REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 364ª
Sesión 80ª, en miércoles 11 de enero de 2017
Ordinaria
(De 16:24 a 19:6)
PRESIDENCIA DE SEÑORES RICARDO LAGOS WEBER, PRESIDENTE;
JAIME QUINTANA LEAL, VICEPRESIDENTE; CARLOS MONTES CISTERNAS, Y ALEJANDRO GUILLIER ÁLVAREZ, PRESIDENTES ACCIDENTALES
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros de Hacienda, señor Rodrigo Valdés Pulido; Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán; Economía, Fomento y Turismo, Luis Felipe Céspedes Cifuentes; Educación, señora Adriana Delpiano Puelma; y de Obras Públicas, señor Alberto Undurraga Vicuña.
Asimismo, se encontraba presente el Director General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, señor Carlos Estévez Valencia.
Actuó de Secretario General el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:24, en presencia de 16 señores Senadores.
El señor LAGOS (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor LAGOS (Presidente).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 77ª y 78ª, ordinarias, en 3 y 4 de enero del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
El señor LAGOS (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
De Su Excelencia la Presidenta de la República, con el que solicita el acuerdo del Senado para autorizar la permanencia de tropas chilenas, por el plazo de doce meses, en la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA) (boletín N° S 1.914-05), respecto de lo cual hace presente la urgencia en los términos del inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental.
--Pasa a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, unidas.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Expide copia de las sentencias definitivas pronunciadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad acerca de las siguientes disposiciones:
-Inciso final del artículo 259 del Código Procesal Penal.
-Artículo 207, letra b), del decreto con fuerza de ley N° 1-2009, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
--Se manda archivar los documentos.
Adjunta resolución dictada en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad con relación al inciso segundo del artículo 1° de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas de las penas privativas o restrictivas de libertad, y del inciso segundo del artículo 17 B de la ley N° 17.798, sobre control de armas.
--Se remite el documento a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Ministro de Defensa Nacional:
Responde inquietud, planteada en nombre del Honorable señor Navarro, sobre diversos aspectos relativos al servicio militar en los últimos cinco años.
Del señor Fiscal Nacional Económico:
Remite copia del estudio "Estimación de sobrepreciopara el caso de colusión en el mercado del papel tissue", encargado por el organismo a su cargo, solicitud enviada en nombre del Honorable señor De Urresti.
Del señor Presidente del Banco del Estado:
Atiende petición, del Honorable señor García, para considerar el término de los cobros por mantención de las cuentas corrientes en las cuales se deben hacer los aportes de campaña a los candidatos a un cargo de elección popular, de acuerdo con la ley Nº 19.884.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo con relación a menores de edad víctimas de delitos sexuales (boletín N° 9.245-07) (con urgencia calificada de "suma").
Segundo informe de la Comisión de Salud, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias (boletín N° 9.914-11) (con urgencia calificada de "suma").
--Quedan para tabla.
Comunicación
Del Comité Socialista e Independiente, mediante la cual da a conocer que a contar de esta fecha sus representantes serán los Honorables señores Quinteros y De Urresti.
--Se toma conocimiento.
El señor LAGOS (Presidente).- Terminada la cuenta.
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El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor LAGOS (Presidente).-
Sí, Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Le solicito a la Mesa recabar la autorización de la Sala para que la Comisión de Hacienda pueda sesionar a las 16:30.
Tenemos que despachar el proyecto que modifica diversos cuerpos legales para permitir un adecuado funcionamiento del sistema escolar, texto proveniente de la Comisión de Educación. Es misceláneo y la urgencia ha sido calificada de "discusión inmediata".
El señor LAGOS (Presidente).-
No hay unanimidad.
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El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, conforme a lo que ya conversé con usted, pido que se vea en forma prioritaria el proyecto de ley que autoriza la erección de un monumento en memoria del ex Presidente de la República Patricio Aylwin.
El señor LAGOS (Presidente).-
Efectivamente, ese fue el planteamiento.
Si no hay objeciones, se tratará el asunto como si fuera de fácil despacho.
Acordado.
ERECCIÓN DE MONUMENTO EN MEMORIA DE EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SEÑOR PATRICIO AYLWIN AZÓCAR
El señor LAGOS (Presidente).-
Conforme a lo acordado por la Sala, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que autoriza erigir un monumento en memoria del ex Presidente de la República señor Patricio Aylwin Azócar, con informe de la Comisión de Educación y Cultura.
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.635-24) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 51ª, en 28 de septiembre de 2016 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Educación y Cultura: sesión 79ª, en 10 de enero de 2017.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El objetivo principal de la iniciativa es rendirle un homenaje al ex Primer Mandatario mediante la instalación de un monumento en su memoria en la comuna de Santiago.
El órgano técnico discutió el proyecto en general y en particular, en virtud del acuerdo adoptado por la Sala con fecha 4 de enero recién pasado, y lo aprobó, con la enmienda que consigna el informe, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señora Von Baer y señores Rossi e Ignacio Walker.
El texto propuesto se consigna en el informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Nada más.
El señor LAGOS (Presidente).-
Puede intervenir el Senador señor Ignacio Walker, Presidente de la Comisión.
El señor WALKER (don Ignacio).-
Señor Presidente, la unanimidad de los miembros de la Comisión de Educación y Cultura quiere pedirle a la Mesa que recabe el acuerdo de la Sala para autorizar la erección de un monumento y actualizar la vigencia del legado del ex Presidente de la República señor Patricio Aylwin Azócar.
Creo que dicho consenso, surgido espontáneamente, refleja el sentimiento de Chile y del Congreso en orden a honrar la memoria de un servidor público de excepción: abogado, profesor universitario de Derecho Administrativo, Senador de la República en dos períodos, Presidente de esta Corporación, siete veces Presidente del Partido Demócrata Cristiano y Primer Mandatario durante el que tal vez fue el período más crítico de nuestra vida nacional en el último siglo, correspondiente a la transición hacia la recuperación de la democracia.
A mi juicio, una parte importante de ese legado, de ese testimonio, de esa trayectoria de servicio, se halla bien reflejada en muchas de sus obras, pero especialmente en su libro El reencuentro de los demócratas, donde justamente refleja el espíritu imperante en un momento muy difícil de nuestra historia, cuando se hizo posible la recuperación de la democracia.
Me parece que sería una señal muy apropiada que el Senado, ojalá por unanimidad, pudiera hacer suya la opinión de la Comisión, porque es evidente que un país tiene que rendir homenajes en memoria de sus servidores. Esta fue la tradición de la cuna de la democracia en el siglo V antes de Cristo, con Pericles, el primer ciudadano de la democracia ateniense, como dice Tucídides. En efecto, se aplicó la norma de honrar a aquellos ciudadanos que lo habían entregado todo al servicio de la patria.
Por las razones expuestas, solicitamos que el Honorable Senado tenga a bien autorizar la erección de un monumento en memoria del ex Presidente de la República señor Patricio Aylwin Azócar.
El señor LAGOS (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se abrirá la votación.
Acordado.
--(Durante la votación).
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, en nombre de los Senadores de la UDI y en lo personal, quiero adherirme a la iniciativa y anunciar que vamos a aprobarla.
Estimo que la República efectivamente tiene que honrar y reconocer a quienes han hecho esfuerzos importantes por preservar sus instituciones y ser, finalmente, más un símbolo de entendimiento que uno de enfrentamiento.
En un momento dado nos tocó estar en una misma línea, en la Confederación de la Democracia, para después situarnos en posiciones muy distintas. Pero pienso que la nobleza obliga y que, objetivamente, tal como lo expusimos con motivo del funeral de don Patricio Aylwin, es justo reconocer sus dotes de hombre de Estado y su ánimo de hacer de Chile un país de todos.
Dio lugar a complejidades, como es obvio, y quizás se podrán discutir algunas resoluciones, pero, al final, cuando la niebla desaparece y empiezan a surgir con mayor nitidez los gestos y hechos de cada uno, no cabe duda de que don Patricio Aylwin ocupa un lugar importante en el recuerdo de todos.
Considero, entonces, que este tipo de monumentos precisamente tienen que ofrecer ese sentido de unidad. Los que salen forzados hieren un poco, en definitiva, la sensibilidad del país. Los reconocimientos que surgen espontáneamente y presentan esa primera característica son los que realmente duran.
Nos parece de justicia y muy deseable que figuras que han contribuido a generar un Chile mejor obtengan un reconocimiento -ojalá unánime- del Senado y del Congreso y puedan ser un símbolo de unidad, aunque hayan sostenido una posición distinta.
Por eso, votamos a favor.
El señor LAGOS (Presidente).-
Puede intervenir el Honorable señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.-
Señor Presidente, son ampliamente conocidas las razones para levantar un monumento en memoria y honor del ex Primer Mandatario Patricio Aylwin, fallecido en abril del año recién pasado, y vastamente merecido un homenaje como este, que busca dejar de manifiesto el respeto y reconocimiento del pueblo chileno a su trayectoria y su legado.
No creo, por lo tanto, que sea necesario reiterar su biografía o ahondar en ella, donde se consignan, no uno, sino muchos atributos, acciones y obras que justifican ampliamente la construcción de la obra sobre la cual estamos legislando.
Patricio Aylwin fue un destacado político, un reconocido líder y un gran Presidente. Solo por eso ya merece una estatua.
Fue, además, un hombre justo, capaz de encarnar la épica de una sociedad que decidió tomar el camino pacífico, del entendimiento y del acuerdo para restaurar la República y construir, desde esa base, una mejor sociedad.
Para mí, fue también un referente que, además de honrarme con su amistad y confianza, influyó en mi vocación de servicio público.
Cuando levantamos un monumento como sociedad, lo que hacemos es brindar un tributo público en memoria de una figura cuyo valor es digno de ser conocido y transmitido a las nuevas y las futuras generaciones.
Por eso, el presente homenaje adquiere pleno sentido, aunque pueda parecer extraño dirigirlo a un político en estos tiempos, cuando son otras las actividades valoradas en la sociedad.
Más aún, es raro valorar a un político tradicional en circunstancias de que esta figura se utiliza más bien para descalificar y menospreciar.
Puede parecer insólito destacar a alguien que dedicó su vida a la actividad pública cuando la experiencia es más una carga que un valor; a alguien sólido, consistente y coherente cuando priman la labilidad, la volubilidad y la liviandad.
Pero si levantamos la mirada por sobre la visión superficial de la política que impera hoy y que, por cierto, obedece a causas de fondo, la contribución de Patricio Aylwin a la convivencia, al desarrollo y a la paz del país son innegables.
Porque, más allá del malestar que inunda la visión de la ciudadanía respecto de todo lo que concierne a la vida pública, en la perspectiva histórica e internacional podemos decir que vivimos en un país pacificado, más justo, más próspero. Y ello se lo debemos a muchos hombres y mujeres, pero en forma especial a Patricio Aylwin Azócar.
Por eso, señor Presidente, la bancada del Partido Socialista vota a favor de este proyecto.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Señor Presidente, respaldo la unanimidad que le dieron a la iniciativa los integrantes de la Comisión de Educación, con el informe que ha entregado el Senador Ignacio Walker.
Como Senadora de la Región de Valparaíso me sumo con mi voto favorable a la aprobación y futura instalación de este monumento en honor al Presidente Aylwin.
También como Presidenta de Amplitud, que es un partido político nuevo, quisiera compartir que tenemos dirigentes destacados que en algún minuto militaron en la Democracia Cristiana, como el ex dirigente juvenil por la Región de Valparaíso Marcelo Meza y Kinka Buzada, de la comuna de Providencia. Lo planteo así porque ellos estuvieron en los funerales de don Patricio Aylwin y lamentaron profundamente su deceso.
Por esa razón, nosotros como Amplitud tenemos el mayor respeto y la mayor consideración por su figura y también por lo que implicó para el desarrollo de la democracia en nuestro país.
Por lo tanto, de todas maneras, voto a favor.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Rossi.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente, obviamente, quiero sumarme a lo que planteó nuestro jefe de bancada, el Senador Quinteros, respecto de la figura de Patricio Aylwin.
Deseo aprovechar la ocasión para referirme a otro aspecto, que se relaciona con la evaluación que uno hace acerca de los procesos históricos y de los líderes que los encabezaron o condujeron.
Hoy nadie discute el tremendo legado que deja Patricio Aylwin en materia de convicción y de trabajo honesto para lograr el reencuentro de todos los chilenos, en circunstancias muy difíciles. Trabajó por la paz social, por el fortalecimiento de las instituciones, por reinsertar a Chile en el mundo, por derrotar la pobreza y por tantos otros desafíos que tuvo su Gobierno, que hoy día recordamos.
Sin embargo, la otra cara de la moneda -esto es lo que quería mencionar, aprovechando la ocasión; considero que es un buen momento- es que vivimos tiempos en los cuales la crítica fácil del ayer, de otros momentos de la historia, es pan de cada día.
Es bueno mencionarlo, porque siento que existe un sector de esta sociedad -el hecho de que tengan menos edad o sean de otro grupo etario no es una justificación- que intenta hacer algo que atenta contra el mínimo rigor intelectual, contra la inteligencia más básica: juzgar con la mirada de hoy los procesos de ayer, que ocurrieron en otro contexto, en otro período de la historia, con otra cultura, quizás con otra ética. La ética tiene que ver con los valores, con las costumbres, y estas van cambiando, van evolucionando.
Por ejemplo, si alguien hubiese dicho en 1920 que las mujeres tenían derecho a voto, lo más probable -y de hecho ocurrió- es que esa opinión no fuera muy considerada; así vemos que recién en 1952 las mujeres obtienen el derecho a voto. O si en los años 90 hubiésemos planteado que debíamos legislar respecto del matrimonio igualitario -como muchos lo hemos expresado en el pasado-, estas no habrían sido posturas mayoritarias.
Pero la sociedad cambia.
Y lo mismo ocurre con otras cosas.
Vemos publicidad en la que falta ese rigor que yo acuso en relación con ciertos instrumentos que se aplicaron hace veinte años, como el CAE. Allí se banaliza una política pública que en un momento determinado de la historia de Chile, en que no había recursos para aumentar la cobertura e introducir equidad en el acceso a la educación superior, aparecía como una herramienta que iba a permitirlo en ese minuto.
Fíjense que recién hoy día el 12 por ciento de los estudiantes que ingresan a la Pontificia Universidad Católica y a la Universidad de Chile provienen de establecimientos municipales -¡el 12 por ciento!-. Casi el 60 por ciento de quienes ingresaron o que obtuvieron más de 700 puntos vienen de colegios particulares pagados.
Entonces, hoy día se pretende evaluar, juzgar y criticar una política pública que tuvo como cualidad permitir que jóvenes que jamás hubiesen tenido la oportunidad de ingresar a la educación superior lo hicieran.
Y ocurre lo mismo con otras políticas públicas.
Lo mismo sucede, por ejemplo, en cuanto a la relación de los distintos gobiernos de la Concertación con las Fuerzas Armadas o cómo debieron enfrentar el período posdictadura en los primeros años tras el retorno a la democracia. Hay personas que no lo vivieron. Yo tengo más edad y era dirigente estudiantil cuando se produjeron el "ejercicio de enlace" y el "boinazo".
Entonces, hago un llamado a ciertas personas que -insisto- han adquirido la costumbre de evaluar, juzgar y prejuzgar desde una perspectiva política con los ojos de hoy, en el contexto de hoy, lo que ocurrió ayer.
Sinceramente, siento que eso es una falta de rigor intelectual tremendo; pero, también, una tremenda injusticia con la historia.
Eso es lo que quería agregar, además de avalar la construcción de este monumento por todo lo que significa la figura de Patricio Aylwin para Chile.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).-
Señor Presidente, me están pidiendo que corrija al Senador Ignacio Walker, pero la verdad es que me pareció muy bien lo que dijo, ¡así que no le voy a hacer caso al Senador Pizarro...!
Este homenaje que de alguna manera le hacemos al ex Presidente Aylwin al autorizar erigir un monumento en su memoria es muy merecido.
Aylwin fue -todos lo saben- un gran académico (es autor de un tratado sobre juicio arbitral). Era un gran abogado, que podría haber tenido ingresos muy altos si se hubiera dedicado a la profesión cien por ciento.
Pero, por sobre todo, Aylwin será recordado por su testimonio: por su coherencia, su austeridad. No había ninguna diferencia entre lo que decía y hacía.
Me acuerdo de una anécdota que contaba su padre, señor Presidente, cuando lanzamos un libro en el ex Congreso Nacional: habían entrado a robar a la casa del Presidente Aylwin en Algarrobo y todo lo que encontraron fue una radio a pilas.
Realmente, era un hombre austero que vivió en la misma casa durante toda su vida; que recibió al Presidente Bush padre en un lugar que al parecer era algo incómodo, pues no cabían.
¡Ese era Patricio Aylwin!
¡Y, por Dios que es importante -como dice el Senador Rossi-, en estos momentos de desprestigio, que los desencantados de hoy miren la vida y obra de don Patricio Aylwin!
Dicho sea de paso, en la Biblioteca del Congreso tenemos un libro que da cuenta de su trayectoria parlamentaria, política, como Presidente, que sugiero leer porque realmente contiene testimonios muy impactantes.
Siempre he estado convencido de que Aylwin era el hombre para dirigir la transición, por su prudencia, por ser visionario. Recordemos que en la época de la dictadura había dos visiones dentro de quienes nos oponíamos a Pinochet. La de aquellos que eran partidarios de derrotarlo solo por la vía de la movilización social. Y otros, como don Patricio Aylwin, que al principio estuvo acompañado por pocos, quien decía que la Constitución de Pinochet era ilegítima pero que era un hecho, y que la única forma de derrotarlo y transitar a la democracia sin derramar una gota de sangre era inscribiéndose en los registros electorales para tener una transición pacífica.
¡Dicho y hecho! Eso ocurrió.
La verdad es que al final la inmensa mayoría se sumó a ese camino y Aylwin demostró que tenía razón, liderando esa tesis junto con otros. En ese sentido, también hay que hacerle un reconocimiento histórico.
Estoy convencido de que fue Presidente no solo porque era brillante, sino porque era una persona que escuchaba, que sabía trabajar en equipo. No solo era el mejor alumno, sino también el mejor compañero. Y por eso generaba adhesión, cariño, amistad y afecto.
Él decía que era parte de una generación fracasada, porque no fueron capaces de evitar el golpe de Estado. No obstante, en el libro se relatan todas las historias en las cuales él insistía en hablar con el Presidente Allende y con el Cardenal Silva Henríquez para tratar de evitar el golpe. Estoy convencido de que Aylwin se la jugó hasta el final para impedirlo.
Pero ¿cuándo se reconcilia él? Me lo han dicho muchos colegas de Izquierda: cuando con ocasión del informe Rettig pide perdón en nombre del Estado de Chile. Ahí se produce un link entre el Centro y la Izquierda, la que probablemente tenía algunas aprensiones respecto del rol de Patricio Aylwin después de ocurrido el golpe de Estado.
Muchos decían: "Es una buena persona, pero no va a ser capaz de gobernar", comparándolo con el ex Presidente argentino Raúl Alfonsín, quien era un republicano, un estadista, pero que manejó pésimo la economía de su país, no tuvo la fuerza necesaria y la inflación se disparó en Argentina. Y, desgraciadamente, el Presidente Alfonsín no pudo terminar su período.
En el Gobierno de Aylwin crecimos al 8 por ciento, pero además con justicia social.
Asimismo, creo que es importante señalar que fue un hombre de familia. Siempre iba a dejar a sus cercanos, a sus nietos, a sus hijos, a la puerta. Era una persona que nunca iba a restoranes, porque era austero. Prefería una buena conversación a una gran comida, a un gran banquete.
Era un hombre de gestos.
Lo conocí a los 14 años. Entré a la Democracia Cristiana después de sostener una reunión con él.
Me acompañó cuando asumí como Presidente de la Juventud de mi Partido, como Presidente de la Cámara de Diputados y como Presidente del Senado.
Es decir, era un hombre de gestos, ¡de gestos!, amigo de sus amigos.
Por lo tanto, hoy día, con mucho gusto, concurro con mi voto favorable a la aprobación de este proyecto.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, quiero sumarme a los colegas que hoy día han intervenido y quieren rendirle, a mi juicio, un justo y legitimo homenaje a quien fuera el primer Presidente de la transición democrática.
Deseo señalar que mirada ahora, con la perspectiva del tiempo, lo que fue la situación en nuestro país a partir de 1988, fecha del plebiscito, uno puede concluir que él efectivamente era la persona indicada para el momento indicado.
Pienso que respecto de eso no hay ninguna duda.
Me alegro como socialista, al igual que mi Partido, de que hayamos estado detrás de su postulación, de que le diéramos nuestro respaldo.
Recuerdo su asistencia a un pleno del Comité Central y a un Consejo Nacional de nuestra colectividad, en que se le entregó un apoyo muy importante.
Además, en términos personales, no puedo dejar de mencionar el primer encuentro de Patricio Aylwin, cuando ya había sido elegido pero todavía no asumía el cargo -o sea, era Presidente electo-, con mi familia, especialmente con mi madre. Hacía poco que veníamos llegando del exilio, después de casi diecisiete años. Fue realmente importante la calidad humana que demostró en ese encuentro, que no era algo fácil. Todos sabemos lo que ocurrió entre 1970 y 1973: más que adversarios, quizás llegamos a ser enemigos. Y, por consiguiente, era muy relevante el reencuentro de dos figuras tan simbólicas, por lo que había sido y significaba el Gobierno de Salvador Allende: Hortensia, mi madre, y Patricio Aylwin. Y quiero testimoniar aquí, en esta Sala, que ello resultó bastante grato, que pudimos cambiar la tensión inicial, que rápidamente se diluyó.
Considero que lo que nos acercó -y era lo que nos convocaba- fue que había una profunda conciencia en cuanto a que se iniciaba el período histórico más importante para Chile: la recuperación de la democracia, el término de la dictadura, transitar hacia ese camino, el de la democracia, e iniciar la transición. Y eso solo era posible con lo que habíamos logrado generar en esa elección: lo que se conoció como la "Concertación de Partidos por la Democracia", o sea, el encuentro entre el Centro y la Izquierda y -yo diría- el reencuentro entre democratacristianos y socialistas.
Estimo que eso resultó decisivo en lo que fue la historia de nuestro país en su momento, en el transitar hacia la democracia.
Deseaba expresar lo anterior, señor Presidente, porque me parece que Patricio Aylwin fue la persona indicada. Además, aquí se han destacado características de él que es imposible no mencionar, como el saber trabajar en equipo, el saber escuchar, el tener la humildad de oír y de aceptar las distintas opiniones.
Cuando uno imagina las presiones que hubo en su Gobierno, cuando recuerda el "boinazo", el "ejercicio de enlace" y los "pinocheques", la verdad es que concluye que no se trataba de algo sencillo. Por eso, considero que Patricio Aylwin fue la persona indicada para ese momento.
Además, cuando uno ve lo que está ocurriendo hoy día, en particular el descrédito de la política y, desgraciadamente, el alejamiento que la ciudadanía percibe de los líderes políticos o de los partidos, la sobriedad de un Patricio Aylwin es motivo de orgullo. Él, en mi opinión, reflejaba ese espíritu republicano del que nos sentíamos orgullosos, esto es, que los Presidentes de Chile no salían enriquecidos, que se volcaban al servicio público, que eran servidores.
Eso era algo de lo cual los chilenos nos sentíamos orgullosos.
Por desgracia, ello terminó abruptamente con la dictadura de Pinochet, la que ni siquiera escapó a la regla de oro del enriquecimiento ilícito: hasta el día de hoy nadie ha podido dar una respuesta a los más de veintitantos millones de dólares que no tienen explicación.
En consecuencia, quiero rescatar de Patricio Aylwin ese espíritu republicano, esa sobriedad, ese saber escuchar y, finalmente, en la complejidad de lo que significó aquel primer Gobierno de transición, el haber conducido a nuestro país a lo que definitiva e irreversiblemente sería, por fortuna, transitar a la democracia.
Señor Presidente, yo quería dar mi testimonio y, al mismo tiempo, señalar que voto a favor de este proyecto.
Estimo que es tremendamente importante hacer los reconocimientos en su momento, y Patricio Aylwin es una figura que lo merece.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LAGOS (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (26 votos afirmativos) y, por no haber sido objeto de indicaciones, queda también aprobado en particular y despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez y Van Rysselberghe y los señores Allamand, Araya, Chahuán, De Urresti, García, García-Huidobro, Horvath, Lagos, Letelier, Montes, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor LAGOS (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Coloma.
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El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
En este momento ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
Informe
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que sustituye el artículo 44 de la ley N° 17.374, que fija el nuevo texto refundido, coordinado y actualizado del decreto con fuerza de ley N° 313, de 1960, que aprueba la Ley Orgánica de la Dirección Estadística y Censos y crea el Instituto Nacional de Estadísticas, con urgencia calificada de "suma" (boletín N° 11.068-13).
El señor LAGOS (Presidente).-
Por acuerdo de los Comités, queda para la tabla de la presente sesión.
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El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker para una cuestión de Reglamento.
El señor WALKER (don Patricio).-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión especial de Infancia, solicito que se abra plazo, hasta el lunes 16 de enero, a las 12, para presentar indicaciones al proyecto que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez (boletín Nº 10.584-07).
El señor LAGOS (Presidente).-
¿Hasta el próximo lunes 16?
El señor WALKER (don Patricio).-
Sí, porque el Gobierno necesita formular indicaciones y acordamos fijar ese lapso para que lo pueda hacer.
El señor LAGOS (Presidente).-
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
MODIFICACIONES DE MARCO NORMATIVO DE FISCALIZACIÓN DE AGUAS Y SANCIONES
El señor LAGOS (Presidente).-
Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones al marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y sanciones, con informe de la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8.149-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 24ª, en 12 de junio de 2012 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía: sesión 77ª, en 3 de enero de 2017.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Los principales objetivos de la iniciativa son los siguientes:
-Contemplar mecanismos eficaces de recopilación de información para la Dirección General de Aguas que permitan una adecuada administración y gestión de los recursos hídricos.
-Aumentar las facultades de fiscalización por parte de ese organismo.
-Mejorar los estándares de las sanciones por incumplimiento de la legislación de aguas.
La Comisión discutió el proyecto en general y en particular, en virtud del acuerdo adoptado por la Sala en su oportunidad, y, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadora señora Muñoz y Honorables señores Pérez Varela y Pizarro, acogió la idea de legislar. Lo aprobó en particular con las distintas votaciones que consigna en su informe.
El órgano técnico expresa que el texto que propone no genera mayores costos fiscales, de acuerdo con lo precisado por la Dirección de Presupuestos, por lo que solicita que se exima a la iniciativa del trámite ante la Comisión de Hacienda dispuesto en su oportunidad.
Cabe hacer presente que el número 12, letra a); el número 15; la oración final del inciso final del artículo 172 sexies contenido en el número 20; el número 24, y la letra b) del número 32 -todo ello correspondiente al artículo 1º- tienen rango orgánico constitucional, por lo que requieren 21 votos para ser aprobados.
El proyecto que se sugiere es consignado en el informe y el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Nada más.
El señor LAGOS (Presidente).-
Pido la autorización de la Sala para que asista a la sesión el Director General de Aguas, señor Carlos Estévez.
--Se accede.
El señor LAGOS (Presidente).-
En discusión general.
Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz.
La señora MUÑOZ.-
Señor Presidente, dando cumplimiento al acuerdo adoptado por los Comités en sesión del 17 de junio de 2014, que dispuso un cambio de tramitación del proyecto para que fuera conocido solamente por la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, vengo en informar que esta instancia discutió en general y en particular, en el primer informe, la iniciativa que busca reforzar las facultades de la Dirección General de Aguas (DGA) para hacer realidad una mayor protección y mejor gestión de las aguas, con el propósito de garantizar la seguridad hídrica y asegurar la imposición de límites efectivos y exigibles a las extracciones del recurso y preservar, de este modo, su sustentabilidad.
La Comisión Especial concordó en la mayoría de las enmiendas realizadas al Código de Aguas, con excepción de seis de ellas. También acordó modificar el Código Penal, contemplando sanciones para el que a sabiendas duplique la inscripción de su derecho en el Registro de Propiedad de Aguas. Además, se modificó el Código Procesal Penal con la finalidad de disponer, respecto de los delitos de usurpación de aguas, que, una vez recibida la denuncia, el fiscal lo comunicará a la DGA.
En cuanto a las enmiendas al Código de Aguas, la Comisión Especial fortaleció las facultades fiscalizadoras de la Dirección General, de manera de extenderlas hasta la gestión de las aguas subterráneas, y estableció un sistema de transmisión de información instantánea hacia dicho organismo.
Igualmente, se amplía la exigencia de autorización de la Dirección General a los proyectos y a la construcción de modificaciones en cauces naturales o artificiales que puedan provocar daño a la vida, la salud o los bienes de la población.
Por otro lado, en el artículo 122 del Código de Aguas se especifica la obligación de los Conservadores de Bienes Raíces de enviar a la DGA información sobre las inscripciones de derechos de aprovechamiento de aguas y sobre las inscripciones de las organizaciones de usuarios.
Como una manera de agilizar el cumplimiento de las resoluciones que dicte el Director General, se consagró que podrá requerir directamente de la jefatura de Carabineros más próxima o de la autoridad que corresponda el auxilio de la fuerza pública.
Para adecuar el Código de Aguas a la ley N° 19.880, sobre bases de los procedimientos administrativos, en materia de regulación de un procedimiento de fiscalización, se incorporan cinco artículos nuevos que cumplen con las garantías del debido proceso, en el marco del procedimiento sancionatorio que se estatuye. En directa concordancia, en los artículos 173 bis, 173 ter y 173 quáter se regula el incremento de las multas, el establecimiento de grados para ellas y una prescripción de 3 años para las infracciones contempladas en dicho Código.
Señor Presidente, en forma muy resumida -este es un proyecto extenso, que ha generado un largo debate- he informado respecto de los objetivos de esta iniciativa legal, que apuntan a una Dirección General de Aguas que cuente con la información necesaria para el mejor manejo de los recursos hídricos y con facultades que le permitan fiscalizar el cumplimiento de la normativa del Código y sancionar su contravención. Todo lo anterior, teniendo como fundamento la relevancia del uso adecuado y la disponibilidad de las aguas para la vida humana y la preservación de los recursos hídricos y sus fuentes.
He dicho.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, la mayor parte del agua dulce de nuestro país se ubica entre Aisén y Magallanes, donde la disponibilidad excede el millón de metros cúbicos por persona al año, cifra que supera con creces la demanda. Entre las Regiones del Maule y Los Lagos los valores alcanzan entre 10 mil y 100 mil metros cúbicos por persona al año. Sin embargo, desde la Región Metropolitana hacia el norte, en donde está ubicado el 64 por ciento de la población, la disponibilidad de agua superficial es menor a 800 metros cúbicos por persona al año.
Chile es un país que basa su economía en la exportación de materias primas (commodities) de los sectores minero, agrícola y agroforestal, todos altamente demandantes de agua dulce.
En este sentido, el principal aporte proviene de las precipitaciones en forma de lluvia o nieve, y la disponibilidad del recurso depende fuertemente de la zona climática donde se analice la problemática. Por ejemplo, en el extremo norte, el desierto de Atacama exhibe un clima caracterizado por la ausencia casi absoluta de precipitaciones, en contraste con la zona sur, donde se encuentra la selva valdiviana, que posee uno de los climas más lluviosos del planeta. Además, producto de nuestra geografía montañosa, las cuencas hidrográficas son cortas y con fuerte pendiente hacia el oeste, lo que condiciona el régimen hidrográfico y permite un bajo tiempo de residencia del agua en la cuenca.
Los objetivos del proyecto son:
Primero, contemplar, para la Dirección General de Aguas, mecanismos eficaces de recopilación de información que posibiliten una adecuada administración y gestión de los recursos hídricos.
En segundo lugar, aumentar las facultades de fiscalización de la referida Dirección.
Y, en tercer lugar, mejorar los estándares de las sanciones por incumplimiento de la legislación.
Este es un proyecto que, en mi opinión, va en la línea correcta. Yo estoy a favor de entregar más facultades de fiscalización y sanción a la DGA; cambios importantes que son anhelados por quienes diariamente denuncian el robo de sus aguas. Asimismo, debemos tener en cuenta que el actual Código de Aguas data de 1981, cuando la realidad hídrica del país era distinta. Y además servirá para ayudar a paliar la sequía que existe en nuestro territorio, fundamentalmente en la zona norte.
Sin embargo, mientras hablamos de la falta del recurso, los gobiernos hacen poco y nada en materia de infraestructura para lograr un buen uso del agua.
En un territorio como el nuestro, con una crisis evidente y con realidades distintas cada 10, 15 años, y donde el agua va a caer al mar, es necesario que, junto con estas modificaciones legales, mejoremos la infraestructura para contar con una buena administración del agua: más tranques, más diques pequeños u otro tipo de infraestructura que así lo permita.
Admito que este y los gobiernos en general han hecho parte importante a través de la ley de fomento del riego. En donde no se ha hecho nada -y permanentemente se lo hago presente a los ministros- es en la educación de las personas sobre el uso racional del agua. Aquí, año a año -para mal del Gobierno, estoy en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos-, pregunto cuánto se está invirtiendo en enseñar a la gente.
Junto con la Senadora Allende representamos a una de las regiones con problemas hídricos más graves del país. ¡La cuenca del valle de Copiapó es dramática! Sin embargo, uno pasa por los colegios municipales, por las calles donde hay grifos, por las ciudades -que los alcaldes riegan con agua potable, habiendo otras alternativas-, y no hay conciencia de la realidad que vivimos en esta materia. Y el Estado no hace nada por enseñar a las personas a realizar un uso racional del agua.
Yo no tengo el gusto de conocer los países del Medio Oriente, pero los que han ido me dicen que en Israel, que en Palestina, que en todos esos lugares donde la escasez de agua es permanente, hay letreros, campañas por televisión y educación en los colegios para que las personas sepan cuidar desde niños este bien tan preciado.
En Chile, las únicas campañas que existen para el uso racional del agua están en manos de las sanitarias. ¡Eso es lo mismo que pedirle a la Coca-Cola que se embarque en una campaña contra la diabetes! ¡Imposible, señor Presidente! ¡A las sanitarias lo que les interesa es vender agua!
Por eso, aprovechando la presencia del señor Ministro y de las autoridades que manejan el área, quiero llamar la atención sobre la necesidad de solventar una campaña a través de los medios que permita que la gente evalúe el buen uso de este recurso. Hoy día eso casi no existe. Y no existe en casi ninguno de estos ámbitos, pese a que, a mi juicio, nos podría ayudar mucho a solucionar el problema.
El proyecto que estamos analizando ahora contribuye a manejar la escasez, pero, junto con ello, debemos resolver el problema del agua en su raíz. Y eso no lo estamos haciendo.
He dicho.
El señor PIZARRO.-
¿Cómo va a ser la votación, señor Presidente? ¿Una sola?
El señor PÉREZ VARELA.-
Es votación general.
El señor PROKURICA.-
Exactamente.
El señor PÉREZ VARELA.-
Aunque la Comisión discutió el proyecto en general y en particular, la Sala solo debe pronunciarse sobre la idea de legislar.
El señor LAGOS (Presidente).-
Voy a confirmar el dato con la Secretaría, señores Senadores, pero entiendo que, independiente de la forma en que haya debatido el proyecto la Comisión, aquí la discusión es en general.
El señor PÉREZ VARELA.-
Así es.
El señor LAGOS (Presidente).-
Después habrá que clarificar si la iniciativa pasa también a la Comisión de Hacienda luego de volver a la Comisión Especial, previa presentación de indicaciones.
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Yo tenía entendido, señor Presidente, que estábamos viendo el proyecto en general y en particular. Por lo menos ese fue el criterio de la Comisión. Pero ahora se dice que solo lo estamos debatiendo en términos generales.
El señor LAGOS (Presidente).-
Así lo entiende la Mesa, lo cual ha sido ratificado en este minuto.
La idea es que haya plazo para indicaciones y contar con un segundo informe.
La señora ALLENDE.-
Y, en ese caso, ¿volvería a la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos?
El señor LAGOS (Presidente).-
Es lo que señalé. De todas maneras volverá a dicha instancia con un plazo para indicaciones. Y de ahí pasará a la Comisión de Hacienda.
La señora ALLENDE.-
De acuerdo, señor Presidente.
La señora MUÑOZ.-
Yo entiendo que el proyecto no tiene artículos que ameriten que sea revisado por la Comisión de Hacienda.
El señor LAGOS (Presidente).-
Ese punto podríamos abordarlo después, señora Senadora, pero me parece que el tema de las multas hace necesario que vaya también a Hacienda.
La señora MUÑOZ.-
¡Es que todo se está mandando a ese órgano técnico!
El señor LAGOS (Presidente).-
Por eso, veámoslo después.
La señora MUÑOZ.-
¡Es absurdo!
El señor LAGOS (Presidente).-
Por otro lado, me han pedido abrir la votación, manteniendo los tiempos, porque hay un número importante de inscritos.
¿Habría acuerdo en tal sentido?
Acordado.
Se abre la votación.
--(Durante la votación).
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, creo que todos, como habitantes del país, compartimos el diagnóstico de que en este momento estamos viviendo uno de los ciclos de sequía sin precedentes.
Pero no se trata solo de la sequía en sí misma -la cual se ha prolongado por casi una década-, sino también del hecho de que nuestro país, según la OCDE, es especialmente vulnerable a los impactos del cambio climático -que llegó para quedarse-, debido a su diversidad geográfica, por sus características socioeconómicas e, incluso, por su alto nivel de desigualdad.
El Senador Prokurica señaló muy bien que en nuestra región no solo hay escasez hídrica, sino que a veces no existe suficiente conciencia para un uso más eficiente del agua.
Un ejemplo evidente per se es el del río Copiapó, donde se da un sobreotorgamiento de derechos de agua que al menos cuadruplica el caudal que naturalmente puede reponer su cuenca. Ello ha generado una gran cantidad de problemas que ya hemos tenido oportunidad de señalar.
El agua en nuestra legislación es un bien nacional de uso público, pero las facultades del Estado son escasas y pobres en esta materia. Por lo tanto, el derecho humano al agua no está garantizado, no se prioriza la subsistencia humana, como debiera hacerlo nuestra Constitución, y no hay una adecuada regulación en función del interés público.
Este es el punto esencial, señor Presidente: no tenemos, para un bien nacional de uso público, una regulación en función del interés público. De ahí que el proyecto da un paso correcto al establecer condiciones de información, las fiscalizaciones necesarias, y multas, evidentemente con efecto sancionatorio, a lo cual se agregan las nuevas facultades que se le entregan a la Dirección General de Aguas.
Esto es muy importante. No solo es una recomendación de la OCDE, sino la única forma de ejercer con cierta coherencia una política que vaya en la línea señalada. El agua es un bien nacional de uso público y el consumo humano debe estar garantizado.
Respecto a la información, la Dirección General de Aguas necesita, obviamente, contar con más y mejor información sobre lo que ocurre con el recurso hídrico en nuestro país. Actualmente, la DGA tiene escasas facultades para obtener información de los usuarios de aguas, entre otras cosas, sus niveles de extracción y los usos que se le da al recurso hídrico. Es bien conocido el fenómeno de la extracción ilegal.
Lo anterior dificulta la implementación de una nueva institucionalidad, que permita algo fundamental en una situación como la que estamos viviendo: precisamente, un uso más equitativo de un recurso escaso.
Es por esto que la Comisión aprobó, por unanimidad, normas sobre los deberes de medir e informar a la autoridad la cantidad de agua que se extrae. En este sentido, las organizaciones de usuarios y los propietarios exclusivos de un acueducto (artículo 38) deberán construir y mantener un sistema de transmisión instantánea de la información de las aguas que se aforan y se extraen.
Igualmente, la Dirección General de Aguas podrá exigir esta información respecto de todos los derechos de aprovechamiento, sea de aguas superficiales o subterráneas.
Pero no solo se trata de indicaciones en el sentido de información en cuanto a lo que ocurre directamente en los caudales; también tenemos un vacío de información jurídica muy importante.
La Comisión aprobó, igualmente por unanimidad, una indicación al artículo 122 bis, que crea el deber de información. A partir de esto, las organizaciones de usuarios de aguas deberán enviar a la DGA, una vez al año, información sobre las transferencias de dominio en los derechos de aprovechamiento de aguas.
Respecto a la fiscalización, una nueva institucionalidad del agua requiere, evidentemente, contar con las herramientas necesarias para poder fiscalizar su cumplimiento, ofrecer gobernanza y, desde luego, tutelar la disponibilidad y sustentabilidad de un recurso que, como ya hemos señalado, es escaso.
La fiscalización se hace muy difícil actualmente, entre otros motivos, por la negativa de los particulares -difícil de creer- a permitir el acceso a los predios y a los dispositivos de captación inspeccionados.
Por eso, la Comisión, por unanimidad, creó un mecanismo rápido y expedito para facilitar el ingreso a dichas obras a través de la fuerza pública, junto con sancionar expresamente a los que sin motivo impidan la fiscalización.
En tal sentido, las modificaciones a los artículos 173 y 300 fueron aprobadas por unanimidad.
Otra norma destacada y aprobada en la misma forma es aquella que modifica el artículo 299 del Código de Aguas, para dar la calidad de ministros de fe a los funcionarios de la DGA. Esto es fundamental para detener las extracciones ilegales de agua, entre otras irregularidades.
Respecto a las sanciones, se requiere un nuevo sistema sancionatorio, que sea mucho más moderno, adecuado y con multas proporcionales a la gravedad de los hechos.
Las contravenciones a la ley vigente no se encuentran específicamente reguladas en cuanto a su procedimiento de aplicación y su sanción y cobro no se efectúa eficientemente. De hecho, para aplicar multas, se utilizan procedimientos lentos y engorrosos ante los juzgados de policía local, y las penas no son disuasivas, toda vez que el umbral máximo de multa aplicable actualmente es de 20 UTM.
Por eso, una norma digna de mencionar es la que crea un procedimiento administrativo de fiscalización, reconociendo -como dijimos- la calidad de ministros de fe a los funcionarios de la DGA que ejerzan labores de fiscalización y medición del recurso, a los que, evidentemente, se les facilita el acceso a los terrenos privados, incluso con la ayuda de la fuerza pública, si fuese necesario.
Quisiera comentar una norma destacada que se aprobó en la Comisión, que modifica el artículo 460 del Código Penal para sancionar la duplicación fraudulenta de títulos de derecho de aprovechamiento de aguas. Se castiga la duplicidad de la inscripción con presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días) y la revocación del título duplicado.
En conclusión, señor Presidente, prácticamente todos los artículos de este proyecto fueron aprobados por unanimidad en la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos.
Lo que dispone es extremadamente necesario y fundamental para dotar a la DGA, como corresponde, de las facultades para tener acceso a la información, a la fiscalización y a los procedimientos sancionatorios que nos permitan un uso equitativo del agua frente a su escasez, garantizar efectivamente este recurso, tener políticas públicas sustentables en el tiempo y evitar lo que ocurre actualmente, como las especulaciones, las extracciones ilegales y las faltas a la transparencia.
Hoy día tenemos muchísimos derechos de aprovechamiento del uso del agua no inscritos. La razón es que así no pagan patentes. Y, afortunadamente, el proyecto sobre modificación al Código de Aguas, que recién comenzamos a discutir en la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, pretende terminar con este tipo de situaciones. Es decir, es absurdo lo que se da: que no exista información pues la gente no inscribe los derechos de agua. Y -repito- no lo hacen para evitar el pago de patentes.
Creo que estos son los principios fundamentales que deben acompañar una modificación al Código de Aguas, y es lo que empezamos a ver en la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos.
O sea, debemos tener una política coherente, una política pública que realmente muestre al país que el agua es un recurso a nivel global cada vez más escaso y que genera situaciones, como el cambio climático, extremadamente críticas.
En nuestro país siempre se habla de que el norte sufre sequía, no así el sur. Pero actualmente constatamos con dolor que ya ni siquiera podemos garantizar ese recurso en el sur, que siempre ha tenido una excesiva cantidad de agua y de lluvia. Por eso, más que nunca corresponde hacer políticas públicas coherentes sobre cómo regular, cómo legislar, cómo ayudar con la información, con la fiscalización, con las sanciones, para que tomemos mayor conciencia y tengamos políticas públicas de eficiencia en el uso de recursos escasos, como los hídricos.
Señor Presidente, naturalmente esta iniciativa cuenta con nuestro voto a favor.
Esperamos que, en su momento, mis colegas del Senado también la respalden.
Muchas gracias.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
¿Habría acuerdo de la Sala para que pase a presidir el Senador señor Montes, hasta por 30 minutos?
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
--Pasa a presidir la sesión el Senador señor Montes, en calidad de Presidente accidental.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, iniciaré mi intervención haciendo una precisión respecto de lo que adelantó un señor parlamentario al señalar que los territorios de Palestina e Israel son el mejor ejemplo de cómo se utilizan los derechos de agua y que su población tiene un gran nivel de educación acerca de su uso.
Deseo señalar que la mayor cantidad de acuíferos que existen están bajo los territorios ocupados de Palestina. Y que en la mayoría de los casos el Estado de Israel tiene por disposición el uso exclusivo para las poblaciones de colonos judíos.
En consecuencia, no es el mejor ejemplo por imitar.
Nosotros debemos crear una legislación para distribuir un recurso tan importante y básico como el agua dulce.
El acceso al agua es un derecho fundamental. Y su regulación como un bien público escaso es una de las transformaciones político-institucionales más relevantes que estamos abordando en el país.
Por eso, deseo saludar a la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, a su Presidenta, Adriana Muñoz, y a quienes han trabajado por largo tiempo en una serie de modificaciones a cuerpos legales para hacer realidad los compromisos que durante tanto tiempo quienes ocupamos cargos de representación popular, en general, ya sea como concejales; alcaldes; directores provinciales, regionales; gobernadores; intendentes; cores; Senadores; Diputados, y Presidente, les hemos prometido a los chilenos. La promesa es que modificaremos el Código de Aguas, que el agua será un derecho y no un bien de consumo solo regulado por el mercado y mucho menos que se utilice para la especulación.
Quiero saludar también al señor Ministro Alberto Undurraga y al Director General de Aguas, don Carlos Estévez, quienes han puesto todo su empeño en que estos cuerpos legales tengan un avance sustantivo en las respectivas Cámaras.
Chile presenta un serio problema de desertificación en la zona norte y central. Y a pesar de la abundancia de recursos hídricos que presentan algunas regiones de la zona sur, numerosas ciudades y comunidades no disponen de agua potable.
Así, la Región de La Araucanía tiene 49 mil 273 metros cúbicos de agua por persona al año, en circunstancias de que la Segunda Región no supera los 52 metros cúbicos y la Región Metropolitana cuenta con 523 metros cúbicos. Sin embargo, a pesar de la aparente abundancia de agua dulce en La Araucanía, los habitantes de las comunas de Curacautín, Los Sauces, Lumaco, Purén, Renaico y Traiguén no disponen de este servicio elemental.
En La Araucanía hay 1.178 localidades rurales abastecidas con agua potable a través de camiones aljibe, situación que hasta ahora afecta a 291 localidades en la provincia de Malleco y a 887 en la provincia de Cautín.
La Araucanía es la región que registra el mayor gasto para abastecer de agua potable a distintas comunidades: 600 millones de pesos mensuales. La inversión fiscal para financiar todos los camiones aljibe que se mueven en el país se ha incrementado en los últimos cinco años, pasando de mil millones de pesos en 2010 a 35 mil millones en 2015.
El proyecto que hoy debatimos es complementario con las modificaciones al Código de Aguas que se tramitan en el Congreso para garantizar el acceso como un bien público.
La iniciativa fortalece el sistema de información de la Dirección General de Aguas y sus facultades fiscalizadoras, y perfecciona el sistema sancionatorio. El proyecto de ley permitirá a la DGA obtener en forma más efectiva la información relacionada con recursos hídricos y derechos de aprovechamiento de agua. Se establece que los titulares de derechos deberán implementar los sistemas de información necesarios para los efectos de administración, planificación, protección y desarrollo de los recursos hídricos.
A su vez, se amplían los datos que deben contener tanto las inscripciones originarias de derechos, como las derivativas (transferencias), incluyendo todas las características y especificaciones contenidas en la resolución constitutiva.
Se obliga a los Conservadores de Bienes Raíces a enviar la información de las inscripciones relativas a los derechos de aprovechamiento y sus antecedentes, junto con las inscripciones de las aguas, en el formato que determine el Reglamento del Catastro Público de Aguas (CPA).
La Dirección General de Aguas deberá informar a las organizaciones de usuarios, al menos dos veces al año, las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que se practiquen en el catastro.
Las organizaciones de usuarios y los propietarios exclusivos de un acueducto deberán construir y mantener un sistema de transmisión instantánea de la información de las aguas que se aforan y se extraen. Idéntica obligación tendrán aquellos usuarios de aguas subterráneas que se hallen en zonas de prohibición y en áreas de restricción.
En materia de fiscalización se establecen mecanismos rápidos y expeditos para el ingreso de la Fuerza Pública a dichas obras, junto con sancionar expresamente a los que sin motivo no permitan estas fiscalizaciones.
A su vez, se contempla de manera clara y expresa la calidad de ministros de fe de los funcionarios fiscalizadores y se hace expedita la paralización de obras que se ordene por la DGA, cuando estas se ejecuten sin la correspondiente autorización, pudiendo requerir directamente el auxilio de la fuerza pública.
En esta materia hasta ahora no tenía facultades la Dirección General de Aguas. Y cuando concurríamos a ella para reclamar porque se estaban usurpando aguas que por derecho le correspondían a un tercero, la DGA no tenía cómo hacer imponer el Estado de Derecho y asegurar los derechos de los campesinos y de los pequeños agricultores que desean producir y no favorecer a los especuladores.
En cuanto a las infracciones, se establece su gradualidad a través de criterios objetivos. Entre estos se consideran el caudal de agua afectado, si son aguas superficiales o subterráneas, si se produce o no la afectación de derechos de terceros, la cantidad de usuarios perjudicados, el grado de afectación del cauce o acuífero y la zona en que esta se produzca, según la disponibilidad del recurso (artículo 173 ter). De este modo, la infracción a la legislación que regula la constitución y usufructo de los derechos de aguas o la afectación a terceros no quedará en la impunidad.
Por último, señor Presidente, se perfecciona el tipo penal al disponer con claridad que el delito de "usurpación de aguas" se aplica para los cursos superficiales y, también, para las fuentes de agua subterráneas. A su vez, se propone aumentar las penas para los particulares que modifiquen los cauces, afectando el libre escurrimiento de las aguas sin autorización.
Este proyecto se suma a otras normativas que apuntan a hacer realidad algo a lo que nos hemos comprometido con Chile y su pueblo.
Voto a favor con entusiasmo, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, anuncio desde ya mi voto favorable a la idea de legislar en esta materia.
Este proyecto, iniciado en mensaje del Presidente Sebastián Piñera, busca aumentar la efectividad y cobertura de los tipos penales; reforzar la efectividad del artículo 173 del Código de Aguas, estableciendo las descripciones de las conductas sancionadas, nuevos límites para los montos de las multas y criterios para su fijación; así como dotar a la Dirección General de Aguas de herramientas que le permitan recabar en forma más efectiva la información relacionada con recursos hídricos y derechos de aprovechamiento de aguas. Ideas que desde luego comparto.
Durante su tramitación en la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, esta iniciativa sufrió diversas modificaciones, las que en general vienen a mejorarla. Me refiero particularmente a las que dicen relación con la entrega de información a la Dirección General de Aguas, puesto que, a mayor información registrada por parte de la autoridad, mejor será la administración del recurso hídrico.
Desde mi punto de vista, resultaría útil también exigir al Ministerio de Bienes Nacionales informar acerca de las aguas que tenga inscritas a su nombre, para efectos de llevar un registro más completo.
Personalmente, me surgen dudas en relación con la proporcionalidad de las sanciones que se proponen. Por eso me parece muy importante que el proyecto vuelva a Comisión a fin de que se pueda revisar la gradualidad de estas multas, especialmente de aquellas contempladas para las infracciones a la entrega de información a la Dirección General de Aguas por los usuarios, las que podrían llegar a 50 unidades tributarias mensuales, o la que se aplica en el caso de negativa injustificada de un propietario a autorizar el ingreso de funcionarios fiscalizadores, que podría alcanzar un monto de 23 millones de pesos.
Da la impresión de que hay multas que no guardan relación proporcional con las faltas. Por eso, creo que es bueno, conveniente, necesario que la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos revise este punto.
Reitero, señor Presidente, mi voto favorable. Yo quiero sumarme a las expresiones que han señalado la importancia del recurso hídrico. En nuestra Región de La Araucanía, particularmente, tenemos hoy día cien mil personas -¡cien mil personas!: el 10 por ciento de nuestra población- que se abastecen de agua potable gracias a la distribución que hacen los municipios y la Intendencia Regional a través de camiones aljibe.
Naturalmente, es una manera muy muy precaria de entregar este elemento tan vital para la vida humana.
Cien mil personas: el 10 por ciento de nuestra población. Creo que esa cifra revela en toda su magnitud el drama que significa para nosotros poder disponer de fuentes de agua, porque esa es la base sobre la cual es posible luego diseñar y construir proyectos de agua potable rural. Si no tenemos fuentes de agua que se puedan inscribir y garantizar jurídicamente, malamente podemos estar solicitando después proyectos de agua potable rural, pues no está garantizado el abastecimiento.
Para nosotros, en la Región de La Araucanía, llegar oportunamente con agua a esas cien mil personas que hoy día tienen que abastecerse a través de los camiones aljibe de las municipalidades es algo vital, entre otras razones, porque gran parte de esas cien mil personas viven en las comunidades rurales y, particularmente, en las comunidades indígenas.
Ahí tenemos, por lo tanto, un gran bolsón de desigualdad que es necesario corregir.
En este Presupuesto 2017 -yo lo reconozco- hay un aumento importante para los proyectos de agua potable rural. Pero también existen muchos proyectos que no tienen lo fundamental: la fuente de agua para poder diseñarlos y luego construirlos. Y todo lo que vaya en función de garantizar que vamos a tener las fuentes de agua necesarias para construir esos proyectos de agua potable rural -y esta iniciativa legal, en la medida en que va a haber más información en la Dirección General de Aguas, contribuye a ello- finalmente nos facilita la tarea, una tarea que en nuestra Región de La Araucanía es cada día más urgente.
Voto a favor de la idea de legislar, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.
Pido a los señores Ministros y Senadores que están de pie que por favor guarden silencio, porque va a hablar el Senador señor Pizarro...
El señor PIZARRO.-
¡Eso sonó como amenaza, señor Presidente...!
Quiero partir por agradecer a la Presidenta de la Comisión por habernos entregado un informe bien claro y preciso sobre los objetivos que persigue esta iniciativa.
Este proyecto busca fortalecer la institucionalidad pública encargada de informar, fiscalizar y sancionar el uso del recurso hídrico cuando no se desarrolla de manera conveniente. Hoy día varios de los colegas han manifestado los problemas que tiene la aplicación de la legislación actual, que es insuficiente para garantizar que la Dirección General de Aguas pueda cumplir una labor eficaz en el control, en la información y, también, en las sanciones.
El Senador García hizo referencia al tema de las multas. Efectivamente, viene un aumento de las multas y de las sanciones, como una forma de inhibir el funcionamiento irregular o el uso y abuso, en muchos casos, de la extracción de agua, sin que pueda ser fiscalizada o controlada por nadie.
Eso lleva a un vaciamiento de las cuencas, a que no se respeten los derechos que realmente se tienen. En situaciones de escasez, hasta el año pasado en mi Región se generó lisa y llanamente robo de agua, la creación de una cantidad enorme de pozos que no estaban inscritos, que no se informaban y en los que impunemente se extraía agua para mantener la producción agrícola. Eso resulta entendible, pero es claramente condenable, porque cuando se extrae en un lugar quiere decir que hay otro donde deja de fluir el recurso hídrico. Y, por lo tanto, se perjudica a la gente que no está en condiciones de llevar adelante esas tareas.
En nuestra Región estamos hablando de pozos de 120, 150 metros de profundidad y, lógicamente, de un costo altísimo, que solo pueden solventar aquellos que tienen más recursos, no así los pequeños agricultores, la agricultura familiar campesina, cuyas posibilidades de acceder al recurso, a pesar del apoyo tanto del Ministerio de Obras Públicas como del propio INDAP, son mínimas.
Señor Presidente, la discusión que se ha llevado adelante en la opinión pública sobre el uso del agua ha estado muy mal influenciada y se ha hecho con un nivel de prejuicios que realmente impresiona. Se confunden muchas de las cosas planteadas por algunas organizaciones o sectores que sienten que sus derechos podrían verse afectados.
Lamentablemente, algunas agrupaciones gremiales de productores agrícolas han sido extraordinariamente irresponsables, a mi juicio, al iniciar una campaña que busca generar desconfianza y prejuicio. Incluso plantean que la lógica de las modificaciones al Código de Aguas -en este proyecto y en otras mociones- guardan relación con la reafirmación de que el agua es un bien nacional de uso público.
Lo único que logran con ello es sembrar un clima de incertidumbre que les hace mucho daño a quienes necesitan dicho recurso. Confunden el debate, en circunstancias de que debiéramos adoptar una política mucho más permanente y estable respecto de cómo vamos a aprovechar el recurso hídrico, el cual, tal como se ha dicho acá, abunda en exceso en algunas regiones y es absolutamente escaso en varias otras.
A propósito de la discusión del Código de Aguas que estamos realizando ahora, planteé la posibilidad de contar con una legislación que diferencie la aplicación de las normas dependiendo de la cantidad de agua y el uso que se le dé. Porque no podemos comparar, como alguien dijo acá, la cantidad de que dispone Aisén con la que se registra desde la Primera a la Cuarta Región.
Son producciones distintas; son necesidades distintas; son cantidades de recursos distintos. Y deberíamos, para ser eficaces, establecer una diferenciación.
Lo mismo sucede en las regiones de agricultura más tradicional.
En la zona norte, el esfuerzo productivo mayor está en la minería.
Algo de agricultura se desarrolla recién en la Tercera Región. En la Cuarta es muy importante y en la Quinta presenta serios problemas.
Ante un debate de este tipo, deberíamos legislar pensando en la aplicación que la institucionalidad tendrá que hacer de las normas, por ejemplo, sobre fiscalización.
Lo relativo a las multas hay que evaluarlo bien.
Con el Director General de Aguas comentábamos que, al parecer, son muy altas. La idea es aplicarlas gradualmente, dependiendo del tipo de conducta, de falta, de abuso que se cometa.
En lo esencial, esta iniciativa busca fortalecer a la DGA asegurando la información adecuada y fijándole una capacidad de fiscalización sólida. Obviamente, se van a necesitar muchos más fiscalizadores y técnicos dentro de dicha institución.
Lo más importante, señor Presidente, es que las sanciones sean efectivas y generen una inhibición de las conductas abusivas, que van en desmedro del resto de los usuarios.
Nosotros apoyaremos este proyecto y esperamos que en la discusión en particular podamos mejorar este proyecto de ley, de acuerdo con la sugerencia de los colegas.
Voto a favor, señor Presidente.
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El señor MONTES (Presidente accidental).-
Solicito el asentimiento de la Sala para que el Honorable señor Guillier asuma como Presidente accidental.
¡Para que acumule experiencia, por lo menos en el Senado...!
Acordado.
--Pasa a dirigir la sesión el Senador señor Guillier, en calidad de Presidente accidental.
El señor MOREIRA.-
¡Cómo se une la Nueva Mayoría...!
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El señor GUILLIER (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, quiero destacar el contenido de este proyecto y, particularmente, el informe entregado por el Ministerio de Obras Públicas, a través del Ministro Alberto Undurraga y del Director General de Aguas, señor Carlos Estévez.
Aquí hay tres ejes importantes: el de la información, el de la fiscalización y el de las sanciones.
En cuanto a la información, si bien ello ya está contemplado en la ley, se refuerza para que esté en línea y tenga un lenguaje consistente con el de las notarías y los conservadores.
La idea es que no se saque más de lo que está constituido realmente en los derechos registrados.
Además, se hace obligatorio -con mayor efecto con sanciones, si se refiere a aguas subterráneas o a grandes consumidores o extractores de agua-, para que sea efectivamente lo que corresponde, que se califique si son derechos de aprovechamiento de agua no consuntivos lo que se capta y lo que se entrega.
Con respecto a la fiscalización, la iniciativa señala que la DGA adquiere la calidad de ministro de fe -pudiendo contar con el auxilio de Carabineros- para ejercer efectivamente sus funciones en plenitud, lo que no es nada de fácil. El agua -es bien sabido- constituye un elemento vital y cada vez más escaso.
Con relación a las sanciones, se busca que sean reales. En términos generales, los ilícitos en esta materia se persiguen en los tribunales de justicia. Pero la Dirección General de Aguas también podrá actuar cuando se está interviniendo el cauce.
Desde luego, se plantea una proporcionalidad mejor entre el daño causado y la sanción que se aplica para inhibir la conducta o, de alguna manera, para reparar el perjuicio provocado. Para ello, se establecen cinco grados.
Asimismo, quiero reforzar en esta iniciativa elementos que están pendientes sobre el uso adecuado del agua.
En primer lugar, se requiere una planificación del manejo de la gestión integrada de cuencas y de eficiencia del uso del agua. Esto es algo cada vez más urgente, pues en casos de sequía permitirá sectorizar -pero en el sentido positivo- la zona afectada.
Lo hablábamos recién con el Director General de Aguas: la sectorización hace que cada una de las áreas de la cuenca cuente con los derechos respectivos para ejercer su actividad, y no sea el primero el que se lleve todo el recurso.
En segundo lugar, hay que compatibilizar los distintos usos del agua.
Existen tres tipos de caudales garantizados por ley: el caudal ecológico; el caudal ambiental, el que señalan las resoluciones de calificación ambiental, y uno que se utiliza muy poco y que nosotros introdujimos en la Ley de Pesca, el caudal recreativo.
Este último es mucho mayor que el ecológico y, a veces, que el ambiental. Además, no se está ocupando razonablemente, como tiene que ser, a través de un instrumento como el manejo integrado de cuencas.
Por otra parte, está todo lo relacionado con el aspecto forestal. En una cuenca deforestada el agua va a cambiar en cantidad y en calidad.
También influye la utilización de las energías renovables no convencionales y todo lo que implica la eficiencia no solo energética, sino del uso y la huella del agua, elementos que tenemos que ir introduciendo en el debate cada vez más, sobre todo por los efectos del cambio climático.
Señor Presidente, he dejado para el final el tema de los embalses.
Se dice que Aisén y Magallanes cuentan con un millón de metros cúbicos por habitante al año, lo que es cierto desde el punto de vista geográfico e hidrológico. Sin embargo, zonas como Palena, Chiloé, Aisén y Magallanes padecen de sequía si es que no llueve diez días, y esta no está internamente bien distribuida.
No es un problema solo de infraestructura, sino de acondicionamiento al cambio climático. Los elementos que intervienen no se pueden ver solo en blanco y negro.
Por ejemplo, el uso del agua del lago General Carrera -"Chelenco" lo denominaban los tehuelches- ha permitido hoy en día cultivar uva. Ese vino estará el día de mañana entre los más australes del mundo.
Para eso se requiere un plan efectivo de microembalses. Los grandes embalses se deben plantear en las zonas áridas o semiáridas, que claramente vienen avanzando hacia el sur.
El Senador Baldo Prokurica ha tenido a bien facilitarme el Plan Nacional de Embalses de la Dirección de Obras Hidráulicas para los años 2015 a 2025.
Se consideran 20 embalses significativos, los cuales aumentarán la capacidad de riego en 275 mil 638 hectáreas, por sobre las actuales 1.108.000 hectáreas; es decir, un 25 por ciento más.
Esto hay que pensarlo desde el punto de vista agrícola, recreativo, energético. En definitiva, tenemos una enorme labor por desarrollar.
El Fondo de Infraestructura está llamado a incorporar proyectos de esta naturaleza, pues urgen en nuestro país.
Desde luego, por todas las ventajas que contiene esta iniciativa, votaremos a favor, en particular y en general si fuera posible.
El señor GUILLIER (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, sin duda, este es un proyecto necesario, que va en la vía correcta.
Por lo mismo, la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos aprobó unánimemente la mayoría de sus normas, las que también han sido recepcionadas adecuadamente por las distintas organizaciones de regantes, de usuarios y de todos los sectores vinculados al uso del agua.
También quiero despejar la idea, como expresó un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, de que cierto proyecto estaría generando incertidumbre o mitología absolutamente falsa y errónea. No lo considero así. Creo que expresar que quien discrepa de determinada propuesta legislativa del Gobierno lo hace con mala intención es enfrentar mal el problema.
Me refiero a la iniciativa que modifica el Código de Aguas, que se encuentra iniciando su debate en la referida Comisión Especial. Esperamos que durante su análisis se proponga un cuerpo legal que verdaderamente sirva para el manejo del agua en Chile en los próximos 30 a 40 años.
En la situación actual, este proyecto da una respuesta adecuada a las necesidades que tiene el país en materia de aguas y su institucionalidad.
Lo hemos planteado en otras ocasiones: la institucionalidad respecto del manejo del agua en Chile es débil. Más de cuarenta organismos actúan en este ámbito. Cuentan con atribuciones la Dirección de Obras Hidráulicas, otras reparticiones del Ministerio de Obras Públicas, la Cartera de Agricultura, etcétera. Ello genera dificultades, imprecisiones, incertidumbre, lentitud e incapacidad para resolver adecuadamente problemas que nos urge representar.
La iniciativa en estudio busca fortalecer la institucionalidad de uno de los organismos con potestades en esta materia: la Dirección General de Aguas. Y lo hace en el sentido correcto.
En primer lugar, se dispone que la DGA debe contar con la información necesaria. Sin duda, para tomar cualquier decisión y resolver cualquier situación con relación a este vital elemento, hay que tener información suficiente. Si no se sabe dónde están las fuentes de agua, quién posee derechos de aprovechamiento, quién los está usando bien, cuál es la inscripción exacta, dónde están los cauces, cuáles de estos se han alterado, no se pueden tomar decisiones adecuadas.
Ante esa imposibilidad, surgen los problemas que vivimos en nuestras circunscripciones a lo largo y ancho del país. A ojos vistas, hay decisiones y situaciones que uno podría calificar por lo menos de aberrantes.
Al recorrer los cauces de los ríos en la Región que represento, uno nota que en muchos de ellos se realiza extracción de áridos, actividad que altera el curso de las aguas. Esa faena permanece ahí largo tiempo porque los municipios tienen ciertas atribuciones; la Dirección General de Aguas, otras, y la Dirección de Obras Hidráulicas, otras más. Por tanto, esa actividad, que altera claramente el cauce de un río, se mantiene en el lugar por años y se transforma en una práctica que le provoca un profundo daño al uso del agua.
Por eso, lo primero es asegurar que la DGA cuente con una información adecuada y correcta. Me parece fundamental saber no solo dónde está el agua y cómo se usa, sino también quién tiene derecho a utilizarla.
Creo que las enmiendas que hoy día analizamos y se están aprobando son absolutamente necesarias e indispensables.
En segundo lugar, se proponen normas sobre fiscalización.
Para ello, se faculta a la Dirección General de Aguas. Dónde está el agua, cómo se utiliza y quién la está usando son aspectos esenciales de fiscalizar.
Invito a los señores Senadores a revisar desde el artículo 172 hacia delante. Ahí se fija un procedimiento de fiscalización extraordinariamente adecuado: es bilateral; contempla notificaciones; entrega información al fiscalizado; define los derechos de este para poder resolver; establece plazos adecuados; considera resoluciones fundadas y un mecanismo de apelación (ante la Corte de Apelaciones de Santiago si se trata de la Dirección General de Aguas y ante la Corte de Apelaciones respectiva si se trata de la Dirección Regional de Aguas).
En definitiva, se establecen fuertes facultades de fiscalización. Pese a ello, nadie puede sostener -no se han expresado temores al respecto- que el fiscalizado va a estar absolutamente a merced del órgano fiscalizador.
Considero que se avanza de manera adecuada y concreta en ese plano. Esperamos que tal atribución fiscalizadora se utilice con eficacia, con energía y con sujeción a todas las normas del debido proceso.
Por último, me referiré a lo relativo a las multas.
Las multas suelen ser incómodas. Quien es multado siempre va a reclamar que son muy altas. La discusión en cuanto a si ellas son elevadas o no va a ser eterna.
Pero hay que tomar una definición para que la aplicación de multas, como alguien expresó en la Sala, inhiba prácticas que son absolutamente inaceptables, en particular en materia de aguas; más aún, cuando estamos viviendo un cambio climático, cuando estamos atravesando un período de sequía, cuando el uso eficiente del agua es un imperativo moral.
Por lo tanto, las facultades que se entregan a la Dirección General de Aguas me parece que van, sin duda, en la dirección correcta.
Por ejemplo, muchas veces titulares de derechos de aprovechamiento de aguas no inscriben ese derecho. Eso impide, a quien tiene el deber de velar por el uso del agua, fiscalizar correctamente. Porque si no existe la inscripción respectiva, la DGA o cualquier otro organismo está a ciegas.
Ese asunto necesariamente hay que resolverlo. Y la solución, a mi juicio, no pasa por la caducidad del derecho asignado, como se plantea en el Código de Aguas, sino por otorgar mayores atribuciones al organismo encargado, como se propone con absoluta claridad en el proyecto. Incluso se sugiere que la Dirección General de Aguas tenga la facultad de subrogar a ese titular para inscribir los derechos, y si este no los usa, se plantea cobrarle una patente.
Creo que estamos frente a un proyecto de ley absolutamente coherente, en cuyas normas podemos avanzar en la discusión en particular.
Me parece bien, señor Presidente, que la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, en la cual participo, haya analizado esta iniciativa en general y particular. Pero la Sala no puede hacerlo de la misma manera porque le quitaría al resto de los señores Senadores el derecho a presentar indicaciones.
Por ello, es necesario aprobar solo la idea de legislar ahora y proponer un plazo relativamente breve -espero que la Presidenta de la referida Comisión sugiera uno no más allá de la próxima semana- para que cualquier colega formule indicaciones en las materias que estime conveniente.
Quiero terminar mi intervención señalando que vamos a dar un paso importante en la fiscalización, con el objetivo de que se use eficientemente el agua y solo por quien tiene verdaderamente derecho a ello.
En ese sentido, la información juega un papel relevante. Algunos señores Senadores ya han mencionado normas específicas, como la que obliga a proporcionar permanentemente información a la Dirección General de Aguas para saber exactamente a quién le entregó derechos el Estado. Es esencial saber si el titular está usando correctamente los derechos de aprovechamiento y si se están alterando o no los cauces. En ese ámbito hoy existen dificultades para que la DGA fiscalice y, eventualmente, sancione.
Creo que este proyecto de ley -y no temo equivocarme- va a permitir que la institucionalidad opere de mejor manera.
El uso eficiente del agua -reitero- es un imperativo moral. Y para cumplir con ello, la institución fiscalizadora (la Dirección General de Aguas) va a contar con todas las atribuciones necesarias.
En consecuencia, voto favorablemente esta iniciativa.
El señor GUILLIER (Presidente accidental).-
Si le parece a la Sala, propongo fijar ahora el plazo para presentar indicaciones. Ello, porque veo que el quorum ha ido disminuyendo en la Sala. No vaya a ser cosa que tengamos problemas más adelante.
Hay una propuesta para que el plazo sea hasta el jueves 19 de enero.
¿Les parece a Sus Señorías?
El señor COLOMA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor GUILLIER (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, entiendo -y que me corrija el Secretario si estoy equivocado- que este proyecto establece la aplicación de ciertas multas, por lo que debería ir también a la Comisión de Hacienda.
Como esta iniciativa deberá discutirse en particular, quiero simplemente dejar constancia del punto.
Después intervendré sobre la materia. Pero ya que se va a tomar una decisión al respecto, me parece del caso señalar que ese es el procedimiento que corresponde seguir.
El señor GUILLIER (Presidente accidental).-
El señor Secretario me indica que el proyecto tiene que volver a la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos para el segundo informe, y después iría a la Comisión de Hacienda.
Pero primero habría que definir el plazo para presentar indicaciones, que puede ser hasta el jueves 19 de enero próximo.
¿Habría acuerdo para ello?
El señor LETELIER.-
¡No, señor Presidente!
El señor GUILLIER (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, el 19 de enero próximo haría que el proyecto se viera solo la semana que sigue. Es decir, habría un esfuerzo a fin de llevar la discusión para marzo, con gran celeridad.
Me parece que el plazo para presentar indicaciones debería ser hasta un día antes de la realización de la próxima sesión de la Comisión, pues el que se propone es posterior a esta.
Me gustaría que hubiera una precisión sobre el particular.
Se plantea el 19 de enero. Yo propondría más bien el lunes 16, a las 12, porque ello permitiría conocer las indicaciones en esa misma semana.
El señor GUILLIER (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, por una cuestión prudencial, nosotros nos habíamos puesto de acuerdo con la Presidenta de la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos para recibir indicaciones hasta el jueves 19 de enero, toda vez que ya fijamos sesionar dos veces a la semana debido al estudio que estamos realizando del proyecto que reforma el Código de Aguas.
Me parece que quienes están interesados en el debate de la iniciativa que ahora estamos votando en general tendrían un tiempo razonable para presentar indicaciones dentro de la fecha propuesta. Si se fijara el 16 de enero, habría un lapso extraordinariamente corto.
Ahora, dicha fecha no es oponible para quienes integramos el referido órgano técnico, pues hemos estado trabajando sobre la materia durante largo tiempo. Pero para el resto de los Senadores no será lo mismo.
Lamentablemente, la Presidenta de la Comisión no se halla en la Sala en estos momentos. Pero -reitero- el acuerdo al que habíamos llegado era que se fijara plazo para presentar indicaciones hasta el jueves 19 de enero, a las 12. Ello, porque, además, la próxima semana la tenemos copada con la discusión del proyecto que reforma el Código de Aguas.
El señor GUILLIER (Presidente accidental).-
¿Les parece a los señores Senadores que procedamos a votar este asunto?
El señor PIZARRO.-
¡Pida el acuerdo nomás, señor Presidente!
El señor GUILLIER (Presidente accidental).-
¿Habría acuerdo para que el plazo sea hasta el lunes 19 de enero próximo, a las 12?
El señor PIZARRO.-
Sí.
El señor PROKURICA.-
No hay problema, señor Presidente.
El señor GUILLIER (Presidente accidental).-
Acordado.
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, Honorable Sala, con relación al proyecto de ley que hoy día nos convoca, que otorga mayores atribuciones a la Dirección General de Aguas respecto de sus facultades de fiscalización e imposición de sanciones, es indispensable que los integrantes de nuestra comunidad, desde su educación preescolar, tomen conciencia de la importancia que reviste el agua tanto para la supervivencia de los seres humanos como para la agricultura, la biodiversidad, la minería e incluso la energía.
Tales reflexiones se contienen en la exposición de motivos de la iniciativa que, junto a los demás miembros de la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, presentamos hace dos años y que se materializó con la promulgación de la ley N° 20.827, publicada el 14 de abril de 2015, que establece la conmemoración del Día Mundial del Agua el 22 de marzo de cada año.
Porque el agua es esencial para la vida, constituye un derecho humano fundamental. Pero la sequía afecta constantemente a muchos países, fenómeno del cual no está exento nuestro territorio, especialmente por las transformaciones provocadas por el cambio climático y el calentamiento global del planeta.
Lamentablemente, la desertificación va avanzando inexorablemente y afecta ya a muchas regiones de nuestro extenso territorio.
Estos factores hacen indispensable una gestión eficiente de los recursos hídricos por parte del ente regulador del Estado, la Dirección General de Aguas, a la que se le han ido aumentando sus atribuciones y facultades reguladoras y sancionadoras.
Por tales razones, aprobé en general este proyecto y la mayoría de sus indicaciones, las cuales establecen drásticas sanciones aplicables al mal uso o a la utilización dolosa del agua.
Sin embargo, advierto que con motivo de la aplicación de estas facultades, se puede dar una excesiva judicialización de los diversos casos que se susciten, lo que ya se está convirtiendo en una situación bastante arraigada en nuestro país, que sobrepasa la acción de los tribunales ordinarios y especiales que nuestra normativa contempla.
En ese orden de ideas, hubiera sido ideal que existieran los tribunales contencioso-administrativos, tal como lo solicité en un proyecto de acuerdo que fue aprobado por nuestra Corporación en mayo del año 2013.
Le he planteado aquello reiteradamente al Gobierno. Y de igual modo lo ha requerido la Corte Suprema en un informe en que señala: "cabe también reiterar, una vez más, la necesidad de crear tribunales contencioso-administrativos, debido al aumento de las materias vinculadas al control judicial de la Administración o de uniformar los aproximadamente ciento cincuenta procedimientos existentes, que se encuentran dispersos en nuestro ordenamiento jurídico".
Lamentablemente, no hemos logrado el objetivo de que se establezca esa judicatura especializada, para que los afectados mediante actos administrativos puedan hacer valer sus derechos frente a actuaciones de los entes reguladores, lo que constituiría el ideal. Por lo demás, la Constitución Política del año 1925 lo había contemplado en su artículo 87, sin que nunca se hubiera materializado.
En todo caso, aun cuando aumente la judicialización por actos que emanen de la Dirección General de Aguas, confiamos en que dicho organismo actuará con prudencia y mesura en el ejercicio de las facultades que a través de este proyecto de ley se le confieren, sin incurrir en arbitrariedades.
Sin lugar a dudas, estamos dando un paso decisivo a los efectos de poner término a algunas situaciones complejas. Por ejemplo, derechos de aguas no inscritos, o duplicidad de títulos en los que consten derechos de aprovechamiento de aguas. Con ello se elude el pago de patentes y se escabulle la acción de la ley.
Consideramos importante que la Dirección General de Aguas cuente con los recursos necesarios para las fiscalizaciones correspondientes.
Hasta ahora, cuando hemos tratado de que aquello se concrete, las autoridades juegan al compra huevos.
Algunos municipios, que son los que tienen a cargo la administración de los bienes nacionales de uso público, suponen facultades a las gobernaciones provinciales para, entre otras cuestiones, acceder a predios particulares.
Por lo tanto, creemos que en virtud de este proyecto de ley se generan atribuciones, mecanismos, caminos para llevar a cabo una adecuada fiscalización.
Por supuesto, voto a favor de esta iniciativa. Y anuncio desde ya que en su momento pediremos votación separada respecto de algunas de sus normas.
El señor GUILLIER (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, en primer lugar, felicito el hecho de que estemos discutiendo y -al parecer- aprobando de manera unánime este proyecto, que introduce modificaciones al marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y sanciones.
A mi juicio, un elemento fundamental presente en nuestra sociedad, que cruza hoy día todo el territorio, no solo el norte o la zona centro, sino nuestro país en su conjunto, es la escasez hídrica debido al cambio climático, que se manifiesta de manera brutal en la carencia de este vital recurso. Pero peor aún es la mala utilización de las aguas, la inscripción de derechos de aprovechamiento por especuladores para hacer negocios y lucrar, y no con un afán productivo.
La Organización de las Naciones Unidas ha señalado de manera clara y precisa que el principal destino del agua debe ser el consumo humano.
En Chile, al igual que en otras tres naciones, las aguas -según nos explicó hoy día el Director General de Aguas- se hallan en manos de privados, y no para ser utilizadas en fines productivos, en comités de agua potable, o en la agricultura. Desgraciadamente, muchos usan los derechos que tienen sobre ellas para especular en caso de alguna escasez hídrica y así, en cierto momento, poder revenderlos y lucrar.
Creo que el proyecto en debate avanza por el camino adecuado.
En primer lugar, en cuanto al aumento de las atribuciones de la autoridad en materia de fiscalización, considero imprescindible que la Dirección General de Aguas tenga las herramientas, las facultades, la capacidad normativa, como se establece mediante las indicaciones vinculadas con los intendentes y los gobernadores, para requerir el auxilio de la fuerza pública a los efectos de descerrajar y poder hacer cumplir las disposiciones correspondientes. Si la DGA no cuenta con esos elementos ni con la cantidad adecuada de funcionarios, no será factible avanzar en esa línea.
Por su intermedio, señor Presidente, me dirijo a los señores Ministro de Obras Públicas y Director General de Aguas para decirles que, además, necesitamos reforzar los equipos regionales.
En regiones existen dotaciones bastante pequeñas para cubrir extensiones importantes. Así, quienes constituyen derechos de aguas en lugares alejados del centro de las grandes ciudades -zonas cordilleranas, en fin- muchas veces tienen inconvenientes.
Sin lugar a dudas, en ese ámbito hay que seguir avanzando.
En otro orden de cosas, se ha hecho una especificación en cuanto a las faltas y se ha aumentado el monto de las sanciones administrativas.
Ello es imprescindible. Necesitamos no solo grandes sanciones y procedimientos administrativos apropiados, sino también contar con un sistema de multas que desincentive el aprovechamiento especulativo por parte de quienes están inscribiendo derechos.
De otra parte, en este proyecto se ha hecho presente la necesidad de especificar el tipo penal de usurpación de aguas.
El Código Penal lo regula en sus artículos 459 y 460. Sin embargo, no se trata de un tipo que, por la drasticidad de la sanción impuesta y por la manera de rendir la prueba, haya sido un elemento eficaz para disuadir a quienes incurren en aquel ilícito.
Entonces, hay que fortalecer la normativa pertinente y fijar un procedimiento sancionatorio no solo en el ámbito administrativo, sino también en sede penal.
Quienes se apropian de las aguas, además de privar de la disposición de ellas a otras personas o comunidades, muchas veces las convierten en una fuente de lucro.
Las irregularidades cometidas en el caso de las concesiones; la constitución de derechos de aprovechamiento y su no inscripción, en fin, son simplemente subterfugios para lucrar, para conseguir un beneficio económico.
¡Todo eso debe sancionarse penalmente!
Es indispensable, asimismo, que el procedimiento para el cobro de las multas sea más expedito.
Me parece bien que se comunique la sentencia a la Tesorería General de la República para los efectos del cobro de la multa. No obstante, es imprescindible que haya un solo ordenamiento. Si hoy día los derechos de aprovechamiento se inscriben en los conservadores y hay en la materia un sistema registral, no existe razón para que tengamos una maraña burocrática que solo permite ganar tiempo y, en la práctica, imposibilita llevar a cabo el procedimiento de cobro.
A mi juicio, se debería seguir impulsando el mecanismo propuesto, para hacer más expedito el cobro de las multas. En este sentido, formularemos las indicaciones correspondientes.
Por último, considero imprescindible que exista mayor y mejor acceso a la información.
Si algo ha permitido a los especuladores y a las grandes empresas hidroeléctricas, especialmente, hacerse de enormes cantidades de derechos (por ejemplo, en el río Bueno, de la Región de Los Ríos; en el río Baker, de la Región de Aisén) es el hecho de tener un altísimo porcentaje de las aguas inscritas a favor de proyectos hidroeléctricos que no han desarrollado jamás.
¿Cuál es el antídoto para aquello, además del establecimiento de un plazo de caducidad?
¡Transparencia!
¡Que los ciudadanos; que los agricultores; que las comunidades; que los APR sepan que los recursos hídricos que ven pasar frente a sus predios o frente a sus casas pertenecen a gente que ha constituido sobre ellos derechos que ha utilizado simplemente para especular!
La transparencia sobre los derechos de aguas es, entonces, fundamental.
En tal sentido, considero indispensable que la Dirección General de Aguas tenga capacidad para publicar; que los derechos en comento sean de fácil comprensión; que no se utilice lisa y llanamente la figura de la persona jurídica, por lo difícil que resulta identificar a quienes están detrás de ella.
En todo caso, sabemos que se trata de estudios jurídicos de Santiago; que grandes empresas hidroeléctricas han estado detrás de las inscripciones y siguen en el anonimato para que no sea posible identificarlas.
Voy a votar a favor, señor Presidente.
Creo que es esencial hacer una gran reforma sobre la materia, para permitir que las aguas sean de todos los chilenos y lograr que se cambie el paradigma del lucro, del aprovechamiento y del acaparamiento.
El agua es un bien nacional de uso público -reitero la definición de las Naciones Unidas- destinado al consumo humano.
¡Esa tiene que ser la prioridad!
¡Ese debe ser el norte!
Este proyecto avanza en dicha línea.
Espero que el Gobierno también actúe con firmeza y ponga la urgencia necesaria para la reforma constitucional que hemos planteado en tal sentido, de modo que vayamos avanzando en la idea de recuperar las aguas para todos nuestros compatriotas.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, no voy a repetir los argumentos por los cuales este proyecto parece bastante razonable. El Senador Pérez Varela los expuso muy bien.
Aquí se trata, básicamente, de darle mecanismos eficaces a la Dirección General de Aguas para la recopilación de información; de aumentar sus facultades de fiscalización; de mejorar los estándares de las sanciones por incumplimiento de la normativa de aguas.
Ello no tiene nada que ver con la otra iniciativa complejísima que se halla en tramitación, que a mi juicio vulnera los derechos de aguas, materia que discutiremos en otra instancia.
Sin embargo, quiero hacerme cargo -conversé el punto personalmente con algunos miembros de la Comisión, para que en la discusión particular se tuviera especialmente presente- del informe de la Corte Suprema respecto de este proyecto, el cual, obviamente, fue requerido con anterioridad a su aprobación.
El 5 de enero del año en curso llegó la respuesta del Máximo Tribunal. Y me parece importante referirme a ella.
En lo medular, plantea un reparo con relación a la modificación que señala que las resoluciones del Director General de Aguas serán reclamables necesariamente ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Y sugiere una solución al respecto.
¿Qué dice textualmente la Corte Suprema?
Primero, que "lesiona la accesibilidad de los afectados que hubieren de desplazarse a la capital, tratándose de la reclamación contra las resoluciones de término emitidas por el Director General de Aguas, con el consiguiente costo".
Segundo, que "no favorece la tendencia descentralizadora y regionalizadora".
Tercero, que "hace abstracción del actual recargo en las tareas de la Corte de Apelaciones de la capital, que absorbe el 57 por ciento del flujo".
Por último, señala una duda del plazo respecto del procedimiento contencioso-administrativo.
En seguida -y esto es lo interesante; comparto el punto, por eso quería transmitirlo-, propone la siguiente redacción: "Las resoluciones que pronuncien el Director General de Aguas y los Directores Regionales, serán reclamables ante la Corte de Apelaciones, sea del lugar donde se las dictó, sea de aquel en que ocurre la supuesta infracción, dentro de quince días contados desde la notificación de la resolución.".
Aquella me parece una mejor solución, señor Presidente.
Porque si se produce un problema en Los Ríos, como dijo el Senador De Urresti (podrá ser en el Maule; en la Undécima Región, en fin), la obligación de recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago -y a mi juicio el Máximo Tribunal está en lo correcto- objetivamente implica un costo que no tiene mucho sentido asumir, en circunstancias de que las reclamaciones podrían efectuarse ante la Corte de Apelaciones del lugar en que se las dictó o de aquel en que ocurre la infracción.
Sabemos que quien resolverá al final será el Director General de Aguas. Sin embargo, se trata de un procedimiento que en mi concepto apunta a favor de la regionalización, de la lógica de facilitarles la vida a quienes estén ante cualquier tipo de situaciones, de hecho o de derecho, que se producen en materia de aguas.
Señor Presidente, no quise usar de la palabra para hablar de lo general, sino para hacer presente que el informe de la Corte Suprema me parece interesante, pues plantea resolver de un modo razonable sobre el particular. Porque estimo que la forma de establecer el referido recurso quedó muy centralizada.
Yo por lo menos anuncio que voy a hacer mía la indicación sugerida, ya que estimo que le hace bien al correcto despacho de este proyecto.
Voto a favor, con la apreciación expuesta, que espero sea compartida por el resto de Sus Señorías.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, en el Congreso Nacional estamos discutiendo tres proyectos de ley distintos que tienen que ver con los recursos hídricos: el de la reforma constitucional, el de los cambios en el Código de Aguas y el que nos ocupa, que enmienda el marco normativo que los rige en materia de fiscalización y sanciones, esto es, una dimensión de la institucionalidad y del procedimiento, esencialmente.
Quiero limitarme a este último debate, pero no sin antes decir que estimo una irresponsabilidad política de magnitud inusitada la campaña de terror y confusión, respecto del alcance de las modificaciones del Código, que lleva a cabo el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Patricio Crespo, quien afirma que se quiere expropiar los derechos de agua de los agricultores, ocultando -y eso es lo peligroso- el problema de fondo.
El propósito de esas últimas enmiendas es ponerles fin a los especuladores de un recurso escaso que es de todos los chilenos y al abuso de quienes tienen derechos inscritos, pero no los utilizan. Los particulares dañan las ventajas del país cuando incurren en un mal uso.
El proyecto en examen es aún más relevante a la luz del debate que vamos a sostener sobre el Código, porque empodera a la Dirección General de Aguas a fin de que actúe de mejor manera; de que fiscalice, para lo cual les da a los funcionarios la calidad de ministros de fe, y de que aplique procedimientos más eficaces y montos de multa con un peso suficiente, diría, para que duela cuando se ha causado un menoscabo importante.
En nuestro ordenamiento jurídico, la Dirección debe tener músculos para garantizar efectivamente que el agua se use de buena forma, tanto la superficial como la subterránea; para que sea posible sancionar a quien la desvía o la contamina, así como a quien daña a terceros; para que el perjuicio se pueda diferenciar, como sugería el Senador señor Pizarro, según la realidad geográfica o la cantidad de personas afectadas.
La iniciativa en debate resulta muy significativa en ese sentido, porque aumenta las atribuciones de fiscalización, determina el aumento de las sanciones administrativas y especifica de mejor forma el tipo penal, clarifica el concepto de usurpación de agua y, por cierto, califica la sanción cuando se comete este ilícito, la que llega hasta la privación de libertad.
También se establece un procedimiento distinto para las multas y sus cobros.
Comparto absolutamente lo expresado por el Senador señor Coloma respecto de la opinión de la Corte Suprema. Sería preciso ver si es buena la solución de dejar abierta la posibilidad de dos lugares a los cuales recurrir o de uno solo. Pero el que la Corte de Apelaciones de Santiago quede como primera opción es para facilitarle la pega a la Dirección General de Aguas y no necesariamente a quien vive en regiones.
Entiendo que se parte del supuesto de que la gente a la que se multa ha cometido un delito, pero en el ordenamiento constitucional se tiene que garantizar el debido proceso.
Hago mía la inquietud de mi Honorable colega y de la Corte Suprema, además de manifestar la voluntad de buscar una solución menos centralizadora.
Se avanza en un mayor y mejor acceso a la información. Eso es fundamental. Existen grupos de abogados que adquieren derechos de agua, especulan y no los registran. Este es un aspecto que vamos a ver en relación con el Código de Aguas, como una causal de caducidad, lo que evidentemente todos deberíamos respaldar. Mas el paso previo es la posibilidad de una coordinación de antecedentes con los conservadores de bienes raíces. Creo que el asunto es realmente de una tremenda importancia.
Voy a votar a favor, porque se quiere, en última instancia, proteger de mejor forma los cauces y nuestros acuíferos. Todos sabemos, más aún los que vivimos en regiones productoras gracias al agua, que no es la minería la que más la usa, sino la agricultura. Todos sabemos que se le puede dar un uso más racional, ya que es un elemento cada vez más escaso. Y todos sabemos también que en este tiempo resulta esencial, porque es vida, alimentación y permite que nuestra especie se desarrolle.
En cincuenta o sesenta años más, la energía solar nos colocará en un debate distinto respecto de los recursos hídricos. Tratándose de los costos de la electricidad, permitirá que tengamos acceso a más agua, gracias a que se podrá desalinizar o bombear de otra forma. Pero, en tanto eso ocurre, es fundamental no solo modificar hoy la Constitución y el Código de Aguas, para restablecer un equilibrio distinto respecto al uso, sino también fortalecer la Dirección General.
Espero que en el plazo más breve posible podamos despachar la iniciativa, porque ¿quiénes resultan perjudicados cuando dicho organismo no dispone de estas atribuciones? Son los chicos, que no cuentan con la fuerza y los medios económicos y pierden el acceso al recurso hídrico. Son ellos los que enfrentan dificultades porque alguien comienza a usurpar volúmenes grandes de agua.
He visto peleas tremendas por esta causa en la provincia de Colchagua. Y lo lamentable es consignar que el poderoso logra abusar de los medianos y los pequeños porque la Dirección carece de facultades. La ley en proyecto generará otras condiciones. Por ello la valoro tanto.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Les recuerdo a los señores Senadores que se puede discutir a continuación el proyecto que modifica la ley orgánica de la Dirección de Estadística y Censos y crea el Instituto Nacional de Estadísticas, iniciativa que declara feriado el día del censo.
El señor MONTES.-
¿Hay quorum?
El señor BIANCHI.-
No.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Moreira.
El señor MONTES.-
¡No es necesario...!
El señor MOREIRA.-
¡Siempre lo es que la Oposición sostenga un punto de vista y se manifieste enérgicamente en la Sala, señor Presidente...!
Aunque el proyecto no dice relación con la reforma constitucional ni con las modificaciones del Código de Aguas aprobadas recientemente, ¡en forma equivocada!, por la Cámara de Diputados, quisiera consignar, ante las cosas que se han dicho, que ni la una ni las otras vienen a resolver los problemas en este ámbito.
Esas últimas enmiendas incluyen aspectos importantes, pero asimismo otros que no lo son.
Cuando aquí se afirma: "El agua es de todos los chilenos, ya que es un bien nacional de uso público, como lo establecen las Naciones Unidas", deseo subrayar que ello no se puede invocar para expropiar el derecho de nuestros agricultores.
Ya llegará el minuto en que haremos presente en el Hemiciclo: "¡No a la reforma de aguas impulsada por algunos parlamentarios de la Nueva Mayoría!", y daremos los argumentos necesarios.
¡No a esa reforma!, porque lleva a una clara expropiación.
Y ya veremos en la Sala las enmiendas del Código. En ese momento le diremos "no" a aquellos artículos que no son convenientes. Los dirigentes máximos del mundo de la agricultura han expresado: "Es importante que se regule, que se modifique, pero no de la forma en que lo están haciendo".
Dicho eso, paso a expresar mi opinión sobre el proyecto de ley que introduce modificaciones al marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y sanciones.
Me parece imprescindible partir por hacer presente que una legislación mediante la cual se amplían las facultades y sanciones que puede aplicar la Dirección General no implica necesariamente una disminución en el uso del recurso.
La realidad hídrica de Chile es muy diferente según la zona que se analice. Así, en el norte prácticamente ya no hay recursos sobre los cuales constituir derechos de aprovechamiento, mientras que en el sur existe normalidad.
No obstante ser más que razonables las atribuciones que se le otorgan a la Dirección, tanto en cuanto a la fiscalización como a la información, así como a las sanciones -y es importante que ello se apoye-, hubiera sido claramente conveniente, en el contexto de la discusión, adelantar hacia un servicio cuya especialización y nivel técnico se garanticen.
En la actualidad, ese organismo cumple con lo anteriormente mencionado. Sin embargo, siempre es conveniente avanzar al respecto.
Es evidente que la legislación sobre las aguas ha ido quedando desactualizada y que, por lo tanto, se hace necesaria una modificación. Cabe considerar lo dicho en la Sala en cuanto a que la realidad hídrica del país era totalmente distinta en 1981, cuando se dictó. El enfoque de esa normativa no está dado por la escasez, sino por la abundancia, lo que dice relación con el recurso y la constitución de derechos de aprovechamiento. La mayoría de los parlamentarios ha consignado que el cambio climático redunda en una alteración presente y futura en ese aspecto.
Si bien reitero que las nuevas facultades que se le otorgan a la Dirección General de Aguas son razonables, es necesario tener presente que el proyecto se enmarca en el contexto de la reforma del Código, que se está analizando en la Comisión de Recursos Hídricos y llegará a la Sala.
Muchos de nosotros creemos que estas enmiendas son importantes, pero otras revisten un carácter expropiatorio y, de alguna manera, siembran la incertidumbre y no les dan garantías a los agricultores.
Es posible que un conjunto de modificaciones simultáneas sea inconveniente en cierto sentido, desde el punto de vista de la inseguridad que pueden traer aparejadas.
Hubiera sido deseable, incluso, incorporar de manera más gradual un cambio en la legislación, lo que hubiese permitido adaptarse. Cuando menciono la gradualidad, no hago referencia a que se dejen de sancionar las faltas graves.
En conclusión, el proyecto es razonable, de manera que cabe aprobarlo -así lo hemos entendido en la Unión Demócrata Independiente-, sobre la base de la necesidad de un cambio en las atribuciones y facultades de la Dirección General por el contexto en que fue dictado el Código de Aguas y porque claramente existe escasez del recurso. Es preciso avanzar, como ha ocurrido, en la garantía de la existencia de un servicio especializado, de gran nivel técnico.
Hubiera sido más conveniente adelantar en forma gradual -repito- en las enmiendas. No fue así. Pero la medida se valora.
He mencionado el concepto "razonable", que no ha mediado en la reforma constitucional ni en la modificación del Código de Aguas conocida por la Cámara de Diputados. Esperamos pronunciarnos en contra en un caso y presentar una serie de indicaciones en otro.
Pero no confundamos las cosas con relación a la iniciativa en debate. Este es un texto distinto, que sanciona, regulariza y fija el marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y sanciones.
Voto que sí.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Puede intervenir el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, sin duda, lo vital, lo fuerte, será la reforma constitucional sobre la propiedad del agua, que salió de la Cámara de Diputados y cuyo contenido conocerá ahora el Senado, la cual dará lugar a la hora de la verdad. Porque aquí hay una mayoría capaz de enmendar la normativa para que el recurso le sea devuelto a su legítimo dueño: el pueblo soberano. Con ocasión del estudio de ese proyecto podremos ver la actuación del lobby político de los actuales propietarios: empresas privadas, ENDESA.
Pero ese tiempo ya vendrá, y lo que estamos discutiendo hoy día es una iniciativa tendiente a fortalecer la Dirección General de Aguas, así como a introducir modificaciones en materia de información, fiscalización y sanción.
Le he planteado a Carlos Estévez, Director General de Aguas, que la lectura de la nómina de asistentes al debate en la Comisión me llevó a reparar que no se menciona ni una sola organización social ni de usuarios, sino solo la participación del Ejecutivo y de asesores del Legislativo.
Creo que un tema de esta envergadura requería una consulta a quienes se encuentran hoy día en el ámbito del conflicto y del uso del recurso.
Es conocida la disputa en el sector del canal Laja-Diguillín, donde existen los llamados "blancos", así como la que involucra a pequeños agricultores en relación con el acceso a proyectos que acumulan agua, pero son hidroeléctricos.
Voy a conversar con las organizaciones de regantes de la Región del Biobío para formular las indicaciones pertinentes, pues la utilización práctica del recurso ha generado enormes controversias, que generalmente ganan los grandes usuarios, en desmedro de los pequeños, tal como ocurre con "los blancos" de las comunas del secano costero.
A mí me preocupa que no se haya recogido el juicio de los usuarios y de las organizaciones de carácter nacional.
Los agricultores ya han debido pagar un alto precio porque represas destinadas a la generación hidroeléctrica tienen prioridad sobre el uso del agua para regadío.
¡Contra la ley eléctrica, nada...!
¡Contra la ley minera, nada...!
La utilización de embalses que se está verificando en la Región del Biobío da cuenta de que necesitamos una regulación que introduzca la opinión de los usuarios, que enfrentan problemas por no ser propietarios, precisamente. El debate realizado sobre la iniciativa en examen no la contempla.
Creo que la normativa orgánica del Congreso debiera contemplar una disposición en el sentido de que ningún proyecto podrá ser tramitado sin el parecer de la ciudadanía, sobre todo de quienes se encuentren directamente interesados e involucrados en sus efectos, y el que nos ocupa los provocará de inmediato en los pequeños y medianos usuarios.
Y tengo una certeza. Los grandes usuarios sí saben de la ley y se hallan informados. Abrigo muchas dudas, en cambio, de que los pequeños usuarios, particularmente los agricultores, estén en conocimiento del articulado en estudio, que pretende transparentar información, sancionar y regular.
En seguida, deseo puntualizar que he presentado la iniciativa correspondiente al boletín N° 10.319-12, la cual apunta a regular la extracción de agua de mar.
El Código Civil es extraordinariamente claro en torno a señalar cuáles son los bienes nacionales de uso público.
Así, su artículo 595 dispone que todas las aguas, entre las que se incluyen las marítimas, son bienes nacionales de uso público.
Luego, su artículo 598 establece que en estos bienes nacionales de uso público, incluyendo el mar y sus playas, el uso y goce estarán sujetos a las disposiciones del mismo Código Civil.
Todas las investigaciones, y particularmente las relacionadas con la gran minería, aquella que está en Antofagasta, señalan que el uso del agua de mar va a estar centrado en una proyección extraordinaria de aquí al año 2021.
El Director del Centro de Investigación Tecnológica del Agua en el Desierto, Leonardo Romero, plantea que el uso de agua de mar irá creciendo y que ya existen esfuerzos para que esta alza continúe.
Leonardo Romero sostiene: "En este momento, pensar que un nuevo proyecto minero funcione con agua continental ya es cosa del pasado. Toda nueva iniciativa de este tipo ya tiene asumido que tiene que incorporar agua de mar a sus procesos. Si bien no es obligación por ley, las empresas que están dedicadas al rubro minero ya saben que su fuente de agua es el Océano Pacífico.". O sea, no lo es la Cordillera de Los Andes, no lo es el agua subterránea.
Lo señalado por Romero también es reafirmado por COCHILCO en sus proyecciones del uso de agua de origen marino, en que se ve un considerable aumento en demanda de agua de mar para el año 2021, en su mayoría como fuente de abastecimiento en nuevos proyectos. Según este organismo, el monto proyectado de inversión en operaciones que utilizarán agua de mar con su respectivo sistema de impulsión alcanzará los 5 mil 447 millones de dólares.
Por ello, señor Presidente, considero absolutamente necesario que en el debate sobre la regulación de las aguas abordemos también la regulación de las aguas marinas, pues producto de la minería y del cambio climático, el agua continental se hace cada vez más escasa.
En la Región del Biobío no hay agua. De 54 comunas, en 41 hay problemas de abastecimiento de agua y debe distribuirse en camiones aljibes, con un costo cercano a los 9 mil millones de pesos al año. Aun cuando se producen lluvias torrenciales y tenemos los ríos Itata, Biobío, Ñuble, el agua no alcanza para abastecer a muchas comunidades de la Región.
La legislación chilena no contempla el pago de derechos o patentes por la extracción de agua marítima.
El proyecto de ley que he señalado, boletín Nº 10.319-12, lo dispone: "Un reglamento establecerá la renta y/o tarifa que en unidades tributarias mensuales pagará el concesionario de extracción de agua de mar, los periodos de pago, ya sea por semestre o anualidades, el lugar de pago y los litros por segundo que se considerarán para determinar la renta y/o tarifa".
Señor Presidente, en la iniciativa de mi autoría que he mencionado -a lo menos lleva dos años en el Senado- establecemos una preocupación central por todas las aguas, porque las continentales ya se encuentran en gravísimos problemas: existe una gran disputa y están en disminución.
Todos los estudios mundiales señalan que el agua salobre, tal como la conocemos hoy, va a tener mayores restricciones cada día. Y el cambio climático así lo indica.
Por eso, dicha propuesta legislativa, que busca regular, que establece sanciones y transparencia sobre el agua, a través de la Dirección General de Aguas, nos va a obligar a realizar un debate mayor, pues no parece razonable que estemos preocupados del agua que está desapareciendo y no de la extracción del agua del futuro que se hará desde el Océano Pacífico, que hoy día las mineras extraen sin pagar ni un peso, ¡sin pagar ni uno!
Después de muchas luchas pudimos establecer el pago de patentes. Este proyecto aclara y facilita que los propietarios las cancelen. Los derechos de agua están muy claros; pero cuando se hereda, se distribuyen y muchas veces no son inscritos en el Conservador de Bienes Raíces, por lo que resulta imposible saber quién tiene que pagar o no la patente.
Quiero advertir de que eso ya es cosa del pasado y que será un elemento menor en el futuro. Por tanto, esto nos obliga a legislar hacia delante.
La Dirección General de Aguas tendrá que incorporar para sí la tuición y administración sobre las aguas de mar.
Hoy día esto requiere un decreto de concesión de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (DIRECTEMAR). Todo el uso del agua de mar está puesto en organismos vinculados a la Armada de Chile.
Señor Director, señor Ministro, tal como ustedes han planteado cómo hacer rentables las concesiones que ya se han caducado, producto de que se ha terminado el plazo de vencimiento, y hemos logrado proyectar una empresa estatal para hacer uso de esos bienes en pos de la patria, quiero decirles que el cobro por el uso de agua de mar y el incentivo hacia su empleo debe tener una regulación, una tarifa y un cobro a beneficio de la comuna, de la región y del Tesoro Público.
Hoy día las mineras y las termoeléctricas usan de manera indiscriminada cientos de miles de metros cúbicos de agua de mar sin realizar un solo pago.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene un minuto adicional para finalizar su intervención, señor Senador.
El señor NAVARRO.-
Y no parece justo que, en definitiva, el Estado se relegue de la regulación de un bien sobre el cual tiene tuición, un bien cuyo uso va in crescendo. No puede permitirse que ocurra lo mismo que sucedió con el agua continental: que los privados en dictadura se apropiaran de ella, haciendo que hoy día Chile sea uno de los pocos países del mundo en que la propiedad del agua continental se encuentra en manos de privados y no pertenece al Estado.
Voy a votar a favor de este proyecto, señor Presidente.
Haré las consultas respectivas a las organizaciones de usuarios y de regantes de la Región del Biobío; los escucharé para poder realizar las indicaciones que incorporen no solo regulaciones destinadas a la transparencia y las sanciones, sino también a facilitarles el uso del agua a los pequeños regantes y agricultores.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Terminada la votación
--Se aprueba en general el proyecto (32 votos a favor), dejándose constancia de que se reúne el
quorum
constitucional exigido.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor UNDURRAGA (Ministro de Obras Públicas).-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer la unanimidad del Senado en la aprobación de la primera reforma al Código de Aguas.
El Ejecutivo está impulsando dos reformas en esa materia. Esta es la primera y se relaciona con tres aspectos: información, fiscalización y sanción.
Información para cuidar el medio ambiente, para permitir la fiscalización y el control social.
Fiscalización para darle a la Dirección General de Aguas los elementos y las atribuciones necesarias para fiscalizar el correcto uso de las aguas.
Y sanciones adecuadas que no solo establecen el aumento de las ya existentes, sino también un conjunto de grados y criterios para determinar cada una de ellas.
Esperamos que la discusión en particular -ya ha sido hecha respecto al texto inicial con un conjunto de mejoras, con indicaciones del propio Ejecutivo- que se realice en la Comisión sobre Recursos Hídricos con las eventuales indicaciones que presentarán los distintos Senadores de aquí a la próxima semana sea lo más expedita posible y podamos rápidamente despachar en segundo trámite esta primera reforma al Código de Aguas.
Nuevamente, agradezco a todas las señoras y los señores Senadores.
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El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
En este momento, ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
Mensaje
De Su Excelencia la Presidenta de la República, con el que retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para permitir un adecuado funcionamiento del sistema escolar (boletín N° 11.029-04).
--Se tiene presente la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
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El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Terminado el Orden del Día.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor GARCÍA:
Al señor Director Nacional de la JUNAEB, consultándole por CUMPLIMIENTO POR PARTE DE ALUMNA DE TEMUCO DE REQUISITOS PARA ACCEDER A PROGRAMA "YO ELIJO MI PC", A FIN DE QUE RECIBA DICHO BENEFICIO.
Del señor PROKURICA:
Al señor Superintendente del Medio Ambiente, solicitándole INFORMACIÓN SOBRE MONTO DE MULTAS COBRADAS POR INFRACCIONES A NORMATIVA AMBIENTAL, POR AÑO, PROYECTO Y CAUSAL.
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El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
En Incidentes, los Comités Independientes y Partido Amplitud, Partido Por la Democracia, Partido Demócrata Cristiano e Independiente y Partido Renovación Nacional no harán uso de sus tiempos.
En el turno del Comité Partido Socialista, tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS RESPECTO DE PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN CHILOÉ. OFICIO
El señor QUINTEROS.-
Señor Presidente, el terremoto que el pasado 25 de diciembre afectó a la provincia de Chiloé puso de relieve nuevamente una serie de necesidades que experimentan los habitantes de este diverso y particular territorio, las que, lamentablemente, y de no ser por una crisis, suelen quedar fuera del foco de atención de los medios, de la opinión pública, e incluso de las instituciones del Estado.
Afortunadamente, el sismo no provocó víctimas fatales y su impacto sobre la infraestructura fue limitado. Con todo, el daño provocado en no más de 200 metros de la Ruta 5 puso de inmediato en jaque la conectividad terrestre en la zona sur de la provincia.
Así, más allá de la necesaria búsqueda de responsabilidades por el colapso de una vía construida recientemente, queda de manifiesto la urgencia de avanzar en el mejoramiento de la ruta costera de la isla, con un estándar lo suficientemente alto como para servir también de alternativa al tráfico de vehículos pesados.
El Ministerio de Obras Públicas, a través de sus diversas direcciones, está realizando grandes avances en infraestructura a lo largo de toda la isla, tanto con proyectos de vialidad como de borde costero, que dan valor agregado a los atractivos naturales y culturales de Chiloé. Sin embargo, resulta necesario atender las voces de los vecinos de localidades más pequeñas y aisladas, que claman por mejores vías y por acceso a servicios básicos, como el agua potable y la energía.
Todos sabemos que buena parte de la economía local de Chiloé se sustenta no solo en el turismo, sino también en la pesca, la recolección de orilla, el cultivo de mitílidos y la agricultura familiar. En muchos casos, las familias dedican sus esfuerzos a varias de esas actividades durante el año, y requieren el acompañamiento de los distintos organismos públicos en esa multiplicidad de tareas.
El terremoto fue un hecho aislado, pero la marea roja, el déficit hídrico y la falta de empleo son eventos que se han vuelto regulares. Y se precisa atender con especial énfasis esa realidad, que ha llegado para quedarse y ha obligado a todos a asumir cambios también permanentes.
Chiloé posee un innegable potencial que va más allá del turismo y de la rica cultura y tradiciones que atesora la isla, por lo que necesita de una política clara que apunte al fortalecimiento y a la diversificación de sus actividades productivas.
No podemos seguir operando desde la urgencia, ni intentando resolver problemas -hoy de fondo- con bonos especiales para superar la contingencia.
La falta de agua potable y de energía en los sectores rurales, la necesidad permanente de mejorar los caminos secundarios y la conveniencia de implementar planes que permitan innovar en la producción acuícola y agrícola deben convertirse en una prioridad del Estado.
En septiembre último entregué al Gobierno, a través de la Subsecretaría del Interior, una propuesta de trabajo que considera un conjunto de líneas de acción para impulsar la diversificación productiva en Chiloé, con especial énfasis en la pesca y la producción acuícola de pequeña escala, reorientando los recursos públicos hoy existentes para dar mayor eficiencia a la investigación y al acompañamiento técnico en estas materias a las organizaciones locales de Chiloé.
Me he reunido permanentemente con organizaciones de pescadores y de agricultores chilotes y con autoridades locales, que están dispuestos y esperanzados en ser parte de un proyecto común que ofrezca nuevas oportunidades a la isla. Estoy seguro de que de este modo podremos avanzar en saldar, al menos en parte, la deuda que, según los propios chilotes, el Estado mantiene ya por años con la isla y su gente.
En ese contexto -y por su intermedio, señor Presidente-, solicito que se oficie al Ministerio del Interior para que informe qué medidas se han tomado respecto del documento que les hice llegar.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE PLANES DE DESCONTAMINACIÓN EN OSORNO. OFICIOS
El señor QUINTEROS.-
En otro orden de ideas, señor Presidente, quiero expresar que la contaminación del aire en Osorno se ha convertido en un tema de preocupación permanente que requiere ser enfrentado con un conjunto de medidas de mediano y largo plazo, en sus distintas dimensiones, una de las cuales -quizás la más importante- tiene que ver con un cambio en la cultura del consumo de leña, principal combustible utilizado para la calefacción doméstica.
Es claro que en el sur no resulta posible erradicar el uso de la leña en los hogares. Sin embargo, sí es factible mejorar su producción y, con ello, reducir drásticamente su componente contaminante.
Hace ya algún tiempo se constituyó la Asociación Gremial de Comercializadores de Leña de Calidad Osorno AG -actualmente agrupa a alrededor de 60 socios- bajo la idea de mejorar la calidad de su producto y elevar las condiciones de venta en la comuna. Ello, con la finalidad de aportar a reducir la contaminación que afecta a esta capital provincial durante los meses de invierno.
No se trata de una cuestión menor, especialmente si se considera que de los 450 mil metros cúbicos de leña que se consumen al año en Osorno, aproximadamente el 96 por ciento se comercializa de manera informal y solo un 8 por ciento del total tranzado en la ciudad corresponde a leña seca.
En ese contexto, como gremio, suscribieron el Acuerdo de Producción Limpia "Leña de Calidad y Sustentable de Osorno".
Los productores y comercializadores buscan optimizar los procesos y agregar valor al producto, promoviendo la extracción de leña proveniente de recursos forestales que posean planes de manejo y mejorando su calidad mediante un sistema de almacenamiento y secado que aseguren un contenido de humedad menor al 25 por ciento.
Con ese propósito, dicha asociación gremial, en conjunto con el municipio local, está abocada a desarrollar un proyecto innovador para utilizar el gas metano generado por el vertedero Curaco -actualmente en proceso de cierre- como fuente energética para el secado de la leña.
Iniciativas como esa requieren necesariamente el respaldo activo de las distintas instituciones involucradas en la materia.
La contaminación es un problema que precisa de soluciones transversales y del concurso activo de los sectores público y privado. Así como hasta ahora el municipio osornino, la Gobernación y la Seremi de Agricultura han allanado el camino a estas propuestas, es también necesario que otras instituciones, como la CONAF, se alineen con mayor fuerza a la tarea de contribuir a que los osorninos cuenten con un aire de mayor calidad.
Por tanto, señor Presidente, por su intermedio, solicito que se oficie al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Medio Ambiente para que informen cómo están funcionando los plantes de descontaminación de la ciudad de Osorno.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios requeridos, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Partido Unión Demócrata Independiente, ofrezco la palabra.
No hará uso de turno.
Se ha completado la lista de Comités.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, ¿qué pasó con el Comité Independientes y Partido Amplitud?
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Le ofrecí la palabra en su minuto, señor Senador, y usted no intervino. De modo que ya transcurrió el tiempo de su Comité.
El señor NAVARRO.-
No lo escuché, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se le concederán al señor Senador los ocho minutos correspondientes a su Comité.
Acordado.
Puede hacer uso de la palabra, señor Senador.
El señor NAVARRO.-
Gracias, señor Presidente.
CRÍTICAS ANTE PUBLICACIÓN DE LA SOFOFA RELACIONADA CON CONFLICTO EN LA ARAUCANÍA Y SUR DE CHILE. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, una vez más respecto de La Araucanía, una vez más en relación con el pueblo mapuche, la Sociedad de Fomento Fabril y los gremios agrupados en ella publican un inserto en el diario La Tercera -apareció en la edición de hoy, miércoles 11 de enero de 2017- en el que hacen un llamado a la paz en La Araucanía y el sur de Chile.
Señalan que se ha violentado el Estado de Derecho; que es urgente que el Gobierno cumpla con su deber fundamental de hacer respetar la Constitución Política de la República; que se requiere fortalecer el principio de integración social como fundamento del diálogo. E instan al Gobierno a asumir su responsabilidad en lo relativo a aplicar políticas públicas eficientes.
Pero yo pregunto lo siguiente:
¿Dónde está la responsabilidad de la SOFOFA?
¿Dónde está la responsabilidad de las empresas forestales, que han ocupado el 80 por ciento del territorio en la provincia de Arauco, Región del Biobío?
¿Dónde está la responsabilidad de aquellos que han usurpado las tierras?
Porque el problema en la provincia de Arauco -y lo reitero en el Hemiciclo del Senado de la República- no radica en lo que ha mencionado el intendente Rodrigo Díaz.
¡No es que se estén utilizando las tácticas de las FARC!
¡El intendente le debe una disculpa al pueblo mapuche!
¡Ahí no están las FARC!
El problema en Arauco no es el robo de madera. Lo que allí existe es el robo de tierras por parte de empresas forestales que durante un siglo han usurpado territorios ancestrales de las comunidades mapuches.
La SOFOFA hace un diagnóstico, pero no reconoce su responsabilidad; no dice qué va a hacer, cuando el problema de fondo es que ellos son propietarios de las tierras y el pueblo mapuche demanda su restitución. Apela a la paz social, pero no se asigna ninguna responsabilidad. Y eso, en sí, es una irresponsabilidad.
Los empresarios -el inserto lo firman 39 organizaciones empresariales- se limitan a repetir lo que han sostenido durante los últimos 30 años: "El conflicto es entre el Estado y el pueblo mapuche". ¡Falso! El problema mapuche es un problema de todo Chile, incluyendo a los empresarios. Ellos están viendo afectados sus intereses. No pueden marginarse y pensar que el Estado, una vez más, les va a resolver su situación.
El Estado usurpó las tierras mapuches para que fueran compradas por ustedes, los empresarios de Chile, los empresarios de las forestales, que de manera inclemente y despiadada han usufructuado de ellas y han obligado al pueblo mapuche a rebelarse.
Me ha sorprendido y me ha causado dolor ver este inserto, porque la SOFOFA no busca la paz, sino la defensa del derecho a la propiedad. ¡El sagrado derecho a la propiedad! ¡No busca la paz social: busca la protección de sus intereses! No hay mención alguna al rol de la unidad público-privada para enfrentar este gran tema. No hay mención alguna a que allí hay un conflicto social. Y se responsabiliza al Estado y al Gobierno.
¿Qué hizo Piñera durante su Administración de 4 años?
¿Qué hizo la SOFOFA, qué hicieron los empresarios cuando tuvieron a uno de los suyos, con mucho dinero, a uno de los principales empresarios de Chile en el sillón presidencial de La Moneda? ¿Qué hizo este por la paz de La Araucanía, por la paz del Biobío, por la paz del sur?
Creo que con esta escalada solo se avecina más violencia. Porque la SOFOFA ejerce violencia. Este inserto es un acto de violencia para estigmatizar al pueblo mapuche; es violencia ideológica en contra del Gobierno de la Presidenta Bachelet.
Y el Gobierno ejerce su propia violencia. Carabineros de Chile, la institución más prestigiada del país, está allí, con cientos de efectivos custodiando los predios forestales, actuando de guardias civiles para intereses privados.
¡Hasta cuándo! ¡Basta de que Carabineros siga cuidando predios forestales!
No se requieren carabineros: se requiere un acuerdo social, un gran acuerdo social para la restitución de tierras y el respeto del derecho del pueblo mapuche a sus territorios ancestrales.
Señor Presidente, quiero que se oficie, una vez más, a Carabineros de Chile y al Ministerio del Interior. Vamos a ver si este Senado es respetado, pues esta información la hemos pedido y se nos oculta. ¿Cuánto le cuesta al Estado de Chile mantener centenares de policías custodiando predios forestales en las Regiones de La Araucanía y del Biobío? ¿Cuántos han sido trasladados desde Talcahuano, Concepción, Hualqui, desde todas las grandes comunas, para custodiar predios forestales? Quiero conocer el detalle. ¿Cuántos carabineros han sido trasladados desde comunas aledañas a la zona de conflicto? ¿Cuánto tiempo han permanecido allí? ¿Cuánto le ha costado a la institución?
Carabineros está para resguardar el orden público, no para proteger los intereses de las forestales. Si quieren seguridad, que contraten guardias privados. Y si quieren paz, allanemos un gran acuerdo social, que pasa por la tierra. Mapuche significa "hombre de la tierra".
Hay una miopía histórica de las forestales, señor Presidente, de aquellas que hace 20 años hablaban de la biodiversidad de los bosques; de aquellas que afirman que este es un conflicto entre el Estado y los mapuches, sin injerencia de las forestales, que son el actor principal del conflicto. Si las forestales no estuvieran en La Araucanía, si no estuvieran en Arauco, otra sería la situación social, otro el tipo de desarrollo.
Señor Presidente, en este momento asistimos a un cóctel peligroso, donde los empresarios, una vez más -igual que como lo hicieron en los setenta-, han empezado a cuestionar el Estado de Derecho, sin proponer soluciones.
¡Emplazo a la SOFOFA a poner sobre la mesa propuestas viables!
Esto significa que tienen que ceder. Esto no va a ser gratuito. Ya lo he dicho. Hay un millón de hectáreas en la Región del Biobío que están erosionadas. Recuperemos ese millón de hectáreas y hagamos un canje, un trueque, con estos mismos empresarios. ¡Tres por una, si quieren! Recuperemos con platas públicas toda la tierra erosionada que pueda tener aptitud forestal, pero, a cambio, restituyamos las tierras usurpadas al pueblo mapuche.
¡No va a haber paz en La Araucanía, no va a haber paz en Arauco, no va a haber paz con el pueblo mapuche hasta que las tierras usurpadas sean devueltas a sus legítimos, históricos y ancestrales dueños!
Aquí, señor Presidente, no se trata de un camión más, de un camión menos. Podrán poner un carabinero en cada uno -y ya lo hicieron-, pero va a continuar la quema de vehículos. Eso, sin duda, constituye un delito; eso, sin duda, es violencia, pero quiero decir que la violencia no se combate con más violencia. Y si se combate con represión, el resultado está a la vista: jóvenes mapuches de 17 años, reducidos por carabineros, con 100 perdigones en la espalda. Ahí está la machi Francisca Linconao. Ahí está Lorenza Cayuhan teniendo a Sayén engrillada durante la cesárea en una clínica privada de Concepción.
¡Eso es responsabilidad del Estado! ¡Eso es violencia!
Señor Presidente, solicito que se envíen los oficios que le he pedido y, al mismo tiempo, que se envíe copia de esta intervención a los señores Intendentes de La Araucanía y del Biobío, a la Presidenta de la República, al Ministro de Justicia y a todo el Gobierno.
He dicho.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:6.
Sergio Cereceda Leins,
Jefe de la Redacción subrogante