PROTECCIÓN PENAL ESPECIAL PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN Y FUNCIONARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Penal para establecer un tipo especial de lesiones contra profesionales que presten servicios en establecimientos educacionales y funcionarios de servicios de salud, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.064-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 95ª, en 6 de marzo de 2019 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 40ª, en 13 de agosto de 2019.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Le voy a dar la palabra a la Secretaria General para que haga la relación del proyecto, pero antes quiero recabar el acuerdo de la Sala para que, luego de eso, quede abierta la votación.
¿Habría acuerdo en tal sentido?
Acordado.
Tiene la palabra la señora Secretaria General.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).- El objetivo principal de la iniciativa es establecer una protección penal especial para los profesionales de la educación que presten servicios en establecimientos educacionales reconocidos por el Estado y para los funcionarios de los servicios de salud, considerándolos incluidos en la noción de autoridad del Título Sexto, Párrafo Primero, del Código Penal, lo que eleva las sanciones penales aplicables en caso de lesiones en relación con el delito común.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento deja constancia de que, no obstante la urgencia de "discusión inmediata" del proyecto al momento de ser tratado en su seno, acordó discutirlo solo en general, con el objeto de otorgar a los Senadores la oportunidad de perfeccionar y enriquecer su texto con ocasión del segundo informe. La referida Comisión aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Allamand, De Urresti, Harboe, Huenchumilla y Pérez Varela.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 14 a 16 del primer informe de la Comisión de Constitución y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Huenchumilla para informar el proyecto en comento.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, el proyecto de ley en votación, que cumple su segundo trámite constitucional en el Senado, se originó en moción de los Diputados señor Venegas, señoras Girardi, Hoffman, Rojas y Vallejo, y señores Bellolio, Rey, Santana, Schalper y Winter. Me permito precisar que, si bien se inició en moción, posteriormente fue objeto, en la misma Cámara de origen, de una indicación del Ejecutivo que sustituyó íntegramente su texto original.
Se dio cuenta de esta iniciativa ante la Sala del Senado en sesión celebrada el 6 de marzo de 2019, disponiéndose su estudio por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El proyecto persigue, en síntesis, establecer una protección penal especial tanto para los profesionales de la educación que prestan servicio en establecimientos educacionales reconocidos por el Estado cuanto para los funcionarios de los servicios de salud, para lo cual los considera incluidos en el concepto de autoridad regulado en el Título Sexto, Párrafo Primero, del Código Penal, lo que implica elevar las sanciones penales aplicables en caso de lesiones en relación con el delito común.
Con motivo de su fundamentación, y luego de recordar que la legislación les da un tratamiento especial y contempla estatutos laborales propios para los profesionales que se desempeñan en las áreas de la salud y la educación, sus autores destacan que el rol de los docentes en el sistema escolar tiene particular relevancia al tratarse de una relación con niños, niñas y jóvenes estudiantes, en un período de formación en que se les transmiten hábitos ciudadanos que los acompañarán durante su vida adulta. En ese contexto, advierten que en los últimos años la violencia escolar se ha posesionado del ambiente educativo, con graves hechos de agresión entre alumnos, a los que ahora se suman agresiones a profesores.
La violencia escolar, en todas sus formas -añaden-, fue objeto de la ley N° 20.536, que regula todo acto de agresión u hostigamiento reiterado realizado por estudiantes que atente en contra de otro estudiante, valiéndose de una situación de superioridad o de indefensión de la víctima y que le provoque maltrato, humillación o temor fundado de verse expuesto a un mal de carácter grave. El problema es que esta ley se concentró en la relación entre alumnos, dejando fuera al resto de los integrantes de la comunidad escolar, que también pueden ser víctimas de abusos y malos tratos. Tal es el caso de los profesores.
Así las cosas, en circunstancias de que los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se respete su integridad física, psicológica y moral, la ley no consagra un tratamiento punitivo acorde con la gravedad de las agresiones de que pueden ser víctimas. Esto repercute en la pérdida del sentido de autoridad que se debe preservar en la función docente.
En lo que atañe a la protección a funcionarios de los servicios de salud (sean profesionales, técnicos o administrativos), la moción recuerda que la sensación de inseguridad de estos trabajadores se ha transformado en un panorama habitual dentro de los recintos de salud a causa de las agresiones verbales, malos tratos de pacientes y sus familiares, amenazas de muerte e, incluso, el uso de la violencia física que experimentan. Esta situación tendría implicancias directas en la prestación del servicio de salud, pues afecta la integridad física y psicológica de los equipos médicos y de los pacientes testigos de estos hechos de violencia.
La iniciativa consta de tres artículos, que modifican el Código Penal, el Código Procesal Penal y la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud.
En lo que concierne a una de las enmiendas más relevantes que contempla el proyecto, regulada en el nuevo artículo 263 que se propone incorporar al Código Penal, se sanciona al que hiriere, golpeare o maltratare de obra a un funcionario o trabajador de un servicio de salud, o a un docente, personal asistente de la educación o manipuladoras de alimentos que presten servicios en establecimientos educacionales, en el ejercicio propio de su cargo o con ocasión de él, con las siguientes penas:
1o Con presidio mayor en su grado medio, si de resultas de las lesiones el ofendido queda demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme.
2o Con presidio menor en su grado medio a máximo, si las lesiones producen al ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de treinta días.
3o Con presidio menor en grado mínimo a medio, si le causa lesiones menos graves.
4o Con multa de once a veinte unidades tributarias mensuales, o con la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, solo esta última, si le ocasiona lesiones leves o no se produce daño alguno.
Además de dichas penas, el juez podrá decretar, como penas accesorias, la asistencia a programas de rehabilitación para maltratadores o el cumplimiento de un servicio comunitario por el plazo que prudencialmente determine (el que no podrá exceder de sesenta días); la prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio o lugar de trabajo, así como a cualquier otro lugar al que esta concurra o visite habitualmente; la prohibición de porte y tenencia y, en su caso, el comiso de armas de fuego, y la asistencia obligatoria a programas de tratamiento para la rehabilitación del consumo problemático de drogas o alcohol, si correspondiere.
Me permito señalar que, respecto de las agresiones en consultorios de salud, la Comisión fue informada de que en el primer semestre de este año se contabilizan 293 casos de esta especie, que únicamente corresponden al 30 por ciento del total. La violencia no solo se ejerce sobre los médicos, pues también incluye al resto del personal que trabaja en el área. De este modo, una encuesta realizada por la Subsecretaría de Prevención del Delito muestra que el 60 por ciento de los funcionarios de los servicios de salud declara haber sufrido algún hecho de violencia durante los últimos doce meses.
En ese marco, la iniciativa en estudio discurre en la línea de establecer mayores sanciones para esta clase de agresiones, pero esta opción no obsta a la conveniencia de implementar, además, medidas destinadas a prevenir la ocurrencia de estos hechos. En tal sentido, sería oportuno que el Gobierno diseñara algún modelo de prevención de esta clase de agresiones en las áreas de la salud y la educación, así como un mecanismo de coordinación en la materia.
Con motivo de la discusión de la iniciativa en la Comisión -de la cual se da cuenta en forma detallada en el correspondiente informe-, se hizo presente la necesidad de introducirle correcciones y perfeccionamientos a la normativa propuesta, con el objeto de precaver problemas de interpretación y responder con total fidelidad al objetivo que se pretende lograr, razón por la cual la Comisión estuvo por pronunciarse solo en general respecto del proyecto, para otorgar la posibilidad de formularle las indicaciones que sean pertinentes con ocasión del segundo informe.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora Isabel Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero saludar a quienes nos acompañan en las tribunas y han estado durante largo rato esperando que pudiésemos tratar este proyecto, el cual, como bien indicó el Senador informante, vamos a analizar en general, porque tenemos que darnos la oportunidad de perfeccionarlo a fin de que ayude a alcanzar el objetivo que persigue: establecer un tipo especial de lesiones contra profesionales que presten servicios en establecimientos educacionales y funcionarios de servicios de salud.
En el caso de los profesionales educacionales, debemos recordar que esta es una demanda pendiente con el Colegio de Profesores que en las últimas movilizaciones se hizo muy visible.
También, por supuesto, solidarizo con las asociaciones de funcionarios de la salud, pues me parece inconcebible que, tal como se nos informó aquí, un 30 por ciento de ellos haya recibido algún tipo de agresión, al punto que se contabilicen 293 consultorios en los cuales ha ocurrido una situación de esta naturaleza, algo que, como sociedad, cuesta mucho asumir.
Señor Presidente, a quienes ejercen funciones en los servicios de salud, a todo su personal, a quienes desarrollan labores docentes o ejercen como asistentes de la educación, en todas sus escalas, les quiero decir que cuesta mucho entender que se requiera acudir a esto, que es necesario, para establecer un tipo penal nuevo y poder protegerlos. Esta es una discriminación no arbitraria, sino al revés: tiene por objeto protegerlos y apoyarlos.
También pienso que no solo hay que aumentar las penas, que es como normalmente reaccionamos, sino que necesitamos políticas mucho más preventivas. Esto tiene que ver con lo que pasa en nuestra sociedad, que cada vez se expresa con más violencia. Pareciera que falta espíritu de comunidad, de diálogo, de reflexión. La gente solo tiene conductas agresivas cuando no se siente satisfecha con los servicios que se le brinda, cuando siente que ha sido atendida en una forma que no corresponde, o, simplemente, se impacienta cuando debe soportar una larga espera, lo cual muchas veces ocurre en nuestros consultorios sin ser responsabilidad de quienes atienden. ¡Al contrario!
Una vez más, manifiesto mi reconocimiento a todos quienes trabajan en nuestros consultorios en esas condiciones: muchas veces hacinados, o con falta de recursos, o sin camas ni especialistas suficientes, en fin, todo lo cual hace que deban desempeñarse en un ambiente de presión.
Por eso, señor Presidente, creo importante avanzar en este proyecto, aunque reitero la necesidad de encontrar las verdaderas y profundas causas del problema.
No cabe duda de que a nuestra población le genera malestar, en el caso de los consultorios de salud, cuando no ve, a lo mejor, una respuesta como la que quisiera, con la dignidad que les corresponde a nuestros usuarios. Sin embargo, no es posible que veamos de manera creciente estas manifestaciones de violencia en las aulas, hacia los profesores o en contra de todo el personal de la educación.
Por eso, señor Presidente, más allá de que creo que hacen falta medidas más preventivas, más allá de que estimo que tenemos que estudiarlo con mayor detalle, voy a dar mi voto a favor del proyecto, reconociendo, una vez más, tal como he señalado, que los trabajadores de estas dos áreas merecen nuestro mayor respeto: los que se desempeñan ni más ni menos que en las áreas de la educación y la salud.
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, por supuesto que apoyamos con toda fuerza esta iniciativa, que dignifica a los funcionarios de la salud y la educación.
Sin lugar a dudas, estamos hablando de cómo ser capaces de contar con un buen servicio público, comprendiendo y empatizando también con los pacientes. Y si bien muchas veces tenemos dificultades con los tiempos y las listas de espera, la violencia nunca puede justificarse.
Por eso es tan importante, a raíz de lo que ocurrió hace unos días con una doctora, una médico en la Región Metropolitana, poder aprobar un proyecto de ley que sancione y aumente las penas, pero que, del mismo modo, establezca la obligación de asistencia jurídica para la víctima, con el objeto de que, en definitiva, podamos -vuelvo a insistir- dignificar la función pública, particularmente la de los funcionarios de la salud que lo han pasado mal.
Por eso, vamos a apoyar con mucha fuerza este proyecto de ley, y pido lo propio a todos y cada uno de mis colegas.
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Muchas gracias, señor Senador. Y si es breve, mejor.
Tiene la palabra el Senador Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la verdad es que una tendencia propia de la violencia creciente en la sociedad nos lleva a enfrentarla con nuevos tipos penales y con aumento de las penas.
Voy a votar a favor de la iniciativa, porque la considero una señal disuasiva, preventiva respecto de quienes se creen con el poder de agredir a un funcionario de la salud o a un funcionario dentro de un establecimiento educacional por un criterio personalísimo y con un actuar pasional y a veces hasta criminal.
Pero quiero hacer un llamado a la reflexión.
Aquí tenemos un mal que crece y al cual no le estamos poniendo antídoto. Vamos a castigarlo más fuerte.
Habrá que hacer un esfuerzo y establecer que esta normativa esté a la vista en los consultorios, en los hospitales, en cada uno de los establecimientos. Así como en muchos lugares se dice "Se prohíben las armas", "Se prohíbe la entrada a menores de 18 años", los usuarios deben saber que, si persisten en su actitud, van a recibir la sanción que se encuentra establecida en este proyecto, que es bastante fuerte.
Pero lo principal, señor Presidente, no es que tengamos que establecer todo un aparataje jurídico, porque a posteriori, realizada la agresión, nadie le devuelve la dignidad o le repara el daño corporal al funcionario de la salud o al funcionario educacional. En muchos casos estos quedan abandonados, con licencias que no se les pagan. Y si sufren lesiones severas, los planes de recuperación con las mutuales casi no existen.
El punto es la prevención. Por eso el artículo 35 bis dispone que los integrantes del equipo de salud y los trabajadores de los establecimientos de salud de prestadores institucionales deben facilitar todas las condiciones para prevenir. "La autoridad del establecimiento podrá requerir a quien corresponda los medios de seguridad adecuados".
Siento que en esta materia falta mucha prevención y educación. Lo que tenemos que hacer, señor Presidente, es cambiar la cultura. Hace mucho rato que se perdió el respeto a los profesores. Y eso se debe a que el Estado maltrata a los profesores, a que los privados maltratan a los profesores. Por tanto, cualquier apoderado se siente en condiciones y con el poder suficiente, si el profesor tiene una diferencia con su alumno, para maltratarlo. Y en eso hay una cultura.
La comunidad escolar debe recuperar aquello que la hace tal: comunidad de intereses, comunidad de valores, comunidad de objetivos. Y esto requiere financiamiento, requiere campañas, requiere cultura, requiere incorporar a los padres, que muchas veces abandonan esta responsabilidad y tardíamente se dan cuenta de que los niños han tenido un mal rendimiento, de lo cual culpan al profesor.
Señor Presidente, creo que estas iniciativas de ley contribuyen, pero no son suficientes.
Respecto a la situación en los recintos hospitalarios, particularmente en los turnos de noche, en los SAMU, en los SAPU, falta seguridad física. Los doctores, los enfermeros, los auxiliares no pueden tener un carabinero toda la noche, deben implementarse medidas de seguridad por parte del establecimiento porque, en numerosas oportunidades, los accidentados; los "patos malos" que llegan producto de la comisión de un delito, como un robo; o los borrachos que han chocado, generan acciones en contra de los funcionarios.
Hay múltiples funcionarios agredidos, quienes, luego de manifestarles toda nuestra solidaridad, quedan abandonados en su recuperación. Por lo tanto, esto tiene que ser prevenido. Los jefes de servicio deben reclamar esto en la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos. Y este Parlamento tiene que garantizar que en la correspondiente al año 2020 haya plata para que los recintos hospitalarios contraten sistemas de seguridad, y no solo cámaras, sino personal capacitado para evitar estas agresiones. Y lo mismo debe hacerse en los establecimientos educacionales.
Si esto no se financia, si no existe una política permanente del Estado para garantizar la integridad física de los funcionarios, estaremos apostando al posteriori, es decir, a que cuando le peguen a un funcionario, cuando se produzca una agresión, exista la posibilidad de meter al culpable a la cárcel.
¡Ochocientos noventa mil pesos mensuales nos cuesta un preso, sea procesado o condenado en cualquiera de nuestras cárceles! ¡Casi un millón de pesos! Eso es lo que vale.
¿Cuánto cuestan las medidas de seguridad?
Es un tema por debatir en la iniciativa de Ley de Presupuestos, no podemos solo aumentar la penalidad, que muchas veces se ha constituido en populismo penal. Y para que esto no lo sea, porque esta realidad existe, es seria, es dolorosa, es agresiva, es de alto riesgo para la integridad física de quienes laboran en estos servicios, hay que actuar aplicando mano dura en la penalidad, como lo hacemos ahora, pero también tomando medidas de prevención financiadas.
Los municipios no van a invertir más en sus colegios porque los están entregando al Estado. La buena noticia es que, como van a ser del Estado, este será responsable de la integridad física de todos quienes están dentro de los establecimientos: de los niños, de los profesores, de los auxiliares, de todos.
Y como ya la salud es del Estado, y también municipal, que es una extensión del Estado, habrá que gastar plata en prevención, en un guardia de seguridad, en cámaras, en protección y en contención.
Los médicos de turno a veces no saben cómo contener a los familiares o a los pacientes. Cuando llega un paciente corpulento con una herida en la cabeza, que viene borracho y no se deja atender, y el doctor es flaquito, pequeñito, ¡cómo lo controla! Ahí tiene que haber personal auxiliar de acompañamiento para estos funcionarios especialistas que se ocupan de las tareas de urgencia, y esto no siempre pasa por Carabineros, sino por personal capacitado, con cursos acreditados, que brinden mayor seguridad tanto en los establecimientos de atención de urgencia y de salud, en general, como en los educacionales.
Hay que cumplir estos dos requisitos: aumento de las penas y publicidad de estas. Yo quiero ver en cada consultorio, en cada hospital, en todo lugar, un cartelito que, sin ser amenazante e intimidador, deje muy claro que el que rompe las reglas lo va a pasar mal, y que existe una ley que garantiza el agravamiento de la pena. Es una responsabilidad que esto se prevenga.
Yo solo quiero manifestar un ánimo preventivo. De nada nos sirven leyes que parchen heridas cuando estas ya se han producido. Aquí hay que prevenir, y eso significa una preocupación fundamental del Estado por estos funcionarios, y esto no solo se basa en darles más pega a los jueces, en más penalidad, sino en instaurar medidas preventivas.
Voy a votar a favor, señor Presidente, y, por cierto, doy un saludo cariñoso a los funcionarios de la salud. Y quiero decirles a muchos de estos en mi Región que han sido agredidos que esta ley va en la línea correcta, y que lucharemos para que, efectivamente, esto nunca más vuelva a ocurrir y que quien cometa una agresión pague debidamente; pero, asimismo, para que los jefes, los directores, que no están toda la noche de turno, los que manejan los establecimientos, asuman también su responsabilidad de brindar los mecanismos de protección, de implementación, de institucionalidad necesaria para evitar estos hechos.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
Voto a favor.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, votaré a favor de esta iniciativa originada en moción, y quiero saludar de manera muy especial a sus autores, porque ha permitido recoger la preocupación de trabajadores y trabajadoras de la educación y de la salud.
Esta es una larga discusión en nuestro país: si nuestro ordenamiento jurídico tiene que contemplar excepcionalidades respecto de la tipificación, en el sentido de consagrar, en este caso en nuestro Código Penal, sanciones mayores a quienes maltraten, golpeen "a un funcionario o trabajador de un servicio de salud, o a un docente, personal asistente de la educación o manipuladoras de alimentos que presten servicios en establecimientos educacionales", cualquiera que sea el ciclo: enseñanza prebásica, básica o media.
Y lo digo a propósito de la discusión que estamos dando para realizar una modificación en este orden sobre el femicidio.
Lo que hace la sociedad al fijar estas sanciones mayores es reconocerles a los funcionarios públicos, en este caso de educación y de salud, una tarea fundamental en la construcción de nuestra sociedad: ser la respuesta frente a situaciones de enfermedades, en el caso de los trabajadores de la salud, pero también en la formación de nuestros niños y niñas en el caso de los trabajadores de la educación.
Estamos convencidos de que esta señal de disponer un tipo penal especial de lesiones contra los profesionales que prestan servicios en establecimientos educacionales y los funcionarios del servicio de salud es importante. De la misma forma que lo es tipificar con una sanción mayor en nuestro país los hechos de femicidio.
Entonces, en este debate hay quienes preguntan por qué respecto a los trabajadores de la educación y de la salud va a existir una tipificación distinta, si aquí lo que debe garantizarse es la igualdad ante la ley.
Nosotros creemos que esta discusión es importante porque la sociedad les reconoce a estos profesionales una tarea y una exposición que otros no tienen. Y de ahí que, tal como lo han expresado los dirigentes -y me refiero al Colegio de Profesores, a las distintas agrupaciones de asistentes de la educación, a los trabajadores de la salud-, hoy día aquellos se encuentran con este nivel de indefensión. Muchas veces son catalizadores de un problema mayor en nuestra sociedad: cómo se resuelven adecuadamente nuestros conflictos.
Ante la violencia enquistada en nuestra sociedad, debemos ser capaces de proteger de manera bastante más adecuada a los trabajadores de la educación y de la salud, y sancionar de forma más elevada cuando alguien los agreda, porque -insisto- la sociedad les reconoce a ellos una labor fundamental en nuestra construcción social.
Señor Presidente, voy a votar a favor de esta iniciativa. Lamentablemente, tenemos un problema en la página web y no logro ver la moción. No quiero ser injusta, quiero reconocer al Diputado Mario Venegas, porque es el que ha estado conversando conmigo respecto de su texto, y sé que es su autor principal, pero probablemente voy a cometer omisiones respecto al resto. No tengo la intención de hacerlo, porque ello obedece -repito- lamentablemente a que nuestro sistema está con dificultades. Por ello, a través del Diputado Mario Venegas, deseo felicitar y agradecer a todos los mocionantes que hoy día nos permiten discutir, en este segundo trámite constitucional, el proyecto que otorga esta sanción mayor.
Señor Presidente, me acaban de entregar un texto con las firmas de la moción. Muchas gracias. ¡Estamos en la era del "Congreso sin papel", pero aquí el papel no falla...!
Ahora sí, quiero agradecer al Diputado Juan Santana, a la Diputada María José Hoffmann, al Diputado Jaime Bellolio, a la Diputada Cristina Girardi, a la Diputada Camila Vallejos, a la Diputada Camila Rojas, al Diputado Hugo Rey.
El resto de las firmas están un poco ilegibles...
Gonzalo Winter -me faltan dos-...
En todo caso, quiero agradecer a quienes han acogido la demanda muy sentida, que hacemos propia también, de los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Y estamos convencidos de que con esta modificación al Código Penal mandamos asimismo una señal social de mayor respeto hacia quienes entregan un tiempo importante para la formación de personas y para solucionar problemas de salud, como son los trabajadores de la educación y de la salud, respectivamente.
Voto entusiastamente a favor de este proyecto de ley.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Sandoval.
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, efectivamente, esta iniciativa nace de una moción presentada por Diputados en septiembre del año 2018. Los Diputados Jaime Bellolio, María José Hoffmann, Cristina Girardi, Hugo Rey, Camila Rojas, Juan Santana, Diego Schalper, Camila Vallejos, Mario Venegas y Gonzalo Winter son los autores de este proyecto, en cuya tramitación el Ejecutivo también se hace parte e ingresa una indicación sustitutiva que conforma su contenido global y le pone los énfasis, las prioridades y las urgencias pertinentes, para lograr evidentemente una iniciativa como esta, que persigue un objetivo esencial.
Es verdad que, como se señalaba acá, debemos erradicar la violencia en todos los ámbitos como mecanismo para resolver conflictos, y que ella no debe ser avalada bajo ningún punto de vista ni en circunstancia alguna. Por eso uno valora iniciativas de esta índole.
Ahora, ¿por qué apuntar hoy día a ámbitos tan específicos como los referidos a los funcionarios de la salud y de la educación? Porque no hay nada más propio del servicio social y público que el que prestan estos funcionarios a la sociedad y la comunidad.
En el sector de la salud hay profesionales, funcionarios, técnicos de diferente naturaleza que cumplen una labor muy significativa y muy sensible en lo humano y en lo social en los diferentes recintos hospitalarios a lo largo de todo el país. Por su parte, en quienes ejercen labores en la educación tenemos a profesores, asistentes, técnicos, funcionarios, los cuales ni más ni menos que están abocados a la formación del futuro de nuestros niños y niñas en todo el país.
Por eso, este proyecto sin duda que va en la dirección correcta al pretender establecer mecanismos que resguarden lo anterior a través de la modificación de diferentes cuerpos legales. El Código Penal, el Código Procesal Penal, la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes en el ámbito de la salud, son todas normativas que incorporan diversas medidas que apuntan precisamente a elevar los estándares en materia de penas. Aquellos, evidentemente, son aspectos que tenemos que resguardar. Y debemos tratar de evitar, a todas luces, lo que signifique tensión o los efectos que ciertos actos provoquen en los funcionarios que se dedican a estas dos nobles actividades.
Las informaciones que entrega el Ministerio del Interior y Seguridad Pública indican, por ejemplo, que el año 2018 el 60 por ciento de los trabajadores de la salud había sido víctima de violencia en los últimos doce meses, ¡el 60 por ciento de los trabajadores de la salud!
Por su parte, el año 2017, la Agrupación de Médicos Generales de Zona del Colegio Médico de Chile realizó una encuesta que indicó que el 76 por ciento de los médicos había sufrido algún tipo de agresión. El resto de los profesionales de la salud alcanzaron el 96 por ciento, con un esquema de inseguridad equivalente al 50 por ciento,...
El señor NAVARRO.- Física y psicológica.
El señor SANDOVAL.-... física y psicológica, como muy bien me recuerda el Senador Navarro.
Respecto del ámbito de la educación, la información proporcionada por la Superintendencia de Educación muestra que, desde el año 2014 a la fecha, se han realizado 880 denuncias por maltrato de alumnos o de apoderados a docentes y/o asistentes de la educación.
Los hechos de violencia y las agresiones que han acontecido en los últimos meses en los dos ámbitos, y que han impactado a nuestras comunidades, evidentemente deben ser enfrentados y atacados.
Creemos que este proyecto va absolutamente en la dirección necesaria, adecuada y correcta.
Como bancada, nosotros entregamos el respaldo absoluto a esta iniciativa tal cual como nació, transversalmente, y valoramos la voluntad y, sin duda, la disposición del Gobierno para hacerse parte también de esta necesidad, introduciendo modificaciones a este proyecto a través de una indicación sustitutiva.
Hemos dicho, y yo también lo he señalado muchas veces con motivo de diversas iniciativas legales, ¿por qué tenemos que legislar con este tipo de normas, cuerpos legales, para disponer acciones que en definitiva puedan inhibir, minimizar, reducir y ojalá eliminar este tipo de actos? No debería uno estar haciendo leyes de esta naturaleza. Debería ser propio de la convivencia humana y social el resolver nuestros problemas, nuestras diferencias mediante el diálogo, la conversación. Pero a golpes, sin duda que no.
Sin embargo, mientras no logremos nuestra madurez como sociedad, desgraciadamente, tendremos que dictar normas de esta naturaleza para penalizar a quienes creen que la violencia es el canal para resolver los problemas.
Votamos gustosos a favor de este proyecto.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Pizarro.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, creo que a esta iniciativa hay que felicitarla. Y, con mucha franqueza y claridad, debo decir que ella es oportuna.
En numerosas ocasiones, cuando en el Congreso, en la Cámara o en el mismo Senado, surgen hechos muy noticiosos o muy lamentables que generan impacto en la opinión pública, no falta quien plantea un proyecto. Porque la costumbre en nuestro país es pensar que todo se soluciona con una ley; pero muchas veces, más allá del titular de prensa o la frase que queda escrita, ello no se traduce después en una propuesta coherente o consistente para encarar una situación compleja, como la que viven los funcionarios de las áreas de la salud y la educación, o bien, los trabajadores que se ven expuestos a problemas ante agresiones que afectan su integridad física y psíquica, como se ha dicho acá.
Ahora, si la iniciativa es transversal, tanto mejor, porque quiere decir que objetivamente hay una necesidad o un punto de vista común frente a un problema complejo.
Como se ha afirmado acá, el Diputado Mario Venegas ha sido muy activo en conversar con nosotros -por lo menos con nuestra bancada-, y supongo que los otros Diputados que firmaron la moción, a los que aludió el Senador Sandoval, habrán hecho lo mismo con los demás colegas.
Me parece a mí que el objetivo de garantizar la integridad y la seguridad personal en los servicios públicos obedece a una necesidad que hoy día es muy primordial. Se trata de dos servicios públicos donde las personas que trabajan y ejercen sus funciones son, claramente, imprescindibles desde el punto de vista del rol que cumplen en la sociedad. Estamos hablando de los temas de la salud y de la educación, dos de los desafíos básicos para cualquier sociedad moderna, en que se aspira a tener educación de calidad y, también, servicios y atención de salud de calidad.
¿Qué es lo que sucede? Se ha mencionado acá con toda claridad por mis colegas -y no voy a redundar- que esos funcionarios se encuentran hoy día permanentemente sometidos, por distintas razones, a situaciones de agresión, de maltrato tanto físico como mental. Y la señal, entonces, que se está entregando aquí al establecer un aumento importantísimo de las sanciones para aquellos que generan este tipo de delitos es sumamente relevante.
Por eso decía que este es un proyecto muy oportuno.
Está claro, por cierto, lo que dispone el artículo 263: "El que hiriere, golpeare o maltratare de obra a un funcionario o trabajador de un servicio de salud, o a un docente, personal asistente de la educación o manipuladoras de alimentos que presten servicios en establecimientos educacionales prebásicos, básico y medio, en instituciones reconocidas por el Estado, en el ejercicio propio de su cargo o con ocasión de él, será castigado:" -y en seguida viene la declaración- con presidio mayor en su grado medio, dependiendo de la gravedad de la falta, las lesiones o el delito. Y, asimismo, se establecen otras penas.
Se dispone también -en el artículo 263 bis- que el tribunal podrá fijar penas accesorias, que pueden ser la obligación de asistir a programas de rehabilitación, realizar trabajos comunitarios, etcétera.
Otro aspecto que además se consigna con claridad es la obligación de comunicar los hechos a los jefes de recintos hospitalarios o de clínicas particulares y de recintos educacionales reconocidos por el Estado, quienes estarán obligados a denunciar los crímenes y simples delitos que se cometieren en el interior de algún establecimiento educacional o clínica.
Esto es muy importante porque, por cierto, se trata de una obligación contemplada por ley, en el sentido de que cuando se produzca este tipo de situaciones no hay que minimizarlas ni esconderlas o hacerse los lesos. Por tanto, los jefes y directores de esos servicios o establecimientos tienen la obligación de hacer la denuncia.
Esa es la razón fundamental, señor Presidente, por la cual a nosotros nos parece muy importante este proyecto.
Tal como dijo la Senadora Provoste, no se trata aquí de establecer un privilegio en cuanto a tener una normativa especial o de que, si se agrede a determinada persona, se rompe el principio de igualdad ante la ley cuando se fija una sanción mayor. Y ello, precisamente por lo que señalaba al principio: porque estamos hablando de dos servicios, de dos áreas esenciales para la buena convivencia nacional y para la calidad de vida de nuestra gente.
Voto a favor.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- No hay más inscritos.
Tiene la palabra la señora Secretaria.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (27 votos a favor).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Goic, Órdenes y Provoste y los señores Allamand, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, García, García-Huidobro, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana y Sandoval.
--(Aplausos en tribunas).
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Subsecretario de Redes Asistenciales, don Arturo Zúñiga.
El señor ZÚÑIGA (Subsecretario de Redes Asistenciales).- Buenas tardes, señor Presidente. Por intermedio de la Mesa, quiero agradecer la votación de los Honorables Senadores.
Tal como se mencionó en varias de las intervenciones de los parlamentarios, lo más importante de las medidas relacionadas con estos hechos de violencia es la implementación de acciones preventivas. Por eso, desde el Ministerio de Salud hemos creado una mesa de trabajo con la Asociación Chilena de Municipalidades, el Colegio Médico, la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Confusam -y quiero destacarlo-, a través de su Presidenta, doña Gabriela Flores, quien se halla en las tribunas y a la cual le agradezco todo el empuje que le ha dado a este proyecto.
--(Aplausos en tribunas).
El Senador Huenchumilla entregó cifras que se obtuvieron cuando comenzó a redactarse esta iniciativa, que luego ingresó a tramitación en el Congreso Nacional.
En ese momento se hablaba de 260 agresiones. Lamentablemente, debo comunicarles que en los siete primeros meses de este año llevamos 594; es decir, se ha registrado un promedio de tres agresiones diarias en las instituciones de salud pública.
En forma reciente conocimos un hecho de violencia cometido contra una doctora en el Hospital Barros Luco. Y hemos instruido a la dirección del servicio de salud, a la dirección de ese hospital para que presenten acciones judiciales y acompañemos a la persona afectada.
Ese es el deber que tenemos las autoridades de salud: acompañar a nuestros funcionarios.
Asimismo, hemos implementado medidas preventivas tales como la instalación de botones de pánico y de cámaras de seguridad, así como mantener reuniones con Carabineros de Chile a fin de evitar la ocurrencia de este tipo de situaciones.
Pero ello no es suficiente.
Por eso, necesitamos que entre en vigor la ley en proyecto, ya que no hay nada que justifique los hechos de violencia en contra de los funcionarios de salud.
Por ello les agradezco a los Senadores y a las Senadoras por haberme permitido estar acá y por haber votado en forma unánime a favor de este proyecto en general, a fin de que continúe su tramitación en la Comisión respectiva.
Muchas gracias.
--(Aplausos en tribunas).
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Le agradezco al señor Subsecretario por haber estado presente en el tratamiento de esta iniciativa.
Asimismo, reitero nuestros agradecimientos y saludos a la Presidenta y a la Directiva de la Confusam, quienes nos han acompañado esta tarde.
El proyecto vuelve a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para su discusión particular, instancia en que se podrán presentar las indicaciones pertinentes.