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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 363ª
Sesión 63ª, en martes 20 de octubre de 2015
Ordinaria
(De 16:18 a 20:15)
PRESIDENCIA DE SEÑOR PATRICIO WALKER PRIETO, PRESIDENTE,
Y SEÑORA ADRIANA MUÑOZ D'ALBORA, VICEPRESIDENTA
SECRETARIO, EL SEÑOR JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores (as):
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán, y de Transportes y Telecomunicaciones, señor Andrés Gómez-Lobo Echenique.
Asimismo, se encontraba presente el Subsecretario de Transportes, señor Cristian Bowen Garfias.
Actuó de Secretario subrogante el señor José Luis Alliende Leiva, y como Prosecretario subrogante, el señor Julio Cámara Oyarzo.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:18, en presencia de 14 señores Senadores.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Las actas de las sesiones 60ª y 61ª, ordinarias, en 13 y 14 de octubre de 2015, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor CÁMARA (Prosecretario subrogante).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que comunica que dio su aprobación al proyecto de ley que concede un bono especial, por única vez, a los funcionarios de los servicios de salud y de los establecimientos de salud de carácter experimental que indica (boletín N° 10.341-11) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Pasa a la Comisión de Salud y a la de Hacienda, en su caso.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Expide copias autorizadas de las sentencias definitivas pronunciadas en el ejercicio del control preventivo de constitucionalidad respecto de los siguientes proyectos de ley:

1.- El que modifica el Código Orgánico de Tribunales en materia de distribución de causas y asuntos de jurisdicción voluntaria (boletín N° 9.679-07).
--Se remite el documento a sus antecedentes y se mandó comunicar el proyecto a Su Excelencia la Presidenta de la República.

2.- El que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades con el propósito de adelantar la fecha de las elecciones municipales del año 2016 (boletín N° 9.925-07).
--Se toma conocimiento y se manda archivar junto a sus antecedentes.
Adjunta sentencia dictada en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad relativo a los artículos 289, letra a), y 292, inciso primero, del Código del Trabajo y al artículo 4°, inciso primero, parte final, de la ley N° 19.886.
--Se manda archivar el documento.
Remite resolución dictada en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad acerca del artículo 28, inciso segundo, de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública.
--Se envía el documento a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Ministro de Defensa Nacional:
Remite, en respuesta a solicitud de información enviada en nombre del Senador señor Horvath, antecedentes relativos a la fiscalización para controlar la pesca ilegal de reineta en la zona austral.
De la señora Ministra de Justicia:
Responde a inquietud, planteada en nombre del Senador señor Coloma, tocante a la dictación del reglamento para la detección del VIH en personas privadas de libertad.
Del señor Ministro de Obras Públicas:
Atiende solicitudes de información, efectuadas en nombre del Senador señor Ossandón, sobre las siguientes materias:
-Ejecución de obras de pavimentación de la ruta Q-22, en el sector ubicado entre el aeródromo María Dolores y Laja, por Puente Perales, Región del Biobío.
-Reparación de avenida Alemania en ciudad de Temuco.
Da respuesta a consulta, formulada en nombre de la Senadora señora Van Rysselberghe, acerca del proceso de licitación para la construcción del puente industrial sobre el río Biobío y del proyecto de soterramiento de la rotonda Bonilla, en la ciudad de Concepción.
Atiende a preocupación, formulada en nombre de la Senadora señora Von Baer, relativa a la posibilidad de incorporar la construcción de dos miradores, uno en el sector del lago Pullinque y otro en el sector del lago Calafquén, durante la ejecución del proyecto denominado "Mejoramiento rutas 203-201 CH Sector: Panguipulli-Coñaripe II".
Absuelve consulta, planteada por el Senador señor De Urresti, concerniente a medidas adoptadas para continuar con el normal desarrollo de los proyectos de mejoramiento del camino Cabo Blanco-Las Macías y acceso norte a Valdivia, que ejecuta la empresa AZVI, luego de la decisión de terminar por adelantado el contrato para la ejecución del puente Cau Cau.
De la señora Ministra de Salud:
Remite, en respuesta a solicitud de información enviada en nombre del Senador señor De Urresti, programa de atención prehospitalaria y señala los eventuales cambios que se proponen a nivel nacional.
Responde a inquietud, planteada en nombre del Senador señor Matta, sobre construcción del CESFAM de la comuna de Colbún.
Atiende solicitud de información, efectuada en nombre del Senador señor García-Huidobro, en relación con los pacientes que se encuentran en lista de espera en hospitales de la Región de O'Higgins.
Da respuesta a consulta, formulada en nombre de la Senadora señora Van Rysselberghe, referente a Plan Nacional de Inversiones 2014-2018.
Responde solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Ossandón, sobre recinto contiguo al Hospital de Angol.
De la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo:
Da respuesta a consulta, formulada en nombre del Senador señor Quinteros, sobre actualización del Plan Regulador Comunal de Frutillar.
Del señor Ministro de Energía:
Remite información, requerida en nombre del Senador señor Navarro, respecto a matriz energética de la Región del Biobío, porcentaje de metros cúbicos correspondiente a leña y distribución por actividades.
Del señor Subsecretario de Telecomunicaciones:
Absuelve consulta, planteada por el Senador señor Ossandón, acerca de la interrupción por cinco días de la señal de Televisión Nacional de Chile en la comuna de San Fernando.
Del señor Subsecretario del Medio Ambiente:
Remite en formato digital, en respuesta a solicitud de información enviada en nombre del Senador señor Navarro, las declaraciones de zonas saturadas del Gran Concepción, Chillán, Chillán Viejo y Los Ángeles, indicando niveles de material particulado de la Región del Biobío.
Del señor Intendente del Biobío:
Responde solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Navarro, respecto a la Estrategia Regional de Desarrollo, actualmente en discusión en el Consejo Regional.
Del señor Rector de la Universidad de Chile:
Remite, en respuesta a solicitud de información enviada en nombre del Senador señor Navarro, el documento denominado "Revalorización del Sistema de Educación Superior Estatal".
De la señora Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores:
Envía estadísticas por región, solicitadas en nombre del Senador señor Navarro, en cuanto al número de niños que actualmente se encuentran en hogares y dependencias públicas a la espera de una familia adoptiva.
Del señor Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal:
Responde inquietud, planteada en nombre de la Senadora señora Goic, con relación a las tarifas del parque nacional Torres del Paine.
Del señor Director Regional (S) del Servicio de Vivienda y Urbanización de Los Ríos:
Remite información, requerida en nombre del Senador señor De Urresti, tocante al proyecto de remodelación del terminal de buses de Valdivia.
Del señor Director del Hospital Dr. Hernán Henríquez:
Responde petición de información, efectuada en nombre del Senador señor García, acerca de lista de espera quirúrgica no GES al 31 de agosto último en ese recinto.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Solicitud de permiso constitucional
De la Senadora señora Allende, con la que comunica su ausencia del país a partir del 23 del presente mes.
--Se accede a lo solicitado.

ACUERDOS DE COMITÉS

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- El señor Secretario dará cuenta de los acuerdos de Comités.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Los Comités, en sesión de esta tarde, acordaron lo siguiente:

1.- Retirar de la tabla de hoy el proyecto signado con el número 2, que crea quince centros de formación técnica estatales, e incluirlo en la tabla de la sesión extraordinaria que se celebrará mañana.

2.- Disponer que la iniciativa -se dio cuenta de ella en esta sesión- que concede un bono especial por única vez a los funcionarios de los servicios de salud y de los establecimientos de salud de carácter experimental que indica, con urgencia calificada de "discusión inmediata", sea conocida por las Comisiones de Salud y de Hacienda en calidad de unidas, facultándolas para emitir un certificado, si fuere necesario, e incluirla en el Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana, miércoles 21 de octubre.

3.- Realizar una sesión extraordinaria mañana, de 12 a 14, para tratar asuntos en tabla.

4.- Citar a sesión especial para mañana, a las 15, al objeto de considerar el oficio mediante el cual Su Excelencia la Presidenta de la República pide el acuerdo del Senado para nombrar en el cargo de Fiscal Nacional del Ministerio Público al señor Jorge José Abbott Charme, facultando a la Comisión de Constitución para emitir un certificado, si fuera necesario.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, ¿cuándo sesionarían las Comisiones a las que se autorizó para funcionar unidas al objeto de ver el proyecto de Salud?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- La hora quedó sujeta al acuerdo a que lleguen los Presidentes de las Comisiones de Hacienda y de Salud. Y en caso de que el proyecto fuera despachado por dichos órganos durante la mañana, la Sala lo vería en la tabla.
El señor PIZARRO.- Gracias, señor Presidente.
V. ORDEN DEL DÍA



CESACIÓN EN CARGOS DE PARLAMENTARIOS, ALCALDES, CONSEJEROS REGIONALES Y CONCEJALES POR INFRACCIÓN A NORMAS SOBRE TRANSPARENCIA, LÍMITES Y CONTROL DE GASTO ELECTORAL


El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de reforma de la Carta, en tercer trámite constitucional, que establece la cesación en los cargos de parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales y concejales por infracción a las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.000-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional (mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República):
En primer trámite, sesión 11ª, en 21 de abril de 2015.
Informe de Comisión:
Especial encargada de conocer proyectos relativos a probidad y transparencia: sesión 30ª, en 30 de junio de 2015.
--Los antecedentes sobre el segundo proyecto (9.860-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional (moción de los Senadores señoras Allende y Lily Pérez; y de los señores Harboe, Montes y Quinteros):
En primer trámite, sesión 85ª, en 14 de enero de 2015.
En tercer trámite, sesión 62ª, en 20 de octubre de 2015.
Informes de Comisión:
Especial encargada de conocer proyectos relativos a probidad y transparencia: sesión 30ª, en 30 de junio de 2015.
Especial encargada de conocer proyectos relativos a probidad y transparencia (segundo): sesión 41ª, en 11 de agosto de 2015.
Discusión:
Sesiones 31ª, en 1 de julio de 2015 (se aprueba en general); 43ª, en 12 de agosto de 2015 (se aprueba en particular).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Esta iniciativa comenzó su tramitación en el Senado, y a su respecto la Cámara de Diputados efectuó tres enmiendas.
La primera consiste en remplazar la prohibición de que los Diputados y Senadores que hubieren perdido el cargo por haber infringido gravemente las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral opten a funciones o empleos públicos, sean o no de elección popular, durante el plazo de tres años, por otra que les impide optar a funciones o empleos públicos por el término de tres años y, además, ser candidatos a cargos de elección popular en los dos actos electorales inmediatamente siguientes a su cesación.
La segunda y la tercera enmiendas incorporan una norma idéntica para los alcaldes, consejeros regionales y concejales que cesen en sus cargos por la misma causal.
Para la aprobación de las enmiendas de la Cámara de Diputados se requieren tres quintos de los Senadores en ejercicio, esto, es 22 votos favorables.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios se transcriben el texto aprobado por el Senado en el primer trámite constitucional y las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Debo recordar que este proyecto se encuentra en tercer trámite constitucional. Por lo tanto, no corresponde hacer una discusión general, sino pronunciarse sobre las modificaciones de la Cámara Baja.
Entonces, les ruego a Sus Señorías atenerse a dichas enmiendas.
Le solicito al señor Secretario leer la primera modificación, para que tengamos claridad sobre lo que estamos discutiendo.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- En la página 3 del comparado aparece la primera enmienda de la Cámara de Diputados. Recae en el artículo único, letra a), del proyecto, y consiste en sustituir en el inciso séptimo, nuevo, que se incorpora al artículo 60 la oración: ", sea o no de elección popular, por el término de tres años." por la siguiente: "por el término de tres años, ni podrá ser candidato a cargos de elección popular en los dos actos electorales inmediatamente siguientes a su cesación.".
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En discusión la enmienda.

Ha pedido la palabra el Senador señor Prokurica.
¿Habría acuerdo para abrir la votación?
¿Sí?
Así avanzamos.

El señor COLOMA.- ¡Que le gusta abrir la votación, señor Presidente...!

El señor LARRAÍN.- Mejor que no.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Está en su derecho, señor Senador.
Yo pregunto y Sus Señorías son soberanos para aceptar o no la propuesta.
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Como muy bien dijo usted, señor Presidente, estamos en el tercer trámite constitucional. Sin embargo, no obstante que nuestro sistema político está en la UTI producto de una serie de casos sobre financiamiento irregular que han estallado durante los últimos meses, en los cuales han aparecido acusaciones de todo tipo, partiendo por los más altos cargos -familia de la Presidenta de la República, Congreso Nacional, etcétera-, veo que en este proyecto siguen faltando dos elementos que resultan indispensables.
En primer lugar, cualquiera que vaya a una elección -para concejal, alcalde, diputado, senador- y haga trampa en ella (o sea, que reciba financiamiento irregular) perderá su cargo. Y la Cámara de Diputados no solo le hace perder el cargo, sino que, además, le impone una sanción mucho más grave: no podrá ser candidato por dos períodos, en fin.
¡Y dónde están los Presidentes de la República!
Entonces, seguimos en falta.
Es decir, ¡un candidato presidencial que hace trampa (por ejemplo, es elegido con dinero del narcotráfico) sigue en el cargo, continúa de Jefe del Estado...!
Yo también estudié Derecho Constitucional, señor Presidente. Entonces, no me digan que para eso está la acusación constitucional.
¡Por favor!
No es así: la acusación constitucional procede tratándose de un funcionario en ejercicio.
Aquí estamos hablando de otra cosa: de un candidato elegido en forma irregular.
Estamos, pues, en el tercer trámite constitucional, y de nuevo no vemos nada de aquello.
Por otra parte, en su oportunidad llamé la atención del gobierno y de los ministros sobre otro asunto.
¿Dónde está la intervención electoral? ¿No han escuchado ustedes hablar de las platas de CODELCO, de la ENAP, del desmalezamiento, de los programas de generación de empleo, de CHILEDEPORTES?
O sea, uno puede postular al cargo de concejal, alcalde, senador o diputado y ser elegido, por ejemplo, con platas de CHILEDEPORTES (¡en algún minuto lo denominaron "CHILERRECORTES"...!), pero no importa: ahí no hay problema.
En mis elecciones -a diputado, a senador- he sufrido en carne propia la brutal intervención electoral de los gobiernos de turno. Y no descarto que ella haya ocurrido también en otras administraciones.
Señor Presidente, si queremos hacer reglas claras para que en la práctica no decidan ni el dinero de las empresas privadas ni las trampas de algún candidato, incluyamos asimismo la intervención electoral, de tal manera que mande la voluntad popular y no la entrega de bonos, de paquetes, de motores fuera de borda, de beneficios estatales, o la filtración de la lista de las personas que se adjudicaron el subsidio habitacional a cargo de tal o cual senador o diputado.
Entonces, veo que aquí de nuevo se hace un traje a la medida, un traje que mira para un solo lado.
Considero que por esa vía no fortalecemos la democracia, no mejoramos la situación actual y no damos respuesta a la realidad que se vive en nuestro país.
Yo no voy a apoyar las modificaciones de la Cámara de Diputados, pues creo que son sesgadas y, además, no contienen elementos fundamentales, como el de que una persona elegida Presidente de la República con financiamiento irregular no puede ocupar el cargo y debe irse para su casa.
Y también está el caso de la intervención electoral, mala práctica que ha ocurrido permanentemente y de la que este proyecto de ley (una de las mociones que le dieron origen tiene un título que señala una cosa rimbombante: "Establece la cesación en el cargo parlamentario para quien sea condenado por haber financiado su campaña electoral con aportaciones obtenidas de manera ilegal o fraudulenta") no dice nada.
¡Es lamentable, señor Presidente!

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, yo apruebo las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto que establece la sanción de cesación en el cargo para los parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales o concejales que infrinjan gravemente las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral.
En la discusión general de esta iniciativa señalé que, en cuanto a la sanción accesoria de inhabilidad para ser candidato, se requería definir un mismo período para las diferentes autoridades, pues en el caso de los parlamentarios la Constitución establece dos años, mientras que en el de los alcaldes la ley orgánica prescribe un plazo mayor.
Ahora, la Cámara Baja, desde mi punto de vista, resolvió adecuadamente la unificación de la inhabilidad para ejercer cualquier cargo público a un período de tres años, y agregó -como acá se ha dicho- la inhabilidad para ser candidato a cargos de elección popular en los dos actos electorales inmediatamente siguientes a la sanción.
Asumo que cuando se habla de las siguientes dos elecciones no se restringe a la correspondiente al cargo en el cual se cesa en las funciones, sino que se hace referencia a todo proceso electoral.
Atendido que, de acuerdo al orden actual, las elecciones municipales y regionales se realizan un año antes que las parlamentarias, siempre la inhabilidad surtirá efecto sobre un período adicional a aquel en que se cesó.
Con esta disposición se endurecen aún más las normas aplicables a quienes ejercen cargos de elección popular.
Nunca antes -¡nunca antes!-, en nuestra historia republicana, hubo normas tan exigentes para los representantes de la voluntad popular. Y es positivo que así sea.
Empero, para recuperar la confianza de la ciudadanía se requiere bastante más.
Desde luego, restan por presentarse y aprobarse muchos proyectos de la Agenda de Probidad y Transparencia comprometida por la Presidente Bachelet, uno de los cuales deberá ser aquel que regule la reforma constitucional que estamos despachando.
Confío en que el mismo celo que hemos tenido como Congreso Nacional para aprobar estas exigentes normas aplicaremos también una vez que debamos definir en la ley orgánica las conductas específicas que constituirán infracciones graves a las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral.
Confío también en que este último texto será presentado y aprobado con prontitud, de manera que sea aplicable en la próxima elección municipal, junto a las nuevas disposiciones sobre financiamiento de campañas y reforzamiento del Servicio Electoral.
La ciudadanía no podría entender, después de todo lo que ha pasado, que permanezca en un cargo de elección popular quien acceda a su desempeño por la vía de violar las reglas del juego y que solo se halle expuesto a sanciones menores.
He dicho.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ossandón.

El señor OSSANDÓN.- Señor Presidente, el Senador señor Prokurica se me adelantó, por desgracia, pero quiero dejar en claro que durante el proceso formulé una indicación en el sentido de exigir, entre los requisitos para ser elegido Primer Mandatario, que no se hayan infringido gravemente las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral. Fue declarada inadmisible por no tener relación directa con las ideas matrices y fundamentales del proyecto.
Solo deseo hacer constar que me parece impresentable que nos ocupemos en la transparencia y se deje fuera el cargo de Presidente de la República -o sea, se puede ganar con trampa en ese caso y no en los otros-, sobre todo en circunstancias de que en la actualidad vemos que está preso en su casa el recaudador de la Jefa del Estado y de que varios ex Presidentes se encuentran bastante cuestionados, ya que se está dando el viejo adagio de que el hilo se corta por lo más delgado. ¡Los influyentes no sabían nada de sus campañas: solo estaban enterados los empleados y los asesores...!
Así que quiero dejar establecido que me parece una vergüenza y una falta de transparencia tremenda excluir de estas disposiciones dicho cargo, sea quien fuere el que lo desempeñe.
Muchas gracias.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, invariablemente resulta atractivo dirigirse a las cámaras, pero también es importante siempre que en esta Corporación se mantenga una cierta rigurosidad desde el punto de vista jurídico.
Quiero plantearlo de la siguiente forma: estamos ante un proyecto de reforma de la Carta Fundamental, en la cual estamos consignando -a mi juicio, de manera adecuada- la pérdida del escaño de un Diputado, Senador, alcalde, concejal o consejero regional que haya infringido gravemente las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral.
En ningún texto constitucional, en el Derecho comparado, se establecen las causales específicas para tal efecto. La técnica legislativa en la materia, que sigue nuestra reforma, es la de dejar a una ley orgánica constitucional la determinación de cada una de las infracciones que se consideren graves y que habilitarán al Consejo Directivo del Servicio Electoral, por lo tanto, para solicitar la destitución al Tribunal Calificador de Elecciones.
Por eso, si alguien dice acá que le parece increíble que las causales no estén contempladas en la Constitución, lo invito para que vaya los jueves, de 9 a 14, o los miércoles, de 18 a 20, a la Comisión sobre Probidad y Transparencia, donde estamos discutiendo el proyecto respectivo y cada una de las causales que se traducirán en la pérdida del escaño. Ello no había existido nunca en nuestro ordenamiento jurídico.
Pero el ejemplo más grave y que denota cierta falta de estudio de la iniciativa es cuando se plantea: "Un Presidente de la República podría ser financiado con dineros del narcotráfico".
¡Falso! La Carta establece que cuando media una condena por un delito también se puede pedir la destitución en el cargo.
En consecuencia, esa no es más que una frase altisonante, pero carente de todo fundamento.
Y luego se expresa que "Es el colmo que el proyecto no considere la figura del Primer Mandatario".
Déjeme decirle, señor Presidente, luego de haber estudiado 28 constituciones políticas y la historia político-constitucional de Chile desde la Carta de 1818 en adelante, que en el Derecho comparado no hay ningún caso de remoción de un Primer Mandatario por un órgano como el Tribunal Calificador de Elecciones, cuyos miembros son designados.
La democracia occidental respeta profundamente la autoridad presidencial por la magnitud de ser fruto de una elección soberana y popular y lo que hace es someter al denominado "juicio político" o impeachment. Es el Congreso Nacional el que procede a la destitución cuando existen casos como el que nos ocupa.
Por ello, cuando discutimos la indicación del Senador señor Ossandón -mal presentada, a mi juicio, por no decir relación con las ideas matrices de la iniciativa-, manifestamos que es muy importante considerar que cualquier Presidente de la República que incurra en esta infracción debe ser removido, pero para eso se requiere otra reforma constitucional, que le otorgue tal facultad al Congreso.
De lo contrario, estaríamos sometiendo al más alto cargo elegido popularmente, cual es el aludido, a la consideración de un órgano designado donde el Primer Mandatario participa directa o indirectamente.
Basta recordar, además, que será el Consejo del Servicio Electoral, a fin de ejercer el derecho a destituir a un concejal, consejero regional, alcalde, Diputado o Senador, el que va a requerir al Tribunal Calificador de Elecciones -al que también le hemos dado competencia constitucional al respecto- para que proceda a disponerlo.
No parecería lógico, entonces, que el cargo de Presidente de la República, más allá del color político de la persona, quedara sometido solo a un tipo de control por parte de un órgano que indirectamente se halle bajo su dependencia. Por eso es que la democracia occidental -y es cosa de verlo en materia de ciencia política- siempre lo deja entregado al sistema del juicio político o impeachment.
A mi juicio, este es un avance perfectible, pero importante.
Si me da un minuto más, señor Presidente, puedo argumentar respecto de la modificación introducida por la Cámara de Diputados.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Lo tiene, Su Señoría.

El señor HARBOE.- Gracias.
Para terminar, solo quisiera precisar, como este es el tercer trámite constitucional, que la diferencia que hemos tenido con la otra rama del Congreso dice relación con que lo aprobado por el Senado era que el cargo se perdía con la infracción grave a las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral, con la sanción adicional de una pena accesoria de inhabilidad por tres años para una función o un empleo público. Lo que ha hecho la Cámara de Diputados es ampliar esta última a una candidatura en los dos actos electorales inmediatamente siguientes.
Comparto la enmienda, porque creo que su redacción quedó mejor lograda que la propuesta por nosotros.
Por ello, concurriré con mi voto a favor.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, a pesar de que usted nos pidió ser específicos -y estoy de acuerdo-, es insoslayable partir de la base de que es muy necesario aprobar el proyecto de reforma constitucional y también recordar que la propia Primera Mandataria constituyó la Comisión Engel. En las recomendaciones, entre muchas otras que formulamos incluso algunos Senadores y los propios miembros de dicho órgano, se incluyó la cesación en el cargo, por supuesto, de parlamentarios, alcaldes, consejeros y concejales en el caso de graves infracciones a las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral.
No puedo menos que sentirme interpretada por el hecho de que ello haya sido recogido, de que lo estemos tramitando y de que vayamos a aprobarlo en este momento. No cabe sino sancionarlo y reconocer que es una legislación severa, la cual incorpora lo expuesto por la propia Comisión Engel.
Normalmente no me gusta la autorreferencia, señor Presidente, pero tengo que manifestar que en enero presenté un proyecto sobre la materia, antes del caso CAVAL o de lo que algunos quieran recordar acá, por si acaso. Lo firmaron también los Senadores señora Lily Pérez y señor Harboe.
¿Por qué? Porque ya sentía una gran responsabilidad en el sentido de que habíamos visto cómo los gastos en una campaña eran cada vez mayores y de que eso, a mi juicio, claramente estaba generando un ambiente que podía traer consecuencias, sin adivinar el nivel en que íbamos a terminar hoy día.
Por lo tanto, frente a la situación actual, en la que hemos sido emplazados, en la que existe un descrédito, en la que hemos perdido la confianza de los ciudadanos en la institución del Congreso, en los partidos -ello resulta grave, porque obviamente afecta a la democracia representativa-, estimo fundamental despachar el proyecto.
La misma importancia reviste el que le hayamos dado la autonomía necesaria al Servicio Electoral, que ojalá tuviera todavía más personas contratadas especialmente para poder ejercer de verdad su función fiscalizadora, porque es el que, en definitiva, tendrá que determinar si se están infringiendo los límites y el control del gasto o la forma como se ha recaudado el financiamiento de una campaña.
Por eso, también comparto, en definitiva, lo que hizo la Cámara de Diputados. Como aquí se señaló, se gana en precisión, aunque resulte todavía más doloroso, por decirlo de alguna manera -esto es, la sanción es mayor-, ya que la persona que incurra en la conducta señalada simplemente no podrá ser candidata a cargos de elección popular en los dos comicios siguientes a su cesación.
Creo que difícilmente encontraremos una legislación menos severa al respecto, y es una de las tantas que vamos a tener que aprobar en el Congreso. Es la única forma, quizás, en que podemos demostrarle a la ciudadanía que estamos disponibles para entender que hubo una "relajación", por llamarla de alguna manera; que se han transgredido normas; que se ha abusado de prácticas no reguladas, pero que efectivamente han provocado malestar.
Como bancada socialista, vamos a pronunciarnos por la aprobación, evidentemente.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Ignacio Walker, Presidente de la Comisión de Probidad y Transparencia.

El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, el contenido de la reforma constitucional y su efecto disuasivo son brutales. ¡Brutales!
En las legislaciones comparadas que hemos revisado no existe algo parecido. Estamos modificando la Carta Fundamental para contemplar la cesación en el cargo o la pérdida del escaño de quien infringiere gravemente las normas sobre gasto electoral.
Entonces, ¡no le encontremos gusto a poco, por favor, a lo que estamos acogiendo!
O no vayamos a considerar que se da lugar a una "mesa coja" por no incluirse al Presidente de la República. ¡De qué estamos hablando!
Quiero recordar lo siguiente: en Chile, nadie está por sobre la ley. En consecuencia, quien comete un ilícito, aunque sea el Primer Mandatario, y recibe una pena aflictiva pierde la calidad de ciudadano, el derecho a elegir y a ser elegido. Esta es una norma de tipo penal que se aplica a todos. Y no hay alguien de primera o de segunda categoría. Por lo tanto, ello dice relación con el cohecho, el soborno, la corrupción y toda la tipificación de delitos que estamos haciendo, además de la legislación común que contemple una pena aflictiva, pues no hay persona ni grupo privilegiados. Somos iguales ante la ley.
Estamos aprobando en el Congreso -por eso digo que no empecemos a encontrarles gusto a poco a las cosas, ya que es como escupir al cielo- dieciocho proyectos de ley y de reforma constitucional. ¡Dieciocho! Lo anterior, en materia de ética de los negocios, de límite entre lo público y lo privado, de relación entre el dinero y la política, con tipificaciones y sanciones gravísimas. Por supuesto, se han considerado el fin del aporte de las empresas; la publicidad de las contribuciones de personas naturales; normas comunes sobre gasto y límites.
¡Y quien infrinja las normas será objeto de una pena, aunque sea el Presidente de la República!
Lo que pasa es que cuando la sanción es la pérdida del escaño estamos haciendo referencia a los cargos de representación popular: Senador, Diputado, alcalde, concejal, consejero regional. Ello no se extiende al Jefe del Estado por las razones que ha dado, entre otros, mi Honorable colega Harboe.
Es más, estamos creando la figura del delito electoral por primera vez en la historia de Chile, con penas de hasta cinco años de presidio y pérdida de libertad aplicables a todos.
Pero lo que estamos discutiendo -repito- es la pérdida del escaño, que es una sanción brutal, de un efecto disuasivo igualmente brutal.
Ya discutimos la otra vez, cuando tratamos el proyecto en general, en el primer trámite, por qué no se incluía al Presidente de la República, lo que es opinable. ¡Por cierto que lo es!
Las razones fueron, primero, que las sanciones ya mencionadas -de la legislación penal común y de las disposiciones sobre gasto electoral, votaciones populares y escrutinios, partidos políticos y todo lo que estamos tipificando allí- dicen relación con todos los candidatos.
Segundo, en el ejercicio del cargo puede tener lugar la acusación constitucional.
Tercero, se puede usar y abusar de una norma que contemple la pérdida del escaño respecto de quien es elegido Primer Mandatario.
El nuestro es un sistema presidencialista. A algunos nos gusta el parlamentario o el semipresidencial, pero lo que tenemos es el otro.
Entonces, no se trata de ningún tipo de impunidad. Otros preceptos rigen las responsabilidades, partiendo por las del Presidente de la República, y se ha establecido nada menos que el impeachment, la acusación constitucional.
Y todas las disposiciones citadas sobre el gasto electoral se extienden también al candidato presidencial, por cierto.
No tengo tiempo para entrar en el detalle.
El debate ya lo efectuamos la vez anterior. Por supuesto, se puede volver a llevar a cabo.
No es esa la novedad que está introduciendo la Cámara de Diputados, la cual plantea -creo que con justa razón, por lo cual voy a votar a favor- que el Diputado o Senador que perdiere el cargo no podrá optar a ninguna función o empleo público "ni podrá ser candidato a cargos de elección popular en los dos actos electorales inmediatamente siguientes a su cesación.".
Y eso también lo estamos refiriendo a alcaldes, concejales y consejeros regionales.
Estas son las consideraciones por las cuales estamos abocados al texto, que ojalá podamos acoger.
Gracias.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Algunos señores Senadores me han propuesto, como estas normas se hallan totalmente relacionadas -y, por lo que veo, habría acuerdo para ratificar lo que aprobó la Cámara de Diputados-, realizar un solo pronunciamiento.
¿Habría acuerdo en tal sentido?
Acordado.
Si no hay objeciones, se abrirá la votación.
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, votaré a favor, por supuesto, del proyecto de reforma constitucional.
Como lo han recordado mis colegas Allende y Harboe, un pequeño grupo transversal de Senadores se ocuparon en el asunto en enero recién pasado, o sea, mucho antes de que en los medios de comunicación estallaran con fuerza varios escándalos vinculados con un financiamiento ilegal, ilegítimo, antiético. Se le podría agregar un montón de otras denominaciones a lo que hemos estado presenciando durante todo el año 2015 en relación con la política y las campañas.
A mi juicio, es muy importante dar señales.
Obviamente, cuando ingresamos la iniciativa, entendimos que con la reforma de la Carta se le entregarían facultades al Servicio Electoral. Por lo tanto, no nos estábamos metiendo en una atribución en vigencia, cual es la destitución de la máxima figura del Primer Mandatario a través de una acusación constitucional que se inicia en la Cámara de Diputados.
A quienes piensan que el texto es insuficiente les pido advertir que se avanza en algo que no existe, pues hoy día media impunidad en la materia.
Ni siquiera sabemos si el Ministerio Público va a poner las cosas en su lugar. Muchos creemos que finalmente no va a pasar nada tan importante con respecto a aquellos que ganaron haciendo trampa.
Por lo mismo, habiendo escuchado al Senador señor Ossandón referirse públicamente a estos casos en muchas oportunidades, espero que, en consecuencia y por coherencia, vote a favor. Porque lo que estamos haciendo es endurecer absolutamente una norma a fin de que aquellos que no se apeguen a la ley -cabe recordar, de paso, que se arrastró a toda una institución, como el Congreso Nacional, a una debacle, en relación con la ciudadanía- en verdad reciban la sanción que se merecen.
Ganar con trampa no es ganar. Es así de sencillo.
A mí me parece muy bien lo que la Cámara de Diputados agregó en términos de inhibir a postular a cualquier cargo de representación popular en las dos elecciones sucesivas a la cesación.
Recordemos que estamos frente a una normativa que no es solo para los parlamentarios; incluye a alcaldes, concejales y cores, y el día de mañana también a los intendentes, que ojalá prontamente sean elegidos por voto popular.
Por lo tanto, por todo lo que he dicho ahora, más lo que señalé en mis intervenciones anteriores, voto que sí a este proyecto de reforma constitucional, en tercer trámite, que establece la cesación en cargos de elección popular por infracción a las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Ofrezco la palabra al Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, voy a votar a favor de la modificación introducida por la Cámara de Diputados al proyecto de reforma constitucional que establece la cesación en los cargos de parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales y concejales por infracción a las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral.
Lo haré porque creo que la Cámara ha resuelto bien al establecer tres años de inhabilidad para ejercer cualquier cargo, función o empleo público, sea o no de elección popular, y acompañar esta inhabilidad con la prohibición de ser candidato a cargos de elección popular en los dos actos electorales inmediatamente siguientes a la cesación.
Además, quiero referirme principalmente a algunas opiniones vertidas por el Senador Baldo Prokurica. Este es uno de los proyectos de la Agenda de Probidad y estamos despachando muchos otros que forman un conjunto que apunta a dar seguridad y tranquilidad a la ciudadanía en cuanto a que los actos electorales deben desarrollarse bajo cánones de completa transparencia y estricto control por parte del Servicio Electoral.
Por supuesto, entre esos proyectos está el que fortalece el SERVEL, de tal manera que pueda fiscalizar las campañas en terreno y verificar que se está cumpliendo el límite máximo de gasto electoral, o que no se está cumpliendo, para los efectos de proceder en consecuencia.
El Senador Prokurica ha sido muy activo -lo reconozco y lo valoro muchísimo- fundamentalmente respecto de la intervención electoral por parte del Gobierno y también por parte de empresas públicas. A otra iniciativa que estamos tramitando en la Comisión Especial encargada de analizar y despachar los proyectos de la Agenda de Probidad -concretamente, a la relativa al fortalecimiento y transparencia de la democracia, que ojalá esta semana podamos terminar-, él ha presentado varias indicaciones, precisamente para sancionar la intervención electoral por parte del Gobierno.
La mayoría de ellas han sido recogidas por la Comisión, probablemente no con el mismo texto y la misma redacción, pero sí con el mismo espíritu.
Por lo tanto, dado que el Senador Prokurica ha sido muy activo en esa materia -con justa razón-, yo quiero darle la seguridad y la tranquilidad de que sus puntos de vista están siendo recogidos en la ya mencionada Agenda.
Finalmente, me voy a referir a la situación de un Presidente de la República sorprendido obteniendo aportes fuera de la ley o cometiendo cualquier infracción a las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral.
En mi opinión, un Presidente de la República elegido bajo tales circunstancias puede y debe ser acusado o ser objeto de juicio político conforme al artículo 52 de nuestra Carta Fundamental, que señala: "Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados:"
"2) Declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de diez ni más de veinte de sus miembros formulen en contra de las siguientes personas:
"a) Del Presidente de la República, por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes".

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Un minuto, señor Senador.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en mi opinión, cuando un Presidente de la República sea sorprendido infringiendo gravemente las leyes electorales, puede y debe ser objeto de juicio político.
En consecuencia, existiendo ya una herramienta constitucional al respecto, se ha estimado que no necesariamente hay que disponer de otra, sin perjuicio de que estamos frente a una materia que perfectamente se puede seguir discutiendo, analizando y sobre la cual se puede presentar un proyecto de ley.
En definitiva, apoyo esta reforma constitucional en los términos en que ha sido despachada por la Cámara de Diputados.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, en este tercer trámite nosotros deberíamos estar discutiendo la modificación introducida por la Cámara de Diputados para establecer la prohibición de presentarse a los dos actos electorales sucesivos. Por ejemplo, un diputado que ha cesado en su cargo no podría ser candidato a alcalde ni diputado en la siguiente elección. Lo mismo un consejero regional o un senador.
Eso es lo que debiéramos estar discutiendo, pero aquí se han expresado algunas ideas que no quiero dejar pasar.
Cuando se habla de la acusación constitucional contra el Presidente de la República, no debemos desconocer que ella procede por actos de su administración, por actos de su gobierno. Y aquí se trata de acciones o ilícitos cometidos antes de que la persona asuma su cargo, en el ejercicio de su condición de candidato, y que han significado transgredir las normas sobre financiamiento, transparencia y límites del gasto electoral.
Por lo tanto, estamos frente a una figura nueva y distinta, en lo cual concuerdo con el Presidente de la Comisión sobre Probidad y Transparencia, Senador Ignacio Walker. Y como estamos aprobando una figura nueva, distinta, no veo razón -dejé mi testimonio en el debate en la Comisión, también en la Sala y quiero reiterarlo ahora- para que la persona que ocupa el cargo más importante no sea objeto de un procedimiento judicial si comete una infracción grave en esta materia.
Creo que a un Presidente de la República que haya cometido este tipo de transgresión le va a convenir más ser sometido a un tribunal que ser objeto de un juicio político. Para la democracia, incluso, es mucho mejor que la situación sea dilucidada bajo normas claras y objetivas.
En consecuencia, pienso que no resolveremos adecuadamente el problema si dejamos fuera al Primer Mandatario.
No hicimos mayor cuestión de esta situación, puesto que el Ministro Secretario General de la Presidencia, presente ahora en la Sala, se comprometió a estudiar una reforma constitucional para establecer en la Constitución un mecanismo distinto para el Presidente de la República. Y creo que eso significaría un paso adelante. Pero, sin duda, si un Senador comete una infracción grave a las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral y puede ser sancionado por el TRICEL, no veo por qué un candidato a la Presidencia de la República que haya cometido las mismas faltas o infracciones graves no vaya a recibir una sanción.
Se sostiene que el Presidente de la República debe ser acusado y destituido por el Congreso, pero resulta que, si comete un delito penal común, tiene que ser condenado por un tribunal. Por lo tanto, aquel no es un buen argumento.
Aquí, sin duda, hubo una decisión política para no incorporar el cargo de Presidente de la República. Y creo que eso, más allá de una discusión técnico-jurídica, deja una insuficiencia que nos hubiera gustado resolver.
En el minuto que me queda, señor Presidente, quiero hacer notar a Sus Señorías que, si leen con atención la normativa, se darán cuenta de que hay una disposición fundamental, referida al análisis del Consejo Directivo del Servicio Electoral. La autonomía del SERVEL quedará puesta a prueba, pero también su estructura para poder detectar infracciones graves, lo cual será fundamental.
Y es importante que la Sala sepa que tenemos una visión distinta del Ejecutivo acerca de la fortaleza que este desea dar al organismo, porque, sin duda, para detectar infracciones graves se requieren fiscalizadores capaces, competentes, imparciales, y en eso, con las normas que estamos analizando en este momento -y que seguramente vamos a seguir discutiendo el próximo jueves-, no estamos avanzando en la línea correcta.
La normativa que hoy estamos aprobando con especial entusiasmo, que permitirá que un Diputado o un Senador sea cesado en su cargo si se detecta que ha cometido una infracción grave, será letra muerta si no contamos con un organismo fiscalizador autónomo y robusto, que le demuestre fehacientemente al tribunal que una autoridad, durante su candidatura, trasgredió disposiciones concretas y específicas de la ley sobre financiamiento electoral.
Por lo tanto, nos alegramos por la aprobación de esta iniciativa, pero, sin duda, tenemos que seguir avanzando y trabajando para que verdaderamente se haga realidad.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Van Rysselberghe.

La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, la verdad es que esto se había anunciado desde hace ya bastante tiempo, y creo que es algo absolutamente imprescindible, dado el contexto en el cual hoy se está dando la política.
Sin embargo, concuerdo con varios de los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra.
Acá estamos hablando de cargos de elección popular a los cuales se llega, independientemente de cuál sea, a través de una campaña que tiene que ser financiada de acuerdo a la normativa vigente. Y a mí me parece que, si hay sanciones para quienes se salten dicha normativa, ellas deberían ser para todos iguales.
Como de alguna manera lo dijo el Senador Ignacio Walker, estamos frente a un tema opinable. Pero, desde nuestra perspectiva, no hay ninguna razón para que ante faltas similares existan sanciones distintas.
Dado que esta no es una modificación constitucional cualquiera, sino una modificación constitucional que entrega señales a la ciudadanía, me parece que estas señales debieran ser completas, incorporando en el proceso a quienes postulen al cargo de Presidente de la República.
Sin embargo, no quisiera dejar pasar la oportunidad para decir un par de cosas acerca del texto legal vigente, pues hoy ya existe una norma que hace posible que los parlamentarios, Diputados o Senadores, cesen en su cargo. Me llama la atención porque, de su sola lectura, uno comprueba que no se aplica.
Por consiguiente, al igual que al Senador Pérez Varela, a mí me gustaría que pudiéramos seguir avanzando en esta materia para que la ley no fuera letra muerta.
La disposición vigente señala: "Cesará en su cargo el diputado o senador que actúe como abogado mandatario en cualquier clase de juicio". Y yo he visto a parlamentarios actuando como abogados en distintos juicios.
Más abajo expresa que también cesará en su cargo el diputado o senador "que ejercite cualquier influencia ante las autoridades administrativas o judiciales en favor o representación del empleador o de los trabajadores en negociaciones o conflictos laborales".
Quiero recordar que ha habido trabajadores en conflicto que incluso han ido a dejar toneladas de basura frente a los municipios y que, a pesar de que en ese tipo de situaciones ha habido intervención de parlamentarios, no ha pasado absolutamente nada.
Y a continuación indica que "cesará, asimismo, en sus funciones el diputado o senador que de palabra o por escrito incite a la alteración del orden público". Y yo también he visto a parlamentarios llamando a protestar, que es una alteración del orden público.
Entonces, considero positivo avanzar en esta materia, pero creo que la ley tiene que ser pareja. Por eso me parecía importante incluir también dentro de la normativa el cargo de Presidente de la República, pues -repito- la ley debe ser la misma para todos.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Guillier.

El señor GUILLIER.- Señor Presidente, este, como todos los proyectos de ley, deja perfeccionamientos y tareas pendientes, porque la verdad es que lo que busca es establecer nuevos delitos que signifiquen la pérdida del cargo.
Si hoy un parlamentario comete delitos de otra naturaleza, hay numerosas disposiciones que consagran la pérdida del cargo. Y conocemos algunos procesos que están en desarrollo en esta materia.
Ahora se disponen normas sobre trasparencia, límites y control del gasto electoral, referidas, específicamente, a un nuevo tipo de delitos que hoy no se hallan contemplados en la ley.
En cuanto al Presidente de la República, quiero recordar que se encuentra prevista la acusación política por mal desempeño de sus funciones, por notable abandono, cosa que no ocurre con los parlamentarios. Si un Diputado o un Senador, o incluso un alcalde, ejerce mal su cargo, ello no es, necesariamente, causal de destitución, situación que sí se da con el Primer Mandatario. De manera que no es que se deje fuera al Presidente de la República, sino que en su caso existen disposiciones especiales.
Si uno analiza el Derecho comparado, nota que efectivamente todos los países contemplan diferentes mecanismos o causales de inhabilidad para el Presidente de la República como un aspecto particular de la ley. En este caso, se podrían revisar tales disposiciones, pero eso ya sería materia de otro proyecto. Para no complicar y sacar pronto el que estamos estudiando, me parece sensato hacer la separación para ese solo efecto.
Ahora, en particular, la iniciativa viene mejorada, porque no solo consagra la sanción de pérdida del cargo para todas las autoridades elegidas popularmente, sino que, además, entrega a una ley orgánica constitucional la determinación de los casos en que se aplicará la sanción. Y al mismo tiempo establece la competencia para conocer de estas infracciones: el Tribunal Calificador de Elecciones, a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio Electoral.
Además -y esto es lo más novedoso-, la Cámara endureció la norma, porque impone como sanciones accesorias la inhabilidad de la autoridad y su impedimento para optar al cargo para el cual fue elegida, en caso de irregularidades, en los dos procesos eleccionarios siguientes a su cesación, y además el impedimento para el ejercicio de funciones o cargos públicos, no necesariamente de representación popular, lo cual amplía la sanción.
Por consiguiente, la norma endurece la inhabilidad para los parlamentarios y, en ese sentido, me parece que la Cámara de Diputados ha efectuado una modificación razonable, por cuanto va en el sentido de establecer sanciones drásticas que realmente inhiban las malas prácticas en las campañas electorales, que es, fundamentalmente, el propósito de este proyecto de ley, al cual voy a darle mi aprobación.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señora Presidenta, para entendernos bien, aquí estamos refiriéndonos a una modificación más bien menor que ha hecho la Cámara de Diputados a un proyecto largamente discutido y que está aprobado, entiendo, por unanimidad o casi por unanimidad en toda su parte medular. O sea, aprobarla o rechazarla no cambia mayormente el contenido de la normativa, por lo cual le resto todo dramatismo.
Digo esto porque me parece que los argumentos que planteó el Senador Prokurica son muy potentes, muy de fondo, y claramente no fueron asumidos en este último trámite, razón por la que no veo mayor incentivo a aprobar una modificación introducida por la Cámara que no contiene algo evidente, relacionado con alguna causal por infracción a las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral vinculada a la Presidencia de la República como un ente.
O sea, no puedo entender que esto quede al margen -estamos hablando de elecciones futuras, así que nadie puede hacer referencias hacia atrás- de lo que es una nueva institucionalidad.
Entonces, es muy raro que se establezca una nueva institucionalidad con sanciones durísimas para transgresiones en transparencia, límite y control, con una excepción: la Presidencia de la República.
¡A mí no me calza!
Creo que los argumentos del Senador Prokurica no fueron, desde mi perspectiva, rebatidos por nadie. Más bien se asumieron.
Quedó claro que esto nada tiene que ver con la acusación constitucional, porque esta se refiere a actos de Gobierno que se realizan, no a una forma de ser elegido.
Alguien podrá decir: "Se puede modificar ese precepto", pero lo normal hubiera sido que se cambiara con este motivo o que se hiciera una referencia. Pero, si ustedes se dan cuenta, aquí una hay disposición que hace una referencia al Capítulo V Congreso Nacional y al Capítulo XIV Gobierno y Administración Interior del Estado.
O sea, no es que falten capítulos. Se pudo haber incorporado otro que le hubiera dado el mismo sentido a la regla general respecto de todos los cargos de elección popular.
Y creo que el que exista una referencia a quizás uno de los cánceres más grandes del sistema democrático: la intervención de un Gobierno respecto de las elecciones en que le toca participar como tal, cuyas circunstancias van cambiando, no me parece que permita entender que se aborda un tema en su globalidad.
No digo que no sea complejo. Muchas de estas cosas ya están aprobadas. Hay diversas disposiciones que, al no haber sido objeto de modificaciones, pasan a estar en condiciones de ser acordadas.
Si aquí lo que falta, lo que uno echa de menos, es que esto quedara bien establecido.
Y como no fue así, hago míos los argumentos del Senador Prokurica, por lo cual me voy a abstener en este último trámite, dejando claro que eso no obsta a que todo el resto funcione, más allá de la votación que se realice ahora, porque está aprobado debidamente en las dos Cámaras.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, la verdad es que la fuerza de los hechos resulta contundente.
Yo solo quiero señalar -como lo he dicho otras veces en esta Sala- que me parece muy bien que después de diez años haya consenso para decir que efectivamente tiene que haber sanción cuando se infringe la ley; que quienes elaboran la ley tienen que recibir una sanción cuando la violan.
Esto lo dijimos el 2003.
Mencionamos dos cosas en la Sala de la Cámara de Diputados.
Una: no al financiamiento por parte de las empresas privadas a la política,...

El señor PROKURICA.- ¡Y de las públicas también!

El señor NAVARRO.- ... que era un gran error, que esa ley tenía que ser derogada, y así lo estamos haciendo.
E hicimos la segunda observación: y el candidato que violara esa ley en proyecto, ya que se iba a aprobar, tendría que perder el cargo.
Y ambas cosas fueron rotundamente rechazadas.
Tal parece que en política tienen que producirse las catástrofes, tienen que producirse los dramas, tienen que producirse las crisis para que aprendamos de las lecciones.
El artículo 60 establece dos elementos ya claramente superados, como mencionaba la Senadora Van Rysselberghe.
El Tribunal Constitucional ha señalado que a las facultades constitucionales de los parlamentarios de legislar y, en el caso de los Diputados, de fiscalizar, se agrega una tercera función: la de representar.
Por lo tanto, los parlamentarios pueden representar los intereses de sus electores dentro del marco de la ley.
Y quiero señalar que está claro que los parlamentarios sí pueden participar en gestiones que favorezcan a los trabajadores; los parlamentarios sí pueden marchar en pos de demandas de la ciudadanía, porque ejercen la función de representación del interés de sus electores, que se realiza fuera de este Hemiciclo, no en las Comisiones. ¡Para eso los eligen!
Por cierto, se ha cuestionado la facultad de marchar junto a los trabajadores, como se hace en democracias profundas y antiguas como la francesa y otras, y debo decir que a los que no marchan con los trabajadores, a los que no acompañan a la ciudadanía, debieran echarlos del Parlamento los propios electores.
Esta Constitución obsoleta, nauseabunda, que tenemos que terminar de sepultar más temprano que tarde, mantiene estas restricciones propias de un régimen autoritario; es un texto concebido para alejar la función parlamentaria del concepto de representación democrática, popular y soberana.
Aquí se ha señalado que sigue vigente que "Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso séptimo del número 15º del artículo 19, cesará, asimismo, en sus funciones el diputado o senador que de palabra o por escrito incite a la alteración del orden público".
Afortunadamente, en solo una ocasión en los últimos 23 años se ha formulado una acusación referida a ese artículo. Fue a instancias del Diputado Cardemil, quien hizo una presentación al Tribunal Constitucional en mi contra, luego de que como Senador marchara junto a la CUT en la Alameda Bernardo O'Higgins en la defensa de mantener el sueldo mínimo contra candidatos presidenciales o Senadores que querían acabar con este.
Marchamos con la CUT. Y el Diputado Cardemil fue al Tribunal Constitucional y señaló que el Senador Alejando Navarro había alterado el orden público y que ello era una causal de inhabilidad. Y le pidió que lo dejara fuera del Parlamento.
El Tribunal Constitucional falló diez contra cero la presentación de Cardemil, y ratificó algo extraordinariamente positivo: los parlamentarios tienen la función constitucional de legislar, fiscalizar y representar. No se entiende de otra manera. ¿Por qué estamos en este Hemiciclo? Porque la ciudadanía ha ejercido un voto de representación. Nos ha mandatado. La soberanía radica en el pueblo, en la ciudadanía, que la delega en el Parlamento. Y no al revés, como alguna vez dijo Carlos Larraín, en el sentido de que los parlamentarios delegábamos en la ciudadanía la representación.
Por eso, voy a votar a favor de este proyecto, que establece, por cierto, la pérdida del cargo para los parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales y concejales.
Y quiero decir que esta reforma constitucional es un pequeño paso para lo que requiere Chile, que es una nueva Constitución.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Terminó su tiempo, señor Senador.
Tiene un minuto más.

El señor NAVARRO.- Esta reforma la voy a votar a favor, señora Presidenta, aunque me he comprometido a no seguir votando parches, como este, que significa un parche más a esta vetusta, desusada y maloliente Constitución. Lo que requerimos es una nueva.
Hace diez años propusimos aprobar la pérdida del cargo. Se rechazó.
Hoy los hechos nos demuestran que es necesario.
Voto a favor de esta reforma constitucional, que significa un pequeño, un mínimo avance respecto del tema de fondo: una nueva Carta Fundamental para Chile.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

El señor MOREIRA.- ¡Maloliente Constitución que firmó el Presidente Ricardo Lagos...!

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Terminada la votación.

--Se aprueban las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados (29 votos a favor y 2 abstenciones), dejándose constancia de que se cumple el quórum constitucional exigido), y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Chahuán, De Urresti, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Se abstuvieron los señores Coloma y Prokurica.




MEJORAS A TRANSPORTE PÚBLICO REMUNERADO DE PASAJEROS


La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Corresponde continuar la discusión particular del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce mejoras al transporte público remunerado de pasajeros mediante la modificación de las disposiciones legales que indica, con segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones e informe de la Comisión de Hacienda y con urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.007-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 39ª, en 4 de agosto de 2015.
Informes de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 50ª, en 8 de septiembre de 2015.
Transportes y Telecomunicaciones (segundo): sesión 60ª, en 13 de octubre de 2015.
Hacienda: sesión 60ª, en 13 de octubre de 2015.
Discusión:
Sesiones 50ª, en 8 de septiembre de 2015 (queda pendiente la discusión general del proyecto); 51ª, en 9 de septiembre de 2015 (queda para segunda discusión); 52ª, en 15 de septiembre de 2015 (se aprueba en general); 60ª, en 13 de octubre de 2015 (queda pendiente la discusión en particular).

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- El Senador señor García-Huidobro ha solicitado votación separada de las letras b) y c) del número 9 del artículo 1º, y lo mismo el Honorable señor Coloma respecto del artículo 2º.
Cabe recordar que el artículo 2º del proyecto requiere para su aprobación 19 votos favorables, por tratarse de una norma de quórum calificado.
En la página 15 del texto comparado figura la letra b) del número 9 del artículo tercero transitorio, que el Senador señor García-Huidobro solicita votar separadamente, que incrementa de 5 a 10 por ciento los aportes especiales a que se refiere el inciso segundo del artículo tercero transitorio.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, estoy de acuerdo con lo que propone la letra b) y voy a votar a favor de la letra c).
Pero pienso que sería interesante hacer una discusión de las dos.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Señor Secretario, ¿podría informarle al señor Senador?

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Este numeral fue aprobado en forma unánime por la Comisión, de tal manera que si se retira la solicitud de votación separada correspondería darlo por aprobado.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, pido que se voten juntas las letra b) y c).
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- No habría problema.

Tiene la palabra el Senador señor García Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, en la página 16 aparece un tema muy importante para los taxis colectivos de nuestro país, con respecto a un reembolso que se otorga justamente pues no han tenido ningún beneficio por la aplicación del impuesto específico y otras situaciones.
No olvidemos que, originalmente, el transporte menor de los taxis colectivos no pertenecía al transporte público. Hoy se incorpora a este y va a tener los beneficios que corresponden. Porque en el caso, por ejemplo, de mi Región, cerca del 70 por ciento de los pasajeros se transportan en taxis colectivos.
Por lo tanto, quiero valorar el hecho de que algo se les aporte en los años 2015, 2016 y 2017. Porque era obvio que, como este es un gasto permanente, se necesitan también reembolsos permanentes, por lo menos en estos tres años, y no tener que discutir estos beneficios anualmente.
Esto significa un reembolso de "5 unidades tributarias mensuales a los propietarios de taxis colectivos que, al 31 de marzo" -de esos años- "se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transportes de Pasajeros y que permanezcan inscritos en dicho registro a la fecha de solicitar el mismo.".
También, señor Presidente, creo muy importante destacar que acá se hace justicia.
A los taxistas de colectivos les han tocado momentos muy difíciles, sobre todo cuando en muchas partes del país el valor de la bencina ha superado los mil pesos por litro. Ellos prácticamente tuvieron que mantener sus tarifas. Y, en verdad, fue muy complejo poder soportarlo.
Hoy ha bajado un poco, pero con el MEPCO todavía están pagando cifras que no debieran cancelar, porque a nivel internacional el valor es bastante menor, considerando que hablamos de entre 40 y 50 dólares el barril y antes superaba los 100 dólares.

El señor PROKURICA.- Hasta 147.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Así es, como dice el Senador Prokurica.
Y, por lo tanto, quienes más sufrieron fueron la clase media y especialmente quienes trabajan como taxistas de colectivos.
Aprovechando la presencia del señor Ministro, quiero decir que aquí ha quedado afuera algo muy importante. A los taxis básicos no se les contempla en este proyecto. No lo entiendo, pues ellos también son parte del transporte menor en el país y realizan un trabajo muy importante en beneficio de toda la comunidad.
Yo quiero solicitarle al señor Ministro que se incorporen lo antes posible, porque creo que aquí hay una discriminación hacia los taxis básicos, que requieren también un reembolso y que se les otorguen los beneficios que reciben justamente los taxis colectivos.
Por eso, señora Presidenta, voy a votar a favor.
Creo que por la inmensa mayoría, e incluso por unanimidad, vamos a votar a favor de este reembolso, porque es fundamental reconocer el esfuerzo que hacen quienes desarrollan este trabajo. Y pienso que lo mínimo que puede hacer el país es devolverle parte de lo que pagan como tributo.
Hay que considerar que ellos cancelan una cantidad infinita de impuestos todos los días con su esfuerzo, no solamente por concepto de IVA, sino también del impuesto específico a los combustibles.
De ahí que este reembolso -no es mucho, estoy claro- va en un sentido de justicia con el fin de poder entregarles algún paliativo por los recursos que entregan permanentemente al país y también por concepto de impuestos.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Consulto a la Sala si habría acuerdo para abrir la votación de las letras b) y c).
Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, en realidad yo quiero solicitar votación dividida de las letras b) y c), porque ambas comprenden materias enteramente distintas.
Yo hago mía la intervención del Senador Alejandro García-Huidobro respecto a la entrega de esta bonificación a los taxistas. Y por supuesto que voy a votar a favor de la letra c).
Sin embargo, en la letra b) se da una mayor discrecionalidad para el aumento de los recursos que se entregan. Y que -como he señalado- son 120 mil millones de pesos por los años 2015, 2016 y 2017 y 260 mil millones desde el 2018 hasta el año 2022.
Es francamente mucho mucho dinero. Y lo que se dice en la letra b) es que esos aportes, en lugar de reajustarse hasta en 5 por ciento, lo podrían hacer hasta en 10 por ciento.
Entonces, me parece que aumenta la discrecionalidad de la autoridad para poder aumentar estos recursos.
Como ha dicho el Ministro de Hacienda con toda claridad, por los próximos años estaremos bajo una enorme restricción de gasto público, y tenemos un gran compromiso: converger a un balance estructural. Y considero que esta discrecionalidad, contenida en la letra b), apunta en un sentido absolutamente distinto y contrario a lo que quiere la autoridad de Hacienda.
Por eso, anuncio mi voto en contra a la letra b), de tal manera que estos aportes se puedan reajustar hasta en 5 por ciento, pero no hasta en 10 por ciento.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Hacemos la precisión, entonces, de que votaremos primero la letra b), dado el planteamiento del Senador señor García.
En votación la letra b).

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Terminada la votación.

--Se aprueba la letra b) del N° 9 (15 votos por la afirmativa y 9 por la negativa).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic y Muñoz, y los señores Araya, De Urresti, Girardi, Guillier, Harboe, Montes, Moreira, Navarro, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa las señoras Lily Pérez y Von Baer y los señores Allamand, Coloma, García, García-Huidobro, Ossandón, Pérez Varela y Prokurica.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- En votación la letra c).
--(Durante la votación).

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, durante el análisis de este proyecto he intervenido en varias ocasiones para referirme a aspectos que me parecen muy complejos.
Pero ahora se nos propone uno de los pocos paliativos que contiene esta propuesta legislativa, mediante la incorporación, en la nueva lógica de distribución de recursos, de un beneficio que no ha estado presente en las anteriores iniciativas sobre la materia. Se trata de un reembolso equivalente a 5 unidades tributarias mensuales a los propietarios de taxis colectivos que, al 31 de marzo de los años que se indican, se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transportes de Pasajeros.
Estimo que tal política pública es superrazonable.
A estas alturas, ya no estamos hablando del Transantiago. Dicho concepto no es sinónimo de "transporte público". Este se conforma de otros componentes, los que contribuyen, obviamente, a su mejoramiento.
Ello se ha reflejado, en parte, en la discusión de un no fácil proyecto espejo para las regiones, a través de lo cual muchos de los recursos que, en teoría, se destinan al transporte local se diluyen en otro tipo de programas, pero luego se les hace aparecer como la contraprestación regional de lo que se gasta en el Transantiago.
Aquí se aborda un asunto diferente, una demanda que ha sido muy requerida en distintos debates sobre el Presupuesto.
Además, el beneficio dura varios años. Ese es el mérito de la disposición que nos ocupa: el reembolso de 5 UTM para los propietarios de taxis colectivos se otorga hasta el 2017.
A mi juicio, la fórmula propuesta es justa, pues busca ampliar el concepto de "transporte público" al servicio de taxis colectivos que prestan personas del mundo particular.
El despilfarro de recursos que ha significado el Transantiago -por más que algunos parlamentarios insistan en negarlo- obedece a una ideología estatista.
Pero ahora se propone algo diferente: una forma de ayudar a los emprendedores que realizan una tarea bastante más eficiente que la que desarrolla el Transantiago, sistema que ha generado una reacción ciudadana muy contraria.
Señor Presidente, este no es un tema menor. El beneficio va directo a la vena del mundo privado. Considerando la cantidad gigantesca de fondos que se destinan al transporte público de pasajeros de la Región Metropolitana, vía Transantiago, me parece justo que se entreguen aportes a las personas que realizan dicha actividad pero desde una perspectiva distinta, como es la de los taxis colectivos, quienes, además, son emprendedores.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, sin duda, el reembolso propuesto viene a hacer justicia a una actividad que no había estado presente en las preocupaciones del Gobierno y que brinda un servicio absolutamente necesario.
Sin embargo, respecto del contenido de esta letra c), quiero manifestar una observación, que ha sido parte de un debate en nuestra Región, con relación al destinatario de las 5 unidades tributarias mensuales.
La norma señala que los beneficiarios del reembolso serán los propietarios de los taxis colectivos.
Frente a ello, cabe señalar que, con los mecanismos laborales que operan en este ámbito, muchas veces los conductores se encargan del pago de combustible y, en ocasiones, del costo de la mantención del vehículo. En efecto, suele haber una cesión sin ninguna relación contractual. La condición en que trabajan estos choferes (sin contrato y con alta rotación) hace que el mayor incremento de la bencina e, incluso, de los suministros básicos sea cubierto por ellos mismos y no por el propietario, quien tiene garantizado un ingreso diario, pactado con el conductor.
Ese es un hecho de la realidad.
Sobre el particular, le consulto al señor Ministro de Transportes si en el reglamento que se deberá dictar se va a considerar solo al propietario. Se debe contemplar que algunos son dueños de cinco, diez, quince, veinte taxis colectivos. De hecho, conforman empresas.
Es más, dicho mecanismo de compensación -las preguntas son para el señor Ministro o para los miembros de la Comisión de Transportes- ¿se otorga producto de qué? ¿Del mayor incremento del precio de la bencina? ¿Del mayor desgaste de los vehículos?
En el fondo, se compensa por situaciones que muchas veces recaen sobre el trabajo del conductor. Muchos de los propietarios jamás ven el auto. Reciben un ingreso pactado diario, que el chofer debe generar luego de cubrir los gastos de combustible y mantención.
La disposición en comento plantea, además, que un reglamento establecerá los términos, condiciones y modos de acreditar los requisitos.
¿Cuáles serán esos requisitos? ¿Se vinculan solo con la propiedad efectiva del taxi colectivo o también con el rol del conductor?
Sé que es muy complejo determinar esto último, pues los choferes tienen una alta rotación. La condición laboral y la relación contractual de estos han sido materias de constante debate. ¿Cómo regular dicho asunto? Es complejo.
Aquí se propone un subsidio para los propietarios, que me parece justo; pero debiera dar cobertura también a lo que he planteado respecto de los conductores.
Señor Presidente, este punto fue tratado en la Comisión de Transportes. Como no es posible seguir de cerca el análisis de todos los proyectos de ley, me gustaría que algún miembro del órgano técnico, o su Presidente, me aclarara si este reembolso quedó a firme solo para los dueños de los taxis colectivos, o mejor, por qué se excluyó a los choferes.
Asimismo, consulto si el destino de este beneficio podría dejarse a la libertad de los interesados, dado que esta actividad se basa en un pacto entre propietario y conductor. Ello forma parte de la relación laboral y del ejercicio concreto de este tipo servicio.
Es necesaria tal aclaración.
Voto a favor, porque se requiere esta compensación.
Sin embargo, no puedo dejar de señalar que, dada la experiencia práctica, el alza del precio de los combustibles y los costos de mantención, en los hechos quien debiera ser beneficiado es el que hace uso del vehículo: el conductor.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
--(Manifestaciones en tribunas).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Hago presente a los asistentes a las tribunas que no se puede silbar ni realizar ningún tipo de manifestación. Está absolutamente prohibido por el Reglamento.
Les pido, por favor, que cumplan las normas.
Se ha hecho llegar una solicitud para autorizar el ingreso a la Sala del señor Subsecretario de Transportes, don Cristián Bowen.
¿Hay acuerdo?

El señor MOREIRA.- Sí.

La señora ALLENDE.- Está bien.

El señor MONTES.- Claro.
--Se accede.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ossandón.

El señor OSSANDÓN.- Seré muy breve, señor Presidente.
Por su intermedio, quiero responder la consulta del Senador señor Navarro, pues yo formo parte de la Comisión de Transportes.
El colega manifestó un problema real. Pero el Ejecutivo planteó el reembolso para los dueños de los taxis colectivos, debido a que la gran mayoría de los que trabajan en este sistema no quiere formalizarse. La relación laboral es una especie de arriendo. Por tanto, el Ministerio no cuenta con ninguna herramienta para involucrar a los choferes.
En todo caso, muchas empresas -de esas que Su Señoría dice que están conformadas por quince autos de un solo propietario- sí reparten un porcentaje a sus conductores. Claro, eso obedece a los premios que pactan las partes.

El señor NAVARRO.- Es voluntario.

El señor OSSANDÓN.- Sí.

El señor DE URRESTI.- Veo que está bien informado por el Gobierno.

El señor OSSANDÓN.- Pero usted tiene más contacto que yo con el Ejecutivo, Senador De Urresti -por su intermedio, señor Presidente-.
Pudo haberse propuesto otra cosa.
Este beneficio debiera ir amarrado en el futuro...

El señor DE URRESTI.- ¡Pero usted tiene más calle...!

El señor OSSANDÓN.- Agradezco que lo reconozca.

El señor MONTES.- ¡Y es amigo de Piñera...!

El señor OSSANDÓN.- Amigo de Piñera, sí.
¡Ahí apareció mi "hijo" Montes...!

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Ruego evitar los diálogos a los señores Senadores.

El señor OSSANDÓN.- ¡Pero es buen "hijo"; se porta bien...!

El señor QUINTERO.- ¡Ya, pues!

El señor OSSANDÓN.- Fuera de broma, es importante señalar que en el discurso se sostiene que los taxis colectivos son parte del sistema metropolitano de transporte de pasajeros. Sin embargo, no es tan así.
Ojalá este sea un paso en favor de los gremios de dicho sector, que no pueden descontar IVA. Si hay una actividad que no descuentan ningún tipo de impuesto, es la de los taxis colectivos.
La explicación de ello es que las políticas públicas se están enfocando al transporte mayor. Pero este no ha sido capaz de demostrar que puede sustituir a los taxis colectivos, sobre todo porque gran parte de la periferia de las ciudades -por lo menos en la Región Metropolitana- está llena de pasajes. Parece que los planificadores urbanos nunca pensaron en la cantidad de autos y micros que existe hoy.
En tal escenario, los taxis colectivos, con un servicio relativamente barato con respecto a los otros sistemas, llevan a la gente a sus casas desde las estaciones del Metro y los troncales del Transantiago.
El bono que se entrega no es muy oneroso: 220 mil pesos divididos en doce meses. Es muy poco, ¡pero algo es algo!
Dejo constancia, sí, de que este reembolso nada tiene que ver con la naturaleza del presente proyecto. Todavía no entiendo por qué se juntó en una misma propuesta el cambio de giro del Metro, el beneficio a los dueños de taxis colectivos y el subsidio al Transantiago.
¡No sé por qué se decidió proceder de ese modo!
¡Tal vez para que tuviera más apoyo lo relativo al Transantiago!
Con todo, voy a votar favorablemente esta letra c).
Pido al señor Ministro que de alguna manera se vaya reconociendo la labor de dicho gremio. Si en el futuro se pudiera incorporar a los taxis básicos -para ello, es necesario que exista una forma de catastrarlos bien-, sería muy positivo.
--(Aplausos en tribunas).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Quiero recordar a las tribunas que está prohibido aplaudir. Pueden mover las manos en señal de apoyo, pero en silencio. Así no habrá ningún problema.
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, esta es una demanda histórica del gremio de los taxis y los taxis colectivos.
Junto con el Senador Prokurica, pedimos a la Administración anterior que incorporara a dicho sector en el subsidio estatal. Pero nos encontramos con una dificultad: se nos dijo que, previo a ello, debía redactarse un reglamento.
En innumerables ocasiones acudimos con los gremios de nuestra Región a hablar con la Subsecretaria de Transportes de aquel entonces, señora Gloria Hutt, y también con el actual Subsecretario, quien se encuentra en la Sala. En definitiva, nos enteramos de que se estuvieron generando las condiciones para dictar dicha reglamentación.
En algún minuto nos dijeron que, al inicio de este Gobierno -es bueno aclararlo-, se había enviado un reglamento tentativo a las intendencias, para que dieran su opinión. Pues bien, llamé a los intendentes. ¿Saben qué? ¡Ninguno había recibido nada!

El señor PROKURICA.- ¡Así es!

El señor CHAHUÁN.- ¡Ningún borrador!
El Intendente de Valparaíso me lo señaló expresamente. Jamás recibió un texto reglamentario para hacer efectivo el subsidio al transporte menor: en aquel entonces, los taxis y los taxis colectivos.
De igual manera, hicimos un esfuerzo a efectos de incorporar en la norma algún grado de restricción a fin de enfrentar temas vinculados con la congestión. Iniciamos una ofensiva en ese sentido junto con la asociación gremial de taxis colectivos de la comuna de Algarrobo.
Finalmente, esa materia fue recogida.
¿Cuál es el mensaje de fondo? Que no aprobemos iniciativas de ley cuyas normas no tienen aplicación práctica.
Por ello, pido al Ministro de Transportes -por su intermedio, señor Presidente- que se preocupe de que esos recursos lleguen a su destino final y de que se regule su utilización. Se discutió sobre el uso de esos fondos innumerables veces cuando se analizaron las disposiciones del reglamento. Se dijo que podrían emplearse para cambiar los neumáticos, para incorporar mecanismos de GPS, para adquirir herramientas que mejoren la seguridad de los taxis y los taxis colectivos.
Hago este planteamiento -y fue una de las razones por las que me pronuncié en contra en su momento- para mandar una señal política al Ejecutivo. Ahora, por supuesto, voto a favor -lo señalé inicialmente y voy a cumplir-, pero espero que el Gobierno reciba el mensaje: no se puede seguir legislando con disposiciones que carecen de aplicación práctica.
Le pido toda la voluntad política a la actual Administración para que esos subsidios finalmente lleguen a quienes tienen que llegar.
Y en este punto quiero extenderme. Solicitamos dicho beneficio no solo para los taxis y los taxis colectivos, sino también para el transporte rural, para los ascensores de Valparaíso y, con fuerza, para los trolebuses, entre otras actividades del rubro en las que consideramos importante avanzar.
Cabe destacar que en algunas áreas el efecto espejo del Transantiago ha tenido aplicación. Basta mencionar los casos de Isla de Pascua y Juan Fernández. Pese a los reclamos por el encarecimiento de los fletes, el beneficio se ha ido materializando.
Igual creemos que se debe avanzar en forma más sostenida en esa línea.
Finalmente, reitero mi llamado al Ministerio de Transportes: en este ámbito no sigamos jugando con las expectativas de los gremios de la locomoción colectiva.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, el primer inciso que propone esta letra c) señala lo siguiente: "Con cargo a los recursos del aporte especial adicional que se contemplan en este artículo, y previo a la distribución a que se refiere el inciso segundo, conforme se establezca en la respectiva Ley de Presupuestos del sector público, concédese durante los años 2015, 2016 y 2017 un reembolso equivalente a 5 unidades tributarias mensuales a los propietarios de taxis colectivos que, al 31 de marzo de los precitados años se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transportes de Pasajeros y que permanezcan inscritos en dicho registro a la fecha de solicitar el mismo.".
Al respecto, es importante seguir en el punto de reflexión sobre la situación entre el propietario y el conductor.
Hay personas que son dueñas de más de un taxi colectivo, y no solo de dos, tres, cuatro o cinco. Y también se da el caso de que un vehículo durante el día es manejado por distintos choferes.
Lo dijo el Senador Navarro: la situación jurídica entre el propietario y el conductor, desde el punto de vista contractual, muchas veces corresponde a una cesión o a un pacto en el que se establece una cuota de recaudación. Es importante entender que los principales operadores de este sistema de transporte son quienes manejan los taxis colectivos.
Entonces, cabe recomendar -no podemos dejarlo consignado en la ley- que los gremios de conductores y las asociaciones de propietarios, organizados por líneas de colectivos, establezcan fórmulas para compartir, en algún momento, los recursos estatales aportados.
Tengo entendido que, en materia de taxibuses, se ha llegado a esa solución, gracias al acuerdo entre los dueños de los vehículos y los choferes.
En ese sentido, pienso que la norma debiera incorporar a todos los actores que participan en ese medio de locomoción.
Sin lugar a dudas -y con esto termino-, resulta fundamental que este subsidio vaya en mejoramiento de la herramienta de trabajo, que es el taxi colectivo, pero también hay que considerar el rol que cumplen los conductores en la prestación de este servicio. Ellos son los que están permanentemente detrás del volante; el propietario tiene una situación distinta, pues no siempre es conductor.
Sería importante que las distintas secretarías regionales ministeriales de Transportes y Telecomunicaciones sirvan de articuladoras para generar los encuentros y diálogos que permitan distribuir y compartir de mejor manera un subsidio que, sin lugar a dudas, va a ayudar a miles y miles de colectiveros a lo largo de Chile.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, antes que todo, manifiesto mi voto favorable a la letra c) en análisis.
Me parece relevante que podamos hacer un reembolso, como aquí se ha explicado, equivalente a 5 unidades tributarias mensuales a los propietarios de los taxis colectivos.
Dicho eso, quiero señalar dos cosas.
En primer lugar, una vez más deseo destacar lo que ha sucedido en la Región de Atacama: después de los dramáticos aluviones ahí acaecidos, fue ejemplar el comportamiento de los choferes de taxis colectivos, quienes salieron a la calle, a pesar de que las condiciones no eran las mejores, incluso corriendo cierto riesgo para sus vehículos. De hecho, algunos se vieron absolutamente afectados.
Con todo, cumplieron su labor y se hicieron presentes. Luego de las primeras semanas -porque era imposible antes-, podrían haberse guardado egoístamente hasta que mejoraran las condiciones de las calles. Sin embargo, ellos igual hicieron su trabajo, asumiendo costos reales y pérdidas parciales o totales.
Yo quiero destacar, señor Presidente -y me alegro de que así haya sido-, que a través de los fondos espejo fue posible traspasar recursos al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, lo que permitió entregarles subsidios a los dueños de taxis colectivos que perdieron parte importante o la totalidad de sus máquinas. Y hubo un segundo apoyo, consistente en un kit -ha sido muy importante para ellos- que incluye repuestos, neumáticos y una serie de otros implementos.
Entendiendo que existen trabajadores y que merecen el mejor trato, también creo que son, por así decirlo, como un solo cuerpo. O sea, para que ese conductor pueda cumplir horarios con el propietario del taxi, se requiere que la máquina esté funcionando en las mejores condiciones.
No tengo ninguna duda de que debe existir la mejor relación entre el propietario del vehículo y el conductor. Y aspiramos a que, de alguna manera, el trabajador también se vea compensado.
Es muy importante reconocer la labor que llevan adelante nuestros taxis colectivos.
En la Región de Atacama cuando uno habla del transporte público habla de los taxis colectivos, porque hay muy pocos buses.
Por eso, si uno observa en detalle la inversión en nuestra Región, no es mucha en cantidad, más bien es bastante poca comparada con otras regiones, porque tiene una condición distinta: en Atacama básicamente se funciona con taxis colectivos.
Debo reconocer que por la vía del Fondo Nacional de Desarrollo Regional se le hizo una importantísima contribución a ese sector. Y hace aproximadamente tres semanas asistimos a la entrega de estos subsidios. Y apreciamos el orgullo de muchos de estos trabajadores, de los dueños de taxis, al ver cómo habían repuesto sus vehículos. Así lo señaló un dirigente de Tierra Amarilla, quien dijo que había logrado reponer su auto completamente nuevo después de haberlo perdido.
En esta ocasión, junto con entregar mi voto favorable, quiero destacar la importancia de haber podido reponer los vehículos a estos trabajadores y deseo reconocer lo que ellos hicieron.
Ojalá siempre exista forma de que los beneficios también lleguen al trabajador, más allá de que se requiere que haya un vehículo movilizándose (si no, no hay manera de que ese trabajador pueda desempeñar su rol).
Nuevamente, reconozco la tremenda importancia que tiene el taxi colectivo para la Región que representamos junto con el Senador Prokurica. Y destaco lo significativo que ha sido entregar el subsidio mencionado por la vía del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para que ellos pudieran reponer sus vehículos.
Por lo expuesto, voto a favor.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba la letra c) del número 9 del artículo 1º (33 votos a favor).
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.

--(Aplausos en tribunas).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Les ruego a quienes se encuentran en las tribunas que se abstengan de efectuar manifestaciones.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Corresponde dirigirse a la página 23 del comparado. Allí se encuentra el artículo 2°, que consta de dos números. Ambos modifican la ley N° 18.772, que regula el Metro.
El Senador señor Coloma solicitó votación separada del artículo. Además, debe ser aprobado con quórum calificado.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Pido autorización para abrir la votación.

El señor PROKURICA.- Puede ser arriesgado, señor Presidente.

El señor TUMA.- Requiere quórum especial.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tienen razón.
En discusión.
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, esta disposición modifica la normativa que transformó la Dirección General de Metro en Sociedad Anónima.
En primer lugar, quiero pedir reserva de constitucionalidad respecto de este artículo. Ello porque, a mi juicio, se vulneran las siguientes disposiciones constitucionales:
Artículo 19, números 21° y 26°, al no establecerse el ámbito de actuación que tendría Metro S.A. en el transporte en superficie, incumpliendo el principio de especialidad que se le impone a este tipo de empresas estatales.
Y artículo 19, números 21° y 22°, al establecer una ventaja injustificada y discriminatoria para el Metro S.A. al señalar que podrá prestar servicios de transporte público de pasajeros bajo un régimen de concesión de uso de vías u "otra modalidad".
Señor Presidente, yo considero que esta es una norma muy inquietante y peligrosa.
Una cosa es el Metro que conocíamos, que era motivo de orgullo, pues entendíamos que podía haber una empresa eficiente que cumpliera la lógica del transporte público.
Digo lo anterior porque la situación cambió sustancialmente a partir del Transantiago, producto de lo cual el Metro S.A., que no tenía que ver con eso, fue receptáculo, una medida de emergencia para asumir parte importante del flujo que no pudo ser absorbido por los buses, a pesar de que en el papel a los técnicos de la época les daban perfectamente las cifras. Pero en la práctica ello no ocurrió, y el Metro debió absorber parte importante de ese escenario.
Entonces, una cosa es que se dé un subsidio gigantesco al transporte público, particularmente al Metrotrén, y otra distinta es que al Metro se le cambie el sentido, incorporándolo en la lógica de un Estado empresario que va a desarrollar su actividad en todo el país y que eventualmente competirá con otros actores del transporte público.
No sé si para la Región del Maule o para la del Libertador Bernardo O'Higgins -estoy pensando en la lógica futura- sea razonable, sea justo que quienes desarrollan una actividad de emprendedores tengan que empezar a competir.
Señalo lo anterior porque al Metro se le cambia la lógica de trabajo actual, hacia el transporte en superficie y no solo bajo tierra. Y se le amplía su giro, mediante un régimen de concesión u otra modalidad (nadie sabe cuál es la otra modalidad, puede ser cualquiera). De esta manera, se genera una acción, en mi concepto, indebida en el desarrollo libre del emprendimiento en todo nuestro país.
Entonces, ya no estamos pensando en el Metro concebido hace muchos años y que funcionó, sino en el "Neometro", en el "Transmetro", cosa que considero extraordinariamente inquietante, por los posibles efectos de tener una empresa pública que empiece a efectuar todo tipo de transporte en cualquier lugar de nuestro país, bajo régimen de concesiones o modalidades que nadie conoce.
Por eso, señor Presidente, me parece que hay una falta de fundamento.
¿Por qué debe cambiarse esta lógica, planteando originalmente que esto tiene que ver con monooperación de emergencia o de contingencia? Pero en ninguna parte se aborda esta forma -no posee matices- de modificar el giro del Metro.
Me parece que acá no hay un modelo, no existe una estrategia de negocio que uno pudiera comprender. Aquí se está incubando una manera distinta de entender el giro de una empresa relevante que, a mi juicio, poco se relaciona con el resto del proyecto.
Esto se parece a lo que sucedió con la ENAP, cuando en un proyecto que nada tenía que ver se incorporaron disposiciones sobre esta empresa. Esto se relaciona más, pero en la lógica de una eventual emergencia se incorpora un cambio de giro que vulnera garantías constitucionales. Y pienso que esto es el germen o la semilla de debilitamiento de una institución muy importante, que había sido mantenida por gobiernos de distinto signo político. Y ahora se le quiere dar un carácter diferente, que, desde mi perspectiva, al final pugna con todo el mundo del emprendimiento privado en materia de transporte a lo largo de nuestro país.
Por lo manifestado, voy a votar en contra.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Hay dos Subcomisiones de Presupuestos que deben empezar a funcionar a las 18. Varios señores Senadores me han pedido que se abra la votación.
¿Habría acuerdo?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Sí.

La señora VON BAER.- Sí.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Antes de abrir la votación, ofreceré la palabra al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.
Puede intervenir, señor Ministro.

El señor GÓMEZ-LOBO (Ministro de Transportes y Telecomunicaciones).- Señor Presidente, solo quiero aclarar algunos puntos que se han señalado con respecto a este tema.
En primer lugar, Metro en la actualidad tiene la posibilidad de operar en superficie en Santiago. Eso sí, su ley lo limita en el sentido de que únicamente lo puede hacer con tecnología eléctrica.
Lo que plantea el artículo es que se cambie a cualquier tecnología, que no sea solo eléctrica.
Pero reitero que actualmente el Metro está facultado para operar en superficie.
Como lo he mencionado antes, el propósito es que el Metro pueda ser un operador de última instancia. La idea es que en caso de que alguna empresa sufra problemas pueda generarse información con un comparador público-privado que fortalezca la regulación del sistema, y también por aquellas complementariedades de una empresa que posee una vocación de transporte. Y, por lo tanto, es natural que le sea posible operar también otros modos.
Finalmente, será el Directorio de Metro el que apruebe una operación en particular. Ello no lo podrá imponer la autoridad. Siempre lo decidirá el Directorio de la empresa.
Muchas gracias.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En votación el artículo 2o.
--(Durante la votación).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Montes.

El señor MONTES.- Señor Presidente, el Senador Coloma intervino diciendo: "Aquí hay un problema de constitucionalidad; el Estado no puede hacerse cargo de buses que circulan en superficie".
Yo le recomiendo que primero lea la ley. La normativa vigente data del 28 de enero de 1989.
No fueron los sectores actualmente gobernantes los que plantearon respecto del Metro lo siguiente: "Autorízase al Estado para desarrollar actividades empresariales de servicio público de transporte de pasajeros, mediante ferrocarriles metropolitanos urbanos y suburbanos u otros medios eléctricos complementarios y servicios anexos.".
¿Cuál es el problema? ¿Por qué es necesario el artículo que nos ocupa? Porque la norma actual señala: "otros medios eléctricos". O sea, si fueran troles podrían perfectamente funcionar en Santiago. El problema es que la red ya no existe en la Capital, aunque sí se mantiene acá, en el Puerto.
¿Cuál es el sentido de fondo? Que el Metro tenga la amplitud de giro que les es propia en general a los metros del resto del mundo.
Por ejemplo, en transporte de superficie, si uno ve lo que ocurre en Ciudad de México por la calle Insurgentes, constata que el bus funciona prácticamente como si fuera metro, con estaciones muy bien armadas, donde no hay evasión, por el sistema que tienen. Eso es más parecido al Metro que a cualquier línea de buses de nuestras ciudades.
Y nosotros tenemos el problema de quién se haría cargo en caso de que una de las líneas del Transantiago entrara en crisis.
Subus, por ejemplo, es una empresa que está con mucha debilidad, que vive al borde de la crisis. Y si el día de mañana no funciona, ¿qué vamos a hacer?
Debemos tener una capacidad empresarial construida, preestablecida, para que se haga cargo de esa línea y la desarrolle de buena manera, con gente especializada, que sabe del tema.
Señor Presidente, además, los otros metros del mundo tienen un aspecto adicional en su giro: el negocio inmobiliario. Lo señalo porque cada vez que compran una estación en Chile existe una gran dificultad para valorizar la inversión. En cambio, en otros lados incluso construyen un edificio en la estación, y el metro respectivo es capaz de financiar, asociado con privados, la construcción de la estación a partir de esa actividad inmobiliaria. Y cubre con esto la expropiación y muchos otros costos necesarios para ir creando las estaciones.
Yo pido a los sectores de criterio más amplio en la Oposición, en la Derecha, que entiendan que el concepto que hoy tiene la Constitución respecto de esta materia no da para más. Porque debe haber aspectos en los cuales el Estado tiene que tomar iniciativa, ser mucho más proactivo, lo que es propio del mundo moderno.
No es posible que hayamos perdido diez o doce años y que el Estado no haya podido entrar en la actividad de la energía solar y en muchas áreas. ¿Por qué? Porque hay una restricción propia de nuestra base institucional, de nuestra base legal.
En todo caso, esta es una facultad mínima. Se busca que si el día de mañana una empresa del Transantiago no tiene la capacidad para operar, que sea el Metro el que se haga cargo, para lo cual deberá estar preparado y en condiciones. Y eso será bueno, especialmente para el transporte estructural de la ciudad de Santiago, no para todas las líneas, sino para las principales, que pueden estar organizadas en conjunto con el Metro en caso de que se produzcan determinadas situaciones.
Lo razonable es votar a favor y que esta norma permita asumir el riesgo en caso de que se produzca una crisis en ciertas líneas del Transantiago.
Si eso sucede y no estamos preparados, creo que deben asumir la responsabilidad de hacerse cargo en esa situación.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, creo que estamos frente a un interesante debate.
Hace tiempo que no teníamos una discusión respecto del rol del Estado, del modelo de desarrollo y de cómo estamos soñando el sistema de transporte en las grandes ciudades.
Lo digo porque aquellos que permanentemente levantan la voz para criticar los subsidios que todos los años debemos entregar al sistema de transporte mal llamado "público" -es un sistema operado por empresas privadas, que reciben cerca de 400 mil millones de pesos al año-, cuando hoy se plantea la posibilidad de que una empresa pública, junto con la red de Metro, tenga la capacidad de operar algún sistema de transporte de superficie y evitarnos ese subsidio al mundo privado y generar mejores condiciones de transporte, se oponen por un elemento fundamentalmente ideológico.
Y por eso señalo que esta discusión es entretenida, interesante: porque tenemos diferencias.
Aquellos que creen que, a pesar de que lo haga mal, el sector privado debe seguir cubriendo determinado servicio, niegan la posibilidad de que frente a la ineficiencia evidente de un grupo de compañías pueda crearse una empresa del Estado que, de manera regulada, transparente y con criterios de eficacia y de eficiencia, opere el transporte de superficie.
Cuando uno ve los diferentes países en Europa, constata que las compañías están integradas. Las empresas públicas pueden manejar el transporte de superficie, el transporte subterráneo. Y se produce una integración que permite al ciudadano trasladarse de manera digna, eficiente. Y es el Estado el que asume la responsabilidad de un buen transporte, sin mayores criterios ideológicos.
Por eso considero muy importante aprobar este artículo, para darle al Metro la posibilidad de que opere el transporte de superficie.
Alguien decía por acá: "Mire, cuando empezó el Transantiago el Metro se vino abajo". Lo que pasa es que el Metro -comillas- se democratizó.
¿Qué sucedía antes? Probablemente, había un grupo muy reducido, y el Metro de Santiago era conocido porque generalmente estaba bastante vacío. Porque había que pagar un pasaje diferenciado del transporte de superficie. En consecuencia, el encarecimiento del costo del transporte hacía imposible que muchos ciudadanos usaran las líneas de Metro.
Lo que se requiere ahora es ver la posibilidad de dotar de facultades para que esta empresa también opere transporte de superficie y así garantice que, frente a determinada incapacidad ya probada de algunas empresas privadas en ciertas zonas, podamos contar con un transporte público de calidad.
A mí me encantaría, por ejemplo, que en la ciudad de Chillán, o en Los Ángeles, o en el Gran Concepción, que son zonas con altos índices de contaminación, tuviésemos buses eléctricos.
Y eso, más allá de lo que diga el Senador García-Huidobro, quien mira para arriba, como diciendo: "¡Lo que está planteando el Senador Harboe!".
¡Me da lo mismo! ¡Yo no legislo para grupos de poder! ¡Legislo por la posibilidad de tener un transporte público mucho más eficiente!
¿Y competirán con el mundo privado? ¡Fantástico, porque así van a mejorar la calidad del servicio!
Al final del día, lo que me interesa es que la persona de Alto Biobío, la de Concepción, la de Ñuble, la de Coihueco -también la de Santiago- tengan un buen sistema de transporte público.
Si es público o privado, me tiene sin cuidado. Pero lo que sucede actualmente es que, frente a la imposibilidad de competencia del sector público, vemos cómo la calidad del servicio ha ido descendiendo y, en último término, muchas veces el transporte de los ciudadanos se transforma en un calvario de inseguridades y de indignidad.
Por eso, señor Presidente, votaré a favor.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, por su intermedio, quiero pedirle al Senador Harboe que no se ponga tan nervioso: yo solo estaba saludando a los colectiveros, quienes se hallan preocupados por el hecho de empezar a tener una competencia desleal, y precisamente con el Estado.
En tal sentido, creo que este proyecto no va en la línea correcta.
Fíjense, señores Senadores -y es importante señalarlo a los representantes de regiones-, que el año pasado al Metro se le hicieron transferencias vía Presupuesto de la Nación (Obras Públicas-Dirección Nacional de Planeamiento) ascendentes a 216 mil millones de pesos y que hoy se le están asignando 311 mil millones. Y, por otro lado, les están rebajando a nuestras zonas rurales y a nuestras regiones 80 millones de dólares en Vialidad.
¡Esos son los problemas que debemos abordar para defender a nuestras regiones y a la gente que trabaja en el transporte público (fundamentalmente en el menor) de cada una de ellas!
Y lo digo porque el Metro era un ejemplo hasta antes del Transantiago.
¡Si lo que colapsó al Metro fue justamente el fracaso del Transantiago!
Queremos entregarle más recursos al Metro y posibilitarle competir con el Transantiago. Sin embargo, aquí la facultad queda absolutamente abierta.
Al respecto, deseo formularle una consulta al señor Ministro.
De aprobarse lo que se planteó, se estará dando la posibilidad de tener buses, taxibuses de cualquier tecnología, lo que incluye a los minibuses.
Con la ley en proyecto podremos tener al Metro instalado en todas las regiones, a lo mejor compitiendo con el transporte menor o con el transporte mayor de cada una de ellas. ¿Y con qué? Con recursos que aportan todos los chilenos.
Entonces, yo pregunto: ¿Qué sentido tiene ampliar el objetivo del Metro para que pueda estar en superficie cuando en la mayoría de las partes el transporte público, que sin duda no es perfecto, funciona?
Previo al Transantiago, la gente llegaba a su destino a la hora y volvía a su casa mucho antes que hoy.
Considero, pues, que la disposición planteada por el Ejecutivo no va en la línea correcta. Y crea incertidumbres. ¿A quiénes? A los mismos a los que estamos apoyando ante la injusticia que se ha cometido con ellos al no darles un rembolso.
¡Esa gente paga impuestos, se saca la mugre trabajando para su familia!
¡Y ahora, potencialmente, vamos a poner al Estado a competir contra los taxis, contra los minibuses: contra aquellos que transportan a la gente en las distintas regiones de nuestro país!
Por eso, señor Presidente, voy a votar en contra.
El Metro debe perfeccionarse. Hay que solucionar el problema del Transantiago. ¡Pero no traten de meter al Estado en todo!
¿Dónde lo hace bien el Estado?
Acabo de recibir la información sobre las listas de espera del hospital regional de O'Higgins (no me llegaron las GES; ¡y pedí las dos...!). ¿Saben Sus Señorías cuántas personas figuran en las listas no GES? ¡50 mil! ¿Y quién atiende? ¡El Estado...!
Entonces, aquí hay un ánimo bastante fuerte para meter al Estado en todo.
¿Y lo hace bien el Estado?
Si lo hiciera bien, estaríamos de acuerdo. ¡Pero miren los resultados!
Por lo tanto, creo que debemos tener un Estado fuerte, subsidiario, pero no empresario. El Estado empresario no lo ha hecho bien.
En consecuencia, necesitamos, no competir con la empresa privada, sino apoyarla, pero con una regulación fuerte en el ámbito del control.
Vía presupuestaria -repito-, al Metro se le están asignando 311 mil millones de pesos. ¡Y a nosotros nos van a quitar 80 millones de dólares de Vialidad...!
¡Si en Santiago prácticamente todo está pavimentado!
Necesitamos recursos de la "ley espejo" para pavimentar los caminos en zonas saturadas.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene un minuto adicional, señor Senador.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- En mi Región, 17 comunas tienen zonas saturadas, y no hay ninguna política pública especial para pavimentar los caminos. Pero prácticamente toda la Región Metropolitana está pavimentada.
Entonces, pienso que en esta materia tiene que haber una conciencia distinta de la que ha existido.
En esa línea, llamo a los representantes de regiones para que en el próximo Presupuesto defendamos lo que nos corresponde y no le sigamos entregando más y más recursos y poder, no a la Región Metropolitana, sino fundamentalmente a la ciudad de Santiago.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi.

El señor GIRARDI.- Señor Presidente, tal vez hay un problema de enfoque y de visión, porque no estamos legislando para años pasados, sino para lo que viene.
Ahora, lo que viene en un muy corto plazo será un sistema -yo diría- estándar Metro, que va a afectar no solo al transporte subterráneo, sino también al transporte de superficie.
En cinco años más casi no van a existir los vehículos tripulados, particularmente los del transporte público mayor. Todos los vehículos serán eléctricos. Eventualmente, no se requeriría la ley en proyecto. Incluso, se podría hacer hoy con vehículos eléctricos; sin embargo, es necesario hacer una transición.
Habrá sistemas de gestión de flota centralizados, los cuales comandarán un sistema de transporte público de superficie, pero como si fuera un Metro.
En el corto plazo los vehículos ni siquiera van a tener conductores. Así sucede con el Metro: si bien una persona va en el módulo de conducción, los carros son manejados centralizadamente; y en gran parte a eso se deben su eficiencia y su eficacia.
Por lo tanto, la expectativa es aumentar el estándar de calidad del sistema de transporte público.
Sin embargo, aparentemente, algunos quieren mantener el estándar actual; o sea, quieren mantener un sistema que, en mi opinión, no tiene ninguna viabilidad de futuro.
No solo hay necesidad de gestión de flota y de mayor centralización (lo hemos repetido incansablemente). También está el requerimiento de infraestructura adecuada. Porque el sistema de transporte subterráneo no compite por la vía con los autos. En cambio, el sistema de transporte público de superficie debe estar permanentemente disputando con otros medios de transporte.
Pero, a mi entender, para allá va el mundo, para allá van las cosas.
Es interesante por lo menos tener procesos innovadores en que el sistema de transporte público pueda ser gestionado también desde una empresa eficiente como el Metro, que lo único que hace es mejorar sus economías de escala y usar sus capacidades ingenieriles, su inteligencia, su know-how para operar un complejo sistema de transporte público de superficie.
Yo no hago acá una discusión ideológica. Porque hay países que tienen un muy buen sistema de transporte público gestionado por empresas estatales; en otros el sistema se halla gestionado por empresas privadas.
En Chile sería interesante. Pero el Metro está radicado fundamentalmente en Santiago. Entonces, yo no haría una campaña del terror en el sentido de que el Metro comenzaría a amenazar, por ejemplo, al pequeño transporte privado de Chiloé. Esa no es la discusión.
Como señalaba, no se trata de una discusión ideológica. Porque en algunos lugares funciona bien un sistema de gestión y en otros opera de buena forma uno diferente.
Lo que importa acá es la complementariedad.
Nosotros ya optamos por un sistema complementario. Apostamos por un sistema de Metro complementado con un sistema de transporte público de superficie fundamentalmente privado.
Ahora, ¿por qué digo que está complementado? Porque con respecto a la distribución de los viajes, el 52 por ciento corresponde solo a bus, el 22 por ciento solo a metro y el 26 por ciento solo a bus-metro.
Existe hoy un complemento muy muy importante. De hecho, gran parte del sistema de acercamiento al Metro se realiza a través de una modalidad que me parece relevante preservar: de a pie. Ojalá que a futuro la segunda forma relevante de acercamiento al transporte público tanto de superficie como de Metro fuera la bicicleta.
Pero el transporte público de superficie también permite acercamiento o se halla complementado con el Metro, que es un sistema subterráneo.
Es un muy buen mestizaje el que requiere una ciudad como Santiago.
No entenderlo de esa manera sería negarse a la posibilidad de construir ciudades inteligentes y de optar por el mejor instrumento cada vez, sin ideologismos, sino en función de las capacidades y potencialidades de cada una de esas herramientas y de los criterios que se puedan adoptar en torno de ellas.
Entonces, yo no puedo entender que haya una cerrazón absoluta e ideologizada en cuanto a definir cuáles son los sistemas más adecuados y a ver si se pueden complementar o no.
Pero el mundo que viene es el de un sistema estándar Metro, que va a afectar no solo al transporte subterráneo, sino también al transporte de superficie.
No se va a comprometer -y lo he conversado con el Ministro- toda la flota a petróleo, porque los vehículos serán eléctricos.
Lo que viene, señor Presidente, son sistemas de gestión de flota centralizados. Se remplazará a los conductores por sistemas automatizados.
Ello ya está ocurriendo en todas partes del mundo.
Entonces, abrámonos también a esa posibilidad y empecemos a transitar hacia ese sistema.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Allamand.

El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, un Honorable Senador que usó de la palabra con anterioridad hizo presente que las normas constitucionales que reglamentaban esta materia no daban para más.
En verdad, pienso que -y lo he intentado hacer ver durante todo el debate de este proyecto de ley- lo que no da para más es la negligencia, la ineptitud, la falta de previsión y la irresponsabilidad con la que estamos abordando lo relativo al transporte público.
Hace dos días se publicó en el diario El Mercurio una completa nota del Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo. En ella, dicho personero dejó establecido que hoy el llamado "fondo espejo", en un porcentaje altísimo, no se utiliza en las regiones en transporte público. Y varios Senadores de regiones manifestaron que era extraordinariamente importante corregir esa situación.
La iniciativa que nos ocupa no modifica ni un milímetro ese aspecto. Y los Honorables colegas que reclaman que los fondos espejo no son tales votan invariablemente a favor de un proyecto que en nada corrige aquello que critican.
Más aún, señor Presidente, yo le puedo anticipar que antes de un año vamos a estar en esta misma Sala discutiendo un nuevo subsidio, porque el que se plantea ahora, como lo han dicho una y otra vez los operadores, es completamente insuficiente para resolver incluso aspectos relativos a operación del sistema.
Este proyecto de ley no contiene ni una sola medida concreta para mejorar los estándares de funcionamiento del Transantiago: no hay un plan de expansión del Metro; no existe un sistema de mejoramiento de corredores segregados ni hay un compromiso real al respecto; no viene nada relacionado con los cambios tecnológicos que deben introducirse; no se consigna ninguna medida relativa a paraderos; nada se dice sobre zonas pagas.
Es decir, se trata de un saco de plata, sin que se establezca ningún tipo de mejoramiento.
Dicho lo anterior, ¿cuál es el fondo de esta discusión?
Cuando se debatió esta iniciativa en general en la Comisión de Transportes, yo planteé que no tenía ningún inconveniente en que existiera una empresa pública de transporte de buses y microbuses y que, con transparencia, se dijera: "Sí, queremos que el Estado tenga esta empresa, para que, por ejemplo, participe junto con el resto de las empresas que prestan este servicio en distintas licitaciones".
¡Pero por qué debe ser al amparo del Metro!
O sea, aquí se va a incurrir en el error que a los gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría les falta cometer en materia de transporte público.
Hasta el momento lo único que no han logrado hacer es perjudicar definitivamente al Metro. Pero hoy ya se encuentran en ese camino. Todo el resto de lo que han realizado ha sido un completo fracaso.
Y ahora harán otra genialidad: van a contaminar el Metro en esta empresa.
¡Qué externalidad positiva existe, señor Presidente!
Las externalidades negativas son evidentes.
Si quieren crear una empresa pública de transporte de microbuses por qué no lo dicen en forma clara.
¿Cuál es la ventaja de que sea al alero del Metro?
En su momento hice presente que parte de la dificultad acá tendrá que ver con el hecho objetivo de que apenas empiece a funcionar el Rancagua Express, que ya se ha retardado en tres oportunidades, se va a producir un problema gigantesco de congestión. Porque simplemente la Estación Central no está preparada para recibir ni al Rancagua Express ni al Nos Express. Y para qué hablar del tren hacia Melipilla.
Como ya anticipan que ahí habrá un problema, están pensando que el Metro puede ayudar en esa emergencia.
Esto es un nuevo error, señor Presidente.
Aquí no se actúa con la transparencia debida. Se dice: "Es que necesitamos que el Estado sea una especie de último resorte".
¡Pero si eso es completamente absurdo!
Lo lógico es que si el Estado quiere participar en esta empresa lo haga.
¿Pero qué vamos a tener? ¿Una flota de 200, 300, 500, 800 microbuses al aguaite en un galpón, a la espera de que uno de los operadores no funcione para que el Estado lo supla?
¡Han visto algo más absurdo!
¡Cómo alguien puede sostener que hay que tener una empresa de buses al aguaite por si un operador falla!
Esto es tan absurdo como mantener durante años trenes y vehículos rodantes en las maestranzas.
Porque ni siquiera funcionan con los plazos debidos.
¿Por qué alguien no actúa con el mínimo de veracidad y explica cómo sería esta empresa pública que estaría al aguaite?
Entonces, vamos a tener 500 buses por si algún operador privado fracasa.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene un minuto adicional, señor Senador.

El señor ALLAMAND.- Lo que se plantea es completamente irreal, señor Presidente.
Aquí lo que corresponde es señalar lo contrario.
Vuelvo a insistir: no tengo inconveniente alguno en que haya una empresa pública de transporte de buses.
Pero que se diga.
No es que el Estado sea una especie de último resorte; eso es una patraña: "Queremos una empresa que pueda operar con las demás y que pueda suplir al resto".
Plantear, pues, que vamos a tener una empresa del Estado estratégica al aguaite por si un operador falla es algo que no hace el menor sentido y atenta contra la inteligencia del Senado.
Yo lamento que, por razones que no logro entender, tengamos esta actitud totalmente contemplativa frente a este proyecto, frente al transporte público y frente a los tremendos recursos públicos que estamos gastando.
¡Ese es el fondo de la discusión, y no otro!

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, yo soy partidario de que el Estado recupere Ferrocarriles, de que no estemos unidos en esta larga y angosta faja de tierra por una sola columna vertebral.
Esa es una deficiencia geopolítica de proyección económica absolutamente inconducente.
Chile debe tener a lo menos dos columnas vertebrales: la ruta 5 y, también, ferrocarriles (de carga y de pasajeros), para integrar 4 mil 500 kilómetros de territorio.
El sector privado no está interesado en esa empresa. Solo la puede emprender el Estado.
Además, eso nos permitiría liberarnos del chantaje permanente de un grupo de camioneros que creen tener el poder para paralizar Chile cuando lo estimen conveniente.
Toda Europa -no está el Senador García-Huidobro- tiene transporte público.
Yo no sé en qué mundo viven los neoliberales que hay en esta Sala cuando vienen a decirnos que en nuestro país debe existir predominio del transporte público, pero operado por privados.
Los países de la OCDE que admiran poseen sistemas de transporte público público, operados por el Estado, y de manera eficiente.
Así ocurre en Madrid, que cuenta con el mejor sistema de Europa: ¡mil 300 millones de euros anuales de costo de funcionamiento; 800 millones de recaudación!
Con el entonces Senador Andrés Chadwick y el Senador Andrés Zaldívar conocimos ese sistema.
No hay transporte público en el mundo que no esté subsidiado.
El transporte público no se autofinancia. El problema estriba en la eficiencia.
El Metro era el mejor transporte público. Se deterioró después del Transantiago. Pero sigue siendo una empresa eficiente.
¿Debe el Estado garantizar el transporte público? Debe garantizarlo.
Va en paralelo con el derecho a la salud: si no hay transporte público no se llega al hospital.
Derecho al trabajo: si no existe transporte público no se llega a la fuente laboral.
Derecho a la educación: si no hay transporte público no se llega a ella.
El derecho al transporte público es esencial. Y debiera tener rango constitucional.
De lo contrario ocurre lo que sucedía en Sudáfrica: el apartheid establecía guetos que les impedían a los negros llegar a destino, pues no había transporte público; si querían hacerlo, debían caminar, a veces a lo largo de 60 kilómetros.
Siento, señor Presidente, que la propuesta de ampliar las facultades del Metro es extraordinaria y positiva; constituye la única salvaguardia en el sentido de que la Región Metropolitana al menos tendrá la garantía de que no va a ser abandonada; de que habrá asistencia del Estado para movilizar a la ciudadanía, y particularmente a los trabajadores, a los estudiantes.
Por tanto, observo que estamos frente a una resistencia ideológica -no hay otro fundamento-, arcaica, arraigada en un concepto raro respecto al rol del Estado: en Chile el transporte público tiene que ser privado, ¡aunque en el mundo entero, en todas las economías neoliberales, sea estatal...!
Yo apruebo con todo gusto la ampliación de las facultades del Metro a través de una empresa filial o coligada. La alternativa es tener un transporte de punta eléctrico o generado con otros métodos menos contaminantes.
Por cierto, no todo el transporte público va a ser estatal. Se trata de una combinación, de una alianza estratégica público-privada.
El Estado actúa como ente regulador, pero de verdad incidente, porque tiene poder de transporte.
Un Estado regulador sin poder de transporte queda al arbitrio del sector privado.
Las empresas del Transantiago no lo han hecho bien.
Llegaron empresas extranjeras, y lo han hecho pésimo. Tratan de la peor manera a los trabajadores.
Marcos Cuadra se inmoló a lo bonzo porque las empresas privadas del Transantiago persiguen a los trabajadores, no respetan los derechos laborales.
Yo solo espero que la empresa Metro, así como la apoyamos para que se expanda y pueda desarrollar filiales, también se preocupe de proteger a sus trabajadores.
Si estamos dándole un rol esencial al Estado, este debe ser símbolo y líder en materia de respeto a los derechos laborales.
Voto a favor de esta facultad para el Metro con la convicción de que es una medida que tiende a proteger el derecho de los ciudadanos al transporte, derecho esencial en una Región como la Metropolitana.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Van Rysselberghe.

La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, parto diciendo que el mero hecho de tener una posición distinta no significa que haya mayor amplitud o mayor estrechez de criterio.
Las diferencias son legítimas cuando de buscar solución a los problemas se trata.
Efectivamente, acá hay visiones disímiles, en términos de que a muchos de nosotros no nos gusta el Estado empresario.
Para tranquilizar al colega Navarro -el señor Senador no está en la Sala en este minuto-, debo puntualizar que Ferrocarriles del Estado no es privado. El problema radica en que no funciona porque las líneas están malas; el servicio no llega a todas partes y no ha logrado toda la eficiencia que debiera tener.
Por lo tanto, creemos que, si el Estado no ha sido eficiente en lo que debe organizar, controlar y solucionar, no resulta prudente que a aquello que es suyo y que hoy funciona relativamente bien se le sigan agregando facultades, para finalmente echarlo a perder.
En lo personal, no me gusta el Estado empresario, pues creo que es ineficiente.
Pero se puede evaluar. Si eventualmente se quiere fomentar la existencia de tranvías, de transporte de superficie, o incursionar en otro tipo de soluciones, que se diga y se explicite qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuáles son los programas, cuál es el desarrollo. Pero que no se abra la puerta y finalmente se termine deteriorando un servicio que, a todas luces, antes del Transantiago funcionaba mucho mejor que ahora.
Efectivamente, se trata de distintas miradas para abordar la situación. Pero hay un hecho objetivo: hoy el Metro no funciona adecuadamente.
Previo al Transantiago, lo único que funcionaba bien era el Metro. Pero actualmente no lo está haciendo como antes. Y ello, no porque se democratizó, sino porque de un día para otro debió absorber los problemas que se suscitaron con el nuevo sistema de transporte.
Por último, señor Presidente, un par de palabras con relación a los recursos.
Alguien planteó lo de los fondos espejo.
La semana pasada se dijo que los recursos espejo del año 2015 no habían llegado a las regiones y que no se tenía claro en qué tipo de proyectos se gastaron los de 2014.
Con el Senador Víctor Pérez preguntamos en la Región del Biobío, y ¡no tenían ni la más remota sospecha de qué había sucedido con los fondos espejo de los años 2015 y 2014!
Entonces, cuando nos hallamos ante un proyecto de esta naturaleza; cuando se están aprobando recursos de tanta cuantía; cuando en toda la ciudadanía hay evidencia de que el sistema funciona muy mal; cuando toda la gente dice que lo único que funciona bien del sistema es el Metro, y se quiere meter mano precisamente en este, la verdad es que ello me parece a lo menos poco prudente.
Si la decisión del Gobierno es ayudar al Transantiago generando transporte de superficie estatal, que lo digan abiertamente; discutámoslo en esos términos, y a lo mejor puede ser una buena idea. Pero que se indique claramente qué se quiere hacer, cuándo y con qué recursos, para poder evaluarlo.
A mi entender, entregar un cheque en blanco para que se pueda cambiar el giro de una empresa que ha funcionado relativamente bien implica pedir demasiado. Porque la verdad es que hasta el minuto los cheques en blanco no han funcionado de buena manera.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra al Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- La verdad es que no pensaba intervenir, señora Presidenta. Pero se ha dicho mucho: "Este es un subsidio anómalo, no sirve para nada. ¡Hasta cuándo! ¡Por qué no mejoramos las cosas!".
¡Los mismos que hace dos años pedían subsidio para el Transantiago hoy se oponen...!
Se ha sostenido que en las regiones no se invierte nada; que en los años 2014 y 2015 no hubo inversión.
Sin embargo, los datos que tengo sobre la Región de Los Lagos son absolutamente diferentes.
La mitad de los fondos que se están aprobando van a subsidiar el sistema de transporte en Santiago. Pero la otra mitad nos habla de ciudades y territorios que ahora cuentan con recursos para enfrentar una serie de inversiones, tanto en infraestructura de transporte (antes ella era impensada) cuanto en subsidio masivo a la conectividad de las localidades rurales y de las zonas más aisladas.
Mientras en la Capital seguimos teniendo un gran problema, en las regiones poco a poco vamos avanzando, como nunca antes.
Para muestra, un botón.
En 701 servicios de buses de la locomoción colectiva se rebajó la tarifa estudiantil. El año 2014 se invirtieron para ese ítem 1.386 millones de pesos, y el año 2015, 3 mil 172 millones.
130 servicios de transporte escolar gratuito. Ejecución 2014: 2 mil 443 millones; 2015: 2 mil 945 millones.
110 servicios de transporte público que dan conectividad a más de 77 mil personas que viven en zonas aisladas de la Región de Los Lagos; ese transporte subsidiado permite desarrollar el turismo y fomentar las actividades económicas.
Ejecución 2014: 8 mil 230 millones de inversión.
Presupuesto del año 2015: 10 mil 247 millones.
Programa "Renueva tu micro": 404 buses renovados.
En la Tarjeta Nacional Estudiantil, otros tantos recursos de inversión.
Presupuesto 2015: 841 millones de pesos.
Señor Presidente, cuando gente que vivía en zonas aisladas sin poder movilizarse dispone hoy de recursos que le permiten viajar al centro de las ciudades, ello habla de que el subsidio espejo es bueno para las regiones.
La inversión contemplada para 2015 alcanza a 17 mil millones de pesos en subsidios y cerca de 18 mil millones están en proyecto. Vale decir, gracias a los subsidios espejo, solo en la Región de Los Lagos podría haber una inversión de sobre 32 mil millones de pesos.
Algunos de los proyectos que se hallan en estudio gracias a estos subsidios:
-Construcción del corredor ferroviario de transporte público La Unión-Osorno-Llanquihue-Puerto Montt.
-Conectividad interterrazas (Puerto Montt).
-Ampliación avenida Ejército (Puerto Montt).
-Par vial O'Higgins-San Martín (Castro).
-Mejoramiento avenida Galvarino Riveros y Galvarino Riveros Norte (Castro).
-Mejoramiento accesibilidad sector Rahue Alto (Osorno).
-Mejoramiento conexión vial ruta 5-ruta U-500 (Osorno).
Todo aquello, por una cantidad superior a los 50 mil millones de pesos.
Ojalá, señor Ministro, se concreten los estudios que se están realizando con este subsidio, especialmente los vinculados con el tren. Porque cuando se habla del estado de los rieles, de las líneas, señalemos también durante cuántos años no se ha invertido en el ámbito ferroviario en nuestro país. Es cosa de preguntar qué pasó con la trocha angosta de Calera a Iquique. ¡Dónde quedó! ¡Quién autorizó el levantamiento de esa línea férrea!

La señora PÉREZ (doña Lily).- ¡Se la robaron!

El señor QUINTEROS.- ¡Se la robaron! También es importante que se diga eso.
¿Y quiénes se la robaron?

El señor PROKURICA.- ¡Los ladrones...!
El señor QUINTEROS.- Todos sabemos quiénes: ¡los mismos que se han robado este país!

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba el artículo 2° (21 votos a favor y 12 en contra), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores Araya, De Urresti, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Matta, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa las señoras Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Hernán Larraín, Ossandón, Pérez Varela y Prokurica.


El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Nos queda la última votación en este proyecto de ley.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Les solicito a los señores Senadores dirigirse a la página 59 del texto comparado. Allí figura el número 7, mediante el cual se agrega al artículo 3° terdecies el siguiente inciso tercero, nuevo:
"Asimismo, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, independiente del régimen de regulación existente, podrá solicitar a Metro S.A., o a sus empresas filiales o coligadas, la prestación de servicios de transporte público de pasajeros para apoyar los sistemas de transporte vigentes,...".
Esa disposición fue aprobada por mayoría en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. Votaron a favor los Senadores señores Letelier, Matta y Tuma, y en contra, el Senador señor Ossandón.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Dicha norma es de quórum simple.
¿Le parece a la Sala darla por aprobada?
¿No?
Conforme.
Como varios Senadores que están en las Subcomisiones de Presupuestos pidieron que les avisáramos, esperaremos por algunos minutos su llegada al Hemiciclo.
¿Habría acuerdo para abrir la votación?
Acordado.
En votación el inciso tercero, nuevo, agregado por la Comisión de Transportes.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba el inciso tercero, nuevo, agregado por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones al artículo 3° terdecies (16 votos a favor y 9 en contra), y queda terminada la discusión del proyecto en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic y Muñoz y los señores Araya, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Montes, Moreira, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros y Patricio Walker.
Votaron por la negativa las señoras Lily Pérez y Van Rysselberghe y los señores Allamand, Chahuán, Espina, Hernán Larraín, Ossandón, Pérez Varela y Prokurica.

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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Señoras y señores Senadores, les ruego poner atención a lo siguiente.
Corresponde tratar en seguida el proyecto relacionado con la educación cívica. Sin embargo, esta iniciativa tiene varias votaciones de quórum especial.
Podemos ir a la iniciativa sobre equidad tarifaria, pues se trata solo de la discusión general, y abrir la votación. Ello, en la medida que existiera acuerdo.
¿Habría acuerdo?
Acordado.



INCLUSIÓN DE MECANISMOS DE EQUIDAD EN TARIFAS ELÉCTRICAS


El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Corresponde discutir en general el proyecto, iniciado en mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para introducir mecanismos de equidad en las tarifas eléctricas, con informe de la Comisión de Minería y Energía y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.161-08) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 31ª, en 1 de julio de 2015.
Informe de Comisión:
Minería y Energía: sesión 61ª, en 14 de octubre de 2015.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- El objetivo principal de este proyecto es, por una parte, disminuir las tarifas de los clientes regulados en las comunas que posean centrales de generación de energía eléctrica, y por otra, acotar la diferencia de tarifas eléctricas residenciales entre las distintas zonas del país.
La Comisión de Minería y Energía discutió la iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Allende y señores García-Huidobro, Guillier, Pizarro y Prokurica.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 42 a 44 del primer informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Hay una petición para abrir la votación.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En votación.

--(Durante la votación).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, el cobro es muy desigual en las tarifas eléctricas residenciales a lo largo del país, que van desde 19 mil 344 pesos en Santiago hasta 36 mil 159 en Linares. El cálculo se efectuó con relación a enero recién pasado.
La tarificación se compone de los siguientes elementos: generación, transmisión, distribución y cobro del IVA.
Actualmente, tanto la generación como la transmisión no registran mayores diferencias en sus valores. En cambio, la distribución presenta cifras tremendamente desiguales, según la densidad poblacional de cada zona.
Es por ello que un conjunto de Diputados presentamos en el año 2013 una iniciativa en virtud de la cual buscábamos obtener una mayor equidad y particularmente compensar a comunas de escasa densidad poblacional que deben soportar instalaciones de generación y pagar los precios más altos. Un ejemplo vivo de ello son las de Alto Biobío o de Pemuco, con valores incluso superiores a los de las grandes ciudades.
La Presidenta Bachelet anunció el 21 de mayo recién pasado el envío al Congreso del proyecto de ley que introduce mecanismos de moderación y cuyo objetivo es disminuir las diferencias en las cuentas de electricidad de los clientes finales de las distintas zonas del país, con un claro objetivo de equidad territorial.
En la misma línea, también se contempla el reconocimiento de la generación de energía en comunas productoras.
La iniciativa contempla dos medidas principales.
Una de ellas es la equidad tarifaria residencial. Se modifica el componente de distribución de las tarifas residenciales, hoy BT1, lográndose que la diferencia promedio de las cuentas tipo y la que sea más alta no supere el 10 por ciento. Es muy importante destacar que solo los clientes residenciales de consumos mayores a 180 kwh/mes -o sea, los de un mayor nivel- contribuyen a financiar lo anterior.
La otra dice relación con un reconocimiento de la producción local. Hoy, algunas comunas intensivas en generación de energía eléctrica tienen tarifas más elevadas respecto de los lugares donde ella no existe.
En la experiencia internacional -en Noruega, por ejemplo-, la contribución se retribuye por la vía de utilizarse diversos instrumentos. En la iniciativa que presentamos en la Cámara de Diputados tomamos la referencia de lo que ocurre en el Reino Unido, donde la generación de energía limpia incluso es resarcida a los usuarios, por el uso alternativo del suelo -es decir, el que deja de ser productivo y pasa a ser empleado para este otro efecto-, con una rebaja de las tarifas eléctricas para las familias y el comercio.
Es por eso que el proyecto en debate contempla la compensación. Para citar algunos casos, la comuna de Cabrero, que es alta en generación de energía, va a ver reducida su tarifa en un promedio de 26 por ciento; la de Santa Bárbara, en un 33; la de Alto Biobío, en un 45,7. En la práctica, los habitantes de esta última van a pagar 15 mil pesos menos.
Esto es un reconocimiento de la igualdad, de la equidad, y también a aquellas comunidades que deben soportar plantas de generación eléctrica.
Por lo anterior, voy a contribuir con mi voto a favor.
¿Cuál va a ser el impacto a nivel nacional? Dos millones 700 mil clientes verán disminuida su cuenta de electricidad. Para decirlo en fácil: a dos millones 700 mil chilenos va a bajarles la cuenta de luz en un 13,5 por ciento, en promedio. Se trata de rebajas significativas. Una de las más relevantes, cercana a un 46 por ciento, será en el caso de Alto Biobío, como decía.
Señor Presidente, en el Congreso vemos pocas iniciativas de tanto impacto social. La mayor contribución que podemos hacer es sancionarla rápidamente, porque desde el primer momento va a generar un impacto positivo en la reducción del valor de las cuentas.
Insistiré con otros ejemplos para que ello sea muy gráfico: en la comuna de Chillán Viejo se registrará un 7 por ciento de disminución; en El Carmen, cerca de un 29; en Pemuco, un 26; en Pinto, un 24. Existen diferentes empresas distribuidoras y es preciso sacar un promedio.
Este es un trabajo muy importante. Le agradezco al Ministro señor Pacheco, quien ha perseverado en enviar el proyecto de ley. Ojalá todos podamos concurrir con nuestros votos a la aprobación.
Dos millones 700 mil familias se van a ver favorecidas con la rebaja de la cuenta de electricidad. Y hacemos referencia a un beneficio permanente. Este no es un bono, ni es por una vez, ni es solo por un mes.
En la práctica, el adulto mayor que recibe una pensión y deja de pagar 15 mil pesos por el concepto que nos ocupa -en la comuna de Alto Biobío, por ejemplo- obtendrá una especie de aumento en su ingreso, ya que podrá destinar ese dinero a otra actividad o necesidad.
Por eso, la iniciativa es relevante, y solicito que sea acogida por todos y cada uno de mis colegas.
Desde ya, le envío un reconocimiento a Nivaldo Piñaleo, Alcalde de Alto Biobío, quien llevó adelante una campaña muy importante de recolección de firmas para que se rebajaran las tarifas eléctricas en su comuna, que en adelante, a través del proyecto de ley de la Presidenta Bachelet y con los votos de todos los señores Senadores y Senadoras, que espero que sean aprobatorios, disminuirán en cerca de un 45 por ciento. Y, así, en cada una de las comunas.
Por eso, comprometo el pronunciamiento a favor de la bancada del Partido por la Democracia.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Hemos recibido recién un llamado del señor Ministro de Energía, quien había programado venir mañana y ha presentado excusas por no poder asistir.
Puede intervenir el Honorable señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, creo que el titular de la Cartera efectivamente ha hecho un esfuerzo interesante por mejorar la calidad, la competencia y los precios en el ámbito energético.
Tratándose de una iniciativa en orden a la equidad tarifaria residencial, la intención ha sido buena, pero se observan algunos errores que es preciso corregir en la discusión particular.
Me parece que ello es así, porque el principio de la normativa en examen es que ninguna comuna pague más del diez por ciento del promedio del resto. Hoy día, muchas diferencias determinan que comunas pequeñas, especialmente, se hallen ante un verdadero freno al desarrollo por el valor de la energía.
En seguida, en la misma línea, se establece también -me hubiera gustado que ello no se hiciera en conjunto con el otro proyecto- algo que no da con el objetivo final, a mi juicio, y que es la compensación de las comunas que poseen plantas generadoras.
¿Y por qué lo creo? Si se describe la situación actual en algunas palabras, para que me alcance el tiempo, cabe consignar que cinco comunas reúnen hoy día todas las termoeléctricas de Chile: Tocopilla, Mejillones, Huasco, Puchuncaví y Talcahuano.

El señor NAVARRO.- Y Cabrero.

El señor PROKURICA.- Ellas tienen el deber y la obligación de generar energía barata, pero eso conlleva una contaminación importante y una serie de otros efectos negativos. ¿Y cuál es el efecto positivo? ¡Ninguno! Huasco paga la energía un 27 por ciento más cara que Santiago y el agua, ¡ojo!, un 300 por ciento más cara.
Por esta misma razón, la primera reunión que sostuve con el Ministro señor Pacheco fue justamente para plantearle el asunto.
Presenté una iniciativa que tenía por objeto, en primer lugar, mejorar la calidad de vida de los habitantes de los lugares donde hay plantas a carbón. Se trataba de crear un fondo para que las empresas que invirtieran en el futuro y también las ya instaladas pudieran contribuir a la salud, a la educación, de tal manera de hacer más atractivo vivir en ellos.
Y, además, se apuntaba a que cada vez que se quiera instalar una planta no surja la oposición que se manifiesta hoy día, porque en Chile no es posible mantener el sistema completo sin las generadoras a carbón. Eso lo ha expuesto públicamente el titular de Energía.
Sin embargo, el Ministerio y el Ejecutivo han elegido un camino equivocado, a mi juicio, y espero que podamos mejorarlo en la discusión particular.
En las cinco comunas que cuentan con todas las termoeléctricas - Huasco solo tiene siete-, la calidad de vida es mala. Y, además, no existe un aporte establecido. No afirmo que las empresas no ayuden, pero no media un elemento formal que lleve a la comunidad a decir, cada vez que se vaya a instalar una faena nueva: "En buena hora, porque significará una mayor contribución al fondo y vamos a lograr cero listas de espera, mejorar la calidad de la educación y bajar el valor de la energía y del agua". Eso no es así.
El proyecto se traduce en rebajas mínimas, señor Presidente: un 8 o un 5 por ciento del costo de cada uno de los consumos residenciales de energía. Entonces, juzgo que estamos dando muy poco y que realmente no involucramos a las empresas que invierten en las comunas.
Adicionalmente se incorporó algo que a mí no me parece adecuado, en el sentido de que se trata no solo de las termoeléctricas a carbón, sino también con cualquier otra generación. Si es una no contaminante y quieren incluirla, está bien; pero aquí estamos viendo de qué manera podemos incorporar, para que asimismo puedan participar del beneficio, a las comunidades que generan con el tipo de energía que les provoca todos los problemas. Porque a mí no me parece justo que cinco comunas tengan instaladas todas las termoeléctricas y generen energía barata, pero reciban la energía y el agua más caras de Chile y su salud y educación sean pésimas.
La iniciativa se hace cargo de parte del problema, pero solo de aquella que no va a traer un incentivo, a mi juicio, para que la población local esté contenta cuando vea una inversión de este tipo, a diferencia de lo que ocurre hoy día, en que todos se oponen, lo que es una realidad a nivel nacional.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Como todos sabemos, no correspondía tratar el asunto por no encontrarse en el Orden del Día. Hubo un acuerdo de la Sala para hacerlo.
Le damos la explicación al Honorable señor García-Huidobro, Presidente de la Comisión de Energía y Minería.
Su Señoría tiene la palabra.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- El Senador que habla estaba trabajando en la Quinta Subcomisión de Presupuestos, señor Presidente.
Informo acerca del proyecto de ley, que cumple su primer trámite constitucional en esta Corporación y se inició mediante un mensaje.
La Comisión que presido, a fin de ilustrarse adecuadamente, escuchó a diversos representantes de organismos públicos o privados, comenzando por el señor Ministro de Energía. Entre los expositores cabe destacar al ingeniero señor Sebastián Bernstein, de SYNEX Ingenieros Consultores; la investigadora señora Sara Larraín, del Programa Chile Sustentable; el Director Ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables (ACERA) A.G., señor Carlos Finat; el Director Ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G., señor Rodrigo Castillo; el Presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU), señor Stefan Larenas, y el Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, señor Sergio Puyol.
La iniciativa, por una parte, persigue fundamentalmente disminuir, en las comunas con centrales de generación de energía eléctrica, las tarifas de los clientes regulados, y por la otra, acotar las diferencias de las de carácter residencial entre las distintas zonas del país.
El desafío de obtener precios razonables dice relación con una dispersión en las tarifas eléctricas residenciales a lo largo de nuestro territorio, lo que se expresa, por ejemplo, en que una cuenta de 180 kwh/mes fluctúa entre 16 mil 335 pesos, en las comunas que menos pagan, y 28 mil 754, en las que pagan más. Hay una diferencia del 76 por ciento. Disparidades de esta magnitud, tal como lo afirma el mensaje, no se observan en otros mercados interconectados.
Asimismo, se da la paradoja de que comunas intensivas en generación eléctrica tienen tarifas más elevadas que aquellas donde la producción no existe. Respecto de esto último, se puede constatar que en distintos países se retribuye la contribución desde la comuna generadora a los sistemas de generación centralizados. Así, en la experiencia comparada se han utilizado diversos instrumentos, como el reconocimiento a través de algún esquema de reducción en los precios locales de la energía. Pero en nuestro país no lo hay para aquellas comunas que hacen un aporte al sistema interconectado al contar con plantas generadoras.
Es oportuno recordar que la tarifa eléctrica a nivel residencial es regulada por ley y se construye sobre la base de los precios a nivel de generación y transmisión, a lo que se suman los cargos por distribución. Si bien las razones de costo asociadas a las economías de densidad de los sistemas de distribución justifican diferenciales de precios, en la práctica estos son significativos y pueden no dar cuenta de otro tipo de factores externos vinculados a los costos de aglomeración.
El Ejecutivo juzga que existen antecedentes suficientes para adoptar decisiones como Estado y fijar pautas de acción. En particular, observa la necesidad de reconocer a todas las comunas que aportan de manera relevante a la generación de energía de la que se benefician los ciudadanos.
Asimismo, si bien las diferencias de precios en las tarifas eléctricas entre comunas responden en parte a factores económicos objetivos, las asimetrías que se advierten son muy elevadas y no necesariamente dan cuenta de otro tipo de externalidades.
El Gobierno estima posible, por una parte, que en aquellas comunas con centrales de generación de energía eléctrica disminuyan las tarifas de los clientes regulados, y por otra, que se acoten las diferencias de tarifas residenciales entre las distintas zonas del país.
Para cumplir con tales objetivos, la iniciativa contempla dos medidas:
Primero, reconocimiento de la generación local (RGL), en virtud de lo cual se establece un descuento en el componente de energía de las tarifas reguladas -no solo las residenciales- de las comunas intensivas en generación eléctrica, lo que será asumido por los usuarios de comunas no consideradas intensivas en generación.
Si se atiende a las comunas de más intensidad en generación, conforme a la actual capacidad instalada y el número de clientes regulados, el mayor descuento que se alcanzaría si dicho criterio se aplicara hoy día es de un 35 por ciento. Con todo, se contempla la posibilidad de reconocer mayores factores de intensidad y alcanzar hasta un 50 por ciento. Lo anterior pretende, en relación con los costos asociados al suministro eléctrico, mantener una señal compatible con el beneficio que prestan las comunas con capacidad instalada de generación.
Segundo, Equidad Tarifaria Residencial (ETR), en virtud de la cual se modifica el componente "distribución" de las tarifas residenciales, hoy BT1, para que la diferencia entre el promedio de las cuentas a nivel nacional y la cuenta más alta no sea superior al 10 por ciento. Esta medida será financiada por todos los clientes sometidos a regulación de precios.
Los clientes regulados residenciales solo aportarán al financiamiento cuando estén bajo el promedio y tengan un consumo promedio mensual del año calendario anterior superior a 180 kilowatts -esto es muy importante, sobre todo para los sectores más vulnerables, que no van a quedar afectados-, en tanto el ajuste no signifique una tarifa sobre dicho promedio.
Este límite de 180 kilowatts busca que contribuyan al financiamiento de esta medida solo aquellos clientes de mayor consumo (lo que es consistente con los desafíos en materia de eficiencia energética).
Para ejemplificar sobre los efectos del proyecto, el mensaje arguye que la medida de Reconocimiento a la Generación Local (RGL) implicaría que 59 comunas del país podrían ver reducidas sus tarifas eléctricas entre 2,54 y 19,6 por ciento, dependiendo de la relación entre la capacidad instalada de generación que exista en la comuna y su número de clientes regulados.
Y la medida de Equidad Tarifaria Residencial (ETR) significará que la variación de las cuentas a nivel país, considerando una cuenta de 180 kilowatts/mes, podría fluctuar entre 16.959 y 21.968 pesos versus la actual diferencia, que oscila entre 16.335 y 28.754 pesos.
El efecto combinado de ambas medidas implicaría una disminución de tarifas en 238 comunas del total de 329 interconectadas a alguno de los sistemas eléctricos (SING, SIC, Aysén, Magallanes, Hornopirén y Cochamó), con disminución de tarifas que irían desde 0,3 hasta 44,1 por ciento.
El Ministerio de Hacienda ha señalado que el mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Energía, y en lo que faltare el Ministerio de Hacienda podrá suplementarlo con cargo a los recursos de la Partida Tesoro Público de la Ley de Presupuestos del Sector Público. En los años siguientes se estará a lo considerado en la Ley de Presupuestos.
Señor Presidente, este proyecto, si bien fue aprobado unánimemente por la Comisión, no está exento de complejidades que hicieron difícil su aceptación.
Así, por ejemplo, la región que yo represento aparece muy desfavorecida en el cálculo del Gobierno, por cuanto dos tercios de los clientes regionales sufrirán alzas, no obstante el aporte que mi región realiza al erario.
En la Región Metropolitana, el 25 por ciento de la población tendrá una rebaja en su tarifa, pero el resto se verá afectado por el aumento.
Siendo lo anterior de alta complejidad política, se solicitó al Ejecutivo estudiar otras alternativas que produjeran menos impacto en regiones con alta densidad poblacional.
Personalmente, creo que el Ministerio de Energía debería estudiar cuál es el promedio de las tarifas de energía eléctrica en Latinoamérica para adoptar una solución fundada.
Por otra parte, también se recordó en el seno de la Comisión que los proyectos energéticos ubicados en regiones sacrificadas suscitan problemas no solo de contaminación, sino también de costos de energía y de acceso al agua, como bien ya lo plantearon algunos señores Senadores.
Son, en general, regiones con baja calidad de vida. De allí que hubo parlamentarios que no fueran partidarios de que el proyecto se decantara por un criterio de mera neutralidad tecnológica. Y por eso mismo los beneficios que pudieran surgir de esta iniciativa legal también deberían considerar el tipo de tecnología de las centrales de generación y su impacto medioambiental.
Si se atiende a que existen tecnologías que contaminan y otras que no, es de toda lógica promover estas últimas. Esa ha sido la clara opción y voluntad política adoptada con la ley 20/25, por ejemplo.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Un minuto, señor Senador.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Termino en dos minutos, señor Presidente.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Dos minutos.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Además, se adujo la necesidad de mirar en este proyecto el principio de asociatividad con una perspectiva más integral.
El concepto de asociatividad, se dijo, es más amplio que el que propone el Ejecutivo, pues incluye la idea de que al instalarse un proyecto energético en una zona determinada la comunidad local se hace socia en el emprendimiento y participa tempranamente en sus resultados, debiendo existir un efectivo compromiso con el desarrollo comunal.
Por último, hubo convergencia entre los miembros de la Comisión acerca de la conveniencia de que este proyecto facilite y promueva el net metering. Se trata de una tecnología que constituye una importante oportunidad para el desarrollo de la autogeneración. En este sentido, la legislación debe abrirse a quienes quieran participar, removiendo obstáculos y estableciendo incentivos.
Al concluir, señor Presidente, quisiera hacer presente que la Comisión manifestó su inquietud a los personeros de Gobierno respecto del carácter abusivo de algunos de los cobros de servicios asociados que hacen algunas empresas distribuidoras, como los relativos al envío postal de la boleta o a la mantención y reemplazo del medidor, por lo que se solicitó al señor Ministro revisar y simplificar esta clase de cobros. Me permito precisar, además, que el Secretario de Estado expresó su disposición a discutir futuras indicaciones que perfeccionen esta iniciativa legal.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente, respecto de este importante proyecto de ley.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Ofrezco la palabra al Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, en verdad, es bueno considerar que las tarifas eléctricas -lo que cada vecino paga mes a mes, lo que gasta su vivienda por concepto de electricidad en sentido residencial- son tarifas reguladas y fijadas por el Estado a través de distintos decretos tarifarios. Primero el Ministerio de Economía y después el de Energía fijan las tarifas.
Por lo tanto, este siempre ha sido un tema de responsabilidad de los órganos del Gobierno que fijan las tarifas y generan, en algunos casos, situaciones de discriminación o situaciones que verdaderamente tienen poca explicación.
Un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra mencionó aquella que se da en Alto Biobío. La gente que vive en Ralco, capital de dicha comuna, despierta y ve dos grandes centrales y sin embargo paga las tarifas más caras. ¿Por una decisión de las empresas eléctricas? ¿Por una decisión de las centrales? ¡No! Por la decisión, primero del Ministerio de Economía, y después del Ministerio de Energía, que colocan como elemento esencial del decreto tarifario la densidad poblacional.
Tal es el mecanismo por el cual se fijan las tarifas, de tal manera que las ciudades más grandes terminan pagando menos que las ciudades, comunas y poblados más pequeños.
Si este proyecto verdaderamente revierte esa situación, creo que estaremos dando un paso adelante. Pero, sin duda, sería bueno conversar con el Ministro de Energía, que ha cumplido un rol muy activo en esta materia -no critico su ausencia el día de hoy, porque pensaba que este proyecto se vería mañana; por lo tanto, esta no es una crítica-, y con el equipo que lo acompaña en su Cartera acerca de qué efectos económicos va a traer consigo el cambio de tarifas, más allá de un menor costo para el consumo de las personas, como, por ejemplo, en la inversión.
Aquí hemos realizado ingentes esfuerzos para generar inversión en el sector eléctrico -porque hay muchos proyectos atrasados, por la interconexión, por el sector norte- y para remover los obstáculos que la dificultan. Aquí se señala que la gente va a pagar menos y todos quedan felices. Sin embargo, el Senador García-Huidobro, Presidente de la Comisión de Minería y Energía, ha señalado que el proyecto tendrá un costo fiscal que se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Energía y a los recursos del Tesoro Público.
La pregunta es: ¿por qué va a tener costo fiscal si la tarifa es pagada por los usuarios a un valor que se supone real y que hoy es calculado de una manera distinta?
Eso, sin duda, hay que aclararlo, señor Presidente, pues generar expectativas de que las personas van a tener una rebaja considerable en sus tarifas pero, simultáneamente, encontrarse con dificultades con el paso del tiempo no es bueno, no es aceptable, no es sano.
Apoyo el proyecto, porque no hay duda de que todas las comunidades a las cuales represento tendrán una rebaja significativa. De hecho, las menos favorecidas en la primera etapa también tendrán una rebaja importante en el mediano y largo plazo.
Por ejemplo, en Los Ángeles, que es la comuna capital y la más grande de la provincia del Biobío, donde existen 47.750 clientes de la Compañía General de Electricidad, la rebaja será de 3,9 por ciento y corresponderá a todo el mundo residencial urbano de la comuna. Pero, para la gente que vive en el sector rural, para los 13.233 clientes de Coopelan, pertenecientes al mundo campesino de Los Ángeles, la rebaja será de 23,2 por ciento.
Sin duda, es importante. Y si la tarifa se va a calcular de una manera distinta, sin atender a la densidad poblacional, pienso que estamos dando un paso adelante.
Sin embargo, como aquello no es explicado adecuadamente por las normas ni tampoco por el folleto que nos entregó el Ministerio de Energía en forma previa a esta sesión, creo que en la discusión particular, si queremos ser coherentes con las diferentes leyes que hemos estado aprobando en los dos últimos años, será necesario que el Ministerio de Energía conteste algunas preguntas.
¿Por qué el proyecto tiene costo fiscal?
Es la primera interrogante que considero fundamental dilucidar.
¿Significa que se está incorporando un subsidio a la tarifa eléctrica?
Ello no aparece explicado ni en el folleto entregado ni en el texto en discusión. Por lo tanto, sería bueno saber por qué habrá costo fiscal.
Segundo: ¿cuál será el efecto de una tarifa rebajada en estas circunstancias en el mediano y largo plazo? ¿Quiere decir que habrá menos o más inversión, que habrá más incentivos a la inversión en los sectores urbanos que en los sectores rurales, donde la tarifa bajará considerablemente?
Son cuestiones esenciales que nosotros debemos saber para poder decirle a la gente que verdaderamente recibirá cuentas de luz más bajas pero que ello también significará un beneficio en el mediano y largo plazo.
Yo he aprendido que las medidas que uno toma, particularmente las económicas, deben tener siempre sustentabilidad en el mediano y largo plazo, pues, de lo contrario, muchas veces son pan para hoy y hambre para mañana.
Los habitantes de muchas comunas del Biobío y de otras regiones van a recibir la muy buena noticia de que sus cuentas eléctricas serán más bajas, sobre todo en momentos en que el empleo presenta dificultades y la inflación está complicada, pero ojalá nosotros tengamos la responsabilidad de que ello sea sustentable en el tiempo, sin que signifique que solo haya incentivos para invertir en materia eléctrica en los sectores urbanos y no en los sectores rurales, los que, como sus Señorías han visto, experimentarán una baja considerable.
Voy a votar favorablemente el proyecto, porque la disminución en las tarifas y la eliminación del concepto de densidad poblacional en los decretos tarifarios me parecen avances relevantes.
Quedan dudas que, por supuesto, el Ministerio de Energía tendrá que disipar en la discusión particular, para iniciar un cambio importante en la determinación de las tarifas eléctricas, que -reitero- siempre han sido fijadas por la autoridad.
Por lo tanto, este cambio en su fijación no solamente debe estar explicado en términos de que la gente pague menos, sino tener una explicación económica más global, para que la inversión, sobre todo en los sectores rurales, siga siendo significativa.
Hace veinte o treinta años costaba mucho que la inversión en electrificación llegara a los sectores rurales de Los Ángeles y de la provincia del Biobío. Varios gobiernos tuvieron que generar programas de electrificación rural para que ella alcanzara a dichos sectores.
La pregunta es, entonces: ¿podrá significar esto un desincentivo para que la electrificación rural siga fluyendo?
Son interrogantes que espero que queden despejadas en la discusión particular, a fin de que esta buena noticia no genere dificultades que el día de mañana nos puedan complicar.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, primero, trataré de contestar una pregunta que hizo el Senador Pérez Varela: por qué se produce gasto fiscal.

La señora ALLENDE.- ¡Más personal!

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Claro. La información que yo tengo es que se contratará a cuatro profesionales para manejar y regular el sistema que se establece en virtud de la ley. Aclaro que no es un subsidio ni hay subsidio cruzado.
En segundo término, creo que este es un proyecto de ley que contará con apoyo unánime. Y es una manera de hacer equidad territorial con quien produce algo que beneficia a todos y que muchas veces no le da ningún beneficio a quien lo produce.
En el caso de la comuna de San Clemente, la cuenca del Maule -y la Región del Maule en su conjunto- es productora de casi el 25 por ciento de la producción de energía hidroeléctrica, sin perjuicio de otros tipos de energía que pueda producir.
Sin embargo, se da una contradicción. En San Clemente las tarifas son más caras que en Santiago en un 20 o 30 por ciento, a pesar de ser una comuna productora de energía. En la cuenca del Maule hay más de diez centrales hidroeléctricas. Y se siguen instalando otras, porque es una cuenca muy productiva en ese sentido. En este momento se está instalando la central Los Cóndores, con una inversión de más de 700 millones de dólares.
Y ahí se genera la contradicción, como muy bien lo indica el señor Ministro en el folleto que nos entregó: en enero de 2015, por un consumo de 180 kilowatts, mientras en estas zonas rurales la tarifa era de 36 mil pesos, en Santiago era del orden de los 19 mil pesos.
Entonces, no hay ninguna equidad.
Y lo que está haciendo el proyecto es algo que apunta, directamente, en el sentido de la equidad. A unos se les da un beneficio, no porque vayan a recibir un subsidio, sino porque habrá otros que van a pagar más y que hoy están pagando menos. Según se nos ha informado, a cada cliente de Santiago abastecido por Chilectra le va a corresponder un mayor cargo de 1.400 pesos, durante dos años.
Eso significará que el resto de la población, ubicado en lugares donde existen plantas termoeléctricas o hidroeléctricas, obtendrá un beneficio. Aquí se va a hacer una especie de vasos comunicantes, de tal manera que las tarifas sean más equitativas para todos.
En la Región del Maule, tenemos el caso de San Clemente. Ahí la rebaja será, con la empresa Emetal, de 27 por ciento, y con la empresa Emelectric, de 13 por ciento.
En el caso de la Región del Maule en su conjunto, donde hay 123 mil clientes, vamos a tener una rebaja promedio de 11 por ciento. Y el beneficio será mayor precisamente en el mundo rural, donde la tarifa -lo recalco- es residencial, no industrial.
Las comunas beneficiadas son: Linares, con 17 por ciento; Longaví, con 27 por ciento; Parral, con 22 por ciento en uno de los sistemas; San Javier, con 11 por ciento; Yerbas Buenas, con 18,4, 25 y 29 por ciento, según el sector; Constitución, con 24 por ciento en un sistema y 19 por ciento en otro; Curepto, con 22 por ciento; Maule, con 24 por ciento con Emetal y 7 por ciento con otra empresa; Pencahue, con 7 por ciento en un sistema y 18,9 por ciento en otro; Río Claro, con 7,4 por ciento en un sistema y 24 por ciento en otro.
Si uno sigue revisando, se da cuenta de que este es un proyecto de ley que busca equidad en cuanto al pago de tarifas para los sectores que hoy están produciendo la energía y que no se dé la contradicción que se registra en la cuenca del Maule. Cuando uno sube ahí, la gente de esas comunas le reclama que la tarifa de electricidad es casi un 40 por ciento más cara que en Santiago.
Y hay casos extremos. Si ustedes bajan por el camino internacional Pehuenche, por donde escurre el río Maule, en todos los sectores verán pasar torres de transmisión. Y sin embargo allí hay gente que no tiene luz eléctrica.

El señor LAGOS.- ¡Son pocos!

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Sí, pero no tienen luz eléctrica. Entonces hay que ponerles paneles solares. No se baja la energía eléctrica. Y la gente ve que pasan los cables por arriba de sus casas.
Ese es el tema.
Ojalá podamos aprobar este proyecto de ley, con todas las correcciones que se le puedan hacer, pues creo que va en el sentido correcto: beneficiar, sencillamente, a los sectores que muchas veces han tenido un sistema de fijación de tarifas que en vez de ayudarlos los ha perjudicado, a pesar de ser productores de energía.
Por eso, espero que ojalá aprobemos esta iniciativa y la trabajemos con rapidez y urgencia, porque la gente de esas comunas la está esperando.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Moreira.

El señor MOREIRA.- Señora Presidenta, quiero aprovechar la televisión del Senado para llegar a la Región de Los Lagos. Sé que a esta hora un grupo importante de habitantes, especialmente de los sectores más apartados, aunque a veces cueste creerlo, ven el canal de nuestra Corporación, porque numerosas noticias dicen relación con aspectos muy esenciales para sus distintas comunas.
Quiero explicarles brevemente a quienes nos están viendo en la Región de Los Lagos que, evidentemente, este es un proyecto de equidad tarifaria residencial. Y, como bien se dice, aquí hay un esfuerzo de solidaridad con las regiones de Chile, pero no existe equidad con algunos sectores, como el caso de la Región de Los Lagos.
En verdad, estoy contento, pues esto va a permitir una rebaja sustancial en las cuentas. No obstante, claramente, por una parte hay comunas aisladas, como Ancud, Castro, Chonchi, Curaco de Vélez, Dalcahue, Puqueldón, Queilén, Quemchi, Quellón y Quinchao, en Chiloé, y también Calbuco y Cochamó, en que la verdad son bien insignificantes las disminuciones. Y por otra, en Fresia, Frutillar, Llanquihue, Los Muermos, Maullín, Puerto Montt, Puerto Varas, Osorno, Puerto Octay, Purranque, Pullehue, Río Negro, San Juan de la Costa, San Pablo, Chaitén, Futaleufú, Hualaihué, Palena, indudablemente hay rebajas importantes que llegan hasta 21 o 22 por ciento, según el caso.
En concreto, encuentro que aquí sale desfavorecida la isla de Chiloé, que tanto necesita, porque es una región que tiene bastantes problemas. Numerosas de sus islas cuentan con energía, pero muchas veces los costos son demasiado altos. Obviamente, se requieren subsidios, sobre todo si comparamos lo que hace el país vecino de Argentina en esta materia, su preocupación por las zonas aisladas, extremas. ¡A nosotros nos faltan políticas de Estado!
Entonces, si bien es cierto esta entrega que hace el Estado a través de la presente iniciativa busca mejorar el precio de las tarifas, también lo es que se castiga a nuestra isla de Chiloé. Y quiero tratar de graficarlo diciendo que en la actualidad existe un cobro muy desigual en las tarifas eléctricas residenciales a lo largo del país. Evidentemente, son tarifas muy costosas. Y, como es obvio, la tarificación eléctrica se compone de los elementos que aquí se han señalado: generación, transmisión, distribución masiva. En la actualidad, tanto la generación como la transmisión no registran mayores diferencias en sus valores a lo largo del país. En cambio, la distribución de electricidad presenta valores desiguales según la densidad de población de cada zona.
Por ello, celebro -y se lo dije al Ministro de Energía, Máximo Pacheco- que el Gobierno haya enviado al Congreso este proyecto de ley que introduce mecanismos de equidad en las tarifas eléctricas y que tiene por propósito disminuir las diferencias existentes en las cuentas de electricidad de los clientes finales de las distintas zonas del país, con un claro objetivo de equidad territorial. Pero parece que esa equidad territorial no va a llegar a la isla de Chiloé.
En la misma línea, esta iniciativa también contempla el reconocimiento a la generación de energía en comunas productoras de esta.
Este proyecto de ley de equidad tarifaria residencial contempla dos medidas, como se ha señalado acá: equidad tarifaria residencial y reconocimiento a la generación local. Porque hay algunas comunas intensivas en generación de energía eléctrica, que tienen tarifas más elevadas respecto de donde no existe producción de energía.
En las experiencias internacionales -señala un informe- se retribuye la contribución que hacen las comunas generadoras mediante la utilización de diversos instrumentos.
Esta iniciativa establece un descuento en los precios de las cuentas de luz en las comunas intensivas en generación eléctrica, que será asumido por aquellas que no lo son. El impacto valorable del proyecto de ley en la ciudadanía es el siguiente: 2,7 millones de clientes, de chilenos, de familias van a ver disminuida la cuenta en 13,5 por ciento en promedio. La mayor contribución al financiamiento de las medidas de equidad tarifaria residencial la harán los clientes de empresas importantes que distribuyen la electricidad.
Sin embargo, señora Presidenta, quiero valorar esta significativa demostración de equidad en cuanto a que las distintas comunas que he mencionado van a tener una rebaja sustancial.
En los sectores que represento, cuando la cuenta baja 6 mil, 5 mil 900 o 7 mil pesos, la verdad es que influye mucho en los bolsillos de esas familias y pasa a ser una ayuda relevante que se valora.
No obstante, cuando hablamos de la isla de Chiloé, cuando hablamos de Cochamó, que son sectores aislados, deficientes en infraestructura -en algunos de ellos no hay luz-, la rebaja es de 1,8; de 1,3 por ciento. Entonces, aquí, lamentablemente, no existe equidad.
Creo que el Estado chileno tiene que tener, precisamente, políticas de Estado en materia de regiones y zonas aisladas.
Por eso, señora Presidenta, voy a votar a favor de este proyecto de ley, porque claramente es un beneficio para la Región de Los Lagos y, obviamente, en este Parlamento vamos a coincidir todos en que esto representa un esfuerzo, un paso primordial para la ciudadanía. Y la Región que represento se siente beneficiada.
Con todo, quiero hacer un punto de inflexión: no nos olvidemos de la isla de Chiloé. Chiloé merece que el Gobierno fije su mirada en esta zona, pues tiene muchas necesidades de conectividad, de salud, de educación, de energía.
Así que, señora Presidenta, destaco este esfuerzo de solidaridad con las regiones de Chile, pero pido un poquito más de solidaridad con la isla de Chiloé.
Voto que sí.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Rabindranath Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, no voy a repetir lo que ha dicho mi colega Iván Moreira, Senador por la Región de Los Lagos, pues tiene toda la razón: este es un proyecto que busca la equidad y, desgraciadamente, tal como se ha manifestado, varias de las comunas de la provincia de Chiloé no reciben lo que debieran. Porque de las treinta de nuestra Región, dieciocho tienen una rebaja en las tarifas y doce, prácticamente, no la tienen o aumentan de 1 a 1,3 por ciento, en algunos casos.
Tampoco me voy a referir a lo que ha significado esta iniciativa. Ya se ha dicho lo que implica la equidad tarifaria residencial, a qué obedece el valor de las tarifas en cuanto a la generación, transmisión, distribución, etcétera, etcétera.
Quiero aprovechar esta oportunidad para referirme a los problemas energéticos, que representan un desafío para el desarrollo y que deben ser abordados en todas sus facetas por el Estado.
En los últimos años hemos sido testigos de diversas movilizaciones sociales a lo largo de nuestro país. Educación, salud, previsión, trabajo, son quizás las materias donde la conflictividad se ha hecho evidente para la opinión pública. Pero los problemas no acaban allí. Otra de las grandes razones del malestar social, han sido, sin lugar a dudas, los conflictos regionales. En la base de estos se encuentra siempre el mismo problema: los frutos del progreso y las ganancias parecen no ser compartidos con los habitantes de las regiones donde se producen.
Frente a ese panorama, los conflictos entre empresas energéticas y las comunidades van a ir en aumento si no tomamos cartas en el asunto. Aisén es quizás el ejemplo más mediático, pero vemos que este tipo de problemas comienzan a ser la regla y no una excepción.
El año 2014 el Atlas global de justicia ambiental ubicó a nuestro país en el puesto número 10 en el ranking de los países con más conflictos ambientales derivados de proyectos energéticos en curso.
Lo anterior pone de relevancia al menos dos situaciones que debemos atender oportunamente: por un lado, velar por la necesaria democratización regional, que entregue a las comunidades y a los ciudadanos, en general, servicios energéticos a precios justos; y por otro, impulsar una política medioambiental robusta, que ponga el acento en el uso de energías renovables. Y como ya ha señalado la Senadora Allende en la discusión en la Comisión, este no es solo un problema de dónde quedan los recursos, sino también de calidad de vida.
Habiendo mencionado esos antecedentes, puedo decir que, en mi opinión, este proyecto avanza en la dirección correcta. Las dos grandes aristas del mensaje buscan paliar algunas de las externalidades negativas aquí señaladas.
Así, mediante la implementación del principio de reconocimiento de la generación local se favorece a los habitantes de localidades históricamente postergadas y relegadas. Y espero que cuando haya mayor generación en Chiloé, las comunidades reciban los beneficios de aquello.
Y también está la equidad tarifaria residencial, que avanza en regular un mercado de servicios básicos, donde el derecho de cada ciudadano a contar con electricidad no pueda estar sujeto a la fijación arbitraria de precios.
Un Estado que defienda una economía social de mercado debe saber que los efectos negativos de la libertad de precios no pueden recaer en los consumidores, pues nuevamente los más perjudicados serán los habitantes de sectores con baja densidad poblacional, es decir, las regiones, y en especial, los sectores más rurales.
Si realmente queremos modernizar nuestro país, debemos saber salir del círculo vicioso en el que nos atrapa la centralización: la cosecha de los frutos de la inversión económica y energética debe favorecer a la población en general, y no solo a quienes ya viven en mejores condiciones.
Visto así, cabe también hacer mención de algunos aspectos por mejorar del proyecto.
El Ejecutivo ha hablado de un "impuesto verde" para paliar los efectos medioambientales a través de una compensación económica. Esto es a todas luces un avance, pero aún insuficiente. La calidad de vida de los habitantes no se puede ver mermada por el desarrollo energético, por lo cual es preciso saber poner en la balanza al menos dos factores más: por un lado, el fomento a la generación de energías renovables, y por otro, la búsqueda de los mecanismos más adecuados para hacer asequibles los servicios eléctricos en los sectores más vulnerables de la población.
Solo así, señora Presidenta, estaremos en condiciones de hablar de un verdadero desarrollo.
Voto a favor.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Guillier.

El señor GUILLIER.- Señora Presidenta, creo que el Presidente de la Comisión, el Senador Alejandro García-Huidobro, hizo una excelente presentación del proyecto.
Por lo tanto, simplemente quiero hacer algunas observaciones que estuvieron presentes en el debate.
En primer lugar, este es un impacto más bien limitado. Si bien es cierto se establece un criterio de justicia al disminuir el rango entre los que pagan más y los que pagan menos, la verdad es que habrá un impacto en muy pocas comunas y con algún grado de significación.
En segundo término, en general las inversiones en las tecnologías más controversiales, las de mayor impacto negativo en la calidad de vida de la población, se concentran en las comunas pequeñas, que pagan mayores tarifas en el país.
Por consiguiente, visto desde ese punto de vista, se establece un cierto criterio estético de justicia. Pero -insisto- el impacto esperado es muy acotado y, en todo caso, no cambia cualitativamente la calidad de vida de estas comunas, sobre todo cuando se trata de comunas chicas, que son muchas veces las más precarias, como Tocopilla. Y donde, además, el tipo de tecnología utilizado es particularmente negativo, en especial en las más pequeñas, donde hay menos resistencia de la población a su instalación.
En tercer lugar, creo que en el debate fue evidente que, además de buscar mecanismos compensatorios, de manera que haya más justicia en el sentido de que las comunas que generan no paguen más, sino menos, existe el criterio de hacer más atractiva la inversión. Para ello se proponía establecer mecanismos que estimularan a las comunidades a aceptar inversiones, pues estarían asociadas a mejorar la calidad de vida objetiva de la población.
Se habló, por ejemplo, de asociatividad, de vincular el desarrollo local con los proyectos de inversión en todas estas materias. Pero para eso se requieren iniciativas bastante más de fondo.
Así, se planteó -el Senador Prokurica lo recordó hoy- un fondo de compensación pagado por las empresas, que hasta aquí no se han puesto con nada, para efectos de generar recursos que contribuyan al desarrollo objetivo y sensible de las comunas más pobres, que son las que reciben las inversiones de tecnologías más controversiales en materia de energía.
Al mismo tiempo, se mencionó una serie de otros mecanismos, como la patente de impuestos verdes; o el pago de patentes fiscales o municipales, de directo beneficio para las comunidades afectadas; un ordenamiento territorial que permita la coexistencia de estilos de desarrollo sustentables compatibles con las inversiones que se realizan.
Entiendo que existen algunas intenciones e iniciativas, como la formación de un comité interministerial en que participan nueve Ministros, que está estudiando maneras de buscar mecanismos de compensación a las comunas más afectadas por las inversiones en materia de energía -insisto-, sobre todo por las más controversiales. Ello, a fin de que las inversiones sean esperadas por la población debido a que invertir en una comuna significa realmente un compromiso de la empresa involucrada en la mejora objetiva de su calidad de vida y en su desarrollo sustentable.
Pienso que el proyecto es una primera señal, positiva por lo estético, por el criterio de justicia en las tarifas, pero no es suficiente para abordar la postergación y la vulnerabilidad de las comunas más pequeñas, que están llevando el peso en las inversiones, sobre todo en tecnologías controversiales.
Por lo mismo, dejo abierta la necesidad de elaborar un conjunto de otras políticas, que se discutirán en otras iniciativas, probablemente.
Sin embargo, en la discusión en particular de este proyecto creo que va a ser necesario que el Ministro de Energía haga una propuesta para beneficiar especialmente a las comunas, que no son más de diez, que están recibiendo la mayor parte de las inversiones en energías que no son renovables, sino por el contrario, las más controversiales, las de mayor impacto negativo en la población.
Quizás, el fondo de compensación aportado por las empresas pueda realmente contribuir a generar no solo localidades de sacrificio, sino localidades que puedan salir de su situación de precariedad a través de inversiones, que por lo demás tendrán que responder a estándares medioambientales mucho más razonables para las tecnologías hoy existentes.
En consecuencia, mi voto es a favor, pero con la esperanza, y más aún, con la condición de que en la discusión en particular se mejoren a lo menos los incentivos para las diez comunas más afectadas por las inversiones en tecnologías energéticas cuestionables.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señora Presidenta, primero, una vez más quiero reiterar en la Sala que si algo le ha hecho bien a este país es que por primera vez tenemos una agenda energética.
Lo digo con mucha seriedad, porque desgraciadamente perdimos bastantes años.
Chile no ha tenido una agenda con una mirada estratégica como país que reflexione sobre todos los temas energéticos, más en un país como el nuestro que presenta una tremenda vulnerabilidad y dependencia al no ser productor de gas ni de petróleo y, por lo tanto, depender de la importación.
Tenemos pocos actores -prácticamente, hay tres generadoras- que intervienen en la transmisión, en la generación. Ni siquiera tenemos los sistemas interconectados.
Y, en definitiva, se produce lo que hoy todos estamos viviendo: tenemos los precios más caros de la región. Y eso afecta a la competitividad de carácter más industrial en los proyectos mineros, obviamente.
Pero también perjudica en el ámbito residencial, que es la razón de ser de este proyecto. Por algo el nombre -vale mucho la pena- de "equidad tarifaria residencial". Se busca fijar un componente de equidad en las tarifas eléctricas, que son reguladas.
Para tal efecto, lo primero que hace esta iniciativa es reconocer la generación eléctrica local. Como aquí se ha expresado, existen comunas intensivas en dicha capacidad, pero no reciben compensaciones. Ello les causa evidentes externalidades negativas. Más encima, sus tarifas suelen ser incluso más altas que las que se cobran en comunas que no son generadoras, lo cual constituye una contradicción total.
En nuestra Región de Atacama, tenemos en la comuna de Huasco las centrales termoeléctricas Guacolda I, II, III, IV, V y VI. Y ha habido otros proyectos que -no sé si afortunada o desafortunadamente- quedaron paralizados, algunos incluso por acción de los tribunales de justicia.
En definitiva, se trata de una de las regiones con mayor número de generadoras eléctricas, lo que se dio como consecuencia de cuando nos cortaron el gas.
Pues bien, comunas como esa no reciben compensaciones.
Eso sí, comparto el juicio de que las empresas no hacen aportes.
Estoy de acuerdo con lo expresado por el Gobierno en cuanto a la necesidad de que todo proyecto que busca instalarse en una comunidad deba inicialmente desarrollar una asociatividad con la gente de esa zona. No hablo solo de la entrega de ciertos beneficios por un sentido de responsabilidad social, como empastar una cancha -es el tipo de contribución que normalmente se hace-, sino de asociatividad temprana. Esto quiere decir que los vecinos sean parte del proyecto, socios, y, en esa calidad, recibir las compensaciones adecuadas.
Entonces, además del reconocimiento de la generación local, debe haber equidad tarifaria.
Aquí se han mostrado las tremendas diferencias que existen en materia tarifaria, las que se originan no tanto por los costos de generación o transmisión, sino por los de distribución. A modo de ejemplo, se señala que, con un mismo consumo, la tarifa en Santiago es de 20 mil pesos y en Linares, de prácticamente 37 mil pesos. Nadie justifica tal dispersión, considerando exactamente el mismo proceso de generación y de transmisión.
Por lo tanto, señora Presidenta, la trasmisión es otro importantísimo componente de este proyecto.
Según indica el informe, el impacto de esta iniciativa será significativo: 2 millones 700 mil clientes verán disminuidas sus cuentas de luz en porcentajes variables, algunos en pequeñas sumas y otros en montos relativamente importantes, como es el caso, sobre todo, del Alto Biobío.
Sin embargo, no puedo dejar de señalar que en mi Región de Atacama, de un total aproximado de 91 mil clientes, 55 mil obtendrán una baja y 35 mil, un alza.
Al final uno queda con un gusto dulce y agraz.
Mi Región ya tiene muchas externalidades negativas. Además, cuesta mirarla en su totalidad, porque en esta materia las normas están pensadas en un enfoque por comuna. Es obvio que Huasco se va a beneficiar más, al igual que Diego de Almagro. Pero el resto de la Región prácticamente no.
Con el señor Ministro quedamos en ver más en detalle, durante el debate en particular, el componente de equidad, en atención a que algunas comunas sufren bajas en sus tarifas, mientras otras reciben alzas.
Pero hay que ser muy claro: ese no es el único elemento que debe considerarse a la hora de hacer el análisis regional y comunal pertinente. El país tendrá que avanzar en otros aspectos también.
Por eso celebro que este Gobierno propicie el uso de energías renovables no convencionales y entienda que necesitamos mejorar en este ámbito.
Asimismo, desarrollar el net metering constituye un paso importante para asegurar la eficiencia energética.
De igual modo, es relevante que todos los municipios -¡ojalá!- cambien sus luminarias. El Ejecutivo debe invertir en mecanismos de eficiencia energética mediante subsidios y aportes, para que los gobiernos comunales remplacen las luminarias. Hoy existen luces led mucho más económicas.
En definitiva, se debe procurar un mejor servicio y mayor calidad. Eso también nos va a ayudar.
Señora Presidenta, durante la discusión en particular habrá que analizar con mucho cuidado el detalle de las normas propuestas, con el objeto de precisar en cuánto subirá o bajará la cuenta eléctrica. En dicha tarea, resultan ser muy sustantivos los principios de equidad tarifaria y de generación local, y el reconocimiento de las externalidades negativas que la producción de energía implica.
Manifiesto mi voto favorable y reafirmo, una vez más, la importancia de contar con una agenda en materia energética que mire los próximos 30 años. Es esencial que este país asuma una mirada estratégica en busca de diversificar nuestra matriz productiva; que seamos capaces de invertir en energías renovables no convencionales, las que son más limpias.
Con la presente iniciativa damos un paso más, uno diferente.
Aquí no estamos hablando de producción, sino de equidad. Tal tema nunca se había planteado en estos términos.
Un señor Senador preguntó por el gasto de 300 millones de pesos en personal. Bueno, ese monto es para pagar aumento de dotación: un profesional más en la Subsecretaría de Energía, cuatro en la Comisión Nacional de Energía y tres en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Ello es necesario para implementar el proyecto.
Aprovecho de señalar que la SEC también tiene que fiscalizar los costos asociados a los servicios eléctricos.
Muchas veces se ha cobrado...

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Terminó su tiempo, señora Senadora.
Le doy un minuto adicional para que concluya.

La señora ALLENDE.- Gracias, señora Presidenta.
Decía que se les ha cobrado a los usuarios por una mantención que nunca se ha hecho, por ejemplo, a los medidores. Nosotros denunciamos tal situación en la Cámara de Diputados por muchos años, hasta que finalmente logramos que se regulara el asunto, con gran molestia -¡con gran molestia!- de las compañías generadoras.
Me alegro de haber dado esa batalla, pero creo que todavía falta mucho más.
Estoy convencida de que muchos de los servicios que se cobran no están plenamente justificados.
Hay diversos problemas de esa índole que aún no se resuelven.
Por ejemplo, el enjambre de alambres que se observa en nuestras comunas. Algunos son eléctricos y otros pertenecen a las empresas de telecomunicaciones. Ambos sectores no se logran poner de acuerdo. Y eso no solo es feo, antiestético, sino también peligroso. Muchas veces, producto de fuertes vientos o de otras situaciones, el cableado se corta, lo que provoca la caída de personas de la tercera edad. ¡Y nadie se hace responsable de ello!
Llegó la hora, como planteé en la Comisión, de que haya más fiscalización y una política proactiva en esta materia por el bien del país.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señora Presidenta, esta iniciativa, como sugiere su título, es muy innovadora.
En términos generales, las regiones estamos viendo solo compensaciones del tipo fondos espejo. Se asocian proyectos locales -como se discutió anteriormente- con aportes que se distribuyen a través del Ministerio de Obras Públicas, pero que, en definitiva, se destinan al Metro.
En la propuesta legislativa que nos ocupa, se plantea una equidad tarifaria para usuarios residenciales cuyo consumo promedio mensual sea menor a 180 kiloWatt/hora. Ello significa, de acuerdo al Mensaje de la Presidenta de la República del 21 de mayo pasado, que nadie de ese universo de personas puede pagar más o pagar menos del 10 por ciento respecto a otra tarifa.
Eso es equidad tarifaria, lo que resulta trascendental.
Si uno revisa la legislación y la institucionalidad eléctricas desde el año 74 hasta la fecha, notará que casi no hay regulación en este ámbito. Los mismos actores son los que han definido las reglas del juego. De hecho, participan en el Centro de Despacho Económico de Carga y son parte del Panel de Expertos, financiado por ellos mismos.
En la revisión de las tarifas se debe tener en cuenta el costo marginal, que varía según lo que cueste una unidad adicional al sistema. Si tal unidad corresponde a una central termoeléctrica muy ineficiente, ese valor influirá mucho en la tarifa.
En el caso de las distribuidoras, como su actividad se considera monopólica, es necesario compararlas con una empresa modelo, con las características que he señalado. Voy a entregar algún detalle adicional con relación a cómo se calcula el costo de distribución a través del valor agregado a la demanda.
La equidad tarifaria se comenzó a aplicar hace un par de años en la zona austral. Nuestra Región está servida por una compañía monopólica, la Empresa Eléctrica de Aysén, que genera, transmite y distribuye la electricidad. En su minuto dicha institución fue del Estado, pero este no hizo todas las inversiones en materia de energías renovables no convencionales, que la propia Región presenta como potencial.
Curiosamente, denunciamos en los años 90 y 91 el que esa empresa, siendo estatal, estaba realizando inversiones con plantas termoeléctricas a petróleo.
Posteriormente, se privatizó, contra nuestra voluntad. Y después dicha compañía, que pertenece al grupo Saesa -conformado por exprofesores de Canadá que administra sus fondos de pensiones a través de este instrumento-, mostró una sintonía mayor con la comunidad: construyó la primera central eólica de Chile (Alto Baguales); instaló una planta hidroeléctrica pequeña, y potenció las que ya operaban.
Sin embargo, como esa empresa, por constituir un monopolio, fija sus tarifas cada cuatro años sobre la base de una empresa modelo y, además, tiene garantizado el 10 por ciento de la tasa de actualización, ha mantenido su política de levantar también centrales termoeléctricas, aunque en forma equilibrada, mitad y mitad.
Considerando que el grupo Saesa es el propietario de dicha compañía, se consultó por qué no se comparte el costo de distribución con las demás empresas del holding, desde la Región del Biobío, pasando por La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, hasta Aisén.
Así surge el concepto de "equidad tarifaria": si se subiera la tarifa en un peso en el resto de las regiones, esta podría bajar un 30 por ciento en Aisén (de 150 a casi 100, por llevar el ejemplo a términos numéricos). En el fondo, la pequeña alza en los demás equilibra el asunto.
Este año en mi Región ya se aplicó una rebaja de 9 por ciento y, con esta futura ley, se fijará otra de 16 por ciento. Por tanto, vamos a llegar a una disminución tarifaria total de 25 por ciento.
A lo anterior hay que adicionar lo relativo al ahorro energético. Se debe invertir en aislación térmica, en calefactores, y desarrollar hábitos en todos los sectores, ya que por esa vía es posible ahorrar 30, 40 y 50 por ciento de consumo eléctrico.
Hago alusión a algo que acordó la propia Comisión: la necesidad de avanzar en el net metering. La iniciativa original en esta materia fue podada en el Gobierno anterior por influencia de las empresas distribuidoras. Cuando salió la ley, estas dijeron: "Triunfamos. Rebajamos el costo para no pagarle tanto a la gente".
O sea, la empresa le paga al cliente 50 o 60 por ciento de lo que ella cobra por lo que este genera. ¡Eso es absolutamente injusto!
Por suerte, los paneles fotovoltaicos han bajado su precio a casi un quinto de lo que costaban. La gente es más consciente y realiza programas de ahorro energético.
En todo caso, esta Sala ya aprobó una iniciativa para que a quienes tengan instalaciones menores a 10 kW se les pague al menos el 90 por ciento.
Por esa vía podemos hacer cambios muy de fondo. Ese es el incentivo de esta futura ley, que necesita tener aparejado este tipo de programas.
No debemos seguir subsistiendo con energías de origen fósil, sea petróleo, gas o carbón -o gas de esquisto, si quieren ser más modernos-, porque su uso, en el fondo, afecta la tarifa, provoca contaminación y, además, influye en el cambio climático.
Con respecto a esto último, va a haber un encuentro en París este año. En verdad, si no adoptamos soluciones de carácter profundo, no podremos garantizar la sostenibilidad del planeta. ¡Eso no es menor!
En ese sentido, Chile podrá dar el ejemplo, con sus potencialidades en materia de energías renovables no convencionales, con su ahorro, con su eficiencia y con su cogeneración.
Esta iniciativa de ley apunta en esa dirección, razón por la cual la votaremos a favor, como corresponde.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, hoy estamos debatiendo un proyecto emblemático.
En su oportunidad, durante el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados -yo era miembro de ella- planteó esta inquietud. Entonces pedimos al Gobierno una compensación para las comunas que presentaban externalidades negativas a causa de la generación eléctrica. En definitiva, la población afectada no recibía ningún tipo de compensación.
Por lo mismo, planteamos con fuerza la necesidad de un beneficio en ese sentido.
Por ejemplo, la comuna de Concón ha sido castigada con el accionar de varias plantas termoeléctricas. El funcionamiento de estas ha sobrecalentado las aguas del río Aconcagua, afectando su biodiversidad. Y no ha habido compensaciones adecuadas.
Hoy la Empresa Nacional del Petróleo está levantando un proyecto de generación de energía. Hablamos de este asunto cuando se debatió la modificación del giro de ENAP. En su minuto consideramos que esta compañía no podía producir energía para venderla al Sistema Interconectado Central, pues su giro no lo permitía. A tal punto llegó esa observación que terminó en un proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso Nacional.
Adicionalmente, hemos señalado: "La Región de Valparaíso está tan cerca del cielo, pero muy lejos de Dios", refiriéndonos, fundamentalmente, a su relación con Santiago.
Nosotros hemos asumido todas las externalidades negativas de generar energía con centrales que alimentan el Sistema Interconectado Central. En el fondo, estamos exportando energía a la Región Metropolitana.
Cabe preguntarse: ¿por qué esta no cuenta con plantas generadoras?
Dicho lo anterior, deseo señalar que impulsamos con mucha fuerza esta idea. De hecho, fui autor de uno de los proyectos de acuerdo mediante el cual pedimos que se legisle sobre el particular. También sostuvimos conversaciones con el Ministro Tokman, Ministro de Energía del primer Gobierno de la Presidenta Bachelet. Pero, finalmente, esa iniciativa no fructificó.
Hoy la Administración de la Presidenta Bachelet, en su segundo mandato, tiene la oportunidad de cumplir la palabra empeñada con las comunas que se han visto afectadas por la generación eléctrica.
El proyecto que nos ocupa, como se ha indicado, establece dos conceptos adecuados.
El primero es la equidad tarifaria residencial, principio muy importante para evitar las brechas que existen en las tarifas, particularmente, entre las comunas de una misma región.
Y el segundo se refiere al reconocimiento de la generación local. Este punto, sin lugar a dudas, es uno de los que hemos planteado con mucha fuerza, imitando el ejemplo de algunos países -como Noruega- que otorgan compensaciones tarifarias bajo este criterio.
En lo que respecta a la Región de Valparaíso, de los 669 mil 56 clientes totales, recibirán una baja en las cuentas de la luz 603 mil 890. Estamos hablando de una variación total de 3,2 por ciento. Por tanto, el proyecto representa una muy buena noticia.
Cabe destacar la rebaja tarifaria en algunas comunas en particular: Los Andes, con 4,9 por ciento; San Esteban, con 4,9 por ciento; Limache, con 7,5 por ciento; Quillota, con 7,5 por ciento; El Tabo, con 3,4 por ciento; Llaillay, con 25,2 por ciento; Casablanca, con 21 por ciento (clientes de Emelca); Puchuncaví, con 7,7 por ciento (Conafe); Quintero, con 7,5 por ciento (Chilquinta).
El listado anterior demuestra que esta medida tiende a generar algún grado de justicia respecto de los usuarios que viven en comunas que han sufrido externalidades negativas.
Durante el transcurso de esta discusión legislativa se ha dicho que esta iniciativa incluye normas de equidad territorial, lo que también apunta en la dirección correcta.
En total, en el país 2,7 millones de clientes verán disminuida su cuenta de la luz.
Sin perjuicio de lo anterior, hacemos un llamado al Gobierno para propiciar un debate abierto a efectos de determinar qué tipo de matriz energética queremos para los próximos 20 o 30 años.
Tal discusión, lamentablemente, ha estado marcada por el populismo y por la falta de decisión política. Hay que entender que, para seguir siendo competitivos en el contexto de América Latina, el precio de la energía es una variable importante.
En ese sentido, llamo al señor Ministro de Energía -por su intermedio, señora Presidenta- a generar un debate nacional sobre el tipo de matriz que deseamos para el futuro. Se precisa un análisis sin ideologismos, que permita visualizar dónde queremos que esté Chile en los próximos años.
Por cierto, hay que cuidar la variable ambiental, materia de la que hemos estado muy preocupados. Por lo mismo, debemos considerar que el desarrollo del país requiere el acceso a energías renovables no convencionales, que son baratas y aseguran la sustentabilidad.
¿Tenemos desafíos por delante? Por supuesto.
La disponibilidad de dichas energías limpias es una ventaja de nuestro territorio. Pero no ha habido voluntad política para desarrollarlas con fuerza.
La eólica, la mareomotriz, la termoeléctrica son energías que siguen esperando su tiempo y su oportunidad.
Por tanto, el llamado que hacemos al Ministro de Energía es a focalizar la mirada del país respecto de aquello.
Señora Presidenta, apruebo este proyecto de ley. Va en la dirección correcta y responde a una inquietud que hemos tenido por más de ocho años.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (31 votos a favor).
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Matta, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.


La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Por haberse cumplido su objetivo, levantaré la sesión, sin perjuicio de dar curso a los oficios que han llegado a la Mesa.
PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor DE URRESTI:
Al señor Director del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, solicitándole información tocante a CONSIDERACIÓN EN PRESUPUESTO 2016 DE 10 NUEVOS DRONES PARA FISCALIZACIÓN DE PESCA ILEGAL y a DECOMISO DE HARINA DE PESCADO EN BODEGA DE COMUNA DE LA UNIÓN.
Del señor GARCÍA:
Al señor Ministro de Desarrollo Social, requiriéndole información sobre ESTADO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROYECTO "CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑANCUL NORTE, VILLARRICA" (reiteración de oficio).
A la señora Ministra de Educación, solicitándole remitir RESULTADOS DE ÚLTIMAS TRES EVALUACIONES DOCENTES, DETALLADOS A NIVEL NACIONAL, COMUNAL Y REGIONAL y LISTADO DE COLEGIOS CON FINANCIAMIENTO COMPARTIDO INSCRITOS PARA GRATUIDAD A PARTIR DE 2016 (reiteración de oficios).
A la señora Ministra de Justicia, solicitándole antecedentes sobre SOLUCIÓN EN LO INMEDIATO A CONDICIONES DE TRABAJO PRECARIAS DE FUNCIONARIOS DE USEP DE TEMUCO (reiteración de oficio).
Al señor Ministro de Obras Públicas, pidiéndole información sobre CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS DEFENSAS FLUVIALES PARA RÍO TOLTÉN, SECTOR ISLA LICAN, COMUNA DE TEODORO SCHMIDT (reiteración de oficio).
A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, planteándole POSIBILIDAD DE NUEVO SUBSIDIO PARA PERSONAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIO HABITACIONAL QUE SUFRAN DISCAPACIDAD FÍSICA QUE IMPIDA CORRECTO USO Y ACCESO A SU VIVIENDA (reiteración de oficio).
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, pidiéndole informar, por región, sobre SALDO DE RECURSOS NO USADOS EN "FONDO DE APOYO REGIONAL", ASCENDENTES A 36 MIL MILLONES DE PESOS (reiteración de oficio).
Al señor Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, solicitándole INVESTIGACIÓN DE DENUNCIA PLANTEADA POR SEÑOR JUAN CASTIGLIONE GONZÁLEZ EN MATERIA DE REMATE DE PROPIEDADES (reiteración de oficio).
Al señor Director Nacional de la CONADI, requiriéndole antecedentes sobre PROCESOS DE COMPRA DE TIERRAS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN ARTÍCULO 20 DE LEY N° 19.253 (reiteración de oficio enviado junto con Senadora señora Von Baer).
Al señor Director del Servicio Nacional de la Discapacidad, pidiéndole considerar CAMBIO DE OFICINA DE DIRECCIÓN REGIONAL DE SENADIS DE LA ARAUCANÍA (reiteración de oficio).
A la señora Directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor, requiriéndole realizar CATASTRO, POR COMUNA Y REGIÓN, DE HOGARES DE ADULTOS MAYORES.
Al señor SEREMI de Educación de La Araucanía, a fin de que se informe sobre ESTADO DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL DE LICEO INDUSTRIAL DE TEMUCO y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA RECAMBIO DE ESTUFAS Y CONSTRUCCIÓN DE CAMARÍN (reiteración de oficios).
Al señor Director de Obras de la Municipalidad de Temuco, solicitándole que remita antecedentes acerca de REUBICACIÓN DE ANTENA DE TELEFONÍA INALÁMBRICA FIJA DE EMPRESA TELEFÓNICA DEL SUR, INSTALADA FRENTE A CESFAM METODISTA DE TEMUCO (reiteración de oficio).
Del señor MATTA:
Al señor Ministro de Obras Públicas, consultándole por INCLUSIÓN, ENTRE PROYECTOS DEL MINISTERIO, DE EJECUCIÓN Y PROYECCIÓN DE CALETERAS EN RUTA 5 SUR EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE ENTRADA A COMUNA DE VILLA ALEGRE Y PASO NIVEL DE PUTAGÁN. Y a la señora Directora del Servicio de Salud del Maule, solicitándole NÓMINA DE FUNCIONARIOS A HONORARIOS DE HOSPITAL DE LINARES ENTRE 11 MARZO DE 2014 Y 30 DE AGOSTO DE 2015 y ANTECEDENTES SOBRE FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD DE CARDIOLOGÍA (todos de la Séptima Región).
Del señor PROKURICA:
A la señora Directora del Servicio de Salud Atacama, requiriéndole antecedentes acerca de LISTAS DE ESPERA PARA ATENCIÓN MÉDICA EN RECINTOS HOSPITALARIOS DE TERCERA REGIÓN.
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La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 20:15.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción