REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 367ª
Sesión 50ª, en miércoles 25 de septiembre de 2019
Ordinaria
(De 16:26 a 19:48)
PRESIDENCIA DE SEÑORES JAIME QUINTANA LEAL, PRESIDENTE,
Y ALFONSO DE URRESTI LONGTON, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rincón González, Ximena
--Sandoval Plaza, David
--Soria Quiroga, Jorge
--Von Baer Jahn, Ena
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Gonzalo Blumel Mac-Iver, y de Educación, señora Marcela Cubillos Sigall.
Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, y de Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:26, en presencia de 22 señores Senadores.
El señor QUINTANA (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
En primer lugar, quiero saludar a la Senadora Adriana Muñoz D'Albora, quien se encuentra de cumpleaños.
¡Senadora, felicidades le desea la Sala!
--(Aplausos en la Sala).
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor QUINTANA (Presidente).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 47ª y 48ª, ordinarias, en 10 y 11 de septiembre del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
(Véanse en los Anexos las actas aprobadas).
El señor QUINTANA (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor GUZMÁN (Secretario General) da lectura a la Cuenta, documento preparado por la Secretaría de la Corporación que contiene las comunicaciones dirigidas al Senado:
Mensajes
Veintinueve de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con los veintiocho primeros, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
1. El que modifica el Sistema Privado de Salud, incorporando un plan garantizado (Boletín Nº 8.105-11).
2. Sobre administración del borde costero y concesiones marítimas (Boletín Nº 8.467-12).
3. Sobre migración y extranjería (Boletín Nº 8.970-06).
4. El que crea un sistema de tratamiento automatizado de infracciones de tránsito y modifica las leyes Nºs 18.287 y 18.290 (Boletín Nº 9.252-15).
5. El que establece el Estatuto Chileno Antártico (Boletín Nº 9.256-27).
6. El que establece la prohibición gradual de funcionamiento de las máquinas de juego que señala (Boletines Nºs 10.811-06; 9.068-06; 11.892-07; 12.028-06; 12.029-06; 12.030-06; 12.119-06; 12.179-06 y 12.194-06).
7. El que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley Nº 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica (Boletín Nº 11.174-07).
8. El que implementa un Sistema Táctico de Operación Policial (Boletín Nº 11.705-25).
9. El que fortalece la integridad pública (Boletín Nº 11.883-06).
10. El que implementa la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción (Boletín Nº 11.919-02).
11. El que modifica el Código Penal en materia de tipificación del femicidio y de otros delitos contra las mujeres (Boletín Nº 11.970-34).
12. El que crea el Servicio de Protección a la Niñez y modifica normas legales que indica (Boletín Nº 12.027-07).
13. Sobre eficiencia energética (Boletín Nº 12.058-08).
14. El que modifica la ley Nº 19.039, de Propiedad Industrial, la ley Nº 20.254, que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y el Código Procesal Penal (Boletín 12.135-03).
15. Proyecto de acuerdo que Aprueba el "Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico" entre Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, los Estados Unidos Mexicanos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, la República de Chile, la República del Perú, la República de Singapur y la República Socialista de Vietnam, y las cartas intercambiadas en el contexto del mismo, todos suscritos en Santiago, Chile, el 8 de marzo de 2018 (Boletín Nº 12.195-10).
16. El que establece normas especiales para la entrega voluntaria de armas de fuego a la autoridad, fija obligaciones a esta, determina un plazo para la reinscripción de dichas armas y declara una amnistía (Boletín 12.229-02).
17. El que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado (Boletín 12.234-02).
18. El que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública (Boletín 12.250-25).
19. El que modifica diversos cuerpos normativos en materia de integración social y urbana (Boletín 12.288-14).
20. Sobre información y rendición de cuentas de gastos reservados (Boletín Nº 12.332-05).
21. El que moderniza la carrera funcionaria en Gendarmería de Chile (Boletín Nº 12.431-07).
22. Sobre reconocimiento y protección de los derechos de las personas con enfermedades terminales y el buen morir (Boletín Nº 12.507-11).
23. El que rebaja la rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica (Boletines Nºs 12.471-08 y 12.567-08, refundidos).
24. El que modifica el Código Procesal Penal con el objeto de permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de conductas que la ley califica como terroristas (Boletín Nº 12.589-07).
25. Proyecto de acuerdo que aprueba el "Convenio Constitutivo del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y sus Anexos A y B", suscrito en Beijing, República Popular China, el 29 de junio de 2015 (Boletín Nº 12.603-10).
26. Proyecto de acuerdo que aprueba el "Protocolo Modificatorio del Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Popular China para Eliminar la Doble Imposición y para Prevenir la Evasión y la Elusión Fiscal en relación a los Impuestos sobre la Renta", suscrito en Santiago, Chile, el 29 de mayo de 2018 (Boletín Nº 12.604-10).
27. De modernización laboral para la conciliación, familia e inclusión (Boletín Nº 12.618-13).
28. El que adecua el Código del Trabajo en materia de documentos electrónicos laborales (Boletín Nº 12.826-13).
Con el último, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación del proyecto de ley que amplía el procedimiento de relocalización a concesiones de acuicultura que indica y establece permisos especiales de colecta de semillas (Boletín Nº 11.317-21).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Adjunta diversas resoluciones dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto de las siguientes disposiciones:
-Artículo 1º, inciso segundo, de la ley Nº 18.216.
-Artículo 17 B, inciso segundo, de la ley Nº 17.798.
-Artículo 199 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 199, de 2006, del Ministerio de Salud.
-Artículos 1º, inciso tercero, y 485 del Código del Trabajo.
-Artículos 139, inciso primero, y 140, primera parte, del Código Tributario, y 768, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil.
-Artículo 53, inciso final, de la ley Nº 19.880.
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Informes
De la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece normas medioambientales y de adaptación al medio climático para la industria alguera (Boletín Nº 12.758-12).
De la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en el ámbito de los recursos bentónicos (Boletín Nº 12.535-21).
De la Comisión de Educación y Cultura, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece la obligación de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de contribuir al fútbol amateur (Boletín Nº 11.817-04).
Segundo informe de la Comisión de Educación y Cultura, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Párrafo 5º de las Disposiciones Transitorias de la ley Nº 21.091, sobre Educación Superior, y otras normas legales (Boletín Nº 12.385-04).
--Quedan para tabla.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Terminada la Cuenta.
PROMOCIÓN DE SIMPLIFICACIÓN LEGISLATIVA
El señor QUINTANA (Presidente).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que promueve la simplificación legislativa, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.595-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 42ª, en 20 de agosto de 2019 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 49ª, 24 de septiembre de 2019.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Los principales objetivos del proyecto son los siguientes:
1) Facultar al Presidente de la República para que, en conjunto con el Parlamento, el apoyo técnico de la Biblioteca del Congreso Nacional y las sugerencias que formulen la Corte Suprema y la Contraloría General de la República, elabore el Plan de Revisión Legislativa, que contendrá las leyes de una antigüedad no inferior a veinte años que deban ser expresamente derogadas por encontrarse en desuso, obsoletas o tácitamente derogadas por leyes posteriores.
2) Derogar expresamente cien leyes publicadas entre 1893 y 1927.
3) Conceder el carácter de oficial a las ediciones de la Constitución Política de la República, de los Códigos de la República, y la legislación nacional puestas a disposición del público por la Biblioteca del Congreso Nacional.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutió la iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores De Urresti, Harboe, Huenchumilla y Pérez Varela.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 26 a 37 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Es todo, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Gracias, señor Secretario.
En discusión general.
Tiene la palabra el Senador Víctor Pérez, quien hará el informe en representación de la Comisión de Constitución.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, el proyecto que ahora conoce la Sala del Senado se encuentra, como lo dijo el señor Secretario, en segundo trámite constitucional y sus objetivos son los siguientes:
Primero, facultar al Presidente de la República para que, en conjunto con el Parlamento, con el apoyo técnico de la Biblioteca del Congreso Nacional y las sugerencias que formulen la Corte Suprema y la Contraloría General de la República, elabore el Plan de Revisión Legislativa, que contendrá las leyes de una antigüedad no inferior a veinte años que deban ser expresamente derogadas por encontrarse en desuso, obsoletas o tácitamente derogadas por leyes posteriores.
El segundo propósito es derogar expresamente cien leyes publicadas entre 1893 y 1927.
Y el tercer objetivo es conceder el carácter de oficial a las ediciones de la Constitución Política de la República, de los Códigos de la República, y la legislación nacional puestas a disposición del público por la Biblioteca del Congreso Nacional.
En la exposición de motivos de esta iniciativa, el Jefe de Estado recuerda que en nuestro país han existido varios y valiosos esfuerzos para recopilar y sistematizar las leyes que nos rigen. Ejemplo de lo anterior es el trabajo conjunto de la Contraloría General de la República y del Diario Oficial, plasmado en la obra titulada Leyes de la República de Chile 1810-2010, que da testimonio de más de cuarenta mil normas de rango legal dictadas a lo largo de doscientos años de historia legislativa.
Agrega que, en paralelo a ese trabajo, no ha existido -¡no ha existido!- una labor metódica e institucional de análisis y evaluación de la vigencia de las leyes que nos gobiernan.
Afirma que el ordenamiento jurídico ha crecido exponencialmente y cuenta con varios miles de textos jurídicos, entre los que se encuentran leyes, decretos leyes y decretos con fuerza de ley, dando origen a un sistema legal que se ha expandido inorgánicamente y sin un mecanismo de control capaz de evaluar periódicamente su efectiva vigencia.
A partir de tales antecedentes, señala que con esta iniciativa se persigue dar inicio a la eliminación dentro del ordenamiento jurídico de aquella legislación que, con el devenir de los años, ha caído en desuso, obsolescencia o ha sido superada por leyes más modernas.
Luego, destaca que otras naciones han llevado a cabo procesos similares al propuesto. Así, por ejemplo, Italia en el año 2005; Argentina entre 1998 y 2014; Perú entre 2009 y 2011, y Costa Rica en el año 2013.
Seguidamente, hace presente que uno de los pilares de un Estado de derecho es la certeza jurídica. Un sistema legal claro, ordenado y simple facilita el conocimiento y la comprensión por parte de la ciudadanía, simplifica su aplicación y cierra los espacios a la corrupción y a la arbitrariedad.
A su turno, un ordenamiento de estas características es el presupuesto para decisiones judiciales previsibles y estables, que, a su vez, es la garantía para los ciudadanos del resguardo de sus legítimos derechos.
Por lo dicho, estima que es necesario dar inicio a un proceso de depuración y ordenamiento legislativo, pues solo avanzando en el estudio y análisis metódico de las leyes que nos gobiernan se podría identificar la normativa olvidada que no ha sido expresamente derogada, pero que, en el tiempo, la historia y las leyes han superado.
Así, al Presidente de la República le asiste la más plena convicción de que es necesario derogar expresamente aquellas leyes antiguas claramente en desuso, obsoletas o que han sido tácitamente derogadas por leyes más recientes.
Este trabajo constituye un punto de partida indispensable para avanzar ordenadamente en un sistema de derecho actualizado, simple y armónico, que entregue las certezas y garantías que requiere la ciudadanía.
Finalmente, destaca que se ha decidido dotar de oficialidad a las normas constitucionales y legales puestas a disposición del público por la Biblioteca del Congreso Nacional, en formato digital, atendidas las virtudes que ofrece esta modalidad, que otorga acceso a la legislación nacional y a la información relacionada con ella de manera libre, gratuita y al alcance de toda la ciudadanía y, al mismo tiempo, ofrece garantías técnicas suficientes para desempeñar esta función, sin poner en riesgo la indispensable certeza jurídica.
El proyecto aprobado en general por la Comisión de Constitución consta de tres artículos permanentes y una disposición transitoria.
El artículo 1 establece que cada cuatro años el Presidente de la República elaborará, a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con el apoyo de las Secretarías Generales de la Cámara de Diputados y del Senado, un Plan de Revisión Legislativa, cuyo objeto será la identificación de las leyes de una antigüedad no inferior a veinte años que deban ser expresamente derogadas por encontrarse en desuso, obsoletas o tácitamente derogadas por leyes posteriores.
Para la elaboración de ese Plan se contará, además, con el apoyo técnico de la Biblioteca del Congreso y se tendrán en cuenta las sugerencias que formulen la Corte Suprema y la Contraloría General de la República.
Asimismo, durante su etapa de elaboración, se abrirá un período de consulta pública y participación ciudadana, por los plazos y en la forma que defina el propio Plan.
Una vez concluido ese trabajo, se remitirán sus resultados al Presidente de la República para la presentación del respectivo proyecto de ley.
Seguidamente, el artículo 2 deroga expresamente cien leyes dictadas entre los años 1893 y 1927. Se trata de una enumeración miscelánea que abarca materias tributarias, fiscales, de personal, de prescripción, de importación de bienes, de plantas de servicios públicos, de alcoholes, de sanciones administrativas, entre otras.
Al efecto, se establece que la derogación de leyes no afectará las situaciones jurídicas consolidadas ni los derechos adquiridos a su amparo que no se hayan extinguido por una causa legal, ni eximirá al Estado del cumplimiento de las obligaciones establecidas por ellas que se encuentren vigentes. Tampoco afectará las modificaciones que ellas hayan efectuado sobre otras leyes.
El artículo 3 dispone que tendrán el carácter de oficial las ediciones de la Constitución Política de la República, los Códigos de la República y la legislación nacional puestas a disposición del público por la Biblioteca del Congreso Nacional, las que deberán sujetarse a las normas de la ley Nº 19.799, sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha Firma.
Lo anterior es sin perjuicio de lo que establece la legislación vigente respecto a la Editorial Jurídica de Chile, lo preceptuado por la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República y la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en lo relativo a los textos publicados por la referida Editorial.
Finalmente, el artículo transitorio estatuye que el primer Plan de Revisión Legislativa se deberá elaborar, a más tardar, el primer día hábil del mes de junio del año siguiente a la publicación de la ley en el Diario Oficial.
Una vez analizado el proyecto por la Comisión, y sin perjuicio de que por la unanimidad de sus miembros presentes se acogió la idea de legislar, se insistió en la necesidad de contar, en el trámite de discusión en particular, con todos los antecedentes que resulten atingentes para asegurar la pertinencia de la derogación de las cien leyes propuestas, con el objetivo de precaver eventuales consecuencias indeseadas en el futuro y no afectar situaciones jurídicas consolidadas.
En último término, hago notar que el informe de la Comisión da cuenta del trabajo realizado, consignando las intervenciones efectuadas, la discusión de los preceptos abordados y el acuerdo alcanzado al respecto.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE.-
Señor Presidente, en una página del informe el propio Presidente de la Comisión solicita un análisis de la Biblioteca respecto de los impactos que tendría la derogación de las leyes propuestas. Pido que tal estudio se haga llegar a todos los Senadores y las Senadoras antes de la discusión en particular.
El señor QUINTANA (Presidente).-
¿Habría acuerdo para acceder a la solicitud que ha planteado la señora Senadora?
Así se acuerda.
Tiene la palabra el Senador Iván Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, como aquí se ha señalado y es importante reiterarlo, la idea matriz del proyecto consiste en dotar de oficialidad a las normas constitucionales y legales puestas a disposición del público por la Biblioteca del Congreso Nacional, en un formato digital, y adoptar medidas tendientes a limpiar el ordenamiento jurídico de normas defectuosas, inadecuadas, que han caído en desuso, son obsoletas o están tácitamente derogadas.
Entre los fundamentos de la iniciativa, destaca la certeza jurídica, en la medida que permite mayor claridad acerca de las normas jurídicas y facilita la comprensión de la ciudadanía en esta materia.
También, la correcta administración de justicia y el resguardo del Estado de derecho. Es fundamental que haya una depuración de las normas, toda vez que el desuso no implica la derogación de estas, abriendo la posibilidad de conflictos entre disposiciones vigentes. De esa forma se evitarían arbitrariedades.
El proyecto consta de cuatro artículos, cuyo contenido lo ha detallado el Senador Pérez, además de entregar los antecedentes legislativos.
Solamente quisiera hacer los siguientes comentarios.
En Chile las leyes comenzaron a numerarse el año 1893. Desde entonces a la fecha, se han publicado 21.168 cuerpos legales.
El proyecto se enmarca en la agenda de modernización del Estado, basado en una serie de recomendaciones de organismos internacionales. En ese sentido, una iniciativa de este tipo permite mirar la integridad del ordenamiento jurídico de forma más pulcra.
Además, busca contribuir a la certeza jurídica favoreciendo un sistema jurídico más claro, sin lagunas, promoviendo la depuración legislativa, con el fin de mantener la armonía del ordenamiento jurídico.
Por otro lado, señor Presidente, el proyecto busca potenciar el rol de la Biblioteca del Congreso Nacional como órgano técnico. Es importante destacar que no en todos los países existe un acceso electrónico a la ley, lo que posiciona a nuestro país en la vanguardia del trabajo legislativo técnico.
La Biblioteca del Congreso cuenta con más de 336 mil normas de diversa jerarquía, a texto completo; con más de 72 mil visitas diarias, y con un total, durante el año 2018, de 32.508.199 páginas vistas.
Dicho sistema tiene por objetivo promover el conocimiento del Derecho, porque la sola publicación de la ley no es suficiente, debido al limitado acceso al Diario Oficial y a la gran cantidad de normas que se dictan; contribuir a la democratización de la información jurídica mediante un sistema gratuito de fácil acceso universal; fomentar la transparencia de la información legislativa, y, finalmente, facilitar la certeza y seguridad jurídica.
Es importante también señalar que la Biblioteca contribuye al conocimiento de la historia de la ley al publicar las discusiones parlamentarias de todos los proyectos.
Asimismo, resulta relevante considerar que derivado del derecho a la información está el derecho a la información legislativa. En este sentido, es importante tener en cuenta que el acceso a esa información debe ser expedito, además de facilitar el acceso a una información veraz. Sin embargo, conviven en el sistema numerosas normas vigentes, derogadas tácitamente, obsoletas o caducas, textos originales, consolidados o actualizados, textos refundidos, induciendo muchas veces a error a los usuarios y, por consiguiente, generando un perjuicio a la ciudadanía.
Por eso, señor Presidente, considero que debemos votar a favor de este proyecto de ley que promueve la simplificación legislativa.
Gracias.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador David Sandoval.
El señor SANDOVAL.-
Señor Presidente, el Senador Pérez Varela ilustró brillantemente el contexto en el cual se enmarca esta iniciativa de ley.
Fundamentalmente, se trata de un mensaje y una visión de modernización en un ambiente donde las herramientas digitales y las plataformas abren un cúmulo de oportunidades y posibilidades para transparentar, para mejorar, para facilitar el acceso a la información de un mundo, a veces, árido para el usuario común, como son las leyes, los reglamentos y los códigos.
En nuestro país hay más de veintiún mil leyes vigentes, y nos encontramos con sorpresas, con normativas que regulan diversas situaciones, como una que facultaba al alcalde de Tacna para que, en aquellos años, realizara determinadas rebajas tributarias.
Y también está la ley N° 2, relativa a "los derechos específicos que deben pagar los azúcares a su internación".
Evidentemente, a eso le podemos sumar que cuando un vecino o una vecina quiere acceder a una norma jurídica, legal, a veces -como señaló la Senadora Luz Ebensperger hace un rato- revisa o visita códigos que incluso ya han sido derogados o modificados reiteradamente.
Por eso, este esfuerzo de cambio, de modernización, de simplificación legislativa, reviste evidentemente un aspecto fundamental, como es facilitar, mejorar y perfeccionar el acceso legítimo que debe tener la comunidad para llegar al conocimiento de las leyes que la regulan. Y, en tal sentido, nos parece que esta depuración legislativa va en directa sintonía con lo que nosotros esperamos de un ordenamiento jurídico moderno y acorde con las necesidades de la sociedad.
Este es un proyecto de ley sencillo, consta de cuatro artículos, que evidentemente -como bien lo señalaba el Senador Moreira- va en la dirección de la urgencia de modernizar el Estado y, fundamentalmente, cuenta también con un aspecto significativo: la Biblioteca del Congreso dispone de más de trescientas treinta y seis mil normas de distinta jerarquía. La comunidad accede a ella para realizar diversas consultas. Por eso, pienso que el perfeccionamiento de las normas que facilitarán este acercamiento va absolutamente en la dirección correcta.
El acceso a la información debe ser expedito y veraz. Por lo tanto, terminar con la convivencia de algunas normas jurídicas que fueron derogadas hace ya mucho tiempo y a las que, a veces, las comunidades recurren creyendo que están vigentes, tiene pleno valor, porque es lo que se necesita para ponernos a tono con las tecnologías actuales y para facilitar el acceso expedito de la comunidad.
Por lo tanto, votaré a favor de este proyecto.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra, a continuación, el Senador Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, sin lugar a dudas, este proyecto tiene una correcta inspiración.
No cabe la menor duda de que es bueno tener un mecanismo de evaluación permanente en nuestra legislación y derogar las disposiciones que estén obsoletas o que hayan quedado en desuso. Ello, partiendo, por supuesto, de la base de que la derogación expresa de la normativa garantiza una mayor certeza jurídica, porque todo lo relativo a la derogación tácita requiere otro debate.
Antes de dar una opinión más amplia sobre el proyecto, yo quiero señalar que es importante que esto se modernice, en términos de tener un sistema que permita ir despejando leyes, en fin. Pero deseo llamar la atención de esta Sala respecto a que no podemos seguir postergando la modernización del Senado en la dimensión legislativa. ¡No podemos seguir postergándola!
Es posible decir: "Bueno, es lo que hay, sigamos como estamos". Pero la vida nos exige transformar, modernizar, reformar la manera de construir el proceso de producción de la ley, así como las distintas iniciativas se discuten con la ciudadanía.
A mi juicio, tenemos problemas, tenemos retraso, y tenemos que asumirlo. O sea, no podemos hacernos los lesos.
Hoy día tenemos 1.190 leyes en tabla en el Senado, ¡1.190 leyes! ¿Qué parlamentario presenta un proyecto de ley cuando sabe la dificultad que deberá enfrentar para que sea puesto en el Orden del Día?
Tenemos un exceso de Comisiones, algunas con trabajos muy desiguales, y debemos ver cómo reordenamos esto.
Tenemos un espléndido equipo de secretarios y de abogados ayudantes que podríamos perfectamente repotenciar en muchos sentidos. Hay gente muy calificada acá.
No podemos seguir tratando todos los proyectos de igual manera. Los hay con distintas exigencias, que requieren formas de tramitación diferentes.
Tenemos una Biblioteca del Congreso Nacional con 12.500 millones de pesos, que debería ser un factor muy dinamizador de los conocimientos para producir la ley.
Tenemos una oficina de presupuestos, que ha costado bastante sacar adelante, que es clave.
Tenemos viajes al exterior. Porque los viajes no responden solamente a diplomacia parlamentaria, sino también al proceso de vincularnos al debate en el mundo respecto a los temas de las decisiones legislativas. Y esto es muy parecido a lo que se realiza en todos los parlamentos.
Finalmente, quiero mencionar algo que existió hasta hace un tiempo en el Congreso, pero que ya no tenemos: la revisión técnica de las leyes.
Había un dispositivo en torno a la coordinación legislativa para revisar los proyectos de ley antes de que llegaran a la Sala o cuando eran despachados por esta. Pero hoy día no tenemos esa revisión técnica. En fin.
Solamente quiero llamar la atención respecto a la necesidad de modernizar estos procedimientos.
Cuando se decidió modificar la forma de designar al Secretario y al Prosecretario, y cambiarlos, fue para modernizar el sistema. Esto tenía una dimensión administrativa, pero otra distinta a la legislativa y a la de comunicaciones.
Yo lo único que estoy tratando de hacer es llamar la atención.
Está bien esta iniciativa, pero preocupémonos de la necesidad de ver en su conjunto este desafío, que esta generación del Senado puede no asumir, pero que le corresponde hacerlo.
En relación con el proyecto mismo, ya señalé que tiene una correcta inspiración y que hay que aprobarlo en general. Quiero destacar el rol que se le dará a la Biblioteca del Congreso Nacional como compilador oficial de la normativa vigente, a través de su portal Ley Chile, a la cual hay que actualizar y darle el rango oficial que no tiene.
Me parece bien derogar algunas leyes: cien. Pero me llama mucho la atención que, por medio del propio estudio de la Biblioteca se haya llegado a la conclusión de que, de esas cien, había tres que no correspondían. En este sentido, parece necesario que también revisemos las cien. O sea, no podemos solo aprobar lo que se nos propone, sino que debemos revisar las cien leyes y ver cuáles de ellas podrían tener algún tipo de vigencia y de significado en el mundo actual.
Yo estaría de acuerdo con el marco de los artículos 2 y 3.
En relación con el artículo 1, creo que se requiere mucho más debate en particular en la Comisión, porque el mecanismo que se crea no da igual tratamiento a los dos órganos que la Constitución define como colegisladores: el Presidente de la República y el Congreso Nacional.
Se refuerza el presidencialismo al concentrar en el Primer Mandatario y en la Segprés la compilación de la información, la propuesta, la iniciativa para presentar el plan y el proyecto de ley, con todas las consultas que hay en el proceso. Entonces, me parece que eso se debe precisar muy bien, porque de ninguna manera este proyecto puede reforzar el hiperpresidencialismo que tenemos y debilitar el peso del Congreso en la iniciativa respecto a estas materias.
El hecho de que quienes formulen la propuesta respectiva en la comisión que defina esto sean los dos Secretarios Generales, que aparecen coordinando la interacción con la Segprés, está bien en un nivel técnico. Pero, en definitiva, resulta claro que el Poder Legislativo se encuentra radicado en las dos Cámaras, por lo que han de ser sus cabezas las que ejerzan un rol muy decisivo, y cualquier propuesta, al igual que deba ser procesada por el Presidente, también lo tendrán que hacer las Cámaras en una etapa intermedia.
Este no es el único modelo en el mundo. Hay otros ejemplos. Me han informado que en el modelo alemán de compilación para depurar, decantar y declarar obsoletos ciertos proyectos, en fin, se le da un rol muy central a las Facultades de Derecho, como centros de pensamiento especializados de la cultura jurídica, así como a las unidades de estudio de la Corte Suprema, de la Contraloría, del Tribunal Constitucional y de la Biblioteca del Congreso. Estas también hacen un proceso técnico y, en definitiva, son las que presentan ciertas propuestas a la autoridad política, procesándolas a través de otra comisión técnica, pero siempre manteniendo una vinculación con aquellos centros de pensamiento.
Quiero plantear, con mucha fuerza, que debemos aprobar este proyecto, pero sabiendo que se requieren cambios, precisiones y equilibrios mayores en la discusión en particular, en especial del artículo 1, que si bien tiene algunos cambios, es perfectamente posible fortalecerlo, como lo dicen en el informe tanto el Senador Huenchumilla como el Senador De Urresti. Ambos hacen la advertencia de que hay que asegurar equilibrios, porque puede haber una interpretación que genere una situación de bastante desequilibrio.
Hay que aprobar el proyecto. Y, reitero, no podemos seguir postergando la decisión de hacer reformas sustantivas en lo legislativo en el Senado de la República.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Me han pedido abrir la votación.
La señora ALLENDE.-
Conforme.
El señor QUINTANA (Presidente).-
No. No hay acuerdo.
Además, se ha solicitado autorización para el ingreso a la Sala de la Subsecretaria de Educación.
Tampoco hay acuerdo
Tiene la palabra el Senador Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, a ver, creo que este es el tipo de proyecto que quizá no tiene el mismo escenario comunicacional o la lógica de interés público que otros. Y algunos podrán catalogarlo de relativamente fome, como alguien me lo planteó al ver la tabla de hoy.
Contra eso, fíjese que me pasa algo distinto. He seguido el debate de los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, y creo que este es un ejercicio muy importante en una democracia. Yo comparto muchas de las visiones con que cada uno se acerca a este proyecto.
¿Sabe, señor Presidente? A mí me pasa lo siguiente.
A mi juicio, el ordenamiento legislativo de un país y la certeza jurídica son elementos centrales en el correcto desarrollo de los derechos y también en la estructura de las obligaciones. Y no hay nada que pueda ser más complejo que el que se carezca de absoluta certeza respecto de aquello que en su momento puede funcionar o no, y más que por la aprobación, por la mantención en el tiempo de normas no fijadas para un período específico, porque el proyecto establece que no se hará cargo de las leyes con un año de vigencia, porque estas se entienden derogadas, o con un objetivo específico porque también ocurre algo semejante, sino de aquellas disposiciones legales instaladas y que al no ser nunca modificadas -después hablaremos de cómo se modifica o caduca una ley- tienen una vigencia dormida, por así decirlo. Claro que mientras nada ocurra en el sentido contrario, es relativamente irrelevante, hasta que a alguien se le ocurra que rija algo que fue diseñado para otra fórmula.
Yo estudié Derecho Comercial con el profesor Julio Chaná, uno de los más grandes profesores que ha habido, creo yo, en Chile. Y él hacía referencia a eso. De ahí que me estaba acordando y logré llegar a los apuntes respectivos -no a través de mí, sino de algunos amigos que me lo recordaron-, en que él hablaba de un famoso decreto ley 520, del año 1932, del Gobierno de Carlos Dávila.
Carlos Dávila tuvo un Gobierno muy breve, pero durante él se dictó un decreto mediante el cual se declararon expropiables empresas que se negaron a producir los artículos fundamentales que pidiera determinada Administración.
Pasó el Gobierno de Carlos Dávila, y con el tiempo, ese decreto, que tenía un objetivo determinado, al no derogarse ni modificarse, fue utilizado como forma de hacer política. No haré referencia a quién lo hizo ni a cómo lo hizo.
De alguna manera, el hecho de que vayan quedando normas jurídicas latentes genera grados de incerteza jurídica que quizás uno no alcanza a advertir en una generación, pero que en cierto momento explotan en forma muy muy fuerte.
Por eso, señor Presidente, el proyecto me parece un gran avance.
Yo comparto en algo lo que se ha planteado. Quizás esto requiere otras modificaciones más sustanciales, pero es necesario que cada cierto tiempo digamos: "Mire, hagamos una revisión de las cosas que dejaron de tener sentido". Pienso que es indispensable en un Estado de derecho.
Además, yo trato de suscribir pocos proyectos, porque creo que en esta materia la abundancia no es sinónimo de hacer las cosas mejor. Me acuerdo de un Senador para mí muy importante, al que alguna vez le reprocharon ser un mal parlamentario porque no había presentado iniciativas de ley. Y él decía, con una inteligencia bastante absurda, "mejor pregúntenme cuántas leyes he derogado o cuántas he evitado". Eso puede ser una marca muy relevante de lo que valora o no valora un parlamentario en determinado período.
En esa misma línea, me parece que estos ejercicios son muy significativos para tener la capacidad de analizar un ordenamiento legislativo en cuanto a aquello en que hay o no certeza.
Lo digo además por un segundo elemento. La derogación de una ley -y esto lo analizamos quienes en algún momento estudiamos Derecho- tiene distintas formas. Una de estas es la que buscamos por esta vía, y que a veces se logra en algunos proyectos de ley, que es la derogación expresa: "derógase la ley tanto, estableciéndose esta otra".
Eso debió haber constituido un ideal legislativo.
Hay otras que son orgánicas, que son un poquito más complejas, pero uno entiende que, cuando una ley equis pasa a ser una ley i griega, las normas contenidas en aquella dejan de ser aplicables, aun cuando no se plantee expresamente.
Y la más compleja es la derogación tácita. Me tocó ejercer el derecho, tramité muchos juicios y he leído algunas cosas -es bien interesante el informe de la Comisión de Constitución, porque hay buenos planteamientos en ese sentido-, y también se discutía: "Oiga, pero esto se encuentra vigente, no está derogado"; "No, pero es que esto se halla tácitamente derogado por esta otra ley". Eso es fuente de incertezas. Y a todos nos tocó, en algún momento dado, discutir y luchar contra esa lógica.
Como en Chile no tenemos una cultura de derogación expresa, en general, sino una tendencia a la derogación orgánica, tácita, me parece que orientarnos a este principio ordenador apunta en un sentido absolutamente correcto, que a mí por lo menos me interpreta plenamente.
Nada mejor que cuando hay un sistema de derecho actualizado, simple, armónico. A eso deberíamos apuntar todos dentro de nuestros esfuerzos, y no siempre lo hacemos.
El Senador que me antecedió en el uso de la palabra hacía referencia a algunas ideas de otros países. En este sentido, una de las experiencias que más me tocó ver, curiosamente, fue la de que por cada proyecto de ley presentado debieran incluirse dos leyes que se deroguen.
Eso existe hoy en algunos países, para que vean la lógica curiosa de legislación en esta materia. Y, ¿para qué? Para buscar, finalmente, que vaya quedando la esencia de lo simple, de lo armónico, de lo que funciona.
Eso es parte de los debates, a mi juicio, importantes.
Por eso, hace bien el Presidente Piñera al generar una institucionalidad permanente para la revisión y adecuación de leyes vigentes.
Esto no obsta -me hago cargo de ello- a que cualquier parlamentario pueda plantear la derogación de una ley. Eso se hace. Lo hemos hecho. Uno puede decir: "Yo quiero derogar la ley tanto". Pero esto es distinto: genera una obligación para el Presidente, a quien le corresponderá en cuatro años más, y con las asesoría de los Secretarios Generales o con una vinculación directa, proponer al Parlamento de esa época a lo menos un conjunto de cosas que se deban modificar. Y podríamos discutirlas.
Si uno mira el proyecto, claro, que sea cien el número de leyes por derogar es un número simbólico. Podrían ser cincuenta o mil, no tengo idea, probablemente mil o cinco mil. Pero los símbolos son importantes, pues van en la lógica de ir ordenando el sistema jurídico en nuestro país.
En definitiva, señor Presidente, me parece que esto apunta en un sentido mucho más profundo que lo que podría sugerir la denominación de este proyecto, que para algunos es una lata. Porque esto al final tiene que ver con tratar de generar escenarios de cultura donde al ciudadano se le hagan las cosas más simples, más fáciles de entender. Y eso, obviamente, va en una línea adecuada.
Capítulo aparte -es distinto, pero a mi juicio también apunta en un sentido correcto- es lo que se genera respecto de las validaciones de las leyes hacia delante, del rol que se le asigna a la Biblioteca del Congreso Nacional, cuestión que considero muy importante, al concederles el carácter de oficial a las normas constitucionales y legales que ponga a disposición del público. En mi tiempo había que ir a comprar los códigos. Eso alguna vez nos tocó a nosotros. Hoy día es distinto, cuando existe esta capacidad para disponer de esa información.
Entonces, darles a las normas constitucionales y legales el carácter de oficial tiene obviamente una relevancia muy grande; es una responsabilidad para el Parlamento, pues aquí no nos podemos equivocar. Uno podrá cometer errores en otras cosas, pero acá no podemos equivocarnos, porque esto pasa ya a tener un rol distinto del que antiguamente podría haber simbolizado la Editorial Jurídica de Chile, que para esos efectos no podía equivocarse.
Aquí se instala un rol en el Parlamento muy trascendente, que imagino asumirán ambas Cámaras. Yo tengo confianza en que se está haciendo bien el trabajo. Sin embargo, deberemos realizar un doble esfuerzo, porque en esta materia los errores no están dentro de lo aceptable.
Así que me parece bien lo que se plantea en este proyecto; considero que es una señal potente. No por ello vamos a cambiar en 24 horas todo lo que ha sido una cultura quizás un poco más desordenada en el ámbito legislativo. Pero, sí, aquí se dan señales. La vida está hecha de símbolos, lo que no obsta a que exista una reflexión mayor con respecto a los sistemas institucionales legislativos, los cuales comparto plenamente.
Pero no cabe duda de que este es un paso importante para hacer leyes más entendibles, simples y armónicas en Chile.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador José Miguel Durana.
El señor DURANA.-
Señor Presidente, el proyecto de ley que se someterá a votación en general en esta Sala establece que el Presidente de la República cada cuatro años, en coordinación con el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el Congreso Nacional, las Secretarías Generales tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, realice o focalice un plan denominado de "Revisión Legislativa" al objeto de visibilizar las leyes que con más de veinte años de antigüedad se encuentren en desuso, sean obsoletas o hayan sido derogadas tácitamente por leyes posteriores.
La iniciativa establece un procedimiento de consulta pública y participación ciudadana para los efectos de la derogación de las normas, que deberá estar contenido en un Plan de Revisión Legislativa.
Al respecto, y dada la aplicación de nuevas tecnologías a la sistematización y actualización de las bases de datos, el período de cuatro años establecido en el proyecto de ley me parece absolutamente excesivo.
Si bien esta labor de revisión legislativa debe desarrollarse con el mayor respaldo técnico y rigurosidad, dado que están en juego aspectos que conforman la seguridad jurídica, no me parece aceptable que sus frutos solo se vean cada cuatro años. En definitiva, la labor legislativa debe ser eficiente no solo en la creación de textos legales, sino también en la identificación de aquellas normativas que en la actualidad se encuentran en desuso, obsoletas o derogadas tácitamente.
El sistema de consulta ciudadana establecido en el proyecto de ley me parece adecuado. Sin embargo, no es conveniente que la duración y características de dicha consulta varíen de acuerdo al plan de revisión legislativa de que se trate.
Hoy contamos con los medios tecnológicos para que este proceso de consulta ciudadana sea permanente, y no veo razones para no permitir que los ciudadanos puedan realizar sugerencias de derogación de normas de manera constante, de forma tal que los centros de estudio, las universidades o las personas en general puedan tener un espacio proactivo en esta materia.
En este sentido, considero adecuado que lo establecido en la disposición transitoria de esta iniciativa, en cuanto a que el primer Plan de Revisión Legislativa deba ser elaborado hasta el primer día hábil del mes de junio siguiente a la publicación de la ley, debiese ser una norma que se utilice todos los años, de manera que la anualidad fuera uno de los parámetros para los planes de revisión legislativa que se apliquen.
Por su parte, el proyecto dispone en su artículo 2 la derogación de cien leyes que actualmente se encuentran en desuso, laboriosa tarea de identificación de estas normativas que ha realizado el Poder Ejecutivo para proponerle al Congreso Nacional su derogación.
Sin embargo, y no obstante la obviedad de la obsolescencia de muchas de ellas, debemos contar, bajo un criterio general de seguridad jurídica, con un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional, así como con la opinión de la Corte Suprema de Justicia para los efectos de su derogación. Asimismo, en cada caso deberá determinarse si la ley se encuentra en desuso, está obsoleta o ha sido derogada tácitamente por otra ley.
De otro lado, destaco lo dispuesto en el artículo 3 de la iniciativa, en cuanto a las ediciones digitales de acceso gratuito de la Constitución Política y de los códigos de la república, así como de la legislación nacional. Ello aparece como una medida que permitirá el fácil acceso a nuestra legislación, de una forma segura, sencilla y expedita.
Señor Presidente, si estamos legislando para que en el sistema público no haya más papeles, obviamente debemos hacer todos los esfuerzos tendientes a que todas las leyes que generemos en el Congreso Nacional vayan en esa misma línea.
Anuncio mi voto a favor de este proyecto, respecto del cual ciertamente presentaré indicaciones durante la discusión en particular.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Kenneth Pugh.
El señor PUGH.-
Señor Presidente, sin lugar a dudas, el Estado de derecho requiere un marco jurídico actualizado, y para eso el trabajo legislativo es fundamental.
¿Dónde está el problema, entonces, en este proceso? Es un proceso que toma tiempo, que involucra a muchos expertos y que luego de promulgada la ley y del paso de algunos años debe revisarse. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando más rápido de lo que queremos, y, en la práctica, normativas que se dictaron para siempre deben ser examinadas.
Hoy este proceso lo hacemos de forma espontánea: a través de mensajes del Ejecutivo o mediante proyectos de ley iniciados por los parlamentarios y que podemos levantar sobre la base de inquietudes personales. Pero ello no está sistematizado. Y está tan poco sistematizado que ni siquiera las indicaciones que nosotros mismos presentamos están contenidas en la página web que controla nuestro trabajo. Esto lo he hecho ver a la Mesa, y por eso me gustaría destacar el punto.
Creo, sinceramente, que el trabajo legislativo que realiza cada Senadora y cada Senador debe ser reflejado íntegramente. Aquellos que han sido capaces de aportar con sus indicaciones al desarrollo de la ley, incluso en la discusión sobre ella, que es parte de su historia, efectúan una valiosa contribución, porque demuestra su compromiso para mejorar la calidad de las leyes.
Hoy tenemos acceso ilimitado e infinito a información. Hablamos de la big data: tenemos muchísima información, pero no accedemos a ella. Hay un científico que se refiere a esto, y lo cito: "Más data y menos guata". ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestras decisiones deben estar basadas en evidencia.
Ese proceso debe ser certificado.
Por eso, en la primera parte de esta iniciativa, cuando se habla de un plan de revisión y posterior adecuación o derogación de las leyes vigentes, considero importante establecer estándares, criterios, métricas; es decir, qué se está midiendo. Y esto debe ser parte del proceso cuando se formule el proyecto de ley pertinente.
Una ley donde existe capacidad para evaluarla en el tiempo nos va a dar la tranquilidad a todos de que podemos ser un país más justo. ¿Por qué? Porque no habría lugar para actuaciones arbitrarias que podrían ocurrir.
Ayer recordábamos cómo leyes ya dictadas no han surtido el efecto pretendido. ¿Y por qué? Porque las estadísticas así lo demuestran. Tenemos leyes para todo. Pero vamos viendo en el tiempo qué va ocurriendo con su aplicación, y no logran los efectos esperados.
Por lo tanto, podemos perfectamente usar la información disponible, la que, bien integrada, va a generar un mejor proceso.
¿Quién nos puede ayudar en esto? Sin lugar a dudas, la Biblioteca del Congreso Nacional, nuestros asesores principales, el servicio más importante del Parlamento.
Pero también aquí tenemos una situación particular: dado que somos un Congreso bicameral, necesitamos la presencia de ambas Cámaras.
En tal sentido, quiero destacar un proyecto de ley que habla del perfeccionamiento de aquella institución (boletín N° 12.895-07), que básicamente busca la creación de un gobierno corporativo para la Biblioteca.
Deseo felicitar esta iniciativa de los Senadores Quintana, De Urresti, Galilea, Girardi y Moreira. ¿Por qué? Porque están poniendo a la altura de las circunstancias una necesidad fundamental. Hoy somos parte de la sociedad del conocimiento. Y ese conocimiento se halla expresado en múltiples informaciones. No tenemos capacidad para leerlo todo. La cantidad de información publicada en los últimos años es más grande que toda la que se ha publicado en la historia de la humanidad.
Por lo tanto, debemos destinar recursos especiales y dotar a su gente no solo de los medios técnicos, sino también de los conocimientos para lograr aquello.
Pero esto requiere dirección estratégica. Necesitamos contar con esa capacidad. ¿Para qué? Para que podamos tener un ente especializado permanente que nos vaya diciendo, como control de calidad, cómo vamos avanzando. No podemos depender del Gobierno de turno para verificar si esto se cumple en el largo plazo. Por eso se precisa de un tercero confiable. Y ese tercero confiable, sin lugar a dudas, es la Biblioteca del Congreso Nacional. Pero, obviamente, esta debe encontrarse en una nueva condición.
Lo segundo que nos propone el proyecto es derogar cien leyes, por poner un número. Pero la verdad es que podrían ser muchas más. Es increíble ver que efectivamente estemos hablando de normativas del siglo XIX, algunas de 1893, que están vigentes hasta el día de hoy.
Aquello, ciertamente, va a permitir simplificar un poco la gran cantidad de leyes existentes.
¿Pero dónde está el fondo del proceso real de modernización? No se trata solo de abandonar el papel, tal como se ha planteado anteriormente: también es poder vincular información y datos.
Señor Presidente, en noviembre discutiremos la iniciativa más importante que este Parlamento tiene que tramitar: el proyecto de Ley de Presupuestos del sector público. Y nuevamente veremos del orden de 150 a 200 kilos de documentación en papel frente a la testera, información que estará sin vinculación. Por supuesto, podemos poner los pdf respectivos en el iPad. Pero esa información que se halla relacionada no se conecta con nada. No tenemos la capacidad para, por ejemplo, saber cómo estuvieron las ejecuciones presupuestarias de años anteriores; no existe la capacidad para vincularlas entre sí. ¿Por qué? Porque esa información no está sistematizada como datos vinculantes, sino que está puesta ordenadamente en un papel.
La transformación verdadera es la digitalización segura. Y no hablamos de colocar en un computador los datos en formato PDF. El proceso es mucho más complejo: se trata de relacionar información relevante. Y eso es algo que esperamos que ocurra.
Obviamente, tenemos que partir nosotros. No es tarea del Ejecutivo decirnos cómo debemos realizar nuestro trabajo.
Por eso, si bien considero que este proyecto va en la dirección correcta, en el Congreso, y desde el Senado, podemos promover las iniciativas para que esta digitalización segura ocurra de forma adecuada; para que nuestros procesos sean transaccionales, basados en evidencia, y para que podamos recibir incluso sugerencias fundadas en la experiencia de otros países y de otros parlamentos. En tal sentido, quiero citar el caso del parlamento británico y sus petitions: sobre 100 mil solicitudes acerca de alguna materia se empieza a ver la necesidad de legislar al respecto.
¿Y por qué señalo aquello? Porque algunas veces no somos capaces de entender, a la velocidad que se requiere, los acontecimientos de la sociedad.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea el Gobierno en cuanto a simplificar los procesos y a hacer que la certeza jurídica sea la que los ilumine. Pero creo que el medio puede ser mucho más profundo.
En lo personal, un gobierno corporativo para nuestra Biblioteca del Congreso Nacional lo considero fundamental, así como también estimo esencial que nuestros procesos sean transaccionales.
Por lo tanto, habría que sacar al Departamento de Informática del ámbito de administración y finanzas y ponerlo en la parte operacional. Porque son quienes nos van a ayudar a construir leyes vinculadas entre sí y de las cuales sabremos sus efectos. Esas dependencias hoy no somos capaces de verlas. Y por eso hay zonas blancas donde quedan espacios. Es más, en las tramitaciones de los proyectos en ocasiones algunos incisos también quedan en el papel.
Debemos mejorar y perfeccionar nuestro proceso interno de producción y debemos tener un sistema permanente, auditable, que permita velar sobre el aspecto más importante que conlleva este proyecto: la calidad de las leyes.
Estimo que la primera parte de esta iniciativa, que habla de un plan de revisión legislativa y posterior adecuación o derogación de las leyes vigentes, es fundamental.
El problema es cómo hacerlo, quién lo debe realizar, cómo se debe garantizar. En tal sentido, creo que nuestra Biblioteca tiene toda la capacidad para poder ayudarnos en el tiempo. Sin embargo, requiere un gobierno corporativo que no solo considere a los Presidentes de ambas Cámaras (así está previsto), sino también a representantes de ambas ramas del Parlamento (dos Diputados y dos Senadores) y a una persona que trabaje en la Biblioteca del Congreso Nacional.
Sin lugar a dudas, el espíritu acá es modernizar. Pero tenemos que usar las herramientas y la información de que disponemos, porque si no, seguiremos haciendo exactamente lo mismo que hemos venido realizando por doscientos años.
Voto a favor.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra, a continuación, la Senadora Luz Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.-
Señor Presidente, seré muy breve, porque considero que en este Hemiciclo ya se ha mencionado casi todo lo que hay que decir sobre este proyecto.
Efectivamente, actuar en la vida del Derecho requiere conocimiento y certeza jurídica para ejercer de manera correcta los derechos y cumplir las obligaciones que todos tenemos.
Si para los propios abogados no siempre es fácil conocer y llegar a toda la legislación existente en nuestro ordenamiento jurídico sobre determinado tema, imagínense ustedes cómo puede ser aquello para el común y corriente de las personas, que precisan de esa certeza jurídica para desenvolverse en la vida, porque cuando se actúa en la vida del Derecho eso siempre trae consecuencias.
Y trae consecuencias aún mayores por cuanto en nuestra legislación, particularmente en el Código Civil, tenemos establecida una presunción de Derecho, es decir, que no admite prueba en contrario, en el sentido de que la ley se presume conocida por todos y, por lo tanto, nadie puede alegar desconocimiento de ella.
A eso apunta este proyecto.
Porque aquí también se ha dicho que ya nuestro propio sistema jurídico consagra la derogación tácita o la derogación expresa de aquellas normas que han caído en desuso.
Hay derogación expresa cuando la nueva ley señala en forma explícita que deroga a la antigua. Y la derogación tácita procede cuando la nueva ley contiene disposiciones que entran en contradicción con las de la ley anterior.
Sin embargo, la derogación tácita no siempre otorga la certeza jurídica que se necesita para actuar en la vida del Derecho. Y así muchas veces hemos conocido grandes debates teóricos, jurídicos y doctrinarios sobre si una norma se halla o no derogada tácitamente.
Por lo tanto, los objetivos que persigue esta iniciativa son correctos: dar mayor certeza jurídica a la actuación en la vida del Derecho; tratar de que cada cuatro años, con el Plan de Revisión Legislativa, se vaya decretando en forma expresa la caducidad de ciertas leyes que ya no operan, lo que aportará a establecer un sistema mucho más expedito y de fácil acceso para todas las personas.
También me parece muy importante el carácter de oficial que el proyecto les otorga a las ediciones de la Constitución, de los códigos y de las leyes de la república puestas a disposición del público por la Biblioteca del Congreso Nacional.
Considero aquello tremendamente relevante y, además -como ya se ha señalado-, reconoce el gran trabajo que día a día realiza la Biblioteca, no solo para quienes formamos parte del Congreso Nacional, sino también para todos aquellos que puedan utilizar sus servicios.
Señor Presidente, a mi juicio, esta iniciativa cumple plenamente con las finalidades que plantea y que se expresan en su mensaje; cumple con aportar también a la modernización del Estado, a un sistema legislativo más fácil, expedito y de acceso gratuito para todas las personas.
Voy a votar favorablemente este proyecto de ley, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
¿Habría acuerdo para abrir la votación?
Senador Moreira, ¿ahora sí?
El señor MOREIRA.-
Sí.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Bien, se abrirá la votación.
El señor COLOMA.-
Pero con los mismos tiempos.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Claro, y los que han hablado en general también pueden fundamentar su voto hasta por cinco minutos.
El señor COLOMA.-
¡Pero con los diez minutos!
El señor QUINTANA (Presidente).-
De acuerdo, con los mismos tiempos.
En votación general.
--(Durante la votación).
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Rodrigo Galilea.
El señor GALILEA.-
Señor Presidente, este proyecto de ley de simplificación legislativa me parece de primera importancia.
La vigencia de las normas legales es un tema sumamente delicado. Para todos los que han cursado Derecho se trata de una materia primordial, de harto estudio, y que muchas veces es complejísimo.
Para esto siempre nos hemos basado, en la práctica, en lo que dice el Código Civil, particularmente en los artículos 52 y 53, que me voy a permitir leer, porque yo todavía disfruto de las redacciones de Andrés Bello, y me encantaría que todos los Senadores también tuvieran ese mismo gusto.
El señor COLOMA.-
¡Ese placer!
El señor GALILEA.-
¡El placer!
¿Qué dice el artículo 52? Este señala:
"La derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita.
"Es expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua.".
El Senador Coloma planteó algunos ejemplos al respecto.
Continúa la norma:
"Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior.".
Ya el tema de la conciliación será algo naturalmente discutible, y donde haya cinco abogados habrá diez opiniones respecto de la conciliación de esas normas.
Sigue el artículo: "La derogación de una ley puede ser total o parcial.".
Y el artículo 53 señala: "La derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley.".
El señor LAGOS.-
¡Un poeta!
El señor GALILEA.-
Esas son las redacciones fantásticas de don Andrés Bello, que han guiado la formación y el devenir de nuestras leyes y jurisprudencia a través de toda la historia republicana.
Ahora bien, esta iniciativa tuvo una primera parte en un proyecto sobre productividad que fue ingresado en la Comisión de Economía del Senado. Recuerdo que conversamos al respecto con los Senadores Elizalde, Durana y Harboe y la Senadora Rincón, y señalamos que el tema estaba planteado de una manera un poco simple y que pensábamos que iba a complicar más que a desenredar estos asuntos. Por tanto, el Ejecutivo en ese momento tuvo, creo, el buen juicio de retirar los artículos que se proponían en dicha iniciativa.
El proyecto actual es mucho más completo y aborda este tema, que -como decía- es complejísimo.
Hay cuestiones que caen por su propio peso, como el caso de la ley N° 32, que se encuentra en el listado de cien que se proponen para derogar, que dispone: "Autoriza a la Junta de Alcaldes de Tacna para rebajar o suprimir impuestos". Evidentemente, Tacna no es parte de Chile y, por lo tanto, esa ley no corre.
Lo mismo sucede en el caso de la normativa sobre importación y exportación de alcoholes solo en los puertos de Pisagua, Puerto Montt y Coronel. Es evidente que aquello ya no va a estar vigente.
Pero la verdad de las cosas es que habrá muchísimos casos en que la decisión va a ser superdiscutible.
El Senador Coloma hacía mención a un decreto ley dictado en el brevísimo gobierno de Carlos Dávila. Pero, seguramente, si se hubiera propuesto derogar en 1965 el decreto ley al que él hacía mención, no hubiera existido la mayoría parlamentaria para hacerlo, a pesar de que habían pasado más de treinta años desde su dictación y de que el contexto histórico y los objetivos por los cuales había sido decretado ya no tenían nada que ver con esa fecha.
Aun así, estoy completamente de acuerdo en que no porque sea difícil no debemos hacer el esfuerzo para simplificar nuestro sistema legal.
Escuché con mucha atención lo que señalaban el Senador Montes y después, de alguna manera, el Senador Pugh: el artículo 1 de este proyecto de ley, que es una iniciativa bastante breve, en el fondo, establece que el puntapié inicial en estas revisiones lo tiene el Presidente de la República, cada cuatro años, y que participan como asesores la Cámara de Diputados, el Senado, la Biblioteca del Congreso y la Contraloría.
Sin embargo, es perfectamente posible pensar que esta revisión, que se establece cada cuatro años y que nace del Presidente de la República, no opere así, es decir, que no sea cada cuatro años ni que parta en el Ejecutivo. El Poder Legislativo finalmente somos nosotros, el Congreso Nacional.
Pensar que sea una obligación del Congreso, que gatille cada dos años una revisión con la Biblioteca de las leyes que deban ser derogadas, puede ser una alternativa mucho más razonable y permanente, dado que es la Biblioteca la que finalmente, y de forma continua, deberá estar haciendo una revisión de todos estos cuerpos legales.
Por lo tanto, el artículo 1, que apunta en la dirección correcta, podría ser formulado de otra forma, radicando de manera principal este ordenamiento en el propio Congreso.
Creo que existen las capacidades para ello.
De ahí paso a lo que tiene que ver con la Biblioteca del Congreso.
Dentro de lo que analizó la Comisión, se le preguntó al Director de la Biblioteca si estaba capacitado para hacer lo que este proyecto de ley le pide, que es tener tal rigor para que las leyes que publica, a través de formato electrónico, pasen a ser oficiales, o sea, que esto que normalmente se entendió como parte de la Editorial Jurídica nazca de la Biblioteca del Congreso.
El Director respondió que se sentían perfectamente capacitados para asumir esa función. Y, al consultársele si necesitaban más recursos, señaló que no, que con los que poseían era perfectamente posible hacer ese trabajo.
Por lo tanto, pasa a tener mucha mayor importancia el proyecto de ley al que hacía mención el Senador Pugh, suscrito por el Presidente del Senado, Jaime Quintana, y por los Senadores Girardi, Moreira y quien habla, que viene a modificar la gobernanza de la Biblioteca.
En el fondo, esta entidad tiene que ser gobernada de una manera mucho más permanente.
Se propone cambiar la Comisión de Biblioteca, para que esté compuesta por dos Senadores, dos Diputados, que duren cuatro años en sus funciones; que los Presidentes de cada Cámara estén en forma permanente. La idea es que, en definitiva, haya un cuerpo de gobierno estable que le saque provecho a esta institución que tenemos entre manos y que realmente puede ser de una ayuda impresionante en la calidad y en la capacidad para legislar.
Por lo tanto, si sacamos adelante la iniciativa en análisis, modificándole algunos aspectos en el artículo 1, a lo que también estaría dispuesto, y lo juntamos con el proyecto que está en la Comisión de Constitución del Senado, de nueva gobernanza de la Biblioteca, creo que podremos haber dado un paso importantísimo en un tema que, como vuelvo a decir, es delicadísimo.
Derogar leyes de manera expresa es un trabajo muy muy muy preciso, en el que habrá muchas veces más de dos opiniones, pero debemos ser capaces de abordarlo de manera inteligente para ir simplificando nuestro ordenamiento jurídico.
Dicho eso, voto a favor de la idea de legislar, esperando hacer las indicaciones correspondientes, según lo he señalado.
He dicho.
)----------(
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador José Miguel Insulza.
El señor INSULZA.-
Señor Presidente, aprovecho primero para pedir que la iniciativa sobre el Estatuto Chileno Antártico, que se encuentra en la Comisión de Zonas Extremas, pase ya a la Comisión de Relaciones Exteriores para su discusión en particular, como lo hemos acordado con el Senador Pugh.
Eso lo pido antes de hacer mi intervención sobre el proyecto de ley en análisis, con cargo a mi tiempo, en todo caso, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
--Así se acuerda.
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, me gustaría pedirle una interrupción al Senador Insulza para hacer un planteamiento en el mismo sentido.
¿Me permite, Senador Insulza?
El señor INSULZA.-
Sí, cómo no.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Lagos.
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, aprovechando el impulso del Senador Insulza, que está pidiendo que un proyecto de ley pase a otra Comisión, quiero solicitar que la iniciativa correspondiente al boletín N° 10.787-06, que es una moción parlamentaria que busca derogar los artículos 13 y 14 de la ley N° 16.441 (Ley Pascua), a la cual nos referimos el día de ayer, pueda ser enviada, si le parece a la Sala, desde la Comisión de Gobierno a la Comisión de Mujer e Igualdad de Género, porque se trata de un proyecto que aborda temas vinculados con ciertos delitos relacionados con las mujeres.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Entiendo que las Senadoras de la Comisión de Mujer e Igualdad de Género están de acuerdo en que esta iniciativa sea conocida por esa Comisión Especial.
La señora VON BAER.-
¿Cuál proyecto es?
El señor QUINTANA (Presidente).-
El que modifica la llamada "Ley Pascua".
La señora MUÑOZ.-
¡Nos dejaron sin proyectos, así que estaría bien...!
La señora RINCÓN.-
Se pidió ayer.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Esto ya se había solicitado ayer.
¿Habría acuerdo para que el proyecto sea conocido por la Comisión Especial de Mujer e Igualdad de Género?
La señora RINCÓN.-
¡Siempre y cuando no lo manden después a la de Constitución...!
El señor LAGOS.-
¡Y entendiendo que irá a la Comisión de Constitución también...!
El señor QUINTANA (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
--Así se acuerda.
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El señor QUINTANA (Presidente).-
Luego de la interrupción concedida, recupera el uso de la palabra, para fundamentar su voto, el Senador Insulza.
El señor INSULZA.-
Muchas gracias, señor Presidente.
En todo caso, cárguela toda a mi tiempo, porque no espero hablar tanto sobre este proyecto.
En realidad, todavía no entiendo -y ojalá que en la discusión en particular se me explique- cuál es la urgencia y la indispensable necesidad de esta iniciativa.
Aquí el Senador Girardi nos instruye todas las veces que puede acerca de la importancia del big data y la capacidad infinita que tenemos para acumular información. Y yo no veo qué mal nos puede hacer que se mantenga o no en los libros la ley que rebaja de 25 a 15 por ciento el derecho ad valorem por la internación de ciertas piezas para la fabricación de pianos. Desde el punto de vista histórico tal vez sería bueno para algún estudiante conocer dicha ley.
Por lo tanto, en primer lugar, no veo razón para este apuro. Creo que es mucho más importante lo que señaló al comienzo de la discusión el Senador Montes en cuanto a los cientos de proyectos que todavía tenemos varados en este Congreso y la necesidad de que a lo mejor dediquemos ese tiempo a ver cómo sacamos las iniciativas que hoy día existen, antes que a deshacernos de algunos esqueletos que quedaron en el clóset, por ahí, y que no le crean problemas a nadie.
Yo no veo cuál es la importancia de lo que plantea el proyecto.
Además, me complica mucho una iniciativa que altera la forma en que legislamos. Porque aquí habrá una comisión que presidirá el Primer Mandatario y en la que va a trabajar el personal técnico de la Biblioteca del Congreso. Finalmente, el Presidente de la República recibirá un informe de parte del equipo correspondiente y mandará un proyecto para que deroguemos alguna ley, y recién entonces el Parlamento tendrá algo que decir. Me podrán manifestar: "Sí, lo va a decir. Pero las leyes vendrán de una en una". No, no vendrán de una en una, sino de a cien, como lo estamos viendo aquí. Y, ciertamente, de pronto se nos puede escapar alguna ley que no queremos que se nos escape, sobre todo cuando se nos señala que tendrán un rango de antigüedad no inferior a veinte años. De hecho, todos los cambios legislativos que hubo durante la transición, señor Presidente, podrían ser derogados de acuerdo con esta norma, y con menos participación de la que debería tener el Congreso, que ya tiene poca.
Por lo tanto, tengo dudas respecto de la forma en que está estructurado este proyecto. Creo que, tanto por la utilidad como por la posibilidad de derogar de manera distinta leyes que todavía pueden tener vigencia e importancia, esto es algo que a mí no me deja satisfecho, y ojalá que sea muy claramente estudiado cuando lo veamos en particular. No quisiéramos encontrarnos con sorpresas, sobre todo cuando se alude a algunas leyes que en la historia del país tuvieron mucha importancia en algún momento y a otras que, en realidad, se pudieron haber derogado mucho tiempo antes; probablemente, habría sido así.
Ahora bien, la razón que me mueve a votar a favor, a pesar de todo, es el rol que se le asigna a la Biblioteca del Congreso, porque creo que, efectivamente, lo merece. En este sentido, no entiendo mucho las razones por las cuales también se plantea, a partir de esto, la necesidad de realizar una serie de cambios en la Biblioteca. Ya he sido suficientemente conservador cuando he preguntado por qué vamos a borrar estas leyes. Déjenme recurrir a una máxima también conservadora: "Si funciona, ¿para qué lo cambias? Si funciona, ¿para qué lo modificas?".
Para hacer esta intervención, le pedí a la Biblioteca del Congreso que me enviara algunas de las normas dictadas al comienzo de la república en materia de contribuciones de bienes raíces. Y me mandaron algunas que datan de 1817 -fue la primera- y cuyo fin era poder pavimentar, arreglar algunas veredas con cargo al pago de los propietarios que vivían alrededor. Si la Biblioteca del Congreso es capaz de hacer eso, si cuando yo le pido un breve informe acerca de la ley que creó la Región de Arica y Parinacota y me hace llegar en veinticinco minutos un documento de 315 páginas, en el que viene absolutamente todo lo que dijo cualquier Senador o Diputado sobre el tema, realmente no sé qué le queremos arreglar a la Biblioteca del Congreso. Y eso también me preocupa, señor Presidente. Yo, por lo menos, me voy a oponer a muchos cambios que puedan alterar eso.
En suma, mi preocupación por la forma en que se alteran los equilibrios entre el Congreso y el Presidente de la República para la dictación de leyes; la poca importancia que le veo a esta ley, y los cambios en la ley respecto del rol de la Biblioteca del Congreso me hacen pensar que la normativa en proyecto debe ser estudiada con mucha calma, pues no es tan simplificadora y puede ser bastante más compleja.
Al mismo tiempo, llamo la atención sobre la necesidad efectiva de preocuparnos de las mil y tantas leyes que tenemos hoy día, que son leyes actuales...
El señor MONTES.-
Proyectos de ley.
El señor INSULZA.-
... proyectos de ley que tenemos en la actualidad. Y es probable que algunos, a lo mejor, también estén obsoletos y haya que eliminarlos. Y habrá otros que debemos terminar de tramitarlos. Todo ello, en lugar de preocuparnos de esto que -repito- no creo que vaya a entorpecer mucho nuestro proceso legislativo.
Voto a favor, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
¿Habría acuerdo para reducir los tiempos, dado que estamos en la discusión en general, pero fundamentando el voto?
El señor MOREIRA.-
No, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Hay Senadores que ya intervinieron hace un rato y que se han inscrito ahora para fundamentar el voto.
Por esa razón pido reducir el tiempo a cinco minutos.
El señor MOREIRA.-
No, señor Presidente.
Yo también quiero fundamentar mi voto.
El señor QUINTANA (Presidente).-
No hay acuerdo.
Tiene la palabra la Senadora Von Baer.
La señora VON BAER.-
Señor Presidente, creo que quizás se está comprendiendo mal el proyecto, porque este no implica que el Congreso no podrá avanzar en todas las iniciativas pendientes. De hecho, no se trata de una tarea que vaya a recaer fuertemente en el Congreso en su parte más ardua y más difícil. Lo que hace este proyecto es entregarles dicha labor, básicamente, al Ejecutivo y a la Biblioteca del Congreso.
Por lo tanto, no veo motivo para la preocupación que existe respecto a que se lleve a cabo la idea de revocar leyes que ya no están vigentes. No entiendo por qué, como lo plantea el Senador Insulza, esto nos podría distraer del resto del trabajo legislativo que realizamos, porque la verdad es que no es una labor que en su parte más ardua vaya a recaer en nosotros, en el Congreso.
El señor INSULZA.-
Yo me referí a la aprobación de la ley en proyecto.
La señora VON BAER.-
Está bien, la aprobación del proyecto de ley nos va a recaer a nosotros, pero de una manera que no tiene por qué quitarnos tanto tiempo.
Esta iniciativa hace algo que yo creo que es sumamente necesario. Y, de hecho, lo es no solamente desde la perspectiva de las leyes vigentes. Muchas veces nosotros legislamos y en ocasiones no tenemos a la vista lo que se está legislando en otra Comisión y, finalmente, las cosas no siempre quedan de la mejor manera o con la mayor coherencia posible.
En tal sentido, lo que el proyecto busca es, primero, brindar una mayor certeza jurídica, en la medida en que permite una mayor claridad acerca de las normas jurídicas vigentes y facilita su comprensión por parte de la ciudadanía. Yo creo que eso es superrelevante. Muchas veces nuestras leyes son poco comprensibles para la ciudadanía. Y, a mi juicio, parte de la democracia, del buen funcionamiento de la democracia, es que la ley sea fácilmente comprensible por parte de la ciudadanía.
Y eso muchas veces es difícil. Cuando una persona busca un proyecto de ley en la Biblioteca, hay oportunidades en que no le sale la última versión, no le sale el consolidado. Por lo tanto, es complejo. Existen casos en que una ley puede ya estar derogada por otra respecto del mismo tema.
En consecuencia, creo que esa certeza jurídica es tremendamente relevante, pero también lo es la comprensión de parte de la ciudadanía.
Por otro lado, el proyecto procura aportar en la correcta administración de la justicia y el resguardo del Estado de derecho. En ese sentido, es fundamental que haya una depuración de las normas toda vez que el desuso de alguna de ellas no implica su derogación. O sea, puede que tengamos el desuso de una norma y que finalmente eso no implique su derogación; por ende, hay una norma que sobrevive y que quizás, incluso, puede ser utilizada de mala manera o para algo que en su momento no se buscó. Por lo tanto, se abre una posibilidad de conflicto entre normas vigentes, y lo que se busca es evitar arbitrariedades.
Señor Presidente, yo he escuchado a algunos colegas decir: "Este es un proyecto superpoco relevante".
No me parece poco relevante.
Creo que cuando nosotros hablamos de la calidad de nuestra democracia esto es en lo que a veces debemos gastar un poco de tiempo para mejorar esa calidad. O sea, cuando decimos que los ciudadanos deben tener un acceso más claro a nuestra legislación vigente, estamos hablando de la calidad de la democracia.
Entonces, la verdad es que no creo que sea un proyecto poco relevante en ese sentido. De hecho, considero que nosotros debiéramos gastar un poco más de tiempo en pensar qué tan bueno es nuestro proceso legislativo y qué tan buena es la evaluación de lo que sucede después de que terminó el proceso mismo.
En ese sentido, espero que esta sea una de las iniciativas que el Ejecutivo impulse en esta materia. Existen otras dentro del programa de Gobierno que creo que también se debieran promover.
Nosotros -me alegra que tengamos una visión un poco distinta- debemos darle una tarea adicional a la Biblioteca del Congreso Nacional.
Con estos cambios quizá estamos perfilando esa tarea adicional. Por ejemplo, me parece que otorgarle el carácter de oficial a las ediciones en formato digital que publica la Biblioteca sobre las leyes, sobre la Constitución le está entregando una tarea distinta que encuentro interesante.
Siempre hemos visto más bien a la Biblioteca del Congreso Nacional como un órgano de asesoría legislativa. Desde mi perspectiva, quizá habría que revisar un poco cómo funciona. En eso coincido absolutamente con lo señalado.
Creo que como Senado, como Congreso en general, más allá de pedirle cada cierto tiempo un informe específico, estamos bastante lejanos a la tarea de la Biblioteca.
Debiéramos repensar un poco la Biblioteca. Y este proyecto quizás nos ayuda a ir analizando qué más podemos pedirle para que sea más útil para el mejor funcionamiento de nuestro Congreso.
Por ejemplo, nosotros tenemos una problemática en torno a los proyectos que estamos tramitando, y no sabemos si en la Cámara existe una iniciativa igual o parecida que quizá se va a activar en otro momento. Esto nos ocurrió hace muy poco con el texto que propone una ley de etiquetados para los productos lácteos.
Había dos propuestas legislativas al mismo tiempo: una que venía de la Cámara, otra que venía del Senado, y terminaron colisionando en una Comisión Mixta, que fue la forma que encontramos para solucionar esa problemática.
Hubiera sido bastante bueno que en su minuto esto se hubiese advertido, que nosotros en el Senado hubiésemos tenido a la vista lo que estaba haciendo la Cámara, para haberlo unido en algún minuto; haber encontrado una fórmula para no concluir en una Comisión Mixta que finalmente termina viendo los dos proyectos completamente de nuevo.
En ese sentido, señor Presidente, creo que la Biblioteca podría también en este punto ser un aporte adicional relevante.
Además, no tenemos en Chile ninguna institución que analice los efectos de la ley, y eso es algo que nos hace mucha falta -quizá el Ejecutivo, a través del Ministro Blumel, nos escucha por ahí-. O sea, una vez que la ley es publicada, una vez que entra en vigencia nadie mide, nadie ve cuáles fueron sus efectos. No se realiza ningún informe al respecto que señale: "Esta era la idea de la ley, esto fue lo que se hizo y este fue el efecto".
Es decir, la ley que nosotros aprobamos ¿tuvo finalmente el efecto que queríamos en el momento en que legislamos? Independiente de si votamos a favor o en contra; no es eso. ¿Logró realmente ese efecto?
Si nosotros tuvimos a la vista, por ejemplo, que iba a generar gasto para el Estado, ¿produjo ese efecto o uno distinto?
Si es que nosotros planteamos que existiría un efecto sobre la economía, ¿lo tuvo o no?
Hoy contamos con la opinión de un Gobierno o de otro respecto de las leyes aprobadas. Pero no existe una opinión de una institución que sea independiente, en la cual todos podamos confiar y que señale: "Tuvo este efecto". Hay otros países que poseen este tipo de institucionalidad, y eso también ayuda a mejorar las normativas.
Esa es nuestra tarea principal: generar y tramitar las leyes.
Por lo tanto, el que nosotros estemos viendo un proyecto que busca mejorar lo que existe hoy en esta materia me parece que es tremendamente relevante. Y espero que otras iniciativas presenten la misma mirada, apunten a la misma meta, porque creo, señor Presidente, que para poder mejorar nuestra democracia no solo debemos escuchar lo que la ciudadanía pide producto de una coyuntura específica, sino también ser capaces de perfeccionar nuestro funcionamiento interno y de tener una mejor dictación de las leyes.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Hemos tenido una dificultad con la red, como Sus Señorías se habrán dado cuenta. Pero nuestro Departamento de Informática ya está superando la contingencia.
Así que agradecemos...
El señor COLOMA.-
¡No vaya a pasar lo mismo con la publicación de las leyes...!
El señor QUINTANA (Presidente).-
No, eso no va a afectar el proyecto en discusión, señor Senador.
A continuación, le corresponde hacer uso de la palabra al Senador Moreira. Pero, como ya intervino durante la discusión en general, le corresponde hacerlo hasta por cinco minutos para fundamentar su voto.
El señor MOREIRA.-
No, señor Presidente, no son cinco minutos.
El señor QUINTANA (Presidente).-
En el caso suyo es así, señor Senador.
El señor BIANCHI.-
Ya lo escuchamos, Presidente.
El señor ELIZALDE.-
Ya habló, pues.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, si hay algo que resulta importante es debatir.
Todos hablan en este Hemiciclo de la necesidad de debatir en forma transparente, aunque quizás este proyecto de ley no tenga el interés de los medios de comunicación. Sin embargo, estamos hablando de un órgano tan fundamental como es la Biblioteca del Congreso Nacional y las funciones que ha de cumplir de acuerdo a esta iniciativa que busca promover la simplificación legislativa.
Yo sé que el Senador Insulza -por su intermedio, señor Presidente- ha hecho presentes sus aprensiones, pero creo que estamos desviándonos del objetivo de este proyecto en la discusión, en su idea matriz.
A mí me parece que es un proyecto interesante.
¡A ver, no es la panacea! Pero, de alguna manera, es un paso importante en la materia tratada.
Por mi parte, quiero utilizar como argumento, para fundamentar mi voto a favor, la importancia de la labor de nuestra Biblioteca.
Nuestra Biblioteca de verdad ¡es un lujo! Y este Parlamento y nosotros mismos no hemos tenido la capacidad de sacarle mayor partido.
Dicho eso, quiero agradecer el trabajo de las tres asociaciones de los funcionarios de la Biblioteca.
Señor Presidente, yo sé que en algunas ocasiones no lo tratan muy bien a usted, porque debe dirigir las sesiones muchas veces con energía. La labor del Presidente del Senado es difícil: ordenar, llegar a consenso. Pero yo quiero retrotraer la discusión a un proyecto de ley que usted lideró.
En efecto, el Presidente del Senado invitó al Senador De Urresti, al Senador Galilea, al Senador Girardi y a quien habla a presentar un proyecto de ley precisamente para hacer de la Biblioteca un órgano importante o más importante de lo que es.
Hablando de los gobiernos corporativos, tenemos a la Comisión de Biblioteca, que es un órgano directivo constituido por el Presidente del Senado, el Presidente de la Cámara de Diputados y el Director de la Biblioteca, quien actúa como secretario. No obstante, carece de una composición que permita resolver los problemas que se enfrentan, por lo que se ha vuelto necesario hacer un cambio en el tema de los gobiernos corporativos.
A modo de ejemplo, las buenas prácticas de la OECD en este ámbito, recogidas en un documento titulado "Directrices de la OECD
sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas", destacan ciertos requisitos que los gobiernos corporativos debieran cumplir con el fin de llevar a cabo su papel de manera plena.
Y el proyecto de ley propuesto habla de la Comisión de Biblioteca, señalándose que estará compuesta por el Presidente del Senado, el Presidente de la Cámara de Diputados, quienes la integrarán por derecho propio; por Diputados y Senadores de las respectivas Comisiones de Régimen de cada Corporación, en fin.
Esta composición permitirá un mayor trabajo. La idea es que la Comisión se constituya en un elemento que no solamente esté a disposición de las mesas de turno. Porque las mesas están uno o dos años y finalmente no hay una labor que pueda ser permanente.
Este proyecto de gobierno corporativo contó con el concurso de las asociaciones. En ese sentido, señor Presidente, quiero valorar absolutamente su preocupación y el trabajo que realizó con ellas. Nosotros lo acompañamos porque entendimos que una Biblioteca del Congreso Nacional que esté a la vanguardia, integrada por un grupo de profesionales que se encuentren a disposición de los parlamentarios, de una u otra manera, nos ayuda a ejercer en mejor forma nuestra función legislativa.
Señor Presidente, termino mi intervención pidiéndole formalmente que, luego de aprobarse en general este proyecto de ley sobre simplificación legislativa, procure acelerar la discusión de la interesante iniciativa que he señalado, de manera que se coloque en tabla en la Comisión respectiva, para que pueda despacharse.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Álvaro Elizalde.
El señor ELIZALDE.-
Señor Presidente, yo tan solo quisiera recordar que no es necesario que este proyecto de ley se apruebe para que el Presidente de la República pueda hacer lo que aquí se señala. Hay, sí, ciertas diferencias con lo que hoy día existe sin haber legislado sobre la materia.
El Primer Mandatario tendrá que presentar un Plan de Revisión Legislativa, y lo va a elaborar con la colaboración y el apoyo de las Secretarías Generales de la Cámara de Diputados y del Senado, así como con el aporte técnico de la Biblioteca del Congreso Nacional. Además, realizará las consultas pertinentes y acogerá las sugerencias de la Corte Suprema y la Contraloría General de la República.
Asimismo, se plantea que tiene que haber un período de consulta pública y participación ciudadana en los plazos y en la forma que defina el propio Plan.
Pero si el Presidente de la República considera que hay leyes que deben ser expresamente derogadas por desuso, por obsolescencia o por estar tácitamente derogadas en virtud de normativas posteriores, puede presentar un proyecto de ley. Porque, de hecho, a través de este mecanismo lo que va a hacer el Presidente será presentar un proyecto que de todas maneras tendrá que ser considerado por el Congreso Nacional. Tanto es así que, conforme al artículo 2 de esta iniciativa, se derogan cien leyes. Así lo determina esa norma.
Es decir, en el artículo 1 se establece el mecanismo y en el artículo 2 se indica cuáles son las cien leyes que debieran ser derogadas por estar en cualquiera de las hipótesis antes mencionadas: desuso, obsolescencia o haber sido tácitamente derogadas.
Yo voy a votar a favor de la idea de legislar porque me parece que se puede establecer un mecanismo en esta materia, pero creo que quien debiera hacer este trabajo es el Congreso Nacional, cada dos años. A través del apoyo técnico de las Secretarías Generales de ambas Cámaras y de la Biblioteca, se podría hacer un catastro de leyes que, por desuso, obsolescencia o estar tácitamente derogadas, debieran ser expresamente derogadas.
Pienso que la forma en la cual se plantea el proyecto no hace más que reforzar el presidencialismo que existe en nuestra legislación, en circunstancias de que hoy -reitero- el Gobierno puede hacer aquello. Tiene la posibilidad de presentar cuantas veces quiera un proyecto para derogar expresamente leyes que considera que están en desuso, son obsoletas o han sido tácitamente derogadas.
Por tanto, me preocupa que se insista en la lógica cultural que se ha instalado en virtud de la Constitución del 80, a saber, que la legislación que realmente importa es la que tiene iniciativa del Ejecutivo, la que surge a través de un mensaje presidencial, desmereciendo el rol que le corresponde al Congreso Nacional.
En mi opinión, este trabajo perfectamente lo puede hacer el Parlamento: determinar cuáles normativas debieran ser derogadas en forma expresa. ¿Para qué? Obviamente, para evitar esta maraña de leyes vigentes que a veces dificulta la interpretación y hace que leyes que no tienen ningún sentido estén formalmente vigentes.
Dicho lo anterior, quiero insistir en que finalmente tendrá que ser el Congreso el que evalúe si aprueba o no este proyecto de derogación presentado por el Presidente de la República. Y en esto quiero ser bien enfático, porque la evaluación de si se cumple con las hipótesis aquí señaladas le corresponde al Parlamento. Hay leyes que, habiendo estado en desuso, legítimamente podría considerarse que debieran permanecer vigentes. Por consiguiente, esto no puede significar restarle al Congreso Nacional una atribución exclusiva que le corresponde y que le da sentido a este Poder del Estado, cual es pronunciarse respecto de la derogación de las leyes, entre otras materias.
En definitiva, para aprobar una ley o para derogarla se requiere el acuerdo de la mayoría de los integrantes de ambas Corporaciones. Es decir, una iniciativa derogatoria necesita ser aprobada por el propio Congreso Nacional.
Así que insisto, señor Presidente: creo que este proyecto no hace más que establecer un mecanismo y un plazo de cuatro años. De hecho, la norma transitoria establece que en junio del año siguiente a la entrada en vigencia de esta ley tendrá que presentarse el primer proyecto de derogación "masiva", por llamarlo de alguna manera.
Pero esto es algo que el Presidente de la República puede hacer hoy día, que no requiere ninguna de las normas aquí establecidas. Repito: el Poder Ejecutivo lo puede hacer. Y, es más, el propio Congreso Nacional lo puede hacer. Tanto es así -reitero- que cien leyes que se proponen en el artículo 2 de este proyecto van a ser derogadas, si se aprueba.
Señor Presidente, voy a votar a favor, pero estimo que debiera reflexionarse respecto de la importancia que tiene el propio Congreso Nacional como un Poder independiente y del rol que le corresponde en realizar una sistematización de estas materias para determinar aquellas leyes que eventualmente debieran ser derogadas en forma expresa simplemente porque están en desuso, son obsoletas o han sido tácitamente derogadas por leyes posteriores.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Muchas gracias, Senador Elizalde.
Precisamente, por lo que usted ha señalado es que hay también un proyecto de iniciativa de varios señores Senadores que busca fijar un gobierno corporativo distinto para la Biblioteca.
Tiene la palabra el Senador José Miguel Durana, para fundamentar su voto, hasta por cinco minutos.
El señor DURANA.-
Señor Presidente, voy a fundamentar mi voto favorable a este proyecto considerando la modernización del Estado en la cual se enmarca, basado en una serie de recomendaciones de organismos internacionales. En ese sentido, esta iniciativa va a permitir mirar la integridad del ordenamiento jurídico de forma más pulcra.
El proyecto busca contribuir a la certeza jurídica y, por otro lado, potenciar el rol de la Biblioteca del Congreso Nacional como organismo técnico.
Es importante destacar que el Congreso cuenta con más de 336 mil normas de diversa jerarquía a texto completo y con más de 70 mil visitas diarias.
Por lo tanto, el potencial de la Biblioteca del Congreso Nacional merece una principal importancia dentro de lo que significa apoyar este proyecto como un proceso de consulta e información sobre la base de las necesidades de la comunidad en cuanto a estar permanentemente informada.
Por último, es relevante considerar que hay un derecho derivado del derecho a la información: el derecho a la información legislativa.
En ese sentido, es importante tener en cuenta que el acceso a dicha información debe ser expedito y, además, facilitar la posibilidad de acceder a una información veraz.
Sin embargo, hoy conviven en el sistema muchas normas vigentes que se encuentran derogadas tácitamente, obsoletas o caducas; textos originales, consolidados o actualizados, y textos refundidos. Todas ellas inducen a error a los usuarios y, por consiguiente, generan un perjuicio a la ciudadanía.
Pensamos que este proyecto de ley permitirá que el acceso a la información pública sea considerado sobre la base de poder definir qué está vigente actualmente y qué es historia.
De esa manera, la comunidad podrá convivir con un ordenamiento jurídico más estable, más seguro, sostenido en el tiempo y, obviamente, más transparente para todos los ciudadanos.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
A continuación, tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, muy brevemente quiero hacerme cargo de algunos temas que se plantearon, a raíz de los cuales se votaba a favor, pero, de alguna manera, se generaba una duda respecto de la institucionalidad que este proyecto supone.
Y como -insisto- esta es una materia que podríamos calificar como fome pero importante, quiero marcar la relevancia del hecho de que los parlamentos sean capaces de poner puntos de inflexión.
Pienso que este proyecto es un punto de inflexión, es una fórmula de decir "vamos a hacer las cosas de una mejor manera". Ello no significa que las cosas se hayan hecho de mala manera. ¡No! Pero sí se pueden hacer mejor.
Yo ponía el ejemplo de algunos países que modifican sus legislaciones proponiendo derogaciones en conjunto con nuevas leyes, proceso que me parece interesante para generar certeza jurídica.
Algunos Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra señalaron que este tipo de iniciativas son una pérdida de tiempo.
Y yo di el ejemplo de leyes que fueron dictadas durante gobiernos de muy breve duración, cuyas aplicaciones, que todo el mundo sabía que eran inviables, fueron utilizadas de una manera a mi juicio indebida.
Sabemos que la creatividad es muy grande en el ámbito jurídico.
A mí me tocó ver procesos en los que se estaban aplicando leyes y, de repente, surgían algunos argumentando: "No, es que tal norma no ha sido derogada expresamente". Y como lo tácito -lo definió bien el Senador Galilea- es un concepto que desde la época de Andrés Bello resulta bastante complejo de definir, al final terminamos en un entramado que ayuda poco.
Entonces, soy partidario de cambiar procedimientos.
Además, comparto los planteamientos que han hecho otros Senadores en el sentido de que este proceso no debería acabar aquí.
Valoro lo que ha hecho el Presidente Piñera. Entiendo que el Ministro, aquí presente, fue parte importante de esa discusión en términos de generar un punto de inflexión y decir: "Seamos rigurosos, generemos certeza jurídica y tengamos capacidad de derogar".
También nosotros, en el Parlamento -y lo hablaba con algunos colegas-, tenemos que cambiar modos. No podemos tratar de la misma manera proyectos de ley sustantivos e iniciativas que solo se limitan, por ejemplo, a cambiar el nombre de un lugar físico, porque no son lo mismo.
En otros países existen Comisiones especiales que distinguen entre aquellas iniciativas que son más procesales o de trámite, que obviamente requieren aprobación pero no debate, y otras que sí lo merecen, incluso con mayores tiempos.
Quiero recordarles que en los años noventa los primeros discursos en este Parlamento duraban el doble. Si uno lo mira ahora, ¡claro!, era otra época.
Pero hay que atreverse a innovar, y creo que esta iniciativa es un paso significativo que, espero, sea continuo.
En ese sentido, la Mesa de cada Cámara tiene que recoger el guante en cuanto a tomar medidas que hagan más eficiente y útil el trabajo legislativo, buscando certeza jurídica -siempre debemos procurarla- y simplicidad, que es un valor que se ha ido perdiendo.
No he querido hacer referencia a este tema en las discusiones generales o primarias, pero he estado revisando formas de operar o de redactar que son ininteligibles para cualquier ciudadano que pretenda entender bien cómo funcionan las cosas.
Por ejemplo, algunos artículos hacen referencias de este tipo: "Incorpórese en la letra d) del artículo 2°, a continuación de la expresión `ruido,', la frase `luminosidad'"; en la letra d) del artículo 11, la expresión "y glaciares", por "áreas de valor". Y luego dice "el artículo 4° de la ley N° 21.105".
¡Todo eso simultáneamente!
Entonces, creo que existe un sistema respecto del cual nosotros tenemos que reflexionar.
Por eso quiero sugerirle al Secretario General de nuestra Corporación que nos ayude para que los Secretarios de Comisiones, los asesores, que tienen muchas condiciones, también muestren más proactividad en términos de generar normas más simples.
Entiendo que hay un respeto mal entendido en el sentido de lo que podrían decir los parlamentarios, pero a veces echo de menos una asesoría, que es interesante e importante, para elaborar cuerpos legales que sean más fáciles de entender.
Y creo que esta iniciativa ayuda a ello: a hacer más inteligible el proceso legislativo.
Por eso, voto a favor.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, he escuchado con atención el debate que ha generado este proyecto de simplificación tributaria...
Perdón, de simplificación legislativa.
¡El de tributaria es otro...!
El señor GARCÍA.-
¡Ese es de modernización...!
El señor PÉREZ VARELA.-
Así es. ¡Y no de simplificación...!
El Senador Insulza decía que este es un proyecto que no tiene ninguna importancia o cuya importancia es relativa. Por su parte, el Senador Elizalde manifestaba que el Presidente de la República podía hacer esto sin necesidad de presentar este proyecto de ley.
Sin embargo, no podemos negar que en nuestro ordenamiento legal, en nuestros Códigos y en nuestro sistema legislativo existen una serie de leyes que se encuentran en desuso, una serie de normas que claramente están obsoletas y otras tácitamente derogadas.
Esa es una realidad.
No hemos avanzado en la resolución de un problema que, en vez de simplificar, no solo hace más engorrosa la discusión legislativa, sino que también, en muchas ocasiones, distorsiona el uso argumental de las disposiciones en juicios, en procedimientos arbitrales o en contiendas judiciales que se desarrollan de Arica a Magallanes.
Por eso, me parece muy importante, como esto no se hace a pesar de que es posible hacerlo, establecer un procedimiento, un mecanismo para su ejecución, así como también fijar plazos, designar responsables, requerir la participación técnica de las Secretarías Generales de la Cámara de Diputados y del Senado y considerar las sugerencias de la Corte Suprema y de la Contraloría General de la República.
En definitiva, ese procedimiento terminará cuando el Presidente de la República remita un proyecto de ley al Congreso Nacional y, en esa instancia, el debate que se realice en la Cámara de Diputados y en el Senado determine si las leyes que nos envía el Primer Mandatario cumplen con algunos de los siguientes requisitos: estar en desuso, estar obsoletas o encontrarse tácitamente derogadas.
Me parece que el procedimiento que establece el proyecto es absolutamente necesario e indispensable. Porque no se ha hecho. Si no existe ninguna dificultad, ningún obstáculo para hacerlo y nadie lo hace, estamos ante un llamado de alerta para establecer a través de la ley ese procedimiento, esa obligación. E, indudablemente, esto no es ajeno al debate legislativo.
El Presidente de la República nos remite en el proyecto de ley cien normas legales que, según su criterio, debiéramos derogar. Eso nos exige, en el debate parlamentario, un análisis extraordinariamente riguroso para evitar dificultades y problemas sobre ciertas materias, pues podríamos estar derogando leyes que regulan ámbitos que a algún ciudadano le interesan, que tienen injerencia sobre su vida o sus bienes, o que alguna institución las requiere.
Eso va a ser parte del debate.
Ahora bien, es innegable que la atribución que hoy día tiene el Presidente de la República, que utiliza en esta iniciativa, de remitirnos cien leyes va a ser sustancialmente mejorada con el procedimiento futuro dispuesto en este cuerpo legal. Porque no cabe duda de que el Presidente de la República, con la ayuda de las Secretarías Generales de la Cámara y del Senado, de la Contraloría General de la República, de la Corte Suprema de Justicia, podrá hacer un análisis riguroso de cada una de las normas propuestas.
Por lo tanto, cuando llegue ese proyecto de ley al Senado o a la Cámara de Diputados, todos nosotros, o los que estén en ese momento, sabremos que ha sido fruto de un estudio amplio, transversal, realizado por distintas instituciones.
Hoy día lo que nos llega es un análisis hecho solo por el Gobierno, por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y, por lo tanto, no cabe duda de que cualquiera, particularmente aquellos que están en la Oposición, puede tener un grado de suspicacia a propósito de las normas que se desea derogar.
Por el contrario, lo que el Presidente de la República propone aquí es un procedimiento muy amplio, muy transversal, muy técnico, muy jurídico, que permitirá, a distintos estamentos del Estado, analizar con profundidad el tema.
Además, este proceso contará con la participación de la Biblioteca del Congreso Nacional, elemento que me gustaría relevar profundamente en esta discusión, pues dicha institución pasa a tener una relevancia, una profundidad, una importancia que, a lo mejor, ni nosotros mismos le hemos dado, y que jugará ese rol en una tarea tan fundamental como es la simplificación legislativa.
Me parece que el Gobierno asume una tarea que tal vez no tendrá la espectacularidad ni las luces de otros temas que se debaten en el Congreso Nacional y en la sociedad, pero sí ayudará a contar con una institucionalidad y con normas legales que la ciudadanía podrá entender con una mejor comprensión, sin tener que recurrir, para resolver determinado problema, para conocer ciertos derechos que le asistan en cierto ámbito o para saber el camino específico que debe tomar en algunas situaciones, a la revisión de legislaciones que están claramente en desuso, obsoletas o tácitamente derogadas.
No hay duda de que en cualquier situación de carácter judicial nos podemos ver enfrentados a una norma legal que fue dictada en 1920, hace más de un siglo, sin que nadie en el Estado haya analizado o estudiado con rigurosidad si ella carece de razón de existir en nuestro ordenamiento jurídico.
Por eso, señor Presidente, yo considero no solo pertinente y necesario este proyecto de ley. Puede que comparta con algunos Senadores que no es una iniciativa que le vaya a dar espectacularidad a nada, pero sí entregará seriedad, sistematicidad a nuestras normas legales, y posibilitará el conocimiento que la ciudadanía debe tener respecto de cada una de ellas.
Por lo tanto, nosotros vamos a votar favorablemente este proyecto de ley.
Creo que la discusión en particular va a estar centrada en el análisis de las cien leyes que hoy día el Presidente de la República nos propone en el articulado. Y el primer trabajo que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia le ha solicitado a la Biblioteca del Congreso Nacional será de una ayuda técnica muy importante y muy significativa.
Por esas razones, señor Presidente, nosotros vamos a votar a favor de este proyecto de ley.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
A continuación, tiene la palabra el Senador Guido Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente, estamos en un proceso que, aparentemente, intenta modernizar nuestras instituciones y derogar normas e instrumentos totalmente obsoletos, que son centenarios.
Sin embargo, creo que el desafío es todavía mucho mayor. Y lo podría exponer de la siguiente manera.
Tal vez los Congresos van a quedar rápidamente obsoletos y anacrónicos, por lo menos en su forma de actuar. Las leyes, si no tenemos cuidado, serán cada vez más irrelevantes. Muchos ya piensan -yo no comparto esa opinión- que la palabra escrita va a ser reemplazada por una era digital. La palabra escrita tiene que ver con ciertas convicciones que son permanentes. Y algunos dicen que el mundo digital se va renovando, reactualizando permanentemente, y que a futuro ya no van a existir leyes en la forma como las hemos conocido.
De hecho, tan así es que la tecnología -así expresan ellos- supera por lejos a las leyes, y que a futuro estas irán quedando atrás porque el avance tecnológico está haciendo que devengan muy rápidamente en instrumentos irrelevantes.
Tenemos ejemplos al respecto.
Yo fui Presidente de la Comisión que analizó la Ley sobre Televisión Digital. Y este caso es muy interesante: terminamos de aprobar ese cuerpo legal y ya estaba obsoleto. Les pusimos a los medios de comunicación, para la alta definición y el soporte digital, una camisa de fuerza. Incluso, deben hacer inversiones que están totalmente obsoletas.
Por eso, creo que deberíamos derogar esa legislación rápidamente, porque ese mundo ya se terminó.
Ocurre lo mismo cuando, por ejemplo, llega a Chile Uber, que es una plataforma tecnológica. ¿Qué hace Uber? Es una aplicación que no necesita Estado, que no necesita leyes, que no necesita Parlamento. Funciona en otra escala, en otra capa, que es la de una nueva economía, basada en la reputación, en las conductas de los seres humanos. Hay otros parámetros.
De ahí que algunos científicos y científicas, en el mundo entero, están planteando el reemplazo de los parlamentos por máquinas, por robots. Y, en ciertos aspectos, a mi juicio tienen algo de razón.
De hecho, se hizo un estudio en la Corte Suprema israelita, que fue publicado en una revista científica, en el cual se demuestra que sus ministros dictan fallos distintos en función de si han tomado o no desayuno. Cuando no desayunan, sus dictámenes son mucho más duros que cuando lo han hecho. Es un estudio muy serio, muy real, y fue publicado en Nature.
Entonces, muchos dicen: "Bueno, mejor pongamos algoritmos, pongamos robots. Porque cuando los robots dicten fallos lo harán indistintamente de si han tomado desayuno o no, de si ese día estuvieron contentos o no, de si están con depresión o no". Y lo mismo dicen acerca de los parlamentarios.
De hecho, César Hidalgo, científico chileno del MIT, famosísimo, prestigiadísimo, planteó tiempo atrás que los parlamentarios -los Senadores y los Diputados- debiéramos ser reemplazados por robots.
Por tanto, no se trata de un tema baladí, porque esa es una propuesta de las instituciones más importantes del mundo.
A lo mejor este Senado no se ha enterado, pero Silicon Valley, que es como La Meca del posneoliberalismo y de la nueva tecnosociedad, y la Singularity University -que están a punto de hacer un encuentro en Chile-, sostienen que los seres humanos en general estamos obsoletos, que somos anacrónicos y que ya llegó el tiempo de traspasarle todo el poder de decisión a las máquinas.
Y lo de César Hidalgo no hace más que inscribirse en una lógica global de cierta visión del mundo mediante la cual se dice: "¿Saben qué? Las máquinas van a tomar mucho mejores decisiones que los seres humanos".
Yo no comparto esa teoría, pero es algo que viene a pasos aceleradísimos. De hecho, cada vez más nuestras decisiones, por ejemplo desde el Waze, que nos indica cómo salir de la casa, cómo manejar, cómo aterrizan los aviones, están totalmente traspasadas a sistemas de inteligencia artificial.
Tal vez llegará el día en que los seres humanos nos iremos simplificando y la inteligencia artificial nos gobernará.
Creo que eso es muy importante, porque les pone un desafío a los parlamentos para adaptarse al nuevo mundo.
Tengo la convicción de que el mayor síntoma o signo de este tiempo es el aceleramiento, la rapidez de los procesos, el avance de la tecnología. De hecho, la inteligencia artificial es cien veces más potente de un año a otro; en cambio, se ha demostrado que la inteligencia de los seres humanos, según los últimos estudios, en vez de ser más potente, va disminuyendo. Ese dato es muy relevante.
La brecha contra la inteligencia artificial va a ser inalcanzable.
Por lo mismo, ya se abrió una discusión sobre temas éticos en este ámbito.
Ello les impone a los parlamentos del mundo la necesidad de ver cómo se adecuan, cómo reflexionan acerca de tales procesos. El gran tema del siglo XXI es el aceleramiento y, por tanto, la disrupción. Eso significa que varias instituciones van a desaparecer.
No sé si notaron cómo desapareció silenciosamente la agencia gigantesca de aviones Thomas Cook. También le ocurrió a Blockbuster, a Kodak. A nuestro Congreso, si no presta atención, un día le puede pasar lo que a Kodak: desaparecer silenciosamente por irrelevante.
Entonces, debemos ver cómo se obtiene la relevancia; cómo se establece una manera inteligente, rápida, reflexiva de entender nuestra tarea.
A mi juicio, producto de las redes sociales, de la cultura Twitter, de los matinales, que son arreflexivos, tenemos una sociedad que niega la reflexión. Cuando de esta hay mayor necesidad, se quiere espontaneidad, inmediatez, rapidez; o sea, que funcione el tronco medular pero no el cerebro, que el actuar sea solo reactivo. Se valora la reacción, lo que encuentro muy delicado, cuando se necesita más que nunca la reflexión.
El chasis institucional de las iglesias, de los Estados, de todas las instituciones verticales está en crisis. Ya ninguna tiene credibilidad. Creo que la carrera de la obsolescencia es del conjunto de nuestra sociedad.
Por lo tanto, los congresos tienen, justamente, la responsabilidad de reflexionar y de adecuar las instituciones que están obsoletas, que son verticales, anacrónicas y se han vuelto irrelevantes a los desafíos del siglo XXI.
Por eso me parece interesante tal reflexión, que no podemos hacer solos.
La Comisión de Desafíos del Futuro tomó una decisión hace mucho tiempo de intentar dar una respuesta a ello, con el aporte del mundo científico. Esta debe ser la primera Comisión en el mundo que une ciencia con política de forma permanente, donde hay intercambio de opiniones y capacidad de decisión colectiva.
Además, nosotros contamos con la Biblioteca del Congreso Nacional.
Yo pienso que dicha institución debe ampliar su sello: tiene que ser un centro de pensamiento estratégico, un vigía del siglo XXI que esté atento a todas las transformaciones, los cambios e innovaciones que están ocurriendo en el mundo entero. Debiera mirar los procesos legislativos que se están generando desde Estonia hasta Japón, China, Corea del Sur, procesos innovadores que intentan dar respuesta precisamente a esos cambios, que van a causar una metamorfosis a una velocidad inaudita.
¿Para qué? Para autodisruptarnos y no para que nos disrupten y, finalmente, seamos reemplazados por máquinas o algún día por Google.
Dicha plataforma ya está reemplazando a muchas instituciones sociales. Sus aplicaciones ya son megaestados que existen en el planeta.
Tal vez debiéramos empezar a hacer tales reflexiones.
Europa ya no es parte de la geopolítica del siglo XXI. ¿Por qué? Porque no tiene plataformas como Google o Amazon, pues les entregó los datos a los americanos. Si Europa quiere volver a tener pertinencia -por primera vez en dos mil años está fuera de la geopolítica-, a lo mejor le va a tener que pedir -así se ha planteado- a Google que entre a la OTAN para que la defienda, ya que -reitero- no cuenta con aplicaciones de datos.
Los chinos entendieron ese punto muy bien. Ellos tienen sus propias plataformas: Alibaba es lo mismo que Amazon; Baidu es lo mismo que Google; WeChat es lo mismo que WhatsApp. ¡Ellos lo entendieron muy bien!
Por lo tanto, comprenden que la lucha por el siglo XXI, por la geopolítica, por el control de los datos, por la inteligencia artificial implica justamente la gobernanza y el control del ciberespacio.
Pero nosotros estamos a años luz de eso. ¿Cómo hacemos para no estarlo?
Con la Comisión de Desafíos del Futuro le hicimos entrega al Presidente de la República de una propuesta para desarrollar inteligencia artificial. Convocamos a los más importantes científicos y científicas en dicha área.
A mi juicio, la propuesta de incorporar a la Biblioteca del Congreso en esta iniciativa no es menor, pero creo que hay que darle también un rol en el ámbito de la ciencia, como lo hace la POST, la oficina científica de apoyo al Parlamento inglés.
Nosotros construimos un convenio con dicho centro, que les provee a los científicos y parlamentarios visiones independientes respecto a los escenarios que la ciencia plantea para cada uno de los proyectos.
Pero en nosotros hay negacionismo, lo que puede ser parte de nuestro analfabetismo por la poca comprensión de los temas futuros, o a lo mejor es un negacionismo ideológico, que implica no creer en la ciencia, no creer en la evidencia científica.
Por lo menos, debiéramos aventurarnos a que la Biblioteca nos proporcione justamente aquello.
Considero que la Biblioteca, que ha sido muy relevante y que valoro, porque tiene un potencial, una capacidad y una competencia excepcionales, fue muy importante en la propuesta de la Comisión de Desafíos del Futuro en materia de política espacial y satelital y en el último planteamiento que le hicimos al Presidente de la República respecto a inteligencia artificial.
Me parece fundamental que el camino del Congreso sea darle más relevancia al pensamiento, a la reflexión, a la dimensión intelectual, a la evidencia científica.
Apoyo este proyecto -y lo firmé-, no solo porque genera un gobierno corporativo que no depende de las ganas de un Presidente o una Presidenta del Senado o de la Cámara de Diputados, de carácter transitorio, sino porque impulsa una política permanente, de largo aliento, que permitirá a este Congreso reflexionar.
Si no lo hacemos, les puedo asegurar que en unos cuantos años más vamos a ser totalmente irrelevantes, y al final César Hidalgo tendrá razón: mejor que haya robots, inteligencia artificial, en vez de Senadores y Diputados.
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, a continuación, el Senador David Sandoval.
El señor SANDOVAL.-
No intervendré.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Está inscrito el Senador Iván Moreira.
Senador, usted ya ha hablado en dos oportunidades.
El señor MOREIRA.-
Sí. Permítame plantear un punto reglamentario, señor Presidente.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, señor Senador.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, quiero decirle que soy siempre respetuoso del Reglamento, porque creo que ordena el debate.
Por eso no voy a hacer uso de la palabra. Intervine durante el debate y ya fundamenté mi voto.
Le agradezco que me haya querido dar la palabra, pero no corresponde reglamentariamente. La igualdad y los equilibrios en el Senado deben ser permanentes, de acuerdo a nuestro Reglamento.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Gracias, Senador Moreira, por su aclaración.
No hay más inscritos.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (30 votos a favor, 1 en contra, 2 abstenciones y 2 pareos) y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el 21 de octubre, a las 12 horas.
Votaron
por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, Girardi, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Sandoval y Soria.
Votó por la negativa la señora Provoste.
Se abstuvieron la señora Muñoz y el señor Letelier.
No votaron, por estar pareados, los señores Guillier y Quinteros.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor BLUMEL (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Señor Presidente, primero, quiero agradecer la votación.
Este es un proyecto simple, pero creo que es importante por varios de los comentarios que se dijeron.
Contar con un sistema de normas, con un sistema legal que sea claro, conocido y que tienda a la simpleza favorece al buen funcionamiento de las instituciones y del Estado de derecho.
Hay un principio jurídico que señala que las leyes se presumen conocidas. Por eso es deber de las administraciones, del legislador y del Ejecutivo, como colegislador, facilitar el cumplimiento de las normas y su conocimiento y preocuparse por la calidad de estas.
Señor Presidente, se trata de una iniciativa pequeña, simple, pero que tiene un sentido muy profundo -esto es parte de lo que se mencionó en el debate-: avanzar en un pilar fundamental de la Agenda de Modernización del Estado, que presentó el Presidente Sebastián Piñera hace poco más de un mes, que consta de seis ejes. Uno de los principales es mejorar la calidad de nuestras leyes y nuestras políticas públicas.
Y este proyecto apunta precisamente en esa dirección.
Hay un hecho indesmentible: hoy día el entramado normativo, el entramado legal es cada vez más complejo, cada vez más denso, cada vez más frondoso, lo que dificulta el buen funcionamiento de las instituciones y la correcta interpretación de las normas.
De hecho, según el texto Leyes de la República de Chile 1810-2010, que es un informe realizado por la Contraloría General de la República y el Diario Oficial, en nuestro país existen más de cuarenta mil leyes o normas de rango legal. ¡Más de cuarenta mil!
Tenemos la costumbre, la cultura, quizá, por nuestra tradición hispánica, de resolver todos los temas a través de leyes, pero nunca nos preocupamos de mirar hacia atrás y revisar si las normas o leyes están obsoletas, son necesarias o deben ser perfeccionadas.
Por eso, señor Presidente, este proyecto, que establece un conjunto de medidas y cambios para revisar la vigencia de las leyes, apunta en una dirección clave para la Agenda de Modernización del Estado, que es tener mejores leyes y mejores políticas públicas.
Esta iniciativa, en segundo trámite constitucional, que fue aprobada en la Cámara de Diputados por amplia mayoría, dispone tres cosas bien precisas.
La primera es la elaboración de un Plan de Revisión Legislativa, que contará con la participación conjunta de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y considerará las sugerencias de la Corte Suprema y la Contraloría General de la República. Esto es muy importante, porque se genera una instancia de colaboración entre los Poderes del Estado para mejorar la calidad de nuestras leyes.
Por esa razón se establece un Plan de Revisión Legislativa.
Es cierto, como dijeron varios Senadores y Senadoras, que eso mismo se puede hacer sin dictar una ley. Es verdad. Pero hay un hecho irrefutable: nunca se ha realizado. Si no existe un mandato, las cosas urgentes se comen a las cosas importantes, y este tipo de iniciativas relevantes pasan a segundo plano. Por eso estamos impulsando con urgencia este proyecto.
Obviamente, hay otras mil cosas tanto o más importantes por abordar. Pero nos parece relevante y significativo que en la cultura legislativa, en la cultura del debate público, tengamos esta mirada de revisar las normas que están en desuso a fin de ir actualizando nuestros cuerpos legales. La derogación expresa debe primar sobre la derogación tácita, pues eso fortalece el buen funcionamiento de las instituciones.
Este Plan de Revisión Legislativa se elaborará, no cada veinte años, como dijo un Senador, sino cada cuatro, el cual será propuesto al Presidente de la República y contendrá normas con una vigencia no inferior a veinte años. De esa forma buscamos asegurar que las disposiciones sugeridas para su derogación, que se van a revisar en este Congreso naturalmente, no causen efectos posteriores y estén tácitamente derogadas.
En segundo lugar, señor Presidente, se ha propuesto algo que ha sido muy valorado y muy reconocido por la Biblioteca del Congreso, cuyo trabajo tremendamente significativo e importante agradecemos como Ejecutivo: darle a dicha institución la oficialidad de los textos legales.
Hoy día son cientos de miles las consultas que se realizan ahí mensualmente y varios millones al año. El servicio que presta la Biblioteca del Congreso Nacional es muy muy valioso. Entonces, creemos que llegó el tiempo de darle la oficialidad de los textos legales que ahí se publican.
En tercer lugar, señor Presidente, se plantea algo de naturaleza más simbólica, referido a normas -y hemos rechequeado esto- que ya no tienen vigencia. Me refiero a la derogación simbólica de cien leyes.
Nosotros estamos trabajando en incorporar otras cien leyes más que hemos identificado. Queremos seguir realizando esta labor en forma permanente para dar una señal de que es importante simplificar nuestro entramado regulatorio, nuestro entramado normativo.
Había otra norma en el proyecto original, que la Cámara de Diputados no respaldó y que a nosotros nos parecía muy interesante -ojalá se pueda evaluar y discutir en este Senado-, que buscaba establecer la obligación de que en los mensajes del Ejecutivo se señalara expresamente qué normas quedarían derogadas en razón de la iniciativa propuesta.
En algún minuto discutimos la posibilidad de extender tal obligación a las mociones. Pero los parlamentarios plantearon que se les produciría una dificultad a la hora de enviar sus mociones, pues no cuentan con la capacidad o la fuerza suficiente para realizar esas evaluaciones. Tal propuesta podía perjudicar el trabajo legislativo de los parlamentarios.
Sin embargo, nos pareció razonable establecer dicha obligación al menos para el Ejecutivo. Así, el Presidente de la República tendría que señalar, en los mensajes, cuáles leyes quedarían expresamente derogadas con la presentación de los nuevos proyectos.
Esa idea la copiamos de algunos países de la OCDE, en particular de Australia, donde efectivamente hay una disposición que obliga a consignar cuáles normas quedan derogadas cada vez que se dicta una nueva ley.
Ello va creando una cultura de simpleza legislativa; pone el peso de la prueba en la nueva norma, y permite ir avanzando hacia leyes que no van densificando en forma innecesaria el entramado regulatorio y legislativo.
A nuestro juicio, podría revisarse y evaluarse ese aspecto, que nos parece interesante.
Este es un proyecto simple, no de gran complejidad. Tampoco es, obviamente, la piedra filosofal en materia de simplificación regulatoria legislativa. Pero reviste importancia.
Señor Presidente, aprovecho de señalar en este Senado que vamos a complementar esta materia con otro proyecto muy anhelado y relevante. Se trata de la creación de la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas, compromiso que está en nuestro programa de Gobierno. Estamos terminando los estudios y viendo los modelos comparados. Queremos presentar durante el segundo semestre la iniciativa de ley que crea la referida Agencia.
Con lo anterior, señor Presidente, y con el trabajo que hacen otras instituciones, como la Diprés, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la Comisión Nacional de Productividad -creada durante el mandato anterior-, disponemos de iniciativas que, en conjunto con este proyecto, nos permiten avanzar en una cultura y en una práctica de evaluación no solo de la calidad, sino también de la pertinencia de nuestras leyes.
Eso es bueno y necesario. Pienso que le hace bien al funcionamiento de las instituciones, y contribuye en forma muy significativa a la modernización del Estado.
Esperamos que este proyecto sea tramitado rápidamente, que ojalá pronto sea despachado, y que, junto con él, discutamos otras materias que apuntan a modernizar nuestro Estado.
Requerimos contar con mejores leyes, que favorecerán el buen funcionamiento de nuestras instituciones, lo que redundará en el buen funcionamiento de la democracia.
Muchas gracias.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
A usted, señor Ministro.
OBLIGATORIEDAD DE SEGUNDO NIVEL DE TRANSICIÓN DE EDUCACIÓN PARVULARIA
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de Educación Parvularia, con informe de la Comisión de Educación y Cultura y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.118-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 87ª, en 9 de enero de 2019 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Educación y Cultura: sesión 44ª, en 3 de septiembre de 2019.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El principal objetivo del proyecto es implementar el segundo nivel de transición, añadiendo un año obligatorio al ciclo educativo.
La Comisión de Educación y Cultura discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la mayoría de sus miembros. Se pronunciaron favorablemente los Senadores señora Von Baer y señores García y Quintana, y se abstuvieron los Senadores señora Provoste y señor Latorre.
Cabe tener presente que los números 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) y 10) del artículo 1 tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren, para su aprobación, 22 votos favorables.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 50 a 52 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Es todo, señor Presidente.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Muchas gracias, señor Secretario.
En discusión general.
Tiene la palabra el Senador señor Latorre, Presidente de la Comisión de Educación.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente, solamente deseo complementar lo ya informado por el Secretario General.
Este es un proyecto muy simple, muy acotado, que modifica la Ley General de Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de educación parvularia, con informe de la Comisión de Educación y Cultura.
El proyecto consta solo de dos artículos permanentes y dos artículos transitorios, que tienen por objeto implementar el segundo nivel de transición, añadiendo un año obligatorio al ciclo educativo, por medio de adecuaciones a la Ley General de Educación.
La Comisión determinó que los numerales del 1) al 10), excepto el 9), del artículo 1 del proyecto de ley tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por referirse a las materias que señala el párrafo quinto del número 11° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.
Esta iniciativa, originada en mensaje del Presidente de la República, se encuentra en segundo trámite constitucional, en discusión en general, y cuenta con un primer informe de la Comisión de Educación y Cultura, y durante su votación en general en esta Comisión fue aprobada por mayoría: se pronunciaron por la afirmativa la Senadora Ena von Baer y los Senadores García y Quintana, y se abstuvieron la Senadora Yasna Provoste y quien habla (el Senador Latorre).
Es cuanto puedo informar.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, por su intermedio, saludo a la señora Ministra de Educación.
Este proyecto tiene por propósito hacer operativa la reforma constitucional que hizo obligatorio el segundo nivel de transición de la educación parvularia.
Es un proyecto necesario, que hace coherente lo que ya mandatan nuestra Constitución Política y nuestra Ley General de Educación.
Hoy día, si uno compara los textos, lo que dice la Constitución en cuanto a que el segundo nivel de transición es obligatorio y es base para la educación básica es contradictorio con lo que señala el decreto con fuerza de ley N° 2, del año 2009.
Haré un poco de historia, señor Presidente.
Chile ha venido experimentando desde hace veinte años, a través de distintos gobiernos y de la composición de este Senado y de este Congreso, distintos avances en materia de educación parvularia. A esta la hemos ido incorporando poco a poco hasta, finalmente, hacerla obligatoria el año 2013, por lo menos para el segundo nivel de transición.
Fue así como en el año 1999 se modificó la Carta Fundamental, estableciendo la obligación del Estado de promover la educación parvularia. Eso fue con la dictación de la ley N° 19.634.
En el año 2001 se modificó la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza respecto de la educación parvularia, y se dispuso una de las primeras definiciones legales, a través de la dictación de la ley N° 19.771.
El año 2003 la ley N° 19.864 modificó la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, a fin de reconocer a la educación parvularia como un nivel educativo. Esta normativa consagró normas sobre la educación parvularia y regularizó la instalación de jardines infantiles.
En el año 2007 se garantizó el acceso universal a kínder, mediante una reforma constitucional patrocinada por los Senadores don Mariano Ruiz-Esquide y la señora Carmen Frei Ruiz-Tagle, y los Senadores Jaime Naranjo y Carlos Ominami. Ello se materializó a través de la promulgación de la ley N° 20.162.
En el año 2009 se promulga la ley N° 20.379, que crea el sistema intersectorial de protección social. Este sistema crea el subsistema Chile Crece Contigo, cuya misión es velar por el cuidado de los niños en todos sus aspectos: social, emocional y físico.
En el año 2013 se estableció la obligatoriedad de este nivel, modificándose el artículo 19, número 10°, de nuestra Carta Fundamental, a partir de la dictación de la ley N° 20.710, que dice: "Para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia, para lo que financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio menor, destinado a asegurar el acceso a éste y sus niveles superiores. El segundo nivel de transición es obligatorio, siendo requisito para el ingreso a la educación básica.".
Ese es el texto de nuestra Constitución Política (artículo 19, número 10°), que garantiza el derecho a la educación.
Quiero recordar, señor Presidente, que esta modificación a la Constitución, que hizo obligatorio el segundo nivel de transición y lo estableció como requisito de ingreso para la educación básica, fue aprobada por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso Nacional.
El año 2015 se promulgó la ley N° 20.385, que creó la Subsecretaría de Educación Parvularia, con el objeto de colaborar en la elaboración, coordinación, aplicación y evaluación de políticas y programas en materias destinadas al desarrollo y promoción de la educación parvularia. Junto con ello, se creó la Intendencia de Educación Parvularia en la Superintendencia de Educación, cuya función es elaborar y proponer los criterios técnicos, de acuerdo con la alta especialidad del nivel que orienten la función fiscalizadora de la Superintendencia de Educación.
El proyecto de ley que se somete a nuestra consideración esta tarde da cumplimiento al mandato contenido en la reforma constitucional que introdujo la ley N° 20.710, consagrando la obligatoriedad del segundo nivel de transición y creando un sistema de financiamiento gratuito desde el nivel medio menor. Asimismo, esta iniciativa modifica el decreto con fuerza de ley N° 2, del año 2009, del Ministerio de Educación, adecuando sus normas a la implementación del segundo nivel de transición, que conocemos como el kínder, estableciéndolo como obligatorio y, por tanto, constituyéndose como antecedente necesario para ingresar al primer año de educación básica.
Durante su tramitación en la Comisión de Educación, la Subsecretaria, señora María José Castro, expresó que existen cambios culturales, como el que contiene este proyecto, y precisamente se requiere hacerse cargo de los desafíos que estos imponen para enfrentarlos de la mejor manera posible.
Cuando hablamos de cambios culturales, señor Presidente, es porque en nuestro país aproximadamente seis mil trescientos niños no asisten hoy día al kínder. Al consultar a los padres por qué no llevan a sus niños al kínder, muchos responden que consideran que no forma parte de la educación. Y todos nosotros sabemos que cuanto más temprano se comience educando a los niños (por supuesto a través de métodos especiales: que aprendan jugando, que puedan conocer más), favoreceremos mucho más su desarrollo.
Por eso este proyecto es tan importante.
Yo quiero insistir en que en el presente tenemos una incoherencia entre lo que ordena nuestra Constitución Política y lo que señala nuestra Ley General de Educación. Hacerlas coherentes tiene todo el sentido del mundo. Y me parece también que es parte de nuestra obligación que aquello que está mandatado en la Constitución lo hagamos aplicable a través de nuestra legislación.
Por esas razones, señor Presidente, anuncio mi voto favorable.
Creo que esta es una muy buena iniciativa.
No hay duda de que, probablemente, en sectores rurales, en sectores más alejados, en sectores más apartados, la obligatoriedad del kínder va a representar, creo yo, más que un problema, un desafío. Un desafío para los papás, un desafío para las familias, un desafío para los niños, un desafío para las autoridades. Pero son desafíos que nuestra sociedad tiene que asumir. Y son además tareas que tenemos que cumplir, de tal manera que la igualdad de oportunidades llegue a todos los rincones de nuestra patria.
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora Luz Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.-
Señor Presidente, este proyecto tiene como propósito implementar la reforma constitucional que hizo obligatorio el segundo nivel de transición de la educación parvularia, reforma constitucional que fue aprobada durante el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
Se modifica la Ley General de Educación, adecuando sus normas para hacer exigibles la obligatoriedad del segundo nivel de transición, nivel que se constituye como antecedente necesario para ingresar al primer año de educación básica.
Algunos Senadores han manifestado su inquietud sobre la situación de los párvulos que, por razones de fuerza mayor, se vean impedidos de cursar el segundo nivel de transición.
Este aspecto, señor Presidente, queda cubierto con la exigencia de un reglamento que regulará las situaciones de validación, convalidación y casos de fuerza mayor en que no se haya podido cursar dicho nivel, en términos similares a lo que ocurre hoy en el sistema escolar.
La obligatoriedad del segundo nivel de transición se justifica en que, si bien en la actualidad contamos prácticamente con acceso universal a kínder, existe una diferencia en el acceso a la educación parvularia entre los sectores más y menos vulnerables. En Chile, uno de los mayores obstáculos para atraer a más niños a la educación parvularia es de carácter cultural. En efecto, según la encuesta Casen del año 2017, el 62 por ciento de los encuestados con hijos entre 4 y 5 años señala no enviarlos a la educación parvularia pues los cuidan en el hogar; en tanto que el 10 por ciento responde que no le parece necesario que asistan a esa edad.
El 2013, durante el primer Gobierno del Presidente Piñera, se aprobó una reforma constitucional que estableció -insisto- la obligatoriedad del segundo nivel de transición. El proyecto que se tramita actualmente modifica la Ley General de Educación para implementar dicha reforma constitucional, y considero que goza de amplio consenso -así lo he sentido-, por lo que fue aprobado en general por la Comisión de Educación.
La iniciativa también involucra un cambio cultural, ya que transforma el kínder en el primer nivel de la trayectoria educativa de los niños y niñas de Chile, aumentando de 12 a 13 años la escolaridad obligatoria.
Hoy contamos con evidencia suficiente para combatir las desigualdades de nuestro país que se originan en la cuna, resaltando culturalmente la importancia de la educación en la primera infancia.
En esta materia, ha existido una política de Estado que se ha desarrollado durante las últimas décadas. Así, en 1999 se estableció el deber del Estado de promover la educación parvularia; el 2003 se reconoció este nivel educativo; el 2007 se garantizó el acceso universal al kínder; el 2009 se creó el programa Chile Crece Contigo, y el 2013 (en el primer Gobierno del Presidente Piñera, como ya se señaló) se estableció la obligatoriedad de este nivel, modificándose el artículo 19, número 10° de nuestra Carta Fundamental a partir de la ley N° 20.710, que dispone: "Para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia, para lo que financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio menor, destinado a asegurar el acceso a éste y sus niveles superiores. El segundo nivel de transición es obligatorio, siendo requisito para el ingreso a la educación básica.".
Sin duda, señor Presidente, este proyecto es muy necesario, va en el sentido correcto y reconoce la importancia de la educación en la primera infancia. Creemos que es fundamental que tenga una pronta aprobación para que comience a ser una realidad.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador Guido Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente, me parece que estamos viendo proyectos relevantes, pues el desafío de nuestro Congreso es intentar unir la ciencia con la definición de políticas públicas.
Acá observamos un ejemplo muy interesante.
Tengo el convencimiento de que la gran lucha del siglo XX ya cerró un ciclo: generar acceso y ciertos criterios de equidad e igualdad. La lucha del siglo XXI es totalmente distinta, es cualitativa. Yo la llamaría la "lucha de los cerebros". Y no estoy hablando solo de la inteligencia biológica, sino también de la inteligencia artificial.
La gran brecha del siglo XXI estará entre cuánto coeficiente intelectual más tendrá un ser humano respecto de otro. Esa será la mayor desigualdad a futuro.
Se sabe que una persona que tiene diez puntos más de coeficiente intelectual hoy día no solamente goza de mejor salud, sino que vive mucho más, cuenta con mejores recursos económicos, se enferma menos, mantiene una mejor calidad de vida, siente menos depresión. Por lo tanto, buscar que todas las personas accedan a niveles equitativos de coeficiente intelectual es uno de los desafíos centrales de la humanidad, en términos de equidad. ¿Y por qué es importante? Porque justamente estamos hablando de un desafío mayor, ya que la paradoja es que el ser humano no solamente se enfrentará a otro humano: como decíamos, con su cerebro biológico, se enfrentará al cerebro de las máquinas, al cerebro artificial.
Tal vez el cerebro humano sea el órgano más complejo del universo. Es maravilloso. Pero presenta un problema: es lento y no posee la cantidad o la capacidad de procesar los datos como sí la tiene la inteligencia artificial. Y, paradojalmente, a lo mejor nos veremos cada vez más conminados a tener mayor dependencia de la inteligencia artificial, porque ningún cerebro puede procesar la inmensidad de datos que hoy día tenemos por delante, y más aún la inmensidad de datos que nos trae como un verdadero tsunami la era del internet de las cosas que ya estamos empezando a vivir.
Por lo tanto, el desafío es mayor, y los seres humanos debemos preparar nuestros cerebros para eso.
¿Cuál es el problema en la actualidad? Que los mejores profesores del planeta, los mejor pagados, que son los ingenieros, los premios nobeles, están dedicados a educar la inteligencia de silicio. Y en el mundo entero, y Chile no es la excepción, los profesores peor pagados están dedicados a educar la inteligencia biológica; pero, además, con un laboratorio totalmente obsoleto, anacrónico, el aula de clases, que tiene 200 años.
No hay ninguna posibilidad de competir con la inteligencia artificial. Esas brechas van a ir creciendo dentro de los seres humanos, y entre los seres humanos y la inteligencia artificial. Entonces, hay muchas estrategias para mejorar el coeficiente intelectual de los seres humanos e intentar, al menos por un tiempo, que será corto, competir con la inteligencia artificial. En consecuencia, la educación tiene que cambiar. Nuestra educación está hecha para un mundo que ya no existe, es totalmente obsoleta y anacrónica.
Hoy día, ¡claro!, yo valoro el tema del acceso igualitario. Pero eso no basta. La educación está mutilando las capacidades que necesitarán las futuras generaciones para enfrentar los desafíos. De hecho, la mitad de los empleos desaparecerán en los próximos 20 años, eso dicen todos los estudios. Por ello, el proyecto que establece una jornada laboral de 40 horas es para mí, si se quiere, una deuda social del siglo XX, pero no entrega ninguna respuesta a los desafíos del siglo XXI.
El desafío es de la educación: ¿Cómo se adapta esta a un mundo que no existe? ¿Cómo se adapta una educación que sigue formando jóvenes para profesiones que no existirán en 20 años más? Porque los médicos y los abogados no vamos a existir como hoy día. No solo desaparecerán las profesiones de baja complejidad, sino también las de alta complejidad.
Por lo tanto, nuestra educación está absolutamente desenfocada, descentralizada de su objetivo y de los desafíos que vienen.
Asimismo, no estamos formando a los futuros profesionales que deben existir, porque no hay ninguna evaluación acerca de cuáles profesiones necesitaremos a futuro. Y ahí hay una discusión que yo considero apasionante.
Elon Musk está desarrollando, a través de la empresa Neuralink, nanochips que se incorporen al cerebro, porque él dice que la única manera de competir con la inteligencia artificial es aumentando nuestras capacidades neuronales.
La próxima semana estará en nuestro país Rafael Yuste, Director Mundial del Proyecto BRAIN, del Presidente Obama, que tiene 6 mil millones de dólares y dirige setecientos cincuenta centros de neurociencia. Nos visitará junto con los veinte neurocientíficos más importantes del mundo porque Chile será el primer piloto de neuroprotección. Debemos entender que enfrentamos nuevos desafíos, pues ya se pueden leer los pensamientos de los seres humanos, sus emociones, sus recuerdos.
Y tal vez la educación tendrá que ser una neuroeducación. Yo creo que no hay ninguna posibilidad de que nos demoremos 30 años en formar un ingeniero: no será competitivo.
¿Por qué digo todo esto? Porque cuando hablamos de educación, esta tiene que empezar desde muy abajo, desde muy atrás, pues cuando un niño nace posee 100 mil millones de neuronas, pero solo 250 millones de conexiones sinápticas, y se desarrollan en los primeros años de vida entre mil y un millón de conexiones sinápticas por segundo.
¿Qué quiero decir con esto? Que el momento de mayor evolución de niños y niñas se va a dar en los primeros seis años de vida. Ahí se halla el mayor potencial por lo menos del crecimiento neuronal en relación con las conexiones sinápticas.
Un niño -ya lo señalé- nace con 250 millones de conexiones sinápticas, pero a los cuatro años va a tener mil billones -no millones- de conexiones sinápticas.
Por lo tanto, ¿qué estimulación le vamos a ofrecer? ¿Qué foco le vamos a dar? ¿Cuál será nuestra apuesta a la creatividad, a la curiosidad de ese menor, a la estimulación de su cerebro? Porque si no, lo único que haremos será aplastarlo, como lo hace hoy día la educación con nuestros menores, la cual es obsoleta, es anacrónica, es de tiza y pizarrón, es expositiva y no busca estimular la creatividad ni la curiosidad.
Entonces, no solo me parece muy importante que nuestros niños y niñas tengan acceso desde muy pequeños a la educación, y por eso voy a votar a favor de este proyecto: también considero relevante que la educación que reciban no sea dirigista, vertical, aquella que aniquila las capacidades creativas y de curiosidad, las que van a ser fundamentales para la adaptación en el siglo XXI.
Creo que hoy día tanto el sector educacional como el Ministerio de Educación debieran convocar a los pediatras, a la neurociencia, a los científicos justamente para repensar la educación.
Lo que estamos haciendo en educación es un crimen: ¡estamos matando el futuro! Con la educación actual estamos condenando a Chile a permanecer en una especie de Edad Media en la materia.
Señor Presidente, conocí a unas niñas chinas que estuvieron hasta hace poco tiempo en nuestro país. Ellas estudiaron en uno de los mejores colegios privados de Santiago, pero se tuvieron que devolver a su nación. Tienen once años. Y en China, el modelo matemático, el modelo de estimulación, el modelo de desarrollo no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo en Chile.
Acá nos encontramos en una verdadera era de retraso. No vamos a poder competir con China. Y no solo en ese ámbito. Dicha nación tiene 90 millones de científicos y Chile cerca de 15 mil. Allá se gradúan 8 millones de profesionales por año. Ningún país va a poder competir con China.
Pero ellos tienen claro el asunto. Ellos apostaron a la educación, y a una educación del siglo XXI. Los niños chinos y las niñas chinas saben programar. Pero además hay preocupación por el factor emocional, pues disponen de un conjunto de herramientas de contención.
Por eso pienso que debemos aprovechar esta conversación, donde la cuestión que nos ocupa constituye una situación bien marginal. Pero si no ponemos atención, evidentemente nuestros niños y niñas no van a tener ninguna posibilidad de competir en este mundo complejo. Y lo más probable es que mantengamos solo por un tiempo las oportunidades de competir, pues si seguimos alimentando casi monopólicamente solo la educación de la inteligencia artificial despreocupándonos de la inteligencia biológica de nuestro cerebro, creo que tampoco vamos a poder competir contra aquel tipo de inteligencia.
Ojalá que esta clase de iniciativas nos estimulen a realizar un debate un poco mayor también en torno a cuáles son los desafíos de la educación en el siglo XXI.
Señor Presidente, así como lo hicimos con respecto a la inteligencia artificial, con la Comisión de Desafíos del Futuro, en conjunto con Educación 2020, vamos a realizar un foro, para lo cual invitaremos a los principales científicos en neurociencia -lo conversaremos también con Rafael Yuste- para reflexionar sobre cómo ha de ser la educación del siglo XXI y cómo tal vez la neurociencia debe entrar al desarrollo de la educación. Porque, en verdad, no podemos seguir demorándonos treinta años para formar un ingeniero, pues de esa forma no vamos a tener posibilidades de competir contra las máquinas.
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Elizalde.
El señor ELIZALDE.-
Señor Presidente, sin lugar a dudas, tenemos el desafío enorme como sociedad de aumentar los niveles de calidad de nuestro sistema educacional y, también, de cobertura en este ámbito.
Se ha hecho un esfuerzo importante como país, que ha permitido extender la cobertura del kínder o segundo nivel de transición de educación parvularia a más del 90 por ciento de los niños.
Durante el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet se realizó un importante esfuerzo que permitió aumentar de manera significativa la cobertura en la materia. Y en el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera se llevó adelante la reforma constitucional pertinente.
Ahora se establece la obligatoriedad del segundo nivel de transición de educación parvularia, ya no desde la lógica de la oferta que realizan el Estado u otro tipo de instituciones -por cierto, como parte del sistema educativo- al objeto de que los niños puedan acceder al kínder, sino como condición (la obligatoriedad de cursar este nivel) para ingresar a 1° básico.
Comparto el sentido del proyecto, me parece bien intencionado. En esa línea, el Senador García ha sido claro en cuanto a la importancia del acceso a niveles educacionales a la menor edad posible. Mientras más pronto sea el ingreso del niño al sistema educacional, y, por tanto, la estimulación, mejor será la contribución al desarrollo futuro de los menores.
Sin duda, todos somos partidarios de una iniciativa de esta naturaleza.
Por lo tanto, participando del objetivo de este proyecto, sí considero -y aprovecho la presencia de la Ministra de Educación para plantear el punto- necesario tomar ciertos resguardos de política pública, para los efectos de que una iniciativa bien intencionada no termine convirtiéndose en una barrera de entrada que signifique que niños de zonas rurales y pobres y sin acceso hoy día a la educación parvularia, y particularmente al kínder, producto del no cumplimiento de este requisito, no puedan ingresar a 1° básico.
Entonces, de ser aprobado este proyecto, debe ir acompañado de una política de incentivos que permita evitar que esta barrera de entrada termine siendo peor para el futuro de esos menores.
En Chile tenemos experiencia al respecto.
El Presidente Lagos estableció la obligatoriedad de la enseñanza media. Pero antes de la obligatoriedad, se amplió la cobertura. Desde el Gobierno de Eduardo Frei Montalva, a través de la expansión del liceo y posteriormente la de los colegios, se logró una cobertura que hizo realidad que la gran mayoría de los jóvenes terminara 4° medio. Como consecuencia de ello, se dispuso la obligatoriedad. Y hoy día vemos cómo los jóvenes mayoritariamente acceden a la educación superior, en sus distintas categorías o tipos.
Pero aquí estamos determinando un requisito distinto. Ya no es extender la escalera, sino que establecer un primer escalón que constituye un requisito para poder continuar subiendo los distintos peldaños.
Por consiguiente, hay que ser muy cuidadosos de lo que aquello pudiera representar. Porque si bien nuestras tasas de deserción son inferiores a las del resto de los países de América Latina, tenemos tasas de deserción escolar que en las zonas pobres son especialmente preocupantes.
De manera que un proyecto de esta naturaleza, si no viene acompañado de las iniciativas tendientes a que las familias manden a sus hijos al kínder a fin de que continúen subiendo por esta escalera, podría acarrear un efecto negativo pernicioso. Ya no enfrentaríamos un problema de tasas de deserción, sino un aumento del porcentaje de quienes no van a la escuela, de aquellos que ni siquiera ingresan a 1° básico.
Así que, aprovechando que está en la Sala la Ministra de Educación, quisiera plantearle esta preocupación, que no me lleva a votar en contra del proyecto, en absoluto, pero sí a pensar que esto debiera ser considerado en términos de las políticas públicas a fin de establecer todos los resguardos necesarios para que este primer escalón, que debe ser en favor de los niños y no en su menoscabo, no se constituya en una barrera de entrada que termine perjudicando a niños y niñas de zonas rurales y pobres.
Por ello estimo que este proyecto de ley tiene que venir acompañado de todas las iniciativas que se precisan sobre el particular.
Por cierto, el cambio normativo va a generar un cambio cultural. Y no me cabe duda de que dentro de este 4 por ciento -según entiendo- que hoy día no está accediendo a kínder, habrá niños cuyas familias harán lo necesario para que cursen ese nivel. Eso ya constituirá un avance significativo en la idea de lo que planteó el Senador García respecto de la importancia que ello conlleva. Pero siempre va a haber un porcentaje que permanecerá en una categoría distinta.
Al respecto, es necesario establecer todos los resguardos para que este proyecto no termine siendo una barrera de entrada y para que el hecho de que no les sea factible saltar el primer escalón no signifique que no puedan subir los distintos peldaños de la escalera de la educación. De modo que esperamos que esto se traduzca en que todos los jóvenes de nuestro país no solo finalicen 4° medio, sino que accedan a la educación superior en sus distintos niveles.
Así que le planteo esa preocupación, Ministra, porque me parece que el Gobierno debiera tenerla en consideración al momento de implementar la ley en proyecto, que -reitero- es el resultado de la ampliación de cobertura que se realizó durante el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet (se hizo un enorme esfuerzo) y de la reforma constitucional que llevó adelante el Presidente Sebastián Piñera.
Esta iniciativa, pues, forma parte de una política de Estado que sin duda debemos apoyar con entusiasmo, por la importancia que va a tener en nuestro sistema educacional, pero tomando los resguardos para que el resultado sea positivo: más niños que vayan al colegio y lo terminen, y, por tanto, más jóvenes que cuenten con mejores herramientas para progresar en el camino de la vida.
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, a continuación, el Senador David Sandoval.
El señor SANDOVAL.-
Señor Presidente, sin duda, cuando hablamos de la educación temprana estamos refiriéndonos a poner el énfasis en un sector extremadamente sensible y vulnerable por su edad, por la condición que presenta, por la urgencia con que debe abordarse su situación, como asimismo por la ratificación que hacen la experiencia y los estudios habidos en la materia en cuanto a la necesidad de que en los primeros años la atención temprana, la estimulación temprana de los menores genere un cambio radical en su desarrollo.
Este proyecto ingresó en septiembre del año pasado, y su tramitación la ha llevado adelante nuestra Ministra de Educación. Sin embargo, no ha estado exento de algunos comentarios respecto de lo que significa, por ejemplo, la actual cobertura, que prácticamente llega al cien por ciento en el nivel de kínder.
Ya lo señaló muy bien el Senador Elizalde con anterioridad: cuando se dispuso la educación obligatoria de la enseñanza media y pasamos de ocho a doce años obligatorios, ya había en Chile una cobertura prácticamente del cien por ciento también en ese nivel de educación.
Lo que se está haciendo hoy día, en mi opinión, va en una dirección absolutamente necesaria y correcta, entendiendo además que en el ámbito de la educación parvularia en Chile tenemos todavía un gran gran desafío que abordar. Y ello, porque se trata de uno de los niveles donde la cobertura universal no supera el 54 por ciento del potencial de alumnos que, debiendo estar en alguno de sus niveles, hoy día no se halla en ninguno.
¿Razones? Diversas. Algunos no asisten porque viven en lugares de alta ruralidad, donde quizás no es posible llegar de manera eficiente con instalaciones y con infraestructura.
Señor Presidente, siendo alcalde me tocó iniciar el proceso de instalación de los famosos jardines VTF, con uno de los primeros, de cinco, que hubo a nivel nacional, el jardín Mi Backer, en Cochrane, en una comunidad de nuestra Región de Aysén, que generó gran impacto en el desarrollo e implementación de esa iniciativa.
Como Alcalde de Coyhaique, llevamos a cabo la construcción de otros tres jardines infantiles, y los municipios entendieron tempranamente que aquí había que hacer un esfuerzo y sumarse a la tarea de impulsar la educación parvularia.
También tuvimos acciones de agraz. Recuerdo un plan de infraestructura que se impulsó en el Gobierno pasado en que, por mala gestión financiera, desgraciadamente recién hoy día en mi Región se están poniendo en marcha muchos de los jardines infantiles comprometidos en el objetivo de aumentar la cobertura.
Hoy día hay 560 mil niños en los niveles de sala cuna; en el nivel medio (mayor y menor), y en el nivel de transición.
¿Qué significa esto? Que solo en el primer nivel de transición hay 220 mil niños respecto de los cuales, al igual que en el segundo nivel de transición, podría ser obligatoria la construcción planteada. Y solo tenemos a 220 mil menores en esta condición. Y las estadísticas nos señalan que todavía hay un porcentaje altísimo de menores que no están en el sistema escolar.
Tenemos a 100 mil niños en los niveles de sala cuna; a 240 mil niños en los dos niveles medios, y a 220 mil en el primer nivel de transición. O sea, existe una gran brecha todavía, Ministra, de 560 mil menores. ¿Y hoy día la obligatoriedad para qué nivel es? Para el segundo nivel de transición.
Nos va a quedar esa otra brecha, porque sin duda tendremos la obligación ética y moral de entender que debemos avanzar en la atención de esa población de menores, muchos de ellos los más vulnerables, por cuanto la educación temprana les va a significar un gran cambio en sus condiciones de vida, en su desarrollo futuro, tal cual lo señalan los diversos estudios que se han realizado en la materia.
Como digo, me tocó adentrarme y conocer este asunto en mi condición de alcalde. Por eso creo que, en ese contexto, la iniciativa del Gobierno va en una dirección adecuada.
Podremos cuestionar las cifras, la oportunidad, en fin. Pero, tal como pasó cuando se declaró obligatoria la enseñanza media, esto es, cuando ya existía una cobertura casi universal fue ratificada por ley la exigencia de la obligatoriedad de los doce años agregándose los cuatro años de la enseñanza media, hoy día se está haciendo exactamente lo mismo: dándole obligatoriedad al segundo nivel de transición, es decir, al famoso kínder.
Acá tenemos un gran desafío, Ministra: en los niveles de los más pequeñitos cuesta mucho todavía hacerles entender a las familias acerca de la necesidad, de la oportunidad y del significado que envuelve el que los niños lleguen a los jardines infantiles, por el proceso de estimulación que ahí se les genera.
Esa debe ser una tarea a abordar.
Sin embargo, este proyecto va en una dirección absolutamente correcta, pues se hace parte de una realidad en la que precisamos seguir avanzando. Hoy día se está dando un paso trascendente. Y no me cabe duda de que, a propósito del primer nivel de transición, tendremos que aumentar los años de escolaridad obligatorios. Pero habrá que madurar las condiciones para ello.
Yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo en la materia. Esta iniciativa atenderá de manera significativa las necesidades de los sectores más vulnerables.
Porque ya se señaló, señor Presidente: precisamos jóvenes formados para una visión del futuro. ¿Qué tipo de educación; qué tipo de proyectos educativos se van a impulsar en esta línea?
Acá hay una vía expedita, interesante, importante. Y los estudios han demostrado que la atención temprana, la estimulación temprana de los niños hará la diferencia para tener una generación de jóvenes con otras condiciones, con otra formación, con otra estimulación.
El proyecto que ahora nos ocupa, evidentemente, es de naturaleza eminentemente social.
Ministra, ¡felicitaciones por esta iniciativa!; ¡felicitaciones por el impulso que le ha dado a su tramitación!
Habrá, pues, que seguir fijando nuevas metas y tareas. Algún día estaremos discutiendo para hacer obligatorio también el primer nivel de transición, que será el segundo paso que deberemos dar.
Hoy día estamos avanzando, y eso es lo importante.
¡Anuncio mi voto totalmente a favor de este proyecto, señor Presidente!
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Tiene, a continuación, la palabra el Senador Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, estimados colegas, este es un típico proyecto que suena bien; sin embargo, tengo tremendas dudas sobre el particular. Y ello, por tres razones.
Hay un proyecto en la Cámara de Diputados para financiar la subvención de los niveles medio mayor y medio menor; es decir, existe una discusión con respecto a qué etapa se escolariza la educación inicial. Y es un debate en el cual hay diferentes opiniones.
Existen visiones en uno y otro sentido sobre cuándo corresponde iniciar el proceso educativo. Creo que todos aquí estamos contestes en que este a lo menos comienza desde los dos años en adelante. Algunos especialistas en educación de párvulos, en particular las educadoras de estos menores, dicen que el proceso educativo parte incluso a más temprana edad; y otros tienen una opinión distinta.
Entiendo que este proyecto no aborda aquello, pero es parte de la discusión, así como lo es lo relativo a cuándo la asistencia en la primera infancia es relevante o no en el proceso -entre comillas- educativo.
Pienso que sería bueno debatir entre nosotros acerca de la diferencia entre los niveles medio mayor y medio menor y el proceso de escolarización propiamente tal, pues, aparentemente, en esta decisión estamos adelantando dicho proceso. Y uno debe evaluar si eso es bueno o malo.
Yo eduqué a mis hijos -lo reconozco, y lo he dicho muchas veces en esta Corporación- en una pedagogía distinta, la Waldorf, sistema educativo originado en las concepciones de un pedagogo como Rudolf Steiner, quien tiene una visión antroposófica respecto de los ciclos de la educación.
En lo personal, tengo mis dudas en cuanto a si es bueno o no adelantar los procesos de escolarización.
Lo segundo que me llama la atención es que hay colegios que ya tienen este nivel incorporado en sus instituciones. Pero, tal como les consta a la señora Ministra y al Subsecretario, se les ha representado ese problema (en aquellos establecimientos que incorporan este nivel) y cómo impacta en el sistema de admisión escolar, en que el actual Gobierno ha tenido visiones y posiciones distintas a lo largo del tiempo.
A mí me gustaría que hubiera una posición.
Puedo dar un ejemplo concreto, señor Presidente.
Niños que están en el kínder, ¿son parte de la comunidad escolar o no? Y uno va a decir: "¡Obvio que sí! ¡Claro que lo son!".
Y después de este proyecto van a expresar: "¡Gracias a Piñera forman parte de la comunidad escolar!".
Pero lo cierto es que ahora a los niños que están en kínder en colegios que tienen este nivel no se los mira como parte de la comunidad escolar. Y aunque el año pasado el actual Gobierno les permitió ingresar a la plataforma y ser considerados parte de la comunidad escolar, no entraron al sistema de admisión escolar de la misma forma como se pretende que ocurra este año.
Es bueno saber cómo están pensando esa dimensión.
Como no está en esta iniciativa, tengo mis serias interrogantes.
Me abro a cualquier debate al respecto, pero no está abordado en esta iniciativa.
Señor Presidente, no he manifestado mis oposiciones, sino mis dudas acerca del proyecto.
En tercer término, ¿qué pasa con los niños que no han cursado el kínder hasta ahora, porque no es obligatorio? Yo entiendo que la Ministra no estuvo en la Comisión, sino la Subsecretaria, que es quien ha llevado adelante mayormente el proyecto. Y no lo digo como una crítica, sino porque en el informe se señala que cuando se le preguntó a la Subsecretaria cómo se va a hacer -entre comillas- la convalidación, no hubo una respuesta.
Me parece, señor Presidente, que el reconocimiento a la importancia que reviste la educación inicial es relevante. Considero importante que respecto al "kínder", como se lo llama normalmente, se pueda avanzar para establecer que es un requisito, que es obligatorio. Otros países ya lo han hecho.
Pero en el proyecto tengo dudas sobre cuál será el significado en estas tres áreas. ¿El que sea obligatorio significa escolarización? ¿Esto se halla vinculado a cómo se va a financiar? ¿Este proceso significa que quienes están en dicho nivel serán o no parte de la comunidad escolar? Lo señalo porque la forma en que se ha abordado el sistema de admisión escolar por el actual Gobierno ha sido inconsistente.
En tal sentido, pongo el caso del colegio Los Cipreses -la Ministra sonríe en este punto, pero si quiere resuélvalo de la misma forma este año que el anterior- donde a niños que estaban en dicho establecimiento -localidad de Lo Miranda, comuna de Doñihue- los trataron de una forma un año y ahora lo hacen de otra manera, porque este año los están tratando como si no fueran parte de la comunidad escolar.
Esta definición no está contenida en el proyecto. Por eso, pediría consistencia en esta materia. De ahí mis dudas.
No voy a oponerme al proyecto. En mi opinión, es bueno que haya cobertura, que sea obligatorio, pero no sé si esta obligación es escolar ni qué va a pasar con quienes no han cursado dicho nivel hasta ahora. Son interrogantes que surgen del proyecto.
Yo soy un tremendo defensor de la educación inicial. Espero que el Ministerio de Educación junto con el Ministerio del Interior puedan avanzar en homogeneizar o ver una coordinación en la institucionalidad pública actual, entre los VTF, Junji e Integra. Es una cosa bien absurda la que tenemos en el Estado actualmente, con instituciones que cubren parte de esto. Creo que sería bueno abordar esto, y pienso que es una inquietud que tenemos todos.
Por eso, no voy a oponerme por ningún motivo al proyecto. Solo deseo plantear las interrogantes que tengo respecto de cómo el Estado, el país, avanza en esta materia. No me meto ni en la oferta privada en este debate. Entiendo que es una cosa que queremos entre todos, y espero que podamos, en una discusión en particular, profundizar estos aspectos, señor Presidente.
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Estimados colegas, ha llegado a su término el Orden del Día.
Hay siete inscritos, que quedarían pendientes, en el mismo orden que se estableció, para intervenir en la próxima sesión.
En consecuencia, pasaremos a la hora de Incidentes.
--Queda pendiente la discusión general del proyecto.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor DE URRESTI:
Al Ministro de Obras Públicas, para que remita antecedentes respecto de PROYECTOS DE CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE GUINEO, CUNCÚN, ESTACIÓN MARIQUINA, ESTERO DE NISCON, HUILLINCO, ILLAHUAPI, NELTUME, PUERTO LAS ROSAS, RIÑIHUE, ROFUCO ALTO, TRAIGUÉN, USTARIZ, AUQUINCO LA UNIÓN, CAYURRUCO, CHAMPULLI, CHOROICO, CURRALHUE CHICO, DOLLINCO, LOS COLIGÜES, MAHUE, MISSISSIPPI, PAILLAO Y TRAPI, EN DIVERSAS COMUNAS DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS, y acerca de PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y ASFALTADO EN RUTA T-921, SECTOR MARRIAMO-TRAFÚN.
Al Ministro de Salud, al Superintendente de Servicios Sanitarios (s) y al Director General de Aguas, solicitándoles informar sobre FISCALIZACIÓN EN RÍO MUTICAO, CRUCE FUTAHUENTE, COMUNA DE RÍO BUENO, POR EVENTUAL CONTAMINACIÓN GENERADA POR LECHERÍA DEL SECTOR.
Al Ministro de Agricultura y al Director Nacional del SAG, pidiéndoles antecedentes respecto de IMPLEMENTACIÓN EN QUINCE MUNICIPIOS DE LA ARAUCANÍA DE PROGRAMA DE TRANSFERENCIA EN SANIDAD APÍCOLA FINANCIADO POR GOBIERNO REGIONAL Y EJECUTADO POR SAG.
Y al Ministro de Agricultura y al Director Nacional del Indap, para que remitan información sobre ENTREGA DE ETIQUETAS PARA PRODUCCIÓN DE PAPAS, CILANTRO, ACELGA, LECHUGA Y CIBOULETTE A USUARIOS DE PROGRAMA DE ASESORÍA TÉCNICA DE HORTALIZAS DE INDAP LOS RÍOS EN COMUNAS DE LOS LAGOS, LANCO, MARIQUINA Y MÁFIL.
Del señor GUILLIER:
Al Ministro de Agricultura, con copia al Ministro de Relaciones Exteriores, solicitándole PRESENTACIÓN DE INICIATIVA O INICIATIVAS PARA CABAL CUMPLIMIENTO DE NUMERAL 6 DE PROTOCOLO DE ENTENDIMIENTO QUE PERMITIÓ APROBACIÓN DE LEY CPTPP EN COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES DEL SENADO.
Del señor NAVARRO:
Al Ministro de Relaciones Exteriores, pidiéndole información referida a PAGOS EFECTUADOS ACIUDADANA VENEZOLANA GUAREQUENA GUTIÉRREZ.
A las Ministras de Educación y de Transportes y Telecomunicaciones, solicitándoles antecedentes sobre FURGONES ESCOLARES, DETALLANDO SU NÚMERO EN CHILE, EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO Y EN CADA COMUNA DE DICHA REGIÓN, ASÍ COMO LA CANTIDAD DE ESTUDIANTES MOVILIZADOS EN ESTAS.
Al Ministro de Obras Públicas, pidiéndole remitir COPIA DE PROYECTOS DE AQUA ATACAMA Y REGUEMOS CHILE RELATIVOS A CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS HÍDRICAS DESDE REGIÓN DEL BIOBÍO, CON INDICACIÓN DE NORMATIVA A LA QUE ESTÁN SOMETIDOS.
Al Ministro de Obras Públicas y al Director General de Vialidad, solicitándoles información acerca de PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES PARA SONDAJE EN FUNDO SAN ANTONIO DE HUELDEN, COMUNA DE ANCUD, PARA INSTALACIÓN DE RELLENO SANITARIO TRANSITORIO.
Al Ministro de Obras Públicas, a la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, al Intendente de la Región del Biobío y al Alcalde de Talcahuano, consultándoles por NÚMERO DE PROYECTOS PARA CONSTRUCCIÓN DE MUELLES TURÍSTICOS EN COMUNA DE TALCAHUANO INGRESADOS HASTA LA FECHA, CON INDICACIÓN DE COSTOS, PLAZOS Y PERMISOS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN.
Al Ministro de Obras Públicas, al Ministro de Agricultura y al Director General de Aguas, requiriéndoles antecedentes respecto de CANTIDAD DE AFLORAMIENTOS DE AGUA SUPERFICIAL EN TERRENOS DE FUNDO SAN ANTONIO DE HUELDEN, COMUNA DE ANCUD, ACTUALMENTE EN ESTUDIO PARA INSTALACIÓN DE RELLENO SANITARIO TRANSITORIO.
Al Ministro de Salud, planteándole diversas consultas ante ALERTA SANITARIA EN COMUNA DE ANCUD DEBIDO A CIERRE DE VERTEDERO DE HUICHA.
A los Ministros de Agricultura y de Bienes Nacionales, solicitándoles antecedentes respecto de ACCIONES DE FISCALIZACIÓN POR TALA ILEGAL DE BOSQUES Y POR EXTRACCIÓN DE
SPHAGNUM MAGELLANICUM
EN FUNDO SAN ANTONIO DE HUELDEN, COMUNA DE ANCUD.
Al Gobernador de la provincia de Chiloé, consultándole por NÚMERO DE MICROBASURALES EN PROVINCIA DE CHILOÉ.
Al Alcalde de Talcahuano, pidiéndole informar sobre NÚMERO DE CRUCEROS RECALADOS EN TALCAHUANO EN ÚLTIMOS CINCO AÑOS, FECHA EN QUE LO HAN HECHO E INGRESO PROMEDIO PARA LA CIUDAD POR CADA RECALADA.
Al Alcalde de Quemchi, solicitándole dar a conocer MECANISMOS DE PROCESAMIENTO Y DESTINO FINAL DE RESIDUOS RECOGIDOS DESDE LOS TREINTA PUNTOS VERDES PRESUPUESTADOS PARA LA COMUNA.
Al Director Nacional del Servicio Electoral, pidiéndole remitir LISTA HISTÓRICA DE PARTIDOS POLÍTICOS QUE TENGAN O HAYAN TENIDO ACCIONES EN CONSTRUCTORA OAS, PUNTUALIZANDO NÚMERO DE ACCIONES ADQUIRIDAS, FECHA DE ADQUISICIÓN Y MONTO DE ELLAS.
Al Director Nacional del Trabajo, requiriéndole diversa información respecto de RÉGIMEN LABORAL DE CONDUCTORES Y AUXILIARES DE BUSES DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO.
Y a la Seremi de Salud de la Región de Los Lagos, para que informe sobre DIVERSAS MEDIDAS ADOPTADAS POR ORGANISMO A SU CARGO TRAS CIERRE DEL VERTEDERO DE HUICHA, COMUNA DE ANCUD.
De la señora RINCÓN:
Al Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, requiriéndole DATOS ESTADÍSTICOS CORRESPONDIENTES A AÑOS TRIBUTARIOS 2018 Y 2019 SOBRE EMPRESAS DEL PAÍS, DIFERENCIADAS POR TAMAÑO, Y CUADRO ESTADÍSTICO DE IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO, DESAGREGADO POR TRAMOS DE BASE IMPONIBLE.
Y al Superintendente de Pensiones, para que detalle las DIEZ ÁREAS DE SISTEMA PREVISIONAL QUE SERÁN OBJETO DE CAMBIOS REGULATORIOS ANTE PRESENTACIÓN POR EJECUTIVO DE PROYECTO DE LEY MISCELÁNEO.
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
En Incidentes, los tiempos de los Comités son los siguientes: Partido Evópoli, 2 minutos; Partido Revolución Democrática, 2 minutos; Partido Unión Demócrata Independiente, 13 minutos; Partido Por la Democracia e Independientes, 11 minutos; Partido Renovación Nacional e Independientes, 13 minutos; Partido Socialista, 10 minutos; Partido Demócrata Cristiano, 7 minutos, y Partido País Progresista e Independientes, 4 minutos.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Los Comités Partido Evópoli, Partido Revolución Democrática, Partido Unión Demócrata Independiente y Partido Por la Democracia e Independientes no harán uso de sus tiempos.
En el turno del Comité Partido Renovación Nacional e Independientes, tiene la palabra el Senador Pugh.
RECONOCIMIENTO A COMUNA PERUANA DE MIRAFLORES POR HOMENAJE A CHILE EN FIESTAS PATRIAS. OFICIO
El señor PUGH.-
Señor Presidente, la semana que recién concluyó tuvimos las celebraciones de las Fiestas Patrias, caracterizadas por dos días: el Día de nuestra Independencia Nacional y el Día de las Glorias del Ejército.
Me quiero referir en particular a ambas fechas para, en primer lugar, reconocer el cariño demostrado por países amigos.
Quizás en la mente de muchos quedó la imagen de esa bandera nacional expuesta en un gran edificio en Dubái, pero pasó desapercibido el homenaje que hizo la comuna de Miraflores, en Perú, donde se iluminaron con nuestros colores nacionales.
Yo creo que ese es el sentido homenaje de un pueblo hermano, de una comuna hermana. Tuvimos a su alcalde de visita en Chile la semana anterior. Desarrolló un intenso programa de actividades porque queremos prepararnos para conmemorar el bicentenario de una acción trascendente e histórica binacional, en que el Ejército argentino y el Ejército chileno concurrieron en naves nacionales a contribuir a la independencia del Perú.
Estas historias permiten que los pueblos se entiendan. Y los reconocimientos, cuando las comunas adoptan ese sentido homenaje, son algo que nos ayuda a conectarnos.
En tal sentido, señor Presidente, le solicito que se oficie al señor Canciller para que, a través de él, se le manifieste nuestro reconocimiento a la comuna de Miraflores, en Perú, por haber realizado este gesto tan especial para nuestro país, el cual sentimos y reconocemos.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
MES DE LA PATRIA Y MES DE LA CIBERSEGURIDAD: REFLEXIONES SOBRE DESAFÍOS DE CHILE EN MATERIAS DE CIBERSEGURIDAD, TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO
El señor PUGH.-
Señor Presidente, también me quiero referir a los homenajes realizados en Arica, donde todos los años se efectúa el Contrapunto. Y pudimos ver -tal como lo hicieron quienes se conectan por las redes sociales- cómo una banda del Ejército peruano vino a tocar y entonar nuestro himno nacional, en una franca señal de homenaje al Ejército de Chile, que contribuyó desde sus orígenes al establecimiento de nuestra república y que, tal como lo expresó Su Excelencia el Presidente de la República el día de la Parada Militar, ha tenido un año muy difícil, en que ha debido salir adelante ante una serie de situaciones.
Precisamente por ello en el Parlamento se están tramitando distintos proyectos de ley, para darle tranquilidad a toda la sociedad civil en el sentido de que los recursos de que dispone el Estado, especialmente aquellos que se destinan a la defensa, van a tener los controles que se requieren.
Existe ya una ley aprobada relativa a financiamiento de capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas, que va a permitir el desarrollo de la industria nacional. Porque esa ley sí habilita y permite desarrollar en nuestro país capacidades que vayan, precisamente, a protegerlo, no solo en los conflictos internacionales.
En estos momentos estamos experimentando una de las sequías más largas y prolongadas que hemos tenido. Y, probablemente, al igual que Australia, debamos prepararnos para asumir la guerra contra la sequía. Ese es el enemigo común que tenemos hoy, el enemigo común que está afectando a la Región de Valparaíso, que es la región más seca.
Por eso, dichas capacidades deben tener un uso dual y permitir también el desarrollo de nuestros científicos.
Cuando uno desarrolla una industria de defensa mueve no solo la parte pesada, industrial, sino que mueve al mundo del conocimiento. Y este es el punto de reflexión en este mes de las Glorias del Ejército, mes en que se recuerdan los orígenes de la patria, su independencia, mes en el que también tenemos que reflexionar sobre nuestro futuro.
Soy un convencido de que desde el conocimiento podremos salir adelante en el siglo XXI.
En tal sentido, el 1 de octubre, la próxima semana, comienza a funcionar en forma efectiva el nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Y este Ministerio va a permitir crear cinco macrozonas regionales, correspondiéndole a la Región de Valparaíso ser sede, cabecera de una de ellas.
Por esta razón, el día de ayer, señor Presidente, en la inauguración del Seminario Internacional de la OEA sobre Ciberseguridad, adelanté la noticia de que esta región se preocupará de generar un polo de desarrollo de tecnologías digitales seguras, para así producir conocimiento que le genere al país la posibilidad de suplir las necesidades de información. Pero lo más importante es producir una nueva industria: la industria de la ciberseguridad.
Esto no es algo nuevo. Ya lo está realizando Israel desde hace muchos años a 110 kilómetros de sus capitales -Jerusalén y Tel Aviv- en Beerseba; ahí, en medio del desierto, fueron capaces de generar un ecosistema. También lo ha hecho España a 300 kilómetros de León. Y, curiosamente, Australia ha comenzado a realizar exactamente lo mismo en la región de Victoria -en el sur del país- con ocho universidades.
Si somos capaces de capitalizar ese conocimiento para innovar -ambos conceptos corresponden a las dos últimas palabras incluidas en el nombre del nuevo Ministerio- lograremos salir adelante como país.
Esta es quizás la mejor forma de terminar el Mes de la Patria, un mes que nos ha dado la oportunidad de reflexionar, de entender dónde estamos, pero también ver hacia dónde queremos ir.
Además, el martes 1 de octubre, en este Congreso Nacional se inaugurará el mes oficial de la ciberseguridad.
El Mes Nacional de la Ciberseguridad se genera a partir de un proyecto de ley que nace en esta Corporación, en la Comisión de Defensa Nacional. Junto con otros cuatro Senadores fuimos los patrocinantes y pudimos sacar adelante esta iniciativa durante el año legislativo pasado y que corresponde a la ley N° 21.113, que busca darle la tranquilidad al país en esta materia. Con esto se hará el máximo esfuerzo para que todos los años se pueda actualizar el conocimiento, se pueda difundir y que así todos puedan transitar hacia una sociedad digital.
Esta digitalización debe ser segura, porque si no existe, no vamos a ser capaces de enfrentar el mundo actual.
Esa digitalización, obviamente, va a afectar puestos de trabajo. Por eso, una de las recomendaciones que se han hecho es tener una Comisión permanente que se preocupe y ocupe de trabajar temas relacionados con una digitalización segura.
Queremos insistir a la Mesa para que esto sea considerado nuevamente. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo por hacer.
Hace breves minutos discutíamos un proyecto de ley precisamente para mejorar la tramitación legislativa, y eso no es otra cosa que digitalizar. Si nosotros mismos no lo hacemos, no vamos a ser capaces de salir adelante.
Esa digitalización es esencial, pues corresponde al nuevo mundo.
Debatíamos también la necesidad de que nuestros niños y nuestras niñas a edad temprana tengan una buena educación. Esas son las áreas y los contenidos que debemos reforzar.
Me alegro también de que esta semana se haya lanzado el programa de lenguajes digitales. ¿Por qué? Porque no solo es necesario saber leer y escribir en papel, que es fundamental para comunicarnos, sino que también es necesario saber leer y escribir un programa digital. Esta es una competencia que en otros países es mandatoria y los alumnos no pueden pasar de curso si no la tienen, porque, de lo contrario, se transforman en analfabetos digitales.
Esta alfabetización digital resulta fundamental.
En tal sentido, quiero reconocer el esfuerzo que hizo el Presidente de la Corporación, el Senador Jaime Quintana, al concurrir a Londres y visitar escuelas primarias públicas, lo que le permitió darse cuenta del nivel de compromiso de los profesores para conseguir estos avances, de la forma de evaluar a los alumnos por conceptos y por logros. Pero lo más importante fue firmar un convenio que le permite al Senado ser promotor de la alfabetización digital en regiones. Algunas de estas regiones corresponden precisamente a las macrozonas que ya se han mencionado.
¿Por qué no puede el Senado preocuparse de esta alfabetización que es distinta y especial? Las Senadoras y los Senadores tenemos la oportunidad de trascender al gobierno de turno y estamos en condiciones de influir sobre los sistemas de educación regionales, darles un sentido.
Y eso lo podemos hacer perfectamente con los recursos que tenemos, sin destinar nuevos fondos. ¿Por qué? Porque se encuentran disponibles.
De hecho, se firmó un convenio con el British Council, que posee certificación ATE y tiene reconocidos los dispositivos -llamados "micro:bit"- dentro del catálogo de productos que se pueden entregar para apoyar la educación. Lo que nos falta es la voluntad y entender la urgencia, porque, tal como tenemos que enfrentar la urgencia de la sequía, debemos enfrentar la urgencia de la sequía del conocimiento, que es la única forma de invertir para salir adelante.
En tal sentido, hoy quiero reconocer a una profesora de Lago Ranco, Jeannete Campos, quien junto a sus alumnos fueron capaces de ganar el Concurso de la Fundación País Digital, el Premio Samsung, el más importante, por un experimento científico: una boya que mide la calidad del agua en el lago Ranco.
Quiero mandarles un saludo desde aquí, desde Valparaíso, a ella y a los alumnos que ganaron, quienes nos van a ir a representar a Brasil.
¿Y por qué celebro este triunfo? Porque ello nos demuestra que hasta en los lugares más remotos, en los que creemos que no ocurre nada, suceden cosas notables.
El talento está uniformemente distribuido a lo largo y ancho de Chile, en las islas del Pacífico, en todos lados. Lo que debemos hacer es despertarlo a edad temprana.
Me alegro de que hoy precisamente hayamos debatido sobre temas de educación, relacionados con la edad temprana; y respecto de mejorar la calidad de nuestras leyes y contar con mecanismos para medirlas y evaluarlas. ¿Por qué? Porque estamos en el Mes de la Patria, un mes que nos permite entendernos mejor, comprender los desafíos. Y porque, además, estamos en el preámbulo del inicio de este Mes de la Ciberseguridad, un mes que se va a comenzar a instalar de a poco, que les va a permitir a las personas comprender que vamos hacia un mundo donde todo lo que se pueda conectar se va a conectar; todo lo que se pueda digitalizar se va a digitalizar y, por eso, todo lo que se pueda analizar se va a analizar.
Sin esos datos y sin la seguridad de los datos no existe inteligencia artificial.
Por lo tanto, el común denominador es precisamente protegerlos, garantizarlos y asegurarlos. Y ellos, obviamente, van a contribuir a que podamos ser mejores.
Creo, sinceramente, que este mes de septiembre ha sido un muy buen mes, porque le permitió al Presidente del Senado salir por primera vez del país no a hacer representación o diplomacia parlamentaria, sino a traer lo mejor de naciones que han sido capaces de invertir en los jóvenes talentos. Y ello nos hace entender que nosotros tenemos esa capacidad para poder ponerla en práctica.
Ese, quizás, es nuestro mejor legado y nuestro compromiso con Chile en este, el Mes de la Patria.
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
A continuación, en el tiempo del Comité Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón, hasta por tres minutos y medio.
MEDIDAS FRENTE A DECLARACIÓN DE ESCASEZ HÍDRICA EN REGIÓN DEL MAULE Y PETICIÓN DE FIRMA DE TRATADO DE ESCAZÚ. OFICIOS
La señora RINCÓN.-
Señor Presidente, mi intervención será bien breve y se encuentra relacionada, entre otras cosas, con lo abordado por el Senador Pugh.
Vivimos una sequía en el país que golpea fuertemente a varias de nuestras regiones. No solo la Quinta, sino también la Segunda, la Tercera, la Cuarta y la Región del Maule presentan una situación crítica. Desde hace muchos años, desde las décadas del setenta, del sesenta no se vivía la escasez que estamos experimentando hoy día.
Y quiero hacer un llamado y que se oficie al Ministerio del Interior para saber cuáles son las medidas que se están tomando con motivo de la declaración de escasez hídrica que se decretó el 6 de septiembre y que a la fecha no ha movilizado ninguna acción concreta en la Región del Maule.
Pero, más importante que eso, quisiera también que se haga un llamado al Presidente de la República, quien ha sido reconocido internacionalmente en estos días, para que firme el Acuerdo de Escazú.
Creo que es fundamental e importante para nuestro país y para no repetir situaciones dramáticas como las ocurridas en Quintero y Puchuncaví que nuestro país suscriba finalmente Escazú.
Hay más de ochenta conflictos activos en Chile. Vamos a ser sede de la COP25 y considero fundamental que nuestro país muestre su decisión en estas materias.
Firmar el Acuerdo de Escazú nos permite tener información precisa y transparente; nos permite dar garantías a la comunidad para que esté informada y participe de los procesos que ocurren en sus territorios.
En nuestro país y en el resto del mundo es fundamental que las comunidades se involucren en el desarrollo, que las escuchemos; que el progreso se plantee con respeto hacia todas y todos. Es fundamental mejorar la capacidad de información, para poder acceder a la justicia, para que participemos, para que todos nos sintamos parte del desarrollo.
Y por eso es tan importante Escazú.
Por lo anterior, señor Presidente, en nombre de nuestra bancada, solicito formalmente que se le pida al Presidente de la República que firme en definitiva ese Acuerdo y que honre así el reconocimiento que se le ha hecho internacionalmente.
Gracias.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre de la señora Senadora, conforme al Reglamento.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
En el tiempo que resta al Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra la Senadora Yasna Provoste.
AUMENTO DE ENFERMEDADES EN COMUNA DE HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA, POR EMISIONES DE EMPRESAS CONTAMINANTES. OFICIOS
La señora PROVOSTE.-
Señor Presidente, a través de los medios de comunicación, se ha conocido la publicación, por parte de la ONG Chile Sustentable, de los alarmantes resultados derivados de un informe elaborado por la Universidad Católica, los cuales darían cuenta de tasas superiores a la media nacional en enfermedades coronarias y respiratorias en las así llamadas "zonas de sacrificio", y la comuna de Huasco, de la Región de Atacama, es una de las más afectadas.
Ese informe, que nos preocupa enormemente, viene a confirmar los temores de la comunidad al verse expuesta por largas décadas a la contaminación industrial. Esto ha sido denunciado durante muchos años por los movimientos ciudadanos, por el propio Alcalde de Huasco, Rodrigo Loyola, y por buena parte del Concejo Municipal.
Los resultados del estudio que se dio a conocer recientemente son coincidentes con la presentación que el año pasado la propia Seremía de Salud de Atacama efectuó ante el Comité de Recuperación Ambiental y Social, en el que se podía observar que efectivamente los tumores y las enfermedades vasculares y respiratorias habían experimentado fuertes aumentos en los años inmediatamente posteriores a las emisiones de contaminantes de empresas que funcionan en esa comuna.
Si bien es cierto que uno puede reconocer avances en mejoras ambientales de las empresas de la zona, no es menos cierto que existen muchas tareas pendientes, especialmente aquellas que reclaman la necesidad de enfrentar en la propia comunidad el restablecimiento de la salud.
Por esa razón, señor Presidente, solicito que se oficie al Ministro de Salud, a fin de abordar esta problemática y abogar por la creación de una instancia enfocada en acelerar la construcción del nuevo hospital de Huasco (participamos en la colocación de la primera piedra hace meses y no ha habido nada más después de aquello); y de que dicho Secretario de Estado señale también cómo se va a dotar a la comunidad de nuevos especialistas que respondan a las enfermedades de mayor prevalencia.
Pido, asimismo, que se oficie a la Ministra del Medio Ambiente para que entregue una evaluación pormenorizada de los compromisos que se establecen en el Plan de Recuperación Ambiental de la comuna de Huasco; y para que indique además cuál ha sido el destino de los mil millones de pesos que este Congreso aprobó para apoyar los planes de recuperación ambiental; cuántos de estos recursos se han destinado a Huasco y cuáles han sido las acciones en beneficio de la salud de las personas.
Por último, quiero que se oficie al Ministerio de Educación para poder determinar los impactos que, a juicio del servicio local de educación pública, esta contaminación ha tenido en los niños y las niñas desde la educación preescolar hasta la enseñanza media.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre de la señora Senadora, conforme al Reglamento.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:48.
Daniel Venegas Palominos
Jefe de la Redacción subrogante