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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 363ª
Sesión 53ª, en miércoles 16 de septiembre de 2015
Extraordinaria
(De 10:16 a 13:58)
PRESIDENCIA DE SEÑOR PATRICIO WALKER PRIETO, PRESIDENTE,
Y SEÑORA ADRIANA MUÑOZ D'ALBORA, VICEPRESIDENTA
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores (as):
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros de Economía, Fomento y Turismo, señor Luis Felipe Céspedes Cifuentes; de Educación, señora Adriana Delpiano Puelma; de Justicia, señora Javiera Blanco Suárez, y de Energía, señor Máximo Pacheco Matte.
Asimismo, se encontraba presente el Director Nacional del Servicio del Consumidor, señor Ernesto Muñoz Lamartine.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 10:16, en presencia de 14 señores Senadores.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 50ª y 51ª, ordinarias, en 8 y 9 de septiembre del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
IV. CUENTA

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia la Presidenta de la República, con el que hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para el proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades con el propósito de adelantar la fecha de las elecciones municipales del año 2016 (boletín Nº 9.925-07).
--Se tiene presente la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento e informe de la Comisión de Hacienda recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea juzgados que indica y modifica diversos cuerpos legales para alterar la composición de diversos tribunales de justicia (boletín N° 9.896-07) (con urgencia calificada de "suma").
--Quedan para tabla.
Moción
De los Senadores señoras Goic y Muñoz y señores Chahuán, Girardi y Quinteros, con la que inician un proyecto de ley que establece normas sobre prevención y protección del embarazo adolescente (boletín Nº 10.305-11).
--Pasa a la Comisión de Salud.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminada la Cuenta.

ESTANDARIZACIÓN DE CONTRATOS DE ADHESIÓN

El señor LABBÉ (Secretario General).- Señoras y señores Senadores, el día de ayer se aprobó en general el proyecto que modifica diversos cuerpos legales con el fin de estandarizar los contratos de adhesión, pero quedó pendiente fijar plazo para la presentación de indicaciones.
Los autores de la moción proponen el viernes 9 de octubre, a las 12.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Si le parece a la Sala, se fijará ese plazo.
--Así se acuerda.


PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS SOLO EN REGIONES DE CONSTITUCIÓN LEGAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

El señor LABBÉ (Secretario General).- En la misma situación anterior se encuentra el proyecto que modifica las leyes orgánicas constitucionales de Municipalidades y sobre Gobierno y Administración Regional para permitir a los partidos políticos la presentación de candidaturas solo en las regiones donde se encuentren legalmente constituidos: se aprobó en general pero no se fijó plazo para la presentación de indicaciones.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¿Les parece el lunes 28 de septiembre, a las 12?
--Así se acuerda.
V. ORDEN DEL DÍA



DESIGNACIÓN DE SEÑORAS LORENA ANDREA MECKES, LORETO FONTAINE Y CECILIA SEPÚLVEDA COMO MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN


El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En primer término, corresponde tratar el oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para designar miembros del Consejo Nacional de Educación a las señoras Lorena Andrea Meckes Gerard, Loreto Fontaine Cox y Cecilia Sepúlveda Carvajal, con informe de la Comisión de Educación y Cultura y la urgencia establecida en el párrafo segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental.
--Los antecedentes sobre el oficio (S 1.829-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 49ª, en 2 de septiembre de 2015.
Informe de Comisión:
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 52ª, en 15 de septiembre de 2015.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- A la sesión en que la Comisión de Educación analizó la proposición concurrieron la Ministra de Educación, señora Adriana Delpiano, y las señoras Loreto Fontaine y Cecilia Sepúlveda.
La señora Lorena Meckes excusó su inasistencia por encontrarse fuera del país desarrollando labores profesionales, sin perjuicio de lo cual remitió a la Comisión un documento con sus opiniones respecto del funcionamiento del Consejo Nacional de Educación.
La Comisión deja constancia por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señora Von Baer y señores Allamand, Letelier, Quintana e Ignacio Walker, de que en la designación de los miembros del Consejo Nacional de Educación se ha dado cumplimiento a los requisitos y formalidades previstos por el ordenamiento jurídico, por lo cual se sugiere a la Sala respaldar los nombramientos propuestos.
Cabe tener presente que el acuerdo del Senado para nombrar a las consejeras debe prestarse en una sola votación por los dos tercios de los Senadores presentes.
Nada más, señor Presidente.


El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Damos la bienvenida a la señora Ministra de Educación, doña Adriana Delpiano, quien hoy nos acompaña.
Pido el acuerdo de la Sala para abrir la votación.
Muy bien.
En votación.
Saludamos, por cierto, a la señora Ministra de Justicia, doña Javiera Blanco, ¡a petición del Senador Felipe Harboe...!
--(Durante la votación).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Les ruego a las señoras y señores Senadores que voten.

El señor PROKURICA.- Momentito, señor Presidente. No se apure.

El señor MOREIRA.- Algunos Senadores están en Comisiones y van a volver.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Muy bien.
Tiene la palabra la señora Ministra.

La señora DELPIANO (Ministra de Educación).- Señor Presidente, señores Senadores y señoras Senadoras, el Consejo Nacional de Educación es una entidad muy importante, porque de alguna manera es la estructura que refleja la mirada que la sociedad tiene sobre la educación a partir de sus distintos actores. Y es una mirada de Estado, en el sentido de que su composición está dada no solo por los representantes del Presidente o la Presidenta en ejercicio, sino también por integrantes validados por el Senado, como espero que ocurra en el caso de las tres personas que se han propuesto en esta oportunidad.
Cabe señalar que en la Comisión de Educación se presentaron las personas propuestas, tres académicas de primer nivel -quiero decirlo- y, además, muy complementarias y diversas en su formación.
Muy brevemente, puedo contarles que la señora Cecilia Sepúlveda Carvajal es médico cirujano de la Universidad de Chile. Ha sido Decana durante mucho tiempo, Presidenta del Consejo de Decanos de Educación del país y candidata a rectora de la Universidad de Chile. Es una académica que ha formado, además, muchísimos médicos, y tiene una mirada más ligada a lo que sería educación superior dentro del Consejo.
Por otro lado, la señora Loreto Fontaine Cox es una persona de gran experiencia. Ella es profesora de origen, con Magíster en Educación, y ha sido académica de la Universidad Católica. Ha trabajado en el Ministerio de Educación en distintas oportunidades; en una de ellas, a cargo de la Unidad de Currículum y Evaluación. En fin, no me quisiera extender más.
Finalmente, la experiencia y expertise de la señora Lorena Meckes la vinculan también con los sistemas de evaluación y de medición de la calidad de la educación.
Por lo tanto, señor Presidente, creo que estamos ante tres grandes académicas, de prestigio, cada una en sus áreas, que pueden aportar una mirada pluralista, no solo desde el punto de vista de sus posiciones más políticas sobre el quehacer educativo, sino también desde el de sus disciplinas, y complementar de esa forma el quehacer del resto de los consejeros.
Eso es todo, señor Presidente.
Muchas gracias.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?


El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba la proposición de Su Excelencia la Presidenta de la República para designar como miembros del Consejo Nacional de Educación a las señoras Lorena Andrea Meckes Gerard, Loreto Fontaine Cox y Cecilia Sepúlveda Carvajal (21 votos afirmativos), dejándose constancia de que se cumple con el quórum legal exigido.
Votaron las señoras Goic, Muñoz, Lily Pérez y Van Rysselberghe y los señores Araya, Chahuán, Coloma, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Moreira, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Aprovecho de agradecer a los integrantes del Consejo Nacional de Educación que dejan su cargo, por su tremenda contribución. Entre ellos, destaco el nombre del exrector de la Universidad Católica, don Pedro Rosso.


CREACIÓN DE JUZGADOS Y MODIFICACIÓN DE COMPOSICIÓN DE DIVERSOS TRIBUNALES DE JUSTICIA


El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea juzgados que indica y modifica diversos cuerpos legales para alterar la composición de diversos tribunales de justicia, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.896-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 33ª, en 8 de julio de 2015.
Informes de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 43ª, en 12 de agosto de 2015.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (segundo): sesión 53ª, en 16 de septiembre de 2015.
Hacienda: sesión 53ª, en 16 de septiembre de 2015.
Discusión:
Sesión 48ª, en 1 de septiembre de 2015 (se aprueba en general).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión de 1 de septiembre de 2015.
La Comisión de Constitución deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° y 9° a 13, permanentes, y los artículos transitorios no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. Por ello, estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, con el acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.
Cabe tener presente, en todo caso, que los artículos 1° a 4°, 6°, 7° y 9°, permanentes, y 1° transitorio tienen rango orgánico constitucional y requieren para su aprobación 21 votos favorables.
Ahora bien, la Comisión de Constitución declaró inadmisibles las indicaciones formuladas a los artículos 5° y 8°, por lo cual no se introdujeron enmiendas al texto aprobado en general para dichos preceptos.
Por su parte, la Comisión de Hacienda aprobó el proyecto en los mismos términos en que lo despachó la Comisión de Constitución.
Los mencionados artículos 5° y 8° permanentes, que no fueron objeto de enmiendas en el segundo informe, requieren para su aprobación en particular 21 votos favorables, por tratarse de normas orgánicas constitucionales.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En discusión particular el proyecto.

Propongo a la Sala hacer una sola votación.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Araya, ¡futuro Presidente de la Comisión de Constitución...!

El señor ARAYA.- Señor Presidente, paso a informar, en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea los juzgados que indica y modifica diversos cuerpos legales para alterar la composición de diversos tribunales de justicia.
La iniciativa que ahora tratamos en particular tiene por objeto crear un importante número de cargos de jueces en diversos tribunales del país, así como tres nuevos tribunales en las comunas de Alto Hospicio, Mejillones y Cabo de Hornos. Esta medida implica suprimir determinados cargos de jueces de garantía y del tribunal del juicio oral en lo penal de la Región Metropolitana, que actualmente se encuentran vacantes (77 cargos). De esta manera se busca contribuir a un mayor equilibrio y funcionamiento del Poder Judicial.
Durante el estudio de este proyecto, la Comisión escuchó al Ministerio de Justicia, a la Excelentísima Corte Suprema, a la Corporación Administrativa del Poder Judicial y a la Asociación de Magistrados de la Región Metropolitana.
Se conocieron los antecedentes de los detallados estudios realizados por el Gobierno y por la Corporación Administrativa del Poder Judicial que sirven de fundamento a esta iniciativa, la que tiende a paliar, en parte, las necesidades de nuevos jueces que demandan las distintas regiones del país.
Asimismo, se tomó conocimiento de que el Gobierno y el Poder Judicial están estudiando la presentación de un nuevo proyecto de ley que supondría la creación de 100 nuevos cargos de jueces a nivel nacional. En relación con este punto, se escucharon los planteamientos y observaciones que formuló el Presidente de la Asociación Regional de Magistrados de Santiago, el juez Cristian Soto, quien destacó que si bien su organización apoya esta iniciativa, es necesario volver a establecer los cargos que se están suprimiendo a través de este proyecto. Señaló que hay diversos antecedentes que ya anuncian que se producirá un incremento en la carga de trabajo de los jueces de garantía y de los tribunales orales en lo penal de la ciudad de Santiago.
La Comisión de Constitución estimó atendible esta petición, la que debería ser considerada, a la luz de antecedentes estadísticos claros, en el futuro proyecto de ley que están estudiando el Poder Judicial y el Gobierno.
Finalmente, las tres únicas indicaciones que recibió esta iniciativa, todas del Senador señor Navarro, fueron declaradas inadmisibles, ya que suponen un mayor gasto fiscal, ámbito que corresponde a la iniciativa exclusiva de Su Excelencia la Presidenta de la República.
Por todas estas consideraciones, señor Presidente, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento propone la aprobación, sin enmiendas, del proyecto aprobado en general por esta Corporación.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Ofrezco la palabra al Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, la Comisión de Hacienda conoció este proyecto el día de ayer, previo informe de la Comisión de Constitución, cuya relación ha hecho el Senador Araya, y lo aprobó por unanimidad.
Su articulado se traduce, como se ha dicho, en suprimir 77 cargos de jueces de garantía y del tribunal oral en lo penal en la Región Metropolitana.
De acuerdo con el informe financiero que se nos entregó, de esos 77 cargos 71 van a ser redistribuidos a través del país sobre la base de estudios hechos por el propio Poder Judicial y su Corporación Administrativa. Ellos nos aseguraron que contaban con los estudios y estadísticas necesarios como para poder hacer esta redistribución.
Se destinan 57 de esos cargos de jueces a temas penales, y el resto a asuntos de competencia común, laborales y de cobranzas laborales y previsionales, en los sectores en que sería necesario potenciar la presencia de ese tipo de tribunales.
También se nos manifestó que la creación de tres tribunales nuevos -uno en Alto Hospicio, otro en Mejillones y un tercero en Cabo de Hornos- apuntaría, por un lado, a evitar la sobrecarga de trabajo existente en los tribunales de Antofagasta, y, por el otro, a marcar la presencia de la justicia en el extremo sur del territorio, a pesar de que allí seguramente no hay una carga muy grande de trabajo.
En cuanto al gasto propiamente tal, se nos informó que la redistribución planteada por el proyecto se financiará con los mismos recursos asignados cuando se aprobaron los 77 cargos en comento.
Sin embargo, la creación de los tribunales de Alto Hospicio, Mejillones y Cabo de Hornos, más la infraestructura funcionaria indispensable para su operación, llevan a que el proyecto irrogue un gasto de 6 mil 702 millones de pesos, que se financiará con cargo a la Partida Tesoro Público, lo que así está aprobado por el Ministerio de Hacienda.
Por las razones expuestas, la Comisión de Hacienda, sin perjuicio de prevenciones hechas por algunos de sus miembros, aprobó unánimemente en particular esta iniciativa.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, estamos ante una legislación un tanto especial.
Este proyecto nace de la revisión, tras diez años de su entrada en vigencia, de la reforma procesal penal, particularmente en la Región Metropolitana, y de la constatación por el Poder Judicial -eso dice textualmente- de que la demanda se podría enfrentar en forma eficiente con menos magistrados.
Al momento de efectuarse el estudio sobre los elementos necesarios para llevar adelante una reforma de aquella índole en nuestro país hubo un planteamiento en el sentido de que en la Región Metropolitana, aparentemente, existiría una sobredotación de 77 jueces. Y eso siempre me generó una duda, pues, a mi entender, en general faltan magistrados y no sobran.
Ahora, siendo hoy primera preocupación la delincuencia, a uno le habría gustado un aumento del número de jueces más que un remplazo.
Empero, si un análisis de un Poder del Estado independiente señala que pueden redistribuirse 77 cargos, me parece bien que, requiriéndose a nivel nacional 186 magistrados, parte de esta necesidad se satisfaga con la medida que permite disponer de empleos que no fueron provistos.
De ahí nacen 71 jueces para distintos lugares de nuestro país y para diferentes roles.
En la Región del Maule hay un juez de garantía más; en Molina, un juez de letras; en Talca, un juez de garantía; en San Javier, un juez de letras, y en Cauquenes, un juez de juicio oral en lo penal. O sea, ahí no solo se hace una reasignación de jueces de garantía, sino que además se abordan otros requerimientos.
Obviamente, en cuanto a la forma de generar este proyecto, uno podría -y así lo planteó el Presidente de la Asociación de Magistrados de la Región Metropolitana- tener alguna duda en lo que atañe al mecanismo del remplazo.
Sin embargo -quiero ser claro-, desde mi punto de vista, lo relevante es que la Corte Suprema hace los estudios y determina que faltan jueces en ciertos lugares; que es factible disponer de cargos que no se han llenado en los últimos años, y que, por consiguiente, se puede realizar un esfuerzo para avanzar aprovechando una infraestructura financiada legalmente.
Es cierto, sí, que no hay costo cero. La iniciativa irroga un gasto de alrededor de 6 mil millones de pesos para la implementación adecuada de nuevos juzgados y la incorporación de magistrados y de algo más de 40 funcionarios.
Reitero que, desde la perspectiva histórica, este proyecto es un tanto atípico. Porque por lo general se aumenta el número de jueces. Sin embargo, en este caso, atendido que existe una necesidad y que en algunos lugares hay exceso de magistrados, se procura calzar y por esta vía afrontar las carencias.
En todo caso, no cabe duda de que debemos abordar más a fondo la cuestión quizás más relevante de nuestro país y que en todas las encuestas se arrastra como el problema social de mayor significación: cómo enfrentar la delincuencia, de qué manera mejorar la seguridad ciudadana.
Si bien una parte muy importante de la solución está en la acción preventiva, en el rol de Carabineros, en la vía sancionatoria y en la rehabilitación, de no menos importancia son el acceso a la justicia, la velocidad con que las personas puedan denunciar las transgresiones de que son objeto y la respuesta oportuna de los jueces. Porque mientras más rápido sea el accionar de la justicia, mucho mejor es para la ciudadanía.
Mi impresión -hablo como Senador del Maule- es que faltan muchos más jueces en el ámbito criminal.
Entiendo que este es un paso. Y el propio Poder Judicial ha dicho que no es el último. Se trata de aprovechar algo que está y que no se utiliza. Pero creo que hay que hacer un esfuerzo mayor a los efectos de aumentar la capacidad del sistema judicial para que dé una respuesta más robusta y -esperamos- más eficaz.
Por eso, y porque lo está solicitando el Poder Judicial, que es un Poder del Estado independiente, nosotros votamos a favor de este proyecto.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Montes.

El señor MONTES.- Señor Presidente, primero, quiero plantear nuestro acuerdo con este proyecto.
Entendemos que hay un estudio a fondo y que se han considerado distintas variables para la redistribución de jueces.
Cuando se realizó la primera distribución hubo ciertos supuestos, varios de los cuales no se cumplieron. En una parte la realidad funcionó de otra manera. Y hay que hacer los ajustes, porque en todas las cosas que se simulan siempre existe posibilidad de que ocurra aquello.
Yo solo deseo decir lo siguiente.
Considero muy importante tener un sistema equilibrado entre jueces, fiscales, policías, etcétera.
La situación del Ministerio Público hay que repensarla.
En mi concepto, si una ley se concibió hace cinco años, se aprobó cinco años después y hoy nos estamos dando tres años para ponerla en práctica, algo no guarda relación con las necesidades, dada la cantidad de causas existentes, sobre todo en zonas como la Región Metropolitana.
Únicamente voy a decir que para la Fiscalía Centro-Norte, tras haberse hecho una inmensa reforma, el próximo año existirá ¡solo un fiscal adicional!
¡Algo no está bien pensado!
Entonces, aprovechando la presencia de la señora Ministra de Justicia, hago notar la necesidad de revisar situaciones como aquella. Porque hay otras maneras de resolverlas; incluso, puede ser vía presupuestaria. Pero en los lugares donde existe una gran concentración de causas deben tomarse medidas.
Ahí el problema no está en los tribunales; tampoco, en los jueces. La cuestión se halla en la etapa previa, que tiene que ver con los investigadores, con el Ministerio Público.
Normalmente no hablo de estas materias, señor Presidente, pero creo que hay que tomar muy en serio lo que acabo de exponer, pues estamos atochando las causas y haciendo que la justicia sea menos eficaz, atendida la situación existente en las fiscalías.
A mi entender, la señora Ministra y todos nosotros debemos pensar en cómo dar consistencia a los distintos componentes del sistema judicial.

El señor HARBOE.- ¿Se puede votar?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Sí, Su Señoría.
Debo aclarar que, requiriéndose quórum especial, los Senadores que están pareados pueden pronunciarse.
Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, saludo esta iniciativa, pues procura acercar la justicia a la gente de determinados territorios de nuestro país.
Mediante ella se colocan más recursos para resolver causas que muchas veces se encuentran en espera desde hace largo tiempo.
Yo solo quiero señalar que su artículo 7º transitorio da cuenta de un compromiso del Ministerio de Justicia, que deberá informar a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados sobre la factibilidad y conveniencia de crear un juzgado en Teodoro Schmidt, comuna que desde hace bastante tiempo viene planteando la posibilidad de que sus habitantes accedan a la justicia común sin tener que trasladarse a la comuna de Nueva Imperial, donde existe un tribunal con competencia de tal índole.
Los ciudadanos que viven cerca del límite con la comuna de Nueva Imperial están satisfechos con la situación actual. Pero a quienes viven al extremo sur de Teodoro Schmidt les resulta complejo ir a buscar justicia a un tribunal que se halla distante 70 kilómetros, en circunstancias de que a un kilómetro tienen el juzgado de Toltén.
Alguien -creo que el Senador Montes- se refirió a la carga de trabajo de los tribunales.
En Nueva Imperial hay un exceso de causas, a tal punto que los funcionarios apenas pueden llevarlas adelante; sin embargo, en Toltén existen muy pocas. Entonces, estamos ante una mala distribución del recurso humano y de la infraestructura en ambas comunas.
La comunidad de Teodoro Schmidt había planteado que debía facilitarse su acceso a la justicia.
En determinado momento la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó el cambio de competencia desde Nueva Imperial a Toltén. Empero, se dejaba a la gente de Barros Arana y a la de Teodoro Schmidt con el mismo problema que tienen hoy las comunidades de Hualpín, que están alejadas de Nueva Imperial.
En definitiva, no es viable cambiar la competencia de un extremo a otro. Sí lo es crear un tribunal en la comuna de Teodoro Schmidt para atender a dichos ciudadanos.
Por tanto, aun cuando en el articulado no se crea el tribunal respectivo, celebro la decisión de establecer la obligación del Ministerio de Justicia, emanada de un compromiso, de evaluar en el plazo de 90 días, contado desde la publicación de la ley en proyecto, la creación de "un juzgado con competencia común en la comuna de Teodoro Schmidt, destinando al segundo juez que mediante esta ley se le asigna al juzgado con competencia común de Nueva Imperial.".
Señora Presidenta, he querido hacer el punto y dejar sentada nuestra preocupación ante el planteamiento de la comunidad de Teodoro Schmidt, que reclama su acercamiento a la justicia.
Voy a votar favorablemente.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.

El señor LAGOS.- Señora Presidenta, concurriré con mi voto favorable a este proyecto de ley, que básicamente reasigna al resto del país 77 jueces de garantía y de juicio oral en lo penal que estaban destinados a la Región Metropolitana.
En esta materia, si uno tiene buena disposición puede entender que cuando se hace una simulación a bastantes años plazo es factible errar desde el punto de vista del número de jueces que se van a requerir en determinado momento.
En tal sentido, no hay acá un pecado ni dificultad alguna.
Sin perjuicio de que la Comisión de Hacienda aprobó en particular este proyecto por unanimidad, a varios de sus miembros les surgió una duda en cuanto a si la reasignación era lo más adecuado tanto desde el punto de vista de la distribución regional de los nuevos magistrados que se está haciendo cuanto desde el ángulo de si el mejor uso de los recursos era establecer nuevos jueces o descomprimir lo que ocurre, por ejemplo, en la Región Metropolitana.
Le planteaba a la Ministra de Justicia lo siguiente: "Si hay 77 jueces de garantía y en lo penal para la Región Metropolitana y no se quieren allí, tal vez no se necesitan". Y la respuesta fue: "No se requieren más jueces en lo penal en la Región Metropolitana".
Entonces, uno pregunta: "¿Y dónde está el problema de atochamiento?". Se halla en otros elementos. Quizá hay que tener más fiscales; más auxiliares de la administración de justicia; más recursos para peritos; más plata para otras áreas, y no necesariamente constituir nuevos tribunales a lo largo de Chile.
De otra parte -y creo que lo expresó el Senador Coloma-, comunicacionalmente puede costar entender que 77 jueces con los que se podría haber financiado el gasto en lo penal se van a redistribuir en nuestro país.
Afortunadamente, la explicación de la Ministra es que, de esos 77 magistrados, sobre 50 van a seguir siendo -entiendo- del área penal.
En consecuencia, se aborda la demanda por más jueces en lo penal y se da cuenta de la agenda de seguridad pública, ámbito en el que hay una alta insatisfacción ciudadana.
Sin embargo, a algunos nos pareció que, si en las grandes urbes existe atochamiento de causas, es factible que se deba a falta, no de jueces, pero sí de otros elementos. Por ejemplo, de recursos humanos. Y tal vez una asignación distinta de ellos habría sido lo más adecuado.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, solo quiero marcar un aspecto que me parece del mayor interés.
La tendencia natural cuando los recursos no se han utilizado es a suprimirlos y a ahorrar para el Fisco, lo cual, desde el punto de vista económico, pareciera muy sensato.
Sin embargo, lo valioso es que en este caso el Poder Judicial pudo advertir que los cargos en cuestión no se requerían en los lugares previstos, pero sí en otros espacios de la actuación jurisdiccional. Y, por tanto, ha planteado su redistribución.
Considero que esa es una manera atendible de mejorar el uso de los recursos. Porque la otra tendencia es a llenar los cargos pertinentes aunque no se necesiten, lo que implica mal criterio y, asimismo, despilfarro.
Ahora, igual hay dificultades.
Nosotros recibimos a la Asociación de Magistrados de la Región Metropolitana, que manifestó su inquietud, pues estima que en Santiago se necesita una mayor cantidad de jueces. Entonces, se cuestionaba la reasignación planteada por la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
El problema tiene una solución. Porque, como el Ejecutivo está programando un aumento general de jueces en los próximos tiempos (entiendo que habrá un incremento de 186 magistrados a lo largo del territorio nacional), en su oportunidad se podrán satisfacer las inquietudes planteadas por lo de Santiago.
La referida Asociación tuvo a bien aceptar tal criterio, sin perjuicio de dejar planteada la necesidad de que en breve se subsane la dificultad existente.
Creo que, en el fondo, estamos dando un paso hacia una buena reasignación de los recursos. Porque si bien es cierto que en Santiago pueden requerirse más jueces, no lo es menos que en algunas regiones la necesidad es mucho más urgente, porque los tribunales están sobrepasados en el número de causas que deben atender.
Por eso se prefirió aceptar el criterio que propuso la ya mencionada Corporación, sin perjuicio de tener presente que cuando venga la nueva asignación de jueces se deberán satisfacer las demandas de Santiago y de otros lugares, que, aunque pueden no ser tan apremiantes como las de los territorios jurisdiccionales a los que se reasignan los magistrados de que trata este proyecto, también deben satisfacerse para atender la correcta y oportuna administración de justicia.
Por las razones expuestas, con los cambios menores que se efectuaron, en la Comisión de Constitución aprobamos esta iniciativa por unanimidad. Y esperamos que lo propio ocurra en la Sala, pues se trata de un proyecto muy razonable y que merece nuestro respaldo.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, voy a votar a favor de este proyecto, atendido el hecho de que se están redistribuyendo cargos al interior del mismo Poder Judicial.
No deja de llamar la atención el número de empleos: ¡77!
Se trata de 77 cargos de jueces creados con motivo de la reforma procesal penal y que, según se nos informó, no se han provisto por no ser necesario hacerlo.
Ahora, nosotros no tenemos cómo poner en duda lo que nos informan los organismos administrativos del Poder Judicial. Si estiman aquello y que es necesario hacer una redistribución de la carga de trabajo por la vía de suprimir algunos tribunales y crear otros, es evidente que se trata de aprovechar mejor los recursos tanto humanos como materiales y financieros.
Por lo tanto, apoyo esta iniciativa.
Señor Presidente, en el mismo sentido en que se pronunció el Senador Eugenio Tuma, quiero hacer especial hincapié en el artículo 7° transitorio de este proyecto, que dispone que el Ministerio de Justicia deberá informar a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados sobre la factibilidad y conveniencia de crear un juzgado con competencia común en la comuna de Teodoro Schmidt.
Mi Honorable colega lo explicó suficientemente bien. Esta última es muy grande. Territorialmente, cuenta al menos con tres poblados: Hualpín, Teodoro Schmidt y Barros Arana. Los habitantes de Hualpín se hallan a solo diez minutos del tribunal de Toltén, por lo que les resulta muy cómoda la ampliación de jurisdicción a la comuna a que hice referencia. Mas no ocurre otro tanto con relación a los habitantes de Teodoro Schmidt y mucho menos a los de Barros Arana, quienes se encuentran mucho más cerca de la comuna de Nueva Imperial que de su actual jurisdicción. Ello incluso ha generado problemas de convivencia entre los vecinos.
Por lo tanto, deseo insistir, estando presente la señora Ministra de Justicia, en lo que expuse ayer en la Comisión de Hacienda en cuanto al cumplimiento del término de tres meses. Este es solo un plazo para informar, pero lo importante es que se haga un estudio y se decida a conciencia.
Se trata de zonas extensas, con numerosa población mapuche, y que quieren contar con su propio tribunal. Creo que resulta del todo conveniente resolver, de una vez por todas, una situación que se arrastra ya por un par de años.
Muchas gracias.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Guillier.

El señor GUILLIER.- Señora Presidenta, deseo destacar la virtud del proyecto en la medida en que ayuda a la descentralización de recursos.
¡Que alguna vez les toque también a las regiones!
En efecto, se lleva a cabo una reasignación de jueces respecto de localidades como Mejillones, que es hoy el más importante puerto en el norte y carece de toda institucionalidad -ni siquiera hay una sucursal del BancoEstado, para dar una señal de lo que ello significa-, pero que, además, se ha visto profundamente alterado por procesos migratorios, no solo internacionales, sino también nacionales, lo que ejerce una enorme presión sobre los servicios, en general, particularmente los de justicia.
Por consiguiente, la medida es bienvenida, principalmente por el establecimiento de un juzgado de letras de competencia común con asiento en dicha comuna y, al mismo tiempo, por el incremento de jueces en los juzgados de garantía de Calama y Antofagasta.
Asimismo, un tribunal de juicio oral en Calama con seis jueces y otro en Antofagasta con diez, más los respectivos funcionarios, permiten una cobertura regional importante.
Quisiera recordar que las distancias entre ciudades en la zona del Norte Grande son extremadamente amplias. Solo entre Antofagasta y Mejillones hay más de sesenta kilómetros, lo que significa que la detención de cualquier persona -cabe considerar el caso de un adolescente, por ejemplo- puede significar un desplazamiento en condiciones difíciles, incluso sin respaldo familiar, y a veces por causas no tan trascendentes. Por eso es importante un juzgado de letras con amplia competencia.
Lo mismo pasa en la comuna de Calama.
Cualquier traslado entre una ciudad y otra, sobre todo tratándose de las más grandes de la Segunda Región, implica por lo menos dos horas y cuarto o dos horas y media, lo cual da una idea de la urgencia del proceso en examen, que es bien recibido.
Llama la atención, sí, el tiempo transcurrido entre el planteamiento de las necesidades y el momento en que estamos terminando el trámite legislativo y llegando a etapas decisivas. Han sido demasiados años y poca la capacidad de adaptarse a la realidad de un país extremadamente cambiante.
Por otro lado, es necesario insistir en la conveniencia de un complemento y de racionalizar los recursos existentes con la creación de sistemas de información en línea entre las fiscalías, los jueces y las policías, de manera de optimizar los procedimientos judiciales.
Concurro con mi voto, por supuesto, a una reasignación que encuentro útil y oportuna, aunque haya sido un poco lenta, y espero que se mantenga el criterio descentralizador.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Puede intervenir el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, Honorable Sala, por supuesto que esta es una buena noticia, como se ha expresado, en el sentido de llevarse a cabo una descentralización de recursos -en este caso, humanos- para mejorar la eficiencia y la acción de la justicia.
Por lo mismo, queremos felicitar ante las novedades importantes respecto de la Región de Valparaíso. La primera de ellas dice relación con los juzgados de garantía, al aumentar en un juez tanto el de la comuna de Viña del Mar como el de la comuna de Quilpué.
Respecto de los juzgados civiles, se incorpora un juez adicional en la comuna de Quintero.
En cuanto a los tribunales de juicio oral en lo penal, se contempla un juez adicional en San Felipe, en Los Andes y en Viña del Mar, y tres en Valparaíso.
Desde luego, esta será una importante nueva -repito- para la Región, sobre todo para las comunas de Valparaíso, que necesitaban un incremento del número de jueces, pero también para las de San Felipe, Los Andes y Quintero.
Creemos que el proyecto se halla bien orientado y vamos a votar a favor.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señora Presidenta, estimo que la iniciativa constituye una muy buena noticia, en efecto, particularmente para los habitantes de zonas aisladas.
El Congreso Nacional, a pesar de que la gente no lo sepa, despacha importantes leyes con nuevos derechos, sustantivos, de fondo, para los ciudadanos, sea en relación con el consumidor, sea en cuanto a igualdad o a competencia, sea respecto de un conjunto de materias. Para que ello se constituya en una realidad, se requiere información, pero, a la vez, la creación de sistemas de administración de justicia, a fin de que, frente a la vulneración de un determinado derecho, una persona tenga la capacidad de poder recurrir a un tercero imparcial: un tribunal, con el objeto de que se restablezca el imperio del Derecho y se dirima la controversia entre las partes.
Muchas veces ocurre que los derechos de los habitantes de las capitales regionales -y para qué decir de la Capital nacional- son resguardados en mejor forma que los de quienes no viven en ellas, por la lejanía de la administración de justicia. Más allá de los tremendos esfuerzos de los jueces, de los ministros de Corte, por intentar hacerla más cercana, la carencia de recursos o su centralización obviamente genera, en la práctica, una afectación de la capacidad de extenderla a esas personas.
Estimo que el proyecto también es una buena noticia por decir relación con la capacidad del propio sistema judicial de revisar las decisiones adoptadas al alero de la reforma procesal penal. Así como se han ido modificando normas en materia de derechos sustantivos para hacerlo mucho más eficiente, era importante examinar la adecuada distribución de los jueces. Y es el mismo Poder Judicial, junto con el Ministerio, el que ha llevado adelante el proceso y asumido que 77 jueces o plazas de jueces, en la asignación original, no estaban siendo utilizadas adecuadamente, por lo que se ha propuesto redistribuirlos en regiones. Esta es una tremenda noticia, porque va a significar, en la práctica, que los habitantes de comunas como Lebu, Cabrero, Bulnes, Peumo, San Fernando, Mejillones o Antofagasta tendrán la posibilidad de contar con más magistrados. Setenta y siete de estos van a representar un aumento en diferentes lugares del territorio nacional. Ello significará que un ciudadano podrá acceder a un mejor sistema de administración de justicia en la localidad más cercana a su entorno inmediato, es decir, donde vive.
Eso también significa descentralizar. La descentralización no dice relación solo con la elección de autoridades, con la política: asimismo tiene que ver con los servicios públicos. Y qué mejor que aplicarla en la administración de justicia cuando observamos un creciente aumento en los niveles de abuso respecto del consumidor, por ejemplo. Juzgo importante considerar el asunto en esa forma.
Y cuando en el país se debate acerca de las condiciones de seguridad ciudadana, obviamente es muy relevante un proyecto como el que nos ocupa, porque va a permitir la existencia de jueces de garantía, de competencia común, laborales, etcétera, más cercanos a la gente en las comunas más pequeñas.
Por eso, dirijo mi felicitación, en primer lugar, al Poder Judicial, representado por la Corte Suprema, que ha tenido la capacidad de observar la situación; en segundo término, a la Ministra del ramo, señora Javiera Blanco, quien ha buscado los acuerdos necesarios y entendido que el proceso de descentralización pasa también por acercar la justicia a las personas, y finalmente, a los integrantes de las Comisiones de Constitución y de Hacienda del Senado por haber aprobado el proyecto, que sin duda va a significar un mejoramiento en las condiciones de acceso a ella por parte de los habitantes de las comunas más alejadas del país.
En particular, también la extiendo a las comunidades de Bulnes, de Cabrero, de Lebu, que muchas veces planteó estos aspectos, los que hoy día son una realidad.
Voy a aprobar el proyecto a pesar de estar pareado, en la medida en que ello es posible por tratarse de normas que requieren un quórum especial.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, solicito que se autorice a la Comisión de Educación para sesionar en forma simultánea con la Sala a fin de conocer la exposición del Ejecutivo sobre la iniciativa atinente al plan de formación ciudadana.
Del mismo modo, pido adelantar al miércoles 23 del mes en curso el plazo del viernes 25, fijado ayer, para presentar indicaciones al proyecto sobre los centros de formación técnica.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¿Habría acuerdo?
No lo hay.

El señor QUINTANA.- Voy a separar las peticiones, señor Presidente.
La primera de ellas es para que el órgano técnico pueda reunirse a las 12 a fin de escuchar al Ejecutivo en relación con la materia a que hice referencia.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¿Habría acuerdo?
No lo hay.

El señor QUINTANA.- Estamos citados para tal efecto.

La señora MUÑOZ.- Se hizo venir al Gobierno por las puras.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- No me solicite convencer a los integrantes de la Corporación, señor Senador.

El señor QUINTANA.- La Honorable señora Von Baer, quien forma parte de la Comisión, fue citada.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Le daré la palabra solo a ella, porque estamos en la votación de un asunto del Orden del Día.

La señora VON BAER.- Señor Presidente, peticiones de esta índole nunca me provocan problemas. Lo que pasa es que la iniciativa que nos ocupa contiene normas de quórum especial y después viene la relativa al Servicio Nacional del Consumidor, y necesitaría estar en los dos lugares. Ese segundo proyecto lo estoy viendo. Entonces, la cuestión planteada de verdad me complica.
He sido citada, en efecto. La señora Vicepresidenta dice: "Al Ejecutivo lo hicimos venir en vano". Mas la Comisión estaba convocada antes que la presente sesión de la Sala.
En cuanto a la otra solicitud, no tengo ninguna dificultad.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Si no hay inconveniente, se accederá a adelantar al miércoles 23 del mes en curso el plazo para la presentación de indicaciones con relación al proyecto sobre los centros de formación técnica.
Acordado.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?


El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en particular el proyecto, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que se registran 30 votos a favor.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Chahuán, Coloma, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.




MODIFICACIÓN DE LEY N° 19.496, SOBRE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE CONSUMIDORES


El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, con informe de la Comisión de Economía y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.369-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 23ª, en 20 de mayo de 2015.
Informe de Comisión:
Economía: sesión 51ª, en 9 de septiembre 2015.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Los principales objetivos de la iniciativa son:
1. Fortalecer el Servicio Nacional del Consumidor, al que se le confieren nuevas facultades.
2. Reemplazar la competencia de los juzgados de Policía Local para resolver los conflictos en el ámbito del interés individual del consumidor
3. Fortalecer las asociaciones de consumidores.
4. Incrementar los montos de las multas por infracción a la normativa de protección de los derechos de los consumidores.
5. Lograr la reparación íntegra de los daños causados a estos.
6. Aumentar los plazos de prescripción extintiva de acciones que persiguen la responsabilidad contravencional.
La Comisión discutió el proyecto solo en general, aprobando por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señora Pérez San Martín y señores Navarro, Pizarro y Tuma, la idea de legislar.
Cabe hacer presente que en la sesión del día 2 del mes en curso la Sala acordó que el asunto sea considerado en la discusión particular por la Comisión de Economía y luego por la Comisión de Constitución.
En el artículo 1° del proyecto, el número 20); el artículo 50 O contenido en el número 26); el párrafo sexto de la letra e) propuesta en la letra a) del número 40); la letra o) incluida en la letra b) del número 40), y el ordenamiento ii) de la letra e) del número 40), contienen normas de carácter orgánico constitucional, por lo que requieren 21 votos para su aprobación.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en el primer informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.


El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Se ha solicitado autorizar el ingreso a la Sala del Director Nacional del Servicio Nacional del Consumidor, señor Ernesto Muñoz, mientras llega el Ministro.
Si no hay objeciones, se accederá.
Acordado.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, el 5, 6 y 7 de octubre próximo tendrá lugar en Chile un encuentro internacional respecto a nuestro océano, para lo cual el país se ha preparado.
Con relación al punto, la Comisión de Medio Ambiente está viendo una moción que impide verter en el mar los relaves mineros. Como se trata de la idea general, queremos considerar la cuestión en su amplio espectro, y, por eso, solicitamos que la iniciativa, de artículo único, pueda tratarse en general y en particular a la vez, para efectuarle las modificaciones que sean necesarias y abordarla en conjunto en la Sala.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Si es de artículo único, reglamentariamente es posible abordarla en esa forma. Así que no hay ningún problema.

El señor HORVATH.- Gracias.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En discusión general.
Hay tres Senadores inscritos.
Corresponde que intervenga en primer lugar el Honorable señor Tuma, Presidente de la Comisión de Economía.

El señor GARCÍA.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Su Señoría puede usar de la palabra antes si es una cuestión de Reglamento.

El señor GARCÍA.- La urgencia ha sido calificada de "suma". Como no hemos tenido la oportunidad de estudiar el proyecto, solicitamos debatirlo a la vuelta de la semana de trabajo regional.
No sé cuándo vence el plazo.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- El 30 del mes en curso, de modo que no habría ningún problema.

El señor GARCÍA.- Lo pido formalmente, en nombre de la UDI y de Renovación Nacional.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Solicita segunda discusión, entonces.

El señor GARCÍA.- Así es.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Reglamentariamente, está en su derecho.
El señor GARCÍA.- Nada impide llevar a cabo ahora la primera.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, corresponde efectuar el debate en este momento. Si llega el instante de votar, cabe hacer efectiva la petición de segunda discusión, con lo cual se votará en la semana que se ha indicado y así habrá tiempo necesario para interiorizarse del proyecto.
Este ha sido largamente discutido en la Comisión. Lo que pasa es que en la práctica ni RN ni la UDI tienen representantes ahí, pues solamente está la Senadora Lily Pérez y, si bien el Senador Orpis participó activamente, ahora se encuentra enfermo.
Me imagino que esa es la razón por la cual están solicitando segunda discusión. Pero, como digo, no debería haber problemas. Y, en todo caso, el debate general les serviría para irse interiorizando de los contenidos de la iniciativa, que son muy importantes.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Entonces, si le parece a la Sala, quedaría pendiente la solicitud de segunda discusión, para poder empezar el debate. Y, naturalmente, la idea de legislar no se votaría en esta sesión, porque está la petición reglamentaria que los señores Senadores tienen derecho a hacer.
En consecuencia, en la discusión general, tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Economía, Senador señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, este proyecto hace realidad una aspiración largamente anhelada, no solamente por la ciudadanía y las organizaciones de consumidores, sino también, en general, por el medioambiente y el contexto que se registra en el país en cuanto a que aún existe una industria del abuso.
Cuando se hizo la primera Ley del Consumidor, se nos acusó de estar impulsando la industria del reclamo. Y se ha visto que quienes efectivamente han estado reclamando no han sido las empresas, sino los consumidores, que todavía sienten que persiste una notoria asimetría. Y esta asimetría es la que queremos regular.
El mercado no la va a resolver por sí mismo. Y por eso creemos que debemos fortalecer al débil, a los consumidores en su relación con los proveedores.
El proyecto propone un fortalecimiento institucional. No hay duda de que se requiere mejorar las competencias, atribuciones, dotación de personal y sistema sancionatorio establecidos en la Ley del Consumidor. Por eso, vamos a votar favorablemente la idea de legislar.
Estamos en la discusión general. No obstante, creo que es preciso que nos hagamos cargo de las diversas observaciones recogidas en las audiencias públicas efectuadas en la Comisión de Economía, donde recibimos a un conjunto muy grande de instituciones interesadas en opinar, tanto de proveedores como de consumidores, y también a profesores universitarios, constitucionalistas. Pienso que el resumen de dichas audiencias nos da a entender claramente que tenemos espacios holgados para mejorar sustantivamente el texto que ahora se somete a la consideración de la Sala.
Pienso que debemos hacernos cargo de las observaciones que se han planteado en el marco de la discusión general, tanto en el ámbito del diseño institucional contenido en el proyecto como respecto de los vacíos y asimetrías que persisten en la Ley del Consumidor. Deberemos evaluar cuáles de las debilidades que mantiene la institucionalidad del derecho del consumo incluiremos en la iniciativa durante la discusión particular y cómo abordaremos las que no se incorporen, las cuales quizás puedan ser consideradas en un proyecto complementario.
Tenemos que hacernos cargo de las expectativas que genera la modificación de la Ley del Consumidor. No podemos dejar esperando a los consumidores, otra vez, seis o siete años debido a que no hemos corregido las asimetrías existentes -que han dado lugar a largos juicios de carácter colectivo- y las medidas dilatorias que se utilizan en el actual proceso de demanda.
Respecto del diseño institucional, queda la duda de si la mejor opción es una agencia reguladora en lugar de un modelo integrado a la institucionalidad de la libre competencia. Es una discusión abierta y podemos asumir que esta reforma es un paso. Queda pendiente una definición estratégica sobre el futuro de la institucionalidad del consumo.
Debemos revisar algunas de las potestades contempladas en el proyecto, en particular en lo referido al gobierno corporativo del SERNAC en tanto Superintendencia.
El sistema de multas administrativas (fines, gradualidad y eliminación de la discrecionalidad) es otro desafío que nos plantea el proyecto. Las observaciones ya se han hecho.
El proyecto tampoco contempla una diferenciación de las multas en atención a su entidad, de manera de "categorizarlas" en una tipología como la utilizada a propósito de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, que las graduó en muy buena forma. La falta de distinción en la norma podría repercutir, potencialmente, en mayores espacios para la discrecionalidad administrativa.
En cuanto a la eliminación del recurso jerárquico ante la jefatura del servicio, proponemos revisar la eliminación de este recurso, de carácter ordinario dentro del esquema de los procedimientos llevados ante la Administración, que fue suprimido para las resoluciones que adopten los directores regionales en materia sancionatoria respecto de particulares.
Otro aspecto es la mediación colectiva y la relación con resultado de la sanción administrativa.
La mediación, como sistema alternativo de resolución de conflictos, suma factores de eficiencia en el tratamiento de conflictos jurídicos, sobre todo en cuanto se halla establecido en sede administrativa, como instancia previa a accionar en sede judicial, debido a que se utilice como incentivo para que ambas partes arriben a un acuerdo, atendido que disminuye los costos de transacción respecto de un juicio.
Proponemos revisar la norma correspondiente, a fin de promover que se alcance un acuerdo que repare integralmente a los consumidores afectados en sus derechos colectivos o intereses difusos.
En esta materia hago presente la preocupación que tienen los consumidores en lo relativo a las sanciones, las que, en su opinión, van más en beneficio del Fisco que de ellos mismos, para resarcirse o reparar el daño que han sufrido en el tratamiento de una relación desigual con un proveedor determinado.
En cuanto a la dirección unipersonal del SERNAC versus el modelo de dirección colegiada previsto en otras agencias reguladoras públicas, cabe señalar que, más allá de los temores expresados por los proveedores, que son una constante en la discusión de normas sobre derechos del consumo, es preciso garantizar que el fortalecimiento de las potestades, especialmente en el ámbito normativo e interpretativo, goce de la mayor legitimidad. En ese sentido, parece conveniente evaluar la existencia de un órgano colegiado, siguiendo el modelo propuesto para otras agencias reguladoras.
Es necesario evaluar la cuantía de las denuncias que serán competencia del SERNAC, disminuyendo el monto de 25 a 10 UTM. Planteamos que se debe desincentivar el aumento artificial de denuncias con el propósito de recurrir a la instancia jurisdiccional.
Otro desafío es perfeccionar la instancia de coordinación con otros organismos públicos con competencia en políticas de consumo.
Debemos contemplar también un comité de coordinación, de carácter consultivo, que evite que distintos organismos públicos tengan distintos criterios sobre una misma situación. Resulta indispensable la coordinación en materia de políticas públicas del consumo para que no se produzcan, precisamente, descoordinaciones.
Uno de los vacíos normativos de la ley vigente que no se resuelve en el proyecto es la carencia de un mecanismo de registro y control de las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión. De ahí que debemos buscar espacios para incluir otras competencias en la Ley del Consumidor.
En el día de ayer analizamos una iniciativa que tiene por objeto estandarizar los contratos de adhesión, precisamente en respuesta a que el referido cuerpo legal no contiene claramente ni las competencias para resolver ni un mecanismo para controlar la existencia de cláusulas abusivas en dichos contratos. Un mecanismo simple de registro de estos es una solución que podría implementar el SERNAC.
Es indispensable fortalecer, en el proyecto en debate, las organizaciones de consumidores.
Se debe incorporar expresamente que las asociaciones de consumidores pueden iniciar el proceso de conciliación colectiva. Hay que darles mayor competencia, mayor reconocimiento y fácil acceso a recursos públicos.
También es necesario revisar los aspectos procesales. En general, existe un desequilibrio procesal en la legislación que deja desprotegidos a los consumidores.
Asimismo, hay que examinar el ámbito de aplicación.
Existen muchas materias que quedan fuera de la competencia de esta legislación. El artículo 2°, a nuestro juicio, es incompleto. Se deja fuera los servicios profesionales, por ejemplo. Son conocidos los numerosos reclamos de los usuarios, que no pueden recurrir a la Ley del Consumidor ni a la institucionalidad para defenderse en caso de encargo de servicios profesionales.
En definitiva, señor Presidente, este es un proyecto que vamos a aprobar en general, porque es necesario para defender los derechos de los consumidores, para establecer la percepción de seguridad que los ciudadanos deben tener en sus relaciones de consumo, y para instalar la idea de que el Estado equilibra y fortalece la institucionalidad para cumplir con tal objetivo.
A nuestro juicio, son los consumidores los que están definiendo los grados de confianza en la institucionalidad, a través de una relación que hasta ahora es desequilibrada, pero que justamente queremos corregir mediante este proyecto de ley, que vamos a aprobar en general, esperando tener una discusión particular intensa que permita mejorarlo significativamente.
He dicho.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, hemos trabajado arduamente en esta iniciativa, buscando, como decía el Presidente de la Comisión, generar mayor equilibrio en las relaciones consumidores-proveedores.
Como se indicó, nuestro actual sistema de protección al consumidor no ha sido lo suficientemente efectivo que todos esperábamos, debido, fundamentalmente, a que el SERNAC no posee las facultades indispensables para poder fiscalizar, sancionar e interpretar algunas normas, y además porque, en la práctica, el procedimiento sancionatorio resulta extraordinariamente complejo, caro, costoso y difícil para los consumidores, quienes, cuando obtienen reparaciones, ven que ellas no son adecuadas, no son proporcionales al daño generado.
Lo que hace este proyecto, largamente discutido en nuestra Comisión de Economía, es recoger esta realidad y plantear una nueva institucionalidad para el Servicio Nacional del Consumidor, la que se aplicaría de manera gradual, en un plazo máximo de tres años y comenzando en algunas de las regiones del país.
Tal como informó el Senador Tuma, Presidente del órgano técnico, realizamos audiencias de toda clase con las organizaciones más importantes de consumidores y con gente representativa de la industria, del comercio, de los distintos tipos de proveedores o entes que tienen una cantidad importante de usuarios, que muchas veces se ven sometidos, o a ciertos abusos, o a la necesidad de recurrir a estas instancias.
Funcionamos -repito- en sesiones normales y especiales. Y creo que cumplimos con lo que es la participación de los diferentes actores en la Comisión, estableciendo sus diversos puntos de vista.
En lo esencial, todos están de acuerdo en que resulta necesario fortalecer el SERNAC. ¿Dónde se plantean algunas dudas? Yo diría que en lo que dice relación con el importante aumento de las multas y lo que pueden ser las demandas colectivas. Pero, en cuanto a que se requiere un fortalecimiento del Servicio, no hay dos opiniones.
Y a raíz de eso se establecen nuevas facultades, sobre todo fiscalizadoras. Por ejemplo, se autoriza al SERNAC para comprobar y constatar las infracciones a los derechos de los consumidores. Para asegurar la eficacia de esta facultad, si el proveedor no colabora -como ocurre a veces-, la fiscalización podría contemplar incluso, por orden de un juzgado de policía local, el auxilio de la fuerza pública. Y se aumentan sustancialmente las multas, que podrían llegar hasta las 1.000 UTM.
En el caso de las facultades sancionatorias, se establece un procedimiento administrativo ante el propio SERNAC, el cual podrá iniciarse de oficio o por denuncia. Lo mismo ocurrirá cuando la cuantía de lo pedido por concepto de reparación civil exceda las 25 UTM. El consumidor tendrá la alternativa de tramitar su reclamo directamente ante el juzgado de policía local respectivo o ante el propio SERNAC. En el resto de los casos, la competencia sancionatoria será privativa del Servicio Nacional del Consumidor.
También se le entregan a su Director Nacional facultades para interpretar la ley y dictar algunas normas. Para que exista una garantía de legalidad, se crea un consejo técnico, que revisará las propuestas normativas emanadas de la autoridad. Es decir, no se trata de que al Director se le ocurra dictar cualquier norma o interpretarla a su antojo. Lo que se busca es tener un equilibrio.
Estos procedimientos, además, podrán ser públicos y se oficiará a las autoridades reguladoras para que haya coordinación.
Este es uno de los temas que más discusión generó, porque las nuevas normas podrían superponerse con otras especializadas. Así lo plantearon al menos algunos servicios fiscalizados, por ejemplo, por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, como es el caso de las compañías operadoras de telefonía móvil o de servicios de internet, que además son proveedoras de consumidores a nivel masivo. Estamos hablando de millones de consumidores.
El recurso de reclamación de ilegalidad se interpondrá ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
Para la resolución de los reclamos, se establece la posibilidad de mediación individual por parte del SERNAC, ante el reclamo interpuesto por un consumidor. La otra posibilidad serán las mediaciones colectivas.
Un punto importante que se ha planteado, fundamental para establecer el mayor equilibro del que hablaba al principio, es el fortalecimiento de las asociaciones de consumidores.
De partida, se duplica el Fondo Concursable, para los efectos de que estas organizaciones postulen al financiamiento que se requiere para llevar adelante su tarea de defensa de los consumidores.
Se eliminan restricciones legales para el desarrollo de sus funciones.
Se les otorgan nuevas facultades, una de las cuales consistirá en poder realizar procedimientos de mediación individual a solicitud de un consumidor.
Se homologa el efecto de las conciliaciones realizadas por asociaciones de consumidores.
Se les entrega la facultad de brindar asesoría jurídica a consumidores ante los juzgados de policía local.
Y se establece su participación en mediaciones colectivas iniciadas por denuncias interpuestas por las mismas asociaciones de consumidores.
Otro tema relevante es el aumento sustancial de las multas. En algunos casos se duplica el monto actual; en otros, se aumenta hasta en diez veces, hasta un máximo de 3 mil UTM. Y, lógicamente, se incorporan nuevos criterios para determinar su cuantía.
Esto es lo que ha generado mayor debate en el sector de la pequeña empresa; de la pequeña y mediana empresa, en realidad, porque de repente una multa exagerada, una multa muy alta, que no guarde relación con el daño generado, puede llevar, lisa y llanamente, a la quiebra de una empresa. Y aquí es donde vamos a tener que afinar el proyecto, para que el equilibrio buscado sea para ambas partes.
Por último, se aumenta el presupuesto y la dotación de funcionarios del SERNAC, porque no sacamos nada con darle mayores facultades que después no pueda aplicar si no posee los recursos humanos, técnicos y financieros suficientes. Por eso, se busca una mayor cobertura territorial, con la apertura de oficinas a nivel provincial y comunal, principalmente en convenio con municipios. Lógicamente, tendrá que haber toda una política de inversión en desarrollo informático, capacitación, reclutamiento de personal.
Creo, señor Presidente, que, tal como está planteado, el proyecto es muy bueno. Como decía, ha sido respaldado por todos los actores. Las dudas o inquietudes mayores apuntan al alto monto de las multas y a una posible duplicidad en la fiscalización, por la especialidad que tienen algunos organismos de supervisión, como en el ámbito de las telecomunicaciones, del sector eléctrico, etcétera. Y, lógicamente, hay también temor a que todas las facultades queden en una misma mano, en una misma autoridad, que pueda fiscalizar, sancionar y dictar normas.
Y eso se ha planteado en la Comisión como necesario: la existencia de una suerte de cuerpo colegiado que permita que ese Director, independiente de quien sea, tenga las atribuciones pero también los controles y los equilibrios requeridos.
Nosotros votaremos a favor en general de este proyecto, pues nos parece muy importante para la defensa de los consumidores chilenos.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.

La señora VON BAER.- Señor Presidente, tal como lo decía el Senador Pizarro, esta iniciativa se vio en la Comisión de Economía. Nosotros no tuvimos la posibilidad de participar en ella, pero de la vista en general del proyecto creemos que tiene algunas temáticas relevantes y otras que nos merecen algunas dudas.
Como se planteaba, su finalidad es fortalecer el SERNAC y, por lo tanto, proteger de mejor manera los derechos de los consumidores y hacer que sea más potente. Para esto, se le dota de prerrogativas que lo acercan a lo que podría ser una superintendencia o una fiscalía.
Con ello este servicio tendría, entre otras cosas, facultades de orden preventivo. Y para que se pueda anticipar a los efectos negativos que producen las infracciones y asegurar la eficacia de la fiscalización, se contemplan prerrogativas como el ingreso a inmuebles con el auxilio de la fuerza pública en caso de que los fiscalizados se nieguen a su acceso. O sea, tenemos un incremento importante de las facultades del SERNAC.
Por otra parte, se establece un procedimiento administrativo sancionatorio, que es resuelto por el Director Regional del Servicio respectivo. Y, en caso de que se configuren infracciones al interés individual del consumidor, dicho procedimiento podrá culminar con la aplicación de multas y otras medidas que tengan por objeto prevenir o corregir la infracción cometida.
Se le entregan a este Servicio facultades para poder dictar normas de menor alcance. Acá estamos frente a un cambio de la naturaleza de las prerrogativas de que hoy dispone. Así, esta institución, que va a fiscalizar, también podrá dictar normas e instrucciones de carácter general que serán obligatorias para los proveedores.
Asimismo, el proyecto reemplaza la competencia de los juzgados de policía local para resolver las infracciones e indemnizaciones en materia de conflictos de interés individual. Las denuncias, en este caso, serán resueltas por el SERNAC, en tanto que las acciones de indemnización de perjuicios lo serán por los tribunales ordinarios de justicia.
Entonces, ¿qué hace esta iniciativa? Para potenciar al SERNAC fortalece sus facultades fiscalizadoras, incluso permitiendo el ingreso en inmuebles con auxilio de la fuerza pública, y le entrega la prerrogativa de sancionar y de aplicar multas. Adicionalmente, le da la posibilidad de dictar normas y juzgar; o sea, de resolver estos conflictos y de dictar sanciones para los proveedores.
En tal sentido, señor Presidente, en una mirada general respecto al proyecto, nosotros consideramos importante avanzar siempre en fortalecer los derechos de información y los derechos de los consumidores. Y vemos con alguna preocupación que se le entrega a esta institución la posibilidad no solamente de fiscalizar, sino también de dictar normas y, al mismo tiempo, de sancionar.
Por eso, señor Presidente, creemos relevante mirar esta iniciativa con mayor detenimiento, porque podemos estar entregando al SERNAC facultades que, quizás, lo conviertan en una institución que no sea imparcial, como lo debe ser.
En la Cámara de Diputados se mejoraron aspectos sustantivos en su texto, pero creemos que se siguen otorgando facultades sancionatorias al SERNAC. Y, en este caso -como dije- esa institución no sería imparcial, porque, obviamente, tendría una misión clara: la defensa de los consumidores.
De ahí que, dadas las nuevas prerrogativas que se le otorgan: poder entrar a los establecimientos con ayuda de la fuerza pública; poder dictar normas; poder sancionar, se estaría transformando al SERNAC en una suerte de juez y parte. Y, en ese sentido, podría estarse vulnerando el artículo 19, N° 3°, de la Constitución Política de la República.
Creemos importante que el SERNAC sea el representante de los consumidores y que defienda sus derechos a través de la fiscalización y de las mediaciones colectivas. Pero miramos con preocupación -repito- que le otorguemos estas amplias facultades para investigar, dictar normas, y por último, sancionar.
Pensamos que la entrega al SERNAC de la posibilidad de dictar normas e instrucciones de carácter general tiene que llevarse a cabo en alguna medida en coordinación y en diálogo con los demás agentes involucrados en estas normativas.
Repito que el proyecto le otorga al Director Nacional del SERNAC potestad exclusiva para la dictación de normas e instrucciones. Y creemos primordial que exista alguna coordinación con los demás entes.
Y resumiendo la preocupación que sentimos acá y que también planteó el Senador Pizarro, creemos que esta iniciativa, al buscar fortalecer al SERNAC, lo convierte en cierto modo en una súper superintendencia, sin contrapeso en el ejercicio de su función.
Como sucede muchas veces en esto, probablemente los más afectados no van a ser las grandes empresas del retail, porque tendrán cómo defenderse, sino los negocios más pequeños, de regiones.
Señor Presidente, por considerar importante fortalecer los derechos de los consumidores, especialmente en cuanto a la información respecto a ellos, creemos que hay que mirar con mayor cuidado el hecho de entregarle al SERNAC facultades de dictar normas, de fiscalizar, de acusar y, finalmente, de definir las multas.
En tal sentido, vamos a tomarnos el tiempo necesario a fin de estudiar la iniciativa para la votación en general. Pero, de todas maneras, en la discusión en particular habrá que ver cómo se regulan de mejor manera las distintas facultades que se le entregan a esta institución. Porque estas no solamente protegen los derechos del consumidor, tal como se plantea en este proyecto de ley, sino que van más allá y pueden terminar convirtiendo a este Servicio en juez y parte, dañando con eso los intereses de los consumidores y de los pequeños comerciantes, entre los cuales siempre debe haber equilibrio.
He dicho.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Andrés Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, en primer lugar, creo que estamos frente a una iniciativa bastante importante sobre una institución creada hace algunos años y respecto a la cual con el transcurso del tiempo se ha visto la necesidad de volver a legislar, a fin de perfeccionarla y de que cumpla su objetivo: defender a los consumidores.
No me voy a referir al proyecto; ya lo hicieron antes varios Senadores.
Solo quiero mencionar un punto, de acuerdo a mi experiencia sobre otros temas que estamos viendo en el Parlamento en relación con los organismos reguladores o fiscalizadores.
La tendencia en el mundo actual apunta a aumentar la capacidad de regulación dentro de una economía de mercado o social de mercado -como se la quiera llamar-, donde hay que resguardar sobre todo los intereses de las personas, que representan la parte más débil en las relaciones de consumo, etcétera.
En Estados Unidos, y en todas partes, hoy los organismos reguladores o fiscalizadores se estructuran en forma corporativa. No existe una autoridad individual, sino una con representación colegiada, de tal manera de evitar que una persona, a quien se le dan tantas facultades, que son necesarias, pueda tomar decisiones arbitrarias.
Por lo tanto, si se le dan facultades fiscalizadoras al SERNAC, además de las de juzgar y de normar, lo lógico sería buscar que tuviera una estructura de tipo colegiada.
Es lo que hacemos ahora en la Comisión de Hacienda con la creación de la Comisión de Valores, que es una manera de instalar en Chile este tipo de órganos fiscalizadores, reguladores, con una estructura que permita dar a quien sea fiscalizado la oportunidad de tener una relación más equilibrada. Es decir, que no sea una sola persona la que pueda dictar un fallo o una sentencia e imponer una multa, que puede ser exagerada o no, respecto a la cual no se pueda reclamar o no exista un debido proceso.
Por eso, me parece muy bien lo que escuché de algunos Senadores que componen la Comisión de Economía, en el sentido de que se va a estudiar la creación de una estructura más bien colegiada en la conducción y en la dirección de este Servicio.
Todo lo demás va en la línea correcta. Y esa es la manera de enfocar esto en el futuro: con la visión que hoy se tiene en el mundo sobre los órganos de tipo regulador y fiscalizador.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, como miembro de la Comisión de Economía, quiero agregar a lo que señalaron el Senador Tuma, Presidente de la Comisión de Economía, y el Senador Pizarro lo siguiente:
Efectivamente, hemos dedicado bastante tiempo a este proyecto; hemos celebrado sesiones extraordinarias; hemos convocado a especialistas, a profesores expertos en Derecho y defensa de los consumidores; hemos recibido a varias organizaciones de defensa de los consumidores, entre ellas ORCUS, que es de Calera, en nuestra Región de Valparaíso.
En verdad, este proyecto, más que fortalecer a las organizaciones que defienden a los consumidores, lo hace con el SERNAC. Y eso hay que tenerlo tremendamente claro.
Esta iniciativa robustece de alguna forma al Estado, porque le da nuevas facultades, le entrega bastantes recursos. Aquí hablamos aproximadamente de 40 mil millones de pesos; ¡es una gran cantidad de recursos!
Creo que sería superbueno saber, a través del Ministro de Hacienda, por transparencia, si habrá recursos disponibles para sacar adelante este proyecto, pues estamos frente a una pronta reasignación -imagino- en materia de recursos fiscales. Lo importante es no recortar nada de la agenda social, pero hay que tener en cuenta que esta iniciativa implica gran cantidad de recursos del Estado.
Dicho lo anterior, este proyecto fortalece la institucionalidad del Servicio Nacional del Consumidor, es decir, lo hace mucho más fuerte, mucho más robusto, a fin de que efectivamente tenga competencia para acompañar a las víctimas de abusos en sus derechos a los tribunales; para representarlos; para oficiar como intermediador; para aplicar sanciones. Es decir, estamos entregándole una serie de nuevas atribuciones.
Opino que bastante de esto es muy positivo. Pero hay que lograr un buen equilibrio. Porque, por una parte, si estamos otorgando tanta fortaleza al Estado, ello hay que equilibrarlo con fortaleza para los privados.
¿Y quiénes son los privados en este caso? Las organizaciones de consumidores, que tienen que contar con recursos para poder organizarse, para poder representar bien a las personas.
Sin embargo, también necesitamos que el comercio, que las empresas que entregan sus productos y servicios tengan incentivos para ello, y no que solo se utilice el garrote: la aplicación de multas millonarias.
Porque, si únicamente se hace eso, las grandes empresas lo podrán resistir, pero no el comercio detallista y el local, sobre todo en el área de servicios en nuestras regiones.
Por lo tanto, hay que generar un equilibrio.
La idea es que exista un órgano colegiado, no solo una sola persona, un Director del SERNAC superplenipotenciario, una especie de zar del SERNAC, que pueda tomar estas decisiones. Porque, claro, el día de mañana, dependiendo del Gobierno de turno, ello se podría prestar para discrecionalidades.
Yo puedo tener mucha confianza en el actual Director del SERNAC, quien nos acompaña en la Sala, y también en el anterior, el señor Juan Antonio Peribonio. Pero no sé quién va a venir después.
Entonces, tenemos que ver que no le entreguemos al futuro Director o Directora del SERNAC herramientas que puedan ser usadas de manera discrecional.
Por eso, se debe equilibrar.
Hay otro punto muy importante, señor Presidente, que aquí no se ha mencionado.
En la Comisión de Hacienda del Senado todavía está en veremos el proyecto relativo a la Superintendencia de Telecomunicaciones. Y hoy todo este rubro se fiscaliza a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
Existen otros rubros que ya son sancionados a través de las distintas Superintendencias, pero en el caso de telecomunicaciones todavía no existe la Superintendencia respectiva.
Por lo tanto, es muy relevante que podamos despachar esa iniciativa antes de que salga el nuevo SERNAC. ¿Por qué razón? Porque tenemos que analizar cómo se superponen las sanciones que podrá imponer el nuevo SERNAC con las de las Superintendencias correspondientes.
Ese tema es igualmente primordial.
Sé que son asuntos bien técnicos, bien áridos. Lo esencial es que tenemos que lograr que todas las empresas, sobre todo las masivas que dan servicio, no abusen de sus consumidores.
Asimismo, debemos conseguir que las multas no solo sean aplicadas para terminar con abusos, sino también como incentivos. Es decir, que si una empresa no causa daño a sus usuarios pueda recibir un incentivo, como el no ser objeto nunca de ese tipo de multas o serlo de una mucho menos onerosa, cuando sea el caso.
Y también tenemos que ver lo del organismo colegiado, para que no esté en una sola mano el poder del SERNAC, porque al final le estamos dando facultades realmente muy muy fuertes.
Y ¡ojo! con lo relativo a los recursos públicos, pues no me gustaría crear una tremenda expectativa en los usuarios, en los consumidores, en la opinión pública, sobre todo en las asociaciones de consumidores (que hacen una pega preciosa), en el sentido de que entregaremos un tremendo SERNAC, lleno de competencias, y que, al final, por falta de recursos del Estado, o por problemas de arca fiscal, no podamos sacar adelante este proyecto de ley.
He dicho.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, por su intermedio, quiero saludar al Director Nacional del SERNAC, quien nos acompaña en la Sala, y agradezco los esfuerzos que se han hecho por modernizar dicho Servicio.
Entiendo la complejidad de esta iniciativa de ley: al darle más poder a una institución del Estado para que nos defienda, se tocan intereses de quienes no nos cuidan mucho. Me refiero a algunos proveedores inescrupulosos que no se hacen cargo de garantizar buenos servicios o buenos productos.
Modificar la normativa actual resulta esencial para tener una democracia económica real.
Otros países están bastante más adelantados en esta materia, por cuanto han desarrollado mucho más una cultura de defensa del consumidor. Nosotros, probablemente, estamos recién llegando a la adolescencia en ese ámbito, en comparación con la regulación más avanzada -no sé si me gusta esta palabra- de esas naciones.
Por eso valoro el esfuerzo por dotar al SERNAC de facultades en tal sentido.
Mi única duda -lo digo bien francamente- tiene que ver con algunos artículos transitorios que no comprendo. Prefiero dejarlo planteado desde ya, aunque aún estamos en la discusión en general.
Asumo que queremos que el personal de primera línea del SERNAC esté conformado a futuro por abogados, por personas del máximo nivel, por funcionarios no de Gobierno, sino del Estado. En mi opinión, en esta área es muy importante que así sea: ¡profesionales de primer nivel!
Pero se plantea un período de transición para resolver qué pasa con los actuales directores que no son abogados.
Voy a exponer de manera sincera mi punto de vista al respecto, y diría lo mismo aun si no fuera Senador de Gobierno.
Creo que estas instituciones -quizás, por mi formación anglosajona en una etapa de mi vida- son de la máxima importancia para la democracia económica en Chile.
Además, a través del accionar de dicho organismo -hago el paréntesis- se asegura que no haya competencia desleal, objetivo fundamental para las micro y pequeñas empresas de nuestro país, las cuales se esfuerzan muchísimo por ofrecer productos de buena calidad y buenos servicios.
En definitiva, estimo que -y le pido a mi Gobierno que sea el más exigente en este punto- no podemos permitir que los distintos cargos sean ocupados por quienes no cumplan la calidad máxima que pedimos hoy. Pero hay un artículo transitorio que -disculpen si me excedo en mi reflexión- deja abierta la puerta para que no dispongamos de profesionales de primer nivel en muchos puestos de este organismo.
No conozco la realidad de las quince regiones; por lo mismo, prefiero plantear esta inquietud general abiertamente.
Si vamos a empoderar a esta institución, si vamos a darles atribuciones a los directores regionales, al Director Nacional, será preciso contar con abogados y otros profesionales.
Algunos manifiestan dudas respecto de las facultades que se proponen, que son muy grandes. En virtud de estas, consideran que el SERNAC será juez y parte. Yo entiendo ese argumento, aunque no lo comparto.
Por lo mismo, el proceso de profesionalización debe ser sin excepciones. Espero que, cuando abordemos los artículos transitorios, seamos tremendamente exigentes para determinar quiénes en esta institución dan garantías a todos.
Siempre he sido partidario de que el Director Nacional sea de designación política. Pero en la generalidad del Servicio necesitamos gente más desvinculada de los ciclos políticos, porque se trata de un organismo que debe defender a todos los ciudadanos, sin importar la orientación religiosa, política, ideológica o deportiva.
Por cierto, anuncio mi voto favorable a este proyecto, pues a quienes más ayuda es a la clase media, a las personas de trabajo, quienes son los consumidores más desprotegidos de nuestro país.
He dicho.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, esta iniciativa de ley es el resultado de un diagnóstico de la realidad y, también, de un compromiso de la Presidenta Michelle Bachelet, asumido dentro de los cien primeros días de su mandato, cuya finalidad es establecer una mejora sustantiva a la institucionalidad del SERNAC.
El sistema actual de protección al consumidor ha mostrado que los instrumentos vigentes de política no establecen incentivos suficientes para el cumplimiento legal por parte de los proveedores.
Tenemos un problema: los proveedores quieren vender y no les interesa muchas veces la calidad del producto ni la atención al cliente.
Esto se debe, principalmente, a que dicho Servicio cuenta con facultades insuficientes: no puede fiscalizar, no puede sancionar, no dicta ni interpreta normas.
¿Quién defiende a los consumidores en Chile? ¿Alguien cree que una persona va a contratar a un abogado, con lo caro que son sus honorarios -muchos en la Sala lo son, y saben de lo que hablo-, para protegerse ante una compra en la cual se han afectado sus derechos?
El procedimiento sancionatorio es costoso para el consumidor y poco eficiente. En efecto, un cliente que va a reclamar por un producto de un millón de pesos deberá pagar mucho más que eso en el proceso judicial.
Además, las reparaciones obtenidas no son adecuadas; las multas contempladas en la Ley de Protección al Consumidor son bajas, y no existe una perspectiva sistémica.
El proyecto recoge todo eso y propone una nueva institucionalidad para el SERNAC.
Asimismo, plantea un año de vacancia legal desde la publicación de la ley y gradualidad en su implementación, que se estima durará tres años. Que las normas se desarrollen de modo gradual y no de sopetón es positivo: comenzarán a aplicarse primero en Antofagasta, Valparaíso y Magallanes; luego en todas menos Maule, Coihaique y la Región Metropolitana, y finalmente, en estas tres últimas regiones.
Las facultades normativas quedan supeditadas a la dictación de un reglamento.
El proyecto ingresó en la Cámara de Diputados el 3 de junio de 2014 y fue discutido en la Comisión de Economía de dicha Corporación hasta el 18 de noviembre. Llegó al Senado recién en mayo de este año. Y hoy está siendo debatido en esta Sala.
¿Qué busca la iniciativa? Fortalecer al SERNAC.
Se entrega a este Servicio la facultad de comprobar y constatar las infracciones a los derechos de los consumidores.
Para asegurar la eficacia de esta atribución, en caso de que el proveedor no colabore y se oponga a la fiscalización, se contempla la potestad especial de ingresar a inmuebles con el auxilio de la fuerza pública, previa autorización de los juzgados de policía local.
También se proponen nuevas facultades sancionatorias.
Señor Presidente, algunos han sostenido que existirá una excesiva concentración de funciones en el SERNAC.
Ante ello, el proyecto establece controles a las distintas facultades.
Primero, fija un control administrativo y judicial de la facultad sancionatoria a través de la reposición ante el director regional y la reclamación de ilegalidad ante el juzgado de policía local competente, respecto de la resolución de dicho director, que pone fin al procedimiento administrativo sancionatorio.
También se crea un control administrativo y judicial de la fiscalización mediante la denuncia de conductas abusivas de los fiscalizadores ante el director regional y la exigencia de la autorización judicial previa al auxilio de la fuerza pública.
Por otra parte, se han expresado diversas críticas, las que vamos a enfrentar durante la discusión en particular. Recuerdo que escuchamos a más de cuarenta invitados en la Comisión de Economía.
Hay quienes pretenden hacer aparecer al SERNAC como un monstruo que busca crearles problemas a los proveedores, como si se fuera a convertir en una institución abusiva.
Pero la iniciativa en realidad propone dotar de facultades a dicho Servicio para mejorar la coordinación interinstitucional.
Respecto del aumento de las multas, pienso que tal medida es un hecho disuasivo importante. En verdad, quisiera penas de cárcel para los proveedores que engañan a los consumidores, los endeudan y luego no les responden. En estos casos actualmente se les aplica una multa insuficiente.
Se plantea una gradualidad en las multas. Habrá que estudiar debidamente que estas sean adecuadas a la gravedad de los hechos.
También se ha señalado que en este proyecto se observa duplicidad de sanción por la indemnización punitiva contemplada en la legislación ante cortes de suministro de servicios básicos.
Yo quiero un SERNAC que sea capaz de enfrentar los problemas que se presentan en servicios básicos donde no hay competencia. En materia de electricidad y agua potable, se fija el precio de manera arbitraria. Y si bien existen normativas generales, ante situaciones de indefensión el SERNAC no va a cometer actos que causen daño a los proveedores, sino que establecerá un equilibrio en un área donde hay una franca anomalía, una asimetría.
Señor Presidente, creo que el proyecto que nos ocupa cumple las expectativas que teníamos cuando apoyamos por primera vez la iniciativa que creó el SERNAC.
En ese entonces -fue mi primer período como diputado- en la Cámara se demonizaba a ese organismo. Por ello, se estableció en el artículo 55 -el Director Nacional lo sabe bien- "la cláusula temeraria", que se traduce de la siguiente forma: "Si usted reclama y pierde el juicio, deberá pagar las costas del proceso judicial". Dicha norma buscaba inhibir las denuncias, que nadie reclamara. Si alguien lo hacía, podía perder, y en tal caso, le salía más cara la vaina que el sable.
Con la iniciativa en análisis, los ciudadanos sí van a poder reclamar.
Por otra parte, se amplía la cobertura territorial de dicho Servicio y se aumenta la dotación de funcionarios. El 87 por ciento de dicho incremento será en regiones: ¡87 por ciento!
Felicito por ello al señor Director del SERNAC.
La presente propuesta legislativa contempla el fortalecimiento de esta institución en regiones, en lugar de concentrarlo en Santiago. Con ello se extiende el derecho de protección de los consumidores a todo el país.
En la misma línea, se van a firmar convenios con abogados de los municipios para realizar conciliaciones y se abrirán diez nuevas oficinas provinciales.
Asimismo, se promueve la creación de más asociaciones de consumidores.
En este plano, señor Presidente, se plantea subir los montos. En efecto, el proyecto duplica el fondo concursable, de 379 millones de pesos a 737 millones de pesos.
¡Sigue siendo insuficiente!
Al precio del dólar de hoy, dicho aumento equivale a algo más que un millón de dólares. Me parece un tanto miserable. Si el comercio, el flujo de bienes, la actividad comercial, produce cientos de miles de millones de dólares, resulta insuficiente dedicar solo un millón de dólares a las asociaciones de consumidores. ¡Se trata de la facultad que permite a las personas organizarse y resguardar sus derechos!
Del mismo modo, los juzgados de policía local van a tener más trabajo. Ante ello, se van a requerir políticas de educación en esta materia. Los magistrados están tapados de pega.
Eso obligará a realizar una labor mancomunada permanente entre el Congreso, el Gobierno y los municipios.
Se nos acusa de recargar permanentemente de trabajo a las municipalidades, sin otorgarles mayores facultades. ¡Y, más encima, no les entregamos los recursos necesarios!
Por esa razón, en el debate en particular presentaré indicaciones para fortalecer a los juzgados de policía local, atendida la consideración de las mayores exigencias que les pedimos en este proyecto en defensa de los derechos de los consumidores. Si no, se va a generar un atochamiento significativo. Hay cientos y cientos de causas detenidas en algunos de esos tribunales, debido a que no están dadas las condiciones para que el juez pueda resolverlas todas.
Señor Presidente, esta es una buena iniciativa de ley, que viene a modernizar las relaciones entre consumidores y proveedores. Con ella estamos cumpliendo uno de los compromisos contenidos en el Programa de la Presidenta Michelle Bachelet.
En consecuencia, apoyaré la idea de legislar, sin perjuicio de formular indicaciones durante el debate en particular.
Hemos presentado muchos proyectos para mejorar la normativa vigente en este ámbito. El que nos ocupa va en la dirección correcta en líneas generales.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
Y agrego: ¡Más médicos para Chile; médicos cubanos, ahora!
He dicho.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Señoras Senadoras y señores Senadores, quiero solicitarles autorización para adelantar el inicio de la sesión ordinaria de la tarde en una hora, considerando que hoy no habrá reunión de la Comisión de Régimen Interior.
¿Les parece que dicha sesión empiece a las 15?
--Se autoriza.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Aprovecho de hacer presente que un medio de comunicación está desinformando -acabo de responderle oficialmente como Senado de Chile-, al señalar que no tendríamos sesión en la tarde.
Aclaro que nuestras sesiones ordinarias quedan fijadas en marzo de cada año, y la de hoy no ha quedado sin efecto.
Es muy importante que los medios no desinformen a la ciudadanía con respecto a nuestra labor legislativa. De hecho, en la tarde debemos resolver la designación del señor Mario Marcel como integrante del Consejo del Banco Central y ver los proyectos que están en tabla.
Tiene la palabra la Senadora señora Van Rysselberghe.

La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, a mi juicio, ninguno de los Senadores presentes en la Sala está en desacuerdo con generar leyes que apunten a disminuir los abusos que afectan a gran parte de la población.
La sociedad, sin duda, ha cambiado. Hoy esa realidad preocupa de modo importante a toda la gente. Las personas sienten que, sobre todo, las grandes empresas, los bancos, el retail, las farmacias, las grandes cadenas generan situaciones en las que aquellas están en condición desfavorable.
Pero el empleo y la economía, como siempre se ha dicho, no son movidos solamente por las grandes compañías. En ello también influyen muchas pequeñas empresas.
Pues bien, muchísimos de esos negocios detallistas hoy enfrentan un ambiente absolutamente adverso. Basta analizarlo desde el punto de vista de la legislación laboral.
Por ejemplo, las grandes empresas, cuando necesitan despedir a alguien, no tienen ningún problema al respecto. Pero, si el dueño de una tienda pequeña -además, esta paga aranceles muy caros por concepto de arriendo y otros ítems- descubre que una de sus dependientas está robando, debe contratar a un abogado para despedirla, porque no cuenta con tal profesional en su staff. En tal caso, muchas veces se procura que la persona renuncie voluntariamente, a pesar de que se dan todas las condiciones para que sea despedida.
Desde esa perspectiva, la iniciativa de ley en discusión nos produce cierta preocupación. Pero -insisto- nadie está en contra de la protección a los consumidores.
Si orientamos nuestra acción política en esa dirección, estaremos respondiendo a las necesidades que exige hoy la sociedad, no solo al Gobierno, sino a toda la institucionalidad pública.
Se requiere lograr un equilibrio en esta materia. Es absolutamente impensado creer que una acción no tendrá reacciones. Por eso debemos ser cuidadosos a la hora de establecer una institucionalidad de este tipo.
Nuestras aprensiones van dirigidas a cuidar que no quede en la indefensión la pequeña empresa.
Escuché la intervención del Senador Navarro y comparto alguna de las ideas que planteó. Ambos representamos la misma Región y sabemos que la mayoría del comercio del centro de Concepción es detallista y que de alguna manera debe lidiar con las grandes tiendas en condiciones poco equitativas.
La solicitud de segunda discusión es para estudiar este asunto con mayor detalle y para pedirles a los miembros de la Comisión de Economía que se preocupen de equilibrar ambos objetivos: por una parte, defender a los consumidores y, por otra, cuidar a los emprendedores pequeños.
A las pymes hoy les estamos cargando la mata con reformas tributarias, con reformas laborales y con esta institucionalidad pública extremadamente fuerte, la que, además, va a ser juez y parte. Aquí debiera haber una separación de poderes a efectos de resguardar de alguna manera la imparcialidad de las decisiones que se tomen.
En definitiva, si bien este proyecto está bien inspirado, pues apunta a satisfacer una necesidad que hoy exige la sociedad, debe preocuparse también de fijar ciertos resguardos para los negocios detallistas.
En este país son pocos los grandes empresarios. La gran mayoría son emprendedores pequeños, y no podemos agobiarlos ni apretarlos con una institucionalidad que, finalmente, les generará una relación superinequitativa para el desempeño de su trabajo y su desarrollo.
Por lo tanto, me parece que hay que estudiar con atención esta iniciativa, para que cumpla el objetivo de ayudar a los consumidores, pero sin ahogar a los pequeños emprendedores, que hoy día, de verdad, se están viendo en problemas.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Goic.

La señora GOIC.- Señor Presidente, primero deseo hacer un comentario general.
Estamos hablando de un proyecto que ha tenido una larga tramitación: se presentó en junio del año pasado en la Cámara de Diputados -o sea, lleva más de un año-, donde fue objeto de varias indicaciones que perfeccionaron las normas propuestas inicialmente.
A mi juicio, esta iniciativa apunta a responder a una demanda de las personas comunes y corrientes, que muchas veces sienten que son objeto de abusos; que enfrentan con desazón situaciones que vulneran sus derechos -han sido de público conocimiento- no solo en la compra en una tienda, sino incluso ante la colusión de empresas, y dicen: "Mire, si a mí me pasa eso, yo no tengo ninguna posibilidad de reclamar, de defenderme". Porque vemos cómo hay empresas que se coluden, lo que significa daños, perjuicios directos para los consumidores.
En la base de este proyecto hay también una mirada de sociedad, del país que queremos construir.
En otras partes existe una mayor cultura de defensa de los derechos de los consumidores y de cumplimiento de las normas. Cuento una anécdota concreta: la promoción turística de una empresa le llamó la atención a una persona que utilizó el servicio, porque lo que vio en la imagen de promoción, en la página web coincidía exactamente con lo que encontró: el mismo recinto, el mismo plato de comida, la misma atención.
Eso no ocurre frecuentemente.
Cuántas veces sucede que uno ve etiquetado un precio y va a la caja y se entera de que él solo es efectivo si se utiliza la tarjeta de la tienda. Pero lo que leemos todos en el letrero antes de llegar al mall y en el pasillo es distinto.
Ahí hay siempre un juego que se hace como al filo del cumplimiento de la normativa, y lo que es, evidentemente, una estrategia publicitaria en muchos casos se ha convertido en una estrategia de venta. Y eso no tiene que ver con lo que uno quiere construir: un país donde se respeta al otro, donde el comercio se realiza en términos justos y, sobre todo, reconociendo los derechos del consumidor.
Por eso necesitamos un SERNAC que pueda asumir esa defensa; que disponga de facultades sancionatorias, fiscalizadoras; que también, tal como está planteado en este proyecto, se preocupe de fortalecer la capacidad de organizarse de los ciudadanos como consumidores.
El incremento de los fondos para hacer educación y favorecer la asociatividad de los consumidores me parece muy importante. Debe existir una estructura orgánica que responda a los desafíos de este tema, que -insisto- es central para las personas.
Nosotros tenemos el desafío de avanzar en una agenda que conecte con los temas ciudadanos, con lo que les pasa a los hombres y mujeres en lo cotidiano. Y cuando uno conversa sobre esto, lo que encuentra habitualmente es una demanda por ver cómo se enfrentan los abusos y ciudadanos que se sienten solos y disminuidos frente a instituciones que siempre tienen mucha mayor capacidad de defensa.
Yo creo que ese es el fondo del proyecto, y hay que destacarlo hoy día, cuando estamos votando la idea de legislar.
En seguida, quiero manifestar mi preocupación porque la tramitación se dilate más allá de lo aconsejable. Sin duda, hay varios perfeccionamientos que se pueden hacer si compartimos el objetivo de fondo: la necesidad de dar un salto como país en materia de defensa de los consumidores. Pero me parece que este tema, como la Agenda de Probidad y Transparencia y otros, es central, y los ciudadanos esperan de nosotros mayor celeridad y un esfuerzo efectivo en su tramitación, a fin de disponer de una institucionalidad más acorde a las necesidades que hoy existen en ciudadanos que están más informados, que tienen acceso a medios de comunicación.
Porque, se puede decir: "Acá yo espero que el SERNAC me apoye". Pero ese Servicio hoy día es una institución que no tiene las facultades, las atribuciones necesarias para llevar a cabo esa tarea.
En lo personal, quiero más bien invitar a los colegas -porque se ha pedido segunda discusión- a darle celeridad a la tramitación de este proyecto. Contribuyamos con indicaciones que fortalezcan la institucionalidad, pero que nos permitan tener, lo antes posible, un Servicio Nacional del Consumidor que esté a la altura de lo que los ciudadanos hoy día nos están pidiendo.
Muchas gracias.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, estamos en la discusión en general. O sea, se trata de decidir si el conjunto de reglas, de normas que tienen que ver con las ideas matrices del proyecto apuntan a un sistema de derechos de los consumidores que exige esa modernización y que está acorde con lo que la sociedad hoy día pide.
Es muy importante que esta discusión sea en general, porque hay un conjunto de elementos que tienen lógicas que no son necesariamente compatibles, ni siquiera entre sí.
Me parece que la normativa aborda un conjunto de facultades. Recordemos que ella tiene seis ideas matrices -a mí me gusta ser más o menos ordenado en la explicación-:
-Un incremento de facultades: fiscalizar, sancionar, interpretar la ley, dictar instrucciones de carácter general. Y un nuevo sistema de nombramiento y remoción para el cargo de Director del SERNAC, con el propósito de que esta autoridad no dependa de los gobiernos de turno, sino que sea más permanente en el tiempo.
-El remplazo de la competencia de los juzgados de policía local para resolver los conflictos en el ámbito del interés individual del consumidor.
-El fortalecimiento de las asociaciones de consumidores, lo que a mi juicio es un activo indudable dentro de lo que necesitamos.
-Un incremento de las multas, que es propio de todos los proyectos. Parece que estamos en la lógica de que entre más multas haya el país va a funcionar mejor. No sé si es tan correcto, pero veo que se repite en cada una de las instancias.
-Una reparación íntegra de los daños causados a los consumidores.
-Un aumento en los plazos de prescripción de acciones que persigan la responsabilidad contravencional.
Por mi parte, lo único que puedo decir en este debate es que me parece bien que el Servicio Nacional del Consumidor asuma una dimensión diferente. No es lo mismo un SERNAC del siglo pasado que uno de este siglo, y probablemente no es lo mismo el de hace cinco años que el que habrá de venir, porque claramente aquí ha habido un cambio muy relevante desde una sociedad de acceso a una sociedad de calidad.
Era tal la precariedad que, de alguna manera, lo relevante era acceder a algo. Y eso fue muy propio de un Chile que existió bastante más precariamente, que ha ido evolucionando gracias a un modelo muy criticado en esta misma Sala, pero que a mi modo de ver ha sido muy conveniente, y que permite pasar desde el acceso a la calidad. Y, como es natural, en la calidad se generan instancias nuevas, más exigentes, ya que la persona no solo quiere que le presten un servicio, sino que este sea un gran servicio. Y eso, obviamente, tiene que ver con un proyecto de esta naturaleza.
Pero quiero llamar la atención sobre algunos puntos que desde mi perspectiva debemos revisar más a fondo en la discusión particular.
En primer lugar, no se hace un servicio mejor porque tenga más facultades. Lo importante es que estas estén bien pensadas. Y creo que aquí, al aumentar la fiscalización y concentrar atribuciones en el SERNAC, se está utilizando un modelo más bien propio de la superintendencia, el mismo que se está acabando en todo otro tipo de instituciones.
Hoy día, los modelos nuevos tienen que ver con agencias en materia tributaria, en materia ambiental, en materia de libre competencia, con tribunales especializados.
La modernidad nos dice que los problemas se asumen de esa forma: con agencias y con tribunales especializados. Y nos dice que la nueva generación incluso tiene que ver con comisiones, como la Comisión de Valores y Seguros, que posee una lógica muy distinta a la que se está planteando para el SERNAC.
Entonces, mi primera duda es si vamos a hacer que este Servicio sea más eficiente porque le damos hartas facultades y una lógica de superintendencia, o si tenemos más bien que pensar cuál es el tipo de institución que debería ameritar una nueva integración de esta naturaleza.
Por mi parte, señor Presidente, creo que algunas de esas facultades no debieran quedar en el SERNAC. A mi juicio, son propias del juez de policía local.
Aquí hay una cosa bien sorprendente. Hemos sido muy críticos en esta Sala de las instancias en que se es juez y parte. Ese fue el modelo que se cambió en materia tributaria y en materia penal.
Y aquí se propone que el SERNAC no solo tenga la facultad de fiscalizar, sino también la de sancionar. A mi juicio, ese es un problema severo dentro del tipo de institución que estamos generando.
En lo personal, me parece mucho más razonable dejar esa responsabilidad en manos de un juzgado de policía local o de un tribunal especializado, de manera que no se vuelva a dar ese cóctel fatal de alguien que investiga y, al mismo tiempo, resuelve.

El señor LAGOS.- No se llama "cóctel".

El señor COLOMA.- No sé, el Senador Lagos puede estar nervioso en la víspera del 18, pero se llama "cóctel" para estos efectos ¡y puede ser fatal...!
En segundo lugar, señor Presidente, objetivamente hay que racionalizar las multas. Creer que mientras más fuerte pegue el garrote (particularmente respecto de las pymes) va a ser mejor, no necesariamente es verdad.
A mí me gustaría que se fortaleciera la facultad mediadora del SERNAC más que la sancionatoria -ese es el sentido que tiene la institución-, y entregar la sanción a un tribunal distinto que pueda resolverla de buena manera.
Ahora, dentro de esta facultad fiscalizadora de orden preventivo, se contempla algo que a mí me parece extraordinariamente peligroso -es mi visión, por lo menos, y espero que en la discusión particular pueda cambiarse-: la facultad del SERNAC de ingresar a inmuebles con el auxilio de la fuerza pública en caso de que los fiscalizados nieguen el acceso.
Yo estoy pensando en la pequeña y mediana empresa. Creo que eso va a ser un problema muy severo si está instalado de esa manera, como aparece. Y tiene que ver, a mi juicio, con el tipo de facultades que se está tratando de entregar.
Soy partidario de que existan más facultades de fiscalización. Yo comparto que se requieren más facultades para interpretar la ley. Acepto que se puedan dictar instrucciones de carácter general. Pero me cuesta entender esta doble lógica de fiscalizar con sancionar, y menos con facultades intermedias que, desde mi perspectiva, pueden ser severas.
Un elemento de fondo que también quiero plantear tiene que ver con las demandas colectivas y la indemnización por daño moral. Este es un tema nuevo, relevante, y hay que resolverlo de buena forma.
Todo consumidor afectado debe ser resarcido en la medida en que se acredite el daño personal y moral. Pero ser parte de una demanda colectiva a mi juicio no puede suponer la existencia de ese daño moral. Aquí estamos hablando de un tema bien profundo, particularmente en la pequeña y mediana empresa, o en el pequeño y mediano comercio.
No estoy pensando en el gran comercio, porque tiene reglas diferentes. Obviamente, requiere ser fiscalizado también, pero posee un relato distinto respecto de la capacidad de respuesta. Estoy pensando más bien en el pequeño comercio.
Yo tuve ocasión de estar en la CONAPYME -quiero decirlo-, donde su Presidente, Rafael Cumsille, fue especialmente crítico de este proyecto no por la facultad de fiscalizar, sino por la de sancionar, y también por la facultad intrusiva respecto de una eventual negativa.
Ese es un punto que debemos abordar en conjunto en términos positivos.
No puede ser que para algunos, particularmente en el mundo del comercio, el SERNAC aparezca como una amenaza. Tiene que ser un elemento de justicia, de apreciación de la calidad, de mediación al servicio de esta sociedad inclusiva, moderna, exigente, ya no limitada a lo que era simplemente una sociedad de acceso mínimo.
Obviamente, hay que modernizar las instituciones. Pero también pienso que debemos buscar modelos más modernos -no me parece que este sea uno de ellos-: facultades razonables, sin efectos sancionatorios -a mi juicio, aquí cabe el rol de los tribunales independientes-; mejoramiento de los procesos de mediación -eso me atrae del proyecto; creo que ahí es posible producir un efecto mucho más potente y, obviamente, podemos avanzar en esa materia-; racionalización de las multas. Yo aprecio que en general hay una tendencia masiva en esta materia y no sé si va a generar un efecto importante, particularmente en la pyme.
Por último, voy a ser muy cuidadoso en la naturaleza del daño moral que se indemniza en este tipo de causas. En eso creo que tenemos que hacer un esfuerzo, para dejarlo bien y para que no se preste para abusos, que pueden venir de uno u otro lado, al pedir, por ejemplo, una sobreacreditación del daño, en este tipo de demandas colectivas "a lo gringo" que a veces aparecen y en que básicamente se aprovechan errores que pueden ser resueltos de otra manera, transformándose esta posibilidad en una gran amenaza para la subsistencia del emprendimiento de que se trate.
En resumen, señor Presidente, entiendo que estamos en la discusión general. La idea del proyecto me parece interesante. Pero tengo aprensiones que ojalá en el análisis en particular se puedan salvar de buena manera, porque no hay nada más potente para un país que temas de esta envergadura sean objeto de acuerdos máximos, no de acuerdos mínimos de un voto más o un voto menos.
Y eso creo que podemos lograrlo en la medida en que le demos importancia a esta materia y a la velocidad de respuesta, pero también a la defensa de los principios que están envueltos: libertad, libre emprendimiento, modernización. No todo es el palo, no todo es el garrote, no todo es la sanción. Este es un mundo en que tenemos que ser más creativos y positivos.
Por las consideraciones expuestas, señor Presidente, llegado el momento de votar vamos a pronunciarnos en esta línea.

El señor WALKER (don Ignacio).- ¿A favor o en contra?
El señor MONTES.- ¡Muy bien, Coloma...!

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.

El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, si hay un tema recurrente -me imagino que nos pasa a todos en nuestras circunscripciones-, de permanente reclamo, de insatisfacción, de preguntas, de no saber a quién recurrir es justamente el de los abusos a los consumidores.
En la provincia de Petorca, en Quillota, en Marga Marga, en Puchuncaví, en Quintero, en fin, en las veintiséis comunas que represento en la Región de Valparaíso, este es un tema transversal, recurrente.
Por tanto, este proyecto de ley no parte de un capricho del Gobierno, de los parlamentarios, sino de una necesidad que se advierte al constatar la debilidad de la institucionalidad que rige al SERNAC, la falta de facultades fiscalizadoras, de información; la existencia de procedimientos muy costosos y engorrosos.
Como se ve, la iniciativa se justifica plenamente, ya que viene a llenar un vacío al tratar de empoderar a los consumidores con ciertas herramientas para evitar estos abusos.
Básicamente, yo entiendo que el proyecto propone cinco cosas fundamentales, que apuntan a la médula de este problema.
Primero, soluciones rápidas y efectivas para los consumidores.
¿Cómo se manifiesta esto? A través de distintas modalidades. Por ejemplo, una conciliación previa de tipo individual, antes de cualquier demanda: darle la posibilidad al consumidor que siente que sus derechos están siendo afectados de ir a una conciliación previa individual. Evidentemente, eso hace que el proceso sea más eficiente, menos engorroso y costoso.
En seguida, en materia de juicios colectivos, se propende a una mediación previa cuando se trata de cincuenta o más consumidores, en la misma lógica del reclamo individual. La idea es que, así como el individuo dispondrá de una conciliación previa, los grupos de consumidores tengan acceso a una mediación colectiva que permita evitar trámites que pueden ser muy engorrosos.
Y, por último, se contempla la obligación de la empresa de responder a cualquier reclamo, lo que en la actualidad no existe. Hoy día las empresas no están obligadas a responder.
Por lo tanto, ahí hay un primer conjunto de materias que propenden a soluciones más rápidas y más efectivas para los consumidores.
En segundo lugar, se trata de prevenir los abusos. Hay que anticiparse, establecer normas que eviten que ellos surjan.
¿Cómo se logra eso? A través de tres dimensiones.
Primero, fortaleciendo las facultades normativas del Servicio Nacional del Consumidor, que son muy débiles o prácticamente inexistentes.
Segundo, fortaleciendo las facultades fiscalizadoras. Hoy día el SERNAC no puede fiscalizar y, por lo tanto, los consumidores quedan en la indefensión.
Y tercero, como es lógico, estableciendo facultades sancionatorias. Es necesario subir las multas -de manera adecuada, por supuesto- y fijar criterios para su aplicación, distinguiendo entre las pymes y las grandes empresas.
En fin, se trata de fortalecer las facultades normativas, fiscalizadoras y sancionatorias. Es una forma de prevenir tales abusos.
De otra parte, señor Presidente, se procura robustecer a las asociaciones de consumidores. Porque una de las mejores formas de defender a estos es permitiéndoles asociarse.
En tal sentido, se duplica el fondo concursable, que pasa, de 379 millones, a 737 millones de pesos.
Cualquier persona que recurra individualmente tendrá menos fuerza que una asociación que haga valer en forma colectiva los derechos de los consumidores.
Asimismo, se propende a la profesionalización de dichos entes, que hoy más bien existen de manera nominal. La idea es que tengan actividades de información, de protección, de educación a los consumidores.
En definitiva, se trata -repito- de fortalecer a las asociaciones de consumidores.
En seguida, se intenta avanzar hacia una nueva institucionalidad para el SERNAC en materia de defensa de los derechos de los consumidores. Es decir, hay aquí una perspectiva orgánica. De lo contrario, la ley en proyecto va a ser letra muerta.
Hoy el Servicio Nacional del Consumidor ¡ni siquiera tiene planta propia!
Por lo tanto, se contempla un sistema para aumentar la dotación del SERNAC y de los recursos de que podrá disponer este Servicio, el cual va a tener una planta propia que le permitirá contar con una institucionalidad para expresar, satisfacer y garantizar los derechos de los consumidores.
Señor Presidente, yo también quiero felicitar al Ministro de Economía, don Luis Felipe Céspedes, y al Director del Servicio Nacional del Consumidor, don Ernesto Muñoz, quienes han hecho un gran trabajo en la materia que nos ocupa.
En la Cámara de Diputados, cuando se discutió este proyecto, hubo más de 20 indicaciones del Ejecutivo que recogieron muchas de las aprensiones y de las legítimas dudas que han hecho presentes, por ejemplo, las pymes en diversos aspectos: multas, facultades interpretativas y normativas, etcétera.
Por lo tanto, ya hubo un avance. Y ello, sin perjuicio del que puede registrarse durante la discusión particular en el Senado.
Por ejemplo, en el caso de las pymes, las que obviamente no tienen las mismas espaldas financieras de la gran empresa, la sanción de multa se puede remplazar por una capacitación. Esa es también una forma de educar en materia de derechos de los consumidores, para no andar solamente sancionando: hay que abrir fórmulas alternativas muy creativas, las que pueden ser tanto o más efectivas que las multas.
Por lo expuesto, señor Presidente, con mucho gusto voy a aprobar en general este proyecto, que defiende los derechos de los consumidores fortaleciendo la institucionalidad del SERNAC; propendiendo a soluciones más rápidas, más efectivas y menos engorrosas para los consumidores, y evitando, previniendo y sancionando cuando corresponda los abusos de que estos son víctimas.
He dicho.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Señores Senadores, debo insistir en que, a diferencia de lo que dicen algunos medios de comunicación, para esta tarde el Senado tiene sesión ordinaria de Sala.
No obstante que mandamos un comunicado, un diario sigue informando bajo el titular "Los senadores y diputados adelantaron la víspera del 18 y hoy trabajarán media jornada".

El señor WALKER (don Ignacio).- ¿Qué diario es?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Se trata de soychile.cl, soyvalparaiso.cl.
Ello, pese a que se les explicó y se les mandó un comunicado.
Al final de su noticia ponen un párrafo donde dicen que informaron desde el Senado que a partir de las 4 de la tarde se verificará la sesión para nombrar como miembro del Banco Central a don Mario Marcel. Pero agregan: "Hay que consignar que esta última sesión no está, al menos hasta las 12:20, en la tabla disponible en la página web del Senado".
Las tablas no tienen por qué estar disponibles antes en nuestra página web: nuestras sesiones ordinarias se fijan en marzo de cada año.
En consecuencia, no me queda más que reclamar a través de este micrófono, ya que, no obstante el desmentido que mandó el Senado de la República, no quieren cambiar el titular.
Por eso, protesto formalmente, en nombre de la Cámara Alta.
Por su parte, EL DÍNAMO recoge aquella información.
Acabamos de mandar un comunicado para desmentir y rectificar lo que han expresado los referidos medios.
¡Es una vergüenza cómo se mancilla gratuitamente el nombre del Senado de Chile!
Me permito decir esto a quienes están viendo el Canal del Senado y por si en Chile alguien tiene un poquito de pudor y habla con la verdad.
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, estoy de acuerdo con lo que usted ha señalado. Y me parece muy bien ese planteamiento del Senado.
Sin embargo, yo iría más allá: mandaría un comunicado a la Asociación Nacional de la Prensa para que esos medios fueran sometidos a su comisión de ética por faltar a la verdad.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¿Habría acuerdo?
Acordado.
Se enviará un oficio del Senado para pedir una evaluación de las conductas éticas de los referidos medios.
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, no puedo dejar de señalar que considero lamentable que se entregue una información que falta tanto a la verdad. Porque, obviamente, eso nos provoca daño.
En algunos hechos podrá haber responsabilidades nuestras; pero en otros, no. Sin embargo, a nosotros se nos adjudican diversas situaciones, como la señalada.
Solidarizo con lo que usted ha expresado, señor Presidente, pues lo sucedido es de verdad lamentable.
Lo cierto es que nos hallamos citados para la sesión ordinaria de la tarde. Por la mañana estamos celebrando esta sesión extraordinaria. Y no hay ninguna razón para que se quiera desinformar o, una vez más, hacer ver que tenemos inconvenientes para avanzar en nuestra responsabilidad de legislar.
En cuanto al proyecto que nos ocupa, señor Presidente, en primer término quiero saludar al Director Nacional del SERNAC y al Ministro de Economía, quienes nos acompañan en esta oportunidad, y por supuesto, felicitarlos.
Considero importantísimo para nuestro país, para los consumidores e incluso para los proveedores que se garantice que los productos que se reciben tienen la calidad debida y cumplen con los requisitos y las normativas vigentes.
Esto me recuerda que, cuando era Diputada, el primer proyecto para crear el Servicio Nacional del Consumidor fue tremendamente debatido y tuvo una gran oposición de las bancadas de la Derecha -hay que decirlo-, con algunas excepciones, como me indica la Senadora Lily Pérez.
Reconozcámoslo: se oponían a esa iniciativa porque la consideraban abusiva, pues el libre mercado era suficiente por sí solo, era uno de los mejores instrumentos autorreguladores, etcétera.
A partir de ahí, ha transcurrido mucho tiempo.
¿Y qué ha ocurrido?
La comunidad valora cada día más la existencia de mejor y más eficaz protección para los consumidores. Y lo hacen todas las sociedades democráticas, por cierto.
Un estudio del CEP del año 2013 -si no me equivoco- revela que un porcentaje altísimo de gente valora el hecho de que haya una legislación que apunte a establecer la manera más eficaz de resguardar al consumidor.
De otro lado, debo subrayar que resultaba imposible continuar con la legislación vigente, por el simple motivo de que el rol del Servicio Nacional del Consumidor era el de un ente mediador. Es decir, el SERNAC no tenía prácticamente ninguna atribución: ni para fiscalizar, ni para sancionar, ni para dictar normativas, ni para interpretar disposiciones. Eso lo hacía tremendamente débil y generaba bastante frustración en la ciudadanía en general.
Así y todo, creo que, en opinión de la gente, estamos haciendo un mercado más transparente.
Hemos visto tremendas infracciones al mercado, el que supuestamente debiera ser transparente y un buen asignador de recursos. Hemos visto que se pueden coludir empresas. Hemos visto que es factible repactar créditos unilateralmente. Hemos visto que la Comisión Antimonopolio ha debido actuar ante la existencia de concentraciones y monopolios en determinados servicios o en ciertas producciones.
Por lo tanto, es muy importante que aprobemos la legislación en proyecto.
Claramente, queremos fortalecer al Servicio Nacional del Consumidor dándole las facultades que necesita y profesionalizando mayormente a quienes tendrán las más altas responsabilidades.
Me parece bien que a futuro el Director Nacional del SERNAC sea seleccionado a través de la Alta Dirección Pública y, después, nombrado por la Presidenta de la República, luego de que dicho ente haya propuesto una terna.
Considero importante que la protección al consumidor que ve afectados sus derechos individuales remplace la competencia de los juzgados de policía local -todos sabemos que esos tribunales están atochados y tienen bastantes dificultades- para resolver sobre las infracciones y las indemnizaciones en caso de conflicto. Sin duda, es mucho mejor que ello sea resuelto por el SERNAC.
Queremos un organismo ágil, competente. Pero el referido Servicio podrá tener estas características solo si está dotado de facultades para asumir la competencia de los juzgados de policía local sobre la materia.
Por otro lado, es del caso que lo relativo a indemnización de perjuicios sea resuelto por los tribunales ordinarios, por los juzgados de letras en lo civil, pues tienen experiencia y son adecuados para tal efecto.
Es muy importante -y hay que relevarla- la facultad para que el SERNAC ordene la devolución de lo pagado en exceso, el reintegro con reajuste e intereses de los cobros que hubieran tenido lugar por infracción a la ley. ¿Por qué? Porque muchas veces ello ha significado un enorme perjuicio para los consumidores.
Al final, ¿qué planteamos nosotros?
Nadie quiere perjudicar a algún emprendimiento, ni mucho menos a la pequeña y mediana empresas.
¿Pero qué pedimos? Que haya garantías para que se cumplan las normativas. Que se impidan los abusos, por los que la misma ciudadanía ha debido hacer denuncias o reclamos. En consecuencia, que exista un organismo que fiscalice, sancione e interprete la legislación.
¡De eso estamos hablando!
En mi concepto, aquello no debiera provocar ningún rechazo. Al contrario, todos tendríamos que alegrarnos.
Señor Presidente, recuerdo que, mucho antes de que lográsemos tener un SERNAC Financiero, yo misma formulé una denuncia y presenté dos o tres mociones, pues me parecía increíble que si una persona pedía un crédito hipotecario a un banco debiera quedar atada a una cuenta corriente.
En lo personal -y quiero contarlo tal como ocurrió-, bastante antes de que se creara el SERNAC Financiero tuve una verdadera disputa con el Banco Santander-Santiago. Solicité un crédito hipotecario, y querían obligarme a abrir una cuenta corriente. Yo me negaba, porque ya tenía una en otro banco y no deseaba manejar dos. Preguntaba, pues, por qué me forzaban a aquello si solo estaba pidiendo un crédito hipotecario.
Bueno: la disputa fue impresionante. Debí hablar con varios ejecutivos. La discusión duró varios días. Finalmente, gané mi propia batalla, pero -quiero subrayarlo- con un costo no menor.
En mi opinión, se trataba simplemente de un abuso.
Lo he expresado muchas veces: en casos como el citado, nosotros recibimos un servicio.
También formulé una denuncia -y es bueno que estén en la Sala el Ministro de Economía y el Director Nacional del SERNAC- por la cuenta que nos mandaba desde hacía algún tiempo una de las compañías de telecomunicaciones: ¡los consumidores debíamos pagar inclusive por la cantidad de las hojas que contenían el detalle de las llamadas...!
Sin duda, se trataba de un servicio que dicha compañía estaba prestando y cuyo pago se consignaba en una cuenta. Entonces, ¿por qué aquel cobro adicional?
Ahora, yo sigo sosteniendo que es obligación de las empresas proveedoras de servicios garantizar que la cuenta llegue a tiempo al cliente (porque muchas veces este la recibe ya vencido el plazo) para permitirle pagar oportunamente y evitarle el cobro de intereses.
Si siguiéramos dando ejemplos, tendríamos para mucho rato.
Por eso, señor Presidente, considero sumamente importante que demos un paso adelante en esta materia.
Ciertamente, las multas siempre pueden tener un grado de flexibilidad. Sin embargo, su peso debe ser tal que permita tomar en serio la normativa con que queremos proteger a los ciudadanos.
De otro lado, celebro que le demos más facultades al SERNAC.
Asimismo, apoyo el esfuerzo que realizan las organizaciones de consumidores. Sabemos del tremendo rol que han jugado.
Al respecto, no puedo dejar de mencionar a CONADECUS, por ejemplo. Fue de las primeras organizaciones que denunciaron las repactaciones unilaterales e interpusieron demandas colectivas tremendamente importantes por los abusos que en el cobro de intereses y por otros conceptos cometían grandes empresas del comercio, de la banca y de otros sectores.
A mi entender, nosotros debiéramos estar agradecidos por tener organizaciones provenientes de nuestra sociedad civil que se preocupan de defender a los consumidores presentando demandas colectivas. Pienso que por esa vía damos un paso más.
En consecuencia, señor Presidente, anuncio el voto favorable de la bancada Partido Socialista. Nosotros valoramos altamente este proyecto: consideramos indispensable entregar las facultades en comento, en fin.
Me recuerdo igualmente de otras organizaciones de consumidores.
Por ejemplo, existen algunas en Copiapó, donde hicimos un seminario con la Universidad de Atacama. El interés de ellas era participar en la fijación de las tarifas sanitarias, pues carecen de participación en el procedimiento. ¡Nadie sabe cómo se determinan!
Cuanto mayor transparencia tenga un mercado, mejor y más contentos van a estar los ciudadanos.
A eso aspira una democracia: a la transparencia, a la mejor información; pero, desde luego, al mejor servicio y no solo al mejor producto.
Recuerdo que, cuando hace algunos días hubo un corte de energía eléctrica -está en la Sala el Ministro de Energía-, una persona llamó a un call center para que le informaran cuánto tiempo iba a durar la emergencia y cuándo estaría lista la reparación. Los ciudadanos permanecieron dos, tres días sin servicio. ¿Pero qué fue lo peor? Que ni siquiera había posibilidad de informarse, pues los call center no funcionaban: simplemente, ¡se dejaba a la gente esperando en la línea...!
Entonces, uno dice: "Debemos avanzar para dotarnos, como es propio de una sociedad moderna y desarrollada, de los mejores instrumentos para, con transparencia y buena información, defender al ciudadano consumidor, quien paga por un servicio o por un producto y requiere que uno u otro cumplan con los estándares correspondientes a lo que efectivamente desembolsó".
¡Cuántas veces hemos visto por televisión a gente que comenta que le vendieron un paquete turístico y resultó lleno de letra chica, de la que, obviamente, nunca se informó y de cuyos efectos contrarios a lo pactado se enteró a la hora de ejercer su derecho!
Casos como ese hay cientos (por no decir miles y muchos miles de miles).
Entonces -lo reitero-, me agrada que tanto el Ministro de Economía cuanto el Director del Servicio Nacional del Consumidor estén acá, en la Sala, para que nos ilustren sobre la manera de responder frente a tales situaciones.
Claramente, si hay preocupaciones en torno al gobierno corporativo, se hará una revisión. Y lo propio en el caso de las multas. Pero demos el paso.
Por eso, llamo a aprobar en general este proyecto.
Me cuesta imaginar que se le sigan poniendo topes, obstáculos, reparos a una iniciativa destinada a proteger a los ciudadanos. Porque los ejemplos de abusos son infinitos. Esa es la verdad: ¡infinitos! En todos lados, tratándose de servicios, de venta de productos, de paquetes turísticos, en fin, nos encontramos casi siempre con enormes dificultades.
Hace poco tiempo debimos legislar, por ejemplo, para el caso de las compañías aéreas que retrasan los vuelos durante muchas horas -y no por razones de fuerza mayor, sino simplemente porque en su momento no tienen avión disponible- y dejan plantados a los pasajeros. Y claro: como en el sector hay un verdadero monopolio, el usuario poco y nada puede hacer.
Al respecto, determinamos que cuando no medien razones de fuerza mayor sino que exista responsabilidad de la compañía, pasada cierta cantidad de horas esta deberá resarcir al pasajero.
Conocemos numerosos casos de gente a la que lisa y llanamente las líneas aéreas dejan de lado porque sobrevendieron, o porque hay cambios de último minuto (por supuesto sin aviso previo), etcétera.
Insisto, señor Presidente, en que apoyo con mucha fuerza este proyecto, que me parece un gran paso. Por ende, creo que esta Sala debiera aprobarlo, ojalá por unanimidad.
He dicho.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, en el mundo ideal, me encantaría que no tuviéramos que discutir un proyecto como este. Lo digo porque la lógica indica que los proveedores, no necesariamente de conformidad a normas legales, sino a parámetros éticos en el desarrollo de los mercados, debieran proporcionar los servicios comprometidos en la forma, plazos y condiciones que los ofrecen. Pero la experiencia ha demostrado, por desgracia, que eso no sucede, y, a la inversa de lo que debería ocurrir, necesariamente hemos tenido que ir mejorando, profundizando, las normas legales a fin de crear derechos sustantivos en la protección de los derechos de los consumidores.
Cuando comencé a estudiar la iniciativa, consulté la historia de la ley N° 19.496, dictada en la década de los noventa. Cuál fue mi sorpresa al encontrar la intervención del entonces Senador señor Sebastián Piñera. Como buen economista, decía que una ley sobre el consumidor era completamente inoficiosa e iba a significar una paralización de las relaciones contractuales y comerciales. Y expresaba que había una equivalencia en la relación entre este y el oferente del servicio, por lo que el mercado tenía que autorregularse.
Es bien increíble observar tal opinión en esos años y ver la realidad en que vivimos. Insisto en que, en el mundo del deber ser, nos habría encantado que ello fuera así. Pero la autorregulación, por más buena voluntad que anime a algunos de los oferentes, no es lo que ha ido solucionando la falta de equivalencia en las prestaciones naturales entre el que proporciona un servicio y el consumidor. Ello, particularmente en una economía tan atomizada como la nuestra, con una autoridad bancaria bastante reducida; con un Instituto de Previsión Social en el que ocurre otro tanto, si bien existe una regulación específica, y cuando las relaciones comerciales aumentan en forma creciente.
En la última elección presidencial y parlamentaria participaron un poco menos de siete millones de personas. Hoy, según los estudios de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, se registran cerca de 23 millones de tarjetas, entre comerciales y bancarias. Nos referimos a que cada día somos más consumidores y menos ciudadanos. Se participa menos en la actividad política, en la actividad pública, pero se consume más, se generan relaciones de consumo.
Al evolucionar estas últimas de tal manera que se va haciendo tradicional algo que discutíamos ayer en el sentido de perfeccionarse verdaderos contratos de adhesión, por la vía de los hechos o del derecho, lo que corresponde, cuando se cometen abusos, es que contemos con un instrumento que sea capaz, si no de equilibrar, al menos de disminuir la falta de equivalencia entre oferente y consumidor.
Ahí es donde opera la ley. Por eso es tan importante el rol del Congreso en la creación de derechos sustantivos, pues, más allá del Gobierno de turno, lo que va quedando es que el legislador efectúe un ejercicio de valoración ética de cuáles son las conductas que se espera que el mercado desarrolle, para que el consumidor efectivamente pueda consumir lo que le han ofrecido y según las condiciones en que ello se hizo.
Al crear derecho sustantivo, estamos generando, en teoría, un conjunto de facultades de los ciudadanos. Pero cuando una parte del mercado, a pesar de ello -y no quiero generalizar-, decide abusar y, por lo tanto, vulnerar las normas, se requiere una autoridad con la capacidad suficiente para hacer presente el hecho, a fin de ojalá no solo advertirlo, sino también corregirlo, sancionarlo y eventualmente, si es necesario en algún minuto, ejercer las acciones correspondientes. Es ahí donde ingresa el proyecto, cuyo objetivo es crear una institucionalidad acorde con la nueva realidad del consumo en Chile.
Una iniciativa de esta naturaleza habría sido impensada a mediados de la década de los noventa, porque la evolución del comercio era otra; la madurez democrática, completamente diferente, y las relaciones comerciales, distintas. En consecuencia, valoro que haya sido presentada hoy día.
Insisto en que ojalá pudiéramos prescindir de ella, pero, como la experiencia ha demostrado que se requiere un Servicio Nacional del Consumidor con facultades, creo que se avanza en la línea correcta, ya que se termina con la voluntariedad del mundo privado de someterse o no a los procesos de mediación del organismo actual. Es una tremenda falta de respeto que una empresa diga: "¿Sabe? Si quiero, accedo".
He recordado el famoso "Sello Pro Pyme", inventado en algún minuto, que era una buena medida. Apuntaba a la lógica de proteger a pequeñas empresas y consumidores con un distintivo especial o del SERNAC. Puedo confundirme, pero ninguna empresa se metió en el sistema. Ello incluye al BancoEstado, que no sé si lo habrá hecho en definitiva.
Lo que quiero decir es que, al final, cuando el asunto se deja entregado a la autorregulación, a la voluntad, ello lamentablemente no da resultado. Ahí requerimos un servicio potente, fuerte, capaz, con facultad de interpretación de la ley, lo que es muy relevante. Si no, la disputa se plantea en los tribunales, y queremos evitar que llegue a esa instancia, porque es sabido que muchas de las causas que se llevan adelante por una infracción a las normas sobre derechos del consumidor son de baja cuantía, lo que determina una absoluta desproporción, primero, por utilizarse el sistema judicial, pero también, en segundo lugar, porque al consumidor vulnerado en sus derechos ello le implica una erogación monetaria que muchas veces puede ser mayor que la transgresión que persigue.
Por eso es que resulta importante -y voy a defender el proyecto en contra de lo argumentado por un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra-, no solo la facultad interpretativa, sino también la sancionadora, para que sea posible resolver administrativamente y no se tengan que utilizar los tribunales de justicia a fin de resolver una cuestión de consumo. Ello, sobre la base de que la autoridad actúe conforme a ciertos criterios, a ciertas normas, a un régimen de responsabilidades. Podremos discutir si es bueno o no que ella sea unipersonal o colegiada -hay posiciones diferentes al respecto-, pero lo que interesa es la actuación en el ámbito administrativo.
La gente que vive en localidades como Calle Larga, Putaendo, Bulnes o Cabrero, o en Alto Biobío, carece de recursos para ir a pelear una causa en los tribunales de Los Andes o de Los Ángeles o de Concepción. Se trata de pequeños montos, pero son muy significativos para los consumidores. Alguien que compre a crédito una plancha en una localidad rural va a pagarla durante meses, y si falla, tiene que concurrir hoy día al SERNAC, sobre la base de que si la empresa no adhiere al procedimiento de mediación puede terminar en tribunales. ¿Cómo va a gastar plata para ir a reclamar a Los Ángeles, en circunstancias de que el pasaje le costará mil 200 pesos? ¡Es una locura!
Le estamos dando facultades al SERNAC para resolver administrativamente, de modo de evitar el uso y abuso de los tribunales de justicia en estas materias.
Creo que el proyecto avanza en la dirección correcta, si bien es preciso introducirle algunos perfeccionamientos en la discusión particular, por lo cual voto a favor.
Además, celebro al Gobierno de la Presidenta Bachelet, porque la defensa de los derechos de los consumidores fue un compromiso de la campaña y el texto adelanta en esa línea.
He dicho.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Puede intervenir el señor Ministro.

El señor CÉSPEDES (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Señor Presidente, lamento que la votación no se lleve a cabo ahora.
Nos parece que la iniciativa es de una tremenda relevancia para los consumidores, tal como lo dijo recién el Honorable señor Harboe, por instaurar un marco institucional que permite asegurar una normal y adecuada aplicación de derechos establecidos por ley y ciertamente generar condiciones para avanzar posteriormente en la discusión de otros que deben estar contemplados en la misma forma. Su Señoría ha presentado una serie de mociones que estamos analizando.
Estimo que los tiempos también son hoy día muy importantes. Se ha mencionado la ley N° 19.496, cuyo proyecto permaneció siete años en el Congreso. Juzgo que tenemos el deber de avanzar decididamente.
El Ejecutivo ha sido muy claro. No voy a referirme al texto sino cuando se cierre el debate, pero vale la pena señalar que se ha preocupado del perfeccionamiento de la iniciativa. En la discusión en la Cámara de Diputados ingresaron más de veinte indicaciones precisamente para buscar acuerdos globales generales. Tanto es así que gran parte del articulado recibió los votos de los partidos de Gobierno y de la Oposición.
Concluimos, entonces, que la normativa presenta grados importantes de consenso en muchos aspectos y que así lo han reflejado las intervenciones.
No me referiré ahora al fondo, lo que haré al término del análisis, pero sí solicitaré un cierto grado de urgencia en estas materias. Considero que habría sido bueno pronunciarse hoy día y entrar en la discusión particular, con relación a la cual adelanto que el Ejecutivo tiene toda la voluntad de mejorar el articulado de forma tal de responder algunas inquietudes que creemos perfectamente adecuadas.
Así que solo le pido a la Sala que se pueda avanzar, en su momento, con la votación, para no seguir postergando una institucionalidad tan sentida por los ciudadanos.
Gracias.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- A usted, señor Ministro.
También agradecemos la presencia del señor Ernesto Muñoz, Director Nacional del SERNAC.
Esperamos votar próximamente este importante asunto.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Estará en tabla para la sesión de la tarde.

--El proyecto queda para segunda discusión.


El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Saludo la presencia del Ministro de Energía, señor Máximo Pacheco.
A continuación nos ocuparemos en la iniciativa correspondiente a su Cartera y que tanto le interesa al país.


PERFECCIONAMIENTOS A LEGISLACIÓN EN MATERIA ENERGÉTICA Y AMPLIACIÓN DE GIRO SOCIAL DE ENAP


El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 20.365, que establece Franquicia Tributaria respecto de Sistemas Solares Térmicos; la Ley General de Servicios Eléctricos, y la ley que crea la Empresa Nacional del Petróleo, con informe de la Comisión de Minería y Energía y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.628-08) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 36ª, en 21 de julio de 2015.
Informe de Comisión:
Minería y Energía: sesión 51ª, en 9 de septiembre de 2015.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Los principales objetivos de la iniciativa son:
a) Perfeccionar y profundizar la franquicia tributaria establecida para promover la instalación domiciliaria de sistemas solares térmicos.
b) Permitir al titular de un proyecto de generación mediante energías renovables no convencionales otorgar caución para dejar sin efecto la orden de paralización o suspensión de obras que se decrete en un procedimiento concesional de carácter administrativo o judicial.
c) Ampliar el giro social de la ENAP a actividades relacionadas con la energía y la generación eléctrica.
La Comisión discutió el proyecto solo en general, aprobando la idea de legislar por tres votos a favor y dos abstenciones. Se pronunciaron por la afirmativa los Senadores señores Guillier, Pizarro y Quinteros, y se abstuvieron los Honorables señores Coloma y García.
Cabe hacer presente que el artículo 2º es de rango orgánico constitucional, por lo que requiere 21 votos para ser acogido.
Además, el artículo 3º es de quórum calificado, de modo que su aprobación exige 19 votos.
El texto propuesto se transcribe en el primer informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Nada más.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En discusión general.

Tiene la palabra el Senador señor Guillier.

El señor GUILLIER.- Señor Presidente, la iniciativa reviste un carácter misceláneo, al abordar tres materias bastante diferentes, y, por lo tanto, en la Comisión generó debates distintos.
La primera de ellas es impecable: se trata de extender por un nuevo período, desde el 1º de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2019, la vigencia de un beneficio ya contemplado, de hecho, en la ley Nº 20.365, que estableció una franquicia tributaria respecto de la instalación de paneles solares térmicos en viviendas nuevas, lo que finalizó el 31 de diciembre de 2013.
Ello tuvo poco tiempo de aplicación real, porque, entre la dictación del cuerpo legal y sacar los reglamentos, estuvo vigente la mitad del lapso considerado.
Ahora, la medida se concentrará en viviendas de familias vulnerables y de clase media, y el cien por ciento del crédito se mantendrá para aquellas cuya "construcción más terreno" sea de menos de dos mil unidades de fomento. Lo anterior es hoy día imposible en algunas regiones, como la Metropolitana, la Segunda y otras, pero en muchas comunas del país provocaría un impacto muy alto en el sentido de que también sería posible comprender viviendas de clase media, lo que a mí me pareció importante, porque es necesario prestigiar las nuevas tecnologías y no asociarlas solo a la unidad básica, como una especie de solución tecnológica menor.
Como sea, la verdad es que el texto no es susceptible de una discusión más extensa al respecto. Estuvimos todos de acuerdo. Es una manera de promover las energías renovables no convencionales y de proveer de agua caliente, en el fondo -no es más que ese el tipo de beneficio de esta tecnología-, a viviendas sobre todo en sectores populares, donde se carece de soluciones más idóneas para ese efecto.
En seguida, se propone otro mecanismo de incentivo, asimismo enfocado específicamente hacia la población vulnerable, a través de un subsidio directo para financiar la instalación de paneles solares térmicos en viviendas nuevas subsidiadas por el Estado, mediante un programa que administrará el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Eso igualmente es para el período 2015-2019.
Los valores de los subsidios se determinarán anualmente en virtud de un decreto conjunto entre dicha Cartera y las de Energía y de Vivienda.
Hasta ahí, creo que realmente es un buen proyecto. Uno quisiera que fuera a mayor escala, puesto que todavía resulta un poco tímido, pero estimo que es un modelo muy positivo.
Una segunda materia, que en la zona norte particularmente interesa mucho, tiene que ver con una consideración respecto a la Ley General de Servicios Eléctricos, en orden al establecimiento, frente a demandas de terceros ante la construcción de proyectos de generación, de una caución en lo relativo a iniciativas de energías renovables no convencionales.
Para decirlo en forma simple, prácticamente el setenta y cinco por ciento de las concesiones mineras -en esa parte del territorio, al menos- son claramente abusivas y correspondientes a especulaciones, por lo que es muy difícil encontrar lugares para cualquier tipo de emprendimiento. Si se van a desarrollar proyectos de energías renovables, es muy probable que después se enfrenten reclamaciones de todo tipo por parte de personas que no han hecho ninguna inversión real en concesiones solicitadas bajo el pretexto de existir yacimientos. Eso ha llevado a una literal paralización o suspensión de muchos de ellos.
En consecuencia, queremos que ello se regularice.
La parte a que hago referencia también despertó simpatía en la Comisión, aunque sería preciso ajustarla, al objeto de que no generara algún tipo de incertidumbre en quienes legítimamente son titulares de concesiones mineras y, por supuesto, tienen emprendimientos en consideración.
Un tercer aspecto, un poco más complejo, dice relación con facultar a ENAP para que extienda su espectro de actuación.
Esa entidad se encuentra muy ligada al gas y al petróleo, y dentro de la política del Estado, que ya conocemos, está la idea de que amplíe su giro para atraer al mercado nuevos servicios, tecnologías y fuentes de energía renovable, y se diversifique nuestra matriz. El propósito que se persigue es que actúe como una empresa pública que no se limite a lo hecho hasta ahora, en que se ha centrado básicamente en el petróleo, sin perjuicio de alguna otra utilización de la energía geotérmica. La idea es permitirle asociarse con empresas privadas, nacionales o extranjeras, para impulsar sobre todo la innovación en materia energética.
El objetivo no despierta mayor recelo. Creo que las actividades público-privadas son particularmente beneficiosas y un sesgo ideológico carecería de sentido. Pero surgió una legítima duda acerca de si ENAP se halla en condiciones de realizar emprendimientos altamente rentables para el Estado y de si cuenta con la eficiencia suficiente y, además, capacidad de gestión, puesto que ha pasado por períodos muy críticos y por una cierta decepción frente a muchos intentos y proyectos de desarrollo.
En principio, el Senador que habla, por lo menos, no observa un sesgo ideológico. Le parece muy bien la cooperación público-privada.
Se estaba discutiendo, asimismo, acerca del porcentaje.
Hay quienes consideran que no debería tener más allá del 49 por ciento de la sociedad. Otros piensan que, por el contrario, debería tener sobre el 60 por ciento. Pero me parece que ese es un tema menor que no va al problema de fondo, que es, simplemente, utilizar la ENAP dándole la posibilidad de desarrollarse en proyectos que sean interesantes para promover energías más limpias, sobre todo energías que tengan una mayor diversificación de matriz, con nuevos actores que ingresen al sistema.
Personalmente, estoy muy entusiasmado. Creo que hay que mejorar el último punto. Pero, como concepto general y siendo una ley miscelánea -particularmente diversa, por decirlo de alguna manera-, me inclino a votar a favor de la idea de legislar en esta materia. Pienso que hay buenos elementos -perfectibles, por cierto-, en varios aspectos.

El señor WALKER (don Ignacio).- ¡Que se abra la votación!

El señor PROKURICA.- No.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- No, señor Senador.
Tiene la palabra el actual Presidente de la Comisión de Minería y Energía, Senador señor Alejandro García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, doy mis excusas por no haber estado presente en el momento que correspondía. ¡Estábamos coordinados, en todo caso...!
Saludo al señor Ministro.
Estimadas Senadoras y Senadores, paso a informar el proyecto que modifica la ley N° 20.365, que estableció franquicia tributaria respecto de sistemas solares térmicos; la Ley General de Servicios Eléctricos, y la ley que creó la Empresa Nacional del Petróleo.
Es un proyecto misceláneo, en que vienen tres temas no muy coordinados entre ellos, pero que corresponden al boletín N° 9.628-08, en segundo trámite constitucional, primer informe y discusión general, el cual persigue, fundamentalmente, los siguientes objetivos:
a) Perfeccionar y profundizar la franquicia tributaria establecida para promover la instalación domiciliaria de sistemas solares térmicos (SST).
b) Permitir al titular de un proyecto de generación mediante energías renovables no convencionales (ERNC) otorgar caución para dejar sin efecto la orden de paralización o suspensión de obras que se decrete en un procedimiento concesional de carácter administrativo o judicial.
c) Ampliar el giro social de la ENAP a actividades relacionadas con la energía y la generación eléctrica.
En cuanto al perfeccionamiento y profundización de la franquicia tributaria establecida para promover la instalación domiciliaria de SST, la aplicación de la ley N° 20.365 evidenció que el tiempo efectivo de vigencia de la ley fue menor al del diseño original e insuficiente para lograr el objetivo que se perseguía, esto es, consolidar un mercado maduro de sistemas solares térmicos que pudiera perdurar más allá de los apoyos estatales. Además, la estructura de la franquicia tributaria, consistente en tramos escalonados, hizo que su utilización se concentrase en viviendas que podían optar al 100 por ciento del beneficio, es decir, aquellas de un valor de construcción más terreno de hasta 2 mil UF.
Igualmente, la franquicia tuvo baja utilización en viviendas sociales -esto es muy preocupante-, lo que restó a las familias vulnerables que mejor se favorecerían con acceso a agua caliente y a ahorros en el consumo de combustible al utilizar sistemas solares térmicos. Las razones de esta baja utilización son inherentes al esquema de la franquicia: para las empresas que construyen viviendas sociales no fue atractiva su utilización al no suscitar diferencia en la venta de viviendas, sino solo costos financieros.
De allí que el proyecto extienda la vigencia de la franquicia tributaria y corrija las distorsiones que su anterior estructura generaba. Se trata de mantener la franquicia para la instalación de colectores solares para el calentamiento de agua sanitaria en viviendas nuevas menores a 3 mil UF, pero bajo un nuevo mecanismo de definición de la magnitud del beneficio, de carácter decreciente.
Adicionalmente, se establece un subsidio directo para la instalación de estos sistemas complementarios a los programas de subsidio habitacional que lleva adelante el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de tal manera de hacerse cargo de la necesidad de que dicha política se consolide en el tiempo y los colectores solares sean contemplados como parte de las directrices de construcción en las políticas habitacionales.
Estas correcciones son un complemento de los esfuerzos que se efectúan a través del Programa de Protección al Patrimonio Familiar, para dotar de este tipo de instalaciones a viviendas usadas de familias vulnerables, y del nuevo programa de subsidio para sistemas solares térmicos para las viviendas que se reconstruyan por causa de las catástrofes ocurridas el año 2014 en el norte y en el incendio en Valparaíso.
El segundo punto que aborda la iniciativa es permitir al titular de un proyecto de generación mediante energías renovables no convencionales (ERNC) otorgar caución para dejar sin efecto la orden de paralización o suspensión de obras que se decrete en un procedimiento concesional de carácter administrativo o judicial.
El artículo 34 bis de la Ley General de Servicios Eléctricos no contempla la posibilidad de que el concesionario de un proyecto de generación de energías renovables no convencionales, de conformidad con el procedimiento concesional establecido en el decreto ley N° 1.939, de 1977, haga uso de la facultad de caucionar para dejar sin efecto la orden de paralización o suspensión de obras en el contexto de un juicio posesorio sumario a los que se refiere el Título IV del Libro III del Código de Procedimiento Civil.
Pero el creciente aumento de proyectos de generación de ERNC que gozan de las concesiones otorgadas por el Ministerio de Bienes Nacionales, y la necesidad de evitar el retraso de esas inversiones a causa de eventuales conflictos con concesionarios (por ejemplo, en el ámbito de las concesiones mineras), hace necesario extender a este tipo de proyectos y concesiones la aplicación del artículo 34 bis. Esta opción promueve, además, la instalación de proyectos y la incorporación a la matriz energética de los medios de generación renovables no convencionales.
Se hace presente que la norma que contiene esta modificación -el artículo 2° del proyecto- ostenta el rango de norma orgánica constitucional, en cuanto incide en la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, por lo que se requiere para su aprobación de los cuatro séptimos de los Senadores en ejercicio, según lo dispone la Constitución. La Comisión, mediante oficio N° ME/74/2015, de 11 de agosto del año en curso, consultó a la Excelentísima Corte Suprema respecto de dicha disposición, por incidir en las materias recién señaladas. El día de ayer llegó la respuesta a lo solicitado.
El tercer punto de este proyecto, señor Presidente, es la ampliación del objeto social de la ENAP a actividades relacionadas con la energía en materias de generación eléctrica.
En general, los nuevos proyectos de generación son desarrollados por el sector privado, y a su respecto priman criterios de índole comercial.
En ese marco, el Estado, según lo plantea este proyecto, debe impulsar determinadas iniciativas que, sin perjuicio de cumplir con los aspectos económicos y ambientales de todo proyecto, también tengan en consideración elementos territoriales y sociales. Así, la ENAP queda habilitada para participar en proyectos de generación en el ámbito de la geotermia, en virtud del impulso que a principios de siglo se le quiso dar a ese tipo de generación eléctrica. Es así que se considera factible habilitar a la empresa para participar, a través de sociedades, en este ámbito de acción, en atención a su experiencia en el desarrollo de proyectos energéticos, según lo que informaron el señor Ministro y la misma ENAP.
Esta alternativa, por otro lado, permitirá concretar uno de los aspectos principales de la agenda de energía, a saber, la llegada temprana de los proyectos a las comunidades para escuchar su opinión y propuestas al momento de concretar la construcción efectiva de ellos.
Por su parte, señor Presidente, el artículo 3° de la iniciativa en informe, que autoriza al Estado -por intermedio de la ENAP- para desarrollar actividades empresariales o participar en ellas, debe ser aprobado con la votación requerida para las normas de quórum calificado, de conformidad con lo prescrito en los artículos 19, número 21°, y 66, inciso tercero, de la Constitución Política del Estado.
La Comisión aprobó la idea de legislar por 3 votos a favor y 2 abstenciones.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, el presente proyecto de ley abarca diferentes materias que se enmarcan dentro de los objetivos definidos por el Gobierno de la Presidenta Bachelet para su agenda de energía.
Existe consenso en que esta agenda se ha constituido en un factor determinante para el desarrollo económico y social del país, pues la incorporación de energías renovables, la diversificación de la matriz, la reducción de los precios y el fomento de la eficiencia energética se han transformado en condiciones para un nuevo ciclo de crecimiento.
En este marco, tienen pleno sentido los objetivos concretos de este proyecto, consistentes en perfeccionar y profundizar la franquicia tributaria establecida para promover la instalación domiciliaria de sistemas solares térmicos; permitir, al titular de un proyecto de generación de energías renovables no convencionales, otorgar caución para dejar sin efecto la orden de paralización o suspensión de obras que se decrete en el marco de una concesión, y ampliar el giro social de la ENAP a actividades relacionadas con la energía y la generación eléctrica.
En cuanto al primer objetivo, cabe señalar que por diversos motivos la franquicia establecida a favor de los sistemas solares térmicos -vigente entre los años 2008 y 2013- no tuvo una aplicación masiva, además de que mayoritariamente se concentró en Santiago y no alcanzó a las viviendas sociales.
De hecho, el beneficio se aplicó a más de 18 mil instalaciones en departamentos y más de 6 mil en casas ubicadas en Santiago, mientras que en la Región de Los Lagos se concretaron solo 500 soluciones en departamentos y 300 en casas.
La ampliación del plazo de vigencia y la modificación de las condiciones de aplicación, complementando la franquicia con los subsidios de protección al patrimonio familiar, permitirán una mayor efectividad y focalización de los incentivos para la instalación de sistemas solares térmicos.
Mucha gente se preguntará en qué consiste esto. Lo que pasa es la franquicia tributaria se extiende a los sistemas solares térmicos que sirvan para abastecer de agua potable calentada, mediante la utilización de energía solar, para viviendas nuevas de hasta un valor de 3 mil unidades de fomento.
También se impone la obligación, para el primer vendedor de la vivienda favorecida con este beneficio, de contratar, por un plazo de cinco años, los servicios de mantención de paneles solares.
Es evidente que en las regiones del sur las tecnologías basadas en la energía solar tienen un efecto menor que en las regiones del norte, por lo que sería del todo conveniente que el Ministerio de Energía promoviera también incentivos específicos para nuevas tecnologías que representen ventajas en los diferentes territorios de nuestro país.
La diversificación de nuestra matriz y la incorporación de energías renovables no convencionales dependen, fundamentalmente, de lo que se haga desde las regiones. El aprovechamiento del viento y las mareas, por ejemplo, debe ser un pilar de la estrategia de desarrollo de la Región de Los Lagos, si de verdad queremos seguir creciendo con respeto a nuestro patrimonio natural.
La autorización para caucionar las resoluciones que dejen sin efecto órdenes de paralización o suspensión de obras que se decreten en un procedimiento concesional de carácter administrativo o judicial y que afecten a proyectos de energías renovables no convencionales, me parece una medida muy adecuada y de especial importancia para asegurar la viabilidad de los proyectos y, particularmente, para enfrentar maniobras especulativas que se han hecho comunes en materia de concesiones mineras.
Esta realidad ha llegado incluso hasta la isla de Chiloé, generando preocupación en sus habitantes y autoridades, por lo cual oficié recientemente al Ministerio de Minería.
En todo caso, creo que este abuso, cada vez más generalizado, debe ser enfrentado de manera integral y no solo a partir de proyectos de energía, porque la especulación también está afectando a proyectos inmobiliarios alrededor de las ciudades y amenazando a otras actividades económicas.
Por último, la ampliación del giro de la Empresa Nacional del Petróleo es coherente con los objetivos de la agenda de energía, pues Chile debe utilizar todos los recursos disponibles para impulsar la inversión en generación eléctrica que se requiere en los próximos años. Hay un espacio para el desarrollo de proyectos que el sector privado no ha ocupado, y el Estado no puede renunciar a tener un rol más activo en una materia tan sensible para el país.
En consecuencia, considero plenamente fundados los objetivos de este proyecto de ley.
En primer lugar, porque las franquicias y subsidios favorecerán a personas de menos recursos y se traducirán en costos más bajos en sus cuentas de energía, y porque las tecnologías que se promueven son más compatibles con los objetivos de desarrollo sostenible.
Y en segundo lugar, porque las medidas que se proponen para destrabar proyectos de inversión y ampliar el giro de la ENAP son coherentes con el propósito de reimpulsar la economía y mejorar la productividad.
Por eso, voto a favor.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, de acuerdo al artículo 8° del Reglamento del Senado, me inhabilito en esta votación.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Entiendo que el Senador Quintana está solicitando autorización para que la Comisión de Educación funcione en paralelo con la Sala a partir de las 17 horas.
¿Habría acuerdo?

La señora VAN RYSSELBERGHE.- No.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¿Senador Quintana?

El señor QUINTANA.- Efectivamente, señor Presidente.
La sesión fue pedida con cuatro horas de anticipación y en forma reglamentaria. Yo no sé quién se opone.
¡Ah! Se opone la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Precisamente, el proyecto que crea el Plan de Formación Ciudadana incorpora el tema de los derechos humanos de manera importante.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Desgraciadamente, no hay acuerdo, señor Senador.
¡No sé si "desgraciada" o "afortunadamente"...! No puedo emitir juicios.

El señor QUINTANA.- A lo mejor la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos podría explicar los fundamentos de su oposición.

El señor NAVARRO.- ¡Últimamente se opone a todo la Senadora!

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- No hay acuerdo, señor Senador.

El señor NAVARRO.- ¡No quiere ninguna sesión la Senadora!

El señor QUINTANA.- ¡Después no nos quejemos de la prensa entonces!

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Aprovecho de informar que los medios de prensa ya corrigieron los errores que cometieron. Tanto El Dínamo como Soy Valparaíso.
Hay sesión en la tarde y ellos ya corrigieron lo que habían publicado. No fue fácil.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Para referirse al proyecto, tiene la palabra el Senador señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Seré muy breve, señor Presidente, porque el titular de la Comisión ya hizo una larga relación de lo que es la iniciativa.
En lo principal, lo que se busca es establecer un nuevo período de vigencia y perfeccionamiento de la franquicia tributaria de la ley sobre colectores solares térmicos.
También se consagra una segunda forma de incentivo, dirigido a los sectores más vulnerables de nuestro país, mediante un subsidio directo para la instalación de estos sistemas, en conjunto con los subsidios habitacionales que entrega el Ministerio de Vivienda. La idea, tal como aquí han planteado otros Honorables colegas, es facilitar y abaratar el acceso al agua caliente y lo que ello significa.
Como ya se ha indicado, esta es una ley miscelánea. El segundo punto tiene que ver con los proyectos de energías renovables no convencionales, donde lo que se busca es continuar con la implementación de los proyectos autorizados de acuerdo a la Ley General de Servicios Eléctricos cuando se producen demandas de terceros por construcción de sistemas, por -comillas- denuncia de obra nueva.
Esto, como lo explicó claramente el Senador Guillier, está sucediendo muy a menudo. Algunas personas, sabiendo que se van a desarrollar proyectos en determinadas zonas o áreas, levantan derechos sobre pertenencias mineras y establecen ahí la posibilidad de encontrar un punto que les permita empezar después una negociación, buscando obligar, por la vía de la paralización, a que la empresa que va a desarrollar allí un proyecto de generación eléctrica se siente a conversar con ellas. En el fondo, se trata de una situación especulativa provocada con malas artes de parte de gente que persigue obtener un beneficio pecuniario y no garantizar sus derechos.
Es un problema que está ocurriendo mucho en regiones como las nuestras, señor Presidente. En la mía, normalmente se da en comunidades agrícolas ubicadas en el borde del secano costero, que es donde se han instalado la mayor cantidad de proyectos de energías renovables no convencionales en materia de aprovechamiento de los vientos (energía eólica), y hay algunos que se han visto obstaculizados por este tipo de situaciones.
Y el tercer tema establecido en esta iniciativa miscelánea es la habilitación para que la ENAP pueda participar en la generación eléctrica. Esta es una ampliación de su giro.
Aquí es donde se ha producido el mayor debate, por los prejuicios que sienten algunos respecto a que empresas del Estado ingresen a la competencia en sectores hoy regulados o altamente concentrados.
Eso sucede con el sector energético chileno: el mercado se halla concentrado y, a la larga, esto implica que al haber menos competencia existan altos precios de la electricidad en los hogares y las empresas productivas tengan que operar con costos altísimos en materia de electricidad, lo que les resta capacidad de competencia.
De manera que tener más proyectos de generación de base y mayor competencia en las próximas licitaciones será beneficioso para el desarrollo del país.
Me parece que oponerse a la participación de ENAP en proyectos de generación eléctrica en asociación con privados es un sesgo ideológico que, en el fondo, pone una venda en los ojos a las ventajas que significa esta alternativa para resolver en parte el desafío energético de Chile.
Curiosamente, las empresas que se oponen a esto son incumbentes, porque no les interesa el ingreso de nuevos actores privados a este mercado. De hecho, estas mismas empresas tienen un mensaje, un discurso contrario a las energías renovables no convencionales y les colocan problemas, porque, en el fondo, buscan oponerse a cualquier tipo de competencia.
Y la ENAP no es una empresa cualquiera. Es una muy importante para el país: es antigua, tiene historia, tiene potencialidades y posibilidades de desarrollarse en el ámbito de la energía.
La única autorización que hoy puede hacer es la vinculada a proyectos de geotermia, pero no puede entrar en otras áreas. De manera que la discusión generada en cuanto a si la asociación con privados puede llegar hasta un máximo de menos del 50 por ciento me parece bastante absurda. Porque siempre es buena la asociación con privados. Sin embargo, la ENAP es una empresa que tiene espaldas para poder iniciar algunos proyectos motu proprio si lo estima conveniente: tiene fondos, tiene tecnología, tiene expertise, tiene recursos humanos.
Sin duda, el que a la ENAP le sea posible entrar en este mercado va a implicar una competencia mayor. Y esta será muy potente e importante para Chile.
El debate relativo a si empresas del Estado pueden ampliar su giro no es nuevo en el Senado. Hace poco estuvimos viendo la situación del propio Metro, a propósito del proyecto de ampliación del subsidio al transporte público. Son los mismos sectores los que se oponen a su ampliación para llevar adelante el transporte de superficie no eléctrico. Es decir, hablamos de que puedan competir con los operadores de buses en ese sector, lo que le daría a una empresa del Estado una referencia de los costos reales de operación y establecería niveles de competencia con los operadores privados en igualdad de condiciones.
Me parece que el prejuicio que muchos tienen acerca del rol que pueden jugar empresas del Estado que cuentan con trayectoria, eficiencia, historia, capacidad tecnológica, le genera un daño al país, sobre todo en un mercado como es el energético, donde se requiere la mayor competencia posible.
Hay que recordar, señor Presidente, que esta iniciativa se inserta dentro de la agenda del Ministerio de Energía de este Gobierno para generar mayores condiciones de competitividad y mayor producción de energía a fin de abaratar costos y llegar a los usuarios tanto particulares como productivos o industriales con mejores precios y garantía de cobertura de manera permanente.
Vamos a votar a favor de este proyecto, señor Presidente. En los momentos que vive el país nos parece muy importante dar señales positivas para fomentar la inversión, para garantizar que haya activación de la economía. El costo energético, en cualquier nivel de competitividad, es demasiado alto en Chile y, por lo tanto, todo lo que ayude a mejorar las condiciones de competitividad de nuestra economía será bienvenido.
Me dice el Senador Zaldívar que debo hacer referencia a que me voy a inhabilitar por el parentesco que tengo con el Ministro. El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Quiero hacer presente que somos varios los que nos inhabilitaremos en esta iniciativa -¡varios!-, y no sé si se va a alcanzar el quórum, por lo que estoy viendo.
Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero señalar que este proyecto de ley es misceláneo, cosa que sorprende bastante, porque una iniciativa que amplía el giro de ENAP, al permitir su asociación con terceros para participar en el negocio de la generación de energía, a lo menos ameritaría conformar un proyecto por sí sola, y que no fuera en conjunto con dos ideas que a nosotros nos parecen positivas, necesarias, convenientes, como el extender por cinco años el beneficio para los paneles solares térmicos y, por supuesto, destrabar los juicios por pertenencias mineras, que en numerosas ocasiones se usan como forma de evitar el desarrollo de este tipo de actividades.
Señor Presidente, he escuchado varias intervenciones, y muchos dicen: "Cómo se pueden oponer a que ENAP se asocie con terceros; cómo se pueden oponer a que ENAP realice una actividad que va a significar la disminución de las tarifas eléctricas".
El punto es que ENAP perdió el año 2008 entre 800 y 1.000 millones de dólares.
Por lo tanto, no nos oponemos por una razón ideológica ni porque no deseemos que ENAP participe en un negocio con el propósito de disminuir las tarifas, sino porque tenemos desconfianza de la forma como se administran este tipo de empresas, que al ser de todos los chilenos finalmente terminan siendo de nadie y que no se administran con el celo que corresponde.
Esta empresa tiene deudas por más de 4 mil millones de dólares, según me dicen.
Entonces, el paso siguiente, si aprobamos esto dentro de una ley miscelánea, será que nos pidan aumento de capital. Y eso deberá hacerse con cargo a recursos del Tesoro Público, a recursos fiscales. Y nos van a decir: "¡Pero cómo no aprueban el aumento de capital si ya aprobamos esta asociación de ENAP con terceros!".
Y seguirá la cadena.
Y después ¿quién se hará cargo de las pérdidas? ¿Quién se hará cargo de la merma patrimonial que significa incursionar en negocios que terminan siendo muy malos?
Lo que estamos haciendo quienes nos vamos a abstener en este proyecto es cuidar los siempre escasos recursos públicos. El país tiene enormes desafíos, ¡enormes desafíos!
Hace un par de días, la Comisión Bravo entregó su informe a la Presidenta de la República sobre una nueva reforma previsional. Y todos queremos que nuestros compatriotas, cuando tengan que enfrentar la decisión de jubilar, lo hagan sabiendo que sus pensiones les permitirán llevar una vida con dignidad.
Uno de los acuerdos de la Comisión Bravo es que ampliemos el pilar solidario que se aprobó el año 2007. Pero para eso se requieren más recursos públicos.
Por tanto, debemos hacer esfuerzos para que esos recursos públicos tan indispensables permitan que las personas hoy pensionadas y las que lo harán en el futuro tengan un mejor pasar, una vida mucho más tranquila al momento de pensionarse. Pero eso obliga a priorizar, a que seamos cuidadosos con los recursos públicos, que son escasos.
Enfrentamos otra discusión, a la que vamos a entrar en detalle una vez que conozcamos el proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2016: la gratuidad en la educación superior.
¿Cuánto dinero significará eso?
Los recursos de la reforma tributaria, que aprobamos el año pasado, ¿serán suficientes para garantizar que todos los alumnos de mayor vulnerabilidad reciban educación gratuita?
Hoy no lo sabemos.
Y desde el Gobierno nos dicen: primero, que esto sería para el 60 por ciento más vulnerable; luego, que solo para el 50 por ciento más vulnerable, pero que se ampliaría el universo de entidades de educación superior; y, en días más recientes, que únicamente se financiaría la gratuidad de los aranceles referenciales, con lo cual -digamos las cosas por su nombre- no habría gratuidad total para los más vulnerables.
Entonces, ahí hay otro desafío en términos de recursos públicos.

El señor MONTES.- Nadie ha dicho eso, Senador.

El señor GARCÍA.- Está en la prensa, Senador Montes -por su intermedio, señor Presidente-.

El señor MONTES.- ¡Miente la prensa!

El señor GARCÍA.- Y cabe mencionar los desafíos que tenemos en salud: un endeudamiento hospitalario por sobre cualquier estimación; largas listas de espera, que crecen todos los días, para consultas de especialidades e intervenciones quirúrgicas no AUGE y también para las con garantía del Estado; un programa de inversiones que no logra poner en pie y llevar adelante lo ya comprometido (a lo menos los veinte hospitales que entregarían durante el presente año).
Entonces, en realidad lo que hacemos es ser cuidadosos con los recursos públicos, ¡lisa y llanamente!
Aquí no hay razones ideológicas, no es que no queramos la competencia. Por el contrario, cuanta más competencia haya y más se favorezca a los consumidores y a los ciudadanos, particularmente en un área tan sensible como la energía, ¡tanto mejor!
El problema es que eso, primero, debiéramos verlo en un proyecto aparte.
Y, segundo, tendríamos que analizar completamente si la actual institucionalidad de la ENAP cumple las condiciones, los requisitos para asociarse con privados y llevar adelante exitosamente -¡exitosamente!- este tipo de operaciones para las cuales se ampliaría su giro.
Y esas condiciones, esas garantías y esa seguridad no se dan en esta iniciativa.
Por tal razón, nos abstendremos de votar la idea de legislar.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, como aquí se señaló, efectivamente este proyecto es misceláneo. Y, en tal sentido, tiene tres objetivos, que ya se han mencionado, pero no está de más recordar.
Así, qué importante es que mediante esta iniciativa podamos perfeccionar y profundizar la franquicia tributaria establecida para promover la instalación domiciliaria de sistemas solares térmicos.
Acá se ha recordado que tales sistemas -evidentemente, en el norte gozamos bastante más de sol que en el sur de nuestro país- pueden ser tremendamente eficientes a este respecto. Y cabe considerar que el 30 por ciento de nuestra población ni siquiera tiene acceso al agua caliente.
Entonces, instalar este sistema para generar agua caliente resultaría de gran impacto para nuestras familias.
Por eso era necesario reparar lo que no se logró con la ley anterior: que a ello accedieran incluso familias que habitaran viviendas sociales, las cuales podrían ahorrar, disponer de una energía limpia y tener agua caliente.
Con esta iniciativa se intenta dar un paso más.
Ahora, no es menor lo que señaló en la Comisión de Minería el Presidente de la Asociación Chilena de Energía Solar (ACESOL), quien justamente opinaba que el fomento y la masificación de estos sistemas requiere no solo generar una mayor conciencia ciudadana sobre las ventajas de la energía solar, sino también establecer ciertas normas, procedimientos y productos de calidad.
Sería largo mencionar las cifras, señor Presidente, pero podemos decir que es tremendamente importante lo que ha significado para nuestro país, a partir del Gobierno de la Presidenta Bachelet, que por primera vez en años -como he dicho- tengamos una agenda eléctrica con un horizonte de a lo menos los próximos 15 años, que entre otras cosas (aparte de la interconexión de dos sistemas; aparte de robustecer la transmisión) pretende la diversificación hacia las energías renovables no convencionales.
Quiero recordar a esta Sala que nosotros fuimos autores de la moción que proponía el 20/20, que después cambiamos por 20/25. Es decir, que se llegara a un 20 por ciento de la producción eléctrica con energías renovables no convencionales en el año 2025, con un sentido de realismo.
Todo lo que hagamos en esa línea, señor Presidente, será bienvenido.
En segundo lugar, aquí también se ha hablado de que como país nos enfrentamos a una situación bastante compleja, en cuanto a que se ha ido generando cierta especulación con respecto a las solicitudes de concesiones.
Por lo tanto, la idea aquí es que, cuando se presente un proyecto de energías renovables no convencionales, se otorgue una caución para que no quede paralizado o se suspenda su ejecución si ello se decreta en un procedimiento concesional de carácter administrativo o judicial.
Aquí se alude a lo que ya hemos mencionado en diversas oportunidades: a que cuando se sabe que vendrá un proyecto de esta naturaleza aparecen quienes hacen pedimentos, muchas veces solo con afán especulativo.
Esto es importante, porque lo necesitamos.
Y el tercer tema, que considero de la mayor trascendencia, es que se amplía el giro social de la ENAP a actividades relacionadas justamente con la energía y la generación eléctrica.
Actualmente, ENAP tiene tres líneas de negocios: exploración y producción; refinación y comercialización; gas y energía.
¿Y qué decimos aquí?
Que tenemos un mercado extraordinariamente concentrado.
Hay tres actores, que prácticamente dominan el 99 por ciento del mercado. Y la falta de generadores ha ocasionado un tremendo daño en este país.
Tenemos una de las energías más caras de la región, lo cual evidentemente nos resta competitividad y, por cierto, estas tarifas, estos precios regulados afectan a los hogares.
Por lo tanto, queremos más actores.
Y me felicito porque uno de los objetivos propuestos para la próxima década en la agenda eléctrica y por el Ministro de Energía, quien está en la Sala -aprovecho de saludarlo-, sea reducir el costo de la energía, si es posible, en 25 por ciento.
¿Por qué? Porque sabemos que nuestra energía es extraordinariamente cara, entre otras cosas, debido a que nos faltan actores.
Los procesos de licitación realizados entre 2011 y 2013 tuvieron que declararse desiertos. No hubo interesados. Y a partir de esta agenda y de los cambios que se hicieron y de la forma en que se llamó a licitaciones, hoy tenemos una multiplicidad de actores. Y esto se persigue, entre otros objetivos.
Además de eso, creo que sí hay aquí cierto sesgo ideológico: la aprensión de que una empresa pública, como ENAP, pueda dedicarse a ampliar su giro.
Y la gran pregunta es ¿y por qué no?
Por qué no habría ENAP, que cuenta con una experiencia profesional de larga data, con profesionales capacitados, con empleados comprometidos -hablaron favorablemente de este proyecto-, mediante una asociación con privados, ser un actor en este mercado, que -como ya dijimos- se halla extraordinariamente concentrado.
Creo que eso es muy importante.
Y también lo es reconocer que ENAP, que pasó por un mal período, que todos sabemos que llegó a tener un nivel de deuda muy relevante, hoy exhibe -es clave para la estabilidad financiera de esta empresa-, en comparación con todos los años anteriores, los mejores resultados en los últimos quince años. ¡En los últimos quince años!
Ese es el dato que indica hoy ENAP.
Dicha estabilidad financiera ha permitido disminuir la relación deuda-patrimonio, que a junio del 2015 fue de 5,5 veces, mientras que en el 2012 alcanzó a 48 veces. ¡48 veces!
¿Qué significa eso? Que dicha compañía tiene hoy una buena gestión y que ha asumido un compromiso.
Se requiere una mirada de país para entender que ENAP sigue y seguirá siendo una empresa estratégica. Muchos hemos pedido que se dedique definitivamente a las actividades relacionadas con la energía, en particular con las renovables no convencionales.
Es importante que ENAP, en sociedad con ENEL, pueda desarrollar en el norte un proyecto de gran interés nacional como sería la generación eléctrica a partir de la geotermia. Sería la primera vez que se produciría tal energía renovable en la historia de nuestro país.
El desarrollo de la geotermia, desgraciadamente, ha sufrido muchas dificultades en Chile, porque ha carecido de facilidades en el mercado de capitales, porque la exploración es carísima e incierta y por muchas otras razones que sería largo explicar.
En definitiva, con esa fuente energética producimos cero megavatio. En contraste, países como Italia sí cuentan con empresas que producen energía a partir de la geotermia e, incluso, ofrecen subproductos tremendamente importantes.
Es la hora de decir las cosas con claridad: hay gente que piensa que una empresa pública no debiera dedicarse a ese giro. Esas personas esperan que el Estado y sus empresas no se asocien nunca con los privados.
En cambio, nosotros pensamos que la participación societaria de la compañía en este ámbito -esta fue una indicación de la Cámara de Diputados- podrá llegar hasta el 66 por ciento del capital social. Que esta medida es importante, ¡claro que lo es!
En definitiva, señor Presidente, estimo que esta iniciativa de ley miscelánea abarca tres temas de mucha importancia para la situación energética del país.
No queremos seguir teniendo la energía más cara de la región.
No queremos continuar siendo poco competitivos.
No queremos tener un Estado totalmente concentrado en tres actores.
¡Sí queremos diversificar la producción energética!
Chile, por desgracia, no es un país productor ni de gas ni de petróleo. Por tanto, necesitamos diversificar nuestra matriz energética; necesitamos contar con más actores, y necesitamos mejorar los precios, que afectan no solo los procesos mineros o industriales, sino también al cliente de la casa; o sea, al usuario regulado.
Por todas esas razones, señor Presidente, anuncio mi voto favorable a la idea de legislar.
Es tremendamente relevante dar una señal que indique que sí nos preocupa como país diversificar la generación energética, mejorar la matriz y, sobre todo, producir de manera más limpia, fomentando las energías renovables no convencionales y, desde luego, aprovechando la potencialidad del sol en el norte de nuestro país.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Hemos llegado al término del Orden del Día.
Les recuerdo que en la sesión ordinaria, que empieza a las 3 de la tarde, vamos a votar el nombramiento de don Mario Marcel Cullell como integrante del Consejo del Banco Central, y después seguiremos la discusión de este proyecto de ley.
Quedan inscritos para intervenir los Senadores señora Van Rysselberghe y señores Coloma, De Urresti, García-Huidobro, Montes, Navarro, Horvath y Ossandón, y el señor Ministro.
Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 13:58.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción