las leyes son un producto cultural. Pero nos sucede muchas veces que las leyes llegan atrasadas a los cambios culturales. Porque digamos las cosas de fondo como son: la regulación respecto de los niños, respecto de los padres, respecto de la familia está en el Código Civil que viene desde el siglo XIX, del año 1855. Y en este largo período, ¿cuántas experiencias hemos tenido en que el mundo político y el mundo de la ley van detrás de los cambios culturales?
Permítame un ejemplo, señora Presidenta -por su intermedio, se lo digo a las señoras y a los señores Senadores-: ¡pero si en Chile estuvimos discutiendo cien años una ley de divorcio! Fue el eterno debate entre liberales y conservadores, que, por supuesto, tienen derecho a plantear sus ideas. Pero mientras se negaba la posibilidad de resolver legal e institucionalmente las crisis matrimoniales, había miles o millones de personas que solucionaban el problema anulando sus matrimonios por fuera de la ley.
El mundo político miraba y no legislaba nunca, por distintas razones, por miles de razones, desde aquellas del mundo religioso a las ideas conservadoras. Y pasaron cien años, y recién pudimos legislar sobre eso.
¿Qué hizo la ley? Se adaptó a los cambios culturales que tienen todos los países.
Lo hicimos respecto de los hijos ilegítimos y naturales, categorías que provenían del Código Civil de 1855. ¿Y cuántos años nos demoramos en cambiar eso? Cien años en reconocer que todos los niños son iguales, que no pueden existir diferencias entre unos y otros.
También lo vimos en relación con la mujer, que desde el Código Civil tenía un estatuto de dependencia absoluta respecto de su marido y de los hombres, y todavía quedan cosas pendientes.
Y lo que estamos haciendo hoy día es constatar, simplemente, que el mundo cambió, que en la actualidad los niños están autonomizados ya con los cambios tecnológicos. Porque mientras los padres andan corriendo para ganarse el sustento de la vida fuera de su casa, todo el día, subiéndose a las micros a las cinco, seis de la mañana y volviendo a las nueve de la noche, ese niño está autonomizado completamente, mirando el computador, navegando por las redes sociales y comunicándose con sus pares mediante los juegos electrónicos.
Entonces, no lleguemos tarde.
La ley en proyecto simplemente es un marco para poder regular un cambio cultural profundo que se ha producido.
Estoy de acuerdo en que aquí podemos buscar y consensuar ciertos perfeccionamientos puntuales a la iniciativa que dejen tranquilos a algunos. Pero lo central es que nos estamos colocando al día con los cambios que ha experimentado el mundo.
Por eso a mí no me extraña que algún Senador haya dicho acá: "Llevamos treinta años en esto".
No sigamos detrás de los cambios; pongámonos adelante; tengamos sentido estratégico. Lo mismo, respecto de lo que está pasando en Chile: no nos quedemos mirando para atrás, miremos el futuro. Pensemos en el mundo que tenemos y legislemos para el mundo que tenemos, que no es el mundo del pasado.
Esa es la sabiduría que la política debe tener para legislar acerca de este proyecto, que si lo trabajamos bien es probable que alcancemos los grandes acuerdos que el país necesita, específicamente respecto de nuestros niños. No metamos los problemas debajo de la alfombra.
Por lo tanto, espero que en la discusión particular, señora Presidenta, se puedan hacer las precisiones correspondientes, de manera que le demos una señal al país en el sentido de que este Senado es capaz de entender los cambios culturales, lo que ha sucedido y, por lo tanto, podemos hacer una muy buena legislación para nuestros niños.
He dicho.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Ha concluido el debate.
Le pido al Secretario que dé cuenta de la votación...
El señor GALILEA.-
¡Falto yo! ¡Falto yo!
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Perdón. No lo había visto, Senador Galilea. Mil perdones. No tengo nada contra usted.
Puede intervenir, Senador.
El señor GALILEA.-
Señora Presidenta, pensaba hacerle caso y no hacer uso de la palabra. Pero cuando ya se empieza a tratar de "patológicamente ideológico" y "decimonónico", en fin, me parece que se está sacando completamente de contexto esta discusión.
Solo quería decir lo siguiente.
Naturalmente, Chile tiene que avanzar en este proyecto de protección de los derechos de la niñez, no hay ninguna duda. En cuanto a que la base son los tratados ya firmados por Chile y el documento de la Unicef tampoco hay ninguna duda.
El punto que hemos querido marcar algunos es que en ciertos aspectos relevantes el lenguaje de este proyecto de ley no es precisamente el mismo empleado en el texto de la Unicef. Por ejemplo, en el concepto de la "autonomía progresiva". Es obvio que existe la autonomía progresiva (un niño de dos años es distinto de uno de ocho; y uno de ocho es diferente de uno de catorce; y uno de catorce es distinto de uno de diecisiete, nadie está discutiendo eso), pero hay algunos puntos en que la definición de "autonomía progresiva" que plantea este proyecto se aparta de la plasmada por la Unicef.
Lo mismo sucede -el Senador Ossandón así lo hizo ver- respecto de que exista la posibilidad de que sea una autoridad administrativa la que defina el interés superior del niño. Esto es algo que no nos parece prudente. Aquí no se es decimonónico ni patológicamente ideológico por decir que eso lo debe definir un juez y no una autoridad administrativa. Y la Defensora de la Niñez muy importante podrá ser, pero frente al interés superior del niño debe consultar y tiene que pedir la medida ante un juez.
A la vez, pienso que hay que ser muy delicado en la libertad que se consagra, como si fuera la de un adulto, en materia de las comunicaciones y la libertad para ver todo tipo de contenidos sin que, eventualmente, los padres pudiesen abordar el asunto. De hecho, como está redactado, las empresas de telecomunicaciones tendrían que advertirles a los propios niños que se están metiendo en contenidos que pueden ser peligrosos, dañinos, etcétera.
Evidentemente, hoy día a través de las redes los niños de cualquier edad, de diecisiete, de ocho o de catorce, pueden estar sometidos a influencias sumamente perversas, que pueden terminar en patologías. Y los padres (madre o padre, obviamente) tienen todo el derecho a actuar o inmiscuirse.
Aquí no se trata de que uno quiera ser mejor padre ni nada. Me imagino que todos acá queremos ser buenas madres y buenos padres. Simplemente, deseamos llegar a un muy buen texto, que en este caso debiera ser completamente de consenso.
Gracias.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido aún su voto?
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (25 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones), dejándose constancia de que se reúne el
quorum
constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, Elizalde, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros y Soria.
Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger y Van Rysselberghe y los señores Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Galilea, García-Huidobro, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Prohens, Pugh y Sandoval.
Se abstuvieron los señores Allamand y García.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Se ha propuesto como plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 25 de noviembre, a las 12 horas.
¿Habría acuerdo?
--Así se acuerda.
El señor MOREIRA.-
¡Linda fecha: 25 de noviembre...!
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
¡No vamos a preguntar por qué...!
)----------(
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
Informe
De la Comisión de Minería y Energía, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea un mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía eléctrica para clientes sujetos a regulación de tarifas (boletín N° 13.017-08) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Queda para tabla.
CREACIÓN DE MECANISMO TRANSITORIO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DE ELECTRICIDAD PARA CLIENTES SUJETOS A REGULACIÓN DE TARIFAS
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Conforme al acuerdo adoptado el día de hoy por la unanimidad de la Sala, corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea un mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía eléctrica para clientes sujetos a regulación de tarifas, con informe de la Comisión de Minería y Energía y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (13.017-08) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite: sesión 63ª, en 28 de octubre de 2019 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Minería y Energía: sesión 64ª, en 29 de octubre de 2019.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El objetivo del proyecto es crear un mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía eléctrica para los clientes sujetos a regulación de precios, consistente en el establecimiento de un Precio Estabilizado a Cliente Regulado (PEC).
Sometido a votación en general, el proyecto de ley fue aprobado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Minería y Energía, Senadora señora Provoste y Senadores señores Elizalde, García-Huidobro, Guillier y Prohens. Fue aprobado en particular con las votaciones y enmiendas que la Comisión consigna en su informe.
Cabe hacer presente a Sus Señorías que el Ejecutivo ha renovado el día de hoy una indicación al artículo 1°, para intercalar, en el inciso primero del numeral 5, entre la palabra "interés" y el punto seguido, una coma y, a continuación, la siguiente oración: "y deberán ser actualizados por el índice de precios al consumidor de los Estados Unidos de Norteamérica, `Consumer Price Index', hasta el 31 de diciembre de 2025".
Es todo, señora Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Gracias, señor Secretario.
Vamos a dar la palabra al Presidente de la Comisión de Minería y Energía, y luego de eso vamos a abrir la votación.
Puede intervenir el Senador Elizalde.
El señor ELIZALDE.-
Señora Presidenta, voy a dar cuenta del informe de la Comisión y posteriormente pediré la palabra para argumentar mi voto.
El proyecto en análisis crea un mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía eléctrica para clientes sujetos a regulación de tarifas.
La propuesta de estabilización de precios de la energía eléctrica consiste en el establecimiento de un Precio Estabilizado a Cliente Regulado. Para ello se propone introducir un mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía respecto del componente de los precios de nudo promedio que se traspasan a los clientes sujetos a regulación.
Dentro de los precios que los hogares, las pequeñas industrias y los servicios pagan se contemplan los precios de nudo promedio, que provienen de contratos licitados de suministro de largo plazo. A través de este mecanismo de estabilización se pretende retrotraer el precio a los valores vigentes al primer semestre de 2019, lo que implica frenar el alza equivalente a un 9,2 por ciento. Lo anterior conlleva, por un lado, reducir el alza prevista en las tarifas que son traspasadas a los clientes, generando un beneficio directo en favor de los usuarios, y por otro lado, acelerar la rebaja en los precios de suministro asegurada para los próximos años con motivo de la entrada en vigencia de las últimas licitaciones de suministro realizadas.
Así, hasta el 1° de enero de 2021 se pagará menos a los generadores, mediante el diferimiento del pago de los saldos. El retardo en el pago de los saldos a los generadores no tendrá costo financiero para las personas, atendido a que no se devengarán intereses, salvo que al año 2026 aún se mantengan saldos pendientes de pago, caso en el cual se ajustarán financieramente los compromisos adquiridos.
La esencia del mecanismo propuesto apunta a adelantar el descenso de las tarifas que se producirá en el futuro por la incorporación en el precio promedio de los contratos ya adjudicados, cuyo precio de generación es más bajo. Las generadoras no cobrarían el precio actual a las distribuidoras, y en el futuro, cuando baje el precio, este se mantendrá hasta cobrar esta diferencia acumulada en los saldos. En resumen, esperarían las compañías generadoras eléctricas y no los clientes domiciliarios. No se trata de congelar las cuentas, sino la tarifa hasta fines de 2020 en pesos, y a partir del 2021 aplicando el índice de precios al consumidor.
Durante la discusión en la Comisión de Minería y Energía se introdujeron algunas enmiendas formales. Además, se consideró un monto máximo del saldo no recaudado acumulado (1.350 millones de dólares), a partir del cual se traspasaría a tarifa el mayor precio. Y se estableció la obligación a la Comisión Nacional de Energía de informar semestralmente a las Comisiones de Minería y Energía del Senado y de la Cámara de Diputados la cuantía de dichos saldos no recaudados. También, por iniciativa parlamentaria, se acordó que las disposiciones de esta ley no afecten a los pequeños medios de generación distribuida (PMGD).
Es cuanto puedo informar, señora Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Gracias, Senador Elizalde.
Tiene la palabra el señor Ministro, antes de abrir la votación.
El señor JOBET (Ministro de Energía).-
Gracias, señora Presidenta.
Voy a intervenir muy brevemente.
Quiero agradecer a todos los Senadores que participaron en la discusión en la Comisión de Minería y Energía, porque mejoraron el proyecto. También, a varios otros parlamentarios del Senado y de la Cámara de Diputados que habían sugerido avanzar en mecanismos como el propuesto. Y espero que esta iniciativa sea apoyada, porque va a significar alivio a todas las familias chilenas y a muchas pequeñas y medianas empresas y al comercio.
Ojalá que el acuerdo transversal alcanzado dé una señal positiva en cuanto a que podemos trabajar juntos e ir, de esa manera, aliviando los problemas por los que la gente está reclamando.
Gracias.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
A usted, señor Ministro.
Tal como acordamos, procederemos a abrir la votación.
Recuerdo que hay que realizar dos votaciones, para que haya claridad en la Sala, porque el Ejecutivo ha renovado una indicación y hay que pronunciarse sobre ella.
Entonces, se abre la votación en general...
El señor ARAYA.-
No.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
¿No?
Entendía que había un acuerdo para proceder de esa manera.
El señor ARAYA.-
No.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Senador Araya, estaba tomado el acuerdo respecto de la primera votación.
El señor SANDOVAL.-
¡Estaba tomado el acuerdo!
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Había un acuerdo, se había comunicado y nadie se opuso.
El señor COLOMA.-
Para la primera votación, sí.
El señor ARAYA.-
Para la primera votación.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Sí, para la primera votación, efectivamente.
El señor ARAYA.-
Muy bien.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Gracias, Senador Araya.
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Senador Alejandro García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señora Presidenta, quiero partir mis palabras agradeciendo el trabajo que ha realizado la Comisión de Minería y Energía junto a todo el equipo del Ejecutivo, dirigido por el Ministro Jobet.
Sin duda, antes de analizar la "Ley corta", que en el fondo fija la rentabilidad a las distribuidoras, nosotros planteamos -estoy hablando de alrededor de quince días atrás- nuestra preocupación por las alzas de las tarifas que afectarían a los usuarios regulados, que en promedio nacional serían superiores a 9 por ciento (en algunas regiones estaban llegando a más de 16 por ciento), y, además, porque se avecinaba -o se avecina, si no aprobamos este proyecto- entre un 4 y un 5 por ciento de incremento adicional a partir de los primeros meses del próximo año.
Y había razones para preocuparse, porque en este país existen clientes regulados y las licitaciones de generación para ellos empiezan a operar en varios años más y, por otro lado, porque nos encontramos con que las empresas grandes o medianas pueden acceder a ser clientes libres e inmediatamente tener la rebaja de las tarifas.
Esto nos convenció a los cinco miembros de la Comisión de Minería de que debía hacerse una propuesta al Ejecutivo con el fin de buscar una solución para morigerar las alzas o realizar un aporte a quienes más lo necesitan hoy día.
Quiero agradecer al Ejecutivo por el proyecto que envió y por recoger nuestras inquietudes.
En definitiva, la iniciativa no significará un aporte público. Lo que propone es fijar el precio hasta fines del próximo año, para reajustarlo solamente a partir del 2021, vía IPC.
En el fondo, como bien lo manifestó el Presidente de la Comisión, se posterga durante un tiempo la posibilidad de alza con el fin de tener estabilidad y de que el cobro de las tarifas eléctricas sea lo más plano posible.
Señora Presidenta, creo que el proyecto va en el camino correcto. Estamos respondiendo a una inquietud ciudadana, tal como hoy día espera el país, para ayudar fundamentalmente a quienes requieren más recursos para llevar una vida más normal, de manera de no enfrentar estas alzas que, en definitiva, eran actuales, pero cuya rebaja venía en varios años más.
También quiero destacar el trabajo del equipo de asesores, que nos informó sobre un tema que sin duda es bastante técnico, y valorar la labor de los miembros de la Comisión, quienes lograron aunar voluntades con el Ejecutivo para llegar a esta iniciativa, que a mi juicio va en el camino que hoy día Chile está esperando de su Parlamento.
Gracias.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Senador Harboe.
El señor HARBOE.-
Señora Presidenta, ciertamente el anuncio que hizo el Gobierno hace unas semanas o meses sobre el aumento de tarifas, cercano a 20 por ciento, generó un impacto muy negativo en la ciudadanía.
Muchos de los que estamos acá trabajamos arduamente para sacar adelante la Ley de Equidad Tarifaria y nos alegramos cuando las cuentas de la luz comenzaron a bajar, particularmente en las comunas más pequeñas, donde la tarifa eléctrica influye en el pequeño agricultor, quien debe sacar agua de pozo con una bomba y le cobran; o en la señora del almacén que está en la esquina, en un pequeño local comercial, que vio cómo la cuenta le bajaba y con eso aumentaba su productividad y, por tanto, mejoraba un poquito su condición de vida.
Todo eso quedó fuera cuando la Contraloría General de la República aprobó los decretos del VAD y el otro.
Algunos fuimos a hablar con el Contralor para efectos de evitar que se aprobaran esos decretos. Para ser justos, cabe recordar que uno de ellos ingresó en el Gobierno de la Presidenta Bachelet, después este Gobierno lo retiró y lo volvió a ingresar.
Entonces, ¿sabe lo que pasa, señora Presidenta? Hoy día no le estamos rebajando la tarifa a nadie. Lo que estamos haciendo es congelar, es diferir el pago de la tarifa.
Lo que va a pasar ahora es que nosotros evidentemente tendremos que aprobar una postergación del alza, a partir de la vigencia de esta ley; y la gente la está esperando, pero esa gente, a partir del 2021, verá incrementadas sus cuentas de luz. Ese es el problema.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No es que las compañías eléctricas hayan tenido un ataque de solidaridad ciudadana y hayan dicho: "¿Sabe qué? Vamos a dejar de ganar". ¡No! Aquí lo que se hace es postergar, para ser muy claros.
Porque también de pronto se plantea: "Mire, es importante, porque es parte de la agenda social". La agenda social sería una cosa distinta: por ejemplo, haber despachado ya el proyecto de "Ley corta de distribución", que mejoraría directamente a las pequeñas cooperativas eléctricas, las que atienden a los sectores más vulnerables, a los sectores rurales de nuestro país. Eso habría sido mejor. Pero, evidentemente, el tema de fondo dice relación con una modificación respecto del cálculo de las tarifas.
En cuanto a esta lógica de la empresa eficiente, ¡por favor!, si todos sabemos -y el Coordinador Eléctrico lo sabe, ¡lo sabe!, pues se le ha denunciado varias veces- que hay empresas que inflan los costos.
Y tenemos un problema. Nosotros, en nuestra Región de Ñuble, hemos conocido casos de empresas que dicen haber instalado una línea que transmite equis cantidad de megas y la verdad es que transmite el 30 por ciento de lo que informan ¡y les pagan por el 100, no por el 30!
Esa información está en manos del Ministerio de Energía y del Coordinador Eléctrico. La pregunta es qué están haciendo con esos abusos.
Sepa usted, señora Presidenta, que conversando el otro día con el señor Intendente, quien está empeñado, como todos nosotros, en que llegue nueva inversión a la Región de Ñuble, me decía: "El problema que tenemos no es de mala gestión. El problema es que hoy día no hay capacidad eléctrica". ¡No hay capacidad eléctrica!
Hubo un proyecto de más de 30 millones de dólares que quería ir a la región y resulta que no hay capacidad eléctrica. ¿Y por qué no la hay? Porque la empresa principal no cumple la obligación de proveer la cantidad de megas que dijo que iba a proveer. Entonces, cuando uno habla de desarrollo del territorio, ¡por Dios!, esto evidentemente lo condiciona.
Lo anterior nos pone en una situación muy compleja, porque evidentemente todo el mundo quiere que la tarifa no aumente en el porcentaje que el Gobierno anunció que iba aumentar. Y en el Congreso nosotros haremos un esfuerzo de decir: "Por ley modificaremos esto". Pero hay que tener claro que se trata de una postergación y no de una rebaja tarifaria, para que no vengan después a decirnos: "Esto es como la Ley de Estacionamientos, como los medidores eléctricos".
¡La tarifa no se está rebajando! Lo que se está haciendo es postergar, diferir en el tiempo el incremento que deberá hacerse.
Gracias.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señora Presidenta, yo me hago eco absolutamente de lo que ha señalado el Senador Harboe, quien me acaba de anteceder en el uso de la palabra, porque creo que debemos sincerar esta discusión.
¿Estamos hoy día resolviendo uno de los primeros proyectos relacionados con la agenda social? ¡No! Y es un "no" que nos apena muchísimo, porque el Congreso sesionó ayer, ha sesionado hoy día, y por lo menos yo pensé que íbamos a recibir un proyecto que avanzara lo más rápido posible en las materias que nos reclama hoy día el país entero.
Esta iniciativa -y por eso me hace sentido lo que ha dicho el Senador Harboe- nos pone un grado de presión, entre la espada y la pared, porque ¿cómo resolvemos esta situación? ¿Esto rebaja las tarifas de la luz? ¡No! Las congela por un año.
Yo tengo dudas, señora Presidenta, y son dudas legítimas porque en Magallanes enfrentamos una crisis del gas. Y, efectivamente, lo que se busca son estas empresas eficientes, que lo que hacen es aumentar el costo final con lo que significan los gastos, para incrementar las tarifas el día de mañana. Y aquí las empresas no han tenido una conducta creíble.
En el caso de Magallanes, donde se suponía que había un congelamiento de las tarifas del gas, ha habido un incremento disfrazado. Y aún no tenemos -¡aún no tenemos!- la tarificación del gas.
Este proyecto no afecta a la Región de Magallanes, porque, a diferencia del resto del país, no se halla interconectada y el suministro que usamos para energía eléctrica es en base a gas. Pero uno desearía que iniciativas como esta resolvieran el problema de la gente, de la clase media, de los adultos mayores. ¡Luz, gas, agua! Es imposible, señora Presidenta, que una persona pueda cumplir a fin de mes con estos gastos denominados "básicos", que de básicos no tienen nada porque, efectivamente, en el caso de los pensionados, significan más del 40 por ciento de sus ingresos.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo votamos? Porque esto no resuelve el problema del abuso histórico que han cometido las empresas distribuidoras, tanto de energía eléctrica como de luz o de gas. Y en el caso de Magallanes son empresas monopólicas.
En algún momento elaboramos un proyecto junto con la Senadora Yasna Provoste y los Senadores Alejandro Guillier y Álvaro Elizalde, para ver el tema de las empresas, del pago de la luz de los no regulados y los regulados. Curiosamente, señora Presidenta -y esto no se entiende-, a las personas reguladas, que debieran tener un precio más estable, más bajo, se les cobra más. Y hemos visto experiencias donde los no regulados, quienes han podido salirse de la regulación, pagan menos por la energía eléctrica.
Entonces, aquí hay una situación que genera dudas. Yo tengo legítimas dudas sobre si está bien que lo que la empresa no cobre como aumento el próximo año lo recupere mediante un cobro diferido en forma posterior. Pero aun así tenemos que votar favorablemente. Y esa es la situación compleja en la que uno se encuentra, porque, de no pronunciarme a favor del proyecto y abstenerme, como sería mi deseo, no estaré, desgraciadamente, contribuyendo al congelamiento de la tarifa por un año.
Esto no rebaja las tarifas, y hay que decirlo. El Gobierno no está recogiendo ni resolviendo la situación que hoy día enfrentamos respecto a los abusos que se dan en materia de estos gastos comunes.
Señora Presidenta, la situación en la que nos encontramos es extraordinariamente especial. Y si bien no estoy de acuerdo con el proyecto ni con la forma en que ha actuado el Gobierno, que no ha dado una prioridad urgente a los proyectos sociales, que son los que debiéramos abordar, hoy día estamos haciendo un gesto para congelar las tarifas por algunos meses. De esta forma, claramente, poco nos van a creer las personas con relación a si estamos o no abordando lo que tiene que ver con una agenda social. ¡No lo estamos haciendo! Ello no obstante, nos vemos obligados a votar favorablemente el proyecto.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra la Senadora Provoste.
La señora PROVOSTE.-
Muchas gracias.
Es importante señalar que este proyecto no rebaja las cuentas de la luz, sino que crea un mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía.
Efectivamente, el Presidente de la República ha enviado al Parlamento este proyecto de ley que crea un mecanismo transitorio.
Quiero agradecer, de manera muy especial, a los funcionarios y funcionarias del Senado que el día de ayer, a pesar de las difíciles condiciones, acompañaron el trabajo de la Comisión hasta pasadas las 22 horas.
Entendemos que esta es una de las siete iniciativas anunciadas por el Presidente Piñera en el marco de las movilizaciones que se han producido en el país en las últimas semanas.
En lo sustancial, se trata de un mecanismo de estabilización y no de congelamiento de precios, que trae a valor presente una parte de las rebajas que debieran producirse a partir del ingreso al sistema de las nuevas centrales del último proceso licitatorio realizado.
El proyecto significará dejar sin efecto el último incremento de las tarifas, que debiera hacerse efectivo a partir de octubre de este año, tal como señaló el Senador García-Huidobro en su intervención, y, por tanto, congela el valor previo a dicha alza, manteniendo los que estaban ya definidos hasta el 31 de diciembre del 2020. Luego, a partir de enero del año 2021 y hasta julio del 2023, el precio será reajustado solo en el IPC.
Lo anterior significa que el sistema irá acumulando una deuda, al dejar pendientes las alzas correspondientes.
En efecto, la tarifa eléctrica a un cliente regulado (BT1) está compuesta por un cargo fijo, un cargo por servicio público, un cargo por uso de sistemas de transmisión nacional y zonal, un cargo por energía, un cargo por potencia y un cargo por valor agregado de distribución (VAD).
La componente más relevante en la tarifa corresponde al cargo por energía y potencia (aproximadamente, entre el 60 y 70 por ciento de la cuenta).
¿Cuál es la dificultad? Que este proyecto, que -insisto- es un mecanismo transitorio, solo aborda una parte de los costos de esa cuenta: la generación.
Por lo tanto, le solicito formalmente al Gobierno que en la próxima discusión de la "Ley corta" incorpore un mecanismo de estabilización también en la transmisión y en la distribución, de manera que eso efectivamente sea así. Y creo que antes de la segunda votación, para la historia fidedigna de la ley, el Ejecutivo debe pronunciarse en esta Sala.
A partir de julio del 2023 y hasta el 2027 se va a realizar el pago de la deuda que se fue acumulando, mediante mecanismos de rebajas inferiores a las que corresponderían de no mediar la deuda por menores alzas.
El Gobierno optó por este camino, el cual fue parte de una conversación transversal, inclusive anterior al estallido social que ha vivido nuestro país, en la Comisión de Minería y Energía. Y algunos de nosotros sugerimos que se implemente un subsidio al 40 por ciento de los hogares más pobres del país, tal como el que hoy existe para las cuentas de agua potable.
Creo que el proyecto en discusión es necesario, pero claramente insuficiente.
Debemos avanzar en dos caminos adicionales para una discusión de fondo. Por un lado, el cambio institucional más estructural, que el país demanda con más fuerza que nunca...
Le pido que me dé más tiempo, señora Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Continúe, señora Senadora.
La señora PROVOSTE.-
... Y este cambio más estructural tiene que ver con una nueva Constitución que, entre otras cosas, rediscuta el rol subsidiario del Estado.
Por eso, los Comités de la Oposición (Frente Amplio, Partido Socialista, PPD y Democracia Cristiana) estamos proponiendo un proyecto que permita llamar a plebiscito con el objeto de que, por fin, se rompan los candados dejados en la misma Constitución de Pinochet y se haga posible que las chilenas y los chilenos manifiesten su voluntad de aprobar una reforma constitucional que sustituya íntegramente el texto de la Constitución vigente, el cual, entre otras cosas, hace que los recursos del Estado finalmente deban ir a subsidiar a empresas privadas en tareas tan fundamentales como nuestros servicios básicos.
Como Oposición, hemos advertido que este es un proyecto insuficiente. El clima que vive el país y la invitación a un nuevo pacto social que hemos hecho no significan en lo más mínimo legislar cualquier cosa ni menos aceptar que se intente imponer una agenda que no compartimos. ¡Diálogo es diálogo y no imposición!
Esperamos que el Gobierno termine con la lógica del contrabando a partir de la crisis que vive el país.
Como dijo el Senador Bianchi, estamos obligados a votar favorablemente esta iniciativa, porque de no hacerlo se van a materializar las alzas que el Gobierno ya había anunciado. Sin embargo, claramente esta medida es insuficiente para ir al fondo del problema.
He dicho.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Senador Elizalde, para fundamentar su voto.
El señor ELIZALDE.-
Señora Presidenta, es bien importante precisar cuál es el efecto y el impacto del proyecto que estamos analizando.
El precio de la generación de energía en Chile ha disminuido de manera significativa. Se hizo un esfuerzo muy relevante durante el último Gobierno de la Presidenta Bachelet precisamente para promover energías limpias, renovables no convencionales. Por eso el costo de generación bajó, como señalo, de forma significativa.
No obstante, por la naturaleza de ese tipo de inversiones, que son de largo plazo, hay contratos vigentes en los que la generación es muy cara y otros nuevos en que es más barata. Y ese costo va a tender a ser más barato. Pero ello no se expresa en la tarifa actual. Mientras se mantengan los contratos vigentes y no entren los nuevos, obviamente habrá que esperar un tiempo para que la disminución del costo de generación eléctrica se manifieste en la tarifa.
Lo que hace el proyecto, básicamente, es llevar a tiempo presente las rebajas futuras en generación. El 70 por ciento del costo de la tarifa está determinado por ella. Es el factor más importante de sus componentes.
¿De qué manera se hace? Congelando el alza de los precios hoy día. Posteriormente, solo habrá un aumento de acuerdo a la variación del IPC. Por tanto, lo que se deja de pagar hoy, de todas formas se terminará pagando después.
No existen recursos públicos comprometidos.
El mecanismo indicado permite que no se concrete el alza tarifaria que se ha estado implementando del 9,2 por ciento, por lo que no se afectarán las finanzas de las familias.
Y el esfuerzo que harán las compañías es muy acotado: soportar el menor pago ahora, con sus propios recursos o endeudándose, a cuenta de lo que se pagará de más después, y lo más importante, sin intereses. Realizarán esa contribución hasta el año 2026, luego de lo cual, de no haberse pagado el saldo, se empezarán a cobrar intereses.
Ese es el sentido de la iniciativa, que es muy acotado y muy específico.
¿Es una buena noticia para las familias chilenas que deben soportar las alzas este mes? Sin lugar a dudas. Por eso estamos aprobando el proyecto.
Sin embargo, no se resuelven los problemas estructurales del sistema. Tenemos que replicar en la distribución los esfuerzos que se hicieron en generación. En ese punto existe un consenso. Lo hemos conversado con el Ministro.
En su minuto habíamos planteado este mismo proyecto. Le dijimos al Gobierno que analizara un procedimiento para llevar a tiempo presente la disminución de los costos de la generación eléctrica, y el Presidente lo anunció la semana pasada dentro de sus medidas.
Pero, obviamente, aún existe un desafío mayor: abordar la "Ley corta", que se refiere a las cooperativas eléctricas y a la reducción marginal de las tarifas entre 1 y 3 por ciento, y la "Ley larga", respecto de la cual venimos reclamando desde hace bastante tiempo, para establecer mayor competencia y mayor eficiencia a las empresas distribuidoras.
Eso está pendiente.
El Gobierno se ha comprometido a que esta última iniciativa se presente, a más tardar, en marzo del próximo año. Así está considerado en un artículo transitorio de la "Ley corta", actualmente en debate en la Comisión de Minería y Energía.
Es necesario precisar cuál es el impacto acotado del proyecto en votación y considerar que este no resuelve los problemas estructurales del sistema ni la necesidad de que las compañías distribuidoras realicen su mejor esfuerzo para otorgar un servicio de mayor calidad al menor precio posible. Esto todavía está pendiente y forma parte de lo que abordaremos en los próximos meses en el marco del debate legislativo.
Quiero hacer una reflexión política.
Permanentemente se ha tratado de generar la imagen de que el sector que nosotros representamos se opone, bajo una lógica obstruccionista, a las iniciativas del Gobierno. Y eso es falso.
Pero, con la misma franqueza, hemos señalado que, de los anuncios que el Presidente realizó la semana pasada, no hay ninguno, ¡ninguno!, respecto del abuso y la desigualdad en Chile. ¡Ninguno! Del mismo modo, ninguno aborda los problemas estructurales contra los cuales hoy día los chilenos están reclamando.
Esto hay que enfrentarlo con mucha humildad. Debemos buscar las respuestas entre todos. Pero al menos debe existir voluntad política para abordar el problema que hoy se está generando en la sociedad chilena. Hasta ahora el sistema político no da respuestas a las demandas ciudadanas. La clase media y los sectores vulnerables sienten que siempre terminan soportando las cargas del sistema. Y ante eso ha habido un silencio por parte del Ejecutivo.
Nosotros vamos a contribuir en todo lo que sea necesario, sin lugar a duda. Y le consta al Ministro -y quiero valorar su ánimo de diálogo-, pues aprobamos el proyecto con mucha celeridad y flexibilidad para buscar una solución que permita evitar el alza que debía operar y que habría perjudicado a las familias chilenas en lo inmediato.
Pero, con la misma sinceridad, deseo señalar...
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Se acabó su tiempo, señor Senador.
El señor ELIZALDE.-
Le pido que me conceda treinta segundos más, señora Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Puede continuar, Senador Elizalde.
El señor ELIZALDE.-
Quiero decir que el desafío que tenemos hoy es mucho más demandante. Por tanto, la respuesta debe ser mucho más ambiciosa. Aquí se requiere una nueva agenda, ambiciosa en lo social para dar solución a las demandas ciudadanas, y ambiciosa en lo político-institucional para avanzar hacia una democracia con mayúscula, de alta intensidad, que canalice dichas demandas y les dé respuestas.
Es eso lo que hoy está pendiente.
El proyecto no resuelve nada respecto a esas demandas. Sí permite enfrentar una coyuntura compleja para las familias ante un alza que ya se estaba aplicando, y posibilita que, por lo menos, se congelen los precios sobre la base del mecanismo que he planteado.
Pero no estamos yendo al desafío de fondo.
Nosotros vamos a insistirle al Gobierno para avanzar en la llamada "Ley larga de distribución eléctrica", que está pendiente y que permitirá que las tarifas bajen y que la calidad del servicio mejore. En ese sentido, tenemos un amplio consenso dentro de la Comisión de Minería y Energía, independiente del sector político al cual representamos.
He dicho.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Les recuerdo a los colegas que todavía hay que votar la indicación del Ejecutivo.
Tiene la palabra el Senador Pedro Araya.
El señor ARAYA.-
Señora Presidenta, lo primero es que me hubiera gustado discutir este proyecto con un poco más de calma, porque se trata de una materia altamente compleja en lo técnico. Quienes no conocemos perfectamente cómo funciona el sector eléctrico podríamos cometer algunos errores, como ya nos ocurrió con la famosa ley de los medidores inteligentes.
En esa línea, como ya lo han expresado algunos colegas que me precedieron en el uso de la palabra, esta iniciativa no busca rebajar la tarifa eléctrica, sino congelarla. Por tanto, no apunta al fondo del problema: el mecanismo de fijación tarifaria que tiene Chile, que, a mi juicio, al igual como ocurre en el sector sanitario, debiera ser revisado en función de las actuales demandas chilenas y del mercado nacional.
Tengo algunas dudas respecto del proyecto. Entiendo la necesidad de congelar la tarifa y votaré a favor, pero me gustaría dejar planteadas mis inquietudes para que ojalá el Ministro las responda.
En primer lugar, la iniciativa parte de un supuesto que, en mi opinión, tiene algunos problemas.
Se establece que el monto de la deuda de las empresas -entre comillas, lo que dejarán de ganar en este tiempo- será compensado con las bajas que no van a sufrir a partir del año 2021. Pero el componente de fijación tarifaria o la deuda va a estar fijada en dólares, aspecto que les conviene a las compañías, dado que su endeudamiento se produce en dólares y la gran mayoría de sus negocios y contratos está en esa divisa.
No podemos fijar o predecir cuál será el precio del dólar el año 2021, lo que obviamente puede generar un impacto en esta ley. Además, si uno lleva el punto al correlato normal, cabe señalar que las personas no pagan las cuentas de la luz en dólares, sino en pesos. Entonces, puede haber una incidencia en la tarifa imposible de precaver en función de lo que pasará en 2021.
En segundo lugar, este mecanismo no está asegurando la baja de la tarifa final, porque solo se estabiliza el precio de uno de los componentes de la fijación tarifaria: la generación.
Respecto del componente de distribución, en el caso de que se apruebe la "Ley corta", podríamos tener una baja del 2 por ciento. Pero existe un problema con la transmisión, que esta norma no resuelve, como me lo han planteado algunas personas que conocen el sector.
Todos los actores en este ámbito que me han hecho llegar algunas observaciones señalan que es muy probable que los costos de transmisión aumenten fuertemente en el próximo tiempo. Y esa variable no está siendo recogida acá. Mi duda es qué pasará si al momento de la fijación de tarifas el ítem transmisión experimenta un aumento de precios que no está contemplado.
Entre otras cosas, entiendo -y me gustaría que el Ministro lo pudiera ratificar- que quedan fuera de este mecanismo las nuevas empresas de generación de energías renovables, que todos sabemos que hoy día poseen un costo mucho más caro en cuanto a su puesta en operaciones. De lo contrario, en caso de aprobarse el proyecto, se les genera un problema, dado que muchas empresas nuevas no tienen las espaldas financieras de las grandes compañías eléctricas para aguantar o soportar el sistema que se está proponiendo.
Con esta iniciativa estamos diciendo que las distintas empresas que provean servicios eléctricos se endeuden a condición de ganancias futuras, que obtendrán a partir del año 2021. Entiendo que quedó fuera de lo anterior el sector antes referido y que queda garantizado que podrán entrar a operar los nuevos contratos de generación limpia, que además son bastante pequeños en relación con el total del sector eléctrico el día de hoy.
En definitiva, creo que este proyecto es un parche respecto de lo que debemos hacer: entrar a la discusión de fondo, que son los mecanismos de fijación tarifaria.
Efectivamente, votaré a favor, porque entiendo la necesidad de que se congele la tarifa.
En el caso de la Región de Antofagasta, la tarifa está aumentando cerca de un 17 por ciento, lo que es un fuerte golpe para las familias antofagastinas.
Pero digámoslo con todas sus letras: aquí no vamos a bajar las tarifas permanentemente. Estamos estableciendo un congelamiento de tarifas y, en la práctica, postergando el alza, a partir de los años 2021 y 2023.
Efectivamente esa puede ser la solución a un problema que hoy existe; pero en el mediano y largo plazo el precio real de la tarifa, si no se modifica la forma de cálculo, va a causar un impacto importante en la economía de miles de familias.
Espero que el Gobierno tenga presente ese aspecto, y en la "Ley corta eléctrica" podamos avanzar hacia un nuevo sistema de fijación tarifaria.
Dicho lo anterior, señora Presidenta, voto a favor.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Senador Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señora Presidenta, ¡Jorge Mateluna es inocente, y lo vamos a probar!
¡Desde cuándo el Senado se ha convertido en una financiera S.A.!
¡Desde cuándo el Senado de la República promueve créditos para la ciudadanía en vez de establecer una conexión directa con las empresas y con el Estado para un subsidio!
Me niego, señora Presidenta, a votar a favor este proyecto.
¡Esta es una mentira!
Cuando la gente pide igualdad, equidad, lo que hacemos es decirle: "No vamos a tocar a las empresas; les daremos un crédito a los usuarios".En el fondo, lo que hoy día van a dejar de pagar las familias lo pagarán en cómodas cuotas mensuales entre los años 2021 y 2027. Y si queda un saldo pendiente, se va a aplicar un porcentaje de utilidad para las empresas.
¡Les estamos mintiendo a los chilenos una vez más! ¡Por eso la gente está en la calle!
Cada vez que aprobamos una ley, no analizamos una visión de fondo.
Esto no es un parche, como ha dicho el Senador Araya, sino una postergación, un crédito, ¡un vil crédito! Lo peor que puede ocurrir es que el Senado se convierta en una financiera de las empresas eléctricas.
¡Este es el abuso mismo!
¡Por eso la gente está en la calle!
¡Por eso este Senado tiene el 9 por ciento de aprobación!
¡Por eso no nos creen nada! ¡No hemos entendido nada!
Este era el momento para decirles al Gobierno y a sus empresas, a las más abusadoras que tenemos hoy día (a Egener, a Colbún, a ENEL): "No, tienen que llegar a un acuerdo".
¡Por qué la gente tiene que pagar el alza del dólar!
¡Por qué no hacemos ahora un acuerdo para cambiar el mecanismo tarifario!
El alza va a continuar y está calculada en base al dólar. Eso nos decía la Ministra hace dos meses, cuando en la Comisión de Minería y Energía -y le consta a los parlamentarios- le señalamos: "Ministra, aquí el problema es la tarifa, no el mecanismo. ¡Es la tarifa la que lleva a estos abusos!".
Por tanto, ¡esta iniciativa es la normalización del abuso!, ¡la normalización de la desigualdad!
Volvemos al punto inicial: no le subimos la tarifa ahora a la gente, pero en dos años más comenzamos a hacerlo. La rebaja que estaba programada o proyectada, sobre la base de los contratos de 2014-2015 y 2013-2014, no será efectiva. ¡La cuenta de la luz no va a bajar!
Lo que logró el Ministro Pacheco en las negociaciones de nuevos contratos no se va a producir. Las tarifas que iban a bajar ya no disminuirán pues la gente deberá pagar, a partir del 2021, el crédito que hoy día le estamos dando.
¡Es lo peor que podemos hacer como Senado, señora Presidenta!
Este era el momento de dialogar con el Gobierno.
Nuevamente Piñera se sale con la suya: ¡No toca el modelo! ¡No toca a las grandes empresas! Pide a este Senado que le dé un crédito a la ciudadanía. ¡Y yo me niego a dar ese crédito!
Señor Presidente, la verdad es que las tarifas seguirán altas. Solo estamos otorgando un crédito, y eso es engañar a la gente. ¡Estamos engañando a la gente -permítame la indignación-, porque el tema de fondo son las tarifas!
¿Está el Gobierno dispuesto -el Ministro del ramo está en la Sala- a discutir ahora la eliminación del dólar como elemento esencial en el costo de la tarifa eléctrica? ¡No está dispuesto, porque no quiere tocar a las grandes empresas!
Y este Senado le dice a la ciudadanía que no van a subir las tarifas.
¡Esas empresas, como aquí se ha indicado, son las mismas que engañaron a la gente con el tema de los medidores!
Por eso yo siento una profunda indignación, señora Presidenta.
Creo que no estamos respondiendo a ninguno de los objetivos que la ciudadanía nos ha planteado y transformamos al Senado ya no en una "cocina" política, sino en una sociedad financiera y crediticia.
¡En eso estamos transformando al Senado!
Además, aquí no he escuchado una sola palabra sobre los temas de fondo. Decimos que la gente quiere reformas profundas; quiere nueva Constitución; quiere asamblea constituyente; quiere que de verdad las cosas cambien. Pero ahora solo planteamos que a los usuarios les vamos a dar un crédito por la cuenta de la luz, que ellos mismos tendrán que pagar.
Aquí no hay subsidio. ¿Algún Senador de la Comisión que votó a favor -y yo respeto su pronunciamiento- me puede señalar si este es un subsidio del Estado para no cargar las cuentas de las personas, sabiendo que el sueldo mínimo es de 300 lucas? ¡El 50 por ciento de los chilenos gana menos de 500 mil pesos!
Aquí no hay subsidio estatal. ¡Esto lo va a pagar usted, señor contribuyente! ¡Trabajador de mi patria, lo tendrá que pagar igual a partir del 2021!
¡Y se pretende con esto darles un maquillaje a Piñera y a sus empresas eléctricas! Yo no me presto para ese juego, señora Presidenta.
Voto en contra de este proyecto, ¡que es una gran mentira!, ¡un crédito que no quieren pagar ni el Estado ni los privados!
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Senador Jorge Pizarro.
El señor PIZARRO.-
¿Sabe, señora Presidenta? Al escuchar en el debate las intervenciones iniciales de mis colegas, había decidido abstenerme en esta votación. Pero, después de oír la intervención del Senador que me antecedió, he decidido votar a favor. Y lo voy a hacer por un tema de responsabilidad política...
El señor NAVARRO.-
¡Siguen engañando a la gente!
El señor PIZARRO.-
... y de sentido ético, porque...
El señor NAVARRO.-
¡Esa es mi indignación!
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Senador Navarro, por favor.
Todos lo escuchamos. Dejemos que ahora hable el Senador Pizarro.
El señor NAVARRO.-
¡Que hable tranquilo! ¡Que hable todo el tiempo!
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
¡Por favor, silencio!
El señor PIZARRO.-
Bueno, da lo mismo, Senador.
El problema grave que tenemos en la sociedad chilena hoy día es que nadie quiere escuchar y cada cual plantea lo que quiere escuchar de sí mismo. Y esa actitud, lamentablemente, no nos permite avanzar a lo que todos aspiramos, que es tener políticas que posibiliten una mayor igualdad, equidad y justicia social en nuestro país.
¿Por qué cambié de opinión? Y lo quiero decir con mucha fraternidad.
Cuando la argumentación se hace sobre la base de lo que le pueda suceder o no a una empresa versus lo que se busca para aliviarles la carga a las personas o a las familias chilenas, yo no tengo dónde perderme. Lo que se debe tratar de hacer en este momento, en esta coyuntura histórica que vive el país, es alivianarles la carga económica a las familias.
Este proyecto, más allá de las cosas técnicas, pretende generar ese alivio al evitar una tarifa más alta por el servicio eléctrico a las familias en Chile.
También crea un espacio desde el cual entrar al tema de fondo: la necesidad de reestructurar una política pública respecto de los subsidios que el Estado, la sociedad en su conjunto, debe garantizar a la gente para asegurar el acceso a servicios básicos. Estoy hablando del agua, de la luz, del transporte público, todos servicios que tienen que ser eficientes, de calidad y baratos.
Eso necesariamente pasa por la revisión de la política pública de subsidios hacia los sectores más vulnerables y, para abaratar costos, por la revisión estructural del sistema, con el propósito de ver cómo están operando hoy día las empresas concesionarias de servicios básicos para la ciudadanía.
Esa segunda parte, señora Presidenta, se puede desarrollar luego de congelar la tarifa o de impedir que se produzca el alza tarifaria, mediante un sistema que técnicamente es complejo de explicar. A partir del establecimiento de dicho mecanismo, podemos tener el espacio y la posibilidad en el tiempo de reestructurar el sistema tarifario de los servicios básicos; en este caso, de la electricidad.
Respecto de ese camino, todos deberíamos buscar construir un cierto acuerdo y no quedarnos en la caricatura; no quedarnos en la descalificación; no quedarnos en la frase cliché, que a estas alturas no le importa mucho a la ciudadanía. Lo único que le interesa es que las medidas que se adopten vayan en la línea correcta.
¿Qué esto es insuficiente? ¡Claro que es insuficiente!
¿Qué es un paso pequeño? ¡Claro! Pero con pequeños pasos se puede construir después un camino.
Señora Presidenta, quiero que exista un compromiso claro, como al parecer se ha expresado en la Comisión de Minería y Energía, en orden a que el Gobierno, aunque no le guste o no lo crea necesario, entre en la lógica de que es preciso iniciar un proceso de revisión profundo y estructural del sistema tarifario del sector eléctrico, de los subsidios que se entregan a los servicios básicos de agua, de luz, de transportes, de gas; porque lo que la gente quiere es tener servicios básicos de calidad y a bajo precio. Y si no se puede, que exista un subsidio del Estado que alivie la carga a la familia chilena.
He dicho.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Senador Sandoval y luego el Senador Guillier.
El señor SANDOVAL.-
Señora Presidenta, sin duda que hoy día se ha instalado una urgencia distinta. Yo creo que los discursos acalorados en poco contribuyen a lo que en realidad la ciudadanía y la comunidad en general están demandando: cómo hacemos un Chile más justo en todo sentido.
Yo recuerdo las palabras con que el propio Presidente Sebastián Piñera anunciaba no hace mucho los abusos involucrados en el cobro de los medicamentos. Y se generó una línea de propuestas y de acciones conducentes a buscar de qué manera resolver esto.
Se planteó lo mismo -y lo aprobamos también nosotros- en cuanto a la rebaja del precio del Metro. Hoy día estamos viendo lo que dice relación con el congelamiento del incremento de otro servicio tan esencial como lo es la electricidad.
Yo creo, eso sí, que será necesario sentarse a la mesa a conversar respecto de otras tantas situaciones en las que evidentemente habrá que establecer algunos mecanismos distintos. No podemos permitir los abusos que hoy día ocurren en nuestra comunidad en áreas muy sensibles, como todos lo hemos señalado en diversas ocasiones.
Preguntábamos, a propósito del tema de la salud, ¿por qué la relación humana de un mismo profesional con su paciente en el sistema público es tan distinta que en la consulta privada? ¿Por qué cambia esa conducta?
Y aquí efectivamente tenemos que introducir una serie de discusiones. Hoy día es el tema eléctrico, ayer fueron los medicamentos, mañana será la salud, la educación, el transporte. Necesitamos hacer un cambio, sin duda que sí.
Es más, señor Ministro, ya que usted está acá, la norma que estamos aprobando y que permite este congelamiento no afecta a las regiones extremas. Los sistemas medianos no están incluidos en este mecanismo de estabilización, de reducción o de congelamiento. En nuestro caso, entre noviembre y enero habrá que hacer una nueva indexación respecto de los sistemas medianos. Y esperamos sinceramente, señor Ministro, que en esta instancia, que en este mecanismo podamos corregir aquellas distorsiones que se producen en mi región. Incluso, en esta tenemos casos más dramáticos: los propios municipios han tenido que realizar generación eléctrica, porque son tan pocos los usuarios que ninguna empresa quiere hacerse cargo. En Cisnes hay 1.258 usuarios; en Amengual, 280, y el precio promedio por kilowatt/hora de generación va entre los 221, 163, 229 pesos, cuando en el Sistema Central llega a 146. Tenemos distorsiones dentro de la propia región.
Por eso, señor Ministro, yo le sugeriría algunas propuestas en relación con estos sistemas medianos:
Primero, mejorar el mecanismo de equidad tarifaria para hacer más eficiente la aplicación de ese beneficio en sistemas medianos como los nuestros.
Segundo, incorporar a los sistemas aislados en el mecanismo de ajuste de precio promedio de compra de energía.
Tercero, analizar qué hacer con estos sistemas más autónomos dentro de estos territorios, porque no por tener poca población vamos a afectar significativamente los costos en regiones en que, además, tenemos otra serie de costos adicionales.
Por eso, señor Ministro, yo le solicito -tenemos margen, probablemente, para analizar el perfeccionamiento de estas mejoras- que veamos los mecanismos que nos permitan corregir esas distorsiones.
Creo que este es un paso absolutamente necesario. Así como hemos retrotraído un alza en materia del Metro y generado un instrumento sustantivo respecto a la situación de los precios de los medicamentos, hoy día lo hacemos con la electricidad. Son servicios esenciales.
Y como todos decimos estar en contra de los abusos, espero que lo que se ha abierto en nuestro país también permita encontrar mecanismos para profundizar mucho más en aquellas medidas destinadas a otorgar mayor justicia en este sentido.
Le dejo estas sugerencias, señor Ministro, a fin de que las considere para los sistemas medianos en la tramitación que habrá que seguir, porque en nuestra región se efectúa una regulación a través de la Comisión Nacional de Energía y se fijan tarifas cada cinco años.
Por lo tanto, evidentemente esperamos hacer una corrección y que no se siga afectando a nuestras regiones.
Señora Presidenta, en este proyecto en particular voto absolutamente a favor por el significativo impacto que tiene. Habrá medidas mucho más radicales, y estaremos llanos a ver cómo avanzamos en esta tarea.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Senador Alejandro Guillier y luego el Senador Víctor Pérez Varela.
El señor GUILLIER.-
Señora Presidenta, todos estamos conscientes de que este proyecto de ley tiene un sentido de urgencia, porque el Presidente de la República, frente a los acontecimientos, a esta explosión social, legítima y justificada que está viviendo el país, se ha visto ante el compromiso de asegurar un congelamiento de las tarifas de los servicios básicos -esa fue la idea general- mientras se discuten las reformas estructurales que, obviamente, no se pueden improvisar.
Ello, porque si nos pusiéramos a discutir las reformas profundas ahora, en el intertanto la tarifa seguiría aumentando y se acentuaría el conflicto social. En consecuencia, lo entendemos en un contexto de emergencia política.
En esa línea, el Presidente de la República nos ha enviado un proyecto que crea un mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía eléctrica para aquellos clientes sujetos a regulación de precios, básicamente los hogares y las pequeñas y medianas empresas.
No es otra cosa.
Tiene sentido de urgencia porque los precios de los servicios básicos no pueden incrementarse permanentemente sin contar con mecanismos que ayuden a nuestras familias. Por lo tanto, estamos saliendo, efectivamente, ante una emergencia.
Este mecanismo que se presenta solo congela el precio de uno de los componentes de la tarifa final, el de generación de energía. ¡Ojo con eso!
Ahora, los generadores están también acompañados por las empresas que trasmiten y las que distribuyen, los que, aunque acá solo se está afectando el inicio de la cadena, son más o menos responsables del orden del 65 a 70 por ciento del costo de la tarifa eléctrica.
Por lo tanto, en rigor, lo que se establece con este mecanismo no es un congelamiento del precio total, sino de aquella parte de la tarifa que se refiere a uno de los componentes, el generador de energía.
Ahora, este es el que más peso tiene en la tarifa final, pero no se puede asegurar a las familias que las tarifas no se verán incrementadas en los próximos meses, dependiendo, por ejemplo, del valor del dólar.
Como ustedes saben, la tarifa eléctrica de los clientes regulados, el BT1, está compuesta de un cargo fijo, cargos por servicio, cargos por uso de sistemas de transmisión, cargos por energía, cargos por potencia, cargos por Valor Agregado de Distribución (VAD). Y aquí estamos hablando de uno de ellos.
En segundo lugar, eso significa que la tarifa podría variar por los cambios en las tarifas de transmisión y distribución, que son sectores que no son tocados por esta ley en proyecto. Por lo mismo, ¡cuidado con el IPC y el dólar! Y queda pendiente qué vamos a hacer con las distribuidoras y las transmisoras.
Por lo mismo, seamos claros con el país: estamos atenuando la posibilidad de un alza importante, pero no estamos rebajando, ni siquiera congelando la tarifa eléctrica, que se podría mover en los próximos meses. Es decir, ¡ojo!, no solo no hay rebaja, tampoco hay congelamiento; pero se toma la medida que se contempla en el proyecto, y nosotros hemos hecho un esfuerzo y un debate por contribuir.
Quiero aclarar, sin embargo, que este mecanismo en el fondo da un crédito, porque anticipa ahora parte de las rebajas que los nuevos proyectos de generación eléctrica van a tener de 2023 a 2025. Y lo que hace es adelantar el beneficio de una mejora inmediata a cambio de alargar el plazo para estas empresas, con una tarifa que no bajaría tanto a partir del 2023 y 2025.
A todos nos alegra que hasta ahora el ingreso de las energías renovables no convencionales haya sido una verdadera revolución y esté ayudando a la caída del precio de las tarifas y, por lo tanto, del costo de generación de la energía.
Por esa razón, quiero hacer dos consideraciones finales. Y, por favor, señora Presidenta, pido que no me corten el tiempo en medio de mi inspiración.
En primer lugar, resulta imperioso que el Gobierno presente con la mayor urgencia, ojalá durante la próxima semana, en el marco del proyecto de "Ley corta de distribución", un mecanismo que estabilice los componentes de distribución y transmisión. De esta manera, sí podríamos asegurar que no suban los precios en los próximos meses.
En segundo término, que a nadie le quepa duda de que, estando plenamente conscientes de que estas medidas inmediatas son para enfrentar una emergencia, se requiere una profunda revisión de la "Ley larga".
Unos segundos más, señora Presidenta.
Tenemos un modelo de negocios que, ¡ojo!, fue exitoso cuando no había certidumbre y teníamos un problema de generación de energías. Y se hicieron inversiones. Pero con el tiempo ese modelo perdió vigencia, se volvió ineficiente, caro, no competitivo y de mal servicio.
Eso es lo que debemos revisar. Sin embargo, necesitamos tiempo para poder debatir y escuchar a todos los sectores que quieran opinar sobre ese nuevo modelo de negocios del sector eléctrico.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Hay seis oradores inscritos para intervenir.
Yo les pediría a los colegas tratar de respetar el tiempo establecido, para poder votar la indicación que está pendiente y así despachar el proyecto.
Tiene la palabra el Senador Víctor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señora Presidenta, seré verdaderamente muy breve.
Me han llamado la atención algunas de las expresiones que se han escuchado en este debate acerca de engaños, de mentiras, casi de fraude, cuando todo el país escuchó al Presidente de la República decir que este proyecto tenía como propósito eliminar el alza de 9,2 por ciento que se había fijado por ley. ¡Ese era el propósito!
Por lo tanto, no se ha tratado de engañar a nadie, no se ha tratado de sorprender a nadie. Lo que permite esta iniciativa es cumplir una cuestión obvia en el contexto en que estamos viviendo: que esta alza de un nueve y fracción, decretada por ley y que va a llegar a los usuarios en las cuentas del mes de noviembre, no se produzca.
Para eso es necesaria una ley. Y me llama profundamente la atención que se generen sorpresas, cuando todo esto está normado y fijado legalmente. Aquí no se trata de que determinadas empresas o personas fijen lo que quieran, cobren lo que quieran y hagan lo que quieran. ¡No! Han sido este Congreso, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo los que han decidido un modelo de negocios que en un momento específico fue exitoso -como planteaba el Senador Guillier- pero que ahora requiere una revisión.
Por ello, dejemos de lado esas retóricas vacías y sin contenido. El Presidente de la República expresó al país que esta alza, que estaba fijada por ley, se iba a dejar sin efecto, y eso es lo que estamos votando hoy día.
No hay duda de que en los temas de fondo debemos ir avanzando. Y para eso está la "Ley corta", que nos va a permitir regular adecuadamente las cooperativas, que atienden a personas alejadas de los sectores poblados y son fundamentales para las zonas rurales que algunos representamos, donde hay una densidad en la que a veces existe un solo cliente por kilómetro cuadrado, no como ocurre con las grandes empresas, que pueden tener diez mil, veinte mil clientes por kilómetro. Eso hace una diferencia fundamental.
En consecuencia, esperamos que la "Ley corta" resuelva e institucionalice en forma adecuada ese sector, lo cual es absolutamente necesario.
Por su parte, la "Ley larga" debe establecer mecanismos modernos y actuales para permitir que este servicio, que es vital, más la inversión que se realice en energías renovables, signifiquen un alivio para las personas en sus casas y para las empresas, particularmente las pequeñas y las medianas, que requieren un uso intensivo de energía y un costo más bajo.
Sin embargo, para eso indudablemente no hay que ser irresponsable. Y me llama la atención que se exija hacer en cuatro días algo que no se hizo en veintitantos años: toda una reforma profunda al sector.
Creo que el Gobierno ha actuado responsablemente frente a esta materia. No ha faltado a la verdad, no ha engañado; ha sido transparente al señalar esto: "El alza de un 9,2 por ciento, que está establecida en la ley, va a ser eliminada".
Eso es lo que estamos votando hoy día.
Espero que exista unanimidad al respecto; porque, sin duda, va a aliviar a la ciudadanía, al sector rural, a las pymes, que requieren un alto uso de energía y a las que esta alza les complicaría aún más la vida.
He dicho.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra la Senadora Ximena Órdenes y después el Senador Francisco Chahuán.
La señora ÓRDENES.-
Señora Presidenta, hay varios temas que surgen con este proyecto. Por ejemplo, me pregunto qué pasó con la iniciativa de ley sobre equidad tarifaria. O bien, con asuntos que desde este mismo espacio anunciamos como cambios importantes y que, al final del día, no resultaron, porque por la vía administrativa la situación y la realidad cambian...
Le voy a pedir al Senador Elizalde que me escuche, por favor.
El señor PÉREZ VARELA.-
Ya los explicó Elizalde.
La señora ÓRDENES.-
Decía que la realidad ha cambiado tan significativamente en estos días que la principal agenda de los chilenos, y yo diría que uno de los puntos importantes, es el costo de vida.
Yo vengo de una región donde pagamos el agua y la luz más caras de Chile, y este proyecto no contempla ese punto, pues corresponde a un sistema mediano, y en el caso del agua es más de la mitad del promedio nacional.
Si lo vemos a nivel de país, uno debería preguntarse por qué la cuenta de luz en Chile es superior en 60 por ciento a los de los países de la OCDE.
Entonces, ahí sucede algo. Porque, cuando hablamos de márgenes de error, estos no son tan significativos. Debe haber otros factores que expliquen esto. Y si la respuesta que se quiere dar desde el Gobierno, por un lado, y desde el Congreso, por otro, es que vamos a hacer cambios estructurales para modificar los costos de vida de los chilenos, yo asumo esta propuesta legislativa como algo transitorio, ya que no es de fondo, no es estructural.
Eso es bien complejo. Porque bajo la lógica de la discusión inmediata con la que estamos tramitando esta iniciativa, hoy día ni siquiera estuvo el informe correspondiente. Se va a cumplir con los requerimientos administrativos y las condiciones que se exigen en este Hemiciclo, pero no hubo una discusión a fondo con todos los actores que estamos votando un proyecto de esta naturaleza.
En ese sentido, yo le pido al Gobierno un diálogo mayor; pues, en mi caso, ¡siento que hay casi una suerte de presión indebida!
¡Cómo les explico hoy día a los chilenos que no es que no quiera estabilizar los precios! Sin embargo, efectivamente sucede que con las medidas presidenciales que se anunciaron vamos a seguir con los medicamentos más caros del mundo y subsidiando a los laboratorios; y tendremos un ingreso mínimo garantizado, pero de nuevo bajo la figura del subsidio.
Existe un Presupuesto para el año 2020 que no he escuchado que se vaya a ampliar. Por lo tanto, deberemos ver qué es lo que vamos a reasignar y qué vamos a dejar de hacer bajo la misma lógica de una agenda social fuerte para dar cuenta de la agenda impulsada por el Ejecutivo.
Yo espero un pronunciamiento claro del Gobierno acerca de hasta dónde está dispuesto a hacer los cambios estructurales.
Respecto de la Ley de Servicios Sanitarios espero que el Ejecutivo ingrese las indicaciones correspondientes. Llevamos un año trabajando en la Comisión de Obras Públicas del Senado para cambiar dicha ley a lo menos en tres aspectos mínimos: tarifas, participación ciudadana y transparencia, y lo relativo al cambio climático como una variable transversal.
Lo mismo ocurre con las empresas eléctricas. Acá, en esta Sala, todos lo entendemos: si queremos cambios estructurales, revisemos el modelo de cálculo tarifario y la lógica del modelo de empresa eficiente. Es en ese punto donde no se quiere hacer el cambio. Si no se realiza, lo que haremos son puras leyes de este tipo: transitorias, cortas. Y le quiero decir al Ministro que considero que la efectividad de esta iniciativa es de corto plazo.
De verdad, me siento de manos atadas. ¡Estoy complicada con esta votación!
Primero, porque en la lógica del tiempo, producto de la discusión inmediata, debemos buscar que la urgencia no nos lleve a cometer errores: hacemos o no los cambios estructurales, tocamos o no los servicios básicos; por ejemplo, respecto de la Ley de Servicios Sanitarios, de la Ley Eléctrica. Veamos cómo realizaremos el cálculo de la tasa de costo de capital que es bien amplio, y eso es tocar cómo entendemos la empresa modelo. En ese punto está el centro, porque ahí no incorporamos la deuda de la empresa, seguimos capitalizando y sumando como costo, en el caso de las sanitarias, acueductos de 1920. Esa no es una inversión reciente.
Entonces, yo estoy dispuesta a esos cambios, señor Ministro.
También espero que en la lógica de los sistemas medianos, y estoy pensado en el sistema de Aysén, de Palena, entre otros, podamos revisarlos, porque las alzas, según me informan, están sobre un 17 por ciento igual. O sea, es cosa de comparar las cuentas de la luz. Y este proyecto no toca ni siquiera a esas regiones.
Voy a votar a favor, pero quería hacer este punto.
Para mí es bien compleja la votación, porque la lógica de la discusión inmediata no es la forma de diálogo entre el Ejecutivo y el Congreso de Chile.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Senador Francisco Chahuán.
El señor DURANA.-
El Senador Chahuán no está en la Sala.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
A continuación, le corresponde el turno al Senador señor Coloma.
Puede intervenir, Su Señoría.
El señor COLOMA.-
Señora Presidenta, quiero hacerme cargo, porque creo que los debates políticos tienen ese sentido, de algunos de los comentarios que se han realizado durante este debate. Y ello, en el mejor de los espíritus y en la mejor de las señales, pues uno acá puede tener discrepancias.
En primer lugar, considero importante el tono de la discusión. En tal sentido, llamo a tener un tono reflexivo en un momento decisivo, porque a mi juicio las cosas hay que plantearlas en su exacta dimensión.
Entonces, por intermedio de la Mesa, con mucho respeto le quiero decir al Senador Navarro, quien está presente, que reclamar porque se vota o no, o porque se haga determinada cosa o no es un derecho; pero ojalá -y lo digo porque sé que Su Señoría tiene vocación pública- tratáramos de buscar, dado el escenario en que nos hallamos, los acuerdos necesarios para los efectos de resolver las demandas de la ciudadanía, que pueden ser múltiples.
Y acá hay una reflexión que quiero hacer: la calle es muy desigual. No todos entienden lo mismo; no todos plantean lo mismo; no todos reclaman lo mismo, pues hay visiones diferentes también con respecto a lo que hay que resolver, a lo que se debe apurar o a lo que se ha de detener.
Aquello debemos pensarlo entre todos, por cuanto se trata de un asunto importante y demandante.
En segundo término, algunos han intervenido con relación a la velocidad de respuesta. He oído a varios parlamentarios decir: "Me gustaría más tiempo para esta cosa". Yo creo que a todos nos gustaría contar con más plazo. Pero si hay una señal importante que uno debe dar aquí es la relativa a la velocidad de respuesta, lo cual es muy significativo. Ello, obviamente envuelve un escenario en que han de revisarse procedimientos o formas de abordar las diversas cuestiones, pues la velocidad de respuesta jamás puede significar desatención.
Creo que todos hemos reflexionado sobre el particular, y hemos leído lo que ha planteado el Gobierno; hemos escuchado el debate habido en la Cámara de Diputados; la discusión llevada a cabo por los especialistas en cuanto a cómo enfrentar las demandas de la ciudadanía con ese sentido de urgencia, porque el que crea que no la hay comete un error: acá hay una necesidad apremiante de responder con rapidez.
En mi concepto, el Ejecutivo ha hecho un esfuerzo justamente en tal sentido, para hacerse cargo de un problema no resuelto. Y no hablo de la actual autoridad, ni tampoco de la que había en escenarios anteriores, los cuales -y también lo voy a decir- fueron más bien virtuosos. Todo el cambio en materia de licitaciones futuras en el costo de la generación de energía, que permite hoy día hacer este cambio, no obedece obligatoriamente a lo que se ha hecho ahora: es una respuesta a lo realizado en su momento.
Entonces, hay que tener capacidad para comprender la urgencia en estas cuestiones.
En tercer lugar, considero que acá se plantea una respuesta inteligente a un problema difícil. La estimo inteligente, pues aquí no hay, como algunos quieren ver -a lo mejor lo pueden haber oído-, una especie de crédito del Estado.
Eso está mal pensado; está mal leído: ¡no existe tal crédito!
Acá existe una anticipación o postergación de flujo en función de precios futuros que están diseñados, porque forzosamente la licitación energética tiene que ver con precios de futuro. Uno no licita para mañana, porque las inversiones -en esto es importante la imaginación, porque estamos cambiando las matrices, lo que nos ha permitido quizás generar espacios- en electricidad deben considerar la incorporación, entre otras cosas, de las energías solar y eólica, las que no necesariamente van a entrar en funcionamiento ahora con la intensidad que se precisa, porque son cuestiones que se hallan pendientes.
La autoridad, pues, no está generando un crédito, en que uno podría decir que está bien o mal. No: está modificando la forma de cobro sobre la base de la postergación de flujos, lo que va a exigir una respuesta de la empresa y una manera de calcular las contingencias futuras que debe ser diversa.
Por eso aquella me parece una respuesta inteligente.
Ahora bien, considero indispensable, para que haya coherencia, aprobar la indicación que votaremos posteriormente, porque acá no es que uno vaya a derogar o no el dólar. Esto tiene que ver con hacer referencia a otra moneda, con darles continuidad en el tiempo a las políticas públicas en términos de que esas fluctuaciones no dependan de la arbitrariedad de una u otra autoridad, o de la voluntad de un emprendedor. No: debe existir un orden adecuado, donde, al cambiar los flujos, estos tengan una vigencia esperable.
Por eso, señora Presidenta, llamo a un entorno de reflexión. En tal sentido, valoro lo que ha hecho el Gobierno, pues creo que ha planteado una fórmula inteligente para enfrentar un problema.
A mi juicio, ese es el camino que el país nos está pidiendo.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Están inscritos los Senadores señores Letelier, Huenchumilla y Girardi.
Así que pediría...
El señor CHAHUÁN.-
Y yo, señora Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Tiene razón, Su Señoría.
Les recuerdo que una vez terminada esta votación, deberemos pronunciarnos sobre la indicación que renovó el Ejecutivo.
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señora Presidenta, estimados colegas, vamos a votar a favor de esta iniciativa, pues permite aliviarles la carga a algunas familias, en particular a las de trabajo, en grandes sectores de nuestro país; pero no a todas.
La Senadora Órdenes apuntó a un tema real, porque no todos los chilenos y las chilenas se van a ver beneficiados por este aplanamiento de las alzas en las tarifas de la electricidad.
Sin embargo, por intermedio de la Mesa, quiero decirle al Ministro Jobet, como representante del Gobierno, que esta no es la forma de discutir los proyectos.
El problema es más grave.
El pago de los bienes públicos y las utilidades de las empresas públicas es lo que se halla en discusión. No es casual que se hayan quemado todas las casetas de peajes de nuestro país. No seamos indiferentes frente a lo que está ocurriendo.
Esta iniciativa constituye un parche, una ayuda. En tal sentido, me compro lo que plantea el Senador Coloma, quien me antecedió en el uso de la palabra.
No es un tremendo proyecto. Pero tendrá sentido cuando entremos a las estructuras tarifarias; a esta idea de las empresas modelo; a este enamoramiento que hemos generado con un mecanismo tarifario en nuestro país que trata a todos los consumidores de la misma forma, en circunstancias de que no son iguales.
Aquello nos llevó a cometer errores con las concesiones y sus formas de cobro, en que las empresas pertinentes hoy día registran utilidades brutales e inexplicables para las inversiones que han realizado. Ello está pasando en otros sectores en donde a los privados se les ha permitido administrar bienes públicos.
Aquí hemos caído en un capitalismo salvaje que ha dejado de lado el rol social de la propiedad en sectores donde hay monopolios naturales; en que no existe competencia ni en la distribución ni en las tarifas como uno quisiese; donde el tipo de competencia no es suficiente.
Por ende, señora Presidenta, si bien sería absurdo votar en contra de este proyecto, lo cierto es que su debate debería hacerse de otra forma. Yo entiendo el interés del Gobierno por mostrar algo en medio de esta crisis y que a ello debemos colaborar todos. Sin embargo, existe urgencia por analizar no solo lo tocante al sector de la energía: también debemos ocuparnos de ver cómo el Ministerio de Economía va a generar el debate en materia de tarifas, de encontrar la forma en que el Ministerio de Obras Públicas se abrirá a la discusión sobre los tag o las carreteras.
Tenemos un problema grave para nuestro país, y yo espero que logremos producir ese debate.
¿Por qué pongo la discusión sobre los otros cobros? Porque creo -y excúseme, señora Presidenta, pues aquí tengo discrepancias con mis colegas- que el Presidente Piñera ha querido presentar una agenda social con buenas intenciones; pero, con todo respeto, no logró entender los problemas que está enfrentando la sociedad. Hizo su cambio de gabinete, y no conseguimos sintonizar con lo que está ocurriendo en el país. Es responsabilidad en particular de este Senado hacer más esfuerzos, dedicar más tiempo para buscar las soluciones entre todos. Creo que nadie puede decir que tiene las respuestas; no obstante, necesitamos buscar cómo sintonizar de otra forma con las demandas ciudadanas para efectivamente construir este nuevo Chile o este Chile que despierta.
Señora Presidenta, voy a votar a favor de este proyecto. Pero debemos generar las condiciones para no debatir así, con "discusión inmediata", sin ver bien estas cuestiones, pues en algunas regiones de nuestro país -lo señaló la Senadora Órdenes- estamos dando una pésima señal, ya que sus habitantes no están en la misma situación que la de aquellos que viven en otros territorios y que van a ser beneficiados por esta normativa.
Ese es un tremendo error de esta iniciativa, pues quienes van a pagar el costo al final del día serán el Gobierno y el Congreso Nacional en su conjunto.
Eso me parece gratuito. Y ello solo pasa porque no le estamos dando el tiempo suficiente a este tipo de debate.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Restan por intervenir los Senadores señores Chahuán, Huenchumilla y Girardi.
Quiero proponerle a la Sala lo siguiente. No sé si está bien o no. Pero sugiero que cerremos la votación. Luego de conocer su resultado pondremos en discusión la indicación renovada del Ejecutivo y les daré la palabra a Sus Señorías en primer lugar.
¿Habría acuerdo para ello?
El señor CHAHUÁN.-
Sí, señora Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
¿Les parece proceder de esa manera?
El señor GIRARDI.-
Está bien, señora Presidenta.
El señor CHAHUÁN.-
¿En el mismo orden?
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Sí, señor Senador.
¿Está de acuerdo el Senador señor Huenchumilla?
El señor HUENCHUMILLA.-
Señora Presidenta, usted quiere que vote antes de que exprese mi punto de vista sobre el proyecto.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Por eso le estoy consultando su parecer. Si Su Señoría no está de acuerdo, le daré la palabra inmediatamente.
El señor HUENCHUMILLA.-
Muy bien.
La señora RINCÓN (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.-
Señora Presidenta, aquí hemos llevado a cabo un debate a veces no tan tranquilo; sin embargo, quiero decirle francamente que tengo profundas dudas sobre si nosotros, Gobierno y Oposición, no estamos cometiendo un tremendo error político con esto.
Y le planteo aquello con toda tranquilidad, porque el otro día, cuando realizamos un debate político respecto de esta materia, yo dije que lo primero que había que hacer era no perder la calma.
Si este proyecto lo hubiéramos discutido hace uno o dos meses, creo que habríamos estado en sintonía. Pero resulta que después de todo lo que ha pasado, de la crisis que vive nuestro país, el escenario cambió completamente.
No sé si ustedes han visto las noticias acerca de lo que está pasando ahora en Santiago.
Entonces, yo me pregunto: ¿Qué deben hacer Gobierno y Oposición? ¿Cómo tenemos que proceder en cuanto país para lograr neutralizar esta movilización y la molestia de la gente a fin de empezar a salir de esta crisis?
A mi juicio, el objetivo político es conseguir devolverle a la gente un mínimo de credibilidad respecto del Estado: Gobierno y Oposición.
Ese fin político no lo estamos alcanzando, porque las personas siguen en la calle.
Aquí la primera responsabilidad la tiene el Gobierno, porque está a cargo de la conducción del Estado y del manejo de la fuerza pública y porque cuenta con las facultades constitucionales y legales para dirigir a nuestro país.
Aquello no lo estamos consiguiendo, señora Presidenta.
Este debate hoy día significa que el Gobierno, en primer lugar, debe mostrar sus cartas, su plan de salida con respecto a esta crisis.
Y lo primero que hace el Presidente es mandar esta propuesta social. ¿Qué ha logrado con ella? Que los ciudadanos la rechacen, no porque no quieran que les rebajen la cuenta de la luz, sino porque saben que esto es insuficiente, pues es más de lo mismo.
Las personas quieren que les digamos si vamos a tomar las medidas para corregir esta sociedad abusiva que hemos creado en los últimos 40 años.
A mí me habría gustado -y yo dije que le daba el beneficio de la duda al nuevo gabinete, al nuevo equipo del Gobierno; pero lo veo paralizado- ver al Ministro del Interior y a sus asesores conversando con la Mesa del Senado, con los Comités, con los partidos políticos, con la gente, con los empresarios en una actitud proactiva.
Pero no observo eso.
Todos estamos encerrados en nuestros cubículos: el Gobierno en la Moneda; los empresarios por allá arriba; nosotros aquí.
Luego, ¿qué respuestas vamos a dar?
¿Cómo hacemos para que la gente vuelva a creer en la política si aquí estamos haciendo más de lo mismo: una fórmula financiera para los efectos de chutear para delante un tema? ¿Y bajo qué imperativo? El de que a la gente hay que aliviarle la carga.
¡Pero si los ciudadanos no están porque les alivien la carga! ¡Las personas quieren un país distinto, una actitud diferente de nosotros!
Entonces, me temo que, Gobierno y Oposición, estamos cometiendo un error político.
Porque la Centroizquierda debe tener en cuenta que somos Oposición, y, por lo tanto, deberíamos hacer un punto distinto con relación a lo que está realizando el Gobierno, porque este se halla equivocado si piensa que esta crisis la va a resolver simplemente mediante medidas paliativas.
¡Esta política del chorreo no ha dado resultado!
Nosotros contribuimos a eso también. De modo que igualmente tengo indignación frente a ello.
Pero uno debe racionalizar sus emociones. Y por eso hablo con mucho respeto para con todos: creo que estamos cometiendo un error político.
Por ello, señora Presidenta, con todo respeto hacia mis camaradas y jefaturas de bancada, debo señalar que, por las razones expuestas, no estoy en condiciones de pronunciarme a favor de este proyecto.
Voto en contra.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Quedan por intervenir los Senadores señores Girardi y Chahuán.
El señor LETELIER.-
¡Cerremos la votación!
El señor COLOMA.-
Señora Presidenta, cerremos esta votación.
El señor CHAHUÁN.-
¡Sí, señora Presidenta!
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
¿Habría acuerdo para ello?
La señora EBENSPERGER.-
Sí.
El señor COLOMA.-
Sí, señora Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Acordado.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (39 votos a favor y 3 en contra).
Votaron
por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Órdenes, Provoste, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
Votaron por la negativa la señora Rincón y los señores Huenchumilla y Navarro.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
A continuación, entonces, habría que poner en discusión la indicación renovada del Ejecutivo.
Entiendo que hay acuerdo para abrir inmediatamente la votación.
Una vez que el señor Secretario informe sobre ella, le daremos la palabra al Ministro para que la explique.
La señora PROVOSTE.-
Es para que responda las solicitudes que se han formulado sobre la materia, señora Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Como acaba de señalar la Senadora señora Provoste, el Ministro podrá referirse, además, a los requerimientos que han hecho Sus Señorías.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Tal como indicó la señora Presidenta, corresponde poner en votación la indicación renovada del Gobierno, al artículo 1°, para intercalar en el inciso primero del numeral 5, entre la palabra "interés" y el punto seguido, una coma, y, a continuación, la siguiente oración: "y deberán ser actualizados por el índice de precios al consumidor de los Estados Unidos de Norteamérica, "Consumer Price Index", hasta el 31 de diciembre de 2025.".
Cabe hacer presente a Sus Señorías que, de ser aprobada esta indicación, también debería mantenerse en el texto del proyecto la frase "actualizados de acuerdo a lo señalado en el numeral 5", contenida en el numeral 4 anterior, que se había entendido eliminada como consecuencia del rechazo de la referida indicación en la Comisión de Minería y Energía.
Por consiguiente, de aprobarse esta indicación, debería incorporarse la referida frase para mantener la armonía y coordinación de la norma pertinente.
Es todo, señora Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Gracias, señor Secretario.
En consecuencia, le ofreceremos la palabra al señor Ministro para que explique la indicación y responda los distintos requerimientos que han hecho los diversos Senadores en la Sala.
El señor GIRARDI.-
¡Después de nosotros!
El señor LETELIER.-
Abra la votación, señora Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
No quiero abrirla precisamente para que pueda hablar el Ministro.
Entiendo que por reglamento...
El señor COLOMA.-
Por unanimidad se puede.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
¿Les parece a Sus Señorías?
Entonces, se abrirá la votación, y le daré la palabra a los Senadores señores Girardi y Chahuán, y luego, al señor Ministro.
¿Habría acuerdo para proceder de esa manera?
Acordado.
En votación la indicación renovada del Gobierno.
--(Durante la votación).
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señora Presidenta, creo que muchos de nosotros tenemos dudas en cuanto al mecanismo de estabilización de precios de la energía eléctrica.
Yo acabo de votar a favor de la idea de legislar respecto de este proyecto, pues finalmente me parece que estamos frente a una urgencia y queremos resolverla en el corto plazo, en lo inmediato.
Pero el que muchos de nosotros nos hayamos pronunciado favorablemente en general -y es lo que deseo plantearle al Ministro- no quiere decir que estemos de acuerdo con el mecanismo o con el instrumento.
Señalo esto porque estimamos que lo que debemos revisar es justamente cómo están operando aquellos aspectos que tienen que ver con la fijación tarifaria, con la rentabilidad de las empresas.
Son temas fundamentales que, a mi parecer, debieran ser motivo de discusión a propósito de todos los servicios públicos regulados, como el agua potable y cada uno de aquellos relacionados con la electricidad.
Ahora, si uno quiere hacer una apuesta en serio, no hay ninguna razón para que Chile -y esto resulta muy paradojal-, siendo uno de los países que tienen los precios de energía solar más bajos del planeta, mantenga tarifas elevadas. Y esto va a ser cada vez más un contrasentido. La tendencia tecnológica, por lo menos en el desarrollo de la energía solar, es hacia un sistema de costo marginal cero. Hoy el megawatt-hora cuesta 29 dólares, en circunstancias de que hace diez años costaba 200 dólares. La caída ha sido vertiginosa y exponencial, y seguirá siendo vertiginosa y exponencial. Es muy probable que en cinco años más tengamos una tarifa de 10 dólares, y lo más seguro es que, en un tiempo razonablemente breve, lleguemos a 5 dólares el megawatt-hora de energía solar.
Por lo tanto, no se va a entender que no se asocie el precio que paguen los chilenos y las chilenas con un costo de producción de energía solar cuya tendencia, insisto, apunta al costo marginal cero.
De ahí que, si de verdad queremos disminuir las tarifas eléctricas, el gran desafío del país debe orientarse a la energía solar y a las energías renovables.
Hay gravísimos problemas de contaminación en Coyhaique. Y no se puede entender que, teniendo recursos hídricos, no se construyan centrales de pasada, que no significan represar, o incluso centrales eólicas de pertenencia regional. Esto permitiría dar energía gratuita a toda la comunidad y más encima liberar, por ejemplo, a Coyhaique de sus altos niveles de contaminación, cuyas mediciones han estado dentro de las más elevadas del planeta.
Son políticas que, a nuestro juicio, debieran desarrollarse y tener una perspectiva regional, considerando tanto el punto de vista de la salud de la población como la vocación de uso de nuestros territorios en potenciales energéticos que son únicos en el mundo.
Nosotros tuvimos una larga conversación con el Ministro para desarrollar la energía del hidrógeno. Chile, en diez años más, si hay ambición y si hay visión, le dará energía limpia y barata no solo a Chile, sino a todo el planeta. Debemos interconectar nuestro desierto de Atacama con toda Latinoamérica, con Europa, con China, a través de cables de alto voltaje. Tenemos que convertirnos en los principales productores de hidrógeno del mundo porque la energía del futuro será justamente el hidrógeno. Incluso, podríamos tener fundiciones de cobre que, en vez de usar carbón, con alta huella de carbono y generador de problemas de contaminación, como los que existen en Puchuncaví y Quintero, utilicen ese elemento. El hidrógeno se puede combustionar y tiene un poder calorífico tres veces superior al carbón y al petróleo. Es lo que viene, y ya no es solo el futuro, sino también el presente. Por ende, resulta muy lamentable que nosotros, poseyendo todos esos potenciales, todavía estemos en una edad media.
Me parece que toda esta discusión tarifaria hay que hacerla; debemos regular justamente cuáles van a ser las rentabilidades máximas aceptadas para esta industria, pero creo que los incentivos y la obligación que hay que ponerles a las empresas deben orientarse, precisamente, hacia donde Chile tiene esas oportunidades.
Creo que una condición para poder sostener una concesión o para ser un monopolio regulado en nuestro país es que aquellas avancen en los potenciales que posee Chile, únicos a nivel mundial, como es el desarrollo de la energía solar en la zona del desierto de Atacama; el desarrollo del hidrógeno, y, en la zona patagónica, el uso de la hidrología, es decir, los sistemas hídricos de pasada.
¿Me da un minuto adicional, señora Presidenta?
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
¡Un minuto, señor Senador!
El señor GIRARDI.-
Ahí tenemos grandes potenciales. Menciono, por ejemplo, el río Baker. Y otro tanto se da con la energía eólica.
Me parece que estamos mirando el tema de una manera muy limitada, desde una perspectiva muy poco ambiciosa, y lo que Chile necesita es otra cosa. Aquí tenemos una inmensa oportunidad, que requiere una política estructural que, a la larga, puede ser beneficiosa no solo para el país, sino para todo el planeta.
He dicho.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Senador Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señora Presidenta, primero quiero destacar la reacción del Gobierno, que presentó este proyecto de ley en forma inmediata. Felicito, por supuesto, al Ministro Jobet. Creemos que, sin lugar a dudas, forma parte de la agenda social de la cual hay que hacerse cargo. Es una materia de urgencia y habrá muchas más, pero, ciertamente, acá ha habido prontitud para evitar que esta alza del 9,2 por ciento impacte finalmente en los hogares de nuestro país.
Sin embargo, más allá de considerar que el proyecto se ha presentado en forma ágil, que responde a un sentido de urgencia y que va en la línea de contar a la brevedad con una agenda social contundente, la indicación en votación establece un index, que corresponde al índice de precios al consumidor de los Estados Unidos, el cual se halla prácticamente dentro de los mismos márgenes que el IPC de nuestro país.
Lo importante es que este proyecto de ley responde a la voluntad del Gobierno del Presidente Piñera en cuanto a ir generando una contención de la crisis social, aun cuando estimamos que se debe hacer un esfuerzo mucho más sustantivo. Nosotros hemos llamado a generar un nuevo pacto social que involucre la posibilidad de concordar con la sociedad civil, coordinada con el mundo del trabajo, con el mundo de la empresa y con la propia política, un entendimiento acerca de cuál ha de ser el acuerdo social que regirá para el Chile de los próximos veinte o treinta años. Y eso implica un esfuerzo de convergencia que hay que realizar.
Pero, mientras eso no ocurra, hay que hacerse cargo de las urgencias, porque, si no somos capaces de distinguir la discusión del acuerdo social mayor con el desarrollo de una agenda social contundente, la política se va a tornar irrelevante para solucionar los problemas de los ciudadanos.
Por eso, coincido en que esta agenda social, estos proyectos de ley del Presidente Piñera, van en la dirección correcta. ¿Nos gustaría un esfuerzo mucho más sustantivo en diversas otras áreas? Por supuesto, pero también tenemos que alejarnos de los populismos. Todos los problemas del país no se van a resolver en un solo día.
Y, en ese contexto, hay que entender claramente que focalizar los recursos de que se dispone para que los hogares chilenos no se vean impactados con el incremento del 9,2 por ciento de las tarifas de la energía eléctrica apunta, sin lugar a dudas, en la dirección correcta.
He dicho.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Senador José Miguel Insulza.
El señor INSULZA.-
Señora Presidenta, cuando hace un rato debatimos en general el proyecto, se hizo mención a algunos factores que realmente traen problemas en los precios, los cuales habrá que revisar cuando discutamos -espero que en algún momento lo hagamos- la fijación de las tarifas y los famosos polinomios que nos están creando bastantes dificultades.
Uno de esos temas, por cierto, es el margen de ganancia de los empresarios, pero otro es la fluctuación del dólar. Yo no alcanzo a entender por qué razón se está tratando de insertar la fluctuación del dólar en una fijación de precios que cada vez más, como dijo el Senador Girardi, son de generación interna del país, y que, al margen de eso, ayudaría a crear una enorme distorsión en los mismos precios. En los últimos meses las fluctuaciones del precio del dólar han sido obvias. Eso influiría en la forma en que se calcula el índice de precios al consumidor de Estados Unidos, el cual, trasladado a pesos chilenos, subiría nuestras tarifas.
Por ese motivo, y sin pronunciarme demasiado sobre los aspectos técnicos del proyecto, creo que, si aprobamos la indicación, vamos a estar adelantando un problema. Vamos a tener esta dificultad cuando hablemos de una forma de fijación de precios que sea más justa para los consumidores. Y yo me atrevo a decir, por tanto, que la indicación será contraproducente, por lo cual la voy a votar en contra.
Ojalá que tengamos en cuenta esto no solo para la actual licitación sino también para las futuras. La fluctuación del dólar y el margen de ganancia de los concesionarios son los factores que encarecen más las tarifas.
Muchas gracias.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Senador García.
El señor GARCÍA.-
Señora Presidenta, voté a favor de la idea de legislar y también votaré a favor de esta indicación, porque el proyecto tiene un sentido de urgencia y necesitamos despacharlo hoy para que prontamente pueda entrar en vigencia y, de esa manera, evitemos un alza en las tarifas eléctricas, las que, por supuesto, repercuten muy fuertemente en el presupuesto de las familias.
Esta indicación, en particular, debemos observarla muy detenidamente, pues el Senador Insulza, en mi opinión, tiene toda la razón. Por un lado, está la reajustabilidad del precio del dólar, y por el otro, la reajustabilidad de la variación del índice de precios de Estados Unidos. ¿Cuál puede ser el efecto de esto? No lo sabemos. Si el dólar baja, bienvenido sea. Estados Unidos ha tenido una inflación anual del orden de 2 por ciento. Y eso, acumulado en el tiempo, también puede ser una situación difícil para las familias.
Yo quiero que el proyecto se despache y sea ley cuanto antes, pese a que recién se aplicaría el año 2021. Será, por tanto, una materia que tendremos la obligación de ir revisando y monitoreando.
Dicho eso, quiero puntualizar que en nuestra Región de La Araucanía las tarifas, que suben y suben, son un problema, pero también son un problema extraordinariamente grave los reiterados cortes de energía eléctrica, que producen grandes pérdidas para las familias, las cuales muchas veces se ven obligadas a botar todo lo que tienen en el refrigerador, y particularmente para los pequeños empresarios, en especial para aquellos vinculados al sector turístico. Muchas veces hemos tenido fines de semana largos en los que se ha cortado la energía eléctrica en la zona lacustre, en las áreas costeras, en la zona de Nahuelbuta, y el emprendimiento turístico simplemente no puede fructificar con ese tipo de situaciones.
Por lo tanto, ¿qué necesitamos en La Araucanía? Más inversión. Necesitamos inversión que nos dé garantía y seguridad de que el suministro eléctrico no se va a cortar. Por supuesto, ellas deben obtener rentabilidad, pero una rentabilidad regulada, ¡regulada!, porque, como bien se ha dicho, este servicio constituye un monopolio natural. Tiene que haber una rentabilidad regulada, pero es verdad que debe haber rentabilidad.
Por eso, señora Presidenta, insisto: este es un proyecto importante; es un proyecto que va a tener un efecto inmediato en el presupuesto familiar, porque, si no lo aprobamos, el efecto será una subida inmediata en las tarifas eléctricas. Eso es lo que queremos evitar, y es lo que el Presidente Sebastián Piñera ha buscado impedir al enviar esta iniciativa de ley.
Gracias, señora Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra la Senadora Ena von Baer.
La señora VON BAER.-
No intervendré, señora Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
No hay más inscritos.
Por lo tanto, le voy a dar la palabra al señor Ministro.
El señor JOBET (Ministro de Energía).-
Señora Presidenta, seré muy breve, en honor al tiempo y para no abusar de la paciencia de las señoras y los señores Senadores.
Desde luego, este proyecto viene a aliviar la suma de cargas cotidianas que tiene la familia chilena, aun cuando entendemos que una rebaja en las cuentas de luz no va a resolver los problemas que afectan a nuestro país y que juntos debemos enfrentar hacia adelante.
Quiero clarificar que el mecanismo que se establece congela las tarifas en todas las comunas que están en el sistema eléctrico nacional. Y efectivamente, tal como mencionó el Senador Sandoval, tenemos que trabajar para dar una solución a los sistemas medianos y a los sistemas aislados.
Es cierto que la normativa que se está planteando ha sido tramitada muy rápido por la Sala, pero la Comisión efectuó un trabajo de mucho detalle en el cual participaron todos sus miembros -Senadores señores Prohens, García-Huidobro, señora Provoste y señores Guillier y Elizalde-, quienes estuvieron directamente involucrados junto a sus asesores.
Esta iniciativa, obviamente, no resuelve todos los problemas del sector eléctrico ni mucho menos. Nosotros tenemos una agenda muy ambiciosa que aborda otros temas, entre ellos la "Ley corta", que nos va a permitir estabilizar el precio de la porción relativa a la distribución y que espero el Senado pueda votar favorablemente la próxima semana. Y además tenemos una "Ley larga de distribución", en la cual vamos a cuestionar y revisar toda la estructura regulatoria de la distribución eléctrica, normada desde principios de los años ochenta sin cambios sustanciales. Entre otras cosas, vamos a actualizar la tasa de retorno y vamos a ver cómo generamos mejor calidad de servicio y cómo abrir espacios de competencia.
Con respecto al dólar, tema que ha sido mencionado, no es una definición que se haya tomado a raíz de este mecanismo, sino que está contemplado en los contratos desde que ellos fueron suscritos, hace cinco años e incluso en muchos casos hace más tiempo.
Agradezco la contribución y el apoyo de todos, y espero que este proyecto sea una señal positiva más hacia la ciudadanía en el sentido de que podemos ponernos de acuerdo para ir en solución de sus problemas.
Gracias, señora Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
A usted, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Terminada la votación.
--Se rechaza la indicación renovada del Ejecutivo (21 votos en contra, 17 a favor, 1 abstención y 1 pareo), y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaron por la negativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, Elizalde, Girardi, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Letelier, Montes, Pizarro, Quintana, Quinteros y Soria.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger y Von Baer y los señores Allamand, Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Kast, Moreira, Pérez Varela, Prohens, Pugh y Sandoval.
Se abstuvo el señor Ossandón.
No votó, por estar pareado, el señor Lagos.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 15:10.
Daniel Venegas Palominos
Jefe de la Redacción subrogante