REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 363ª
Sesión 84ª, en martes 22 de diciembre de 2015
Ordinaria
(De 16:22 a 18:58)
PRESIDENCIA DE SEÑOR PATRICIO WALKER PRIETO, PRESIDENTE,
Y SEÑORA ADRIANA MUÑOZ D'ALBORA, VICEPRESIDENTA
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores (as):
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros de Economía, Fomento y Turismo, señor Luis Felipe Céspedes Cifuentes, y de Educación, señora Adriana Delpiano Puelma.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:22, en presencia de 14 señores Senadores.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Las actas de las sesiones 72ª y 73ª, especiales, en 19 de noviembre; 74ª y 75ª, especiales, en 20 de noviembre; y 81ª y 82ª, ordinarias, en 15 y 16 de diciembre todas de 2015, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Tres de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto de ley que fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos y facilita su modernización (boletín Nº 10.154-07).
Con el segundo retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación del proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos (boletín Nº 9.885-07).
Con el tercero retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto de ley que crea el plan de formación ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado (boletín Nº 10.043-04).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
De Su Excelencia la Presidenta de la República con el que comunica su ausencia del territorio nacional los días 20 y 21 de diciembre, en visita a la ciudad de Asunción, Paraguay.
Informa, además, que durante su ausencia fue subrogada por el Ministro titular de la Cartera del Interior y Seguridad Pública, señor Jorge Burgos Varela, con el título de Vicepresidente de la República.
--Se toma conocimiento.
Cinco de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha aprobado el proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, para disponer la iluminación de sitios eriazos (boletín Nº 9.988-14).
--Pasa a la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
Con el segundo señala que aprobó el proyecto de ley que autoriza erigir un monumento en memoria del músico, cantautor y dramaturgo señor Víctor Jara Martínez (boletín Nº 9.776-24).
Con el tercero indica que despachó el proyecto de ley que establece el 14 de abril como Día Nacional del Locutor (boletín Nº 10.303-24).
--Pasan a la Comisión de Educación y Cultura.
Con el cuarto comunica que aprobó el proyecto de ley que fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos y facilita su modernización (boletín Nº 10.154-07) (con urgencia calificada de "suma").
--Por acuerdo de los Comités, pasa a la Comisión Especial encargada de conocer proyectos relativos a probidad y transparencia.
Con el último manifiesta que aprobó, en los mismos términos en que lo hizo el Senado, el proyecto de ley que establece un procedimiento simplificado para la regularización de viviendas de autoconstrucción (boletines Nos 9.939-14 y 10.076-14, refundidos).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia la Presidenta de la República, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 73 de la Carta Fundamental.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Expide copia de la sentencia definitiva pronunciada en el control de constitucionalidad del proyecto de ley sobre probidad en la función pública (boletín Nº 7.616-06).
Adjunta sentencia pronunciada en el proceso sobre requerimiento de inconstitucionalidad respecto de parte de las glosas que indican, correspondientes al proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2016 (boletín Nº 10.300-05).
--Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos junto a sus antecedentes.
De la señora Subsecretaria de Educación:
Atiende solicitud de información, efectuada en nombre del Senador señor Navarro, respecto de la implementación del programa de acompañamiento y acceso efectivo en la Región del Biobío.
Del señor Director Nacional del Instituto de Previsión Social:
Contesta petición de antecedentes, efectuada en nombre de la Senadora señora Von Baer, con relación a la situación que afecta a un excotizante de la entonces Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas (CANAEMPU).
Considera preocupación, expresada en nombre del Senador señor García, acerca de la situación que afecta a una pensionada domiciliada en la comuna de Loncoche, quien no recibió el pago de los bonos de marzo y de invierno.
De la señora Directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor:
Responde inquietud, planteada en nombre del Senador señor García, tocante a la posibilidad de realizar un catastro comunal, regional y nacional de los hogares de ancianos, para visibilizar cuántos hogares atienden a adultos mayores y en qué condiciones se encuentran.
Del señor Director del Servicio Nacional de Geología y Minería:
Da respuesta a consulta, formulada en nombre del Senador señor De Urresti, relativa a la reunión sostenida con altos ejecutivos de la empresa Colbún, lo que fue difundido por la prensa.
Del señor Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal:
Responde solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Navarro, respecto de la reciente compra de tres aviones Air Tractor.
Del señor Director de Conducta de Mercado de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras:
Contesta consulta, formulada en nombre del Senador señor Ossandón, en cuanto a la situación que afecta a una clienta de BancoEstado por aceleramiento en el cobro de un crédito para microempresa.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
De la Comisión de Hacienda, recaído en el oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, con el que solicita el acuerdo del Senado para designar Consejero del Banco Central de Chile a don Mario Marcel Cullell (boletín Nº S 1.844-05) (con la urgencia establecida en el párrafo segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental).
De la Comisión de Economía, recaído en el proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley Nº 211, de 1973, que establece normas para la defensa de la libre competencia (boletín Nº 9.950-03) (con urgencia calificada de "suma").
--Quedan para tabla.
Mociones
De los Senadores señoras Van Rysselberghe y Von Baer y señores Pérez Varela y Tuma, con la que inician un proyecto que enmienda la ley Nº 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, con el fin de establecer garantía para los bienes durables (boletín Nº 10.452-03).
--Pasa a la Comisión de Economía.
Catorce del Senador señor Navarro, con las que inicia igual número de iniciativas:
1) Proyecto de ley que modifica la pena para la radiodifusión no autorizada (boletín Nº 10.456-15).
2) Proyecto de ley que establece la sanción de multa a quienes no cedan el asiento preferencial en el Metro (boletín Nº 10.462-15).
3) Proyecto de ley que fija multa a quienes no cedan el asiento preferencial en el transporte público de pasajeros (boletín Nº 10.464-15).
4) Proyecto que modifica la ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, para declarar el interés público de las concesiones de espectro radioeléctrico (boletín Nº 10.466-15).
--Pasan a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
5) Proyecto que enmienda la ley Nº 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, con el fin de remplazar la denominación "etnia" por "pueblo" (boletín Nº 10.463-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
6) Proyecto que modifica el artículo 31 bis de la ley Nº 18.046, sobre sociedades anónimas, para incorporar criterios de paridad de género en los directorios de dichas sociedades (boletín Nº 10.473-05).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
7) Proyecto de ley que modifica el Título III del Libro Segundo del Código Civil en lo relativo a la regulación de los bienes nacionales de uso público (boletín Nº 10.468-07).
8) Proyecto que modifica la ley Nº 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, con el objeto de hacerla extensiva a las penas suspensivas de derechos (boletín Nº 10.467-07).
9) Proyecto de ley que prohíbe homenajes, exaltación o conmemoración pública a personajes o símbolos del imperio español durante la época de la conquista y la colonia (boletín Nº 10.474-07).
10) Proyecto de reforma constitucional que establece la autonomía constitucional de la Fiscalía Nacional Económica (boletín Nº 10.465-07).
11) Proyecto que reforma el artículo 60 de la Carta Fundamental, para eliminar las causales de destitución parlamentaria que indica (boletín Nº 10.469-07).
12) Proyecto que modifica el artículo 34 de la Constitución Política, con el fin de considerar criterios de paridad de género para el cargo de Ministro de Estado (boletín Nº 10.470-07).
13) Proyecto que deroga el inciso final del numeral 16º del artículo 19 de la Carta Fundamental, para permitir el ejercicio del derecho a huelga a los trabajadores del sector público (boletín Nº 10.471-07).
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
14) Proyecto de ley que fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos, en lo relativo a la solicitud de datos personales de los arrendatarios (boletín Nº 10.472-14).
--Pasa a la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
Comunicaciones
De la Excelentísima Corte Suprema, con la que informa que ha sido elegido como su Presidente el Ministro don Hugo Dolmestch Urra.
De la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, con la que señala que ha nombrado como su Presidente al Ministro señor José Luis Zepeda Arancibia.
--Se toma conocimiento.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminada la Cuenta.
Tiene la palabra el señor Secretario.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Los Comités, en sesión de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos:
1.-
Incluir en el segundo lugar de la tabla de la presente sesión ordinaria el informe de la Comisión de Hacienda recaído en el oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República con el que solicita el acuerdo del Senado para designar Consejero del Banco Central de Chile a don Mario Marcel Cullell (boletín N° S 1.844-05).
2.-
Tratar en el tercer lugar de la tabla de la sesión ordinaria de hoy el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley Nº 211, de 1973, que establece normas para la defensa de la libre competencia (boletín Nº 9.950-03).
3.-
Remitir a la Comisión especial encargada de conocer proyectos relativos a probidad y transparencia el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos y facilita su modernización (boletín Nº 10.154-07).
4.-
Postergar para el martes 5 de enero de 2016, de 20:00 a 21:30, la sesión especial convocada para el lunes 4 de enero, con la finalidad de tratar la dramática situación que afecta a los campamentos de pobladores en nuestro país y las soluciones habitacionales que se contemplan para su erradicación o transformación en conjuntos de viviendas con mejor calidad de vida.
5.-
Fijar el siguiente calendario de semanas regionales para el año 2016 y enero de 2017.
-Marzo: desde el lunes 28 hasta el viernes 1 de abril.
-Abril: desde el lunes 25 hasta el viernes 29.
-Mayo: desde el lunes 23 hasta el viernes 27.
-Junio: desde el lunes 28 hasta el viernes 1 de julio.
-Julio: desde el lunes 25 hasta el viernes 29.
-Agosto: desde el lunes 22 hasta el viernes 26.
-Septiembre: desde el jueves 15 hasta el viernes 23.
-Octubre:desde el lunes 17 hasta el viernes 21.
-Noviembre: sin semana regional.
-Diciembre: desde el lunes 5 hasta el viernes 9 y desde el lunes 26 hasta el viernes 30.
-Enero 2017: lunes 30 y martes 31.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Gracias, señor Secretario.
)----------(
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Damos la bienvenida al Honorable señor Juan Pablo Letelier.
Nos alegramos mucho de que haya salvado ileso del accidente de tránsito en el que se vio envuelto.
¡Bienvenido, señor Senador!
PRÓRROGA DE PERMANENCIA DE TROPAS Y MEDIOS NACIONALES EN BOSNIA Y HERZEGOVINA
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Corresponde tratar el informe de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, unidas, recaído en el oficio de Su Excelencia el Vicepresidente de la República con el que solicita el acuerdo del Senado para prorrogar, por el plazo de un año, la permanencia de tropas y medios nacionales fuera del territorio de la república y continuar integrando la Misión de la Unión Europea EUFOR-ALTHEA en la zona de Bosnia y Herzegovina.
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para el despacho de este asunto en los términos del párrafo segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental.
--Los antecedentes sobre el oficio (S 1.841-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 78ª, en 9 de diciembre de 2015.
Informe de Comisiones:
Relaciones Exteriores y Defensa Nacional (unidas): sesión 82ª, en 16 de diciembre de 2015.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Cabe señalar que las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, unidas, recibieron información sobre la materia de parte del Subsecretario de Relaciones Exteriores, del Director Jurídico de la Cancillería y del Director de Seguridad Internacional y Humana. Y, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Araya, Chahuán, García-Huidobro, Guillier, Lagos, Letelier, Pérez Varela, Pizarro y Prokurica, resolvieron recomendar a la Sala que otorgue el acuerdo solicitado por Su Excelencia el Vicepresidente de la República.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Si le parece a la Sala, procederemos a votar.
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra, en primer término, el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, Honorable Sala, Su Excelencia el Vicepresidente de la República, actuando bajo el mandato de la Organización de las Naciones Unidas, nos envía este oficio para requerir la prórroga de permanencia de tropas chilenas en las operaciones de paz en Bosnia y Herzegovina.
Durante el análisis en las Comisiones unidas, pudimos dialogar con representantes tanto del Ministerio de Defensa Nacional como de la Cancillería, quienes entregaron su evaluación acerca del accionar de nuestras fuerzas en dicha misión.
El actual número de contingente nacional en Bosnia y Herzegovina es de quince efectivos, respecto del cual ha habido una buena evaluación de su desempeño.
Cabe consignar que Chile es el único país no europeo que participa en EUFOR-ALTHEA.
La presencia de nuestras tropas se ampara en la ley Nº 19.067, que establece normas permanentes sobre entrada de tropas extranjeras en el territorio de la república y salida de tropas nacionales al exterior, y en el decreto supremo N° 75, de 2009, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que creó la Comisión Interministerial de Operaciones de Paz, entre otros cuerpos legales.
Se ha señalado que la Misión de Estabilización de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina (EUFOR-ALTHEA) tiene por objeto apoyar los procesos políticos en dicho país, por medio de capacidades militares disuasivas que generen un ambiente seguro y que, además, cooperen en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas de esa nación, para que puedan asumir las responsabilidades de seguridad de su territorio.
El Ejecutivo indicó, tanto en el oficio como en el debate efectuado en las Comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, que nuestro país se incorporó a la Misión EUFOR-ALTHEA el año 2005, por medio de un Acuerdo suscrito con la Unión Europea.
Y recordó que, con el objeto de continuar integrando dicha misión, el 16 de diciembre de 2014 el Honorable Senado de la República autorizó prorrogar por un año la permanencia de tropas y medios militares chilenos fuera del territorio de la república, a contar del 1 de enero de 2015.
Destacó que nuestra política exterior, visiblemente comprometida con el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, se ha visto fortalecida por la presencia del contingente nacional en esta misión.
Adicionalmente, en el oficio se indica lo siguiente: "En ejercicio de las atribuciones que le concede el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de esta organización, mediante Resolución N° 2247 (2015), decidió renovar la autorización otorgada a través de su Resolución N° 2183 (2014), por un nuevo período de 12 meses. Esta última resolución autorizó a los Estados Miembros de las Naciones Unidas a establecer, actuando por conducto de la Unión Europea o en cooperación con ella y por un nuevo período de 12 meses, una fuerza multinacional de estabilización (Misión Eufor Althea), que funcionaría bajo un mando y control unificados, y cumpliría sus misiones en relación a lo dispuesto en los anexos 1-A y 2 del Acuerdo Marco General de Paz en Bosnia y Herzegovina, en cooperación con el Cuartel General de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Además, actuaría de conformidad con las disposiciones convenidas entre esta última organización y la Unión Europea, comunicadas al Consejo de Seguridad en cartas de fecha 19 de noviembre de 2004, donde se reconoce que la Misión Eufor Althea tendría como función principal la estabilización de la paz en relación con los aspectos militares del ya señalado Acuerdo Marco General de Paz en Bosnia y Herzegovina.".
Por otra parte, en la exposición del mandato de la Organización de las Naciones Unidas se precisa que el Acuerdo de Dayton de 1992, que fijó el marco general para la Paz en Bosnia y Herzegovina, firmado en París el 14 de diciembre de 1995 por las Repúblicas de Bosnia-Herzegovina, de Croacia y Federativa de Yugoslavia (ahora Serbia y Montenegro), "establece que los tres estados balcánicos se comprometen a respetar plenamente la igualdad soberana de los demás, resolver las controversias por medios pacíficos y abstenerse de todo acto que involucre amenazas, uso de la fuerza o algún otro medio, contra la integridad territorial e independencia política de Bosnia-Herzegovina o de cualquier otro Estado, conforme a la Carta de las Naciones Unidas.".
Asimismo, se analizaron las diversas situaciones que afectan a ese territorio, particularmente el escenario de política interna y los aspectos de seguridad. Ello hace recomendable mantener la fuerza multinacional de paz. En ese ámbito preocupa la convivencia entre etnias, religiones y culturas.
Otro tema que se planteó durante la discusión en las Comisiones unidas fue la acción de ciertos grupos musulmanes, específicamente de los wahabitas, quienes se han estado introduciendo en zonas de conflicto, como Siria e Irak, lo cual podría implicar un riesgo para las tropas chilenas. En efecto, dicho asunto se analizó como una de las amenazas emergentes que podrían enfrentar nuestras fuerzas militares en dicho país.
Adicionalmente, se abordan las perspectivas para la Misión ALTHEA.
Ante ello, se señaló claramente que los principales factores que se consideran en este informe, referidos a materias de seguridad y que determinan el grado de amenaza existente sobre el orden interno nacional, son el terrorismo, el crimen organizado (particularmente el tráfico de armas, drogas y personas), la corrupción y el espionaje.
En ese mismo sentido, se efectuó un análisis de la consideración y desempeño de las tropas chilenas, en función de lo cual las Comisiones unidas de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores aprobaron por unanimidad la mantención y prórroga del mandato.
La recomendación de los órganos técnicos a la Sala del Senado apunta a extender el mandato hasta por un año, para que se vayan evaluando las consideraciones que determinaron que las tropas chilenas debían participar en la misión de paz en Bosnia y Herzegovina.
El análisis de la solicitud coincidió con la entrega del informe que anualmente deben presentar la Cancillería y el Ministerio de Defensa respecto del desempeño de las tropas chilenas en misiones de paz en el extranjero. Se pudieron evaluar también las situaciones en Haití, en Oriente Medio, donde hay un despliegue de dos efectivos de nuestro país -están analizando aquello-, y en Bosnia y Herzegovina.
Reitero: la recomendación, dadas las condiciones políticas, de seguridad, es prorrogar el mandato.
Por tanto, pido a la Sala que apruebe la petición por unanimidad.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Defensa, Senador señor Guillier.
El señor GUILLIER.-
Señor Presidente, voy a ser muy breve porque la exposición del Senador Chahuán ha sido muy completa y cumplió su propósito.
Primero, debo señalar que el acuerdo para respaldar la prórroga fue adoptado por unanimidad. Esta se extiende por el plazo de un año y se trata de funciones que no exponen a riesgo la seguridad del personal que se envía.
De otra parte, la experiencia ha demostrado que trabajar en conjunto con unidades militares de otros países sube el rango y representa una experiencia muy valiosa, desde el punto de vista estrictamente profesional y de preparación de nuestras propias tropas. Además, se acota a dieciséis uniformados que ya participan de esta misión de paz, razón por la cual no representa un gasto singular para nuestro erario.
Por lo mismo, las Comisiones unidas recomiendan por unanimidad la aprobación de la prórroga.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, la labor de las fuerzas armadas modernas se adscribe no solo a la defensa nacional, a prestar ayuda en las catástrofes, sino también a cooperar con la mantención de la paz mundial.
Todos los países que miramos como referentes, en la OCDE y, en general, en el mundo desarrollado, participan en operaciones de paz.
Personalmente, conozco la labor de las Fuerzas Armadas en el extranjero, y creo que han cumplido un trabajo que prestigia a Chile y que refuerza la labor de los organismos internacionales a los que pertenecemos.
Las operaciones de paz han demostrado ser una de las herramientas más eficaces para ayudar a los países a recorrer el difícil camino que va del conflicto a la paz. Las misiones de paz prestan su colaboración a las naciones afectadas por conflictos bélicos para que se creen condiciones para una paz duradera. En la actualidad, existen dieciséis operaciones de las Naciones Unidas para la conservación de la paz, dirigidas por el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, desplegadas en cuatro continentes.
Nuestro país participa en la misión de paz en Bosnia y Herzegovina, denominada "Operación Althea", desde 2003. En un primer momento, Chile se incorporó con efectivos del Ejército a la Fuerza de Estabilización de la OTAN. A partir de 2004, dicha operación de paz fue traspasada a la Fuerza de la Unión Europea (EUFOR), en el marco del mandato de Naciones Unidas, tras lo cual nuestro país ha mantenido su participación hasta la fecha.
En la actualidad, somos la nación que entrega el aporte de Latinoamérica en EUFOR.
Durante los últimos años, Chile, y en especial nuestras Fuerzas Armadas, han cosechado un reconocimiento internacional por sus aportes en las misiones de paz en Haití, en Chipre, en Medio Oriente, en la frontera indo-paquistaní y en Bosnia y Herzegovina. En el caso de esta última, ha sido provechosa para la proyección de la contribución de Chile a la paz mundial y para la consolidación de su posición en el concierto internacional.
Señor Presidente, a diferencia de Haití, donde se apunta a mantener la paz, en el caso de Bosnia y Herzegovina el foco se encuentra en la construcción de esta y la institucionalidad de dicha nación. La idea es que esta sociedad siga adelante por sus propios medios en un futuro cercano.
La solicitud de prórroga de la permanencia de tropas nacionales en la operación EUFOR-ALTHEA, a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2016, cumple con ese objetivo.
Vamos a apoyar la prórroga de la permanencia de Chile en esta misión, no solo por la importancia que reviste para nuestras Fuerzas Armadas por haber tenido la posibilidad de actuar con los ejércitos, las armadas y las fuerzas aéreas de las naciones más prestigiadas, sino además por algo que he repetido incansablemente: Chile basa su desarrollo en el comercio internacional, y este no existe cuando no hay paz. No se puede aprovechar el mundo de la globalización para el crecimiento, el comercio y todo lo que eso significa y mirar para el lado cuando hay un foco de conflicto.
Sinceramente, creo que tenemos que apoyar la permanencia de nuestras Fuerzas Armadas en esta misión y en las otras, porque prestigian a Chile, lo hacen conocido por el profesionalismo de nuestras Fuerzas Armadas y por la interacción que estas han tenido con otras.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, seré breve.
Quiero relevar el hecho de que estas misiones de paz forman parte de objetivos de reinserción de nuestro país en la comunidad internacional y del rol que juegan nuestras Fuerzas Armadas en misiones de paz en el contexto internacional. Pero también debemos entender que todo este tipo de misiones son parte del prestigio, del nombre y del lugar que nuestro país se va ganando en la comunidad internacional.
A veces nos sentimos con cierta desesperanza, por ejemplo, porque el gobierno del país hermano de Bolivia sale con declaraciones rimbombantes. Entonces se dice que desde el punto de vista comunicacional ellos están tomando una actitud mucho más proactiva que la de nosotros en la defensa de nuestros intereses. Pero cuando implementamos diversos acuerdos y tratados, con la Unión Europea, formando parte de la comunidad internacional, jugando un rol con nuestra pertenencia -las veces que nos ha tocado- en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es indudable que una operación de paz en una zona altamente conflictiva constituye un aporte que siempre es bienvenido y bien reconocido. Además, como han manifestado mis colegas, también les da la oportunidad a nuestros profesionales de las Fuerzas Armadas para que tengan contacto y experiencia en otros lugares del mundo, con otras fuerzas, con las cuales están en condiciones de coordinarse.
Siempre hemos sido partidarios de estas misiones de paz, con un objetivo limitado, sobre un mandato claro y expreso de Naciones Unidas, y nos parece que es una parte esencial de nuestra política de Estado en materia de relaciones internacionales.
Por eso, voto a favor.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, tal como han expresado los Presidentes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, aprobamos de manera unánime la proposición, luego de recibir los análisis del Subsecretario de Relaciones Exteriores y de la Subsecretaria para las Fuerzas Armadas.
Me hubiera gustado que en este momento estuvieran presentes en la Sala los representantes de la Cancillería para analizar y resolver sobre la autorización que el Senado debe prestar para que tropas chilenas permanezcan en esta misión de paz en Bosnia y Herzegovina.
Se trata de quince soldados chilenos, oficiales y suboficiales, que estarán tanto en el cuartel general de la misión como en los puestos de observación llamados "casas LOT", en la ciudad de Banja Luka.
Se trata de dos funciones extraordinariamente importantes, tanto en materia de estado mayor como en lo que se refiere a enlace y reuniones con autoridades locales, con ciudadanos, para mantener una paz del todo necesaria en un territorio extremadamente complejo, tensionado y que sigue teniendo ciertas dificultades, por lo que resulta indispensable la presencia de tropas de paz.
Tal como han dicho quienes me antecedieron en el uso de la palabra, Chile es el único país latinoamericano que se encuentra en esta misión, organizada y mandatada por la Unión Europea y que opera con normas OTAN, lo que demuestra el respeto, el aprecio y la valoración que existe hacia nuestra nación y hacia nuestras Fuerzas Armadas.
Tanto es así que el trabajo conjunto con la Unión Europea ha dado como resultado que el 30 de enero de 2014 se suscribiera el Acuerdo entre la República de Chile y la Unión Europea para la creación de un marco para nuestra participación en sus operaciones de gestión de crisis, que acaba de entrar en vigor el 1 de octubre del presente año.
Es decir, hay un avance sustancial -se valora dentro de las relaciones internacionales- de la presencia de Chile mediante acuerdos con la Unión Europea para actuar en distintas operaciones de crisis que esta defina, con mandato también de las Naciones Unidas.
Lo anterior constituye un hecho extraordinariamente valorable. Pero, al mismo tiempo, sin duda requerirá de parte de las Comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores del Senado, y también de la Sala, un análisis mucho más profundo, mucho más agudo de lo que serán las misiones de paz en las cuales Chile eventualmente pueda ir participando en el futuro.
En la actualidad tenemos presencia, básicamente, en Haití, que reúne las complejidades que aquí hemos expresado, pero que militarmente para las tropas chilenas hoy no representa una gran dificultad (existe más bien una situación de carácter político), y en Bosnia y Herzegovina, respecto de la cual estamos aprobando la prórroga de la permanencia de las tropas.
Pero el acuerdo entre la Unión Europea y Chile para participar en operaciones de gestión de crisis a lo mejor nos exigirá asumir responsabilidades mucho mayores en el mundo; asumir obligaciones en algunos lugares mucho más conflictivos, más difíciles de sobrellevar.
Y eso, que por un lado significa una gran valoración de Chile, de su Estado, de sus instituciones, de sus soldados, necesariamente va a requerir también un análisis muy detallado y riguroso de los riesgos, de los efectos que significa intervenir en territorios conflictivos que hoy visualizamos en el mundo, que muestran un alto nivel de violencia, de agresividad y, por qué no decirlo, de crueldad.
Por lo tanto, ese es un análisis que debemos realizar a la brevedad para aportar y sostener una política internacional que sin duda uno puede calificar de exitosa.
Por las razones expuestas, la bancada de la UDI votará favorablemente la solicitud para prorrogar la permanencia de tropas en Bosnia y Herzegovina.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, parto diciendo que votaré a favor de la solicitud, como señaló el Senador Víctor Pérez, jefe de mi bancada.
Pero también me quiero hacer cargo de algunas críticas respecto a la materia. Y resulta importante que el Gobierno, de alguna manera, las evalúe, porque no podemos estar todos los años analizando proyectos que prorrogan la permanencia de tropas por un año más.
¿Y cuáles son las críticas?
Se dice que la presencia de tropas chilenas en Bosnia y Herzegovina, en principio, no se justifica y tampoco aporta resultados positivos a nuestro país, porque se señala que no existe claridad en torno a la contribución real de nuestros efectivos en dicho lugar.
Quienes han expresado ciertas críticas y algunos informes de fundaciones relacionadas con estos temas hacen ver que resulta muy necesario que Chile vuelva a analizar la conveniencia de la participación de sus tropas en la zona mencionada.
Del mismo modo, indican que se debe examinar si se cumple con los propósitos que en primera instancia nos llevaron a mandar tropas, considerando que su actividad ya no tiene carácter militar, lo que envía potentes señales que llevan a pensar que los problemas vividos en Bosnia y Herzegovina podrían vincularse más a un tema de pobreza que de guerra.
La situación en ese país ha mejorado notablemente con los años, lo que se evidencia en que los hechos de violencia no son cotidianos, sino muy aislados, y ya se encuentran controlados. Y como bien señalara el Senador Víctor Pérez, Bruselas ha dado un primer paso para que Bosnia y Herzegovina pida su ingreso a la Unión Europea.
En verdad, cuando se compara con la misión de paz que existe en Haití, donde también encontramos tropas chilenas, hemos de señalar que se trata de un país en construcción y ahí sí se justifica la presencia de militares, con mayor razón chilenos, ya que nos encontramos ante un Estado fallido que está en construcción, donde la pobreza extrema (mayor que la de Bosnia y Herzegovina), especialmente luego del terremoto, lleva a un nivel de violencia importante, lo que hace necesaria la participación de militares para su exitosa reconstrucción.
Sin embargo, en Bosnia y Herzegovina la militarización se halla relativamente en paz. Su característica principal es que se trata del único Estado musulmán de la región, a pesar de lo cual no se han experimentado actividades terroristas.
Hago la comparación porque Chile ha demostrado cooperación militar, ha participado en misiones de paz muy importantes, se reconoce su solidaridad. Pero mi punto se basa en que también hay que escuchar las críticas, como las que he mencionado, de parte de algunos institutos especializados en el tema. Y el Estado chileno y el Congreso no pueden estar todos los años analizando este tipo de prórrogas.
Sin embargo, atendiendo la decisión de la UDI de votar a favor de esta solicitud, me pronuncio afirmativamente, dejando expresada mi preocupación acerca de la situación planteada.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba la solicitud de Su Excelencia el Vicepresidente de la República para prorrogar, por el plazo de un año, la permanencia de tropas y medios militares en Bosnia y Herzegovina (29 votos a favor y uno en contra).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Chahuán, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votó por la negativa el señor Matta.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
En este momento ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
Oficio
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que comunica que aprobó el proyecto que modifica la ley N° 20.882, de Presupuestos del Sector Público para el año 2016 (boletín N° 10.461-05) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
DESIGNACIÓN DE SEÑOR MARIO MARCEL CULLELL COMO CONSEJERO DE BANCO CENTRAL DE CHILE
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Corresponde ocuparse en el oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para designar Consejero del Banco Central de Chile al señor Mario Marcel Cullell, con informe de la Comisión de Hacienda y con la urgencia establecida en el párrafo segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental.
--Los antecedentes sobre el oficio (S 1.844-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 82ª, en 16 de diciembre de 2015.
Informe de Comisión:
Hacienda: sesión 84ª, en 22 de diciembre de 2015.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La Comisión de Hacienda deja constancia, por la unanimidad de sus miembros, de que en la proposición en estudio se ha dado cumplimiento a los requisitos, formalidades y procedimientos previstos al efecto por nuestro ordenamiento jurídico.
Nada más, señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Gracias, señor Secretario.
Solo quiero recordarles a Sus Señorías que la discusión respecto de las condiciones del señor Mario Marcel la llevamos a cabo hace un par de meses. Así que les pediría que el despacho de este asunto fuera lo más sumario posible.
Además, tenemos al Ministro de Economía esperando para la discusión del proyecto sobre colusión, que sé que a muchos les interesa.
Si le parece a la Sala, abriré la votación.
La señora ALLENDE.-
¡Sí, señor Presidente!
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Acordado.
En votación.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba la proposición de la Presidenta de la República para designar Consejero del Banco Central de Chile al señor Mario Marcel Cullell (17 votos a favor).
Votaron las señoras Allende y Lily Pérez y los señores Araya, Chahuán, De Urresti, García-Huidobro, Horvath, Hernán Larraín, Letelier, Moreira, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Rossi, Tuma, Ignacio Walker y Patricio Walker.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable de los Senadores señores Coloma, Guillier y Pérez Varela.
NORMAS PARA DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Conforme a lo acordado por los Comités, corresponde ocuparse en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia, con informe de la Comisión de Economía y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.950-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 70ª, en 17 de noviembre de 2015 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Economía: sesión 84ª, en 22 de diciembre de 2015.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El objetivo de esta iniciativa es perfeccionar la institucionalidad de defensa de la libre competencia. Para ello propone dotarla de los más altos estándares que posibiliten conciliar el legítimo interés de todos los actores que se desempeñan en los mercados permitiendo que en ellos rija una competencia libre, basada en los méritos y que maximice los beneficios de competidores y consumidores por la vía de prevenir, corregir y sancionar adecuadamente los atentados contra la libre competencia.
La Comisión de Economía discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señor Tuma, señora Pérez San Martín y señores Moreira y Pizarro.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 143 a 162 del informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Cabe tener presente que el artículo 1°, números 3; 4; 5; 6; 7; 12; inciso final del nuevo artículo 31 bis incorporado por el número 14; letra f) y el párrafo segundo de la letra p) incorporada por la letra i), ambos del número 16; 18 e inciso final del artículo 57 incorporado por el número 20, y el artículo primero transitorio tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que para su aprobación se requieren 21 votos favorables.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En discusión en general el proyecto.
Si le parece a la Sala, abriremos la votación dejando claro que se necesitan 21 votos afirmativos, por cuanto esta iniciativa contiene normas de quórum especial.
La señora ALLENDE.-
¡Sí, señor Presidente!
El señor PIZARRO.-
¡Por supuesto!
El señor TUMA.-
Manteniendo los tiempos, señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Conforme.
¿Habría acuerdo para abrir la votación en esos términos?
Acordado.
En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Economía, Senador señor Eugenio Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, esta iniciativa ingresó a tramitación en el Senado el 17 de noviembre del presente año. No se han cumplido todavía cuarenta días desde que entró y ya la tenemos para su debate general en esta Sala.
Se trata de un proyecto importante para el Ejecutivo (fue originado en un mensaje de la Presidenta de la República).
Pero también es muy relevante para el Congreso Nacional, a los efectos de dar una señal clara con respecto a cómo debemos regular el mercado y la defensa de la libre competencia y combatir la colusión.
Con fecha 15 de diciembre, la Sala acordó que esta iniciativa fuera considerada en general solo por la Comisión de Economía, y en particular, por las Comisiones de Economía, de Constitución, Legislación y Justicia y, posteriormente, por la de Hacienda.
Viene, además, con "suma" urgencia.
Al debate general en la Comisión asistieron el Ministro de Economía, señor Luis Felipe Céspedes; el Director Nacional del SERNAC; el Presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia; la Directora Ejecutiva Nacional de la Fiscalía del Ministerio Público; el Presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios; los presidentes de las principales organizaciones de consumidores; numerosos economistas, profesores de Derecho Penal y expertos en libre competencia.
El referido órgano técnico realizó un profundo análisis de las materias contenidas en este proyecto.
Se persigue regular de mejor manera el mercado, el cual a simple vista presenta algunas anomalías, dada la alta concentración existente en determinados rubros.
En efecto, solo tres empresas concentran el 99 por ciento del mercado telefónico; cinco empresas, el 95 por ciento del mercado de las isapres; tres empresas, el 90 por ciento del mercado de las farmacias; dos empresas, el 90 por ciento del mercado de papeles; dos empresas, el 95 por ciento del mercado de los detergentes; tres empresas, el 85 por ciento del mercado de los supermercados; tres empresas, el 75 por ciento del mercado de las AFP, y cuatro bancos, el 70 por ciento de las operaciones bancarias.
Estamos moviéndonos en un modelo económico que en mi opinión no se halla suficientemente regulado. Y este es uno de los objetivos que también busca esta iniciativa, al establecer normas para perfeccionar la institucionalidad de defensa de la libre competencia.
Ahora bien, tal como expresó la Corte Suprema en su sentencia de 29 de diciembre de 2010: "La colusión constituye de todas las conductas atentatorias contra la libre competencia la más reprochable, la más grave, ya que importa la coordinación del comportamiento competitivo de las empresas".
Se trata de un debate complejo e importante. Acá estamos hablando sobre la base de la institucionalidad democrática.
Por eso, debemos dar cuenta del conflicto político-institucional que existe en nuestra sociedad en cuanto a la asimetría, injusticia y privilegios que persisten en el tratamiento de los delitos económicos respecto de otro tipo de ilícitos que atentan contra la propiedad.
Por ello, no obstante las modificaciones efectuadas por la ley N° 20.361 para combatir de forma más adecuada la colusión, a cinco años de su entrada en vigencia es preciso fortalecer el sistema de libre competencia, particularmente en la reposición de las penas para reprimir y desalentar estas conductas, que dañan las bases de la convivencia democrática y del orden público económico.
No basta con que exista un consenso retórico respecto de la importancia del mercado como mecanismo de provisión de bienes y servicios: se requiere que las reglas del mercado sean respetadas; que el monopolio y las prácticas anticompetitivas se repriman de manera efectiva, especialmente cuando dañan a los consumidores, a la sociedad en su conjunto y a las empresas de menor tamaño.
La trampa no puede ser parte de los márgenes de utilidades de las empresas. Estas conductas se hallan fuertemente reprimidas en la legislación comparada, y nuestro país necesita actualizar su institucionalidad.
Señor Presidente, en su estructura, la iniciativa del Ejecutivo repone la pena de cárcel, que va de cinco años y un día a diez años.
Establece penas accesorias, como inhabilitación para ejercer cargos públicos, cargos de director o gerente de sociedades anónimas abiertas o de organizaciones gremiales por un período de cinco años.
Incorpora un sistema de multas en que el monto máximo podrá ascender hasta una suma equivalente al doble del beneficio económico reportado por la infracción, o hasta el 30 por ciento de las ventas del infractor correspondientes a la línea de productos y/o servicios asociada a la infracción durante el período por el cual esta se haya prolongado.
Cabe señalar que el Senado recientemente aprobó dos proyectos que también se encuentran relacionados con la penalización y privación de libertad en materia de colusión. Ellos servirán de insumo para el debate particular de la iniciativa que ahora nos ocupa.
Del mismo modo, tendremos que analizar en dicha instancia "la prohibición de contratar a cualquier título con órganos de la administración centralizada o descentralizada del Estado, con organismos autónomos o con instituciones, organismos, empresas o servicios en los que el Estado efectúe aportes".
Se trata de una materia controvertida, ya que hubo argumentos muy a favor, pero también muy en contra en cuanto a que los más desfavorecidos con la referida sanción a la empresa que ha cometido un crimen como la colusión serían el mercado, el Estado y los consumidores.
Este proyecto prohíbe, además, la participación simultánea de una persona en cargos ejecutivos o de director en dos o más grandes empresas que sean competidoras entre sí.
Se ajusta el tipo de colusión de la Ley de Defensa de la Libre Competencia. En la actualidad, para sancionar un ilícito de colusión se exige que el acuerdo o la práctica concertada confieran poder de mercado.
Empero, no necesariamente existen acuerdos que otorguen poder de mercado. Por lo tanto, esos delitos quedan en la impunidad.
La ley en proyecto persigue también a quienes no controlan el mercado y que pueden establecer acuerdos que atenten contra la libre competencia.
Establece la protección de los derechos de los consumidores.
Por primera vez se incorpora en la Ley de Defensa de la Libre Competencia el interés de los consumidores; se radican las acciones en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para resolver las demandas por perjuicios; y se incorporan las acciones colectivas para perseguir la indemnización de los consumidores. Se excluye de la delación compensada el ámbito de las indemnizaciones.
Se consagra, entre otras medidas para el fortalecimiento del sistema de libre competencia, el control preventivo de fusiones.
Este proyecto propone dotar a nuestro sistema de un régimen de control de operaciones de concentración que otorgue garantías a todos los actores involucrados.
Ello es muy importante, pues frente al alto nivel de concentración en cada uno de los mercados a que me referí, que es donde se crean las mejores condiciones para la colusión, debemos anteponernos, prevenir y ver la forma de determinar en los distintos rubros algunos topes, ciertos controles de fusión. Así evitaremos la alta concentración del mercado.
También se disponen penas de cárcel, aspecto que analizaremos con ocasión del debate particular.
Ahora bien, una materia controvertida que se discutió en la Comisión dice relación con quién tiene la exclusividad de la investigación penal.
El Ministerio Público tiene exclusividad en la investigación de los delitos. Pero aquí se contempla una excepción: no rige esa facultad en aquellos casos que están siendo investigados por la Fiscalía Nacional Económica.
Es un asunto que se halla en debate, y esperamos dirimirlo durante la discusión particular.
Este proyecto establece una salvedad al sistema penal excepcionando para este tipo de delitos la intervención directa del Ministerio Público.
Por eso creemos que se trata de un tema debatible y que hemos de definir en la referida instancia.
De otro lado, se propone radicar el procedimiento de control de operaciones de concentración en la Fiscalía Nacional Económica. Se la faculta para que realice nuevos estudios y lleve a cabo una potente herramienta con el objeto de tomar medidas preventivas.
A mi juicio, esta iniciativa apunta en la dirección adecuada para regular mejor el mercado; para aumentar la competencia; para incrementar la transparencia. Evita, asimismo, que se atente contra los consumidores, la buena fe; contra quienes participan en el mercado, y, principalmente, contra el emprendimiento y las empresas de menor tamaño.
Va, por tanto, en el camino correcto: desinhibir las malas prácticas en materia de colusión.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, como miembro de la Comisión de Economía y en mi calidad de parlamentario nuevo en el Senado, debo decir que este es uno de los proyectos más importantes en los me ha tocado participar.
Chile tiene una larga historia en materia de defensa de la libre competencia, la cual se ha ido perfeccionando a través del tiempo...
Excúseme, señor Presidente, pero son 10 minutos para mi intervención.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Señor Senador, le otorgamos 10 minutos al Presidente de la Comisión de Economía para que informara este proyecto.
El señor MOREIRA.-
Pero tengo entendido que, reglamentariamente, en la discusión general corresponden 10 minutos.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Lo que pasa es que se encuentra abierta la votación. Y Sus Señorías disponen de cinco minutos para fundamentar el voto.
El señor MOREIRA.-
Pero yo soy miembro de la Comisión, señor Presidente.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, siempre se vota respetando los tiempos.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Si hay acuerdo de la Sala, yo no tengo inconveniente para acceder a ello.
¿Les parece a los señores Senadores que se vote respetando el tiempo de 10 minutos para fundamentar el voto?
El señor MOREIRA.-
Me refiero a los miembros de la Comisión, señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Entonces, ¿habría acuerdo para que a los integrantes de la Comisión les otorguemos diez minutos y al resto de los Senadores cinco?
Acordado.
Tiene la palabra el Senador señor Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, decía que Chile tiene una larga historia en materia de defensa de la libre competencia, la cual se ha ido perfeccionando a través del tiempo.
En las últimas décadas nuestro país fue nivelando su institucionalidad a la de las naciones desarrolladas introduciendo la creación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y de la Fiscalía Nacional Económica.
Sin embargo, todavía hay aspectos en los que se puede seguir avanzando a los efectos de ir perfeccionando aún más las herramientas con que cuentan nuestras autoridades para combatir prácticas que atenten contra la libre competencia y, principalmente, para enfrentar con firmeza los denominados "carteles duros".
Por eso, estimo muy oportuno este proyecto, pues va en la dirección correcta, con herramientas concretas, como adecuar las multas para los infractores a estándares que realmente inhiban a los dueños, gerentes y ejecutivos de empresas de incurrir en malas prácticas, que atenten contra el libre mercado, lo que, en último término, se traduce en perjuicio para los consumidores.
La presente iniciativa también incorpora un elemento que ha generado un rico debate entre académicos de distintas facultades de Derecho y de Economía acerca del establecimiento de una sanción penal para quienes caigan en conductas propias de los denominados "carteles duros".
Ello ha sido tratado en diversas sesiones de la Comisión de Economía, donde se han expuesto valiosos argumentos en las dos posturas.
Empero, quienes tendremos que definir si estas conductas constituirán o no delito seremos nosotros, los parlamentarios, en la discusión particular.
En lo personal, considero que si se especifica bien el tipo penal y se resguardan ciertas garantías de procedimiento, debería ser un aporte incorporar este nuevo ilícito dentro de nuestro ordenamiento jurídico.
Cabe señalar, señor Presidente, que todavía es factible mejorar este proyecto y que debemos seguir debatiendo sobre aspectos que pueden producir efectos no deseados, como permitir que existan dos procedimientos paralelos: uno ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y otro ante los tribunales de la justicia penal.
¿Se imaginan qué ocurriría si se emitieran fallos contradictorios?
Esa es la pregunta que debemos hacer.
Asimismo, el fortalecimiento de la delación compensada es un acierto que halla sustento tanto en el derecho comparado cuanto en nuestra propia trayectoria jurisdiccional desde que existe esa institución en nuestra nación.
Ahora, es efectivo que nunca antes en Chile -nótese: nunca antes en Chile- se habían desbaratado tantos carteles como en estos últimos años. Y ello ha sido posible solo gracias a la delación compensada con mayúsculas.
Yo entiendo que la ciudadanía y el resto del país se indignen cuando se descubren las prácticas en comento y otras parecidas. Y a veces tenemos la tentación de afirmar que nuestro sistema no está funcionando.
Empero, soy de los que piensan todo lo contrario: de no tener la institucionalidad de protección a la libre competencia que hemos creado, jamás habríamos descubierto y desmantelado dichos carteles.
Por cierto, siempre existirán. Lo importante es detectarlos, sancionar a quien participa en ellos y disolverlos de inmediato.
También la OCDE nos ha dado algunas luces acerca de cómo podemos seguir mejorando nuestro sistema de defensa de la libre competencia.
Es por eso que esta iniciativa también incorpora la atribución a nuestras autoridades para ejercer un control preventivo, y en ciertos casos obligatorio, sobre las fusiones u operaciones de concentración.
Creo que el Ejecutivo ha enviado un buen proyecto de ley, que abarca esas y otras materias de manera seria, con responsabilidad, y además, dándole continuidad a un trabajo que se venía desarrollando desde la Administración del Presidente Piñera mediante la incorporación de varios elementos del informe de la Comisión Asesora Presidencial para la Defensa de la Libre Competencia. Y lo más importante: el Ministerio de Economía tomó nota de las resoluciones contenidas en ese informe, muchas de las cuales -por no decir todas- se incorporaron a la iniciativa que nos ocupa esta tarde.
Habrá, sin duda, un gran debate con respecto a la sanción penal y a todo lo relacionado con la delación compensada. Pero lo relevante es que tengamos una ley buena, que permita cumplir el objetivo que nos hemos trazado como país, como Parlamento y como Ejecutivo.
En el transcurso del debate, indudablemente, vamos a seguir enriqueciendo este proyecto. Y nosotros, como partido, para perfeccionarlo, para mejorarlo, presentaremos algunas indicaciones.
Esta es una gran oportunidad que tenemos como Congreso. Y no podemos desaprovecharla, sobre todo tratándose de un problema tan sensible como el descrito, que ha indignado a todos los sectores de nuestra nación.
Por eso, señor Presidente, estimo que primero votando a favor de la idea de legislar, ojalá en forma unánime, y luego haciendo las modificaciones y perfeccionamientos a que está abierto el Gobierno reafirmamos que la importancia de esta iniciativa es vital para nuestro país y para el momento de crisis política que hemos estado viviendo, en la cual, unos más que otros, tenemos responsabilidades.
Esta es una forma de rectificar, esta es una forma de enmendar.
Voto que sí. Y espero que con este proyecto de ley no le fallemos a Chile.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, en primer lugar, felicito al Senado por llevar adelante este debate en un momento tan oportuno para lo que está viviendo Chile en términos tanto del funcionamiento de su economía y de sus mercados como de la confianza que se genera en las relaciones entre los consumidores y el sector productivo.
Este proyecto de ley busca fortalecer el sistema de libre competencia en nuestro país, y lo hace entregando propuestas concretas para perfeccionar las herramientas que permiten combatir la colusión.
La iniciativa que nos ocupa, que ingresó a fines de año -es bueno aclararlo, porque puede pensarse que constituye una reacción a lo que sucedió con la colusión tan escandalosa de las servilletas, del papel higiénico o como quiera llamársele-, obedece a la propuesta, dentro de la Agenda de Gobierno, de fortalecer nuestra economía, hacerla más competitiva y dar confianza no solo a los actores del mundo económico sino también a los inversionistas.
¿Qué se hace?
Lo han dicho mis colegas -no quiero repetir mucho-: se busca establecer un tipo penal especial para casos de colusión contemplados en el Código Penal.
El objetivo es disuadir de forma efectiva la participación de personas naturales en este tipo de prácticas. Son ellas quienes toman las decisiones en las empresas y buscan generar condiciones de colusión para obtener beneficios máximos.
Al efecto, se propone una pena que va de cinco años y un día a diez años, lo que corresponde a presidio mayor en su grado máximo. Y como mínimo se consigna una sanción de presidio efectivo de a lo menos un año.
Este tema se discutió largamente en el Senado hace algunos años.
En el primer debate público, cuando se conoció la colusión del papel higiénico, se dijo: "¡Ah! Lo que pasa es que no se metió preso a nadie. Y años atrás eliminaron la pena de cárcel".
Sin embargo, en la práctica, la cuestión no es esa, sino que, existiendo reclusión para quienes incurrían en ese tipo de ilícitos, nadie fue a la cárcel por ellos, entre otras razones porque faltaba una herramienta, que sí se integró en la legislación planteada actualmente, vinculada con la exención de responsabilidad criminal derivada de la delación compensada en el delito de colusión.
Dicho beneficio, que se concede únicamente al primer delator, es lo que ha permitido -como bien decía recién el Senador Moreira- desbaratar los casos de colusión o entrar derechamente a su conocimiento.
De lo que escuchamos en la Comisión -opiniones de los expertos, de los penalistas del Ministerio Público, del Tribunal de la Libre Competencia, de la Fiscalía Nacional Económica, de académicos, del mundo empresarial, del sector gremial, de las organizaciones de consumidores, de los usuarios, de la gente que ha estado siguiendo estos asuntos durante años-, todos coinciden en que el gran instrumento para descubrir la colusión y combatirla está en la institución de la delación compensada.
Este es un debate que se ha dado en las grandes economías internacionales.
Algunos países de Europa han optado por otra forma de disuadir: el establecimiento de multas altas por las conductas anticompetitivas.
Aquí también se entra en ese ámbito.
En otras naciones se ha optado de manera más prioritaria por la prisión, para generar un efecto disuasivo, o sea, para inhibir ese tipo de conductas delictuales en quienes toman decisiones en materias económicas y así evitar las prácticas de colusión.
Tratándose de las multas, se establece un límite máximo flexible para castigar las conductas anticompetitivas.
En línea con lo que ocurre en las jurisdicciones más desarrolladas, como las de Estados Unidos y las de Europa, se propone un nuevo límite para las multas aplicables tanto a la colusión cuanto al resto de las conductas que atentan contra la competencia. El monto máximo podrá ascender hasta una suma equivalente al doble del beneficio económico reportado por la infracción o hasta 30 por ciento de las ventas del infractor correspondientes a la línea de productos y/o servicios asociada a la infracción durante el período por el cual esta se haya prolongado.
En realidad, se trata de un aumento muy sustantivo de la disuasión. Porque en muchos casos se detectaba la colusión y las multas no superaban las tremendas utilidades obtenidas, ni mucho menos se acercaban al monto de ellas. Entonces, pese a las multas o a las sanciones existentes, la tentación por entrar en la concentración económica y generar colusión afectando los derechos de los consumidores era muy alta.
Con lo que estamos planteando ahora tal situación debiera corregirse, para que se piense dos o tres veces antes de incurrir en ese tipo de conductas.
Además, se prohíbe contratar, a cualquier título, con órganos de la Administración del Estado.
Se busca ajustar el tipo de colusión de la Ley de Defensa de la Libre Competencia.
Se prohíbe la participación simultánea de una persona en cargos ejecutivos o de director en dos o más grandes empresas competidoras entre sí. Porque también se daba tal situación.
A veces los directores de una u otra empresa tenían responsabilidades en empresas competidoras entre sí. Entonces, la conexión, el puente, la ligazón, la coordinación diaria podía perfectamente generar condiciones para que se produjera la situación de colusión, que nadie desea.
Con este proyecto se intenta igualmente avanzar en control preventivo y obligatorio de las operaciones de fusión y de concentración.
Este asunto ha sido muy conversado, muy discutido por los economistas.
Ayer tuvimos en Santiago a especialistas de la Universidad de Chile, quienes nos planteaban el referido tema y nos decían: "Las operaciones de concentración en un momento determinado pueden ser muy potentes para la economía. ¿Y por qué? Porque pueden incentivar una economía de escala que signifique baja de costos incluso para empresas que compiten y que, a su vez, luego pueden ofrecer mejores precios a sus usuarios".
Colocaban como ejemplo a gente que puede ponerse de acuerdo para importar en un solo contenedor o en un solo barco; bajar el valor de los fletes; comprar a menor precio, y después separar, distribuir y comercializar a costos muchos más bajos en beneficio de los usuarios.
Eso es altamente bueno para una economía competitiva, pero resulta sobremanera peligroso cuando opera completamente al revés: puede implicar riesgos para la competencia desde las perspectivas tanto de los competidores más pequeños cuanto de los propios consumidores.
Por consiguiente, se establece que las autoridades de la libre competencia son las encargadas de evaluar la licitud de las operaciones de concentración, lógicamente justipreciando lo que significan y ponderando las eficiencias y los riesgos anticompetitivos surgidos de cada operación.
Eso, por lo demás, lo han recomendado la OCDE -como se decía anteriormente- y la Comisión Asesora Presidencial para la Defensa de la Libre Competencia.
Hay todo un aspecto vinculado con el control de las operaciones de concentración.
Está el capítulo relativo a la protección de los derechos de los consumidores, donde se busca agilizar la posibilidad de indemnizar a las víctimas por los perjuicios que se les causen.
También se halla la aplicación de las acciones para proteger el interés colectivo o difuso de los consumidores.
Se dispone que los beneficios de la delación compensada que se establecen en favor de los infractores no podrán extenderse a las indemnizaciones de perjuicios.
Y hay diversas mejoras institucionales y procedimentales, como la nueva facultad de la Fiscalía Nacional Económica para llevar adelante estudios de mercado. Se trata de un instrumento esencial para evaluar cuándo se generan distorsiones debido a actos de colusión.
Igualmente, se busca sancionar a quienes entorpezcan las investigaciones de la Fiscalía Nacional Económica.
Un tema que ha sido muy debatido tiene que ver con la dedicación exclusiva de los ministros titulares del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
Hoy día dichos ministros no se hallan sujetos a un régimen de dedicación exclusiva en el ejercicio de sus funciones. Y la relevancia de estas exige modificar el régimen de dedicación preferente en vigor para concordarlo con las exigencias de trabajo de la inmensa mayoría de los jueces y tribunales de la república.
Señora Presidenta, esta iniciativa es extraordinariamente importante.
Hay mociones de Senadores que ya se aprobaron, que se están tramitando y que en la discusión particular se deben incorporar a este proyecto, que es muy positivo para la buena marcha de nuestra economía.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra la Honorable señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Señora Presidenta, creo que el Senador Tuma explicó muy bien cuáles son los fundamentos de este proyecto del Ejecutivo.
Ingresó a trámite legislativo a la Cámara Baja en abril de este año, antes de que explotara frente a la opinión pública el problema de la colusión del papel higiénico.
Pero, efectivamente, fue gracias a ese caso que luego se le puso rapidez para su despacho. Porque durante un tiempo largo estuvo sin ningún tipo de movilidad en su tramitación.
Quiero destacar que hoy día nos acompaña en esta Sala el Ministro de Economía, quien ha estado permanentemente asistiendo a nuestra Comisión con sus asesores. Ellos han tenido una gran disposición para trabajar en conjunto esta iniciativa de ley.
A mi juicio, este proyecto tiene no solo una arista legal, legislativa: además, nos impone como legisladores el imperativo moral y ético de sacarlo adelante.
Tipificar la colusión como un delito es algo muy significativo.
Hoy día se trata de una falta sancionada con multa. No existe sanción de privación de libertad, de cárcel.
Pues bien: yo al menos, como Senadora, no puedo estar tranquila viendo que un joven muere en la cárcel de San Miguel por piratear devedés, mientras a altos ejecutivos que se coluden para engañar a los consumidores se les aplica solo una multa porque no se los considera delincuentes.
Por esa razón, siento que es un imperativo moral del Congreso Nacional que digamos las cosas como son.
A lo mejor usan corbata; a lo mejor los encontramos en centros sociales: pero son delincuentes, al igual que quienes asaltan a la gente.
Por lo tanto, estoy convencida de que en esta legislación debemos hacer lo correcto.
En la Comisión de Economía recibimos a expertos fantásticos, quienes fueron muy aportadores. También, a profesores universitarios de Derecho Económico; a penalistas; a un ex Presidente y al actual Presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia; al Fiscal Nacional Económico (debo destacar que ha estado permanentemente con nosotros en la Comisión); a todo el equipo del Ministerio de Economía, que nos ha brindado un gran apoyo en todas las sesiones, etcétera.
Pues bien: quiero decir con mucha fuerza que, pese a que en la mayoría de los países de Europa la colusión no está sancionada con cárcel y que algunos expertos nos dijeron que no son partidarios de la privación de libertad o de sanciones penales, a mí, en lo personal, me gusta mucho más el modelo de Estados Unidos, que, al igual que el nuestro, es de economía libre, donde los pilares son el resguardo de la libre competencia, el impedimento de la concentración de mercados y la sanción fuerte a la colusión económica.
Por esa razón, en países como Estados Unidos hay penas de multa y de cárcel.
Creo que acá, en Chile, debemos modificar las sanciones de multa, para que duelan realmente.
El economista señor Claudio Díaz nos señaló que esas sanciones tienen que ser "inolvidables". A mí me gustó mucho este término, y esta tarde lo hago mío aquí, en la Sala.
Opino que las sanciones para la colusión económica deben ser inolvidables.
Estamos hablando de personas que conocen el carácter de su conducta. Además, muchas de ellas tienen preparación legal que les permite saber lo que están haciendo. Algunas personas cometen un delito a sabiendas, por lo que no cuentan con ninguna eximente o atenuante para que se les dispense un trato distinto al de otros delincuentes.
Por tal motivo, estoy convencida de que tenemos que establecer multas realmente coincidentes con el daño generado a los consumidores.
Entre paréntesis, coincidimos con las organizaciones de estos -las hemos recibido en muchas oportunidades- en lo difícil de establecer cómo resarcir el perjuicio que se causa. ¿Quién va a guardar boletas de todo el papel higiénico, por ejemplo, que compró durante los últimos tres años?
En consecuencia, proceden las multas, la sanción penal y la delación compensada, que claramente es un factor determinante para desbaratar los carteles. Los carteles económicos no presentan ninguna diferencia con los propios de las drogas: responden a un organigrama y se juntan en lugares inesperados, como lo vimos en el modus operandi de la última colusión de la cual los medios de comunicación dieron cuenta. Es muy importante saber, entonces, a lo que nos estamos enfrentando.
Por esa razón, obviamente votaré a favor.
Estoy trabajando entusiastamente al interior de la Comisión de Economía para que las indicaciones que saquemos realmente digan relación con la justicia, pero también quiero, como representante popular de la Región de Valparaíso Cordillera, dureza e implacabilidad con quienes han defraudado algo en lo que además creo: la economía libre.
Me parece que la cuestión que nos ocupa es una bofetada a los que nos encontramos en este caso, porque un modelo de economía libre no se genera solo. Es preciso cuidarlo de los malos empresarios -hay muchos buenos- que, enarbolando las banderas de la libertad en ese ámbito, abusan de la gente. A ellos no tengo por qué justificarlos. Defiendo al sistema, no a los empresarios, y menos a los malos, y aún menos a los que se han comportado como delincuentes en estas situaciones.
Ese mismo motivo me lleva a concluir que esta es también una gran oportunidad, porque muchas empresas o personas que hemos sabido que se han coludido han sido financistas de campañas políticas. Y ello es público, notorio y conocido a través de los medios de comunicación. Es una tremenda prueba de fuego para que el Congreso Nacional les fije sanciones duras a quienes les están generando un daño enorme a un modelo, a la libertad económica y -lo que es más terrible- a los consumidores, los que obviamente tienen fe en lo que se les ofrece en una economía competitiva como la nuestra, la cual insisto que debemos cuidar entre todos.
Así que estoy muy satisfecha de poder votar a favor -repito- y de contribuir en la Comisión de Economía a que saquemos una ley anticolusoria en lo económico que sea fuerte, coherente y satisfactoria para los consumidores, y que, por otra parte, establezca justicia y dé fuerza moral especialmente para todo lo que venga por delante en la materia.
He dicho.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra la Honorable señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Señora Presidenta, creo que el proyecto de ley en debate, que fortalece, como se ha dicho aquí, el sistema de libre competencia, es de una extraordinaria relevancia, no solo por haberse tenido que volver a contemplar, después de más de una década, un delito especial de colusión, sino también porque en los últimos años hemos vivido una serie de escándalos o de situaciones extremadamente dolorosas.
Además de atentarse contra la libre competencia, evidentemente se ha afectado a la fe pública, al consumidor que justamente cree que compra fruto de la oferta de un mercado libre. No cabía imaginar, después de diez años, que dos empresas cuasimonopólicas se iban a poner de acuerdo en su producción y en los precios. Y todo ello, por una ambición desmedida -no existe otra razón-, ante la ganancia fácil a costa del ciudadano.
Entonces, juzgo que es el momento de establecer un delito penal, que es muy relevante, porque tenemos que buscar los instrumentos para terminar de forma real con una dramática mala práctica, como es la colusión. Considero que esta es la mejor manera de hacerlo. Y eso se logra sobre la base de una pena con un grado de flexibilidad de cinco años y un día a diez, correspondiente a presidio mayor en su grado mínimo. Es algo acorde con jurisdicciones como las de Estados Unidos, Canadá, Australia, México, Sudáfrica, en fin, que también contemplan al menos un tope de diez años, con al menos un encierro efectivo de un año. Espero que sea un elemento disuasivo para no seguir lamentando este tipo de situaciones en el futuro.
Estos hechos dañan a Chile y a nuestro prestigio, así como inciden en una imagen de descrédito ante la ciudadanía, no solo en cuanto a la desconfianza de unos hacia otros, sino también hacia las instituciones. Estamos haciendo referencia a los empresarios, mas también al Congreso, a los partidos, a los parlamentarios, a la iglesia y ahora -para qué decirlo- a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Al final, es un perjuicio tremendo, como sociedad y como país.
Cuando se pierde la confianza, es muy difícil generar un mayor desarrollo armónico, equilibrado, y hacer políticas públicas de calidad. El costo de cualquier proyecto es mucho mayor. En definitiva, se termina en una judicialización, porque la gente no cree o simplemente piensa en una organización para hacerle un mal.
Por eso, quiero consignar que mi voto será a favor.
Me parece sumamente significativo dar este paso. Ello es fruto de la experiencia internacional y de la que nosotros mismos hemos registrado en otras áreas.
Como es obvio, se sabe de la eficacia que puede tener la delación compensada del primero que se autodenuncia o reconoce su participación en la colusión.
Considero importante el aumento de las multas, porque hemos visto muchas veces que antiguamente eran irrisorias, en comparación con el efecto que tenía lugar. Repito que no se trata solo del perjuicio, sino también del daño a la fe pública, a la confianza en una sociedad para que realmente funcione como corresponde, al respeto a las instituciones. Por eso, es trascendental que las sanciones pecuniarias encuentren un correlato en el sentido de ascender al doble de lo que se perciba como ganancia o a un porcentaje significativo de las ventas que hayan tenido lugar.
Y después de la sentencia es muy relevante la prohibición de contratar a cualquier título con órganos de la Administración del Estado.
Una serie de medidas, más de carácter preventivo y obligatorio, pueden ayudarnos a evitar estas acciones.
Me gustaría asimismo referirme a la protección de los derechos de los consumidores.
Efectivamente, no solo se daña la fe pública y hay un perjuicio económico directo, además de que es posible profundizar en el grado de desconfianza que se genera. Cabe la convicción de que en esta sociedad se abusa y de que los que cuentan con mejores condiciones y herramientas y son más poderosos pueden hacerlo aún con un cierto grado de impunidad, en comparación con lo que le ocurrió, como aquí se ha recordado, a una persona dramáticamente muerta en el incendio de la cárcel de San Miguel, donde estaba recluida por vender discos compactos pirateados. Y eso es tremendo.
Hace poco, el nuevo Presidente de la Corte Suprema también reconoció que en nuestro país todavía se dictaban sentencias -espero que iremos modernizando y perfeccionando nuestro Código Penal- que más bien presentaban ese tipo de correlato.
A mí me interesa mucho también la posibilidad de agilizar el que las víctimas sean indemnizadas por los daños que se les han causado. En efecto, además de la decepción, de la pérdida de fe pública, está la cuestión del perjuicio real, y la gente legítimamente tiene que sentir que por lo menos existe una compensación.
Hoy día, el camino es sumamente largo, complejo, engorroso, casi inaccesible.
La iniciativa establece que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia será el que resuelva las demandas por indemnización de perjuicios. Obviamente, estas solo se podrán interponer una vez que el proceso iniciado por la Fiscalía Nacional Económica o por un particular haya terminado en una sentencia condenatoria.
Es importante que vayamos avanzando en una línea que de verdad compense a las personas que se vean afectadas. Eso tiene que ser claramente contemplado en el texto. Y espero que aquel resultado se logre con las medidas que se pretende establecer.
Asimismo, es de relevancia la aplicación de las acciones para proteger el interés colectivo o difuso. Aquí se propone que sean reguladas por la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. El cambio de alguna manera refleja las iniciativas parlamentarias y apunta a normar en un cuerpo legal una materia que fue objeto de una fuerte controversia en el caso de la colusión de las farmacias, donde la Corte Suprema finalmente respaldó el ejercicio de dichas acciones.
En definitiva, creo que estamos dando un gran paso. Espero que el proyecto sea aprobado por unanimidad. Nos hace bien actualizarnos. Ninguno de nosotros se puede alegrar de las situaciones que hemos vivido como país, como sociedad. Al contrario, las lamentamos profundamente por el descrédito, por la ruptura de las confianzas, por agudizar la sensación de abuso en la ciudadanía sin un contrapeso y por una hasta ahora cierta sensación real de impunidad, sobre la base de que estos hechos se pueden verificar y no ocurrir después nada proporcional al daño causado.
Por eso, juzgo que tenemos que darnos todas las herramientas necesarias. Entre otras cosas, cabe destacar la nueva facultad para llevar a cabo estudios de mercado que se le entrega a la Fiscalía Nacional Económica, que no ha tenido atribuciones legales para desarrollarlos, por lo cual le ha resultado mucho más difícil aplicar medidas para solucionar contingencias que afectan justamente a ese ámbito.
Opino que eso puede contribuir a ponernos al día y de verdad dictar una legislación moderna que permita impedir y combatir la manifestación de este tipo de conductas, que perjudican tremendamente a la sociedad.
Conviene subrayar, igualmente, las sanciones propuestas para quienes entorpezcan la investigación de la Fiscalía, como también la dedicación exclusiva de los ministros del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Eso también va a ayudarnos.
Desde luego, mi voto es a favor.
Este avance va a servirnos como país, como sociedad. Y ojalá vayamos desterrando prácticas que tanto daño nos han causado.
He dicho.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-
Puede intervenir el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.-
Señora Presidenta, estimo que hay unanimidad entre nosotros en el sentido de que el proyecto es de suma importancia.
La gente está cansada de abusos y espera que se contemplen duras penas. Así como la democracia necesita de la probidad y transparencia para su legitimidad, la economía capitalista requiere la libre competencia para poder desplegarse en plenitud y generar, de este modo, los beneficios que la sociedad espera de ella. Por eso es tan fuerte el rechazo que en la comunidad generan los abusos que se perciben, ahora en el papel y tiempo atrás en el mercado de las farmacias, en el de los pollos y en otros rubros.
La Fiscalía Nacional Económica ha identificado a la colusión como la más nociva de las conductas en contra de la libre competencia. Pero no es la única. La concentración en los mercados también es una práctica que hemos visto en el país, y casi hemos terminado por acostumbrarnos a ella. Las permanentes absorciones o fusiones en el sistema financiero o en líneas aéreas no generan el mismo rechazo social, mas también causan mucho daño a la actividad económica. El texto asimismo considera medidas para el control preventivo y obligatorio de fusiones u operaciones de concentración.
Sin embargo, persiste una debilidad en materia de abusos de posición dominante, que constituyen una práctica recurrente en diferentes mercados. Es lo que sucede, por ejemplo, en el retail cuando las grandes cadenas imponen unilateralmente condiciones a sus proveedores, especialmente si se trata de pequeñas y medianas empresas.
El acento está puesto en el combate a la colusión. Y es natural que sea así, porque es un ilícito que afecta directamente a millones de personas. Pero no podemos desatender las graves consecuencias de los abusos que perjudican fundamentalmente a otros emprendedores, aunque todos, en definitiva, repercuten en el consumidor.
Como se ha dicho, se establece un tipo penal especial para la colusión, que se sanciona con hasta diez años de presidio mayor y un mínimo de un año de presidio efectivo. Ello debiera ser un disuasivo suficiente. Pero es sabido que la herramienta más eficaz para combatirla han sido la delación compensada y la sanción pecuniaria aplicada a las empresas que atentan contra la libre competencia.
Por lo mismo, para mantener su efectividad, es evidente que la exención de responsabilidad derivada de la delación compensada debe extenderse a la responsabilidad criminal por dicho delito. De otra manera, la norma podría ser inaplicable.
Tomando en cuenta que las multas actuales no son un desincentivo real para quienes evalúan incurrir en alguna práctica concertada que atente contra la libertad de los mercados, es necesario aumentarlas significativamente por la vía de establecer un límite máximo flexible. Podrán ascender hasta una suma equivalente al doble del beneficio económico reportado por la conducta ilegal o hasta el treinta por ciento de las ventas durante todo el período en que se haya prolongado la infracción.
Asimismo, hay un reforzamiento en la protección de los derechos de los consumidores al simplificarse el cobro de las indemnizaciones de perjuicios a que tengan derecho, para lo cual será competente el mismo Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y no los juzgados civiles.
Por último, la iniciativa fortalece la institucionalidad al establecer la facultad de la Fiscalía para realizar estudios de mercado, imponer sanciones a quienes entorpezcan sus investigaciones y fijar dedicación exclusiva a los ministros titulares del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
Señora Presidenta, como lo señalé en la mañana a propósito de la ampliación del giro de ENAP, nadie pretende sustituir el sistema económico imperante. De lo que se trata es de regularlo de manera de evitar los abusos que afectan al consumo, ponen trabas al emprendimiento, frenan la innovación y, en definitiva, terminan generando un cuestionamiento a todo el mecanismo.
La gente valora este tipo de proyectos: inciden en su vida cotidiana; acercan al Estado a los problemas concretos; permiten recuperar confianzas, y ponen en su lugar a los sinvergüenzas con corbata.
Por eso, voto a favor.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra la Honorable señora Goic.
La señora GOIC.-
Señora Presidenta, tal como ya se ha planteado en varias intervenciones, uno se alegra hoy día de que estemos avanzando en la tramitación de la iniciativa legal en debate, que recoge, además, varias mociones de hace algún tiempo. Por supuesto, la situación se ha visto agravada por los hechos de colusión que han golpeado a tantas familias a lo largo del país.
Quiero destacar y felicitar el trabajo encabezado por el Ministro de Economía, presente en la Sala, quien ha sido capaz de aunar voluntades, pero también de recoger las distintas propuestas que -estoy cierta- van a permitir sacar adelante el mejor proyecto.
Sin duda, este es uno de los temas que generan un malestar profundo en la ciudadanía.
Es inevitable recordar el año 2008, cuando el Fiscal Nacional Económico, Enrique Vergara, luego de varias denuncias que se efectuaron, incluso algunas desde el Parlamento -era Diputada en ese tiempo-, inicia la investigación sobre las grandes cadenas farmacéuticas, al advertir que algunos fármacos tenían alzas de precios de hasta mil por ciento. Y estamos hablando de medicamentos indispensables para los adultos mayores, para los pacientes con enfermedades crónicas; esto es, de bienes de primera necesidad.
Claramente, eso genera una justa indignación y lesiona la fe pública, la institucionalidad económica y, como se ha señalado, el bien jurídico de la libre competencia, además de representar un grave atentado contra la salud de las personas.
Después uno ve la actuación de la institucionalidad, el proceso judicial y que la condena a las farmacias Cruz Verde y Salcobrand se tradujo en una multa de 20 mil unidades tributarias anuales. Es cierto que ella alcanzó el máximo permitido por la ley vigente, pero, si uno hace el cálculo, concluye que solamente representó el 3,4 por ciento de los ingresos de las cadenas sancionadas.
¿Qué significa esto? A todas luces, no es una multa disuasiva. La empresa perfectamente puede internalizar ese costo e incorporarlo al valor de los mismos productos, con lo que los consumidores terminamos siendo quienes pagamos la multa.
Mayor desazón generó después el ver cómo los ejecutivos que habían sido investigados inicialmente fueron absueltos de los cargos por delito de adulteración fraudulenta de precios.
Nos alegra el recurso de nulidad que interpuso la Fiscalía, el cual fue acogido por la Corte de Apelaciones de Santiago. Pero ¿qué ve uno? Que hechos tan graves como estos, al margen de que sean sancionados y de que existan penas efectivamente disuasivas, se repiten. El caso del papel tisú es el más emblemático al respecto.
Sin duda, el mercado presenta un problema que uno no puede dejar de mencionar, y es la fuerte concentración, lo que facilita de alguna manera esta conducta.
En el sector farmacéutico, tres cadenas controlan el 90 por ciento del mercado. En la industria del papel, CMPC y SCA se reparten el 85 por ciento de aquel, mientras que en el caso de las empresas avícolas, las tres empresas involucradas controlan el 90 por ciento del mercado.
Esta concentración también se ve reflejada en otros rubros, como las AFP; o el transporte aéreo, en el que LAN domina el 80 por ciento -si no más- de los vuelos nacionales.
Naturalmente, las fallas del mercado favorecen conductas como estas. Pero nosotros tenemos también -y lo ha dicho la OCDE en un reciente estudio- un sistema que carece de seguridad jurídica, de transparencia y de predictibilidad. No disponemos de normas de control de concentraciones de mercado y las atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica y del Tribunal de la Libre Competencia son insuficientes para prevenirlas.
De ahí que este proyecto, tal como se ha señalado en las intervenciones anteriores, busque justamente fortalecer la institucionalidad; generar penas disuasivas; perfeccionar las herramientas de combate contra la colusión; establecer el control preventivo y obligatorio de las fusiones y operaciones de concentración, y proponer nuevas medidas de protección de los derechos de los consumidores, que se han visto tan vulnerados por los hechos descritos.
Me parece fundamental que avancemos con celeridad en su tramitación.
En seguida, me gustaría destacar algunos de los perfeccionamientos propuestos por la iniciativa, ahora que estamos en la discusión general.
Respecto de la colusión, las penas existentes no dan cuenta de la gravedad del delito y las empresas internalizan los costos, por lo que me parece muy importante que se contemplen multas que establezcan un límite máximo flexible, para que la sanción sea superior al beneficio económico que se obtiene por la infracción.
Considero que ese es un principio fundamental, y está cautelado aquí.
Además, se establecen penas ejemplificadoras para quienes atenten contra la confianza de las personas en el mercado y en nuestra institucionalidad económica. De esta forma, vamos a tener penas privativas de libertad que impidan que los infractores puedan acceder a salidas alternativas en el procedimiento o a penas sustitutivas a la privación de libertad.
Junto con lo anterior, el proyecto da señales claras en contra de las empresas que contravienen los principios de la libre competencia. En este sentido, incorpora como sanción copulativa la prohibición de las empresas de contratar con órganos del Estado, lo que me parece de toda lógica.
Por otro lado, modifica en la tipificación de la colusión la exigencia de que dicha práctica concertada deba conferir poder de mercado a los competidores, ya que aquel condicionante muchas veces es prescindible para atribuir un desvalor a la conducta de colusión, y con esto se facilita su persecución.
También es relevante la propuesta contenida en la iniciativa en estudio que busca establecer un procedimiento para el análisis de las operaciones de concentración a cargo de la Fiscalía Nacional Económica, así como incorporar herramientas que permitan a dicha institución estudiar la evolución de los mercados.
Como señalábamos, este tiene que ser un control preventivo, que no actúe una vez que el daño ya está hecho, pues muchas veces es difícil compensar a los consumidores. Se trata de evitar la ocurrencia de estas situaciones.
Junto con todo lo anterior, se introducen medidas que incentivan el arribo de nuevos actores al mercado, eliminando las barreras de entrada -ojalá avancemos en eso-, y al mismo tiempo, frente a las asimetrías de la información, se fortalece el rol del SERNAC, lo que es fundamental -recordemos que se está tramitando un proyecto en ese sentido-, y se incorporan mayores estándares de protección respecto de los intereses colectivos o difusos de los consumidores, dándoles a estos la posibilidad de reclamar la indemnización de perjuicios por infracción a la libre competencia.
Estas y otras materias son abordadas por el proyecto. Tenemos ahora la oportunidad de perfeccionarlo y complementarlo. Estamos dando un paso sustantivo en el fortalecimiento de la libre competencia en nuestro país, para poder contar con mercados más transparentes pero, sobre todo -y esto es lo más importante, a mi juicio-, para devolver a las personas la confianza en el sistema, fortaleciendo nuestra institucionalidad, protegiendo a los consumidores y asumiendo el Estado el rol que debe cumplir.
La libre competencia por sí sola nos ha demostrado que también genera vicios, por lo que el Estado debe jugar un papel importante, y eso se refuerza también con esta iniciativa.
En suma, apruebo con mucho entusiasmo el proyecto, esperando que podamos tener una pronta tramitación en particular.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra la Senadora señora Van Rysselberghe.
La señora VAN RYSSELBERGHE.-
Señora Presidenta, la verdad es que este debate lo hemos tenido antes con motivo de otras mociones.
Es efectivo que la colusión genera un daño enorme a los consumidores no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el de las confianzas. Pero yo quisiera abordar el problema desde otra perspectiva: también genera un daño feroz a las pequeñas y medianas empresas. Ello, debido a que la colusión normalmente la realizan aquellos que tienen poder suficiente para controlar el mercado.
Esas empresas colocan una especie de techo de vidrio sobre las pequeñas y medianas, impidiéndoles surgir, crecer, desarrollarse y competir en forma leal. Y ello se produce porque nuestro país es un mercado pequeño, que favorece la concentración.
Por eso es tan importante el rol que deben jugar el Estado y la legislación, ya que hoy día -conozco la situación- no existen grandes empresas en regiones. Las grandes empresas están concentradas en Santiago. En el resto del país o hay sucursales o hay pymes.
Y hoy día las pequeñas y medianas empresas se hallan bastante desprotegidas, desde todo punto de vista, incluso, desde el del Estado. Porque se les pagan las facturas a 120 días, mientras que ellos tienen que cancelar los intereses, los sueldos, el IVA a 30 días; y porque en la ley laboral una empresa mediana con 50 trabajadores recibe el mismo tratamiento -y lo vamos a ver en la reforma laboral que debatiremos en algunas semanas más- que una empresa que tiene sucursales en todas las ciudades de Chile.
Por lo tanto, de verdad me alegra mucho que hoy día se esté abordando el tema de la colusión. Pero considero que es solo un aspecto de lo que se debe tratar para poder favorecer el empleo, el emprendimiento, en un sistema donde lo que mayor dignidad da a las personas para poder sacar adelante a sus familias es, justamente, un trabajo digno y bien remunerado.
Así que felicito a la Comisión que estudió esta materia. Espero que este sea un primer paso y que el foco del órgano técnico no solo sea atacar y controlar a las empresas, sino fomentar la creación de las pymes. Porque, es allí donde, sobre todo en regiones, se genera la mayor inequidad y donde de alguna manera se puede favorecer que el país siga creciendo y desarrollándose junto a cada uno de sus habitantes.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señora Presidenta, yo quiero recordar a esta Sala que hace un mes y medio, aproximadamente, nosotros votamos una moción que ingresó el año 2009 y que fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, presidida por el Senador De Urresti, aquí presente, e integrada, además, por los Senadores Harboe, Hernán Larraín, Araya y el que habla.
En marzo de este año, después de haber realizado muchísimas sesiones para tratar esa moción, logramos que la Fiscalía Nacional Económica y el Ministerio Público llegaran a acuerdo, lo que era muy difícil porque había una pugna muy fuerte respecto a cómo se resolvía la competencia en el caso de este proyecto.
El señor Ministro de Economía, aquí presente, participó en una sesión y se comprometió a patrocinar nuestra moción, en la cual habíamos trabajado varios años, en lo que decía relación a todos los aspectos penales; y a presentar una indicación sustitutiva, ya que se trataba de un esfuerzo realizado por Senadores por más de cinco años, en un régimen presidencial.
Yo estoy en el Parlamento hace mucho tiempo, señora Presidenta, y no recuerdo que un Ministro haya faltado a la verdad en forma más grosera que el Ministro de Economía en este caso. Él está en la Sala en este momento y se lo digo con todas sus letras. Y busque usted alguna intervención mía en la que haya ofendido a alguna autoridad.
Pongo de testigo al Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en cuanto a si algo de lo que digo no es verdad.
El señor Ministro de Economía se comprometió absolutamente a desglosar el proyecto que estaba en la Cámara de Diputados, de manera que la parte que decía relación con el funcionamiento de la libre competencia se viera en el proyecto de la Cámara de Diputados y la relativa a las disposiciones penales, en las cuales hemos trabajado por años, en nuestra iniciativa.
Trabajamos íntegramente esa moción. Pusimos de acuerdo a la Fiscalía Nacional Económica y el Ministerio Público. Nos asesoramos por los principales penalistas del país, de las universidades, de distintos institutos.
Este Senado despachó unánimemente ese proyecto a la Cámara de Diputados, y le pedimos al señor Ministro que lo desglosara y respetara la autoría de esas ideas, que le correspondía a los parlamentarios. Sin embargo, nada de eso se hizo.
¿Sabe, señora Presidenta? Yo voy a votar a favor de este proyecto. Pero quiero decirle que no recuerdo -¡no recuerdo!- una actuación más incorrecta de un Ministro -y he estado en varios Gobiernos de la Concertación, ahora Nueva Mayoría-, en la que se incumpla de manera más grosera el compromiso acordado con alguna Comisión.
Evidentemente, como estamos en un régimen presidencial, nuestro proyecto va a quedar parado y se va a aprobar esta iniciativa.
Pero va a quedar en la historia de este Senado que hubo un Ministro de Economía que faltó groseramente a la verdad. Y esa es la mayor sanción que va a tener ese Secretario de Estado.
Entonces, él no saca nada con decirme en la entrada a la Sala: "Señor Senador, me gustaría que pudiéramos juntarnos".
¿Juntarnos para qué? Si lo correcto era que él hubiese patrocinado nuestro proyecto y que lo enriqueciera y lo perfeccionara. Eso es lo que debía hacer.
Agradezco al Presidente de la Comisión -entre paréntesis-, quien no obstante tener diferencias políticas sacó adelante nuestra moción.
Cabe destacar, además, que el proyecto que nos ocupa tiene varias imperfecciones, pero va a pasar a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, donde seguramente se corregirán.
Quiero nombrar algunas de ellas.
Con este articulado, señora Presidenta, los autores del delito de colusión, si reúnen tres circunstancias atenuantes, quedan con una pena de sesenta y un días.
Eso es lo que se está votando hoy día: ¡sesenta y un días de pena!
Porque se omite la principal de las reglas que nosotros establecimos, cual es impedir la aplicación de los artículos 65 a 69 del Código Penal, que facultan a los jueces para bajar la pena mínima establecida en la ley.
Entonces, cuando se produce una colusión, que es un acto delictual de la mayor gravedad, una defraudación a la fe pública y, por lo tanto, debe tener pena de cárcel, como propusimos nosotros hace 6 años, y la persona, primero, posee irreprochable conducta anterior, porque no ha sido condenada por delito de la misma especie; segundo, intenta con celo reparar el mal causado, lo que consiste en depositar alguna mínima cantidad de dinero; y tercero, colabora en forma sustancial, porque declara ser parte del delito, va a tener la posibilidad de rebajar en tres grados la penalidad a que está sometida.
Como esta pena tiene de cinco años y un día a diez años, según entiendo, y baja en tres grados, cualquier persona que haya estudiado Derecho Penal I sabe que la pena llegará en definitiva a sesenta y un días. Porque la gradación parte de cinco años y un día a diez años y prosigue de la siguiente manera: de tres años y un día a cinco años, de quinientos cuarenta y un días a tres años, y de sesenta y un días a quinientos cuarenta días.
Entonces, lo que estamos aprobando -para que la gente no se engañe-, a diferencia del proyecto nuestro, es que cualquier persona que se colude por primera vez puede recibir una pena de sesenta y un días, con lo que no va a pasar en la cárcel ¡ni un solo día!
En segundo lugar, este proyecto incurre en otras omisiones que no son menores. Por ejemplo, deja fuera de la sanción a quien se colude cuando es una empresa privada que tiene a su cargo la licitación de alguna prestación pública. Porque solo se sanciona a los prestadores públicos, no a los privados.
En tercer término, otra omisión muy seria es la relativa a las penas anexas. Porque se sanciona única y exclusivamente con la inhabilidad para pertenecer a sociedades anónimas abiertas. ¿Y qué ocurre si esa persona posteriormente forma otro tipo de sociedad mercantil? Puede seguir operando en el mercado libremente.
Pero, a mi juicio, la peor de las omisiones es que, en cuanto a la persona que confiesa o hace la primera delación compensada ante la Fiscalía Nacional Económica, el proyecto nada dice de qué va a ocurrir o qué tiene que declarar si hay querella criminal ante la Fiscalía del Ministerio Público.
¿Por qué el Ministerio Público va a tener que reconocerle validez a la delación compensada que se hace en la Fiscalía Nacional Económica? Cuando llegue el Fiscal del Ministerio Público le va a decir: "Mire, si usted quiere tener una rebaja de pena, venga y declare los hechos que declaró en la Fiscalía Nacional Económica". Pero aquí no se establece nada de eso. Por lo tanto, en la práctica no habrá delación compensada, porque así como está el proyecto nadie va a declarar en la Fiscalía Nacional Económica si resulta que entrega toda la información y, posteriormente, cuando llega a la Fiscalía del Ministerio Público, porque hubo querella, no le van a reconocer como válida la declaración hecha ante el otro organismo, ni tampoco se establece la obligación de ratificar los mismos hechos.
Pero, ¿sabe, señora Presidenta? Todas estas materias son perfectibles. Llevo demasiados años en el Congreso y, por lo tanto, tengo claro que las iniciativas se pueden mejorar. Y, como el proyecto va a ir a la Comisión de Constitución, seguramente allí lo vamos a arreglar.
Pero yo intervengo solo por una cosa: porque considero que el Senado alguna vez tiene que hacer valer sus fueros.
Yo recuerdo que el Gobierno de Sebastián Piñera ingresó un proyecto de ley sobre acuerdo de vida en pareja en circunstancias de que el Senador Allamand previamente había presentado otro sobre la misma materia. Y se quiso tramitarlo ignorando este último.
Frente a ello, me opuse tenazmente en la Comisión de Constitución, exigiendo que las dos iniciativas fueran fusionadas, atendido que ya había una de autoría de un colega, legítima y formulada antes que la del Gobierno.
Voy a votar a favor, señora Presidenta, pero le quiero decir una cosa: van a pasar 20 años y, cuando los estudiantes lean las actas del Senado, se percatarán de un hecho lamentable que yo nunca antes había visto en esta Corporación, habiendo estado ya mucho tiempo en ella: que un Ministro aquí, en la Sala -porque ese día sesionamos en la Sala-, haya faltado a la verdad respecto a lo que se comprometió en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Nuestro proyecto es el que debió haber seguido tramitándose, pero, como uno debe actuar motivado por intereses superiores, por supuesto que voy a votar a favor de esta iniciativa, pues lo que importa, al final del camino, es que se castigue a quienes se coluden engañando la fe pública y a los consumidores.
He dicho.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señora Presidenta, Honorable Sala, me quiero quedar con las últimas palabras del Senador Espina en cuanto a que va a votar a favor del proyecto. Desde ese punto de vista, más allá de la existencia de dificultades, me parece inadecuado hacer una referencia al señor Ministro.
Yo soy una persona frontal, que denuncia; también soy de los que cuestionan cuando los Ministros, o no cumplen su palabra, o producen alguna situación. Pero creo que aquí el tema de fondo -por su intermedio, señora Presidenta- es tener una robusta legislación anticolusión.
Como Presidente de la Comisión de Constitución, teniendo legítimas diferencias -profundas, a veces- desde la concepción ideológica, desde la concepción de los tipos penales, con el Senador Espina, siempre he dado garantías para que todos, absolutamente todos los proyectos que se tramitan en nuestro organismo reciban el mismo tratamiento, en particular el relativo a la colusión, en el cual, luego de una rica discusión -eso nadie puede negarlo-, se pudieron aunar, bajo un criterio de tramitación eficiente, los legítimos intereses del Ministerio Público y los también legítimos intereses de la Fiscalía Nacional Económica, a fin de que, mediante el diálogo entre ambas instituciones, el testimonio logrado especialmente a través de la última de las mencionadas sirviera como antecedente fundamental para la persecución de los delitos.
Claramente, el proyecto que hoy estamos votando tiene grandes méritos en materia de políticas de libre competencia, y creo que la ley que tipifique penalmente este ilícito -que espero que pase a llamarse "Matte", principalmente en recuerdo de la colusión que hemos presenciado en estos días, la más escandalosa de los últimos tiempos, o "don Eliodoro", para quienes se molestan a veces con el uso de apellidos- va a ir, cualquiera que sea el nombre que adopte, al fondo de la situación para combatir, sancionar y enviar a la cárcel a quienes cometan este tipo de infracciones.
El tipo penal consagra la exclusión de atenuantes (artículos 65 a 69 del Código Penal), la posibilidad de cárcel efectiva e incluso la de disolución de personas jurídicas.
Y creo que es importante que todo esto, señor Ministro -por su intermedio, señora Presidenta- sea reforzado en la discusión.
Este proyecto, habiendo ingresado por la Cámara de Diputados, no recoge lo anterior en cuanto a la precisión y dureza que debe tener la sanción desde el punto de vista penal. En eso, claramente, hay una contradicción. Pero, conociendo la voluntad de sus autores -la iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Economía-, deberá haber un trabajo que permita conjugar las mejoras introducidas en la Cámara de Diputados desde la óptica de las normas de defensa de la libre competencia, para reforzar los instrumentos con que cuentan el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica, con la capacidad de sancionar y el tipo penal establecido.
Lo hablamos profundamente con el Fiscal Nacional Económico. En la investigación de esta clase de delitos cuesta encontrar la hebra del ilícito, el momento en que se ponen de acuerdo estos señores. Muchas veces no lo hacen en una micro, en un pasillo, sino en exclusivos clubes, en reuniones sociales, en los matrimonios de sus parientes. Ahí es donde se genera este tipo de colusión.
Por eso, la delación compensada -en definitiva, el incentivo al primer delator, al que primero cuente y revele las fuentes, quien tendrá protección desde el punto de vista de la sanción penal- será el instrumento y la puerta de entrada para que efectivamente el Ministerio Público, y la Fiscalía Nacional Económica, cuando corresponda, avancen en la investigación.
Allí está el centro de la discusión, la necesidad de que el país entienda y tenga la certeza de que habrá una verdadera persecución penal, para que estos señores, se llamen "Matte", "Angelini" o como sea, terminen presos. Desgraciadamente, en estos últimos días, en los casos de colusión de las farmacias, de la industria de pollos, de importantes empresas con poderosos accionistas, los culpables han terminado con penas de 61 días, con sanciones absolutamente irrisorias y ningún día de cárcel.
¡Eso tiene que terminar! Y esta debe ser una señal clara y precisa.
En ese sentido, señor Ministro, es de vital importancia que este proyecto -puesto como prioridad por el Ejecutivo dentro de la agenda que debemos despachar de aquí a enero- sea un instrumento legal que permita a la Fiscalía Nacional Económica y al Ministerio Público no solo perseguir a estos delincuentes de cuello y corbata, para que efectivamente terminen presos, con sanciones ejemplares, sino también establecer multas que desincentiven la colusión.
Hoy, y esto también es importante, señor Ministro -por su intermedio, señora Presidenta-, debe consagrarse una sanción económica de tal magnitud que no pueda ser internalizada en los costos y que, al contrario de lo que hemos visto en estos días, no sea irrelevante en relación con lo que se ha ganado. En el caso de la colusión del papel confort, la ganancia fue de aproximadamente 500 millones de dólares. Además, se elimina la competencia, la posibilidad de que afloren o surjan, legítimamente, otras empresas. Y el costo individual que cada chilena y chileno debió pagar por el mayor precio del papel higiénico no quedó debidamente considerado.
Por eso, en el proyecto despachado por la Comisión de Constitución, que no deja pasar este tipo de situaciones, la sanción es "por tres"; es decir, el beneficio que se haya recibido se multiplica por tres, a fin de que haya un desincentivo absoluto para las empresas que pacten colusión y también cárcel efectiva para quienes la planifiquen.
Ahí está el centro de la discusión. Y espero que eso sea -si no, sería muy contradictorio, porque también hay que ver la historia de cómo se ha votado anteriormente y cuáles han sido las posiciones desde el punto de vista ideológico en esta materia- un dique, un punto de inflexión en cuanto a que, de aquí en adelante, quien se coluda va a sufrir cárcel efectiva y multas que equivaldrán al triple de las utilidades obtenidas. Incluso hemos pedido fórmulas de comparación para distinguir si estamos en presencia de ingresos nacionales o de ingresos internacionales, lo cual, señor Ministro -por su intermedio, señora Presidenta-, también es importante precisar.
Hoy muchas empresas tienen internacionalizado su negocio y un porcentaje importante de sus utilidades las obtienen del ámbito internacional. Y creo que eso no puede servir de excusa para simplemente terminar fragmentando las ganancias y eludir la responsabilidad.
No cabe duda de que el próximo no será un buen año para los poderosos, para estos señores que se amparan en su avaricia y en su voluntad ciega de obtener más y más utilidades, porque estoy seguro de que el 2016 tendremos una legislación que sancionará con cárcel efectiva sus malos comportamientos.
Por eso, señora Presidenta, espero que la "ley don Eliodoro" sea realidad y constituya una señal clara y contundente para que los grandes empresarios chilenos, los medianos o los que sean, nunca más vuelvan a coludirse y para que, si lo hacen, sepan que deberán pagar sus culpas con cárcel.
He dicho.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Economía.
El señor OSSANDÓN.-
¿Me da un segundo antes del Ministro, señora Presidenta?
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-
Muy bien.
El señor OSSANDÓN.-
Señora Presidenta, nosotros presentamos un proyecto junto con el Senador Tuma. ¡Se llama "don Alfonso"...!
En el fondo, solo quiero dejar claro que nosotros transformaremos y traduciremos en indicaciones parte importante de ese proyecto en el tema de las penas de cárcel, al cual nosotros dimos una dinámica distinta para que ellas sean realmente efectivas.
Por lo tanto, queremos trasmitirle al señor Ministro que durante el transcurso de la discusión vamos a transformar nuestro proyecto en indicaciones para tratar de mejorar el que ha presentado el Ejecutivo.
En consecuencia, espero que el proyecto "don Alfonso" no muera ahí.
Gracias.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Economía.
El señor CÉSPEDES (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).-
Señor Presidente, creo que es importante señalar que mercados competitivos son los que buscamos para nuestra economía; mercados donde sea la competencia la que incentive la innovación, los incrementos en productividad, en competitividad y, de esta forma, también en crecimiento.
En momentos en que nuestra economía requiere generar nuevos motores de crecimiento, el fortalecimiento de la libre competencia debe ser, sin lugar a dudas, uno de ellos. Y esperamos que las empresas gasten más tiempo en innovación y no en coludirse para mejorar los bienes y servicios que proveen a los consumidores.
Ese es precisamente el objetivo de este proyecto de ley.
También me parece importante recalcar que el perfeccionamiento institucional que hemos logrado en los últimos años ha permitido desbaratar estos carteles. Es cierto que ellos son vistos con mucha indignación por parte de los consumidores, y así debe ser.
Sin embargo, son las atribuciones que le hemos entregado a esta institucionalidad las que han permitido desbaratar tales carteles.
Considero conveniente poner de relieve, por ejemplo, que fueron las facultades especiales de investigación que se le dieron a la Fiscalía Nacional Económica el año 2009 -para interceptar llamadas, allanar oficinas, requisar computadores- las que han permitido desbaratar carteles dentro de nuestra economía. La generación y perfeccionamiento del mecanismo de la delación compensada también ha funcionado de manera correcta tras la consecución del mismo propósito.
Y pienso que todas las intervenciones anteriores concuerdan en la necesidad de seguir fortaleciendo la institucionalidad de la libre competencia.
Tal como señaló el Senador Moreira, cabe tener presente en esta materia el informe de la Comisión Asesora Presidencial de 2012, que entregó una serie de recomendaciones para fortalecer la libre competencia y sobre las cuales existe un importante porcentaje de acuerdo; el informe de la OCDE sobre la Evaluación del Régimen de Control de Concentraciones de 2014, y el estudio de la misma organización relativo a estudios de mercado.
Ellos nos permiten avanzar, de manera considerable y bastante consensuada, en el fortalecimiento de la libre competencia.
Hago hincapié en que este proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de Diputados por 104 o 106 votos favorables -no recuerdo bien la cifra final-, ningún rechazo y ninguna abstención.
Esa es una demostración de que hemos sido capaces de generar una iniciativa que ha avanzado de modo adecuado en el fortalecimiento de la libre competencia.
El proyecto, tal como se ha indicado acá, procura el fortalecimiento de las herramientas para combatir la colusión en dos o tres dimensiones que me parece importante destacar.
Una es el aumento de las multas para que estas operen, efectivamente, como un elemento disuasivo ante conductas de colusión.
Al respecto, la iniciativa presentada por el Ejecutivo establece dos límites: uno corresponde al doble del beneficio económico obtenido por quienes se hayan coludido -en concordancia con lo que se aplica en Estados Unidos, por ejemplo-, o al 30 por ciento de las ventas de la línea del producto, que es lo que se aplica en la legislación europea.
Asimismo, se plantea la criminalización de la colusión. Y aquí quiero hacer mención de las distintas mociones que fueron presentadas en su momento.
Es conveniente destacar que no fue una sola iniciativa parlamentaria la que se presentó con el objeto de criminalizar la colusión, sino varias, que mencionamos en el mensaje del proyecto.
Igualmente, el proyecto propuesto por el Ejecutivo fortalece la delación compensada y consagra una serie de inhabilidades para quienes participen en actos de colusión.
Sin embargo, va más allá de eso.
También genera un nuevo régimen de control de operaciones de concentración o fusiones. Este es un aspecto muy importante, que ha sido destacado anteriormente en discusiones habidas tanto en esta Sala como en el Congreso en general, para lograr un control preventivo y obligatorio de las fusiones en aquellas operaciones que superen cierto umbral, de manera de, primero, dotar de mayor certeza jurídica a las empresas, y segundo, generar las condiciones para, en algunas ocasiones, proceder al rechazo de operaciones que sean contrarias a la libre competencia.
Del mismo modo, se agilizan los procedimientos de indemnización de perjuicios para los consumidores, lo cual nos parece muy relevante, toda vez que muchas veces los consumidores deben esperar largo tiempo -en algunos casos hasta diez años- para recibir una indemnización de perjuicios.
Otro tanto ocurre con la aplicación de acciones para la protección del interés colectivo o difuso.
Por otra parte, el proyecto faculta a la Fiscalía Nacional Económica para estudiar la evolución competitiva de los mercados, lo cual es también, sin lugar a dudas, una herramienta muy importante. Muchas veces nos preguntamos cómo están funcionando ciertos mercados. ¿Hay espacio o no para fortalecer su funcionamiento?
Pues bien, la atribución que se le entrega a la Fiscalía Nacional Económica apunta en esa dirección y por eso puede avanzar de manera decidida.
Es indudable que el proyecto se ha fortalecido con las distintas intervenciones parlamentarias. Y ciertamente que, como Ejecutivo -se lo digo al Senador De Urresti, por su intermedio, señor Presidente-, tenemos la mejor disposición para trabajar tanto en la Comisión de Economía como en la de Constitución con el objeto de seguir perfeccionando su texto. Ese ha sido siempre nuestro propósito.
De otro lado, se ha hecho alusión a algunas potenciales o hipotéticas intervenciones mías, respecto de las cuales quiero ser muy claro, porque me parece que las acusaciones efectuadas acá son muy graves.
Debo clarificar que nunca el Ejecutivo, ni quien habla, como Ministro, hemos comprometido dividir este proyecto de ley en dos. Eso es absolutamente falso y, para dejar el punto del todo claro, incluso podríamos revisar las grabaciones, si es que existieran.
Eso no es así y quiero ser muy categórico en negarlo.
En segundo término, quiero recordar que la moción que estudió la Comisión de Constitución, ya aprobada por el Senado y que avanzó significativamente en la materia -lo aclaro porque los antecedentes son públicos-, no establecía ninguno de los atributos mencionados aquí, referentes, por ejemplo, a la tipificación del delito de colusión, la cual fue perfeccionada con posterioridad al ingreso del proyecto del Ejecutivo.
Con esto no quiero afirmar que se haya copiado este último, lo que me parecería infantil, pero sí debo precisar que los cambios fueron posteriores.
Lo mismo ocurre con la pena de presidio aumentada hasta diez años o con la pena de inhabilitación.
Incluso podemos revisar todas las mociones. En mi correo tengo toda la documentación que me fue enviada desde la Comisión de Constitución en su momento, así que no habría ningún problema en comprobarlo. Pero, más allá de esa discusión pequeña, creo que lo importante es cumplir con el deber que tenemos, como Congreso y como Ejecutivo, para fortalecer la institucionalidad de libre competencia y hacerlo con altura de miras.
Por lo tanto, en la discusión que se llevará a cabo tanto en la Comisión de Economía como en la de Constitución vamos a aclarar algunos de los puntos planteados por el Senador Espina, que no son efectivos. Quizás la rapidez en la lectura del proyecto de ley pudo haberlo llevado a cometer un error en su interpretación, pero, como digo, lo vamos a aclarar, con todo gusto, durante el debate que se desarrollará en las Comisiones de Economía y de Constitución.
En consecuencia, manifiesto la voluntad del Ejecutivo de seguir avanzando, tal como puntualizó el Senador De Urresti, en fortalecer el proyecto de ley y en introducirle todas las adecuaciones que sean necesarias para generar una nueva institucionalidad en materia de libre competencia que nos permita a todos asegurar que las acciones de colusión serán sancionadas drásticamente, como corresponde.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, Honorable Sala, estimo de suma importancia que aprobemos este proyecto de ley, ya que se hace absolutamente necesario sancionar penalmente la colusión, sobre todo si se considera el verdadero escándalo del cual hemos tenido conocimiento en las últimas semanas, referido a la asociación que se ha generado en algunos mercados sensibles para la comunidad.
La ciencia económica define la colusión como un acuerdo entre empresas, que tiene por objeto aumentar sus beneficios, mediante la restricción de la competencia y el perjuicio, por ende, de los consumidores.
Esta acción constituye una confabulación destinada a fijar precios acordados, que reporta a sus agentes mayores beneficios que los que podrían obtener si compitieran entre ellos.
Por lo tanto, la colusión es una práctica desleal, que atenta contra la libre competencia, toda vez que altera el funcionamiento del mercado, en que los productos y servicios se regulan por la oferta y la demanda.
Cuando se concretan estos acuerdos y se elevan los precios de los productos, muchas veces se genera su escasez y el deterioro de su calidad, todo lo cual afecta a los consumidores. Esto reviste mayor gravedad cuando se trata de productos de primera necesidad, tales como alimentos, elementos de uso doméstico, combustibles, o insumos de uso médico.
Por ende, la colusión resulta atentatoria contra el orden público económico, ya que se producen situaciones de privilegio, constitutivas de monopolio y, también, se conforma un oligopolio en algunos casos, en que el mercado pasa a ser dominado por un reducido número de oferentes de productos de elevado consumo.
Entonces, consideramos que este tipo de conductas, en que se produce una acción deliberada, destinada a perjudicar de esta forma a los consumidores y usuarios, debe ser tipificada y castigada penalmente con sanciones drásticas, ya que nuestra legislación no contempla actualmente el delito de colusión, pese a los perniciosos efectos que provoca.
Estimamos que el proyecto de ley que se somete a nuestra consideración va en la dirección correcta y, por ende, voto favorablemente, a fin de que se convierta en ley a la mayor brevedad con el objeto de poner término a los recurrentes abusos que vulneran los derechos de los consumidores.
Quiero señalar claramente que había otras dos iniciativas, de las cuales también soy coautor, que estaban radicadas en la Comisión de Constitución.
Esos proyectos datan de hace por lo menos un par de años y seis meses, respectivamente, y en ellos se sancionaba con la pena de privación de libertad la generación de acuerdos que vulneraran el orden público económico.
En tal sentido, hago un llamado de atención.
Aquellos que propiciamos la economía social de mercado creemos que, frente a mercados oligopólicos, el Estado debe ser garante para que opere la oferta y la demanda.
Quienes creemos que debe haber un Estado regulador del mercado pensamos, sin lugar a dudas, que hay que generar las condiciones, las normativas, la legislación que permitan sancionar drásticamente los atentados contra el orden público económico, que, finalmente, afectan a los consumidores.
Por eso, nosotros aprobamos una serie de normas, que buscan fortalecer el SERNAC para que los consumidores tengan un resguardo frente a tales abusos.
En su oportunidad, las demandas colectivas significaron la posibilidad de resarcir los perjuicios provocados a los consumidores por este tipo de acuerdos y abusos de quienes tienen una posición dominante o bien en aquellos mercados oligopólicos.
Lamentablemente, en nuestro país una gran cantidad de industrias están en mercados oligopólicos. Y de ahí que sea tan importante el deber del Estado de establecer la regulación para el ejercicio de las libertades de los consumidores, a fin de acceder a productos cada vez de menor precio y de mayor calidad, que es justamente lo que persigue el mercado.
El mercado permite garantizar que los consumidores tengan acceso a mejores productos y a más bajos precios.
Entonces, cuando ese orden público económico se altera porque en determinados mercados con pocos oferentes estos se ponen de acuerdo, ya sea en la distribución de los mercados o en los precios, se atenta contra un principio básico de la economía social de mercado.
Por tanto, quienes propiciamos y defendemos este sistema económico debemos ser los primeros en alzar nuestras voces para denunciar los actos que atentan contra las normas del mercado.
Por lo mismo, señor Presidente, lamentamos que los dos proyectos de ley que presentamos hayan quedado para la historia y esperamos que el Ejecutivo tenga la grandeza de considerar no solamente la iniciativa que nosotros apoyamos con mucha fuerza, la del Senador Espina, que fue producto de un arduo trabajo, sino también aquellos proyectos que presentamos otros parlamentarios, como los Senadores Tuma, Ossandón y quien habla.
Esperamos que efectivamente sean recogidos en la historia fidedigna del establecimiento de la ley, para poner sobre la mesa que quienes propiciamos una economía social de mercado debemos ser los primeros en denunciar los abusos que se cometen por mercados oligopólicos.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, antes de referirme a este proyecto, quiero señalar que hay una situación compleja y que implica un trabajo de mucho tiempo de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Según la información de que dispongo, en abril del año 2009 ingresó el proyecto que analizó la Comisión de Constitución, la cual efectuó un trabajo muy arduo. Y, curiosamente, después de la colusión del papel higiénico apareció la iniciativa del Gobierno.
Sería importante saber, y deseo consultarlo -por su intermedio, señor Presidente-, al Ministro de Economía, ¿por qué no se tomó en cuenta, no se trabajó o no se hizo suya esa labor legislativa ni se le formularon las indicaciones correspondientes?
Señor Presidente, quiero felicitarlos por las conclusiones que sacó en materia de regulación de urgencias el Consejo que nombraron ambas Cámaras. Porque es muy complejo para un parlamentario que ha hecho un trabajo serio junto a una Comisión que se dé una situación nueva, o más bien que ya venía sucediendo en algunos casos que conocemos todos, y que aparezca un nuevo proyecto.
Estimo que hay un tema de respeto al Parlamento, al trabajo realizado por Senadores de todas las bancadas. Y, por eso, me gustaría una explicación más formal del Ministro. Creo que lo planteado por el Senador Espina es grave porque, en el fondo, significa que todo el esfuerzo realizado durante años -obviamente, todos votaremos a favor- no se tomó en cuenta.
Y, más allá de la situación o las conversaciones que hayan sostenido el señor Ministro con el Senador Espina, considero que -repito- el Ejecutivo debe tener respeto por el Parlamento.
En segundo lugar, señor Presidente, pienso que esta iniciativa -como bien se dijo- efectúa ciertos ajustes a la institucionalidad de la libre competencia, con el fin de prevenir y sancionar adecuadamente las prácticas anticompetitivas.
Efectivamente, el objetivo del proyecto anterior, y que ya aprobamos en el Senado, es el mismo que el de ahora. Sin duda, había que hacer ajustes porque es un trabajo que se realizó hace tiempo y las situaciones van cambiando en el mundo.
Por otra parte, se proponen también modificaciones, tal como lo hace la iniciativa sobre combate a la colusión, que aprobó el Senado también por unanimidad.
Luego, se aumenta el monto máximo de las multas.
Se contempla la prohibición de contratar, a cualquier título, con órganos de Administración del Estado.
Después, figura el fortalecimiento de la delación compensada, que es fundamental, porque, si no lo hay, no se generará ningún incentivo para que se sepa la verdad. Y creo que esa fue una de las materias que, cuando analizamos la situación actual, constituyeron una oportunidad para que el país conociera la verdad.
En seguida, está la eliminación de las exigencias de la práctica concertada, que confiere poder al mercado en los denominados "carteles duros".
Y, por otro lado, y muy importante también, está la criminalización de la colusión.
En el fondo, ¿qué se pretende?
Desincentivar las prácticas colusivas, que atentan contra el normal desarrollo de los mercados. La justificación es que existen conductas que sí se sancionan penalmente, pero que tienen una significación económica y un desvalor social menor que la colusión.
Esa medida existió hasta el año 2003. Sin embargo, fue modificada debido a que no se especificaban las conductas anticompetitivas, lo que atentaba en contra del artículo 19, número 3°, de la Constitución Política de la República, al establecer tipos penales en blanco. Además, la criminalización de la colusión no sirvió como efecto disuasivo de la conducta.
En este proyecto de ley también se agregan artículos nuevos, y en esta ocasión sí se especifica el tipo penal de colusión. Se establecen penas de reclusión mayor en su grado mínimo (5 años y un día a 10 años).
Efectivamente, lo que planteó el Senador Espina, cuestión que tendrá que ver la Comisión de Constitución, es que con las atenuantes se puede rebajar la pena a 61 días y, a la larga, puede que no haya encarcelamiento.
Por eso, creo importante aprobar la idea de legislar de esta iniciativa. Pero, al mismo tiempo, quiero manifestar mi solidaridad con la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y también con el trabajo realizado por el Senador Espina, porque creo que el Gobierno quedó bastante al debe.
Voto a favor.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, en uso de mi derecho reglamentario, ya que el señor Ministro ha señalado que estoy diciendo algo que no es efectivo, quiero recordar lo siguiente.
En primer lugar, el proyecto en comento tuvo su origen en una moción que presentaron los Senadores García y Horvath (quien es su autor) y los entonces Senadores Chadwick y Cantero.
El señor HORVATH.-
Soy uno de los autores.
El señor ESPINA.-
El señor Ministro ha dicho, con relación a la moción, que ella se cambió y que se dispuso la pena de cárcel después de que se empezó a tramitar.
No es verdad.
La moción se presentó el año 2009 -tengo aquí el boletín comparado-, y su artículo 3° establece expresamente que "Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, los que ejecuten acuerdos expresos o tácitos celebrados entre agentes económicos, o prácticas concertadas entre ellos, mediante los cuales se fijen precios de venta o de compra de bienes o servicios," -decía en ese entonces `de primera necesidad', pero esa frase se eliminó- "se limite su producción o se asignen zonas o cuotas de mercado, o hubieren ordenado dicha ejecución, será castigado con la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados". En ese momento la pena iba de 61 días a 5 años de cárcel.
Posteriormente, en el debate habido en la Comisión de Constitución analizamos esa iniciativa. Y no es justo decir que se trata de un proyecto mío, porque la verdad es que en dicho órgano técnico los Senadores Harboe, De Urresti, Larraín y Araya contribuyeron muchísimo a su perfeccionamiento.
Yo reclamo una cosa distinta.
Voy a votar a favor del proyecto -presentaré indicaciones a fin de mejorarlo- y será promulgado por la Presidenta de la República, porque nunca, en los años que llevo como Senador, he dejado de colaborar con alguna iniciativa presentada por el Gobierno. Y usted lo sabe perfectamente, señor Presidente, porque hemos trabajado juntos.
Lo que considero inaceptable es que en la Comisión de Constitución, que varias veces sesionó en esta Sala y no en la que corresponde, el Ministro se comprometió y dijo: "Miren, dado que hay una moción presentada con anterioridad, vamos a reconocer ese esfuerzo". Y eso debiera ser para todas, porque se presentaron varias: el Senador Tuma manifestó que había enviado una. Posteriormente, hizo lo propio el Senador Ossandón. ¡Estoy feliz de que se refundan todas! ¡Feliz!
Soy Presidente de la Comisión de Gobierno y, en una oportunidad, arribaron cuatro mociones relacionadas con el tema de los bingos. Y, en uso de mis atribuciones, las fusioné.
Ahora, con relación a la descentralización, hay un proyecto del Ejecutivo y nos llegaron las iniciativas de los regionalistas, encabezados por el Senador Horvath; otra de la Senadora Von Baer y una más del colega Chahuán. Las refundimos todas, ¡todas!, con autorización de esta Sala.
Entonces, el Ministro nos pudo haber dicho el primer día: "Miren, el Gobierno va a mantener su proyecto, va a hacerlo él. Lo siento mucho, pero este es un régimen presidencial". No obstante, encuentro incalificable -lo digo bien derechamente- que no haya sido así, y prueba de ello es que los medios de comunicación dieron cuenta de una disputa entre el Presidente de nuestra Comisión, Senador De Urresti, y el Ministro, por no presentar indicaciones a nuestra iniciativa.
Se lo dije a usted, señor Presidente, en varias oportunidades. Se lo comenté. Tanto es así que este Senado despachó unánimemente el proyecto de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, basado en aquella moción de que yo también soy autor. De no ser así, el Senado no lo habría despachado. Lo tuvimos parado más de cinco meses en espera de que el Ministro cumpliera el acuerdo, que simplemente se refería a presentar una indicación y patrocinarla.
Así actuaba el Gobierno de Patricio Aylwin; así lo hizo el Gobierno de Eduardo Frei, muchas veces, y el Gobierno de Ricardo Lagos. Y los Ministros reconocían esa autoría y uno formaba un equipo para sacar buenas leyes.
Por lo tanto, no acepto, señor Presidente -se lo digo derechamente-, que se diga: uno, que este proyecto no contemplaba penas de cárcel, porque eso no es verdad, lo acabo de leer y sí las señalaba; dos, que respecto de esta iniciativa no hubiera un compromiso del Ministro, porque, de ser así, no habría estado detenida.
Hay que decir otra cosa. Hay que corregir y perfeccionar este proyecto, y así lo vamos a hacer. Y usted, señor Presidente, se va a acordar de este debate cuando realicemos la discusión en particular y verá que se va a mejorar, porque tal como está hoy no produce ningún efecto práctico en lo que se quiere: establecer la pena de cárcel para quienes cometan delito de colusión.
¿Por qué se establece la pena de cárcel para el delito de colusión?
Por una razón muy simple. La pena de cárcel debe reservarse para los delitos graves. Y, si nosotros luchamos con el objetivo de que los robos violentos, los asaltos a mano armada tengan penas efectivas de cárcel y queremos ser consecuentes y coherentes, los delitos de cuello y corbata y de esta naturaleza, que significan defraudar la fe pública de la ciudadanía en forma reiterada, sin poder defenderse, con alevosía y premeditación, y que se confiesan, representan una conducta con un reproche social de tal magnitud que lo menos que merece quien la comete es recibir pena de cárcel.
Eso ya es parte del debate y, por cierto, nosotros lo vamos a perfeccionar y a arreglar.
Señor Presidente, la única arma que tengo como Senador en un régimen presidencial exacerbado es la historia fidedigna de la ley. Y por eso he querido intervenir hoy, porque pasará el tiempo, pero va a quedar claro que no se cumplió con la palabra empeñada respecto de una materia en donde nosotros actuamos con la mejor buena fe.
Por cierto, en este Senado vamos a actuar con la nobleza correspondiente, porque a todos nos puede haber pasado esto en más de una oportunidad, y votaremos a favor del proyecto y lo perfeccionaremos porque, finalmente, el interés que nos mueve aquí no tiene que ver con las iniciativas de cada uno, sino con sacar buenas leyes en beneficio de la ciudadanía.
Voto que sí.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (30 votos a favor).
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Chahuán, De Urresti, Espina, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker y Patricio Walker.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Por haberse cumplido su objetivo, levantaré la sesión, sin perjuicio de darse curso reglamentario a diversas peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor HORVATH:
Al señor Director de la Corporación Nacional Forestal, pidiéndole AGILIZACIÓN DE PROYECTO DE HABILITACIÓN DE CAMINO AUSTRAL ENTRE PICHANCO Y LEPTEPÚ, EN FIORDO COMAU (REGIÓN DE AISÉN).
Del señor NAVARRO:
Al señor Contralor General de la República, para que remita COPIA DE INFORME DE UNIDAD DE CONTROL EXTERNO SOBRE COMPRA DE DÍAS CAMA POR HOSPITAL CLÍNICO REGIONAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE EN 2013.
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, para que informe sobre ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS DE APELLIDO INDÍGENA Y LEGALMENTE INDÍGENAS EN CARABINEROS Y PDI;PORCENTAJE DE ALUMNOS DE ESCUELAS DE CARABINEROS y PDI PROVENIENTES DE COLEGIOS PARTICULARES, PARTICULARES SUBVENCIONADOS Y PÚBLICOS; DISTRIBUCIÓN DE SU INGRESO FAMILIAR, POR DECIL, y PROPORCIÓN ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN DICHAS INSTITUCIONES; INSTANCIA RESPONSABLE DE CONTENIDO DE ASIGNATURAS DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES EN MALLAS CURRICULARES DE TALES ESCUELAS, y POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA INGRESO DE ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS A ESCUELAS DE CARABINEROS Y PDI;PRESUPUESTO ANUALDE ESTAS INSTITUCIONES; RELACIÓN DE CARABINEROS Y PDI CON BASE MILITAR NORTEAMERICANA EN CONCÓN; ESTADÍSTICAS DE ROBO Y TRÁFICO DE GANADO, DELITOS MÁS COMUNES YABUSO SEXUAL DE MENORES POR COMUNA; FACULTADES LEGALES NECESARIAS PARA OPTIMIZACIÓN DE LABOR POLICIAL EN PREVENCIÓN Y COMBATE A DELINCUENCIA; PLANES, PROGRAMAS Y POLÍTICAS EN OPERACIÓN DESTINADA A PREVENCIÓN DELICTIVA; PROCEDIMIENTO PARA DENUNCIA CIUDADANA DE PROPAGANDA Y CONTENIDOS ILEGALES EN INTERNET; CARÁCTER PLURINACIONAL DEL PAÍS, EN TÉRMINOS ANTROPOLÓGICOS, y EXISTENCIA DE GRUPOS TERRORISTAS.
Al señor Ministro de Relaciones Exteriores, solicitándole información relativa a FUNCIONARIOS DE APELLIDO INDÍGENA Y LEGALMENTE INDÍGENAS EN SERVICIO EXTERIOR; PROPORCIÓN ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN ESE SERVICIO; VEINTE PAÍSES CON LOS QUE CHILE TIENE MÁS INTERCAMBIO COMERCIAL, TANTO A NIVEL DE EXPORTACIONES COMO DE IMPORTACIONES; FLUJO DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CON RUSIA, IRÁN, CHINA, UNIÓN EUROPEA Y ESTADOS UNIDOS EN ÚLTIMOS DIEZ AÑOS, y OPINIÓN DE GOBIERNO Y CANCILLERÍA RESPECTO DE BASE MILITAR NORTEAMERICANA EN CONCÓN.
Al señor Ministro de Defensa Nacional, preguntándole por NÚMERO DE OFICIALES Y ESTUDIANTES EN ESCUELAS DE OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS CON APELLIDOS INDÍGENAS Y LEGALMENTE INDÍGENAS; DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS DE ESCUELAS DE OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS DE ACUERDO A TIPO DE COLEGIOS DE ORIGEN Y A DECIL DE INGRESOS FAMILIARES; INSTANCIA ENCARGADA DE DEFINIR CONTENIDOS DE ASIGNATURAS DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES EN ESCUELAS DE OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS; POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA FACILITAR INGRESO DE ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS A ESCUELAS DE OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS; CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS IMPARTIDOS A CIUDADANOS QUE CUMPLEN SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO; ACTIVIDADES DE BASE MILITAR NORTEAMERICANA EN CONCÓN; SERVICIOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE PRESTAN LAS FUERZAS ARMADAS, y POSICIÓN DE GOBIERNO Y MINISTERIO RESPECTO DE POSIBLE DEROGACIÓN DE LEY Nº 13.196.
A la señora Ministra de Educación, consultándole por LISTA DE FUNCIONARIOS DE JUNJI EN REGIÓN DE LOS LAGOS; PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO A EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE EN JUNJI;EVALUACIÓN GLOBAL DE PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN ESCOLAR; PLANES Y PROGRAMAS DEL MINEDUC RELATIVOS A EDUCACIÓN PREESCOLAR Y BÁSICA; NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENSEÑAN LENGUA INDÍGENA; CANTIDAD DE ESTUDIANTES INDÍGENAS EN SISTEMA DE EDUCACIÓN; NÚMERO DE COLEGIOS CON CURRÍCULUM INTERCULTURAL; HORAS MÍNIMAS DE FILOSOFÍA, DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y DE EDUCACIÓN RELIGIOSA SEGÚN PROGRAMAS DE MINEDUC; DIVISIÓN EN COLEGIOS DE CARGA HORARIA ENTRE MATERIAS CONCERNIENTES A CIENCIAS HUMANAS, CIENCIAS NATURALES, CIENCIAS MATEMÁTICAS, ARTE Y LENGUAS EXTRANJERAS; SUELDO PROMEDIO DE DIRECTORES, DE JEFES DE UNIDAD TÉCNICO-PEDAGÓGICA Y DE INSPECTORES GENERALES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES BÁSICOS Y/O MEDIOS PÚBLICOS; PROMEDIO DE ESTUDIANTES POR SALA EN COLEGIOS PÚBLICOS; CANTIDAD DE ESCUELAS RURALES, PROMEDIO DE ALUMNOS QUE ATIENDEN Y NÚMERO DE PROFESORES EXISTENTES EN ELLAS; CANTIDAD DE PROFESORES CESANTES EN CHILE; CIFRA DE ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PREBÁSICA, BÁSICA O MEDIA DE CARÁCTER RELIGIOSO Y PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ATIENDEN REGULARMENTE; INDICADORES DE ÉXITO DE LEY DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL E IMPACTO DE POLÍTICAS ASOCIADAS A ESTA EN ÚLTIMO LUSTRO; CANTIDAD DE UNIDADES DE HISTORIA DE AMÉRICA CONTEMPLADA EN CURRÍCULO DE ASIGNATURA DE HISTORIA RECOMENDADA POR MINEDUC, y PROPORCIÓN DE HOMBRES Y DE MUJERES EN CARGOS DIRECTIVOS, EN PROFESORADO Y EN FUNCIONARIOS DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.
A la señora Ministra de Justicia, tocante a las siguientes materias: ESTADÍSTICAS SOBRE CAUSAS DE MUERTE NO ACCIDENTALES Y CAUSAS NO INMEDIATAMENTE MÉDICAS EN ÚLTIMO LUSTRO; ANTECEDENTES RELATIVOS A CÁRCELES CONCESIONADAS; DATOS ACERCA DE ASESORÍAS JURÍDICAS DE CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL EN ÚLTIMOS CINCO AÑOS, ACTUACIONES EN JUICIOS Y USUARIOS SEGÚN NIVEL DE INGRESOS; ESTADÍSTICAS EN CUANTO A DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA Y USUARIOS DE SISTEMA; DOTACIONES DE CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL Y DE DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA; CARGOS Y REMUNERACIONES DE FUNCIONARIOS DE SERVICIO NACIONAL DE MENORES Y DE SERVICIO MÉDICO LEGAL; POSICIÓN DE GOBIERNO RESPECTO A PENAS VIGENTES POR FINANCIAMIENTO ILEGAL A PARTIDOS POLÍTICOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES; CANTIDAD DE FUNCIONARIOS CON APELLIDO INDÍGENA Y DE FUNCIONARIOS LEGALMENTE INDÍGENAS DE DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA, CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL Y SERVICIO MÉDICO LEGAL; PROPORCIÓN DE HOMBRES Y MUJERES ENTRE FUNCIONARIOS DE CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL, SERVICIO MÉDICO LEGAL, DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA, SERVICIO NACIONAL DE MENORES, GENDARMERÍA Y REGISTRO CIVIL; DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN PENAL POR SEXO, y ESTADÍSTICA CONCERNIENTE A PENSIONES ALIMENTICIAS.
Al señor Ministro de Obras Públicas, para pedir PLANO DE AGUAS SUPERFICIALES Y NO SUPERFICIALES EN TERRITORIO NACIONAL; INFORME DE PROCEDENCIA DE ALZA DE PEAJE Y COPIA DE BASES DE LICITACIÓN Y DE CONCESIÓN DE ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN, CON DIFERENCIACIÓN DE PEAJES DE AGUA AMARILLA, RAFAEL Y NUEVA ALDEA; LISTA DE CONCESIONES DE CARRETERA VIGENTES Y COPIA DE LICITACIÓN Y BOLETAS DE GARANTÍA DE OBRAS VIALES EN TRAMO PIRUQUINA-SAN PEDRO, COMUNA DE CASTRO; FUNDAMENTO TÉCNICO Y COMERCIAL DE ESPACIO PARA UNA SOLA LÍNEA AÉREA EN AEROPUERTO DE MOCOPULLI, y CANTIDAD DE COMUNAS CON CICLOVÍAS.
A la señora Ministra de Salud, a fin de consultar por CONDICIONES PARA ENTIERRO EN FOSA COMÚN Y CANTIDAD DE FALLECIDOS SIN ESPACIO PARA SEPULTURA.
Al señor Ministro de Agricultura, con el objeto de preguntar por PROTOCOLO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS; CAMPESINOS Y AGRICULTORES POR REGIÓN Y SUS PRODUCTOS; PROPORCIÓN DE HOMBRES Y MUJERES EN FUNCIONARIOS DE INDAP, DE SAG, DE CONAF Y DE COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO; ACUERDOS DE PRODUCCIÓN LIMPIA DE SAG VIGENTES; ESPECIES ANIMALES Y VEGETALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN EN CHILE; ESTADÍSTICAS DE HECTÁREAS DE BOSQUE NATIVO EN CHILE Y DE EUCALIPTOS EN CHILOÉ; MECANISMOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE PINOS Y EUCALIPTOS; ESTADÍSTICAS DE INCENDIOS FORESTALES EN ÚLTIMOS DIEZ AÑOS; ALIMENTOS TRANSGÉNICOS ARTIFICIALES EN MERCADO; HECTÁREAS DE USO AGRÍCOLA EN DESUSO EN REGIONES OCTAVA, NOVENA Y DÉCIMA; ESPECIES PARA CONSUMO DE CARNE Y PORCENTAJE EN PRODUCCIÓN TOTAL; PORCENTAJE DE COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE ORIGEN NACIONAL Y DE ORIGEN EXTRANJERO, y PAÍSES EXPORTADORES DE CARNE A CHILE.
Al señor Ministro de Agricultura, consultándole sobre PROPORCIÓN DE HOMBRES Y MUJERES FUNCIONARIOS EN FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS, INSTITUTO FORESTAL, CENTRO DE INFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES, FUNDACIÓN DE COMUNICACIONES, CAPACITACIÓN Y CULTURA DEL AGRO, AGENCIA CHILENA PARA LA INOCUIDAD ALIMENTARIA Y AGRO SEGUROS; APOYO Y FORTALECIMIENTO A CULTURA CAMPESINA Y TRADICIONES DEL CAMPO CHILENO Y A COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS DE "CULTURA RURAL" Y "TRADICIONES DEL CAMPO CHILENO" POR FUNDACIÓN DE COMUNICACIONES, CAPACITACIÓN Y CULTURA DEL AGRO; ESPECIES DE HONGOS TÓXICOS REGISTRADAS EN CHILE Y PRESENTES EN BOSQUES Y CAMPOS, y NÚMERO DE CONTRATOS DE SEGUROS VIGENTES DE AGROSEGUROS.
Al señor Ministro del Medio Ambiente, pidiéndole remitir TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR CHILE PARA REDUCIR Y EVITAR EL CALENTAMIENTO GLOBAL; NÚMERO DE ESPECIES ANIMALES Y VEGETALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN EN CHILE, INDICANDO CANTIDAD DE INDIVIDUOS DE CADA UNA DE ELLAS;EFECTOS EN EL TERRITORIO NACIONAL DE CURVA ASCENDENTE DE TEMPERATURA PRODUCTO DEL CALENTAMIENTO GLOBAL; NÚMERO DE HECTÁREAS DE PLANTACIONES DE EUCALIPTOS EXISTENTES EN ISLA DE CHILOÉ Y EFECTOS SOBRE HUMEDAD DEL SUELO; MECANISMOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PLANTACIONES DE PINOS Y EUCALIPTOS; INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTO "PARQUE EÓLICO CHILOÉ";PROTOCOLOS DE MANEJO DE DESECHOS DE SALMONERAS Y DE MITÍLIDOS; NÚMERO DE CONCESIONES PARA CULTIVO DE MITÍLIDOS E IMPACTO AMBIENTAL DE INDUSTRIA DE MITILICULTURA EN CHILOÉ; ESTADÍSTICAS DE INCENDIOS FORESTALES DE ÚLTIMOS DIEZ AÑOS, y CANTIDAD DE HECTÁREAS DE BOSQUE NATIVO EXISTENTES EN CHILE EN LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS.
Al señor Ministro del Medio Ambiente, pidiéndole remitir copia de PLANES, PROGRAMAS Y POLÍTICAS DE INCENTIVO A RECICLAJE; señalar PLANTELES DE ESTUDIO ACREDITADOS POR SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN AMBIENTAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES; indicar MUNICIPIOS ACREDITADOS POR SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN AMBIENTAL; remitir información sobre FONDO NACIONAL AMBIENTAL; expresar cómo promueve el Ministerio la PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PLANES DE DESCONTAMINACIÓN A NIVEL COMUNAL, y precisar CRITERIOS UTILIZADOS PARA RESTRICCIÓN DE USO DE LEÑA EN DIFERENTES COMUNAS DEL PAÍS.
Al señor Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, para que envíe informe acerca de DESARROLLO DE ESCUELA DE ROCK A LO LARGO DEL PAÍS; indique ESTADÍSTICAS SOBRE FONDO AUDIOVISUAL, FONDO DE LA MÚSICA, FONDO DEL LIBRO Y LA LECTURA, FONDO DEL PATRIMONIO, FONDOS DE FOMENTO AL ARTE EN LA EDUCACIÓN, PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y PROYECTOS VENTANILLA ABIERTA; señale cómo define el Ministerio el CONCEPTO DE PATRIMONIO, y dé a conocer las INICIATIVAS ARTÍSTICAS, CULTURALES O PATRIMONIALES BENEFICIADAS CON APORTES DE LEY N° 18.985, los TESOROS HUMANOS VIVOS Y EDIFICIOS PATRIMONIALES EXISTENTES EN CHILE, la PROPORCIÓN DE HOMBRES Y MUJERES ENTRE FUNCIONARIOS DEL CONSEJO Y CUÁNTOS DE ELLOS LLEVAN APELLIDO INDÍGENA, los FONDOS CONCURSABLES PARA DESARROLLO DE LA DANZA EN CHILE, el MONTO DESTINADO A DESARROLLO Y POTENCIAMIENTO DE CULTURAS INDÍGENAS, y los CRITERIOS PARA ELECCIÓN DE JUECES REGIONALES Y NACIONALES DE FONDOS DE CULTURA, CON LA REMUNERACIÓN QUE PERCIBEN.
Al señor General Director de Carabineros de Chile, pidiéndole antecedentes concernientes a NÚMERO DE CARABINEROS ASIGNADOS A ISLA DE PASCUA, EN PERÍODO 2000-2015.
Al señor Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, con el objeto de que indique CANTIDAD DE POLICÍAS DESTINADOS A ISLA DE PASCUA.
Al señor Alcalde de Concepción, requiriéndole información sobre FUGA DE GAS EN CONSULTORIO VÍCTOR MANUEL FERNÁNDEZ Y COMPRA DE EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN AUTOCLAVE PARA CESFAM LORENZO ARENAS.
Al señor Alcalde de Talcahuano, solicitándole antecedentes acerca de MANTENCIÓN Y ASEO DE PARADEROS DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA DE SU COMUNA.
Y al señor Alcalde de Chillán, pidiéndole información relativa a DEUDAS CON PROVEEDORES DE ESE MUNICIPIO.
Del señor PROKURICA:
A la señora Ministra de Educación, requiriéndole antecedentes referidos a IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO DE REPOSICIÓN DE ESCUELA MIREYA ZULETA ASTUDILLO, EN COMUNA DE HUASCO.
Y al señor Intendente de la Región de Atacama, solicitándole información en cuanto a MOTIVOS PARA NO FINANCIAMIENTO DE REPOSICIÓN DE ESCUELA MIREYA ZULETA ASTUDILLO, DE COMUNA DE HUASCO, CON RECURSOS DE FNDR y sobre NÚMERO DE PERSONAS ALBERGADAS EN HOTELES, OBRAS DE EMERGENCIA REALIZADAS, DONACIONES DE PRIVADOS Y ENTREGA DE BONO ENSERES Y OTROS BENEFICIOS, CON MOTIVO DE ALUVIONES EN COMUNAS DE DIEGO DE ALMAGRO, CHAÑARAL, COPIAPÓ, TIERRA AMARILLA Y ALTO DEL CARMEN.
De la señora VAN RYSSELBERGHE:
A la señora Ministra de Salud, pidiéndole antecedentes concernientes a DEROGACIÓN DE NORMA QUE PROHÍBE REALIZACIÓN DE AUTOPSIAS Y BIOPSIAS A PACIENTES CON POSIBLE DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DE CREUTZFELDT-JAKOB.
Al señor Ministro de Agricultura, requiriéndole información en cuanto a ESPECIFICACIONES DE TESTS DIAGNÓSTICOS PARA DETECCIÓN DE ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA Y OVINA EN CARNES IMPORTADAS.
Y al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, solicitándole antecedentes sobre ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA PROYECTO DE PASOS A DESNIVEL DE BIOTRÉN EN COMUNA DE SAN PEDRO DE LA PAZ.
De la señora VON BAER:
Al señor Contralor General de la República, pidiéndole INVESTIGACIÓN PARA ESCLARECIMIENTO DE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN FINANCIAMIENTO DE CONGRESO GREMIAL CON RECURSOS DESTINADOS A MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN DE USUARIOS DE CONSULTORIOS DE VALDIVIA.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:58.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción