REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 363ª
Sesión 78ª, en miércoles 9 de diciembre de 2015
Especial
(De 11:46 a 14:7)
PRESIDENCIA DE SEÑOR PATRICIO WALKER PRIETO, PRESIDENTE;
SEÑORA ADRIANA MUÑOZ D'ALBORA, VICEPRESIDENTA, Y
SEÑOR ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores (as):
--Allamand Zavala, Andrés
--Araya Guerrero, Pedro
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Lagos Weber, Ricardo
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrió, además, la Ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Ximena Rincón González. Asimismo, se encontraban presentes el Subsecretario del Interior, señor Mahmud Aleuy Peña y Lillo; el Fiscal Nacional del Ministerio Público, señor Jorge Abbott Charme; el General Director de Carabineros de Chile, señor Bruno Villalobos Krumm; el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, señor Héctor Espinosa Valenzuela; los Fiscales Regionales del Biobío, señor Julio Contardo, y de La Araucanía, señor Cristián Paredes; el Director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado (ULDDECO), señor Mauricio Fernández; el Director de Comunicaciones de la Fiscalía Nacional, señor Christian Fuenzalida; el Jefe de Inteligencia Policial, Prefecto Inspector señor Manuel Leiva Castillo; el Director Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal, General Inspector señor Gonzalo Blu Rodríguez, y el Director Nacional de Orden y Seguridad, General Inspector señor Víctor Herrera Pintor.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 11:46, en presencia de 13 señores Senadores.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Se va a dar cuenta del asunto que ha llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
La siguiente es la comunicación recibida:
Oficio
De Su Excelencia el Vicepresidente de la República, con el que solicita el acuerdo del Senado para prorrogar, por el plazo de un año, la permanencia de tropas y medios militares chilenos fuera del territorio de la República, en Bosnia y Herzegovina (boletín N° S 1.841-05), respecto de lo cual hace presente la urgencia en los términos del inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental.
--Pasa a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, unidas.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminada la Cuenta.
HECHOS DE VIOLENCIA ACAECIDOS EN REGIONES DE LA ARAUCANÍA Y DEL BIOBÍO
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Esta sesión especial tiene por objeto "tratar los hechos de violencia acaecidos en las Regiones de La Araucanía y del Biobío.
Quiero recordar que ha sido invitado el señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, don Jorge Abbott Charme.
Debo señalar que el señor Ministro del Interior y Seguridad Pública me ha pedido que haga presente sus excusas. Él expresó, por escrito, que en el día de hoy va a interponer en la Región de La Araucanía una querella criminal, en virtud de la Ley de Seguridad del Estado y de la Ley sobre Control de Armas, por algunos hechos ocurridos, fundamentalmente, en la comuna de Lautaro: incendio de seis vehículos, etcétera (entregó todos los detalles).
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, ¡no vale la pena celebrar esta sesión!
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
También fueron invitados el Subsecretario del Interior, don Mahmud Aleuy; el General Director de Carabineros, señor Bruno Villalobos; y el Director General de la Policía de Investigaciones, don Héctor Espinosa.
Por otra parte, someto a consideración de la Sala la solicitud del señor Fiscal Nacional para que puedan ingresar, y eventualmente intervenir, el Fiscal Regional del Biobío, don Julio Contardo; el Fiscal Regional de La Araucanía, don Cristián Paredes; y el Director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, don Mauricio Fernández.
Además, se ha pedido autorización para que ingresen sin intervenir el Director de Comunicaciones de la Fiscalía Nacional, don Christian Fuenzalida; y los Generales Inspectores señores Gonzalo Blu y Víctor Hugo Herrera, a fin de acompañar al General Director de Carabineros de Chile.
¿Hay acuerdo para acceder a ello?
--Así se acuerda.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, solo deseo expresar, en nombre de la bancada de Renovación Nacional, mi preocupación, porque la sesión citada anteriormente para tratar esta materia fue suspendida a solicitud del propio Ministro del Interior, quien por motivos de su agenda no podía venir. Y se fijó para el día de hoy.
Pienso que hay que tener un poco de respeto al Parlamento chileno: si se cita a una sesión especial para analizar el tema de la seguridad ciudadana, especialmente el de La Araucanía, y el Ministro del Interior pide que cambiemos su fecha, él debe asistir. Porque, realmente, si no está aquí ¿a quién le decimos que cumpla sus responsabilidades?
Esto no se debe volver a repetir. De no ser así, anuncio desde ya que no daré autorización para que los Subsecretarios entren a la Sala del Senado.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Queremos dar la bienvenida al señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, don Jorge Abbott Charme; al Subsecretario Mahmud Aleuy; al General Director de Carabineros, don Bruno Villalobos; al Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, don Héctor Espinosa, y a todos los Fiscales y Generales que nos acompañan.
Muchas gracias por asistir a esta sesión.
Honorable señor Pérez Varela, ¿usted quiere intervenir en su tiempo o decir algo antes?
El señor PÉREZ VARELA.-
Antes, señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, con respecto a la información que usted ha entregado, quiero expresar en nombre de la bancada de la UDI mi protesta por la ausencia del Ministro del Interior.
Él me pidió personalmente cambiar la fecha de la sesión citada con anterioridad, por problemas de agenda.
Y, por lo tanto, como también lo ratificó el Senador Prokurica, a solicitud del Ministro del Interior cambiamos el día fijado para esta sesión, porque consideramos relevante la presencia del principal encargado de la seguridad pública del país a fin de escuchar de su boca las acciones y las políticas que se desarrollan en La Araucanía.
Me parece que el hecho de interponer una querella, de las cuales se han interpuesto cientos, no es excusa suficiente para la ausencia del Ministro del Interior.
Señor Presidente, no veo aquí al Subsecretario del Interior Mahmud Aleuy, cuya presencia es esencial. Y, si él tampoco está, será difícil que se pueda llevar adelante esta sesión con algún grado de éxito.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Entendemos que el Subsecretario señor Aleuy está llegando al Hemiciclo. Eso nos han informado.
Se han leído parte de las excusas enviadas por el Ministro del Interior.
Naturalmente, los señores Senadores tienen todo el derecho a expresar su punto de vista.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Hay una solicitud de la Comisión de Trabajo y de la señora Ministra del ramo, a fin de fijar plazo para formular indicaciones al proyecto de ley de modernización de relaciones laborales hasta hoy, entre las 15 y las 16.
¿Senador señor Zaldívar?
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Pido que sea hasta las 18.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
¿Habría acuerdo?
--Así se acuerda.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra, en primer término, el Senador de la Región de La Araucanía don José García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, tengo solo siete minutos.
Obviamente, lo primero que debo señalar es nuestro dolor, ¡nuestro dolor!, porque nuestra Región está herida: casi todos los días sufre hechos de violencia.
Y cuando convocamos con la mejor buena fe, con la mejor disposición a una sesión especial del Senado para tratar un tema tan vital para nuestra Araucanía y para el sur de Chile, el señor Ministro del Interior no viene, no obstante que esta misma sesión -como ya se ha dicho- fue postergada porque ese propio Secretario de Estado nos pidió hacerlo.
Señor Presidente, todos quienes conocemos al Ministro Jorge Burgos sabemos de su capacidad, sabemos de su voluntad de asumir los problemas. Y, por eso, estamos atónitos.
¡No podemos creer lo que hoy ha ocurrido!
La única lectura que uno puede hacer es que al señor Ministro del Interior no le interesa lo que el Senado piense sobre la violencia en la Región de La Araucanía.
¡Al Ministro del Interior y de Seguridad Pública no le interesa la violencia que se sucede día a día en La Araucanía!
Eso, créanme, es algo penoso, pero también tremendamente preocupante respecto de los deberes que tienen que cumplir las más altas autoridades del país.
Dicho eso, señor Presidente, lo que ocurre en nuestra Región de La Araucanía se puede resumir en tres conceptos: violencia continua, sistemática, planificada. Queman casas, queman galpones, queman maquinaria agrícola, queman maquinaria forestal, queman medios de transportes. Y, sin embargo, es como si vinieran extraterrestres a realizar esas acciones, porque nunca se sabe quiénes son; o se sabe, pero jamás se les puede situar en el lugar de los hechos e imputarlos. Y, por lo tanto, nunca se les puede procesar ni condenar.
En consecuencia, el segundo elemento que caracteriza lo que ocurre en La Araucanía es la ¡impunidad absoluta!, ¡impunidad total!
Hay personas condenadas. Es cierto. Pero también es verdad que no ha sido por acción de las instituciones del Estado llamadas a investigar y a poner a disposición de los tribunales a quienes cometen tales hechos. Ha sido simplemente porque las víctimas de la violencia, defendiéndose de ella, dispararon y algunas personas quedaron heridas en el sitio del suceso y fueron puestas a disposición de los tribunales.
De lo contrario, creo que no tendríamos a nadie -por lo menos, en los últimos atentados, en los últimos hechos de violencia- imputado ni procesado.
Finalmente, señor Presidente -y es la mayor razón por la que lamento que no esté presente aquí el Ministro del Interior-, está el abandono absoluto de las víctimas.
A la señora Cecilia Jara Llancavil, el 1° de enero de este año, a poco andar de las 24 horas del 31 de diciembre del año pasado, le quemaron la maquinaria con la que trabajaba explotando áridos en el río Quepe.
Hemos andado -como le consta al Subsecretario del Interior, aquí presente- de oficina pública en oficina pública pidiendo apoyo para que pueda recuperar su maquinaria. ¡Nada! ¡Absolutamente nada!
A don Alejo Vielma también le quemaron su maquinaria agrícola el 1° de enero de este año. Lo mismo: nos hemos desplazado de oficina en oficina pidiendo ayuda para las víctimas. ¡Nada!
Qué nos ha dicho el Subsecretario del Interior en estas reuniones. Que se trabaja en el seguro y que apenas este salga -ahora será en diciembre, supuestamente- se buscará una forma de reparo para esas víctimas.
Sin embargo, han transcurrido nueve días del mes de diciembre y nada sabemos sobre ese seguro: quiénes podrán acceder a él, cuánto va a costar, si lo va a financiar el Estado o también tendrán que colaborar las víctimas de la violencia.
Hace un par de días a un emprendedor joven, don Mauricio Gajardo, de poco más de 30 años, le quemaron su maquinaria agrícola -él ni siquiera es propietario de la tierra; la arrienda-, le quemaron los fardos. Es decir, lo dejaron sin ninguna posibilidad de capital de trabajo.
¿Quién responde por eso?
¿Cómo salen esas personas...
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Dispone de un minuto adicional, señor Senador.
El señor GARCÍA.-
... al día siguiente a desarrollar sus actividades, sin capital de trabajo, sin herramientas? ¿Cómo salen a producir? ¿Cómo mantienen a sus familias, además de soportar el dolor y, por supuesto, el temor que sienten?
A la señora Cecilia Pérez, dueña de un campo en la zona de Malleco de aproximadamente 100 hectáreas, que lo trabajaba, que era su fuente de ingreso y que actualmente está tomado desde hace más de un año, no le permiten entrar a él. Además, le quemaron su casa.
¡Cómo es posible que en nuestro país ocurran estas cosas y nadie haga nada!
¡Aquello no puede seguir sucediendo!
Eso es lo que hoy reclamamos a las autoridades aquí presentes: queremos que nos devuelvan la paz, la tranquilidad, que la gente pueda trabajar, pueda producir.
¡Ni más ni menos: trabajar y producir por el bien de La Araucanía, por el bien de Chile!
--(Aplausos en tribunas).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Les advierto a quienes se encuentran en las tribunas que está estrictamente prohibido hacer manifestaciones.
Así que, por favor, les ruego colaborar.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, estimo que esta sesión del Senado debería marcar un antes y un después respecto de lo que el Estado debe resolver en relación con el conflicto que se vive en La Araucanía, mal llamado "conflicto mapuche" porque en realidad lo genera en sus orígenes el propio Estado.
Yo quiero, primero, condenar los actos de violencia y solidarizar con todos quienes han sido violentados, cuyas propiedades y camiones han sido quemados y sus herramientas de trabajo destruidas. Y también deseo solidarizar con los cientos de miles de habitantes de la Región de La Araucanía que no han tenido paz.
Tampoco la han tenido los pueblos originarios. Porque desde la dominación del Estado de Chile, o desde el avance de la Corona española en sus territorios, se los despoja no solamente de estos, de sus aguas, de sus tierras, sino también de su cultura y de sus costumbres.
¡Tenemos violencia en La Araucanía, y violencia de terror cuando se quema una parcela; violencia de terror también cuando se atenta contra los derechos de los pueblos originarios!
Y, por tanto, señor Presidente, esta no es una violencia que se haya visto en los últimos años: llevamos más de 130 años viviendo la violencia en La Araucanía, donde no se les han reconocido los derechos a los pueblos originarios. Esto también es violencia, como asimismo el no permitir que hagan uso de sus tierras, de sus aguas y que no recuperen o no se restituyan las tierras que les fueron usurpadas.
Primero se las usurparon con unos títulos de merced, los cuales no fueron eficaces y no representaron efectivamente el derecho de los pueblos originarios sobre esos territorios.
¡Ahí está el origen del conflicto!
Lo que el Estado ha hecho durante todos los Gobiernos, señor Presidente, ha sido condenar los hechos de violencia, presentar querellas y perseguir ineficazmente a quienes cometieron tales actos, que tienen su raíz en un acto de reivindicación, el que podemos compartir o no.
Aquí el origen del conflicto no dice relación con el del asalto a un cajero automático. Lo que requerimos es una acción, una decisión política del Estado para, primero, reconocer el daño causado a la Región de La Araucanía, a los mapuches y a los no mapuches, y segundo, para establecer un plan de reparación.
¡Es hora de que todos los sectores políticos nos pongamos de acuerdo! Si la violencia afecta a todo el mundo; no tiene color político.
Y, por consiguiente, más que invitar a la Presidenta -como se ha dicho aquí- a que vaya a la Región de La Araucanía, yo invito a los actores de las fuerzas vivas de allá, a los actores políticos de la zona a sentarse en una mesa, convocados por el señor Intendente -Huenchumilla no lo hizo; bueno, que lo haga el actual Intendente-, a trabajar en una propuesta que nos permita llegar a un consenso acerca de cómo iniciar un camino de reconciliación y un camino de recuperación de la paz en la Región de La Araucanía.
Pero ello debe hacerse avanzando sobre las causas de la violencia y no sobre los efectos.
Eso han hecho todos los Gobiernos: avanzar en cuanto a los efectos; hacer declaraciones en contra de la violencia; buscar fortalecer la acción de la inteligencia, que no ha sido muy inteligente, de Carabineros, que no ha sido muy eficaz, de los tribunales, que no han tenido la fortaleza para dictar las condenas que corresponden.
Y, en definitiva, no se ha dado la solución.
¡Si la solución solo se dará en un acto de consenso, convocando a mapuches y a no mapuches, a todos los sectores a formular una propuesta razonable!
Muchos parlamentarios y actores de la Región hemos presentado propuestas al Gobierno, porque creo que en verdad la solución no va a venir de La Moneda. El Ejecutivo no sabe lo que pasa en La Araucanía, ni va a saber plantear propuestas que digan relación con alguna salida.
Lo que nos corresponde es llegar a un gran consenso en la Región y, en seguida de que lo logremos, convocados por el Intendente, invitar a la Presidenta a respaldar ese gran acuerdo que podamos alcanzar en La Araucanía.
En verdad, señor Presidente -lo digo con franqueza-, esa es la única manera de enfrentar el drama de violencia que vive la Región de La Araucanía, que está estigmatizada por un problema cuyo origen no ha resuelto ningún Gobierno.
Si no se cambia la medicina, seguirá habiendo más de lo mismo.
Por lo tanto, pido a la Presidenta Bachelet que instruya al Intendente de La Araucanía para que lidere y convoque a un gran acuerdo en la Región sobre esta materia.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Quiero señalar que varios Comités todavía no han entregado los nombres de los Senadores que van a intervenir.
Tiene la palabra la Honorable señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Señor Presidente, lo primero que deseo precisar es que esta sesión ha sido citada, específicamente, para tratar los hechos de violencia acaecidos en las Regiones de La Araucanía y del Biobío.
Para eso fue convocada esta sesión especial, y no para analizar la situación que subyace a las demandas del pueblo mapuche. Con este propósito, nosotros debiéramos efectuar otra sesión, por cuanto habría mucho que decir al respecto.
De hecho, quiero plantear con mucha fuerza que ningún Gobierno -¡ninguno!-, ni siquiera el que yo apoyé, hizo lo suficiente por el pueblo mapuche.
Dicho eso, paso a referirme al asunto que nos convoca, que es lo relativo a la situación de violencia que se vive en las Regiones indicadas.
Me llama profundamente la atención que, para justificar la violencia, aquí se hable del contexto histórico. No hay contexto alguno que justifique ni la violencia ni los actos de terrorismo en ninguna parte del mundo, incluida La Araucanía.
Por esa razón, creo que en el ámbito de la seguridad el Gobierno está en una deuda enorme, y no solamente con La Araucanía.
Lo que sucede en la Novena Región debiera importarnos a todos en el país. No cabe pensar que a nosotros no nos atañe porque estamos lejos y, físicamente, no vemos lo que allá ocurre. ¡Nos debiera interesar a todos!
Concurrí a la ciudad de Temuco meses atrás, invitada por la agrupación Paz en La Araucanía, que preside la señora Cecilia de Laire. En esa oportunidad conocí a muchos miembros de la directiva de dicha entidad: descendientes de colonos, dirigentes mapuches, todos los cuales, como aquí se ha señalado, han sido víctimas de actos terroristas. Porque el terrorismo no hace distinciones. Eso es algo que siempre debemos tener muy claro.
Deseo formularle una pregunta al Gobierno: ¿qué está haciendo la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) en esta materia?
Cierta vez, en un programa de televisión, un importante dirigente de la Nueva Mayoría, bromeando, me dijo que a ese organismo se le conoce como "las termas de la ANI", pues nadie tiene claridad sobre lo que está haciendo con relación a los hechos de violencia en el sur.
Si tal Agencia es un grupo de asesores que mira lo que está sucediendo en La Araucanía por internet, con fuentes abiertas y semiabiertas, en realidad no sirve para combatir el terrorismo.
Hay que decirlo con todas sus letras y sin eufemismos: esto no es un tema de Izquierda o de Derecha; ¡es terrorismo!
Miren lo que está pasando en el resto del mundo.
Miren lo que ocurrió con la balacera en California. ¡Eso es terrorismo!
Miren lo que sucedió en Londres. ¡Eso es terrorismo!
Miren lo que pasa en La Araucanía. ¡Eso es terrorismo!
¡Cuál es el miedo a reconocer el terrorismo o a darle un contexto!
El terrorismo no tiene justificación alguna. A mi juicio, no hay ninguna causa en el mundo que lo justifique.
Y para enfrentarlo se requiere voluntad política, pero todo el año, no solamente en épocas de campañas electorales; no solamente cuando hay una Copa América de por medio, y no solamente cuando se va a elaborar un programa de gobierno. Hay que actuar con decisión y voluntad.
Estoy convencida de que el Gobierno de turno -¡este Gobierno!- debe dar respuestas sobre el particular.
El Senador Tuma, quien representa a la misma circunscripción que el colega García, ha dicho que La Moneda no tiene idea de lo que acontece en La Araucanía. Tal situación es de la máxima gravedad. Si un parlamentario oficialista, oriundo de la zona, manifiesta eso, ¡qué queda para el resto!
Esa es una verdad enorme, que nosotros debemos enfrentar.
En esta sesión quisiera conocer los planes concretos del Ministerio Público, de las policías, de la Agencia Nacional de Inteligencia y de La Moneda con respecto a cómo combatir el terrorismo en La Araucanía.
Los asesinos del matrimonio Luchsinger-Mackay cometieron un acto terrorista; la gente que incendia los campos actúa en forma terrorista, y quienes queman maquinarias -sean quienes sean las víctimas- también incurren en una conducta terrorista, porque con ello buscan causar terror y división.
Obviamente, nada justifica tales acciones.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pérez.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, en esta sesión debiéramos escuchar a las autoridades del Gobierno, del Ministerio Público y de las policías respecto de lo que se está haciendo para enfrentar los hechos de violencia y terrorismo que se han verificado en La Araucanía y en la zona sur de la provincia de Arauco.
Muchos señores Senadores ya han perdido la cuenta de las veces que se han quemado camiones, usurpado propiedades y amenazado a residentes en esa zona. Y todos tenemos en la memoria el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay.
Tales actos se suceden -yo diría- de manera permanente, sistemática, prácticamente todas las semanas. Una suerte de estadística, efectuada solo durante algunos meses del año 2015, estableció que en La Araucanía hubo más de 185 ataques incendiarios. Tal es la situación de violencia a la cual nos estamos refiriendo hoy.
Son hechos objetivos, que la opinión pública ha conocido a través de los medios de comunicación. Se trata de personas atacadas y amenazadas, a quienes les usurpan sus propiedades y les incendian sus elementos de trabajo; de camioneros y transportistas que en ciertos lugares del país tienen que andar con protección policial.
Ante esa lamentable situación, que debiéramos abocarnos a resolver, uno debe escuchar al Gobierno. ¿Qué medidas preventivas y acciones está desarrollando para evitar que tales actos se produzcan?
Pero también requerimos escuchar al Ministerio Público.
¿Cuál ha sido el destino de las innumerables querellas que se han interpuesto en este ámbito, como la que hoy fue a presentar el Ministro del Interior?
¿Han tenido éxito las investigaciones?
¿Qué ha pasado con los cientos de camiones quemados? ¿Hay alguien detenido por eso? ¿Han avanzado las indagaciones respectivas? ¿Están identificados los posibles hechores? ¿Se han detectado los grupos violentistas? ¿Se los ha intentado desarticular? ¿Cuántas personas los integran? En La Araucanía y en el sur de la provincia de Arauco, ¿estamos hablando de 100 individuos, de 200, de 300?
Indudablemente, esa información nos la debieran entregar el Gobierno y el Ministerio Público. Hoy debiéramos salir de esta reunión con datos, con antecedentes precisos. Si no, nuestras intervenciones aquí solo serán retórica sobre hechos que causan sufrimiento a miles y miles de chilenos.
Como aquí se ha dicho, prácticamente toda la Novena Región y también -lo puedo afirmar- parte de la provincia de Arauco están sometidas a una situación extraordinariamente compleja, de gran dificultad, lo cual impide el desarrollo y el progreso en esa zona.
Necesitamos contar con información y saber si las investigaciones que realiza el Ministerio Público van en alguna dirección y han tenido éxito.
No puede ser que durante años en dicho territorio se quemen camiones, predios, galpones, casas, ¡y que esto siga sucediendo!
A lo mejor quienes quemaron el primer camión son los mismos que prendieron fuego al camión 150 o 170. ¡Y transitan y se desenvuelven por esas regiones con absoluta impunidad!
Las instituciones del Estado que tienen el monopolio de la investigación criminal no dan cuenta de ello a la ciudadanía. Por lo tanto, es exigible que aquí digan cómo se han ido desarrollando las indagaciones para frenar la violencia.
Cualquiera que sea el contexto histórico y político, no se pueden resolver estos problemas en un clima de violencia. Por ende, es absolutamente imprescindible que en esta sesión sepamos con claridad cómo se están enfrentando tales hechos, que, por lo demás, son un lamentable privilegio no solo de la Región de La Araucanía y la provincia de Arauco, sino también de algunas zonas de la Región de Los Ríos.
¡Tenemos que combatir la violencia; tenemos que combatir a los grupos violentistas!
Y en una democracia, en un Estado de Derecho, quienes enfrentan a los terroristas son las instituciones del Estado creadas para ese efecto, y estas deben dar cuenta de cómo les está yendo en esa batalla. Si no, el conflicto puede tender a agravarse y a dificultarse.
No hay duda de que la afirmación hecha por el Senador Tuma es de extraordinaria gravedad. ¡Pero por algo la habrá dicho! De lo contrario, ¿qué sentido tendría manifestar, en una sesión especial y delante de las principales autoridades del país, que La Moneda no sabe lo que pasa en La Araucanía y que no hay acuerdos políticos al respecto?
Le hago presente al colega Tuma que en la Región del Biobío sí logramos un acuerdo político. Todos los partidos con representación parlamentaria, los alcaldes respectivos y el Gobierno llegamos a un acuerdo en este ámbito, que fue firmado el 4 de enero de este año. Algunos podrán cuestionar su efectividad, pero por lo menos estamos trabajando en conjunto.
Sin embargo, tales acuerdos no pueden cubrir el accionar, por ejemplo, del Ministerio Público, que es el órgano autónomo encargado de llevar adelante las investigaciones de los delitos. Y no hemos tenido información acerca del éxito de tales indagaciones.
Uno escucha que ciertas personas fueron detenidas y luego se entera de que salieron en libertad inmediatamente. Por lo tanto, la calidad de las investigaciones, de las pruebas y de los datos entregados a los tribunales está claramente en cuestión.
Deben responder las instituciones responsables en la materia: ¿Cuáles son los obstáculos o las dificultades con que se encuentran? ¿Por qué no han podido enfrentar a los violentistas y terroristas hasta meterlos en la cárcel?
¡Algo debe estar pasando!
En esta sesión -no en otra- el Senado tendría que conocer los problemas que existen al respecto. Así sabremos si es necesario introducir modificaciones legales o si solo bastará hacer cambios de carácter administrativo.
Si no se informan esas dificultades, podremos estar hablando durante todo un día y no vamos a llegar a la solución.
Señora Presidenta, esta sesión es para que el Gobierno, el Ministerio Público y las policías nos digan cómo enfrentar el problema de la violencia y el terrorismo; cómo resolver lo relativo a los delitos incendiarios y a las usurpaciones.
¡Eso es lo que queremos escuchar!
¿Qué medidas se han tomado? ¿Cómo se están desarrollando las investigaciones?
Además, no hay detenidos por dichos actos de violencia. ¡Qué explicaciones se dan al respecto! En la provincia de Arauco, durante el 2014 y parte del 2013, hubo más de cincuenta carabineros heridos, pero ni un solo detenido o persona sancionada.
Yo soy testigo de que Carabineros en la referida provincia realiza una labor realmente encomiable en el cuidado de predios y personas, concurriendo a distintos lugares para ese fin. Pero esta es solo una parte de la acción del Estado para enfrentar la violencia. En otras zonas uno visualiza que los distintos órganos no actúan con el mismo grado de eficacia y con la misma voluntad y decisión política.
Reitero: si bien hay conflicto social y asuntos no resueltos en la sociedad chilena, ello no es argumento ni justificación para no enfrentar la violencia; no es argumento ni justificación para no derrotar a los terroristas; no es argumento ni justificación para hacer vista gorda de una situación que está complicándoles la vida a cientos de personas en La Araucanía y, también, en algunos sectores de la Región del Biobío.
Vuelvo a decirlo: en esta sesión debiéramos escuchar -¡sobre todo, escuchar!- a las autoridades comunicar qué están haciendo verdaderamente las instituciones del Estado en este ámbito.
A mi juicio -ya protesté por esto-, la presentación de una querella no es justificación para la ausencia del Ministro del Interior.
Concluye mi turno, señora Presidenta. ¿Me concede un tiempo más?
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-
Dispone de un minuto adicional, señor Senador.
El señor PÉREZ VARELA.-
Gracias.
El Gobierno ha formulado cientos de querellas -¡cientos!-, y no es necesario que sea el Ministro del Interior el que vaya al tribunal a presentar otra más. Si fuera la primera, como un hecho excepcional, yo lo justificaría. Pero esta debe ser la querella 101.
Por lo tanto, no existe ninguna justificación para que dicho Secretario de Estado no se halle aquí informando al Senado sobre lo que se está haciendo, cuánto se ha avanzado y qué medidas se han tomado para enfrentar y derrotar a los violentistas.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.-
Señora Presidenta, si bien entiendo que el tema de esta sesión es la violencia y la delincuencia en La Araucanía, me ha parecido apropiado tomarme dos minutos para referirme a lo que ha ocurrido este fin de semana en la ciudad de Valparaíso.
Con los comentarios que he oído y las declaraciones de las autoridades que he conocido, me atrevo a afirmar -lo digo muy responsablemente- que se ha avanzado bastante poco en materia de seguridad.
Tengo poca fe en lo que se puede hacer en La Araucanía, cuando veo que la ciudad de Valparaíso, a las dos de la tarde de un día domingo, es tomada y vandalizada.
Voy a citar al Gobernador de Valparaíso: "Ayer fue un día triste, vergonzoso para el fútbol, pero muy triste para la ciudad de Valparaíso, que sufrió la llegada de cientos de delincuentes, que solo fueron a generar violencia" (Radio Cooperativa, en la mañana del lunes 7).
Pues bien, quiero decirles que la violencia se produjo en dos lugares: en la ciudad de Valparaíso y, dos horas después, en el estadio.
Sobre lo ocurrido en el estadio, hablarán los expertos del Plan Estadio Seguro. Ahí se verá si se actuó en forma correcta o no. ¡Claramente, hubo un fracaso ahí!
Pero, respecto de los hechos acaecidos en la ciudad, la situación es más grave, por cuanto el orden público no se respetó.
El Gobernador señaló que hubo una falta de sintonía y coordinación con Carabineros.
Quiero decirle al Gobernador que "una falta de sintonía" no se puede traducir en una persona apuñalada en el tórax o en otra con un disparo en la pierna. Los heridos más graves no se produjeron en el Estadio Elías Figueroa, de Playa Ancha, sino en las calles de Valparaíso.
Cuando a uno le consultan como representante de esta Región qué ocurrió y uno contesta: "Hay que preguntarle a la autoridad política, pues ella tiene la primera responsabilidad en esta materia", no puede recibir como respuesta del Gobernador de Valparaíso -se lo digo al señor Subsecretario del Interior, por su intermedio, señora Presidenta- lo que aparece en el titular de El Mercurio de Valparaíso: "Gobernador responde a críticas: `Nunca he visto a Lagos Weber en el estadio'".
¿Eso es serio? Señor Subsecretario, eso no es serio.
¡Acá hay gente herida! ¡Se tomaron la ciudad durante más de dos horas!
Pido un minuto más.
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Ese no es el tema.
El señor LAGOS.-
A la bancada le queda tiempo.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-
Su bancada le destinó dos minutos, señor Senador.
Le doy uno adicional para que concluya.
El señor LAGOS.-
Solo quiero citar lo que señaló dicha autoridad: "pedí el ingreso de Carabineros, formalmente lo pedí en ese minuto, lo reiteré durante muchos minutos a la persona de Carabineros que estaba en ese momento conmigo en el lugar" (declaración del Gobernador a Radio Cooperativa, en la mañana del lunes 7).
Si las cosas ocurrieron así, cabe preguntarse ¡qué autoridad tenemos en la Región, que no le hacen caso!
Señora Presidenta, como hablamos de un tema de largo aliento, pido al Gobierno que las autoridades se encarguen de efectuar su labor como corresponde. En este caso, no importa si quien da las instrucciones está sentado en el palco principal del Estadio de Playa Ancha, si no le hacen caso.
Muchas gracias.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señora Presidenta, en primer lugar, quiero saludar a las autoridades que nos acompañan: al Subsecretario del Interior; al Fiscal Nacional; al General Director de Carabineros; al Director General de la Policía de Investigaciones, y al Fiscal de la Región de La Araucanía, don Cristián Paredes, entre otros.
Con fecha 5 de julio de 2005, hace más de diez años -¡diez años!-, este Senado en forma unánime aprobó un informe de la Comisión de Constitución en cuya conclusión se señala lo siguiente:
"En mérito de los antecedentes recogidos y de los cuales se deja constancia en este informe, la Comisión pone de manifiesto" -informe que la Sala hizo suyo- "su profunda preocupación por la grave alteración a la vigencia del principio de la seguridad jurídica en las regiones del Biobío y La Araucanía con motivo de las acciones reiteradas de violencia (...) en perjuicio de sus habitantes, particularmente en las zonas rurales, quienes viven atemorizados de ser víctimas de hechos delictuales de igual naturaleza, sin contar con el amparo oportuno que les garantice su seguridad y la protección de sus familias.".
¡Diez años!
El ex Senador Silva Cimma, perteneciente a la Concertación, señala en ese informe que "el Estado está incumpliendo manifiestamente sus obligaciones constitucionales y legales. Por un lado, no está asegurando el orden público y, por el otro, no garantiza el imperio del derecho.". Y concluye diciendo que "el Estado se está haciendo acreedor de responsabilidad extracontractual por falta de servicio por la inadecuada garantía del orden público y el amparo del imperio del derecho.".
Han pasado diez años y la situación no está igual: está peor.
Esto demuestra una negligencia inexcusable del Estado de Chile.
En agosto del año pasado, junto con el Senador García, con el respaldo de tres ex Presidentes de la República (Presidentes Lagos, Frei y Piñera) y con más de cien dirigentes mapuches y no mapuches, presentamos a la Primera Mandataria una propuesta por la Paz Social en La Araucanía, que contempla una definición respecto de la política de entrega de tierras; el camino para avanzar en resolver la pobreza rural; aspectos de nuestra institucionalidad y la participación de los pueblos indígenas y, por supuesto, el problema de la violencia.
Allí se consideran medidas concretas y específicas que apuntan a resarcir el daño a las víctimas de la violencia a través de las indemnizaciones que el Estado debería darles y también aquellas medidas que estimamos conducentes para lograr la identificación de los delincuentes, probar sus delitos y condenarlos.
Después de 15 meses, señores Senadores, aún no nos contestan, salvo el Ministro Burgos, quien, hace tres o cuatro meses, nos entregó una respuesta muy conceptuosa.
Sin embargo, este Gobierno ha sido incapaz de liderar una propuesta por la paz que avance seriamente en la solución de uno de los conflictos más violentos que recuerde la historia de nuestro país.
En La Araucanía no quieren más solidaridad; no quieren más condolencias; no quieren más apoyo: ¡quieren resultados!
Decimos que hay que avanzar en la búsqueda de esos resultados, pero hasta ahora ellos no existen. Porque la situación observada hace diez años hoy está igual o peor.
Y las víctimas, para que quede en la historia fidedigna de nuestra Corporación, no son solo agricultores. No se limitan únicamente al dramático caso del matrimonio Luchsinger-Mackay, o al de Juan de Dios Fuentes, o al de Alejo Vielma. También han sido afectados mapuches, como doña Cecilia Jara Llancavil y don Juan Carlos Curinao.
¡Les queman y destruyen sus propiedades sin que nadie, al final del camino, responda!
Este Gobierno es cómplice de esa negligencia inexcusable. Porque si hubiésemos sido una Oposición reaccionaria y solo hubiésemos criticado, le encontraría la razón. Nos podría haber dicho: "Pongan sus cartas arriba de la mesa".
Sin embargo, ¡aquí están!
En mis manos tengo nuestra propuesta; conversada y entregada a cada uno de sus partidos.
¿Ella se puede mejorar? ¡Por cierto que se puede mejorar, y mucho!
Pero ¿cómo es posible que, sabiendo que La Araucanía se desgarra, no seamos capaces de avanzar, liderados por el Gobierno, en una propuesta por la paz social que signifique simplemente sentar a las partes involucradas para, de buena fe, con respeto, mirándose a los ojos, iniciar el diálogo que nos permita resolver esta materia?
¿Saben ustedes cuánto tiempo lleva, entre otras cosas, la Agenda Corta en el Parlamento? ¡Lleva 316 días!
Ahí hay medidas que el señor Fiscal Nacional y las policías han calificado de fundamentales para avanzar en el esclarecimiento de los delitos.
¡Pero nosotros nos damos el lujo de tenerla 316 días sin despacharla!
Ahí está el proyecto de ley sobre dilación de los juicios. El Fiscal de La Araucanía sostiene que hay procesos que se demoran dos, tres años, porque se utilizan diferentes herramientas para dilatarlos y no lograr resultados.
Esa iniciativa, ya aprobada por el Senado, y respecto de la cual he pedido reiteradamente al Gobierno que le fije urgencia, está parada en la Cámara de Diputados, porque no es noticia.
Señor Presidente, como Senador de La Araucanía -creo interpretar a los parlamentarios de nuestra Región-, reitero: no queremos más condolencias, ni dar pena o lástima; queremos que la Presidenta de la República -lo digo con el mayor respeto que me merece- vaya a La Araucanía, porque su deber es estar donde están los problemas de nuestro país.
¡Los Presidentes tienen que dar la cara en las buenas y en las malas!
Una Presidenta de la República -lo señalo con el mayor respeto- que ve que hay una región que todos los días se desangra en actos de violencia, debería ir a la zona, tomar el toro por las astas y, en un acto de autoridad, plantear: "Yo estoy conduciendo este proceso". Entre paréntesis, para que nadie señale que lo decimos en forma subjetiva, este problema se arrastra hace cien años.
¡Aquello es liderazgo!
Sin embargo, la negligencia inexcusable del Estado de Chile, y de este Gobierno en el último año y medio, es absolutamente inaceptable e incomprensible, porque ha tenido de nosotros la mayor de las lealtades para buscar caminos de solución.
Por esas razones, señor Presidente, nosotros esperamos las respuestas del Gobierno.
No más lamentos, sino más soluciones concretas. Y si ellas caminan, contará siempre con nuestro apoyo para avanzar hacia la paz en La Araucanía.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Senador señor Harboe.
El señor HARBOE.-
Señora Presidenta, la violencia no debe ser justificada por ninguna razón.
Por más legítima que pueda parecer una reivindicación, nada puede justificar hechos de violencia.
He dedicado parte importante de mi vida profesional y política a los ingratos temas de seguridad.
Pero en sesiones como esta uno esperaría más bien escuchar a las autoridades vinculadas a esta problemática.
¡Qué interesante sería saber de boca del Fiscal Nacional, de los fiscales regionales, de los directores de las policías, del Gobierno, cómo se va avanzando, cómo se ha logrado controlar o cuáles son los puntos negros y más difíciles de controlar, para que de una sesión propositiva como esta pudiesen salir soluciones!
He visto una crítica -me parece un poquito injusta- respecto de la ausencia del señor Ministro del Interior. Y lo señalo porque, en vez de estar sentado aquí escuchando el legítimo planteamiento de algunos señores Senadores, está haciendo algo concreto: la presentación de una querella criminal para perseguir la responsabilidad de aquellos que han incurrido en hechos de violencia.
No saldremos de esta sesión con ningún condenado, pues las condenas las resuelve la justicia, sobre la base de elementos probatorios que logran los fiscales, sobre la base de buenas investigaciones policiales.
Tenemos -y hemos tenido- un problema de eficacia, pero también de concepción. Aquí se requiere una política integral que aborde las causas y que vaya al fondo del problema. Es cierto. Pero también es preciso hacerse cargo de las consecuencias.
Un medio de comunicación nos informa que un par de personas han sido condenadas a 541 días, a cumplir en libertad, por quemar un camión. Ante eso, yo digo: "Entonces, tenemos un problema". Porque allí hubo víctimas, policías que lograron las pruebas, fiscales que investigaron y un juez que condenó y consideró que la sanción era la adecuada.
Para mí, alguien que toma deliberadamente la decisión de perpetrar un atentado incendiario no puede recibir sanciones tan bajas.
Recién a principios del presente año aprobamos en el Parlamento una reforma a la Ley sobre Control de Armas que establece entre tres años y un día y diez años de cárcel por el solo hecho de portar armas de fuego.
Es más, instauramos por primera vez en la historia de nuestro Código Penal la acumulación de penas. Es decir, si alguien comete un delito de robo en lugar habitado con un arma de fuego, recibe dos sanciones penales: por el robo en lugar habitado y por el arma de fuego.
Fue un hecho inédito, una señal política, práctica. No obstante, necesitamos condenas.
Aquí se requiere decisión y coraje. Es cierto. Pero también se precisa responsabilidad.
He escuchado intervenciones en las que se dice: "Este Gobierno ha tenido una negligencia inexcusable".
Perdóneme, señora Presidenta, ¡fue justamente la Administración anterior la que derogó la presunción legal de la ley antiterrorista, que habilitaba a los fiscales para poder perseguir por esa ley!
¡Lo hizo el Gobierno anterior!
Yo lo manifesté: "Pan para hoy, hambre para mañana". Y hoy día están pagando las consecuencias, pues a contar de esa modificación nunca más se ha formalizado a nadie por delitos terroristas.
Es más, recuerden ustedes al famoso joven Luciano Pitronello, a quien le explotó la bomba en las manos: no se pudo establecer que fue un acto terrorista porque no estaba probada la intención.
¡Cuando se les sacan las herramientas a las policías, a los fiscales, al sistema de seguridad, se debilita nuestra democracia!
Para tener una democracia sólida y robusta, se requieren condiciones de seguridad, y para eso debemos disponer tanto de políticas sociales como de elementos de prevención y control.
He dicho.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra la Senadora señora Van Rysselberghe.
La señora VAN RYSSELBERGHE.-
Señora Presidenta, me sumo a la protesta formulada por mi bancada en relación con la ausencia del Ministro del Interior, pues si bien resulta importante la presentación de una querella, es absoluta y completamente insuficiente.
De hecho, cada vez que hay atentados terroristas, tanto en la Región del Biobío como en la de La Araucanía, los representantes regionales del Gobierno, ya sea el Gobernador o el Intendente, presentan querellas. Es decir, las que han sido planteadas a estas alturas son múltiples y numerosas.
Por lo tanto, me parece bastante importante generar acuerdos políticos y dar señales claras.
La gente en la zona de La Araucanía se siente indefensa; siente que no existe Estado de Derecho, que la palabra que prima, que predomina, es "impunidad".
A esas personas hoy día les queman los fundos, las casas.
En noviembre pasado unos habitantes de San Pedro de la Paz que fueron de paseo al lago Lleulleu sufrieron un ataque por parte de encapuchados, resultando herido un niño de 14 años. ¡Por Dios!
Si un grupo de encapuchados, en virtud de reivindicaciones políticas, atacara con violencia, con armas y a rostro cubierto en Santiago, su acción sería catalogada por todas las autoridades políticas o de cualquier tipo como un acto terrorista.
Sin embargo, cuando ello ocurre en el sur de Chile, donde los medios nacionales a veces no llegan a cubrir la noticia, esos actos son calificados por las autoridades como delitos comunes o acciones que, de alguna manera, corresponden a conflictos sociales.
Cuando la violencia se emplea como presión para generar reivindicaciones políticas, se llama terrorismo: se intenta imponer ideas políticas a través del miedo y del terror.
¡Y eso está sucediendo!
Hoy día los actos terroristas ya no se cometen en caminos laterales. Ayer quemaron camiones prácticamente en la Ruta 5 Sur. Es decir, están cortando el país en dos, y lo que existe es franca impunidad.
Escuché a Senadores decir que es un problema de la ley.
¡Han pasado dos años de Gobierno! Si la legislación no sirve y para el Ejecutivo es importante este tema, hubiese esperado que se planteara una modificación a la normativa, con la urgencia necesaria, para entregar las herramientas que se requieren.
Pero eso no ha sucedido.
Y lo único que se hace es presentar una querella que terminará absolutamente en nada, al igual que el resto de querellas tramitadas durante todo este tiempo.
Se señala que estos actos se mezclan con delitos comunes. Probablemente, sí. Pero también, con terrorismo, con intentar alcanzar reivindicaciones políticas a través del miedo de las personas que habitan la zona. ¡Y eso es inaceptable!
Me gustaría -a estas alturas ya es una exigencia de la gente tanto del sector de Cañete como de la provincia de Arauco y de la Región del Biobío- que la Presidenta supiera qué está pasando.
¡Me parece inaudito que se diga que La Moneda no sabe qué ocurre! ¡Probablemente la Primera Mandataria tampoco está al tanto y por eso a lo mejor no ha ejercido el liderazgo que uno espera de la Presidenta de la República!
¡No puede ser que chilenos que pagan impuestos, que están sacando adelante a sus familias, sientan que nadie los defiende; que el Estado de Derecho no existe; que se hallan en la más completa indefensión! ¡No es posible que los habitantes de la zona no se atrevan a sembrar sus campos porque saben que se los van a quemar o que los pequeños camioneros no quieran pasar por los caminos por temor a ser interceptados por encapuchados!
¿Y qué sucede con el mundo político y toda la institucionalidad? En verdad, nada.
Por eso, en la actualidad en el corazón de la gente existe una imagen de impunidad. Y esta, por desgracia, se está viendo absoluta y completamente generalizada. Porque se trata de la misma impunidad -lo señaló el Senador Lagos Weber- que observamos en los estadios. ¡Es exactamente lo mismo!
¡Si la verdad es que los delincuentes están campeando y la gente común y corriente está cada vez más encerrada!
Las autoridades nos responden: "Es que no tenemos las herramientas". ¡Pero si para eso está el mecanismo de las modificaciones legales!
Estoy segura de que, de manera transversal, todos los Senadores estaríamos absolutamente disponibles para entregar las herramientas a fin de generar un control social.
Y aquel que no esté dispuesto a ello que lo diga públicamente y que asuma ante la ciudadanía el costo de lo que eso significa.
Por eso me extraña -lo dijo el Senador Espina- que la Agenda Corta hoy día no reciba el mismo impulso y fuerza que el Gobierno le pone a otros proyectos de ley.
Y resulta que uno de los principales problemas para la gente común y corriente es justamente el de la falta de seguridad, y con mayor razón para los habitantes de La Araucanía que se ganan la vida a través de su labor en la zona.
¿Y con qué nos conformamos? Con la imagen de televisión, con la foto en que se muestra la presentación de la querella en el tribunal.
¿Y qué sucede después?
Se preguntó: ¿Cuántas de esas querellas han llegado a algo? ¿Cuántas personas han estado presas? ¿Cuántos delitos han disminuido producto de las políticas implementadas en tal sentido? La verdad es que bastante bastante poco.
Yo, que soy de la zona, conozco a pequeños empresarios afectados. Porque se sostiene: "Son grandes empresarios que quieren cobrar su seguro".
¡Es mentira!
¡Hay muchos pequeños camioneros, gente que tenía una o dos máquinas, que han visto destrozado su patrimonio y su esfuerzo de toda una vida producto de que no se está haciendo nada!
Lo señalaba el Senador García: son personas que necesitan ayuda del Gobierno para volver a ponerse de pie, y no la reciben.
¿Y qué es lo que tenemos? Impunidad. ¡Eso es lo que hay en Chile hoy día: impunidad!
Con razón la ciudadanía hoy día está descorazonada: porque mira hacia el Gobierno y ve inacción; mira hacia nosotros y ve inacción; mira hacia las policías y no ve resultados; mira hacia los tribunales y tampoco los ve.
Y lo que siente, lamentablemente, es miedo.
Me habría gustado mucho que estuviera presente el Ministro del Interior. Porque, de verdad, me parece que no hay nadie que no esté dispuesto a cooperar para resolver esta situación.
Muchas gracias.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Senador señor Quintana, quien hará uso del tiempo que le ha cedido el Comité Partido Socialista.
Además, solicito el asentimiento de la Sala para que el Senador señor Zaldívar asuma como Presidente accidental.
--Pasa a dirigir la sesión el Senador señor Zaldívar, en calidad de Presidente accidental.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, me preocupa el cauce que está tomando esta sesión, que, por cierto, tiene todos los méritos para llevarse a cabo, ya que lo que tenemos en la Región de La Araucanía y parte de la del Biobío (una de sus provincias) es un problema de delincuencia real, muy grave, artera, que requiere, por tanto, todo el peso de la ley y la aplicación de los instrumentos que nuestro orden penal jurisdiccional establece.
Pero digo que me preocupa esta sesión porque a ratos pareciera que la visita de la Presidenta a la Región de La Araucanía traerá la solución a los problemas de los agricultores y de las víctimas de estos hechos de violencia.
Con franqueza, considero que eso no es así.
Me parece francamente un contrasentido cuestionar y desvirtuar la inasistencia del Ministro Burgos por encontrarse en La Araucanía presentando una querella para buscar y dar con el paradero de quienes cometieron estos delitos.
En democracia el rol de los Ministros del Interior no es perseguir ni detener personas. Lo que hace hoy el Ministro Burgos en la Región de La Araucanía es presentar una querella que busca accionar el sistema judicial penal, que hemos concordado entre todas las partes.
Se ha hablado de la presentación de una propuesta de un sector de otro color político y que con ello se pretende que se alcance la solución y la paz. ¡Por supuesto! ¡Si aquí nadie está en contra de la paz!
Aprovecho de saludar al Ministro del Interior subrogante, al Fiscal Nacional, al General Director de Carabineros, al Director de la Policía de Investigaciones y al fiscal regional de La Araucanía. Porque considero que justamente ahí está la respuesta: en un Estado de Derecho, en un órgano jurisdiccional como el que tenemos ahora.
Por eso, yo tomaría las palabras del recién asumido Fiscal Abbott, quien en una entrevista este fin de semana realizó una autocrítica que, por cierto, todos podríamos hacer.
Es probable que el rol de los parlamentarios esté al debe en muchas materias. Pero pensar que la solución a este problema es por la vía legislativa; que la invocación de la ley antiterrorista traerá la paz a La Araucanía, ¡por favor!
¡Si en el Gobierno del Presidente Piñera se invocó 27 veces!
Y a partir de todas ellas, ¿cuántas condenas hubo? ¡Cero! Y en la inmensa mayoría de los casos sin imputado conocido.
De eso estamos hablando.
Desde luego, me pongo en el lugar de las víctimas; de la gente que probablemente está siguiendo esta sesión, que perdió sus bienes, que puso en riesgo su vida y la de su familia; de agricultores que harto hacen teniendo que luchar con un ciclo agrícola climático muchas veces adverso y, al mismo tiempo, estando preocupados de que no les quemen sus enseres, de no perder sus bienes.
¡Por supuesto que esto es fuerte!
Pero, por otro lado, ¿es el camino tratar de convencerlos de que la solución está por la vía de la invocación de la ley antiterrorista?
¡Si esto ha resultado tremendamente eficaz...!
¡En 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sancionó al país y lo obligó a enmendar el rumbo en materia de las condenas aplicadas a siete comuneros mapuches!...
Porque dónde está el gran error.
Una Senadora hablaba del asunto del contexto.
¡Pero evidente! Si el problema estriba en que aquí no podemos tratar en la misma discusión cuestiones relativas a la problemática indígena, al rol del Estado y al despojo de las tierras -él es real- de que se hizo objeto a los comuneros mapuches hace más de cien años con una materia referente al orden público y seguridad.
Es fácil, tentador y puede sacar aplausos estigmatizar a un pueblo, a una etnia, como hace cuatro meses lo hizo una ex candidata presidencial en La Araucanía.
"Lo que ocurre actualmente" -dijo en aquella oportunidad- "es obra de lo que en 2008 el Gobierno de Michelle Bachelet no supo controlar cuando se realizó la denuncia de supuestos nexos del Partido Comunista con las FARC, de Colombia, para entrenar a líderes del movimiento mapuche que actuaban en el sur de nuestro país".
Yo me pregunto si eso en algo contribuye al entendimiento, a la paz que esa Región necesita.
También me pregunto si contribuye a ello el que un dirigente regional de Renovación Nacional señalara en esa zona hace algunos días: "A La Araucanía habría que darle el tratamiento de Afganistán y traer a los cascos azules".
Pero, ¡por favor! Eso es no reconocer el valor de nuestra institucionalidad, que todos hemos creado.
Cuando se discutió acá sobre el fortalecimiento del Ministerio Público y luego se aprobó -hace ya algunos meses- la propuesta de la Presidenta Bachelet para nombrar Fiscal Nacional al señor Abbott, no hubo nadie que cuestionara nuestro sistema de justicia penal, basado en el mérito, la prueba, con juicios orales y públicos y todo lo que ello implica.
Entonces, pretender que se crea que por la vía de mecanismos excepcionales altamente cuestionados y sin eficacia, como la ley antiterrorista, se le dará tranquilidad a las Regiones de La Araucanía y del Biobío, me parece un engaño. Y para eso no nos podemos prestar.
Si se requieren más carabineros, más personal de la Policía de Investigaciones, más dispositivos tecnológicos (satelital, en fin), ¡por supuesto! Quién podría estar en contra de apoyar ese proceso, como se hizo en la Ley de Presupuestos para 2016 y tal cual ha ocurrido en los Presupuestos de los años anteriores.
Si vamos a mirar las causas de esos conflictos -pienso que no es ese el punto; acá no se trata de estigmatizar-, habría que observar también qué está pasando con la industria forestal, la cual ha dañado seriamente a los agricultores de nuestra zona, y de todos los tamaños. Una industria forestal que crece; y en el mismo porcentaje que aumenta -en las comunas de Malleco, especialmente-, disminuye la población. Demográficamente, perdemos presencia no solo de mapuches, sino también de todo tipo de personas en esas zonas.
Se trata de un tema muy de fondo, señor Presidente. Y aquí cabe escuchar a las autoridades encargadas de la persecución penal y apoyar su rol.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
No hay más Senadores inscritos para intervenir.
Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor ALEUY (Subsecretario del Interior).-
Señor Presidente, en primer lugar, me gustaría señalar que el Ministro del Interior no está presente en esta sesión no porque no tenga una percepción de la realidad, sino porque, efectivamente, el Gobierno consideró adecuado que él estuviera en Temuco presentado una querella.
La simbología política -y me imagino que a esta institución no se le escapa- es muy relevante en procesos complejos como el de La Araucanía. Y, por lo tanto, el Ministro fue a realizar el referido trámite.
Naturalmente, el Ejecutivo no es una tecnoburocracia; y, por consiguiente, la simbología política le importa. Por ello concurrió a esa Región.
Ya viene de vuelta; y en la tarde, además, se va con la Presidenta a Argentina para la transmisión del mando.
Eso es lo primero que deseo puntualizar.
Lo segundo, que estimo bueno tener en consideración algunos datos básicos para que no quede la impresión que dan algunos en el sentido de que, al parecer, La Araucanía no existe, ya que si uno llega a la conclusión de que no existe o de que los problemas allí son de una complejidad inabordable, es bien difícil encontrar soluciones. Porque es fácil efectuar afirmaciones simples para problemas complejos; pero los problemas complejos no se resuelven con afirmaciones simples, sino con soluciones complejas.
Entonces, a mí me gustaría proporcionar algunos antecedentes, pues aquí se dice incluso que el Gobierno no tiene una percepción de lo que pasa en La Araucanía. Yo sé que hay una discusión filosófica antigua: la gente cree que porque uno está más cerca de los hechos posee una mejor comprensión de ellos. La verdad es que eso no se ha demostrado todavía.
Pero el Gobierno tiene una comprensión bastante precisa de lo que ocurre en La Araucanía. Y como tiene una comprensión precisa de lo que pasa allí, no cree que las afirmaciones genéricas sobre este problema permitan su resolución.
Señor Presidente, la Región de La Araucanía contribuye con el 5,5 por ciento de la población nacional.
Tiene una tasa de urbanización de 68,7 por ciento (casi 20 puntos menos que el nivel nacional); presenta un porcentaje de hacinamiento bastante menor que el de Chile: 3,4 versus 3,9 por ciento.
Su ingreso promedio es el segundo peor de nuestro país; sin embargo, entre los años 2013 y 2014 este creció en 13 por ciento (es la segunda región que más aumentó el ingreso promedio).
Exhibe un 27,9 por ciento de pobreza; o sea, casi el doble de la existente en el resto de nuestra nación.
Concentra el 58,1 por ciento de las comunidades indígenas de Chile.
Si uno compara el PIB de los años 2011 y 2014, verá que aumentó en 6,8 por ciento. En 2014, al llegar a esta última cifra, La Araucanía creció más que nuestro país, que registró un incremento de 1,9 por ciento.
La inversión pública en 2015 ha alcanzado los 90 mil millones de pesos. Es la segunda de Chile en crecimiento entre los años 2014 y 2015.
Entonces, cuando se registran datos como los que señalo, uno puede ser un poquito más ponderado con respecto a lo que sucede en La Araucanía, sin desconocer los problemas que presenta.
Pero no se trata de una región que esté destruida, como se dice aquí. Esta tiene una opción, y no es técnica ni depende de ninguno de los actores por separado que se hallan aquí: depende de todos. Y esto incluye al Parlamento, a los empresarios, a la ciudadanía, a los mapuches y a los no mapuches.
Ese es el esfuerzo que nosotros hemos hecho, el cual efectivamente es lento. ¿Por qué? Porque el camino de construir acuerdos para solucionar los problemas políticos -no los técnicos- de una región siempre es pedregoso, estrecho y cuesta arriba.
Por eso nos hemos demorado. Porque en la Novena Región no logramos firmar un acuerdo político; pero sí lo hicimos en la Octava.
En la Región del Biobío, como se va a constatar aquí, tenemos mejores índices que hace un año. Ello, porque hubo un acuerdo político que incluyó, por ejemplo, que los empresarios reconocieran lo que les robaban. Porque si un empresario no va a reconocer madera robada, ¡usted no le pida milagros al Ministerio Público...!
Lo primero, pues, que deseo puntualizar es que tenemos un problema en La Araucanía y en el país. Porque los problemas de La Araucanía le importan a nuestro país.
Pero eso no se arregla con medidas técnicas individuales sino estableciendo un acuerdo político. Y la instancia para ello es el Gobierno y el Parlamento.
A algunos Senadores les consta el esfuerzo que se llevó a cabo para firmar ese acuerdo político. Y no se pudo.
El señor ESPINA.-
¿Y de quién es la culpa?
El señor ALEUY (Subsecretario del Interior).-
No estoy señalando culpables, sino que no se pudo.
Ahora debemos realizar de nuevo el esfuerzo, pues en la Octava Región eso se logró.
El referido acuerdo político permitió al final que la gente que era objeto de robos por parte de quienes usan la justa causa mapuche para delinquir fuera a reconocer las especies sustraídas.
Eso le posibilita al Ministerio Público hacer algo. Porque si no, no hay cómo seguir la cadena.
Luego, lo primero fue realizar un par de constataciones básicas que, a nuestro juicio, son fundamentales en esta materia.
En primer término, que en esas Regiones había una legitimidad instalada de quienes usan la violencia para delinquir. Y eso hay que reconocerlo.
En seguida, que faltaba un compromiso más profundo de amplios sectores para enfrentar la delincuencia.
El esfuerzo que hemos debido hacer con los actores privados para que contribuyan a resolver los problemas delictuales ha sido enorme. Han colaborado las policías, el Gobierno, el Ministerio Público. Y el 7 de enero próximo se incluye al último eslabón de esta cadena: el Poder Judicial.
Habrá una reunión en La Araucanía, donde van a estar el Poder Judicial, el Ministerio Público, las policías y el Gobierno para sellar ese trabajo.
Porque si el aparato público no actúa en consonancia y eso lo transmitimos al mundo privado y a los actores civiles, no se puede resolver este problema. Quien plantee que es factible solucionarlo con actores individuales, eso sí que será retórica.
Entonces, en primer lugar, constatamos que teníamos un problema, pues todos actuábamos de manera independiente o no suficientemente coordinada: primero, en el aparato estatal, y segundo, con el conjunto de la civilidad.
Ese ha sido el esfuerzo de un año, o de un año y medio, incluso.
¿A alguien le habría gustado que aquello lo hiciéramos en tres meses? Sí: a todos nos habría gustado.
Pero, como dije antes, problemas complejos no se resuelven con soluciones simples.
¿Qué lógica aplicamos a partir de las referidas constataciones básicas?
Primero, que todos somos parte de la solución.
Segundo, que si no hay responsabilidad compartida, tampoco vamos a arreglar esta situación.
Tercero, que nadie por sí solo puede enfrentar este problema de manera eficaz y eficiente.
Cuarto, que el cumplimiento de la ley no es optativo.
Esa frase, que parece genérica, en muchas áreas del país (incluida la Novena Región) no es automática: hacer cumplir la ley es una tarea difícil. Y lo es, porque, como lo dirá el Fiscal Nacional en su minuto, o la Fiscalía, la cantidad de detenidos no conocidos es muy alta en La Araucanía.
Se requiere un esfuerzo adicional, que se ha hecho.
La Fiscalía ha definido una política para enfrentar esta situación y, además, procedimientos que, con la última modernización del Manual de Primeras Diligencias en Delitos de Robos, no solo se aplican en dicha Región, sino también en el resto del país.
El plan de trabajo a partir de tal lógica, entendiendo que defendemos eso -porque no con acciones aisladas uno puede enfrentar estos problemas, sino que debe construir una lógica y ponerse de acuerdo sobre ella-, fue establecer primero con nitidez los grupos delictuales.
Porque lo quiero decir aquí: los grupos delictuales no son solo de gente del mundo mapuche.
En seguida, coordinamos -como señalé- al conjunto de las instituciones públicas.
Luego, coordinamos en paralelo a la globalidad de los actores privados.
Ahora nos queda ensamblar adecuadamente el accionar conjunto, coordinado, con un mismo norte entre los actores privados y públicos.
Esa tarea no la hemos terminado. Todavía hay empresas madereras en Arauco y en la Región de La Araucanía que no van a los juicios, que no concurren a reconocer los animales, la madera que les han robado.
Nosotros tenemos la esperanza de que lo hagan. Porque eso es lo único que permitirá que la cadena no solo policial sino también judicial opere adecuadamente, ya que nosotros debemos actuar sobre la base de los dictámenes de la ley y no en función de lo que creemos que es bueno o malo realizar en determinada región.
Si los datos de las opciones económicas, sociales, culturales que posee La Araucanía no convencen a mucha gente, sí quiero puntualizar que ha habido un logro histórico, que no es de ahora.
No fuimos nosotros quienes aplicamos o invocamos mal una ley para defender el asesinato de los Luchsinger-Mackay. No fuimos nosotros los que nos desistimos una vez que los culpables fueron condenados por un delito común y no conforme a la ley antiterrorista.
Pero nuestro país ha conseguido algo: ha mantenido a raya a quienes han intentado durante muchos años independizar territorios focalizados en la región.
Se trata de un gran logro.
Porque el objetivo de grupos minoritarios allí es independizar territorios. Y eso no se ha hecho.
Ha habido deficiencias, problemas; a lo mejor no hemos tenido la suficiente habilidad y eficacia. Pero quienes pretenden que haya territorios independientes en La Araucanía no han alcanzado su objetivo.
Ese esfuerzo vale la pena seguir haciéndolo.
No se trata de un problema técnico (yo sé que la tecnoburocracia campea no solo en Chile, sino también en el resto de los países del mundo); pero llevamos demasiados años en esta situación, y no se ha podido arreglar.
Por lo tanto, creo que hay que ponderar de mejor manera lo que se ha hecho bien por el país, por el Estado, por las instituciones privadas y realizar un balance, el que corresponda, respecto a los errores cometidos.
Pero si ese acuerdo no se logra aquí, yo veo muy difícil que se pueda materializar en la región.
Porque este es un problema político.
Se puede perfeccionar la entrega de tierras; se puede aumentar en 2,2 por ciento el presupuesto de La Araucanía, como lo hemos hecho; se puede ensamblar de mejor manera la política pública. Pero si no alcanzamos aquí un acuerdo político para pelear contra aquellos que quieren generar territorios independientes en esa Región, todas las soluciones técnicas van a ser insuficientes.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Fiscal Nacional, señor Jorge Abbott.
El señor ABBOTT (Fiscal Nacional del Ministerio Público).-
Señor Presidente, señoras Senadoras, señores Senadores, en primer lugar, agradezco la invitación a esta sesión.
Hemos concurrido a ella con el propósito de dar cuenta de lo que el Ministerio Público está realizando tanto en la Región del Biobío como en la de La Araucanía. Para tal efecto, me acompañan los fiscales de ambas Regiones, quienes, como ustedes saben, son los titulares de la acción penal, las autoridades que tienen a su cargo las investigaciones que se llevan a cabo, y, en consecuencia, cuentan con información más precisa y acabada respecto de lo que ocurre en ellas.
En nuestra gestión, definimos el problema de La Araucanía como un desafío principal. Al poco tiempo de asumir, ya hemos concurrido un par de veces a la región como manifestación del compromiso de sumarse a los esfuerzos de todas las instituciones del Estado para hacerle frente a un asunto en el que el Ministerio Público tiene una parte de la responsabilidad, de la cual debe necesariamente hacerse cargo.
Por eso estamos aquí.
Queremos dar cuenta de lo que hemos hecho y, también, de las dificultades que enfrentamos en las investigaciones en la región: algunas se hallan relacionadas con aspectos de carácter normativo y otras son de índole procesal.
Pero también estamos acá para oírlos a ustedes, que son actores principales y tienen estrecha relación con los ciudadanos de las referidas zonas. En consecuencia, al escuchar sus intervenciones podemos ir dimensionando, readecuando nuestras decisiones en las regiones pertinentes.
Por de pronto, desde la Fiscalía Nacional observamos algunas dificultades que importa abordar desde el punto de vista legislativo.
Pensamos que debería mejorarse de manera significativa el sistema de protección a víctimas y testigos. Bien sabemos que una de las grandes dificultades que enfrentamos en los procesos es la participación de las víctimas y los testigos en los juicios. Y, hoy por hoy, no tenemos los elementos necesarios para darles el resguardo que requieren cuando actúan en calidad de tales al objeto de posibilitar que se imputen responsabilidades por la comisión de hechos constitutivos de delito.
También -lo hemos manifestado en otras oportunidades-, hay iniciativas de ley que nos interesa que avancen de forma relevante. Por ejemplo, la relacionada con la permanente suspensión de las audiencias en las ya mencionadas regiones. Porque nos encontramos con que, en la medida que las audiencias, particularmente las del juicio oral, se postergan por largo tiempo desde la perpetración de los ilícitos, la adhesión de víctimas y testigos tiende a ser muchísimo menor. Y esa es una dificultad relevante, que deberíamos tratar de enfrentar.
Asimismo, tenemos problemas en lo concerniente a la incorporación a los procesos judiciales de información levantada por la inteligencia policial. Hay ahí un aspecto normativo que se debería mejorar, de modo tal que esa información, legítimamente, se incorpore a los procesos y sea valorada por los jueces al momento de resolver sobre un caso específico.
Debo expresar que desde ya, a raíz de la ley sobre fortalecimiento del Ministerio Público, hemos instalado las Unidades de Foco y de Análisis Criminal tanto en la Octava cuanto en la Novena Regiones, al igual que en la Quinta y en la Sexta. Ello nos permitirá sumarnos a las actividades de inteligencia de las policías y mejorar el resultado de nuestras investigaciones.
Del mismo modo, desde la Fiscalía Nacional, a través de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado, estamos procurando dar todos los apoyos que requieren las regiones individualizadas.
Sin embargo, para referirse en particular a la situación existente en las Regiones del Biobío y de La Araucanía, con su venia, señor Presidente, yo pediría que los fiscales respectivos, don Julio Contardo y don Cristián Paredes, nos dieran una información más acabada sobre lo que ha sido durante los últimos dos años el desarrollo de las investigaciones y cómo ha habido variaciones preocupantes que debemos ser capaces de enfrentar en el futuro.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra en primer término el Fiscal Regional del Biobío, señor Julio Contardo.
El señor CONTARDO (Fiscal Regional del Biobío).-
Señor Presidente, señoras Senadoras, señores Senadores, me voy a referir a dos puntos relevantes en esta materia: el diagnóstico sobre lo que ocurre en la Región del Biobío y las medidas implementadas y sus resultados.
Los datos de la Octava Región aparecen desde 2014 en adelante, que es cuando se registra el aumento significativo de los ilícitos.
A poco andar del incremento de los hechos de violencia, se pide un equipo investigativo especial. El equipo generado empieza a desarrollar su actividad en la zona a fines de aquel año.
El sector geográfico conflictivo está ubicado al sur de Arauco (fundamentalmente, Cañete y Tirúa). Y también hay un foco de violencia en Biobío (esencialmente, Alto Biobío y al sur de la citada provincia).
Lo importante que quiero destacar es que el trabajo en este período nos ha permitido determinar que en la zona existen principalmente tres focos de violencia, lo que desvirtúa la afirmación de que esta tiene un solo origen, que por lo general se asocia al denominado "conflicto mapuche".
El primer foco dice relación con los hechos violentos asociados al hurto, la receptación y la comercialización ilícita de madera de propiedad de empresas forestales de distintas envergaduras.
La característica primordial de tales hechos es que son masivos, es decir, abarcan volúmenes significativos de personas que participan en ellos.
Hemos logrado determinar el desarrollo de una cadena comercial: desde la ocupación de predios, la tala de bosques, la comercialización y el blanqueo de bosques hasta delitos tributarios en la materia, con empresarios trabajando en este foco.
En el mencionado foco delictivo existen 122 investigaciones: 98 corresponden a hurto de madera, y 24, a hechos violentos derivados de tal ilícito.
¿Qué ha ocurrido?
Por ejemplo, ante un procedimiento policial por hurto o robo de madera, se registran hechos violentos protagonizados por personas que interfieren en el actuar policial para impedir que los autores del delito sean detenidos, las que enfrentan a Carabineros incluso con armas de fuego.
Un segundo foco de violencia se vincula con situaciones intracomunidades -vecinos, familiares- tremendamente delicadas y graves.
Existen 26 casos de tal naturaleza, los cuales también se asimilan normalmente al conflicto mapuche, pese a que carecen de esta connotación.
Estamos hablando de gente que tiene dificultades con sus vecinos, las cuales han derivado en hechos de extrema gravedad. Y ello ha quedado establecido tras las investigaciones que hemos realizado.
Ejemplo de eso es el fallecimiento de un carabinero cuando concurrió a cierto lugar para proteger a algunas personas: una de ellas, pensando que se trataba de vecinos que las estaban atacando, le disparó y lo mató.
Un tercer foco de violencia se asocia a grupos organizados bajo consignas sobre reivindicaciones ancestrales, cuyo actuar se traduce en quema de maquinarias, etcétera.
De estos casos, 21 corresponden a incendios; 13, a robos con violencia, y 41, a ataques a personal de Carabineros y de la PDI.
En esta materia, en virtud del trabajo realizado con el equipo investigativo especial, también se desarrollaron acciones en las comunas de Mulchén y de Santa Bárbara.
Aquí hay dos fuentes.
En el caso de Mulchén se trata de un predio requerido por una comunidad vecinal; ahí tenemos 6 hechos. Otros 4 fueron atentados contra bienes de empresas vinculadas a la instalación de hidroeléctricas en la zona de Alto Biobío.
En esta primera instancia a lo menos es relevante determinar cómo ha sido la identificación de los hechos.
Concretamente -para concluir, en virtud del tiempo disponible-, debo decir que la instalación en la región del acuerdo político a que se hacía referencia y la coordinación institucional nos han permitido, con el equipo de la Policía de Investigaciones y de Carabineros, que ha trabajado en conjunto con el equipo de investigación especial, primero, develar cuál es el fenómeno delictivo -o sea, los tres focos de violencia que señalé-; segundo, lograr una más efectiva dirección de la investigación por parte de los fiscales; tercero, mantener un turno permanente con la inclusión de un fiscal exclusivamente para estos efectos -en el equipo investigativo hay un fiscal preferente para la zona de Arauco y uno para la de Biobío, quienes están en función continuamente; ello ha posibilitado mucho mejores resultados, sobre todo en la asistencia al sitio del suceso-; cuarto, disponer de apoyo informático de análisis delictual -el que anticipó el señor Fiscal Nacional-, en términos de que hay detrás un equipo que está proporcionando los antecedentes necesarios para la indagación de los hechos en comento.
Como bien se anticipó, los resultados judiciales obtenidos en esta materia son significativos. A un año del andar del referido equipo, se ha formalizado a 64 personas (21 fueron sentenciadas; hay salidas alternativas, en fin). Se han incautado 53 vehículos. Los procedimientos han posibilitado incautar más de mil metros cúbicos de madera; ello representa una cantidad de dólares más o menos importante, la que se ha sacado de circulación de la ya explicitada actividad ilícita, lo que es de suyo significativo.
Si bien los resultados no son tan auspiciosos en materia de violencia rural en el caso del tercer foco, estamos trabajando en ello a doce meses del andar del equipo investigativo especial.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Fiscal Regional de La Araucanía, don Cristián Paredes.
El señor PAREDES (Fiscal Regional de La Araucanía).-
Señor Presidente, Honorables Senadoras y Senadores, una cuestión semántica antes de entrar a datos más concretos y duros sobre lo que ocurre en la Región de La Araucanía.
Como Fiscalía, nosotros no hablamos de "conflicto mapuche", pues entendemos que esta es una expresión generalizadora que no se condice con el respeto que merece un pueblo originario, ni tampoco con la realidad estadística.
Fíjense ustedes que menos del 1 por ciento de las causas que ingresan al año en la Región de La Araucanía guarda relación con episodios de violencia rural. Del conjunto de imputados que pasan a disposición del sistema en la Fiscalía, no más de 20 por ciento pertenece a la etnia mapuche; y de esta proporción, solo 3 por ciento se relaciona con episodios de violencia rural.
Por tanto, en lo que nos compete como Fiscalía, hablamos de "episodios de violencia rural", a falta de una expresión mejor. Y nos alegra que esos términos en alguna medida hayan permeado en las distintas instancias cuando nos referimos al ámbito de los delitos y su persecución penal.
Hace dos años la investigación de tales hechos era absolutamente atomizada. Se indagaba bajo la lógica del caso a caso. Cada fiscal veía su causa, y no había una interlocución válida, ni una instancia para conocer las mejores prácticas ni tampoco para compartir las experiencias y aprender de los errores.
Eso cambió.
Con el apoyo de la Fiscalía Nacional, nosotros, como Fiscalía Regional, creamos una institucionalidad diferente: establecimos una Fiscalía de Alta Complejidad, la única en regiones distinta de la Metropolitana, para que se encargara de tales materias.
Empero, para hacerlo, tuvimos que repartir pobreza: debimos transformar la Fiscalía de Purén en oficina, y la Fiscalía de Traiguén, que tenía dos fiscales a cargo, en fiscalía unipersonal.
Fue el único modo de reconducir los esfuerzos para abordar de mejor forma la situación en análisis.
Al día de hoy tenemos una Fiscalía de Alta Complejidad con dos fiscales que de manera permanente se hacen cargo de estas materias, y al mismo tiempo, cuatro fiscales que comparten labores de jefatura en distintas fiscalías -concretamente, en Collipulli, Victoria, Lautaro y Temuco- con funciones de alta complejidad vinculadas a los delitos que vengo señalando.
Eso nos permite, por una parte, valernos de la experiencia de nuestra gente, y por otra, aprender de los errores cometidos y hacernos cargo de mejor forma de los ilícitos de tal connotación en la región.
Daré algunos datos estadísticos que interesa que este foro conozca.
Durante 2015 hemos experimentado un aumento en el número de delitos que ingresan con relación a esta materia: a octubre había 262 ilícitos.
El peak de violencia en el período comprendido entre los años 2008 y 2015 alcanza a 302 casos en 2012.
Por tanto, a esta fecha tenemos un incremento, pero no llega todavía a ser tan relevante como el del año 2012.
El grueso de las denuncias por hechos vinculados a esta materia se concentra en las comunas de Collipulli, de Ercilla y de Angol, con 73 por ciento de los ingresos relacionados con violencia rural.
Tradicionalmente, la proporción de ilícitos de tal índole era de 80 por ciento en la provincia de Malleco y 20 por ciento en la de Cautín. Hoy advertimos con preocupación que hay un traslado de hechos violentos hacia Cautín y que la proporción se ha invertido en aproximadamente 62 por ciento en Malleco y 38 por ciento en Cautín.
El número de los ilícitos que más han incrementado su proporción corresponde al delito de incendio, en que tenemos un crecimiento de 90 por ciento con relación al año 2014.
Sin embargo, aquello, que por cierto es preocupante, tiene un correlato con la respuesta de la Fiscalía, que, a nuestro entender, resulta más eficaz.
Yo comprendo la sensación de los Senadores de la Región señores García y Espina cuando hablan de que hay en las personas una sensación de impunidad; de ineficacia, quizás. Pero no es menos cierto que las mencionadas instancias valen para dar cuenta de que estamos haciendo cosas distintas que se traducen en resultados concretos.
Y a qué apuntan estos resultados concretos.
En términos judiciales, desde el año 2013, cuando teníamos solo 13 por ciento de causas concluidas con resolución, hemos incrementado al día de hoy -9 de diciembre de 2015- a 23 por ciento.
Tenemos además un alza en el número de condenados: en 2015 ha aumentado en 92 por ciento con relación al año anterior.
También ha crecido significativamente la cantidad de acusaciones y de juicios simplificados que ha efectuado la Fiscalía.
Todos estamos de acuerdo: la Fiscalía no puede garantizar un resultado; tenemos una obligación de medios.
Entonces, la principal labor de nuestra institución se mide en la persecución, presentando acusaciones. Estas se han incrementado en 56 por ciento, y el número de juicios, en 27 por ciento, aproximadamente.
Otra labor desarrollada por la Fiscalía y que es tremendamente potente se vincula con la protección a víctimas y testigos.
En 2015, señores Senadores, las medidas de resguardo dispuestas por la Fiscalía han crecido en 88 por ciento. Y de ellas, las de alta intensidad -me refiero a puntos fijos nocturnos, rondas policiales y puntos fijos permanentes o transitorios- se han incrementado en 71 por ciento.
Por tanto, también hay una labor más intensa de protección a víctimas y testigos.
Pero no solo eso, señor Presidente.
Gracias a la creación de esta orgánica distinta, o sea la Fiscalía de Alta Complejidad, hemos podido trabajar en proyectos concretos para abordar de mejor forma los referidos ilícitos.
Todos estamos de acuerdo: es muy difícil conseguir medios de prueba cuando los testigos, si los hay, no quieren declarar; cuando quienes perpetran los ilícitos se favorecen de la impunidad que da la noche o actúan encapuchados.
Entonces, la mejor manera de lograr los medios probatorios es trabajando más adecuadamente el sitio del suceso.
Para tal efecto, nos sentamos a la mesa con Carabineros y la Policía de Investigaciones, pues deseamos dejar de lado las buenas intenciones y ponernos a trabajar sobre medidas concretas.
Fruto del esfuerzo desplegado, que incluyó meses de diálogo entre ambas policías pues tenían lógicas distintas para abordar la labor en el sitio del suceso, respecto de este se logró elaborar un protocolo de trabajo que posibilita homologar criterios y les permite a las instituciones policiales y a la fiscalía contar con un mecanismo único sobre la materia.
Pero no solo eso: además, he dispuesto que nuestros fiscales, cada vez que concurren al sitio del suceso, verifiquen si las dos policías están cumpliendo los acuerdos pertinentes.
Asimismo, hemos establecido políticas concretas para abordar el fenómeno del empleo de armas en la región.
Solo durante el año 2015 tenemos 101 armas incautadas producto del trabajo en comento, que involucra hacernos cargo también de las armas en situación irregular.
De igual forma, nos hemos preocupado del abigeato. Al efecto, designamos un fiscal preferente, el Fiscal Jefe de Victoria, para que se encargue de la investigación de tal ilícito. Así, solo durante 2015 se han recuperado 150 cabezas de vacuno.
¿Qué quiero decir con aquello? Que no se trata únicamente de buenas intenciones, sino además de medidas concretas.
De la misma manera, para hacernos cargo más profesionalmente de las normas de resguardo a víctimas y testigos, nos sentamos a la mesa y creamos otra orgánica: un Consejo de Medidas de Protección, el cual permite avalar la experiencia policial.
Son las policías las más indicadas para decirnos cuál es la medida más apta para la seguridad de determinado predio o de cierto agricultor. Las escuchamos, y a base de su opinión se dispone la norma protectiva, que además contribuye al mejor manejo del recurso policial.
Si el señor Fiscal Nacional del Ministerio Público me lo permite, quiero culminar complementando las palabras que vertió a propósito de ciertas iniciativas de ley que podrían ser de gran utilidad.
Nosotros -ya lo dijo el Senador Espina-, como Fiscalía Regional, podíamos verificar que había juicios cuyo desarrollo se retrasaba no solo dos a tres años, sino hasta cinco.
Señores Senadores, ustedes comprenderán no solo que luego de un lustro la adhesión de las víctimas y testigos es nula, o a lo menos escasa, sino además que la memoria del testigo, incluso la del oficial policial, se ve mermada.
Entonces, necesitamos que el mal uso que se hace de la dilación de las audiencias sea al menos remediado a través de medidas concretas.
Sobre la materia, hay en tramitación un proyecto que, sinceramente, esperamos pueda avanzar.
También nos hacemos cargo de otra situación: cuando conseguimos sentencias condenatorias por estos hechos.
Sin ir más lejos, durante el presente mes hemos obtenido dos de ellas en relación con quemas de camiones y de maquinaria, pero ocurre que ambas no nos conforman. En un caso se le fijaron cinco años de libertad vigilada a un imputado, y en el otro, tres años de pena alternativa a dos imputados. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar los recursos que prevé la ley. Mas, al lograr la nulidad en el tribunal de alzada, debemos repetir todo para el solo efecto de que se repare un error judicial en una cuestión accidental, no principal, que no guarda relación con el establecimiento del hecho, con la prueba de si la persona es o no responsable. ¡Si eso ya quedó acreditado en el primer juicio! Entonces, debemos exponer a nuestras víctimas, a nuestros testigos, a un nuevo proceso, donde todo debe reiterarse para poder subsanar un aspecto como el mencionado.
Sería deseable una modificación legal en la materia. Y créanme Sus Señorías que ello nos ayudaría mucho.
Gracias.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Algunos señores Senadores inscritos aún no han hecho uso de la palabra.
El señor DE URRESTI.-
Por mi parte, ejerceré mi derecho con posterioridad, señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Después pediré la unanimidad para que el Honorable señor García pueda intervenir, porque el tiempo de Renovación Nacional se completó.
Tiene la palabra el señor General Director de Carabineros.
El señor VILLALOBOS (General Director de Carabineros).-
Señor Presidente, he escuchado los diferentes enfoques a que da lugar el problema, y ello es coincidente con el análisis y el trabajo que nosotros hemos venido efectuando durante el último tiempo.
Lo primero es brindarle un reconocimiento a nuestro personal en la zona. Al escuchar, uno de repente quisiera entender que no se dirige una crítica a la labor que este cumple sacrificadamente, en la cual se registran más de un centenar de lesionados de diferente magnitud -un carabinero de la misma etnia mapuche quedó ciego- y dos muertos, lo que implica que realiza su función a cabalidad y con las armas legales de que dispone.
Lo segundo es que, como somos parte de la solución, no del problema, hemos adoptado algunas medidas tendientes a mejorar la eficiencia y eficacia de nuestro proceder. Fue por ello que hace un mes, aproximadamente, se creó una nueva Zona, la cual presentará la característica de enfrentarse el problema rural del conflicto étnico con una dedicación exclusiva.
Nos hemos hecho cargo de la situación desde tres puntos de vista. El primero de ellos es el preventivo, que hemos desarrollado en una labor conjunta con todos los organismos que tienen que ver con la persecución penal y con el trabajo en la seguridad.
El siguiente se vincula con el control del orden público. También nos hemos estado ocupando en ello, porque nuestros carabineros se encuentran ante la situación de que entre el armamento no letal y el armamento letal con que cuentan para su defensa hay mucha distancia: el paso siguiente al disuasivo químico o al perdigón de goma es la munición de guerra. Estamos en el análisis de un armamento no letal que permita llegar a un grado intermedio para la defensa de nuestra gente y de aquellos por cuyo cuidado debemos velar.
Nuestra obligación es proteger la integridad física de las personas, principalmente, y, producto de ello, creo que desde el caso Luchsinger no hemos tenido que lamentar lesionados en cuanto a medidas cautelares en aplicación.
Por último, hemos enfocado el asunto desde el punto de vista de la inteligencia y de los órganos investigativos con que cuenta Carabineros.
El Fiscal Regional de La Araucanía expuso que hemos trabajado muy afiatadamente con ellos y con la Policía de Investigaciones para actuar en forma simultánea y coordinada respecto de cada caso.
¿Qué es lo que pretendemos? Generar nuevas estrategias, un nuevo despliegue operativo, lo que se halla ligado a la creación de la Zona. Por razones obvias, eso no voy a darlo a conocer, pero, en una sesión más privada, si ustedes lo estiman conveniente, podemos imponerlos de qué estamos haciendo.
Y, por otra parte, cabe mencionar el reforzamiento del aparataje investigativo.
¿A qué tiende lo anterior? A lograr mejores tiempos de respuesta ante los hechos con los cuales nos hemos visto enfrentados.
Entonces, vamos a tener detenidos por flagrancia, por un lado, lo que se relaciona con el primero y el segundo puntos, que son el preventivo y el del control del orden público, y, por el otro, las investigaciones ya de más largo aliento serán llevadas por nuestros órganos investigativos en forma más profunda.
¿Qué es lo que tal vez debiéramos perfeccionar?
Aquí he escuchado referirse a la inteligencia. Como fui Director en el área, sé cómo se trabaja en la zona y bajo qué lema. Creo que la ley en la materia admite algunas mejorías para un mejor trabajo local.
Recuerdo que hace uno o dos años efectuamos un estudio conjunto con la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y la Policía de Investigaciones, y presentamos un proyecto con miras a un perfeccionamiento.
En la actualidad, el cuerpo legal respectivo contempla menos atribuciones que el atinente al tráfico de drogas. Por consiguiente, limita mucho nuestro actuar. Y, con frecuencia, investigaciones en virtud de este último han permitido lograr resultados que tienen que ver con la violencia étnica.
A mi juicio, las instituciones están lo suficientemente maduras como para confiar en un buen trabajo de inteligencia y aumentar las facultades al respecto.
La ANI es un elemento coordinador, no un factor operativo que permita ejecutar algunas acciones. Nosotros sí podemos llevarlas a cabo, pero son muy restringidas. Al mejorarse la ley, a lo mejor podríamos disponer de herramientas que facilitaran nuestra labor.
Porque otro problema, que hemos estado conversando con la Fiscalía Nacional y los fiscales regionales, es cómo llevar después la información de inteligencia, mucha de la cual existe y la tenemos, al aparataje judicial. Si en este minuto ustedes me preguntaran quiénes están desarrollando actividades en la zona, podría responder que existen trece órganos de resistencia territorial, compuestos por tales y tales personas, que son los que originan la mayoría de los incidentes. Pero poder trasladar esa labor a un juicio es muy difícil. Entonces, también tiene que llevarse a cabo una modificación que permita ensamblar las dos disposiciones.
No quiero alargarme, pero lo que acabo de explicar es un poco lo que estamos haciendo nosotros en pos de un buen resultado en el trabajo en La Araucanía.
Muchas gracias.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Muchas gracias a usted, señor General Director.
Tiene la palabra el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, señor Héctor Espinosa.
El señor ESPINOSA (Director General de la Policía de Investigaciones de Chile).-
Señor Presidente, Honorables Senadoras y Senadores, quisiera agradecerles la oportunidad de dirigirnos a ustedes como Policía de Investigaciones y de asumir también nuestra responsabilidad en los temas que les preocupan.
Deseo explicarles a los que no me conocen que hasta hace cinco meses me desempeñé, durante dos años y medio, como Director de Inteligencia de la Institución, y, por lo tanto, algo conozco de la situación en La Araucanía. Hace cinco meses que estoy a cargo de la Dirección General.
En primer lugar, cuando se alude a la inteligencia, muchas veces nos complican, porque, como el concepto implica guardar silencio, no podemos defendernos. Entonces, cuando nos atacan, tenemos que quedarnos callados. Y vamos a seguir actuando siempre de la misma forma.
En segundo término, la inteligencia se usa en este país para obtener información de contexto y saber lo que está pasando en una determinada circunstancia o sector, pero no es para una investigación criminal.
Cuando, producto del trabajo, se obtienen informaciones acerca de hechos que revisten caracteres de delito, el jefe de Inteligencia puede perfectamente levantar el secreto y entregarlas a la fiscalía regional que corresponda, como la PDI lo ha hecho en numerosas oportunidades.
En el aspecto puntual de la temática mapuche, quisiera consignar que hace algún tiempo iniciamos un proceso de revisión de nuestros procedimientos, con mucha coordinación con los fiscales, para saber en qué estábamos fallando, en qué podíamos aportar más.
Propusimos una reestructuración en la zona más compleja, que es la Novena Región, con un reforzamiento de las unidades con personal especializado, capacitado, y potenciando fuertemente el rol investigativo, que es la razón de ser de la PDI.
Creamos una plana mayor de análisis criminal para la macrozona, entendiendo que la información de todas las regiones presenta mucha similitud y que se trabaja y organiza mucho mejor cuando ello se concentra en un solo lugar.
Al jefe de la Novena Región se le dio una doble dependencia: por un lado, de la Subdirección Operativa, y por el otro, de nuestro Director de Inteligencia.
Respecto de lo que pasa en la Región de La Araucanía, hay una coordinación estrecha de las unidades investigativas especializadas y dependientes de Inteligencia con el jefe designado.
Enfrentamos un problema serio de infraestructura, pero puedo consignar que, gracias al trabajo sistematizado con el Gobierno, nos encontramos en la plena construcción de un complejo de más de doce mil metros cuadrados en la Novena Región, con una inversión superior a doce mil millones de pesos. Va a estar listo, con los más altos estándares de calidad, en los próximos seis meses. Asimismo, contaremos con un laboratorio de criminalística muy completo.
Solo deseo reiterar, tal como lo he hecho en todas las partes donde me ha tocado desempeñarme, que la PDI seguirá trabajando estrechamente y con mucha coordinación con la Fiscalía, entendiendo que el éxito de las indagaciones tiene que ver con una labor muy a la par, y reforzando la actividad propia. El sello tiene que ser lo más profesional posible y lo más prudente en las investigaciones, porque la historia demuestra que, cuando estas se comienzan a publicitar demasiado por los medios de comunicación o se politizan, ello obviamente trae muchos problemas.
Estamos a disposición de ustedes para lo que se necesite.
Muchas gracias.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
A usted, señor Director.
Puede intervenir el señor Subsecretario del Interior.
El señor ALEUY (Subsecretario del Interior).-
Señor Presidente, es solo para hacer una aclaración.
Entiendo que dije que el crecimiento del PIB de la Región había sido de 6,8 por ciento en 2013 y 2014, en circunstancias de que se trata de la cifra acumulada de ambos años, es decir, de 2013 más 2014. Ello, por si acaso.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, he escuchado atentamente el debate, y creo que hay elementos positivos, pero también problemas subsistentes.
Me sorprende que solo se hallen presentes los órganos persecutores, como el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, la Subsecretaría del Interior, Carabineros, la PDI y los fiscales regionales. Echo de menos a los actores locales: a los intendentes, a los gobernadores y -por qué no decirlo- a los alcaldes, a todos los cuales es fundamental tener presentes dentro del engranaje del funcionamiento de nuestro territorio.
Creo que nosotros no vamos a resolver la violencia "rural" -valoro el concepto utilizado por el fiscal Paredes-, y pido que el General Director de Carabineros no hable de violencia "étnica". Estamos haciendo referencia -repito- a la violencia "rural". No hay que estigmatizar a una determinada etnia.
Para considerar el asunto, es preciso hacerlo en conjunto. Y, para tal efecto, no solo tenemos que contar con la presencia de los órganos persecutores, sino también con la de quienes participan y viven permanentemente en la zona. Al menos por lo que he escuchado, no es el caso de todos.
Las policías han mencionado un protocolo de trabajo del sitio del suceso entre Carabineros y la PDI. A mí me sorprende que a esta altura del partido se contemple en un protocolo algo que debiera hallarse en un cuerpo legal. No soy partidario del sistema, porque es un documento que no se cumple: cambia la autoridad, la jefatura de Zona o la Dirección de la Institución y queda sin resultado. Se trata de instituciones jerarquizadas y es preciso actuar de acuerdo con nuestra legislación. El protocolo del sitio del suceso es complementario. Pero si no tenemos uno de ellos en virtud de una ley, regulado, vinculante, la cuestión no puede quedar entregada a la buena voluntad de las jefaturas regionales.
Se lo manifesté al General Director: en la Región de Los Ríos -sería importante discutirlo- no hay coordinación ni presencia de las autoridades de Carabineros ni siquiera en los consejos de seguridad regional. Pero en la vida social y en los cócteles sí vemos demasiada gente de la Institución. Y lo digo con toda responsabilidad.
Carabineros tiene que estar en terreno y llevar a cabo un despliegue territorial. Se requiere un cuartel en Carimallín, en Río Bueno, y también en Crucero, sin desarmar uno, por ahorrar dinero, para llevarlo a otro lado. La Institución tiene que lograr más despliegue. Le aprobamos más de seis mil plazas y nos dicen ahora que siguen faltando funcionarios. Es preciso distribuir de mejor manera el recurso.
Insisto: menos protocolo, menos cócteles, más terreno, más coordinación de Carabineros y de las instituciones en primera línea.
Eficacia y eficiencia.
Al aprobar la modificación del Ministerio Público, precisamente -una importante ley en la que participó el señor Jorge Abbott, hoy día Fiscal Nacional-, buscamos mecanismos para aumentar el personal, pero también para mejorar la llamada "Unidad de Análisis Criminal". Y eso es fundamental. No podemos seguir con la anterior política de investigación.
Valoro lo señalado por los fiscales regionales en el sentido de analizar caso a caso. Se trata de focos delictivos. No son diez causas. Muchas veces, detrás de un foco delictivo hay un patrón común.
Me parece bien que se distinga y que principalmente se aclaren actuaciones en materia de hurto de madera; que ello no se vincule con situaciones de violencia rural. Pero ahí se requiere un diálogo, a menudo no solo de los fiscales intrarregionales, sino también con los de la Región del lado. Eso no ha existido.
Esperamos -al menos el actual Fiscal Nacional así lo señaló contundentemente en su momento- dotar de mejor manera a estas unidades y poder dialogar.
Lo mismo dice relación con las policías. Muchas veces se observa una situación de estancamiento: cada unidad y cada zona -o la PDI y Carabineros- no dialogan. Eso claramente podemos mejorarlo.
Quiero preguntar -no se hizo referencia a ello en las intervenciones- qué pasa con las cámaras de vigilancia. Es algo que realmente sorprende. Se invirtieron recursos en ello. No existen.
Tienen que registrarse también una actuación y una responsabilidad de las empresas forestales, con relación a las cuales no solo se plantea una cuestión de origen. Hemos visto, respecto a los últimos personajes que han aparecido involucrados en una colusión, que la propiedad de sus territorios a menudo ha sido producto de situaciones que claramente afectan a comunidades indígenas.
En cuanto al medioambiente, obviamente habrá resistencia de las comunidades al aplicarse hoy día una política de intervención en materia de centrales hidroeléctricas.
Finalmente, en los treinta segundos que me quedan consignaré que la Comisión de Constitución, que me toca presidir, despachó por unanimidad la iniciativa que evita la dilación injustificada de audiencias, la cual se encuentra en la Cámara de Diputados desde el 17 de junio recién pasado. Encontrándose consensuada, creo que sería importante que el Ejecutivo le pusiera urgencia para sacarla adelante.
¿Me concede un minuto más, señor Presidente?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Lo tiene, Su Señoría.
El señor DE URRESTI.-
Gracias.
Se trata de un texto de interés transversal. No media una discusión sobre la materia. Es algo que dice relación tanto con la violencia rural como con el narcotráfico u otro juicio en que permanentemente se dilata y se pierde el foco. Ahí está.
Se califica de "discusión inmediata" el proyecto de ley corta respecto de ciertos delitos, pero no este tipo de iniciativas. Insisto en que existe consenso al respecto: vamos a facilitar el trabajo de las policías, del Ministerio Público. Es ahí donde creo que tenemos que fijar el centro.
Termino con lo siguiente.
Vamos a erradicar la violencia rural por la cual se ha convocado la presente sesión, pero no con un acuerdo político, sino cuando todos los actores estén trabajando de manera comprometida en su solución y no sacando pequeños dividendos políticos acerca de quién hizo más o quién hizo menos. Esto es tarea de todos.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, en los escasos dos minutos que me corresponden, quiero señalar lo siguiente.
El 19 de diciembre de 1868, El Meteoro de Los Ángeles publicaba: "Después de los horrores, de los asesinatos, de los robos y salteos a mano armada que se han cometido con los indios todavía se decreta contra ellos una guerra de exterminio. ¿Y quieren que no defiendan su tierra, su familia y su oro?".
La Guerra de Arauco no ha terminado. Y parece que la comprensión de lo que está ocurriendo en La Araucanía y el Biobío se concentra solo en la delincuencia. O sea, existe una visión policial e incluso militar, no sociológica.
"Negligencia inexcusable del abandono del Estado", señalaba el Senador Espina. Yo digo: "negligencia inexcusable del abandono del Estado de Chile a las comunidades mapuches".
El desastre de Curalaba, ocurrido el 23 de diciembre de 1598, marcó un hecho muy especial: cayó en batalla Martín García Óñez de Loyola y comenzaron 250 años de independencia mapuche, hasta que vino, después de la independencia de Chile, la llamada "pacificación".
Y, a pesar de que el mapuche es el único pueblo originario de América Latina que jamás fue sometido por los españoles y de que, tras una guerra que ganaron, solo pudo ser derrotado mucho después por el Estado de Chile, este aún cree que al final lo que ocurre en La Araucanía dice relación únicamente con robo de madera, a un conflicto con las forestales.
Ahí hay un problema político-social de fondo.
¡Tierra para los mapuches!
¡Autodeterminación para el pueblo mapuche!
Las forestales deben reconocer el error histórico que han cometido. ¡Cómo es posible que el 80 por ciento de la provincia de Arauco pertenezca a tres empresas madereras!
¡Ahí radica el problema de fondo!
Aunque pongan miles de carabineros, aunque haya ocupación militar de La Araucanía, el conflicto no va a terminar, porque hablamos de un problema centenario, de siglos; de un pueblo que lucha por su autonomía y por su tierra.
¡Por favor, el Estado de Chile tiene que entenderlo!
No es responsabilidad del fiscal, no es responsabilidad del gobernador, no es responsabilidad de Carabineros. Es una responsabilidad histórica del Estado.
Allí va a suscitarse un conflicto permanente hasta que no se reinstaure una política de respeto mutuo entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile, que se instaló mucho después.
Y si no lo queremos entender, vamos a seguir discutiendo en el Senado sobre el robo de madera, la quema de camiones, sin comprender el tema de fondo.
Algunos calificarán tales hechos como delitos, pero los mapuches han sido arrasados y sometidos por el Estado durante más de cuatro siglos. Y esa lucha no la ha ganado. Yo no sé por qué el Estado de Chile hoy día cree que la puede ganar.
Por tanto, reclamo una nueva institucionalidad, la autodeterminación; no si se hallan o no en la Carta Fundamental. La única Constitución de América Latina que no reconoce, en el siglo XXI, a sus pueblos originarios...
¿Me concede un minuto más, señor Presidente?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
No le hemos dado a nadie un minuto adicional, señor Senador, así que lo lamento.
El señor NAVARRO.-
Muy bien.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Ofrezco la palabra al señor Subsecretario del Interior.
El señor ALEUY (Subsecretario del Interior).-
Señor Presidente, primero que todo, me gustaría aclarar que el protocolo de primeras diligencias que se hizo en la Novena Región y el manual de primeras diligencias que se entregó a ambas policías hace un tiempo corresponden a una transcripción de los procedimientos legales existentes en Chile. No se trata de un acuerdo entre amigos, sino de una traducción exacta de las normas legales. De hecho, el manual lo confeccionó la Fiscalía Nacional, con los aportes de todas las partes, por cierto, porque creemos que los problemas delictuales en Chile, que son complejos, se resuelven con cooperación y coordinación y no con que cada uno haga lo que quiere.
En segundo término, solicitaría -por su intermedio, señor Presidente- que si algún Senador posee información acerca de carabineros que andan en cócteles en vez de dedicarse a hacer su trabajo, los señale con nombres y apellidos. A mí no me parecen adecuadas las acusaciones al voleo a instituciones, menos cuando atravesamos un problema extremadamente severo de desprestigio de tales instancias en el país. Y eso incluye al Parlamento, por cierto.
Por lo tanto, no es bueno contribuir en ese sentido mediante acusaciones sin suficiente fundamento, porque todavía veo más carabineros en la calle que en cócteles, para ser franco.
El señor DE URRESTI.-
Pido la palabra.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
No se la puedo conceder, señor Senador.
El señor DE URRESTI.-
¡He sido aludido!
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
No le puedo dar la palabra.
El señor DE URRESTI.-
Punto de Reglamento, entonces.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
No puede intervenir.
El señor DE URRESTI.-
¡Reglamento!
El señor NAVARRO.-
¡Está pidiendo un punto de Reglamento!
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
¡Yo dirijo la sesión, señor Senador!
El señor DE URRESTI.-
¡Reglamento!
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
¡No le voy a dar la palabra!
El señor NAVARRO.-
¡Ha sido aludido!
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
¡Yo dirijo la sesión!
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente...
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el señor General Director de Carabineros.
El señor DE URRESTI.-
¡Pido punto de Reglamento!
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
¡Yo aplico el Reglamento y no usted, señor Senador! ¡Exijo respeto!
El señor NAVARRO.- ¡A puro grito...!
El señor VILLALOBOS (General Director de Carabineros).-
Señor Presidente, he pedido intervenir para tratar tres puntos, en realidad.
El primero de ellos tiene que ver con el término "violencia rural", que corresponde a un concepto que no solamente ocupa la Fiscalía, sino también nosotros. Puede que, por algún error, lo haya mencionado, pero recojo la inquietud planteada.
La pregunta vinculada al protocolo la respondió el señor Subsecretario, por lo cual no me voy a referir a ella.
El tercer punto que tengo anotado, al cual también se refirió el señor Subsecretario, es que los carabineros andamos en vida social. Yo no puedo tolerar eso...
La señora PÉREZ (doña Lily).-
¿Se refiere al Senador que habló recién?
El señor VILLALOBOS (General Director de Carabineros).-
Sí, me refiero a él.
Eso no se lo puedo aceptar a nadie.
Señalé al principio de mis palabras que nosotros tenemos más de un centenar de carabineros lesionados e incluso dos muertos en la zona. Y los muertos y lesionados no andaban precisamente en un cóctel.
Pienso que puede darse, por la vía de la excepción, la situación a que se refirió el Senador. Y veré si es efectivo, como se lo dije a él. Pero no puedo tolerar que se refiera así a los policías uniformados. Si corresponde a un caso puntual, veremos la solución, pero no puedo aceptar que se lo presente como norma general.
Gracias.
--(Aplausos en la Sala).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
No se pueden hacer manifestaciones, señores Senadores.
Ofrezco la palabra al Honorable señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, lamento mucho el tenor del debate en una sesión que, por lo menos a mí, me estaba sirviendo mucho para tratar de comprender, en su complejidad, un problema que tiene Chile en la Región de La Araucanía.
Hacerse el leso o quedarse en el detalle no creo que sea conveniente para ninguno de nosotros.
Y lo primero que quiero señalar es que no me atrevería jamás a decirle a una institución muy potente en el país, con tradición jerárquica, cómo ha de hacer su pega y cómo debe distribuir sus recursos humanos. Uno parte de la base de que operan con sentido profesional y buscando solucionar los conflictos donde estos se encuentren.
Y en segundo lugar, no me cabe duda de que todo el personal de Carabineros e Investigaciones destinado en la zona hace sus mejores esfuerzos por cumplir las leyes y ayudar a que esa sociedad viva en paz y se pueda desarrollar. De manera que los conceptos contra una institución como Carabineros nosotros, por lo menos, no los compartimos.
La otra conclusión que uno debe sacar, a propósito de estos exabruptos, es que no se puede politizar el tema. Mientras más alejado lo tengamos de la visión política de cada cual, mejores soluciones podremos encontrar. Porque no me cabe duda de que en el resto del país no conocen lo que ha significado el hecho de que en la Octava Región -como se señalaba- por lo menos se haya logrado un acuerdo entre los actores de la sociedad, acuerdo que ha permitido avanzar en esta lucha constante por evitar hechos de violencia, sin importar si son delictivos o reivindicativos, porque la violencia al final es una sola y la debemos condenar y combatir entre todos.
Entonces, considero valiosa la señal que se entrega en esta línea. Porque, si en la Octava Región fue posible alcanzar un acuerdo entre distintos actores -"un acuerdo político" lo llamó el Subsecretario, quien hizo una muy buena exposición-, me pregunto por qué no se puede hacer lo mismo en la Novena Región, cuando uno escucha a los actores representativos de la zona plantear esa necesidad.
Es evidente que no puede ser un acuerdo entre entes políticos. Tiene que ser un acuerdo entre las autoridades, entre los actores, con el mundo social, con el mundo productivo. Porque no cabe duda de que lo que vivimos allá es un conflicto en lo político, en lo económico y en lo social.
En consecuencia, me parece que hay que centrar el esfuerzo del Senado en colaborar en la generación de condiciones que permitan que ese acuerdo se dé.
Aquí se han presentado iniciativas de orden legislativo que creo que debemos recoger. El Senador De Urresti hacía mención a uno de los planteamientos que hicieron los fiscales. Y creo que al Gobierno -hoy tenemos reunión- tendremos que pedirle las urgencias necesarias para acelerar la tramitación de aquellos proyectos que van en la línea de colaborar en una mejor coordinación y eficacia de la función tanto investigativa como judicial y policial.
Señor Presidente, a mi juicio, lo fundamental aquí es separar la violencia delictual, el delito común de lo que son las reivindicaciones ancestrales de nuestros pueblos originarios, como han señalado otros colegas.
Y eso tenemos que llevarlo adelante con una política de Estado permanente que vaya desde el reconocimiento constitucional de la realidad de nuestros pueblos originarios hasta la implementación de medidas que les entreguen condiciones económicas y sociales que les permitan superar las situaciones de pobreza, de aislamiento y de vulnerabilidad extrema que viven en la actualidad.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
En virtud del artículo 114 del Reglamento, ofrezco la palabra al Senador señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, si algunas de mis palabras fueron mal interpretadas, porque hay natural celo en cada una de las instituciones, aclaro que de ninguna manera pretendí hacer una generalización sobre Carabineros.
Lo digo con nombre y apellido: General de la Decimocuarta Región, viernes 27. Pregunten cuál fue la concurrencia al Consejo Regional de Seguridad Pública, con representantes de Santiago: cinco minutos presente, ausente después; mediodía: vida social.
Por mi parte, soy de los que vivimos en la región; soy de los que recorremos el territorio; soy de los que han visitado todas las unidades de Carabineros; soy de los que valoran el trabajo de muchos carabineros que se sacan la mugre haciendo territorio, patrullando en vehículos en muy precarias condiciones y realizando lo inhumano por cumplir sus funciones.
Pero podemos mejorar algunas situaciones. Y pienso que no corresponde hacer una defensa colectiva. Porque cuando las cosas son malas, hay que decirlas. Al menos, ese es mi comportamiento en este Hemiciclo y desde que estoy en la vida política.
Ahora, cuando las cosas son buenas, también las decimos. Pero no hagamos defensa colectiva.
Es más: he enviado los oficios; se lo he comunicado a usted. No es una crítica al voleo, sino clara y precisa.
En el mismo orden de cosas -para que hablemos desde el punto de vista de la colaboración-, cabe señalar que el proyecto de ley a que hacíamos referencia -es importante decirlo- es de iniciativa del Senador Alberto Espina, miembro de nuestra Comisión. Y fue puesto en prioridad por este Presidente. Se discutió y se aprobó por unanimidad, con perfeccionamientos. Y también en esto reivindico el trabajo del Ministerio Público, pues nos colaboró haciendo sugerencias que no solo eran atingentes a esta situación, sino también a otros delitos en que las defensas de los inculpados han utilizado la técnica de dilatar, suspender y suspender, para de esa manera ganar prácticamente por cansancio a la policía, a Carabineros, a los fiscales, a los testigos.
¡Llevamos cinco meses y esto está en la Cámara!
Creo que si el Ejecutivo le pone urgencia se podrá avanzar de mejor manera.
Por último, con relación al acuerdo político yo insisto: el Senado es un lugar donde podemos hacer toda la discusión que corresponda. Pero entendamos que esta situación no pasa única y exclusivamente por un acuerdo político.
Aquí he escuchado opinar a veces que con el acuerdo político el problema prácticamente se resuelve. No. Esta es una tarea permanente. Estamos ante un conflicto que tiene orígenes históricos, de desigualdad e implica un avance hacia el sur de nuestro país, principalmente por la extensión de los grandes predios forestales.
Ese es un debate que no podemos eludir.
Por tanto, señalo la importancia de que esté la coordinación de las policías, del Ministerio Público, de la Subsecretaría del Interior. Pero también me gustaría ver a los actores locales, a los que viven en esos territorios, a los viejos que están ahí todo el día, a la gente que está rodeada por forestales.
Eso tenemos que abordarlo en las instancias que corresponden, y estaremos siempre disponibles para ello.
Aclarado el punto, reitero que no hice ninguna denuncia al voleo: di nombre, apellido y fecha. Si se requiere mayor información...
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor ALEUY (Subsecretario del Interior).-
Señor Presidente, es bueno que el señor Senador lo haya aclarado, porque efectivamente el General se tuvo que retirar de la reunión aludida...
El señor DE URRESTI.-
¡Estuvo cinco minutos!
El señor ALEUY (Subsecretario del Interior).-
Efectivamente, estuvo cinco minutos, pero fue porque nosotros mismos, como Subsecretaría del Interior, le pedimos que se trasladara a la zona de Paillaco porque había un conflicto entre un ciudadano alemán, según entiendo, y una comunidad. Y hubo que pedirle al General que se hiciera cargo de eso, porque se había producido una cierta conmoción en la región.
En segundo lugar, cuando como Gobierno nos referimos a "acuerdo político" e incluimos a las policías, a la Fiscalía, al Poder Judicial no estamos hablando de acuerdos entre políticos, sino de lo que hicimos en términos prácticos en la Octava Región.
En efecto, allí, a partir de un acuerdo político de "los políticos", se generó una dinámica que permitió integrar a todos los actores privados, a los alcaldes y a las comunidades.
Porque estos son problemas políticos. Si aquí basta con escuchar las interpretaciones históricas que hay sobre este tipo de fenómenos para entender que lo que se requiere es un análisis de esa índole.
Cuando se nos pide que utilicemos el concepto de "violencia rural" y no el de "violencia étnica", ¿de qué estamos hablando? De política.
Cuando decimos que no debemos hablar de "tomas pacíficas" y "tomas violentas", sino solo de "tomas", estamos hablando de política.
Los problemas complejos de los países no son técnicos. Si seguimos buscando soluciones técnicas, que habitualmente son unidireccionales, no vamos a solucionar este conflicto.
Entonces, me gustaría aclarar: el acuerdo político que propicia el Gobierno integra a todas las entidades de un territorio -¡a todas!-, como se hizo en la Octava Región. Y no pudimos lograrlo en la Novena. Naturalmente, vamos a hacer un esfuerzo de nuevo para que eso suceda.
Gracias, señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
A usted, señor Subsecretario.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, ¿me permite? Deseo hacerle una aclaración al Subsecretario.
El señor COLOMA.-
¡Pero si no ha sido aludido!
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Finalmente, tiene la palabra el Senador señor García en el tiempo que le ofrece la Democracia Cristiana.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, agradezco al Comité de la Democracia Cristiana por los tres minutos cedidos.
Simplemente deseo decir lo siguiente.
Primero, yo tengo la convicción de que si no somos capaces de erradicar la violencia, la solución política va a ser mucho más difícil.
Cada vez que ocurre un hecho de violencia se encienden los ánimos, prima la irracionalidad.
Por eso mismo, para tener un acuerdo político que vaya a los temas de fondo, necesitamos erradicar la violencia o, por lo menos, disminuirla a la expresión más mínima posible.
Quiero dirigirme especialmente al Subsecretario -por su intermedio, señor Presidente- para hacerle una petición muy sentida: hay que crear en el Ministerio del Interior una unidad que se haga cargo de las víctimas. Es necesario reparar parte del daño causado y apoyarlas para que puedan seguir produciendo, para que puedan seguir trabajando. Si el Estado no les ha podido brindar protección, no debe dejarlas abandonadas a su suerte.
Estoy hablando de las víctimas más débiles, de aquellas personas que no tienen ninguna capacidad crediticia ni de ahorro como para solventar por sí mismas el daño patrimonial y moral que se les ha ocasionado.
Deseo expresar también, señor Subsecretario, lo bueno que sería, escuchando las opiniones de todos, que se pusiera urgencia al proyecto de ley que busca evitar que los juicios se dilaten por la vía de ir postergando, sucesivamente y sin mayor justificación, las audiencias.
Finalmente, quiero destacar que nosotros tenemos un enorme reconocimiento por la labor que cumple Carabineros de Chile, como también la Policía de Investigaciones y los fiscales. Los vemos en terreno. Sabemos de su esfuerzo, de su sacrificio, cómo exponen su vida a diario.
Por lo tanto, al concluir nuestra intervención, todo nuestro reconocimiento hacia ellos.
Nosotros esperamos -porque representamos a la gente de La Araucanía- que las acciones del Ministerio Público, de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones tengan éxito, ya que será ese éxito el que permitirá construir la paz.
Muchas gracias.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Efectivamente, todos queremos que el Estado tenga éxito en esa tarea.
Les agradecemos muy sinceramente a todas las autoridades que han concurrido a esta sesión: al Fiscal Nacional del Ministerio Público, don Jorge Abbott; al Subsecretario del Interior, don Mahmud Aleuy; al General Director de Carabineros, don Bruno Villalobos; al Director General de la Policía de Investigaciones, don Héctor Espinosa, y a los fiscales regionales y Generales de Carabineros que los acompañan.
Muchas gracias por su presencia.
Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 14:7.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción