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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 363ª
Sesión 34ª, en martes 14 de julio de 2015
Ordinaria
(De 16:19 a 19:20)
PRESIDENCIA DE SEÑOR PATRICIO WALKER PRIETO, PRESIDENTE,
Y SEÑORA ADRIANA MUÑOZ D'ALBORA, VICEPRESIDENTA
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores (as):
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Orpis Bouchon, Jaime
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán, y el Secretario General de Gobierno, señor Marcelo Díaz Díaz. Asimismo, se encontraban presentes el Subsecretario de Salud Pública, señor Jaime Burrows Oyarzún, y la Subsecretaria de Redes Asistenciales, señora Angélica Verdugo Sobral.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:19, en presencia de 15 señores Senadores.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Las actas de las sesiones 32ª y 33ª, ordinarias, en 7 y 8 de julio, ambas del presente año, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Dos de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero retira la urgencia y la hace presente nuevamente, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto de ley que tipifica como delito los actos de maltrato o crueldad con niños o adolescentes fuera del ámbito de la violencia intrafamiliar (boletín N° 9.179-07).
Con el segundo retira la urgencia y la hace presente nuevamente, calificándola de "simple", para la tramitación del proyecto de ley que establece normas acerca del acceso de la población con discapacidad auditiva a la información proporcionada por la ONEMI (boletín Nº 8.353-19).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Tres de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero informa que ha dado su aprobación, con las enmiendas que señala, al proyecto de ley que modifica el Código Orgánico de Tribunales, en materia de distribución de causas y asuntos de jurisdicción voluntaria (boletín N° 9.679-07) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con el segundo señala que aprobó el proyecto que extiende la aplicación de la ley N° 20.243, que establece normas sobre los derechos morales y patrimoniales de los intérpretes de ejecuciones artísticas fijadas en formato audiovisual (boletín N° 9.889-24).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Con el tercero indica que aprobó, en los mismos términos en que lo hizo el Senado, el proyecto de ley que concede la nacionalidad chilena, por especial gracia, al sacerdote Edelino Bertocco Gasparella (boletín N° 8.570-07).
--Se manda comunicar a Su Excelencia la Presidenta de la República.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Expide copia autorizada de la sentencia definitiva pronunciada en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los incisos primero y segundo del artículo 67 de la Ley General de Servicios Eléctricos, incorporado por la ley Nº 20.701.
Remite copia autorizada de la sentencia definitiva pronunciada en el proceso por control de constitucionalidad del proyecto que modifica la ley N°19.995 y prorroga el funcionamiento de los casinos municipales (boletín Nº 9.891-05).
--Se manda archivar los documentos junto a sus antecedentes.
Envía copia de la resolución pronunciada en la tramitación del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 4° transitorio de la ley Nº 20.405.
--Se remite el documento a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social:
Da respuesta a una petición de los Honorables señores Bianchi, Chahuán, De Urresti, Navarro, Quinteros y Tuma, en materia de patrocinio del Ejecutivo a un proyecto que establezca un aporte estatal para las pensiones.
Del señor Ministro de Obras Públicas:
Contesta una consulta de la Honorable señora Von Baer sobre el estado del proyecto ruta T-47, que une Choshuenco-Enco-Riñihue, Región de Los Lagos.
Remite informe sobre el convenio Camino Longitudinal Ruta 7, Provincia de Palena, Región de Los Lagos, a solicitud del Honorable señor García-Huidobro.
Responde solicitud de información, expedida en nombre del Honorable señor Navarro, acerca de la ejecución del proyecto de pavimentación de la ruta N-48-0, Comuna de Quillón y Bulnes, Región del Biobío.
Contesta solicitud de la Honorable señora Muñoz, relativa a dar urgencia a proyectos de reforma constitucional de origen parlamentario en materia de recursos hídricos.
Da respuesta a tres peticiones de información, enviadas en nombre del Honorable señor Quinteros, en cuanto a los siguientes asuntos:
-Factibilidad de asfaltar seis kilómetros del tramo Curanué-San Juan y Agua Fresca, comuna de Quellón, Región de Los Lagos.
-Camino Troncal de isla Tranqui, comuna de Queilén, Región de Los Lagos.
-Terminación de tramo de ochocientos metros en la costanera de la comuna de Quellón, Región de Los Lagos.
De la señora Ministra de Salud:
Responde solicitud, enviada en nombre de la Honorable señora Goic, de considerar la instrucción de una investigación en el hospital San Juan de Dios por el caso de la señora Sara Abarzúa Muñoz.
Atiende solicitud, formalizada en nombre de los Honorables señor Chahuán y señora Van Rysselberghe, atinente a la posibilidad de incluir la vasculitis en el régimen de Garantías Explícitas en Salud.
Remite información, pedida en nombre del Honorable señor De Urresti, concerniente a las medidas adoptadas para el control y la prevención del hantavirus en la Región de Los Ríos.
Da respuesta al Honorable señor De Urresti respecto de convenios de programación firmados en el año 2013 por la anterior Administración, así como de los proyectos de hospital para las comunas de La Unión, Lanco y Río Bueno.
Contesta a solicitud formulada por el Honorable señor De Urresti referente al procedimiento y cronograma considerados por la Secretaría Regional Ministerial de esa Cartera en Los Ríos para la medición de la humedad y la certificación de la leña en las distintas comunas de la Región.
Remite información, pedida en nombre del Honorable señor Navarro, tocante a los distintos aspectos relacionados con la lista de espera del sistema público de salud en la Región del Biobío.
Contesta petición de información, formulada en nombre del Honorable señor Navarro, relativa al retiro del mercado del suplemento "Ginkgo Biloba Plus", de la marca GNC.
Atiende solicitud de información, efectuada en nombre del Honorable señor Navarro, sobre las medidas adoptadas para disminuir el consumo de alcohol.
Proporciona antecedentes, ante una petición en nombre del Honorable señor De Urresti, en cuanto a una encuesta enviada por la Organización Mundial de la Salud referente a un plan para combatir la resistencia a los antibióticos y otros fármacos.
Del señor Subsecretario de Hacienda:
Responde inquietud, planteada en nombre de los Honorables señores Bianchi, Chahuán, Horvath, Orpis, Quinteros, Rossi y Patricio Walker, atinente a considerar el envío de un proyecto de ley que homologue la base de cálculo y el porcentaje de la asignación de zona de los trabajadores en zonas extremas.
Del señor Superintendente de Salud (s):
Remite información sobre el número y porcentaje de licencias médicas rechazadas por las isapres durante el año 2014, en respuesta a una petición del Honorable señor Quinteros.
Del señor Intendente de la Región del Biobío:
Envía Informe Técnico Nº 1, Programa Parques Urbanos,Conservación y Mantención Parque Metropolitano Cerro Caracol, elaborado por el Coordinador de Proyectos Ciudad del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en atención a lo solicitado por el Honorable señor Navarro.
Del señor Alcalde (s) de la Municipalidad de Concepción:
Atiende solicitud de información, formulada en nombre del Honorable señor Navarro, acerca de los guardias contratados para los partidos de la Copa América que se jugaron en el estadio Ester Roa.
De la señora Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles:
Remite, en respuesta a petición de información enviada en nombre de la Honorable señora Von Baer, antecedentes sobre el Programa MetaPresidencial Aumento de Cobertura para la construcción de salas cuna y jardines infantiles.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo para regular la situación del trabajador dependiente que se desempeñe como voluntario del Cuerpo de Bomberos (boletín Nº 9.720-13).
De la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que suspende por el plazo de cinco años la inscripción de taxis en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros (boletín N° 9.816-15).
De la Comisión de Minería y Energía, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece el 22 de abril de cada año como día de las caletoninas y los caletoninos (boletín N° 10.056-08).
--Quedan para tabla.
De la Comisión Revisora de Cuentas, sancionado por la Comisión de Régimen Interior, mediante el cual se comunica que han sido aprobadas las cuentas de la Tesorería del Senado correspondientes al año presupuestario 2013, de las cuales se acompaña una síntesis, conforme a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
--Se toma conocimiento y se manda publicar la síntesis de las cuentas del año 2013 en el Diario Oficial.
Mociones
De los Honorables señoras Goic y Muñoz y señor Quinteros, con la que inician un proyecto que introduce diversas modificaciones a la Ley General de Pesca y a la ley N° 20.657 (boletín N° 10.190-21).
--Pasa a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminada la Cuenta.
Tiene la palabra el señor Secretario.


ACUERDO DE COMITÉS
El señor LABBÉ (Secretario General).- Los Comités, en sesión celebrada hoy, adoptaron el acuerdo de rendir homenaje, al término del Orden del Día de la sesión del miércoles 5 de agosto próximo, al Programa de Visitantes Internacionales para el Liderazgo por la celebración del 75° aniversario de su creación.
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El señor LABBÉ (Secretario General).- En este momento ha llegado a la Mesa una petición de la Comisión de Vivienda y Urbanismo en orden a que se recabe la autorización de la Sala a fin de refundir el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores García, Letelier, Montes, Ossandón y Pérez Varela, que establece un procedimiento simplificado para la regularización de viviendas de autoconstrucción (boletín N° 9.939-14) y el originado en moción del Honorable señor Tuma que determina un procedimiento especial para la regularización de viviendas y edificaciones destinadas a microempresas o equipamiento social (boletín N° 10.076-14).
Lo anterior, en atención a que ambas iniciativas se encuentran en primer trámite constitucional, a que sus ideas matrices o fundamentales tienen relación directa entre sí y a que se consultó el parecer de sus autores, dándose cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
En caso de darse la autorización, se pide permitir la discusión del asunto en general y en particular a la vez en el trámite del primer informe, con el fin de proponer un solo texto a la consideración del Senado.
Nada más.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Si no hay objeciones, se procederá en esos términos.
Acordado.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Se ha solicitado que el Subsecretario de Salud Pública, señor Jaime Burrows, y la Subsecretaria de Redes Asistenciales, señora Angélica Verdugo, puedan asistir a la sesión.
Si le parece a la Sala, se accederá.
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA



BENEFICIOS PARA PERSONAL DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD


El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que concede beneficios al personal de la atención primaria de salud, con informe de las Comisiones de Hacienda y de Salud, unidas, y urgencia calificada de "suma"
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.973-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 30ª, en 30 de junio de 2015.
Informe de Comisión:
Hacienda y Salud, unidas: sesión 33ª, en 8 de julio de 2015.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El principal objetivo que se persigue es mejorar las condiciones laborales de los funcionarios municipales de la Salud en lo concerniente a dos materias específicas:
1) Los artículos 5° y 6° de la ley N° 19.378, sobre Estatuto de Atención Primaria Municipal, establecen que quienes poseen un título de técnico de nivel superior deberán ser contratados en la categoría c) de la dotación de la entidad administradora de salud a la que pertenezcan. Sin embargo, algunas personas con dicha calificación profesional están incluidas en la categoría e), correspondiente a Administrativos de Salud.
2) El cumplimiento de la disposición del inciso tercero del artículo 14 de la misma ley, el cual determina que el número de horas contratadas a través de la modalidad de contrato a plazo fijo -esto es, por períodos iguales o inferiores a un año calendario- no podrá ser superior al veinte por ciento de la dotación de la entidad administradora.
Las Comisiones de Hacienda y de Salud, unidas, discutieron el proyecto en general y en particular, en virtud del acuerdo adoptado por la Sala con fecha 30 de junio recién pasado, y aprobaron, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señoras Goic y Van Rysselberghe y señores Chahuán, Coloma, García, Girardi, Montes, Rossi y Zaldívar, la idea de legislar.
En cuanto a la discusión particular, ambos órganos técnicos efectuaron tres enmiendas, las cuales sancionaron por la misma unanimidad.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado en el que se consignan las modificaciones propuestas por las Comisiones unidas y el texto del proyecto de ley que quedaría de ser acogidas.
Nada más.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En discusión general.

Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, la iniciativa es el fruto de un acuerdo alcanzado mediante extensas negociaciones entre el Ministerio de Salud y los funcionarios de la atención primaria de salud municipal y la Asociación Chilena de Municipalidades. Con ello se satisface una demanda de los trabajadores que han permanecido un largo tiempo a contrata o a honorarios.
El Gobierno de la Presidenta Bachelet finalmente ha llegado a una coincidencia con el personal del sector. El costo fiscal ascenderá a 782 millones de pesos en 2016 y se favorecerá a mil 291 funcionarios, y a mil 16 millones en 2017, cuando mil 678 funcionarios, o subirán de grado, o pasarán de honorarios a planta o de contrata a planta.
Creo que esta es una solución que les dará seguridad, estabilidad, dignidad, a personas que por tanto tiempo se han mantenido en la incertidumbre con relación a su labor.
Y vale la pena decirlo: creo que uno de los asuntos más sensibles hoy día para la población es su demanda de salud. Qué duda cabe de que la atención primaria es la que recibe la primera señal de la comunidad. Si el Estado no conserva contentos a sus trabajadores en este ámbito, las posibilidades de prestar un mejor servicio son menores.
El proyecto avanza en mejorar la condición laboral y previsional de quienes se desempeñan en dicho nivel en el sector público, mas tenemos que hacer otro tanto en relación con el personal a honorarios del Gobierno Central y de los municipios. Es decir, el texto en debate se refiere a una parcialidad: dice relación con los trabajadores de la salud primaria, pero no está resuelto todo lo referente a las aspiraciones y demandas del sector público en cuanto a terminar definitivamente con la inestabilidad, con los contratos a honorarios.
Sabemos que el sector privado no puede mantener estos últimos por más de noventa días. Tiene que regularizarlos. No son labores esporádicas. El Estado, en cambio, registra casos de dos, tres, cinco o veinte años de un contrato a honorarios o de algún otro bastante precario.
En definitiva, se contempla aquí una solución, pero apenas de una parte.
La cantidad de trabajadores a honorarios en el Gobierno Central ha experimentado un incremento en el tiempo, explicado especialmente por los contratados a jornada completa. En el período de 2006 a 2013 creció en un 20,2 por ciento, esto es, de 29 mil 840 personas a 35 mil 853.
En los municipios aumentó de 22 mil 671 trabajadores a 40 mil 864 entre 2008 y 2013.
Nos hallamos, entonces, ante una situación masiva. Es de importancia para muchos chilenos y, por lo tanto, para numerosas familias. La política del Gobierno va lentamente, diría, atendiendo una demanda que siempre ha estado presente y nunca se ha resuelto. Me parece que ahora se da un paso importante para los trabajadores de la salud primaria, pero también constituye una señal inequívoca de lo que se debería seguir haciendo para regularizar los contratos y darles seguridad a las familias.
Uno de los elementos que entrega la iniciativa es estabilidad laboral, no inamovilidad. No confundamos una con otra. Si alguien desempeña mal su trabajo, va a perder el cargo.
Lo que ocurre es que las personas que prestan servicios a honorarios o a contrata no tienen una certeza de lo que va a pasar el año siguiente. En esa condición, ningún trabajador -y ninguna familia- se halla en condiciones de dignidad en el trato laboral y en la seguridad de su futuro.
La estabilidad laboral se mejora por la vía de cumplir con la ley y el porcentaje de ochenta por ciento de personas con contrato indefinido. Cabe considerar que quienes se encuentran a honorarios tienen contrato a plazo fijo por uno o dos meses y quedan en una situación de permanente amenaza por parte de sus empleadores respecto de si se les renovará o no.
Lo anterior es lo que ocurre normalmente en el sector público, donde a fin de año se ignora si se va a continuar contando con la fuente de trabajo.
Sin embargo, deseo consignar que se da un paso importante. Esta es una señal inequívoca de la voluntad expresa y del compromiso del Gobierno de la Nueva Mayoría en cuanto a regularizar la situación. Y creo que es el primero. Nos quedan muchos más en favor de la dignidad en el tratamiento que el Estado tiene que darles a sus trabajadores.
Voy a aprobar entusiastamente el proyecto.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, la salud en nuestro país sufre una de las peores crisis en los últimos veinticinco años, la cual amenaza con colapsar el sector público. Y ello radica, a mi juicio, en tres ejes principales.
El problema no solo lo sufren los pacientes, quienes padecen largas esperas, sino también los trabajadores del sector, que tienen que enfrentar a personas que exigen sus derechos, por supuesto, y están empoderadas, pero a los que el Estado no les brinda todos los medios para poder atenderlas.
El primer aspecto que cabe mencionar es el aumento de la deuda hospitalaria. En mayo recién pasado, la Ministra de Salud reconoció que podría llegar a 200 mil millones de pesos. Lamentablemente, ya se registra la crítica cantidad de 190 mil millones.
Ello es producto, entre otras razones, de la falta de materialización de un programa de salud que está enfocado en la creación de 20 hospitales -por lo demás, están atrasados-, de los problemas de gestión de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y del pago de prestaciones subvaloradas.
En segundo lugar -y creo que es otro eje que representa la problemática de la salud nacional-, está el déficit de médicos especialistas en el sistema público, tanto en hospitales como consultorios, que se suma a la falta de personal calificado, como matronas, enfermeras, tecnólogos y auxiliares. En mi Región, por ejemplo, la falta de médicos especialistas es dramática. El 36 por ciento de los médicos que salió a especializarse entre 2000 y 2010 nunca volvió a la Región de Atacama; y una gran parte de ellos, lamentablemente, está hoy día trabajando en clínicas privadas de Santiago. Es decir, se fueron becados y financiados con recursos públicos de mi Región y jamás regresaron.
En tercer lugar, se encuentra el aumento de las listas de espera.
De acuerdo con la reciente información de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, para el primer trimestre de 2015, las listas de espera en el sector público siguen en su tendencia al alza. En cuanto a las patologías no AUGE, en marzo de 2015 el número de casos en espera de ser atendidos llegó a un millón 884 mil 451 personas, 77 por ciento de los cuales contempla un retraso significativo (120 días o más, tratándose de consultas, y un año o más en el caso de intervenciones quirúrgicas). Este número es 3,2 por ciento superior al de marzo de 2014.
Según el mismo informe, en marzo de 2015 había casi 240 mil personas aguardando por una cirugía. Esto muestra un aumento de 23 por ciento respecto del número de pacientes que requería una intervención quirúrgica en el mismo mes del año pasado, cuando había casi 195 mil personas en esa situación.
Señor Presidente, el objetivo de este proyecto va en la línea correcta, pues mejorará las condiciones laborales de los funcionarios municipales de la salud (a mi juicio, ello permite también enfrentar de mejor manera la realidad de la salud, porque cuando funcionan bien los consultorios no se atochan los hospitales) en lo que concierne a dos materias específicas.
En primer lugar, los artículos 5° y 6° de la ley N° 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, establecen que quienes posean un título de técnico de nivel superior deberán ser contratados en la categoría c) de la dotación de la entidad administradora de salud a la que pertenecen. Sin embargo, algunas personas que cuentan con dicha calificación profesional, en lugar de hallarse en la mencionada categoría, están incluidas en la categoría e), de administrativos de salud.
En segundo término, permite el cumplimiento de la disposición del inciso tercero del artículo 14 del mismo cuerpo legal, el cual determina que el número de horas contratadas a través de la modalidad de contrato a plazo fijo -períodos iguales o inferiores a un año calendario- no podrá ser superior al 20 por ciento de la dotación de la entidad administradora.
Señor Presidente, este proyecto cumple con ese objetivo. Un buen y mejor funcionamiento de la atención primaria ayudaría a atenuar y descomprimir, como dije anteriormente, de mejor manera los problemas que hoy enfrentan los principales centros hospitalarios públicos de nuestro país. Ello, puesto que muchas de las atenciones que debieran realizarse en la salud primaria van directamente al hospital, lo que produce más atochamiento, más listas de espera y más problemas para atender a las personas.
Los servicios de atención primaria de urgencia nacieron con la idea de descongestionar las postas de los hospitales y acercar la atención de las urgencias menores a la gente. Pero hoy, lamentablemente, las prestaciones que se debieran realizar ahí terminan no efectuándose, producto de la falta de médicos, personal técnico, infraestructura e insumos necesarios y medicamentos; pero también como consecuencia de las malas condiciones laborales y bajas remuneraciones del personal de estos centros de atención de salud.
Por eso, señor Presidente, la bancada de Renovación Nacional votará a favor, porque la iniciativa constituye un paso adelante para solucionar uno de los problemas que las personas nos plantean reiteradamente en terreno: las falencias de la salud pública primaria.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Van Rysselberghe.

La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, junto con anunciar mi voto a favor, felicito a los involucrados en esta solución, que, de alguna manera, termina con un problema crónico, no solo en la administración de salud, sino en general en la administración pública, particularmente en la municipal.
Lo anterior, a pesar de que, sin duda, a ratos fue una conversación dura, directa y franca.
Se llegó a un acuerdo sin afectar a los usuarios de la salud municipal, lo que, en verdad, merece un reconocimiento, porque no sucede lo mismo en otras áreas de la administración pública.
Me parece bien el artículo 1°, que reconoce el esfuerzo tanto personal como familiar que realizan muchos funcionarios que ingresan a la administración de salud y que, fruto de aquello, obtienen un título técnico-profesional.
Esta iniciativa viene a reconocer aquel esfuerzo al encasillarlos en el escalafón que les corresponde.
Sin embargo, creo que este proyecto también tiene una letra chica, porque, si bien en las Comisiones unidas se planteó que los recursos adicionales que conlleva la ley en proyecto serán aportados por el Ministerio de Salud, también se dijo que ellos se calcularán sobre la base de una carrera referencial lineal diseñada a partir del sueldo base mínimo nacional.
Lo que sucede es que los municipios sufren de falta de personal. Por ello, muchas veces para retener a su personal -sobre todo, las municipalidades más pequeñas- le incrementan el sueldo. Y, por lo tanto, están por sobre la renta promedio nacional.
Entonces, ¿qué estamos haciendo con la ley en proyecto? Estamos castigando a aquellos alcaldes que, pese a la estrechez de su presupuesto, hacen una inversión en salud tratando de generar incentivos para retener a su personal, pues ese delta no está cubierto por esta iniciativa, se calcula sobre la base de un sueldo promedio.
En consecuencia, si bien creo que es importante que se aporten los recursos, me parece que no está suficientemente bien resuelto este punto.
El artículo 2° busca regularizar las plantas de la salud municipal, ajustándolas para que un 80 por ciento del personal sea de planta y un 20 por ciento, a honorarios. Se señaló que esto era necesario porque había municipios en donde la proporción incluso era al revés: 20 por ciento de planta y 80 por ciento a contrata o a honorarios.
Vuelvo a plantear lo que manifesté en las Comisiones unidas. Yo fui alcaldesa por más de 10 años, y durante ese período -y acá hay varios exalcaldes que podrán corroborarlo- la Contraloría se dejaba caer casi anualmente para pesquisar que cumpliéramos con esas normas. No sé si eso ocurría por tratarse de la Municipalidad de Concepción, o por algún color político de los funcionarios de la Contraloría, no tengo la menor idea. Pero nos fiscalizaban. Y si en algún momento pasábamos el porcentaje, nos amenazaban con las penas del infierno si no regularizábamos esa situación.
Por lo tanto, me llama tremendamente la atención la falta de fiscalización que existe en este minuto.
Creo que hacer una ley para lograr que se cumpla otra es bastante absurdo. Es decir, si existe un cuerpo normativo que obliga a los municipios a tener 20 por ciento de los funcionarios a contrata y 80 por ciento de planta, debiera cumplirse sin necesidad de estar legislando de manera adicional. Sobre todo si esto ya se hizo el año 2005 -se llamó la "Ley de Alivio"- para poder regularizar la situación.
Entonces, me parece que hay también una responsabilidad del Ministerio de Salud y de los organismos fiscalizadores en orden a evitar que esto se repita cada cierta cantidad de años, porque es bastante absurdo.
Si bien voy a concurrir con mi voto favorable -y felicito a quienes llegaron a este buen acuerdo-, creo que a los dos puntos mencionados hay que ponerles atención, pues no me parece justo castigar a los alcaldes que invierten en salud -precisamente en la que está más cercana a la gente, que es la salud primaria- no entregándoles los recursos necesarios para suplir completamente lo que está escrito en este proyecto de ley.
He dicho.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, sin duda, como señalaron quienes me antecedieron en el uso de la palabra, lo propuesto representa un importante avance.
Sin embargo, pedí votación separada del último párrafo del primer inciso del artículo 1°, y voy a explicar por qué.
En la norma mencionada se establecen dos condiciones para acceder a la categoría c): por un lado, acreditar que se está en posesión de un título de técnico de nivel superior, bajo las leyes respectivas; y por otra parte, realizar "funciones pertinentes a la categoría en que se desempeñarán y a la formación por la que se les ha otorgado dicho título". Y agrega la disposición que por el solo ministerio de la ley pasarán a tener dicha categoría.
¿Ante quién se debe acreditar el cumplimiento de esos requisitos? Ante la entidad administradora de salud municipal. Y, habiendo cumplido con tal trámite, por el solo ministerio de la ley los funcionarios entran a la categoría c).
Por lo tanto, no me parece correcto que, acreditadas tales condiciones ante la entidad administradora municipal, el servicio de salud competente pueda objetar la calificación. A mi juicio, el único organismo llamado a impugnarla es la Contraloría General de la República.
¿Por qué el servicio de salud va a entrar a objetar lo resuelto por un organismo llamado por ley a efectuar esa certificación?
En consecuencia, señora Presidenta, solicité la separación de la votación para impedir que el servicio de salud respectivo pueda objetar la mencionada calificación.
Si no se cumplen las condiciones que establece la ley, no es el servicio de salud competente, sino la Contraloría General de la Republica la que tiene que impugnar el cumplimento de las dos condiciones estipuladas en el artículo 1° para acceder a la categoría c) por el solo ministerio de la ley.
He dicho.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.

La señora VON BAER.- Señora Presidenta, todos tenemos clara la necesidad de fortalecer la atención primaria de salud en nuestro país. Y esto es especialmente importante si pensamos en las regiones donde muchas veces los hospitales quedan muy alejados.
Por eso, resolver los problemas de salud en la atención primaria resulta tremendamente relevante.
Por ejemplo, si consideramos lo que cuesta llegar en una Región como la de Los Ríos desde Coñaripe hasta Valdivia, donde está el hospital base, uno se da cuenta de lo significativo que es que la atención primaria de salud tenga mayor capacidad de resolución que en la actualidad.
Eso reviste especial importancia también cuando ponemos sobre la mesa la realidad de hoy en las regiones.
En la Región de Los Ríos se postergó la construcción de todos los hospitales, lo que también incluye las reposiciones y los estudios de preinversión. Ejemplo de esto último es el hospital de Panguipulli, cuyo estudio se iba a efectuar en 2014, pero finalmente se dejó para 2019. Las mejoras en infraestructura hospitalaria de la Región se encuentran retrasadas en dos, tres o cuatro años.
En tal sentido, resulta tremendamente trascedente que, dada la falencia hospitalaria que tendremos en regiones como la de Los Ríos, podamos fortalecer la atención primaria de salud. Porque, cuando miramos la realidad que ella presenta, observamos muchos déficits, especialmente de financiamiento.
Por eso, nosotros vamos a concurrir con nuestro voto favorable a este proyecto, pues significa un avance al reconocer la importancia de la atención primaria de salud, al incrementar su financiamiento y al mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores.
Sin embargo, señora Presidenta, creemos que, dada la realidad especialmente en regiones -ya la comenté anteriormente-, debemos fortalecer aún más la atención primaria de salud.
Por eso, expreso mis felicitaciones al municipio de Valdivia y a los funcionarios de la atención primaria de salud de la comuna por haber entregado hace un par de meses un completo análisis y una propuesta acerca de lo que se debería hacer para fortalecer este sector, al objeto de que cuente con mayor capacidad de resolución.
Uno de los temas importantes cuando hablamos de cómo fortalecer la atención primaria de salud se refiere al déficit de médicos.
La falta de dichos profesionales se ha calculado en mil 300, que representa un déficit de 37,1 por ciento, de acuerdo a los estándares definidos por el sector salud en función de la cantidad de médicos que debería existir por habitante.
Eso significa, finalmente -según los cálculos que figuran en un estudio de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile-, que se deja de atender o se deja de atender bien a 20 personas por día.
Por lo tanto, las personas no concurren a los centros de atención de salud primaria, o a los consultorios, o a los CESFAM porque no hay médicos y no tienen la posibilidad de resolver.
Adicionalmente, tenemos un problema cultural, y los decanos de las facultades de medicina de nuestro país así lo han señalado: "Existe un problema cultural en el sentido de que la gente no va a los consultorios para solucionar sus dificultades de salud".
Pero, al mismo tiempo, si no hay médicos suficientes que permitan mayor capacidad de resolución en la atención primaria, es obvio que la gente no irá. Por eso, la recarga laboral a la que están sometidos hoy día los funcionarios, los médicos de la atención primaria de salud es realmente tremenda.
Se calcula -en el mismo estudio ya mencionado- que habría alrededor de 30 mil personas que no acceden a consultas médicas por dicho déficit de profesionales.
Por otra parte, el Presidente del Colegio Médico ha dicho que los médicos de la atención primaria de salud se quejan en forma reiterada de la falta de tiempo para dedicar a sus pacientes; de la falta de tiempo para realizar reuniones clínicas; de la falta de tiempo para asistir a cursos, y de la imposibilidad muchas veces de acceder a mayor tecnología o a exámenes de laboratorio.
En tal sentido, señora Presidenta, creemos que se debe avanzar mucho más en el fortalecimiento de la atención primaria de salud y en la reducción de la brecha de médicos y de profesionales en general.
¿Por qué los médicos no se quedan más tiempo en la atención primaria y se van? Primero, porque los sueldos no son competitivos, al compararlos con los del sector privado o los de otros ámbitos, a pesar del esfuerzo importante -lo mencionaba la Senadora Van Rysselberghe- de muchos municipios, especialmente los más alejados, por mejorar la remuneración de sus médicos, de sus funcionarios, con la finalidad de retenerlos.
Pero el Gobierno central, como ocurre tantas veces en el caso de los servicios que entregan los municipios, no traspasa los recursos suficientes para cubrir las brechas de salarios o de suministros.
Eso lo conversamos en la discusión de la última Ley de Presupuestos.
El actual per cápita en salud es muy bajo. El Gobierno lo aumentó muy poco, porque al calcularlo sumó los programas que de todas maneras pagaba. Los municipios no pueden sacar esos programas, por lo tanto, se hallan desfinanciados. Reitero: el aumento del per cápita en salud fue muy pequeño en el proyecto de Ley de Presupuestos presentado el año pasado. Al final, en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos logramos subirlo un poco, pero no lo suficiente.
Por eso, por su intermedio, señora Presidenta, le pedimos al Gobierno que se haga cargo de la brecha de médicos, del problema de los sueldos, y de que, ojalá, en el proyecto de Ley de Presupuestos de este año sea posible aumentar el per cápita de manera más importante.
Por otra parte, señora Presidenta, para que podamos tener mejores profesionales y que permanezcan el suficiente tiempo en la atención primaria, en la misma propuesta que entregó el Municipio de Valdivia junto con los funcionarios se decía: "Acá hay un tema de asignación de becas de especialización para los médicos de atención de salud primaria a fin de que, de hecho, tengamos médicos de familia, por ejemplo, para quienes sea atractivo irse a este sector".
De otro lado, se tiene que reconocer de mejor manera la antigüedad y, en consecuencia, incrementar los salarios. Estos son muy bajos, por lo que no hay una permanencia suficiente de los funcionarios, de los médicos, de los técnicos en la atención primaria de salud, que realmente nos permita disponer de personal con experiencia que pueda solucionar los problemas en este sector.
En tal sentido, señora Presidenta, debemos poner bastante más énfasis en la atención primaria de salud. Esto es especialmente importante para regiones como la nuestra (la de Los Ríos), en que se observa retraso en todos los hospitales, porque hay sectores que quedan muy muy lejos, cuyos habitantes tienen que viajar muchísimo para llegar a ellos.
Es ahí donde esperamos que el Gobierno pueda recoger especialmente el tema de las brechas de los médicos, de las brechas salariales planteado durante el día de hoy.
Además, tenemos que terminar con lo relativo a los funcionarios a honorarios. En este punto existe un problema en la Ley de Plantas Municipales, y precisamente ayer aquellos en tal condición planteaban que hay muchos más funcionarios a honorarios de lo que se ha reconocido. Esperamos que el Gobierno también pueda recoger esta temática, a través del aumento del financiamiento para los municipios.
En consecuencia, señora Presidenta, creemos que este proyecto va en la dirección correcta; pero, asimismo, que debemos realizar un esfuerzo mucho mayor para fortalecer nuestra atención primaria de salud.
Anuncio que votaré a favor.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señora Presidenta, obviamente hay numerosos aspectos comprendidos en el tema de la salud.
A propósito, no sé si estoy disfónico o afónico, doctor Rossi...

El señor QUINTEROS.- ¡Sinfónico...!

El señor COLOMA.- ¡Disfónico, no eufórico...!
Particularmente, quiero decir que comparto lo planteado por la Senadora Von Baer.
Hay un conjunto de complejidades derivadas de los problemas anunciados.
La Presidenta de la República anunció hace poco que habrá una reingeniería -no quiero usar un lenguaje de otro tipo- que, entre otras cosas, va a afectar lo referido a la salud, lo cual puede provocar un retraso muy significativo en los avances de esta Cartera, especialmente en zonas como el Maule o Los Ríos, muy carentes de estructuras hospitalarias.
Eso es parte del tema.
No obstante, deseo abocarme muy brevemente a un asunto distinto.
Aquí se trata de hacer, básicamente, dos cosas.
Primero, dar un sentido de estabilidad en el cargo a funcionarios administrativos de salud.
¿Y qué se hace?
Quiero explicarlo.
Concretamente, se establece que "Los funcionarios administrativos de salud que, a la fecha de publicación de esta ley, estén clasificados en la categoría e)" -de los administrativos de salud- "y que, a dicha fecha o hasta el 31 de agosto de 2016, acrediten estar en posesión de un título de técnico de nivel superior" (...) "y que, además, realicen funciones pertinentes a la categoría en que se desempeñarán" -letra c), técnicos de nivel superior-, pasarán por el solo ministerio de la ley a esa nueva categoría.
Eso es lo medular de esta primera idea fuerza, en la cual se da -no sé si es la palabra exacta- una especie de fast track obligatorio respecto de los administrativos de salud: si tienen el título adecuado para ser técnicos de nivel superior y desempeñan una tarea de esa naturaleza, automáticamente ejercerán ese cargo.
Me parece que eso constituye un avance. Uno podrá decir que no es suficiente, pero creo que debemos compartirlo y señalarlo.
Eso sí, quiero agregar que las Comisiones unidas de Hacienda y de Salud hicieron un aporte relevante. Porque este mismo artículo disponía originalmente que, si en un momento determinado el municipio, las entidades administradoras de salud municipal hacían uso de los recursos adicionales que les entregaba el Estado a este efecto para otros fines, se perdería el beneficio otorgado.
Obviamente, esa no puede ser la idea. Entonces, de buena manera se cambió a que, si ocurre lo anterior, ello acarreará las sanciones administrativas correspondientes.
En este punto los administrativos de salud sentían una legítima inquietud. ¿Qué pasaría si una organización administrativa de salud, que recibe recursos para financiar esta nueva categoría de personal -la c) tiene más remuneraciones que la e)-, destinara a otro fin parte de esos dineros? Lo que no podría ocurrir sería que el funcionario perdiera el ascenso -por así decirlo-, o el cambio.
La situación se resuelve de buena manera, a mi juicio, mediante el establecimiento de la sanción en la entidad administrativa, no en el funcionario, que por efecto de esta ley pasa a tener un derecho que no por una mala práctica ha de ser conculcado.
Así que me parece una buena decisión. Y, por lo mismo, la apoyo.
Segundo, esto también busca -quiero hacer una pequeña puntualización- que "Las entidades administradoras de salud municipal que, a la fecha de publicación de esta ley, tengan un porcentaje superior al veinte por ciento de su dotación en calidad de contratados a plazo fijo, deberán llamar a concurso interno para incorporarlos a dicha dotación en calidad de contratados indefinidos".
Al respecto, hice una consulta acerca de si el nuevo concurso tenía que ser por el veinte por ciento o por el total, y se aclaró que hasta el veinte por ciento. En el fondo, se trata de exigir el cumplimiento íntegro de la norma legal, que -debemos decirlo- suele no ser cumplida por diversas entidades administradoras de salud.
Con esto, se fuerza a aquellas al cumplimiento de la ley o a entender que el exceso tiene que conllevar un contrato indefinido, y a no continuar con una mala práctica y a seguir ininterrumpidamente con más del veinte por ciento de la dotación en calidad de contratados a plazo fijo, sin pasar estos a plazo indefinido, como siempre estuvo en el espíritu de la ley.
Por ello, señora Presidenta, entendiendo que, en comparación con el ascenso al Everest que tenemos que hacer en materia de salud esto es como escalar un pequeño monte, prefiero hacer esto último y abocarme con fuerza a otros temas.
No cabe duda -estuvieron presentes los representantes de los distintos gremios- de que esto era un compromiso. Y siento que en el Parlamento se planteó que es lo que podía entregar el Gobierno. Es un problema de este en su relación con los gremios.
En lo que a mí respecta, se lo pregunté a los gremios. Y me señalaron que se trata de un primer paso con el cual concuerdan. Esto no significa que se acaben los problemas en materia de salud. Pero es un avance significativo, y así me lo hicieron ver los gremios de la Región del Maule que me contactaron.
Ahora nos queda la otra tarea, que es mucho más relevante, en cuanto a cómo puede tener lo relativo a la salud, que siempre será una prioridad ciudadana, un correlato en la modernización de sus esquemas, de sus formas de trabajo, de su estructura, de sus especialistas, que nos haga ver el futuro en forma muy distinta.
Es indudable, señora Presidenta, que aquí radicará el tema eje en los próximos años. Y espero que nos aboquemos con seriedad a enfrentarlo de una vez por todas.
He dicho.
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La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Deseo saludar a los vecinos y a las vecinas de la población Santa Lucía, de Casablanca, invitados por la Senadora señora Lily Pérez.
¡Sean muy bienvenidos!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
Reciban también nuestros saludos los trabajadores de Casablanca.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
Además, demos un gran saludo a los dirigentes de la CONFUSAM.
¡Sean muy bienvenidos!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, por supuesto, votaré a favor de esta iniciativa, al igual como lo hice en las Comisiones unidas de Salud y de Hacienda.
Espero que este proceso, que parte con el despacho de la presente iniciativa de ley, termine bien a través del encasillamiento de los funcionarios administrativos que, por haber estudiado y obtenido un título de técnico de nivel superior, pasen a la categoría c) del Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, que precisamente corresponde a los profesionales de ese tipo.
¿Por qué digo que anhelo que este proceso termine bien? Porque no todos los funcionarios administrativos de la salud municipal que hayan estudiado pasarán a la categoría correspondiente a los técnicos de nivel superior, ya que para ello tendrán que realizar -leo textual- "funciones pertinentes a la categoría en que se desempeñarán y a la formación por la que se les ha otorgado dicho título".
Es decir, existen dos requisitos adicionales a estudiar y obtener un título, con gran esfuerzo personal y familiar -como aquí se ha reconocido-: realizar funciones pertinentes a la nueva categoría y que las tareas por cumplir sean correspondientes a la posesión del título de técnico de nivel superior.
Esas exigencias muchas veces producirán roces, conflictos. Y, según entiendo, esto tendrá que ser supervisado, primero, por el municipio como entidad administradora, y luego, por los servicios de salud, a fin de resolver si alguien está bien o mal encasillado.
Hay que hacer presente que esta iniciativa tendrá un costo fiscal en 2016 de 782 millones de pesos, año en que beneficiará a 1.291 funcionarios -según consigna el informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos-, y que se estima que para 2017 el mayor gasto fiscal será de 1.016 millones de pesos destinados a 1.678 personas.
Es muy importante precisar esos números, ya que los alcaldes siempre reclaman que despachamos leyes sin financiamiento, que luego les representan a ellos mayor desembolso, más gasto fiscal, debido a que en el Parlamento no tenemos la rigurosidad de asegurarnos de que tales recursos estén.
En este caso concreto, tanto el Ministerio de Salud (a través de la Subsecretaria de Redes Asistenciales y del Subsecretario de Salud Pública) como la Dirección de Presupuestos nos manifestaron -así, por lo demás, lo consigna el informe- que estos recursos estarán disponibles en la Ley de Presupuestos de 2016, y también, por supuesto, desde 2017 en adelante de manera perfectamente identificada.
Otra cosa que igualmente resulta de gran relevancia es que ningún municipio podrá darles a estos recursos otro destino que no sea el reencasillamiento en la categoría correspondiente a técnicos de nivel superior.
La segunda medida que contiene este proyecto es el establecimiento de la relación 80/20. Es decir, que en toda dotación de funcionarios de la salud municipal siempre se mantenga 80 por ciento de planta y 20 por ciento a contrata.
¿Por qué es importante esta iniciativa y por qué se debe legislar al respecto, a pesar de que las normas generales dicen que siempre tiene que existir la relación 80/20? Porque en este caso se permiten concursos internos.
Los municipios no tendrán que llamar a concursos abiertos, sino que primero se llenarán las vacantes en forma interna, de manera que puedan participar los funcionarios contratados a plazo fijo que hayan laborado durante tres años continuos o discontinuos, al igual que el personal a honorarios, siempre que acrediten haber cumplido funciones durante tres años continuos.
Por eso, señora Presidenta, este proyecto es necesario, trascendente, y nosotros confiamos en que signifique mayor bienestar y que los funcionarios se sientan más reconocidos por su importante labor en la atención primaria de la salud municipal.
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La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.

El señor WALKER (don Ignacio).- Señora Presidenta, tal vez tendría que haberlo hecho después de la Cuenta, pero quiero solicitar que se recabe unanimidad a fin de ampliar el plazo, hasta el próximo lunes 20 de julio, a las 12, para presentar indicaciones a la iniciativa que establece la cesación en los cargos de parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales y concejales (boletín N° 10.000).

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Si le parece a la Sala, acogeremos esa propuesta.
--Así se acuerda.
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El señor TUMA.- ¿Podría abrir la votación, señora Presidenta?

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- ¿Habría acuerdo para ello?
Acordado.
En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, efectivamente, las Comisiones unidas de Hacienda y de Salud aprobaron este proyecto por la unanimidad de sus miembros presentes.
La presente iniciativa es fruto -lo consigna el informe- de un acuerdo tripartito entre el Ministerio de Salud, los funcionarios de la atención primaria de salud municipal y la Asociación Chilena de Municipalidades.
Su texto, cuyo contenido ya se dio a conocer, persigue dos finalidades.
El artículo 1° tiene por objeto pasar a la categoría c) a todos los funcionarios que, teniendo título técnico de nivel superior, hoy se encuentran en la letra e), lo cual les significa un detrimento en sus funciones y en sus remuneraciones.
De acuerdo con lo que pretendemos aprobar, el número de funcionarios que estarán en condiciones de acceder a aquello al momento de la publicación de la ley en proyecto -estimamos que en un plazo breve- será de 1.291, a contar de agosto de 2016, cantidad que aumentará en más o menos 387 personas en 2017.
Con esta iniciativa el Gobierno establece un mecanismo de mejoramiento para dicho personal en términos absolutamente objetivos, puesto que, además de fijar la fecha -lo hace de pleno derecho-, les exige estar en posesión del título en el momento que determina la ley en proyecto.
Además, el artículo 2° dispone que los funcionarios contratados a plazo fijo pasen a plazo indefinido cuando la dotación exceda el 20 por ciento.
El costo de la iniciativa, en régimen, es de 1.016 millones de pesos, y beneficiará en total a 1.678 personas.
Los recursos no se entregarán -es importante dejarlo aclarado- con cargo a los presupuestos de las municipalidades, sino que se contemplarán en la Ley de Presupuestos, de tal manera que el financiamiento no provocará un deterioro en las arcas municipales.
Por todas esas razones, me parece que no estamos haciendo otra cosa que hacer justicia a un importante sector de trabajadores de la salud que, por las razones aquí señaladas, cumplen una función determinante en la atención a nivel comunal.
Todos estamos de acuerdo en que la atención primaria es vital dentro del sistema de salud chileno. Sin embargo, también reconocemos que falta financiamiento o que se requieren más recursos al objeto de fortalecer dicha atención.
Por todas esas consideraciones, las Comisiones unidas de Salud y de Hacienda -como señalé- aprobaron en forma unánime el proyecto.
Esperamos que este se transforme en ley a la brevedad posible, por cuanto brinda una solución a un sector de funcionarios que cumple tan alta labor.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, no puedo sino respaldar una iniciativa que apunta a mejorar las condiciones laborales de los funcionarios municipales de la salud.
Quienes hemos tenido la responsabilidad de conducir municipios conocemos en detalle la realidad de la atención primaria y las dificultades que implica su administración.
Muchas veces hemos atestiguado con desaliento cómo el nivel primario, a pesar de poseer una importancia prioritaria en materia de prevención y resolutividad de los problemas de salud de la enorme mayoría de la población, arrastra notorias falencias, las cuales o son resueltas con recursos propios de los municipios o, sencillamente, se agravan en el tiempo sin solución alguna.
Ciertamente, este proyecto no resuelve los problemas centrales de la salud primaria. Pero constituye un avance y una mejora para los funcionarios y las funcionarias que hoy se desempeñan en los establecimientos de salud primaria.
En primer lugar, la iniciativa contempla el traspaso de funcionarios desde la categoría e), que corresponde a administrativos, a la categoría c), que equivale a técnicos de nivel superior, siempre que aquellos cuenten con el título pertinente.
Con esta enmienda se da una salida a funcionarios administrativos que han estudiado una carrera vinculada al ámbito en que se desempeñan en un centro de formación técnica.
Ello es muy válido desde el punto de vista del sacrificio efectuado personalmente por muchos administrativos que han optado por continuar estudios en el área de sus funciones. Es justo reconocer ese esfuerzo.
Pero el proyecto no dispone de recursos adicionales para aquellas funciones dedicadas a la atención de salud propiamente tal.
Si la preocupación principal, como ha dicho la Presidenta de la República, es resolver las necesidades de las personas, quisiera ver iniciativas de ley que, además de solucionar las reivindicaciones legítimas de los trabajadores, permitan que los municipios contraten más especialistas, más enfermeras, más técnicos médicos, que son los profesionales que hoy se requieren con más urgencia en los establecimientos.
Eso solo será posible con la revisión del per cápita. Pero esta materia está siendo estudiada por una Comisión, y no conocemos cuándo se presentará un proyecto de ley sobre el particular.
Ahora que se habla de revisar, reorientar, priorizar, a propósito de que se ha reconocido que no será posible cumplir todos los objetivos del programa de Gobierno, me parece que los esfuerzos en salud deberían, con mayor fuerza, orientarse a reducir las listas de espera, tanto de consultas médicas como de intervenciones quirúrgicas, que generan malestar e incertidumbre en miles de pacientes a lo largo de todo el país.
Solo en la Región de Los Lagos hay 59.937 personas en lista de espera por una consulta en los tres servicios médicos y 14.200 pacientes aguardando por una intervención quirúrgica.
Si el realismo evidencia la dificultad de construir todos los hospitales comprometidos, al menos no renunciemos a la idea de disminuir sustancialmente las listas de espera en los centros de salud del país, y resolver así un problema concreto y urgente de una parte importante de la población.
Por cierto, el apoyo a la atención primaria puede permitir avanzar fuertemente en la reducción de la lista de espera para especialistas. Sin embargo, en vez de dar ese respaldo, estamos aumentando la carga financiera a su administración, que desde hace años arrastra un fuerte déficit.
Insisto en que las reivindicaciones de los funcionarios me parecen muy legítimas, pero su financiamiento debe ser de total responsabilidad de la autoridad central, lo que una vez más no se cumple en este proyecto.
El Gobierno dice que se financia el mayor gasto producto de este traspaso de categoría. No obstante, para calcular el aporte solo consideró el valor fijado en la carrera lineal, que no se aplica en la realidad, puesto que la gran mayoría de los municipios ha mejorado las plantas para poder atraer al personal calificado necesario, lo que es más claro aún en comunas alejadas o de difícil desempeño.
Es decir, el Ejecutivo plantea financiar solo la diferencia nominal, no la real. Esta última deberá ser asumida por cada municipalidad, restando recursos al mejoramiento de las acciones directas de salud.
Por otra parte, en cuanto a la obligación de llamar a concursos internos para llenar los cargos de la dotación cuando no se cumpla la relación 80 por ciento de planta y 20 por ciento a contrata, el Gobierno tampoco asume todos los efectos financieros.
El proyecto contempla que el personal a honorarios también podrá participar de tales concursos. Pero ¿qué pasa si el cargo es llenado por alguien a honorarios? ¿Qué pasará con el funcionario a contrata? ¿Perderá su cargo? ¿Pasará a desempeñarse a honorarios, precarizando su condición? ¿O simplemente se aumentará la dotación?
En el primer caso, muy probablemente, con la nueva doctrina de los tribunales, habrá que pagar indemnización por años de servicios. En el segundo, simplemente aumentará el costo de la dotación. Ninguno de estos mayores costos está considerado en los informes financieros.
Señora Presidenta, en un escenario de restricción fiscal como el que se ha señalado, es aún más importante la focalización del gasto en aquellas necesidades más urgentes de la población.
La salud es una de esas prioridades y la atención primaria constituye una herramienta eficaz para cumplir los objetivos sanitarios fundamentales del Gobierno y dar respuesta a las demandas de la mayoría de la población.
Confío en que, a corto plazo, discutiremos los proyectos dirigidos a fortalecer directamente este nivel de atención.
Tales iniciativas deberán ir acompañadas de otras que busquen mejorar las condiciones de los trabajadores y reconozcan sus legítimos derechos.
No se puede avanzar en las prestaciones de la atención primaria sin mejorar las condiciones de trabajo de sus funcionarios. Así también, no se puede avanzar en atender estas demandas laborales sin satisfacer las urgentes necesidades de salud de la gente, que, como ya he dicho, pueden y deben ser cubiertas en buena parte por los centros de atención primaria.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi.

El señor ROSSI.- Señora Presidenta, seré mucho más breve que mis colegas.
Es muy interesante hacer un análisis sobre la realidad de la atención primaria en Chile y los desafíos que hay por delante. Pero este proyecto es muy sencillo. Ha sido fruto de un diálogo y un proceso de negociación entre los trabajadores, las trabajadoras, el Ministerio de Salud y los municipios.
Es más, hoy la Comisión de Salud realizó una sesión para abordar el tema de la atención primaria y cómo hacerla más resolutiva, a través de la capacitación del recurso humano y la incorporación de especialistas.
Con relación a la iniciativa que nos ocupa, quiero destacar los dos aspectos centrales contenidos en los dos artículos que la conforman.
Lo primero se relaciona con valorar el esfuerzo personal, familiar -como dijo también un colega-, de funcionarios y funcionarias de la atención primaria que han estudiado mientras trabajan, logrando sacar su título de técnico de nivel superior. Al encasillarlos en la categoría pertinente se les reconoce ese esfuerzo en formación, en capital humano, lo que, evidentemente, mejorará sus condiciones labores, su remuneración. Ello constituirá un premio a ese sacrificio. De ese modo se respeta la dignidad del trabajador.
Este primer aspecto tiene que ver con el encasillamiento, lo cual permitirá valorar la inversión en formación y capital humano de cada funcionario y funcionaria de la atención primaria que haya hecho ese esfuerzo.
El otro elemento que deseo resaltar muestra grandes implicancias para el resto de la Administración Pública. Llevamos años criticando lo mal empleador que es el Estado, toda vez que no cumple con la ley que establece el porcentaje de trabajadores de un servicio público que debe estar contratado bajo la modalidad a plazo fijo versus la calidad de contratados indefinidos.
Efectivamente, en el acuerdo que se plasma en el presente proyecto se establece con total claridad que las entidades administradoras de salud municipal deberán ajustarse a las normas legales en esta materia. Alguien decía que no es necesario hacer una ley para que se respete otra, pero acá, a través del artículo 2º propuesto, se consigna una salvedad: efectuar un concurso interno para ese efecto.
O sea, las corporaciones municipales que administran la atención primaria, cuando tengan más de un veinte por ciento de funcionarios o funcionarias en modalidad a contrata, deberán llamar a concurso interno para resolver el problema y cumplir con la ley.
Por lo tanto, este no sería, estrictamente, un proyecto innecesario, como aquí se ha señalado.
Insisto, sí, en resaltar la relevancia de la iniciativa que nos ocupa, porque espero que represente el primer paso de muchos para resolver la situación crítica que afecta a la Administración Pública, donde se desempeñan funcionarios tanto a contrata como a honorarios.
Además, estos últimos, al final de cuentas, son falsos trabajadores a honorarios, porque en realidad operan en una relación de subordinación y cumplen horarios. Debiesen disponer de una calidad administrativa distinta, que les garantice estabilidad laboral.
En este caso, vamos avanzando en esa dirección: habrá una carrera funcionaria, y muchos trabajadores y trabajadoras de la atención primaria podrán ingresar a la planta.
Desde ese punto de vista, celebro el acuerdo alcanzado, y evidentemente anuncio mi voto favorable.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, quiero hacer una consulta para clarificar un punto. Y si me equivoco en su formulación, es por ignorancia.
Uno conoce la realidad de muchos auxiliares paramédicos, quienes cumplen ciertas funciones. Tal vez la calificación de sus títulos dependa de las horas que se exigían antes en comparación con las que se piden ahora. De hecho, muchos recibieron formación dentro del servicio de salud respectivo y no en los institutos profesionales y centros de formación técnica. Esas personas, quienes tuvieron la universidad de la vida o del hospital -para ser concreto-, son, a mi juicio, tremendos profesionales. Pero, al momento de encasillarlos, quedan adscritos al escalafón de administrativos.
¿Quién sabe cómo se califica ese título? ¿Será de técnico de nivel superior?
Como muchos de esos funcionarios cumplen labores extraordinariamente importantes en el ámbito municipal y suelen provenir de localidades apartadas -por lo mismo, no se hallan en condiciones de buscar otras fuentes de empleo-, pido que en el reglamento que deberá dictar el Gobierno se precise esta materia. A través de esta vía, se podría hacer justicia con tales personas; a menos que, para la definición de "técnico de nivel superior", el Ministerio de Salud se base en otra norma. Pienso que la diferencia radica en cuántas horas son necesarias para ser considerado en tal calidad.
En todo caso, como la fijación de los criterios pertinentes quedará entregada a un reglamento, este asunto sí podrá resolverlo el Ministerio de Salud y no la Cartera de Educación ni la Contraloría General de la República.
Por ende, entendiendo el espíritu del presente proyecto de ley, que es tan valioso y que hace justicia a tantos trabajadores de la salud primaria -en la Región de O'Higgins, que represento, donde hay 33 comunas pero una sola reúne el 25 por ciento de la población y el resto son intermedias o medianas o pequeñas, mucha gente sacrificada labora en los centros de atención primaria-, considero justo que incluyamos en el reglamento a esos profesionales, quienes entregan su trabajo en forma muy leal, a efectos de que no se vean perjudicados.
Señor Presidente, valoro la iniciativa que nos ocupa.
Es una conquista de los trabajadores de la salud municipal, a través de sus organizaciones gremiales (la CONFUSAM) tanto de nivel nacional como regional. Estoy seguro de que ellos comparten plenamente la inquietud manifestada y por eso me atrevo a dejar constancia en la Versión Oficial de que es importante que nos preocupemos de todos los técnicos o de las personas que posean cierta formación, independiente del escalafón que ocupen. Deberían estar en la categoría respectiva a la labor que realizan. Porque a veces existen distorsiones a nivel municipal.
Con todo, asegurémonos de que esos trabajadores sean valorados y reconocidos.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (30 votos a favor).
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Chahuán, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Horvath, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.

El señor GIRARDI.- Pido que se considere mi pronunciamiento afirmativo.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Se dejará constancia en la Versión Oficial de la intención de voto favorable del Honorable señor Girardi.

Como se recordará -ya en la discusión en particular-, el Senador señor Orpis pidió votación separada de la parte final de un inciso.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ORPIS.- Quisiera fundamentar mi posición.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Pero primero se explicará sobre lo que hay que pronunciarse.

El señor ORPIS.- Muy bien.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El Senador señor Orpis ha solicitado votar separadamente la oración final del inciso primero del artículo 1°, que dice: "El Servicio de Salud competente podrá objetar dicha calificación si considera que no se ajusta a la normativa que la hace procedente.".
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En discusión el texto leído.
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, quiero fundamentar por qué he pedido esta votación separada.
El artículo 1° establece dos condiciones.
La primera, acreditar que se está "en posesión de un título de técnico de nivel superior, de aquellos a los que se refiere el artículo 54 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2010, del Ministerio de Educación".
Y la segunda, realizar "funciones pertinentes a la categoría". Este requisito es más subjetivo y se presta para distintos criterios.
En mi opinión, no le corresponde al Servicio de Salud pronunciarse respecto de la calidad de técnico de nivel superior, porque tal calificación se halla definida en el artículo 54 del decreto con fuerza de ley Nº 2.
Sí le compete ocuparse sobre lo relativo a la pertinencia. Y eso aparece en el inciso segundo, que señala: "Un reglamento dictado por el Ministerio de Salud dentro de los treinta días siguientes a la fecha de publicación de esta ley, fijará los criterios y el mecanismo para establecer la pertinencia de las funciones.". Por tanto, dicho asunto está salvado.
Insisto: no le concierne al Servicio de Salud pronunciarse acerca de la posesión de un título de nivel superior. Eso se encuentra acreditado directamente por el Ministerio de Educación. Sí puede establecer la pertinencia de las funciones, y eso está consignado en el inciso segundo al entregarle la obligación de dictar un reglamento para fijar los criterios respectivos.
Al incluirse las dos condiciones señaladas en el inciso primero, me parece que está de más la oración final.
El Servicio de Salud estaría asumiendo una competencia que no le corresponde: pronunciarse respecto de los títulos que emite el Ministerio de Educación. Sí puede abocarse a la pertinencia, tema que se aborda en el inciso siguiente.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra la señora Subsecretaria de Redes Asistenciales.

La señora VERDUGO (Subsecretaria de Redes Asistenciales).- Señor Presidente, agradezco a los señores Senadores el interés por apoyar un proyecto que fortalece la atención primaria de la salud municipal.
Al Honorable señor Orpis le precisé el espíritu de la norma en debate, que dice relación con que el Servicio de Salud competente puede objetar la calificación de si para el desempeño de la función se considera pertinente o no el título de técnico de nivel superior que ostente un funcionario. Ello, a los efectos de ser beneficiario de la ley en proyecto.
Me parece relevante que sea así, dado que los títulos técnicos de nivel superior son otorgados por los institutos técnicos.
Evidentemente, el servicio de salud no puede objetar eso, pero sí la pertinencia o no, para el desempeño de su función, del título que ostenta el funcionario.
Eso es parte de la supervisión técnica de los servicios sobre las entidades administradoras de salud municipal. Y ese fue el espíritu con el que se redactó la referida oración.
Es lo que puedo señalar sobre el particular, señor Presidente.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Están claros los dos puntos de vista.
Entonces, procederemos a votar la parte final del inciso primero del artículo 1° del proyecto (página 1 del comparado), que dice: "El Servicio de Salud competente podrá objetar dicha calificación si considera que no se ajusta a la normativa que la hace procedente.".
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Como ya se indicó, corresponde votar separadamente la oración que se consigna en la parte final del primer inciso del artículo 1° propuesto por las Comisiones unidas.
Quienes estén de acuerdo con que dicha oración quede tal como viene aprobada en el proyecto deben votar que sí, y aquellos que deseen eliminarla, que no.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En votación.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba la oración "El Servicio de Salud competente podrá objetar dicha calificación si considera que no se ajusta a la normativa que la hace procedente" (15 votos a favor, 7 en contra y una abstención) y, por no haber sido objeto de indicaciones, el proyecto queda aprobado en particular y despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Muñoz y Lily Pérez y los señores Araya, García, Girardi, Guillier, Letelier, Montes, Ossandón, Prokurica, Quinteros, Rossi, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa las señoras Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, García-Huidobro, Orpis, y Pérez Varela.
Se abstuvo el señor Moreira.

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RECHAZO A EXPRESIONES DE PRESIDENTE BOLIVIANO Y RESPALDO A ACCIÓN DE GOBIERNO Y CANCILLERÍA CHILENA. PROYECTO DE ACUERDO


El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Le daré la palabra al Senador señor Chahuán, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, a fin de que nos explique un proyecto de acuerdo que se propondrá a la Sala para su aprobación por unanimidad.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1.817-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 34ª, en 14 de julio de 2015.


El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, en sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores celebrada hoy, con presencia del Canciller, acordamos proponer al Senado un proyecto de acuerdo mediante el cual rechazamos las expresiones ofensivas del Presidente de Bolivia respecto de algunas autoridades políticas, en particular del Ministro de Relaciones Exteriores, señor Heraldo Muñoz, y, adicionalmente, respaldamos a la Presidenta de la República y a la Cancillería por las acciones emprendidas durante la reciente visita del Papa a esa nación.
Por tanto, pido a la Sala que tenga a bien aprobarlo por unanimidad.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- El señor Secretario dará lectura a su texto.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El proyecto de acuerdo, en su parte resolutiva, expresa:

"1.- Respaldar a Su Excelencia la Presidenta de la República y al señor Ministro de Relaciones Exteriores en la disposición manifestada de restablecer de inmediato y sin condiciones relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia, lo que ha sido coincidente con la permanente disposición de diálogo que ha manifestado nuestro país.

"2.- Rechazar en términos categóricos las ofensivas afirmaciones del Presidente de Bolivia, Evo Morales, respecto de nuestras autoridades políticas".
Cabe hacer presente, que el referido proyecto de acuerdo cumple con el requisito reglamentario para ser tratado, porque viene con la firma de más de 20 señores Senadores.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará.

--Por unanimidad, se aprueba el proyecto de acuerdo.

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ADECUACIÓN DE LEGISLACIÓN NACIONAL A ESTÁNDAR DE CONVENIO MARCO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD PARA EL CONTROL DEL TABACO


El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Corresponde proseguir la discusión particular del proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Girardi, Rossi y Ruiz-Esquide, en primer trámite constitucional, que adecua la legislación nacional al estándar del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, con segundo informe de la Comisión de Salud y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8.886-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Girardi y Rossi y del entonces Senador señor Ruiz-Esquide):
En primer trámite, sesión 11ª, en 10 de abril de 2013.
Informes de Comisión:
Salud: sesión 35ª, en 5 de agosto de 2014.
Salud (segundo): sesión 6ª, en 7 de abril de 2015.
Discusión:
Sesiones 36ª, en 6 de agosto de 2014 (queda pendiente la discusión en general); 37ª, en 12 de agosto de 2014 (aprobado en general); 9ª, en 14 de abril de 2015 (queda pendiente la discusión en particular); 10ª, en 15 de abril de 2015 (queda para segunda discusión); 11ª, 21 de abril de 2015 (suspensión de segunda discusión); 33ª, en 8 de julio de 2015 (queda pendiente la votación en particular).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Cabe recordar que se han renovado dos indicaciones al artículo 1° del proyecto: una relativa al numeral 11) y la otra al número 14).
Asimismo, debo reiterar que el numeral 14) del artículo 1°, que no fue objeto de modificaciones en el segundo informe pero sí de indicaciones, tiene que aprobarse en particular con quórum orgánico constitucional, esto es, 22 votos favorables.
Ruego a Sus Señorías dirigirse a la página 15 del boletín comparado.
En la segunda columna, el texto aprobado en general, que no sufrió modificaciones en la Comisión de Salud, dice:
"10) En el artículo 11:
"A) Sustitúyese el encabezado del inciso primero," -del artículo 11 de la ley N° 19.419- "por el siguiente:

"Artículo 11.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, se prohíbe fumar en los siguientes lugares, salvo en sus espacios al aire libre:".
La indicación renovada por los Senadores señores Chahuán y otros (viene con el número de firmas reglamentario) es para suprimir la letra A) del artículo 11 del proyecto aprobado en general. Ello, al objeto de que quede el texto de la ley vigente, que figura en la primera columna del comparado.
La diferencia entre ambas normas radica, sucintamente, en que el texto en vigor contempla también la expresión "sus patios", que el proyecto aprobado en general suprime.
Nada más, señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En discusión.

Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Senado, de acuerdo a la facultad que nos confiere el artículo 124 del Reglamento de la Corporación, un grupo de diez Senadores hemos decidido renovar la indicación que fue rechazada en la Comisión de Salud, que suprime la letra A) del artículo 11 del texto aprobado en dicha instancia. Eso, con el fin de que se mantenga el texto actual de la ley N° 19.419, que dispone que no obstante se prohíbe fumar en determinados lugares cerrados, ello sí se puede hacer en sus patios o espacios al aire libre.
Fundamentamos tal renovación en el hecho de que numerosos establecimientos gastronómicos y otros de esparcimiento han efectuado cuantiosas inversiones al objeto de tener patios especialmente acondicionados para fumadores, recintos a los que no ingresan las personas que no fuman, de manera que no se transforman en "fumadores pasivos". Por lo tanto, estimamos que dichos patios deben mantenerse.
Por otra parte, si no se puede fumar en patios especialmente destinados al efecto, ¿dónde sería factible hacerlo?
Reitero, estoy en contra del consumo de tabaco por los perniciosos efectos que causa a la salud. De hecho, soy autor de varias de las indicaciones presentadas; he formulado diversos proyectos de ley sobre esta materia; con el Senador Rossi hemos pedido alzas en los tributos al tabaco.
Pero debe haber racionalidad en la norma. De tal modo que no podemos prohibir el consumo de tabaco, ya que eso atenta contra la libertad de los consumidores, la cual se verá seriamente restringida con la existencia de las cajetillas genéricas, disposición que -como ya se ha dicho- aprobamos en la sesión pasada.
Los consumidores asumen responsablemente el riesgo que implica fumar tabaco y sus consecuencias. Pero no por eso podemos prohibirles el consumo en espacios determinados y aislados del resto de las personas, de manera que no sean afectadas por el humo del cigarrillo, tal como se estableció en la última ley que modificó la legislación sobre tabaco.
Por tales razones, voy votar a favor de la indicación renovada, con el objeto de que se mantenga la disposición vigente en esta materia.
Hemos dicho que acá se requieren normas racionales. Y la prohibición de fumar en patios o espacios al aire libre nos parece que va mucho más allá de lo razonable y lo lógico.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Advierto a las personas que nos acompañan en las tribunas que está estrictamente prohibido emitir manifestaciones.
Tiene la palabra la Senadora señora Van Rysselberghe.

La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, la verdad es que cuando discutimos la norma que nos ocupa en la Comisión de Salud yo voté en contra básicamente porque se suprimía la posibilidad de fumar en los patios.
¿Por qué? Porque a mí me parece que la Ley del Tabaco tiene que orientarse a evitar el consumo en menores, a impedir que el ejercicio de mi libertad y mi derecho a fumar afecten la vida de terceros.
Consumir tabaco al aire libre a mi juicio no afecta a otras personas. Entonces, cuando en un restorán, en un pub se habilitan espacios al aire libre para fumadores se genera ese respeto hacia terceros.
Sin embargo, esta disposición elimina la palabra "patios", en circunstancias de que la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones estipula claramente qué es patio. Y lo leo: "Patio: superficie desprovista de toda construcción situada dentro de una propiedad y destinada al uso de sus ocupantes.".
Al sacar el término "patios" de la norma vigente como lugar donde es factible fumar estamos diciendo que las personas no podrán consumir tabaco dentro de la propiedad privada, aunque esté al aire libre. Por lo tanto, vamos a obligar a que, en aquellos pubs que han habilitado espacios al aire libre para atender a los clientes que quieran fumar, la gente tenga que ir a la calle para hacerlo.
Creo que eso es algo extremo.
Entiendo que uno deba preocuparse de la vida, de la salud de los dependientes y de los fumadores pasivos, quienes, en este caso, ya no existirían.
Pero que se obligue a los dueños de ese tipo de establecimientos a realizar una inversión con el fin de que equipen lugares para fumadores; que luego se les cambien las reglas del juego y se les diga que no puede haber sectores para fumadores dentro de los locales, sino que ellos tienen que estar fuera; y que, además, ahora les señalemos que quienes quieran fumar ni siquiera pueden estar al aire libre dentro de la propiedad, sino que han de irse a la calle para hacerlo, me parece un extremo.
Esas son las razones por las cuales nosotros renovamos la indicación y queremos que se apruebe, por cuanto respeta el espíritu que tendría que estar detrás de este proyecto.
La ley en proyecto no debiera atentar contra el derecho de los fumadores, sino resguardar a terceros del daño que eventualmente puede producirles el tabaco.
Esperamos que la referida indicación se vote favorablemente, porque de lo contrario los más perjudicados serán esos pequeños comerciantes de pubs que han hecho inversiones importantes para seguir adelante con su negocio, a pesar de las restricciones que la legislación vigente impone a su actividad.
Anuncio mi voto a favor de la indicación renovada.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, cuando legislamos con respecto a normas antitabaco lo hemos hecho, primero, para combatir el tabaquismo (así lo he visto); segundo, para evitar el acceso de los menores al tabaco, y tercero, para impedir que los fumadores invadan los lugares públicos.
Pero el artículo que ahora nos ocupa a mi juicio perjudica algo sumamente importante, que es la libertad individual de las personas, ya que ni siquiera podrán fumar en el patio de su casa.
¡Eso me parece lo más coercitivo que puede existir de parte del Estado!
El Estado es mucho más que el gobierno de turno. Entonces, que en nuestro país ni siquiera se pueda fumar en el patio de una casa colinda con lo absurdo.
Aquí no estamos hablando del acceso de menores de edad al tabaco, de alguien que sufre por el tabaquismo, sino de personas que, en el ejercicio de su libertad individual, quieren fumar. Por lo tanto, deben tener espacios para hacerlo.
Además, ya hemos legislado para generar reglas del juego en la actividad económica, sobre todo con respecto al comercio y el área de servicios en particular, con el fin de que se habiliten lugares especiales destinados a que las personas puedan fumar.
Desde ese punto de vista, imponer nuevas condiciones y cambiar las reglas del juego sería tremendamente nefasto para el comercio, el área de servicios y el turismo, que generalmente se mueve en torno a tales actividades.
Por todas esas consideraciones, soy partidaria de rechazar la norma que nos propone la Comisión de Salud y de aprobar la indicación renovada que ahora nos ocupa.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Subsecretario de Salud Pública.

El señor BURROWS (Subsecretario de Salud Pública).- Señor Presidente, quiero clarificar que el artículo 11 de la legislación vigente dispone que: "Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, se prohíbe fumar en los siguientes lugares, salvo en sus patios o espacios al aire libre". Y luego enumera una serie de lugares.
Por lo tanto, en ningún caso la norma actual habla de los patios de la propiedad privada. Solo se refiere a los patios de cada uno de los lugares señalados en su texto.
En segundo lugar, no eliminar la palabra "patios", como se pretende a través de la indicación renovada, significaría para el Ministerio de Salud un retroceso en la actual legislación.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, creo que esta es una acción más dentro de una de las legislaciones peor formuladas que yo por lo menos he visto en el Parlamento.
Lo cierto es que, a propósito de una tarea digna como es asumir un mayor control de la salud en distintos aspectos, se vulneran todos y cada uno de los principios que suelen regir la vida pública chilena.
El derecho a la libertad de las personas quizás se ha violentado en cada una de las modificaciones planteadas.
Ello no obsta al hecho de que pueda haber normas en materia de salud con visiones distintas, pero siempre en el ámbito de la libertad, del derecho a la distinción, de evitar el fomento al clandestinaje y la pérdida total del sentido de la propiedad.
Creo que todo está mal diseñado.
Pero en forma adicional, señor Presidente, lo que más me preocupa es que esta norma, a diferencia de lo que dice el Subsecretario, quien está preocupado de estos asuntos y no de otros vinculados también a la salud -lo voy a decir por tercera vez: nunca lo vi en el tema de la marihuana, pero ahora se halla concentrado hasta en el detalle de los metros que deben tener los patios donde se puede fumar cigarrillo; claro, porque ¡en ellos puede haber una reconversión hacia otro tipo de actividades...!-, es una innovación con respecto a la ley vigente.
Entonces, parece que aquí la memoria no solo es frágil y corta, sino también inexistente.
Esa disposición obedeció -tal como otras cuestiones que se han ido cambiando- a un escenario en el cual se les dijo -insisto por décima vez en que yo no fumo- a las personas que tenían restoranes -es el caso que recuerdo- que debían hacer un esfuerzo especial con el objeto de evitar el fumador pasivo. Y para ello había que disponer en dichos establecimientos de espacios al aire libre o patios.
Se definió qué es "patio".
Hubo inversiones muy importantes, que realizaron particularmente los pequeños restoranes para tratar de adaptarse a una obligación que en sí misma ya era una complejidad.
Pero resuelto aquello, ahora de una plumada se elimina el término "patios" de la norma vigente. Ello significa borrar toda la innovación que se había planteado en el Parlamento para armonizar el derecho a fumar de las personas con no afectar a terceros que, legítimamente, no deseen estar en un medio ambiente vinculado con el cigarrillo.
Entonces, yo veo una lógica más bien persecutoria que reflexiva; una lógica más propia de la prohibición norteamericana en el ámbito del alcohol que de la modernidad de la educación para efectos de entender cómo se ejerce la libertad de las personas.
Y esto me sorprende en mayor medida: aquí se desanda un camino y se hace exactamente lo inverso de lo que ya se resolvió como señal de política pública tratándose de materias como esta.
Por eso, comparto plenamente la indicación renovada que explicó el Senador Chahuán, que no hace otra cosa que volver al acuerdo a que llegamos en este Parlamento en términos de armonizar legítimos derechos de las personas y no conculcarlos al estilo chiita.
A mi juicio, nos hallamos frente a un tipo de lógica prohibitiva que solo va a despertar el desapego a la ley, el clandestinaje, el oculto generado por el conjunto de escenarios que se van creando.
Dentro de la muy mala legislación que se está aplicando en Chile, considero que la mantención del artículo 11 de la ley vigente como se encuentra concebido evita caer en este tobogán de malas ideas, que, por lo menos a mi entender, implica un retroceso, muy por el contrario de lo que planteó el Gobierno a través del Subsecretario de Salud Pública.
Por consiguiente, votaré a favor de la indicación renovada.
--(Aplausos en tribunas).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Es la última advertencia a las tribunas: está prohibido hacer manifestaciones.
Lo lamento.
Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, las palabras de quienes me antecedieron me posibilitan una intervención más breve que la prevista.
Yo solo quiero subrayar que el esfuerzo que hemos estado haciendo en nuestro país como política pública se ha orientado a restringir lo más posible el consumo de tabaco -particularmente para evitar daños a terceros, y sobre todo a los menores- por la vía de impedir que el hábito se adquiera a temprana edad como está ocurriendo. Y ese esfuerzo lo considero razonable.
Lo que no me parece razonable es que se cambien las reglas del juego prácticamente todos los años. Porque, recién dictada la legislación vigente, hace un par de años, se ingresó un nuevo proyecto para establecer nuevas regulaciones, las que a su vez habían modificado otras, aprobadas no mucho tiempo atrás.
Entonces, yo pregunto qué país puede reputarse de serio cuando altera sus reglas de forma permanente.
Aquí, el problema queda muy en evidencia.
Sin embargo, es un mal que pareciera estar contagiando al Gobierno en toda su acción legislativa. Porque se quiere cambiar todo: la estructura tributaria, la estructura educacional, la estructura laboral, la estructura constitucional.
¡Se quiere hacer de nuevo nuestro país! ¡Y algunos Senadores están muy entusiasmados con eso...! No se han dado cuenta de que, producto de esos cambios, Chile se está frenando de manera indefectible.
La paralización económica no es casualidad. Porque la alteración de las reglas del juego genera incertidumbre, falta de seguridad jurídica. Así, cualquier emprendedor -aunque sea alguien que ponga un quiosco-, quien sabe que corre un riesgo cuando realiza una inversión, pide al menos que no le modifiquen las regulaciones.
Eso es lo que ha estado ocurriendo en nuestro país.
Por ello, cuando la Presidenta de la República habla de un segundo tiempo, uno quisiera ver la prudencia para hacer las cosas. Y además, para hacerlas bien. Porque incluso desde el punto de vista técnico se han estado haciendo mal.
Modestia aparte, señor Presidente: para referirse a esta materia hay que tener a la vista dicho aspecto, pues se trata del mismo afán.
A quienes invirtieron para que en sus restoranes o bares existiera una sala separada para fumar -fue la primera ley- se les cambiaron las reglas del juego, pues hace dos años hubo otra ley, la que les dijo: "No. Ahora los clientes no van a poder fumar aquí: se irán al patio". Y en este momento, como somos muy creativos, se les manifiesta: "No. Cerramos el patio: se van a fumar a la calle".
Díganme una cosa: ¿qué seriedad hay detrás de todo aquello? ¡Ninguna! Se están burlando de la gente.
Por eso algunas inversiones se van a frenar. Por eso seguimos dando señales negativas, a nuestro país y al exterior, en el sentido de que aquí no vale la pena invertir por ahora porque estamos pasando por un período de desorden mental, aparentemente, en que todo debe hacerse de nuevo. No hay estabilidad, no hay lógica, no hay normalidad, como si Chile estuviera en una crisis infinita.
¡El afán de cambiar todo es lo que está provocando la crisis! Y si el Gobierno no se da cuenta y no lee las encuestas, el resultado, simplemente, va a ser demoledor para las expectativas políticas de la Nueva Mayoría.
Señor Presidente, yo no fumo; sin embargo, pienso que hay que restringir lo más posible el acceso al consumo de tabaco. Pero lo que no podemos hacer es cambiarle las reglas del juego a la gente todos los días.
Ahora se plantea una enmienda consistente en eliminar la expresión "patios o", para sacar a la gente del poco espacio para fumar existente dentro de un local, en el que se habían hecho inversiones para adecuarlo. O sea, de nuevo, ¡todo perdido!
Así no arreglaremos las cosas, señor Presidente: las vamos a empeorar.
Por eso, voy a votar a favor de la indicación renovada.
He dicho.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Se pidió abrir la votación.
¿Le parece a la Sala?
Acordado.
En votación la indicación renovada N° 19.
--(Durante la votación).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, quien escuche este debate sin conocer el contenido de la normativa propuesta puede formarse la impresión de que estamos a punto de demoler a pedazos nuestro país; de que, en definitiva, está en juego el atropello a las libertades constitucionales.

El señor LARRAÍN.- A las libertades personales.

El señor NAVARRO.- Sin embargo, de lo que estamos hablando es de una legislación que restringe más los lugares donde se puede fumar.
Yo creo que las familias de muchos fumadores empedernidos van a estar muy agradecidas, porque en último término estamos haciendo una política de salud pública para cuidar la salud de las personas.
¡Tres mil millones de dólares! Es lo que, según nos dice la Universidad de Chile, gasta nuestro país en enfermedades, tratamientos y medicamentos a causa del tabaquismo.
¿Cuánto pone al erario la industria tabaquera por concepto de impuestos? ¡Mil ochocientos millones...! Pero crea un drama profundo en las familias y en las propias personas.
¡Estamos defendiendo la vida de la gente!
Por cierto, aquellos que hoy están en posiciones antiaborto y son partidarios de la pena de muerte incurren en una nueva contradicción: porque aquí se están evitando las muertes por cáncer.
Por tanto, la restricción que se plantea mediante una política pública no es solo por perseguir a los fumadores -¡no!-, sino además porque queremos que el Estado ahorre mucho dinero al reducirse los tratamientos a personas que se autoinfligen una enfermedad que al final del día es muy cara para el país en el ámbito laboral, en materia de recursos.
Entonces, estamos en pos de una política pública.
La verdad es que aquí se ha armado un fetiche en el sentido de que perderán su inversión los establecimientos que habilitaron patios de los locales para permitir que se fumara en ellos. Pero no es así: van a ganar, pues podrán poner más mesas.
--(Manifestaciones en tribunas).
Es una inversión que no se pierde, pues hay una restricción a la posibilidad de fumar en los espacios respectivos.
Señor Presidente, la forma como se utiliza a los trabajadores la hemos vivido muchas veces; por ejemplo, a propósito de la Ley de Pesca.
Yo esperaría que, si se llegara a ver afectada la fuente laboral de los trabajadores, el Congreso aplicara políticas para enfrentar la situación, por la responsabilidad del Estado en ello.
Por ejemplo, el Estado intervino en la Ley de Pesca, y muchos trabajadores perdieron su ocupación. Pero esta situación se abordó.
Entonces, yo digo que el mismo derecho debe asistirles a todos los trabajadores que vean afectada su fuente de empleo a raíz de una ley. Esa debiera ser la norma.
En definitiva, si estamos por regular aspectos de la economía y, como sucedió en el caso de la pesca -en su oportunidad nos hicimos cargo de cientos y cientos de millones de dólares; y se trataba también de una empresa privada-, afectamos la fuente laboral de los trabajadores, la solución debe ser la misma.
Aquí no se trata de desproteger a los trabajadores.
Al respecto, yo solidarizo absolutamente con la idea de que, si va a haber efectos negativos sobre un área de la producción, el Estado debe intervenir con mucha fuerza y no mirar para el lado.
--(Manifestaciones en tribunas).
Sin embargo, en este momento estamos discutiendo en torno a los espacios donde se puede fumar, y específicamente, respecto de los patios.
Sobre el particular, hay variadas observaciones, pues algunos Senadores, quienes han estado en contra de muchas normas, en este instante se oponen a la que nos propone la Comisión de Salud.
Ahora, es falso y equivocado que se trate de los patios de las casas: estamos hablando de los patios de los establecimientos comerciales que han habilitado dichas áreas para fumar.
Hoy, en Chile, una persona puede fumar marihuana en el interior de su domicilio. Y eso no es delito. De hecho, uno tiene muchos amigos, profesionales exitosos, que fuman su huiro y su pito en casa sin ningún problema. Y no son ni drogadictos ni...
--(Manifestaciones en tribunas).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¡Última advertencia, señores!
Si continúan, voy a hacer desalojar las tribunas. Y me dirijo especialmente a ustedes.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, no me altera el hecho de que los trabajadores puedan expresarse.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¡No! ¡El Reglamento hay que aplicarlo! ¡Y yo presido la sesión, señor Senador!

El señor NAVARRO.- Gracias.
Entonces, señor Presidente, solo quiero decir que, en el ámbito de lo que estamos planteando, hay posibilidad de abrir un debate. Es necesario para el país, para aquellos que están actualmente en el tabaquismo y también para los trabajadores. Tienen la oportunidad de discutir en torno a las restricciones que estamos poniendo a una industria que en el mundo entero solo ha causado muerte y destrucción. Porque eso es lo que han hecho las tabacaleras, comprando científicos y manipulando las estadísticas.
Durante muchos años los fumadores pasivos -yo no fumo; no lo he hecho nunca- dimos una gran lucha por establecer estos derechos.
Lo único que sostengo es que poner una restricción en el caso de los patios de diversos lugares no vulnera ningún derecho constitucional, ninguna libertad: solo limita un área para fumar. Y todo esto tiene como resultado que haya menos fumadores, lo que le ahorra mucho dinero al Estado y salvaguarda la vida de las personas.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¡Silencio!
Tiene la palabra el Senador señor Girardi.
--(Manifestaciones en tribunas).

El señor GIRARDI.- Señor Presidente, yo no tengo problema en que el lobby de las tabacaleras esté en las tribunas, porque sé que los trabajadores también son víctimas de aquellas, pues, de manera vil e ilegal, los han amenazado con que si se aprueba la ley en proyecto van a perder sus empleos.
Yo solidarizo con esos trabajadores chilenos, quienes son personas, tienen familia. Y creo que, en la eventualidad de que se concrete lo anunciado en la referida campaña del terror, el Estado deberá apoyarlos.
Ahora, a mí me sorprende cuando se dice que esta es una pésima legislación, pues no creo que en la sociedad mundial de la salud haya una materia con la evidencia que tiene el peligro del tabaco; no creo que exista un tema con el sustento científico, epidemiológico y de salud pública que posee el riesgo del tabaco; no creo que haya un consenso más amplio que el existente respecto al problema del tabaquismo.
Entonces, me parece sorprendente que aquellos que sistemáticamente han votado contra todas las leyes sobre la materia, desde que presentamos el primer proyecto, nos digan hoy que se tienen que defender la libertad y los derechos de las personas.
Lo que hemos hecho nosotros ha sido precisamente proteger los derechos de las personas.
En el pasado debimos defender, y de manera muy dura y contra la corriente, primero, el derecho de los no fumadores a no aspirar humo ajeno.
¿Y qué pasó en la primera legislación, de la que hablaba el Senador Larraín? Intentamos -es cierto- prohibir totalmente el fumar en lugares públicos cerrados. Pero no lo conseguimos, porque teníamos a los lobistas de las tabacaleras, quienes, incluso, en ese tiempo entraban a las Comisiones.
Como estamos defendiendo un bien común, no vamos a transar, no vamos a cejar, no vamos a dejar que en Chile sigan muriendo -como sucede hoy- 16 mil personas al año -46 al día- por responsabilidad de las tabacaleras.
Por eso presentamos un segundo proyecto de ley, con el que avanzamos y logramos prohibir que se fumara en lugares públicos cerrados. Porque era una falacia que hubiera lugares para fumadores y no fumadores. ¡Eso no sucede en ninguna parte del mundo!
Además, el humo se difundía y los trabajadores de los locales respectivos recibían nicotina con una carga de PM 2.5 absolutamente inaceptable.
Desde el punto de vista sanitario, pues, había que actuar como se ha hecho en todos los países civilizados del planeta.
Entonces, viene a este Senado la Directora de la OPS, quien representa a la Organización Mundial de la Salud y al Convenio Marco. Se reúne con todos los parlamentarios de la Nueva Mayoría, a los que les entrega evidencia científica en todos los aspectos, pero igual se relativiza. Y les pide reuniones a muchos otros parlamentarios, quienes rechazan su solicitud, porque, aparentemente, no quieren escuchar.
La ley en proyecto, señor Presidente, busca defender a los niños. Porque quien no ha fumado a los 20 años difícilmente lo va a hacer más adelante. Entonces, las tabacaleras tienen como objetivo transformar en adictos a los niños, pues mientras más pequeña sea la persona más seguro es que en el futuro no pueda dejar de fumar.
Así, esta norma tiene que ver con las triquiñuelas que las empresas usan todos los días, con el fumar humo ajeno.
Porque, evidentemente, se puede fumar al aire libre.
Ahora, estamos discutiendo una indicación formulada, no por nosotros, sino por el Ejecutivo.
Lo que pasa es que, en los pubs, a cualquier recinto pequeño llamado "patio" le ponen una carpa, un techo, y en su interior se fuma.
De ese modo, todos los días se viola la ley.
Aquí estamos diciendo que no hay ningún problema en fumar en un lugar abierto. Pero hablar de los espacios donde el humo no se esparce, en que se expone a las personas a fumar humo ajeno, es retrotraernos al primer proyecto de ley que presentamos en el pasado.
Señor Presidente, no nos hallamos ante una cuestión de vida o muerte. Sin embargo, la indicación renovada no refleja la voluntad de avanzar en defender la vida de las personas, de garantizar la libertad, no de las tabacaleras, sino de quienes van a un lugar y, sin ser consumidores de tabaco, están obligados a fumar.
Ahora, ¿cuál es la libertad de los niños para no exponerse a aquello? ¿Y qué se dice ante las acciones ilegales de las tabacaleras?
La amenaza hecha por las tabacaleras viola el artículo 485 del Código del Trabajo.
Yo no he escuchado a ningún Senador decir "¡Cómo es posible que en Chile se amenace a personas que tienen contratos de trabajo debidamente acreditados!".
Si mañana los trabajadores amenazados quisieran defender...

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Perdón, señor Senador, pero concluyó su tiempo.
Su Señoría dispone de un minuto adicional.

El señor GIRARDI.- ... su fuente laboral, podrían interponer un recurso de protección. Porque, conforme al referido artículo 485 y a los siguientes (espero que el Senado los defienda), las amenazas de despidos masivos a raíz de políticas públicas -esta lo es- constituyen una violación a los llamados "derechos fundamentales" y ponen en riesgo la integridad física y psíquica de los trabajadores. Se registra, así, una vulneración a derechos constitucionales.
A mí me gustaría ver a nuestro Senado defendiendo esos derechos.
Sin embargo, a vista y paciencia de todos nosotros, las tabacaleras actúan como si este país fuera una jungla donde pueden hacer lo que quieren.
Si los trabajadores no lo hacen -porque en este caso no existe acción pública-, al menos yo voy a presentar un recurso de protección, pues no me parece aceptable que la respuesta de dichas empresas de la muerte sea intimidar, amenazar a sus trabajadores, pagando buses para que concurran al Senado ante la imposibilidad de venir ellas mismas a hacer su descarado lobby del pasado.
Esas fábricas de la muerte tienen que terminar, pues se dedican a enganchar a niños con la finalidad ya descrita.
Por eso la ley en proyecto, señor Presidente.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, después de este acalorado debate, lo primero que quiero decir es que nunca he recibido, de ninguna de las tabacaleras, ni visita, ni lobby, ni informe, ni solicitud de reunión, ni petición de tipo alguno.
¡No les debo de importar mucho...! Porque jamás han hablado conmigo. ¡A lo mejor mi opinión no interesa tanto...!
Dejo constancia de aquello porque, a la luz de las intervenciones anteriores, cualquier persona que escucha esta discusión puede pensar que aquí estamos frente a una opción entre morales e inmorales, o entre buenos y malos, o entre defensores y enemigos de los niños.
No creo que tal sea el debate, al menos en el artículo que nos ocupa.
En este caso se está votando una indicación renovada a propósito de una norma que se propone para prohibir que se fume en los patios de determinados lugares.
La Comisión eliminó los términos "patios o".
Hay un dicho que reza que el ideal es enemigo de lo bueno.
Ahora, lo que a mí más me molesta es que en legislaciones como esta se planteen en favor de una causa noble -porque a nadie le gusta que los niños fumen- normas tan extremas que llegan incluso al ridículo.
En La Moneda hay patios. Entonces, con la supresión propuesta, en sus patios no se podrá fumar.
En el Congreso Nacional existen patios. Periodistas, Senadores y funcionarios salen a ellos a fumar. Con la disposición en estudio no podrían hacerlo.
Estamos haciendo referencia a gente adulta, muy consciente.
Tampoco me gusta que se venga a dictar cátedra o a decir qué pueden hacer o no los trabajadores, quienes también son personas adultas.
Me parece un insulto afirmar que ellos vienen a esta Corporación al estar comprados por los dueños de no sé qué. Pido un poquito más de respeto por quienes han venido a presenciar la sesión.
--(Aplausos en tribunas).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Reitero que no se permiten las manifestaciones. Si se quiere expresar aprobación, se pueden mover las manos.
Tampoco es posible agradecer, porque, si no, la Mesa tendría que discriminar según la forma de hacerlo, y debe ser ecuánime.
Puede continuar, señor Senador.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, no quiero caer en el mismo juego de exagerar las cosas, pero es evidente que existe el derecho a reaccionar cuando se emiten conceptos altamente negativos para la dignidad.
Voy a pronunciarme a favor de la indicación, que repone la palabra "patios". De otro modo, estaríamos llegando a límites extremos; a aspectos francamente ridículos, que no se cumplen.
En una norma de más adelante se prohíbe fumar en las playas. ¡Será necesario determinar espacios específicos en ellas!

El señor MATTA.- ¡Son las de estacionamiento...!

El señor PIZARRO.- No, Su Señoría. Se alude a las del sector costero.
Me parece bien que se haya agregado el concepto "puertos", los cuales, por esencia, se hallan al aire libre. Como no estaban contemplados, ningún marinero podría haber fumado en uno de ellos, ni, menos, en un barco o un bote.
No creo que medie un riesgo de vida de los niños ni que se justifique ninguna de las disquisiciones grandilocuentes que se han escuchado.
Recibí a la representante de la Organización Panamericana de la Salud, quien me hizo un largo análisis. En algunas cosas tenía razón, y mucha; en otras había exageración, y mucha. No creo que tenga la última palabra, porque otras personas, también con antecedentes científicos, han opinado lo contrario.
No estamos en un debate de vida o muerte, pero es preciso colocar los límites en algún momento, y cada adulto decidirá si fuma o no en un patio habilitado especialmente para eso.
Voto a favor de la indicación renovada.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Le agradezco al público asistente su forma de manifestarse ahora, que es compatible con el Reglamento.
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, aun a riesgo de repetirme, comprendo toda la legislación dictada con miras a poder lograr un control sobre el tabaquismo. Como se dijo aquí, esta es la tercera normativa en la materia.
Había normas razonables. En el caso de un restaurante de una sola pieza, de un lugar cerrado, se prohibía fumar.
Se dispuso primero un espacio para no fumadores y otro para fumadores. Al poco tiempo, se cambiaron las reglas con otro proyecto y se afirmó que la medida no bastaba, por lo que se debían modificar por completo todas las instalaciones que se habían hecho.
No quise intervenir el otro día después de escuchar al señor Subsecretario, pero voy a decirlo ahora: fueron tan terroríficas las cifras que dio y los costos, de miles de millones de dólares, que sería necesario prohibir el cigarrillo y erradicar el tabaco ante una situación tan dramática. Pero también es cierto, de acuerdo con lo que se conoce en la historia, que la gente fuma desde hace más de dos mil años, y no creo que se pueda corregir el problema por la vía de la exageración.
Siempre he sostenido que la educación -o sea, convencer realmente a la persona de que no es bueno fumar- es mucho más importante que todas las leyes prohibitivas. La prohibición, en sí misma, provoca con frecuencia más problemas que soluciones.
El patio efectivamente es un lugar abierto. El Senador señor Girardi decía que allí sí se puede fumar. Eso no se quiere en el texto: en el que fue aprobado en general se eliminó la expresión "patios o".
Por mi parte, voy a votar a favor de la indicación renovada, porque juzgo que la exageración lleva siempre a malas soluciones.
En la letra B) se agrega la palabra "puertos". ¿Qué es el puerto? ¿Se trata del espigón? ¡Si corre viento, dejaremos fumar; si no, no lo permitiremos! ¡Vamos a llegar a ese exceso!
Y más adelante viene lo de las playas. ¿Tampoco se va a poder fumar allí?
Entonces, con toda la demasía a la que se llega, la normativa que se pretende dictar, en vez de contribuir a regular lo que interesa, termina por provocar una reacción negativa. No se trata de aprobar el tabaquismo o de concluir que no importa la muerte de cuarenta o de mil personas, sino de ser racional respecto de lo que se desea legislar y de despachar disposiciones consecuentes con lo que se quiere.
En el espacio libre de que disponga un local comercial se puede fumar. Cuando alguien me visita y va a fumar, no lo hace dentro de mi casa, sino que sale al patio. Y eso lo impongo como norma.
Hagamos lo lógico.
Deseo también reclamar la afirmación en el sentido de que la gente que ha concurrido a la Corporación viene pagada. Eso no corresponde. Estimo que el colega que lo dijo no apuntó a ofender a los asistentes en las tribunas. Son trabajadores con un criterio diferente, a lo mejor, del que inspira a los autores de la iniciativa.
Del mismo modo, quienes nos manifestamos en contra de algunas disposiciones no estamos en la posición de que las personas mueran producto del cigarrillo. Pensamos distinto. Juzgamos que a través de otro tipo de normativa se puede lograr un mejor resultado.
Por eso, voto a favor de la indicación renovada e insisto en no seguir exagerando. Más que prohibir, eduquemos.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, en primer término, quisiera que se aclarase una de las frases del Honorable señor Girardi en orden a que las palabras "patios o" que se eliminarían son de iniciativa del Ejecutivo. He conversado con el señor Subsecretario, quien me ha dicho que no es así. Por lo tanto, me gustaría que el Gobierno aclarara el punto.
En segundo lugar, me cuento entre los parlamentarios que apoyaron la ley anterior sobre la base de que es preciso mantener por los fumadores pasivos la consideración debida.
Estimo que en nuestro país ha habido una evolución cultural enorme en el sentido de respetar a quien no quiere fumar. Basta recordar lo que ocurría en discotecas, restaurantes o pubs, donde los no fumadores prácticamente lo hacían más que los fumadores. El cambio ha sido total. La habilitación de lugares especiales en restaurantes u otros sitios, como patios o espacios al aire libre, permite satisfacer el hábito, si se desea, pero sin arriesgar a quien no lo practica.
El Senador que habla apoyó esta última medida por estimar que en esa forma se consideran la vida y el derecho de los demás.
En cuanto a lo dicho respecto de los lobistas de las tabacaleras, la verdad es que no he conversado nunca, ni de Diputado ni de Senador, con una persona que haya intentado influir en mi pronunciamiento.
Mi caso es el mismo que el del Honorable señor Pizarro.
Algunos creen que los están persiguiendo. No es así. Estamos votando de acuerdo con nuestra conciencia, porque mantenemos visiones distintas. Cada uno puede apoyar lo que quiera en cuanto a las indicaciones que presente algún otro Senador, pero eso no significa que medie una influencia en su decisión.
En ese sentido, siento lo ocurrido, no solo con los trabajadores de la industria de cigarrillos, sino también con los productores de tabaco en algunas zonas. En la Región que represento, muchos de estos últimos han trabajado por generaciones en el rubro y han efectuado inversiones, y de la noche a la mañana, con ocasión de la ley en proyecto, la empresa dice: "No vamos a continuar con la actividad en Chile". ¿Qué respuesta vamos a darle al sector laboral?
¡Y el tabaco se cultivará en otras partes del mundo, porque la gente no va a dejar de fumar! Ojalá lo hiciera, pero es una decisión propia de la libertad que tiene que corresponderle a cada uno.
Deploro la inquietud y los problemas que se están suscitando, no solo para los trabajadores presentes en la tribuna, sino también para quienes son pequeños productores, en su gran mayoría -no conozco tabacaleros que sean grandes agricultores-, en distintas comunas de la Región que representamos con mi Honorable colega Letelier.
Tenemos que comprender que ellos llevan a cabo un trabajo lícito. El consumo de tabaco no se encuentra penalizado. Está autorizado por la ley y, por algo, lo que se está haciendo aquí es restringirlo de alguna forma.
Lamento profundamente lo sucedido con los trabajadores y pequeños agricultores de mi Región, así como de la Quinta, la Metropolitana y la Séptima, quienes se sienten absolutamente desprotegidos.
Pregunto qué banco va a darles en adelante un crédito. ¡Cómo van a apretarlos! A lo mejor se intentará rematarles sus propiedades, porque mantienen créditos a largo plazo. Quisiera que ello se analizara no solo en el contexto de lo que estamos conversando.
Por último, quisiera que el señor Subsecretario pudiera aclarar cuál es la posición del Gobierno al respecto. Porque...

El señor ORPIS.- Se expresó que la eliminación importa un retraso.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Perdón, señor Presidente. Entendí que el Senador señor Girardi expresó que mediaba el apoyo del Ejecutivo. Eso es lo que deseo que se precise.
Por lo tanto, voy a votar a favor de la indicación presentada y de que se pueda fumar en los lugares que habíamos aprobado.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, juzgo que a todos los que estamos en la Sala se nos llama a ser consistentes en las convicciones por las cuales fuimos elegidos.
Soy una persona que cree mucho en la libertad y en que es preciso encontrar el equilibrio con la correspondiente a las personas, porque la de unos termina en tanto afecta los derechos de otros. He tratado de mantener la conducta adecuada en todo lo que apoyo o rechazo en esta Corporación.
Tengo un juicio sobre la publicidad, sin duda. Y no me refiero solo al tabaco, sino también a todos aquellos productos que, siendo legales, provocan efectos muy fuertes sobre la salud, porque el Estado termina pagando las consecuencias de ciertas prácticas que muchos aplicamos. A eso obedece mi opinión sobre la comida chatarra y el tabaco. Lamento que en esta Corporación todavía no lleguemos a una consistencia respecto de la publicidad del alcohol.
Una cosa distinta es el contenido de la norma en discusión, que tiene que ver con la forma como se ejerce la libertad sin afectar a los demás. Me parece extraño que se quiera prohibir el consumo de algo legal en espacios en que no se lesiona a otros. Precisamente se han contemplado los patios porque fumar en el interior de los recintos causaría un efecto en los derechos ajenos.
La insinuación de que esta práctica no es posible en esos espacios significa entrar en una contradicción, en el fondo, con el consumo legal del tabaco, en este caso, o de otros productos en la misma condición, porque se limita en exceso la libertad de ejercer el derecho.
Otro debate es el que planteaba el Senador señor García-Huidobro, quien intervino con anterioridad. En la Región que ambos representamos hay tabacaleros, y espero que, en forma consistente y consecuente con la iniciativa, se aplique una política de fomento y reconversión en el sector. Porque, sean los trabajadores de la industria de envases, sean los cultivadores, lo que el Estado debería hacer, tratándose del proyecto que impulsamos para regular los impactos del consumo de una droga legal y si queremos cambiar las reglas -en lo personal, me habría encantado que junto al Subsecretario de Salud estuviera presente el Director de Presupuestos-, es asumir la ayuda para reestructurar la actividad.
Los que se dedican a esta labor, conforme a una práctica ancestral, plantan tabaco no porque les guste el producto. ¡Muchos ni fuman! Lo hacen porque así han podido educar a sus hijos y dar bienestar a sus familias. Han establecido un proceso de riesgo en la agricultura que no es fácil.
Estoy seguro de que si la normativa que nos ocupa causara un impacto, al colega a quien acabo de hacer referencia y a otros parlamentarios que representamos zonas donde se cultiva tabaco nos gustaría que se contemplara una cláusula para que el Estado contribuyese a reconvertir.
Y muchos trabajadores que por momentos sienten amenazada su fuente de trabajo probablemente quieren lo mismo. No se trata de un amor particular por una empresa, pero sí les interesa contar con la garantía de que a fin de mes van a recibir una remuneración segura, como la de hoy, para alimentar y educar a sus hijos, a su familia, y lograr bienestar. No es por amor al tabaco: es por la estabilidad.
A mi juicio, la propuesta que se había formulado es inaceptable. Y voy a aprobar la reposición del texto original, por cierto. Pero me gustaría plantearle al Ministerio de Salud -creo en la salud pública- que, cuando cambiamos las reglas porque nos estamos modernizando, porque registramos mayores niveles de ingreso, el Estado tiene la responsabilidad de ayudar a reconvertir o de asegurar que nadie pierda su trabajo y su nivel de vida, lo que puede suceder con la iniciativa en examen.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba la indicación renovada N° 19 (21 contra 4 y 3 pareos).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Lily Pérez y Van Rysselberghe y los señores Araya, Chahuán, Coloma, De Urresti, García, García-Huidobro, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Orpis, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa las señoras Goic y Muñoz y los señores Girardi y Navarro.
No votaron, por estar pareados, la señora Von Baer y los señores Allamand y Pérez Varela.


El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El Honorable señor Chahuán y otros señores Senadores con quienes se reúnen las firmas reglamentarias han renovado la indicación número 25, tendiente a suprimir el número 13, que pasó a ser 14, en virtud del cual se sustituye el artículo 15 de la ley por otro.
Cabe hacer presente que la norma de reemplazo es de rango orgánico constitucional.
Se apunta a eliminar la disposición relativa a que "La autoridad sanitaria fiscalizará el cumplimiento de la presente ley, de acuerdo con lo prescrito en el Libro X del Código Sanitario.".
La ley vigente determina que la infracción se denunciará ante el Juzgado de Policía Local.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- No sé si quedó claro el punto.
Tiene la palabra la Senadora señora Van Rysselberghe.

La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, nosotros consideramos que esta normativa es extremadamente dura, rígida, va mucho más allá de la protección a terceros ante el humo del tabaco, va mucho más allá de proteger a los menores, que es lo que eventualmente pudiera estar detrás de una iniciativa de ley de esta naturaleza.
Y en el contexto de una futura ley extremadamente dura, rígida, se pretende que el Ministerio de Salud sea juez y parte. Eso a mí no me parece.
Vale decir, si se infringiera la ley en proyecto, el que cursará la infracción, clausurará el local, actuará de juez, sancionará y dictará la sentencia final será el Ministerio de Salud. Yo no comparto eso. Considero razonable que sea la autoridad sanitaria la que multe y que sean los tribunales, los juzgados de policía local los que sancionen y se constituyan en instancia de apelación.
Al Ministerio de Salud le cuesta una enormidad fiscalizar lo que hay. Y entregarle además la responsabilidad de sancionar -o sea, el mismo funcionario que cursará la multa será el juez- es algo que, a mi juicio, no corresponde.
Esa es la razón por la cual repusimos la indicación.
Pienso que es sano separar los poderes, las funciones, porque, de lo contrario, ello se puede prestar para abusos o para malas acciones.
Por lo tanto, pienso que está bien que el Ministerio de Salud fiscalice, pero deben ser los tribunales los que finalmente sancionen.
He dicho.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi.

El señor GIRARDI.- Señor Presidente, en mi opinión, esta es una de las normas más importantes junto con las relativas a la cajetilla plana y a la imposibilidad de usar aditivos. ¿Por qué? Porque hoy día, efectivamente, las seremías pueden fiscalizar. Sin embargo, cuando ellas encuentran cualquier irregularidad -por ejemplo, restoranes que permiten fumar en su interior o lugares cerrados en los que se autoriza hacerlo- o no se cumple con las normas, esas infracciones hoy día van a los juzgados de policía local; pero estos nunca sancionan. Porque para un juez de policía local que lleva una cantidad inmensa de causas esos casos son el "último pelo de la cola" y finalmente quedan sin castigo.
De hecho, el Subsecretario de Salud podría explicar después por qué la gran mayoría de las fiscalizaciones no termina en sanción.
Por eso, no es pertinente volver a trasladar dicha atribución al juzgado de policía local.
Esta fue una pelea muy dura que dimos con el Ministro Mañalich. Fue el Senador Coloma -lo recuerdo muy bien- quien planteó en la legislación anterior que la sanción fuera facultad de los juzgados de policía local. ¿Cuál fue el resultado? Que hoy no se aplica ningún tipo de sanción real, efectiva, porque a los infractores nunca se los castiga.
No tiene ningún sentido que aprobemos la ley en proyecto si finalmente no habrá sanción.
Por tal motivo -insisto-, le pido al Subsecretario que explique por qué hoy día no hay sanciones. Puede haber denuncias, fiscalizaciones, pero la sanción no existe. Además, las sanciones no son dramáticas. Sin embargo, no se aplican. Para los juzgados de policía local -y nosotros la vez pasada conversamos con la instancia que los reúne- llevar a cabo una investigación, un debido proceso por infracciones a la Ley del Tabaco es algo que evidentemente está muy por debajo de otros temas que son prioritarios.
En cambio, aquello sí puede ser fiscalizado y sancionado por quien está encargado de sancionar los riesgos sanitarios.
En Chile todos los riesgos sanitarios, de alimentos, de ruidos, de basura, etcétera, son sancionados por la autoridad sanitaria, es decir, por los tribunales sanitarios, los cuales llevan a cabo un debido proceso. Y es posible apelar ante ellos: las personas que resultan sancionadas en un debido proceso por dicha autoridad, por un tribunal sanitario, pueden recurrir y apelar de esa resolución.
Si no procedemos de esa forma, nos vamos a quedar sin sanciones.
Ahora bien, aquí se habla de que la ley en proyecto es extremista. ¿Saben qué? Esta es la normativa que se está instaurando en todos los rincones del planeta.
¡Lo único extremista en Chile es la prevalencia extrema de fumadores adultos que hay acá y que no existe en los países europeos!
¡Lo único extremista en Chile es la cantidad inmensa de niños que fuma, la mitad en cuarto medio y el 40 por ciento entre los 12 y los 16 años!
¡Lo único extremista en Chile es el número de personas que fallece como consecuencia del tabaco!
¡Lo único extremista en Chile son los millones de personas adictas al tabaco!
Se habla de libertad. Al respecto, debo decir que la mayoría de esas personas ha intentado dejar de fumar muchas veces, pero no lo logra, porque es una adicción. Y mientras más temprano empiece dicha adicción menos posibilidad existe de recuperar a la persona.
Por lo tanto, este es un tema muy central.
Ustedes se preguntarán por qué, habiendo una norma que impide vender cigarrillos a los niños, la mitad fuma en cuarto medio; por qué, estando prohibida la venta de cigarrillos a los menores, el 38 por ciento de quienes tienen entre 12 y 16 años fuma.
¡Es porque en Chile la fiscalización es ineficaz!
Si se aprueba esta indicación, que plantea lo mismo que los Senadores de enfrente propusieron en la legislación anterior, les aseguro que todo lo que hemos incorporado en esta normativa, ¡absolutamente todo!, se traducirá en una bonita pirotecnia, en un bonito debate, porque ninguna de estas infracciones tendrá jamás sanción alguna, ¡jamás sanción alguna!
En consecuencia, creo que aquí tenemos una responsabilidad que va más allá de la decisión de si se puede fumar en determinado lugar, de la libertad de las personas.
Si aprobamos un cuerpo legal, este no tiene ninguna posibilidad de hacerse efectivo, con las buenas medidas que consideren algunos o con las malas medidas que consideren otros, si no cuenta con un instrumento de sanción eficaz y real.
Por eso, le pido al Subsecretario de Salud, que es el que justamente coordina la autoridad sanitaria, que explique cuántas son las sanciones reales provenientes de infracciones a la Ley del Tabaco.

El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, ¿puede abrir la votación?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¿Habría acuerdo en tal sentido?

El señor PIZARRO.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría, antes de tomar la decisión.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, quiero hacer algunas consultas para los efectos de decidir después cómo votar.
Aquí se ha sostenido que hoy día los juzgados de policía local no están sancionando a nadie que cometa la falta de fumar y que, por lo tanto, todo lo que estamos incorporando acá quedará sin castigo.
Ese es el argumento.
Por otro lado, tiene cierta lógica que un juez determine si hay o no falta y qué multa corresponde aplicar. Para eso están los jueces, los tribunales, los cuales se supone son imparciales.
En tal sentido, la propuesta que se hace es reemplazarlos por la autoridad sanitaria, que es la que fiscaliza -o sea, la que determina si alguien está cometiendo o no delito-, y, además, será la que sancionará. Esto significa que se constituirá en juez y parte.
Y la pregunta obvia que a uno le surge es: "¿Ante quién me defiendo yo, ante quién apelo, quién es más imparcial para dictaminar?".
Si eso no lo puede hacer un juez, menos podrá hacerlo una instancia fiscalizadora. Porque esta, de por sí, va a constatar que algo que se está cometiendo es falta o delito. En consecuencia, hay un prejuicio detrás de eso.
Además, quiero saber de qué tipo de faltas estamos hablando en lo que respecta al Libro X del Código Sanitario, porque eso no ha estado en discusión acá. Por lo menos, quienes estamos en esta Sala no sabemos de qué multas se trata, ni cuáles son los montos, si estos son exagerados o no.
Por eso, antes de votar, preferiría tener esa información, señor Presidente.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Subsecretario, ¡que ha sido llamado por todos a iluminarnos...!

El señor BURROWS (Subsecretario de Salud Pública).- Muchas gracias, señor Presidente.
Deseo clarificar un par de puntos relacionados con este tema.
Efectivamente, esta fue una modificación que se introdujo en la anterior legislación. No estaba presente en la primera Ley del Tabaco, cuerpo normativo que estipulaba que la fiscalización y la sanción residían en la autoridad sanitaria.
En primer término, hay que señalar que gran parte de los cambios conductuales a los que se ha hecho referencia y el impacto que tuvo la primera ley se produjeron contando con la fiscalización y sanción de parte de la autoridad sanitaria.
En segundo lugar, hemos comprobado que efectivamente ha habido una disminución de las sanciones debido a que nuestros fiscalizadores están obligados a realizar las denuncias en los juzgados de policía local.
No se trata de que no haya interés de parte de los jueces, sino de que muchas veces nosotros también tenemos dificultades para compatibilizar los tiempos. Y en eso quiero llamar la atención. Cada vez que tienen que ir a un tribunal, a un juzgado de policía local, nuestros fiscalizadores pasan un largo tiempo -como muchos chilenos- en una sala de espera, para poder presentar en cinco minutos los antecedentes y luego retirarse, para un proceso que finalmente termina en nada. Y eso desgasta a nuestros fiscalizadores.
Tal vez no se comprende que en la lógica de los sumarios sanitarios no se es juez y parte.
Antiguamente, los fiscalizadores de las seremías cursaban una multa y decían: "Usted tiene que pagar tanto", y las personas estaban inmediatamente obligadas.
El proceso no es así en la actualidad.
En general, salvo que haya inminente riesgo para la salud de la población, lo que se hace es levantar un acta de un sumario sanitario, y esos antecedentes se entregan a una división jurídica que tienen todas las seremías, la que lleva adelante también un proceso sancionatorio que da la oportunidad de hacer descargos a la persona afectada. Y, además, las sanciones son apelables ante los tribunales de justicia.
En suma, devolver esta atribución a la autoridad sanitaria, al contrario de significar una sobrecarga, nos permitiría hacer un uso más eficiente de nuestras fiscalizaciones, toda vez que aquellas personas que van a ser fiscalizadas serán efectivamente sancionadas; por lo tanto, no se requerirá repetir las visitas que finalmente no redunden en alguna sanción.
Gracias, señor Presidente.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Si le parece a la Sala, se abrirá la votación.
Acordado.
En votación la indicación renovada Nº 25.
--(Durante la votación).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, me parece que la indicación renovada es completamente razonable, pues no hace otra cosa que establecer la recta forma de resolver los conflictos en la lógica de que no se sea juez y parte.
Esta norma ha cambiado mucho. Lo que no dice el señor Subsecretario es que varió bastante la legislación actual respecto de la antigua.
La norma vigente la aprobamos el 2013. ¡No fue el siglo pasado!
Ese año establecimos la actual fórmula para resolver el conflicto. Y en ese momento dispusimos un mecanismo muy razonable: la autoridad sanitaria es la que fiscaliza -un Senador que me antecedió en el uso de la palabra señalaba que yo no quería que se fiscalizara, ¡pero si la norma así lo dice!-, y un juez de policía local -una tercera parte- es quien resuelve.
Me parece absurdo lo que está pidiendo el Ministerio de Salud. Quiere ser juez y parte. Ese es el paraíso de las personas que no se atienen siquiera a ser objeto de un tercero que vea si están haciendo bien o mal las cosas.
Afortunadamente, en la legislación chilena no hay ejemplos de este tipo. Los jueces no son parte.
El cambio introducido por la reforma procesal penal apuntó a que quien llevaba un proceso no podía resolverlo. Esa fue el alma de la reforma, para evitar la dualidad letal de que quien fiscaliza y considera que hay una sanción sea también quien resuelva.
La fórmula que se propone está mal diseñada. Por algo el Parlamento estableció que una autoridad sanitaria fiscalizara y un juez de policía local actuara resolviendo conforme al mérito del proceso.
Ahora bien, no he oído al Subsecretario de Salud decir que realizó cinco mil fiscalizaciones y que no se ha aplicado ninguna sanción, porque eso no es así.
Con la enmienda propuesta se genera una suerte de suprapoder, al margen de algo tan simple como un juez. O sea, un suprapoder sanitario sin que exista la opción de que un juez pueda resolver localmente cuál es la naturaleza de la sanción.
Y respecto de los menores -alguien hacía referencia a ello-, ¡está prohibida la venta a menores! ¿Ustedes creen que no es clandestina esa venta, que no es a través de terceras personas? ¿O piensan en la ingenuidad de alguien que, sabiendo que va a violentar una norma, incurriría en esa falta?
Por algo las normas deben tener un sentido común. Y eso es lo que estamos perdiendo en este tipo de legislación. Se diluyó, se esfumó en gran parte del texto.
Pero necesitamos recuperar por lo menos la sanción, poder decir: "Este suprapoder tiene un juez de policía local que va a poder decir que es cierto, que lo comprobó y también ver qué señala la otra parte". Pero se nos indica que la fórmula es ir al juez. ¡Miren la fórmula! Hay que recurrir al juez ordinario para reclamar contra una eventual multa que le curse la autoridad sanitaria.
¡En qué país vivimos!
¿Qué significa eso desde el punto de vista práctico?
Por eso, la indicación no solo es correcta, sino que además pretende reponer algo que acaba de ser aprobado por el Parlamento hace dos años. ¡Toda la ley vigente fue aprobada hace dos años! Y ya estamos cambiándola absolutamente.
Señor Presidente, me parece fundamental aprobar la indicación en la forma indicada.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, estamos en una parte esencial del proyecto de ley: la efectividad de la sanción impuesta.
Una norma sin sanción no es norma. Porque si da lo mismo que se cumpla o no, para qué existe si no está asociada a una sanción.
Quiero señalar -leía estadísticas desde Google, y también lo planteo como pregunta para el señor Subsecretario- que los juzgados de policía local tienen cero incentivo para fiscalizar los locales. ¡Cero incentivo! Porque estos establecimientos son parte del proceso de entrega de recursos a los municipios: pagan patente municipal.
Entonces, efectivamente hay un conflicto de intereses. Porque el municipio recauda la patente municipal, y puede haber otros aportes de parte de los locales, y además tiene la función de sancionarlos.
En tal sentido, se necesita una autoridad que sea independiente y coherente con la naturaleza de su función.
¿Qué tiene que ver el municipio y el juzgado de policía local con materias de salud pública? Es la autoridad sanitaria la que cierra locales, centros de trabajo cuando hay situaciones de insalubridad o riesgo en las condiciones del trabajador. Es la autoridad sanitaria en función del Código Sanitario. No son los juzgados de policía local. Estos no cuentan con esa especialidad. No es función del municipio.
Y, además, hay conflicto de intereses, porque evidentemente muchos alcaldes quieren que haya centros comerciales que atraigan gente y paguen patente.
Si queremos una norma eficaz, debemos confiar en la autoridad sanitaria, en el Código Sanitario. Ella resguarda la vida de nuestros trabajadores, las condiciones de higiene y seguridad. ¡Qué más importante en una empresa para los empleados que las condiciones de higiene y seguridad! ¿Quién vela por ello? La autoridad sanitaria.
Siento que esta es la autoridad especializada para fiscalizar en un restorán u otro establecimiento tanto las condiciones de trabajo como el cumplimiento de la norma relativa al tabaco, todo en un mismo acto. No hay pérdida de eficiencia.
Y si algunos creen que la autoridad sanitaria no puede aplicar sanciones porque hay conflicto de intereses, entonces tendríamos que deshacer el Código Sanitario e impedir que esta autoridad fiscalice todos los centros de trabajo que existen hoy en Chile.
Por tanto, el argumento de la falta de idoneidad, o de la doble función, se va al carajo.
Aquí tenemos una autoridad sanitaria y lo que corresponde es su fortalecimiento para que, además de fiscalizar las condiciones de higiene y seguridad de los recintos respecto a los cuales la ley establece regulaciones, verifique su cumplimiento.
Cargar, o recargar, al juzgado de policía local con esa competencia sería injusto para el juez, pero también para el municipio. El cuidado y resguardo de la convivencia en la comuna -atribuciones de los municipios-; la resolución de problemas existentes entre los vecinos; la aplicación de las normas del tránsito, son facultades que hoy tienen los juzgados de policía local y deben cumplirlas.
Esos tribunales se encuentran atochados.
¿Cuántas veces los secretarios de los juzgados de policía local resuelven la aplicación de multas, sin ningún tipo de apelación? Porque no hay apelación de las multas impuestas, o es escasa.
No sé, señor Subsecretario -por su intermedio, señor Presidente-, si en el caso de las infracciones al Código Sanitario las sanciones aplicadas por la autoridad sanitaria son apelables. Creo que lo son, evidentemente. Hay un acta de inspección, que señala un conjunto de elementos problemáticos, que muchas veces se puede subsanar y la multa se retira. Es posible apelar.
Existe un mecanismo probado y en funcionamiento, que goza de mucho prestigio. Yo diría que lo que nos falta son funcionarios.
Por eso, en la tarea permanente de cumplimiento de la ley sanitaria de higiene y seguridad, la norma propuesta tiene plena cabida.
Delegar el problema a los inspectores municipales no corresponde. Que ellos se encarguen de la tarea que hoy tienen asignada, y que los juzgados de policía local continúen con lo que han venido haciendo durante largo tiempo.
El bajísimo número de sanciones aplicadas no demuestra una connivencia de los municipios. Es malo para el alcalde andar pasando multas a los locales comerciales por incumplir la Ley del Tabaco, primero, pues no es una autoridad competente. O sea, ¿un inspector municipal podrá decir que no se cumple con dicha legislación...? Me parece completamente cuestionable.
Los inspectores del servicio de salud tienen autoridad, experiencia, y, por cierto, forman parte de una unidad coherente relativa al Código Sanitario (higiene y seguridad), en cuanto al cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad en el trabajo o de cuidado de la salud pública, como se hace en la norma propuesta.
Por lo tanto, señor Presidente, creo que esto es plenamente pertinente; no debiera causar alarma de ningún tipo.
Voto a favor.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ (doña Lily).- El Senador Navarro aclara que vota en contra de la indicación.
Yo me pronunciaré a favor.
Me encantaría votar en contra. Sin embargo, con franqueza, señor Presidente, ¿la autoridad sanitaria en nuestro país realmente fiscaliza hoy los consultorios? ¿Fiscaliza cuando alguien muere por negligencia, por mala atención? No lo hace, pero no porque no quiera, sino porque carece de los fiscalizadores y de los medios suficientes para hacerlo.
¿Perdón?

El señor DE URRESTI.- Es la Superintendencia.

El señor GIRARDI.- Es la Superintendencia de Salud.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Está bien.
No obstante, la autoridad sanitaria puede hacer ver muchísimas de las cosas que pasan en materia de salud, por ejemplo, a través de oficio a la Superintendencia respectiva, y no lo hace.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Evitemos los diálogos.

La señora PÉREZ (doña Lily).- El Senador Navarro plantea que son -¿cómo dijo?- "los inspectores municipales" los que deben fiscalizar y denunciar ante el juez de policía local.
Eso no es así. Los funcionarios de la autoridad sanitaria son los que tienen que denunciar ante el juzgado de policía local.
En consecuencia, no es efectivo lo dicho sobre los inspectores municipales y los municipios. Ahí hay una confusión.
Creo honestamente que darle una nueva competencia a la autoridad sanitaria como la que se propone -en el fondo, eso hacemos- generará un conflicto de intereses, porque ella será juez y parte respecto de una denuncia en materia de salud.
Por tal razón, prefiero que la disposición quede como está en el texto original. Me parece que hay que ser supertajante en cuanto a que hoy esa competencia no corresponde al municipio, sino a los juzgados de policía local. No se trata de los funcionarios municipales, sino de la autoridad sanitaria.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, quiero referirme a lo que señaló la Senadora que me antecedió, por cuanto es la Superintendencia de Salud la encargada de esa situación, no la autoridad sanitaria.
En eso hay que ser claro, para no confundir y llamar a equivocación.
Si queremos tener una legislación que castigue determinadas conductas en materia de tabaco, necesitamos una institucionalidad sancionatoria adecuada.
Si mantenemos la situación de acuerdo a lo que señala la indicación, es decir, lo relativo a los juzgados de policía local, lo que haremos será sumarles una competencia más a las veintitantas que ya tienen.
Seamos claros -¡qué lástima que no esté presente el Senador Coloma!-: hay ciudades que no cuentan con dichos tribunales.
Por otro lado, los juzgados de policía local están atiborrados de otras competencias, especialmente en materia de tránsito, de pesca, de bosques, de consumidores (SERNAC).
Entonces, atiborrarlos con más competencias, fuera de las veintitantas de que ya disponen, hará estéril el esfuerzo por solucionar el problema.
Recargar de funciones un tribunal, como el de policía local, cuyo objetivo es otro -insisto: ya está saturado con más de veinte competencias-, con algo que, claramente, no sucede, no será adecuado y hará infructuosa la fiscalización.
A mayor abundamiento, acá se ha señalado que el procedimiento propuesto es prácticamente nuevo; que se crea otra institucionalidad, que no existe en otra legislación o en otras áreas.
Quiero señalar que en materia de alimentos (restoranes), de mataderos, de terminales pesqueros; de trabajo (accidentes laborales); de medio ambiente (fuentes de contaminación fijas), se utiliza tal mecanismo, precisamente a través de la autoridad sanitaria.
Se trata de un procedimiento administrativo, reglado, con todas las garantías para cualquiera de las partes. Se instruye un sumario, pasa al departamento jurídico, y en caso de un fallo que no se considere adecuado se recurre a los tribunales de justicia. Esa es la instancia de apelación, en la cual es factible, a través de otro órgano del Estado, no ya en sede administrativa, sino en sede judicial (tribunales de justicia), invocar los descargos pertinentes.
Por eso, hago un llamado a la reflexión, a la rigurosidad en términos jurídicos respecto de lo que acá se ha señalado.
Si queremos una institucionalidad débil, con poca capacidad de sanción, dejemos lo relativo a la denuncia ante el juzgado de policía local. No tengo ningún impedimento.
No obstante, seamos claros, y no señalemos que dicho procedimiento no existe. He mencionado cinco áreas -quizás el Subsecretario en algún momento podría agregar otras- donde funciona bien.
Que tenemos que reforzar el sistema con más funcionarios, ¡obvio! Pero ahora le damos músculo, capacidad operativa, precisamente a la autoridad sanitaria en las seremías correspondientes para efectuar las fiscalizaciones.
Creo que eso es avanzar en una línea adecuada y ser coherentes con lo que hemos planteado en esta legislación, para no dejar una institucionalidad claramente debilitada.
Por ello, formulo un llamado a rechazar la indicación, para fortalecer la instancia de fiscalización de manera seria y efectiva.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Goic.

La señora GOIC.- Señor Presidente, yo también deseo justificar mi votación en contra de la indicación.
Aquí lo que se debate -fue parte de lo que discutimos en la Comisión- es cómo lograr un sistema más efectivo desde los puntos de vista de la fiscalización y de la sanción por incumplimiento de la normativa.
Eso lo vemos todos los días respecto de la ley vigente.
Hace un rato discutimos la eliminación de la palabra "patios". Porque hay muchos establecimientos, en particular los casinos y recintos similares, que actúan al borde. Nosotros entendíamos que cierto espacio no era un patio, pero aparecía como tal para poder burlar -insisto- la legislación. Y vemos que respecto a eso no existe un proceso sancionatorio acorde al texto vigente en nuestro ordenamiento jurídico.
Ha sido la tónica, en distintas modificaciones legales, el fortalecer la autoridad sanitaria. Aquí ya se han entregado ejemplos. Y quiero reiterarlos para no dar lugar a equívocos a quien sigue esta discusión.
Efectivamente, hoy un fiscalizador de una Seremía de Salud que detecta un incumplimiento tiene que denunciarlo...
¿Me permiten continuar, Sus Señorías?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Ruego, por favor, guardar silencio en la Sala. Hay mucho murmullo, mucho diálogo. Los señores Senadores pueden hablar fuera del Hemiciclo.
Tengamos respeto por la Honorable señora Carolina Goic.
Puede continuar, Su Señoría.

La señora GOIC.- Hoy el fiscalizador, en representación de la autoridad sanitaria y haciendo uso de sus facultades, tiene que presentar una denuncia ante el juzgado de policía local.
Ya se ha señalado lo que eso significa. Más aún, aquí se ha manifestado, y es cierto, que hay pocos fiscalizadores. Y estos funcionan dentro de un sistema lento, donde quedan a disposición de los tiempos del tribunal.
Distinto es lo que se plantea acá: un fiscalizador va a terreno, detecta un incumplimiento e inicia un proceso de sumario. Luego, el fiscal, dentro de la Seremía de Salud, realiza todo un proceso que dé garantías de apelación, de respuesta. Después, el fiscal propone una sanción. Y, finalmente, el Seremi la aplica.
Reitero: este mecanismo no es nuevo; no es único. Se lo digo a quienes cuestionan que la autoridad sanitaria fiscalice y sancione.
En efecto, eso funciona en temas relacionados con alimentos, respecto a lo cual le corresponde a la Seremía la fiscalización y la sanción, siguiendo el procedimiento ya indicado.
Ello opera también en lo referido a los mataderos, en el sentido de que no se tiene que ir al juzgado de policía local cuando hay incumplimiento de la normativa pertinente.
De igual modo, en materia de Ley de Accidentes del Trabajo también le corresponde a la autoridad sanitaria, de acuerdo al Código Sanitario, ejercer la fiscalización y determinar la sanción.
Asimismo, con relación a las emisiones de fuentes fijas -muy en el tapete a raíz de los episodios de contaminación-, la autoridad sanitaria sigue el mismo procedimiento.
Entonces, es posible sostener distintas opiniones, pero no podemos dejar la sensación de que aquí se innova; de que hay algo que no funciona respecto de otras facultades de fiscalización de la autoridad sanitaria. Se trata de un procedimiento que nos da garantías del cumplimiento de la ley, aspecto que ya hemos visto.
Los juzgados de policía local no son las instancias más eficaces acerca del objetivo en comento.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, en verdad, lo que debe primar en todo tipo de decisiones en este Senado es la sensatez y el sentido común.
Pues bien, el sentido común me hace preguntar si el argumento del atochamiento existente en los tribunales de policía local es justificación suficiente para eliminar su participación en las decisiones de sanción.
Lo anterior me parece un camino equivocado.
No puede el argumento relativo al gran trabajo de los juzgados de policía local terminar con sus funciones.
En mi opinión, la mejor garantía de los ciudadanos en cuanto a que habrá equidad en las sanciones radica en que la autoridad que fiscalice sea distinta de la que sanciona.
Porque, con el mismo argumento, podríamos decir: "Bueno, entonces que la Ley del Tránsito sea solamente fiscalizada y sancionada por carabineros o por inspectores de los municipios". Así, le alivianaríamos la tarea al juez de policía local y, en definitiva, podríamos garantizar de mejor manera que las personas infraccionadas sean sancionadas.
¡Si eso no se persigue aquí!
La fiscalización persigue la corrección de la conducta. Y esta tiene que ver con una sanción del tribunal, pero razonable, en cuanto a una decisión de la autoridad que mira desde arriba la situación, con imparcialidad y con la obligación de respetar y de hacer cumplir la ley.
Por eso no me cuadra que sea precisamente la autoridad sanitaria y no el tribunal la que tenga que intervenir en la definición de la sanción. Uno fiscaliza y el otro sanciona.
Personalmente, me acomodo bastante mejor con el sentido común, con la sensatez respecto de regular que se haga justicia, que se fiscalice. Es decir, nadie desconoce la facultad de fiscalizar de la autoridad sanitaria; al contrario, creo que debería tener más herramientas para poder hacerlo de mejor manera.
Es cierto que no en todas las ciudades hay juzgados de policía local, pero tampoco servicios de salud.
Aquí se persigue que se cumpla la ley. Y para ello están los fiscalizadores. Por ende, otorguemos todos los recursos y respaldos necesarios a la unidad de fiscalización. No obstante, de ahí a que esta sea también la que resuelva la sanción, me parece un poquito exagerado, y fuera del sentido de la proporción y del común.
En consecuencia, voto que sí a la indicación.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, anuncio que votaré a favor de la indicación.
Primero, deseo dejar en claro que no estamos impidiendo el ejercicio de la facultad fiscalizadora de la autoridad sanitaria ni suprimiéndola. Lo dice expresamente el artículo 15 actual: "La Autoridad Sanitaria fiscalizará el cumplimiento de la presente ley".
¿Qué se pretende hacer con lo que se somete a nuestro pronunciamiento aquí, en el Senado?
Retrotraer esto a otros casos que tratamos de corregir. ¿Por qué instalamos los tribunales tributarios? Porque respecto al contribuyente no se seguía un debido proceso cuando se aplicaba una sanción.
Y así sucede en todas las áreas de la juridicidad en materia de sanciones.
¡Podrá haber excepciones! Mal hecho. Deberían ser corregidas, pues ningún ciudadano puede quedar sujeto o expuesto a la decisión de una autoridad administrativa y no a un tribunal cuando se aplica una sanción.
Otro tema es que haya muchas causas sobre las cuales los jueces de policía local deban pronunciarse.
Los jueces de policía local tienen más formación para decidir quién ha incumplido una disposición, como en este caso, y para aplicarle la multa correspondiente. Todos ellos son jueces letrados.
Aquí se dice que no se innova en ese sentido. Lo que se quiere es mayor eficiencia.
Entonces, hagamos una cosa de inmediato para ser más eficientes en materia de tránsito: que sean los carabineros quienes apliquen la multa. Que a cualquier persona infractora el policía le fije la sanción. Y se acabó.
¡Eso no puede ser! Existe el derecho a reclamar; a acudir a un tribunal, el cual debe resolver acerca de si existió o no la infracción de que se trata, fijar una multa y garantizar una debida defensa.
Por lo tanto, pienso que la indicación que se ha renovado no innova en algo en vigor: que fiscaliza una autoridad y sanciona otra distinta, investida de capacidad de jurisdicción para resolver sobre lo que se pretende sancionar.
Tengo la convicción de que hay que apoyar también el derecho a la defensa de quien pueda ser, en un momento dado, objeto de una sanción por algo que a lo mejor no incumplió o respecto a lo cual existen antecedentes para corregirla.
Voto a favor, por mi convicción jurídica de cómo se debe proceder en este tipo de situaciones.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, la intervención del Senador Zaldívar me ahorra mayores comentarios.
Creo que debemos cumplir con las normas del debido proceso. Y eso significa alguien que acusa; alguien que se defiende, y un tercero que dirime, quien, en este caso, es el juez de policía local.
Me gustaría saber, por ejemplo, ¿cuántas causas están pendientes y atrasadas en los juzgados de policía local? Porque si es una enorme cantidad y ello está dejando la ley sin ser cumplida, en ese caso podemos tomar otras decisiones.
Cabe preguntarse: si la autoridad sanitaria debe denunciar las infracciones ante el juez de policía local respectivo, ¿debe ser ella misma la que accione para lograr un pronunciamiento de este último?
Si denuncia una conducta, no puede quedarse impávida, sin ejercer su derecho a procurar que esa falta se sancione. Y, si no actúa para que los juzgados de policía local se pronuncien, menos aún resolverá los casos entregados en su calidad de juez y parte.
Quiero recordar que en el Senado dimos una lucha muy muy larga -costó convencer a los respectivos gobiernos- para tener tribunales tributarios independientes.
¿Qué principio nos llevó a alcanzar ese objetivo? Cumplir ni más ni menos que lo prescrito en el Pacto de San José de Costa Rica, que nos obliga a observar las disposiciones del debido proceso, en el cual siempre intervienen tres partes.
Si dejamos que la denuncia, la resolución y la sanción queden en manos de la autoridad sanitaria, estaremos incumpliendo las normas del debido proceso.
Por lo tanto, debemos asegurarnos de que sea el juez de policía local el que resuelva.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, diez Senadores decidimos hacer uso de nuestra facultad para renovar esta indicación -fue rechazada en la Comisión de Salud-, toda vez que consideramos que la autoridad sanitaria no puede constituirse en juez y parte en lo relativo a la constatación de infracciones, su juzgamiento y el establecimiento de las sanciones correspondientes, por cuanto ello atenta, indudablemente, contra el principio del debido proceso.
Ese aspecto cobra especial importancia si se tiene en cuenta que en este proyecto se contemplan diversas sanciones y que las penas asignadas a ellas son bastante drásticas -las apoyamos-, pudiendo incluso llegar a la clausura de locales comerciales, con el consiguiente perjuicio económico que implica.
En ese orden de ideas, se aprecia la necesidad de contar con tribunales contencioso-administrativos, como lo solicitamos en un proyecto de acuerdo (boletín N° S 1.524-12) aprobado por unanimidad por esta Corporación el 14 de mayo de 2013, a fin de que conozcan de este tipo de hechos infraccionales.
Por otra parte, es dable recordar que, durante la tramitación de la anterior iniciativa que modificó la Ley del Tabaco, el Pleno de la Corte Suprema manifestó en su informe, emitido conforme a lo previsto en el artículo 77 de la Constitución Política, lo siguiente: "Finalmente, cabe también reiterar, una vez más, la necesidad de crear tribunales contencioso-administrativos, debido al aumento de las materias vinculadas al control judicial de la Administración o de uniformar los aproximadamente ciento cincuenta procedimientos existentes, que se encuentran dispersos en nuestro ordenamiento jurídico".
Como en la actualidad no existe dicha judicatura, de tanta necesidad para la correcta aplicación de la institucionalidad administrativa nacional, estimamos que las infracciones a la legislación regulatoria de expendio y consumo de tabaco que la autoridad sanitaria constate deben ser denunciadas al juzgado de policía local correspondiente, como se establece en el texto vigente.
No puede sostenerse en caso alguno que dichos tribunales han sido ineficientes en las sanciones de las referidas infracciones si los denunciantes no han aportado las pruebas pertinentes para acreditar sus incriminaciones, fundamento básico de todo procedimiento judicial.
Tenemos que velar por el debido proceso, por el cumplimiento de las normas que lo amparan.
Por lo mismo, votamos a favor de esta indicación renovada.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminada la votación.

--Se rechaza la indicación renovada Nº 25 (15 votos en contra, 11 a favor, una abstención y 2 pareos).
Votaron por la negativa las señoras Allende, Goic y Muñoz y los señores Araya, De Urresti, Girardi, Guillier, Letelier, Matta, Montes, Navarro, Ossandón, Quinteros, Ignacio Walker y Patricio Walker.
Votaron por la afirmativa las señoras Lily Pérez y Van Rysselberghe y los señores Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Orpis, Pizarro, Prokurica y Andrés Zaldívar.
Se abstuvo el señor Moreira.
No votaron, por estar pareados, la señora Von Baer y el señor Hernán Larraín.


El señor COLOMA.- ¿Ahora votaremos la norma, señor Presidente?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- No, Su Señoría. Lo haremos mañana, porque ha llegado el término del Orden del Día.

El señor COLOMA.- ¿A qué hora es eso?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- A las 19:20, en este mismo instante.

El señor COLOMA.- ¡Está seguro de que no se trata de una triquiñuela...!

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Ninguna, señor Senador: es fair play total.
Mañana partiremos con la votación del Nº 13), que pasó a ser 14), y después veremos dos artículos en que se ha pedido votación separada.
Esperamos en esa sesión despachar este proyecto, que ha hecho venir varias veces a nuestros amigos de las tribunas. Deben estar cansados ya de acudir a tantas sesiones.
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las peticiones de oficios que han llegado a la Secretaría.
PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor DE URRESTI:
A los señores Ministros de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente, con el objeto de que remitan antecedentes acerca de POSICIÓN DE CHILE EN CONFERENCIA DE NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO (2015).
A la señora Ministra de Salud, para que informe sobre PROYECTO DE CENTRO DE SALUD INTERCULTURAL EN LA UNIÓN (Región de Los Ríos).
Al señor Director Nacional de la JUNAEB, requiriéndole ACUERDO SUSCRITO CON INDAP EN 2014 PARA INCORPORACIÓN DE PRODUCTORES DE AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA COMO AGENTES PROVEEDORES DE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR.
Al señor Director Ejecutivo de la CONAF, solicitándole información referida a RESULTADOS DE CONCURSO 2015 DE FONDO DE CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y MANEJO SUSTENTABLE DEL BOSQUE NATIVO.
Al señor Director Nacional del SAG, consultándole acerca de POSIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DECHARLAS INTERACTIVAS "LA ABEJA VA AL COLEGIO" EN REGIONES, ESPECIALMENTE EN LA DE LOS RÍOS.
Al señor Director Nacional del INDAP, para que remita antecedentes sobre PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS CON SELLO "MANOS CAMPESINAS, CALIDAD CHILENA" y haga llegar resultados de INVESTIGACIÓN DE USACH DENOMINADA "CARACTERIZACIÓN DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE ALIMENTOS Y LA INCLUSIÓN DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA".
Y al señor Director Nacional del INIA, pidiéndole copia de CONVENIO DE COOPERACIÓN CON INDAP PARA MEJORAMIENTO DE COMPETITIVIDAD E INCLUSIÓN DE TECNOLOGÍA EN AGRICULTURA FAMILIAR DE REGIÓN DE LOS RÍOS.
Del señor GARCÍA:
Al señor Ministro de Agricultura, para que informe respecto de ESTADO DE TRÁMITE DE PROYECTO "RECONOCIMIENTO OFICIAL RAZA CLAVEL DE CARNE CHILENA", y a POSIBILIDAD DE MODIFICACIÓN DE DECRETO N° 93, DE 1991, SOBRE CREACIÓN Y REGULACIÓN DE SISTEMA OFICIAL DE REGISTROS GENEALÓGICOS Y DE PRODUCCIÓN PECUARIA.
Del señor MATTA:
A la señora Ministra de Salud, para que entregue antecedentes sobre PARALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CENTRO DE SALUD FAMILIAR EN COLBÚN.
Del señor OSSANDÓN:
Al señor Superintendente de Electricidad y Combustibles, consultándole en cuanto a MEDIDAS DE EMPRESAS PARA CONTINUIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DURANTE TEMPORALES Y PLANES DE CONTINGENCIA DE SEC ANTE IMPACTO DE FRENTES DE MAL TIEMPO EN ZONA CENTRAL.
Del señor PROKURICA:
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, solicitándole información sobre ENTREGA DE "BONO ENSERES" A POSTULANTES DE REGIÓN DE ATACAMA.
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--Se levantó la sesión a las 19:20.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción