REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 363ª
Sesión 44ª, en martes 18 de agosto de 2015
Ordinaria
(De 16:17 a 19:34)
PRESIDENCIA DE SEÑOR PATRICIO WALKER PRIETO, PRESIDENTE,
Y SEÑORA ADRIANA MUÑOZ D'ALBORA, VICEPRESIDENTA
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores (as):
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros de Hacienda, señor Rodrigo Valdés Pulido; de Secretaría General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre; de Justicia, señora Javiera Blanco Suárez; de Trabajo y Previsión Social, señora Ximena Rincón González; de Salud, señora Carmen Castillo Taucher, y de Agricultura, señor Carlos Furche Guajardo
Asimismo se encontraban presentes el Subsecretario del Trabajo, señor Francisco Díaz Verdugo, y el Presidente del Consejo Directivo del Servel, señor Patricio Santa María Mutis.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario subrogante, el señor Julio Cámara Oyarzo.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:17, en presencia de 13 señores Senadores.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Las actas de las sesiones 41ª, ordinaria y 42ª, especial, en 11 y 12 de agosto de 2015, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y señores Senadores, hasta la sesión próxima para su aprobación.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor CÁMARA (Prosecretario subrogante).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia la Presidenta de la República, con el que hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación del proyecto de ley que concede la nacionalidad por gracia a don Roberto Kozak (boletín N° 9.777-06).
--Se tiene presente la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
Tres de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que aprobó el proyecto de ley que exime de la obligación de efectuar cotizaciones de salud a pensionados mayores de 65 años, facilita la tramitación de prestaciones de vejez y otorga otros beneficios que indica (boletín N° 10.201-13) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y, en su caso, a la de Hacienda.
Con el segundo informa que dio su aprobación, con las enmiendas que señala, al proyecto del Senado que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y establece adecuaciones en la ley orgánica del Ministerio de Justicia (boletín N° 8.207-07) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y, en su caso, a la de Hacienda.
Con el último señala que aprobó, en los mismos términos en que lo despachó el Senado, el proyecto de ley que fija normas sobre planta de personal del Ministerio de Educación (boletín N° 10.127-04).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia la Presidenta de la República para el efecto de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 73 de la Carta Fundamental.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Envía copia de las resoluciones dictadas en sendos requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las siguientes normas:
-Artículo 5° transitorio de la ley N° 19.561.
-Artículo 2.331 del Código Civil.
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Ministro de Relaciones Exteriores:
Atiende inquietud, planteada por los Senadores señor Matta, señora Pérez San Martín y señores Pizarro, Quinteros, Tuma e Ignacio Walker, acerca de la coordinación entre la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, la Dirección de Promoción de Exportaciones (ProChile) y otras entidades para colocar los productos nacionales con denominación de origen e indicación geográfica.
Del señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo:
Contesta solicitud de información, efectuada en nombre del Senador señor Navarro, en cuanto a medidas para combatir la pérdida y desperdicio de alimentos, en relación con informe de la FAO.
De la señora Ministra de Justicia:
Responde inquietud, planteada en nombre de la Senadora señora Allende, en lo que respecta a la necesidad de estudiar la creación o modificación de algunos tribunales en la Región de Atacama para facilitar el acceso de los ciudadanos.
Del señor Ministro de Obras Públicas:
Da respuesta a sendas consultas, formuladas en nombre del Senador señor Espina, tocantes a los siguientes asuntos:
Contaminación de aguas del estero Tijeral, en la comuna de Renaico.
Situaciones que afectan el normal cauce del río Renaico, en la comuna del mismo nombre.
De la señora Ministra de Salud:
Atiende solicitudes de información del Senador señor Navarro respecto de los siguientes asuntos:
-Racionalización en la petición de exámenes por parte de los médicos.
-Paralización de actividades de la FENATS en Concepción.
Absuelve diversas consultas, planteadas por la Senadora señora Von Baer, sobre los siguientes temas:
-Cinco oficios relacionados con el estado de avance de las inversiones del "Plan de Mejoramiento de la Red Asistencial de Salud de la Región de Los Ríos" en las comunas de Máfil, Río Bueno, Paillaco, Lanco y La Unión.
-Iniciativa de inversión de la "Reposición Posta Folilco", del "Plan de Mejoramiento de la Red Asistencial de Salud de la Región de Los Ríos".
-Estado de avance de los hospitales de La Unión y Río Bueno.
-Estado de avance del hospital de la comuna de Futrono.
-Ejecución de iniciativas de inversión en la comuna de Mariquina.
Remite, en respuesta a solicitud de información enviada en nombre del Senador señor Prokurica, el monto de los recursos destinados al pago de sociedades médicas durante los años 2014 y 2015.
Atiende consulta, formulada en nombre del Senador señor Ossandón, acerca de las cifras de especialistas que debiendo prestar servicios en el sector público como derivación de su proceso de especialización no lo han hecho.
Da respuesta a consulta, formulada en nombre de la Senadora señora Van Rysselberghe, sobre el número de casos diagnosticados de complicaciones pulmonares, fibrosis quística y mesotelioma pleural en la comuna de Coronel.
De la señora Subsecretaria de Educación:
Responde petición de información, planteada en nombre del Senador señor Quintana, en relación con posibles irregularidades en la convalidación de ramos de la Facultad de Derecho de la Universidad Central.
De la señora Superintendenta de Servicios Sanitarios:
Da respuesta a consulta, formulada en nombre del Senador señor Prokurica, en cuanto a cobros indebidos por parte de la empresa Aguas Chañar a las personas afectadas por la tragedia ocurrida en marzo último en la Región de Atacama.
Del señor SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones del Biobío:
Atiende consulta, formulada en nombre del Senador señor Navarro, atinente a varios aspectos relacionados con el transporte público de pasajeros de Octava Región.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
Dos de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaídos en los siguientes proyectos de ley:
El que concede la nacionalidad por gracia a don Roberto Kozak, en segundo trámite constitucional (boletín N° 9.777-06) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
El que concede la nacionalidad chilena por especial gracia al ciudadano argentino señor Roberto Jesús Kozak, en primer trámite constitucional (boletín N° 9.824-17).
De la Comisión Mixta encargada de resolver las divergencias producidas durante la tramitación del proyecto de ley que modifica el Código Orgánico de Tribunales en materia de distribución de causas y asuntos de jurisdicción voluntaria (boletín N° 9.679-07).
--Quedan para tabla.
Certificado
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de reforma de la Carta que otorga autonomía constitucional al Servicio Electoral (boletines Nos 9.840-07 y 10.055-07, refundidos) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Queda para la tabla de esta sesión.
Mociones
De los Senadores señores Lagos, Montes y Zaldívar, para permitir la transformación de los institutos profesionales y centros de formación técnica en personas jurídicas de aquellas regidas por el Título XXXIII del Libro I del Código Civil (boletín N° 10.261-04).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Comunicaciones
De la Comisión de Agricultura, mediante la cual informa acerca de la sesión que celebró el pasado 6 de agosto en la ciudad de Chillán.
--Queda a disposición de Sus Señorías.
Del Senador señor Navarro, con la que solicita, conforme a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 36 bis del Reglamento de la Corporación, el desarchivo de los siguientes asuntos:
Proyecto de reforma constitucional que prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional (boletín N° 6.741-07).
Proyecto de ley que modifica el Código Tributario con el objeto de eliminar la facultad de allanar y descerrajar el domicilio del contribuyente (boletín N° 6.798-07).
--Se accede a lo solicitado, volviendo los proyectos al estado en que se encontraban al momento de archivarse.
Del Senador señor Moreira, con el que manifiesta su voluntad de retirar su firma, en calidad de coautor, del proyecto de ley que establece regulación de la actividad apícola (boletín N° 10.144-01), en primer trámite constitucional y radicado en la Comisión de Agricultura.
--Se toma conocimiento.
Solicitudes de permiso constitucional
Del Senador señor Patricio Walker, con la que comunica que se ausentará del país entre los días 26 de agosto y 3 de septiembre del presente año.
Del Senador señor Girardi, con la que informa que se ausentará del país entre los días 14 y 18 de este mes.
--Se autorizan.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminada la Cuenta.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Los Comités, en sesión de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos:
1.-
Colocar en primer lugar del Orden del Día de esta sesión ordinaria el proyecto de reforma de la Carta que otorga autonomía constitucional al Servicio Electoral (boletines Nos 9.840-07 y 10.055-07, refundidos), signado en la tabla con el número 2.
2.-
Colocar en el segundo lugar del Orden del Día de la presente sesión el proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales introduciendo modificaciones en el Código del Trabajo (boletín N° 9.835-13), signado con el número 1 de la tabla; iniciar su discusión en general, y continuar su tratamiento en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana, hasta su total despacho.
3.-
Retirar de la tabla de Fácil Despacho de hoy y colocarlo en el tercer lugar del Orden del Día de la presente sesión el proyecto de acuerdo que aprueba el "Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura y sus dos Anexos", adoptado por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) el 3 de noviembre de 2001 (boletín N° 6.556-10).
4.-
Citar a sesión especial para mañana, de 12 a 14, al objeto de tratar el proyecto de ley que modifica disposiciones aplicables a los funcionarios municipales y entrega nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (boletín N° 10.057-06), autorizando a las Comisiones para sesionar simultáneamente con la Sala.
5.-
Tratar en la tabla de Fácil Despacho de la sesión ordinaria de mañana el proyecto de ley que concede la nacionalidad por gracia a don Roberto Kozak (boletín N° 9.777-06).
6.-
Remitir el proyecto que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y establece adecuaciones en la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, en su tercer trámite constitucional, al conocimiento de la Comisión de Hacienda.
7.-
Autorizar para que el proyecto de ley que exime de la obligación de efectuar cotizaciones de salud a pensionados mayores de 65 años, facilita la tramitación de prestaciones de vejez y otorga otros beneficios que indica (boletín Nº 10.201-13) sea discutido en general y en particular en su primer informe.
8.- Autorizar para que el proyecto de acuerdo de los Senadores señora Goic y señores Girardi, Horvath, Pérez Varela y Patricio Walker que modifica el Reglamento del Comité de Auditoría Parlamentaria (boletín N° 10.221-07) sea discutido en general y en particular por la Comisión Bicameral.
Nada más, señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Gracias, señor Secretario.
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, en cuanto al proyecto que exime de la obligación de efectuar cotizaciones de salud a pensionados mayores de 65 años, solicito que, además de autorizarse a la Comisión de Trabajo para discutirlo en general y particular en el primer informe, se permita que, despachado por ella, sea conocido de inmediato por la Comisión de Hacienda. De esa forma se acelera el procedimiento, para ver si podemos aprobar la iniciativa en el mes de septiembre.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Eso fue lo que acordamos, señor Senador: primero, Comisión de Trabajo, para estudio en general y particular en el primer informe, y después, Comisión de Hacienda.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, pido que la iniciativa que modifica disposiciones aplicables a los funcionarios municipales no se vea mañana en sesión especial de 12 a 14, pues eso significa paralizar un proyecto del Gobierno que tiene "suma" urgencia: el que permite la creación de los consejos comunales de seguridad pública. Ello, porque los mismos Senadores estamos viendo ambas iniciativas.
El proyecto relativo a los funcionarios municipales lo estamos debatiendo en general.
Ahora, los miembros de la Comisión de Gobierno (estoy hablando en nombre de los Senadores señora Von Baer y señores Zaldívar, Quinteros y Horvath; el colega Montes está colaborando en la iniciativa pese a no ser integrante de dicho órgano técnico) queremos sesionar mañana entre las 12:30 y las 15 para despachar el proyecto sobre consejos comunales de seguridad pública -materia bastante significativa en el ámbito de la seguridad ciudadana-, pues después viene la semana regional.
Por consiguiente, pedimos que el proyecto concerniente a los funcionarios municipales, que debe votarse en general y que la Comisión aprobará por unanimidad (en la Sala ocurrirá lo mismo), se vea en Fácil Despacho, porque el verdadero debate tendrá lugar durante la discusión particular.
Entonces, la idea es que se vea esa iniciativa mañana -repito- en Fácil Despacho y que luego se siga con el proyecto de reforma laboral.
Nosotros no podemos paralizar el estudio de una iniciativa que el Gobierno nos pidió despachar con premura.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Señor Senador, estimo que su planteamiento es conciliable con lo que aprobaron los Comités. ¿Por qué? Primero, porque las Comisiones están autorizadas para funcionar mañana, de 12 a 2, paralelamente con la Sala. Y segundo, porque el referido proyecto debe votarse en general.
Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy tenemos en primer lugar el proyecto que otorga autonomía constitucional al SERVEL, y en seguida, la reforma laboral. Para mañana está fijado el homenaje a Margot Loyola, que se acordó con antelación (ya se citó a los invitados), y luego retomaremos la reforma laboral, que debe despacharse ese día.
En consecuencia, la Comisión de Gobierno perfectamente podrá ver el proyecto sobre consejos comunales de seguridad pública. Nosotros votaremos en general el relativo a los funcionarios municipales. Y, por cierto, nos coordinaremos con las Comisiones para que sus miembros vengan oportunamente a la Sala a emitir su pronunciamiento.
El señor ESPINA.-
¿No podría citar de 15:30 a 16, señor Presidente?
Porque ocurre lo siguiente.
La Comisión de Gobierno está viendo el proyecto sobre consejos comunales de seguridad pública. Entonces, ¡cómo sus integrantes, con un mínimo de responsabilidad, van a estar simultáneamente en la Sala votando la iniciativa atinente a las plantas municipales!
Porque Su Señoría convendrá conmigo en que no se trata de venir al Hemiciclo, pronunciar un discurso de diez minutos e irse a la Comisión de Gobierno para decir "¡Que salga lo que sea!". No creo que esa sea la forma como un parlamentario debe cumplir la función de legislar.
Si se fija una sesión especial de dos horas, los miembros de dicho órgano técnico querrán quedarse en la Sala para absolver las dudas y dar respuesta a las inquietudes y observaciones que se formulen. Porque se trata de un proyecto que se elaboró a lo largo de varias sesiones.
Entonces, yo les pido que nos ayuden a trabajar bien.
En tal sentido, solo deseamos que se permita que la iniciativa concerniente a los funcionarios municipales se vea, por ejemplo, en una sesión desde las 15:45 a las 16:15, pues solo debe debatirse en general. Después, en la discusión particular, habrá mucho paño que cortar.
De ese modo, si se pone en tal horario y como si fuera de Fácil Despacho, se nos permitirá trabajar en el proyecto sobre consejos comunales de seguridad pública, que es del Gobierno y tiene "suma" urgencia.
Para el estudio de este último proyecto irán a la Comisión carabineros, jueces, fiscales, en fin. Entonces, no podemos estar entrando y saliendo.
¡Lo pido por favor!
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Quiero recordar que la solicitud de sesión especial fue hecha hoy, en la reunión de Comités, por un integrante de la Comisión de Gobierno: el Senador señor Quinteros.
Si el Senador señor Espina insiste en su planteamiento, le consulto a la Sala si hay acuerdo para...
El señor ESPINA.-
¡Pero cómo!
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Lo que ocurre, Su Señoría, es que fijar una sesión especial entre 15:45 y 16:15 significa limitar las intervenciones, lo que la Mesa no puede controlar, pues, en último término, muchos Senadores quieren hablar. Así, hay proyectos tratados como si fueran de Fácil Despacho que al final no tienen esta condición.
Lo que sí podemos hacer es comprometernos a avisarles a todos los integrantes de la Comisión de Gobierno para que concurran a la Sala a votar. Y si alguno puede estar en parte de la sesión para intervenir, ideal.
Ahora, los Comités están para eso. Y al respecto hubo unanimidad. No fue un planteamiento mío, sino del Senador señor Quinteros, integrante de la Comisión de Gobierno.
A lo imposible, Sus Señorías, nadie está obligado.
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, sin duda, el proyecto sobre los consejos comunales de seguridad pública es muy importante desde el punto de vista de los requerimientos de nuestro país.
Efectivamente, hubo una petición a los Comités. Sin embargo, ella fue en el sentido de tratar la iniciativa sobre los funcionarios municipales mañana, durante la sesión ordinaria, en Fácil Despacho.
Por supuesto, si realizáramos el Fácil Despacho como corresponde, no habría problema. Pero ello no ocurre nunca, porque siempre habla un número de Senadores mayor que el permitido reglamentariamente: uno para impugnar y otro para sostener, cada cual por un máximo de cinco minutos.
Yo quiero, señor Presidente, hacer una proposición que compatibiliza las diversas posiciones.
A no dudarlo, la Comisión de Gobierno debe trabajar en el proyecto sobre consejos comunales de seguridad pública. Y perfectamente podríamos hacerlo mañana, por ejemplo, entre las 13 y las 15.
Entonces, ¿por qué, en vez de citar a sesión especial a contar de las 12, no se convoca de 15 a 16, para en la sesión ordinaria partir con la reforma laboral?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Pues bien: existiendo sobre el punto un acuerdo de Comités, solicito la unanimidad de la Sala al objeto de citar a sesión especial para mañana de 15 a 16 a fin de ver el proyecto sobre los funcionarios municipales.
No hay acuerdo.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente...
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Perdón, señor Senador.
Yo pregunto para qué existen los Comités.
Respeto el derecho de todos...
El señor ESPINA.-
¿Me permite, Su Señoría?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
En seguida, señor Senador.
Repito: sobre el punto hubo un acuerdo de Comités, y para modificarlo se requiere unanimidad.
Entiendo que algunos Senadores, como el Honorable señor Espina, no estén de acuerdo con lo resuelto. El argumento de Su Señoría es razonable. Pero la solicitud no emanó de la Mesa, sino -repito- de un integrante de la Comisión de Gobierno. Y en la reunión de Comités había representación de Renovación Nacional.
Entonces, si en la Sala no existe unanimidad para modificar lo resuelto por los Comités, este debate va a ser estéril.
Insisto: entiendo el argumento del Senador señor Espina. Sin embargo, no hay alternativa.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, en primer término, he de reiterar que el Senador Quinteros pidió en la reunión de Comités -porque siempre se entendió así- que la iniciativa pertinente se pusiera en tabla para la sesión ordinaria de mañana.
En seguida, debo decirle al colega Letelier que yo soy de la Oposición y estoy tratando de sacar adelante un proyecto del Gobierno.
Entonces, definamos el rol de cada cual. Porque si yo actuara como un opositor obstructivo, tendría que decir "¡Ojalá que esta iniciativa no salga!".
¡La seguridad pública tiene hoy 92 por ciento de rechazo ciudadano!
Se trata -repito- de un proyecto del Ejecutivo.
En la Comisión de Gobierno no podemos tener de invitados a jueces, fiscales y otras autoridades para estar saliendo y entrando y dejándolos en el aire.
Entonces, le pido por favor al Senador Letelier que permita que para el proyecto relativo a los funcionarios municipales se cite de 15 a 16. Con ello se le posibilitará a la Comisión de Gobierno trabajar de 12:30 a 15 para despachar ¡un proyecto del Gobierno de Su Señoría!
¡La Oposición quiere sacar adelante esta iniciativa, pero lo impiden partidarios del Ejecutivo!
Que alguien me explique lo que están haciendo, y que ello se consigne en la historia fidedigna de la ley respectiva.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
En último término, tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, el Senador que me antecedió en el uso de la palabra intenta poner la discusión del proyecto sobre los funcionarios municipales como si se tratara de un conflicto entre la Nueva Mayoría y la Oposición.
Creo que la orientación de Su Señoría es muy equívoca. Y quiero dejarlo sentado.
Ahora bien, los Comités tomaron un acuerdo que tiene que ver con el tiempo del debate. No tengo ningún problema en acceder al cambio de horario, pero pido que en esa oportunidad podamos intervenir quienes no somos miembros de la Comisión, pues el proyecto merece muchos reparos. Tenemos opiniones que entregar y queremos un espacio suficiente para hacerlo. Estamos haciendo referencia a decenas de miles de trabajadores y a que es preciso dejar planteados los puntos de vista en la discusión general, para que en la discusión particular no se pasen por alto aspectos que, por desgracia, no han sido bien abordados. Algunos Senadores deseamos dejar constancia de ello.
Fijemos las 16, en lugar de las 15, pero espero que haya tiempo para que el parecer de la agrupación de funcionarios municipales efectivamente sea escuchado, así como el del sector correspondiente a los juzgados de Policía Local, que se encuentra fuera de la iniciativa.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Si le parece a la Sala, la sesión especial se celebrará de 14:45 a 16, dejándose sin efecto, obviamente, la citación para las 12.
Acordado.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
La señora Ministra del Trabajo le ha pedido a la Mesa recabar la unanimidad de la Sala para que asista a la sesión el Subsecretario del Trabajo, señor Francisco Díaz.
Si no hay objeciones, se accederá.
Acordado.
Asimismo se ha solicitado que pueda ingresar al Hemiciclo el Presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, señor Patricio Santamaría.
Si no hay inconvenientes, se accederá.
Acordado.
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MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE EX DIPUTADO SEÑOR IGNACIO BALBONTÍN ARTEAGA
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Goic.
La señora GOIC.-
Señor Presidente, nos hemos impuesto hoy del lamentable fallecimiento del ex Diputado, amigo y camarada señor Ignacio Balbontín Arteaga.
Pido que se guarde un minuto de silencio en su memoria.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Así se hará, Su Señoría.
--La Sala guarda un minuto de silencio.
AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL DE SERVICIO ELECTORAL
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Corresponde ocuparse en el proyecto de reforma de la Carta Fundamental, en segundo trámite, que otorga autonomía constitucional al Servicio Electoral, con certificado de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.840-07 y 10.055-07, refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional:
En segundo trámite, sesión 31ª, en 1 de julio de 2015.
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (certificado): sesión: 44ª, en 18 de agosto de 2015.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El objetivo de la iniciativa es concederle autonomía constitucional a la entidad, con el fin de fortalecer su independencia y capacidades institucionales para cumplir su rol administrativo de organización de elecciones y de fiscalización del funcionamiento y financiamiento de procesos electorales y partidos políticos.
La Comisión la discutió en general y en particular y la aprobó en general por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín. La sancionó en particular con enmiendas, consignando las votaciones y la redacción respectivas en su certificado.
Cabe destacar que el artículo único requiere, para ser acogido, las tres quintas partes de los Senadores en ejercicio, esto es, 21 votos a favor.
El texto que se propone se incluye en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Nada más.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Puede intervenir el Honorable señor De Urresti, Presidente de la Comisión de Constitución.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, la iniciativa refunde dos proyectos de reforma constitucional, uno de ellos iniciado en moción y el otro en mensaje.
A modo de síntesis, en los fundamentos se hace presente que actualmente existe un sólido compromiso con el proceso de fortalecimiento de la democracia. Por eso, se recuerda que ya se avanzó en la aprobación de un cambio al sistema electoral para establecer otro de carácter proporcional y representativo.
Se agrega que con el mismo objetivo se trabaja en una agenda legislativa orientada a asegurar que la política y los negocios constituyan ámbitos distintos, a fin de prevenir conflictos de intereses. Se añade que las modificaciones procuran garantizar una mayor equidad y transparencia en las campañas y potenciar el rol que deben cumplir los partidos políticos.
El mensaje asimismo se refiere a la función electoral. Indica que ella se compone de un conjunto de actos orientados básicamente a la elección de los gobernantes de un Estado. Expresa que abarca también, entre otros aspectos, el registro de electores y de candidaturas; la regulación de los recursos económicos y materiales de estas últimas; la recepción y clasificación de los sufragios, y la solución de las controversias generadas en los procesos electorales.
Se puntualiza que el encargado de la administración de la actividad de que se trata es el Servicio Electoral. En relación con dicho organismo, se destaca que la reforma busca perfeccionar su funcionamiento, para lo cual se lo dota de autonomía constitucional a fin de reforzar su independencia.
Por último, se explica que en la condición jurídica recién mencionada ya se encuentran la Contraloría General de la República, el Banco Central, el Consejo Nacional de Televisión, el Ministerio Público y las municipalidades.
Luego de escuchar al Ejecutivo y de ponderar las virtudes de dotar de autonomía al Servicio, la Comisión, por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señores Araya, Espina, Harboe, Larraín y quien habla, aprobó en general la iniciativa.
Durante el análisis en particular, resolvió introducir algunas enmiendas al texto aprobado en el primer trámite.
Así, determinó la supresión del número 1, en el entendido de que el funcionamiento del sistema electoral es una materia que corresponde que sea de competencia del legislador.
Igualmente, decidió reemplazar el epígrafe del Capítulo IX de la Carta por otro que hace una referencia expresa al Servicio Electoral. Con ello se quiere destacar la importancia de la entidad como un órgano autónomo y de rango constitucional.
Además, sustituyó el artículo 97 bis del texto aprobado por la Cámara de Diputados.
Al efecto, acordó introducir un artículo 94 bis, nuevo, en el mencionado Capítulo IX, para establecer expresamente que "Un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Servicio Electoral, ejercerá la administración, supervigilancia y fiscalización de los procesos electorales y plebiscitarios; del cumplimiento de las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral; de las normas sobre los partidos políticos, y las demás funciones que señale una ley orgánica constitucional.".
El inciso siguiente señala que "La dirección superior del Servicio Electoral corresponderá a un Consejo Directivo, el que ejercerá de forma exclusiva las atribuciones que le encomiende la Constitución o las leyes. Dicho Consejo estará integrado por cinco consejeros designados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado, adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio. Los Consejeros durarán diez años en sus cargos, no podrán ser designados para un nuevo período y se renovarán por parcialidades cada dos años.".
Esta última disposición fue la más debatida por el órgano técnico, pues el Senador que habla estimó exagerado y desproporcionado dicho quorum y propuso mantener el criterio de los tres quintos de los miembros en ejercicio, contemplado por la Cámara de Diputados. La mayoría de la Comisión estimó, en cambio, que el primero era necesario para alcanzar un acuerdo.
En seguida se precisa que "Los Consejeros solo podrán ser removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República o de un tercio de los miembros en ejercicio de la Cámara de Diputados, por infracción grave a la Constitución o las leyes, incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte conocerá del asunto en Pleno, especialmente convocado al efecto, y para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio.".
Finalmente se prescribe que "La organización y atribuciones del Servicio Electoral serán establecidas por una ley orgánica constitucional. Su forma de desconcentración, las plantas, remuneraciones y estatutos del personal serán establecidos por una ley.".
Con la norma anterior queda claro que las plantas, remuneraciones y estatuto del personal serán competencia de la ley común y no una materia orgánica constitucional.
En concordancia con el texto del que sería artículo 94 bis, se agrega una disposición transitoria nueva a la Carta y se regula el proceso escalonado de sustitución de los actuales integrantes del Consejo Directivo del Servicio Electoral. En todo caso, se precisa que no podrán ser reelegidos en sus cargos.
Todos estos cambios, con la sola excepción del inciso segundo del artículo 94 bis, fueron aprobados por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Constitución.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente, creo que nos hallamos ante una buena noticia. Esto es parte de la agenda de transparencia y avanzamos en el sentido correcto. Lo que en el proyecto estamos haciendo es entregarle al Servicio Electoral el carácter de constitucionalmente autónomo.
¿Qué significa eso, en la práctica? Que no dependerá del Gobierno de turno y que, por lo tanto, va a disponer de una mayor potestad para tomar decisiones. Ello responde a una lógica: la de que le estamos dando, junto a la autonomía, un conjunto de facultades de las cuales ha carecido hasta el día de hoy.
Es preciso recordar que la iniciativa en debate va aparejada a otra que despachamos la semana recién pasada, relativa a la posibilidad de que un concejal, un alcalde, un consejero regional, un Diputado o un Senador sea destituido cuando se compruebe una infracción grave a las leyes de control, financiamiento y límite del gasto electoral. ¿Por qué ambas se vinculan? Porque el Consejo del Servicio Electoral es justamente el que puede formular de manera exclusiva una petición de cesación en el cargo respecto de esas autoridades elegidas.
Y por eso es que hemos estimado prudente, dada la trascendencia que va a alcanzar el organismo, otorgarle una total autonomía.
Para ello, se determinó un conjunto de modificaciones. En primer lugar, el epígrafe del Capítulo IX de la Carta, "JUSTICIA ELECTORAL", pasará a ser "SERVICIO ELECTORAL Y JUSTICIA ELECTORAL", ya que hemos incorporado a la entidad de que se trata, cuyo rango ha sido hasta ahora de carácter legal.
En segundo término, se agrega un artículo 94 bis, relativo a que el Servicio "ejercerá la administración, supervigilancia y fiscalización de los procesos electorales y plebiscitarios; del cumplimiento de las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral; de las normas sobre los partidos políticos, y las demás funciones que señale una ley orgánica constitucional".
Es decir, hemos ampliado el ámbito de competencia del organismo al límite y control del gasto electoral, tal como he señalado, pero, a la vez, va a ejercer la supervigilancia de las normas sobre los partidos políticos. ¿Cuál es la relevancia de eso? Cabe recordar que es necesario entender la legislación como un todo: en la Cámara de Diputados se encuentra un proyecto -prontamente llegará acá- que modifica la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, donde se va a contemplar la posibilidad de financiamiento público, pero, para poder optar a este, se tendrá que reunir un conjunto de requisitos. ¿Quién va a fiscalizar que ello se cumpla? El Consejo del Servicio Electoral. Por eso es que la autonomía constitucional es tan significativa.
Los consejeros serán nombrados por el Presidente de la República, con el acuerdo de dos tercios de los Senadores en ejercicio. Durarán diez años en sus cargos y se renovarán cada dos años por parcialidades. No podrán ser designados para un nuevo período.
En la Comisión se registró una profunda discusión respecto del sistema de reemplazo. Y tal como ha resultado positivo que el Senado de la República se renueve por parcialidades, hemos estimado importante que en el Consejo del Servicio Electoral, a fin de ir aprovechando su experiencia y sobre la base de una transición en el tiempo, se aplique el mismo procedimiento cada dos años.
Además, una norma transitoria impide que una eventual mayoría circunstancial del Gobierno de turno coopte en el nombramiento de más consejeros y sea preciso someterse a un hecho de esa índole.
Se agregan, respecto de lo planteado por la Cámara de Diputados, dos causales de remoción: infracción grave a la Constitución o las leyes -no parecía lógico que ello no se extendiera a los consejeros, ya que incluso el Jefe del Estado puede ser cesado en el cargo por tal razón- y mal comportamiento.
Se suscitó un debate sobre la resolución correspondiente y se manifestaron diferentes posiciones, pero ello sigue siendo resuelto por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República o de un tercio de los miembros en ejercicio de la Cámara de Diputados.
Una ley orgánica constitucional establecerá la organización y atribuciones del Servicio.
Es decir, existirá un organismo con autonomía y capacidad para ejercer sus funciones y con una estructura de carácter territorial que será descentralizada, como lo consideramos en la discusión. Eso quedó consignado dentro de los principios de la presente reforma de la Carta y se va a plasmar en el tratamiento de la ley orgánica constitucional.
La Primera Mandataria anunció en su discurso del 21 de mayo recién pasado que en el año en curso se iba a aprobar la normativa en estudio, por lo que me parece que estamos llevando a cabo un importante avance.
Agradezco la cooperación permanente del Presidente y del Consejo del Servicio Electoral, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y de cada uno de los asesores de los señores Senadores integrantes de la Comisión de Constitución, quienes hicieron posible llegar a un acuerdo que configurará un aporte importante. Más allá del Gobierno o del Senado de turno, de mayorías circunstanciales, estamos creando una institución de carácter permanente que va a apoyar los procesos de transparencia y a mejorar, obviamente, la calidad de la política.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Puede intervenir el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, la aprobación de la reforma constitucional que nos ocupa es un paso absolutamente necesario para la modernización de la política y la corrección de una serie de vacíos y problemas que han enfrentado, entre otros casos, las elecciones, particularmente en cuanto al financiamiento de las campañas, ámbito que ha motivado incluso algunas investigaciones judiciales en curso.
El proceso de mejoramiento de la política ha sido un secreto a voces airadas. Ya hace un año expusimos con el Senador señor Harboe una propuesta de agenda de modernización que incluía, entre otras cosas, el perfeccionamiento del Servicio Electoral.
En verdad, este organismo es un ejemplo de civismo y de garantía de un buen funcionamiento de los resultados electorales: son transparentes, se dan siempre a tiempo y, por lo tanto, no se cuestionan. Sin embargo, sus atribuciones fueron creciendo con el tiempo, habiéndose incluido, entre otras, la relativa al financiamiento de las campañas, y, lamentablemente, ha carecido de las competencias, de los recursos y del personal para poder hacerse cargo de ellas.
En consecuencia, no ha sido posible fiscalizar el desembolso real -respecto de las campañas han existido montos acotados de presupuesto-, sino que solo se ha revisado la rendición de cuentas entregada por cada uno de los candidatos, que tanto han podido ser efectivas como no serlo. El gasto electoral, entonces -que mucho preocupa a los Senadores presentes-, no se ha controlado, lo que permitió que estos procesos efectivamente se "inflaran". Por eso es que era indispensable dar este paso.
Adicionalmente, la agenda de transparencia y probidad que se está impulsando requiere la reforma en examen, porque es el marco de referencia, no solo de la nueva organización del Servicio Electoral, que se va a expresar en una ley orgánica constitucional que vendrá a continuación, sino también del cuerpo legal sobre el financiamiento de las colectividades y, en general, de los gastos electorales, así como de la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, Dicho organismo es el que va a estar a cargo de supervisar que estos otros aspectos funcionen debidamente.
Por lo tanto, para poder avanzar en las otras legislaciones que están en cuestión, resulta indispensable dar el paso de aprobar esta reforma constitucional. Es lo que hemos hecho, con algunas modificaciones a las cuales ya se refirieron quienes me antecedieron en el uso de la palabra.
Destaco, en primer lugar, que este será un órgano autónomo a nivel constitucional.
Desde hace mucho tiempo, algunos de nosotros hemos venido planteando la necesidad de que existan en nuestro ordenamiento constitucional entidades autónomas, que se ubiquen en un ámbito distinto de lo que es la Administración Pública específica, que no dependan del poder político, del Poder Ejecutivo ni, por cierto, de los otros Poderes a los que no podrían prestarles servicios ni dependencias, como el Legislativo o el Judicial. Esto es precisamente lo que se ha venido desarrollando en diferentes áreas desde hace mucho tiempo: ocurrió con la Contraloría General de la República; luego, el Banco Central se constituyó con esa calidad, y lo propio sucedió con las municipalidades, el Consejo Nacional de Televisión. Y probablemente haya que incorporar en el futuro a otros órganos autónomos a nivel de la Constitución, como el Consejo para la Transparencia, el Registro Civil, la Dirección General de Impuestos Internos, instituciones que podrían cumplir mucho mejor su función si gozaran de una autonomía de este tipo.
Yo espero que con el tiempo exista incluso a nivel constitucional un estatuto de órganos autónomos, porque esa es una de las modernizaciones que nuestra Carta Fundamental ha ido desarrollando pero que aún no ha consagrado.
Desde el punto de vista de los objetivos que tendrá este nuevo Servicio, vale la pena destacar que el ámbito de sus funciones dice relación con tres aspectos: uno, ejercer la administración, supervigilancia y fiscalización de los procesos electorales y plebiscitarios; dos, asegurar el cumplimiento de las normas de transparencia, límite y control del gasto electoral; tres, velar por que se cumpla la legislación relativa a los partidos políticos y llevar a cabo las demás funciones que le encomiende la ley. Vale decir, procesos electorales, gasto electoral y partidos políticos.
Por eso, este proyecto es absolutamente necesario para desarrollar debidamente esas actividades en el país.
Ya se ha dicho: la dirección superior corresponderá a un Consejo Directivo integrado por cinco personas, el que tendrá, entre otras, la atribución exclusiva de desarrollar las funciones que les encomienden la Constitución y las leyes. Esto supone la titularidad exclusiva para ejercer acciones destinadas a hacer efectiva la responsabilidad de los partidos y de las personas elegidas en cargos de elección popular.
Tal atribución es especialmente relevante porque impide que cualquier persona pueda iniciar una demanda, por ejemplo, en contra de candidatos que resulten electos, ya que eso podría prestarse para una infinidad de abusos por parte de quienes hayan perdido las elecciones o simplemente quieran perjudicar al que ganó, sin fundamento alguno.
El hecho de que lo anterior se radique en este organismo da garantías de que, para poder emplazar a alguien porque no cumplió con las normas sobre gasto electoral, por ejemplo, se requerirá el concurso de un órgano que tiene las atribuciones, la seriedad y el rigor que corresponden.
Por otro lado, también se ha dicho que el Consejo en cuestión estará integrado por consejeros designados por el Presidente de la República, previo acuerdo de los dos tercios del Senado. Mucho se discutió -como dijo el Presidente de la Comisión, el Senador De Urresti- si la fórmula debiera ser la de los dos tercios u otra. Y la verdad es que entre la semana pasada y esta una Comisión técnica, que estuvo conformada por representantes del Gobierno, del Servicio Electoral y de la Comisión de Constitución, llevó a cabo un trabajo sobre el particular y acordó, por las razones que estimó más prudentes -algunos ya se refirieron a ellas-, el mecanismo de los dos tercios.
En ese sentido, si bien estas materias siempre pueden ser opinables, nosotros queremos honrar el acuerdo político alcanzado, porque nos parece que nos da garantías a todos. La idea es que este organismo, con la importancia que tendrá en la fiscalización de la política en Chile, sea de las campañas, de los procesos electorales, del gasto electoral y de los partidos políticos, nos brinde a todos la mayor garantía, y ella se logra con un quórum de la naturaleza del que se exige, lo cual nos da la tranquilidad de que se contará con personas de la primera calidad en el desarrollo de esas funciones.
Finalmente, quiero referirme, dentro de las muchas disposiciones que comprende esta iniciativa, a la que aborda la remoción de los integrantes del Consejo Directivo.
También fue motivo de discusión si acaso ella debería llevarse a cabo conforme a un juicio político; es decir, mediante una acusación constitucional de los Diputados y una definición del Senado en calidad de juez en conciencia, como generalmente ocurre en ese tipo de acusaciones. Pero, con el propósito de evitar la eventual politización que se pudiera generar en lo referente al mencionado Consejo, se prefirió seguir un camino similar al que se utiliza para el Fiscal Nacional; esto es, que la destitución sea efectuada por la Corte Suprema, por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio. Y ella debe ser solicitada no por cualquiera, sino por el Presidente de la República o por un tercio de los Diputados en ejercicio, cautelándose de nuevo que no cualquier persona podrá hacer la presentación. Porque la remoción requerirá un alto quórum por parte del Tribunal Supremo, el que deberá resolver la materia en pleno.
Por otra parte, deseo agregar que, dentro de los distintos órdenes normativos que se establecieron, uno de los aspectos que se va a considerar es el de la necesaria desconcentración del funcionamiento del Servicio Electoral.
Nosotros hicimos mucho hincapié en que aquel simplemente no puede ser un organismo central, sino que debe expresarse y descentralizarse a lo largo del territorio nacional, en las regiones. Y eso se garantiza porque la desconcentración -por ejemplo, de las plantas, del personal, etcétera- va a ser regulada por la ley, lo cual, a mi juicio, permite asegurar que efectivamente tendremos un Consejo de verdad y no -como alguien dijo por ahí- una especie de "oficina termal" en las regiones, como sucede en muchos otros casos.
Por último, a fin de asegurar que los nombramientos se realicen por parcialidades, la norma transitoria establece un camino especial para resolver estos temas.
En definitiva, señor Presidente, creo que estamos ante una normativa necesaria, que ha quedado muy bien resuelta de la manera como salió de la Comisión. Y, por lo tanto, espero que se logre la unanimidad para aprobar una pieza clave en la modernización de la política en Chile.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Araya.
El señor ARAYA.-
Señor Presidente, esta reforma constitucional surge de la discusión que hemos tenido en el último tiempo respecto a la calidad de la política y a cómo mejorar el sistema electoral y las relaciones entre la política y la ciudadanía.
El proyecto en debate forma parte de un conjunto de iniciativas legales que están impulsando la Presidenta Michelle Bachelet y este Congreso, en orden a fortalecer aquellas instituciones que tienen que ver con la relación política.
Esta reforma constitucional pareciera ser muy simple, porque busca habilitar que se dicte la ley orgánica constitucional que regulará al Servicio Electoral en lo atinente a la manera de desarrollar los procesos electorales, para lo cual les entrega al Consejo y al Servicio Electoral propiamente tal una serie de atribuciones que hoy día no tienen. Por lo pronto, contarán con una mayor capacidad de fiscalización en lo concerniente al gasto electoral.
Por esa razón, la iniciativa en estudio fue objeto de una extensa discusión y, asimismo, de un amplio consenso en la Comisión de Constitución, donde prácticamente fue aprobada por unanimidad, salvo en un tema puntual.
Como fui parte de ese acuerdo, no haré mayor cuestión de él. Pero quiero dejar sentados algunos precedentes que me parecen importantes de destacar.
En primer lugar, en la referida instancia sostuve que, desde el punto de vista de la técnica constitucional, uno tiene dos formas de regular en la Carta: por una parte, se pueden regular los principios constitucionales generales; y, por otra, junto con eso, también es posible hacer un desarrollo más extenso de la institución que se está planteando.
Nuestra Constitución carece de una línea clara en la materia, porque si se revisan sus distintos capítulos, nos encontramos con que en el caso del Banco Central hace una declaración de principios respecto de lo que es dicha entidad y de su principal función, sin que exista un mayor desarrollo, y, como consecuencia de ello, le entrega a la Ley Orgánica Constitucional la tarea de regular el nombramiento de sus consejeros, su funcionamiento, inhabilidades, formas de remoción, etcétera.
Pero, si revisamos el Capítulo relativo al Ministerio Público, advertiremos que la declaración de principios señala en qué consiste ese organismo y que también se hace una relación -mucho más extensa- que dispone cuáles son sus funciones, quién puede ser Fiscal Nacional, qué requisitos se necesitan para acceder al cargo, cuáles son las formas de nombramiento y cuáles las formas de remoción.
Como consecuencia de ello, vemos que la Constitución de 1980 recoge estas dos maneras de legislar en materia constitucional.
En lo personal, sostuve en la Comisión -esto no se acogió; de hecho, el acuerdo fue en sentido contrario- que debíamos tener más bien una regulación genérica del Consejo Directivo del Servicio Electoral, y utilizar para ello una fórmula muy similar a la del Banco Central. Es decir, bastaba con señalar que se crea un órgano constitucionalmente autónomo y que una ley orgánica constitucional definirá sus funciones y una ley simple, su planta de funcionarios.
No prosperó esa idea y se optó por regular más in extenso este Servicio, estableciendo las formas de elección, tiempos de duración y tiempos de remoción.
Me quiero detener en dos aspectos.
Primero, la Comisión, atendido el hecho de que el nuevo Consejo Directivo del Servicio Electoral dispondrá de funciones fiscalizadoras, que tendrán incidencia directa en la actividad pública, escogió un mecanismo de nombramiento que asegura que aquel no se va a politizar y que habrá respeto suficiente por las minorías.
Por eso, se dispone que los consejeros durarán diez años en el cargo, y que se nombrarán cada dos años. Es un sistema traslapado de elección que, en la práctica, va a impedir que cualquier coalición -salvo que sea muy exitosa y logre ganar tres elecciones consecutivas- pueda nombrar la totalidad del Consejo. Además, el nombramiento de cada consejero se realizará con el acuerdo de los dos tercios de los Senadores en ejercicio, lo que obligará a buscar un consenso importante.
Teóricamente, a un Presidente de la República le tocaría nombrar dos consejeros durante su mandato. Eso da cierta garantía de independencia en el nombramiento de estos funcionarios, lo que les permitirá ejercer sus funciones adecuadamente, sin ningún tipo de presión. Porque es preciso tener presente que será este Consejo Directivo, en cumplimiento de la normativa de gasto electoral, el que podrá pedir la destitución de aquella autoridad que haya infringido la ley en esa materia.
Entonces, este sistema de nombramiento -cada dos años-, sumado al alto quórum que requiere en el Senado, garantizará, a nuestro juicio, la independencia del SERVEL.
En seguida, en la Comisión de Constitución se propuso como forma de remoción de los consejeros la misma que se utiliza en el caso del Fiscal Nacional, quien puede ser removido por la Corte Suprema a requerimiento del Presidente de la República o de la Cámara de Diputados.
Por mi parte, hice presente -y me gustaría dejar constancia de este punto en la Sala, para la historia de la ley- que hasta el día de hoy no encuentro una razón jurídica que nos lleve a afirmar que deba ser la Corte Suprema la que remueva a los integrantes del Consejo Directivo, básicamente, porque este no va a ejercer funciones jurisdiccionales.
En lo personal, sostuve en la Comisión -no fue acogido por la mayoría- que, tratándose más bien de un órgano de carácter político-administrativo, la remoción podría producirse por dos vías distintas: a través de un juicio político que fuera llevado en forma similar al que se realiza con los Ministros de Estado, lo que obviamente tiene el inconveniente de que, siendo fiscalizados los parlamentarios por el Servicio Electoral en relación con el gasto electoral, se podría interpretar como una suerte de presión respecto de ellos, lo cual impediría que pudieran ejercer adecuadamente su labor; o estableciendo -esta es la segunda fórmula- que los destituyera el Tribunal Constitucional, en el entendido de que este podría cumplir un rol mejor que la Corte Suprema.
Señaladas esas dos aprensiones, creemos que esta norma es absolutamente necesaria para poder avanzar en las reformas que vienen.
Ha quedado sentado como precedente que este Servicio tiene que ser desconcentrado. Por ello, se ha pedido al Ejecutivo el compromiso de ratificar la necesidad de que se miren las particularidades de cada Región al momento de la implementación de los Servicios Electorales.
Dicho eso, señor Presidente, voy a votar a favor de esta reforma constitucional.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Quiero señalar que hay un murmullo constante en la Sala. Así que, si alguien tiene algo que conversar -Ministro Furche, ¡lo veo muy entusiasmado...!-, le pido por favor que lo haga afuera.
--(Aplausos en tribunas).
De igual forma, les ruego a quienes nos acompañan desde las tribunas no realizar manifestaciones, pues está prohibido por el Reglamento.
Muchas gracias.
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, quiero reiterar mi voto positivo en esta materia.
Me parece muy importante que cumplamos con este proyecto de reforma constitucional que otorga autonomía al Servicio Electoral.
Si hay un tema significativo en las democracias representativas es el de las elecciones.
Chile ha gozado de un merecido y reconocido prestigio en esta materia, y especialmente en las elecciones presidenciales y parlamentarias, en las cuales jamás me he enterado de algún reclamo o algún intento de sostener que hubo adulteración o hechos que no correspondiesen estrictamente a la soberanía popular ejercida democráticamente.
Las elecciones libres, informadas son fundamentales. Por eso, muchos sentíamos que el Servicio Electoral tenía que cumplir, de manera creciente, funciones para las cuales desgraciadamente no estaba dotado en términos de cantidad de personal, de competencia, de recursos, en fin.
En adelante, el Servicio Electoral -y esto es muy importante- deberá regular, fiscalizar y velar porque efectivamente los gastos cumplan con los límites establecidos; porque exista regularidad en la forma en la cual los candidatos obtienen sus recursos. De otra manera, como aquí ya lo hemos aprobado, quienes resulten electos en forma fraudulenta cesarán en sus cargos.
Por lo tanto, el Servicio Electoral va a adquirir una relevancia inédita en su historia. Y le estamos otorgando este nivel, este carácter precisamente para dar una señal a la sociedad de que contará con un Servicio autónomo, que no va a depender ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo, ni del Poder Judicial.
A la par de aquello, obviamente tenemos que darle atribuciones, competencias, recursos, personal -no quisiéramos que esta fuera una ley muerta-, porque es demasiado importante su tarea: fiscalizar como nunca antes lo pudo hacer.
Todos sabemos que las campañas no cumplen exactamente con los períodos señalados por la ley; que existen resquicios que permiten comenzar la campaña antes, simplemente al no poner "vote por" en la propaganda. Es más, sabemos perfectamente de candidaturas que sobrepasaron con mucho los límites de gasto establecidos. Pero el Servicio Electoral no tenía las condiciones para fiscalizar esas materias. Y eso es ampliamente sabido y reconocido, aunque no se diga explícitamente.
Vivimos un momento de cuestionamiento, pero queremos reaccionar y decirle a la ciudadanía que hemos aprendido de los errores, que estamos dispuestos incluso a aceptar sanciones ejemplificadoras, drásticas, como perder el escaño en caso de que haya financiamiento fraudulento o de que no se respeten los límites establecidos por la ley. Por tanto, obviamente, debemos dotar al SERVEL de facultades para que pueda cumplir sus funciones en plenitud.
Señor Presidente, reitero que voy a aprobar el proyecto; estoy completamente a favor de él.
Tengo una sola observación. En aras del acuerdo que se logró para que esta iniciativa pudiera ser despachada hoy día, no voy a hacer mayor cuestión de ella, pero quiero al menos enunciarla, para que quede constancia en la historia fidedigna de la ley.
Me refiero al inciso segundo de la disposición vigesimoséptima transitoria nueva, que dice: "Los actuales consejeros no podrán ser reelegidos en sus cargos".
Yo entiendo que a una persona que lleve ocho años no se le agreguen ahora diez años más, pues eso significaría que estaría 18 años en su cargo, lo que francamente no resultaría presentable.
Esta nueva normativa habla claramente de diez años, y señala que los consejeros no serán reelegidos.
Sin embargo, pregunto: ¿qué pasa con los consejeros que hemos tenido, que han cumplido su rol fehacientemente, y que no llevan ni dos años? Esta norma me parece injusta; no es la forma adecuada de resolver el problema. Creo que ella no debió haber estado en un proyecto de reforma constitucional.
Por último, se pudo haber hecho por tramos, o especificado que de ninguna manera se van a sobrepasar los diez años.
Pero considero enteramente injusto, señor Presidente, que a un consejero que lleva apenas dos años, por la vía de este inciso, le estemos diciendo "Váyase a su casa", a pesar del trabajo que desarrolló con responsabilidad y eficiencia.
Acabo de manifestar mi posición en este punto al Ministro Eyzaguirre.
Sin embargo, en aras del acuerdo existente para despachar el proyecto hoy, doy mi voto favorable. Pero de verdad lamento mucho que en la Comisión de Constitución hayan dejado pasar esto, porque creo que no es justo, que no corresponde.
Me parece que a veces no sabemos apreciar el trabajo que realiza gente muy comprometida -cuyo nombramiento nosotros mismos aprobamos- y que se desempeña con responsabilidad, pues por esta vía le estamos diciendo: "¡Hasta luego!". Eso no es correcto.
Entonces, ojalá -lo quiero decir aquí- hubiese existido acuerdo en la Comisión de Constitución al respecto; ojalá la norma no hubiese quedado de la forma en que viene redactada. Repito que no lo considero correcto. Creo que es un mal ejemplo, y que no obramos bien cuando no reconocemos los trabajos que se hacen de manera responsable, como lo he mencionado.
Por eso, señor Presidente, obviamente que mi voto es favorable a este proyecto. Pero quería dejar constancia de lo que acabo de mencionar y de que lamento enormemente -tal como señalé- que esto no se solucionara como correspondía en la Comisión de Constitución.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Eugenio Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, sin duda las modificaciones que se están realizando en materia de legitimidad, probidad y transparencia se relacionan más con los procedimientos que se definen en distintos cuerpos legales.
Hace algunos días vimos la manera en que se elegirían los candidatos a parlamentario, y corregimos la forma de seleccionarlos.
Sin embargo, esa modalidad de elección, que limita los gastos, que dispone mayor control, debe ser fiscalizada por algún organismo del Estado determinado por ley.
En verdad, el Servicio Electoral, al cual fortalecemos a través de este proyecto, dándole autonomía, más espalda, lo único que conservará será su nombre, porque se tratará de otra institución, con un rol de fiscalización, de seguimiento, que no solo se va a limitar a lo que la actual ley establece: ser un órgano administrativo, de recepción de antecedentes, más bien simbólico, de carácter protocolar.
La iniciativa que debatimos ahora crea una institucionalidad para hacer eficaz la ley que aprobamos sobre cómo se eligen los parlamentarios, que tiene mucho que ver y que depende en gran medida de si tendremos un órgano que haga cumplir sus normas, para que no se puedan burlar.
Esa es la diferencia que debemos consignar al respecto.
En este proyecto de ley no estamos analizando solo lo que hicimos anteriormente cuando modificamos la forma de elegir a los parlamentarios, sino que aquí está el corazón de lo que significa la separación de la política con el dinero.
Eso hay que controlar, que fiscalizar. Y para que se pueda hacer se debe poner espalda a un organismo del Estado; destinar recursos, con el objeto de que efectivamente se respete la legislación pertinente.
No tengo reparo sobre la manera en que se va a elegir el Consejo Directivo, salvo en lo relativo a los actuales directivos, respecto a lo cual coincido con lo manifestado por la Senadora Allende. Pero, en definitiva, en la norma pertinente se establece cómo se eligen, cómo se remueven, cuáles son sus facultades, y cada cuánto tiempo se renuevan los consejeros.
Por tanto, creo que será un órgano absolutamente independiente del poder central, del Gobierno de turno. De eso se trata, pues la administración del momento es política. Y aquí lo que estamos haciendo es regular la política, lo cual no lo podría hacer con objetividad un organismo que dependiera del poder central.
Señor Presidente, voy a apoyar esta reforma constitucional, pues otorga a una institución las herramientas para asegurar que la política y los negocios se desenvuelvan en ámbitos distintos, a fin de prevenir los conflictos de intereses. Y esa institución no es otra que este nuevo Servicio Electoral, al cual con este proyecto damos vida y forma.
En consecuencia, con entusiasmo aprobaré la iniciativa que nos ocupa.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, yo he expresado en la discusión de todos los proyectos de ley que tienden a mejorar la transparencia en la política, en reiteradas oportunidades, mi respaldo, siempre con total convicción, y los he votado a favor, cosa que seguiré haciendo.
Pero en este marco de cuestionamientos, quiero hacer una pequeña introducción.
Creo que quedó demostrada la existencia de una serie de vacíos, de poca rigurosidad y claridad en las leyes actuales que permitieron la ocurrencia de una cadena de infracciones e irregularidades respecto de las que yo -lo digo con mayúscula-, en lo personal, asumí mi responsabilidad política.
Ahora, mi compromiso para rectificar lo que sucede, luego de haber aprendido la lección, me lleva con mayor razón y convicción a aprobar cada una de las iniciativas sobre el particular, para que unos y otros no vuelvan a pasar por las situaciones -incluida la política chilena- experimentadas en el último tiempo.
Dicho lo anterior, señor Presidente, debo señalar que, con el conjunto de modificaciones constitucionales y regulaciones legales que se harán respecto a las normas sobre transparencia, límite, control y aportes al gasto electoral, y las sanciones que se aplicarán en caso de su incumplimiento grave, como la de la iniciativa que recién aprobamos, que llega incluso a la cesación en el cargo de las autoridades electas, es de la esencia que el organismo que tenga el poder de fiscalización y de requerir al Tribunal Electoral para que conozca de esos asuntos goce de plena autonomía e independencia del Gobierno de turno.
El poder que le estamos confiando al Servicio Electoral hace que sea propio de esta nueva reestructuración que dicho órgano goce de rango constitucional y que, desde nuestra Carta Fundamental, se garantice su plena autonomía.
Las nuevas normas relativas a la probidad y transparencia de la política que estamos aprobando tienen que contar con los debidos resguardos, para que no sean aplicadas solo a un sector político en beneficio de otro.
No hay justicia cuando esta es parcial; cuando algunas causas se investigan con más celo que otras, o cuando un servicio presenta denuncias o querellas solo respecto de las autoridades o los miembros de determinado sector político y omite hacerlo, o lo hace con menos fuerza, en relación con otros.
Debemos despejar toda duda de que actos u omisiones de esta naturaleza -de una arbitrariedad e injusticia inconmensurable- puedan ocurrir en esta nueva institucionalidad que estamos creando en cuanto al financiamiento y los gastos generados en la actividad política.
De lo contrario, lo único que conseguiremos con estas iniciativas legales será debilitar la democracia, cuando justamente se supone que estamos buscando lo opuesto, es decir, crear una nueva institucionalidad mediante regulaciones que sirvan para fortalecer y mejorar nuestra democracia.
Por tal razón, señor Presidente, es de suma importancia aprobar esta reforma constitucional, que contribuye a la independencia y autonomía del Servicio Electoral, lo cual generará mejores condiciones para que todos los sectores políticos -¡todos los sectores políticos!- sean medidos con la misma vara.
Una vez aprobada esta ley en proyecto y cuando haya entrado en vigencia, solo cabrá esperar que el Poder Ejecutivo, en conjunto con el Senado, siempre busque consejeros para el Servicio Electoral que gocen de suficiente autonomía e independencia, para que se evalúe, sin consideraciones políticas, cada caso en su mérito y se apliquen invariablemente los mismos estándares para todos quienes sean fiscalizados en el futuro.
Voto a favor de esta iniciativa, porque -como bien lo señaló una de las Senadoras que me antecedieron en el uso de la palabra-, luego de los cuestionamientos que hemos sufrido en el último tiempo y de aprendida la lección, este conjunto de iniciativas legales de transparencia, de probidad para mejorar la política claramente tienen que disminuir los parámetros que hoy existen con respecto al Congreso Nacional.
Aquí hay un esfuerzo por mejorar lo que existe; por asumir los errores, unos u otros, en virtud de mejorar la democracia.
Voto a favor.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente, ¿puede abrir la votación?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Pero ¿podríamos bajar a siete minutos las intervenciones por Senador?
El señor COLOMA.-
Que se mantengan los tiempos, señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
¿Les parecería bien que se fijaran cinco minutos por Senador, salvo para el Honorable señor Coloma, a quien se le otorgarían diez?
El señor LETELIER.-
Solo cinco minutos.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Reitero: se darían cinco minutos, excepto al Senador señor Coloma, quien ocuparía diez.
¿Habría acuerdo?
El señor COLOMA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, no quiero abusar de la paciencia de nadie. Solo deseo hacer dos reflexiones y una sugerencia.
La primera se relaciona con el tema de los contenidos.
Obviamente, esto es una alteración a la lógica de la separación de poderes tradicional que conocemos en Chile. Y puede ser una evolución. Antiguamente, había tres grandes poderes; hoy, a través de la autonomía constitucional, se van generando otros. Según estuve viendo, en la Constitución figuran diez, que son de distinta naturaleza -no estoy haciendo una crítica, sino una constatación-, que pueden ser la Defensoría Penal Pública, el Consejo para la Transparencia, algunas otras que se crean.
Ahora, mi impresión es que la institución del TRICEL, va a caer más o menos en una lógica equivalente. Pienso que debería ser algo de ese nivel.
Entonces, simplemente quiero dejar constancia de que estamos evolucionando en nuestra lógica constitucional hacia otros espacios. Y en eso, más allá de ser interesante, debemos tener conciencia del tipo de normas que estamos generando, muchas de las cuales -y con toda razón- son de un quórum exigente, porque de alguna manera reemplazan lo que hacen otras instituciones con menor poder.
Hoy se las empodera como alternativas a los poderes tradicionales, en términos de resguardar valores, principios, tareas que uno pasa a considerar crecientemente importantes. Y espero que el TRICEL tenga esa misma lógica.
En segundo lugar, señor Presidente, ello es obviamente la primera parte de la transformación. Aquí se está armando el cascarón. Lo relevante es que en la ley orgánica constitucional respectiva y en la legislación, la nueva organización tenga -ojalá que el Gobierno lo pueda garantizar- la energía, el músculo suficiente para velar ¡por lo que tiene que hacer! Hasta ahora lo único que estamos diciendo es que habrá un organismo con autonomía constitucional que se hará cargo de todos los procesos electorales.
¿A qué apunto con eso? A que, obviamente, la tarea hoy es distinta: interiorizarse de los procesos electorales para saber lo que se gasta y en qué momentos se gasta.
Lo decían algunos parlamentarios: la mayoría de los problemas que existen en materia de transparencia o de gasto electoral se dan en las precampañas o en las poscampañas, más que durante la campaña.
Por lo tanto, en tal sentido, organismos como estos son insustituibles para, con fe pública, velar porque se cumpla la ley.
Cuántas veces hemos visto que se dice que no se trata de campañas, pues no se afirma: "Vote por...". Bueno, imagino que eso forma parte de la tarea que tendrá que realizar este nuevo organismo: la búsqueda exacta de lo que se pretende. O sea, se muestra la cara de una persona o se reproduce su voz, a propósito de un tema equis, ¿por inocencia o como forma de realizar algo que en otras condiciones no se podría hacer?
En consecuencia, creo en un organismo de tal naturaleza, pero en la medida que disponga de la organización necesaria y sin que se dé la frustrante situación de que las cosas ocurran igual, y no existan sanciones.
Eso es esencial. Es decir, si esto no va acompañado de un empoderamiento real, será imposible lograr lo que se persigue. Y, además, ello debe contener una visión ciudadana a nivel regional (estas cosas no suceden solo a nivel nacional) en el sentido de que se garantice que la ley se tiene que cumplir.
Y lo mismo se aplica a los gastos electorales, pues hoy existe una rendición más bien formal. Hay que chequear efectivamente si lo que se declara es lo que se gasta, a veces en ambos lados.
Considero que este es el sentido de crear un nuevo organismo. ¡Es un rol muy distinto del que ha tenido hasta ahora el Servicio Electoral!
Valoro lo realizado hasta el momento. Sin embargo, le estamos poniendo una tremenda mochila a esta institución al decirle: "Usted, ahora no solamente va a procurar la formalidad del acto" (lo efectúa bien, ya que es muy importante para contar votos), porque existirá un contenido de la elección que va a ser mucho más potente.
Dentro de mi tiempo, señor Presidente, quiero formular simplemente una sugerencia. Creo que la Senadora que me antecedió en el uso de la palabra tiene razón. Y deseo hacerle una consulta, por su intermedio, a los Ministros que se encuentran presentes.
Si hay algo que considero muy importante en esta materia, es la experiencia. Es decir, llegar a entender cómo funciona el Servicio Electoral es muy difícil. Lo digo, pues como secretario general de mi partido en su momento me tocó presentar las listas de candidatos. Y para quienes hemos desarrollado estas tareas han resultado de una complejidad casi imposible de narrar.
Si hace algún tiempo creamos este Consejo Directivo cuyos integrantes lograron darle al SERVEL una nueva dimensión, no me parece razonable lo que se propone (desconozco si se trata de un acuerdo que no se pueda cambiar; en esto voy a ser superrespetuoso). Entiendo la lógica de la frase que dice: "Los actuales consejeros no podrán ser reelegidos en sus cargos". Sin embargo, en este caso particular de consejeros que llevan dos años -así lo entiendo-, encuentro que constituye un error como país, y transversal, porque afecta a todos los lados. Lo digo pues vi al actual Presidente del Consejo Directivo entregando las listas de otros partidos, pero hoy se puso la camiseta del SERVEL.
Repito que esto no me parece razonable, señor Presidente, y también lo planteó la Senadora Allende.
Si fuera posible, sin romper ningún compromiso, votar en forma separada o pedir que los actuales consejeros puedan ser reelegidos en sus cargos lo consideraría mejor. Porque, de no ser así, miren lo que pasaría: elegiríamos a esas alturas a personas que tienen que hacerse cargo de la elección del 2017. Ello significaría perder un capital que ha sido muy difícil de formar y respecto al cual me siento satisfecho.
Reitero: aquí se dieron cosas casuales, hay un equipo transversal encargado del ámbito electoral.
Señor Presidente, pido que se vote por separado, si es que no estoy violando ningún acuerdo, pues estos asuntos siempre son complejos (sé que una cosa puede traer otra).
Quiero sugerir, si no hay inconveniente, que se permita aprovechar la capacidad ya instalada, sobre todo considerando que los consejeros se cambiarán en el 2017, que será el peak de las elecciones.
Tuvimos mala suerte: los miembros del Consejo Directivo deberán reemplazarse cuando estén ya las primarias presidenciales desatadas y tengamos elecciones de Presidente, de Senadores y Diputados, de Intendentes y de Cores el 2017. O sea, se producirá un full.
Sería preferible hacerlo de otra manera, y quiero sugerirle que busque un acuerdo en ese sentido, señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Propongo lo siguiente: abrir la votación en general, porque el proyecto tiene un primer informe, y dar por aprobadas las normas en particular respecto de las cuales no se ha pedido votación separada.
Ahora, algunos Senadores pidieron votación dividida -están en su derecho reglamentario a hacerlo- para el inciso final, que dice: "Los actuales consejeros no podrán ser reelegidos en sus cargos".
Sé que en eso no hay acuerdo y que genera discusión. Entonces, dejemos ese punto para una votación en particular aparte y ahora votemos en general y aprobemos con el mismo quórum las normas para las que no se ha pedido votación separada.
¿Habría acuerdo para ello?
Señor Ministro, le quiero recordar que a los señores Senadores les asiste derecho a pedir votación separada. Entonces, le propongo que esa discusión la tengamos después, ¿o usted quiere hacer uso de la palabra ahora?
El señor EYZAGUIRRE (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Señor Presidente, entiendo que no puedo hablar después de que se abra la votación. Por eso quería intervenir ahora.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Entonces, tiene la palabra.
El señor EYZAGUIRRE (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Señor Presidente, el Ejecutivo está disponible para lo que acuerde el Senado. Pero debo decir -nobleza obliga- que todos cedieron un poco en pro de alcanzar un acuerdo.
Hubo distintas opiniones sobre qué incluir en la Constitución y qué, en la ley orgánica.
Entonces, me aproblema cambiar algo que fue consensuado, a pesar de que soy conocido de uno de los consejeros que se verían beneficiados por lo que se plantea.
No puedo afirmar que lo propuesto no reabrirá la discusión.
Intervengo solo para dejar constancia, como testigo de fe, de esa situación.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, quiero ser superclaro: si alguien considera que mi petición de votación separada toca el acuerdo aunque sea con el pétalo de un rosa, la retiro inmediatamente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
El asunto es que Su Señoría no fue el único que la formuló.
El señor COLOMA.-
A mi entender, lo que sugerí mejoraba la ley en proyecto. Sin embargo, no pondré ningún obstáculo para que la iniciativa se apruebe con el quórum adecuado.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Señores Senadores, tengo que cumplir el Reglamento.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Ya le voy a dar la palabra, Su Señoría. Hay tres oradores inscritos antes que usted.
El punto es que algunos señores Senadores -entre ellos, el Honorable señor Zaldívar- pidieron votar separadamente el inciso final de la disposición VIGESÉPTIMA transitoria, nueva, del número 3. del artículo único del proyecto. En su minuto llevaremos a cabo la discusión sobre el particular. Y si tal solicitud incumple algún acuerdo, quienes no la apoyen podrán votar en contra.
No obstante, aclaro que, reglamentariamente, cualquier señor Senador tiene derecho a pedir votación dividida.
Reitero: propongo votar la idea de legislar y todas las normas que no fueron objeto de solicitud de votación separada, dejando constancia -si se alcanza- del quórum constitucional reunido.
¿Habría acuerdo?
El señor HARBOE.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor HARBOE.-
Solo quiero manifestar mi preocupación ante las peticiones que se han formulado, porque este proyecto fue fruto de un acuerdo global.
El señor PÉREZ VARELA.-
¡Llamen a Zaldívar!
El señor HARBOE.-
Cuando se solicita votar separadamente y discutir norma por norma, se afecta el texto que se ha consensuado.
Nosotros cedimos en materia de quórums -algo que consideramos bien importante- en el entendido de que se alcanzaban otros acuerdos sobre el particular.
Por ello, sugiero que, con la anuencia de la Sala y reconociendo el derecho de cada Senador a pedir la división de la votación, nos pronunciemos ahora en general y en particular. Así comenzaremos pronto el debate del proyecto de reforma laboral, que es muy importante.
--(Aplausos en tribunas).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Les ruego a las personas en las tribunas no realizar manifestaciones, pues está prohibido por Reglamento.
Propongo lo siguiente.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Ya le voy a dar la palabra, Su Señoría. Recuerde que hay tres inscritos antes.
Tal vez podamos hablar con los Senadores que pidieron votación separada para intentar persuadirlos, aunque no es posible en este minuto porque algunos de ellos -incluido el Honorable señor Zaldívar- no se encuentran en la Sala.
Mientras tanto, con el quórum especial pertinente, sugiero que votemos la iniciativa en general y en particular, con excepción del inciso respecto del cual se pidió votación dividida.
¿Les parece?
El señor HARBOE.-
¿En una sola votación?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Sí. Pero -reitero- sin considerar la disposición que fue objeto de votación separada.
¿Habría acuerdo?
El señor HARBOE.-
Sí.
El señor COLOMA.-
Conforme.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Acordado.
En votación el proyecto en general y particular en los términos señalados.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Antes de dar la palabra, quiero saludar a una delegación del sector Medio Camino, de Talcahuano.
¡Muchas gracias por acompañarnos!
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--(Durante la votación).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, sin duda, estamos frente a una modificación constitucional de la máxima importancia para nuestra institucionalidad política.
Durante más de veinte años el Servicio Electoral ha dado muestra de su eficacia y transparencia en todo lo relacionado con los procesos eleccionarios. Siempre ha habido un comportamiento ejemplar en las elecciones parlamentarias, municipales y presidenciales. En ello, por cierto, el SERVEL ha cumplido un rol digno de valorar.
Sin embargo, dicho organismo ha carecido de las atribuciones y facultades para hacerse cargo de otro aspecto relevante en materia electoral: del financiamiento de las campañas, del financiamiento de la política.
Para eso se requiere una institucionalidad mucho más fuerte, más potente, más fiscalizadora, con más cuerpo que el actual Servicio Electoral.
Por lo mismo, me parece extraordinariamente significativo lo propuesto por la Comisión de Constitución -es una de las medidas de la Agenda para la Transparencia y la Probidad-, que estamos votando: un SERVEL autónomo, con rango constitucional, permanente en el tiempo, que constituirá un precedente fundamental para garantizarles a los ciudadanos y a las ciudadanas que no solo tendremos actos electorales limpios y transparentes, sino que, además, se fiscalizará y regulará la actividad política y su financiamiento, con el fin de detectar a quien cometa irregularidades en la materia.
En consecuencia, resulta fundamental la autonomía constitucional que le estamos otorgando a dicho organismo.
El debate sobre su estructura se hará cuando analicemos el proyecto que fije la nueva ley orgánica constitucional del SERVEL, que es urgente discutir a la brevedad.
Todas las normativas en este ámbito deberán estar vigentes antes del próximo proceso de elección municipal, que se inicia el 11 de abril de 2016. Por consiguiente, en enero debieran estar listas no solo la presente iniciativa, sino también las relativas al financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales; a la cesación en el cargo de las autoridades que trasgredan gravemente las normas sobre gasto electoral, y a todo lo relacionado con el TRICEL, que es otro aspecto fundamental.
Por eso debemos trabajar bien y de manera rápida.
Estamos dando un paso trascendental, considerando que, sin duda, la evidencia, la práctica, la realidad, da cuenta de que el Servicio Electoral carece de atribuciones fiscalizadoras en materia de financiamiento. Por tanto, dicha entidad hoy no puede dar respuesta a la ciudadanía con relación a los montos utilizados en las campañas, a la transparencia y a los límites fijados en la ley.
Como el SERVEL no posee esa facultad, enfrentamos una dificultad compleja, la cual pretendemos subsanar a través del siguiente mecanismo legislativo: primero, le entregamos autonomía constitucional y, luego, le damos cuerpo a la ley orgánica pertinente, con el objetivo de que ese organismo cuente con capacidad profesional y técnica para fiscalizar, a nivel regional y nacional, el cumplimiento de todas las normativas que ahora estamos tramitando, como la relacionada con el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales.
Tal fiscalización tiene que ser rigurosa para darle tranquilidad a la ciudadanía, que nos pide dos cosas: primero, que las leyes que dictemos sobre financiamiento de la política y las campañas aseguren transparencia y, segundo, que ello sea objeto de supervisión.
Con esos dos conceptos, con esos dos principios fundamentales, construiremos una verdadera y sólida institucionalidad, que garantizará que quien trasgreda las normas legales y cometa infracciones sea detectado y sancionado.
¡Eso es lo esencial!
Las atribuciones con las que contará el Consejo Directivo del Servicio Electoral para hacer las denuncias ante el TRICEL forman parte de ese elemento central.
Para finalizar, señor Presidente, deseo manifestar que estamos dando un paso extraordinariamente importante y sustantivo esta tarde: dar a nuestra institucionalidad los poderes fiscalizadores para que las normas que dictemos se cumplan de verdad, asegurando que quien no las respete sea sancionado, incluso con la destitución de su cargo.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.-
Señor Presidente, hasta no hace mucho era una costumbre calificar los procesos electorales que se desarrollaban en Chile como "impecables" o "ejemplares".
Pero vino el voto voluntario y la abstención se disparó.
Luego las denuncias por financiamiento electoral irregular terminaron por convertir algo que nos llenaba de orgullo en un hecho controvertido.
La verdad es que desde hace varios años se advertían síntomas del progresivo deterioro que afecta la salud de nuestra democracia: la convocatoria era cada vez menor, incluso con voto obligatorio; el gasto en propaganda electoral se volvía cada vez más excesivo, y los mecanismos de financiamiento irregular se hacían cada vez más frecuentes.
Hubo reacciones, pero fueron insuficientes. Primó la actitud de tolerancia o resignación sobre lo que estaba ocurriendo.
Ahora tenemos la posibilidad de reaccionar de manera radical. Los cambios no pueden ser cosméticos; las reformas deben ser de fondo.
Los sistemas de control deben operar.
La ciudadanía no podría comprender que, después de todo lo que ha pasado, los candidatos y los partidos siguieran burlando las limitaciones al gasto en las campañas electorales.
A través de esta y otras reformas constitucionales e iniciativas de ley que se están tramitando en forma paralela, estamos cambiando de manera drástica las reglas del juego del sistema político, en especial, de las elecciones.
Existe consenso en que una piedra angular del nuevo sistema será el Servicio Electoral, para lo cual no solo debe fortalecerse su autonomía, sino que también ha de dotárselo de suficientes facultades y recursos para asegurar su capacidad fiscalizadora.
¡Eso es clave!
De nada valdrán las modificaciones a las normas de probidad o el establecimiento de sanciones más duras si la ciudadanía no percibe, a partir de las próximas elecciones, un cambio en la conducta de candidatos y partidos, y también de parte de las autoridades del SERVEL.
Es necesario que haya campañas en las que primen las ideas y no los recursos; respeto a los límites que fije la ley en materia de propaganda; fiscalizadores que hagan cumplir la normativa vigente.
Si eso no se percibe de manera visible desde la próxima elección municipal, en 2016, será muy difícil recuperar la confianza y credibilidad de la gente.
Por lo tanto, la responsabilidad de las autoridades del Servicio Electoral es muy grande. No puede haber fallas.
La ley respectiva deberá contemplar las atribuciones y los recursos humanos y financieros para garantizar el cumplimiento de esos objetivos.
En cuanto a la autonomía constitucional que se está otorgando al SERVEL, estoy de acuerdo con ella. Comprendo la intención que hay detrás de dar garantías de imparcialidad a todos los actores políticos.
Sin perjuicio de lo anterior -haciéndome eco de las palabras de un señor Senador-, manifiesto que me preocupa la tendencia a aumentar el número de entidades autónomas dentro de nuestra institucionalidad.
En algunas materias la autonomía puede interpretarse en forma errada y la profusión de organismos que la poseen puede transformarse en un obstáculo para la debida coordinación de la acción del Estado. Por ejemplo, en el ámbito de la seguridad pública, ha costado mucho coordinar a todas las instituciones competentes, con lo cual se diluyen las responsabilidades.
Sin duda, el debate de fondo habrá que darlo en el marco del estudio para una nueva Constitución.
Por ahora, lo relevante es que estamos dando un nuevo paso en la Agenda para la Transparencia y la Probidad.
El próximo año enfrentaremos elecciones bajo condiciones nunca antes vistas en nuestra historia republicana.
Por cierto, como siempre digo, todas estas reformas no aseguran por sí mismas que contaremos con mejores instituciones, pues ello dependerá, en definitiva, de las personas que asuman las funciones correspondientes.
Estoy confiado en que, con la voluntad de todos los sectores políticos, con instituciones fuertes y vigilantes y con el juicio atento de la ciudadanía, volveremos a tener procesos electorales de los que nos sintamos orgullosos, que es la base de una política sana y de un mejor país.
Voto a favor.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señora Presidenta, a mi juicio, hay tres proyectos de ley relevantes a efectos de avanzar en transparencia, en acceso a la información, en modernización y en clara diferenciación entre decisión política y uso de recursos, en respuesta a una serie de hechos que han acaparado la atención tanto de la opinión pública como de los señores Senadores durante todo el año.
La primera de esas iniciativas es la que fija la obligación de efectuar la declaración de patrimonio e intereses a todas las autoridades.
Además, establece el fideicomiso ciego particularmente para quienes poseen acciones u otros instrumentos que podrían generar un conflicto de intereses mayor. En el fondo, se pide a las autoridades que hagan entrega de esos recursos a un tercero para que se los administre en forma absolutamente autónoma e independiente y con todos los resguardos del caso. Me refiero a cargos de distinta índole: no solamente a Senadores y Diputados, sino también a Presidente de la República, a alcaldes, etcétera.
Asimismo, se contempla la enajenación de activos. Por primera vez en nuestro país se dispone que, en determinados casos, una persona deberá vender los derechos que posee en sociedades que realicen operaciones con el Estado.
El segundo proyecto dice relación con el financiamiento de la política en general, o sea, de las campañas electorales y de los partidos. Esa propuesta legislativa se encuentra en tramitación en el Parlamento y, según entiendo, en este mes vence el plazo para presentar indicaciones.
La tercera iniciativa es la que nos ocupa, que otorga autonomía al Servicio Electoral.
En mi concepto, esos tres proyectos son esenciales. Lo destaco, porque tendemos a afirmar que hay 15, 20, 25 en esta materia, y eso es casi como decir "nada".
Las tres iniciativas claves son: la relativa a la declaración de patrimonio e intereses; la relacionada con el financiamiento de la política en lo concerniente a las campañas y al funcionamiento regular de los partidos políticos (financiamiento público y privado, etcétera), y, obviamente, la referida al SERVEL.
La presente reforma constitucional implica un cambio radical en el Servicio Electoral en comparación a lo que es hoy. Creo que todos debiéramos tener conciencia de ello, sobre todo la opinión pública.
El SERVEL actual, más allá de toda la buena voluntad, disposición y honorabilidad de sus integrantes, no cuenta ni con la plata ni con los instrumentos ni con las facultades para cumplir adecuadamente su labor.
Estamos incorporando en la Constitución una institución de carácter autónoma, cuyos consejeros serán nombrados por el Presidente o la Presidenta de la República, previo acuerdo del Senado, adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, que es el mismo quórum exigido para designar a un Ministro de la Corte Suprema, al Fiscal Nacional o a los integrantes del Consejo para la Transparencia.
Ahora bien, ¿ese quórum es alto? Sí, lo es.
Al respecto, valoro el esfuerzo que se hizo en la Comisión de Constitución para llegar a un acuerdo, porque algunos plantearon, legítimamente, que el quórum debería ser inferior. A mi juicio, tal acuerdo nos permitirá contar con una institucionalidad sólida.
Deseo que aprobemos pronto este proyecto, para tramitar luego la ley orgánica pertinente.
Días atrás conversé con el Senador Allamand, aquí presente, quien me decía: "Imagínese lo que significaría llegar a la próxima elección sin que el SERVEL estuviera funcionando autónomamente con su ley nueva".
Hago presente que los tiempos están bien ajustados para eso.
En consecuencia, señora Presidenta, siento que debemos aprobar a la brevedad la reforma constitucional que nos ocupa, porque después tendremos que introducir los cambios pertinentes a la Ley Orgánica del Servicio Electoral.
Entre tales enmiendas, habrá que definir cómo y cuándo se eligen los directores regionales. Hoy son nombrados mediante una facultad exclusiva del Director Nacional.
Otra cosa distinta es lo relativo a los miembros del Consejo Directivo. Mi pregunta es quién va a nombrar a los candidatos y cómo. ¿Se hará a través de la Alta Dirección Pública? Porque se trata de autoridades que van a tener mucho poder.
¿Cuáles serán los requisitos definitivos para postular al SERVEL? Los que existen hoy son exigentes. ¿Se agregarán más?
Todas esas materias no pueden quedar en el aire; hay que definirlas bien. Y, en aras del acuerdo, preferimos no incluirlas en la Constitución, sino dejarlas para cuando se discuta la ley orgánica correspondiente.
También hubo debate en lo concerniente a la dedicación exclusiva. Al respecto, yo no he asumido una posición. ¿Es necesario que los miembros del Consejo Directivo tengan dedicación exclusiva? Eso habrá que resolverlo definitivamente cuando se analice la ley orgánica.
En consecuencia, voto a favor.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Honorable señor Guillier.
El señor GUILLIER.-
Señora Presidenta, la verdad es que la mayor parte de las cosas ya se ha dicho; así que voy a abreviar bastante mi intervención, refiriéndome solo a dos puntos.
Primero, abordaré el riesgo de la tendencia a las nuevas autonomías del Estado frente a otros Poderes, como sucede con el contenido de este proyecto en relación con el Ejecutivo y el Legislativo, principalmente.
Si bien es cierto la autonomía permitirá al SERVEL moverse con más independencia respecto de otro Poderes, a los cuales, finalmente, debe fiscalizar a través de los procesos electorales, ese mismo hecho, a su vez, se traducirá en una menor posibilidad de fiscalizar y controlar a todos los otros organismos que se declaran autónomos.
Consideremos, por ejemplo, la experiencia de empresas públicas que reclaman el estatuto de autónomas y que, en el fondo, lo hacen para liberalizarse o escapar, escabullirse de la fiscalización de los órganos regulares del Estado, con resultados bastante discutibles.
En segundo lugar, uno de los desafíos de la ley en proyecto apunta a que realmente cumpla con los principios de objetividad, independencia, especialización, profesionalismo y que eso redunde en mayor credibilidad y transparencia. Y ello dependerá de la efectiva capacidad de fiscalizar y sancionar.
Por consiguiente, una ley orgánica deberá establecer cuáles serán esas facultades, esos recursos. Además, el Servicio tendrá que asegurar un personal con las suficientes capacidades para hacer efectiva la fiscalización, producto de la cual eventualmente se puede llegar a la sanción de destitución o pérdida del cargo.
Entiendo que el propósito es generar un escenario en nuestro país donde el SERVEL juegue un rol político diferente al que ha desempeñado en el pasado, en el sentido de enfrentar los desafíos democráticos de transparencia con mayor fuerza.
Por lo tanto, la autonomía constitucional es solo el primer paso para fortalecer esa institucionalidad. Por cierto, esta dependerá, por un lado, de cómo se maneje esta mayor autonomía, que, a su vez, será más difícil de fiscalizar; y por otra parte, de que la ley orgánica realmente le otorgue las facultades y los recursos para hacer efectivo el propósito final, que es fiscalizar y, cuando sea necesario, presentar una propuesta de sanción a ese mismo Servicio.
Voto a favor.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y particular el proyecto (33 votos favorables), con excepción del inciso segundo de la disposición transitoria que se agrega, dejándose constancia de que se cumplió con el quórum constitucional exigido.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Señores Senadores, se pidió votación separada del inciso segundo de la disposición vigesimoséptima transitoria que se propone. Su texto es el siguiente: "Los actuales consejeros no podrán ser reelegidos en sus cargos.".
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-
Si no hay inscritos para fundamentar, se pondrá en votación el inciso.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Señores Senadores, quienes estén de acuerdo con la norma propuesta en el proyecto, deben votar que sí; y los que la rechacen, tienen que votar que no.
Por tratarse de una reforma constitucional, se requieren 21 votos favorables para aprobar el inciso.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señora Presidenta, antes de proceder a la votación, me gustaría que se pronunciara el Ejecutivo, el Ministro Eyzaguirre, quien nos solicitó formalmente un acuerdo político para aprobar esta reforma.
A mí no me parece correcto -lo digo con toda responsabilidad- que aquí se haya trabajado durante más de una semana en un acuerdo, que hoy se discutió en la Comisión con la concurrencia del Ministro, y que en este momento se plantee un cambio.
Porque si vamos a hacer modificaciones, ¡evaluamos todo el acuerdo, señor Ministro! -por su intermedio, señora Presidenta-.
Entonces, creo que no corresponde este cambio.
Sería importante escuchar al Secretario de Estado. Porque si él plantea que este acuerdo se deshace, votamos según nuestro parecer o según nuevas interpretaciones, considerando el quórum de aprobación.
Nosotros establecimos un acuerdo luego de más de una semana de trabajo de nuestros asesores. Hoy día se discutió. El inciso mencionado no fue un punto en la Comisión, de acuerdo al protocolo que se acompañó, al que concurrieron todos sus integrantes. Y ahora estamos haciendo otra discusión.
Entonces, me gustaría que previo a votar el Ministro Eyzaguirre aclarara esta situación.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor EYZAGUIRRE (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Señora Presidenta, yo consulté a la Mesa si podía hablar una vez que se hubiera abierto la votación, y me dijeron que no.
Por eso intervine, Senador De Urresti, antes de que se abriera la votación y dije exactamente lo que usted acaba de señalar: que esto fue un acuerdo global y que, por tanto, no me parecía consistente con el espíritu de la Comisión poder trozar y votar en contra algún pedazo.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señora Presidenta, disculpe, pero uno no necesariamente sigue el detalle de todos los proyectos.
Yo escucho que aquí hay un acuerdo, pero no logro que me expliquen el porqué.
Lo único que pido para concurrir con mi voto es que me aclaren qué tiene que ver esta limitación, que afecta a dos personas, y por qué, además, debe estar contenida en una norma constitucional. ¿Qué relación existe entre esto y el acuerdo sustantivo?
Creo que esto no tendría que ser materia constitucional. Me parece, más bien, que corresponde a una disposición de otro orden.
Disculpen el lenguaje y la forma, pero ¿a cambio de qué fue esto?
Por ello, señora Presidenta, solicito que el Titular de la Comisión o el señor Ministro expliquen cuáles son los elementos que están balanceados para tener que aprobar algo respecto de lo cual uno está intuitivamente, y no solo desde el punto de vista político, tremendamente contrariado.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señora Presidenta, me alegro de que hayan construido un acuerdo sobre este tema, que discutimos la semana pasada en general.
Y, en verdad, conversando con el Presidente del Consejo Directivo del SERVEL, este me señaló que no había participado del debate puntual de esta norma, que no tenía idea de la disposición que incluía la prohibición de repostularse. Es una posibilidad hipotética, por lo demás. Pero, tal como se presenta, puede aparecer como un agravio al menos hacia dos de los integrantes actuales (en todo caso, no sé si repostularán).
Como no consideramos que se tratara de un aspecto relevante dentro del contexto del acuerdo, con el Senador Zaldívar y otros colegas presentamos la petición de votación separada.
La explicación que se nos ha dado es que la norma fue producto de la conversación que se desarrolló. Pero no entendí bien cuál era la lógica. Porque cada cargo después tendrá una duración de diez años. Serán elegidos cada dos años, sucesivamente. Y estos pobres, que son los primeros, quedarán con cuatro años. ¡Y hay otros que entraron igual que ellos y van a durar ocho años! Entonces, la verdad es que no entiendo.
Pienso que este punto ni le quita ni le pone al acuerdo completo que se logró. Pero, a lo mejor, vamos a cometer un acto de injusticia o un agravio que no tiene mayor sentido.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señora Presidenta, en esto yo quiero ser bien claro y tratar de explicar lo que aquí ha ocurrido.
Cuando uno construye un acuerdo político, lo cumple.
Y este acuerdo implicó una concesión importante de los distintos miembros de la Comisión en materias en que teníamos divergencias.
Por ejemplo, algunos queríamos que hubiesen quedado establecidos en la Constitución los requisitos para ser miembro del SERVEL, como ocurre con los Ministros de la Corte Suprema (los provenientes del Poder Judicial y los externos a la administración de justicia).
Otros deseaban que se estableciera cómo se nombrarán los jefes regionales, quienes contarán con un poder mucho mayor del que tienen hoy. Y quedamos en que ello se haría en la ley orgánica.
También se discutió lo relativo al quórum Y los parlamentarios de la Nueva Mayoría llegaron a un acuerdo con el Gobierno que yo valoro, pues se quiere que, al igual como ocurre hoy día con los Ministros de la Corte Suprema o con el Fiscal Nacional, exista un altísimo quórum, para asegurar que esta sea una institucionalidad que a todos nos diga que quien sea nombrado, por el poder que tendrá, será una persona absolutamente concordada. Esa fue la razón. Y los acuerdos se construyen por motivos políticos.
Y había buenas razones para dar otros argumentos.
Entre ellos se señaló que resultaba importante establecer, por una parte, que aquellos consejeros que estaban cumpliendo sus funciones y se mantenían después de 2017 pudieran durar más allá de ese período, y por otro lado, que en el caso de aquellos que terminaban el 2017, aunque su período hubiera sido menor, se debía efectuar una nueva elección y no podían seguir aquellos que estaban ejerciendo.
El tema podrá ser controvertido, pero los acuerdos políticos se cumplen.
Por lo menos yo le he pedido a la Sala de Senadores de Renovación Nacional que cumplamos el acuerdo, toda vez que tuvimos tiempo de discutir y analizar la materia.
Ahora, si la Cámara de Diputados quiere hacer una cosa distinta, ese es otro problema.
Si nosotros construimos un consenso después de diez días de trabajo en un tema de esta sensibilidad, yo respaldaré el acuerdo que adopté con el Ministro Eyzaguirre, porque me parece clave cumplir los compromisos.
Esa es la razón por la que se elaboró.
Nosotros firmamos un acuerdo con concesiones de la Nueva Mayoría, que valoramos, y con concesiones de la Alianza, que al menos yo también aprecio. Entonces, las confianzas se construyen sobre la base de decir que los acuerdos políticos se cumplen, pues todos ceden.
Por ejemplo, a mí me parece superdiscutible -y con esto termino, señora Presidenta- que los mecanismos de nombramiento de los directores regionales del Servicio Electoral no estén contemplados en la Constitución Política, toda vez que van a tener un enorme poder, al ser los responsables de supervigilar la elección en cada región.
Finalmente, los acuerdos se construyeron así. Y pido que los respetemos tal como están, pues allí radica el valor de la palabra empeñada respecto de los compromisos que se adoptaron.
Además, entiendo que todos los Senadores, más allá de que nadie conoce el detalle y la letra del texto completo, confían en que los miembros de la Comisión de Constitución actuaron en conjunto con el Gobierno para sacar una ley fundamental, importante, trascendente, que, en lo esencial, nos permite dar un ejemplo en cuanto a que estamos llegando a un acuerdo relevante para nuestro país: un órgano autónomo, independiente, que tendrá el poder de pedirle al TRICEL que destituya a un parlamentario, a un alcalde.
En consecuencia, soy partidario de cumplir el acuerdo por las mismas razones que enunciaron el señor Ministro y el Presidente de la Comisión de Constitución, Senador De Urresti.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Senador señor Araya.
El señor ARAYA.-
Señora Presidenta, como ya se explicó latamente, todos los miembros de la Comisión de Constitución cedimos en puntos distintos con el objeto de sacar adelante un proyecto de ley a través del cual buscábamos dar la señal de que fuera consensuado y votado en forma unánime, en primer lugar, por dicho órgano técnico y, luego, por el Senado.
En aras de ello, hemos conversado con el resto de los Senadores de la bancada de la Democracia Cristiana y llegamos a la conclusión de retirar la solicitud de votación separada.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-
Han pedido la palabra tres señores Senadores.
¿Senador señor Harboe?
El señor HARBOE.-
No intervendré, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-
¿Senador señor Coloma?
El señor COLOMA.-
Tampoco, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-
¿Senador señor De Urresti?
El señor DE URRESTI.-
No. Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Ante la decisión del Comité de la Democracia Cristiana de retirar la solicitud que había formulado, queda aprobado el proyecto de reforma constitucional tanto en general cuanto en particular, dejándose constancia de que se cumplió con el quórum constitucional exigido. En consecuencia, el proyecto queda despachado en este trámite.
MODERNIZACIÓN DE SISTEMA DE RELACIONES LABORALES
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que moderniza el sistema de relaciones laborales, introduciendo modificaciones al Código del Trabajo, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.835-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 30ª, en 30 de junio de 2015.
Informe de Comisión:
Trabajo y Previsión Social: sesión 43ª, en 12 de agosto de 2015.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Los principales objetivos del proyecto son los siguientes.
-Modificar los procedimientos de negociación colectiva, para lo cual se sustituye el Libro IV del Código del Trabajo y se amplía la cobertura de dicho proceso a los trabajadores sujetos a contrato de aprendizaje, a los de obra o faena transitoria y a aquellos que no tengan facultades expresas de representación y administración de la empresa.
-Reconocer al sindicato como sujeto principal de la negociación colectiva en representación de sus afiliados, ampliándose su derecho a información sobre la situación económica de la empresa.
-Consagrar el concepto de piso de la negociación y contemplar en el marco de la negociación colectiva el acuerdo sobre condiciones especiales de trabajo.
-Reconocer el derecho a huelga y prohibir el remplazo de los puestos laborales de los trabajadores en huelga.
-Establecer la figura de los servicios mínimos y de los equipos de emergencia.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social discutió el proyecto solo en general y aprobó la idea de legislar por tres votos a favor (Senadores señoras Goic y Muñoz y señor Letelier) y dos en contra (Senadores señores Allamand y Larraín).
Cabe tener presente que los artículos 327, 388, 396, 399, 401 y 405, contenidos en el numeral 28) del artículo 1º del proyecto, tienen el rango de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren 20 votos favorables para ser aprobados.
El texto que se propone al Senado se transcribe en las páginas 204 a 247 del primer informe de la Comisión de Trabajo y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-
A continuación, ofreceré la palabra al Senador señor Letelier, quien, en su condición de Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, entregará un informe general del debate realizado en dicha instancia.
En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señora Presidenta, estimados colegas, me corresponde efectuar la presentación del primer informe relativo al proyecto que moderniza el sistema de relaciones laborales, que la Comisión que presido aprobó en general en sesión de 5 del mes en curso.
El órgano técnico realizó ocho sesiones para recibir en audiencia a más de 64 entidades vinculadas con el mundo laboral. Entre ellas se comprende a las grandes centrales sindicales y a las corporaciones empresariales. Se escuchó a representantes de los trabajadores y de los empleadores del área de la minería, del comercio mayorista y minorista, de la micro, la pequeña y la mediana empresa, del ámbito financiero y bancario, del sector salud, del área de la construcción, del ámbito de la metalurgia, de los sindicatos interempresas. También se recibió a exponentes del área portuaria, del sector eléctrico, del ámbito del transporte urbano y por carretera, de los medios de comunicación, del área forestal, del sector pesquero, del ámbito de la producción avícola y de carnes blancas, de las empresas estratégicas. A la vez, se escuchó a representantes de la pastoral social y del MOVILH.
Asimismo, la Comisión celebró seis sesiones más con representantes del Ejecutivo para analizar el contenido de la iniciativa despachada por la Cámara de Diputados, al objeto de formarse una opinión fundamentada sobre el propósito de esta reforma.
Como antecedente, cabe indicar que el principio de libertad que se establece en la Constitución Política y en los tratados internacionales que son parte de nuestro ordenamiento jurídico considera tres pilares esenciales: el derecho a la negociación colectiva, la libertad de sindicalización y el derecho a huelga como derecho fundamental.
En tal sentido, la iniciativa presentada por el Gobierno busca robustecer y ampliar el ejercicio de los derechos colectivos del trabajo, una mayor y mejor negociación colectiva y el fortalecimiento del actor sindical.
El proyecto de ley, iniciado en mensaje de la Presidenta de la República, tiene en este contexto como propósito global modificar el Código del Trabajo en el ámbito de los derechos colectivos, sustituyendo para estos efectos el Libro IV, sobre negociación colectiva, e incorporando una serie de enmiendas en otras disposiciones, vinculadas con el fortalecimiento del ejercicio de los derechos colectivos.
Cabe recordar que, dentro de los propósitos y objetivos de la iniciativa, la negociación colectiva y el fortalecimiento de los sindicatos son uno de los instrumentos existentes en las sociedades para reducir las desigualdades, y en particular, la desigualdad en la distribución de las remuneraciones. Por cierto, hay otros.
Ejemplos de las enmiendas que se propusieron, de las que nos llegaron desde la Cámara, que también forman parte del debate, son la obligación de incorporar en los estatutos de los sindicatos, de las federaciones y de las centrales sindicales mecanismos destinados a resguardar que el directorio esté integrado por directoras con derecho a fuero; a considerar como prácticas desleales del empleador la negativa, ante un requerimiento de un fiscalizador de la Inspección del Trabajo, a reincorporar en sus funciones a dirigentes sindicales aforados; a evitar que no se descuenten o no se integren a la organización sindical las cuotas o los aportes sindicales, ordinarios o extraordinarios.
Por otro lado, se agrega como práctica desleal de los trabajadores la utilización de mala fe o con abuso del derecho de los derechos sindicales o de los fueros establecidos por el Código Laboral.
En la materia específica de la negociación colectiva, con relación al actual texto del Código del Trabajo, las innovaciones del proyecto que llegó al Senado son las que mencionaré a continuación.
Primero, se incorpora al proceso de negociación colectiva a trabajadores que antes no estaban contemplados, en particular los sujetos a contrato de aprendizaje, los eventuales, de temporada o de obra o faena transitoria, y aquellos que no tengan facultades expresas de representación y administración de la empresa.
Con todo, según esta iniciativa, no gozarán de fuero ni tendrán derecho a huelga los trabajadores eventuales, de temporada o de obra o faena.
Respecto de los trabajadores sujetos a contrato de aprendizaje, corresponde señalar que solo podrán negociar colectivamente cuando se desempeñen en grandes empresas, pues las micro, pequeñas y medianas empresas podrán excusarse de negociar colectivamente con ellos. Además, a los aprendices solo les será factible negociar en cuanto a sus condiciones comunes de empleo y no a sus remuneraciones, porque continúa vigente el artículo 82 del Código del Trabajo, que no permite regular las remuneraciones mediante convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en una negociación colectiva.
Es decir, el proyecto que estamos discutiendo, en primer término, incorpora a un grupo grande de trabajadores al derecho a negociar, pero limita el cómo negocian y, en particular, sus facultades respecto al derecho de huelga.
Asimismo, se amplían las materias de negociación, pudiendo incluirse acuerdos para la conciliación del trabajo con las responsabilidades familiares, planes de igualdad de oportunidades y equidad de género en las empresas.
También, se incorpora la posibilidad de pactos de adaptabilidad (después me voy a referir a ellos).
Esas son materias a las cuales se extiende la negociación.
En tercer lugar, se reconoce al sindicato como sujeto principal de la negociación colectiva en representación de sus afiliados, ampliándose su derecho a información, en diferentes áreas; por ejemplo, la situación económica de la empresa.
En los artículos 316 a 320 se regulan los derechos de información periódica, de información específica para la negociación, de información sobre las remuneraciones por cargos o funciones. En el caso de las micro y pequeñas empresas, se establece además el deber de entregar un tipo de información diferenciado con respecto a lo que se les pide a las grandes empresas. Y también está el derecho a requerir información por las vías administrativa y judicial.
Tocante al reconocimiento de los sindicatos, se sientan las bases para lo que es el principio de la titularidad sindical y para la eliminación de los grupos negociadores en las empresas donde aquellos existen.
Adicionalmente, se reduce a tres años la vigencia de los contratos colectivos, de los acuerdos del grupo negociador en los lugares donde no hay sindicatos y de los fallos arbitrales, para hacerla coincidir con lo que sucede en la práctica con los plazos de los instrumentos colectivos.
En el artículo 323 se consagra la extensión de beneficios por afiliarse a un sindicato, otorgándose de pleno derecho a los nuevos socios los beneficios del instrumento colectivo suscrito por la organización sindical a partir de la comunicación de la afiliación al empleador. En la norma actual -artículo 346 del Código del Trabajo-, como todos sabemos, es el empleador quien tiene el derecho a extender unilateralmente los beneficios.
Aquí se cambia, por ende. Se acuerda entre las partes la extensión de beneficios. Pero, complementariamente, los trabajadores que se afilian tienen, por este solo hecho, el derecho a acceder a ellos.
Adicionalmente, como ya se sabe, respecto de la comisión negociadora sindical, se establece la obligación de integrar a una representante de las trabajadoras, elegida por el o los sindicatos que negocian.
En el artículo 338 se consagra el concepto de "piso de la negociación" (actualmente no existe piso). De haber instrumento colectivo vigente, se entenderán por piso de la negociación las mismas estipulaciones establecidas en él, con los valores que corresponda pagar a la fecha de término del contrato. Si no existe instrumento colectivo vigente, la respuesta del empleador constituye el piso de la negociación. Y se señala en el proyecto que no constituyen piso de la negociación la reajustabilidad pactada -es decir, los incrementos reales pactados-, los pactos sobre condiciones especiales de trabajo, el acuerdo de extensión de beneficios y los beneficios que se otorgan solo por motivo de la firma del instrumento colectivo.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-
Perdón, señor Senador, pero concluyó su tiempo en el carácter de informante.
Podemos entregarle cinco minutos con cargo a su tiempo como Senador.
El señor LARRAÍN.-
¡Por supuesto!
La señora ALLENDE.-
¡Que siga nomás! ¡Siempre le otorgamos tiempo adicional al Senador informante!
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-
¿Que siga, entonces?
Muy bien: Su Señoría dispone de cinco minutos adicionales.
Además, está ilustrando mucho a la Sala.
El señor LETELIER.-
Señora Presidenta, la idea es informar sobre el sentido del proyecto.
Con absoluto respeto, le digo que hasta ahora he omitido entregar mis opiniones: solo quiero dar cuenta de lo que es esta iniciativa; y lo haré en la forma más rápida posible.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-
Como es obligación de la Mesa hacer cumplir el Reglamento, señor Senador, debía informarle que su tiempo se había terminado.
Prosiga, Su Señoría.
El señor LETELIER.-
Señora Presidenta, se reconoce en forma explícita el derecho a huelga, que debe ser ejercido colectivamente por los trabajadores. Se prohíbe el remplazo de los puestos de trabajo de aquellos que se encuentran en huelga. La infracción de esa prohibición se considera una práctica desleal grave que habilita a la Inspección del Trabajo para requerir el retiro inmediato de los remplazantes.
El proyecto introduce una novedad en cuanto al momento en que se hace efectiva la huelga al extenderla al quinto día siguiente al de su aprobación, en circunstancias de que en la norma actual aquella se hace efectiva a partir del inicio de la respectiva jornada del tercer día siguiente a la fecha de su aprobación.
Se contemplan como limitaciones al ejercicio del derecho a huelga los servicios mínimos -esto es una innovación, vinculada con el propósito de evitar daños en la salud, en el medio ambiente o en las empresas mismas-, obligándose a la comisión negociadora sindical a proveer el personal destinado a atender dichos servicios, que recibirá el nombre de "equipo de emergencia" (el plazo se define entre el instante de iniciada la negociación y el momento previo a la huelga).
Adicionalmente, se establece un cambio en la norma sobre reanudación de faenas, la que también es una limitación a la huelga. Hasta ahora puede decretarla el Presidente de la República. Según el proyecto, puede decretarla el respectivo tribunal de letras del trabajo, previa solicitud de parte, cuando la huelga o el lock-out (cierre temporal de la empresa determinado por el empleador para impedir el acceso de los trabajadores), por sus características, oportunidad o duración, causare grave daño a la salud, al abastecimiento de bienes o servicios de la población, a la economía del país o a la seguridad nacional.
Igualmente, en los artículos 374 a 379 se consagra la figura -la mencioné antes- de los pactos sobre condiciones especiales de trabajo. Es una innovación a lo que dispone el artículo 38 del Código del Trabajo, sobre jornadas especiales.
Esos pactos de adaptabilidad podrán ser acordados por la o las organizaciones sindicales de las empresas con una afiliación sindical igual o superior al 30 por ciento de sus trabajadores.
Asimismo, podrán acordarse en los procedimientos de negociación colectiva; durarán un máximo de tres años, y serán aplicables a los trabajadores representados por las organizaciones sindicales que los hayan celebrado.
Sin embargo, se establece un procedimiento en virtud del cual es factible extender los pactos de adaptabilidad, de forma tal que el empleador podrá convenir su aplicación a trabajadores sin afiliación sindical, para lo cual se deberá contar con el acuerdo individual de ellos y con la aprobación de la Inspección del Trabajo. Y, en el caso de que la aplicación sea acordada por 50 por ciento más 1 de los trabajadores sin afiliación sindical, se podrán aplicar a todos los trabajadores que no hayan concurrido al acuerdo y sin necesidad de aprobación de la Inspección del Trabajo.
Los referidos pactos pueden versar sobre condiciones especiales de distribución de la jornada ordinaria de trabajo y duración de los descansos; horas extraordinarias, y duración y retribución de los tiempos no efectivamente trabajados.
Se establece un procedimiento de arbitraje distinto del que existe actualmente para las empresas estratégicas, con un tribunal colegiado (hoy el tribunal es unipersonal).
De otro lado, se crea el Registro Nacional de Árbitros.
De ahora en adelante, los procedimientos judiciales en la negociación colectiva serán conocidos por el juzgado del trabajo del domicilio del demandado o por el del lugar donde se presten o se hayan prestado los servicios. Debe recordarse que, según la norma vigente, es competente el juzgado del trabajo donde se encuentra la empresa.
Se considerará como práctica desleal del empleador durante la negociación colectiva, entre otras, el remplazo de los puestos de trabajo de quienes hubieren hecho efectiva la huelga, y como práctica desleal de los trabajadores, entre otras, el incumplimiento del deber de proveer los equipos de emergencia.
Señor Presidente, la Comisión de Trabajo y Previsión Social aprobó la idea de legislar por tres votos a favor (de las Senadoras señoras Goic y Muñoz y de quien habla) y dos votos en contra (de los Senadores señores Allamand y Larraín), lo que permite iniciar el debate de este proyecto.
Y una reflexión final.
Tal como lo expresé en mi fundamento de voto en dicho órgano técnico, esta iniciativa apunta en la dirección de otorgar más poder a los trabajadores mediante la titularidad sindical y la huelga efectiva sin remplazos, dejando atrás instituciones que, como dice el mensaje, heredamos del Plan Laboral de años pasados.
Con todo, creo que los miembros de la Comisión debemos ser capaces de introducir perfeccionamientos a este proyecto, que recibimos desde la Cámara de Diputados.
En la intervención que realice como Senador explicitaré mi juicio respecto de la materia.
No obstante, debo señalar que, en la evaluación que hicimos en el referido órgano técnico, todos convinimos en que existen espacios para acuerdos parciales conducentes a mejorar el articulado en varios aspectos.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Debo señalarles a los asistentes a las tribunas que nuestro Reglamento prohíbe los aplausos. Así que, si quieren adherir a alguna intervención, pueden expresarse con gestos.
Tiene la palabra la Ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Ximena Rincón.
La señora RINCÓN (Ministra del Trabajo y Previsión Social).-
Señor Presidente, como Ejecutivo, venimos hoy con el Ministro de Hacienda, don Rodrigo Valdés, y el Subsecretario del Trabajo, don Francisco Javier Díaz, a presentar al Honorable Senado el proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales introduciendo modificaciones al Código del Trabajo.
Nuestro país ha avanzado significativamente durante las últimas décadas en ámbitos tan diferentes como la superación de la pobreza, el crecimiento económico, el acceso al empleo y el desarrollo de un sistema de protección social robusto. Todo ello, con gran responsabilidad fiscal.
Sin embargo, nuestro patrón de crecimiento se ha caracterizado por prácticamente no hacerle mella a una vergonzante desigualdad: según las últimas mediciones de la OCDE, entre los 34 países que la integran, Chile presenta la peor distribución del ingreso.
El mundo del trabajo -las oportunidades laborales, las remuneraciones que se reciben y la calidad del empleo- es determinante para el bienestar de las personas y de sus familias. Y también juegan los niveles de productividad y competitividad de las empresas.
En simple: en el mundo del trabajo se define buena parte de la calidad de una sociedad.
Y aquí tenemos deudas como sociedad. Las desigualdades se expresan en bajas tasas de participación laboral de algunos grupos, como mujeres y jóvenes; en excesivo empleo precario en el trabajo informal y sin protección social, y en profundas brechas salariales. Ciertamente, la productividad explica parte de esto último; empero, es crucial reconocer que, en conjunto, los trabajadores tienen una muy baja participación en la distribución de la renta que se obtiene en el proceso productivo.
A la desigualdad se agrega que las relaciones laborales se desarrollan en un entorno de menos colaboración de lo que querríamos, bajo un marco restrictivo para el ejercicio de los derechos colectivos del trabajo. Esto limita las capacidades de las partes para negociar y procesar el conflicto.
De igual modo, en el actual modelo de organización del trabajo faltan mecanismos que permitan adecuar la regulación de los cambios que devienen de los ciclos económicos y de la nueva estructura productiva.
Es por ello que la ley en proyecto propone emparejar la cancha nivelando las condiciones institucionales de la relación laboral, de manera que trabajadores y empleadores puedan negociar en mejores condiciones al interior de la empresa, potenciando la confianza, la colaboración, y también buscando una mejor distribución de las ganancias de la productividad.
Por cierto, esta reforma no es la única en la que Chile debe avanzar para mejorar la equidad y la productividad. No es un cambio que aborde todos y cada uno de los desafíos del mercado laboral. Pero queremos ser enfáticos: sí, avanza en aspectos que llevamos demasiado tiempo sin abordar y que son importantes en el debate sobre la desigualdad.
Sin lugar a dudas, debemos ser capaces de enfrentar los desafíos pendientes; si no, nuestro potencial de desarrollo y crecimiento se verá afectado. Hemos de pensar en lo que queremos para los próximos 30 años. La desigualdad y la falta de cohesión social limitan las posibilidades de expansión y desarrollo de los países.
Superar la desigualdad es un imperativo ético, social y político. Es, también, una exigencia para fortalecer el crecimiento económico y alcanzar el desarrollo.
En los países de la OCDE, 17,1 por ciento de los trabajadores se encuentran sindicalizados; en Chile, tan solo 14,6 por ciento.
Asimismo, el promedio de cobertura de la negociación colectiva en las naciones de la OCDE supera el 60 por ciento de los trabajadores asalariados; en Chile llega apenas al 10 por ciento.
En concreto, la cobertura de la negociación colectiva en el año 2013 alcanzó apenas a 8,1 por ciento de los asalariados del sector privado bajo la modalidad reglada y a 2 por ciento bajo la modalidad no reglada. Ello significa que la enorme mayoría de nuestros trabajadores y trabajadoras quedan fuera de la posibilidad de negociar colectivamente sus salarios y condiciones laborales.
Tenemos la expectativa de que la negociación colectiva mejore los déficits de confianza que existen entre los actores sociales; promueva la capacidad de las partes para establecer acuerdos sobre la base del diálogo y la cooperación; ayude a prevenir los conflictos; incremente la productividad, y contribuya a mejorar la distribución de los frutos del trabajo.
Estamos convencidos de que es bueno para Chile el desarrollo de un movimiento sindical moderno y responsable, con capacidad para generar propuestas e incidir en la vida de los trabajadores y de las empresas.
La experiencia de los países donde los niveles de sindicalización son altos y la negociación colectiva es amplia indica que los trabajadores y los empleadores pueden desarrollar acuerdos de beneficio mutuo sobre un amplio espectro de materias, tales como políticas de conciliación de trabajo y familia; pactos de beneficio asociados a cumplimiento de metas de productividad; regímenes de jornada más flexibles; políticas de capacitación, en fin.
Las relaciones laborales modernas se basan en el respeto recíproco; en el reconocimiento de la contraparte como un otro legítimo que debe ser valorado en su dignidad y derechos; en el diálogo permanente; en la colaboración; en la buena fe; en la apertura genuina a dejarse influenciar por el otro, a aceptar su punto de vista como pertinente, y en la búsqueda conjunta de mejores condiciones laborales y de productividad, en una lógica de juego de suma positiva en que todos puedan ganar.
Eso es lo que queremos para Chile y tal es el sentido profundo de la modernización del sistema de relaciones laborales que proponemos.
El desarrollo de esa cultura permitirá establecer un equilibrio entre respeto de derechos y conciencia de deberes, y un compromiso común con los destinos de la empresa.
El proceso
Este proyecto de ley no nace de la nada, sino que recoge varios esfuerzos de análisis, como el Informe del Consejo Asesor Presidencial Trabajo y Equidad (Comisión Meller), de 2008; el informe de la OCDE denominado "Revisión del Mercado Laboral y Políticas Sociales: Chile", de 2009, y el documento de la Universidad Adolfo Ibáñez llamado "Hacia una Nueva Legislación Laboral", de 2011, por citar solo tres.
Es importante enfatizar un punto específico: tan compartido es este diagnóstico -la debilidad de nuestro sistema de relaciones laborales- que en la última campaña presidencial todos los candidatos enfatizaron en sus propuestas programáticas la conveniencia de avanzar al respecto. Por ejemplo, la candidata de la Alianza puntualizó, en su programa de gobierno, la necesidad de fortalecer la negociación colectiva, fomentar el diálogo entre trabajadores y empresarios, robustecer los sindicatos y ampliar las materias por tratar entre las partes.
Por eso, quienes anteriormente han mostrado apertura y sensibilidad frente al mundo del trabajo y la precisión de modernizar sus instituciones, no debieran restarse del debate.
Estamos convencidos de que el proyecto de reforma cuenta con un diagnóstico ampliamente compartido: una escasa cobertura de la negociación colectiva; una tasa de sindicalización modesta; una desigual distribución de los frutos de la riqueza construida en común; un clima que limita avances en la productividad de los trabajadores; una excesiva conflictividad laboral, especialmente en sus expresiones inorgánicas, y la ausencia de regulaciones adecuadas al Chile de hoy.
La dimensión del desafío -modernizar nuestro sistema de relaciones en el trabajo- exigía emprender un proceso de reforma dotado de amplia legitimidad social y política, para lo cual era indispensable un intenso proceso de actividad prelegislativa y legislativa.
Durante 2014 desarrollamos un amplio proceso de diálogo con todos los actores sociales y políticos relevantes. La reforma fue construida de cara a la ciudadanía y sus organizaciones.
La Cámara de Diputados discutió ampliamente la iniciativa en el primer semestre del presente año. Se formularon numerosas indicaciones, y es bueno recordar que una parte importante de ellas se aprobó por unanimidad.
Con posterioridad, en el segundo trámite constitucional, la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Corporación realizó -y de ello ha dado cuenta su Presidente, el Honorable señor Letelier- más de cincuenta audiencias, en las que se escuchó a organizaciones sindicales y gremiales y a expertos.
Se está llevando a cabo un debate constructivo, con madurez y responsabilidad, el cual se hace cargo de los desafíos del mundo del trabajo, pero también vela por la sociedad en su conjunto. Como Gobierno, queremos agradecer la altura y profundidad con que el Senado lo desarrolla. Independientemente de las posiciones de cada uno frente a la reforma sobre la modernización de las relaciones laborales y sus contenidos, nadie puede dudar de la seriedad y dedicación con que la discusión se ha enfrentado. Esta es la mejor manera de prestigiar la acción política.
Contenido del proyecto de ley
En cuanto a sus contenidos, el proyecto de ley que hoy se vota en general reforma tres aspectos claves de nuestra legislación.
En primer lugar, se establece la titularidad del sindicato en los procesos de negociación colectiva. Junto a ello, se determina la extensión automática de los beneficios negociados a los trabajadores que se sindicalicen con posterioridad y se regula la extensión pactada de beneficios a los no sindicalizados.
En segundo término, se modifica significativamente la posición de las partes en el proceso negociador. Se contempla, como elemento central, el derecho a huelga efectiva en el marco de la negociación colectiva reglada.
La huelga es parte consustancial de la libertad sindical y, como tal, un derecho fundamental de los trabajadores y un medio legítimo de defensa de sus intereses. Sin embargo, tal como ha sido reconocido por la OIT, no reviste un carácter absoluto. En tal sentido, la iniciativa considera un conjunto de instrumentos e incentivos que apuntan a otorgarle proporcionalidad a su ejercicio legítimo, sin afectar su eficacia.
Tercero, el proyecto busca ampliar la cobertura y las materias que se pueden negociar colectivamente, proceso que se desea hacer más técnico e informado, en el cual las partes alcancen acuerdos de mutuo beneficio y se concilien una mayor equidad con una mayor productividad.
En particular, se señala la posibilidad de la organización de las jornadas de trabajo y su distribución ajustadas a los ciclos productivos y a las estacionalidades propias de algunos sectores económicos. Lo anterior, en la medida en que ello surja, evidentemente, como resultado de la negociación y del acuerdo entre los actores. La herramienta propuesta para estos fines son los pactos sobre condiciones especiales de trabajo.
La iniciativa también contiene instrumentos destinados a potenciar los programas de formación sindical y a promover el desarrollo de estas organizaciones.
Nuestra convicción es que se requieren sindicatos más representativos y condiciones institucionales que permitan una negociación colectiva equilibrada para que Chile sea menos inequitativo.
Muchos de estos avances son posibles hoy como resultado de los acuerdos alcanzados en el último tiempo a través del diálogo entre los actores sociales, representados por la Central Unitaria de Trabajadores y la Confederación de la Producción y del Comercio. En tal sentido, es importante destacar el valor que como Gobierno le asignamos al diálogo social tripartito. El Acuerdo de Voluntades del año 2012, suscrito entre la CUT y la CPC, es una clara expresión de los resultados que se pueden lograr por la vía del entendimiento.
Además, sostuvimos importantes reuniones con los representantes de las pymes -Conapyme, Unapyme, Conupia- para analizar las distintas realidades existentes en estas empresas. Ya hay varias disposiciones incluidas en el proyecto de ley y estamos abiertos a agregar otras.
Estamos convencidos de que la negociación entre los actores del mundo del trabajo reduce la conflictividad y mejora la paz social, y, como resultado, se incrementa la productividad.
Señora Presidenta, para concluir, el Gobierno, tal como lo hemos expresado a lo largo del debate, abriga la certeza de que nuestro país necesita avanzar hacia relaciones laborales modernas, justas y equilibradas. No podemos seguir esperando sin abordar esta tarea.
Lo que discutimos hoy es una oportunidad para crear nuevos espacios de diálogo social y construir confianza entre trabajadores y empleadores; también, para fomentar el empleo y la productividad, y asimismo para que los resultados del proceso productivo se distribuyan en forma más equitativa.
Durante el trámite legislativo hemos escuchado -y lo seguiremos haciendo- distintas inquietudes respecto de algunas de las normas e instituciones propuestas. Las Carteras de Hacienda y del Trabajo, con sus Ministros, seguirán laborando coordinadamente para obtener un buen resultado.
Como lo hemos señalado anteriormente, queremos lograr una legislación con el mayor nivel de legitimidad social y política. Para conseguirlo, el Ejecutivo está dispuesto a seguir escuchando, debatiendo y convenciendo, así como a ser convencido. Solo a través del diálogo podemos seguir perfeccionando el proyecto.
Hoy, 18 de agosto, la Presidenta Michelle Bachelet ha expresado, citando al padre Alberto Hurtado en el marco de la celebración del Día de la Solidaridad: "Que el respeto del Prójimo tome el lugar de las desconfianzas". Y agregó, con sus propias palabras: "Creo que esa frase sigue estando plenamente vigente. Por lo tanto, yo a los actores políticos quisiera invitarlos a levantar la mirada, a ver a largo plazo, que se dejen de lado los conflictos pequeños, artificiales. El debate que Chile requiere es de mayor altura y solidaridad".
Estimadas y estimados Senadores, teniendo presentes estas consideraciones, los invito a aprobar la idea de legislar y a participar activamente en el debate particular.
Muchas gracias.
--(Aplausos en tribunas).
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- El Reglamento no permite manifestaciones. Ya se les indicó a las personas en las tribunas un sistema más silencioso.
Tiene la palabra la Honorable señora Goic.
La señora GOIC.-
Señora Presidenta, desde la vuelta a la democracia en Chile hemos sido capaces, en distintas etapas y contextos, de ir aprobando reformas a la legislación que han permitido ampliar los derechos reconocidos a los trabajadores y progresar en garantizarlos.
Tales cambios se han referido a los ámbitos individual, colectivo y procesal del trabajo. Entre los de mayor envergadura destacan los efectuados como fruto de los acuerdos marco del Gobierno del Presidente Aylwin, la reforma laboral del año 2001 y la efectuada en la justicia laboral.
No podemos olvidar algunos más específicos, pero muy significativos, como el encaminado a la protección de la maternidad, la paternidad y la vida familiar; el relativo a la prohibición de la discriminación y a la promoción de la igualdad; el referido al acoso sexual y al laboral, y los de carácter sustantivo introducidos en el trabajo de menores. Ninguno de ellos fue de fácil tramitación en algunos momentos.
Sin embargo, es necesario reconocer, en el ámbito de los derechos colectivos, especialmente respecto de la negociación colectiva y de la huelga, que concepciones impuestas por la dictadura aún permanecen en aspectos relevantes de la legislación, los que demandan ser reformados a fin de garantizar de mejor manera derechos fundamentales en nuestro ordenamiento.
La iniciativa en debate contiene una nueva regulación de la negociación colectiva, haciéndose cargo de algunos de los puntos que han sido objeto de observaciones tanto de parte de la comunidad nacional cuanto de la Organización Internacional del Trabajo.
Entre ellos destacan el reconocimiento del rol preferente de los sindicatos en la negociación colectiva, a través de la denominada "titularidad sindical"; el perfeccionamiento en la regulación de prácticas y disposiciones que podrían dar lugar a atentados contra la libertad sindical, y la garantía del derecho a la huelga efectiva mediante la prohibición del reemplazo de los trabajadores en paro.
El Partido Demócrata Cristiano, en su Quinto Congreso Ideológico y Programático, se propuso colaborar en la construcción de un país para todos por la vía de impulsar una estrategia de desarrollo integral y sustentable que logre la equidad social y el crecimiento de cada chileno.
Hemos definido como ejes de la tarea el acceso al empleo y la promoción y garantía del trabajo decente. En esa línea, hemos afirmado que la política laboral ha de colaborar a la generación de "equilibrios entre capital y trabajo". Tal empeño resulta crucial "no solo en mejorar la productividad del trabajo y el nivel de los salarios, sino también en fortalecer las organizaciones sindicales y la negociación colectiva", junto a garantizar el derecho efectivo a la huelga.
El compromiso con las reformas que hoy abordamos fue refrendado hace algunos meses por el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana, que decidió impulsar el funcionamiento de una comisión político-técnica, la cual ha contribuido al análisis y a la formulación de propuestas en torno a la iniciativa que nos ocupa.
Como es conocido por todos, nuestros Diputados respaldaron el proyecto en la Cámara y nuestra bancada de Senadores reafirma ahora su compromiso con el texto y los trabajadores.
Creemos en el rol protagónico de las organizaciones sindicales en la negociación colectiva, ya que, tal como lo afirmamos en el citado Congreso Ideológico, "es la representatividad del sindicato y su legitimidad democrática la que funda sus capacidades de interlocución".
En tanto entidades de carácter permanente, ellas son las que de mejor manera pueden promover los intereses y defender los derechos del sector laboral. Sin lugar a dudas, serán más eficaces en la tarea cuando representen a una mayor cantidad de afiliados, y la iniciativa considera una serie de dispositivos tendientes a potenciar su representatividad.
No nos engañemos. Todos sabemos que sin sindicatos fuertes no hay una real negociación colectiva ni un mayor diálogo social.
En esa línea, para los empleadores también es importante contar con interlocutores laborales de liderazgos claros con quienes sea posible construir compromisos duraderos que permitan proyectar, con horizontes temporales más amplios, los desafíos empresariales.
Hoy, 18 de agosto, nuestro país celebra, como ya se ha señalado, el Día de la Solidaridad, instituido en homenaje a san Alberto Hurtado. Este chileno de excepción fue un decidido promotor de las organizaciones sindicales -cómo no recordarlo y que simbólico es estar discutiendo el proyecto-, a las que no solo consideraba necesarias, sino también imprescindibles, señalando que "el porvenir de los asalariados y la estructuración de un mundo más justo y más armonioso está en sus manos".
En esta oportunidad queremos reafirmar la vigencia de tal pensamiento y reconocer el papel que cumplen los sindicatos, no solo en la configuración de las relaciones de trabajo al interior de las empresas, sino asimismo en la construcción de una sociedad menos desigual y más solidaria.
La iniciativa también se orienta a fortalecer el derecho a huelga. El paro configura un instrumento de presión legítimo, reconocido por las constituciones y el derecho internacional. Es el último recurso con el que cuentan los trabajadores, el cual les permite, en cierta medida, equiparar el poder negociador de sus empleadores.
Este derecho no puede estar sometido a limitaciones que le resten eficacia, como actualmente sucede en nuestra legislación. La posibilidad contemplada hasta ahora de reemplazar, en ciertas hipótesis, a los trabajadores en huelga constituye una clara restricción, por lo que es necesario ponerle fin. Quiero reiterar mi compromiso con este cambio.
Ciertamente, la paralización implica dificultades para el funcionamiento de las empresas, y en ello reside el poder que se otorga a los trabajadores.
Del mismo modo, existe un costo para el sector laboral. Por eso, lo que finalmente se busca, más que poner el acento en la huelga, es la etapa previa. Justamente se apunta a los frutos del diálogo y a cómo se genera un acuerdo. Y eso es lo que queremos potenciar en el proyecto.
Mas cuando no se obtienen frutos, los trabajadores deben tener la posibilidad de ejercer el derecho sin limitaciones que afecten su esencia. Cuando de ello pudieran derivar perjuicios importantes para el ejercicio de otros derechos fundamentales, será preciso identificar excepcionalmente, por supuesto, a empresas o faenas que no pueden declararse en huelga, tratándose de servicios esenciales, en sentido estricto, o imponer la prestación de servicios mínimos en hipótesis limitadas.
Estos últimos aspectos han sido objeto de un amplio debate en la Comisión, manifestándose algunos consensos en torno a perfeccionamientos que se deberán llevar a cabo en la discusión particular.
Por otra parte, es necesario destacar que la iniciativa amplía las materias de negociación. Hoy son muy restringidas, sin duda. En efecto, la normativa propuesta considera la posibilidad de incluir convenciones para la conciliación del trabajo con las responsabilidades familiares; planes de igualdad de oportunidades y de equidad de género en la empresa; acuerdos para la capacitación y reconversión productivas de los trabajadores; constitución y mantenimiento de servicios de bienestar, y el establecimiento de mecanismos de solución de controversias.
Ello supone, sin duda, un enriquecimiento importante en el diálogo entre trabajadores y empleadores y perspectivas de una mejor calidad de vida en la empresa.
Asimismo, en la medida en que existan sindicatos en que aumente la cantidad de representados, el proyecto considera que pueden convenirse condiciones especiales de trabajo, especialmente en lo relativo a la organización de la jornada. Debemos consignar que tenemos algunas observaciones respecto de la regulación correspondiente -lo hemos comentado ya en la Comisión-, y esperamos que puedan ser acogidas en la discusión particular.
Por una parte, estimamos necesario asegurar que tales pactos sean negociados por sindicatos ampliamente representativos y establecer quorums más altos al comienzo de la vigencia de la ley, y por la otra, entendemos que, una vez perfeccionados, no podrían ser impuestos individualmente a los no afiliados sin contar con su voluntad.
Si los pactos se van a incorporar, juzgamos, sobre la base de las necesidades de los trabajadores, que podrían considerarse alternativas que favorecieran la adecuación de jornadas para aquellos en quienes recaen responsabilidades familiares. Me refiero no solo a las mujeres, como se piensa tradicionalmente, sino también a personas a cargo del cuidado de hijos o de discapacitados. Por qué no pensar igualmente en los que también son estudiantes e incluso en adultos mayores. Me parece que eso efectivamente nos abre a relaciones más modernas y acordes con nuestro tiempo.
En definitiva, opinamos que la iniciativa, en general, constituye un tremendo avance en el reconocimiento y la tutela de los derechos colectivos en el mundo del trabajo y hace posible el desarrollo de relaciones laborales en condiciones de un mayor equilibrio entre las partes.
En la Comisión de Trabajo hemos tenido la oportunidad de asistir a un muy buen debate, y no me cabe duda de que se van a recoger muchas observaciones en la discusión particular.
Termino lamentando que los Senadores de la UDI y de Renovación Nacional integrantes de ese órgano técnico se negaran a legislar y votaran en contra. Esperaba que una oportunidad de avanzar claramente en una mayor equidad, en un mayor diálogo social al interior de la empresa, fuera un espacio para que todos nos comprometiéramos y que aprovechásemos.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Puede intervenir el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, nuestra responsabilidad como legisladores, cuando enfrentamos proyectos de esta naturaleza, es actuar con el mayor equilibrio posible frente a un asunto tan relevante.
Los derechos de negociación de los trabajadores forman parte de un aspecto esencial en la vida de la empresa. A nosotros nos corresponde procurar que congenien dos puntos fundamentales: el hecho de asegurarles su protección, como protagonistas en ese ámbito, y por el otro, la viabilidad de la unidad productiva.
Si nos preocupamos solo de esta última cuestión y olvidamos al sector laboral, cometeremos un error tremendo y una enorme injusticia adicional. Seríamos ciegos a una realidad.
Si solo nos preocupamos, a la inversa, de la protección de los trabajadores y no consideramos dicha viabilidad, estaremos haciendo un juego equivocado, porque más temprano que tarde serán ellos los perjudicados al desaparecer la empresa.
La Senadora señora Goic, quien me antecedió en el uso de la palabra y con la que efectivamente sostuvimos un muy buen debate en la Comisión, se sorprendía de que nosotros votáramos en contra de la iniciativa. La verdad es que lo hemos hecho porque uno se pronuncia sobre una idea de legislar con características determinadas: no en cuanto a mejorar la situación de la negociación colectiva de los trabajadores, sino a la forma de desarrollarla.
Esta última presenta, a mi juicio, errores que justifican nuestra decisión.
Por una parte, median equivocaciones de diagnóstico, porque se funda en la premisa de que las relaciones entre trabajadores y empleadores se hallan en constante conflicto, y de que, por eso mismo, necesitamos que dicha situación se regule de una manera muy clara.
Yo pienso que ese diagnóstico es errado y que no se aplica a la realidad de las empresas chilenas ni a la situación laboral de sus trabajadores. Hay que pensar que solo alrededor de 15 por ciento de ellos se encuentra afiliado a un sindicato y que 52 por ciento no forma sindicato porque no los cree necesarios o definitivamente no ve interés en ello.
--(Manifestaciones en tribunas).
Además, un 70 por ciento confía en la empresa en que trabaja y menos de 2 por ciento percibe conflicto frecuente en ella.
Por otra parte, las denuncias ante la Dirección del Trabajo solo abarcan al 3 por ciento de los trabajadores y porcentajes bastante menores de estas se fundamentan en materias de negociación colectiva y organizaciones sindicales.
En general, la gran mayoría de los trabajadores, libre y voluntariamente, no se halla sindicalizada y no concuerda con la sindicalización obligatoria ni con la idea de que solo el sindicato pueda negociar.
Yo me pregunto, si cuando uno entrega datos hay gente que reacciona en forma airada en las tribunas, ¿cómo se comportarán cuando uno esgrima argumentos que manifiesten la opinión propia?
En una democracia, así es como se pierde el respeto a los demás.
En seguida, el proyecto que nos ocupa se funda en otro supuesto, a mi juicio, también equivocado. La idea de conflicto pareciera ser una noción más bien decimonónica: que los trabajadores y los empleadores son enemigos entre sí y que su único destino es estar en constante batalla. Pues bien, considero que, con el tiempo, la situación ha cambiado.
Es efectivo que el surgimiento del capitalismo y de la industrialización inicialmente generó situaciones de abusos indebidos y desmesurados en contra de los trabajadores. Pero eso ha ido evolucionando. Y hoy día contamos con una legislación laboral proteccionista en lo fundamental -casi excesivamente proteccionista, diría, en el sentido de que en las leyes sectoriales se regula hasta el número de baños de que debe disponer una empresa, entre otros detalles, porque probablemente se han cometido muchas injusticias-, pero que deja poco espacio para la propia negociación laboral.
El enfoque de una empresa contemporánea ha de hacer pensar de otra manera la realidad en su interior.
Hoy día, las empresas no son una competencia entre trabajadores y empleadores, sino que entre ambos y otras compañías que producen los mismos bienes y servicios en alguna otra parte del país o del mundo. Esa competencia externa obliga a concebirlos como socios. Y, claro, uno entiende a veces que la actuación de algunos empleadores dista mucho de considerar a sus trabajadores como socios.
Eso debemos cautelar y evitar.
Pero, asimismo, la mirada que se inclina a considerar que los trabajadores están siendo única y permanentemente abusados también exagera un argumento y evita pensar que unos y otros son necesarios y que ambos deberían compartir los beneficios del producto de la empresa.
--(Manifestaciones en tribunas).
En tal sentido, creemos que el objetivo de la reforma constitucional en debate es correcto. Porque estimamos necesario lograr una mayor equidad en la distribución del ingreso en Chile para, de esa manera, a través del trabajo fundamentalmente, avanzar en la erradicación de la pobreza.
La educación y el trabajo son los dos grandes ejes para acercarnos al propósito mencionado.
Sin educación y sin capacitación, que es una de las omisiones del proyecto -ya me voy a referir a eso-, y sin un trabajo digno y decente, en que se respeten los derechos de los trabajadores, será muy difícil que nuestro país logre ser verdaderamente desarrollado, con niveles de justicia y de igualdad razonables.
Ahora, importa señalar que muchas de las medidas contempladas en la presente iniciativa no garantizan que los objetivos propuestos se vayan a cumplir. Pensamos que pueden producirse un aumento del desempleo y del trabajo informal, un incremento de las remuneraciones producto de los mayores instrumentos de que van a disponer los sindicatos, pero ese incremento, al no estar acompañado de aumentos en la productividad, no necesariamente va a garantizar el crecimiento económico. Y, si no se garantiza el crecimiento económico, al final los que empiezan a perder son el país y los propios trabajadores, porque, sin lugar a dudas, carecerán de oportunidades y no percibirán sueldos dignos, como les corresponde.
--(Manifestaciones en tribunas).
Por otra parte, la reforma constitucional en examen es parcial, porque no cubre aspectos fundamentales en que -pensamos- debemos focalizarnos para resolver el tema laboral en forma integral.
Por ejemplo, no hay verdadera preocupación por la capacitación de los trabajadores. En Chile, para capacitación a través del SENCE se gastan alrededor de 800 millones de dólares, una cifra completamente insignificante para las necesidades nacionales en la materia.
A mi juicio, este constituye un problema central para mejorar la calidad de nuestro trabajo e incluso los propios ingresos de las personas. Pero no se le presta consideración. Lamentablemente, llevamos muchos años planteando la misma idea y los gobiernos sucesivos no se han hecho cargo de esta situación.
Bueno, tampoco hay un esfuerzo especial por mejorar las condiciones laborales de jóvenes y mujeres, quienes presentan hoy día un acceso limitado al trabajo; ni siquiera por buscar la igualdad de ingresos entre mujeres y hombres; no se muestra preocupación alguna -y es uno de los ejes centrales de nuestra crítica- por los trabajadores no afiliados a sindicatos; no se fijan en los trabajadores cesantes, en los funcionarios públicos; no hay inclusión del adulto mayor ni de las personas en situación de discapacidad.
Es, por lo tanto, una reforma demasiado parcial como para considerarla tan fundamental.
Por razones de tiempo no me voy a detener en el análisis de las dificultades de la titularidad sindical...
--(Manifestaciones en tribunas).
Les manifiesto a las tribunas que el respeto es algo que se debe practicar en democracia.
Con la titularidad sindical, señor Presidente, se monopolizan en un grupo las facultades de negociar. Aquellos que no se inscriben en ese grupo, en el sindicato, no tienen posibilidades y quedan sometidos, por lo tanto, a un monopolio que puede recaer en el 10, el 15 por ciento de los trabajadores. Y eso, obviamente, complica la situación.
Del mismo modo, la extensión de los beneficios hoy día la aplica el empleador. En lo sucesivo, para su utilización habrá de existir acuerdo entre el sindicato y el empleador, al tenor de este proyecto. Eso deja en la precariedad a los trabajadores no sindicalizados, porque van a depender de lo que diga el sindicato.
Hoy día, en un debate que sostenía con la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, ella manifestaba: "Pero no hay nada de qué preocuparse, porque normalmente eso se acepta y se extienden los beneficios". Si es así -digo yo-, entonces para qué se prohíbe. Porque ello, precisamente, inhibe y limita la libertad de contratación, que me parece indispensable, ya que las personas tienen derecho a definir su propia situación.
--(Manifestaciones en tribunas).
Es más, extender los beneficios se considera una práctica antisindical.
El remplazo en huelga.
Entendemos que el remplazo externo está prohibido por la OIT, pero no el interno. Y la falta de espacio al remplazo interno es el peor golpe que van a sufrir las pymes, que son las que proveen la mayor parte del trabajo en Chile.
Señor Presidente, creemos necesario fortalecer los derechos de sindicalización, pero en un concepto distinto, moderno, que incluya la flexibilidad laboral, la adaptabilidad; que considere la huelga pacífica. No veo por qué se terminó en la definición de que los trabajadores y los dirigentes sindicales no eran sancionados cuando cometían y promovían la violencia o el uso de la fuerza moral o física.
Señor Presidente, si el Gobierno no oye a la gente, el país seguirá por el camino del atraso económico y del desempleo, que tanto tememos.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Reitero el llamado a quienes siguen la sesión desde las tribunas en el sentido de que escuchen las intervenciones sin hacer manifestaciones, porque el Reglamento es muy claro en esta materia.
Gracias.
Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).-
Señor Presidente, anuncio mi voto a favor de este proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales introduciendo diversas modificaciones al Código del Trabajo. Y voy a pronunciarme favorablemente, al igual que toda la bancada de los Senadores de la Democracia Cristiana -y tal como sucedió con los 22 Diputados en el primer trámite legislativo-, porque creo que constituye un acto de toda justicia.
Yo aprendí, cuando cursé el ramo de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que aquel, por definición, tiene un carácter tutelar. Es decir, el Derecho del Trabajo existe y se justifica para corregir una relación que es asimétrica entre empleadores y trabajadores. En ese sentido, creo que este proyecto es un acto de toda justicia.
Como Democracia Cristiana, doctrinariamente, defendemos dos principios fundamentales, que son los pilares de nuestro partido: primero, el respeto por la dignidad de la persona humana; y segundo, el respeto por la dignidad y los derechos del trabajo y los trabajadores.
Esa es la esencia de la Doctrina Social de la Iglesia y de todo un cuerpo doctrinario que inspira, desde hace más de 70 años, a nuestra colectividad.
Por lo tanto, somos partidarios de fortalecer los derechos colectivos de los trabajadores. Y eso significa fortalecer dos cosas principalmente: la organización sindical y la negociación colectiva. Y ello, en línea con los esfuerzos que hemos hecho en los Gobiernos de la Concertación, desde la época de la transición, para ir justamente, en un camino gradual, haciendo más sólidos los derechos de los trabajadores.
Fue así como en 1990 se dictó el primer Código del Trabajo de la historia democrática de Chile. Los otros dos que hemos conocido fueron promulgados bajo la dictadura de Ibáñez, en los años veinte, y bajo la dictadura de Pinochet. Por lo tanto, la primera experiencia de un Código del Trabajo en democracia es el que fue dictado bajo el Gobierno del Presidente Patricio Aylwin, con un fuerte acuerdo entre la CUT, presidida en ese entonces por Manuel Bustos; la CPC, presidida en ese entonces por Manuel Feliú, y la ANEF.
Y ese primer Código del Trabajo estableció más seguridad en el empleo desde el punto de vista del aumento de las indemnizaciones; fortaleció el descanso dominical en el comercio; contempló la indemnización para trabajadores de casa particular; aumentó las responsabilidades de las empresas con sus contratistas; fortaleció el derecho a negociar para trabajadores eventuales y temporeros, con acuerdo de las partes; puso fin al remplazo durante los 15 días, cuando se ofrece menos del IPC; y amplió los fueros y permisos sindicales y su financiamiento.
Y posteriormente se aprobó la ley sobre centrales sindicales.
No olvidemos, por lo tanto, que no hemos estado de brazos cruzados, mirando el techo. Aprobamos bajo el Gobierno del Presidente Aylwin el primer Código del Trabajo en la historia democrática de Chile.
Y después vino otro perfeccionamiento: la reforma laboral del 2001, bajo el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos -tuve el honor de ser Canciller en ese período-, que estableció el fortalecimiento de las libertades sindicales, perfeccionó la jornada de trabajo con 45 horas, reguló la negociación colectiva semirreglada.
En definitiva, lo que estamos haciendo es dar otro paso en la dirección de fortalecer los derechos de los trabajadores, deuda siempre pendiente y tarea siempre inacabada.
Por cierto, se trata de fortalecer los derechos de todos los trabajadores: el 15 por ciento que está sindicalizado y el 85 por ciento que no lo está.
Y ahora, en este proyecto sobre modernización del sistema de relaciones laborales, llegó la hora de fortalecer los derechos colectivos de los trabajadores.
Por eso estamos a favor, no solo en teoría, del fortalecimiento de la organización sindical y la negociación colectiva, sino también en la práctica, ya que respaldamos dos de los pilares fundamentales de este proyecto, como son la titularidad sindical y el no remplazo en huelga. Es decir, la obligación del empleador, allí donde exista un sindicato legalmente constituido, o más de uno, de negociar colectivamente con ellos, porque además -seamos claros- los grupos negociadores han ido cayendo en desuso.
Y también, por supuesto, somos contrarios a que se pueda remplazar a un trabajador en huelga por otro ajeno a la empresa -los así llamados "rompehuelgas"-, porque aquí también hay prácticas antisindicales que deben terminar.
Entonces, estamos votando la idea matriz de un proyecto que los Senadores de la Democracia Cristiana -y hablo también a título personal- vamos a respaldar y con mucha convicción. Ya vendrá el momento de la discusión en particular. Porque hay un plazo, hasta el 7 de septiembre, para presentar indicaciones. Así funciona el trámite parlamentario.
Y habrá que hacer las precisiones, los mejoramientos, los perfeccionamientos que son propios de una Cámara revisora como el Senado. Porque para eso existe esta Corporación, que está definida de esa manera.
Y tendremos que ver cómo perfeccionar la adaptabilidad laboral sobre jornadas de trabajo; tendremos que resolver los temas de representatividad sindical y extensión de derechos a los trabajadores no sindicalizados, en materia de titularidad sindical; tendremos que definir qué entendemos por "servicios mínimos" respecto del no remplazo en huelga, a fin de no interrumpir la cadena de valor de un proceso productivo; tendremos que determinar si el fin de una huelga lo decreta la directiva sindical o la asamblea de trabajadores.
Bueno, ese debate está en curso, ese debate ni siquiera comienza en la Comisión de Trabajo, y veremos, hasta el 7 de septiembre, cuáles son las indicaciones que presenta el Gobierno y cuáles las que presentan los parlamentarios.
Por eso, señor Presidente, votaré a favor de este proyecto de ley.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Les ruego, por favor, no hacer manifestaciones en las tribunas.
Gracias.
Tiene la palabra el Senador señor Guillier.
El señor GUILLIER.-
Señor Presidente, estamos en la discusión general. Por lo tanto, hay aspectos puntuales que se pueden mejorar efectivamente en el proyecto, pero no debemos perder la línea gruesa. En la medida en que se tiene claro el propósito, las otras cosas se despejan con más facilidad.
El objetivo prioritario de este Gobierno es reducir los altos niveles de desigualdad que imperan en el país, desigualdad que posee, además, múltiples caras. Y entre esas asimetrías la distribución del ingreso nacional es vergüenza internacional.
En primer lugar, concurren a ello la desigualdad de la educación y la escasa valoración del trabajo. Chile debe de ser uno de los pocos países del mundo en que un trabajador que tiene una jornada completa durante toda la semana sigue siendo parte de los pobres y no logra ascender socialmente. Lo mismo pasa con la estructura tributaria, que pese a todas las reformas sucesivas termina finalmente favoreciendo a los más altos ingresos.
Se suma a lo anterior el clima de desconfianza que ha existido crónicamente entre los diversos actores sociales y políticos, pero sobre todo entre empresarios y organizaciones sindicales, aunque nunca se dice. Porque, según señalan todos, se quieren mucho, pero la verdad es que se desconfía profundamente del otro.
Solo eso explica que estemos discutiendo simplemente una iniciativa muy puntual, y no la integración de los jóvenes o de la mujer al trabajo, que son temas relevantes -lo mismo, los relativos a la tercera edad-, pero que son materia de otras leyes. Yo veo que hay un excelente ánimo -lo habrá notado la Ministra Rincón- para avanzar en otros proyectos que establezcan aún más justicia en el mercado laboral chileno, lo que, por lo demás, hace falta.
Pero esta iniciativa, muy acotada, dice relación a cómo se fortalecen las organizaciones sindicales, a cómo se robustece y promueve la negociación colectiva, y a cómo se genera un mecanismo que garantice que esos procesos sean efectivos: la huelga. Por consiguiente, ella debe contener un derecho a huelga genuino, universal y efectivo.
El objetivo de este proyecto, por lo tanto, es -y asumámoslo- equilibrar una relación hoy profundamente desigual en Chile entre el capital y el trabajo. Y la apuesta que se hace no proviene de la Rusia presoviética, prerrevolucionaria, sino de la experiencia de los países capitalistas de mayor desarrollo relativo que, a través de todos los organismos internacionales, le recomiendan a Chile mejorar la distribución del ingreso, mejorar la calidad y el tipo de educación y mejorar sus leyes laborales para que los sindicatos sean parte de la empresa y generen confianza, de manera que se pueda realizar mejor la valoración del trabajo humano.
Por consiguiente, no hay nada que debiera atentar contra la tranquilidad, la certidumbre. Por el contrario, los sindicatos, sobre todo en la tradición histórica chilena, han sido parte leal de las empresas y un aporte para el desarrollo social del país y, también, para una mejor distribución de la riqueza.
La experiencia de los países más avanzados que nosotros es clara: la sindicalización y la negociación colectiva, cuando son generalizadas, constituyen un factor importantísimo para mejorar la distribución de la riqueza.
Por consiguiente, no hay que tener temor ni actuar con prejuicio y sugerir que este proyecto requiere o mayor discusión, o alargarse, o verse en el futuro, ni presentar nuestra realidad como si fuera algo distinta del resto del mundo, en circunstancias de que nuestro país es el más globalizado del planeta, el que ha suscrito mayor cantidad de tratados internacionales.
No veo por qué razón Chile no va a estar en condiciones de establecer relaciones laborales justas y equilibradas siguiendo la experiencia de las naciones que van adelante en materia de desarrollo.
Y entrando en el tema específico, debo señalar en cuanto al propósito de la titularidad sindical lo mismo que le escuché argumentar acá, en el Congreso, a un parlamentario de Derecha. Este dijo que, si hubiera muchos partidos políticos, sería un caos. Por consiguiente, para que hubiera orden dentro de la empresa debería existir ojalá un solo sindicato y desalentar todo paralelismo negociador o paralelismo sindical.
Esa es la base del orden en las empresas: que existan pocos sindicatos con alta representatividad y no desalentar a los trabajadores en tal sentido porque significaría atentar contra las libertades individuales.
La verdad de las cosas es que la experiencia indica -creo que es uno de los mayores aciertos de este proyecto de ley- que el objetivo en materia laboral debe ser reforzar la organización sindical, la negociación y desalentar el paralelismo sindical y el paralelismo negociador, pues estos últimos debilitan los derechos de los trabajadores y disminuyen la capacidad de llegar a acuerdo.
Por otro lado, en cuanto a la huelga, es pertinente señalar que ella es un mecanismo extremo. En Chile, contrariamente a lo que algunos parecen temer, no hay demasiadas huelgas. La mayoría de ellas, por lo demás, se producen en el sector público, no en el privado. Por lo tanto, no entiendo el temor.
¡Y digamos las cosas como son: el derecho a huelga le da a la parte laboral, en relación con el capital, un mayor equilibrio! ¡Si ella no es efectiva no servirá de nada y todo lo otro que estamos construyendo sería un artilugio!
Es obvio que la huelga debe ser efectiva; tiene que afectar económicamente a la empresa, por cierto. Esta no puede seguir funcionando como si no pasara nada.
--(Aplausos en tribunas).
El propósito de la huelga es establecer una presión para llegar prontamente a un acuerdo.
Por lo tanto, no seamos eufemistas; digamos las cosas con franqueza: ¡Para eso es la huelga! Si no la queremos, para qué entonces hacemos esta reforma.
--(Aplausos en tribunas).
Por otra parte, con respecto a la extensión de beneficios, algunos ven con escándalo que los sindicatos puedan determinar si los amplían o no a trabajadores que no negocian colectivamente. Pero nadie dice nada cuando las empresas extienden unilateralmente tales beneficios, lo cual es un desincentivo a la sindicalización.
Durante los últimos años, particularmente desde 1980, se ha ido propiciando, conforme a una ley aprobada en condiciones en las que nadie le consultó a la ciudadanía, ni menos a un Congreso inexistente, el debilitamiento de la sindicalización por la vía de premiar a los trabajadores que no participan de la vida sindical y de la negociación colectiva.
Parece necesario, entonces, incentivar la proactividad de los trabajadores, premiar la solidaridad entre ellos y su compromiso con la empresa. Porque pertenecer a un sindicato también significa una adhesión a la empresa, puesto que el sindicato es parte de ella y no -como se ha manifestado acá por algunos- una suerte de enemigo, ni se puede suponer que sea una instancia que representa desconfianza o un potencial conflicto.
La experiencia histórica de los países donde hay lealtad, respeto y diálogo en las relaciones laborales indica que los sindicatos son un gran aporte para las empresas.
En consecuencia, en lo que atañe a la extensión de los beneficios, debe corresponder por lo menos a los propios trabajadores la decisión de si los extienden a quienes no han participado.
De otro lado, un punto crítico es también -lo anticipo; luego entraremos a analizar en detalle la manera más efectiva- la suerte de definición que se hace de los puestos de trabajo, las funciones o los servicios básicos o esenciales.
Este tema tampoco hay que perderlo de vista.
¿Qué señala la legislación comparada? Que deben considerarse algunos tipos de condiciones cuando hay una declaración de huelga dentro de la negociación colectiva. Por lo tanto, se trata de un mecanismo legal. La negociación colectiva no es algo insurgente.
Es normal en las relaciones laborales que ciertas funciones deban realizarse para efecto de preservar la infraestructura de la empresa, la seguridad de sus trabajadores o, también, la de la población en determinadas circunstancias -estoy pensando, por ejemplo, en ciertos servicios de salud-. Sin embargo, no se debe dejar de tener en cuenta que en ningún caso dichas funciones pueden ser utilizadas como un elemento cuyo propósito sea debilitar la movilización de los trabajadores.
Por consiguiente, la paralización de actividades de alguna manera ha de afectar el funcionamiento de la empresa. Si no fuese así, no tendría ningún sentido.
Ahora bien, siendo partidario de aquel mecanismo, entiendo que podría ser necesario establecer en el proyecto uno más objetivo, más preciso acerca de cómo se determinan los servicios básicos esenciales, o funciones o puestos esenciales -todos estos términos tienen connotaciones distintas-, en el entendido de que no se pretende hacer de alguna manera inefectivo el proceso de negociación colectiva.
Finalmente, señora Presidenta, quiero hacer una mención especial sobre la pyme.
Primero, estimo necesario consignar un principio general: que la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga son derechos universales. Esto significa que pertenecen a todos. Si no fuere así, serían simplemente privilegios, y aquí estamos hablando de que ningún trabajador puede dejar de ser protegido por la legislación.
Pero hemos de admitir que existe una enorme diversidad de pymes, una extraordinaria heterogeneidad, y es muy probable que en el futuro, en el mercado laboral de los próximos cinco, diez, quince o veinte años, tengamos una proliferación de empresas mucho más pequeñas que las actuales, de gran tecnificación, con un capital humano de mayor calificación y con un grado de profesionalismo muy superior al que hemos conocido en el pasado. Además, no en virtud de empresas estructuradas como una suerte de pirámide jerárquica, sino mucho más en función de redes, de vinculaciones múltiples.
Por tanto, hay que pensar cómo protegeremos el derecho de los trabajadores en el mundo de las pymes. No se trata solo de las micropymes de extrema pobreza que subsisten dentro de aquellas, pues en las micropymes incluso hay empresas altamente sofisticadas, particularmente en ciertos sectores,...
--(Aplausos en tribunas).
... y que efectivamente pueden requerir elementos diferenciadores, sobre todo en lo relativo a crear instancias especiales de fiscalización, mediación, diálogo laboral; ello, acompañado por las Direcciones del Trabajo, por mecanismos de consulta y de participación ciudadana -lo que no aparece en este proyecto- que puedan realmente ayudar a las pymes a desarrollarse.
Una última observación.
¡Creo que el gran empresariado ayudaría bastante más a las pymes si pagaran las facturas no en cuatro meses, sino en un mes, o no hablaran por ellas porque en verdad lo único que hacen es abusar de las pymes!
Voto a favor.
--(Aplausos en tribunas).
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Senador señor Allamand.
--(Manifestaciones en tribunas).
Una vez más solicito a quienes están en las tribunas que respeten lo que establece el Reglamento: no se pueden hacer manifestaciones.
El señor ALLAMAND.-
Señora Presidenta, fue Aristóteles quien aseveró hace siglos que el hombre era un animal político, y fue la sabiduría popular la que enseñó que el hombre era el único animal que podía tropezar dos veces con la misma piedra.
Tengo el convencimiento de que el Gobierno va derecho a cometer un error aun más grave que el de la reforma tributaria.
Y quiero explicar por qué.
Por lo pronto, pienso que era equivocado plantear que entre las metas de una reforma laboral no debía estar la generación de empleo, particularmente en un país que presenta tantas deficiencias en materia de ocupación femenina y de los jóvenes. Y sostener que una reforma de esta naturaleza no va a tener efectos tanto en la creación de puestos de trabajo como en la mantención de ellos es aún mucho más equivocado.
Quiero reiterar, señora Presidenta, lo que les hemos manifestado a todos los Ministros aquí presentes y a los parlamentarios de la Nueva Mayoría acerca de nuestra completa disposición a buscar un entendimiento y, sobre todo, a introducir una corrección de fondo a este proyecto.
Pero, al mismo tiempo y con la misma claridad, he dicho -lo afirmo nuevamente- que vamos a rechazar la actual iniciativa, porque desde nuestro punto de vista tiene una arquitectura equivocada, pues está basada en ideas incorrectas.
¿Cuáles son esas ideas? Yo diría que, básicamente, tres: atrofiar la libertad de sindicalización; establecer una titularidad por completo ajena a la representatividad, e introducir un estatuto de la huelga -escúchenme bien- que no existe en ningún país desarrollado del mundo.
¿Por qué digo atrofiar la libertad de sindicalización? Muy simple. Porque ¿en qué consiste aquella? En el derecho de un trabajador a pertenecer o no a un sindicato -lo cual corresponde a su decisión- y, además, a que eso no le conlleve menoscabo ni perjuicio de naturaleza alguna.
Revisemos el proyecto.
Solo los trabajadores que están en un sindicato negocian colectivamente en forma reglada; los demás no.
Solo los trabajadores que están en un sindicato negocian con huelga; los demás no.
Solo los trabajadores que están en un sindicato tienen fuero; los demás no.
Solo los trabajadores que están en un sindicato obtienen automáticamente la extensión de los beneficios; los demás no.
Y me quiero detener un segundo en este último punto.
¿Qué significa "extensión de los beneficios"? Que se incluya a los trabajadores que no pertenecen al sindicato y no, obviamente, a los que ya son miembros.
¿Qué hace este proyecto? Establece que la extensión automática de los beneficios se consiga solo vía afiliación al sindicato; eso es terminar con la libertad de sindicalización.
Respecto de la llamada "titularidad sindical", ¿le parece razonable a esta Sala -por su intermedio, señora Presidenta, que en una empresa de cien trabajadores un sindicato de solo diez pueda arrebatarles a los 90 restantes el ejercicio de cualquier derecho colectivo?
Pues bien, eso plantea la iniciativa.
Pero no solamente eso.
Si los señores Senadores se detienen a revisar la nueva letra h) del artículo 289 verán que esta falsa titularidad no solamente le arrebata al resto -estoy hablando de un sindicato completamente minoritario- el ejercicio de los derechos colectivos, sino que también le impide a ese trabajador negociar unilateralmente las condiciones de su contrato individual.
Eso es -sé que muchos no lo saben- lo que hace este proyecto.
¿Y qué decir del nuevo estatuto de huelga? Siento que con ello el Gobierno demuestra cómo ha perdido el rumbo.
¿Cuál es el gran problema que tenemos? Necesitamos que las empresas se muevan, se extiendan, vuelvan a invertir y crezcan.
Sin embargo, aquí estamos preocupados de asegurar que si en una empresa hay un conflicto que deviene en una huelga, aunque sea protagonizada por un sindicato completamente minoritario, aquella paralice completamente.
¡Es el mundo al revés!
Señora Presidenta, pondré a disposición de mis Honorables colegas un pequeño estudio que demuestra, más allá de toda duda, que no hay ningún país de la OCDE -¡ningún país de la OCDE!- que tenga una huelga con plazo indefinido, con prohibición de remplazo interno y externo, con prohibición de reingreso y con monopolio sindical.
¡Y ahora, con la misma genialidad con la que intentamos incorporar un sistema tributario que no existía en parte alguna del mundo, vamos a introducir esta huelga sin precedente -repito- en ningún país de la OCDE...!
Luego, dos preguntas adicionales:
¿Y las huelgas violentas e ilegales no importan nada? ¿Tiene sentido pasarnos meses discutiendo sobre cómo podemos establecer un sistema de negociación reglada cuando las huelgas violentas e ilegales simplemente las aplastan?
La Presidenta Bachelet se hizo cargo de este problema en el proyecto que envió a la Cámara de Diputados. Ahí consagró definiciones clarísimas en torno a que la huelga debía ser pacífica. Además, fijó figuras concretas; por ejemplo, considerar como práctica antisindical y desleal impedir que otros trabajadores que no adhirieron a la huelga puedan llegar a sus puestos de trabajo.
Sin embargo, lo anterior se borró de una plumada por la Nueva Mayoría en la Cámara de Diputados.
Ante eso, nosotros vamos a reponer esas disposiciones.
¿Qué nos van a decir? Que queremos criminalizar la huelga. Muy bien, formulen esa acusación, pero tengan cuidado porque se la estarán haciendo a la Presidenta Bachelet.
--(Manifestaciones en tribunas).
Y en materia de pymes, no existe una sola palabra para algo que es un completo absurdo: ¿cómo va a ser razonable que en este país una empresa que tiene 30 o 50 trabajadores negocie en las mismas condiciones, con los mismos plazos, de la misma forma, que otra gigantesca?
Nosotros, en la Centroderecha, hemos planteado hace años que esta es una verdadera aberración. Tiene que haber un estatuto distinto para las pymes y para las grandes empresas.
Hasta ahora, más allá de la buena disposición expresada informalmente, no existe ningún cambio en esa dirección.
Señora Presidenta, quiero terminar acogiendo la expresión de deseos de la Ministra Rincón en cuanto a mantener una discusión racional, sin barras bravas, y en que imperen los argumentos.
Hace un par de semanas Alejandra Mizala, Andrea Repetto, Eduardo Engel, Dante Contreras, Diego Olivares, Daniel Hojman, Jaime Ruiz Tagle, Joseph Ramos y Víctor Tokman -todos del mundo de la Concertación y de la Nueva Mayoría- señalaron que eran favorables al remplazo interno.
Otro tanto han hecho René Cortázar, Marcelo Albornoz y Zarko Luksic, un exministro y dos exsubsecretarios de Gobiernos de la Concertación, quienes han ido mucho más lejos en la crítica al proyecto.
Y, hoy en la mañana, Alejandro Foxley ha argumentado que debe existir a lo menos un sistema de remplazo interno y un mecanismo de reingreso.
Asimismo, tengo a disposición de ustedes, por si alguien considera que todavía es una opinión para tener en cuenta, los puntos de vista de Edgardo Boeninger, expresados en esta Sala, en la misma dirección.
Señora Presidenta, si el Gobierno o los parlamentarios de la Nueva Mayoría, por prejuicio o por la razón que fuera, no nos quieren escuchar cuando les advertimos de los errores que van a cometer, nosotros simplemente les rogamos que escuchen a algunos de sus propios partidarios. No sean tan arrogantes como para suponer que tienen todas las verdades, porque las reformas que han impulsado tienen hoy 90 por ciento de rechazo y 10 por ciento de aprobación.
No queremos que el Gobierno se deje llevar otra vez por la insensatez, sino que prime la razón, la evidencia, y no aquella visión equivocada que da a entender que en los últimos 25 años en Chile todo estuvo mal, que los ha conducido una y otra vez a cometer errores desde que asumieron.
Ojalá que, aunque sea ahora, el realismo derrote al ideologismo refundacional para que este no siga hundiendo al Gobierno y, de paso, al país.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-
Terminado el Orden del Día.
En consecuencia, seguiremos el debate en la sesión ordinaria de mañana, respetando la lista de inscritos.
--Queda pendiente la discusión general del proyecto.
EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE OBLIGACIONES DE PROYECTO SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS Y RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR. PROYECTO DE ACUERDO
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-
Corresponde tratar el proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores señor Chahuán, señoras Allende, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y señores Araya, Coloma, García, García-Huidobro, Lagos, Hernán Larraín, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quinteros y Patricio Walker.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1.820-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 40ª, en 5 de agosto de 2015.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El objetivo del proyecto es solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República el envío de una indicación que excluya a los medios de comunicación de las obligaciones contempladas en el proyecto de ley que establece un marco para la gestión de residuos y responsabilidad extendida del productor.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-
¿Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad?
--Se aprueba unánimemente el proyecto de acuerdo.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-
Se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.
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--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
De la señora ALLENDE:
A Su Excelencia la Presidenta de la República, solicitándole que ordene SUPRESIÓN EN REGLAMENTOS DE FUERZAS ARMADAS Y DE ORDEN DE TODA REFERENCIA A RENDICIÓN DE HONORES A CONDENADOS POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD O POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS.
Del señor DE URRESTI:
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, a fin de que remita antecedentes de PROYECTO "MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS ABASTECEDORAS DE AGUA" POR IMPLEMENTAR EN PROVINCIA DE MALLECO, y a la señora Ministra de Salud, pidiéndole remitir información sobre MULTA APLICADA A ESSAL POR INCUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD EN RELACIÓN CON TUBERÍAS DE ASBESTO.
Del señor ESPINA:
A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo y al señor Director Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización de La Araucanía, solicitándoles antecedentes respecto a PROCESO DE LICITACIÓN DE COLECTOR DE AGUAS LLUVIA EN COMUNA DE ANGOL.
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--Se levantó a las 19:34.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción