Click acá para ir directamente al contenido
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 363ª
Sesión 43ª, en miércoles 12 de agosto de 2015
Ordinaria
(De 16:33 a 19:38)
PRESIDENCIA DE SEÑOR PATRICIO WALKER PRIETO, PRESIDENTE,
Y SEÑORA ADRIANA MUÑOZ D'ALBORA, VICEPRESIDENTA
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores (as):
--Allamand Zavala, Andrés
--Araya Guerrero, Pedro
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán, de Justicia, señora Javiera Blanco Suárez, y de Energía, señor Máximo Pacheco Matte.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:33, en presencia de 20 señores Senadores.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 38ª, especial y 39ª, ordinaria, ambas de 4 de agosto, y 40ª, ordinaria, en 5 de agosto del año en curso, que no han sido observadas.
IV. CUENTA

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Cinco de Su Excelencia el Vicepresidente de la República:
Con el primero hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto de ley que modifica las disposiciones aplicables a los funcionarios municipales y entrega nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (boletín N° 10.057-06).
Con el segundo hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación del proyecto de reforma constitucional que dispone la elección popular del órgano ejecutivo del gobierno regional (boletín N° 9.834-06).
Con el tercero retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación del proyecto de reforma de la Carta que otorga autonomía constitucional al Servicio Electoral (boletines N°s. 9.840-07 y 10.055-07, refundidos).
Con los dos siguientes retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
1) El que establece normas para el acceso de la población con discapacidad auditiva a la información proporcionada por la ONEMI (boletín Nº8.353-19).
2) El que extiende la aplicación de la ley N° 20.243, que establece normas sobre los derechos morales y patrimoniales de los intérpretes de las ejecuciones artísticas fijadas en formato audiovisual (boletín N°9.889-24).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Dos de la Honorable Cámara de Diputados, con los que informa que dio su aprobación a los siguientes asuntos:
1) Proyecto de acuerdo que aprueba la "Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Tributaria", firmada por la República de Chile en Santiago el 24 de octubre de 2013 (boletín N°10.023-10) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores y a la de Hacienda, en su caso.
2) Proyecto de ley que permite la emisión de medios de pago con provisión de fondos por entidades no bancarias (boletín N°9.197-03) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Expide copia autorizada de la sentencia definitiva pronunciada en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 175 y 177 del Código de Procedimiento Civil.
--Se manda archivar los documentos junto a sus antecedentes.
Remite copia autorizada de la resolución dictada en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad acerca del inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil.
--Se remite el documento a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Ministro del Interior y Seguridad Pública:
Responde acuerdo del Senado en orden a evaluar el otorgamiento de pensiones de gracia a menores de edad con enfermedades irrecuperables.
Del señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo:
Absuelve consulta, planteada por los Senadores señor Matta, señora Lily Pérez y señores Pizarro, Quinteros, Tuma e Ignacio Walker, en lo relativo al programa "Sello de origen" y la promoción de los productos del agro y la artesanía chilenos.
De la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo:
Da respuesta a consulta, formulada en nombre del Senador señor Ossandón, acerca del retraso en la construcción del gimnasio municipal de la comuna de Antuco.
Del señor Subsecretario de Hacienda:
Absuelve consulta, planteada por el Senador señor Navarro, en lo relativo a los efectos de la reforma tributaria en los precios de las viviendas.
De la señora Subsecretaria de Educación:
Atiende solicitud de información, efectuada en nombre del Senador señor Navarro, acerca de la implementación en la Región del Biobío del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo.
Del señor Director Nacional (S) de INDAP:
Remite antecedentes, pedidos en nombre del Senador señor De Urresti, respecto del programa "Sello manos campesinas".
Del señor Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal:
Atiende solicitud de información, formulada en nombre del Senador señor De Urresti, acerca del aprovechamiento de residuos de biomasa con fines energéticos que desarrolla el Centro Experimental Forestal Tanumé (comuna de Cardenal Caro).
De la señora Directora Ejecutiva (S) de la Corporación Nacional Forestal:
Responde petición de información, efectuada en nombre del Senador señor De Urresti, acerca del proyecto "Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales" (ENCCRV).
Del señor Director (P y T) del SERVIU Región del Maule:
Responde inquietud, planteada en nombre del Senador señor Matta, en cuanto al deterioro que presentan las viviendas sociales de Villa Panimávida (comuna de Colbún).
Del señor Jefe de la División Jurídica de la Subsecretaría del Interior:
Entrega respuesta a solicitud de antecedentes, expedida en nombre del Senador señor Navarro, en relación con el ataque perpetrado a la casa de un funcionario de la CONADI en el sector rural de Padre Las Casas.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea juzgados que indica y modifica diversos cuerpos legales para alterar la composición de diversos tribunales de justicia (boletín N° 9.896-07) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Vivienda y Urbanismo, recaído en el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica el decreto ley Nº 2.833 en materia de alzamiento de prohibiciones de gravar, enajenar y celebrar actos y contratos en viviendas financiadas mediante subsidio habitacional (boletín N°10.203-14).
--Quedan para tabla.
Proyecto de acuerdo
De los Senadores señoras Muñoz, Lily Pérez y Goic y señores Araya, Coloma, De Urresti, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Larraín, Letelier, Navarro, Pizarro, Quinteros, Tuma e Ignacio Walker, con el que solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República extender el plazo de inscripción para rendir la prueba de selección universitaria en las Regiones Tercera, Cuarta, Quinta y Metropolitana (boletín N° S 1.827-12).
--Queda para ser votado en su oportunidad.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- En este momento ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
Informe
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que moderniza el sistema de relaciones laborales introduciendo modificaciones en el Código del Trabajo (boletín N° 9.835-13) (con urgencia calificada de "simple").
--Queda para tabla.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Sobre la Cuenta, tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, pedimos que se recabe el asentimiento de la Sala para que el proyecto de acuerdo de que se acaba de dar cuenta, que también está suscrito por la Vicepresidenta del Senado, Honorable señora Adriana Muñoz, se trate sobre tabla en esta sesión, porque si queda pendiente no tendrá mayor valor.
Ese proyecto de acuerdo es muy simple: mediante él le solicitamos a la Presidenta de la República que instruya al Ministerio de Educación para que en las Regiones de Atacama, de Coquimbo, de Valparaíso y Metropolitana, que son las más afectadas por los últimos temporales, se prorrogue por quince días hábiles el plazo de inscripción para rendir la prueba de selección universitaria, pues muchos alumnos y alumnas, debido a las fallas de Internet y otros problemas tecnológicos, no pudieron hacer a tiempo el trámite respectivo.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¿Habría acuerdo para tratar dicho proyecto de acuerdo en esta sesión, antes del Orden del Día, una vez terminado el homenaje?

La señora VAN RYSSELBERGHE.- No.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- No hay acuerdo.


HOMENAJE EN BICENTENARIO DE NATALICIO DE SACERDOTE Y EDUCADOR ITALIANO DON BOSCO

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Corresponde rendir homenaje al sacerdote y educador italiano Don Bosco al cumplirse el bicentenario de su nacimiento.
Como Senado de la República, agradecemos a las personas que nos acompañan hoy en las tribunas: al padre Alberto Lorenzelli Rossi, Superior Provincial de los Salesianos de Chile -son varios los sacerdotes y las hermanas que están con nosotros; doy excusas por no mencionarlos a todos por su nombre-, y a la comunidad educativa salesiana.
¡Muchísimas gracias por su presencia en esta Corporación!
En primer lugar, tiene la palabra el Honorable señor Ricardo Lagos, Senador por la Región de Valparaíso.

El señor LAGOS.- Ante todo, saludo al padre Alberto Lorenzelli Rossi, Superior Provincial de los Salesianos de Chile; al padre Galvarino Jofré Araya, Vicesuperior Provincial de los Salesianos de Chile; al padre Carlos Ampuero Álvarez, Superior de la Presencia Salesiana de Valparaíso; a la hermana Amalia Palacios, Representante Legal del Colegio María Auxiliadora y Directora de las Hijas de María Auxiliadora de Valparaíso; al señor Jorge Gutiérrez Sepúlveda, Rector del Colegio Salesianos de Valparaíso; a las autoridades eclesiásticas; a la congregación salesiana en Chile; a los estudiantes y profesores; a la familia salesiana.
Señor Presidente; queridos colegas Senadoras y Senadores de la República:
Hace algunas semanas tuve la oportunidad de reunirme con la comunidad salesiana que trabaja en la Región de Valparaíso y que se ha dedicado a su gran misión: la educación y la formación de personas íntegras.
En esa oportunidad, más allá de mi contacto habitual con las autoridades del colegio, pude también compartir con los alumnos, con quienes hablamos sobre diversos temas: educación y política; la visión de algunos de ellos sobre la actualidad; sus preocupaciones sobre el entorno, el medio ambiente, el trabajo y el futuro.
Quedé contento con dicho diálogo, pues me encontré con jóvenes que manifiestan inquietudes, a quienes les importan su entorno, su futuro y el de sus familias. Sin duda, lo anterior es consecuencia de recibir una formación académica y valórica muy especial, que no solo se preocupa de los resultados, sino además de que los alumnos puedan aprender con alegría, como lo hizo el fundador de la Congregación Salesiana, Don Bosco, a quien hoy recordamos en el bicentenario de su natalicio.
Uno de los estudiantes salesianos me comentó acerca de la relevancia de Don Bosco en su vida y del impacto positivo de su figura en su formación.
Juan Bosco nació en Italia, un 16 de agosto de 1815. Es una de esas personalidades que ha realizado un aporte significativo a la educación en el mundo, no solo por haber fundado una congregación que se dedicara a este tema, sino que por ayudar a formar a los más pobres a través de aquella, que se esparció por todo el orbe.
Esa vocación le surge de su propia experiencia y de la dura vida familiar que debió enfrentar en medio de un contexto de pobreza y adversidad.
El esfuerzo de su madre, "mamá Margarita", y la devoción con que defendió y sacó adelante a sus hijos marcarían e influirían en el futuro apostolado de nuestro homenajeado.
Don Bosco y sus hermanos debieron trabajar desde pequeños en el campo. A pesar de ello, el futuro sacerdote continuó en la escuela y, gracias a sus talentos, se mantuvo firme en los estudios y se alzó con un liderazgo natural entre sus compañeros de colegio, debido a su multidisciplinario interés por las artes y el conocimiento.
A los 16 años, ingresa en el Seminario de Chieri como un joven campesino pobre, pero con inquietudes y capacidades. Su dedicación y perseverancia lograron doblegar las dificultades materiales y lo llevaron al Seminario Mayor. Es allí donde comienza su labor educativa y espiritual en pos, principalmente, de los jóvenes más humildes. Fue ahí cuando comenzó a desarrollar el aspecto más importante de su vida, que marcaría su rumbo y el de muchas generaciones de estudiantes: ayudar a la creación de escuelas nocturnas, casas de refugio, talleres de aprendizaje e imprentas, para formar a personas en situación de calle y darles oficios.
Los tiempos que le tocó vivir a Juan Bosco, nacido a comienzos del siglo XIX, fueron difíciles. Fue un siglo marcado por la industrialización, por revoluciones y nacionalismos exacerbados; vale decir, un período convulsionado, que tenía sus luces de progreso evidente, pero que también iba dejando costos que recaían principalmente en obreros, en campesinos, en niños y jóvenes.
Hubo espacios generados por Don Bosco que adquirieron una mística e importancia que hasta hoy son recordadas y que sirven de inspiración para la labor educativa y religiosa actual.
La casa Pinardi, ubicada en Valdocco, pasaría a ser un punto neurálgico del desarrollo de su obra. Es en aquel lugar, junto con su madre, Margarita, donde asume un intenso y desinteresado trabajo para que sus alumnos pudieran aprender oficios.
En 1847, un joven Don Bosco abre el oratorio de San Luis, donde comienzan a operar talleres de oficios. Luego establece clases de enseñanza media, inaugurando, así, la primera escuela de Don Bosco. En esta se buscaba la excelencia educativa y, por sobre todo, la dedicación para formar personas íntegras, seguidoras de los mismos valores por los que él trabajaba.
Es en este centro donde el sacerdote plantea un nuevo método: el sistema preventivo. Este sistema resume su filosofía educativa en tres palabras: razón, amor y religión.
Su obra tuvo que convivir en medio de una Europa donde se comenzaba a desarrollar la democracia moderna, que otorgaba al Estado una creciente y marcada autonomía respecto a la influencia clerical que se había vivido hasta entonces. En ese contexto político-cultural de cambio fueron la inteligencia y la habilidad política del salesiano las que permitieron no solo mantener sus establecimientos educacionales, sino que ramificarlos gracias al respeto y objetividad que sus contenidos educativos otorgaban a los no creyentes, e incluso, a las teorías surgidas desde aquel momento de auge científico.
Entonces, funda la Congregación Salesiana, que tiene elementos que no entran en conflicto con la sociedad civil y que serán claves en la expansión de su obra por los cinco continentes hasta el día de hoy.
La amplificación de la obra de Don Bosco aterrizó también en Latinoamérica, y generó un trabajo fundamental entre los más desposeídos, pueblos originarios y, por supuesto, en la formación de niños y jóvenes.
En nuestro país la formación parte desde el prekínder y tiene un fuerte componente de especialización técnico-profesional, donde se forman los alumnos en diversas especialidades, que les servirán de apoyo para desenvolverse en el mundo del trabajo o seguir estudios universitarios.
El homenaje al sacerdote adquiere relevancia cuando uno observa con atención su significativo aporte histórico, su legado social, educativo, que reafirman el compromiso con una instrucción atenta a los problemas de la realidad social.
Este homenaje debe servir para recordar estas dos grandes vertientes del ejemplo de vida de Don Bosco: su profunda vocación humanista y su lucha permanente en defensa de los jóvenes humildes; de una educación de calidad, caracterizada por el diálogo respetuoso, en que se entiende la labor de la escuela como una mezcla de compromiso con la búsqueda de la verdad en el contexto de las necesidades de nuestra sociedad, definida por la excelencia, la diversidad y la solidaridad.
En nuestro país la presencia salesiana a nivel nacional es muy relevante. Se crean fuertes vínculos con las comunidades educativas; así, los exalumnos son importantes para integrar las diversas visiones, como también la participación de los padres y apoderados en las actividades escolares.
Además, hay respeto por la organización de los estudiantes, quienes se forman desde muy pequeños en los valores de la democracia, al elegir a sus representantes y formar directivas.
Es frecuente encontrar personas con destacados liderazgos en diversas áreas que han pasado por sus aulas. Un salesiano de gran importancia fue el cardenal Raúl Silva Henríquez, un hombre que con su ejemplo y obra nos ayudó, primero, a comprender la dimensión de la Reforma Agraria y, luego, a defender los derechos humanos durante la dictadura; que creó la Vicaría de la Solidaridad; que salvó la vida de numerosos chilenos de crímenes que nunca dejarán de estremecernos.
La influencia de la familia salesiana sobre la vocación y misión del cardenal Raúl Silva Henríquez fue el resultado de un proceso de descubrimiento de la persona y obra de Don Bosco, que lo llevó a formar parte de esa comunidad.
Así describió el cardenal a nuestro homenajeado: "Don Bosco me ha conquistado: un hombre moderno, un hombre amante de Dios, amante de su patria, amante de los pobres..., un hombre que no trepidaba ante ninguna dificultad; un hombre lleno de fe, con una caridad infinita, un hombre de Dios, al parecer, sin que nadie se diera cuenta". Y terminaba diciendo: "Me gusta Don Bosco".
Quiero detenerme un poco, aprovechando este momento, en el cardenal Silva Henríquez, un gran salesiano.
Él tuvo un fuerte compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores. Tenía una visión muy clara sobre la relación entre trabajadores y empresarios, que se mantiene hasta nuestros días. Y sus palabras, que se escuchaban hace más de treinta años (en mayo de 1981), tienen hoy igual vigencia, lo que demuestra la tarea pendiente.
"Hay que tener presente que las relaciones entre empresarios y trabajadores, hasta hoy, se han establecido en un plano de lucha despiadada donde generalmente los trabajadores son los más débiles y muchas veces se creen burlados en sus legítimos derechos. Ello implica la fractura de todo diálogo y entendimiento y los abusos que pueden darse. Pero ello no impide a los hombres de fe trabajar para que esta relación cambie y se transforme en franca colaboración entre los diferentes miembros de las empresas, de manera que las fuerzas sindicales puedan ejercer una gran función para lograr una sociedad más justa".
Gran parte de la obra salesiana en Chile y el mundo está dedicada a la formación de personas, por eso destacaba Don Bosco que: "De la sana educación de la juventud, depende la felicidad de las naciones".
Repito esa frase porque me gusta: "De la sana educación de la juventud, depende la felicidad de las naciones".
Lo anterior hace mucho sentido cuando nos encontramos en un debate educacional para definir qué tipo de instrucción deben recibir nuestros hijos e hijas.
Sabemos que todos estos procesos son de largo alcance. No podemos pensar que lo que hagamos tendrá un efecto inmediato. Por el contrario, como señalaba Don Bosco para referirse a que las cosas hay que tomárselas con calma, "Sembremos y luego imitemos al campesino que espere con paciencia el tiempo de la cosecha".
El paso a paso y la gradualidad son elementos que se han de considerar.
Por todo lo anterior, el mejor homenaje que hoy podemos brindar al fundador de la obra salesiana es comprometernos a respetar e impulsar con mayor fuerza dos aspectos centrales que importan a la sociedad chilena del presente.
Por una parte, a continuar trabajando por la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, sin importar su procedencia. La educación de calidad garantizada en todos los establecimientos educacionales de Chile es el mejor tributo que le podemos ofrecer a nuestro homenajeado.
Y, por otra parte, a sostener el ideal de sus escuelas fundacionales basado en la excelencia académica y en la preocupación por nuestra realidad social. Ello requiere definir una política educacional consistente con un país que necesita crecer con equidad y que debe enfrentar sus problemas seriamente, pensando en una educación integradora y no segregadora, como decía Don Bosco.
Quiero invitar a los miles de jóvenes que se han educado en colegios salesianos a seguir teniendo un especial interés por los temas que afectan a nuestra sociedad y que golpean de forma más fuerte a los que menos tienen. De la misma manera, a que sigan fortaleciendo sus organizaciones y a que continúen el trabajo mancomunado con sus comunidades para que, de esa forma, las enseñanzas de la familia salesiana continúen impregnando nuestra sociedad con ese sello.
Hoy, a doscientos años del natalicio del fundador de la Congregación Salesiana, Don Bosco, quien fuera además proclamado santo por Pío XI en 1934, reitero mi profunda satisfacción como Senador de la República por rendir este homenaje, que más que a un hombre insigne es al valor de sus ideas, al legado de sus principios humanistas, a su convicción en la educación como sinónimo de calidad de vida y de progreso.
Muchas gracias.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Goic.

La señora GOIC.- Señor Presidente, estimados y estimadas colegas, saludo especialmente a la Congregación Salesiana, a todos sus representantes aquí presentes -ya han sido nombrados-, y también a quienes nos siguen a través de la transmisión televisiva.
Me ha correspondido, en nombre de la bancada de Senadores de la Democracia Cristiana, sumarme hoy a este merecido homenaje a San Juan Bosco, conocido mundialmente como "Don Bosco", cuando se cumplen dos siglos de su nacimiento, que tuvo lugar un día 16 de agosto de 1815 en Castelnuovo, Italia.
Los textos e investigaciones que se han escrito sobre la vida y obra de este señero personaje católico son de una magnitud tal que resulta imposible abarcarlos en su totalidad o hacerles justicia en solo algunas palabras de homenaje. Pero, sin duda, uno ve que su obra, que persiste hasta hoy, se ha multiplicado y fortalecido. Y eso es lo más importante, lo que nos dejó en su paso por esta tierra.
Fundar la Congregación Salesiana, la Asociación de Salesianos Cooperadores, el Oratorio Salesiano, el Boletín Salesiano, la Asociación de ex Alumnos Salesianos, la Asociación de María Auxiliadora y el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora es solo parte de la encarnación de su profunda vocación de educador y, como señalaba, se trata de un legado vivo, que permanece en numerosos lugares.
La base de tal sistema está formado por tres pilares que él definía con mucha claridad: razón, religión y amabilidad.
Ellos se hallan presentes hoy y siguen vigentes para numerosas personas.
La obra de Don Bosco tiene su origen en un sueño -él era un hombre que soñaba bastante- en que se veía rodeado de niños y le contaba a una pastorcita que sentía que el Espíritu Santo le decía que debía acoger a los niños, educarlos.
Ese sueño se ha denominado "De Valparaíso a Pekín". Fue cuando él vio con claridad lo que sería la misión de toda su vida, a la que le dedicó todos sus esfuerzos: formar una congregación de religiosos y religiosas para educar a los niños más pobres, con el objeto de darles posibilidades de hacerse ciudadanos de bien, de ser hombres y mujeres que aportaran a la sociedad.
Por cierto, él nunca conoció Valparaíso. Pero esta ciudad, como tantos lugares remotos, sí lo conoció a él a través de las obras que han extendido sus hermanos y hermanas salesianos. Ellos han sido capaces de multiplicar ese sueño que tuvo San Juan Bosco y aportar al desarrollo de sociedades más justas e inclusivas, donde la cuna no sea un factor de segregación o lo que determine la falta de oportunidades o el acceso a ellas.
Yo fui una de las personas que tuvieron la suerte de ser formadas en la Congregación Salesiana, de la mano de Don Bosco y de María Auxiliadora. Conozco ese sello; lo he vivido. Pero también vengo de una Región que ha conocido por décadas la labor salesiana: la obra de Don Bosco en Magallanes nace en 1880, cuando esta Región era apenas una colonia que comenzaba su desarrollo incipiente como la zona más austral de nuestro territorio.
El 21 de julio de 1887, quizá una fecha poco conocida por los magallánicos, el vapor Theben, de la compañía Kosmos, recala en una ciudad absolutamente nevada en ese momento. En él venían cuatro hombres que llegaban a la zona consagrados al servicio divino. Pertenecían a la Sociedad San Francisco de Sales, institución fundada en 1859 por Juan Bosco.
¿Quiénes eran los pasajeros que llegaron ese día? Se trataba del sacerdote José Fagnano, toda una leyenda en materia religiosa -uno podría decir- hasta estos días en Magallanes. Junto con él lo hacían Antonio Ferrero, Fortunato Griffa y su hermano José Audicio. He aquí el grupo fundamental que iniciaría la fecunda presencia salesiana en Magallanes.
Después de este auspicioso comienzo con la misión salesiana que encabezó José Fagnano, la obra se ve reforzada con el arribo de otro grupo de religiosos. De él destaco a cuatro hermanas de María Auxiliadora: sor Ángela Vallese, sor Rosa Masobrio, sor Ángela Marmo y sor María Nicola. Represento en estas a tantos otros que llegaron y que uno podría enumerar en una larga lista.
Ellos echaron las bases de la Misión San Rafael en Isla Dawson. Posteriormente, abrió en Punta Arenas el colegio María Auxiliadora.
A las dos escuelas mencionadas se sumaron el colegio San Francisco de Sales en la ciudad de Porvenir, en 1898; el colegio de niñas Sagrada Familia; el colegio María Auxiliadora de Porvenir; el Instituto Don Bosco de Punta Arenas; los liceos Monseñor Fagnano y María Mazzarello en Puerto Natales, y el Liceo San José de Punta Arenas, establecimientos educacionales que han visto pasar y que han formado a tantas generaciones en Magallanes.
Es, sin duda, una obra fecunda, como se refleja en esa frase que escuchábamos de Don Bosco y que grafica que el objetivo del aprendizaje en su opinión es llegar a ser "buenos cristianos y honestos ciudadanos".
Quiero señalar que este homenaje tiene un sentido especial, porque estamos a dos días de conmemorar los 25 años de la ratificación en Chile de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y, si uno revisa la obra de Don Bosco, se encuentra con expresiones como la de que no basta amar a los niños, sino que es preciso que ellos se den cuenta de que son amados; o de que la mayor satisfacción es verlos alegres.
Ese es el sentido profundo de la formación, de la acogida, del dar oportunidades, sobre todo a los niños que tienen menos, a los más pobres o desvalidos.
Traigo eso a colación porque estamos en medio de la discusión de cómo revitalizamos el sentido de la educación pública, de aquella a la que acceden quienes tienen menos recursos.
Y no puedo dejar de mencionar la noticia que conocimos hace unos días en mi Región: los liceos Monseñor Fagnano y María Mazzarello, ambos salesianos, van a ser los primeros que, a partir del próximo año, serán absolutamente gratuitos y ya no van a contemplar copago.
Por último, señor Presidente, creo que en este homenaje nosotros también debemos reconocer a todos aquellos que mantienen vivo el legado, la obra de San Juan Bosco; a quienes destinan su vida a la educación en el sentido profundo de la formación, de la acogida, y de hacer de ella una forma de entrega por un país mucho más justo para todos.
He dicho.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Debo señalar que se están inscribiendo varios Senadores, en circunstancias de que acordamos que solo habría dos intervenciones. Entonces, les pido, por favor, que no se sigan anotando. Recuerden que debemos despachar los proyectos que se hallan en tabla.
Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán, Senador por la Región de Valparaíso.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Senado:
Quiero saludar muy afectuosamente a quienes nos acompañan: al padre Alberto Lorenzelli Rossi, Superior Provincial de los Salesianos de Chile; al padre Galvarino Jofré Araya, Vicesuperior Provincial de los Salesianos de Chile; al padre Carlos Ampuero Álvarez, Superior de la Presencia Salesiana de Valparaíso; a la hermana Amalia Palacios, representante legal del Colegio María Auxiliadora y Directora de las Hijas de María Auxiliadora de Valparaíso; al señor Jorge Gutiérrez Sepúlveda, Rector del Colegio Salesiano de Valparaíso; a las demás autoridades eclesiásticas de la congregación salesiana nacional; a los estudiantes; a los profesores; a la familia salesiana.
En representación del Comité de Senadores de Renovación Nacional, me cabe el honor de rendir homenaje al destacado sacerdote y educador italiano Juan Bosco, con motivo de cumplirse este año el bicentenario de su nacimiento.
Él nació el 16 de agosto de 1815 en la localidad de I Becchi, cercana al pueblo de Castelnuovo, comarca de Asti, reino de Piamonte (en esa época Italia no estaba constituida aún como Estado unitario).
Sus padres, Francisco Bosco y Margarita Occhiena, conformaban una familia campesina que trataba de salir adelante en tiempos muy difíciles, ya que esos pueblos habían sido saqueados por los revolucionarios franceses y se encontraban en un estado de extrema precariedad.
Cuando Juan Bosco tenía dos años, murió su padre. Su madre, aunque empobrecida pero con mucha confianza en la Divina Providencia, logró educar a sus tres hijos. Eso fue decisivo para Juan, quien, a raíz de un sueño premonitorio en su infancia, fue cultivando desde entonces su vocación educadora.
Durante su trayectoria escolar en el pueblo de Castelnuovo y después en Chieri, Juan Bosco destacó por su alegría, por su simpatía innata y por su afición a los juegos, llegando a dominar la prestidigitación.
En su adolescencia aprendió diversos oficios artesanales, con los que ayudaba a sus compañeros en labores domésticas.
Fue durante esa época en que, gracias al apoyo del padre Don Calosso, se fue despertando su vocación sacerdotal y adquirió sanos hábitos de formación espiritual.
Además, se convirtió en un verdadero líder de sus compañeros de escuela por su innata simpatía y carisma, llegando a fundar la que denominó "Sociedad de la Alegría", cuya misión era practicar íntegramente las enseñanzas del Evangelio y fomentar la responsabilidad tanto en el estudio como en la vida cristiana, lo cual fue aceptado entusiastamente por sus condiscípulos.
Una vez terminada su escolaridad, Juan Bosco decidió ingresar al convento franciscano de Chieri, en el cual estuvo un corto período, ya que posteriormente pasó a formar parte del seminario diocesano de esa misma localidad. A los veinte años vistió la sotana de clérigo.
En el transcurso de su formación sacerdotal, aprovechaba las vacaciones para enseñar a leer a niños y jóvenes. Les hacía catequesis, lo que alternaba con la enseñanza de los oficios que aprendió en su juventud, y también los entretenía con los juegos de mano, que practicaba con gran destreza.
El 27 de marzo de 1841 recibió el diaconado y el 5 de junio del mismo año fue ordenado sacerdote, pasando a ser conocido desde entonces, de acuerdo a la usanza católica italiana, como "Don Bosco".
Llevó a cabo sus primeras acciones evangelizadoras en Turín, mientras residía en el Colegio Eclesiástico. Desarrollaba una fructífera misión entre jóvenes delincuentes, a quienes rehabilitaba una vez salidos de la cárcel. Logró construir, junto con ellos, un pequeño oratorio en el sector de Valdocco, en las afueras de la ciudad.
En su acción pastoral, siempre se inspiró en el modelo sacerdotal de San Francisco de Sales, quien había sido obispo de Ginebra en el siglo XVII.
Producto de su intensa acción apostólica, Juan Bosco sufrió una grave enfermedad, que lo obligó a retirarse a la casa de su madre, donde logró recuperarse después de bastante tiempo, lapso en el que pudo planificar su actividad futura.
Posteriormente, convenció a su madre de vivir con él en el oratorio de Valdocco. Ahí llevó a muchos niños pobres, a quienes dio de comer, impartió educación y formó espiritualmente, todo ello con la valiosa colaboración de su madre.
Dado el gran número de niños que fueron llegando, creó nuevos oratorios en la ciudad de Turín, para lo cual contó con la ayuda de numerosos sacerdotes y seglares, pese a las políticas anticlericales que surgieron en aquella época producto de las guerras de unificación italiana.
No obstante, Don Bosco logró salir adelante y en 1854 reunió a cuatro jóvenes, quienes, bajo la advocación de San Francisco de Sales, emprendieron una misión pastoral y educativa. El 18 de diciembre de 1859, sobre la base de este grupo, se formó oficialmente la Sociedad de San Francisco de Sales o Congregación Salesiana, que ya había aumentado bastante el número de religiosos consagrados. Esta obtuvo la aprobación canónica en 1874, momento en que ya contaba con más de 300 miembros en Italia y en parte de Francia.
No contento con esta creación, Don Bosco fundó, con la ayuda de la hermana María Mazzarello, un instituto educacional femenino, que después se transformó, con las primeras quince adherentes, en la congregación Hijas de María Auxiliadora o Religiosas Salesianas, las que hasta ahora desarrollan su misión educacional.
En el año 1875 Don Bosco organizó una primera misión fuera de Italia, lo que significó crear un instituto en Buenos Aires, República Argentina, donde existía una gran inmigración italiana. Posteriormente, la congregación extendió su labor a Tierra del Fuego y a la Patagonia chilena.
Más tarde, las misiones en diversos países se fueron multiplicando vertiginosamente, con la presencia de Don Bosco en muchos lugares donde se establecieron.
Después de haber cumplido un intenso apostolado en diversas partes del mundo, Don Bosco falleció el 31 de enero de 1888 en Turín.
Fue canonizado por el Papa Pío XI en 1934. Luego fue venerado como Patrón de la Formación Profesional, y en el año 1988, al cumplirse el centenario de su fallecimiento, el Papa Juan Pablo II lo declaró Padre y Maestro de la Juventud.
El estilo educativo de Don Bosco se basó en el trato dialogante del educador con los jóvenes, en el que la convivencia diaria facilita la transmisión de valores y la formación de los alumnos.
Actualmente, la Congregación Salesiana cuenta con alrededor de 17 mil religiosos en 131 naciones del mundo, lo que la convierte en uno de los institutos religiosos más numerosos de la Iglesia católica.
Su Rector Mayor es el padre Ángel Fernández, de origen español, quien recientemente visitó nuestro país.
Asimismo, los salesianos cuentan con muchos establecimientos de enseñanza básica, media y universitaria en diversas partes del planeta.
En Chile ejercen su misión evangelizadora y educativa un total de 150 salesianos consagrados, presentes en 15 ciudades, que conforman la Inspectoría San Gabriel Arcángel, cuyo Inspector es el padre Alberto Lorenzelli. La congregación tiene 22 colegios, 19 parroquias y santuarios, una universidad (la Silva Henríquez), dos fundaciones comprometidas con jóvenes en riesgo social, cuatro empresas vinculadas al campo de las comunicaciones y una imprenta.
Entre los sacerdotes salesianos más destacados de la congregación en nuestro país -¡qué duda cabe!- se halla el Cardenal Raúl Silva Henríquez, quien fuera Obispo de Valparaíso y Arzobispo de Santiago. Asimismo, destacan eximios educadores extranjeros que desarrollaron su misión en Chile, especialmente en la formación universitaria, tales como el padre Alejandro Horvat, de origen esloveno, y el padre Bruno Rychlowski, de ascendencia polaca.
Actualmente, tres obispos en ejercicio pertenecen a la congregación: monseñor Ricardo Ezzatti, Cardenal y Arzobispo de Santiago; monseñor Héctor Vargas, Obispo de Temuco, y monseñor Bernardo Bastres, Obispo de Punta Arenas.
También es miembro del mismo instituto el Obispo Emérito de Punta Arenas, monseñor Tomás González.
Por su parte, las religiosas Hijas de María Auxiliadora, cuya Superiora Provincial es Sor Aurelia Rossi, atienden a lo largo de nuestro territorio a 19 colegios, 2 hogares de niñas y el santuario Laura Vicuña.
En nuestra ciudad de Valparaíso, el Colegio Salesiano, que se fundó en 1894 y cuyo rector es el padre Carlos Ampuero, es una verdadera tradición porteña y goza de un merecido prestigio por su estilo educacional, fiel al legado de Don Bosco. Además, es el único establecimiento de la ciudad que cuenta con una banda instrumental -ya legendaria-, la que da mucho esplendor al desfile que anualmente efectúa junto a otros colegios, en homenaje a las Glorias Navales.
Don Bosco ha dejado una impronta perenne, que toda la comunidad salesiana a través del mundo, formada por religiosos y religiosas, educadores y alumnos, preserva a lo largo de los años. Con mucho entusiasmo ellos agradecen y resguardan este legado, que se refleja plenamente en la letra del himno compuesto para la celebración de este bicentenario, que en una de sus estrofas reza:
"Dos siglos de vida, dos siglos de sueños,
con los jóvenes caminando siempre te encontraste bien;
un pasado de leyenda, más de mil recuerdos,
y los jóvenes contigo hemos soñado también".
Sin lugar a dudas, los salesianos representan una propuesta de iglesia que opta por acompañar a los más pobres y dignificar a los trabajadores.
Al respecto, hago presente que he tenido una relación personal con esta congregación.
Cuando desarrollé misiones apostólicas durante ocho años en la Diócesis de Iquique, en las comunas de Huara (en el poblado de Huarasiña) y Colchane -en ese entonces era Obispo monseñor Francisco Javier Prado-, el Colegio Salesiano nos acogía. Era nuestra base de apoyo para salir a misionar a cada una de las localidades del altiplano y la frontera entre Chile y Bolivia.
Por tanto, tengo un especial y cariñoso recuerdo de ello.
Esperamos que los salesianos sigan bendiciendo a nuestra patria.
Muchas gracias.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- A usted, señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, señora Vicepresidenta, señoras Senadoras, señores Senadores, señores sacerdotes de la familia salesiana:
Giovanni Melchiorre Bosco, más conocido como "Don Bosco", representa -a no dudarlo- una de las figuras consulares del Magisterio de la Iglesia Católica, que ha fundado desde su origen numerosísimas instituciones educacionales.
La obra de Don Bosco ha estado siempre orientada a la educación, especialmente a la de los jóvenes más desposeídos de su tiempo. Fundó la Congregación Salesiana, la Asociación de María Auxiliadora, el Oratorio Salesiano, el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, entre otras importantes entidades formativas.
Su obra en materia educacional no se limitó a la creación de instituciones. Don Bosco destacó en este ámbito también por promover el desarrollo de un modelo educativo para la formación de niños y adolescentes conocido como "Sistema Preventivo".
Fue canonizado el 1 de abril de 1934 por el Papa Pío XI, apenas 46 años después de su partida en 1888. Años más tarde, nuestro recordado Papa Juan Pablo II le otorgó el decidor título de Padre, Maestro y Amigo de los Jóvenes.
Solo a modo de ejemplo de la extensión y profundidad del legado de Don Bosco, baste recordar que actualmente sus obras ya alcanzan a más de 130 países.
Nuestro homenajeado fue contemporáneo con el período de la unificación o resurgimiento italiano, es decir, con el momento en que nace la Italia actual, a través de la unión de los diversos reinos en que se dividía para formar un Estado nacional. En este contexto, Don Bosco jugó un papel fundamental para mantener la unidad de la Iglesia Católica en la difícil época de enfrentamientos políticos entre el naciente Estado italiano y el Papa, lo que derivó en la pérdida, por parte del Vaticano, de los llamados "Estados Pontificios".
A los nueves años, Don Bosco vivió una experiencia que marcaría el resto de su existencia, conocida por toda la familia salesiana como "el sueño de los nueve años". El propio sacerdote describió este episodio. Contó que a esa edad soñó estar en un patio de la escuela en la que había muchos jóvenes, algunos de los cuales decían malas palabras. "Yo me lancé hacia ellos golpeándolos con mis puños", narraba el santo. "Fue entonces cuando apareció un personaje, que me dijo: `No con puños, sino con amabilidad vencerás a estos muchachos'".
Quienes conocen la historia de Don Bosco saben que los sueños definirían su vida, y el que he relatado, en particular, marcó el derrotero de su apostolado.
En tiempos en que la educación de nuestros jóvenes se encuentra en el centro de la preocupación del país; en tiempos en que se cuestiona el derecho de las personas a desarrollar sus particulares proyectos educativos, con su propia identidad, con los valores y principios que deseen imprimirles, es bueno que venga a nuestra memoria el enorme aporte realizado por Juan Melchor Bosco Occhiena a la formación integral de los niños y jóvenes de todo el mundo y, especialmente, de nuestro país.
Señor Presidente, al concluir este merecido homenaje, hago votos para que la luz de uno de los personajes históricos más profundos y auténticamente comprometidos con la verdadera educación, esa que libera de las ataduras del destino y del nacimiento, ilumine a quienes hoy buscan reformar nuestro sistema educativo para que reconozcan el valor de la diversidad en los proyectos de educación para todos nuestros jóvenes.
¡Que la memoria de Don Bosco sea la luz que nos ilumine a todos!
He rendido este homenaje en nombre de los Senadores de la Unión Demócrata Independiente.
He dicho.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Gracias, señor Senador.
Finalmente, tiene la palabra el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.- Muy buenas tardes, señor Presidente y autoridades eclesiásticas y civiles representantes de la maravillosa obra salesiana de Don Bosco.
En nombre del Comité Independientes, compuesto por Alejandro Guillier, Lily Pérez y quien habla -creo que el Presidente de esta Corporación podría sumarse a mis palabras-, quisiera compartir dos sueños que tuvo San Juan Bosco.
Como ya sabemos, este 16 de agosto se cumplirán doscientos años desde que fue dado a luz.
En 1824, a los nueve años, ocurrió el primer sueño profético: le pareció estar en medio de una multitud de muchachos entregados a sus juegos, pero algunos de ellos blasfemaban. Rápidamente Juan se arrojó sobre estos con sus puños y a patadas para hacerlos callar. Sin embargo, en ese instante se le presentó un personaje, que le dijo: "No con golpes, sino con mansedumbre y con caridad deberás ganarte a estos, tus amigos. Yo te daré la Maestra bajo cuya disciplina llegarás a ser sabio; y sin la cual toda sabiduría se convierte en necedad". El personaje era Jesús y la Maestra, María Santísima, a cuya guía Don Bosco se abandonó toda la vida y la honró con el título de "Auxiliadora de los cristianos".
En 1872, cuando ya era mayor, tuvo un sueño similar. El relato de este es el siguiente:
"Me pareció encontrarme en una región salvaje y por completo desconocida. Era una inmensa llanura completamente inculta, en la cual no se descubrían ni montes ni colinas. Pero en sus lejanísimos confines se perfilaban escabrosas montañas. Vi en ella una turba de hombres que la recorrían. Estaban casi desnudos, su altura y estatura eran extraordinarias, su aspecto feroz, los cabellos largos y erizados, el color bronceado y negruzco e iban vestidos con largas pieles de animales que les caían por las espaldas. Usaban como armas una especie de lanza larga y la honda o lazo.
"-¿Cómo hacer para convertir una gente tan salvaje?", se pregunta en el sueño.
"Entretanto vi en lontananza un grupo de nuevos misioneros que se acercaban a aquellos bárbaros con rostro alegre, precedidos por un número determinado de jovencitos.
"Y me acerqué a ellos; eran clérigos y sacerdotes. Los miré atentamente y vi que eran nuestros salesianos.
"Estaba decidido a no dejarlos avanzar y me dispuse a hacer que se detuvieran. Estaba seguro de que corrían la misma suerte que los anteriores. Quise hacerles volver atrás cuando noté que su aparición había provocado la alegría entre todas las turbas de los bárbaros, los cuales depusieron las armas y su ferocidad y acogieron a nuestros misioneros con las mayores muestras de cortesía.
"Y vi que nuestros misioneros avanzaban hacia aquellas hordas de salvajes; les instruían mientras ellos escuchaban atentamente sus palabras; les enseñaban y aprendían prontamente; les amonestaban y ellos aceptaban y ponían en práctica sus avisos.".
En 1874, cuando Don Bosco recibió las apremiantes invitaciones desde el sur de Argentina y Chile, se dio cuenta claramente de que lo visto en este sueño tendría lugar en aquel lugar.
Son muchos los salesianos ilustres.
Podría partir por la Región de Magallanes, mencionando a don Alberto María de Agostini.
Tenemos también al eximio Cardenal Raúl Silva Henríquez.
Asimismo, hay un gran número de escuelas, liceos y obras orientan a los niños y jóvenes más vulnerables.
El padre Alberto Hurtado, que en un momento dado acudió donde el Papa a pedirle ayuda, se inspiró en la obra maravillosa de los salesianos.
Y otra heredera de Don Bosco, la obra de Don Guanella, tomó esta misión y aún la continúa en Chile. Y entre ellos llegó nuestro misionero de Aisén y Chiloé, el padre Antonio Ronchi.
Les agradecemos todos los días por tener este espíritu.
Sin duda, este es un homenaje más que merecido.
Muchas gracias.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- De esta manera, el Senado de la República ha rendido homenaje al sacerdote y educador italiano Don Juan Bosco, al cumplirse el bicentenario de su nacimiento.
Agradecemos mucho la presencia de sacerdotes, religiosas, comunidad salesiana que hoy día nos acompaña.
Muchas gracias.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

)----------(

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz.

La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, pido que solicite nuevamente el asentimiento de la Sala para poner sobre tabla y votar ahora el proyecto de acuerdo que presentamos junto con la Senadora señora Lily Pérez.
Dicho proyecto reviste máxima importancia para las Regiones Tercera, Cuarta, Quinta y Metropolitana, las cuales, como consecuencia de los últimos temporales, perdieron sus conexiones a Internet. Esta situación impidió a muchos jóvenes inscribirse para rendir la prueba de selección universitaria.
Por lo tanto, queremos plantearle esta inquietud a la Presidenta de la República, para que tome en cuenta los hechos y adopte las medidas pertinentes.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¿Habría acuerdo para pronunciarnos ahora respecto del proyecto de acuerdo mencionado?

El señor HORVATH.- Sí.

El señor GUILLIER.- Muy bien.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Lo veremos sin discusión, tal como corresponde.
--Se accede a lo solicitado.



SOLICITUD A EJECUTIVO DE EXTENSIÓN DE PLAZO DE INSCRIPCIÓN EN REGIONES TERCERA, CUARTA, QUINTA Y METROPOLITANA PARA RENDICIÓN DE PSU. PROYECTO DE ACUERDO

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Conforme a lo establecido precedentemente, corresponde votar el proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señoras Muñoz, Lily Pérez y Goic y señores Araya, De Urresti, Coloma, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Hernán Larraín, Letelier, Navarro, Pizarro, Quinteros, Tuma e Ignacio Walker.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1.827-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 43ª, en 12 de agosto de 2015.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo del proyecto de acuerdo es solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República extender en las Regiones Tercera, Cuarta, Quinta y Metropolitana el plazo de inscripción para rendir la prueba de selección universitaria.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¿Habría acuerdo para aprobarlo?

El señor WALKER (don Ignacio).- Sí.

El señor DE URRESTI.- Lo hay.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo.
)------------(

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Señoras y señores Senadores, les quiero plantear lo siguiente.
Se ha acordado tratar en el primer lugar de la sesión del próximo martes el proyecto sobre reforma laboral. Pero ese día también vence el plazo de la urgencia de "discusión inmediata" que tiene el proyecto de reforma constitucional que otorga autonomía al SERVEL. Dicha iniciativa la verá el martes por la mañana la Comisión de Constitución, a fin de emitir un certificado que nos permita considerarla por la tarde.
Lo que ocurre es que necesitamos despachar dicho proyecto el día martes. Entonces, solicito el acuerdo de la Sala para que después de la reforma laboral nos ocupemos en la reforma constitucional que otorga autonomía al SERVEL hasta su total despacho.
¿Habría acuerdo?

El señor QUINTEROS.- Sí.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA



CESACIÓN EN CARGOS DE PARLAMENTARIOS, ALCALDES, CONSEJEROS REGIONALES Y CONCEJALES POR INFRACCIÓN A NORMAS SOBRE TRANSPARENCIA, LÍMITES Y CONTROL DE GASTO ELECTORAL


El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Proyecto de reforma constitucional, en primer trámite, que establece la cesación en los cargos de parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales y concejales por infracción a las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral, con segundo informe de la Comisión Especial encargada de conocer proyectos relativos a probidad y transparencia, y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el primer proyecto (10.000-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional (mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República):
En primer trámite, sesión 11ª, en 21 de abril de 2015.
Informe de Comisión:
Especial encargada de conocer proyectos relativos a probidad y transparencia: sesión 30ª, en 30 de junio de 2015.
--Los antecedentes sobre el segundo proyecto (9.860-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional (moción de los Senadores señoras Allende y Lily Pérez; y de los señores Harboe, Montes y Quinteros):
En primer trámite, sesión 85ª, en 14 de enero de 2015.
Informes de Comisión:
Especial encargada de conocer proyectos relativos a probidad y transparencia: sesión 30ª, en 30 de junio de 2015.
Especial encargada de conocer proyectos relativos a probidad y transparencia (segundo): sesión 41ª, en 11 de agosto de 2015.
Discusión:
Sesión 31ª, en 1 de julio de 2015 (se aprueba en general).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La Comisión deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no hay artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.
La referida Comisión realizó una enmienda al proyecto aprobado en general, consistente en sustituir el texto del artículo único por otro, la cual fue acordada por unanimidad.
La modificación debe ser aprobada por las tres quintas partes de los Senadores en ejercicio, esto es, por 20 votos favorables.
Además, señores Senadores, se han renovado tres indicaciones -se leerán en su oportunidad-, signadas con los números 1, 3 y 4.
La 1 y la 3 son de autoría del Senador señor Navarro; la 4, del Senador señor Prokurica.
A la vez, el Senador señor Coloma pidió votación separada de la letra b) del artículo único del proyecto.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- En la discusión particular, tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker, Presidente de la Comisión Especial de Probidad y Transparencia, para que nos introduzca en la iniciativa.


El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¡Que sea breve...!

