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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 363ª
Sesión 82ª, en miércoles 16 de diciembre de 2015
Ordinaria
(De 16:16 a 19:52)
PRESIDENCIA DE SEÑORES PATRICIO WALKER PRIETO, PRESIDENTE,
Y EUGENIO TUMA ZEDAN, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores (as):
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros del Interior y Seguridad Pública, señor Jorge Burgos Varela; Secretario General de Gobierno, señor Marcelo Díaz Díaz; del Trabajo y Previsión Social, señora Ximena Rincón González, y de Energía, señor Máximo Pacheco Matte.
Asimismo, se encontraba presente el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes Lillo.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:16, en presencia de 20 señores Senadores.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 78ª, especial, y 79ª, ordinaria, en 9 de diciembre; y 80ª, extraordinaria, en 10 de diciembre, todas del año en curso, que no han sido observadas.
IV. CUENTA

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Dos de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación del proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos (boletín N° 9.885-07).
Con el segundo retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación del proyecto de ley sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía (boletín N° 6.499-11).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
De Su Excelencia la Presidenta de la República, con el que solicita el acuerdo del Senado para designar como Consejero del Banco Central de Chile a don Mario Marcel Cullell, haciendo presente para su despacho la urgencia establecida en el párrafo segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental (boletín N° S 1.844-05).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha aprobado el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de indemnizaciones para trabajadores sujetos a contrato por obra, faena o servicio (boletín N° 9.659-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Con el segundo señala que dio su aprobación al proyecto de ley que modifica el Código Penal en lo tocante a la tipificación del delito de tortura (boletín N° 9.589-17).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De la Excelentísima Corte Suprema:
Envía copia del informe emitido con motivo de la visita efectuada por la Ministra señora Muñoz al Tribunal de Contratación Pública.
--Se remite a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, para los fines que estime pertinentes.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Expide copia de la resolución dictada en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del inciso primero del artículo 7° de la ley N° 19.946.
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante:
Remite solicitud de información, realizada en nombre del Senador señor Navarro, en lo relativo al número de naves de más de doce metros de eslora registradas desde el año 2013 hasta la fecha.
Del señor Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación:
Atiende solicitud de información, efectuada en nombre del Senador señor Navarro, acerca de las horas de clases de educación física que se realizan, en promedio, en los distintos ciclos de enseñanza.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
De las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, unidas, recaído en el oficio de Su Excelencia el Vicepresidente de la República con el que solicita el acuerdo del Senado para prorrogar, por el plazo de un año, la permanencia de tropas y medios militares chilenos fuera del territorio de la República, en Bosnia y Herzegovina (boletín Nº S 1.841-05) (con urgencia en los términos del inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental).
Segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica disposiciones aplicables a los funcionarios municipales y entrega nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (boletín Nº 10.057-06) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, con el que solicita el acuerdo del Senado para designar en el cargo de Contralor General de la República al señor Jorge Bermúdez Soto (boletín N° S 1.843-05).
--Quedan para tabla.
Moción
De los Senadores señor Horvath, señora Pérez San Martín y señor Guillier, con la que inician un proyecto de ley que concede la nacionalidad chilena por especial gracia, en forma póstuma, al ciudadano estadounidense señor Douglas Tompkins (boletín Nº 10.448-17).
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Van Rysselberghe.

La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, solicito a la Sala que autorice refundir los proyectos de ley que conceden la nacionalidad chilena por especial gracia, en forma póstuma, al ciudadano estadounidense señor Douglas Tompkins. Corresponden a los boletines números 10.433-17, 10.448-17 y 9.809-17.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado?
--Se accede.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, por encargo de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización solicito que se recabe el acuerdo de la Sala para refundir el proyecto de reforma constitucional presentado ayer por los Senadores señores Chahuán y García-Huidobro, sobre reemplazo del intendente por un gobernador regional elegido directamente y del actual gobernador por un delegado presidencial (boletín N° 10.443-06), con las iniciativas correspondientes a los boletines números 9.834-06, 10.330-06 y 10.422-06, que se encuentran ya refundidas y en estudio en la Comisión.
Naturalmente, todos estos proyectos recaen sobre la misma materia y se hallan en idéntico trámite constitucional.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Si le parece a la Sala, así se acordará.
--Acordado.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Voy a suspender la sesión para efectuar una reunión de Comités.
Se suspende la sesión por cinco minutos.
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--Se suspendió a las 16:22
--Se reanudó a las 16:31.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Continúa la sesión.


ACUERDOS DE COMITÉS

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Los Comités, en sesión de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos:

1.- Tratar en el primer lugar del Orden del Día de esta sesión el nombramiento del señor Contralor General de la República.

2.- Citar a sesión extraordinaria para el próximo martes, de 11 a 14 horas, a fin de ver el proyecto -está en el segundo lugar de la tabla de hoy- que modifica la ley N° 20.365, que establece franquicia tributaria respecto de sistemas solares térmicos; la Ley General de Servicios Eléctricos y la ley que crea la ENAP, autorizando a las Comisiones para sesionar simultáneamente con la Sala.

3.- Citar a sesión extraordinaria para el miércoles próximo, de 10 a 13 horas, y celebrar la sesión ordinaria de ese mismo día, de 15 a 18 horas.
Cabe hacer constar que en las dos sesiones extraordinarias las Comisiones están autorizadas para sesionar simultáneamente con la Sala.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- El próximo martes hay sesión ordinaria en la tarde, como corresponde.
Entonces, tendremos sesiones en la mañana y en la tarde del martes y del miércoles, y se autoriza a las Comisiones a funcionar en paralelo.
Es probable que, si hay acuerdo de las bancadas, tengamos también el proyecto de "ley corta" de Educación. Además, está el proyecto de probidad y transparencia. En realidad, tenemos muchísimas materias que tratar. Por eso los Comités unánimemente decidieron tomar esta decisión y autorizar a las Comisiones a sesionar simultáneamente con la Sala. Eso es importante recalcarlo.



SOLIDARIDAD CON VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE ESTUDIANTES DESAPARECIDOS DE ESCUELA NORMAL RURAL DE AYOTZINAPA, MÉXICO. PROYECTO DE ACUERDO

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Corresponde votar el proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señor Letelier, señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez y señores Chahuán, Coloma, García, García-Huidobro, Guillier, Horvath, Matta, Montes, Ossandón, Quintana, Quinteros, Rossi, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1.845-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 82ª, en 16 de diciembre de 2015.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El proyecto de acuerdo señala que el Senado de la República de Chile acuerda:
"Expresar su solidaridad con las víctimas y familiares de los estudiantes actualmente desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y repudiar estas crueles e inhumanas violaciones a los derechos humanos.
"Respaldar lo actuado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y compartir las recomendaciones que ha hecho al estado mexicano.
"Alentar al gobierno mexicano a tomar todas las medidas necesarias para descubrir la verdad, hacer justicia, reparar a las víctimas y crear las condiciones para que estos repudiables hechos nunca más se vuelvan a repetir.".

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto de acuerdo.
--Por unanimidad, se aprueba.
V.
ORDEN DEL DÍA



DESIGNACIÓN DE SEÑOR JORGE BERMÚDEZ SOTO COMO CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA


El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Oficio de Su Excelencia la Presidenta de República mediante el cual se solicita el acuerdo del Senado para nombrar en el cargo de Contralor General de la República al señor Jorge Bermúdez Soto, con informe de la Comisión de Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el oficio (S 1.843-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 81ª, en 15 de diciembre de 2015.
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 82ª, en 16 de diciembre de 2015.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La Comisión recibió en audiencia al señor Bermúdez, en sesión a la que también asistieron los señores Ministros del Interior y Seguridad Pública, Secretario General de la Presidencia y Secretario General de Gobierno, y los Senadores señores Horvath y Prokurica.
La Comisión deja constancia, por la unanimidad de sus miembros (Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Hernán Larraín y Tuma), de que en la proposición en estudio se ha dado cumplimiento a los requisitos, formalidades y procedimientos previstos por nuestro ordenamiento jurídico para la designación del Contralor General de la República.
Cabe tener presente que el acuerdo para nombrar al señor Jorge Bermúdez requiere tres quintos de los Senadores en ejercicio, esto es, 22 votos favorables.
Nada más, señor Presidente.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Quiero recordar que, aparte este nombramiento, que es muy relevante, debemos tratar un proyecto que también es importante -en realidad, todas las iniciativas lo son- y que requiere muchas votaciones. Me refiero al que figuraba en primer lugar de la tabla.
Por eso, los Comités se comprometieron a que en la designación del Contralor hablaría un Senador por bancada. Así que les pido a Sus Señorías, si es posible, que se cumpla esta autorregulación que ustedes mismos propusieron.

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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi.

El señor ROSSI.- Señor Presidente, solicito que se pida la anuencia de la Sala para prorrogar el plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias. Proponemos extenderlo hasta el lunes 4 de enero próximo, a las 12.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¿Les parece?
--Así se acuerda.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Ofrezco la palabra, en primer término, al Senador señor Espina.

El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, ¿me permite?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Señor Senador, usted no se ha inscrito para hablar. Si lo hace, con mucho gusto le daré la palabra.
Lo estaba mirando justamente para preguntarle si iba a intervenir.
¿Desea dar el informe?

El señor DE URRESTI.- Sí.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Muy bien. Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Constitución, Senador señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, solo le pido que se respete lo que corresponde: que el Presidente de la Comisión de Constitución entregue el informe correspondiente. Y es eso lo que voy a hacer.
En sesión celebrada el día de ayer, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento se abocó al estudio de la proposición de Su Excelencia la Presidenta de la República para designar Contralor General de la República al señor Jorge Bermúdez Soto, cargo que se encuentra vacante por el cese de funciones de don Ramiro Mendoza Zúñiga.
A esta sesión concurrieron los señores Ministros del Interior y Seguridad Pública, Secretario General de la Presidencia y Secretario General de Gobierno, además, naturalmente, de don Jorge Bermúdez Soto, quien fue especialmente invitado para la ocasión.
En la oportunidad, pudimos conocer el curriculum vitae del señor Bermúdez. Nació el 8 de julio de 1969 y es Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; Master en Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Autónoma de Madrid; Doctor en Derecho por la misma Universidad, y Posdoctorado en Derecho Ambiental por las universidades de Giessen y de Heidelberg.
Actualmente se desempeña como Profesor de Derecho Administrativo y Derecho Ambiental en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
En el ámbito profesional, ha ejercido labores en diversos organismos, tales como la Corporación Nacional Forestal de la Región de Valparaíso, la Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Defensa del Estado, la Subsecretaría de Pesca, la Superintendencia del Medio Ambiente y el gabinete del Ministerio de Defensa Nacional, entre otros. Igualmente, ha participado en el estudio de proyectos de ley y de normas reglamentarias en materia ambiental.
Asimismo, cuenta con numerosas publicaciones, monografías y proyectos de investigación en el ámbito del Derecho Administrativo, del Derecho Ambiental y de la justicia ambiental.
Además de poder apreciar su trayectoria, en dicha sesión escuchamos la exposición del señor Bermúdez, quien agradeció la nominación con que lo distinguiera la Primera Mandataria y proporcionó, en primer lugar, una visión general acerca del Órgano Contralor y de la forma como este se inserta en la situación institucional de nuestro país, señalando que buena parte de lo que ocurre con la vigencia del Estado de Derecho y con los principios de legalidad y de probidad pasa necesariamente por dicha institución.
Luego, analizó las grandes funciones que le competen, que radican en el control de la legalidad y en el deber de velar por la buena gestión de los recursos públicos, los cuales constituyen sus dos principales focos de atención.
Al revisarse la tarea relacionada con la buena gestión de los recursos públicos, se advirtió la relación que puede darse entre el poder y la corrupción, así como también entre el control de la corrupción y el desarrollo de los países. En esta materia, el señor Bermúdez insistió en que los propios conceptos de corrupción y de probidad evolucionan en el tiempo y cambian en el espacio, razón por la cual los instrumentos para perseguir las faltas que se cometen necesariamente deben irse adaptando.
A continuación, el candidato desarrolló los principios que, según él, deben orientar el trabajo de la Contraloría General de la República, mencionando, entre ellos, la ética interna que debe guiar su funcionamiento. En este ámbito, sostuvo que el Órgano Contralor ha de ser un referente en materia de probidad y un faro en la observancia de los principios de eficacia, eficiencia, economía de los recursos públicos y austeridad republicana, e hizo presente que los ciudadanos tenemos derecho a una "buena administración" y que lo debemos hacer valer.
También aludió a la intangibilidad del patrimonio público, el cual representa los recursos que pertenecen a todos los ciudadanos, por lo que su resguardo es intransable e importa una "tolerancia cero" frente a cualquier mal uso o irregularidad que pueda afectarlos.
Luego, mencionó la necesidad de que, en sus actuaciones, la Contraloría General de la República se valga de un lenguaje directo y claro, de manera que sus dictámenes y resoluciones sean comprendidos, de este modo, se eviten errores o, incluso, ilegalidades.
Igualmente, desarrolló otros principios, tales como el de la interpretación progresiva que la Contraloría debe hacer de las normas, de modo que estas no caigan en desuso y logren la finalidad pública que persiguen.
Otro tema abordado fue la necesidad de que en el seno del organismo exista la necesaria mística institucional y el debido respeto al funcionario, valorando el aporte de aquellos que han acumulado una mayor experiencia, reconociendo su carrera funcionaria y apoyando su jubilación solo en condiciones favorables y, a la vez, encantando a los más jóvenes para evitar la denominada "puerta giratoria".
También aludió a la relación de confianza y colaboración que la institución debe mantener con los Poderes del Estado, en particular con el Legislativo.
A continuación, el señor Bermúdez analizó las funciones en que la Contraloría General de la República debe poner el mayor énfasis, lo que, según explicó, no necesariamente supone que se dicten cambios normativos previos.
Destacó, en primer lugar, la tarea fiscalizadora, que es una competencia esencial de la Contraloría General de la República, por lo que debe reflejarse en el organigrama de la entidad y en los recursos humanos y materiales que se destinan para su consecución. En esta materia, abordó aspectos como la oportunidad en que ella debe desarrollarse, que no siempre será ex post; la nitidez con que deben señalarse las observaciones y las no conformidades que se detectan frente a una determinada situación; el seguimiento que debe hacerse a los informes de auditoría, y los criterios que deberían atenderse al actualizarse los "mapas de riesgo" en las diversas instituciones.
Después expuso acerca de la función jurídica que le corresponde al Órgano Contralor, explicando los principios que orientan esta tarea, los cuales forman parte del Estado de Derecho y se aplican directamente a la Administración. Igualmente, se refirió a los efectos que la toma de razón debería tener para la propia Contraloría, de manera de evitar contradicciones, y a la necesidad de transparentar el procedimiento administrativo en materia de emisión de dictámenes.
Como aspectos complementarios de la actuación de la institución, indicó que sería pertinente reactivar el contencioso funcional ante la Contraloría para que los empleados públicos pudieran reclamar de las vulneraciones que afecten sus derechos, que es una instancia que progresivamente ha ido cayendo en desuso.
También explicó que el Órgano Fiscalizador podría ofrecer capacitación a los funcionarios de la Administración activa, lo que no solo implica que estos conozcan las normas de probidad, sino también las de "buena administración", que son valiosas herramientas para detectar y frenar focos de corrupción.
Complementando su exposición, reseñó algunos aspectos del funcionamiento interno que debieran ser objeto de una revisión en la institución. Es el caso de la carrera funcionaria del personal, la cual se perjudica por el hecho de ser la totalidad de los empleados de la confianza del Contralor. También se refirió a la potenciación de las regiones, lo que puede lograrse disponiendo dotaciones adecuadas de personal para las oficinas regionales y delegando algunas facultades del nivel central, sin necesidad, incluso, de efectuar ajustes legales previos. Adicionalmente, aludió a la conveniencia de crear una Contraloría Regional para la Región Metropolitana, instancia que hoy no existe.
A la vez, planteó ideas a considerar, tales como la creación de un Centro de Estudios Avanzados de la Administración Pública, vinculado a la Contraloría General de la República; el ejercicio de una función docente por parte de la institución, destinada a entregar una habilitación para ingresar a la Administración; la creación de un contencioso administrativo para todas aquellas materias que no tengan un contencioso administrativo especial, incluyendo un reclamo de ilegalidad ante las cortes de apelaciones; la incorporación de la Consulta Indígena en aquellas actuaciones que puedan afectar a las poblaciones protegidas, y la actualización, en el corto plazo, del anteproyecto de ley orgánica de la institución.
Luego de escuchar esta exposición, los miembros de la Comisión formularon al señor Bermúdez numerosas preguntas y observaciones relacionadas con los temas tratados, todas las cuales fueron objeto de las respectivas respuestas y explicaciones. De este modo, pudo profundizarse en aspectos como la necesidad de modernizar los procedimientos de la Contraloría; la independencia y autonomía con que debe desarrollar su acción; la pertinencia de aplicar una fiscalización de mérito frente a las actuaciones e inversiones que realizan importantes instituciones y empresas públicas, y la necesidad de preservar el principio de austeridad republicana que debe guiar la totalidad de los organismos públicos.
Todo lo expuesto por el señor Bermúdez consta en el informe que hemos evacuado, el que permitirá a los señores Senadores apreciar en detalle el intercambio de opiniones y antecedentes que se produjo en la sesión del día de ayer.
Puedo señalar, finalmente, que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por la unanimidad de sus miembros, los Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Tuma (quien remplazó al Senador señor Harboe) y Larraín, acordó informar a la Sala que la proposición para nombrar a don Jorge Bermúdez Soto como Contralor General de la República cumple los requisitos, formalidades y procedimientos previstos por nuestro ordenamiento jurídico vigente.
He dicho.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Agradecemos el completo informe del Senador señor De Urresti.
Y aprovechamos de saludar la presencia del señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, don Jorge Burgos Varela, quien también estuvo ayer en la Comisión de Constitución presentando al candidato propuesto por el Ejecutivo.
Hay una petición para abrir la votación.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En votación la propuesta de la Presidenta de la República para designar Contralor General de la República al señor Jorge Bermúdez Soto.
--(Durante la votación).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, quiero señalar que los Senadores de Renovación Nacional vamos a votar a favor de la nominación de don Jorge Bermúdez Soto.
Lamentamos que el proceso de designación del Contralor haya tomado más de diez meses. Y nos alegramos mucho de que nuestro jefe de bancada, el Senador Baldo Prokurica, haya logrado finalmente consenso en esta materia, lo cual resulta relevante en un cargo de tanta trascendencia.
La verdad es que el currículum de don Jorge Bermúdez es simplemente impresionante. En un cargo tan significativo -el de Contralor General de la República es, respecto de la fiscalización y uso de los fondos públicos, probablemente el más importante-, se requiere que la persona que lo ocupe reúna tres requisitos, que el postulante cumple: primero, una vasta experiencia en el ejercicio de labores vinculadas al servicio público; segundo, un currículum académico destacado, y tercero, una trayectoria en cuanto a investigaciones realizadas y libros y publicaciones editados, que demuestren un amplio conocimiento de la materia, no solo teórico, sino también práctico.
Además, quiero destacar que la intervención del señor Bermúdez en la Comisión de Constitución fue completísima. Hemos escuchado muchas exposiciones, pero la suya ha sido una de las más notables que a mí, al menos, me ha tocado presenciar.
Desde luego, el candidato define muy bien las funciones de la Contraloría y señala que, entre sus aspectos centrales, están el control de la legalidad y el deber de velar por la buena gestión de los recursos públicos. Fíjense bien: el control de la legalidad y velar por la buena gestión de los recursos públicos.
Ahí hay dos aspectos esenciales que debe cumplir la Contraloría.
Por regla general, se pone mucho acento en el control de legalidad, pero no se pone igual énfasis en el deber de velar por la buena gestión de los recursos públicos.
Por lo tanto, muchos recursos que el Estado invierte son, desde el punto de vista legal, bien utilizados, pero, desde la óptica de la gestión propiamente tal, a veces no cumplen la finalidad para la cual fueron establecidos en los programas respectivos, lo cual provoca que estos se dupliquen o carezcan de la calidad adecuada.
Asimismo, el señor Bermúdez hizo un análisis completo respecto de la ética interna que debe guiar el funcionamiento de la Contraloría, el cual es otro aspecto central. En este caso, todos los funcionarios del Órgano Fiscalizador tienen un poder de tal envergadura, que su comportamiento ético resulta fundamental y es una de las razones por las cuales esta institución es una de las más prestigiosas de nuestro país.
Luego, el postulante hizo referencia al lenguaje directo y claro del cual deben valerse las resoluciones de la Contraloría. Explicó el señor Bermúdez que muchas veces las resoluciones o interpretaciones de la entidad tienen un lenguaje relativamente ambiguo, lo cual entorpece la posibilidad de que los ciudadanos y los funcionarios públicos sepan exactamente cuál es el pensamiento, la doctrina y la interpretación aplicadas al respecto. Por esa razón, el postulante hizo hincapié, como un aspecto central, en que el lenguaje debe ser directo y claro.
Luego habló de un principio llamado "interpretación progresiva de la norma", que a mi juicio es fundamental. Hay un montón de normas que, como no son reinterpretadas o actualizadas en su interpretación de acuerdo a los cambios que van ocurriendo, quedan en el olvido o que, al momento de aplicarse, suscitan profundas diferencias en cuanto a su verdadero sentido, lo cual contradice el propósito de los dos principios ya indicados: la buena gestión en el uso de los recursos públicos y el control de legalidad.
Además, el señor Bermúdez citó otro elemento muy relevante: la relación de confianza y colaboración que se debe mantener con los distintos Poderes del Estado.
Los Poderes del Estado no solo están para fiscalizar, sino también para orientar, enseñar y, de alguna manera, hacer comprender la adecuada forma como se deben utilizar los recursos públicos cuando existen interpretaciones dudosas.
Finalmente, voy a mencionar algunas iniciativas adicionales que el postulante señaló:
-La creación del Centro de Estudios Avanzados de la Administración Pública.
-La implementación de una certificación de "buena administración" de los servicios públicos, teniendo presente que ella incluye mucho más que el solo principio de probidad.
-La creación de un contencioso administrativo.
-Una mayor incorporación de medios electrónicos.
En resumen, señor Presidente, la del señor Bermúdez fue una intervención completísima, notable, que nos va a permitir contar, por los próximos ocho años -confiamos en que así será-, con un Contralor General que estará a la altura del cargo y de la responsabilidad que significa dirigir una institución de tan enorme importancia.
Por esa razón, los Senadores de Renovación Nacional votaremos a favor de la nominación del candidato.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Araya.

El señor ARAYA.- Señor Presidente, quiero anunciar que la bancada de Senadores de la Democracia Cristiana votará a favor de la propuesta de la Primera Mandataria en orden a que el señor Jorge Bermúdez Soto sea el próximo Contralor General de la República.
Ayer, como muy bien lo relató el Senador Alberto Espina, el postulante concurrió a la Comisión de Constitución, donde hizo una larga exposición sobre cuál es su visión de la Entidad Fiscalizadora, cuáles son los fundamentos que esta debe reunir y cómo tiene que prepararse para los nuevos desafíos que exige el día de hoy, sobre todo cuando los temas de probidad pública constituyen el eje central de la discusión cotidiana entre los chilenos.
Tuve el agrado de conocer al señor Jorge Bermúdez hace un par de años, por una coincidencia de carácter académico, dado que él es un connotado profesor de Derecho Administrativo y de Derecho Ambiental en una universidad porteña. Ha realizado toda su carrera profesional docente en Valparaíso, lo que le da un doble mérito para llegar a la Contraloría, por tratarse de una persona que vive en regiones.
En esa época, a propósito de un libro muy consultado de su autoría, llamado "Derecho Administrativo General", me tocó discutir con él algunos temas relacionados con el texto, ocasión en la que pude apreciar su capacidad intelectual.
Posteriormente, cuando fui Diputado, me correspondió verlo en la tramitación del proyecto de ley que creó la Superintendencia del Medio Ambiente, asesorando en ese entonces al Gobierno de la Presidenta Bachelet en la discusión parlamentaria y después en lo que significó la instalación de dicha entidad.
Luego, durante el Gobierno del Presidente Piñera, el señor Bermúdez desempeñó funciones en el Ministerio de Defensa, relacionadas con la dictación de los reglamentos y la instalación de la nueva ley orgánica de esa Cartera, así como también en la discusión relativa a la Ley Reservada del Cobre.
Este carácter demuestra que el profesor Jorge Bermúdez -en un rato más, esperamos, nuevo Contralor General de la República- cuenta con una alta capacidad técnica y con un respaldo transversal, toda vez que ha sido consultado por distintos Gobiernos en temas de Derecho Administrativo.
Eso, a mi juicio, comprueba que reúne los requisitos que como bancada de Senadores democratacristianos planteamos como parte del perfil del nuevo Contralor.
Primero, una persona que no esté sujeta a ningún tipo de cuestionamiento, dado que hoy la demanda por transparencia y probidad que reclama la ciudadanía es bastante más exigente que hace un par de años.
En segundo lugar, que cuente con una alta capacidad técnica y el reconocimiento de sus pares, para que no haya discusión alguna respecto de sus atributos profesionales. De ello da cuenta -y los señores Senadores pueden consultarlo- el extenso currículum académico y laboral del profesor Jorge Bermúdez.
Y el tercer requisito solicitado apuntaba a que el Senado pudiera respaldar, ojalá en forma unánime o al menos por una gran mayoría de votos, al candidato propuesto, de tal modo de poner de relieve que el nuevo Contralor posee el respaldo político requerido para llevar adelante las acciones necesarias en pos de la modernización de la Contraloría.
Asimismo, quiero hacer hincapié en un aspecto señalado por el profesor Bermúdez el día de ayer y en el cual el Senador Espina no profundizó tanto en su intervención: la necesidad de que la Contraloría, dentro de su afán de modernización, cuente con una nueva ley orgánica.
Dentro de eso, hay que hacerse cargo de la planta de la entidad, pues una preocupación permanente de sus funcionarios es el hecho de que cada vez que se designa a un nuevo Contralor se puede producir un cambio completo de la dotación. La Contraloría es el único organismo en nuestro país en que su máxima autoridad se halla facultada para despedir a todos los funcionarios que trabajan en él.
El día de ayer el señor Bermúdez puntualizó que la política que va a aplicar en materia de personal se orienta a retener a los buenos profesionales, a no iniciar despidos y, más bien, a fortalecer la Contraloría. Por eso, ojalá que el Gobierno de la Presidenta Bachelet y la próxima Administración escuchen la voz del Órgano Fiscalizador en cuanto a su petición de contar con una ley que resguarde la carrera funcionaria y le permita tener fiscalizadores de primer nivel, que no se sientan amenazados con esta suerte de incertidumbre que se genera cada vez que cambia su máxima autoridad, más aún cuando el señor Bermúdez ha manifestado que la Contraloría debe avanzar en darles certeza y seguridad a los chilenos en el sentido de ser un organismo técnico, independiente y eficiente en el control de los recursos públicos.
A mí me gustó mucho que el candidato no se quedara en el control formal que debe realizar la Contraloría y se hiciera cargo, en su exposición, de la necesidad de entrar a controles de fondo, pero en una gestión colaborativa con la Administración, de manera tal de no entrabar los distintos proyectos que tienen los gobiernos municipales, los gobiernos regionales y el gobierno nacional.
Dicho eso, señor Presidente, anuncio nuestro voto favorable al nombramiento del señor Jorge Bermúdez como próximo Contralor General de la República, esperando que lleve adelante todas las propuestas que hizo el día de ayer en la Comisión de Constitución en torno a la modernización de la institución.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Gracias, señor Presidente, por darme la oportunidad de referirme al nombre que postula el Gobierno para asumir la jefatura de la Contraloría General de la República.
Para la bancada de Senadoras y Senadores de la Unión Demócrata Independiente, la propuesta del Ejecutivo cumple en la mejor forma posible las exigencias que uno espera de la persona que se desempeñe en el cargo de Contralor. Quizás son muchas, pero la principal dice relación con la verdadera independencia que ella debe tener en el ejercicio de la función que le corresponde realizar.
La Contraloría fiscaliza el gasto público y lleva a cabo el control de legalidad de los actos de la Administración del Estado. Es una tarea compleja, extensa y de carácter nacional, por lo que requiere la mayor independencia para que sus dictámenes sean acordes con la labor que debe efectuar.
Por lo tanto, se requiere que la persona que encabece la institución tenga probidad; sentimientos éticos -las declaraciones y las consecuencias en su vida profesional indican que el señor Bermúdez los posee-, y, finalmente, preparación. Por los antecedentes que aquí se han mencionado y que no voy a repetir, el señor Bermúdez tiene toda la formación que uno esperaría de la persona que va a desempeñar el cargo de Contralor.
Ahora, respecto de los temas centrales que le planteamos y que tocó en su exposición, quiero destacar más de alguno que ya mencionaron quienes me antecedieron en el uso de la palabra.
En cuanto al compromiso con la modernización, si bien es cierto se ha ido avanzando -creo que la gestión de Ramiro Mendoza en tal aspecto fue muy exitosa-, la posibilidad de tener una Contraloría que funcione de manera desburocratizada, en los tiempos y ritmos de la era digital, en los que todo es instantáneo, resulta algo imperioso. Y eso exige una modificación permanente de la forma y de los procedimientos con que aquella actúa.
Hay un compromiso de avanzar, incluso a través de cambios normativos significativos.
En segundo lugar, hay un compromiso con la regionalización.
Como Senador de la Región del Maule Sur, en particular, advierto que la Contraloría aún es un organismo extraordinariamente centralizado. Tanto es así que el mismo señor Bermúdez remarcó que no existe Contraloría en Santiago, porque, obviamente, es de Santiago. Hay algunas otras que son regionales, pero que al final no tienen la última palabra, no toman la última decisión.
Como el Contralor tiene muchísimas atribuciones, el señor Bermúdez sostuvo que sin cambios normativos significativos podría avanzar desde ya en la descentralización.
Asimismo, en instituciones sometidas a control se puede progresar en revisar sus procedimientos. Por ejemplo, las universidades estatales sufren muchas limitaciones en su funcionamiento precisamente porque están sujetas a exigencias y a rigideces de que no son objeto otras casas de estudios superiores. Y eso las limita y hace más complejo su desarrollo.
De otra parte, el señor Bermúdez nos manifestó su preocupación por lo que él llama "Constitución monárquica", cuestión a la que recién se refirió el Senador Pedro Araya.
Es bastante anómalo el hecho de que en la mano del Contralor esté la dependencia de todos los funcionarios de la Contraloría. Eso es algo absolutamente monárquico, efectivamente, e inaceptable en un Estado de Derecho democrático.
Yo me pregunto -veo a algunos funcionarios municipales en las tribunas- qué pasaría si el alcalde fuera el dueño de todos los cargos de una municipalidad o un ministro de todos los cargos de un ministerio. Sabemos lo que significaría: un caos.
Esa situación no puede continuar y creo que al respecto hay conciencia en el próximo Contralor. Una ley orgánica debería regularizar ese aspecto, porque, a pesar de que en general se ejerce bien el cargo, existen cierta tradición y buen criterio en los Contralores, y el día en que no los haya estarán actuando ante la ley y no habrá cómo modificar su criterio.
Estas consideraciones en torno a su persona, los criterios de legibilidad a que nos hemos referido y la forma como el profesor Jorge Bermúdez enfocó distintos temas en su presentación nos hacen pensar que está perfectamente preparado para desempeñarse como Contralor, y en tal sentido van a votar estas bancadas.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, en nombre de la bancada Independientes, conformada por los Senadores Antonio Horvath, Alejandro Guillier y quien habla, debo manifestar que vamos a apoyar la nominación del profesor Jorge Bermúdez Soto, con mucho gusto.
Digo que lo haremos con mucho gusto porque hace aproximadamente cinco meses los tres Senadores mencionados le planteamos al Gobierno su nombre como un excelente postulante al cargo de Contralor General de la República.
Es un hombre que tiene una experiencia y una trayectoria largas en materia de Derecho Administrativo; es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, de nuestra Región.
En síntesis, conoce al revés y al derecho todo lo que significan los asuntos públicos del Estado, sobre todo en materia administrativa.
Fue galardonado como el mejor abogado en materia de Derecho Administrativo el año recién pasado. Además, es un hombre joven, es un hombre de región. Y, por muchas otras razones, consideramos que por fin el Gobierno realmente tomó una muy buena decisión con su nombramiento.
Por lo tanto, votaremos a favor.
No obstante, quiero agregar lo siguiente.
La Contraloría es el faro de probidad que tenemos en nuestro país. El próximo año hay elecciones municipales y creo muy importante que el nuevo Contralor asuma con la fuerza y el ímpetu que lo llevaron a sostener el día de ayer su afán de terminar con los focos de corrupción que existen en Chile. Y uno de los mayores focos de corrupción existentes en nuestro país se da precisamente en las municipalidades.
Por tal razón, creo que él tiene muy claros los objetivos de la Contraloría General de la República.
Por último, este cargo excede al Gobierno de turno, al actual y al próximo, sea cual sea su signo político. De ahí que considero tan importante -siempre estuvo en la mente del Comité Independientes- que este cargo lo ocupe una persona con trayectoria en Derecho Administrativo y, sobre todo, con mucha autonomía para combatir la corrupción en los asuntos de Estado.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, en nombre de la bancada del Partido Por la Democracia, quiero entregar el más absoluto respaldo a la decisión que ha tomado la Presidenta Bachelet en orden a proponer al Senado a don Jorge Bermúdez Soto para ocupar este cargo tan relevante en una institución tan fundamental de la república, como la Contraloría General.
Se trata -tal como han sostenido distintos colegas- de un profesional joven, meritorio, lo cual es digno de subrayar. Es alguien -cuestión que también destacó el Senador Lagos Weber- de la Región de Valparaíso. Y eso le otorga una dimensión muy relevante.
Aparte de ser abogado tiene un máster, un doctorado en Derecho, y cuenta con una especialización muy interesante en temas ambientales, área en la cual el Estado le ha permitido entregar su vocación de servicio público. Además, recientemente obtuvo un reconocimiento de una entidad estadounidense en materia de Derecho Administrativo.
Es indispensable para un Contralor General de la República la validación de sus pares. Y, en tal sentido, se trata de una persona de excelencia, con una gran formación, que conoce el aparato público.
En este último punto es probable que tengamos alguna diferencia con uno que otro colega, porque en la presentación anterior que hizo el Gobierno se señaló que no era bueno postular a alguien que hubiese formado parte de la Administración del Estado en alguno de sus niveles.
Pero Jorge Bermúdez Soto no ha estado en ningún nivel político de las distintas Administraciones. Ha sido consultado en materias técnicas, como ocurrió en el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet, especialmente en el ámbito de materias medioambientales, para la creación de una Superintendencia. De la misma forma, fue requerido durante el Gobierno del Presidente Piñera para temas muy especializados de Defensa y de Obras Públicas.
Por lo tanto, el sinnúmero de planteamientos que él formuló -y así nos lo hizo ver el Senador Eugenio Tuma, quien remplazó ayer al Honorable señor Harboe en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento- son centrales en el momento que atraviesa nuestro país, en opinión de la bancada PPD.
Hay un asunto de confianza. Hemos visto recientemente los resultados de algunas encuestas donde se sigue manifestando la preocupación de los chilenos por el funcionamiento de la democracia, entre otros puntos, sin duda. Aquí están lo relativo a la falta de probidad, al traspaso de los límites de la ética, de la utilización irregular de los recursos privados en lo público y, en algunos casos, con la comisión de delito.
Y de todo eso también tiene que hacerse cargo la Contraloría, particularmente el Contralor.
Por lo tanto, se trata de una institución fundamental para una tarea esencial en un momento importantísimo de nuestro país. Esto no se puede disociar de lo que es una agenda de probidad.
Nos señalaba el Senador Tuma que hay que proteger el patrimonio fiscal, usar un lenguaje que no solo comprenda el órgano contralor y los servicios fiscalizados, sino además los ciudadanos.
Los tiempos de respuesta a la inversión son algo indispensable. Aquí se han caído hospitales, porque a veces los tiempos de toma de razón de la Contraloría son excesivos.
Esto no ocurre solo en materia sanitaria, de hospitales. También se da -y este es un tema por debatir, por revisar- en ámbitos muy especializados del aparato del Estado, como Obras Públicas, en que hay ingenieros, constructores, personas que tienen que entregar una mirada técnica.
¿Qué ocurre? Que con el correr del tiempo la Contraloría ha ido estableciendo contrapartes para eso. Yo no sé si esa es su tarea central. Lo que sí lo es -lo señaló muy bien el Senador informante de la Comisión- tiene que ver con el control de legalidad y también, por supuesto, con el buen uso de los recursos públicos.
Hay áreas de la Administración del Estado, concretamente algunas que están fuera del rol fiscalizador de la Contraloría, como la relativa a los gastos reservados del Ejército, en que ella perfectamente podría tener algo que ver y decir cuando no se estuviera haciendo un buen uso de los recursos públicos.
Como se ha dicho, la totalidad de los cargos que van a colaborar con el Contralor son de exclusiva confianza. Y, por lo tanto, aquí se requiere una ley orgánica, con un sinnúmero de instrumentos que el propio futuro Contralor, Jorge Bermúdez, ha propuesto: creación del Centro de Estudios Avanzados de la Administración Pública, vinculado a la Contraloría General; una función docente también al alero de esa institución.
Por todos los planteamientos que hemos formulado, por tratarse de una persona con alta formación profesional y por ser un órgano que necesita a alguien del perfil de Jorge Bermúdez, la bancada del PPD vota que sí.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba la proposición de la Presidenta de la República, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que 33 señores Senadores se pronuncian a favor.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).


El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Señor Jorge Burgos, Ministro del Interior, le agradecemos su presencia.
Ya que la sede del Congreso está en la Quinta Región, también felicitamos a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, por tener entre sus exalumnos a un Presidente de la Corte Suprema, a un Contralor General de la República, a un Fiscal Nacional.
Es un mérito para esa casa de estudios superiores.
¡Así que los Senadores de Valparaíso pueden estar orgullosos!

El señor LAGOS.- ¡Está haciendo lobby...!
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¡Estamos haciéndole propaganda gratis...!
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- En este momento ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
Informes
Segundo informe de la Comisión de Minería y Energía, e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto que modifica la ley N° 20.365, que establece una Franquicia Tributaria respecto de Sistemas Solares Térmicos; la Ley General de Servicios Eléctricos, y la ley que crea la Empresa Nacional de Petróleo (boletín N° 9.628-08) (con urgencia calificada de "suma").
--Quedan para tabla.



FORTALECIMIENTO DE DISPOSICIONES APLICABLES A FUNCIONARIOS MUNICIPALES


El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica disposiciones aplicables a los funcionarios municipales y entrega nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, con segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización e informe de la Comisión de Hacienda, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.057-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 22ª, en 20 de mayo de 2015 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 45ª, en 19 de agosto de 2015.
Gobierno, Descentralización y Regionalización (segundo): sesión 82ª, en 16 de diciembre de 2015.
Hacienda: sesión 82ª, en 16 de diciembre de 2015.
Discusión:
Sesión 45ª, en 19 de agosto de 2015 (se aprueba en general).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Las Comisiones dejan constancia, para efectos reglamentarios, de que los artículos 3°, 9° y 10 permanentes (que pasaron a ser 2°, 6° y 7°, respectivamente) y los artículos segundo, quinto y décimo transitorios no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, con el acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.
Cabe dejar constancia de que se trata de normas orgánicas constitucionales y, por ello, para su aprobación se requieren 21 votos favorables.
Por su parte, el artículo cuarto transitorio del proyecto, que no fue objeto de enmiendas en la discusión en particular, precisa asimismo 21 votos a favor para su aprobación, por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional.
La Comisión de Gobierno y la de Hacienda efectuaron diversas enmiendas al texto aprobado en general, la mayor parte de las cuales fueron aprobadas por unanimidad, con excepción de aquellas que serán puestas en discusión y votación oportunamente, sin perjuicio de las votaciones separadas que han pedido algunos señores Senadores.
De las enmiendas unánimes, las recaídas en los artículos 1°, 3° y 4° permanentes y en los artículos primero, tercero, sexto, décimo tercero y décimo cuarto transitorios requieren para su aprobación 21 votos favorables, por ser también normas de rango orgánico constitucional.
Las modificaciones recaídas en el numeral 6) del artículo 4° y en los numerales 1), 2) y 5), nuevo, del artículo 5° permanente y en los artículos noveno y undécimo transitorios son también normas orgánicas constitucionales y se pondrán en discusión y en votación en su oportunidad, por haberse acordado por mayoría o existir diferencias entre las Comisiones informantes.
Hay que recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador solicite votación separada respecto de algunas de ellas o existan indicaciones renovadas.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado, que transcribe el texto aprobado en general; las enmiendas realizadas por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización; las modificaciones efectuadas por la Comisión de Hacienda, y el texto final que resultaría de ser acordadas.
De consiguiente, en primer término habría que dar por aprobadas las normas que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, dejando constancia, naturalmente, del quórum orgánico constitucional pertinente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En discusión en particular.


El señor ESPINA.- Señor Presidente, un asunto reglamentario.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, quiero decir lo siguiente para que quede claro cómo vamos a votar.
Entiendo que se discutirán y votarán los artículos en que haya diferencias entre la Comisión de Gobierno y la de Hacienda.
Por tanto, pido que se puedan discutir todos los artículos en que existan modificaciones, acerca de muchos de los cuales no habrá debate.
Repito que en la gran mayoría de ellos -lo garantizo- no habrá discusión, porque estamos de acuerdo con los cambios que hizo la Comisión de Hacienda respecto de la de Gobierno. Pero hay algunos en que no lo estamos.
Quiero destacar dos a lo menos para que la Secretaría los tenga en cuenta: en la página 65, en lo referido a la licencia de educación media o su equivalente; y en la página 66, en lo concerniente a que las plantas podrán considerar requisitos específicos para determinados cargos.
Y como usted, señor Presidente, conduce la sesión con bastante equidad, insisto en que todos los artículos en los que tuvimos diferencias entre ambas Comisiones se puedan debatir.
Vuelvo a insistir: probablemente en la gran mayoría de los casos no habrá debate, pero en algunos sí se puede producir.
Esa es mi petición.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela, antes de que el señor Secretario aclare el punto.

El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, a fin de ordenar el debate, como tenemos dos informes, uno de la Comisión de Hacienda y otro de la de Gobierno, creo que sería bueno para la Sala que ambos Presidentes dieran una breve cuenta de las modificaciones que se incorporaron en cada una de ellas.
En lo personal, me gustaría que se aclarara, con las normas respectivas, cuáles son las principales objeciones de los funcionarios municipales a esta iniciativa. Se trata del cumplimiento del Protocolo de Acuerdo suscrito con el Gobierno; y, por lo tanto, deseo saber en qué normas está reflejado ese documento, que tanto debatieron la Comisión de Hacienda del Senado y la de Gobierno.
Pienso que eso nos permitiría aclarar y acelerar el debate.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, cuando el Reglamento habla de votar "sin debate", se refiere expresamente a aquellas modificaciones aprobadas por unanimidad en ambas Comisiones, sin perjuicio de que un señor Senador pueda pedir -como se hizo- su discusión y votación.
Pero en ese caso, esa petición tiene que ser acordada en forma unánime por la Sala.
Naturalmente, basta que en una de las dos Comisiones informantes no haya existido unanimidad para que la enmienda pertinente deba ser debatida y votada, al igual como sucede con las normas respecto de las cuales se pide votación separada, como las que ya han solicitado algunos señores Senadores.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Me parece bien la propuesta de que hablen primero los Presidentes de las Comisiones.

El señor CHAHUÁN.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor CHAHUÁN.- Solo quiero pedir votación separada del número 2 del artículo undécimo transitorio.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Bien, señor Senador.
Si le parece a la Sala, le daré la palabra en primer lugar al Presidente de la Comisión de Gobierno, Honorable señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, más que informar lo que hizo la Comisión, sugiero ir viendo artículo por artículo.
¡Es absurdo informar normas si el otro órgano técnico planteó algo distinto!

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Muy bien. No hay ningún problema.
Me parece razonable el planteamiento.
Lo que pasa es que había una propuesta del Senador señor Víctor Pérez.

El señor PÉREZ VARELA.- ¡Pareciera que no recuerda los artículos con problemas...!

El señor ESPINA.- No. Me acuerdo perfectamente bien de todos ellos. Los tengo subrayados.
¡No le haga caso, señor Presidente...!

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, más que referirme al aspecto procedimental planteado, quisiera hacer una exposición general de todos los temas vinculados al Protocolo que se firmó con los funcionarios municipales e indicar cómo este se cumplió.
Después de eso podemos entrar a la cuestión formal del debate.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Muy bien.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Antes, pido autorización de la Sala para que pase a remplazarme en la testera el Honorable señor Tuma por unos minutos.
Acordado.
--Pasa a dirigir la sesión el Senador señor Tuma, en calidad de Presidente accidental.
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El señor TUMA (Presidente accidental).- Continúe, Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, este proyecto efectivamente fue tratado por la Comisión de Gobierno, en la cual participo junto con el Senador Espina, quien la preside, y también por la de Hacienda, que yo dirijo.
En esta última instancia analizamos la iniciativa bajo un criterio -y se lo hicimos presente al Ejecutivo-: que había que cumplir el Protocolo acordado con los funcionarios municipales.
En virtud de ello, hice un punteo sobre los contenidos del proyecto.

1.- Se faculta al alcalde para que, con acuerdo del concejo municipal, consultado en forma previa un comité bipartito y paritario compuesto por funcionarios y representantes del jefe comunal, se creen o modifiquen las plantas de personal cada ocho años, a partir del 1 de enero de 2018.
Ese es el primer compromiso.
Dichas plantas no han experimentado cambios desde 1994. La creación de nuevos cargos o la modificación de los existentes nunca afectará -así se halla establecido en la iniciativa- los derechos adquiridos por los funcionarios municipales.

2.- La ley en proyecto fortalece la descentralización, en atención a que cada municipalidad fijará sus plantas según sus necesidades, teniendo como requisito que el gasto en personal no exceda el 42 por ciento de los ingresos propios.
Además, se promueve la profesionalización de los municipios: un 75 por ciento de los cargos que se creen deberá estar conformado por técnicos o profesionales.

3.- Se establecen normas de responsabilidad fiscal y de probidad para el proceso de fijación de plantas. Para esto, los ingresos propios a tener presentes deben ser tomados del promedio de los tres últimos años. Tal relato histórico determinará la cantidad de recursos que las municipalidades dispondrán para modificar las plantas.

4.- Se concede una asignación profesional -era uno de los compromisos relevantes acordados con los funcionarios municipales-, a partir del 1 de enero de 2016, al personal de los estamentos directivos, profesionales y jefaturas, homologándolos así con sus pares de los ministerios y servicios. Esta norma beneficiará a más o menos 8.700 funcionarios.
Asimismo, se crea una asignación especial de Directivo-Jefatura para los funcionarios que no posean título profesional, la que corresponde al 50 por ciento de la asignación profesional.

5.- Se mejoran las remuneraciones de quienes ocupan cargos en las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares: los que estén entre los grados 15° y 20°, ambos inclusive, subirán dos grados (uno en 2016 y otro en 2017), y quienes estén entre los grados 10° y 20°, ambos inclusive, lo harán en un grado el próximo año. Esto beneficiará a alrededor de 24 mil funcionarios, tanto de planta como a contrata.

6.- Todos aquellos que reciban asignación profesional o incrementos de grado tendrán, además, derecho a un bono equivalente a cuatro meses de sus mejoras, a pagar el año 2016.

7.- Se autoriza al alcalde para que el personal a contrata en el municipio que tiene cinco años de antigüedad pase a la planta sin exigírsele concurso. De esta forma, se hace un reconocimiento a esos funcionarios y se les da estabilidad.

8.- Se permite que los funcionarios ya retirados de los municipios accedan al bono poslaboral.

9.- A fin de que las municipalidades paguen las mejoras de su personal, se dispone de un aporte fiscal de 34 mil millones de pesos para 2016 y de 36 mil millones de pesos para 2017.

10.- Casi se quintuplica, a partir del año 2018, el aporte que el Estado debe efectuar al Fondo Común Municipal.

11.- Se establecen normas de participación al permitir consultas a las asociaciones locales de funcionarios y la constitución de un comité bipartito y paritario, como ya lo mencioné.

12.- Se modifica el límite de gastos en personal: de 35 por ciento se pasa a 42 por ciento de los ingresos propios, a objeto de incorporar funcionarios de planta y a contrata. En las vacantes que queden en cargos a contrata, se debe priorizar al personal a honorario.

13.- Se faculta a las municipalidades para que en el reglamento interno puedan crear nuevas unidades, asignándoles funciones que la ley les otorga a otras unidades que se indican.

14.- También se asignan nuevas funciones a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, la que deberá recepcionar la información de los municipios, etcétera.

15.- Finalmente, se prohíbe la supresión de empleo.
Señor Presidente, uno de los puntos más discutidos en la Comisión de Hacienda, una vez que la iniciativa fue despachada por la de Gobierno, fue el reclamo de los funcionarios por el efecto retroactivo que debiera contemplar la ley en proyecto. Al respecto, se llegó a un acuerdo con ellos, razón por la cual tales normas empezarán a regir a partir del 1 de enero de 2016.
A pesar de establecerse esa vigencia, también se acordó mantener el bono de los cuatro meses contemplado para los funcionarios municipales, atendido el efecto retroactivo que se reclamaba desde cuando comenzó la tramitación de la iniciativa.
Pienso que esas son las razones, señor Presidente, que explican por qué la gran mayoría de las enmiendas fueron aprobadas por unanimidad tanto en la Comisión de Hacienda como en la de Gobierno.
Las dos disposiciones en que hubo discrepancia entre ambas instancias legislativas son las que señaló el Senador Espina, las que deben ser tratadas por separado.

El señor TUMA (Presidente accidental).- Le solicito al señor Secretario que vayamos viendo artículo por artículo.
Habrá que dejar pendiente la primera votación hasta que contemos con el quórum suficiente. Faltan dos señores Senadores.
Aprovecho de solicitar la unanimidad de Sus Señorías para que el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, pueda ingresar a la Sala.
--Se autoriza.

El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, lo primero que corresponde hacer es pronunciarse sobre la votación separada solicitada por el Honorable señor Coloma. Es respecto del inciso final del artículo 1° (página 2 del boletín comparado), que dice: "Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los Alcaldes, ni a los Jueces de Policía Local.".
Su Señoría pide que se vote separadamente la expresión "ni a los Jueces de Policía Local".
Cabe precisar que la gran mayoría de las modificaciones propuestas son normas de quórum orgánico constitucional. De consiguiente, la aprobación de la norma que se ha pedido votar separadamente requiere cumplir con el quórum correspondiente.

El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, en primer lugar, deseo señalar que se pensaban asignar este año los justos beneficios económicos contemplados en el proyecto para los funcionarios del sector municipal.
En efecto, si miramos los artículos primero a sexto transitorios del texto aprobado en general, veremos que, originalmente, se contemplaba para 2015 un aporte extraordinario de 12 mil millones de pesos.
Como esta ley va a entrar en vigencia el próximo año, se cambiaron los montos: 32 mil millones de pesos para 2016 y 36 mil millones para 2017.
De todas maneras, ahí hubo un pequeño recorte. No queremos dejar pasar ese hecho. Inicialmente, se habían considerado más recursos. ¡Eso hay que seguir peleándolo!
En segundo término, cabe destacar que las normas propuestas se aplicarán por un período largo, más allá del término de la gestión de un alcalde. Este es otro de los puntos que las organizaciones de trabajadores municipales exigieron justamente. Nosotros no le dimos el vamos a una reforma constitucional -con la ley aparejada- porque aún no se contaba con esta garantía.
Respecto de lo que se ha puesto en discusión, me parece conveniente que la asignación profesional también se aplique a los jueces de policía local, independiente de que ellos cuentan con condiciones de trabajo bien distintas según la municipalidad de que se trate: diferencias en horarios, en situación laboral, en fin. De hecho, algunos asumen incluso la jurisdicción de otras comunas.
En mi opinión, si se les puede aplicar el beneficio, ¡en buena hora!

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, este es un proyecto positivo, que, como planteó el Senador que acaba de intervenir, cumple parcialmente las aspiraciones de la ASEMUCH.
Por eso vamos a votar a favor sus disposiciones.
La iniciativa apunta a mejorar las condiciones laborales y de vida de los funcionarios municipales, otorgándoles un alza en sus ingresos a través de un sistema de remuneraciones similar al de sus pares en la Administración central.
Sin embargo, para la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales esta propuesta legislativa no cumple con todos los compromisos contenidos en el Protocolo para la Modernización del Sistema Municipal Chileno -además, este documento permitió poner fin al paro-, acordado entre el Gobierno de la Presidenta Bachelet, los representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades y la ASEMUCH.
En efecto, no están incorporados todos los temas de dicho acuerdo.
Entre las materias contenidas en el Protocolo (de iniciativa exclusiva del Ejecutivo) y el borrador de este proyecto de ley, destaco las siguientes que quedaron fuera:
-El aumento de un grado para los funcionarios de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares, encasillados en los grados 10º al 20º, a partir del 1 de enero de 2015.
-El pago de la asignación profesional y de la asignación Directivo-Jefatura, a partir del 1 de enero de este año.
-El pago de un bono, imponible y tributable, equivalente a la suma de las diferencias mensuales que represente la aplicación del aumento de grados entre el 1 de enero de 2015 y el mes siguiente a la publicación de la ley.
Entiendo que el Senador Zaldívar hizo algunas precisiones en esas materias.
Lamentablemente, tales omisiones han generado incertidumbre y molestia entre los funcionarios de las municipalidades del país. Por tanto, espero que el Ejecutivo introduzca las correcciones pertinentes en este proyecto o en uno posterior.
Esos puntos estaban contenidos en el Protocolo y después no se cumplieron.
Finalmente, deseo plantear algo que he discutido con los Senadores señores Horvath y Quinteros. Me refiero a un problema que afecta a los secretarios de los tribunales de policía local. Al respecto, me gustaría que el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, don Ricardo Cifuentes, nos diera su opinión.
En muchas partes dichos funcionarios se encuentran dos, tres y hasta cuatro grados por debajo del juez. Ante ello, se hace difícil conseguir abogados para cumplir esas labores. La lógica indica que deberían estar solo un grado por debajo del juez.
Cabe consignar que tal solución no significa mayor gasto fiscal, porque los juzgados de policía local cuentan con recaudación propia.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¿Habría acuerdo para abrir la votación?

El señor PROKURICA.- Sí.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Pido la palabra.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- La tiene, Su Señoría.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, deseo hacer un alcance a la petición de votación separada que ha formulado el Senador Coloma.
Este asunto lo vimos en la Comisión. Entonces señalamos que una indicación en ese sentido adolece de inconstitucionalidad porque, al suprimir el inciso, automáticamente se les entrega la asignación profesional al alcalde y a los jueces de policía local.
No quiero pronunciarme sobre la necesidad de otorgar ese beneficio. Encuentro adecuada la norma para el alcalde, pues a este no se le puede dar una asignación profesional. Pero sí puede ser discutible que no se aplique para los jueces de policía local.
Pese a que estos tienen una asignación especial, concurrieron a la Comisión e hicieron ver que estarían siendo discriminados al no ser considerados en el otorgamiento de dicha asignación.
Le planteamos al Ejecutivo la necesidad de analizar esa materia, ya no en la Comisión ni en esta Sala -se acabaron los plazos para formular indicaciones-, sino en la Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional.
Además, el Gobierno recibió de parte de los jueces de policía local un informe jurídico sobre la inconstitucionalidad de la discriminación de la que serían objeto.
He hablado con el señor Subsecretario sobre el particular, quien me ha dicho que efectivamente van a revisar ese tema.
Reitero: eliminar lo relativo a los jueces de policía local en el inciso tercero del artículo 1º conlleva un problema de constitucionalidad, porque esa supresión establece un beneficio, y ello es materia de iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, respecto del artículo 1º, quiero referirme a dos temas.
El primero dice relación con un logro importante de las asociaciones gremiales: la fecha a partir de la cual rige la entrega de la asignación profesional.
Eso es lo que estamos estableciendo. Ese beneficio ya tiene un cierto perfil. Unos podrán reclamar que el monto era algo menor de lo acordado, pero, al final, lo que se debate es la iniciativa presentada por el Ejecutivo. Se considera que su contenido refleja lo comprometido. Quedará la duda para la historia, pero eso es.
Lo relevante -y creo que es esencial para proyectos futuros- es que se fija la fecha de inicio del beneficio. Si ustedes miran el comparado, verán que, originalmente, se disponía: "A contar del 1 del mes siguiente al de publicación de la presente ley". Eso fue redactado el 2015. Se suponía que esto se iba a pagar en el curso de este año. ¡Nadie pensó que esto se iba a demorar hasta el 2016!
Al final, los funcionarios municipales -voy a decirlo en castellano- pagan el pato por algo que no tiene que ver con ellos, sino con problemas de funcionamiento o con discordancias legítimas durante el trámite legislativo.
Este proyecto lleva como ocho meses de tramitación. ¡Debió haberse pagado el beneficio propuesto hace mucho rato!
Entonces, me parece muy bien el resguardo que contempla la iniciativa, equivalente a decir: "Esto podrá demorarse en salir un poco más o un poco menos, pero a partir del 1 de enero de 2016 se genera el derecho".
Imaginemos lo que sucedería con la norma original: en aprobarse el proyecto, ir al Tribunal Constitucional, promulgar la ley y esperar un mes más, estamos hablando de abril o mayo del próximo año.
Me parece sabio que se establezca una fecha para que empiece a regir, sí o sí, la entrega de la asignación profesional. Este es un logro muy importante y positivo, el cual fue planteado por la dirigencia gremial.
Lo segundo, señor Presidente, se refiere a un punto que discutimos en la Comisión -y quiero explicarlo-: el alcance de la asignación profesional.
Tal beneficio debe ser entendido en el amplio sentido de la palabra: a todos los profesionales. Eso me parece lógico porque guarda relación con el vasto alcance de aquellos que prestan servicios al Estado.
Ese es el sentido de dicha asignación.
Frente a ello, estimo que no es justo ni constitucional establecer una excepción. Lo considero, más bien, arbitrario.
No tengo nada a favor o en contra de los jueces de policía local. El caso de los alcaldes es distinto -y por algo no pedí votación separada respecto de ellos- porque algunos pueden no ser profesionales. Ahí no corresponde, pues no es un requisito la calidad de profesional. Pero sí lo es para un juez de policía local. Entonces, otorgar una asignación a todos, menos a ellos, no hace sentido de justicia.
Y por eso solicité la votación separada.
El Senador Zaldívar, cumpliendo con su rol, ha señalado que esto podría significar un mayor gasto, al incluir a un sector que está exceptuado. Lo que pasa es que, a mi juicio, la excepción es la inconstitucional. ¿Por qué la referencia a ellos? ¿Por qué no a los abogados, o a los ingenieros? No entiendo la lógica de la excepción. Y ese es un problema más del Gobierno.
Decida usted, señor Presidente, la admisibilidad o no de la solicitud. Yo creo que es perfectamente admisible, porque lo que estamos haciendo es evitar una inconstitucionalidad -en mi concepto-, una arbitrariedad respecto de algunos funcionarios municipales: los jueces de policía local.
Ese es el sentido de la petición.
Sin perjuicio de eso, me parece que en la Comisión de Gobierno, en un primer momento, y luego en la Comisión de Hacienda, con la colaboración de la SUBDERE y de los dirigentes municipales, avanzamos mucho en una legislación compleja. Se han explicado algunos detalles de ella. Los plazos, los bonos, los encasillamientos, los requisitos, en general, apuntaron a lograr un proyecto más bien consensuado.
Sin embargo, tengo discrepancias respecto de esta norma y sobre algo que me parece grave: la posibilidad de que los alcaldes tengan a contrata al 40 por ciento de la dotación y no al 20 por ciento, como había sido acordado. Pero eso lo veremos con posterioridad.
Pero como esta es una discusión particular, en la que se ve artículo por artículo, debo señalar que valoro la redacción que fija el 1 de enero, a cualquier evento, como fecha desde la cual se contabiliza la asignación profesional.
No obstante, insisto en que no se debe discriminar en perjuicio de los jueces de policía local, porque no alcanzo a entender por qué ellos, siendo profesionales, no tendrán tal asignación, en circunstancias de que todo el resto de los profesionales sí la percibirá.
Como no lo entiendo ni me parece justo, planteé la solicitud en el sentido indicado.
He dicho.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, voy a tratar de analizar en particular el proyecto, porque si en cada artículo vamos a debatir en general, la discusión puede ser eterna. Ya lo debatimos en general.
Sin embargo, siendo esta mi primera intervención, quiero señalar dos conceptos centrales.
El primero se refiere a que la ley en proyecto viene, en parte, a hacer justicia con respecto a una grave discriminación cometida por el Estado de Chile desde hace muchas décadas con los funcionarios municipales. Ellos son los que están más cerca de la ciudadanía. Son -como quien dice- a quienes les toca recibir a la gente, pero sin disponer, muchas veces, de facultades o atribuciones para resolver sus problemas.
Y el segundo dice relación con que dichos funcionarios, además, siempre se ven perjudicados respecto de los empleados de la Administración Central.
Por otro lado, aprovecho de agradecer, en nombre de la Comisión de Gobierno, a los cientos de funcionarios municipales, que nos hicieron llegar sus puntos de vista de manera muy respetuosa, y a quienes asistieron a nuestra Comisión en forma masiva, porque, no obstante ello, tuvieron un comportamiento ejemplar, a pesar de que había materias en las que sostenían opiniones distintas.
Del mismo modo, agradezco a las directivas de la ASEMUCH, encabezada por don Óscar Yáñez; de la UFEMUCH, presidida por don Víctor Mora, y muy especialmente a don Marcelo Segura, de la Asociación Chilena de Municipalidades, que hizo un trabajo encomiable para ayudarnos a sacar adelante este proyecto.
Ahora bien, concretamente sobre este punto -quiero cumplir con lo que dije-, debo señalar que el avance en el otorgamiento de una asignación profesional a los directivos, a los profesionales y a las jefaturas es gigantesco. Representa un acto de justicia que se debería haber efectuado hace muchos años, y creo que es un punto valiosísimo de este proyecto.
Por lo tanto, nos parece muy bien lo propuesto, pero, además, que se haya logrado sin la homologación con el sector público. Porque esta iniciativa originalmente contenía una injusticia increíble: que si en virtud de esta asignación profesional un funcionario del sector municipal quedaba ganando más dinero que uno de la Administración Central, se le impedía obtener el beneficio completo, en circunstancias de que hay asignaciones percibidas por estos últimos que no están contempladas dentro de las que reciben los del sector municipal.
Por lo tanto, se trata de una norma de toda justicia.
Sin embargo, creo que la marginación de los jueces de policía local no tiene ninguna justificación. Es absolutamente injusta. No existe razón alguna para que a dichos funcionarios se les excluya de esta asignación.
Alguien podría decir que perciben otros beneficios. No obstante, señor Presidente, no es justo tal argumento, porque también reciben otras asignaciones -perdonen que lo diga- los funcionarios de la Administración Central.
Entonces, si se quiere que todos los funcionarios tengan la misma asignación, fantástico. Pero marginar a los jueces de policía local me parece una arbitrariedad. Así lo planteamos en la Comisión de Gobierno, y -según entiendo- ello también se hizo en la Comisión de Hacienda. Y tengo el deber de reiterarlo. A nosotros nos parece que esa marginación es un profundo error, y el Gobierno debiera contribuir a ponerle término. No hay ninguna razón para mantenerla.
En todo caso, el resto del artículo en cuestión -como quedó finalmente- nos parece un gran avance en comparación con lo que tenemos en la actual legislación.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Igual sería interesante conocer la opinión del Ejecutivo en cuanto a si efectivamente pedir votación separada para lo relativo a los jueces de policía local implica o no el desembolso de más recursos para el Estado.
En todo caso, estuvimos revisando las normas sobre petición de votación separada, y no se hace alusión a este tema.
Por tanto, sería importante escuchar el parecer del Ejecutivo, más allá de estimarse que corresponde incluir a los jueces de policía local en la asignación profesional. Naturalmente, los Senadores tienen derecho a votar a favor o en contra de la norma en cuestión.
Pero reitero la relevancia de conocer la apreciación del Gobierno en cuanto a si lo que se pretende implica o no más recursos.
Tiene la palabra el Senador señor Guillier.

El señor GUILLIER.- Señor Presidente, quiero plantear por su intermedio una consulta al señor Subsecretario -recién estábamos conversando sobre el tema- respecto de las asignaciones profesionales a funcionarios municipales, que están regidas por normas expresas, fijas. En el fondo, se establece su entrega a quienes hayan obtenido títulos universitarios en carreras de ocho o más semestres.
Sin embargo, en los municipios hay gran cantidad de personal que no tiene una carrera universitaria, pero sí estudios técnico-profesionales y numerosos cursos de especialización. Entonces, ¿qué pasa con esos funcionarios, que en muchos municipios son los que realmente mueven el gobierno local?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Subsecretario.

El señor CIFUENTES (Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo).- Gracias, señor Presidente.
En términos generales, quiero decir que hay otro argumento importante que respalda a este proyecto: la descentralización. Porque, en esencia, se trata de una iniciativa descentralizadora: le devuelve -por fin- al alcalde y a su concejo la facultad para que el municipio defina su planta de personal.
Ese es el gran hecho histórico del proyecto en análisis.
Y eso resuelve varias de las interrogantes que aquí se han planteado, pues serán el propio alcalde y su concejo los que, después de haber realizado un estudio sistemático y de haber conversado con los funcionarios municipales, podrán diseñar una planta que sea pertinente a las necesidades de esa comuna y a la estrategia de desarrollo que quiera implementar el municipio en los siguientes ocho años.
Por lo tanto, lo relativo a los jueces de policía local puede ser resuelto bajo ese esquema.
Respecto de materias específicas que aquí se han manifestado, como la de la asignación profesional, claramente hay que señalar que este proyecto avanza en una solución para los funcionarios municipales, que han estado históricamente muy postergados, pero no resuelve todos los problemas.
Nosotros lo hemos sostenido desde el principio. Y eso tiene que ver en gran medida con la disponibilidad de recursos y la capacidad que tiene el Estado de ir resolviendo estos problemas.
Nosotros creemos que este es un gran avance -¡un gran avance!-, pero sin duda que nos quedan todavía materias por resolver.
En el caso de los jueces de policía local, efectivamente habrá un mayor gasto. Y ese es un problema objetivo. Reconocer una asignación profesional implica para los municipios incurrir en mayores gastos.
Pero hay otras dificultades adicionales que nosotros nos hemos comprometido a seguir estudiando.
Hemos creado, desde principios del año en curso, una comisión integrada por especialistas en el mundo municipal, por los propios funcionarios municipales, a través de sus organizaciones; por las asociaciones de alcaldes, en fin, y uno de los temas que queremos estudiar es precisamente el de los jueces de policía local, porque, en algunos casos, si uno reconociera la asignación profesional, podría aumentar el sueldo líquido de alguno de esos funcionarios hasta quedar por sobre la remuneración del alcalde.
Ahí hay una dificultad, y la tenemos que estudiar y resolver en cada caso.
Incluso hay informes en derecho a los que hemos tenido acceso en estos días, elaborados por los propios jueces.
Nos hemos comprometido también a estudiarlos en el curso de los próximos meses.
Gracias, señor Presidente.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- La Mesa está revisando la Ley Orgánica del Congreso y el artículo 164 del Reglamento del Senado.
En nuestra opinión, es posible pedir votación separada. Pero se puede plantear un tema respecto de los recursos.
Entonces, resulta importante que, por último, en el trámite siguiente el Ejecutivo tenga una propuesta acerca de cómo resolver la situación.
Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en primer lugar, me alegro de que por fin se vaya a hacer realidad la asignación profesional en el caso de los funcionarios municipales.
Resultaba muy irritante que los funcionarios de la Administración Central del Estado con títulos profesionales e incluso, en algunos casos, con títulos técnicos, tuvieran derecho a percibir la asignación profesional y los funcionarios municipales, no.
Eso cambiará a contar del 1 de enero de 2016, independiente de la fecha en que culmine el proceso legislativo de este proyecto.
También considero muy importante que se haya eliminado el artículo 2° de la iniciativa, que en el fondo otorgaba la asignación profesional, pero solo hasta el límite en que esta no significara sobrepasar los ingresos brutos de un funcionario de la Administración Central del Estado, porque si ello ocurría, inmediatamente tenía que disminuir la respectiva asignación profesional.
Eso, en realidad, era muy injusto.
Haberlo arreglado, conforme lo solicitaron las asociaciones de funcionarios, es un acto de entera justicia que me alegra mucho.
Respecto de la norma por la cual se ha solicitado votación separada, entiendo que crea un problema complejo, porque pronunciarse para que esta desaparezca tendría como resultado que la asignación profesional se haría extensiva también a los jueces de policía local.
Eso me parece total, completa y absolutamente justo. Son profesionales y, por lo tanto, deben tener derecho a la asignación profesional.
Pero, por otro lado, eso significaría mayor gasto público. Y nosotros estamos impedidos de llevar adelante indicaciones o separación de votaciones que impliquen aumento de recursos públicos.
Con ello, lo único que haríamos sería perjudicar el trámite del proyecto.
Votaré a favor del artículo en los términos en que está, porque los funcionarios municipales llevan mucho tiempo esperando por esta iniciativa.
Alguien lo mencionó recién: la idea era que la ley en proyecto comenzara a regir el 2015, y ya no está ocurriendo así. Queda todavía el trámite en la Cámara de Diputados. Y ojalá que allí se resuelva este problema.
Me asiste la convicción de que excluir a los jueces de policía local es una arbitrariedad. No hay ninguna razón para que al otorgar la asignación profesional ellos sean marginados, en circunstancias de que poseen título de abogado.
Francamente, se trata de una discriminación arbitraria, que nos puede traer problemas en el Tribunal Constitucional, perjudicando también a los propios funcionarios municipales, que quieren que este proyecto pronto sea ley.
Por eso, aspiro y confío en que esta situación se va a solucionar durante la discusión en la Cámara de Diputados.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Sobre el particular, hemos solicitado una decisión del Ejecutivo para el trámite siguiente, porque el tema da para discusión. El artículo 164 del Reglamento no supedita esto a lo planteado por el Senador señor García, pero efectivamente en la práctica implicará más recursos.
Por ello, reiteramos la petición al Gobierno para que en la Cámara de Diputados plantee una solución, porque esto en la práctica significará más gasto.
Si le parece a la Sala, abriremos la votación respecto de la frase "ni a los Jueces de Policía Local", acerca de la cual se pidió votación separada.

La señora VON BAER.- ¿Cómo debemos pronunciarnos quienes queremos suprimirla?

El señor ESPINA.- "A favor" es eliminarla.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Los que estén de acuerdo con el Senador señor Coloma y con todos quienes han manifestado que debe haber asignación profesional para los jueces de policía local votan a favor de eliminar la frase.

El señor LAGOS.- ¿Es admisible la solicitud de votación separada?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En efecto, hay dudas respecto de la admisibilidad. Por lo tanto, la otra alternativa es que la Sala se pronuncie.
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, escuchaba al Senador García y realmente se trata de un asunto que nos preocupa.
Soy partidario de otorgarles la asignación profesional a los jueces de policía local.
Por supuesto, el caso de los alcaldes es diferente. ¡Cómo se le va a dar asignación profesional a un alcalde!

El señor MOREIRA.- Es un cargo político.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Puede que sea profesional o no. Su cargo no lo exige como requisito.
Pero en el caso del juez de policía local, a mi modo de ver, sí sería procedente.
En tal sentido, el Senador Coloma tiene razón. Puede suceder que en la revisión de constitucionalidad ese inciso sea objetado por la discriminación a que se ha hecho mención.
Pero me parece que crearíamos un problema, pues no tenemos la iniciativa para generar el gasto.
Le he planteado al Subsecretario que el Gobierno debiera recoger esta materia. Los jueces de policía local presentaron un informe de constitucionalidad sobre el particular.
El Ejecutivo debiera revisar esta iniciativa en la Cámara de Diputados, otorgando la asignación profesional a los jueces de policía local, a fin de evitar ese problema. Y ojalá haya un compromiso en el sentido de estudiar el tema.
Quedamos en una situación bien compleja al tener que votar por la constitucionalidad o inconstitucionalidad.
Si me preguntan, tengo el mismo convencimiento del Senador García: creo que no es constitucional que nosotros por la vía de la supresión provoquemos un gasto al Estado. Es materia propia del Ejecutivo.
Por esta interpretación errónea, el día de mañana podría venir un artículo que dijera: "No se otorgarán beneficios de remuneración a tales funcionarios", ante lo cual nosotros podríamos pedir votación separada de la palabra "No", a fin de que quede "Se otorgarán beneficios...".
Eso no puede ser.
Es buscar por fuera algo que no tiene constitucionalidad.
Esta situación a uno lo complica.
Repito: el Ejecutivo la debería solucionar en la Cámara de Diputados.
En todo caso, si hay una revisión constitucional -porque debe haberla-, la tendrá que resolver el Tribunal Constitucional.

El señor COLOMA.- ¿Me permite, señor Presidente?


El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Se han planteado dos puntos de vista, y vamos a decidir si se puede votar por separado lo que pide el Senador señor Coloma.
Pero antes de eso, en vista de que contamos con el quórum pertinente, solicito poner atención sobre lo siguiente.
Por un lado, corresponde dar por aprobadas las disposiciones que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones.
Por otra parte, es preciso votar las enmiendas unánimes.
Finalmente, pido unanimidad para dar por aprobadas todas aquellas normas en que no hubo diferencias entre las Comisiones de Gobierno y de Hacienda.
Propongo aprobar lo señalado, dejando constancia del quórum.
--Se aprueban las normas mencionadas (22 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple con el quórum constitucional exigido.


El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Si le parece a la Sala, propongo que intervenga un Senador para sostener la admisibilidad de pedir que se vote por separado la frase "ni a los Jueces de Policía Local" y otro para hablar en contra de la admisibilidad. Quizás podríamos dejar lo planteado por los Senadores señores Zaldívar y García como argumento en contra.
Hago esta sugerencia para no dilatar la discusión respecto de la admisibilidad.
Tiene la palabra el Senador señor Coloma para alegar en el sentido de que se puede pedir votación separada de la frase "ni a los Jueces de Policía Local".
Si hay alguien interesado en sostener después lo contrario, le pido que me lo haga saber.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, en primer lugar, es un derecho de los parlamentarios pedir la separación de la votación, y nadie podrá discutirlo.
Lo que sostengo es que, habiendo un beneficio -no otorgado por el Parlamento, sino por el Ejecutivo- de carácter general a los profesionales municipales -es lo que establece la asignación-, no me pueden forzar a votar a favor de una excepción a ese beneficio respecto de los jueces de policía local.
No hay ningún elemento o patrón objetivo que no sea "son profesionales, están trabajando en el municipio".
Entonces, si se concede una asignación de carácter general, instaurar una excepción, a mi juicio, es inconstitucional.
Tengo aquí un informe en derecho de don Urbano Marín -nos lo entregaron en la Comisión de Hacienda-, quien sostiene que no es legítimo que el legislador, cuando da una asignación vasta -es la palabra que usa-, la impida, sin explicar dónde está la diferencia, a determinados profesionales.
Entonces, a mí me asiste el derecho para decir: "No estoy de acuerdo con esa excepción".
Imagínese, señor Presidente, lo que ocurriría desde el punto de vista parlamentario si por esta vía a uno lo forzaran a avalar una excepción inconstitucional.
¡Eso no puede ser!
Si yo siento que una norma es inconstitucional, ¡cómo la voy a votar a favor!
Por eso pedí votación separada: justamente para no caer en la inconstitucionalidad.
A mi entender, la inconstitucionalidad es al revés. Si se saca adelante la disposición que consagra la referida excepción, entraremos en una inconstitucionalidad que, dicho sea de paso -me haré cargo de una situación que se planteó-, tornará mucho más lenta la tramitación de esta iniciativa.
Yo estoy completamente de acuerdo en que aquí se requiere velocidad. Por algo estamos trabajando lo más rápido posible, dadas las circunstancias, pues lo importante es que se entreguen la asignación, el bono; que se reencasille; que se avance en este proceso. Pero ello no puede ser a costa de una inconstitucionalidad a mi juicio flagrante, como la que se registra acá.
Entonces, soy partidario de permitir la votación separada: primero, porque ello es justo (la justicia siempre es importante), y segundo, porque de lo contrario consagraríamos la inconstitucionalidad de marginar de una asignación general a determinados profesionales.
Eso es improcedente.
¡Cómo no voy a poder solicitar votación separada para evitar una inconstitucionalidad!
He dicho.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Para sostener la posición contraria, tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, partamos sobre la base de que estoy claro en cuanto a que es lógico que proceda la asignación profesional para los jueces de policía local.
Pero no podemos tratar de empatar constitucionalidades: empato esto porque, de la forma como viene propuesto por el Ejecutivo, es inconstitucional, y a su vez, reclamo que no lo puedo votar por separado (si bien se puede hacer), pero con el efecto de que se produce una inconstitucionalidad en una materia que es de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
La única manera de resolver la inconstitucionalidad por la vía planteada por el Senador Coloma es que el Tribunal Constitucional, cuando revise esta disposición, llegue a la conclusión de que es inconstitucional y diga: "Esta materia hay que corregirla".
Pero si seguimos por ese camino -y tomen nota; se los digo con toda franqueza-, el día de mañana veremos que se repetirá esa misma situación en cualquier proyecto de ley.
Ello lo he observado en varias oportunidades aquí, en el Senado. Incluso me tocó enfrentarlo cuando era Ministro: se traía un reajuste y, por la vía de votar por separado una frase o una palabra, le cambiaban el sentido a una disposición. Y automáticamente eso se rechazaba por inconstitucional, ya que no procedía hacerlo.
En el caso que nos ocupa está pasando lo mismo: por la vía de suprimir un inciso se está generando un mayor gasto.
Personalmente, considero justo que se pague la asignación profesional. Pero creo que no podemos sentar un precedente sobre el particular.
En tal sentido, ¿cuál es nuestra obligación? Evitar que se aborde una materia que no es propia de la iniciativa parlamentaria. Y se incursiona en ella al votarse en contra del inciso en cuestión.
El número 4° del artículo 65 es muy expreso: habla de que fijar, conceder beneficios, remuneraciones de cualquier naturaleza es materia de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Y, por la vía de una votación negativa, torcemos la norma constitucional.
Entonces, pido que esta cuestión sea considerada por el Gobierno; que la plantee y la resuelva en la Cámara de Diputados.
Pero aquí, al pretender solucionar este asunto por una vía indirecta, como la votación separada -es un derecho que efectivamente nos asiste-, podemos llegar a una vulneración permanente de las normas constitucionales.
Insisto: yo soy partidario de darles asignación profesional a los jueces de policía local. Pero, a su vez, también me veo en la obligación -es mi convicción- de proceder aplicando la Constitución en forma estricta en este sentido.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Sin perjuicio de que habíamos acordado que hablara un Senador para sostener la admisibilidad de la votación separada solicitada y otro para rechazarla, algunos parlamentarios me han señalado que desean hacer uso de su derecho reglamentario a fundar el voto.
Entonces, vamos a abrir la votación.
Les recuerdo a Sus Señorías que ni siquiera hemos podido entrar a discutir el fondo del artículo 1°. Así que les insto a que sean breves.
En votación la admisibilidad de la votación separada de la frase "ni a los Jueces de Policía Local", contenida en la parte final del inciso tercero del artículo 1° del proyecto.
Quienes votan a favor son partidarios de la tesis del Senador señor Coloma; y quienes los hacen en contra están de acuerdo con lo planteado por el Honorable señor Zaldívar y, en consecuencia, no se podría votar separadamente la referida frase, más allá de que todos estemos de acuerdo con la materia de fondo.
--(Durante la votación).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, yo tengo un argumento distinto para fundar la razón por la cual voy a votar por la supresión de esa parte del inciso que nos ocupa.
A mi juicio, no se pueden empatar inconstitucionalidades, como señaló con toda razón el Senador Zaldívar. Porque con ese criterio, si hay una norma inconstitucional, tengo que eliminarla para empatar.
Yo al menos trato de interpretar la Constitución, sea a favor o en contra de alguien, conforme a lo que ella dispone.
Lo que ocurre en este caso es que los representantes del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local -hecho que nunca fue desmentido por el Gobierno- sostienen que ellos siempre estuvieron incluidos en los recursos previstos para el pago de la asignación profesional.
La inconstitucionalidad supone que los dineros no existen.
Porque todo el argumento que ha aducido el Senador Zaldívar, con mucha lucidez, apunta a que suprimir una parte del inciso significa más gasto para el Estado.
Pero sucede que en la Comisión nunca se desmintió, a pesar de que lo consulté -y aquí está presente el señor Subsecretario-, la afirmación que hizo el Presidente del referido Instituto en el sentido de que los recursos para tal efecto siempre estuvieron considerados. De hecho, no se los excluía en el Protocolo.
Entonces, frente a una duda de tal envergadura, tenemos pleno derecho a decir: "Por qué no le voy a creer nada menos que al Presidente del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, quien sostiene que los recursos estaban incluidos".
Luego, al votar para eliminar esa parte del inciso, el Gobierno tendrá oportunidad, si considera que los recursos no se hallan contemplados y lo demuestra, para reponerla y se podrá establecer en ese momento el camino señalado por el Senador Zaldívar.
Pero aquí está en duda si esos recursos se encuentran incluidos o no.
En reiteradas oportunidades -no tengo claro si el señor Subsecretario se hallaba en esa oportunidad; no quiero involucrarlo, a pesar de que concurrió a casi todas las sesiones de la Comisión- pregunté al Gobierno si los recursos estaban considerados.
Nunca nos pudieron decir que no. Porque, según recuerdo, originalmente los jueces de policía local no estaban excluidos de este beneficio.
Por consiguiente, no siento que se esté vulnerando la Constitución, pues si los recursos están incluidos, cualquier vicio de inconstitucionalidad cae de inmediato.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, estas discusiones son siempre complejas, porque depende del énfasis y del lado que uno mire la conclusión a la que se llegue.
Pero hay una situación que a mi juicio conduciría a desestimar una interpretación. Me refiero al caso absurdo de que no podríamos votar en contra una parte del inciso que nos ocupa porque significaría aumentar el gasto y, por lo tanto, contravenir la disposición constitucional que le entrega al Presidente de la República la iniciativa exclusiva sobre esta materia.
¡Eso es un absurdo! ¡Cómo no voy a poder pronunciarme negativamente respecto de una parte de un inciso!
De ser así, nuestras facultades quedarían minimizadas y tendríamos que votar en contra de todo el artículo.
El problema aquí es que se propone una norma general y se establecen excepciones. Si yo quisiera evitar las excepciones no podría hacerlo.
Me parece una situación absurda. Por lo tanto, no se trata de una interpretación correcta desde el punto de vista jurídico.
En tal sentido, pienso que es factible excluir. Y más todavía por una razón de fondo: las inconstitucionalidades por las cuales uno puede declarar la inadmisibilidad de una norma no son de fondo, sino formales. El contenido de fondo de una disposición puede ser inconstitucional e igual no ser susceptible de la inadmisibilidad de la que estamos hablando.
Pero en este caso se da también esa circunstancia, como ya se manifestó en un informe a que se hizo referencia con anterioridad.
Quiero ir más lejos todavía, señor Presidente.
Acá no solamente se está excluyendo a los jueces de policía local: también se le está otorgando la asignación de responsabilidad al secretario abogado del tribunal, ¡pero no al juez!
Entonces, hay además una discriminación muy notoria a ese respecto.
De consiguiente, por la absurda imposibilidad de votar en contra ciertas propuestas del Gobierno en el ámbito de sus atribuciones porque estaríamos invadiéndolas y por la absurda discriminación contenida en la parte del inciso que nos ocupa, me parece que deberíamos acoger la solicitud de votación separada y pronunciarnos sobre el particular.
Con respecto al fondo de este asunto, yo me alegro de que se haya corregido la fecha de entrada en vigencia de la asignación profesional.
Porque hubo un Protocolo -me tocó participar junto a otros Senadores y a dirigentes de los funcionarios municipales- que, entre otras cuestiones, acogió la solicitud de que el referido beneficio, de justicia e igualdad, entrara a operar a partir del 1° de enero de 2016, y no como se hallaba estipulado originalmente, esto es, "a contar del 1 del mes siguiente al de publicación de la presente la ley", que podría ser en un plazo mayor.
Por lo tanto, se ha hecho justicia.
Voto a favor.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, compartiendo la aspiración legítima que manifestaron los jueces de policía local, creo que efectivamente tenemos un problema de admisibilidad en esta solicitud de votación separada.
Lo digo porque, más allá de que pueda ser legítimo que los jueces de policía local planteen que no es justo que se les excepcione de la asignación de responsabilidad, es la ley la que permanentemente establece ciertas diferencias que se denominan "discriminaciones".
La Constitución Política admite discriminaciones. Lo que no acepta son las discriminaciones arbitrarias e ilegales.
En este caso hay una distinción de carácter legal.
Requerido el Senado por un parlamentario para votar en forma separada la excepción, la solicitud pertinente es a mi juicio inadmisible, toda vez que votar separadamente una parte del inciso en cuestión y rechazarla significa, desde el punto de vista presupuestario, incrementar el gasto.
El artículo 65 de la Constitución Política señala las materias que corresponden a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Y en su numeral 4° dispone: "Fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones".
La norma del número 4° no distingue si es para presentar proyectos de ley o para modificarlos. Lo que está haciendo es reservar a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República la facultad para modificar remuneraciones.
En la práctica, la eliminación de la parte final del inciso tercero del artículo 1° que el Senador Coloma propone votar separadamente significa modificar remuneraciones.
Vuelvo a insistir: más allá de la justicia del contenido de la norma en comento y de lo que se busca con su supresión, a mi entender esta petición de votación separada es inadmisible porque implicaría modificar remuneraciones y, por tanto, infringir el numeral 4° del artículo 65 de la Carta Fundamental.
La eventual aprobación de la Sala a esa solicitud podría generar un precedente no adecuado para futuras discusiones presupuestarias en las que se establecieran ciertas modificaciones que incidieran en el gasto público.
Por eso, voy a votar en contra.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- No hay más inscritos para referirse a este punto.
Reitero: quienes consideran admisible la solicitud de votación separada formulada por el Senador señor Coloma deben pronunciarse a favor; aquellos que la estiman inadmisible, en contra.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminada la votación.
--Se declara inadmisible la solicitud (14 votos en contra y 12 a favor).
Votaron por la negativa las señoras Allende y Goic y los señores De Urresti, García, Guillier, Harboe, Lagos, Matta, Montes, Quintana, Quinteros, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la afirmativa las señoras Lily Pérez y Von Baer y los señores Araya, Chahuán, Coloma, Espina, García-Huidobro, Horvath, Hernán Larraín, Moreira, Ossandón y Pérez Varela.


El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde votar el artículo propiamente tal.

El señor COLOMA.- Perdón, señor Presidente: ¿no estaba pareado el Senador De Urresti?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Se van a leer los pareos.
¡Ojo!: ellos no rigen en las normas de quórum especial.

El señor COLOMA.- Pero lo que se votó no era de quórum especial.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- No lo era. Su Señoría tiene razón.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Están pareados la Senadora señora Van Rysselberghe y el Senador señor De Urresti.
Sin embargo, ese pareo no rige en la votación del artículo propiamente tal, que es de rango orgánico constitucional.

El señor COLOMA.- Yo estoy hablando de la votación anterior.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Le encuentro razón al Senador señor Coloma en el punto que hace.
En todo caso, el resultado de la votación no cambia.
Ahora, es importante que se haga presente la situación, porque, efectivamente, había un pareo.
Repito: el resultado de la votación no cambia.

El señor COLOMA.- Habría sido 13 votos contra 12.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Así es. Pero la consideración del pareo no habría incidido en el resultado de la votación.
En todo caso, Senador señor Coloma, es válido que haga el punto.
Señor Secretario, avancemos, pues queda mucho por votar.


El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde votar el artículo 1° propiamente tal, por cuanto es de rango orgánico constitucional.
El texto de esa norma está en las páginas 1 y 2 del boletín comparado.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¿Habría acuerdo para darlo por aprobado?
En este instante hay en la Sala 21 Senadores.
Acordado.
--Se aprueba el artículo 1° (21 votos favorables), dejándose constancia de que se alcanzó el quórum constitucional requerido.


El señor LETELIER.- ¿Por qué no se abren todas las votaciones de quórum especial, señor Presidente?

La señora MUÑOZ.- En este momento están funcionando algunas Comisiones.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Hago un llamado a las señoras y señores Senadores que están en Comisiones.
Sé que en ellas se están debatiendo proyectos muy importantes: el de reforma laboral, en fin. Sin embargo, en la Sala nos hallamos ante normas de quórum orgánico constitucional y tenemos los votos justos. De modo que, si Sus Señorías no se encuentran aquí, vamos a tener problemas.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- En la página 6 del comparado comienza el artículo 4° aprobado en general por el Senado.
La Comisión de Gobierno propone suprimir esa norma. Votaron por eliminarla la Senadora señora Von Baer y los Senadores señores Espina y Horvath. Se pronunciaron en contra de la supresión los Senadores señores Quinteros y Matta.

El señor COLOMA.- ¿En qué página está?

El señor LABBÉ (Secretario General).- En las páginas 6 y 7 del comparado, señor Senador.
En la segunda columna figura el texto aprobado en general por el Senado, que dice: "Declárase interpretado el inciso segundo del artículo 2° del decreto ley N° 3.501, de 1980, respecto de los funcionarios regidos por la ley N° 18.883 y remunerados conforme al Título II del decreto ley N° 3.551, de 1980; en el sentido que, a contar del 1 de marzo de 1981, los factores que, por concepto del incremento previsional establecido en el ya mencionado artículo 2°, han debido determinarse considerando únicamente las remuneraciones, estipendios y asignaciones de carácter habitual, permanentes e imponibles que, al 28 de febrero de 1981, se encontraban afectas a cotizaciones previsionales, los que para dichos funcionarios corresponden exclusivamente al monto del sueldo base que para cada uno de los grados estableció la escala contenida en el artículo 23 del decreto ley N° 3.551, de 1980.".
El señor MONTES.- Que se suprima por unanimidad, señor Presidente.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Se resolvió que esta norma fuera en una ley posterior, señor Presidente.
Entonces, creo que hay unanimidad -y sugiero que así se acuerde- para aprobar la eliminación que plantea la Comisión de Gobierno.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¿Habría acuerdo para aprobar la supresión?
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, es lógica la supresión del artículo 4° (y el Artículo Décimo Primero transitorio también se elimina; yo pedí votación separada de su inciso tercero, pero solo para discutir el punto), pues la materia que aborda debe tratarse en otro proyecto.
Dicha materia cruza a todas las municipalidades en cuanto al reintegro por pago de los llamados "beneficios previsionales de 1980", cuando se cambió el sistema -valga la redundancia- previsional. Algunas han sido obligadas a devolver las platas involucradas; otras han obtenido sentencias favorables. La Contraloría primero falló en un sentido; luego, en otro. Entonces, no existe unanimidad sobre la forma de abordar el problema.
La cuestión es muy compleja. De ahí que se optó por suprimir asimismo el Artículo Décimo Primero transitorio.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Sobre la base de las consideraciones expuestas, ¿habría acuerdo para suprimir el artículo 4°?
Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, como el colega Zaldívar tiene una fórmula para resolver el problema, yo pediría dejar pendiente el artículo 4°.

El señor COLOMA.- ¡Si el propio Senador Zaldívar acaba de plantear su eliminación!

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- El camino es otro, Honorable colega.
El señor ESPINA.- Tiene razón, Su Señoría: hay que suprimirlo, para que opere la fórmula ideada.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, el incremento previsional, que no es atribuible a los funcionarios, ha generado un lío de grandes proporciones, pues la gente que firmó los cheques, a la que no le cabía responsabilidad alguna, ¡tiene embargados sus bienes personales! No se trata de los bienes municipales.
¡Para qué estamos barriendo hacia debajo de la alfombra!
Hay que buscar una solución.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Ahora viene.

El señor PROKURICA.- ¡No!
Señor Presidente, ya estoy acostumbrado a que me digan "En esta ley, no. Lo vamos a hacer en otra".
¡Dónde lo haremos!
Ha pasado el tiempo. Nos hemos reunido con el Subsecretario, quien dice estar de acuerdo en buscar una solución.
Entonces, ¡cómo vamos a chutear la cuestión!
¡El problema hay que resolverlo en la ley en proyecto!

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Advierto que si continúo dando la palabra la discusión será eterna.
Por tanto, voy a someter a votación el punto: quienes quieren la supresión deben pronunciarse a favor; aquellos que la rechazan, en contra.
En votación.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba la supresión del artículo 4° (26 votos a favor y 1 pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Matta, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar.
No votó, por estar pareado, el señor De Urresti.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.


El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde ir al artículo 6°, que pasó a ser 4°.
En la página 36 del comparado hay dos proposiciones discrepantes: mientras la Comisión de Gobierno sugiere un número 5), nuevo, mediante el cual agrega en el artículo 31 de la Ley Orgánica Constitucional una oración final, la Comisión de Hacienda plantea un número 5) en virtud del que adiciona al referido artículo 31 un inciso segundo y un inciso tercero.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.


El señor ESPINA.- Señor Presidente, nosotros estamos de acuerdo con la propuesta de la Comisión de Hacienda. Por consiguiente, solicito aprobarla.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¿Hay acuerdo para acoger la proposición de la Comisión de Hacienda?
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Nosotros también estamos de acuerdo, señor Presidente. Empero, quiero dejar constancia expresa -así se hizo en la Comisión de Hacienda- de que el ejercicio de la atribución pertinente no podrá afectar derechos ni menoscabar las funciones de los trabajadores que se desempeñan actualmente en las unidades respectivas.
El punto se discutió en la Comisión de Hacienda, donde quedó una constancia expresa a ese respecto.
Entonces, estando todos de acuerdo, es importante dejar testimonio de aquello en la historia de la ley.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¿Habría acuerdo para aprobar la proposición de la Comisión de Hacienda, con la constancia de que hizo mención el Senador señor Coloma?
Tiene la palabra el Honorable señor Montes.

El señor MONTES.- Señor Presidente, la creación de unidades dentro de un municipio puede ser bastante compleja si se procede de manera improvisada. Ello, por mucho que haya financiamiento.
Entonces, en la Comisión de Hacienda se sugirió que en la Cámara se revisara el quórum, para subirlo a dos tercios o por lo menos a mayoría de los miembros en ejercicio del concejo, para asegurar que la decisión sea de más largo plazo y no coyuntural.
Fue un acuerdo de todos los miembros de la Comisión de Hacienda.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¿Les parece a Sus Señorías aprobar la propuesta de la Comisión de Hacienda, con la constancia que explicitó el Honorable señor Coloma, por 25 votos afirmativos, correspondientes a los Senadores que se hallan en la Sala?
Acordado.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- En la página 37 del comparado, la Comisión de Gobierno propone un número 4) -pasa a ser 6)- que modifica el artículo 49 bis aprobado en el primer informe.
A su turno, la Comisión de Hacienda, por unanimidad, sugiere un número 6) que enmienda el aprobado por la de Gobierno.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.


El señor ESPINA.- Aceptamos la enmienda de la Comisión de Hacienda, señor Presidente.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¿Le parece a la Sala aprobar unánimemente, por 25 votos favorables, la proposición de la Comisión de Hacienda?

El señor HORVATH.- Señor Presidente, solicito incluir mi pronunciamiento afirmativo en esta votación y en las votaciones anteriores.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Entonces, la propuesta de la Comisión de Hacienda queda aprobada por 26 votos favorables.
Se deja constancia de la intención de voto afirmativo del Honorable señor Horvath en los acuerdos precedentes.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ESPINA.- Vamos a la página 40.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde pasar a la página 58 del comparado.

El señor ESPINA.- ¿Y la 40?

El señor LABBÉ (Secretario General).- En la página 40 no tengo nada.

El señor GARCÍA.- Hay que votar lo de la página 40, señor Presidente.

El señor ESPINA.- Para ayudarlo a agilizar el trámite, señor Presidente, en la página 40 solicito aprobar lo que propuso la Comisión de Hacienda.
Se refiere al numeral 5 del número 6).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Eso fue unánime. Así que quedó aprobado en...

El señor ESPINA.- Es que hay una diferencia entre lo que proponen ambas Comisiones. De modo que corresponde votar.
Ahora, la Comisión de Gobierno no tiene problema en que se apruebe la sugerencia de la de Hacienda.
Página 40.

El señor GARCÍA.- Se refiere al Comité Bipartito.

El señor ESPINA.- Así es: al Comité Bipartito, que estará conformado paritariamente.
Incluso, conversamos al respecto con las asociaciones de funcionarios, que están de acuerdo con la norma planteada.

El señor LABBÉ (Secretario General).- En la página 40 del comparado que obra en poder de Secretaría solo figura una modificación propuesta por la Comisión de Hacienda.

El señor ESPINA.- ¡Esa, pues!

El señor LABBÉ (Secretario General).- No existe una enmienda de la Comisión de Gobierno.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En todo caso, no habría problema, pues el Senador señor Espina está de acuerdo con la sugerencia de la Comisión de Hacienda.

El señor ESPINA.- Que es unánime.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Precisamente por ser unánime, la Sala ya la aprobó.
El señor ESPINA.- Está bien: es unánime.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Aunque sea unánime, señor Presidente, reviste gran importancia. Y por eso entiendo lo que dice el Senador Espina, quien tiene razón.
La cuestión no es menor (por ello hay que dejar una constancia): se refiere a la forma como los alcaldes deben consultar a las asociaciones de funcionarios para efectos de las plantas. En tal sentido, se instaló -esto se sugirió en la Comisión de Gobierno y se ratificó en la de Hacienda- la idea de "considerar la opinión de un Comité Bipartito constituido especialmente para este efecto, conformado paritariamente por funcionarios y representantes del Alcalde".
Eso es bien relevante. No se trata de una cosa menor.
En consecuencia, sin perjuicio de la unanimidad, si vamos a hacer la historia de la ley, dejemos constancia de que tal fue la idea de las Comisiones de Gobierno y de Hacienda, confirmada por el Ejecutivo.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En consecuencia, se ratifica la aprobación unánime, dejándose la constancia pertinente.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Página 58 del comparado.
En la cuarta columna, la Comisión de Hacienda, por cuatro votos a favor y uno en contra, propone una letra a) del siguiente tenor:
"a) Reemplázase en su inciso cuarto," -del artículo 2° de la ley N° 18.883- "el vocablo veinte, la primera vez que aparece, por `cuarenta', y la expresión `cuatro' por `ocho'.".

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.- Este es un punto donde hay una controversia, señor Presidente.
Les pedimos su opinión a las asociaciones de funcionarios, que estuvieron de acuerdo con la proposición.
Se trata de lo siguiente.
Hoy día veinte por ciento del presupuesto puede destinarse a personal a contrata. Sin embargo, eso no lo cumple prácticamente ninguna municipalidad.
El Ejecutivo plantea subir la cifra de veinte a cuarenta por ciento.
En la Comisión de Gobierno votamos dicha letra en forma dividida.
Finalmente, la Comisión de Hacienda dijo: "Subamos a cuarenta por ciento".
Por lo tanto, de ratificarse esta proposición, la norma diría: "Los cargos a contrata, en su conjunto, no podrán representar un gasto superior al cuarenta por ciento del gasto de remuneraciones de la planta municipal.".
Pero la referida Comisión agregó un Artículo Décimo Tercero transitorio -aparece en la página 112 del comparado- donde se dispone lo siguiente: "Las municipalidades que puedan aumentar la dotación a contrata en virtud de la modificación dispuesta por esta ley al artículo 2° de la ley N° 18.883, deberán" -obligatorio- "priorizar en las nuevas contrataciones bajo esa modalidad al personal a honorario que se encuentra contratado con cargo al subtítulo 21, ítem 03, del presupuesto municipal, a la fecha de publicación de la presente ley.".
El dilema es el siguiente.
A mí no me gustaría que el cuarenta por ciento de los funcionarios municipales no fuera de planta.
Sin embargo, por otro lado, ellos nos dicen, con razón, que se trata de un mecanismo para que la gente que trabaja a honorarios pase a contrata.
De consiguiente, al menos yo soy partidario de aprobar lo que sugiere la Comisión de Hacienda, porque de alguna forma arregla la dificultad existente a ese respecto.
Del mismo modo, en las municipalidades más pequeñas se eleva de cuatro a ocho la cantidad de funcionarios a contrata.
Tales son las modificaciones que plantea la Comisión de Hacienda.
Consultadas las organizaciones de funcionarios, conscientes de esa dualidad de interpretaciones, mayoritariamente nos dijeron ser partidarias de la fórmula sugerida por la Comisión de Hacienda, que resuelve, al parecer en definitiva, la tremenda injusticia existente en el caso de los funcionarios a honorarios, quienes, cumpliendo a veces la misma labor que los de planta, no tienen ninguno de los derechos laborales que asisten a estos.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Hay varios Senadores inscritos.
Sin duda, la materia es importante.
No sé si podemos votar la proposición que formula la Comisión de Hacienda -el Senador señor Espina, Presidente de la Comisión de Gobierno, dice que esta la acepta- y hablar en torno de ella.
¿Le parece a la Sala abrir la votación en los términos señalados?
Acordado.
En votación la propuesta de la Comisión de Hacienda, que es de quórum especial.
--(Durante la votación).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, solo quiero señalar que la sugerencia de la Comisión de Hacienda sincera lo que ocurre en los municipios con las personas que no pertenecen a la planta permanente ni a la de contrata, quienes exceden en demasía los cupos de honorarios. Ello, debido a que sus servicios son requeridos, pues para la gente la cara más cercana del Estado son las municipalidades, que carecen de facultades que les permitan contratar al personal indispensable para atender bien a la ciudadanía.
Aquí estamos posibilitando que los alcaldes o las referidas corporaciones pasen a la planta de contrata a quienes trabajan a honorarios.
Yo voy a votar favorablemente, pese a que la propuesta de la Comisión de Hacienda, si bien sincera la situación existente, no resuelve el problema de fondo, que deriva de que se siguen haciendo contratos precarios a personas que deberían pertenecer a las plantas de los municipios.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.

La señora VON BAER.- Señor Presidente, esta materia se discutió bastante en la Comisión de Gobierno.
Por supuesto, uno entiende que la situación de quienes laboran a honorarios es tremendamente precaria. De hecho, según los antecedentes disponibles, ella no estaría bien cuantificada. Al parecer, existen muchísimos contratos a honorarios en el nivel municipal, especialmente por todos los programas que bajan desde el Gobierno central.
Por lo tanto, hay en los municipios una situación de precariedad laboral tremendamente fuerte.
Entonces, cabe decir que es una buena noticia la posibilidad de que la gente a honorarios pase a la planta de contrata. Es un paso adelante en el sentido de que habrá un contrato de trabajo de mejor calidad.
Ahora, yo creo que en el artículo transitorio ya individualizado la Comisión de Hacienda soluciona parte del problema expuesto por los funcionarios.
Porque, en la forma como votamos la propuesta en la Comisión de Gobierno, aumentaba la cantidad de contratas en los municipios, pero no necesariamente con quienes trabajan a honorarios desde hace mucho tiempo, pues quedaba abierta la posibilidad de mantenerlos en tal condición e incorporar en la planta de contrata a personas que no laboran en las referidas corporaciones, lo cual habría sido profundamente injusto.
En tal sentido, creo que el artículo transitorio de la Comisión de Hacienda constituye un avance.
Sin embargo, señor Presidente, yo quiero ir al fondo del problema.
Los funcionarios municipales nos decían que a veces hay cupos en la planta, pero los funcionarios no son pasados a ella. ¿Por qué? Porque los alcaldes quieren tener discrecionalidad para que se aumente la cantidad de gente a contrata -o sea, que se desempeñe durante un tiempo específico-, porque puede ser echada después.
Y la presión que muchas veces se ejerce sobre ella -también nos contaron eso- para trabajar en campañas municipales, etcétera, es tremendamente fuerte.
Por lo tanto, me parece que tenemos que defender la carrera funcionaria. Aunque entiendo lo que aquí se está tratando de hacer, que es mejorar la condición laboral de las personas a honorarios al traspasarlas a contrata -y creo que está bien-, estimo que el fondo, al mismo tiempo, constituye una mala señal, porque estaríamos diciendo que la solución se logra por la vía de aumentar el número de contratas. En efecto, eso conlleva la precariedad laboral, ya que en cada mes de diciembre no se sabe si quienes se están desempeñando van a volver a ser contratados. Lo que debiera existir son carreras funcionarias reales, y eso significa cargos de planta.
Sintiéndome contenta con lo planteado por la Comisión de Hacienda, pues soluciona una parte de la cuestión, considero que si votamos a favor del fondo cometeremos un error serio, en la medida en que no es posible apoyar la precarización laboral.
La problemática se debiera resolver por la vía de pasar las contratas reales de mucho tiempo a la planta y los honorarios a la situación de contrata. No es posible que el alcalde de un municipio pequeño, que muchas veces es el empleador local más importante, pueda ejercer una presión política sobre los funcionarios respecto a quedarse o a perder su trabajo.
En este sentido, la Senadora que habla, al menos, se pronunciará por el rechazo, ya que juzga que esta no es la manera de solucionar el asunto.
--(Aplausos en tribunas).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Les ruego a los asistentes en las tribunas no hacer manifestaciones, porque el Reglamento lo impide.
Pueden hacer el gesto de aplaudir, en silencio, con lo cual no habrá ninguna dificultad.
Muchas gracias.
Puede intervenir el Honorable señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, creo que el punto efectivamente se halla mal resuelto. Esta debiera ser una norma transitoria, mientras se establecen las nuevas plantas municipales, porque lo razonable es que prime la relación ochenta por ciento de planta, veinte de contrata.
No contamos con ninguna indicación del Ejecutivo que permita pasar las contratas actuales a planta, lo que habría sido también otra forma de resolver el problema.
Espero que el carácter transitorio se obtenga durante la tramitación del proyecto en la Cámara de Diputados y que la norma permanente sea de 80/20 por ciento, pero que las personas con mucho tiempo a honorarios cumpliendo funciones permanentes puedan acceder a la contrata. Ello a mí me parece de la mayor justicia. Alguien en esa condición no cuenta con previsión ni amparo alguno, desde el punto de vista de la protección social, lo cual es tremendamente injusto.
Dar este paso, entonces, aunque no sea completo y resulte insuficiente, lo considero una señal correcta, contrariamente a lo que aquí se ha opinado en el sentido de que es mala. El objetivo es la protección de los trabajadores, no solo desde el punto de vista de sus remuneraciones, sino también de su protección social.
Ahora, la solución es absolutamente parcial. Probablemente, no podrán pasar a la planta funcionarios que lleven quince o veinte años a honorarios -y quizás más- en programas de desarrollo territorial indígena o de desarrollo agrícola local, o que sean encuestadores de fichas de protección social, o que trabajen en convenio con distintos planes, como unidades habitacionales en municipios. Porque muchas de esas remuneraciones no se pagan estricta o puramente con recursos municipales: hay aportes de los ministerios respectivos, y ello no está incorporado en los presupuestos municipales. Lo más probable es que todas esas personas ni siquiera puedan pasar a contrata.
Deseo recordar que está pendiente un compromiso de la Dirección de Presupuestos -el plazo ya está vencido- para hacernos llegar el informe de cuántos son los funcionarios a honorarios en los municipios. Algunos los estiman en veinte mil; otros, en veinticinco mil; otros, en treinta mil; otros, en treinta y cinco mil. O sea, se trata prácticamente de una planta completamente paralela. Es urgente corregirlo.
Imaginen Sus Señorías el daño previsional -tanto hablamos de ello- de alguien que lleva quince, veinte años a honorarios. ¿Cómo jubila?
Entonces, cuanto más rápido solucionemos estos problemas, que son humanos -y que demuestran, muchas veces, lo mal empleador que es el Estado-, mucho mejor.
Por el momento, tengo que quedarme con lo que el Ejecutivo ha propuesto. Es mejor que lo que tenemos, si bien no es lo óptimo. Pero confío en una corrección en la Cámara de Diputados, porque la cuestión está mal resuelta.
Gracias.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
Si no hay objeciones, el Senador señor Tuma me reemplazará por algunos minutos.
--Pasa a presidir la sesión, en el carácter de Presidente accidental, el Honorable señor Tuma.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, lo que se está mencionando efectivamente se halla revestido de fundamento. Se trata de una realidad no solo en el ámbito municipal, sino también en el del Estado, en general. Las contrataciones a honorarios, muchas veces, se prolongan por un largo tiempo, con un daño grave para estas personas, porque no cuentan con previsión ni con asistencia en salud.
Es algo que se ha discutido en el Senado y en la Cámara y se ha abordado con motivo de los proyectos de Ley de Presupuestos, habiendo mediado un compromiso de diversos Gobiernos de ir avanzando e intentando resolver el asunto.
No es una cuestión fácil. Tampoco es preciso plantear que mañana mismo podemos solucionarla.
Coincido con mi Honorable colega García en el sentido de que la disposición puede pasar a ser -incluso podríamos hacerlo en el propio Senado- transitoria. ¿Por qué? Porque la situación puede resolverse después, cuando los municipios hagan efectiva su facultad de fijar la planta. Ahí podrán establecer los cargos necesarios para poder incorporar a todo el personal que tenga que cumplir funciones por plazos indefinidos.
Ahora, la proposición no se refiere a que el cuarenta por ciento de los recursos podrán destinarse a contrata. No. Porque escuché algo así. Lo que sucede es que en la Administración Pública existe la norma -también comprende a las municipalidades- llamada "80/20": 80 por ciento de planta y 20 por ciento de contrata. Si se revisan todos y cada uno de los servicios del Estado, ninguno cumple con lo anterior. Y en cada Ley de Presupuestos, muchas veces, hacemos excepciones por esa razón.
Lo que se expresa aquí es cierto. En los municipios existe una situación de honorarios no propiamente originada por ellos, sino por servicios que prestan juntamente con el aparato del Estado. Por ejemplo, varios mantienen convenios con INDAP, y una importante cantidad de gente a honorarios cumple funciones de asesoría y respaldo a los campesinos sin ser parte de planta alguna. Tampoco puede ser incorporada en la correspondiente a la municipalidad, porque en un momento puede o no seguir trabajando.
Por supuesto, esos programas se prolongan año a año. Y habrá que buscar algún estatuto laboral para las personas que prestan servicios sobre la base de aquellos de los cuales las municipalidades se hacen cargo de común acuerdo con el aparato del Estado.
Algunos incluso pretendieron rechazar esta disposición, pero los propios funcionarios han pedido que la aprobemos. ¿Por qué? Porque si bien no es la solución final, al menos va a permitir que honorarios pasen a contrata -hay una disposición transitoria para privilegiar ese tratamiento- y que queden en tal condición.
Mas seamos claros: la contrata mejora la situación de la persona, ya que se puede acceder a previsión y salud, pero no da estabilidad. La renovación es año a año.
También vamos a tener que ver en el tiempo próximo cómo se puede darles ciertas garantías de orden laboral a los contratos en la Administración Pública, en el sector estatal, para evitar una expulsión producto de la arbitrariedad de una decisión tomada por la autoridad del momento. Debiera haber causales que justificasen la separación de alguien a contrata, sea por no cumplir sus funciones o por haber efectuado ya la tarea encomendada. Habrá que considerarlo.
Hemos aprobado la disposición, más el artículo transitorio, porque se apunta a una salida, efectivamente, pero repito que no es la solución final ni mucho menos. Será posible la incorporación a contrata de un sinnúmero de personas a honorarios que no están en los programas de la municipalidad, sino que realmente trabajan en ella, pero la situación no se define de manera permanente.
Los municipios, de acuerdo con sus facultades y en el momento de fijar sus plantas, podrán abrir espacios, de acuerdo con sus propias necesidades, para pasar a ellas al personal que se requiera y mantenerles contrato a quienes cumplan funciones que no sean tan estables.
Gracias.

El señor TUMA (Presidente accidental).- No obstante que estamos en votación, la Mesa sugiere que los Senadores señores García, Zaldívar y demás que se estimen necesarios redacten una norma transitoria, para después pedir al respecto la unanimidad de la Sala.

El señor COLOMA.- La disposición ha sido planteada por el Ejecutivo.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, la Secretaría puede transferir físicamente el texto permanente a un artículo transitorio. Basta con ello.

El señor TUMA (Presidente accidental).- Lo que ocurre es que se estaría remplazando una norma permanente, y ello no se podría hacer si no se reconfigurara la indicación.

El señor COLOMA.- Sigamos con el debate como estaba considerado.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Por mi parte, no tengo inconveniente en preparar una redacción, si es lo que se desea.
Si no, ¿para qué complicar el asunto? La Cámara de Diputados, con la recomendación del Senado, puede efectuar una transferencia a una disposición transitoria.
El señor TUMA (Presidente accidental).- Muy bien.
Puede intervenir el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, este es uno de los puntos más importantes del proyecto.
Estamos haciendo una ley, no para uno o dos años, sino ojalá -no sé cuánto duran estas cosas en el mundo municipal- para veinte.
La pregunta que tenemos que formularnos es cómo defender mejor los derechos de los trabajadores. Desde mi perspectiva, la respuesta que da la disposición -y por eso voté en contra- es equivocada.
La norma vigente, que no se cumple y debiera buscarse cumplir, dice: "Los cargos a contrata, en su conjunto, no podrán representar un gasto superior al veinte por ciento". Se entiende que este sistema no es la salida adecuada. Si una municipalidad requiere más funcionarios, la solución es la planta. La contrata es una excepción: veinte por ciento.
¿Qué está proponiendo ahora el Ejecutivo? El cuarenta por ciento. ¿Qué significa eso? Más precariedad. Quiere decir que un alcalde -cualquiera- podrá aplicar a los cargos a contrata hasta el cuarenta por ciento del gasto en remuneraciones. ¿Alguien cree que eso va a ayudar a la estabilidad en el empleo? ¿O más bien contribuirá a la precariedad?
Por eso, en la Comisión de Hacienda voté en contra, ya que me parece una mala decisión de fondo. Creo que es un error. ¿Y a qué obedece? A una situación de hecho, ya que muchos trabajadores a honorarios quieren pasar a la condición a contrata y los de contrata quieren pasar a la planta. Hay un cuello de botella.
Entonces, ¿cómo se resuelve un problema de esta naturaleza? Con un artículo transitorio especial.
A mi juicio, la norma tiene que seguir con el tope de veinte por ciento. ¿Cómo vamos a decirles a los alcaldes que ahora podrán llegar al cuarenta? En tal caso, cualesquiera que sean sus ideas políticas, tenderían a contratar gente de confianza, sin concurso, que no asume la misma responsabilidad que los funcionarios de planta. Y esas personas, con tal de trabajar, van a decir que sí y a precarizar su empleo por diez, quince o veinte años. Creo que, al final, es un camino -de manera indeseada, obviamente- hacia esta última situación.
La sugerencia que hice en su momento fue dejar la cifra en veinte por ciento y abrir un espacio en una disposición transitoria, por un tiempo determinado, para que quienes se hallan hoy día en una condición extraplanta puedan ir avanzando y tener prioridad cuando se hagan los concursos de planta. La solución es en ese sentido.
Ahora estamos buscando lo inverso, en la medida en que se dejaría el cuarenta por ciento como permanente. Es al revés: lo permanente es el veinte por ciento. Y en lo transitorio podemos hacernos cargo de lo que constituye una realidad.
Al señor Subsecretario de Desarrollo Regional -quiero dejar claro que ha sido muy colaborador en relación con el asunto- le hice presente que no sabemos la cantidad de personas en el caso de que se trata. Pero son muchas. Bueno, si es así, hagámonos cargo de ellas, pero en un artículo transitorio. No permanezcamos para siempre en la precariedad del empleo.
Por mi parte, no voy a aprobar la fórmula que nos ocupa. Puede aparecer con un envoltorio razonable, pero estoy seguro de que todos los funcionarios municipales saben, en el fondo del corazón, que un cuarenta por ciento de contrata no puede ser bueno. Mas también saben que hay un problema. Conviene arreglarlo en la parte transitoria. No dejemos un forado inmenso para el futuro del país con el porcentaje al cual acabo de hacer referencia y no de un veinte, como máximo.
Soy partidario de rechazar la norma y de recurrir a un cambio con relación -repito- al articulado transitorio. Si no es posible proceder así, me parece razonable que ello se concrete en la Cámara de Diputados. Pero resolvamos las dificultades: no las chutemos ni nos equivoquemos en la fórmula.
Por eso, no estoy de acuerdo con la disposición.

El señor TUMA (Presidente accidental).- Puede intervenir el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, tengo que ir a una Comisión, por lo cual pedí hacer uso de la palabra de inmediato.
La situación que nos ocupa es bastante generalizada en los municipios y refleja un problema muy de fondo, cual es que no cuentan con reglas reales para la contratación de personal. Es algo que obedece a que la ley fijaba las plantas hasta 1997, y, con la reforma constitucional de ese año, quedó en manos de ellos definirlas, al ser organismos autónomos. Sin embargo, lo anterior tiene que hacerse conforme a normas orgánicas constitucionales que fijen los criterios acerca de cómo cada municipio debe proceder, las cuales no se han dictado hasta el día de hoy. Llevamos dieciocho años sin que eso ocurra.
Entonces, creo que es preciso sincerar el problema: o se aprueba una iniciativa legal para tal efecto, lo que ninguno de los gobiernos hasta la fecha ha resuelto, o simplemente volvemos a determinar las plantas por ley.
El mecanismo actual asegura la mantención de un engendro que deja a los funcionarios municipales en una profunda inestabilidad. Y, además, permite que los alcaldes -todos: aquí no se omite ninguno- abusen de la contratación de personal. Ello dice relación, por el expediente de saltarse el veinte por ciento -hace rato que lo hacen-, con personas que cumplen unas mismas funciones con sueldos mayores, o con el pago de favores políticos, o con el aprovechamiento de todos los espacios para abusar del presupuesto municipal.
La norma en debate es un parche, pero malo, porque si bien puede resolver la precariedad en que se encuentran algunas personas, lo que hace es garantizarle ahora al jefe comunal que del veinte por ciento podrá legalmente pasar al cuarenta. Es decir, empeoraremos el problema.
Me parece que nos hallamos ante un asunto que no hemos querido abordar como país. Mientras no lo hagamos, los municipios van a seguir en una anarquía total con relación a las plantas, y los funcionarios, en una situación de inestabilidad.
Además, repito que se registra un abuso de los alcaldes, quienes meten gente por esta vía de distintas maneras. Muchas veces, son personas que se necesitan, que se requieren. Es la forma de solucionar problemas, como buena parte de los programas que aquí se han señalado.
Sin embargo, también veo de repente algunos presupuestos municipales, en el área educacional, en los que el alcalde incorporó al municipio a sesenta, setenta personas para pagar favores de la elección. Podría dar ejemplos, y de alcaldes variopintos.
¡Eso es lo que está matando a los municipios!
¡Eso es lo que los tiene desfinanciados, en muchos casos!
Y lo que estamos haciendo es aumentar esa brecha.
Si se quiere zanjar el problema de funcionarios que llevan muchos años en condición de precariedad, tener una norma permanente no es el camino.
De estimarse necesario, de todas maneras habría que hacerlo a través de una norma provisoria -como decía recién el Senador Coloma-, pero provisoria temporalmente, porque si la establecemos sin limitación de tiempo, es lo mismo que esté en el cuerpo permanente del proyecto.
Aquí debemos redactar una disposición que permita regular y solucionar los problemas de personas que llevan muchos años en un municipio, que son verdaderos funcionarios municipales, con el fin de regularizar su situación y terminar con la precariedad.
Pero lo que se está haciendo no resuelve ese problema y abre el espacio para una precariedad indefinida.
Me parece, señor Presidente, que aquí estamos, no sé, tapando el sol con la mano. No estamos enfrentando el problema de fondo de los trabajadores municipales.
Y mientras no definamos si vamos a aplicar la norma constitucional o si la vamos a cambiar por otra, seguiremos en la misma situación.
Creo que es hora de que el país defina qué quiere hacer en sus municipios, cómo quiere que sus trabajadores funcionen, cómo quiere renovarlos, cómo quiere profesionalizar y modernizar las plantas.
Lo que hoy existe, y que se potencia con esta norma, es la discrecionalidad. Y por esta vía, lamentablemente, se mantendrá el abuso de los alcaldes en el ejercicio de sus funciones, dejando a los trabajadores municipales de planta en una situación de desigualdad injustificada.
Por las razones dadas, voy a votar en contra de esta norma, porque me parece que de esa manera protegemos a los trabajadores municipales y, al mismo tiempo, forzamos a que se resuelva el tema de fondo, como se tiene que hacer.
He dicho.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, es una lástima que, existiendo la posibilidad en este proyecto de ley, que es tan anhelado por el mundo municipal, el Ejecutivo no haya tenido la voluntad política de solucionar el problema de los contratos a honorarios.
Porque, finalmente, las contrataciones a honorarios y a contrata son igual de precarias desde el punto de vista de la estabilidad laboral. Probablemente, las contratas tienen ventaja sobre las otras, pero siguen siendo precarias.
Ahora, el Gobierno, en vez de resolver el problema, nos entrega una herramienta legal, legislativa, para que les demos a los alcaldes la facultad de duplicar el personal a través de estas contrataciones.
Es cosa de ver todos los informes de la Contraloría -hoy día nominamos al nuevo Contralor General de la República-, todos los informes de transparencia, para darnos cuenta de que las instituciones del aparato público donde hay mayores actos de corrupción son los municipios.
No obstante, estamos entregándoles a los alcaldes una herramienta que les va a permitir mayor discrecionalidad, mayor cuoteo político.
Además, les estamos dando herramientas para que ellos puedan, por sí y ante sí, tomar decisiones que generan más inestabilidad laboral para los funcionarios a contrata, que no van a poder pasar a la planta. Y los funcionarios a honorarios difícilmente van a poder pasar a la contrata.
Más aún: este proyecto de ley se despachará ad portas de la elección municipal del 2016. O sea, no tengo ninguna duda de que va a ser usado para eso.
Ahora, es posible pensar que el Gobierno plantea esta norma precisamente porque quiere hacer engordar el Estado a través de contratar personal a honorarios y a contrata para ocultar el desempleo galopante que estamos viviendo en el país.
Y, como yo realmente no tengo la esperanza ni la ilusión de que esta situación se solucione -comparto lo que ha dicho el Senador José García, a quien le consulté antes del inicio de esta sesión por esta disposición en particular-, voy a votar en contra.
Porque, definitivamente, no es una solución que nosotros le demos en bandeja una salida al Ejecutivo, cuando este lo que quiere hacer es, dicho en buen chileno, "sacarse el pillo" con nosotros, señalando que les duplicamos a los alcaldes -se sube el tope de 20 a 40 por ciento- la posibilidad de contratación de personal a través de esta vía administrativa.
El Gobierno, una vez más, se lava las manos y deja que la estabilidad laboral de los funcionarios municipales quede definitivamente bajo la mesa.
Por último, deseo señalar que me parece una tremenda contradicción que el Gobierno, que está empujando una reforma laboral y que hace alarde de la estabilidad funcionaria y de los trabajadores y trabajadoras de Chile, en este caso en particular no busque estabilidad laboral para los hombres y mujeres que se desempeñan en los municipios.
He dicho.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Montes.

El señor MONTES.- Señor Presidente, uno escucha a la Senadora Lily Pérez y cree que ella ha estudiado el proyecto, que lo conoce.
Solamente quiero decirle a la colega que la aplicación de esta iniciativa de ley no puede verificarse en un año electoral. Eso lo señala expresamente uno de sus artículos.
Entonces, pretender adjudicarle una mañosería al Gobierno, haciendo ver que todo está hecho para que haya contrataciones, influencia electoral, no guarda relación con el texto del proyecto, porque este no se puede aplicar en un año de elecciones.
En todo caso, comprendo lo que muchos Senadores han dicho: el municipio chileno tiene problemas estructurales.
¡Sabemos que es así!
Es una institución creada para el control territorial, para el control de la población más que para el desarrollo local. Y estamos con un problema serio.
Lo anterior se expresa especialmente en la estructura de poder del municipio, en la forma de gobernar del alcalde: a su pinta, de acuerdo a lo que a él se le ocurre, sin tener contrapesos efectivos de ninguna naturaleza.
Es un problema serio.
La columna vertebral del municipio es el personal. Y, obviamente, estamos atrasados por años en la situación de los funcionarios, porque no se ha modernizado la estructura y el desarrollo del municipio en sus distintos niveles.
En el mundo entero, los municipios más desarrollados, más potentes son aquellos que tienen una estructura de personal más madura, independiente incluso del gobierno de turno; con capacidad de responder a iniciativas políticas del gobierno local del momento y con un nivel técnico apropiado.
Nosotros no hemos logrado encontrar un camino para avanzar.
Cuando se estableció el Administrador Municipal se suponía que iba a ser esa figura, pero se distorsionó y terminó siendo otra cosa. Se suponía que el Administrador iba a ser la cabeza permanente de un gobierno técnico, y no lo fue.
¿Qué estamos haciendo en este proyecto? Una reforma muy limitada, a mi juicio.
¿Y a qué responde esto? Al acuerdo Ravinet-Schilling-Pastene.
¡Esto viene de esa época!
Me refiero a Ravinet, en ese tiempo miembro de la DC -hoy día está en otros sectores políticos- y Presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades; a Schilling, que hoy día es Diputado; y a Pastene, de la UDI, que era Presidente de la Asociación de Funcionarios Municipales.
Pues bien, se acordó una cosa que era imposible: darles plena facultad a los alcaldes para replantear el municipio como ellos quisieran.
Han pasado años discutiéndose ese punto. Por eso no ha salido la ley -vaya como explicación para el Senador Larraín- y, al final, llegamos a esta iniciativa que es producto de muchas reuniones y negociaciones, pero que representa una solución bastante limitada.
Como han dicho otros Senadores, pienso que tenemos un problema global de la estructura del personal. No es solo en uno u otro nivel.
Obviamente, lo fundamental es clarificar el estatuto administrativo permanente de los trabajadores de planta. No se trata de cuestionar la autoridad de turno, sino de desarrollar profesionalmente, de una manera más sólida, la labor que se tiene en distintos ámbitos del municipio.
Y eso supone modificar el estatuto administrativo, porque el alcalde siempre se queja de que si los funcionarios de planta no son de su sector tienden a no trabajar o a provocar otros problemas.
¿Qué se hace en este proyecto? Se dice que los trabajadores a honorarios podrán pasar a contrata.
Eso, como ha señalado otro parlamentario, permite que haya un poco más de estabilidad y la posibilidad -es lo mínimo- de que cuenten con previsión, con salud.
¿Qué dicen los trabajadores municipales? Que eso no les da derecho a créditos, que les impide una estabilidad básica.
O sea, es muy precario también.
¿Cuántos van a ser los contratados a honorarios después de este proyecto?
Va a haber 34 mil trabajadores de planta: los 26 mil que existen hoy más 8 mil que entrarían por esta iniciativa de ley.
En contrata son 10 mil hoy y a ellos se suman 10 mil; esto es, se llegaría a 20 mil.
Y quedaríamos con 6 mil contratados a honorarios después de este proyecto de ley.
Honorarios de programas: ¡36 mil!
Aquí está el problema principal de los municipios. Es vergonzoso el nivel de precariedad de los trabajadores a honorarios de programas. Y en algunos casos, el problema se arrastra por muchos años, como se ha dicho acá.
Ahora, si agregamos a quienes trabajan en los jardines y en el aseo, con empresas subcontratistas, tenemos que el lugar de mayor precariedad en el trabajo está vinculado a los municipios. Eso, si sumamos el conjunto de funciones que ahí se cumplen.
Yo comparto lo expresado en el sentido de que la iniciativa en estudio no resuelve estos problemas -apenas da un paso-, y creo que eso es grave. Quedarán pendientes, por lo que tenemos que ver cómo lo haremos hacia el futuro.
Es imposible pensar en una solución sin un cambio más estructural.
¡La estructura de poder de los municipios no da para más!
¡El alcalde todopoderoso, que no tiene equilibrio, no da para más!
Por tanto, debemos replantear la estructura pensando en un municipio no de control, sino que de desarrollo, y eso supone algún nivel de acuerdo acá.
Hoy día no se ha realizado ese debate. En este Gobierno no se va a dar. Pero confío en que en la próxima Administración, que espero sea de un signo adecuado, se pueda hacer.
Gracias.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán, ¡a quien veo ansioso por hablar...!

El señor CHAHUÁN.- Así es.
Señor Presidente, Honorable Sala, lo que no podemos permitir es que este proyecto de ley, que intenta resolver un problema, finalmente termine enfrentando a los propios funcionarios municipales.
Eso es preciso evitarlo.
Aquí efectivamente se está avanzando y dando una solución a los contratos a honorarios, pero no se resuelven los problemas de fondo.
Tal como lo señalé en su momento, le pedimos al Contralor saliente que se comenzara una investigación sobre todos los servicios.
¡El Estado es el peor empleador de Chile!
¿En qué servicio, en qué municipio se cumple con la regla del 80/20, que quisiéramos que fuera la norma?
Por eso, hemos señalado que acá se está generando una división, una cuña entre los funcionarios municipales.
Nosotros fuimos a hablar innumerables veces con el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo con motivo de este proyecto de ley, por un sinnúmero de temas.
Entre ellos estaba aquel que dice relación con la asignación profesional, que beneficia a unos y no a otros.
¡Ojo!: eso puede ser objeto de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Quiero dejarlo simplemente deslizado, puesto que aquellos funcionarios que hacen un tremendo esfuerzo, que se capacitan tampoco tienen derecho a asignación profesional, no obstante lo dicho en el sentido de que el asunto estaría resuelto en virtud de esta iniciativa legal.
Otro tema importante es el relativo a los llamados a concurso.
¿Cómo vamos a posibilitar que sean llamados a concurso justamente los funcionarios que en la actualidad están prestando servicios en el respectivo municipio?
La comparación de las remuneraciones con el sector público también es un tema.
¿Por qué ponerles un techo si no son asimilables?
Ahí también se observa una dificultad.
¿Pero qué resolvemos respecto de la norma que estamos analizando?
Queremos pedirle al Ejecutivo que haga un esfuerzo mayor. Acá se nos pone en un brete a los parlamentarios, porque si votamos en contra vamos a perjudicar a los funcionarios que trabajan a honorarios.
En consecuencia, quiero solicitarle al Ejecutivo que repiense este punto, y que lo repiense en el Senado, a efectos de ver la posibilidad de resolver lo concerniente a los contratos a honorarios, tema que es urgente y necesario. Porque ¿qué pasa con las horas extraordinarias? ¿Qué pasa con los derechos a vacaciones de los funcionarios?
Ese también es un problema.
Por tanto, uno no puede votar en contra. Es cierto. Pero le pedimos al Gobierno que realice un esfuerzo mayor para los efectos de resolver el problema de los trabajadores a honorarios y a contrata; para finalmente dar un sentido de realidad a las plantas profesionales, no haciéndolas dependientes de los gobiernos locales de turno; y para que no se extorsione a los funcionarios con las campañas municipales cada cierto tiempo, ya que pareciera que fuesen un premio.
En virtud de lo anterior, le pido al señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo -por su intermedio, señor Presidente- que se dé un tiempo para repensar esta norma.
También deseo decirle que, tal como se dio una discriminación arbitraria en educación, acá podríamos estar frente a una discriminación arbitraria respecto de funcionarios municipales que tienen legítimo derecho a una asignación profesional.
Simplemente deslizo aquello y le pido al Ejecutivo que resuelva este problema. Creo que es el momento de hacerlo.
He dicho.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, el colega que lo remplazó en la testera creó una Comisión para estudiar la búsqueda de soluciones a los trabajadores que tienen jubilaciones miserables. Me refiero al Senador Tuma.
¿Y qué estamos haciendo con estos funcionarios municipales? En la práctica, les estamos generando un problema más serio cuando tengan que jubilar.
Mañana y pasado mañana habrá un paro en la Dirección General de Aeronáutica Civil que va a producir un tremendo daño al país, y podría extenderse más. ¿Saben por qué? (Lo pregunto por cuanto no todos están al tanto de la situación). Porque a esos trabajadores el Estado -no este Gobierno ni el anterior, pues el empate es muy fácil- les impone por el 40 por ciento de su sueldo. Y por el resto: ¡nada!
Entonces, de nuevo, ¡el Estado es el peor empleador!
Y aquí se sigue ampliando el trabajo precario.
Sé, señor Presidente, que este problema no resulta fácil de resolver. Pero, bueno, ¡en algún minuto tenemos que parar! Si no, el Senador Tuma va a crear diez comisiones más para que estudien cómo solucionar los problemas de los jubilados con sueldos miserables.
Por mi parte, me pregunto por qué tenemos un doble estándar.
Lo digo porque el Gobierno está tramitando una reforma laboral extraordinariamente exigente con los privados, con las pymes, a las que ni siquiera se ha querido excluir.
Entonces, ¡hasta cuándo se van a seguir creando trabajos que no les permiten a las familias endeudarse para tener una casa, una mejor calidad de vida!
Señor Presidente, ¡el Estado no cumple con la ley vigente y nadie hace nada!
¡No es posible tener hoy día tamaña cantidad de trabajadores en estas condiciones!
¡En vez de 80/20 es 20/80! ¡Es al revés!
Sin embargo, en esta norma estamos ampliando nuevamente la posibilidad de acomodar las plantas.
Entiendo que se trata de buscar una solución, pero la que se propone es una solución menor. Pienso que tenemos que parar en algún momento de generar este tipo de trabajos.
Y aquí, en el Senado, parece haberse impuesto un concepto distinto de trabajadores: hay trabajadores privados, a los que sí deben defenderse sus derechos; y trabajadores del Estado, municipales, y el Estado puede abusar de ellos, mantenerlos de por vida a honorarios, sin estabilidad laboral, sin la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida.
Y, al final, señor Presidente, ¿cuál es el resultado? ¡Pensiones de hambre! ¡Pensiones que condenan a la gente a la pobreza!
Me parece que en algún minuto hay que parar.
Esto no es demagogia. Es, definitivamente, no seguir alegando en los discursos que hay mucha gente que está en malas condiciones, sin exigirle un cambio al Estado de Chile, que continúa siendo el peor empleador, no obstante lo cual es el que más les exige a los privados.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Guillier.

El señor GUILLIER.- Señor Presidente, la verdad es que en este Congreso hemos creado ministerios a partir del trabajo precario. O sea, la posibilidad de darle un horizonte razonable en el tiempo a la regularización del trabajo precario en el servicio público se aleja cada vez más.
Obviamente, una fórmula como la que estamos tratando de aprobar pretende resolver un problema. A corto plazo, podría eventualmente hacerlo y sobre todo darles tranquilidad a los trabajadores del sector municipal que se verían beneficiados. Pero en el largo plazo lo único que hará será aumentar un problema que ya se está haciendo insolucionable. Y, por lo tanto, puede volverse simplemente imposible de resolver.
Señalo esta preocupación porque estamos avanzando también en el marco de la descentralización y la regionalización, uno de cuyos objetivos es que el municipio realmente sea el gobierno local. Eso supone un grado de profesionalización para que ese poder local no se transforme en el poder de un "cacique" que maneje el municipio a su gusto, sin ningún control, con concejales con muy pocas facultades y con una especie de entronización de funcionarios que le sirven.
Por lo mismo, creo que la fórmula que se busca, que puede responder a un acuerdo político, necesita ser precisada.
Ahora bien, entiendo perfectamente que no sea posible resolver un problema que se hizo dramático: la regularización de funcionarios a honorarios y a contrata. Pero si aumentamos la posibilidad de que unos y otros sean incrementados a 40 por ciento sin una fecha de término y el cumplimiento de ciertas condiciones, el problema empeorará a muy corto andar.
Por lo tanto, al señor Subsecretario -por su intermedio, señor Presidente-, que ha hecho un trabajo dentro de lo posible, le pido avanzar en una fórmula que realmente fije el concepto de transitoriedad, con plazos concretos de duración y con condiciones que signifiquen ir avanzando a la regularización. Por ejemplo, que el trabajador a honorarios pase a contrata, y que el a contrata, a su vez, se vaya integrando a la planta estable. Si no, la situación va a continuar y en ocho o diez años más, cuando revisemos esta ley, nos vamos a encontrar con un problema que, si hoy es difícil, en ese momento será absolutamente imposible de resolver.
No podemos seguir avanzando, señor Presidente, sobre la base de un Estado que cada vez se hace más precario. Es necesario y urgente avanzar hacia una carrera funcionaria con estabilidad, con estímulos y también con evaluaciones y exigencias, porque los funcionarios tampoco se pueden dejar estar, sino realmente tener estímulos que les permitan rendir y mejorar.
Para eso, como digo, se requiere cierta estabilidad. Y lo que veo en esta fórmula es el enorme peligro de enfrentarnos a un problema el doble de grave en cuatro o cinco años más, cuando ya, francamente, tengamos un Estado en descomposición.
Si los gobiernos locales no son regularizados ahora, la descentralización y la regionalización, que también estamos trabajando en otros proyectos, se va a convertir en un fenómeno absolutamente inútil.
Lo que va a ocurrir es que vamos a tener caciques locales reelectos a perpetuidad, rodeados de adláteres e incondicionales contratados a simple vista, con el simple sello del compadrazgo o del reclutamiento partidario y en ningún caso por mérito funcionario.
Tenemos que avanzar de verdad hacia gobiernos locales y regionales sustentados en el profesionalismo, en la carrera funcionaria, en estímulos que permitan e incentiven el progreso y el mejoramiento del desempeño funcionario, y también en evaluaciones y exigencias claras y categóricas, conforme a lo que debe ser un Estado moderno.
Por todo lo anterior, señor Presidente, invito a seguir trabajando en una mejor fórmula que la propuesta, porque, si la dejamos como está, acentuaremos un problema que después no tendrá ningún control posible.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ossandón.

El señor OSSANDÓN.- Señor Presidente, antes que nada, considero que aquí se han hecho juicios superlivianos e irresponsables. Cuando hablan de que los sectores con más corrupción en Chile están en los municipios, no se les olvide que están hablando de los funcionarios y están tratando a gente, al voleo, de corrupta.
Además, veo que tienen mucho miedo político y mucho problema a que exista autoridad. Hablan de discrecionalidad, de un montón de cosas que no tienen nada que ver con este tema, demostrando un desconocimiento tremendo.
Claramente, durante los últimos 50 años en Chile no es que todos hayan sido idiotas y no quisieran arreglar las plantas. Los municipios son organismos vivos y en las plantas, si uno se equivoca y tiene un municipio pequeño con una dotación permanente muy grande, después puede no disponer de dinero para pagar siquiera los sueldos.
Y la problemática no va por disminuir los a contrata, sino por darles estabilidad. Cada cierto tiempo habría que hacer un estudio de los funcionarios de planta que realmente se necesitan y otro importante de los de gestión de cada autoridad, que podrían permanecer a contrata. ¿Por qué no estudiar también la posibilidad de que existan contratas a 4 años, con mayor estabilidad, para que la gente sepa hasta cuándo está contratada?
Esta norma no soluciona verdaderamente el problema, pero aclara algo que es realidad: en los programas municipales, cuando no hay plata para la contrata, se inventan para efectuar pegas de contrata, y se hacen contratas para realizar pegas de planta. Y eso hay que transparentarlo.
Creo que pensar que esta disposición puede usarse para hacer campaña es absolutamente irreal, porque es más fácil hacer campaña con los programas. Hay que apostar a la confianza de la gente.
Voy a aprobar la norma, a pesar de ser insuficiente, pero me gustaría -lo digo ahora que está el señor Subsecretario- que fuéramos valientes y de alguna manera encasilláramos a los contrata y los programas a los años de gestión del que gana democráticamente. ¡Si el alcalde no es ni un caudillo ni un rey! Son personas que ganan democráticamente, a pesar de que muchos les tienen miedo, porque después son muy buenos candidatos y les ganan a los parlamentarios históricos. Pero lo importante aquí es darles una mínima estabilidad a los funcionarios a contrata. Al respecto, esperamos que se desarrolle una ley de plantas.
Aquí se dijo además que se hacía por una ley, que los alcaldes lo realizaban antiguamente, cuando la verdad es que lo efectuaba la SUBDERE. La Subsecretaría de Desarrollo Regional se lo planteaba al alcalde y al concejo y al final se hacía lo que ella quería. Es lo mismo que se va a poner en marcha ahora, porque esto tiene una restricción absolutamente presupuestaria. Y hay que ser responsable.
Esta es una solución de parche, pero no es mala en el sentido de que ojalá todos los a honorarios que están haciendo una pega disfrazada la puedan seguir haciendo a contrata, para tener previsión y salud. Y ojalá el señor Subsecretario pueda estudiar la posibilidad, en una ley moderna, de que un porcentaje de las personas a contrata, después de cada elección, tengan un contrato de más de un año, porque ahora hay que renovarlos cada diciembre. Podría haber un equipo, porque es lógico que exista confianza en ciertas personas, con las condiciones que la ley exige. No se puede contratar a cualquiera, sino solo a quienes cumplan determinados requisitos.
Y lo otro que quiero destacar -viene más adelante, así que no lo vamos a ver hoy día y lo considero un tremendo error- es la exigencia de cuarto medio para los auxiliares. En Chile hay mucha gente que postula y trabaja como auxiliar, en labores de aseo, haciendo pegas que no quiere hacer nadie. Son personas que no tuvieron la opción de obtener la licencia de enseñanza media. Y pedirles cuarto medio dejará a un grupo muy numeroso afuera.
Por lo tanto, espero que esa norma sea rechazada y se vuelva al requisito de la enseñanza básica. Hoy, mucha gente postula a cargos que ojalá sean eliminados en el futuro, como los ubicados en los grados 18° y 19°, que no debieran existir; pero, mientras existan, ninguna persona con cuarto medio va a apostar por ellos.
Gracias.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba la letra a) del N° 1 del artículo 5° del proyecto (23 votos a favor, 7 en contra y una abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic y Muñoz y los señores Araya, Chahuán, Espina, García, Harboe, Horvath, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Ossandón, Pizarro, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa las señoras Lily Pérez y Von Baer y los señores Coloma, García-Huidobro, Hernán Larraín, Pérez Varela y Prokurica.
Se abstuvo el señor Guillier.


El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, tan importante como aprobar esta ley es sacarla rápido, porque de otra manera se nos va a trancar.
Viene el 1° de enero y, aunque queda poco rato para la hora de término de esta sesión, creo que todos estamos en el ánimo de despachar la iniciativa el día de hoy, pues seguirla analizando el próximo martes ya significa una complejidad.
Por eso, quiero hacer una proposición muy simple.
Desde mi perspectiva, y después de consultarlo con varios colegas, hay un solo tema discutido y con votaciones diferentes entre las Comisiones de Gobierno y de Hacienda. Corresponde al numeral 6 que figura en la página 65 del comparado.
Ahí sugiero aprobar el texto que plantea la Comisión de Gobierno, que es distinto del que recomienda la de Hacienda. La primera propone, para las plantas de auxiliares, el requisito "Haber aprobado la educación básica o encontrarse en posesión de estudios equivalentes", mientras que la segunda establece la exigencia de "Haber aprobado la educación media o su equivalente".
Después de conversar el tema con algunos colegas, propongo acoger, por unanimidad, la recomendación de la Comisión de Gobierno.
Y lo otro que sugiero aprobar, de la misma Comisión de Gobierno, es el inciso final que sugiere agregar al N° 6 y que dice lo siguiente: "Las plantas podrán considerar requisitos específicos para determinados cargos". Figura en la página 66 del texto comparado y fue eliminado por la Comisión de Hacienda.
Si estamos de acuerdo en eso, señor Presidente, mi proposición es que para todo el resto de las modificaciones se haga una sola votación, con fundamentación de voto para el que lo desee.
Me he dado cuenta de que estamos de acuerdo en todo, de que no hay diferencias, por lo que perfectamente podemos despachar este proyecto el día de hoy para que pase a la Cámara de Diputados a cumplir el trámite faltante, de modo que se convierta en ley ojalá este año. De otra manera será muy complicado.
Es la propuesta que quiero hacer, señor Presidente.
--(Aplausos en tribunas).
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Para un tema reglamentario, señor Presidente.
En representación de la Comisión de Educación, pido autorización de la Sala para refundir dos iniciativas que permiten la transformación de los institutos profesionales y centros de formación técnica en personas jurídicas sin fines de lucro. Una es una moción de los Senadores señores Lagos, Montes y Zaldívar (boletín N° 10.261-04), y la otra, una moción del Senador señor Letelier y del que habla (boletín N° 10.261-04).
--Se accede a lo solicitado.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Ofrezco la palabra al Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, efectivamente estábamos conversando con el Senador Coloma y otros colegas sobre el asunto.
Creo que la propuesta formulada es lógica.
Podríamos acoger las dos materias señaladas por el Senador Coloma, es decir, las propuestas por la Comisión de Gobierno y no por la de Hacienda en cuanto a los requisitos de estudio y también a los requerimientos para los cargos profesionales de las plantas.
En relación con el resto, soy partidario igualmente de efectuar una sola votación, porque en casi todo tenemos acuerdo. No hay ninguna dificultad. Y con eso sería posible despachar el proyecto.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Podríamos hacer una sola votación para todo lo que queda pendiente, acogiendo la redacción de la Comisión de Gobierno en cuanto a la enseñanza básica, etcétera.
Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, hay que dejar constancia de lo siguiente.
Nosotros estamos de acuerdo en que se acojan las dos normas de la Comisión de Gobierno en relación con la enseñanza básica y la descripción de requisitos específicos para determinadas funciones.
Respecto a lo otro, creo que además debería votarse sin discusión, porque estamos de acuerdo en lo que plantea la Comisión de Hacienda.
Por lo tanto, con dos votaciones y sin discusión podemos despachar el proyecto.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Ahora, si les parece, podemos hacer una sola votación, respetando, obviamente, el derecho a fundamentar el voto, por cinco minutos, al que quiera hacerlo, por ser una decisión personal.
¿Habría acuerdo para proceder en el sentido indicado?

El señor COLOMA.- Sí, señor Presidente, con tal de que se pueda fundar el voto.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Acordado, entonces.
Por lo tanto, en votación el texto propuesto por la Comisión de Gobierno para el N° 3 del artículo 5° del proyecto y las modificaciones planteadas por la Comisión de Hacienda para el resto del articulado en caso de contradicción, manteniendo, por supuesto, el derecho a fundamentar el voto.
--(Durante la votación).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, votaré a favor.
Me parece bien la sugerencia del Senador Coloma de hacer una votación económica para lo que queda del proyecto.
Pero quiero insistir en que debemos dejar poco espacio para la comisión de actos y hechos de corrupción al interior de los municipios. Y no se trata de una opinión. Así lo ha dicho la Contraloría General de la República todos los últimos años. La mayoría de las resoluciones sobre casos de corrupción están vinculadas a municipios. Y el Consejo para la Transparencia también lo ha manifestado en sus informes anuales.
Ahora bien, ¿por qué me parece que debemos dejar poco espacio para la discrecionalidad y para la corrupción? Porque los actos de corrupción detectados en los municipios no han sido perpetrados por funcionarios municipales, sino por los alcaldes y por personal de confianza, mayoritariamente.
¡Esos son los casos de corrupción que conocemos! ¡Nunca se han visto involucrados funcionarios municipales de trayectoria, de carrera!
Y es la razón por la que yo insisto en que no debemos dar manga ancha a mayores dotaciones que permitan a los alcaldes hacer y deshacer en los municipios, vulnerando la carrera funcionaria.
Me parece que la totalidad de este proyecto de ley significa un avance en materia municipal, pero los avances debemos llevarlos a cabo pensando siempre en resguardar el derecho, la dignidad y el trabajo de los funcionarios municipales y dejando poco espacio -¡poco espacio!- para la precariedad, la arbitrariedad y la discrecionalidad, porque después los actos de corrupción, cuando se detectan por la Contraloría General de la República y el Consejo para la Transparencia -como lo han dicho, cada año-, los encabezan principalmente los alcaldes, las alcaldesas y los funcionarios de confianza.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, muy corto, pues quiero simplemente destacar, respecto de las normas que vamos a aprobar por unanimidad, la importancia de tres materias, para la historia de la ley.
Primero, que se haya acogido, en el artículo primero transitorio, la solicitud de los trabajadores para incorporar en el encasillamiento a todos los funcionarios, entre los grados 10° al 20°, en el grado inmediatamente superior, a contar del 1 de enero del 2016, porque eso estaba originalmente separado. Algunos encasillamientos empezaban a regir al mes siguiente de la publicación, y otros, a partir del año siguiente. Ahora se homologan, lo cual me parece muy importante.
En segundo lugar, está el asunto de los recursos. Recordemos que originalmente el Gobierno había destinado 12 mil millones de pesos para el 2015; 24 mil millones para el 2016, y 36 mil millones para el 2017. Pero, como el proyecto no entraba en vigencia porque demoraba su tramitación, los 12 mil millones que estaban presupuestados para el 2015 y que eran muy importantes no estaban siendo considerados.
Eso fue parte de la discusión.
De ahí que la Comisión de Hacienda le pidiera al Subsecretario de Desarrollo Regional que hiciera las gestiones para recuperar esos recursos. Lo logró parcialmente, pues hubo un aumento de 8 mil millones, que ayudan mucho a darle curso a este proyecto, porque, de otra manera, su desarrollo sería inviable.
Y por eso también resulta muy relevante reconocer también que ahora, a pesar del tiempo perdido, se pudo recuperar cierta cantidad de recursos, que permitirán otorgar adecuadamente los bonos respectivos. Y eso me parece muy importante.
Adicionalmente, en el artículo octavo transitorio, que recoge las solicitudes de los trabajadores para incorporar a todos los funcionarios entre los grados 10° al 20° al bono retroactivo de cuatro meses -también en discusión-, había una diferenciación, que no era la adecuada, pero al final se pudo avanzar significativamente en el tema.
Asimismo, debo destacar el haberse dejado sin efecto una suerte de homologación de los encasillamientos con las escalas de los funcionarios públicos, que, desde todo punto de vista, hacía muy enojosa la comparación.
Entonces, una de las peticiones que se plantearon, y que hizo juicio -por así decirlo- en la Comisión, fue para terminar con esa obligación de homologación.
De esa manera, es mayormente viable que este proyecto pueda funcionar y así traducirse en un real y positivo cambio de remuneraciones, no quedando sujeto a estudios, que siempre son enredosos cuando se trata de establecer equivalencias.
Creo que eso ayuda a que, después de un largo caminar, estemos transitando al menos por una vía de acuerdo. Yo tengo algunas objeciones respecto de lo que se hizo con las contratas, pero, al final, se está llegando a un arreglo razonable.
A mi juicio, después de muchos años se da un paso hacia adelante en materia municipal. Y es de esperar que este esfuerzo sea correspondido en la Cámara y podamos, ojalá dentro de este año, contar con la anhelada nueva ley municipal, que permita desarrollar este ente tan importante para el futuro del país.
Por eso, muy contentos votamos a favor de todo lo que resta.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ossandón.

El señor OSSANDÓN.- Señor Presidente, muy breve, solo para aclarar algo respecto de la corrupción, porque es superfácil desprestigiar un sistema.
Primero, no hay ningún alcalde destituido en los últimos años por corrupción. A lo mejor, puede haber alguno relevado por labores administrativas, pero, por corrupción o robo directo, ninguno.
Segundo, cuando una persona ingresa a contrata pasa a ser funcionario municipal.
Y tercero, la verdadera corrupción pasa por licitaciones y no por contrataciones. Por eso, lo que busca la norma pertinente es tratar de aminorar, de alguna manera, la problemática de los que están a honorarios haciendo la pega de personal a contrata.
Hay que conocer el mundo municipal. Es muy fácil ensuciar un sistema, como si todo fuera corrupto, pero eso no es así. Además, no sé si aquí tenemos la moral para tirarle basura tan livianamente a la gente. Me parece que eso no es responsable.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, personalmente quiero, antes de terminar esta votación, destacar en primer lugar el trabajo realizado tanto por las dos asociaciones de funcionarios municipales que participaron en el debate como por el Ejecutivo, a través de la colaboración que tuvimos del Subsecretario de Desarrollo Regional, que nos permitió ir avanzando en la búsqueda de soluciones.
Dos de esas soluciones fueron las que, en definitiva, posibilitaron destrabar totalmente el proyecto en el último tiempo.
La primera es sobre la vigencia de la ley, establecida al 1° de enero del año 2016. Con ello se terminó con la incertidumbre de cuándo se iban a aplicar los beneficios entregados en virtud de la presente normativa. Y eso resulta muy importante.
La segunda se refiere al bono especial de los cuatro meses, que era el que reemplazaba el efecto retroactivo con el que empezaba la iniciativa. En definitiva, se determinó su mantención y se paga el beneficio, el que además obtuvimos que se expandiera desde los grados 10° al 14°, que no estaban contemplados en la norma primitiva.
Lo otro que también considero relevante destacar es que los recursos destinados por el Estado a las municipalidades van a aumentar sustancialmente y no solo en los primeros dos años, que es cuando entra a aplicarse la ley propiamente tal. En efecto, la idea es que los recursos del Fondo Común Municipal lleguen a quintuplicarse el 2018, lo cual es muy positivo para municipios.
Por otro lado, adhiero al planteamiento formulado por el Senador Ossandón.
No es fácil ni conveniente poner a todo el sistema institucional de las municipalidades en la duda acerca de si son corruptos o no.
Si hay un corrupto, deberá identificarse quién es; y, por supuesto, sancionarse.
Pero dejar a todas las municipalidades, o a los alcaldes, o a los concejales, etcétera, como si todos fueran sospechosos, es un gran error.
Pienso que no fue la intención de la Senadora que hizo esa observación.
Reitero que no es posible aseverar que en las municipalidades se encuentran los focos de la corrupción en este país.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, voto a favor de los artículos pendientes única y exclusivamente porque los funcionarios municipales, a lo largo de todo el país, nos han pedido que este proyecto complete su tramitación en el Senado, pase a la Cámara de Diputados lo más pronto posible y sea ley.
Sin embargo, no puedo guardar silencio respecto de la eliminación de la exigencia del cuarto medio.
Quiero recordar que ese requisito rige desde el 2003, cuando incorporamos a nuestra Constitución Política la frase: "La educación básica y la educación media son obligatorias en conformidad a la ley, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población.".
Se ha dicho aquí: "No, se trata de auxiliares que entrarían a barrer". Craso error, pues muchos de esos "auxiliares" son conductores de vehículos pesados, de camiones pesados, de maquinaria pesada.
Por lo tanto, exigir la licencia de enseñanza media es hoy un requisito básico.
El mensaje que les debemos dar a nuestros jóvenes es que deben hacer todos los esfuerzos para completar sus estudios medios. De manera contraria, estaríamos dando un mensaje equivocado.
Con todo, voto a favor, única y exclusivamente -repito- porque lo que más nos han pedido es completar el trámite de esta iniciativa en el Senado.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.- Muy breve, señor Presidente.
Primero, quiero felicitarlo por la conducción de esta sesión, que no era fácil en un proyecto de ley complejo.
En segundo lugar, deseo felicitar a los dirigentes que nos han acompañado.
Lo hago porque aquí se produjo un fenómeno bien especial.
En la Comisión de Gobierno -aprovecho también de agradecer infinitamente el trabajo en equipo que se hizo junto con los Senadores señor Zaldívar, señora Von Baer y señores Quinteros y Horvath- permitimos que todos los funcionarios que lo desearan participaran en la sesión.
Y eso demuestra que el Senado puede sesionar con un contacto directo con la comunidad.
Señor Presidente, hubo sesiones en que por una cuestión de cupo gran parte de los funcionarios estuvieron de pie, y algunos me expresaron que no era la manera histórica de sesionar en el Parlamento.
Quiero decir que ese es un tremendo error, pues tenemos que legislar con total claridad y transparencia, y escuchar las opiniones sin dilatar los proyectos.
Por lo tanto, a los funcionarios municipales, muchas gracias.
A sus dirigentes, muchas gracias.
Me siento orgulloso de haber tenido la posibilidad de trabajar con los Senadores que participaron en nuestra Comisión, porque hicieron un trabajo encomiable en un período en que sacamos una cantidad enorme de iniciativas de ley.
Se ha producido un avance muy importante respecto de una materia que, al recorrer el país, viendo y hablando con los funcionarios municipales, uno se da cuenta de que está muy metida en el corazón.
En definitiva, ellos son quienes se encuentran más cerca de los ciudadanos, en el frente de batalla, porque gran parte de las personas va a pedirles cosas que no pueden resolver: problemas de seguridad ciudadana, de cesantía o de salud. Y muchas veces el funcionario municipal no tiene cómo ayudarlos.
Sin embargo, el Estado en Chile -en distintos Gobiernos- no ha tomado la decisión de mejorar sus condiciones de trabajo.
Existía un trato indigno hacia ellos, pero esto no se produjo en uno o dos años, sino que se fue acumulando hasta el punto que la última ley de plantas municipales -se señaló al comienzo de esta sesión- se aprobó hace 21 años.
En tercer lugar, quiero decir que el objetivo de esta iniciativa es ayudar a los ciudadanos.
Cuando contemos con nuevas plantas municipales que se adecúen a las realidades actuales; cuando haya funcionarios municipales que logren un mejor reconocimiento a su labor; cuando las plantas se establezcan escuchando también su opinión, se mejorará la calidad de atención.
¿Qué es lo que importa? Mejorar la forma de atender a los ciudadanos.
Estas normas van a contribuir a eso.
Finalmente, quiero realizar algo que, estando en la Oposición a veces no es habitual que haga: agradecer al señor Subsecretario por su paciencia, su voluntad.
Porque realmente este tema es supercomplejo. Tuvimos diferencias importantes, pero él siempre supo buscar la solución. Y, en numerosos casos, lo logró después en la Comisión de Hacienda.
Felicito también a los miembros de esa Comisión, pues pudimos resolver los problemas que, en un primer momento, parecían no tener solución.
Hemos sacado una ley que mejora considerablemente las condiciones de los funcionarios y que promueve la modernización de los municipios.
Señor Presidente, debiéramos destacar este tipo de trabajo, porque son cosas positivas de las cuales se publica y se habla poco, pero que finalmente quedan en el tiempo.
Así que voto a favor de esta norma.
Y, en nombre de los Senadores de Renovación Nacional, quiero manifestar que creemos haber hecho entre todos un buen trabajo.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Agradezco a los Presidentes de las Comisiones de Gobierno y de Hacienda, Senadores señor Espina y señor Zaldívar, y a todos sus miembros, pues hicieron una gran labor.
Asimismo, saludo a las asociaciones de funcionarios municipales que hoy nos acompañan, las cuales tuvieron un rol muy activo; a los funcionarios de la SUBDERE y exintendentes de las Regiones de Coquimbo y de Aisén, presentes en las tribunas, y a todos los funcionarios que, junto con el Subsecretario, don Ricardo Cifuentes -exintendente también-, desarrollan un gran trabajo.
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, seré muy breve.
Simplemente, deseo agradecer a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, por su disposición, y a las dos Comisiones que estuvieron abocadas al conocimiento de este proyecto.
Además, quiero señalar que hubo también un esfuerzo consistente de los funcionarios municipales.
Nos hemos reunido con ellos en distintas provincias: San Antonio, San Felipe y Valparaíso.
Estuvimos con los dirigentes nacionales.
Nos recibió, a lo menos en tres oportunidades, el Subsecretario de Desarrollo Regional, con el fin de apurar este tranco: cuando le pedimos urgencia para esta iniciativa; cuando veíamos que el proyecto no tenía perspectivas de resolverse rápidamente.
Sin embargo, pese al esfuerzo del Gobierno -al cual aprovecho de felicitar- para resolver una materia pendiente hace bastante tiempo, hay temas que van a seguir pendientes, los cuales quisiera que quedaran en la lista.
Todavía resta un trámite constitucional en el que el Gobierno puede resolver esta discusión definitivamente.
Hace unos días nos juntamos con el Subsecretario de Desarrollo Regional y el Senador Andrés Zaldívar con el objeto de tratar la reforma descentralizadora que viene hacia delante, mediante la cual queremos transferir recursos y atribuciones a los Gobiernos regionales, lo cual pasa por la elección directa del Intendente regional.
Además, hemos dicho que necesariamente debe fortalecerse el poder local. Y eso supone darle dignidad al trabajo y a la función pública municipal.
Me parece complejo -vuelvo a insistir- aquello que dice relación con la asignación profesional para todos los funcionarios municipales, pues no es posible que solo algunos puedan optar a este beneficio.
En cuanto a no considerar el requisito de enseñanza media, creo que eso es importante en las zonas rurales, pues si se les exigiera quedarían sin empleo. La posibilidad de perfeccionamiento de los funcionarios municipales no siempre está disponible.
¡Hay 5 millones 700 mil chilenos que no tienen todavía su educación primaria o secundaria completa! Por tanto, hay que hacerse cargo de ello.
La asignación de responsabilidad para los conductores de vehículos, que aparece en el Protocolo firmado en el Gobierno del Presidente Piñera, pero no en este proyecto de ley, ni en las negociaciones que se hicieron finalmente con los dirigentes, también nos parece relevante.
Hay municipios que tienen flotas enormes, como Viña del Mar, Santiago y otras, que también requieren una asignación importante.
Lo relativo a los Jueces de Policía Local, que ya revisamos, también quedará pendiente.
La comparación de los funcionarios del sector público con los funcionarios municipales es una discusión de la cual habrá que hacerse cargo en algún minuto.
Esperamos que sea durante el debate de este proyecto de ley y no en una instancia posterior.
Finalmente, está la posibilidad de llamar a concurso, de terminar con la precarización del trabajo municipal.
Ya se habló acá del daño previsional. Y en los próximos años nos referiremos a cómo resolveremos la deuda histórica o el daño previsional a los funcionarios municipales.
También subsisten los problemas de si efectivamente la Administración central sentirá la necesidad de recuperar la educación; de qué pasará finalmente con esas plantas; de cómo se resolverá ese asunto; de si se generará una segunda deuda histórica que afecte al Magisterio y a los funcionarios municipales que laboran en educación.
Se trata de incógnitas que todavía siguen pendientes y que se deben resolver en algún minuto.
Por tanto, quiero señalar que hoy hemos dado un paso importante, decisivo. Y reconozco la voluntad del Gobierno, así como también la de este Subsecretario de Desarrollo Regional, quien tiene una especial sensibilidad.
Considero que la Presidenta de la República hizo bien en nombrar a una persona de regiones para hacerse cargo de esta repartición pública.
En tal perspectiva, esperamos que las reformas que vendrán más delante tengan el sentido de aumentar efectivamente el empoderamiento regional.
Pero eso pasa también por resolver los temas de fondo y solucionar lo relativo a la dignificación de la función pública, del trabajo municipal, y poner término a una situación que a veces parece ser la regla: después de una campaña los trofeos de guerra terminan siendo las corporaciones de educación y las corporaciones de salud en los respectivos municipios.
¡De esos asuntos hay que hacerse cargo!
En consecuencia, espero que este sea un primer avance y que durante la tramitación de este proyecto de ley los problemas pendientes al final encuentren respuesta.
Muchas gracias.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminada la votación.

--Por 25 votos a favor, se aprueban el texto propuesto por la Comisión de Gobierno para el número 3) del artículo 5° y las modificaciones planteadas por la Comisión de Hacienda para el resto del articulado en caso de contradicción, dejándose constancia de que se cumple el quórum constitucional requerido, y el proyecto queda aprobado en particular y despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Muchas gracias a todos los dirigentes y funcionarios municipales que hoy nos acompañan en las tribunas, así como a los funcionarios de Gobierno, incluyendo al señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, don Ricardo Cifuentes.
Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión, sin perjuicio de darse curso reglamentario a las peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.
PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor ESPINA:
A los señores Presidente de la Corte Suprema, Fiscal Nacional del Ministerio Público, General Director de Carabineros, Director General de la Policía de Investigaciones, Defensor Nacional de la Defensoría Penal Pública, Director Nacional de Gendarmería y señoras Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores y Representante de UNICEF en Chile, solicitándoles información sobre FALENCIAS Y PROBLEMAS DETECTADOS EN APLICACIÓN DE LEY SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE.
A la señora Ministra de Educación, a fin de que haga llegar antecedentes sobre DESERCIÓN ESCOLAR DESDE 2010 HASTA LA FECHA Y PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y COBERTURA ASIGNADOS PARA ENFRENTARLA.
Al señor Ministro de Obras Públicas y al señor Alcalde de Galvarino, pidiéndoles que informen las medidas que adoptarán para la REPARACIÓN DE CALLES CAUPOLICÁN, INDEPENDENCIA, FRESIA, LEÓN GALLO Y RAMÓN FREIRE DE DICHA COMUNA.
Al señor Ministro de Obras Públicas y a la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, solicitándoles información acerca de MEDIDAS ANTE FALTA DE PAVIMENTACIÓN Y ALCANTARILLADO EN CALLE CONDELL, COMUNA DE VICTORIA.
Y a la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, para que informe respecto de ATRASO EN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA POR SUBSIDIO HABITACIONAL PARA MATRIMONIO SALGADO-DÍAZ, COMUNA DE ERCILLA.
Del señor GARCÍA-HUIDOBRO:
Al señor Ministro de Obras Públicas, requiriéndole informe fundamentado sobre RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD EN ZONAS RECTAS Y NO PELIGROSAS DE AUTOPISTAS CONCESIONADAS.
De la señora VAN RYSSELBERGHE:
Al señor Presidente de la Excelentísima Corte Suprema, para manifestarle PREOCUPACIÓN POR PREVENCIONES PROPIAS Y DE MINISTRO SEÑOR DAHM ACERCA DE PROYECTO DE LEY SOBRE IDENTIDAD DE GÉNERO.
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--Se levantó la sesión a las 19:52.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción