CREACIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, uno de los temores más difundidos actualmente en nuestra sociedad es el relacionado con la delincuencia juvenil.

Todos los días la televisión recoge uno o más hechos. Se mezclan delitos graves y faltas menores. Pareciera una amenaza creciente e incontenible. Hay en las víctimas una sensación de impunidad y desprotección.

Sin duda, se trata de un problema real, aunque la percepción ciudadana no necesariamente va de la mano con las cifras. El porcentaje de menores involucrados en delitos ha ido disminuyendo y es inferior al diez por ciento, mas es efectivo un aumento en la reincidencia.

El clima en la opinión pública se traduce, naturalmente, en una sola conclusión: la demanda de penas más duras, con privación verdadera de la libertad. Pero, paralelamente -y con razón-, desde la academia y otros segmentos de la opinión pública se enfatiza en las condiciones sociales generadoras de la delincuencia y en la necesidad de proteger y rehabilitar a los menores, más que en la aspiración de justicia y reparación para las víctimas de ilícitos. Se pone de relieve especialmente la grave vulneración de derechos dentro de los recintos del SENAME.

Ambas visiones apuntan correctamente a una parte de la verdad, pero juzgo posible una aproximación más integrada y menos polarizada. Estimo factible y, aún más, un deber compatibilizar la exigencia de protección para los menores involucrados y para las víctimas de sus delitos. El sistema debe ser capaz de satisfacer los dos objetivos. Si uno de ellos falla, entonces todo el sistema será cuestionado.

Es un escándalo que niños no estén al cuidado de un adulto realmente responsable y que luego de delinquir sean abusados en recintos públicos o privados destinados a resguardarlos. También lo es que personas se sirvan de menores de edad para cometer ilícitos y se amparen en el manto de protección que la ley les proporciona a niños y adolescentes.

La verdad es así de compleja: por una parte, los jóvenes infractores de ley son también personas vulneradas en sus derechos que requieren una atención prioritaria del Estado, y, por la otra, las víctimas de delitos exigen justicia, proporcional a la edad de los autores, pero justicia al fin.

Lo principal es la reinserción y protección del menor, pero no se puede descuidar la justicia.

Debemos tener claro que si un adolescente llega a participar en un ilícito es porque previamente se ha vulnerado gravemente uno o más de sus derechos: el de vivir en una familia que lo cuide o el de ser protegido por la comunidad, el de recibir educación y atención de salud, el de no trabajar.

Pongo en especial relieve el derecho a la salud. Normalmente, los menores que llegan a delinquir presentan un daño relevante en su salud mental y la cobertura de atención especializada es muy baja. El nuevo servicio debe contar con las capacidades suficientes para hacerse cargo del déficit.

El Ministerio de Salud es tanto o más importante que el de Justicia en la tarea. Muchas veces observamos que las autoridades de salud reaccionan rápidamente ante cualquier brote de enfermedad, así sea de efectos menores en la población, pero no las veo haciéndose cargo de la verdadera crisis de salud mental que afecta a la población infantil y adolescente.

Lo propio debe hacer Educación, que ha de poner a disposición de estos menores una oferta educativa especializada que hoy día es escasa y muy débil.

Por eso es tan importante que el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil actúe en coordinación con otras agencias del Estado. De otra manera, su labor no será fructífera y en lo único que habremos avanzado será en la separación de niños vulnerados infractores y no infractores de ley.

Concurro con mi voto a favor de la iniciativa.

Estamos reformando uno de los actores del sistema, pero se requiere que todos ellos: jueces, fiscales, defensores, policías, el nuevo servicio y organismos colaboradores revisen su accionar en función del cumplimiento de los fines que demanda con urgencia la sociedad.