El señor WALKER (don Ignacio).- Señora Presidenta, el Senador Zaldívar me pide que sea breve. Y voy a ser muy breve.
En realidad, estamos en la discusión particular. Se trata de un único artículo, respecto del cual voy a explicar una concordancia.
La discusión general ya la tuvimos la semana pasada. Entonces, solo resta explicar que la propuesta unánime de la Comisión Especial de Probidad y Transparencia comprende la situación de Diputados, Senadores, Alcaldes, Concejales y Consejeros Regionales. Es decir, no se incluye al Presidente de la República. Entiendo que hay una indicación renovada sobre la materia. Pero el tema ya fue latamente debatido -lo quiero recordar- durante la discusión particular en la Comisión.
En segundo lugar, la pérdida del escaño o la cesación en el cargo se asocia a una infracción grave. Al efecto, está pendiente la propuesta que el Ejecutivo nos hará llegar a través de un proyecto de ley orgánica constitucional para explicitar qué se entiende y cómo se define una infracción grave a las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral.
¿A partir de qué momento comienza esta sanción? Desde la fecha en que así lo declare, por sentencia firme, el Tribunal Calificador de Elecciones. A propuesta del Senador señor García, quien está presente en la Sala, tuvimos una audiencia especial con el Presidente del Tribunal Calificador de Elecciones. Dicha autoridad manifestó que le parecía bien que se radicara tal competencia en el tribunal que preside. La proposición agrega que esto deberá ser a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio Electoral.
Es cierto que el artículo 93, número 14°, de la Constitución, contempla y otorga competencia al Tribunal Constitucional respecto de algunas causales de cesación en el cargo. Hay varias, de hecho. Y todos sabemos que dicho tribunal está bastante recargado. Por ello, entre otras razones, se optó por radicar la competencia, en este caso, en el Tribunal Calificador de Elecciones.
A la vez, se aceptó con enmiendas una indicación que presentó el Senador señor Ossandón, estableciendo que "Asimismo, el diputado o senador que perdiere el cargo no podrá optar a ninguna función o empleo público, sea o no de elección popular, por el término de tres años.". Por lo tanto, ahí hubo una adición al proyecto que habíamos tenido en vista en la sesión anterior.
Finalmente, en la página 5 del comparado encontramos el nuevo inciso segundo del artículo 125, que no es más que una norma de concordancia respecto de la ley orgánica sobre administración interior del Estado respecto de los alcaldes, concejales y consejeros regionales.
He dicho.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, como señalé en la discusión general, esta reforma y otras que estamos introduciendo al sistema político chileno han llegado tarde, pero aun así son ineludibles para la sanidad y el fortalecimiento de nuestra democracia.
Advierto, eso sí, que la urgencia de estos cambios, con los cuales estoy en completo acuerdo, puede traducirse en errores o inconsistencias en algunas normas.
La reforma constitucional en análisis se une a otra que se encuentra en el siguiente punto de la tabla, sobre autonomía constitucional del Servicio Electoral, y, a su vez, está relacionada con otras modificaciones a la Ley de Votaciones.
Como vimos en el proyecto de ley sobre perfeccionamiento de la democracia, existen infracciones administrativas que serán conocidas por el Servicio Electoral; delitos penales que seguirán siendo de competencia del Ministerio Público y los tribunales ordinarios, y finalmente, ilícitos constitucionales -es lo que estamos discutiendo en este proyecto-, que serán conocidos por el Tribunal Calificador de Elecciones, a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio Electoral.
El problema que enfrentamos es que la determinación precisa de las conductas que serán consideradas ilícitos constitucionales y que tendrán la sanción de pérdida del cargo queda entregada a una tercera ley, que definirá qué se entiende por infracción grave a las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral.
Por lo tanto, resulta difícil pronunciarse hoy sobre la proporcionalidad en las sanciones del sistema en su conjunto.
Por otra parte, como hay participación del Tribunal Calificador de Elecciones en las sanciones administrativas, como tribunal de apelación, me parecía complejo que también conociera, en única instancia, de la acción dirigida a declarar la cesación del cargo.
Por eso, en la moción que presenté junto con otros Senadores le correspondía al Tribunal Constitucional conocer de esta última acción, de la misma manera como resuelve actualmente sobre todas las causales de inhabilidades e incompatibilidades que afectan a Diputados y Senadores.
En cualquier caso, hay que establecer la cesación del cargo para quien viola las reglas del juego democrático.
Nunca antes en nuestra historia republicana hubo normas tan exigentes para los representantes de la voluntad popular.
A la regulación del gasto electoral hay que agregar el proyecto de ley que aprobamos recientemente sobre probidad, obligación de declaración de patrimonio e intereses y fideicomiso ciego y la reforma constitucional que propusimos junto con otros Senadores, que también establece la cesación del cargo en caso de infracción grave de estas últimas disposiciones.
Todas estas normas constituyen un todo.
Por cierto, las mencionadas reformas no aseguran por sí mismas que contaremos con mejores instituciones. Al final, ello depende de las personas que asuman las funciones correspondientes.
Ninguna medida por sí sola nos sacará de la presente crisis. Pero somos nosotros los llamados a encontrar las salidas, porque estoy convencido, como lo he expresado anteriormente, de que los problemas de la política se resuelven con más y mejor política.
He dicho.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, el proyecto de reforma constitucional que nos ocupa tiene un objetivo claro y es una señal potente para Alcaldes, Concejales, Consejeros Regionales, Diputados y Senadores, quienes podrían llegar a perder sus cargos si cometen una infracción grave a las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral. Y me parece que en el ambiente que existe en la política nacional hoy día no hay espacio para que no sea así.
Sin embargo, al escuchar la exposición del Presidente de la Comisión, echo de menos que en el Senado, donde habitualmente somos capaces de convencernos con argumentos, no me hayan podido convencer de por qué mientras un Alcalde, un Concejal, un Consejero Regional, un Diputado o un Senador que hace trampa, que recibe recursos en forma irregular de una empresa privada, es sancionado con la pérdida del cargo, un candidato presidencial que incurre en las mismas acciones no recibe castigo.
Yo aprendí en la Escuela de Derecho que habiendo la misma razón tiene que existir la misma disposición.
Por eso, hemos renovado una indicación para que el presidenciable infractor sea sancionado.
Pienso que hoy la política, como lo sostienen la mayoría de los dirigentes que aparecen diariamente en los medios de comunicación, no puede hacerse a espaldas de la gente. Y la ciudadanía que está viendo hoy día el canal de televisión del Senado o que leerá mañana la versión oficial de este debate no comprenderá que, por una parte, un alcalde, un concejal o cualquiera de nosotros que en una campaña haga trampa, sobrepase el gasto electoral o reciba recursos irregulares, pierda el cargo, mientras un candidato presidencial que incurra en lo mismo no recibe sanción.
Señora Presidenta, sinceramente, echo de menos esa lógica, que no primó en la Comisión de Probidad y Transparencia. Además, nosotros la planteamos desde el primer día de la tramitación de la iniciativa. Es cierto que yo fui reemplazado en esa Comisión por un Senador que lo hace mucho mejor que yo (el colega García), pero creo que él también ha insistido con ese tema.
El segundo asunto que deseo plantear es que no hay una palabra acerca de la intervención electoral, de la utilización de los recursos fiscales o de las empresas del Estado en las campañas políticas, cuestión que se ve en el diario vivir.
En consecuencia, estamos diciendo que no al aporte de las empresas; no a los aportes irregulares, pero no señalamos ni una palabra respecto de la intervención electoral de las empresas del Estado y de otras formas de financiamiento irregular de las campañas políticas.
En tal sentido, daré un ejemplo, para que nadie crea que estoy haciendo elucubraciones.
Hace unos días se filtró en los medios de comunicación una conversación de un grupo de WhatsApp que mantiene un colega del Senado. Allí se leía: "el director del SERVIU de la zona ofrece a una Corporación" -presidida por el Senador en cuestión- "que presente proyectos para que clubes deportivos locales opten a terrenos entregados en comodatos realizados por dicho servicio de gobierno". Luego, el Seremi de Deportes de la zona agrega que "lo que podemos hacer es que el terreno sea traspasado al IND. Nosotros presentamos el proyecto. Construimos y luego le cedemos al club". ¿A cuál? Al club del Senador.
¡Señora Presidenta, esto lo estamos viendo en el día a día!
A mí me toca ir a veces a ciertas ceremonias (cuando me invitan, porque también esta es una democracia curiosa). Cuando hay que entregar algún beneficio, se convoca solo a parlamentarios oficialistas. Y, además, les rinden honores por haber conseguido los botes para los pescadores, los motores fuera de borda -"¡Oh!, muchas gracias"-, en circunstancias de que es un beneficio aportado por el Estado y no por el parlamentario.
Lamento, señora Presidenta, que en esto nos ceguemos a echarle para adelante limitando solo algunas prácticas y no pretendamos terminar con todas las malas prácticas, partiendo por aquella que explicaba recién.
En una democracia -creo que en todas partes del mundo- invitan al parlamentario de Oposición y al de Gobierno -más todavía cuando el parlamentario de Oposición saca más votos que la parlamentaria de Gobierno-. Pero eso no ocurre en mi Región.
Yo no sé si pasa en las de ustedes.
¡No ocurre!
No sé si será por las críticas que yo formulo, por el letrero que tengo en mi escritorio, en que pido que no se olviden de la Región de Atacama. No sé si les molesta eso. Pero esa es la realidad.
Mañana los colegas de enfrente serán Oposición, y muy rápido, en verdad, pues según Camilo Escalona ya son minoría. Por tal razón, quiero decirles que si vamos a hacer un trabajo, hagámoslo bien. No puede ser que un candidato presidencial que hace trampa, sea elegido, porque va a quedar con el ala herida.
Hoy día no se pueden hacer esas cosas.
Asimismo, pongámosle coto a la intervención electoral, porque, si no, tendremos una cancha dispareja y una situación que no corresponde en democracia.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señora Presidenta, me sumo especialmente a la primera parte planteada por el Senador que me antecedió en el uso de la palabra, respecto a cómo, cuando se hace una búsqueda para darle más transparencia y mayor legitimidad a la política, suele omitirse en el conjunto de los procesos la intervención electoral.
Espero que de alguna manera aquello pueda ser revertido.
Ahora bien, señora Presidenta, quiero hacerme cargo de dos de las materias contenidas en esta reforma constitucional. Sobre la primera deseo formular una consulta (no sé si algún integrante de la Comisión va a plantearlo después). Y con relación a la segunda, pediré votación separada, porque no comparto lo establecido en la letra b) del artículo único del proyecto.
La consulta tiene que ver con la filosofía con que se asumen -no se trata de algo muy relevante; la idea es simplemente buscar la necesaria concordancia- las prohibiciones para que opte a una función o a un empleo público una persona condenada por haber infringido las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral.
¿Por qué digo eso, señora Presidenta?
En la Constitución vigente hay normas comunes para los diputados y senadores. En ellas figuran las causales por las que se puede perder el cargo: van desde celebrar contratos con el Estado; actuar como procurador en gestiones particulares de carácter administrativo; ejercer influencia ante las autoridades administrativas, hasta algo muy grave, cual es incitar a la alteración del orden público o propiciar el cambio del orden jurídico institucional por medios distintos de los que consigna la Carta Fundamental o comprometer gravemente la seguridad o el honor de la nación.
Cometida la infracción, la sanción es la pérdida del cargo. Y la Constitución señala adicionalmente que durante dos años el infractor no podrá optar a ninguna función o empleo público.
La única excepción se contiene en el número 15° del artículo 19 tratándose de la declaración de inconstitucional de un partido político o de otras formas de organización: quienes incurren en esa inconstitucionalidad, aparte la pérdida del empleo, no pueden optar a un cargo público hasta dentro de cinco años.
En el proyecto que nos ocupa -y esto es importante- se establece que el parlamentario que pierda el cargo no podrá optar a ninguna función o empleo público hasta dentro de tres años.
Esta es una cuestión de orden mental, señora Presidenta. No puede ser que en algunos casos haya inhabilidad por dos años; en otros, por tres, y en otros, por cinco. Porque -admitámoslo- exceder el límite del gasto electoral, por delicado que sea, no tiene mayor relevancia que comprometer gravemente el honor de la patria.
Considero que al respecto debería uniformarse el criterio. No tengo problemas en que todas las inhabilidades sean por tres años. Pero si la norma general establece dos, no entiendo bien de dónde nace la filosofía en virtud de la cual se busca una nueva sanción.
Alguien puede decirme que depende de la gravedad de la falta. Pero, honestamente, yo pienso que es peor comprometer en forma seria la seguridad o el honor de la nación.
Entonces, no creo que vaya por ahí el asunto. No entiendo las razones. Y por eso quería plantear la situación.
El otro punto, para mí, es más profundo desde el ángulo de la técnica legislativa y desde la perspectiva constitucional. Y no tengo ninguna objeción a la cuestión de fondo que se instala.
Pues bien, actualmente la Constitución dice en el artículo 125: "Las leyes orgánicas constitucionales respectivas establecerán las causales de cesación en los cargos de alcalde, consejero regional y concejal.".
A su turno, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades señala en qué casos un concejal o un alcalde pierden el cargo. Y hay cinco causales bastante variadas, según el tipo de infracción que se cometa. La más grave es, probablemente, la falta al principio de la probidad.
Así las cosas, me gustaría que el Senado me ilustrara a este respecto. Porque las causales de cesación en el cargo de parlamentario se hallan establecidas en el Texto Fundamental; por tanto, cuando se quiere agregar una hay que consignarla allí mismo. Y si las causales para la pérdida de los cargos de concejal, alcalde y consejeros regionales se encuentran contenidas en las leyes orgánicas respectivas, cualesquiera otras que se desee añadir deben contemplarse en esos cuerpos legales.
¿Me concede un minuto más, señora Presidenta?

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Sí, señor Senador.

El señor COLOMA.- Gracias.
Entonces, Su Señoría, es difícil entender la situación. Porque ello tampoco tiene que ver con la gravedad de la falta, pues el nuevo inciso que se plantea para el artículo 125 de la Carta dice que, "Con todo, cesarán en sus cargos las autoridades" que infrinjan las normas sobre límites del gasto para la elección, mientras las leyes orgánicas correspondientes disponen que cesan en el cargo quienes violenten el principio de la probidad.
No comprendo, pues, la filosofía con que se instaura en la Carta algo que es propio de ley orgánica constitucional.
Por eso, señora Presidenta, pido votar separadamente la letra b) del artículo único. Y voy a pronunciarme en contra de ella, pues pretendo que la legislación que despachemos sea de fácil entendimiento y, por tanto, que no se dispersen las causales de cesación en el cargo.
Respecto del primer punto que planteé, me gustaría una explicación -si existe- sobre por qué se establecieron tres años, pues (insisto) no entiendo que haya dos años para un caso, tres para otro y cinco para un tercero.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor PIZARRO.- ¿Puede abrir la votación, señora Presidenta?

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Corresponde votar en particular, y...

El señor PIZARRO.- Pero se están debatiendo varios puntos al mismo tiempo.

El señor WALKER (don Ignacio).- ¡Se parece a la discusión general...!

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- ... debemos someter al pronunciamiento de la Sala cuatro puntos.
Por otra parte, se han renovado indicaciones.
Además, el Senador señor Coloma formuló una solicitud de votación separada.
El escenario es un tanto complejo.

El señor COLOMA.- Pero mi solicitud se ajusta al Reglamento.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Por supuesto.
¿Hay acuerdo para abrir la votación?

El señor LARRAÍN.- No.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Entonces, tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señora Presidenta, en primer lugar, creo que estamos frente a una buena noticia.
Este proyecto de reforma, como su nombre lo indica, va a establecer en la Carta Fundamental una sanción para quienes ostenten un cargo de elección popular -léase concejales, alcaldes, consejeros regionales, diputados y senadores- y hayan infringido gravemente las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral.
Digo que es una buena noticia porque, a mi entender, hemos aprendido la lección, hemos aprendido de las malas experiencias, en el sentido de que se requiere mejorar los estándares de transparencia en el gasto electoral. Y vamos a establecer la sanción quizás más grave que puede contemplar nuestro ordenamiento jurídico en el ámbito de los cargos de elección popular.
No olvidemos que la soberanía reside en la nación. La soberanía popular la ejercen los ciudadanos, y ellos determinan a quiénes eligen como sus representantes.
Entonces, cuando el legislador -nosotros- establece una causal de cesación en el cargo está consignando un mecanismo para torcer la voluntad popular en función de que la infracción cometida por el representante que los ciudadanos eligieron democráticamente es muy grave.
Eso es una buena noticia, porque quiere decir que estamos elevando el rango de importancia de las infracciones graves en materia de gasto electoral. Y lo hacemos por la vía de introducir en el artículo 60 de la Constitución una nueva causal de cesación en los cargos de senador y de diputado: la infracción grave de las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral.
¿Qué significa aquello? Que una ley orgánica constitucional va a tipificar las infracciones graves. Y no son cualesquiera. No se trata de una mera denuncia, sino de una infracción que debe hallarse debidamente sancionada.
¿Y quién sanciona dicha infracción? ¿Los tribunales de justicia? ¡No! La norma constitucional propuesta dispone que el Servicio Electoral tendrá el monopolio de la acción para pedirle al Tribunal Calificador de Elecciones la cesación en el cargo de un diputado o de un senador. Es decir, un órgano constitucional autónomo, el SERVEL, le solicitará a un ente de esta misma naturaleza, el TRICEL, la declaración de cesación en el cargo.
Algunos planteaban la entrega de tal decisión a los tribunales de justicia. Otros postulaban el juicio político, lo que se desechó, sobre la base de que el derecho comparado establece que en estos casos deben actuar órganos de carácter constitucional.
Por eso propusimos la norma en los términos ya explicitados.
Luego, producto de la existencia de dos mociones, se decidió refundirlas e incorporar en el texto pertinente a concejales, alcaldes y consejeros regionales, respecto de quienes las causales de cesación en el cargo se establecen, en general, en las leyes orgánicas constitucionales correspondientes.
Empero -y ahí tengo una diferencia con el Senador que me antecedió en el uso de la palabra-, la importancia y la gravedad de la infracción al principio de transparencia establecido en la Constitución Política ameritaban que subiéramos la causal de cesación en el cargo respectiva desde el rango de ley orgánica constitucional al del propio Texto Fundamental.
Es decir, alcaldes, concejales y consejeros regionales van a seguir cesando en el cargo por las causales que establecen las leyes orgánicas pertinentes. Sin embargo, como el legislador le ha dado una relevancia tan alta a la infracción grave a las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral, distinguió la causal de cesación en el cargo por ese concepto y la dejó en la Constitución Política.
Ahora, como incorporamos la causal pertinente en el artículo 125 de la Carta, radicamos en el Servicio Electoral la acción para perseguir la responsabilidad del caso; y la cesación la declarará el Tribunal Calificador de Elecciones. Ello, a diferencia de las otras causales, en que la acción debe plantearse ante el Tribunal Electoral Regional.
Entonces, lo que hicimos en la Comisión como legisladores fue elevar el nivel de transparencia, consagrándolo constitucionalmente, y, por tanto, distinguir con respecto a las otras causales de cesación en el cargo que afectan a alcaldes, concejales y consejeros regionales, que se radican en las leyes orgánicas correspondientes.
Por consiguiente, no hay incongruencia desde el punto de vista de la técnica legislativa. Lo que sucede es que la causal de cesación en el cargo por haberse cometido dicha infracción la elevamos a rango constitucional debido a la relevancia que le estamos atribuyendo a ese ilícito. Porque se entiende que la persona elegida tras cometer una infracción grave, declarado así por el Tribunal Calificador de Elecciones, ha torcido la voluntad popular sobre la base de un engaño.
Por eso elevamos al rango constitucional la respectiva causal de cesación en los cargos de alcalde, concejal y consejero regional, para equipararla con la que afecta a senadores y diputados.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Víctor Pérez.

El señor PÉREZ VARELA.- Señora Presidenta, hace algunas semanas el Senado aprobó en general la iniciativa en análisis y dio la señal de que infringir gravemente las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral era una acción extraordinariamente particular y grave, por lo que resultaba imprescindible colocar dicha conducta en la Carta para que fuera un ilícito constitucional.
En cuanto a las causales de cesación en el cargo, si uno revisa las normas del artículo 60 del Texto Fundamental y las disposiciones contenidas en la leyes orgánicas relativas a las municipalidades y a los gobiernos regionales, verá que todas ellas se refieren a las acciones que una persona realiza, no cuando es candidata a determinado cargo, sino durante el ejercicio de su empleo.
Por lo tanto, aquí hay una particularidad, cual es la de que las acciones que el día de mañana se van a calificar como infracción grave son realizadas, en la mayoría de los casos, por personas que postulan a ocupar un cargo: de diputado, senador, alcalde, concejal o consejero regional.
Y esa particularidad, señora Presidenta, fue aprobada por esta Sala.
Por consiguiente, hoy, en la discusión en particular, estamos viendo de qué manera se expresa como sanción esa decisión política vinculada con la infracción grave a las normas sobre financiamiento electoral.
Porque, sin duda, la gente ha visualizado que la infracción a las normas vigentes a aquel respecto no tiene sanción. Y eso ha generado indignación ciudadana.
A nuestro entender, en esta materia, uno de los elementos esenciales es el consistente en incorporar como causal de cesación en el cargo la infracción que una persona comete en su condición de candidata. Y ello debe tener la particularidad en comento, que ha de establecerse en la Constitución Política.
Para un alcalde, concejal o consejero regional, las causales de cesación establecidas en las respectivas leyes orgánicas en cuanto al ejercicio del cargo no son iguales que las aplicables cuando se está buscando llegar a este.
Por consiguiente, se requiere cierta especificidad. No se trata de que la infracción sea más o menos grave en términos absolutos, sino de que el Senado considera que existe una particularidad y que ella debe consagrarse a nivel constitucional.
Eso nos llevó en la Comisión a aprobar en particular estas normas, pues tienen aquella condición especial, de la que carecen las otras causales.
Vuelvo a decir: las causales del artículo 60 de la Carta y las de las leyes orgánicas constitucionales pertinentes se completan en el ejercicio del cargo; estas otras, antes de ejercerlo.
Por lo tanto, es absolutamente injustificable no considerar en este proyecto el cargo de Presidente de la República. Porque si alguien llega a este cargo tras cometer las ya referidas infracciones graves en su condición de ciudadano candidato, debe recibir un tratamiento particular. De lo contrario, a no dudarlo, se va a generar una crisis política mayúscula.
Una persona que accede a la Primera Magistratura, el cargo más importante del país, luego de incurrir en las infracciones en comento debe ser sancionada. Porque ni siquiera se la puede acusar constitucionalmente, ya que las causales para este efecto se vinculan con el ejercicio del cargo y no con actos cometidos antes de ocuparlo.
Señora Presidenta, creo que este proyecto avanza en la línea correcta. Pero, sin duda, le falta un elemento central de la mayor importancia. Como se encuentra, puede dar pie a una discusión política incomprensible por la ciudadanía, que se preguntará por qué estamos dejando afuera a quienes postulan a ser Presidente de la República.
Es factible que un candidato a la Primera Magistratura cometa las mismas infracciones en que pueden incurrir quienes postulan a los cargos a que nos estamos refiriendo. Entonces, debe recibir por ello igual sanción.
La única manera de evitar crisis políticas es que si quien ejerce el cargo de Presidente de la República es acusado por el Consejo Directivo de SERVEL ante el TRICEL pueda defenderse utilizando los mecanismos judiciales existentes para probar que no cometió la infracción en comento. De no permitirse eso, el conflicto no tendrá salida. Y cuando los conflictos no tienen salida, las crisis que sufren los países son extraordinariamente graves.
Por lo expuesto, voy a votar favorablemente tanto lo que aprobé en la Comisión cuanto la indicación que renovó el Senador Prokurica para incluir al Presidente de la República entre las autoridades a las que se puede cesar en el cargo en las condiciones que establece este proyecto de reforma constitucional.

La señora MUÑOZ.- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, ya analizamos los aspectos centrales de esta reforma durante la discusión general.
Sin embargo, debo manifestar mi sorpresa y, a decir verdad, mi desconcierto ante la circunstancia de que no se haya incorporado al Presidente de la República como autoridad a la que, por haber cometido durante su campaña infracciones graves en materia de transparencia y probidad, se puede sancionar de la misma manera que a las demás autoridades a que se refiere este proyecto.
Un modesto concejal que comete graves infracciones en la transparencia del financiamiento de su campaña va a cesar en su cargo. Sin embargo, si la más alta autoridad, quien tiene la mayor responsabilidad política del país, hace lo mismo, cuenta con un "pasaporte": no incurre en responsabilidades sancionables.
Quiero decirles a mis Honorables colegas que mientras más alta es la autoridad, más alta es su responsabilidad. ¡Por lo tanto, considero inaceptable, impresentable ante el país, que excluyamos al Presidente de la República de la disposición!
Es más -y deseo ser bien franco-, no creo que pudiéramos aprobar la reforma sin incluirlo. El Senador que habla, por lo menos, invita a todos aquellos que participan de la necesidad de incorporarlo a no votar las demás indicaciones mientras no exista el compromiso de contemplar también al Jefe del Estado -estamos pensando en el futuro, sin algún efecto hacia atrás o respecto de alguien, y en cómo será la institucionalidad-, con las mismas sanciones.
A mi juicio, si todas las otras autoridades perdieran el cargo por cometer la infracción, ¿qué capacidad para desempeñarse en el Gobierno tendría un Primer Mandatario respecto de quien se acreditase la denuncia de haber infringido gravemente las normas sobre financiamiento de una campaña?
¿Con qué legitimidad va a seguir desenvolviéndose en el ejercicio de sus funciones? Estimo que con ninguna. Y lo que vamos a tener será un muerto caminando en vida, es decir, alguien completamente deslegitimado, pero que continuará en su puesto ante la imposibilidad de renunciar.
Juzgo que tenemos que expresarle a la opinión pública que hemos situado a todas las autoridades electas en el mismo rango, particularmente a aquellas con más responsabilidades políticas, como el Presidente de la República. No estimo justo ni admisible acoger una disposición que lo excluya. Me parece que la medida francamente contradiría el espíritu con que se desarrolla la agenda de transparencia y probidad.
Les pido a mis Honorables colegas que comparten la idea ponernos de acuerdo para exigir la incorporación a que he hecho referencia. Y la manera de hacerlo es anunciando que no vamos a votar las demás disposiciones si no se cumple tal condición. Es la única forma de ser coherentes ante la ciudadanía.
No cabe incluir a una serie de autoridades y privilegiar a otra. ¡Resulta que en este último caso se encontraría la más alta en el país!
En consecuencia, espero que exista esa comprensión del asunto, pues entiendo que ello se discutió en la Comisión y no fue aprobado. Opino que esto no es correcto ni admisible.
Así que someto la idea a discusión.
Por eso es que no quería que se votara con anterioridad, ya que me parecía demasiado grave que el Senado excluyera al Primer Mandatario de ser sancionado el día de mañana con la destitución del cargo si llegase a ocuparlo en forma fraudulenta. ¡Eso no es aceptable!
Finalmente, solo me resta manifestar que ojalá los candidatos que no tengan éxito en las mismas series electorales sean también castigados en caso de infringir gravemente las normas de la campaña. No serían elegidos, pero igualmente habrían cometido un acto ilícito. Considero deseable que en la ley respectiva se contemple la sanción que corresponda.
He dicho.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Puede intervenir el Honorable señor Tuma.

El señor TUMA.- Señora Presidenta, el proyecto forma parte de la agenda pro transparencia y probidad impulsada por la Presidenta Bachelet y se recoge el trabajo realizado por el Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción.
Este tipo de iniciativas son claves para mejorar la legitimidad, la probidad y la transparencia en la política. La que nos ocupa tiene el objetivo de establecer la cesación en el cargo de Diputados, Senadores, alcaldes, consejeros regionales y concejales que hayan infringido en forma grave las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral.
A propósito de la observación de algunos colegas relativa a la excepción concerniente al Presidente de la República, conviene precisar que la Carta dispone claramente que una falta grave del Jefe del Estado motiva una acusación constitucional en la Cámara de Diputados. Y ahí se inicia un proceso establecido y regulado en cuanto a la pérdida del cargo.
Me parece, con relación a lo que ocurre en el resto de los países, que no podemos hacer una salvedad. La legislación comparada en ningún caso contempla la destitución si no es través de un juicio político. El cargo de Presidente de la República no forma parte de un colectivo: es unipersonal. Por eso es que la Ley Fundamental determina las normas conforme a las cuales es posible aplicarle dicho procedimiento.
En el momento en que el Tribunal Calificador de Elecciones declare en una sentencia, respecto de parlamentarios, que se ha cometido una infracción grave a las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral, el Diputado o Senador involucrado no podrá optar a ninguna función o empleo público, sea o no de elección popular, por tres años. Ello marca la diferencia con los cinco años para aquel que participe en propugnar la violencia o con los dos años para aquel que incite a la alteración del orden público. Por eso se estableció una media de tres años.
Nuestro país merece y demanda una mejor democracia. De ahí que respaldemos las medidas que apunten a asegurar que toda acción reñida con la probidad y la transparencia sea sancionada con severidad. La trampa, los atajos, los aportes reservados y toda práctica que comprometa la transparencia en la política deben ser desterrados, al quebrantar la confianza de los ciudadanos y erosionar el sistema político y las instituciones.
Debemos elevar los estándares. Por eso, resultaba necesario precisar la tipificación de las infracciones, particularmente de aquellas que son graves y que importan la pérdida del cargo.
Se ha dicho que esta es una norma que duele. La justicia nunca duele y la sanción a quien hace trampa tampoco. Lo único que puede doler es el desprestigio de la política, del espacio público, que deja supeditado el interés general a los grupos de presión y, finalmente, a quienes desean mantener los privilegios, esto es, nada más contrario a la democracia, al Estado de Derecho y a una república.
Apruebo el proyecto, porque dispone sanciones ejemplares. Las autoridades que resulten elegidas habiendo infringido las reglas del juego democrático son ilegítimas y se hallan impedidas de ejercer las funciones propias del cargo público.
Lo apoyo por esperar que permitirá una mayor competencia. En mi trayectoria política he conocido la derrota y el triunfo, y creo que la competencia sana, transparente, cívica y en igualdad de condiciones fortalece la democracia.
Gracias.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra al Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, participé en la discusión de la iniciativa de reforma constitucional en la Comisión Especial encargada de conocer proyectos relativos a probidad y transparencia, y concurrí con mi voto a aprobar las normas que hoy día se proponen a la Sala.
Quisiera simplemente referirme al hecho de que el cargo de Presidente de la República está quedando sin la misma sanción.
En realidad, en el órgano técnico hubo bastante consenso en que la Primera Magistratura debe enfrentar igual consecuencia cuando se compruebe que ha incurrido en graves faltas en lo atinente a los límites del gasto electoral y al financiamiento de las campañas.
Lo que dijo, en su momento, la señora Subsecretaria General de la Presidencia, quien participó con nosotros en varias sesiones -creo que en todas, en realidad-, es que ello ameritaría un proyecto especial, nuevo, distinto.
A mi juicio, lo importante es que hay conciencia de que es preciso considerarlo. Y, por lo tanto, a mí me hacen mucho sentido y fuerza lo que ha planteado con claridad mi Honorable colega Larraín en el sentido de que debiéramos contar con el compromiso del Ministro Secretario General de la Presidencia de ingresar en los próximos días una iniciativa tendiente a sancionar estas graves prácticas, por supuesto que en armonía con otras normas constitucionales.
El Senador señor Tuma decía recién: "El Primer Mandatario puede ser objeto de un juicio político".
El Jefe del Estado también puede renunciar, lo que hasta el momento los parlamentarios, salvo por razones de enfermedad debidamente calificadas por el Tribunal Constitucional, no podemos hacer.
Mas hagamos el siguiente ejercicio: si se descubre que un Presidente de la República ha infringido gravemente las normas sobre límites y control del gasto electoral, pero este dispone de las mayorías parlamentarias para impedir el juicio político, para lograr el rechazo de una acusación constitucional en su contra, ¿en qué queda la estabilidad del país? ¿En qué queda la estabilidad de la democracia? Sería un Primer Mandatario profundamente cuestionado.
Entonces, creo que tenemos que ser capaces hoy día de visualizar ese tipo de casos, que ojalá no ocurran nunca en nuestro país. Pero si llegaran a presentarse, ¿cuál es la salida institucional? Es necesario que ello se encuentre previamente establecido en nuestro ordenamiento constitucional, pues esta es la manera de precaver conflictos, de evitar situaciones de hecho en que las soluciones no estén claras.
En la Comisión Especial encargada de conocer proyectos de probidad y transparencia hubo bastante consenso respecto de que, cuando se compruebe la infracción grave de las normas sobre límites y control del gasto electoral, la sanción se debe extender al caso del Presidente de la República en la misma forma como un modesto concejal de una comuna muy pequeña puede perder el cargo. ¿Cómo no exigirle lo mismo a quien ejerce la Primera Magistratura de la Nación cuando se descubre un hecho de esa naturaleza y gravedad?
Más aún, todos tenemos que reconocer que este último le generaría al país no solo un tremendo perjuicio, al no estar contemplada en nuestra Constitución la manera de salir de ello, sino también una grave inestabilidad política. Hoy día tenemos que ser capaces de preverla y también de legislar para incorporar a la Carta una norma que señale claramente el camino frente a una situación tan grave como la que he expuesto.
Gracias.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Puede intervenir el Honorable señor Guillier.

El señor GUILLIER.- Señora Presidenta, el proyecto se halla, obviamente, dentro de los compromisos que asumimos frente al país ante la necesidad de entrar a aclarar, en virtud de disposiciones legales, infracciones que por desgracia han ocurrido y que han introducido un factor de descrédito para los parlamentarios y las autoridades elegidas. Por lo tanto, la normativa se justifica en forma plena.
Ahora, entrando directamente en materia, creo que todavía hay necesidad de precisar la característica que la falta debería presentar para la pérdida del cargo. Sería una infracción grave de las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral, motivo más que suficiente para disponer una cesación.
Al respecto, es preciso reconocer la enorme dificultad de establecer mediante una investigación qué entendemos por gasto electoral y cómo medirlo. Corremos el riesgo de introducir sanciones que después, en la práctica, va a ser difícil probar.
En seguida, se requiere hacer referencia a los aportes que se reciban de manera ilegal. Creo que así se recogería lo expresado por el Senador señor Prokurica. No se trata solo de los provenientes de una empresa privada, sino asimismo, según entiendo, de una empresa pública, o bien, de cualquier otro mecanismo de financiamiento irregular.
Reconozco la dificultad de ello, porque la cuestión implica un proceso investigativo. Habría que ver si el Servicio Electoral, por sí mismo, se halla en condiciones de hacer ese tipo de indagación para poder llegar a establecer en qué momento el gasto ha excedido de manera grave las normas de control, o bien, la transparencia, en términos de los aportes que reciban instituciones, empresas u organizaciones que lo tengan prohibido. Se plantea, en consecuencia, una natural complicación, y eso mismo hace necesario definir con mucha claridad el punto en una ley particular.
Por otro lado, de sancionarse con la cesación en el cargo, conviene tener más o menos claro quién será el reemplazante, ante la premisa de que una Región no puede quedar sin representación.
Tampoco puede tratarse de una mera sustitución, porque, en el fondo, no significaría una sanción, sino un cambio en relación con la misma colectividad política.
Ahí hay un asunto que nos ha costado discutir: cuál sería el mejor remplazante, de manera que sea representante legítimo de la ciudadanía, y la aplicación de un castigo, porque, ante un candidato poco acucioso o poco transparente o que desbordó los límites del gasto, podría finalmente premiarse al partido que se lo toleró.
Respecto al Presidente de la República, todos hemos tenido la debida consideración de la extremada complejidad de investigar un financiamiento ilegal o un exceso de gasto.
Además, podría pasar un tiempo significativo desde que tiene lugar el hecho, se descubre y denuncia, y se investiga y falla, y darse la situación de un Primer Mandatario que ya se encuentra empoderado en el cargo, de manera que destituirlo significaría una inestabilidad muy grande, sobre todo por la precariedad de los procesos investigativos que llevarían a la aplicación de la norma.
Eso es lo que nos llevó más bien a pensar que este procedimiento tiene que seguir siendo distinto.
De todas maneras, es una decisión finalmente más política, por lo creo que debe ser de competencia del Senado.
En cuanto al impedimento de tres años para ejercer un empleo público, sea o no de elección popular, ello me parece positivo, porque evita que una persona sancionada pueda desempeñar otra función influyente. Un Senador que se vaya a trabajar a la Contraloría o al Servicio de Impuestos Internos o que oficie de alcalde obviamente daría lugar a un contrasentido con las disposiciones legales.
Estimo, adicionalmente, que existe una proporcionalidad, puesto que la acusación constitucional da lugar a un impedimento de cinco años y otras normas de la Carta contemplan otro de dos años, de modo que se establece un buen punto límite.
Un aspecto que también queda por trabajar un poco más es la segunda instancia. El Tribunal Calificador de Elecciones es el que decidiría. Naturalmente, cabría potenciar el servicio, que hoy día no se halla en condiciones de hacerlo. Y sería necesario preguntarse si debe existir un segundo tribunal para recibir las apelaciones.
Creo que una serie de puntos todavía se pueden mejorar en particular; pero, en todo caso, el proyecto va en la dirección que todos compartimos.
Muchas gracias.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, se ha argumentado suficientemente sobre la iniciativa.
Estamos de acuerdo con su contenido. Va en la línea de una sanción efectiva a parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales y concejales en el caso de infracciones a las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral.
Un aspecto previo que me parece importante consignar es que en la Comisión de Constitución comenzamos a ver hoy día el proyecto de ley que otorga autonomía constitucional al Servicio Electoral, habiéndose votado en general, y esperamos que el próximo martes sea tratado en la Sala. Este es un paso fundamental para disponer del correlato de la instancia que va a supervisar, a controlar, a fiscalizar los gastos electorales.
Por eso, precisamente, en el inciso séptimo, nuevo, que ahora se intercala en el artículo 60 de la Constitución, se expresa que la sentencia dictada por el Tribunal Calificador de Elecciones, a requerimiento del Consejo Directivo del SERVEL, será la que permita destituir al parlamentario, alcalde, concejal o consejero regional que infrinja las disposiciones sobre transparencia, límites y control del gasto electoral.
Ahora, yo haría una prevención -el Ministro Eyzaguirre se encuentra presente en la Sala- para que, en caso de aprobarse el proyecto de ley, en actual tramitación, sobre elección directa de los intendentes, se incorpore también a estos en la modificación que estamos haciendo.
En mi concepto, es importante que se aplique la misma sanción a todas las autoridades electas por sufragio popular, con las inhabilidades correspondientes.
Sobre el particular, considero del caso hacer reflexiones.
En primer lugar, ¿qué ocurre con el remplazo de las autoridades sancionadas?
En el caso de los parlamentarios, creo que, tratándose de la vacancia del cargo, sería necesario -y me parece que el Ejecutivo podría consignarlo- reponer la institución de la elección complementaria.
No es admisible que, como sucede hoy, el remplazo de un parlamentario que cesa en su cargo -por ejemplo (y lo hemos visto), para emigrar al Ejecutivo- quede entregado simplemente a la nominación de una persona por la directiva de su partido o al resultado de una primaria convencional.
Claramente, según este mecanismo, la provisión del cargo vacante queda capturada por la voluntad de la misma colectividad política del parlamentario que emigró al Gobierno o que perdió su escaño por una infracción como la que establece la ley en proyecto.
Por eso, señor Ministro Eyzaguirre, considero indispensable que se consigne la realización de una elección complementaria como norma fundamental y, a los efectos ya indicados, que se incluya la figura del intendente en tanto en cuanto sea elegido democráticamente, según lo determine la iniciativa a que me referí, que esperamos siga tramitándose.
Pienso que, en tal sentido, no hay discusión, pues le estamos dando consagración constitucional al principio en comento.
Sin embargo, lo que ha hecho ruido es la posición de los Senadores de la Alianza en el sentido de incluir al Presidente de la República entre las autoridades que podrían estar afectas a la ley en proyecto.
En esa línea, quiero recalcar, aparte de que la legislación comparada no consigna aquello, que en la Carta vigente ya tenemos considerada dicha situación.
En efecto, el artículo 52 establece expresamente que "Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados:
"2) Declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de diez ni más de veinte de sus miembros formulen en contra de las siguientes personas:
"a) Del Presidente de la República, por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes. Esta acusación podrá interponerse" -obviamente- "mientras el Presidente esté en funciones y en los seis meses siguientes a su expiración en el cargo.".
Claramente, ahí se contempla la referida situación particular.
A mayor abundamiento, en el artículo 53 se dispone que "Son atribuciones exclusivas del Senado:
"1) Conocer de las acusaciones que la Cámara de Diputados entable con arreglo al artículo anterior.
"El Senado resolverá como jurado y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa.
"La declaración de culpabilidad deberá ser pronunciada por los dos tercios de los senadores en ejercicio cuando se trate de una acusación en contra del Presidente de la República, y por la mayoría de los senadores en ejercicio en los demás casos.".
Ahí queda de manifiesto el señalamiento de la acusación constitucional en el caso del Primer Mandatario.
Ese es el tratamiento especial que se da en contra de dicha autoridad y no la destitución o cesación en el cargo como ocurre con el resto de las autoridades electas.
Tal es la tradición en Chile. Y lo mismo ocurre en la legislación comparada.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, el debate sobre esta materia siempre es muy interesante, muy rico en argumentos. Y, sin duda, considerando el momento que vive nuestro país en términos de la credibilidad, de la confianza en el funcionamiento de la institucionalidad pública, es bueno entregar señales claras y potentes en el sentido de que con estos proyectos estamos buscando fortalecer nuestro sistema democrático.
Ahora, la manera de hacerlo es implementando la Agenda para la Transparencia y la Probidad, dentro de la cual se halla esta iniciativa, que establece la cesación en los cargos de autoridades elegidas popularmente -parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales y concejales- por la causal que se explicita.
Me parece que la sanción de pérdida del cargo por infringir gravemente -según dice el texto de la disposición pertinente- las normas sobre gasto electoral -irregularidades en la rendición, exceso en el límite permitido- es correcta, dura, inhibidora de conductas reñidas con las disposiciones vigentes. De eso no cabe ninguna duda.
Nosotros, por supuesto, vamos a votar a favor esta modificación de la Carta.
Para aprobar esta reforma constitucional se requieren los votos conformes de tres quintas partes de los Senadores en ejercicio.
Por eso, más allá de la argumentación dada, me preocupa lo planteado por el Senador Larraín en el sentido de que, si no se incluye al Presidente de la República, ellos no aprobarán ninguna disposición. Así, no se estaría acogiendo esta iniciativa y la señal política que le daríamos a la comunidad sería de las peores.
Porque, claramente, como se ha dicho acá -fue parte del debate habido en la Comisión, por lo que me explicó su Presidente-, se entiende que en el caso del Presidente de la República, si infringe gravemente la Constitución o las leyes -por ejemplo, si en una campaña contraviene las normas sobre gasto electoral-, lo que corresponde, según lo establece la Carta Fundamental, es el juicio político.
Seamos claros al respecto.
El requerimiento del SERVEL ante el Tribunal Electoral para que cese en el cargo alguna de las autoridades mencionadas se formula con posterioridad a su elección, cuando ya se está ejerciendo.
En el caso del Presidente de la República, lo que corresponde es el juicio político. O sea, debe haber una acusación constitucional en que la Cámara plantee, en este caso, que dicha autoridad, por distintas razones, infringió gravemente la Ley Electoral, lo cual conlleva la cesación en el cargo.
Por consiguiente, aquí no hay un privilegio, ni se está permitiendo la impunidad, ni se coloca al Primer Mandatario como figura ajena al ordenamiento o que puede hacer lo que se le ocurra. O sea, a los candidatos a la Primera Magistratura no les sería factible hacer lo que quisieran por el simple hecho de no hallarse incluido el Presidente de la República en esta reforma constitucional, que sanciona con cesación en el cargo a autoridades que durante la campaña cometan infracciones graves a las normas sobre financiamiento electoral.
El juicio político está previsto para cualquier Presidente de la República que infrinja gravemente la Constitución o las leyes.

El señor COLOMA.- ¡En este caso no se puede!

El señor PIZARRO.- El juicio político lo inicia la Cámara, y después el Senado actúa como jurado.
Entonces, me parece extraordinariamente grave la señal que está dando el Presidente de la UDI, porque en el fondo dice: "Si no se incluye al Primer Mandatario, nosotros vamos a rechazar el proyecto". O sea, en el fondo, está expresando: "No queremos que haya cesación en el cargo ni para los parlamentarios, ni para los alcaldes, ni para los concejales, ni para los consejeros regionales".
Entiendo que esa no es la idea. Pero la opinión pública, que tiene sensibilidad, y los medios de comunicación, que seguramente no van a seguir este debate y se quedarán con la idea de que se rechazó el proyecto, van a decir: "Los Senadores y los Diputados no quieren establecer sanciones que los afectan a ellos y están buscando este subterfugio".
Señora Presidenta, considero sumamente interesante el debate, pero debemos buscar una fórmula que genere esas sanciones; que entregue señales para impedir que se infrinjan las normas electorales; que inhiba a los partidos y a los candidatos de ir más allá de lo que la ley les permite, y, por cierto, que no establezca privilegios de ningún tipo para nadie.
La persona que ejerce el cargo de Presidente de la República está sometida a disposiciones especiales, establecidas en la Constitución, conforme a las cuales puede ser objeto de un juicio político.
Si las infracciones son graves y existe convencimiento de que las cometió, la Cámara de Diputados tendrá que acusar constitucionalmente al Primer Mandatario y el Senado resolverá como jurado.
Les pido a los parlamentarios de la UDI que despachemos este proyecto, pues además tenemos límites de tiempo para sacar adelante la Agenda para la Transparencia y la Probidad.
He dicho.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar para un asunto reglamentario. Después intervendrá el señor Ministro.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, lo que sucede es que una discusión que debería haber sido en particular la hemos transformado en una en general. Y se han dado argumentos en un sentido y en otro, los que deben ser considerados.
En lo personal, sin perjuicio de lo que pueda señalar el Ministro, a quien, por intermedio de la Mesa, le pido que nos libere de la "discusión inmediata", propongo que, una vez escuchados todos los argumentos, este proyecto vuelva a la Comisión al objeto de que nos señale una solución, una salida para el caso del Presidente de la República electo que enfrente situaciones como las que se plantean.
Porque, como dijo el Senador Pizarro, no podemos aparecer hoy ante la opinión pública, por este tipo de contradicciones, sin aprobar esta iniciativa. Eso sería dramático e inconveniente.
Entonces, primero, con la venia de la Mesa, yo le pediría al Ministro, sin perjuicio de escuchar lo que deba decir sobre el particular, que retirara la urgencia.
En seguida, sugiero volver este proyecto a la Comisión o que sigamos su análisis en otra sesión, a la que podamos venir preparados con una fórmula para resolver esta materia.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Lo que señala Su Señoría solo es posible si el Ejecutivo retira la urgencia.
Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor EYZAGUIRRE (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Señora Presidenta, encuentro de verdad enojosa esta situación, habida cuenta de que en todo lo relacionado con la transparencia hemos trabajado de manera muy transversal.
Lo cierto es que no se trata de un asunto ideológico, sino de un problema republicano, de país, en el que no hemos tenido ni un "sí" ni un "no" y estamos tratando de hacer lo mejor en pro de nuestra democracia y para prestigiar la política.
Como Sus Señorías saben, la determinación de qué constituye un delito grave será debatida en el marco del proyecto sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia, que trata lo relativo al financiamiento de las campañas. Y en esa oportunidad tendremos amplias posibilidades para cerciorarnos de que la pérdida del cargo se ajuste a Derecho, al debido proceso, etcétera.
La ausencia en este proyecto de reforma constitucional de la pérdida del cargo para el Presidente de la República obedece, en general, a que no es una buena forma analítica de aproximar los problemas el pretender la total simetría entre objetos distintos.
Un animal puede tener los pies mucho más grandes que los de otro. Y ello, porque son animales distintos.
No podemos, entonces, aplicar la misma regla, independiente de la posición de las diversas autoridades.
Me parece que Sus Señorías tienen toda la razón cuando dicen que la infracción grave de los límites del gasto electoral debiera generalizarse. Pero ello no puede hacerse a través de los mismos procedimientos, pues, sin duda alguna, en nuestro orden constitucional el Presidente de la República juega un papel diferente en la estabilidad, en la conformación republicana, por importante que sea el rol de los parlamentarios.
Les ruego, pues, que no nos precipiten a llevar a cabo de inmediato una discusión que estamos superabiertos a realizar.
Ahora, Sus Señorías me podrán decir: "Demos una semana más, sobre la base de que el Gobierno retire la urgencia".
Tampoco quisiera poner sobre mi cabeza la espada de Damócles en cuanto a que en una semana tendremos claro un procedimiento para destituir a la autoridad que nos da sentido como nación: el Presidente de la República, quien tiene majestad como tal.
Sí, nos comprometemos absolutamente -porque todos queremos la probidad- a realizar un debate en serio acerca de esa materia y a llegar a un consenso en cuanto a cómo una eventual transgresión severa a las normas sobre gasto electoral podría dar lugar a un procedimiento que incluyera al Presidente de la República.
Pero si postergamos la discusión de este proyecto -y discúlpenme que me extienda-, ¿cuál será la señal? Los enemigos de todos quienes estamos acá van a decir: "Buscaron una coartada para no votar sobre la pérdida de sus propios cargos". Y ello sería un pésimo indicio en un momento de tanta fragilidad en la apreciación de la política.
Entonces, si a aquellos que no están convencidos de la asimetría derivada de no incluir al Primer Mandatario les parece, yo, en la historia fidedigna de la ley, me comprometo como Ministro Secretario General de la Presidencia a poner la mayor voluntad política para que busquemos un procedimiento que a todos nos satisfaga en cuanto a las sanciones aplicables ante un eventual fraude en materia de gasto electoral cometido por quien resulte elegido Presidente la República.
No mezclemos a matacaballo dos materias de naturaleza tan distinta en un debate tan simple como el que nos plantea esta modificación constitucional.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker, para una cuestión de Reglamento.

El señor WALKER (don Ignacio).- Señora Presidenta, con relación a la propuesta reglamentaria que hizo el Senador Zaldívar, y entendiendo perfectamente su motivación, yo simplemente quiero dejar constancia de que en la Comisión sí se debatió latamente esta materia, y muy bien, en el sentido de que hay argumentos a favor y argumentos en contra.
Por lo tanto, no se trata de que a la Comisión se le pasó -por así decirlo- la discusión de este tema o de que él quedó sin resolución.
Entonces, ¿cuál es la situación reglamentaria? Que sería un tanto impresentable que este proyecto, que aborda una materia que ha sido emblemática en todo el debate público y que llega al extremo de establecer la cesación en el cargo respecto de autoridades elegidas por sufragio popular, por el hecho de existir una legítima diferencia en cuanto a la inclusión del Presidente de la República, la que en la Comisión fue zanjada mediante una votación de mayoría (3 votos contra 2), debiera volver a dicho órgano técnico, que ya se pronunció en forma unánime ante la necesidad de introducir esta reforma constitucional, para repetir un debate que ya se hizo.
En otras palabras, mi propuesta reglamentaria es la siguiente: que los señores Senadores que legítimamente (porque este tema es debatible) estén por incluir al Presidente de la República en esta modificación constitucional voten a favor de la indicación correspondiente -esa es la cuestión reglamentaria-, pero que ello no comprometa la unanimidad alcanzada en la Comisión y que ha existido en el debate público por parte de todos los parlamentarios (no conozco Diputado o Senador que no se haya manifestado en favor de esta reforma).
En síntesis, con respecto al planteamiento del Senador Larraín y a la propuesta reglamentaria del colega Zaldívar, sugiero, más que volver este proyecto a la Comisión, donde -reitero- se discutió latamente, que quien esté por incluir al Primer Mandatario vote favorablemente la indicación renovada que plantea esto.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Estamos dándonos vuelta en lo mismo.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¡Sigamos!

El señor QUINTANA.- ¡Sí!

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Como al parecer el señor Ministro no está en disposición de retirar la urgencia, proseguiremos la discusión y votaremos las indicaciones en su momento.
Tiene la palabra el Senador señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señora Presidenta, la discusión a la que hemos derivado en los últimos minutos a raíz de la intervención del Presidente de la Unión Demócrata Independiente es lo más parecido a transformar en derrota algo que podría ser un triunfo de la democracia, de una mejor calidad de la política -como señaló la Presidenta hoy en El Salvador-, de las instituciones.
Y diluimos el debate.
Considero bueno el llamado que realizó el colega Zaldívar a que la UDI reflexione sobre el planteamiento del Senador Larraín.
No es conveniente un bloqueo legislativo a una iniciativa sobre una materia tan sensible como esta, que el país está mirando. Porque cuando Eduardo Engel y la Comisión que presidió por encargo de la Presidenta Bachelet plantearon sus propuestas -al igual que muchos ciudadanos de nuestro país-, todos los sectores dijimos que se debían incluir en la Agenda para la Transparencia y la Probidad medidas como las que ahora se proponen. Y esta, claramente, es una de las que más duele.
Entonces, al final, uno se puede poner mal al pensar en esta discusión y suponer que, tras el intento de incorporar la figura presidencial, más bien lo que se busca es que se caiga este proyecto para que no tengamos cesación en el cargo.
Por eso, quiero destacar lo que decía el Presidente de la Comisión Especial Encargada de Conocer Proyectos de Probidad y Transparencia, el Senador señor Ignacio Walker, en cuanto a que esto fue largamente debatido -lo mencionaba también el Senador Harboe- y se aprobó por unanimidad en aquella.
Entiendo que incluso estuvieron revisando legislación comparada -nuestras Cartas Fundamentales, desde la de 1928 en adelante, y otras diez de otros países-, donde la situación finalmente se resuelve de la misma manera como se plantea acá. O sea, no puede ocurrir que un órgano administrativo, léase el Consejo Directivo del Servicio Electoral, sea finalmente el que termine generando una inestabilidad política institucional en el país.
¡Aquí no estamos inventando la rueda!
Estas discusiones ya se han hecho.
Por eso, llama la atención que ciertos sectores, que uno podría situar en el ámbito portaliano-presidencialista, hoy cuestionen la figura presidencial.
Creo que el Ministro Eyzaguirre ha hecho bien en mantener este debate. Y el país tendrá que juzgar quiénes realmente desean que se incorpore la pérdida del escaño y quiénes están por mantener la situación, el statu quo, tal como existe hoy.
Aquí ha habido una discusión bastante rica (es cosa de mirar el informe). Porque esta iniciativa originalmente partió de manera bastante débil y se recogieron proposiciones de distintos señores Senadores. Primero se modificó el artículo 125; luego, el 60 y, finalmente, se agregaron otras causales de cesación en el cargo de Diputados y Senadores. Pero, además -como se ha dicho-, se incorporó a los consejeros regionales, a los concejales, a los alcaldes. Es decir, a cualquiera que transgreda la ley.
¿Por qué no está aquí -y lo decía el Senador De Urresti, hace unos minutos- la figura del Presidente de la República?
En primer lugar, recordemos que, a diferencia de cualquiera de nosotros, el Presidente de la República carece de fuero. Cuenta -por así decirlo- con una ventaja procesal: declarar por oficio.
¡Declarar por oficio! Esa es la ventaja procesal del Primer Mandatario.
Hoy, ante cualquier contravención del candidato presidencial que sea, se puede presentar una querella u otra acción.
De verdad, siento que estamos llevando esta discusión a un punto complejo.
Alguien decía: "¿Y los medios de comunicación?". Bueno, los medios de comunicación tendrán que hacer el escrutinio que corresponde y ver quiénes están por avanzar en lo relativo a la pérdida del escaño y quiénes claramente están por la línea del subterfugio.
Estamos alterando principios básicos de la soberanía, que reside en el pueblo, que elige determinados órganos y que establece el juicio político: la acusación constitucional para la cesación en el cargo del Presidente de la República. No puede ocurrir que un órgano administrativo, el Consejo Directivo del SERVEL -reitero-, termine generando un clima de inestabilidad política.
Eso sería hacerle un flaco favor a la democracia, al fortalecimiento de las instituciones.
Por lo tanto, señora Presidenta, esto es una buena noticia y tenemos que permitir que se selle como tal: en este Senado, después de cien días de lanzada esta Agenda -donde no tenemos muchos proyectos aprobados-, estamos dando un paso, al acordar una de las iniciativas que más duelen: la cesación en los cargos parlamentarios y en los otros de elección popular que se han señalado.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, la verdad es que mientras el Senado y los Gobiernos continúen parchando la nauseabunda Constitución del 80, que no cabe sino que sepultar, seguiremos teniendo este debate.
¡Seguimos parchándola!
Le quiero decir al Ministro que yo había establecido que no votaría a favor de ningún parche más a esta Carta Fundamental, porque se cae a pedazos.
Esta reforma es un nuevo parche más.
¡En el fondo toda la Constitución no sirve!
Hay que cambiarla desde abajo.
Quiero llamar su atención y decirles que el inciso cuarto del artículo 60, que estamos discutiendo, mantiene un hecho abominable por el cual fui objeto de una acusación ante el Tribunal Constitucional.
No sé si los Senadores han visto que aún figura en esta nefasta Constitución lo siguiente (inciso cuarto del artículo 60): "Cesará en su cargo el diputado o senador que actúe como abogado o mandatario en cualquier clase de juicio, que ejercite cualquier influencia ante las autoridades administrativas o judiciales en favor o representación del empleador o de los trabajadores" (...) "sean del sector público o privado...".
No quedaría ningún Senador en la Sala si aplicáramos ese artículo, que es letra muerta.
Agrega la norma: "... o que intervengan en ellos ante cualquiera de las partes. Igual sanción se aplicará al parlamentario que actúe o intervenga en actividades estudiantiles, cualquiera que sea la rama de la enseñanza, con el objeto de atentar contra su normal desenvolvimiento".
El inciso cuarto del artículo 60 carece absolutamente de vigencia. Así lo estableció el fallo del Tribunal Constitucional, por diez contra cero, cuando se intentó aplicarlo al Senador Alejandro Navarro.
¡Diez contra cero ganamos en el Tribunal Constitucional, y sigue vigente tal disposición!
Esta hubiera sido una buena ocasión para derogarla. Sin embargo, entiendo que vamos hacia una nueva Carta Fundamental, que no se va a lograr en el Gobierno de la Presidenta Bachelet.
¡No habrá nueva Constitución ni asamblea constituyente en este Gobierno!
Eso lo tengo más que claro. Y lo dijimos en 2014, en el primer año de la Presidenta Bachelet.
Por tanto, este parche, porque efectivamente el modelo está agotado, elude un tema de fondo. Yo soy partidario de que el Primer Mandatario quede sujeto al escrutinio, a que si su campaña fue financiada ilegalmente pierda el cargo.
¿Qué motivo habría para excluirlo? Se señala que existe el juicio político en la acusación constitucional. No obstante, la Carta indica que "es por los actos que hubiera ejercido en su mandato". Y un Presidente que es electo de manera ilícita, ilegal, no ejerce su mandato.
Por ende, la acusación constitucional establecida como mecanismo revocatorio del mandato del Presidente de la República no sirve para este caso.
Entonces, siento que tendría que haber un juicio político, pues no me parece prudente que aprobemos una norma que excluya al Presidente. O sea, este puede gastar lo que quiera: 30 millones de dólares, 40 millones de dólares, y comprarse el cargo. Puede cometer ilícitos y no va a tener sanción, va a continuar en él.
Por tanto, resulta claro que necesitamos una norma que establezca el procedimiento de igualdad ante la ley. ¿Por qué un Senador que viola la ley de financiamiento electoral ha de perder su cargo y no el Presidente de la República?
Comparto que el mecanismo adecuado no es el Tribunal Electoral. Debe existir en esta Constitución una fórmula adicional que permita determinar si la elección del Presidente de la República se hizo por medios lícitos o ilícitos.
Y, en tal sentido, quiero decir que debiéramos estar discutiendo el referéndum revocatorio, ¡el referéndum revocatorio!
Para los críticos de la democracia venezolana, para los críticos de la democracia ecuatoriana, para los críticos de la democracia boliviana, el referéndum revocatorio significa -no se atreven- que el que da el poder lo quita.
Si a la mitad del mandato la ciudadanía, el pueblo, reúne una firma más que los votos totales que llevaron al Presidente al poder, se revoca su mandato, pues lo ha hecho mal.
¡Referéndum revocatorio; contraloría ciudadana!
Eso lo vamos a discutir en la nueva Constitución, no ahora.
Yo soy partícipe de que debe estar incluido el Presidente de la República. El mecanismo del Tribunal Electoral no me parece el adecuado y le pido al Ministro, entonces, que lleguemos a un punto intermedio. Porque, cuando hacemos malas leyes, todos terminamos mal.
Está por terminar mi tiempo, señora Presidenta, ¿me concede un minuto adicional?

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Sí, señor Senador.

El señor NAVARRO.- Gracias.
La Nueva Mayoría va a intentar recomponerse y aprobar igual el proyecto de ley con los votos que tiene. No es el mejor mecanismo. Uno esperaría que esto fuera aprobado unánimemente por el Senado y no usar la mayoría. Porque creo que existe coincidencia en el tema de fondo: se busca privilegiar la figura de la monarquía presidencial. Sin embargo, creo que este se elude.
¡Yo estoy hasta la coronilla de la figura de la monarquía presidencial!
Aquí hay defensores, al igual que en la vieja oligarquía monárquica española, que todavía gustan de los salones, de los privilegios. No obstante, la democracia exige participación y el Presidente no puede quedar exento de ser cuestionado por la forma ilícita de ser electo.
El mecanismo propuesto en el artículo en cuestión no es el más adecuado. Debemos buscar uno que contribuya. Se mofaron el 2003 cuando propuse lo mismo: la pérdida del cargo.
Advertí de la debacle, pero no fui escuchado.
El señor COLOMA.- ¡Y no lo siguen escuchando...!

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Señora Presidenta, como una de las autoras de la moción que presentamos en forma transversal cinco Senadores y Senadoras en enero pasado, que se refundió con un mensaje del Ejecutivo, obviamente estoy a favor de este proyecto de reforma constitucional.
Me parece que una de las cosas más complejas que suceden es cuando hay representantes populares -en particular, parlamentarios- que ganan las elecciones con trampa.
Definitivamente, esto lo hacemos extensivo a cualquier representante popular. Por cierto, el día en que los intendentes sean electos mediante voto popular también serán debidamente incluidos.
Lo importante aquí es que, cuando hay un daño a la fe pública, es necesario revocar esa decisión soberana en el secreto de la urna. Porque, obviamente -reitero-, hay un daño a la fe pública y una vulneración de la Constitución que se juró o prometió defender y respetar.
Por lo tanto, estoy absolutamente de acuerdo con que una persona, sin importar la posición que ocupe -no estoy de acuerdo con la gente que habla de un modesto cargo de Concejal; porque yo lo ejercí, y debo decir que uno hace el cargo y no este a las personas: algunos ocupan puestos elevados, pero les quedan como poncho, y otros puestos pequeños o modestos y lo hacen muy bien-, sea Concejal, Alcalde, Senador o Diputado, debe poder ser removida de su cargo. Tengo una profunda convicción respecto a este punto.
Asimismo, pienso que aquella no debería ser reemplazada por alguien designado por un partido político, sino que electa por la ciudadanía a través de una elección complementaria -soy coautora de una de las iniciativas presentadas hace ya años para que se realicen elecciones complementarias-, porque de esa manera no se burlaría la decisión soberana.
Ahora bien, sí estimo interesante que todos los cargos de representación popular, incluido el de Presidente de la República, estén sometidos a este tipo de destitución. Porque, cuando se argumenta que un juicio político basta y es suficiente, recordemos que este procedimiento, por medio de las acusaciones constitucionales, se encuentra sometido al juego de las mayorías y las minorías. Y, en esos casos, los Senadores y Senadoras nos convertimos en jueces, mientras que la Cámara de Diputados ejerce constitucionalmente como parte acusadora.
Dicho lo anterior, anuncio que voy a votar a favor de la indicación que incorpora la figura del Presidente de la República. Porque pienso que todos los cargos deben estar sometidos por igual a las normas legales.
Desde tal punto de vista, estimo muy importante pronunciarnos hoy en particular sobre el proyecto para avanzar en la Agenda para la Transparencia y la Probidad, que es un compromiso del Congreso Nacional con el país.
He dicho.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- A continuación está inscrito el Honorable señor Espina. Pero antes quiero decir que, cuando concluya Su Señoría, vamos a efectuar una reunión de Comités. Así que hago un llamado a los jefes de bancada para que no se retiren de la Sala.
Puede intervenir, señor Senador.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, en verdad, no busco reafirmar lo que han dicho muchos oradores en el sentido de que esta disposición es fruto de la experiencia práctica.
Lamentablemente, se han descubierto mecanismos de financiamiento irregular en las campañas electorales. Para algunos, ciertos casos constituyen un delito, mientras que para otros, no. Pero el hecho es que existen mecanismos de financiamiento irregulares, para lo cual prácticamente no existe sanción y, cuando la hay, el plazo de prescripción es muy corto.
Entonces, la pregunta que uno se formula es si alguien que se costeó irregularmente su campaña habría ganado la elección con un financiamiento regular. Y ese punto lleva a que, finalmente, se establezca una norma que señala que si el Tribunal Electoral, producto de una investigación del Servicio Electoral, considera que hubo una infracción grave, destituya a la persona de que se trate del cargo.
El punto es qué pasa con el Presidente de la República.
Yo tengo una tesis distinta de la que aquí se ha planteado. Porque, a mi juicio, dejar en manos del Tribunal Electoral la destitución del Jefe de Estado, siendo la primera autoridad del país, podría prestarse para una demanda activa en su contra por razones políticas que lo tenga en cuestionamiento durante largo tiempo, porque todos estos procesos demoran años.
Y, aunque nos duela, el Presidente de la República es distinto de los parlamentarios.
Si el día de mañana es denunciado un Primer Mandatario por estos hechos y la investigación demora un año, estará cuestionado por todo ese tiempo.
En nuestra institucionalidad existe un mecanismo de destitución del Presidente de la República mediante una acusación constitucional. A diferencia de las demás autoridades, el Primer Mandatario puede ser acusado "por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes". Y para la declaración de culpabilidad se requiere el quórum de dos tercios de los Senadores en ejercicio.
¿Por qué se estableció ese quórum?
Precisamente, para que el Presidente de la República no pueda, el día de mañana, ser objeto de una acusación por razones políticas que lleven a una mayoría a destituirlo y a generar un cuadro de inestabilidad en el país.
Aún recuerdo la última acusación constitucional contra el entonces Ministro de Educación Harald Beyer, en la cual, en mi modesta opinión, no había causal alguna que permitiera su destitución.
De acuerdo a la experiencia, cuando se aprueban tales acusaciones constitucionales -por deformación profesional, trato de leerlas en detalle-, pocas veces importan las razones objetivas: hay una decisión política.
Eso me parece supergrave, porque rara vez se rechaza una acusación. Cuando la decisión política ya viene tomada de la Cámara de Diputados, acá se la aprueba y se inventan los argumentos, a mi modesto juicio.
Creo que la acusación contra el Ministro Harald Beyer fue de una injusticia enorme, sin ningún fundamento legal, sin ningún motivo verdaderamente. Pero ya había una decisión política tomada: echarlo del cargo. Así fue, desde mi modesta perspectiva.
Probablemente, en los casos anteriores sucedió lo mismo. Puede ser. Pero yo no compito. Esta es la teoría del empate. Aquí me estoy refiriendo a un procedimiento. Es posible que para algunos así fuera con la destitución de ese Secretario de Estado. Yo al menos trato de formarme mi punto de vista acerca de la situación. Es posible que en casos anteriores se haya aplicado exactamente el mismo criterio, que considero malo.
Entonces, quizás un mecanismo apropiado sería incluir, en esta hipótesis de financiamiento grave e irregular, una causal de acusación constitucional para el Presidente de la República. Y dejarlo de esa manera. Porque debería haber una norma explícita y con un quórum alto.
Alguien me dirá: ¿por qué en el caso del Primer Mandatario debe existir un quórum distinto de los demás?
No nos equivoquemos, no es lo mismo que un parlamentario, justa o injustamente -recalco: justa o injustamente, para que nadie se sienta aludido-, sea formalizado, a que lo sea el Presidente de Chile.
Es posible resolver el problema dejando como causal de acusación constitucional una grave infracción a las normas relativas al financiamiento de las campañas.
Sus Señorías comprenderán que, si el día de mañana se prueba la comisión de esa grave infracción, para una mayoría política que se resista a aceptar la acusación constitucional de un Presidente sorprendido en tal situación el costo político será enorme.
Pero, en mi opinión -soy presidencialista en esto-, debiéramos incorporar esa causal, pero con el quórum que establece la Carta Fundamental. De manera que si el Presidente de la República incurriera en esa infracción y se presentara la acusación el ganarla o perderla dependiera de la fuerza de la opinión pública.
Si hoy un Presidente de Chile fuera formalizado por un tribunal por financiamiento ilegal de su campaña, no sé cuánto resistiría en el ejercicio de su cargo. Entonces, es una decisión judicial.
Sin embargo, en este caso, eso igual le pasaría si lo formalizaran. Porque si es delito, esta disposición no alterará nada. Pero, si se trata de una infracción que no se considere delito tributario o penal, será suficiente con dejar sometido al Primer Mandatario a las disposiciones constitucionales relativas a la causal de destitución, con la exigencia de un quórum más alto, dada la naturaleza y la envergadura de su cargo.
Señor Presidente, ¿me concede treinta segundos más, porque quiero aclarar algo sobre el fuero?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Sí, señor Senador.

El señor ESPINA.- Gracias.
He escuchado muchas veces hablar respecto a esta materia, y les quiero pedir a mis distinguidos colegas que estudien un poquito más respecto al fuero. ¡Porque se dice cada barbaridad, que es una locura...!
En primer lugar, el fuero solo significa que, si a una persona afecta a él la acusan ante un juez de garantía, este no tome la decisión, sino tres Ministros de Corte de Apelaciones.
¡Esa es toda la diferencia!
Además, ello tiende a proteger al querellante, porque la influencia que puede ejercer la autoridad acusada probablemente es mayor sobre un juez de garantía que sobre la sala de dicho tribunal.
Entonces, el fuero no es impunidad, como se ha dicho.
Simplemente, implica -reitero- que la acusación de que es objeto la persona en un juicio penal es resuelta por tres magistrados de Corte de Apelaciones y no por un juez de garantía.
¡Esa es toda la diferencia!
Y efectivamente ello va en resguardo del querellante. Para él es mejor que tres Ministros se atrevan a fallar en contra de un parlamentario, pues un juez de garantía lo pensaría dos veces.
Hago la aclaración para dar a conocer en qué consiste el fuero parlamentario.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Cito a reunión de Comités.
Se suspende la sesión por diez minutos.
)----------(
--Se suspendió a las 19.
--Se reanudó a las 19:15.
)----------(

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Continúa la sesión.
Señoras Senadoras y señores Senadores, les ruego poner atención.
Con relación a las indicaciones renovadas por los Senadores señores Prokurica y Navarro; señoras Von Baer y Van Rysselberghe, y señores Horvath, García, Chahuán, Allamand, Coloma, García-Huidobro, Hernán Larraín y Pérez Varela, que buscan incluir la figura del Presidente de la República entre las normas que establecen las causales de cesación en el cargo, se ha hecho un planteamiento.
Lo manifestó, fundamentalmente, el Senador señor Espina y fue bastante acogido por todas las bancadas, y también por el Gobierno.
Se trata de analizar la posibilidad de incorporar, en el caso del Presidente de la República, las situaciones de infracción grave a la Ley Electoral en materia de transparencia, límites y control del gasto electoral dentro del capítulo de la Carta relacionado con la acusación constitucional, con el quórum de los dos tercios de los Senadores en ejercicio y todo lo que Sus Señorías saben.
En ese entendido, y con el compromiso del Ejecutivo de acoger el planteamiento de las bancadas, que presentarían una moción sobre el particular -el Gobierno pidió, obviamente, conocer su redacción-, los Senadores que formularon esas indicaciones han accedido a retirarlas, de modo tal de avanzar en la aprobación de esta reforma hoy.
Quedaría, pues, para otra instancia la reforma al Texto Fundamental para incluir, en la parte pertinente a la acusación constitucional, lo planteado respecto del Presidente de la República.
El Senador señor Espina nos ha pedido dejar constancia de que todo eso regirá hacia el futuro. Naturalmente, no hay ninguna situación particular que se quiera abordar en esa materia.
El señor Secretario nos va a indicar qué vamos a votar ahora.
Recuerdo que hay un compromiso en el sentido de no hacer uso de la palabra, con el objeto de poder avanzar. Les pido, por favor, que en eso seamos colaboradores.
Señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Lo primero sería entender que las referidas indicaciones renovadas -puedo leer los nombres de quienes las firman si es necesario- quedarían retiradas en virtud del acuerdo que se estaría tomando.
A raíz de eso, queda por resolver la votación separada que ha solicitado el Senador señor Coloma respecto a la letra b) del artículo único, que figura en la página 5 del texto comparado.
Después habrá que pronunciarse sobre el resto del artículo único, el cual puede cambiar según el resultado de la primera votación.

El señor COLOMA.- ¡No va a tener buen resultado para mí, señor Presidente...!

El señor LABBÉ (Secretario General).- Cabe recordar que dicha norma requiere quórum especial de aprobación.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Señor Secretario, le pido que lea la letra b), por favor.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La letra b) propone agregar en el artículo 125 de la Constitución Política el siguiente inciso segundo, nuevo: "Con todo, cesarán en sus cargos las autoridades mencionadas que hayan infringido gravemente las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral, desde la fecha que lo declare por sentencia firme el Tribunal Calificador de Elecciones, a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio Electoral. Una ley orgánica constitucional señalará los casos en que existe una infracción grave.".

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En votación la letra b) del artículo único.
--(Durante la votación).

El señor COLOMA.- ¿Puedo fundar mi posición brevemente, señor Presidente?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Sí, señor Senador.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, respecto de esta norma, simplemente deseo dejar constancia de mi posición en la historia de la ley.
Hago presente que yo no tengo problema con el fondo de esta disposición. A mí me parece bien. Pero me preocupa que a esto se le dé rango constitucional.
¿Por qué?
Todas las causales de cesación en el cargo de parlamentario están en la Carta Fundamental. ¡Está bien! Hay unas muy serias, como las relativas a la falta de probidad. Pero todas las causales de cesación en los cargos de alcalde, consejero regional y concejal están en sus respectivas leyes orgánicas. Y también se incluyen las que afectan la probidad, que son las más delicadas.
Entonces, pienso que lo lógico es incluir esta disposición en la ley orgánica pertinente y no en la Constitución.
Por eso no voy a votar a favor de esta letra.
Pero quiero dejar claro que me motiva un tema de rigurosidad constitucional, de técnica y no de mérito.
Gracias, señor Presidente.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba la letra b) del artículo único (25 votos a favor y 1 en contra), dejándose constancia de que se alcanzó el quórum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores Araya, Chahuán, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Navarro, Pérez Varela, Pizarro, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votó por la negativa el señor Coloma.


El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Finalmente, corresponde votar a continuación el resto del texto del artículo único propuesto por la Comisión Especial de Probidad y Transparencia, el cual, naturalmente, también requiere de 20 votos favorables para su aprobación.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En votación el resto del artículo único.
--(Durante la votación).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, sin duda apoyo esta propuesta legislativa que establece la cesación en el cargo de las autoridades que indica.
Solamente deseo recordar que esta misma discusión la tuvimos el 2003. Mi impresión es que el resultado en aquella oportunidad se debió a la circunstancia histórica. Tal vez, cuando hay crisis, cuando pasa algo tremendo, recién accedemos a la reflexión. El 2003 presenté una indicación en este mismo sentido junto con el entonces Diputado Montes. Pero, como en esa época el contexto histórico-político era otro y no había crisis, dicho planteamiento se rechazó.
Creo que cometimos un error, y hoy lo estamos corrigiendo.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
Voto a favor.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba el resto del artículo único (25 votos a favor), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional exigido, y queda despachado el proyecto en este trámite.
Votaron las señoras Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores Araya, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Navarro, Pérez Varela, Pizarro, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.

)----------(

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Señoras Senadoras y señores Senadores, les quiero recordar que el próximo martes trataremos la reforma laboral y, después, el proyecto de reforma constitucional que otorga autonomía al Servicio Electoral -esperamos que lo despache la Comisión de Constitución ese mismo día en la mañana-, hasta su total despacho. Así que háganse a la idea de que vamos a tener una sesión larga.
Terminado el Orden del Día.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS

El señor LABBÉ (Secretario General).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
)---------(
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor COLOMA:
Al señor Fiscal Nacional, solicitándole dar a conocer NÚMERO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO DEBIDOS A DISTRACCIÓN DE CONDUCTORES POR PUBLICIDAD EN RUTAS, PARTICULARMENTE DE PANTALLAS LED.
Del señor GARCÍA:
Al señor Director del Servicio de Salud Araucanía Sur, requiriéndole información sobre DEMORA DE AÑOS PARA ATENCIÓN DE SEÑORA TERESA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ POR CIRUJANO VASCULAR.
Del señor MATTA:
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo, para que informe respecto de IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE SERCOTEC EN REGIÓN DEL MAULE, ESPECIALMENTE EN SECTOR AGROPECUARIO, y acerca de ESTRATEGIAS PARA DAR IMPULSO A PEQUEÑAS EMPRESAS AGRÍCOLAS A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL.
De la señora VON BAER:
Al señor Ministro de Defensa Nacional y al señor Comandante en Jefe del Ejército, pidiéndoles ACLARACIÓN DE TRASCENDIDOS SOBRE TRASLADO DE REGIMIENTO DE ARTILLERÍA Nº 2 "MATURANA" DESDE LA UNIÓN A OTRA CIUDAD.
)---------(

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En la hora de Incidentes, el Partido Socialista, no hará uso de su tiempo.
En el turno del Comité MAS, tiene la palabra el Senador señor Navarro, por...

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, los Comités Socialista y PPD me han cedido sus tiempos.

El señor QUINTANA.- Pero no todo, señor Presidente.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Senador señor Letelier, ¿su Comité le cede el tiempo al Senador señor Navarro?

El señor LETELIER.- Okay.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Entonces, le sumaremos los tiempos que le han cedido otros Comités, Senador señor Navarro.
¡Apelamos a su capacidad de síntesis...!
Tiene la palabra, Su Señoría.


IRREGULARIDADES EN PROCESO DE FUSIÓN ENTRE AFP CUPRUM Y AFP ARGENTUM. OFICIO

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, solicito que se oficie a la Superintendencia de Pensiones para que entregue, por una parte, el prospecto descriptivo de los aspectos esenciales de la sociedad Cuprum-Argentum y de la forma en que desarrollará sus actividades, y por otra, el proyecto destinado a conformar la Administradora de Fondos de Pensiones Argentum S.A., dando cuenta de los siguientes capítulos:
a) Presentación del proyecto y antecedentes personales de los organizadores y documentos que acrediten la personería de aquellos que representan a personas jurídicas.
b) Estudio de factibilidad.
c) Proyecto de escritura de constitución de la sociedad administradora de fondos de pensiones y sus respectivos estatutos. Este deberá consignar el nombre de las personas que conformarán el directorio provisorio. Todo ello, de acuerdo con el Libro V, Título I Compendio de Pensiones de la Superintendencia.
Asimismo, requerimos todos los antecedentes de evaluación de la Superintendencia de Pensiones en torno a la creación de esta nueva AFP y, además, que la Superintendencia de Valores y Seguros dé cuenta de los registros de la AFP Argentum.
Cabe puntualizar que ha sido público el debate en torno a la fusión, en mi opinión fraudulenta, entre Cuprum y Argentum.
Por ello, quiero entregar mi total respaldo a la Ministra Ximena Rincón, quien ha declarado que el proceso de fusión de ambas empresas fue "al menos irregular".
En la Comisión investigadora que se formó en la Cámara Baja, el Diputado Fuad Chaín reveló un oficio enviado por la Ministra Rincón a la Superintendenta el 31 de julio pasado mediante el cual le señala claramente que la autorización de la fusión fue "al menos irregular" y que Argentum nunca existió, con lo cual suscribe las críticas que hemos realizado a la gestión de la señora Tamara Agnic.
Además, el referido oficio expresa que "queda de manifiesto que no se constituyó una nueva AFP, sino simplemente una adecuación a partir de los antecedentes y registro de otra AFP ya existente, con el único objetivo de permitir una fusión entre ambas sociedades".
Después de una explicación sobre la ilegalidad en que a juicio de Ximena Rincón, ex Senadora, habría incurrido la señora Tamara Agnic, la actual Ministra del Trabajo señala que la transacción autorizada fue -reitero- "al menos irregular".
Del mismo modo, en el mencionado documento la Ministra del Trabajo le ordena a Agnic que no vuelva a aprobar una operación así: "Por los reparos anteriormente expresados, es que solicito a usted se abstenga de autorizar operaciones de la misma índole".
Por su parte, ¿qué ha dicho la Superintendenta? Que ella posee la facultad y la potestad en la materia.
¡Tenemos una contienda entre la Ministra del Trabajo y la Superintendenta de Pensiones! Cabe recordar que "donde manda capitán no manda marinero".
En consecuencia, aquí no cabe más que respaldar a la Ministra del Trabajo, toda vez que la actitud de la Superintendenta ha sido absolutamente obsecuente.
Además, quiero informar a la Sala que, con fecha 11 de junio, presentamos una denuncia ante el Ministerio Público en contra de quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices y encubridores por los hechos que allí exponemos y que a nuestro juicio configuran el delito de fraude al Fisco y defraudación.
A la vez, hemos insistido por todos los medios en que la Superintendencia de Pensiones debe fiscalizar en todo momento a las administradoras de fondos de pensiones.
¡No hay otra opción, señor Presidente!
Por lo tanto, habiendo una contienda de autoridades y una denuncia ante el Ministerio Público, no cabe más que una resolución de la máxima autoridad, en este caso, la Ministra del ramo.
Vamos a respaldar esa decisión y nos parecería absolutamente inaceptable que, al igual como lo hicieron Cuprum y Argentum, se lleve adelante el proceso entre Provida y Metlife, toda vez que en este caso hay una AFP inexistente.
¡La ley es muy clara! La fusión debe realizarse entre empresas de la misma índole, de la misma naturaleza.
Argentum nunca existió. Y en el caso Provida-Metlife esta última no es una AFP, sino una compañía aseguradora.
¡No procede!
¿Cuál es el fondo de todo esto?
En el caso de Argentum y Cuprum, es la elusión, el no pago de 80 mil millones de pesos en impuestos en el plazo de diez años.
En el de Provida y Metlife, respecto del cual la Ministra del Trabajo ha instruido a Tamara Agnic no seguir adelante con el proceso por ser abiertamente irregular, el propósito es el ahorro de 180 mil millones de pesos. ¡180 mil millones de pesos que la AFP Provida no quiere pagar al Estado de Chile!
Por cierto, reiteramos nuestro compromiso político de terminar con el actual sistema de AFP. No lo haremos durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet -lo hemos dicho-, pero sabemos que será tema dentro de la campaña presidencial del 2017, ocasión en la que la ciudadanía tendrá la posibilidad de elegir un nuevo Parlamento: un Senado y una Cámara de Diputados.
Y por eso les decimos desde ya a todos aquellos que se sienten abusados por las AFP que la primera pregunta que deben hacerles a los candidatos en el 2017 es si estarán a favor o en contra de terminar con el actual modelo de administración de pensiones.
En consecuencia, será la ciudadanía la que tendrá que dar la mayoría en el Parlamento para cambiar la legislación, para crear un sistema alternativo, que puede ser un mix entre un sistema de capitalización individual y uno de reparto estatal.
En tal sentido, el debate está abierto.
La AFP estatal es totalmente insuficiente para las reformas profundas que el sistema de pensiones hoy día requiere.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.


DENUNCIA A MUTUALES DE SEGURIDAD ANTE MINISTERIO PÚBLICO POR EVENTUAL FRAUDE AL FISCO

El señor NAVARRO.- Por otra parte, señor Presidente, debo hacer presente que hemos interpuesto otra denuncia ante el Ministerio Público, esta vez con relación a lo que ocurre entre FONASA y las mutuales de seguridad.
La ley Nº 16.744 dispone que las enfermedades profesionales y los accidentes del trabajo serán atendidos por el sistema de mutuales. Así quedó establecido en su creación, en 1975.
El señor Heiremans, quien presidió la Asociación de Mutuales, en particular la ACHS durante 52 años, logró en plena dictadura -años 1975 y 1978- promover un cambio legal con el objeto de que dichas instituciones pudieran brindar servicios a privados, manteniendo su calidad de corporaciones sin fines de lucro.
¿Qué hemos denunciado ante el Ministerio Público? Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 172 del Código Procesal Penal y en las disposiciones conexas presentamos una denuncia criminal en contra de los que resulten responsables. ¿De qué? De lo que ha aseverado la señora Jeannette Vega, Directora Nacional del FONASA, en el sentido de que a lo menos 540 mil licencias médicas no corresponden a enfermedades comunes, sino que obedecen a accidentes del trabajo o a enfermedades profesionales.
Esas 540 mil licencias, que están siendo pagadas por el Fondo Nacional de Salud, surgen del rechazo por parte de las mutuales a licencias médicas por accidentes del trabajo. ¡Se trata de 90 mil millones de pesos!
Señor Presidente, en momentos en que estamos discutiendo con los ocho gremios de la salud que se han movilizado en el día de ayer con un paro de advertencia por cuatro horas, lo que está en debate son 45 mil millones de pesos para 16 mil médicos y 55 mil millones de pesos para más de 90 mil funcionarios.
¡Y FONASA está pagando de manera indebida y las mutuales están defraudando a dicho organismo por más de 90 mil millones al año!
¡Ahí está el dinero que el Ministerio de Salud debe poner a disposición para mejorar las condiciones de todos los trabajadores de la salud, no solo de los médicos!
Por eso, hemos pedido al Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, que acoja nuestra denuncia.
También hemos solicitado que sea citada a declarar la propia Directora Nacional de FONASA, Jeanette Vega, y todo su equipo jurídico, porque la denuncia que ha hecho a través de los medios de prensa es gravísima.
Solo en el año 2014 se tramitaron en Chile 4,3 millones de licencias médicas, aumentando en 9,6 por ciento en comparación con el año 2013. De estas, el 71 por ciento perteneció a FONASA y el otro 29 por ciento, a isapres. Pero no todas las licencias que llegan al Fondo Nacional de Salud responden a enfermedades de origen común, sino que muchas corresponden -lo hemos señalado- a accidentes del trabajo o a enfermedades profesionales.
Jeanette Vega, Directora Nacional de FONASA, ha dicho textualmente: "Hay licencias que son de origen laboral que las estamos pagando como curativas".
Y como consecuencia de ello la entidad está asumiendo 540 mil licencias médicas que les correspondería pagar a las mutuales, debiendo desembolsar el Fisco más de 90 mil millones de pesos.
Señor Presidente, está claro que las investigaciones que ha realizado CIPER Chile y toda la información disponible establecen de manera clara, nítida y precisa que aquí hay una grave violación a la ley.
Por ello, hemos solicitado al Ministerio Público que proceda a la investigación, basándonos particularmente en el artículo 239, inciso primero, del Código Penal, que dispone que "El empleado público que en las operaciones en que interviniere por razón de su cargo, defraudare o consintiere que se defraude al Estado, a las municipalidades o a los establecimientos públicos de instrucción o de beneficencia, sea originándoles pérdida o privándoles de un lucro legítimo, incurrirá en la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo.".
Del mismo modo, el artículo 473 del mismo Código establece que "El que defraudare o perjudicare a otro usando de cualquier engaño que no se halle expresado en los artículos anteriores de este párrafo, será castigado con presidio o relegación menores en sus grados mínimos y multas de once a veinte unidades tributarias mensuales.".
Asimismo, el número 8º del artículo 470 del Código Penal dispone que las penas del artículo 467 se aplicarán también "A los que fraudulentamente obtuvieren del Fisco, de las municipalidades, de las Cajas de Previsión y de las instituciones centralizadas o descentralizadas del Estado, prestaciones improcedentes, tales como remuneraciones, bonificaciones, subsidios, pensiones, jubilaciones, asignaciones, devoluciones o imputaciones indebidas.". Es decir, están cometiendo un delito.
Yo espero que se haga justicia, señor Presidente.
Ojalá FONASA, un organismo público que da cobertura de salud a los más pobres de Chile, no les siga pagando a las mutuales.
He dicho.
--Ofrecida la palabra, sucesivamente, en los tiempos de los Comités Unión Demócrata Independiente, Partido Por la Democracia, Independientes, Partido Demócrata Cristiano e Independiente y Partido Renovación Nacional, ningún señor Senador interviene.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:38.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción