REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 363ª
Sesión 28ª, en martes 16 de junio de 2015
Ordinaria
(De 16:19 a 19:46)
PRESIDENCIA DE SEÑORES PATRICIO WALKER PRIETO, PRESIDENTE,
Y ALEJANDRO NAVARRO BRAIN, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores (as):
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Orpis Bouchon, Jaime
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Luis Felipe Céspedes, y la Ministra de Justicia, señora Javiera Blanco Suárez. Asimismo, se encontraban presentes la Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, señora Katia Trusich Ortiz, y el Jefe de División de Asociatividad y Economía Social del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, señor Mario Radrigán.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, subrogante, el señor Julio Cámara Oyarzo.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:19, en presencia de 15 señores Senadores.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Las actas de las sesiones 26ª y 27ª, ordinarias, en 9 y 10 de junio de 2015, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor CÁMARA (Prosecretario subrogante).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
De Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el que inicia un proyecto que modifica la Ley de Tránsito y la ley N°18.287 con el fin de adoptar medidas de seguridad y control en lo relativo a los medios de pago del transporte público remunerado de pasajeros, establecer sanciones, crear un registro de pasajeros infractores y modificar normas procedimentales (boletín N° 10.125-15).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y a la de Hacienda, en su caso, y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Carta Fundamental, se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.
De Su Excelencia el Vicepresidente de la República:
Con el que hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 58 de la Carta Fundamental con el fin de considerar nuevas causales de incompatibilidad para los cargos de Diputado o Senador (boletín N° 10.107-07).
--Se tiene presente la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero informa que aprobó las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que regula la realización de bingos y otras actividades similares con fines de beneficencia (boletines Nos 10.077-06, 10.079-06, 10.080-06, 10.081-06 y 10.086-06, refundidos).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto a sus antecedentes.
Con el segundo comunica que aprobó el proyecto de ley que autoriza la construcción de un monumento en homenaje a los ex mineros del carbón, en la comuna de Coronel (boletín N° 9.876-24).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Remite copia de la sentencia definitiva dictada en la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del inciso segundo del artículo 393 del Código Procesal Penal.
--Se manda archivar el documento.
Envía copia de resoluciones pronunciadas en la tramitación del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 15 y 17, N° 1, del Código de Minería.
--Se remite el documento a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De la señora Ministra de Justicia:
Responde sendos oficios, remitidos en nombre de los Senadores señora Pérez San Martín y señor Chahuán, en orden a considerar la creación de una nueva Corte de Apelaciones en la ciudad de San Felipe.
De la señora Ministra de Salud:
Contesta solicitud de información, remitida en nombre de la Senadora señora Goic, en relación con el estado de tramitación del reglamento de la ley N° 20.724, que modifica el Código Sanitario en materia de regulación de farmacias y medicamentos.
Da respuesta a consulta, formulada en nombre del Senador señor De Urresti, respecto del caso de una persona que requiere cirugía en el Hospital Base de Valdivia.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones:
Atiende planteamiento, efectuado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a la política de zonas extremas y, particularmente, a la conexión digital de Villa O'Higgins.
Contesta solicitud de información, cursada en nombre del Senador señor Allamand, acerca de la licitación de algunas unidades de negocio del Sistema de Transporte Público Urbano de Pasajeros de Santiago.
Del señor Subsecretario General de Gobierno:
Atiende planteamiento, remitido en nombre del Senador señor Chahuán, en orden a considerar una modificación a la ley N° 18.593, sobre tribunales electorales regionales.
Del señor Subsecretario de Hacienda:
Responde solicitud de información, enviada en nombre de la Senadora señora Von Baer, acerca de la posibilidad de presentar una iniciativa que considere la situación de los ex conscriptos de las Fuerzas Armadas que sirvieron entre los años 1973 y 1990.
Entrega respuesta a inquietud planteada por los Senadores señora Allende y señores De Urresti y Quinteros, respecto de las multas administrativas cursadas en contra de pequeños comerciantes afectados por la catástrofe de Atacama.
Contesta petición de información, cursada en nombre del Senador señor Zaldívar, concerniente a la situación que afectaría a los trabajadores que prestan servicios a honorarios y que deben incorporarse al sistema de cotizaciones obligatorias.
De la señora Subsecretaria de Educación:
Responde solicitud de antecedentes, efectuada en nombre de la Senadora señora Allende, sobre el primer encuentro de jóvenes mapuches "Txawun Weche Keche Ñi Kimün".
Del señor Subsecretario de Pesca y Acuicultura:
Contesta solicitud de información, expedida en nombre del Senador señor Prokurica, acerca de las áreas vigentes de manejo y explotación de recursos bentónicos, y de las solicitudes de derechos sobre esta materia, en la Región de Atacama.
Del señor Alcalde de San Pedro de la Paz:
Remite información relativa a la licitación de las cámaras de monitoreo y seguridad en las vías públicas de su comuna, petición hecha por el Senador señor Navarro.
Del señor Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario:
Atiende solicitud de información, formalizada en nombre del Senador señor De Urresti, acerca de la iniciativa "Sello Manos Campesinas".
Del señor Director Nacional del Instituto de Previsión Social:
Responde inquietud, manifestada en nombre de la Senadora señora Von Baer, respecto de los problemas detectados en el pago de pensiones en la Región de Los Ríos, con motivo de la huelga de los trabajadores de las empresas de transportes de valores.
Del señor Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal:
Envía información, solicitada en nombre del Senador señor De Urresti, sobre los resultados del sexto concurso del Fondo de Investigación para el Bosque Nativo (2015).
Del señor Director Ejecutivo (s) de CONICYT:
Da respuesta a consulta, formulada en nombre del Senador señor Quintana, en lo relativo al curso de nivelación de idioma inglés dictado por la Universidad Mayor, por encargo de Becas Chile.
Del señor Jefe de la Oficina de Exonerados Políticos:
Atiende petición de información, efectuada en nombre del Senador señor De Urresti, acerca del estado de tramitación de la solicitud de beneficios por la persona que indica.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
Dos de la Comisión de Hacienda:
1) El recaído en el proyecto de ley que fortalece el Ministerio Público (boletín Nº 8.265-07) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Se manda agregar a sus antecedentes.
2) El recaído en el proyecto de ley que crea la Comisión de Valores y Seguros (boletín Nº 9.015-05).
De la Comisión de Salud, recaído en el proyecto de ley que establece normas para el acceso de la población con discapacidad auditiva a la información proporcionada por la ONEMI (boletín Nº 8.353-19) (con urgencia calificada de "simple").
--Quedan para tabla.
Mociones
Del Senador señor Araya, con la que inicia un proyecto de reforma constitucional que modifica los artículos 25, 57 y 58 de la Carta Fundamental con el fin de considerar nuevas causales de inhabilidad e incompatibilidad para postular o ejercer los cargos de Presidente de la República, Diputado y Senador (boletín N° 10.114-07).
De los Senadores señores Ignacio Walker, Harboe, Lagos, Montes y Zaldívar, con la que dan inicio a un proyecto de reforma constitucional que enmienda los artículos 34 y 62 de la Carta Fundamental con el propósito de establecer la dedicación exclusiva a la función de Diputado y Senador e impedir que sean designados Ministros de Estado (boletín N° 10.115-07).
De los Senadores señores Araya, Espina y Harboe, con la que inician un proyecto de ley que modifica el Código Civil y el Código de Comercio en materia de riesgos (boletín N° 10.116-07).
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De los Senadores señores Ossandón, García-Huidobro, Guillier y Quinteros, con la que dan inicio a un proyecto que modifica la ley Nº 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, para regular la devolución del dinero pagado y la restitución del bien adquirido en el caso del comercio electrónico (boletín N° 10.124-03).
--Pasa a la Comisión de Economía.
Permiso constitucional
Del Senador señor Tuma, para ausentarse del territorio nacional a contar del día 24 de junio.
--Se accede a lo solicitado.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminada la Cuenta.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Los Comités, en sesión de hoy, acordaron lo siguiente:
1.-
Tratar en la tabla de Fácil Despacho de la sesión ordinaria de mañana las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de reforma constitucional que establece la obligación de las autoridades del Congreso Nacional de rendir una cuenta pública anual (boletín N° 8.624-07), siempre que hubiere llegado al Senado.
2.-
Discutir en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria del miércoles 1 de julio próximo el proyecto de ley que adecua la legislación nacional al estándar del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (boletín N° 8.886-11).
3.-
Fijar el lunes 22 de junio, a las 12, como nuevo plazo para presentar indicaciones a la iniciativa que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y sus leyes complementarias a fin de establecer un sistema de aporte al espacio público aplicable a los proyectos de construcción (boletín Nº 8.493-14), indicaciones que deberán presentarse en la Secretaría de la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
4.-
Designar al Senador señor Rabindranath Quinteros para representar al Senado en la Comisión Especial encargada de ejecutar los objetivos de la ley N° 20.188, que autoriza erigir monumentos en memoria de Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¡Don Gabriel Valdés Subercaseaux apoya la decisión desde arriba!
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Quiero saludar a quienes hoy nos acompañan en las tribunas: a los gremios y representantes de las cooperativas de Chile y, también, a las asociaciones de funcionarios del Ministerio Público.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
FORTALECIMIENTO DE MINISTERIO PÚBLICO
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que fortalece el Ministerio Público, con informes de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Hacienda, y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8.265-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 82ª, en 23 de diciembre de 2013.
Informes de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 27ª, en 10 de junio de 2015.
Hacienda (certificado): sesión 27ª, en 10 de junio de 2015.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El objetivo de la iniciativa es modernizar el Ministerio Público con el fin de elevar su nivel de persecución penal, incrementar la atención de los usuarios del sistema de justicia penal y mejorar las condiciones laborales de los funcionarios que se desempeñan en el referido servicio.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutió este proyecto en general y en particular, en virtud del acuerdo que adoptó la Sala en su oportunidad, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros (Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín). Las diversas enmiendas que introdujo en particular también fueron acordadas en forma unánime.
Por acuerdo de Comités de fecha 9 de junio, se dispuso que la iniciativa pasara a la Comisión de Hacienda durante el primer trámite reglamentario. La referida instancia incorporó una enmienda al texto despachado por la Comisión de Constitución, consistente en intercalar un inciso segundo, nuevo, en el artículo segundo transitorio.
Cabe hacer presente que las normas del proyecto -con excepción de los números 11), 12) y 14) del artículo único y los artículos tercero, cuarto y quinto transitorios- tienen rango orgánico constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Constitución Política de la República, por lo que requieren, para su aprobación, el voto conforme de 22 señores Senadores.
El texto de la iniciativa que se propone aprobar se consigna en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En discusión la idea de legislar.
Pido el asentimiento del Senado para que ingrese a la Sala el Fiscal Nacional, señor Sabas Chahuán.
--Así se acuerda.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Senador señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, corresponde que el Senado se pronuncie sobre el proyecto que fortalece el funcionamiento del Ministerio Público.
Si bien esta iniciativa fue conocida previamente por la Cámara de Diputados, durante su estudio en nuestra Corporación se comprobó que requería cambios importantes para lograr el objetivo que persigue.
En efecto, como esta Sala recordará, la reforma al sistema de justicia criminal constituyó uno de los hitos más relevantes del proceso de modernización de la justicia del país.
No obstante, la sociedad ha observado con preocupación el incremento de causas y el surgimiento de nuevas formas de criminalidad, que exigen introducir cambios en la estructura y en la manera de operar del Ministerio Público.
Este proyecto fue presentado en el año 2012 por la Administración del entonces Presidente de la República, señor Sebastián Piñera, pero su formulación fue muy resistida al interior del Ministerio Público, especialmente por las asociaciones gremiales que agrupan a los fiscales y funcionarios.
Para superar esa situación, el actual Gobierno constituyó una mesa de trabajo con el Ministerio Público. A ella concurrieron, en primer lugar, la Fiscalía Nacional y los gremios del servicio. De ahí surgió un anteproyecto, que fue discutido con el Ministerio de Justicia y, luego, con el de Hacienda. Teniendo en cuenta estos antecedentes, el Ejecutivo elaboró la indicación sustitutiva que presentó en el Senado.
Sobre la base de ese nuevo texto, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, autorizada por la Sala de esta Corporación, aprobó en general la iniciativa; examinó en particular el articulado acordado por la Cámara de Diputados, e introdujo diversas enmiendas, todas las cuales fueron acogidas por la unanimidad de sus integrantes.
Ellas procuran dotar al Ministerio Público de los recursos humanos y técnicos que le permiten elevar los estándares de persecución penal, incrementar la protección de la ciudadanía y garantizar el desarrollo de la carrera funcionaria de los fiscales y funcionarios.
I.-
En particular, la Comisión constató que la ciudadanía observa con preocupación el alto índice de archivos provisionales que se producen por falta de antecedentes necesarios para respaldar un caso ante la justicia. Para frenar esta situación, el órgano técnico propone crear un nuevo Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, que potenciará la labor a fin de identificar patrones y modus operandi habituales de los delincuentes. Tales datos ayudarán a concentrar el esfuerzo investigativo en ciertos nudos delictuales críticos y llevar a buen término muchas investigaciones que hoy fracasan por falta de pruebas.
El referido sistema deberá ser evaluado a los tres años, contados desde el inicio de sus funciones. Dicha evaluación deberá contener, entre otros, los resultados de las acciones desarrolladas y las mediciones de eficiencia, eficacia y calidad. Para ello, el Ministerio Público contratará, previa licitación pública, a una entidad evaluadora externa, cuyo informe habrá de publicarse en la página web institucional al mes siguiente de la entrega de la evaluación realizada por dicha entidad, informando en la cuenta pública del año que corresponda.
II.-
Además, esta iniciativa refuerza la planta de funcionarios del servicio y establece por primera vez reglas claras y justas que garantizarán la carrera funcionaria de fiscales y empleados del Ministerio Público.
En materia de personal, se crean 577 nuevos cargos, de los cuales 122 serán fiscales; 203, profesionales; 82, técnicos, y 170 tendrán la calidad de administrativos. Ellos se distribuyen entre las diversas regiones del país, según se consigna en la página 107 del informe de la Comisión.
III.-
Asimismo, con el fin de apoyar la labor que realizan los fiscales, se ha determinado que los abogados asistentes de fiscal podrán realizar actuaciones procesales ante los tribunales de garantía, con excepción de la comparecencia a las audiencias de juicio oral. A tal efecto, será necesaria la delegación expresa y específica para la actuación de que se trate por parte del fiscal del Ministerio Público a dichos profesionales. En todo caso, corresponderá al Fiscal Nacional regular la forma en que se delegará esa facultad.
Se precisa que a los mencionados abogados les serán aplicables, en lo que corresponda, las reglas sobre responsabilidad e inhabilidades que rigen para los fiscales.
IV.-
Igualmente, cabe destacar que se propone agregar a la ley un artículo 91, nuevo, que establece el denominado "PLAN INSTITUCIONAL ANUAL" de este Servicio.
De conformidad con ello, el Ministerio Público, en el mes de abril de cada año, deberá publicar en su página web un plan institucional anual, que contenga, entre otros, los siguientes aspectos: la misión, las principales líneas de acción, los objetivos estratégicos, los bienes o servicios y los indicadores de desempeño o elementos de similar naturaleza que posibiliten la medición del grado de avance de sus distintas líneas de acción, y por región. Así, estos darán cuenta del cumplimiento efectivo de la misión institucional, esto es, de la eficacia y eficiencia en la persecución penal y el mejoramiento en la atención de víctimas, además de la evaluación del grado de cumplimiento del Plan Institucional Anual del período anterior.
Asimismo, se impone al Fiscal Nacional la obligación de dar cuenta pública de los resultados del Plan Institucional Anual. Todos estos antecedentes se publicarán en la página web institucional.
Señor Presidente, el texto que aprobó la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento entrega los medios y las herramientas básicos para potenciar la capacidad operativa del Ministerio Público.
Por todas estas razones, la Comisión que presido, por la unanimidad de sus integrantes, propone la pronta aprobación de esta iniciativa, tan necesaria para modernizar al referido Servicio y fortalecer su labor de protección y de combate contra la delincuencia.
He dicho.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
En este momento ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
Mensaje
De Su Excelencia la Presidenta de la República, con el que inicia un proyecto de ley que fija normas sobre planta de personal del Ministerio de Educación (boletín N° 10.127-04).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y a la de Hacienda, en su caso.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Señores Senadores, el proyecto que ahora nos ocupa viene con "discusión inmediata", que vence hoy.
Fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Constitución.
Por lo tanto, solicito el acuerdo de la Sala para votarlo en general y particular, salvo el artículo tercero transitorio, respecto del cual el Senador señor Coloma pidió votar separadamente.
La idea es hacer una sola votación, con la excepción explicitada.
El señor LAGOS.-
Abra la votación, señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
¿Habría acuerdo para ello?
No lo hay.
¿Les parece a Sus Señorías votar en general y particular este proyecto, salvo el artículo tercero transitorio, que -reitero- se votará separadamente?
--Así se acuerda.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente, con el advenimiento de la reforma procesal penal hacia el año 2000, se registraba un promedio aritmético de cerca de mil causas por fiscal -era la proyección que en su oportunidad habían efectuado tanto Fundación Paz Ciudadana como los organismos que trabajaron en ello- en un universo de 625 fiscales.
Más adelante, con la dictación de la ley N° 20.084, que estableció un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, se aumentó en 22 el número de fiscales.
Dicho incremento ciertamente era insuficiente.
Sucesivas reformas en materia de legislación penal, que les dieron competencia a las fiscalías, al Ministerio Público, acrecentaron el agobio de los fiscales en cuanto al número de causas que debían cubrir.
Las modificaciones en materia de hurtos faltas, justicia militar, violencia intrafamiliar fueron incrementando el ingreso de causas al Ministerio Público, a tal nivel que durante el 2014 había un millón 348 mil causas cubiertas por solo 647 fiscales a nivel nacional. Es decir, cada fiscal en promedio debió llevar adelante poco más de 2 mil causas.
En otras palabras, cuando uno observa las estadísticas incluso de población relacionadas con el número de fiscales, puede decir que en Chile existe un fiscal por cada 25 mil 614 habitantes.
Usted comprenderá, señor Presidente, que tal circunstancia no fue prevista en el diseño original de la reforma procesal penal, y requería un plan de fortalecimiento importante.
A ello hay que sumarle el hecho de que el déficit no solo se halla radicado en el cargo de fiscal, sino también en los cargos de funcionarios y de abogados asistentes.
De hecho, hoy cada fiscal debe llevar más de dos mil causas y solo cuenta con la asistencia compartida de dos funcionarios administrativos y medio abogado ayudante, pues debe compartirlo con otro fiscal. Ello, sin duda, resulta altamente insuficiente y redunda en la afectación de la calidad de la persecución penal, más allá del esfuerzo que realizan los fiscales y sus funcionarios.
La ley en proyecto, primero, viene a dar cumplimiento al compromiso de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en cuanto a fortalecer al Ministerio Público.
Aumenta la dotación de fiscales en 122 persecutores más.
Crea una carrera funcionaria real, que posibilitará establecerles un sistema de incentivos a los fiscales. Ello les permitirá alcanzar mejores remuneraciones, tener perspectivas de ascenso y evitar así un problema hasta hoy insoluble: la fuga de fiscales.
Hasta la fecha, más de 190 fiscales, quienes fueron debidamente formados por el Estado chileno, con una inversión aproximada de 30 millones de pesos por cada uno de ellos, han abandonado la institución, con el consiguiente daño que se les produce no solo a las causas y a las víctimas, sino también al sistema en su conjunto.
Por eso, señor Presidente, resulta muy significativo avanzar en el plan de fortalecimiento del Ministerio Público. El proyecto que hoy presentamos a esta Sala contempla, en primer lugar -reitero-, el aumento de la dotación de fiscales en 122 persecutores más.
De otro lado, debemos agregar también que el nivel de recarga laboral ha significado el incremento constante del uso de licencias médicas, de descansos maternales y de feriados legales, que en conjunto suman alrededor de 23 mil días de ausencia, con las consecuencias que esto implica para el sistema persecutor.
Hay que entender igualmente, como efecto, que durante el año 2014 el aumento de sentencias absolutorias creció en 13 mil 557. Ello permite establecer una relación causal entre fuga de fiscales y pérdida de recursos humanos con resultados procesales adversos.
No se trata acá de realizar un análisis crítico de la reforma procesal penal, sino de hacernos cargo de una realidad y decir que el plan de fortalecimiento del Ministerio Público no es solo una mejora para los fiscales. También significa una mejora para la seguridad pública y para la eficacia de la persecución penal.
De igual modo resulta relevante señalar, por ejemplo, que hoy una fiscal que hace uso de su derecho al descanso maternal lamentablemente no es remplazada mediante un sistema de suplencia, y sus causas se las entregan a otro fiscal, quien debe asumirlas conjuntamente con las que él debe cubrir.
Esa situación atenta contra los derechos laborales.
La ley en proyecto, además, se hace cargo de una cuestión central: la provisión de cargos vacantes.
En ese aspecto, se mantiene la regla general. Es decir, las vacantes, por mandato de la Constitución, deben proveerse por concurso público.
Con todo, la iniciativa acogió una petición del señor Fiscal Nacional, en el sentido de que en casos excepcionales este pueda autorizar la realización de concursos internos de promoción. Ello, al objeto de evitar la paralización del buen funcionamiento del Ministerio Público.
El artículo 75 bis, nuevo, que se incorpora es crucial, toda vez que crea la carrera funcionaria de los fiscales, pues establece que los fiscales adjuntos de grados VIII a VI tendrán un sistema de ascenso, de carácter técnico y reglado, por el que podrán acceder sucesivamente a grados jerárquicos inmediatamente superiores. Para ello es necesario haber cumplido un conjunto de requisitos.
En la práctica, esta iniciativa estatuye la carrera funcionaria para los fiscales y -valga la redundancia- para los funcionarios del Ministerio Público.
Se fija un conjunto de reglas que indican cuántos años ha de estarse en cada grado. Lo importante es que el modelamiento que se haga de la planta permitirá que funcionarios que llevan muchos años en el mismo grado puedan ascender. Esto posibilitará una carrera funcionaria que motivará a quienes se desempeñan en el Ministerio Público.
Un tercer aspecto que parece crucial es el relativo al abogado ayudante de fiscal.
Se considera la contratación, a su vez, de un conjunto de profesionales, más de 570 (profesionales, administrativos, en fin). Muchos de ellos son abogados ayudantes de fiscal.
La ley en proyecto les permite a los abogados ayudantes concurrir a un conjunto de audiencias. Ello liberará de dicha función a los fiscales, y se va a traducir en menor suspensión de audiencias y mayor posibilidad de comparecencia ante los diferentes juzgados de garantía.
De igual forma, se establecieron otros aspectos claves. Por ejemplo, se crea el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos.
¿Qué significa eso? Que a nivel nacional contaremos con sistemas de análisis criminal. Ya no será la respuesta caso a caso, fiscalía a fiscalía. Tendremos la capacidad en el Ministerio Público de poder analizar, de manera genérica, el fenómeno criminal.
Así, si existe determinado patrón de conducta criminal en el norte de nuestro país, o en una comuna de las provincias de Aconcagua o de Ñuble, la fiscalía, a través del Sistema de Análisis Criminal, podrá comparar e integrar información, y perseguir con mayor eficacia a las personas que hacen del crimen organizado su actividad habitual.
Asimismo, se establece un conjunto de otros elementos importantes, como el Plan Institucional Anual. Este instrumento constituye un avance en trasparencia y accountability, ya que posibilitará, entre otras cuestiones, conocer las líneas de acción del Ministerio Público, los objetivos estratégicos, los indicadores de desempeño, que harán factible la medición del grado de cumplimiento, junto con la evaluación del grado de cumplimiento de metas del año anterior.
Señor Presidente, estamos en presencia, quizás, de uno de los proyectos de mayor aplicación práctica, que significará fortalecer al Ministerio Público, institución a la cual la sociedad le ha encomendado la persecución penal de los delincuentes y los delitos.
Es cierto: nos queda un asunto pendiente. Ya hemos iniciado una ronda de conversaciones con el Ministerio Público y un conjunto de Senadores de diferentes bancadas, al objeto de establecer en un proyecto de ley futuro un estatuto de protección a los fiscales.
Tenemos ejemplos en todo el país de fiscales amenazados o agredidos por perseguir hechos delictuales o al crimen organizado. Por eso se requiere también, en una futura ley, dar mayor garantía, protección jurídica y social a quienes combaten la delincuencia y el delito en representación de la sociedad toda.
Por lo anterior, concurriré con mi voto favorable al plan de fortalecimiento del Ministerio Público.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Antes de continuar ofreciendo la palabra, quiero saludar a la Ministra de Justicia, señora Javiera Blanco, y al Fiscal Nacional del Ministerio Público, señor Sabas Chahuán.
Muchas gracias por acompañarnos.
Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, a diez años de iniciado el nuevo sistema procesal penal, no cabe la menor duda de que era menester realizar una evaluación. Porque, como ya señalaron quienes me antecedieron, el referido sistema, con todas sus bondades y beneficios, si bien no ha sido perfecto, sin duda ha mejorado el procedimiento penal y, por lo tanto, la administración de justicia en el ámbito del crimen.
Sin embargo, las predicciones sobre el comportamiento que el nuevo sistema de justicia penal iba a tener no se han ajustado a la realidad.
Ya se indicó que la sobrecarga de trabajo ha tenido implicancias en este sistema, por cuanto la capacidad de respuesta no ha sido la que nuestro país requería.
Muchas de las inquietudes que afectan a la ciudadanía en materia de seguridad pública tienen que ver con fallas en distintos ámbitos: la prevención delictual, el trabajo judicial, la investigación penal que se desarrolla para llegar a la condena.
En todos los ámbitos (en el carcelario, en el de la rehabilitación, en fin) existen falencias, y cada una de ellas debe ser corregida para lograr darle una respuesta satisfactoria a la gente.
En tal sentido, incrementar el número de profesionales participantes del sistema -esto es, mejorar su aspecto cuantitativo- y, también, perfeccionar aspectos cualitativos relacionados con su desempeño constituyen factores absolutamente necesarios de abordar.
Por eso, tanto el Gobierno anterior, presidido por don Sebastián Piñera, como el actual, encabezado por doña Michelle Bachelet, han seguido la línea de evaluar y efectuar proposiciones, las cuales se hallan contenidas en la ley en proyecto.
Luego de un análisis bastante exhaustivo, con la participación de personeros vinculados al sistema procesal penal, en particular del propio Ministerio Público, se ha llegado a una fórmula bastante razonable y satisfactoria.
A mi juicio, lo que contiene esta iniciativa está bien y merece nuestra aprobación. Es posible que falten algunos aspectos. En particular, recojo las inquietudes de algunos funcionarios por cuanto no todo lo que plantearon se acogió ahora. Pero ello no obsta que esas materias puedan ser incorporadas en otro proyecto que ciertamente auspiciaríamos y aprobaríamos con mucho entusiasmo.
En cuanto a las modificaciones, se tuvieron a la vista estudios elaborados por el BID y distintas organizaciones nacionales. Ello hizo factible dimensionar las necesidades y corregir una serie de aspectos, que fueron recogidos en este proyecto.
Me atrevo a mencionar los siguientes como los más relevantes, conforme al orden en que aparecen en el texto propuesto.
En primer lugar, la ampliación de la capacidad de trabajo de los abogados asistentes de fiscal, que les permitirá desarrollar una serie de tareas que hoy solo pueden llevar a cabo los fiscales.
Lo anterior significa incorporar una cantidad importante de personas que actualmente son abogados asistentes, quienes se van a sumar a los nuevos fiscales y abogados asistentes que se consignan en el aumento de personal planteado. Eso le dará mayor capacidad de trabajo al Ministerio Público, y le posibilitará a la comunidad encontrar solución a sus inquietudes.
Todavía existen muchos ámbitos donde las respuestas están lejos de ser satisfactorias. Por ejemplo, en el caso de delitos contra la propiedad, el 99 por ciento de ellos no tiene debida solución. Eso genera una grave sensación de indefensión en la ciudadanía, porque estamos enfrentando un problema que deja a la gente sin respuesta del sistema.
Entonces, en la medida que haya más fiscales que puedan hacer más trabajo de terreno, que actúen con mayor prontitud, esa situación debería tender a corregirse y mejorar.
Un segundo aspecto se refiere a la creación del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, cuya finalidad es "el fortalecimiento de la persecución penal, mediante la incorporación de estrategias de análisis e investigación sobre mercados delictuales u otras estructuras de criminalidad reconocibles".
Al respecto, debo señalar que me parece sorprendente la expresión "mercados delictuales". Hice todos los esfuerzos posibles durante la discusión en la Comisión para evitar la palabra "mercado". Porque como se dice que estamos en un sistema jurídico economicista, pensé que no era conveniente agregar tal expresión, ya que van a creer que esto también es culpa de la actual Constitución, en circunstancias de que ello obedece a la voluntad de los legisladores de hoy, quienes han insistido en que esta es la expresión correcta.
Yo solo quiero manifestar que fui partidario de modificar la norma respectiva en tal sentido; pero se señaló que este es el lenguaje internacional utilizado en la materia.
El Sistema de Análisis Criminal, que se halla reglamentado a partir del artículo 37 bis, permitirá contar con unidades de análisis criminal y unidades de focos investigativos a lo largo de todo nuestro país. Ello hará factible -lo señalaron quienes me antecedieron en el uso de la palabra- estudiar los comportamientos delictuales por región, por provincia, por comuna, por barrios de comunas, según la densidad poblacional, y definir cuáles son los delitos de mayor ocurrencia, de qué manera se pueden enfrentar, cómo determinar distintas estrategias durante la investigación criminal.
Creo que ese es un gran aporte, que se realizará a través de esta iniciativa.
En seguida, y respondiendo a un anhelo de larga data de los integrantes del Ministerio Público, se establece una carrera funcionaria, no al estilo tradicional de este organismo, pero sí en la forma que posibilita mantener el modelo de relaciones contractuales, siguiendo las disposiciones del Código del Trabajo, conforme a un régimen de responsabilidades vinculado a la función que desempeña ese personal.
Eso permite, entonces, contar con normas de mucha validez. Por ejemplo, el artículo 75 bis, que se refiere a los fiscales adjuntos, toda vez que crea la carrera funcionaria, para que puedan desarrollarse dentro de su escalafón y, por lo tanto, acceder a grados jerárquicos superiores y a mejores remuneraciones. Para ello deberán cumplir ciertos requisitos, como antigüedad en el cargo; no haber sido sancionados; haber efectuado capacitaciones y cursos de perfeccionamiento, en fin.
El artículo 75 ter establece lo propio respecto de los funcionarios.
Todo lo anterior generará mayor movilidad, lo cual hará factible pensar en horizontes de más largo plazo y no quedarse en este aspecto un tanto estático que tiene la actual planta del Ministerio Público.
Un cuarto antecedente que contiene la normativa en comento es la validación de la cantidad y de las remuneraciones de los fiscales y de los asistentes, que se incrementan de modo muy significativo.
Ello se contempla en diversas disposiciones. Por ejemplo, en el artículo 72, donde se observa que los aumentos y las movilidades de cada uno de aquellos elementos permiten que los ascensos en la carrera funcionaria vayan acompañados del debido reconocimiento.
Finalmente, el quinto aspecto que a mi entender valida a esta iniciativa es el establecimiento del plan institucional anual.
Puede parecer bastante obvio que todas las instituciones tengan un plan de aquella índole. Pero el previsto en este caso se estructura debidamente en dos aspectos que considero los más salientes.
No solo se trata de definir los grandes proyectos que se piensa realizar el año siguiente, sino también de, en forma muy clara, comprometerse a desarrollar ciertos objetivos con "indicadores de desempeño, o elementos de similar naturaleza, que posibiliten la medición del grado de cumplimiento en sus distintas líneas de acción y por región"; ello permitirá precisar lo que el Ministerio Público promete hacer en determinado período a lo largo del territorio nacional. Pero a continuación (y la inclusión de ello en el debate de la Comisión fue parte del trabajo que hicimos nosotros) se incorpora el grado de cumplimiento, a medida que el proceso se vaya llevando a cabo, del plan institucional anual comprometido por el Ministerio Público el año anterior. O sea, no basta con que señale "Esto voy a hacer", sino que, además, al año siguiente tendrá que decir "Qué hice de lo que planeé hacer".
Es algo como las rendiciones de cuenta que esperamos realicen pronto los presidentes de nuestras Cámaras.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Perdón, señor Senador, pero terminó su tiempo.
Su Señoría dispone de un minuto adicional.
El señor LARRAÍN.-
Se trata, señor Presidente, de una obligación que, en mi concepto, deben cumplir todas las instituciones, conforme a la reforma constitucional que presentamos con esa finalidad.
Esperamos que aquello sea parte de lo que todas las instituciones deben hacer: un plan que permita no solo el autoelogio, sino también el reconocimiento de las falencias, las debilidades y los errores cometidos en el cumplimiento de los compromisos contraídos.
Hay otras concordancias. Por ejemplo, tocante a la rebaja de 10 a 8 años en la duración de los cargos; a la incorporación de la conviviente civil en las normas donde, para distintos efectos, se hace referencia a la cónyuge.
Señor Presidente, esta iniciativa le da muchos instrumentos positivos al Ministerio Público. Ojalá que ello posibilite su mejor desempeño.
Siempre esperamos una evaluación externa, la que en todo momento es relevante. Pero la Constitución, tratándose de un organismo autónomo, no lo permite.
En todo caso, confiamos en que la ley en proyecto dote al referido ente de las herramientas necesarias.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Hay una petición del Gobierno y del Senador señor Allamand para que el proyecto que adapta normas laborales al ámbito del turismo (figura en el tercer lugar de la tabla de esta sesión) se trate a vuelta de la semana regional. Ello, para que -entiendo- pueda participar en la discusión la señora Ministra del Trabajo.
¿Es así, Su Señoría?
El señor ALLAMAND.-
Sí, señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
¿Le parece a la Sala?
--Así se acuerda.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Doy excusas a quienes se hallan inscritos, pero, habiendo informado el proyecto el Presidente de la Comisión de Constitución, lo propio debe hacer el de la Comisión de Hacienda.
¿Hay acuerdo para abrir la votación?
No.
Por consiguiente, tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, yo no me voy a referir a las expresiones vertidas por los miembros de la Comisión de Constitución que me precedieron en el uso de la palabra, sino a la conveniencia del proyecto sometido hoy a la decisión de esta Sala.
La Comisión de Hacienda, que presido, se abocó primero al aumento de la dotación del Ministerio Público, incremento necesario para el buen funcionamiento de esta institución, que enfrenta diversos problemas. Por ejemplo, el de lugares con gran sobrecarga de causas donde es imposible la suplencia del fiscal.
Esta iniciativa, como se dijo acá, plantea la creación de 577 cargos: 122 de fiscales adjuntos, 203 de profesionales, 82 de técnicos y 170 de administrativos.
El costo del proyecto, en régimen, es de 6 mil 366 millones de pesos el primer año. El tercer año llega a un total de 16 mil 615 millones.
En segundo término, el desarrollo institucional se hace mediante la creación de las figuras de la suplencia y la subrogancia para los fiscales adjuntos.
Se aumenta el grado de inicio de la escala de los fiscales adjuntos, pasando del IX al VIII. Esto significa un gasto total anual de 2 mil 700 millones de pesos, aproximadamente.
En tercer lugar, esta iniciativa contempla el establecimiento de una carrera funcionaria.
Se crea un sistema de ascenso, de carácter técnico y reglado, conforme al cual hasta 15 por ciento de la planta de fiscales adjuntos y hasta 15 por ciento de las plantas de funcionarios podrán acceder en forma sucesiva a grados jerárquicos inmediatamente superiores.
Dicho sistema de ascenso será aplicable a los fiscales adjuntos que ocupen los grados VIII a VI, inclusive, y a los profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares con contrato indefinido y que no sean de exclusiva confianza.
Ese sistema de ascenso se realizará cada 2 años y tendrá una vigencia de hasta 10 años, prorrogables por otros 10, al objeto de realizar la carrera funcionaria.
De acuerdo con los informes financieros, el costo en régimen va a llegar, el décimo año, a 9 mil 860 millones.
Es decir, para potenciar al Ministerio Público se va a invertir, en régimen, del orden de 30 mil millones de pesos, que serán de cargo, el primer año, de la Partida 23 Ministerio Público. Y si faltaren recursos, el Ministerio de Hacienda queda autorizado para adicionarlos con cargo a la Partida Tesoro Público.
Atendidas todas esas consideraciones, la Comisión de Hacienda, por unanimidad, salvo en un artículo, respecto del cual el Senador Coloma hará observaciones en esta Sala, aprobó el proyecto en las materias sometidas a su pronunciamiento.
He dicho.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.-
Señor Presidente, todos están de acuerdo en que la demanda social más sentida de los últimos años es la seguridad pública. Abarca a todos los sectores sociales y se expresa a lo largo de todo el territorio nacional.
La comunidad le asigna un gran valor a la tranquilidad dentro del hogar y también para desplazarse por las calles del lugar donde se vive, se trabaja o se estudia.
Poco importan los informes de la academia, los indicadores o las estadísticas cuando esa condición básica de la vida social no está asegurada.
Por eso, enfrento este debate desde la política, que me dice que este es un problema fundamental, en que la comunidad siente que ninguna de las instituciones con participación en él está cumpliendo eficazmente su función: ni los fiscales, ni los jueces, ni las policías, ni el gobierno.
No podemos responder estas críticas repitiendo, una vez más, las bondades de la reforma procesal penal, que ya tiene más de diez años de vigencia. Hay que enfrentarlas con franqueza y decisión, pues el problema de la seguridad se ha transformado en un factor decisivo en la calidad de vida de la gente.
Para empezar, las penas son muy bajas y ha tomado años -y tomará otros tantos- modificar el Código Penal.
Las policías son instituciones que no se han adaptado a los cambios en la sociedad, y cualquier modificación hay que hacerla con especial cuidado. La única discusión que se admite es la concerniente al aumento de las dotaciones.
Los jueces son muy garantistas, aunque argumentan que solo se limitan a aplicar la ley.
La institución que está más cerca de intervenir sobre las condiciones sociales y situacionales que generan o favorecen la delincuencia son los municipios; pero la enorme mayoría de ellos solo puede acceder a programas limitados para financiar las labores de prevención.
El Ministerio Público se halla sobrepasado. La enorme mayoría de las denuncias son archivadas sin ninguna gestión investigativa real y se responde que no hay antecedentes.
La verdad es que los antecedentes están. La información está: basta recorrer unas cuantas calles y se puede recoger de las conversaciones con los vecinos.
Si hay diez hurtos en un mismo lugar, ¿es posible que nadie sepa nada? Por supuesto que no.
Sin embargo, los policías se encuentran llenos de tareas burocráticas que no les permiten tener contacto directo con la ciudadanía y en las oficinas de los fiscales se acumulan las carpetas investigativas, en circunstancias de que la reforma procesal penal prometió terminar con los expedientes. Pero la verdad es que estos solo cambiaron de nombre.
Debo decirlo con crudeza: el panorama es muy negativo; y si no nos hacemos cargo del problema, la victimización, que no es sino otra dimensión de la desconfianza, continuará creciendo y la calidad de vida de la gente seguirá deteriorándose, pese a todos los progresos que se registren en otras áreas.
Este proyecto se ocupa de la situación del Ministerio Público. De manera que abordaré sus disposiciones aunque, como he dicho, este es solo una parte del problema.
Se propone un nuevo Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, que permitirá identificar patrones habituales en la acción de la delincuencia.
Como expresaba antes, la información está. Pero para conseguirla hay que recorrer la calle.
Vinculo esta materia con la creación de los consejos comunales de seguridad pública -estamos discutiendo la iniciativa pertinente en la Comisión de Gobierno-, que persigue que la información sobre cómo enfrentar la delincuencia sea compartida entre las instituciones públicas que intervienen, en especial las policías, los fiscales, los municipios y la comunidad.
Por lo tanto, todo lo que hagamos para fortalecer la inteligencia, el análisis y el procesamiento de la información será útil. Pero espero que esta nueva forma de aproximarse a la realidad delictual no se traduzca en nuevos expedientes, esta vez más voluminosos.
En segundo lugar, se refuerza la dotación. Y es cierto: hay un aumento importante, que está bien distribuido en regiones. Empero, no sé si será suficiente para superar la sobrecarga existente.
Se avanzó en una tímida carrera funcionaria. Pero, con razón, asociaciones de funcionarios la califican de elitista, pues posterga los mejoramientos reales para los administrativos y auxiliares, a quienes no se les reconoce la asignación profesional; por ende, deben esperar muchos años para un ascenso.
Por otra parte, no me explico la razón para no definir un mecanismo adecuado de tutela laboral en caso de que los funcionarios vean vulnerados sus derechos.
Me pregunto -con mucho respeto y afecto- si la actual Ministra de Justicia, hasta hace poco Ministra del Trabajo, puede explicarnos por qué los funcionarios no tienen instancias para reclamar ante ilegalidades o arbitrariedades, pues hoy no pueden recurrir ni a la Contraloría General de la República ni a la Dirección del Trabajo.
Se propone finalmente establecer un Plan Institucional Anual y una cuenta pública del Fiscal Nacional.
Eso va en la dirección correcta. Pero espero que los informes no se limiten a cuadros y cuadros de indicadores. Hay que asumir la demanda real de los ciudadanos, que es la efectividad de la acción punitiva del Estado.
Señor Presidente, mucho se critica hoy a los políticos. Y hay que hacerse cargo de eso.
Me parece que una manera de enfrentar esta realidad es hablando con franqueza y no conformarnos con discursos o informes complacientes que pueden estar muy fundamentados técnicamente pero que no responden de modo cabal a lo que siente y espera la enorme mayoría de la población.
Votaré a favor de este proyecto. Sin embargo, espero que el Ejecutivo aborde las cuestiones que quedaron pendientes, que conciernen al Ministerio Público y al resto de los temas de la agenda de seguridad pública, con la celeridad y la profundidad que la situación exige.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, después de escuchar la excelente exposición del Senador Quinteros, yo podría ahorrar parte de mi intervención, que es muy similar. Y no me cabe ninguna duda de que quienes se hallan en las tribunas aplauden porque es el sentimiento de la opinión pública, el sentimiento de las personas con las que nos reunimos en el día a día en los sectores poblacionales, en las juntas de vecinos.
A nosotros nos toca vivir este problema, que, sin duda, todos quieren arreglar. Pero pareciera que por ningún lado emerge la punta de la madeja. Y, aunque hacemos proyectos de ley -por supuesto, los vamos a aprobar- sobre fiscalías especiales, mayor dotación, mejores remuneraciones, las cosas siguen exactamente iguales.
La gran mayoría de los estudios de opinión pública señalan que la delincuencia es, a no dudarlo, uno de los problemas que el Gobierno debería solucionar rápidamente.
Así, por ejemplo, en la última encuesta CEP la delincuencia encabeza el listado con 46 por ciento de preocupación por este flagelo. Y, al mismo tiempo, en el estudio de Adimark de mayo solo 11 por ciento de los chilenos aprueba la forma como el Gobierno está manejando la delincuencia, mientras el rechazo llega a ¡87 por ciento!
A eso se suma el hecho de que los tribunales de justicia están dentro de las instituciones que menos confianza generan en la ciudadanía.
En tal sentido, la pregunta que debemos hacernos es si con el proyecto en debate caminamos en la dirección correcta para dar solución a los problemas de nuestra justicia, lo que tanto nos demanda la gente en el día a día.
Esta iniciativa, señor Presidente, tiene por objeto fortalecer el Ministerio Público a través del reforzamiento en la tramitación compleja y menos compleja; de la creación de Unidades de Análisis Criminal y Focos Investigativos; del fortalecimiento en la atención de víctimas y testigos; de la aplicación de soluciones de continuidad en las funciones de los fiscales adjuntos, y del establecimiento de bases para una carrera funcionaria, o algo como eso.
Si uno revisa el mensaje del proyecto de reforma procesal penal, del año 2004, verá que se anunciaba que sería una verdadera maravilla en materia de justicia. Y voy a repetir parte de ello.
Los principales objetivos que se buscaban eran:
"1) Agilizar la persecución penal.
"2) Evitar zonas de impunidad en la persecución criminal.
"3) Corregir errores normativos que han ido quedando en evidencia con la gradual entrada en vigencia de la reforma procesal penal.
"4) Mayor transparencia a los procesos judiciales (en los delitos de alta connotación pública)".
Un informe sobre las estadísticas del Ministerio Público, elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional, estableció que en el último año han ingresado a tramitación alrededor de un millón y medio de causas.
Eso habla del atochamiento que tenemos hoy en las instituciones pertinentes.
Del total de las causas ingresadas en 2013 -es la última información de que disponemos-, 30,6 por ciento -¡escuchen bien!- termina por otra vía judicial (sobreseimiento, suspensión condicional, acuerdo reparatorio o facultad para no investigar). Solo 15 por ciento concluye con una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, mientras que el 54,4 por ciento restante se resuelve por la vía administrativa antes de llegar a una instancia judicial, siendo la gran mayoría de los casos archivados provisionalmente.
Yo me pregunto, señor Presidente: ¿eso esperábamos nosotros de la reforma procesal penal?
Aquellas son cifras duras; no las he inventado yo.
¿Eso esperaba la gente de dicha reforma?
No voy a entrar en detalles sobre lo que la reforma procesal penal les ha costado al Estado y a nuestro país. Solo quiero hacer mención de las remuneraciones, de las instalaciones.
¡Se han construido o comprado 200 edificios e instalaciones para las fiscalías!
En contraste con tales cifras, una evaluación interna realizada por el propio Ministerio Público, correspondiente al año 2014, y dada a conocer por El Mercurio hace algunos días -creo que El Mercurio dice la verdad-, señala que, de 660 fiscales evaluados, 328 obtuvieron nota máxima: 7; es decir, 49,7 por ciento de los fiscales lograron la máxima calificación. En tanto, 327 (o sea, 49,54 por ciento) alcanzaron entre 6,9 y 6, y "solo 5" persecutores (0,76 por ciento) tuvieron una nota menor que 6.
Los 660 fiscales evaluados consiguieron 6,9 de promedio. La nota más baja fue 5,2, y correspondió a uno de Coquimbo. De los 18 jefes regionales, todos obtuvieron la máxima distinción, a excepción de dos: el de la Región de Atacama, con un 6,9, y el de la Región Metropolitana, con un 6,4.
Esta positiva autoevaluación contrasta con las cifras de la última encuesta Paz Ciudadana-Adimark, conforme a la cual la victimización de los hogares llegó a 43,5 por ciento, el índice más alto desde el año 2000.
Ya sé que esta no es solo una responsabilidad del Ministerio Público, sino también de todos los que trabajan en el sector, pero llama la atención que mientras la evaluación de la opinión pública es tan baja la de los propios fiscales sea tan alta.
La gente se pregunta qué saca Carabineros con hacer su trabajo si los delincuentes quedan libres después en los tribunales. Y eso está relacionado con la baja percepción no solo de los organismos jurisdiccionales, sino asimismo con una mala impresión sobre el sistema judicial y de persecución penal en su integridad.
Las cifras negativas sobre el manejo de la delincuencia registradas en la ciudadanía se correlacionan con un informe del Departamento de Análisis Criminal de Carabineros de Chile de agosto de 2013 -me gustaría que mis Honorables colegas pudieran escucharlas-, que reveló la lista de los cien delincuentes con más detenciones entre 2009 y 2013. Entre todos sumaban casi tres mil capturas, es decir, unas treinta detenciones cada uno, en promedio. Del total, el 23 por ciento correspondía a menores de edad. Y, de acuerdo con el documento, al observarse veintisiete casos de reiteración, se detectó que solo cinco detenidos por delitos recurrentes recibieron una condena que, en promedio, alcanzó a sesenta y cuatro días de privación de libertad.
Los números indican que el sistema procesal penal no ha caminado bien; que ha habido fracasos más que éxitos frente a la delincuencia común. Además, la gente percibe que las instituciones fundamentales en este trabajo, como las policías, Gendarmería, los jueces, los fiscales, el Servicio Nacional de Menores y otras, están sobrepasadas y son incapaces de responder frente al delito que afecta a diario a las personas. No puede ser que individuos con treinta órdenes de detención sigan en libertad, porque los juicios terminan en nada, o que los jueces de garantía no dispongan el encierro, mientras se realiza la investigación, de delincuentes sorprendidos infraganti, quienes pueden seguir cometiendo otros ilícitos y acosando a la ciudadanía.
Como lo he señalado en otras oportunidades, creo que es el minuto de replantear la reforma procesal penal para que funcione como lo prometieron sus autores. El sistema, pese a todos los recursos invertidos por el Estado, está perdiendo hoy la batalla contra la delincuencia. Es prioritario ver qué cambios son los que realmente necesita para solucionar sus grandes deficiencias, las que día a día afectan a miles de compatriotas que han pasado a ser víctimas del flagelo.
Para eso es absolutamente necesario que hagamos un alto y realicemos una evaluación seria, a fin de que después tomemos decisiones. Hoy resulta prioritario, por ejemplo, establecer criterios de gestión y de política criminal que permitan determinar, dentro de lo posible, qué se ha hecho bien y qué no. Ello, con el objetivo final de no seguir invirtiendo más y más recursos fiscales en medidas o iniciativas que no resuelven finalmente los problemas de fondo.
No me cabe ninguna duda de que en el Ministerio Público hay gente que trabaja, y mucho, pero los resultados son los resultados. Y la opinión pública no tiene una buena impresión de los que se registran en el trabajo frente a la criminalidad.
He dicho.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Puede intervenir el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, no cabe duda de que la delincuencia, con mayúscula, es una de las dificultades más serias en nuestro país. Se puede ir alternando con Salud, con Educación, pero, constante y consistentemente, quienes somos parlamentarios nos damos cuenta de que una parte importante de las consultas e inquietudes que plantean las personas se relaciona, al final, con aspectos vinculados a la cuestión.
Y constituye un asunto bastante más complejo. No es algo cartesiano. No es un solo factor el que juega para obtener un resultado, bueno o malo. Tiene que ver con problemas de prevención, de sanción, de rehabilitación. Por eso, son muchos los elementos que se entremezclan al final para fijar la percepción ciudadana.
Mas me parece a mí que el proyecto es relevante particularmente en la dimensión de la investigación y, por lo tanto, de la sanción al mundo delincuencial. Por tal motivo creo que esta es una buena señal.
Es significativo, primero -y lo destaco-, el aumento de la dotación en el Ministerio Público. No cabe duda de que 577 personas más, entre fiscales, profesionales, técnicos y administrativos, es un paso positivo para que los atochamientos en las causas -son dos mil por fiscal y un fiscal por cada veinticinco mil personas- vayan encontrando una respuesta.
No en vano, ¡ojo!, son veinte mil millones de pesos, en régimen, lo que se aumenta en el Presupuesto para enfrentar esta nueva demanda ciudadana y dar una respuesta pública a la situación.
O sea, cabría esperar que la relación de la gente con su atención de justicia mejorara sobre la base de los nuevos funcionarios.
Un segundo punto que a mí me parece muy importante en la Región del Maule -y deseo destacarlo, porque fue expuesto por numerosas personas- es el relativo a las actuaciones procesales de los asistentes del fiscal ante los tribunales de garantía y a que no necesariamente sea el fiscal, con excepción del juicio oral, quien pueda llevar a cabo la gestión. Eso obviamente va a generar una capacidad de concentración muy positiva en lo que más le corresponde a este último.
Quisiera dejar claro que lo anterior va a suponer un aumento en la carga de trabajo de muchos funcionarios que no sé si esté representado exactamente en lo que sigue del texto.
--(Aplausos en tribunas).
Tercero, me parece muy significativa una carrera, tanto para fiscales como para funcionarios. A mi juicio, es relevante que las instituciones cuenten con un derrotero, con un camino, y estimo que ello por lo menos está insinuado, aunque no sé si resuelto.
Y, por último, en cuanto a la creación de unidades de análisis criminal y de focos investigativos, ahí sí que juzgo que la medida es muy decisiva para poder enfrentar con más capacidad técnica y modernidad materias que de alguna manera se tienen que ir resolviendo rápido. Eso es muy positivo.
Por su intermedio, señor Presidente, deseo plantearles algunas reflexiones al Fiscal Nacional y a la Ministra para poder ir llegando a una resolución -esto no es cuestión de un sector o de otro- ahora o en otra instancia.
La primera de ellas tiene que ver precisamente con la realidad de los funcionarios en el nuevo proceso. Y quiero dejarlo establecido. Los representantes de estos últimos fueron a la Comisión de Hacienda e hicieron un planteamiento que a mí me pareció superrazonable en el sentido de ver cómo se puede entender la nueva ingeniería en función tanto de los fiscales como de ellos. Para que el sistema opere, todo tiene que ir acompasado.
Imagino que les habrán hecho peticiones a los Ministros de Hacienda, quienes no son especialmente generosos ni en esta ni en ninguna otra materia, y probablemente no se pudo obtener más -los recursos no son ilimitados-, pero quisiera dejar claro que es algo que tiene que quedar como el paso siguiente. Si realmente se espera que el asunto funcione, los funcionarios han de sentirse acompañados en la áspera, difícil, pero bonita tarea de ejercer justicia. Y aquí tenemos un primer aspecto para seguir reflexionando.
Un segundo punto dice relación con la capacidad de generar metas generales en la lucha antidelincuencial. Mencioné que el monto involucrado asciende a 20 mil millones de pesos.
Lo que no pude detectar bien -el Honorable señor Zaldívar dijo que el Senador que habla se iba a referir a la cuestión- es qué se podría esperar, objetivamente, del cambio en la percepción ciudadana. Si los archivos llegan hoy a equis, ¿cuánto menos tendrían que ser a partir del nuevo esquema? ¿En cuánto puede cambiar la capacidad de lograr resoluciones que conciten la satisfacción de la gente?
La persona a cargo nos manifestó que es muy difícil anticipar un número. Pero quisiera insistir en obtener alguna determinación, porque es la única forma de saber, si el día de mañana se requieren otros 20 mil millones -voy a imaginarlo-, qué se podría esperar del cambio. Pienso que fijar este tipo de criterios nos hace bien.
Sé que la creación de las unidades de análisis criminal y de focos investigativos, que además se hallan sujetas a evaluación, apuntan en un buen sentido. Pero a mí me gustaría tener una idea más global de qué podrían esperar los chilenos a partir de un cambio tan sustancial desde un punto de vista económico.
El tercer aspecto -y deseo pedir una atención especial sobre el particular- se vincula con una nueva concepción de la carrera funcionaria.
Aquí quisiera plantear un punto. Soy partidario de esta última, pero me inquieta lo de si no estaremos repitiendo un modelo del tipo Estatuto Docente.
¿Por qué? ¿Qué dice el proyecto? Básicamente, ¿cómo se puede aspirar a mejorar el grado?
Se requiere, primero, no haber sido sancionado -ello me parece razonable- durante los últimos dos años.
Además, es preciso haber sido calificado, en los tres últimos años, con una nota promedio, en la evaluación de desempeño individual, igual o superior a 95 por ciento de la escala respectiva. Ello se refiere a casi todos los funcionarios, como se explicó recién. No hay un grado de diferenciación.
A eso se agrega el haber aprobado cursos de perfeccionamiento, diplomados o maestrías, o bien, un examen de conocimientos, lo que prácticamente hacen todos. Nunca me quedó claro cuánto invierte el Estado en el proceso. Me da la impresión de que no es mucho. Se puede hacer más. Pero tampoco pareciera haber una diferencia muy notable.
Luego se expresa -y está bien- que solo podrá ascender un número de postulantes que no supere el quince por ciento de la planta de fiscales adjuntos.
Y el criterio último es la mayor antigüedad en la institución.
Entonces, a mí me inquieta el mecanismo, porque creo que siempre -no únicamente en el caso que nos ocupa: lo he sostenido en todos- han de premiarse el mérito, la diligencia, la calidad. No se trata solo de tener buena salud para ir mejorando en la escala propia. Es necesario que se note quien despliega un esfuerzo máximo, gigantesco, para servir mejor a la justicia, a la ciudadanía. Ahí es donde siento que nos falta un criterio para el fomento de ello en los fiscales y los funcionarios.
Deseo dejar claro que todos estuvieron de acuerdo -por lo menos, cuando lo expuse- con que es preciso mejorar la forma de calificación. Lo dejo como una reflexión.
En lo personal, quiero que las cosas resulten para el bien del país, pero aquí hay un aspecto pendiente.
Por último, no es grato señalarlo, pero lo haré, porque me parece lo correcto: se establecen dos excepciones a las normas sobre las bases de la Administración del Estado.
Los cargos tienen que proveerse por concurso público. Así lo dispone, en términos generales, la ley respectiva. Una de las salvedades la comprendo más que la otra. Tiene que ver con que, en casos especiales, el Fiscal Nacional, por resolución fundada, podrá autorizar concursos internos de funcionarios, en los que, en todo caso, se deberán garantizar la transparencia y la objetividad, sobre la base de la evaluación de los méritos y la idoneidad de los postulantes. O sea, se determina que un grupo de personas no va a participar en un concurso público, sino que se faculta para realizar uno de carácter interno.
Sin embargo, me cuesta captar la lógica del artículo tercero transitorio, por lo cual pedí su votación separada, ya que dispone que veintiocho funcionarios que hoy día están a honorarios -quisiera consignar que no conozco a ninguno de ellos- serán incorporados a la planta.
Hago presente que hay 40 mil personas a honorarios en los Poderes del Estado. Entonces, si en el resto de la Administración es preciso someterse a un concurso para ascender, ¿por qué esos veintiocho funcionarios -insisto en que no tengo idea quiénes son- no pasarán por el requisito y nadie más podrá competir, en circunstancias de que puede haber algunos que deseen hacerlo por los mismos cargos?
No me parece, entonces, que ello quede bien resuelto.
En resumen, considero que este es un buen proyecto Voy a aprobarlo. Estimo que apunta al fondo del asunto. Pero quedan las reflexiones en cuanto a los funcionarios, a la carrera y a las metas de la lucha antidelincuencial.
Espero que se obtenga un buen resultado, porque pienso que, en un sentido amplio, la justicia sigue en deuda en el país, y que, en esa medida, tenemos que hacer un máximo esfuerzo para realizar mejor las cosas.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Como en este momento no se encuentra presente el Senador señor García, tiene la palabra la Honorable señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Señor Presidente, como ya se ha intervenido bastante sobre el texto, solo deseo manifestar, en forma muy breve, que la iniciativa es muy conveniente.
Además, sigue la línea de lo que la gente está esperando, que no es solo modernizar el Ministerio Público, sino también entregarle más recursos. Cuando se le otorgan más fondos, más profesionales, más colaboradores, más elementos técnicos, más poder de investigación, más posibilidades, no se apoya únicamente la labor de los fiscales, sino también, de manera absolutamente directa, a las personas, que necesitan una fiscalía, a través del rol de la institución, cada día más cercana y eficiente.
Por esa razón, el proyecto de ley resulta muy importante, ya que, definitivamente, cuando se considera el análisis en la opinión pública, no solo el problema de la delincuencia ha revestido siempre la máxima relevancia y prioridad, sino que también, como es obvio, empiezan a surgir peticiones de encontrar a los culpables. Y unos y otros se asignan responsabilidades. ¿El Poder Legislativo, por no hacer buenas leyes? ¿El Poder Ejecutivo, por no coordinar bien la labor de las policías? ¿El Poder Judicial, que no enjuicia ni investiga ni deja detenidos a quienes corresponde? En fin. Siempre se emiten juicios, sobre todo de carácter valórico, respecto a los grandes responsables de las dificultades que se enfrentan en la materia.
A mi juicio, es un error considerar siempre que habría un solo gran responsable. La situación es mucho más multisistémica y tiene que ver con numerosos otros aspectos relacionados que a lo mejor no se ven por estar a menudo bajo una capa.
En consecuencia, me parece que sigue una línea correcta y positiva todo lo que sea entregarles recursos y darles visibilidad a quienes pueden investigar, que son los fiscales.
Muchas veces, la gente se queja de ellos, pero la verdad es que, en general, no tiene idea de la carga horaria y de trabajo que los afecta, de los pocos elementos de apoyo con que cuentan y, evidentemente, de la cantidad de casos que cada uno debe atender, que excede las condiciones humanas y físicas.
Además, en general, no hay un sistema adecuado, sistematizado, respecto a numerosas causas. Por eso, es muy frecuente que se cometan injusticias, aun cuando suene controvertido o contradictorio plantearlo. Ello se genera en cuanto a las posiciones que puede mantener uno u otro fiscal, una u otra fiscalía, según la Región en que se desempeñen. Entonces, se desconocen cuáles son los hechos que rodean a una persona investigada o que ya lo fue en otra fiscalía.
Dicho lo anterior, señor Presidente -no quiero alargarme, ya que aquí ya se han hecho muchas consideraciones de carácter más técnico por los miembros de la Comisión correspondiente-, deseo aprovechar la presencia del Fiscal Nacional para señalar que siempre he sido una profunda admiradora del rol del Ministerio Público y de los fiscales en particular. Me parece que estos han desempeñado un papel espectacular en la búsqueda de la transparencia y que no han temido enfrentar, cuando han tenido que hacerlo, a bandas delictuales peligrosas que los han amenazado. Muchos casos en que han estado en situación de riesgo han sido públicos y otros no. Creo que lo mencionó el Senador señor Harboe en algún momento de su intervención.
Quisiera agregar que también aplaudo lo logrado en el último tiempo por el Ministerio Público con la investigación tendiente a transparentar los vínculos a menudo espurios entre el dinero y la política, porque todo lo que sea la búsqueda de ese objetivo, en especial en las actividades de carácter público, debe ser siempre absolutamente correcto y bienvenido.
Obviamente, mi voto será a favor del proyecto.
El señor PÉREZ VARELA.-
Abra la votación, señor Presidente.
El señor WALKER (don Ignacio).-
Sí, ábrala.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
A continuación está inscrito el Senador señor De Urresti, quien no se halla en el Hemiciclo.
Por lo tanto, tiene la palabra el Senador señor Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, todos los lunes, a la hora de almuerzo, los Senadores de la Alianza nos dedicamos a analizar distintas iniciativas de ley, y siempre lo hacemos con altura de miras, cualquiera que sea el caso.
En virtud del proyecto en debate, quise escribir algunas líneas, en el entendido de que los Senadores Larraín, Coloma, Harboe, De Urresti, García, Espina, Araya, Montes y Zaldívar han tenido una especial preocupación sobre la materia.
No obstante, me gustaría precisar algunos puntos.
Primero, que esta iniciativa viene de la Administración del Presidente Piñera, y que el actual Gobierno la mantuvo sin movimiento desde marzo del 2014 hasta marzo del 2015, a pesar de todas las necesidades que afectan al Ministerio Público, organismo que es esencial para terminar con uno de los peores índices que muestra el actual Gobierno: el de la seguridad ciudadana.
Por supuesto, todos los gobiernos anteriores -incluido el que yo apoyé- enfrentaron dificultades en materia de seguridad pública. Pero, "otra cosa es con guitarra". Hoy, la responsabilidad de la delincuencia es de la Administración de turno.
Asimismo, pienso que la seguridad ciudadana debe ser asumida con responsabilidad, como una cuestión de Estado, lo cual dependerá de la voluntad que tenga el mundo político.
Si bien es cierto que el Ejecutivo incorporó aportes positivos al proyecto, perfeccionándolo, no ha sido capaz de conformar ni de llegar a un acuerdo con la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Sur, que también incluye a los empleados de las Regiones de La Araucanía, de Los Ríos y de la mía: la de Los Lagos.
Al parecer, estos funcionarios argumentan, con buenas razones, que el proyecto de ley todavía discrimina -y esta palabra no la utilizo yo, sino quienes no se sienten incorporados- entre la carrera funcionaria que hacen los señores fiscales y la que desarrollan los demás funcionarios del órgano persecutor, como es el caso de los administrativos, los psicólogos, los ingenieros e, incluso, los abogados asistentes que trabajan en el Ministerio Público.
Lo ideal hubiese sido que el Gobierno, y especialmente el nuevo Ministro del Interior y Seguridad Pública, pudieran haber tenido un mayor diálogo con dicha organización gremial antes de llegar a esta instancia de tramitación de la iniciativa. En el futuro deberemos hacernos cargo, por supuesto, de las omisiones e imperfecciones -por llamarlas así- que ella presente.
Como señalé anteriormente, el proyecto de ley, en términos generales, es un aporte positivo para la persecución de los delitos, pues, entre otras cosas, incorpora más fiscales y funcionarios dedicados a tal propósito, así como también crea -y es importante señalarlo- el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, el que, sin duda, contribuirá fuertemente a la persecución de los delitos más comunes que se cometen en cada región.
En ese sentido, el haber puesto a las unidades que manejarán este sistema bajo la potestad de cada fiscal regional constituye un acierto, toda vez que son ellos quienes conocen de mejor manera la realidad delictual de cada región, la que muchas veces varía, dependiendo de múltiples factores geográficos, climáticos, culturales, etcétera.
Por lo demás, señor Presidente, de esta forma avanzamos en la todavía lejana descentralización del país, que a veces solo pareciera encontrarse en el discurso elocuente.
Con todos estos nuevos recursos humanos y herramientas de funcionamiento, que implican cuantiosos recursos provenientes de todos los chilenos, esperamos que el Ministerio Público pueda contribuir más todavía, en su desempeño, a la reducción de los índices de delincuencia y a mejorar la percepción de vulnerabilidad que tiene la opinión pública en materia de seguridad ciudadana.
No me cabe duda alguna de que este proyecto de ley será un aporte a tal fin, el que, asimismo, se cumplirá en la medida en que todos los fiscales investiguen con igual entusiasmo -y en algunos casos, con elocuencia- todos los hechos constitutivos de delito, sin distinción alguna. Porque hay millones de chilenos que sufren en el anonimato la delincuencia y viven cada día más asustados, con temor y miedo, enrejados en sus casas, por los asaltos en sus barrios, el tráfico de droga en sus poblaciones, las peleas de bandas juveniles y de traficantes, los abusos sexuales y las violaciones.
De este modo, señor Presidente, solo pedimos profesionalismo en la persecución de los delitos.
Así las cosas, celebro la ley en proyecto, porque viene a contribuir a la lucha contra la delincuencia, reforzando una institución que es esencial para conseguir una disminución en la impunidad que existe con relación a múltiples y verdaderos delitos comunes que afectan a gran parte de nuestra población.
Aquí, en el Senado, señor Presidente, he aprendido que, en términos generales, los proyectos de ley que benefician a Chile se aprueban sin complejos y de acuerdo a su mérito.
Votaré a favor.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, anuncio mi voto favorable al proyecto, esperando que el fortalecimiento que se hace del Ministerio Público y el aumento del número de fiscales y de profesionales contribuyan sustantivamente a dar mayor seguridad y protección a la ciudadanía.
Simplemente, quiero consultar algunos datos relacionados con el aumento de fiscales en La Araucanía. Es de conocimiento público la situación especial que vive mi región. Tenemos un conflicto, que muchas veces se manifiesta de manera muy agresiva, con delitos extraordinariamente violentos que ponen en riesgo, por supuesto, la paz, la seguridad y la tranquilidad de miles de habitantes de la zona.
Por lo tanto, el fortalecimiento de la Fiscalía Regional de La Araucanía, para encontrar a los responsables de esos hechos de violencia, aislar a los violentistas y asegurar la paz y la tranquilidad, constituye una tarea absolutamente vital.
En consecuencia, entendiendo que no hay cupos regionales, pero entendiendo también que este proyecto responde a estudios que se han realizado sobre la necesidad de fortalecer las distintas unidades territoriales, y dado que en La Araucanía vivimos una situación especial, me gustaría que la señora Ministra de Justicia nos indicara cómo se va a proceder respecto de la Novena Región, considerando que actualmente hay allí ocho funcionarios a honorarios, que se requiere un aumento de su planta y, entre otras cosas más, reforzar la Fiscalía de Pitrufquén a raíz de la creación del Juzgado de Toltén.
Gracias.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, al aprobar el proyecto que fortalece el Ministerio Público, lo hacemos desde la perspectiva de la urgente necesidad de mejorar los índices en la lucha contra la delincuencia.
Desde ya, sería incorrecto sostener, desde el punto de vista de la percepción ciudadana sobre la delincuencia, que la falta de seguridad es culpa del Ministerio Público, pues este organismo actúa una vez cometido el delito. Al respecto, me parece que todos los gobiernos de nuestro país han fracasado en el propósito de tener una política integral que aborde adecuadamente la prevención, particularmente en lo que se refiere a los niños, el control -o sea, una vez cometido el delito- y la rehabilitación.
Al leer encuestas sobre la materia, cualquiera de nosotros se dará cuenta de que la percepción ciudadana acerca de los malos resultados que obtiene el país en términos de los delitos que se cometen es sistemática.
Este proyecto tiene por objeto entregarle al Ministerio Público los instrumentos y las herramientas que la misma institución ha pedido para lograr mejores resultados en la lucha contra la delincuencia, especialmente en lo que le corresponde, que es realizar investigaciones exitosas que permitan identificar, detener y condenar a los infractores.
En materia de robos y de hurtos se observan cifras francamente alarmantes. Y quiero reconocer la transparencia que tuvo el Fiscal Nacional, que hoy nos acompaña, cuando fue a la Comisión de Constitución -también lo hizo en su cuenta- al sostener que en los delitos contra la propiedad es donde francamente estamos obteniendo malos resultados.
Las cifras así lo indican.
Según los datos que entregó el propio Ministerio Público respecto del año 2014, en materia de robos y robos no violentos se presentaron 361 mil casos, de los cuales 24 mil 800, es decir, el 7 por ciento, terminaron con sentencia condenatoria. 336 mil quedaron sin resultados, por distintas razones: muchos de ellos porque los imputados eran desconocidos; muchos porque no se aportaron los antecedentes probatorios necesarios o porque los jueces de garantía establecen estándares probatorios tan altos para varios delitos de esta clase que finalmente resulta imposible, a veces, lograr una condena.
Si revisamos lo indicado por la Policía de Investigaciones en su informe de 5 de septiembre de 2014, veremos una cifra que yo pensé que sería alarmante cuando se diera a conocer. Pero pareciera que en materia de seguridad ciudadana ya nada alarma.
El año 2007 había 110 comunas, distribuidas en 402 poblaciones, villas o sectores, que exhibían tráfico de drogas. Esta cifra, llevada al 2013 -estoy hablando de un documento oficial de la PDI-, aumenta a 169 comunas, distribuidas en 1.660 poblaciones, villas o sectores, lo que significa un incremento de 53 por ciento respecto de las comunas, y de 312 por ciento en términos de poblaciones, villas o sectores.
Cuando conocí estos datos, a los que se agrega una cifra de 66 mil órdenes de detención pendientes por juzgados de garantía y tribunales orales, imaginé que se iba a generar un gran debate nacional, una conmoción por estos resultados.
La verdad es que en materia de drogas y de delitos contra la propiedad, fundamentalmente robos en casas particulares, en la vía pública o locales comerciales, los índices están disparados. Pero vuelvo a señalarlo, y lo recalco: no sería justo ni correcto sostener que la responsabilidad por ello está radicada exclusivamente en el Ministerio Público. Sin embargo, no hay duda de que el sistema está funcionando mal.
Las políticas de prevención no existen. Es increíble que en Chile sigamos teniendo una Ley de Responsabilidad Penal Juvenil que funciona pésimo. No conozco a ninguna persona que haya ido a la Comisión de Constitución que diga que funciona bien. Los fiscales señalan que contiene errores; lo mismo las autoridades de Gobierno. Pero ahí está la ley, exactamente igual. Y en términos de rehabilitación, cifras más, cifras menos, también funciona mal.
Lo importante es que este proyecto, en conjunto con la Fiscalía, logrará una mejoría muy importante: entregará instrumentos y herramientas para que el Ministerio Público pueda cumplir mejor su labor. Eso es un avance. No obstante, aún queda pendiente todo el tema de las policías, el de la legislación.
Sigo considerando inconcebible que no se realicen cambios a situaciones que desde hace años impiden a los fiscales tener suficientes atribuciones para poder actuar, en determinados casos, de forma inmediata frente a un delincuente, o la posibilidad de una coordinación adecuada con la policía. Porque, cuando uno habla con esta, se sostiene que los fiscales no le dan las instrucciones adecuadas, y cuando uno habla con los fiscales, se señala que la policía investiga mal. La falta de coordinación allí es evidente.
Ahora, el proyecto presenta varios avances relevantes que me gustaría destacar. Y voy a partir por uno que no ha sido mencionado.
A mi juicio, uno de los puntos más importantes es el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, al que ya se refirieron otros señores parlamentarios, correspondiente al artículo 37 bis. Es primera vez que se crea un mecanismo que, recogiendo la información de todas las regiones y atendiendo a la realidad de cada una de ellas, permitirá un análisis que realmente ayudará a enfrentar al mundo delictual, tanto para identificar y detener a los autores de los delitos como para conocer los modus operandi que utilizan.
Este sistema será evaluado dentro de tres años.
Lo que quiero destacar -lo dije en un medio de comunicación y lo repito ahora- es que el Fiscal Nacional -cosa que no es muy usual en las instituciones- no solo aceptó sino que propició que, para los efectos de la evaluación de dicho sistema, se contratara, previa licitación pública, a una entidad evaluadora externa, a lo cual yo le doy gran importancia.
Para quienes hemos estado vinculados al tema, tratando de ayudar en el ámbito de la seguridad ciudadana, esa ha sido una batalla -la señora Ministra lo sabe perfectamente bien- enorme.
Creo que es un ejemplo lo que está haciendo en esa materia la Fiscalía, porque no muchas instituciones del área se abren y dicen: "Voy a contratar una auditoría externa para que estudie las políticas que estoy aplicando y evalúe si son buenas o malas".
Yo le doy un enorme valor y me parece que refleja un cambio de actitud muy relevante.
Otro tema muy importante que quiero mencionar es un hecho no menor, pero que todavía tiene una pata coja.
No solo se aumentan los fiscales en un número bastante significativo -en promedio, del orden del 15 por ciento del total de funcionarios de la institución-, sino que además se da la posibilidad de que el Ministerio Público otorgue atribuciones a los asistentes de fiscal -que estos ya tienen, en parte- para los efectos de concurrir a muchas de las audiencias de tramitación de los procesos, excluida la audiencia del juicio oral, lo que significa un plus en el propósito de lograr mayor cobertura.
Aquí queda pendiente el reclamo de quienes se desempeñan en el ámbito administrativo, que consideran que sus remuneraciones no son las debidas o adecuadas y que probablemente, si algunos de los abogados asistentes se van a ir a reemplazar o sustituir provisoriamente a los fiscales adjuntos o al menos van a ser autorizados para actuar con sus atribuciones, van a sufrir una recarga de trabajo relevante.
Sobre este punto, creo que es bueno dialogar, escuchar los argumentos, ninguno de los cuales puede significar detener el proyecto -tampoco me lo han planteado así, sino que, por el contrario, que hay que despacharlo-, pero siempre debemos estar abiertos a que las cosas se puedan hacer mejor.
Además, le doy un valor enorme a la existencia de una cuenta anual, que tiene el mérito -hay que reconocérselo a la Fiscalía, sobre todo cuando a un Fiscal Nacional le va quedando poco tiempo en el ejercicio de su cargo por estar próximo el cumplimiento de su período- de ir dejando ciertos legados.
Junto con el Sistema de Análisis Criminal, el establecer en la cuenta un Plan Institucional Anual mucho más detallado del que existe hoy es, sin lugar a duda, un aporte.
¿Me da un minuto más, señor Presidente, para poder terminar?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Un minuto.
El señor ESPINA.-
Gracias.
Sin duda, es un aporte muy relevante porque el Plan Institucional Anual -es conveniente señalarlo- debe contener "los objetivos estratégicos, los bienes o servicios y los indicadores de desempeño, o elementos de similar naturaleza, que posibiliten la medición del grado de cumplimiento en sus distintas líneas de acción y por región".
Es muy importante porque, en el fondo, el Fiscal Nacional, al igual que los fiscales regionales, va a tener que elaborar un plan. ¡Y no uno cualquiera!; pues al año siguiente se deberá medir si todos los indicadores que propuso se cumplieron o no.
En síntesis, señor Presidente, creo que la Comisión ha realizado un buen trabajo.
De otra parte, no tiene sentido pretender adueñarse de esta iniciativa. Al efecto, he escuchado dos versiones: primero, que el proyecto era del Gobierno anterior y que la Administración actual lo cambió íntegramente; segundo, que efectivamente era del Gobierno anterior, por lo cual el mérito sería suyo.
Les quiero decir que aquello es la única manera como no se deben enfrentar los temas de seguridad ciudadana. Da lo mismo si la iniciativa partió en el Gobierno anterior o en el actual. Lo relevante es que los proyectos sean buenos, pues es lo que la ciudadanía espera hoy de nosotros.
Vamos a votar a favor del proyecto, porque representa un aporte y, además, porque entrega herramientas e instrumentos para mejorar las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Me han pedido abrir la votación.
¿Habría acuerdo?
El señor QUINTANA.-
¡Ya era hora!
El señor PIZARRO.-
Sí, señor Presidente.
El señor LARRAÍN.-
Pero sin acortar los tiempos.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Acordado.
Ya me habían solicitado respetar los tiempos.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Se hace presente que, de acuerdo a la resolución de la Sala, el texto se debe votar en general y particular a la vez, con la sola excepción del artículo tercero transitorio, para el cual se pidió votación separada oportunamente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
En votación general y particular el proyecto, con la salvedad que hizo el señor Secretario.
--(Durante la votación).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Pedro Araya, integrante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El señor ARAYA.-
Señor Presidente, sin duda la iniciativa que hoy analizamos es una de las más importantes que se han examinado en esta materia desde que entró en vigencia la reforma procesal penal, que cumplirá quince años de existencia en diciembre del año en curso.
Este proyecto contempla el mayor aumento de funcionarios del Ministerio Público desde el inicio de la reforma procesal penal.
Uno podría sentirse tentado de realizar un estudio completo para ver qué ha sucedido con esa reforma. En lo personal -lo he dicho y lo sostengo acá-, creo necesario discutir cómo ha funcionado el sistema.
Hay quienes lo entienden y que lo defienden -me incluyo entre ellos- señalando que ha sido muy bueno. Por cierto, presenta falencias que se deben corregir. Pero, en líneas gruesas, ha resultado: actualmente existe mayor cantidad de condenados que con el sistema antiguo y con penas bastante más altas.
Uno de los problemas de la reforma procesal penal, y que en cierta medida aborda este proyecto de ley, es aquel que dice relación con una discusión pendiente que como país nunca hemos sostenido y que las instituciones de seguridad y el Gobierno tampoco han sincerado: la existencia de políticas criminales; es decir, qué tipos de delitos se van a perseguir y hacia dónde vamos a orientar los esfuerzos de persecución penal. Obviamente, con los recursos que se entregan al sector de la justicia dedicada a la persecución penal (policías, Ministerio Público y Poder Judicial) es imposible aclarar el cien por ciento de los ilícitos. Y eso conlleva a que el Ministerio Público decida de manera selectiva qué tipos de delitos se persiguen.
Por eso, muchas veces, con justa razón, se critica que la persecución penal está muy marcada por la temperatura ambiental; o sea, por cuántas veces aparece determinado delito en televisión. Por ejemplo, la prioridad del Gobierno pasado fue perseguir a las bandas que se dedicaban a robar cajeros automáticos, aun cuando se pudiera percibir que por política criminal era mejor acabar con otro tipo de delitos más complejos.
En esa línea, el proyecto se divide en tres grandes partes.
La primera, como ya señalé, contempla un aumento de dotación de 577 nuevos funcionarios para el Ministerio Público (122 nuevos fiscales). Prácticamente, se incrementa la planta del Ministerio Público en 15 por ciento.
En ello hay una diferencia con la iniciativa original que aprobó la Cámara de Diputados, porque, de modo inicial, esta dispuso una dotación de aproximadamente 340 nuevos funcionarios. Producto de la discusión habida en la Comisión de Constitución se aumentó el número a 577. Y ello repercute directamente en la persecución criminal, no solo en cuanto a que vamos a contar con más fiscales para sostener la investigación y la acción penal ante los tribunales, sino también en cuanto a la calidad de atención que se les va a otorgar a las víctimas y a los testigos. Esta mayor cantidad de funcionarios, obviamente, tiene que redundar en una mejor atención a la víctima, al testigo que concurre a la fiscalía a prestar testimonio, a dar cuenta del hecho delictual.
Hoy, con la sobrecarga de trabajo del Ministerio Público, es imposible que se pueda atender con la misma calidad a todas las víctimas y testigos, pues el tiempo de atención que en numerosas ocasiones demanda una de ellas es bastante grande y, además, se topa con otras citaciones que puedan tener.
Esperamos que este aumento de funcionarios se traduzca también en una mejor calidad de atención para las víctimas y los testigos.
La segunda parte del proyecto dice relación con la creación de las Unidades de Análisis Criminal y Focos Investigativos.
Como ya se manifestó, estas nuevas Unidades se van a centrar en el estudio de delitos de mayor connotación social, definidos como aquellos de mayor impacto en la seguridad de las personas, ya sea porque afectan su patrimonio, su integridad física o psicológica, o porque presentan una alta concurrencia.
La idea de esto, sobre la base de una expresión muy poco feliz -según nos han explicado tanto desde el Ministerio Público como del Ministerio de Justicia, se usa a nivel internacional-, es poder determinar cuáles son los mercados delictuales existentes en nuestro país y, a partir de ahí, centrar los esfuerzos de persecución penal.
La creación de las Unidades de Análisis Criminal va a permitir que el Ministerio Público genere una política criminal y sincere las cifras para poder decir a qué van a dedicar la persecución penal, dónde se van a centrar los grandes objetivos del Ministerio Público en materia de persecución penal.
Obviamente, tales Unidades, que parecieran ser del todo razonables, posibilitarán que los fiscales de distintas regiones compartan la información que manejan respecto del actuar, de los modus operandi de los delincuentes, con el fin de establecer si existen o no patrones de actuación.
En numerosas oportunidades -lo conversamos con el Fiscal Nacional y con los integrantes de la Fiscalía que nos acompañaron en la discusión-, una fiscalía regional carece de antecedentes acerca de un delito cometido en otra región, al no existir una unidad que cruce la información.
Lo que se pretende con estas Unidades de Análisis Criminal y Focos Investigativos, una vez que entren a operar en todo Chile y luego de evaluarse su desempeño, es contar con un sistema eficaz de levantamiento de información. Y esto no se refiere solo a una simple estadística criminal. Aquí no se busca saber cuántos o qué tipos de delitos se cometen. Lo que se pretende es conocer el detalle del modus operandi de los delincuentes, y a partir de eso generar políticas de persecución penal.
En este punto hay que hacer mucho hincapié en los focos investigativos, pues se trata de aquellas unidades que deberán perseguir los delitos de forma tal que la persecución penal sea bastante más eficiente para identificar al delincuente, al autor de un hecho delictual, así como también para sostener la acción penal en los tribunales.
Uno de los temas que más se discutieron en la Comisión fue que muchas veces la calidad de la investigación llevaba a que los tribunales, por el estándar probatorio que se exigía, terminaran absolviendo a personas que habían cometido un ilícito.
Un tercer aspecto importante de destacar dice relación con el Plan Institucional Anual.
Quiero reconocer la voluntad del Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, en orden a avanzar en una norma legal que establezca mecanismos eficaces para medir el trabajo del Ministerio Público.
El Plan Institucional Anual no se refiere a la cuenta pública que hace el Fiscal para dar a conocer cuántos delitos se cometieron, de qué tipo fueron, cuántos detenidos hubo y cuántos llegaron a juicio. El Plan Institucional Anual busca que el Ministerio Público se sincere y diga cuáles serán sus metas de persecución penal. Por ejemplo: "queremos, en el Plan Institucional Anual del próximo año, bajar las cifras de robos en casas y determinar, efectivamente, quiénes cometen este tipo de delitos".
El Plan Institucional Anual obliga a que el Ministerio Público fije una política criminal. Y tanto los ciudadanos como el Congreso podrán verificar si se cumple o no lo que el Fiscal Nacional o los fiscales regionales proponen.
El Plan Institucional Anual puede llegar a ser una herramienta eficaz que le permita a la ciudadanía comprender qué hace el Ministerio Público, si cumple o no las metas. De ese modo, este Plan será motivo de discusión pública para ver dónde se van a poner los esfuerzos en materia de persecución penal.
Como último tema, señor Presidente, quiero decir que entendemos y nos hacemos cargo de lo señalado por dos asociaciones del Ministerio Público: ANFUMIP y FENAMIP.
Comprendemos que existen materias que esta iniciativa no resuelve en forma adecuada y, obviamente, tendrán que motivar que el Gobierno presente un nuevo proyecto de ley o establezca una nueva mesa de trabajo con los funcionarios, con el objeto de resolver tres aspectos que, a nuestro juicio, serán complejos y que resulta primordial solucionar.
El primero se refiere al pago de la asignación profesional a los administrativos y auxiliares, lo cual no se contempla en el texto que nos ocupa.
Lo segundo tiene que ver con las normas de fiscalización laboral. Sabiendo que el Ministerio Público es un organismo autónomo, entendemos que dicha autonomía no significa necesariamente que no esté bajo el control de los tribunales del trabajo, por ejemplo, en temas de tutela laboral.
Entonces, esa es una cuestión por zanjar, dado que se han presentado algunas dudas interpretativas en cuanto a si la Contraloría puede fiscalizar lo relacionado con temas laborales o si, eventualmente, lo podrían hacer los juzgados del trabajo.
Un tercer punto, señor Presidente, respecto del cual nos han hecho saber su preocupación estos funcionarios -queremos dejar constancia de ello en la discusión-, es que al haberse aprobado una serie de normas que en la actualidad posibilitan que los asistentes de fiscal puedan ir a audiencia y ordenar diligencias que la ley original del Ministerio Público no les permitía, existe fundado temor de que se produzca una sobrecarga laboral en los administrativos y en los auxiliares, tal como me han manifestado los funcionarios de la Región de Antofagasta, a quienes les preocupa tener que asumir tareas que hoy no realizan.
Hechas esas consideraciones, señor Presidente, debo decir que pienso que este es un muy buen proyecto, que apunta a un fortalecimiento claro del Ministerio Público. Y esperamos que las nuevas herramientas que se crean, el Plan Institucional Anual y las Unidades de Análisis Criminal y de Focos Investigativos, sean eficaces en la generación de política criminal para, a partir de eso, ir sincerando como país las cifras relativas a qué vamos a perseguir como delito y qué no.
--(Aplausos en tribunas).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Les ruego a los asistentes a las tribunas no hacer manifestaciones. Nuestro Reglamento lo prohíbe.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, por respeto a quienes han venido especialmente por el proyecto siguiente, relativo a las cooperativas, voy a ser muy breve.
La iniciativa en debate va en línea con la demanda ciudadana que tiene que ver con la seguridad de las personas, y no cabe duda de que esta última depende de cómo funcionan las fiscalías, el Ministerio Público y las policías. Por eso, me parece que ella representa un avance importante en materia de seguridad ciudadana.
No me voy a extender con respecto al proyecto. Ya lo han hecho, y muy bien, los Senadores que me antecedieron. Anuncio simplemente mi voto a favor, con la esperanza de que los colegas abrevien también sus intervenciones a objeto de atender a las asociaciones de cooperados que han venido en reiteradas oportunidades a Valparaíso para presenciar el despacho de esa iniciativa que tanto anhelan.
--(Aplausos en tribunas).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Les ruego a las personas que nos visitan no aplaudir, por favor.
Ya sabemos del interés de ustedes por que se vea el proyecto siguiente.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, la verdad es que la buena nueva de una ley que favorezca al Ministerio Público dice relación con la preocupación central de la ciudadanía, el combate al delito, y se asocia a una mejora institucional. Pero, como bien lo sabe el señor Fiscal Nacional, también se vincula a resultados concretos.
Habrá un aumento importante de los funcionarios del Ministerio Público o, más bien, de los asimilados a la tarea investigativa. Son 577 los nuevos cargos, de los cuales 122 corresponden a fiscales adjuntos, 203 a profesionales, 82 a técnicos y 170 a administrativos.
En los hechos, es la creación de un nuevo ministerio. ¡Hay ministerios mucho más pequeños que el que existirá con este aumento!
Entonces, el desafío que se le impone a la Fiscalía Nacional es mayor. Y conviene tener presente la complejidad de lo que se aborda.
Ya en el Gobierno anterior, del Presidente Sebastián Piñera, se dijo: "Se les acabó la fiesta a los delincuentes". Luego se debió reconocer que derrotar a la delincuencia es una tarea muy muy difícil y compleja. Porque el enfoque no puede ser solamente investigativo ni sancionatorio, sino, a la vez, preventivo.
Hace unos días aprobamos aquí una iniciativa de ley en materia de ascensos en Gendarmería. Y dejamos pendiente lo relativo a aquellos que trabajan en la prevención. Soy de los que creen que, aunque pongamos mil funcionarios más en la Fiscalía y 10 mil más en Carabineros, si no hay prevención, y particularmente rehabilitación y reinserción social, sobre todo con los primerizos -23 por ciento de las 57 mil personas encarceladas, a las que deben sumarse otras 50 mil en régimen abierto-, esto va a ser infinito.
O sea, si no nos preocupamos de la rehabilitación de un delincuente de 13 años que escala paredes y entra a los departamentos, este será un cliente habitual de las cárceles, de los tribunales, del Ministerio Público. Por tanto, la tarea preventiva es también muy importante.
Dicho eso, anuncio que voy a votar a favor del proyecto, porque sin duda representa un avance sustantivo en aliviar la recargada agenda del Ministerio Público. Entonces, bienvenido sea el nuevo régimen de subrogancia y suplencia de fiscales. Es un reconocimiento también a los abogados asistentes, que ya estaban trabajando duramente y a los que hoy la ley viene a reconocer una condición distinta. Y espero que eso se refleje en lo remunerativo. Es decir, que el cariño del Estado no solo consista en decirle: "Ahora tiene más potestad", sino que también se acompañe de una adecuada remuneración.
La creación de las Unidades de Análisis Criminal (UAC) va a proporcionar mejor investigación.
El Plan Institucional Anual es otro instrumento.
Sin embargo, quiero señalar que el Ministerio Público podrá mejorar sus investigaciones y los tiempos en que ellas se llevan a cabo si efectivamente los fiscales y todos los funcionarios cuentan con una carrera que les ofrezca opciones de proyección y desarrollo laboral, que en la actualidad no tienen.
Por eso, este aumento del 27 por ciento del presupuesto del Ministerio Público es un hecho digno de destacar, pero debe tener un correlato institucional bastante más amplio. Es decir, se debe atender a los puntos de interés que no han sido recogidos por el proyecto de ley, vinculados a las asignaciones profesionales y a la cantidad de años que tienen que transcurrir para que se produzcan los ascensos, principalmente en los estamentos más bajos.
Queremos mejorar el Ministerio Público, pero en su integridad.
Uno de los objetivos del sistema procesal era superar el esquema juez del crimen/actuario que caracterizaba al antiguo sistema. Sin embargo, en la práctica tal esquema se sigue aplicando al interior del Ministerio Público, pues las tres cuartas partes del tiempo de un fiscal se ocupan en audiencias.
Por más que se pretenda mediante este proyecto superar ese problema por la vía de incorporar abogados asistentes que vayan a las audiencias, se soslaya el hecho de que, como los tribunales funcionarán durante las tardes, en la práctica aquellos se van convertir en pseudofiscales o en medio fiscales, que gastarán buena parte de su tiempo en audiencias y dejarán consecuentemente de estar presentes en la oficina de la Fiscalía.
Por cierto, circunstancias como estas generarán una sobrecarga de trabajo para otros funcionarios, quienes terminarán asumiendo las investigaciones criminales.
Se ha hecho hincapié en que los funcionarios acabarán no solo desarrollando tareas para las cuales no están profesionalmente calificados, sino también haciéndose cargo de los costos de la grave polifuncionalidad y falta de dotación.
En materia de asignaciones profesionales, conforme al artículo 76 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, ellas deben entenderse asimiladas a las del Poder Judicial, porque la función que cumple la Fiscalía es también judicial. Tan es así que, sin los insumos que provee, ni el juez de garantía ni el juez del tribunal oral podrían desarrollar sus labores.
En consecuencia, resulta incomprensible que la asignación profesional no sea reconocida para los auxiliares y administrativos, sobre todo si se considera que la labor de investigación criminal ya no se limita solamente a deber tomar una declaración, sino que presenta para todos los funcionarios involucrados desafíos que pueden revestir complejidad, como tener que estudiar medidas cautelares y de protección, analizar el cumplimiento de disposiciones legales y tratar con menores de edad, víctimas posibles, imputados, testigos, etcétera.
Por eso, señor Presidente, sin perjuicio de todos los beneficios que trae el proyecto, aprovecho la presencia de la Ministra Javiera Blanco para señalar que se echan en falta algunos elementos que esperamos sean abordados a la brevedad.
La asignación profesional representa no solo una posibilidad para que los funcionarios de los estamentos más bajos profesionalicen su actividad, sino además una señal para las expectativas de quienes cuenten con calificación apropiada, porque en el futuro pueden convertirse en abogados asistentes e, incluso, en fiscales. ¡Eso es carrera funcionaria!
De ahí que equiparar la situación del Ministerio Público con la del Poder Judicial a un costo anual, según estimaciones de la Dirección de Presupuestos, de entre mil y 2 mil millones de pesos, resulta una medida de mínima justicia, tal como ha señalado en la Comisión el Presidente de la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, Claudio Carvallo.
Entonces, uno esperaría que nuestro Gobierno, particularmente el Ministerio, tomara nota y atención de estos aspectos. El proyecto representa un avance sustantivo. Sin embargo, el Banco Interamericano de Desarrollo, en un estudio de hace seis años, señala que se debiera contar con una estructura de entre 800 y mil funcionarios.
Es decir, seguimos avanzando, pero aún queda camino por recorrer.
Señor Presidente, el aumento de dotación va a oscilar entre 10 por ciento y 32 por ciento a lo largo del país. No he visto en detalle cómo se incrementará el porcentaje en cada una de las regiones. Imagino que va a existir una proporcionalidad respecto del número de habitantes y de la carga de tarea del Ministerio Público. Y confío en que sea equitativa, en particular con la Región del Biobío.
No obstante, queda pendiente la preocupación de los funcionarios por las asignaciones profesionales de auxiliares y administrativos del Ministerio Público. La Ministra señala que ello es objeto de revisión y análisis por parte del Ejecutivo. Y uno esperaría que esos funcionarios tuvieran una pronta respuesta.
Ojalá no cometiéramos el error en el que hemos incurrido con los profesores y con personas de otros estamentos que hoy están en paro, como los funcionarios de la JUNAEB.
En nuestro país, ¡si no hay movilización, no hay respuesta a las demandas!
Uno desearía que el Estado fuera un mejor empleador -¡en realidad, es pésimo!- y se preocupara de resolver la situación de los trabajadores a contrata y a honorarios, y que se hiciera cargo de modo proactivo de las peticiones de los funcionarios, particularmente de los de más abajo, quienes tienen menos posibilidades de reclamar y de hacer valer sus derechos.
En definitiva, no debiéramos esperar ningún tipo de movilización para dar solución a dichas demandas, menos del Ministerio Público, donde a todos los queremos ver trabajando duro para combatir la delincuencia.
Además, se trata de una tarea que presenta riesgos insospechados para todos los funcionarios, porque el que toma la declaración es igual de vulnerable que el fiscal que está llevando a cabo la investigación.
Por lo tanto, señor Presidente, este proyecto constituye un avance en la lucha contra la delincuencia, que es un propósito de toda la ciudadanía.
Termino diciendo que sería un error descansar en el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, ante situaciones difíciles. Porque, al final, le cargan a él todos los procesos de investigación más complicados, particularmente los que involucran a delincuentes de cuello y corbata. Estoy de acuerdo en que actualmente hay más pega en este ámbito: antes no se les perseguía, ahora sí. Queremos que se condene y encarcele a todos los que cometan delitos. No porque tengan corbata son menos delincuentes.
En consecuencia, deseo que esta iniciativa sea aprobada, con las consideraciones que he señalado con relación a los funcionarios del Ministerio Público.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Les ruego no aplaudir a quienes se encuentran en las tribunas.
Muchas gracias.
A continuación, tiene la palabra el Senador señor Guillier.
El señor GUILLIER.-
Señor Presidente, como ya se ha dicho, la reforma procesal penal está cumpliendo diez años desde su entrada en pleno régimen en todo el territorio nacional. Por tanto, era oportuno y necesario hacer una revisión de las cargas de personal y una actualización de la planta del Ministerio Público.
De hecho, el número de causas que lleva hoy cada fiscal, en promedio, supera prácticamente más del doble de la cantidad original, lo cual da cuenta de una sobrecarga de trabajo. Ante ello, surge la necesidad no solo de una actualización, sino también de un aprendizaje basado en la experiencia de una década con este sistema frente a una delincuencia cada día más compleja, audaz y agresiva.
Esto último ejerce presión sobre los fiscales y todos los demás niveles del escalafón del Ministerio Público. Por lo mismo, en la adecuación general de la planta, llama la atención que, conforme al aumento de dotación propuesto, la mayor parte de los cargos que se crean pertenezca al área de los fiscales y profesionales, y que los técnicos y administrativos representen una cifra bastante inferior. No sé cómo funciona la lógica de la sala y de los equipos de investigación, pero evidentemente es probable que a futuro se tenga que revisar esa situación.
No se trata solo de actualizar las plantas, sino también de modernizar el servicio. Estamos todos conscientes de que hoy la lucha más eficaz contra la delincuencia es cuando se ataca al crimen organizado.
En este sentido es una pena que en esta materia no exista un sistema digitalizado que permita compartir archivos entre los distintos actores de la seguridad nacional, asegurando la conexión con la Fiscalía, pero también con las policías. Necesitamos coordinar el trabajo investigativo, sobre todo porque los antecedentes disponibles revelan que opera un tipo de crimen que cuenta con redes, tiene poderes y actúa en diferentes niveles de complejidad, lo que obliga a funcionar con un sistema de seguridad y justicia más preciso.
Mejorar la carrera funcionaria era un asunto pendiente.
Acá se propone aumentar la dotación, ajustar los grados en los diferentes estamentos e incentivar una carrera funcionaria.
Ya veremos cómo funciona eso.
Otro elemento importante es la creación del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, con el objeto de lograr niveles más complejos, modernos y avanzados en las estrategias de persecución de los delitos, particularmente de redes criminales. Esto se aplicará a nivel no solo de gobierno central, sino también de las dependencias del Ministerio Público en regiones, donde muchas veces se carece de personal adecuado para dar una lucha más frontal y eficaz contra el crimen organizado.
Lo anterior permitirá combatir mejor los delitos de mayor connotación social, que suelen ir deteriorando a las instituciones. Estos son capaces de permearlas y causarles daño.
Por otra parte, es destacable que en el proyecto se contemple mayor personal para atender a víctimas y testigos. Estos en los hechos -sin que sea esa la intención- se transforman en segundas víctimas frente a mecanismos demasiado burocráticos o impersonales. Debe considerarse que se encuentran bajo estados de alteración comprensibles, por la naturaleza de los crímenes en que se han visto involucrados.
Acá se plantea un aumento no solamente de fiscales y profesionales, sino también de otro tipo de personal, todos los cuales ayudarán a mejorar la atención de testigos y víctimas.
Otra medida de la iniciativa es el establecimiento de un sistema de suplencia y subrogancia de fiscales adjuntos, lo que dará más flexibilidad para atender de mejor manera a los usuarios. Creo que este es un elemento a destacar.
Donde están por verse los resultados es en lo relativo a la obligación de publicar un Plan Institucional Anual. Es importante que este establezca cuáles serán las prioridades, las líneas de acción, los objetivos estratégicos y, sobre todo, los indicadores de desempeño más exigentes.
La evaluación que se presenta sobre el funcionamiento del Ministerio Público muestra notas muy generosas, en comparación a cualquier estándar internacional.
No olvidemos que, en general, una evaluación adecuada se aplica con mecanismos y técnicas concordantes con el principio de la campana de Gauss: un 25 por ciento queda en cada extremo y un 50 por ciento se concentra en una calificación normal.
Sin embargo, acá se observa una estructura de evaluación que llega prácticamente a lo óptimo, lo que -hay que aceptar las críticas- quizás no es tan real.
Por lo tanto, invito a revisar los indicadores de desempeño con criterios más objetivos -sugiero que no se basen solo en la evaluación del superior jerárquico-, a fin de que a los funcionarios se les garantice un proceso de calificación justo y objetivo, para que puedan hacer apropiadamente su carrera en la institución.
En todo caso, no depende solo del Ministerio Público la lucha contra la delincuencia, sobre todo contra el crimen organizado.
En definitiva, para tener instituciones fuertes, con plantas adecuadas en cantidad y calidad de personal y con mecanismos atractivos para asegurar una mayor estabilidad y permanencia -este es otro tema que debe pensarse mejor, dada la rotación bastante visible de funcionarios de alta calificación-, es necesario insistir en la implementación de una carrera funcionaria del más elevado estándar y con remuneraciones que vayan en directa relación con la eficacia en el desempeño de las funciones de esta dependencia pública.
En consecuencia, pienso que habrá que evaluar este gran proyecto con un criterio un poquito más exigente cuando se encuentre en marcha. Con todo, responde a las expectativas que todos nos hemos hecho respecto del Ministerio Público.
Mi voto es favorable, señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, pedí intervenir solo para inhabilitarme. Así lo hice en la Comisión, en el debate en la Sala y ahora en esta votación.
Quiero que quede constancia de que la razón de ello es que tengo vínculos familiares con algunos fiscales.
Por esa razón, no voy a pronunciarme.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, intentaré ser breve.
A diez años de creada la nueva institucionalidad en este ámbito; a diez años de haber cambiado el sistema de investigación, juzgamiento y sanción, podemos evaluar cuánto hemos avanzado como país.
No soy de aquellos que, para contentar a la galería o a la opinión pública, tratan de echarle la culpa al Poder Judicial o al Ministerio Público por los indicadores de delincuencia u otros fenómenos sociales. La sociología y la política darán cuenta de cuáles son las causas de la delincuencia y las prácticas del crimen organizado.
El Estado, a través de sus políticas, tendrá que impulsar las acciones de prevención, control y rehabilitación.
En el presente debate estamos concentrados en el tema del control.
Soy de aquellos que abrigan dudas respecto del sistema que hemos ido construyendo estos últimos diez años. Requiero saber dónde se concentran sus debilidades y cuáles dificultades existen para llegar a condenas efectivas.
Resulta evidente que necesitamos hacer un ajuste al actual sistema de justicia penal en su conjunto.
Una de las causas del problema, por cierto, es la sobrecarga de trabajo que tienen los fiscales.
En lo personal, les rindo tributo a los de regiones, que es la realidad que más conozco. Ellos sacan adelante su cometido a veces en condiciones precarias y con mucha dificultad.
Pero el avance en sus investigaciones depende de los informes y antecedentes que les entreguen las policías, con el fin de reunir las pruebas suficientes para que quienes juzguen -no son los fiscales, sino los jueces- se formen la convicción para sentenciar a alguien.
Será nuestra responsabilidad en algún momento revisar ciertas leyes que hemos dictado, a fin de determinar si algunas son muy garantistas -considero que vale la pena plantear ese debate- o si la definición de determinados conceptos ("reincidencia", por ejemplo) corresponde al término más adecuado.
Asimismo, debemos ver cómo generar medidas para impedir que suceda aquello que se escucha en las noticias en forma cotidiana: "A equis persona la detuvieron en un asalto y tenía un nutrido prontuario". Uno se pregunta: ¿por qué un individuo con esos antecedentes se halla en libertad?
A mi juicio, en eso no podemos culpar -como hacen algunos- al Ministerio Público. A esta institución le cabrá su cuota de responsabilidad si no logra reunir las pruebas suficientes. Al respecto, quizás podemos enfocar el debate en torno a cómo mejorar el sistema persecutorio y la forma en que las policías proveen los medios de prueba necesarios para avanzar en una condena.
A mi juicio, el proyecto que nos ocupa es importante.
Considero fundamental también las normas relativas al aumento de personal, lo que permitirá enfrentar integralmente la carga de trabajo actual.
Tengo una interrogante: si la iniciativa se centra -es lo que entiendo- en fortalecer la capacidad para sacar la pega (disculpen la expresión), por cuanto mucho trabajo no logra ser cursado en el Ministerio Público de la forma como a uno le gustaría, el Sistema de Análisis Criminal que se propone crear -esta es una medida de tremendo interés- ¿efectivamente va a permitir que las pruebas sean más eficaces para enfrentar, por lo menos, el crimen organizado más complejo?
Señor Presidente, en algún momento tendremos que abordar otros asuntos relacionados con el sistema de justicia penal que se ha implementado en los últimos diez años. Es necesario dialogar al respecto.
Sé que para el Fiscal Nacional no es fácil señalar si se halla a gusto o no con la manera en que otros Poderes del Estado, particularmente el Judicial, aprecian sus acusaciones y pruebas, o manifestar que el Congreso debiera abordar otras materias para cerrar ciertos vacíos y resquicios que permiten a los delincuentes salir en libertad.
En lo personal -y con esto termino-, estimo que la sociedad chilena nos demanda más a todos, incluyendo al Poder Legislativo, a efectos de terminar con los referidos resquicios e impedir que un modelo que requiere contar con garantías para los acusados sea utilizado por delincuentes o criminales habituales para evadir la justicia.
Eso amerita otra conversación, señor Presidente.
Se ha señalado en otras ocasiones que el fortalecimiento de ciertas leyes obligará al Estado a invertir más, porque vamos a terminar con más gente en las cárceles. Según algunos estudios, la salida de 8 a 9 mil personas de penales en fechas recientes, por decisión del Gobierno anterior, quizás fue una mala decisión, razón por la cual se deben generar mecanismos institucionales para revertir tal situación. Ello se logra otorgando mayores potestades al Ministerio Público y dando señales más claras a los jueces, quienes deben ponderar el trabajo de los fiscales.
Voto que sí.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Harboe, para fundar su voto.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente, en mi primera intervención resalté los méritos del proyecto, cuyas normas, sin duda, mejorarán los niveles de persecución penal y liberarán de carga laboral a muchos fiscales, funcionarios y administrativos, quienes hoy se hallan completamente sobrepasados por la asignación excesiva de causas.
El aumento de la dotación del Ministerio Público en 577 funcionarios, entre fiscales adjuntos, profesionales, técnicos y administrativos, es digno de destacar.
Pero cabe hacer presente que esta iniciativa no resuelve todos los problemas de dicha institución.
Por lo mismo, estimo justo mencionar, para que quede constancia en la historia fidedigna de la ley, que en este Hemiciclo, al igual como lo hicimos en la Comisión de Constitución, le planteamos al Ejecutivo la necesidad de suprimir el escalafón de auxiliares, toda vez que el 75 por ciento de ellos cumple funciones administrativas.
Nos parecía bastante injusto que se mantuviera esa situación.
Luego, en vistas de que el Ministerio de Hacienda no aceptó tal petición, propusimos que el techo del escalafón de auxiliares fuera el grado XVII. Por supuesto, la Cartera de Hacienda, ¡con su tradicional benevolencia...!, dijo que no.
Lo anterior significa, en la práctica, que los 389 funcionarios auxiliares deberán dividirse entre el grado XVIII y el XIX, con escasas remuneraciones. ¡Y eso genera un problema de equidad!
Otro elemento digno de destacar es una petición de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público que, a mi juicio, parece legítima: otorgar asignación profesional a los auxiliares administrativos que cumplen los requisitos pertinentes. No parece justo que dicho beneficio exista para otros estamentos y no para ellos. Lamentablemente, el Ministerio de Hacienda también rechazó esta solicitud.
Creo importante señalarlo a efectos de que se incorpore en una futura iniciativa.
Por otra parte, cabe mencionar que hemos diseñado una carrera funcionaria que, sin duda, beneficiará al personal del Ministerio Público.
En ese punto hago presente que no parece justo que, para desarrollar sus respectivas carreras, los profesionales y técnicos deban cumplir 29 años en los diferentes grados de su escalafón, y en el caso de los administrativos, que es la categoría de menores remuneraciones, deban transcurrir 36 años de servicio. El Ministerio de Hacienda en un futuro próximo debiera buscar la forma de disminuir los tiempos por grado, para que efectivamente haya un incentivo para el desarrollo de la carrera funcionaria.
Señor Presidente, dejo planteados tales asuntos hoy en este Hemiciclo para consignar en la historia fidedigna de la ley que el plan de fortalecimiento del Ministerio Público es muy positivo, pero aún quedan cosas pendientes para hacer justicia equitativa al interior de esta institución.
Por último, quiero dar fe del trabajo que han realizado el señor Fiscal Nacional, don Sabas Chahuán, y todos los representantes de las asociaciones de funcionarios y fiscales -los felicito-, quienes desde 2009 vienen trabajando para crear este plan de fortalecimiento institucional. En el presente año hemos logrado un gran acuerdo, que va a mejorar considerablemente las condiciones de aquellos a quienes la sociedad ha encomendado la persecución penal de las personas que generan delincuencia en nuestro país.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Constitución, Senador señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, luego de muchos meses de discusión y de varios años de tramitación de la ley en proyecto, creo que podremos concluir con el fortalecimiento efectivo del Ministerio Público.
Los 577 nuevos funcionarios permitirán reforzar a lo largo de Chile el funcionamiento de dicho organismo. Entre los cargos que se crean, se consideran 122 fiscales -esto es significativo a la hora de la persecución penal-, 203 profesionales, 82 técnicos y 170 administrativos.
No cabe duda de que el incremento contemplado hará posible una mejor capacidad de persecución penal en todo nuestro territorio.
También tendremos mayor dotación y ampliación de capacidad, entre otras razones, por las normas que aprobamos en la Comisión, en virtud de las cuales los abogados asistentes de fiscal podrán igualmente realizar actuaciones judiciales ante los tribunales de garantía. Esto aliviará el trabajo que efectúan los fiscales, especialmente en el caso de fiscalías unipersonales, donde la labor encomendada a cada uno de ellos es de enorme responsabilidad y existen inconvenientes en el funcionamiento.
Resulta relevante señalar...
Pido al Senador Espina que deje en libertad al señor Fiscal Nacional, para que pueda oír mi intervención.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Senador señor Espina, le ruego guardar silencio.
Puede continuar, Senador señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, decía que me parece muy importante destacar el proceso de discusión en el órgano técnico, que llevó a una distribución equitativa de fiscales en nuestro país. Porque la distribución de dotación por iniciativa y por región posibilitará un equilibrio que nivelará el trabajo en cada una de ellas.
Particularmente los Senadores que representamos a regiones muchas veces escuchamos la natural queja por parte de la ciudadanía con relación a la dotación, al trabajo del Ministerio Público.
Con una disposición como la consignada en el informe de la Comisión abrigamos esperanzas de contar con mejor despliegue y mayor especialización, principalmente en aquellas regiones donde existen tipos de delitos específicos, como es el caso de los sectores rurales con el abigeato. Así, a través de las unidades de análisis criminal se podrán establecer patrones de conducta, de comportamiento o de delitos, que sin lugar a dudas harán factible que el enfoque de la investigación sea más centralizado.
En tal sentido, valoro el trabajo del Ministerio Público a través del Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, y de su equipo técnico. Pero además valoro la contribución a veces ardua, confrontacional de las distintas asociaciones. En democracia, al menos en la Comisión de Constitución, les dimos cabida a todos los gremios para plantear sus inquietudes.
No logramos todo lo que se propuso. El Senador Harboe señaló que quedan cuestiones pendientes en materia de asignación profesional, de los funcionarios abogados que no trabajan como fiscales o que son abogados asistentes. Se trata de tareas cuya solución quedará aplazada, pero de las cuales nos haremos cargo.
Aquí es fundamental que especialmente el Ministerio de Hacienda destine los recursos y entienda que invertir en un mejor Ministerio Público sin duda facilitará y fortalecerá el trabajo que hoy realizan los fiscales a lo largo de todo Chile.
Felicito y agradezco a los integrantes de la Comisión que presido, pues hemos aprobado por unanimidad prácticamente todos los artículos. Se exceptúa aquel en que seguiremos dando la pelea y que dice relación con la rotación de los fiscales regionales, quienes al cumplir el período de ocho años tienen la posibilidad de servir en otra región. Es lo que denominamos en un momento "las sillitas musicales". Por desgracia, perdimos este punto por tres votos contra dos (del Senador Araya y de quien habla).
Insistiremos en ello, pues creemos importante que haya un tiraje efectivo de fiscales regionales, que se valorice su función, pero no que vayan circulando a través de distintas fiscalías regionales, lo cual no es una buena señal para el resto de fiscales adjuntos o fiscales que quieran acceder a un cargo de esa naturaleza.
Entonces, valorando y entendiendo el aporte que realiza cada uno de ellos, cumplamos efectivamente lo que establece la Constitución, al objeto de que estos puedan servir en otras instancias del Ministerio Público y no en fiscalías regionales.
Por último, quiero decir que estaremos atentos al funcionamiento del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos.
En mi concepto, acá se encuentra el núcleo de avance y fortalecimiento del Ministerio Público. Junto a los 577 nuevos funcionarios, será precisamente ese Sistema el que hará factible centrar y direccionar de mejor manera la investigación. Ello, sumado al Plan Institucional Anual y la cuenta anual que deberá entregar el nuevo Fiscal Nacional, sin lugar a dudas permitirá contar con un Ministerio Público reforzado.
Quedan asuntos pendientes, pero creo que hemos dado un enorme paso en materia de fortalecimiento del Ministerio Público. Lo primordial es que esto sea recibido también como una señal relevante por parte de los funcionarios, quienes tendrán un sistema de remuneraciones más adecuado y contarán con mayor dotación para hacer de mejor manera su trabajo.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, intervendré de manera muy breve, pues ya se han expresado la gran mayoría de los Senadores y, asimismo, los de nuestra bancada, por cierto, apoyando este proyecto.
Quiero reiterar que nos encontramos ante un gran avance, que era necesario. Es importante que se haya recogido una inquietud que venía arrastrándose desde hace mucho tiempo y que buscásemos la manera de fortalecer el Ministerio Público.
Es obvia, en el marco de la reforma procesal penal, la relevancia de dicho organismo, el rol que cumple y la necesidad de robustecerlo.
La imagen de fiscales con más de tres mil causas es algo que suena demasiado inhumano. Y, además, atenta contra una eficiencia absolutamente necesaria si estamos hablando de un Ministerio Público, o sea, de la tremenda responsabilidad que implica la investigación y eventualmente la formulación de cargos. Por supuesto, después serán los tribunales los encargados de sancionar o absolver, conforme a los resultados que ella arroje.
Entonces, es muy trascendente lo que estamos haciendo esta tarde en el Senado: buscar la manera de fortalecer el Ministerio Público para hacerlo más eficiente, para que los fiscales tengan menos carga y puedan trabajar de mejor manera.
En tal sentido, me sumo a lo señalado en cuanto a lo significativo del aumento de su dotación en 577 cargos, que se dividen entre fiscales, profesionales, técnicos y administrativos.
Ya se vieron también dos elementos fundamentales.
Primero, el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos. Obviamente, acá queremos potenciar, fortalecer, robustecer la persecución penal. Esto permite resolver de mejor manera las investigaciones.
Y segundo, el Plan Institucional Anual. Este instrumento entregará información que le permitirá a la ciudadanía conocer el desempeño, la gestión y lo que se ha logrado avanzar anualmente.
Señor Presidente, he creído necesario intervenir. Y reitero el voto positivo de nuestra bancada.
Por cierto, como aquí se ha señalado, es posible en el futuro avanzar y recoger las inquietudes planteadas por algunos gremios. Estoy segura de que el Gobierno no dejará de oír a quienes han clamado de manera legítima por un espacio, por una carrera funcionaria, por mejores condiciones, lo que, lamentablemente, no pudimos resolver en esta oportunidad.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto, con excepción del artículo tercero transitorio, que se votará en forma separada (35 votos a favor), dejándose constancia de que se cumplió con el quórum constitucional exigido.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Votaremos de inmediato el artículo tercero transitorio.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, les ruego dirigirse a la página 128 del comparado, donde está el artículo tercero transitorio, norma de quórum simple, que dice: "Dentro de los 90 días siguientes a la publicación de esta ley, hasta 28 profesionales contratados a honorarios por el Ministerio Público, para desempeñar las funciones asociadas al traspaso de procesos desde la Justicia Militar de acuerdo con la ley N° 20.477, podrán ser contratados e incorporados a la planta de profesionales del Ministerio Público, sin previo concurso público.".
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, tal como lo planteé en la discusión general, este es un tema conceptual. No tiene mucho que ver con el proyecto mismo, pero sí con los principios en los que uno cree.
Aquí se establece, tal como dijo el señor Secretario, una norma transitoria especial, a cuyo tenor se señala que "hasta 28 profesionales contratados a honorarios por el Ministerio Público, para desempeñar las funciones asociadas a la ley N° 20.477, podrán pasar a la planta de profesionales".
La verdad es que son 28. Entonces, no debe decirse "hasta 28 profesionales", sino "28 profesionales".
Puede tener buenas razones el legislador o quien planteó esta disposición. Lo que pasa es que a mí me hace ruido, por la normativa que hoy rige esta materia, que es la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, la cual dispone que para llenar un cargo debe haber previamente un concurso.
Aquí se hace excepción a un principio general que a mí, por lo menos, me parece sano.
Si Sus Señorías leen el informe de este proyecto verán que, de 160 cargos nuevos de profesionales, 28 están asignados previamente.
Quiero dejarlo claro: no conozco a ninguna de las 28 personas que ejercen hoy los cargos respectivos y no tengo idea de quién las nombró.
Lo que ocurre es que esto es lo mismo que sucede con otros proyectos en que se dice "No se puede hacer".
Actualmente, en la Administración Pública hay ¡40 mil personas! a honorarios. Muchas de ellas quieren precisamente concursar para pasar a la planta. Y ello ha sido objeto de discusión durante muchos gobiernos. Hay dificultades, y en la práctica eso no se puede hacer.
Sin embargo, aquí, mediante un encasillamiento teórico (entiendo que esa es la argumentación; a mí no me alcanza), se dice: "Estos 28 quedan".
Señor Presidente, otros profesionales del mismo Ministerio Público podrían querer optar a los cargos en cuestión. También, personas externas. Pero me preocupan más los de dentro de esa institución: con el artículo tercero transitorio no les será factible hacerlo.
Mi posición no tiene que ver con el mérito del proyecto. Este me parece valioso, independiente de la referida norma. Mi rechazo es a que el Congreso Nacional valide la idea de que los cargos de planta dejan de ser provistos por concurso público.
Ni siquiera se usa el mecanismo de la contrata, como ha ocurrido en otras oportunidades.
Hace algunos días vimos que existía una especie de limitación a que solo pudieran optar los funcionarios a contrata.
Aquí la situación es distinta: 28 personas contratadas a honorarios pasan a la planta de profesionales del Ministerio Público.
Desde el punto de vista de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, considero que aquello no corresponde.
Por eso pedí votación separada.
A veces no es grato lo que uno dice, pero yo prefiero plantear las cosas con transparencia. Y, en este sentido, reitero que la referida Ley Orgánica Constitucional plantea algo absolutamente diferente.
Esta norma transitoria -insisto- nada tiene que ver con el asunto de fondo, pero, a mi juicio, sienta un precedente complejo.
A mí por lo menos no me parece adecuada.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
¿Le parece a la Sala proceder a la votación?
--Así se acuerda.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Antes de abrir la votación le daré palabra a la señora Ministra.
La señora BLANCO (Ministra de Justicia).-
Señor Presidente, solo deseo aclarar que la materia en debate se encuentra en una disposición transitoria porque no se pretende que sea normativa general.
Se trata de una situación particular que se da con relación a 28 abogados que, por razones de carga de trabajo en materia de justicia militar, asumieron una función que se traspasó a la fiscalía.
Tal como decía el Senador Coloma, estamos haciendo un encasillamiento específico respecto de 28 cargos a honorarios que estaban en aquella situación específica.
La norma sigue siendo la misma. Este es un artículo transitorio porque entendemos que se trata de una situación particular que se ha dado producto del traspaso de las cargas desde la justicia militar a la fiscalía. No va a constituir ni remotamente disposición general. La norma general es la del concurso público, como se ha señalado.
El artículo tercero transitorio, simplemente, hace justicia a 28 abogados contratados a honorarios, quienes ahora podrán regularizar una situación que se mantenía -por así decirlo- a raíz de una razón especial.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
En votación el artículo tercero transitorio.
--(Durante la votación).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Para fundar su voto, tiene la palabra el Senador señor Araya.
El señor ARAYA.-
Señor Presidente, en líneas generales, comparto lo que dijo el Senador Coloma en el sentido de que la regla general debe ser el concurso público.
Ahora, el artículo tercero transitorio merece una explicación a la Sala del Senado, para evitar confusiones.
Como muy bien señaló la señora Ministra, no se trata de una norma de carácter permanente.
Mis Honorables colegas deben de recordar que a mediados del Gobierno del Presidente Piñera se cambió la competencia de la justicia militar y se eliminó el fuero militar, estableciéndose que los civiles iban a ser juzgados por civiles y que, como consecuencia de ello, el Ministerio Público iba a llevar adelante causas que antiguamente conocían los fiscales militares.
En esa época -lo conversábamos con el Fiscal Nacional- Hacienda optó por no aumentar la planta de funcionarios del Ministerio Público, sino que, más bien, determinó una suma anual -a este minuto, cerca de 800 millones de pesos- para dotar a esta institución de personal que se hiciera cargo de la situación. Así, se contrató a 28 abogados para que cumplieran la función de asistente de fiscal.
A mi entender, el artículo tercero transitorio resuelve las dudas del Senador Coloma, toda vez que establece que se trata de funcionarios que hoy están cumpliendo una función específica. Esa propia norma señala que se puede encasillar a 28 profesionales encargados de los procesos de la justicia militar traspasados en virtud de la ley N° 20.477.
En ningún caso la idea es abrir la puerta a otros funcionarios a honorarios. Por eso la disposición transitoria se refiere a los que hoy están cumpliendo la función que acabo de explicitar.
Se trata de una norma de justicia que corrige una omisión en que se incurrió en la ley N° 20.477 al no fijar adecuadamente la nueva planta del Ministerio Público para hacerse cargo de una competencia que la reforma procesal penal, en sus orígenes, no contempló: la de la justicia militar.
Nos hallamos ante una disposición excepcionalísima que señala en forma precisa quiénes pueden pasar a la planta profesional del Ministerio Público. Por lo demás -insisto-, son funcionarios que hoy están cumpliendo la función correspondiente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, la Comisión de Hacienda debatió el artículo tercero transitorio y, con el voto en contra del Senador Coloma, lo aprobó por mayoría -el colega Araya acaba de dar una explicación- porque constituye una excepción.
La norma general siempre puede tener una excepción justificable.
Aquí no se está estableciendo un mecanismo permanente.
Todos estamos preocupados por que ojalá los honorarios terminen y se pase a contrata o a la planta permanente.
En este caso se trata de 28 abogados que, por razones que todos conocemos, al terminarse con lo de la justicia militar entraron a la fiscalía, donde están trabajando y especializándose.
Por lo tanto, la Comisión de Hacienda determinó que sí era necesario hacer una excepción a la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, al igual que en otras oportunidades. No es primera vez que lo hacemos. Y en este caso existe absoluta razón para proceder en la forma señalada.
Por eso en dicho órgano técnico, con el voto contrario del Senador Coloma -insisto-, resolvimos que los funcionarios respectivos pasaran de la contratación a honorarios a la planta de profesionales del Ministerio Público.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, quiero despejar cualquier duda en torno al artículo tercero transitorio aprobado en la Comisión de Constitución.
La Comisión de Hacienda también lo aprobó. Allí, legítimamente, el Senador Coloma hizo una observación que considero válida.
Sin embargo, es importante entender el contexto en que se desenvuelven los 28 profesionales a que se refiere la mencionada disposición, que dice: "Dentro de los 90 días siguientes a la publicación de esta ley, hasta 28 profesionales".
Preguntamos el porqué de esa redacción: "hasta 28 profesionales". Porque algunos podrían haber optado por otro camino. Precisamente, todos aquellos que trabajan hoy a honorarios cumpliendo una función permanente en las fiscalías militares van a pasar de pleno derecho al régimen que consagra el artículo tercero transitorio: la incorporación a la planta de profesionales del Ministerio Público.
A mayor abundamiento, si se hace concurso público, con un alto porcentaje de certeza serán esos profesionales los que se incorporarán.
Entonces, respecto de ellos estamos haciendo un acto de justicia. No se alteran otras leyes. Y -reitero- se acota a los 28 profesionales que desempeñan la función en comento.
Esa fue la discusión que se dio tanto en la Comisión de Constitución cuanto en la de Hacienda para aprobar la norma transitoria ya individualizada y mediante ella salvar la omisión en que se incurrió al sancionarse la ley N° 20.477.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente, solo quiero hacer constar en la historia del artículo tercero transitorio, ante la duda del Senador Coloma, que la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de los adolescentes, cuando radicó las causas pertinentes en el Ministerio Público, aumentó la dotación en 22 fiscales y 6 profesionales. Es decir, fue dicho cuerpo normativo el que, mediante una disposición transitoria, estableció el referido incremento para hacerse cargo de la nueva carga impuesta desde el punto de vista penal.
Como la ley N° 20.477 no elevó el número de fiscales y profesionales, se mantuvo a honorarios a quienes llevaban esas causas.
Ahora bien: el artículo tercero transitorio del proyecto que nos ocupa esta tarde no hace sino reparar aquella omisión por la vía de establecer que hasta 28 personas contratadas hoy a honorarios serán parte de la planta de profesionales del Ministerio Público.
En consecuencia, no hay vulneración a norma alguna, sino que, siguiendo la tradición de otros cuerpos legales, se repara una omisión de la ley N° 20.477.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, voté a favor del artículo tercero transitorio en la Comisión de Hacienda y lo mismo haré ahora en la Sala precisamente porque hemos venido pidiéndoles a los distintos gobiernos poner término a la situación de funcionarios que cumplen tareas permanentes y se encuentran contratados a honorarios.
Por lo tanto, me parece absolutamente legítimo que los 28 profesionales contratados a honorarios por el Ministerio Público sean incorporados a la planta de profesionales.
Sin embargo, lo mismo queremos que se haga en toda la Administración Central del Estado, y particularmente en las municipalidades, donde -debo recordarlo- algunas personas llevan 15, 20, 25 años trabajando sin ninguna protección social, sin derecho a previsión, e incluso, en algunos casos, sin derecho a enfermarse.
De acuerdo con el protocolo que firmaron el Gobierno y parlamentarios oficialistas tanto para el despacho en 2014 del proyecto de ley de reajuste para el sector público como para el despacho del proyecto de Ley de Presupuestos 2015, hay un compromiso en el sentido de que al 30 de junio del año en curso se debe entregar un informe donde se indique el número de profesionales y funcionarios en general que realizan labores permanentes pero están contratados a honorarios; ello, con el propósito de hacer una programación realista que permita incorporarlos a lo menos en la planta de contrata y poner término a esa aberración, con la que el sector público da un muy mal ejemplo como empleador.
Por las razones que he señalado, voto a favor del artículo tercero transitorio.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, en el artículo 2°, inciso tercero, del proyecto sobre fortalecimiento del Ministerio Público, a propósito de la modificación propuesta con relación a los abogados asistentes, se sugiere que además se incluya y faculte al estamento de abogados asesores para que se les puedan delegar diferentes actuaciones, excluidos los juicios ante el tribunal oral en lo penal. Lo anterior, porque no existen razones para que, habiéndose incluido a los abogados asistentes...
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Perdón, señor Senador: ¿está hablando del artículo tercero transitorio o de otro precepto?
El señor TUMA.-
Del inciso tercero del artículo 2°.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Su Señoría se está refiriendo a otra norma, no a la que se encuentra en votación.
El señor TUMA.-
Pero quiero hacer el punto a propósito de la discusión particular, señor Presidente.
Básicamente, deseo plantear que, si se permite comparecer ante los tribunales de garantía a los abogados asistentes, con mayor razón se debe incorporar a los abogados asesores para que actúen en representación del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal ante tribunales.
El número de abogados asesores por fiscalía regional varía entre tres, seis y siete, por lo que se utilizaría un recurso altamente calificado y capacitado, sin incurrir en costos económicos y con una remuneración equiparable a la de los fiscales adjuntos (por lo de la responsabilidad, la que en el caso de los asistentes se ve afectada, ya que estos reciben una menor remuneración versus la mayor responsabilidad que eventualmente asumen).
Deseaba hacer el punto, señor Presidente, vinculado con la diferencia que hay en remuneraciones, en facultades y en tratamiento tratándose de los abogados asesores.
Gracias.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, en cuanto al artículo tercero transitorio, creo que el Senador Coloma dio suficientes fundamentos para expresar con claridad que estamos incorporando una situación demasiado especial en nuestro ordenamiento jurídico: una norma que trata a 28 personas contratadas a honorarios de manera completamente distinta de como el Senado ha tratado -y va a seguir tratando- a quienes están en otras instituciones del Estado.
Por ejemplo, hace menos de un mes esta misma Corporación resolvió diversas situaciones de personal del Servicio de Impuestos Internos. Y ahí la norma fue que los funcionarios a contrata podían optar a los cargos de planta, pero mediante un sistema de postulación.
De otro lado, el 20 de mayo último el Gobierno ingresó una iniciativa relacionada con el reencasillamiento de los funcionarios municipales, a raíz del cual van a quedar empleos vacantes. ¿Y qué dice ese proyecto sobre la forma de proveer dichos cargos? ¿Con la gente que está a honorarios en las municipalidades? ¡No! ¿Con quienes se hallan a contrata? ¡No! Los alcaldes deberán establecer un sistema de postulación.
¡Y en los municipios algunas personas llevan 20 años a contrata o a honorarios!
El sistema propuesto ahora, que es opinable, no se ha utilizado ni se utiliza para ningún otro servicio público, para ninguna otra institución del Estado.
Por lo tanto, lo consideramos sumamente discriminatorio, pues, por muy meritorias que sean las personas de que se trata y por muy necesarios que sean los servicios que prestan, no hay duda de que la provisión de 28 cargos de planta en una institución del Estado requiere la existencia de un sistema de concurso, a lo mejor similar al establecido en el caso de Impuestos Internos o en el de las municipalidades.
Por cierto, el mecanismo planteado deja a cualquier otro profesional sin ninguna posibilidad de ingresar a la planta del organismo estatal de que se trata.
Ahora, señor Presidente, debemos aceptar un dato fundamental: entrar a la planta de una institución del Estado es la aspiración de bastante gente, de numerosos profesionales. Así, cada vez que se abre un concurso para la planta de cualquier institución estatal muchos profesionales -por no decir miles- están dispuestos a someterse a una evaluación.
Para un gran número de profesionales de nuestro país, estar en la planta de entes como el Ministerio Público es un hecho significativo. Pero en este caso, por el solo mérito de la ley, a 28 cargos de la planta de profesionales de la referida institución no podrán postular personas que a lo mejor están en ella u otros profesionales especializados en el área de que se trata.
Nosotros no podemos pronunciarnos a favor de una norma que discrimina de esa manera.
Reitero: el Senado votó hace menos de un mes una situación parecida, la que resolvió de otra forma. Pero estoy seguro de que dentro de los próximos 30 o 40 días, con respecto a otra institución del Estado, ante un caso similar, dará una solución absolutamente distinta.
Por eso, señor Presidente, compartiendo los argumentos del Senador Coloma, voy a votar en contra del artículo tercero transitorio.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el artículo tercero transitorio (22 votos a favor y 3 en contra), y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaron
por la afirmativa las señoras Allende y Lily Pérez y los señores Araya, Chahuán, De Urresti, Espina, García, Girardi, Guillier, Harboe, Letelier, Matta, Moreira, Navarro, Ossandón, Pizarro, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa los señores Coloma, Pérez Varela y Prokurica.
ENMIENDA A LEY GENERAL DE COOPERATIVAS EN MATERIA DE FLEXIBILIZACIÓN DE CONSTITUCIÓN, EFICIENCIA ECONÓMICA Y DE GESTIÓN Y FACULTADES SANCIONATORIAS
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Corresponde discutir en particular el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 5, de 2003, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas, con segundo informe de la Comisión de Economía e informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8.132-26) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 18ª, en 30 de abril de 2013.
Informes de Comisión:
Economía: sesión 48ª, en 14 de agosto de 2013.
Economía (segundo): sesión 26ª, en 9 de junio de 2015.
Hacienda: sesión 26ª, en 9 de junio de 2015.
Discusión:
Sesión 58ª, en 1 de octubre de 2013 (se aprueba en general).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Esta iniciativa se aprobó en general en sesión de 1 de octubre de 2013.
La Comisión de Economía deja constancia en su segundo informe, para los efectos reglamentarios, de que los números 3), 4), 5), 6) -letra a)-, 9), 10), 11) -letra a)-, 12), 13), 14), 18), 24), 25), 26), 30), 31), 32), 34), 35), 36), 37), 40) y 41), todos del artículo primero permanente, y los artículos primero y segundo transitorios del proyecto que despachó no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.
El señor ORPIS.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
No ha terminado la relación, señor Senador.
¿Está de acuerdo en que se den por aprobadas las normas que individualizó el señor Secretario o quiere decir algo sobre el particular?
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, yo quería proponer -lo conversé con el Presidente de la Comisión de Economía- que se realizara una sola votación del proyecto completo (a decir verdad, las diferencias registradas fueron muy pequeñas, muy marginales) e hiciéramos una suerte de discusión general.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Vamos a ir en seguida a eso, señor Senador.
Agradezco la buena disposición de Su Señoría.
Entonces, si le parece a la Sala, se darán por aprobadas las disposiciones que mencionó el señor Secretario.
--Se aprueban reglamentariamente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Prosiga la relación, señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La Comisión de Economía efectuó diversas enmiendas al texto aprobado en general, la mayor parte de las cuales aprobó por unanimidad, con excepción de diez, las que fueron acordadas por mayoría.
A este último respecto, el Senador señor Orpis retiró sus cinco objeciones.
Tocante a las cinco restantes, el Senador señor Navarro retiró cuatro abstenciones y un voto en contra.
De consiguiente, todas las enmiendas, con excepción de dos que fueron objeto de votación de mayoría en Hacienda, son unánimes.
Así que yo les sugeriría a los señores Senadores votar primero todas las modificaciones unánimes y después pronunciarse separadamente sobre las dos enmiendas de mayoría registradas en la Comisión de Hacienda, a las que me referiré en el momento oportuno.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
¿Le parece a la Sala aprobar todas las modificaciones unánimes?
--Se aprueban.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Señores Senadores, les ruego dirigirse a las páginas 2 y 3 del comparado.
El número 2) del artículo primero agrega un inciso segundo al artículo 4° de la Ley General de Cooperativas.
Ese precepto fue aprobado por mayoría de votos en la Comisión de Hacienda: se abstuvo el Senador señor Zaldívar.
¿Puedo dar a conocer la otra modificación, señor Presidente?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Sí, señor Secretario: veamos las dos.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La otra enmienda está en las páginas 52 a 54. Mediante ella se agrega a la Ley General de Cooperativas un artículo 87 bis.
La norma adicionada se aprobó en la Comisión de Hacienda con los votos favorables de los Senadores señores Lagos, Montes y Zaldívar y las abstenciones de los Senadores señores Coloma y García.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
¿Existe acuerdo para que entre a la Sala la Subsecretaria de Economía, señora Katia Trusich?
--Se autoriza.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
¿Habría acuerdo para aprobar las dos disposiciones que individualizó el señor Secretario, que en la Comisión de Hacienda se acogieron con abstenciones?
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, deseo facilitar las cosas: que se apruebe la norma pertinente, pero al menos con mi abstención.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
¿Le parece que...
El señor COLOMA.-
Y quiero dar una breve explicación.
Esto tiene que ver con una cuestión práctica, señor Presidente.
Aquí hay un cambio en la tuición: desde el Ministerio de Economía a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
¿Qué plantearon las cooperativas en la Comisión de Hacienda? Que las normas que se les aplicaban eran mucho más exigentes y que, como contrapartida, no otorgaban los beneficios derivados del hecho de estar sujetas a la referida Superintendencia; por ejemplo, el de en determinado momento tener mayor liquidez. Entonces, estaban en el peor de los mundos: fiscalización propia de los bancos, pero sin ninguno de los beneficios inherentes a estas instituciones.
Si quieren, señor Presidente, aprueben la norma propuesta, pero con mi abstención. Yo deseo ser coherente: no me parece que esa disposición esté bien lograda.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Antes de aprobar el precepto respectivo con las abstenciones que se hagan presentes, les daré la palabra a los Senadores señores Tuma y García, en este orden.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, quiero decir en primer lugar que la ley en proyecto es largamente esperada por todas las cooperativas de nuestro país.
La última modificación a la Ley General de Cooperativas se hizo en el año 2013.
Por intermedio del Presidente de la FECRECOOP, señor Guillermo Aqueveque, quien ha estado presente en la Comisión de Economía con la Gerenta de dicha Federación, señora María Angélica Muñoz, quiero saludar a todos los dirigentes de las distintas cooperativas de Chile.
Considero muy muy relevante que esos dirigentes conozcan cómo se ha hecho nuestro debate. Es interesante que sepan que este proyecto de ley ha ido mejorando sustantivamente las condiciones de las cooperativas.
Quisiéramos que hubiera muchísimas más ventajas para el sector cooperativo, instrumento muy importante para enfrentar nuestra economía de mercado, que prácticamente no tiene regulación. En ella las personas no pueden competir y, por tanto, se asocian en una institución voluntaria, democrática, que les da garantías a sus socios.
Por cierto, desearíamos que a través de las enmiendas propuestas se les dieran cada vez mayores ventajas y estímulos para la participación.
Los impactos esperados con el proyecto que nos ocupa procuran fomentar el desarrollo de las cooperativas en Chile; minimizar los costos de administración; generar efectos positivos en el gobierno corporativo y en la gestión de aquellas; interpretar aspectos no clarificados en la ley vigente, y otorgar estabilidad patrimonial al sector cooperativo.
Me voy a concentrar en las principales modificaciones incorporadas a esta iniciativa de ley tanto en la Comisión de Economía cuanto en la Comisión de Hacienda.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Perdón, señor Senador.
Se ha pedido abrir la votación de los dos preceptos que individualizó el señor Secretario, en el entendido de que se dejará constancia de las abstenciones pertinentes.
El señor TUMA.-
Muy bien.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
¿Le parece, Senador señor Coloma?
El señor COLOMA.-
Votemos separadamente, dejando constancia de las abstenciones.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Entonces, votemos primero el inciso segundo que se agrega al artículo 4° de la Ley General de Cooperativas, y después, el artículo 87 bis.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
En este último caso se abstuvieron los Honorables señores Coloma y García.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
¿Hay acuerdo para pronunciarse sobre las dos disposiciones en conjunto?
El señor COLOMA.-
Coincido con una de ellas y no con la otra.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Respecto del inciso segundo que se agrega al artículo 4°, la abstención es del Senador señor Zaldívar.
El señor ORPIS.-
Pero Su Señoría no va a insistir. Es un aspecto distinto.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
¿Se encuentra presente?
El señor COLOMA.-
Que se vote. ¿Qué cuesta?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
La otra posibilidad es votar, mientras llega Su Señoría, el artículo 87 bis.
El señor COLOMA.-
Esto es lo más raro que hay.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Se puede ejercer el derecho a pedir que se proceda en orden. A ello obedece la consulta.
El señor COLOMA.-
Por mi parte, siempre he facilitado la labor de la Mesa.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Muchas gracias.
Entonces, se someterá primero a la decisión de la Sala la disposición a que acabo de hacer referencia.
El señor TUMA.-
Aún no he terminado, señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Perdón, señor Senador.
Puede proseguir.
El señor TUMA.-
¿Finalmente se efectuará una sola votación?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Se someterá a pronunciamiento la proposición de agregar el artículo 87 bis.
Pero puede continuar, porque lo interrumpí.
El señor TUMA.-
¿Se podría votar en los dos casos sin hacer uso de la palabra y dejar esto último para después?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Hay varios inscritos. Tiene que existir unanimidad.
El señor TUMA.-
¿Desean intervenir en cuanto a las dos modificaciones o en general?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Le propongo que continúe, Su Señoría, porque lo suyo es más general, y después seguiremos con el artículo 87 bis.
El señor TUMA.-
Básicamente, señor Presidente, quería resumir las principales modificaciones que en la Comisión de Economía se le hicieron al proyecto.
Primero, se perfeccionó la modalidad de descuentos por planilla, a fin de asimilar los empleados del sector público a los del sector privado, y se dejó para ambas situaciones el tope en un 25 por ciento, como era el caso de los segundos.
Creo que de este modo estamos haciendo justicia especialmente con relación a las cooperativas de ahorro, que habían sido suspendidas de poder poner en práctica un elemento tan sustantivo en materia de otorgamiento de crédito.
En segundo término, se mejoraron los procedimientos de fiscalización de las cooperativas de ahorro y crédito tanto por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras como por el Ministerio de Economía.
Respecto de la observación del Honorable señor Coloma, quisiera consignar que las entidades con menos de cuatrocientas mil unidades de fomento pedirán voluntariamente, si se van acercando a esa cifra, la actuación de la Superintendencia. Eso es lo aprobado. No necesariamente se trata de las que hayan cumplido con el monto. Constituirá una decisión de cada una de ellas. Lo que dejamos abierto es que el organismo pueda fiscalizar la administración de esas cooperativas financieras.
En tercer lugar, se aprobó una indicación referente a la definición de lo que se entiende por el término "operaciones con terceros".
Cuarto, se efectuaron mejoras en la definición de las cooperativas de importancia económica y sus procedimientos de fiscalización, quedando en esta categoría solo aquellas con cincuenta mil unidades de fomento en activos o más y no las que superen quinientos socios.
Y, por último, se han incorporado criterios de proporcionalidad de género para la conformación de los órganos colegiados. Esta fue una indicación que compartimos con el Ejecutivo. La primera institución que contempla tal posibilidad con relación a sus directivos es la cooperativa -estamos sentando precedentes respecto de otras entidades en el futuro-, en función del número de hombres o de mujeres en la base societaria. Ello fue aprobado por las Comisiones y es un paso adelante en señal del fortalecimiento de género.
A mi juicio, la iniciativa satisface mayoritariamente, en general, la aspiración de las cooperativas.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Señor Presidente, el Honorable señor Tuma ha explicado muy bien el informe desde el punto de vista de nuestra Comisión de Economía.
Fue un gusto compartir, durante toda la tramitación del proyecto, con los directivos de cooperativas.
Nos acompaña don Guillermo, pero no lo veo desde acá.
Está también la señora María Angélica. Tampoco la veo.
Sé que ambos están por ahí. Ha sido un orgullo trabajar con ellos.
Me tocó asistir a un seminario -junto a la señora Subsecretaria de Economía, quien nos acompaña- precisamente para defender una indicación que en el órgano técnico logramos sacar adelante en orden a incorporar la cuota de género en la directiva de una cooperativa.
En la práctica, este es como un proyecto de modernización de dichas entidades. Constituye un increíble salto adelante. Obtuvimos el apoyo -además, insospechado- de todas las cooperativas presentes.
Aquí hay una mirada supermoderna del rol de las socias en el trabajo que desarrollan en la institución, a diferencia de la histórica labor de secretaria que se les ha asignado.
Hemos planteado, además, muchas modificaciones en la ley, con respecto al número de socios, a la tenencia de libros -me acuerdo de que discutimos harto con respecto a cómo tenían que guardarse o mantenerse a la vista-, a quiénes son los fiscalizadores y a los momentos de fiscalización.
Hicimos muchas consideraciones, y para ello contamos siempre con la opinión, bastante diligente, de las directivas, así como de todas las entidades que colaboraron durante la tramitación.
Por último, señor Presidente, deseo agradecer, por su intermedio, a Mario Radrigán, quien sabe bastante de cooperativas y nos ayudó en forma importante en el despacho del texto, y a la señora Subsecretaria de Economía, quien también jugó un rol bien importante. Creo que es bueno y justo decirlo, porque una participación no siempre se agradece. Deseo reconocer que estuvieron en forma permanente en la Comisión durante todo el debate del asunto.
Gracias.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
No quiero inhibir a nadie, pero sí consignar que estamos llegando al término del Orden del Día.
Obviamente, es preciso esperar a que intervengan todos los señores Senadores que desean fundamentar su posición, mas asimismo es preciso votar el artículo que en la Comisión registró dos abstenciones.
Como la discusión general ya se hizo y las cooperativas nos entusiasman a todos con mucha fuerza, pido acotar el tiempo, para alcanzar a pronunciarnos sobre esa disposición y no dejar pendiente el despacho del proyecto de ley.
¿Habría acuerdo para limitar a dos minutos el uso de la palabra por parte de los inscritos, que son varios?
El señor MOREIRA.-
¡Por mi parte, no ejerceré mi derecho, para que intervenga mi Honorable colega Quinteros...!
El señor GIRARDI.-
¿Por qué no se da por repetida la votación para la otra disposición?
El señor COLOMA.-
Es distinta.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
¿Hay acuerdo acerca de la sugerencia de la Mesa?
Acordado.
En votación la proposición para agregar el artículo 87 bis.
--(Durante la votación).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Puede intervenir el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, seré muy breve.
Aun cuando estas instituciones sean supervisadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, quisiera expresar que estamos haciendo referencia a grandes cooperativas de ahorro y crédito, con un capital muy relevante. Por lo tanto, requieren ese tipo de fiscalización y no necesariamente la del Departamento de Cooperativas.
Estimo tremendamente importante el inciso final de la disposición. ¿Qué dice? Que "Las normas de carácter general relativas a las cooperativas de ahorro y crédito que se dicten," -por parte de la Superintendencia- "deberán considerar las particularidades y perfil de riesgo de dichas instituciones financieras no bancarias y deberán ser compatibles con las características fundamentales de las cooperativas a que se refiere el artículo 1° de la presente ley.".
Es decir, son entidades que no necesariamente van a estar sometidas, en forma exacta, a las mismas disposiciones que los bancos, sino que las normas generales deben adaptarse a lo que son las cooperativas y, en particular, a lo expresado en el artículo 1°.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, primero, quisiera dejar claro un punto con relación a lo expuesto por el Senador señor Tuma. Conforme al articulado, puede ser voluntaria la sujeción a la Superintendencia en el caso del patrimonio inferior a cuatrocientas mil unidades de fomento, pero resulta obligatoria si es superior. Quiero puntualizarlo para que no haya ninguna duda.
Segundo, soy plenamente partidario y entusiasta de la iniciativa: presenté indicaciones, la estudié, contribuí a su aprobación, y creo que es un gran paso adelante.
Tercero, la norma en votación es la que me genera problemas al hacer ya el ejercicio práctico. Me gustaría que este hubiera sido como lo plantea mi Honorable colega Orpis, pero no está siendo así.
Lo que espero -conversé con la gente de Gobierno-, ante la situación extraña de que las cooperativas de más de cuatrocientas mil unidades de fomento de patrimonio sean fiscalizadas por la Superintendencia, pero sin los beneficios de los bancos cuando enfrentan un problema, es que ello se amplíe en un próximo cuerpo legal, para que igualmente puedan obtenerlos cuando haya algún obstáculo. Cabe recordar la Ley de Bancos. Así lo planteo a través de la señora Subsecretaria. Me parece que esa es una buena fórmula de solución.
Resumiendo, me parece estupendo el proyecto, mas estimo insuficiente la disposición, tal como está. Por eso, voy a abstenerme.
Veo con muy buenos ojos que el debate dé paso a más facultades, a través de la Superintendencia, para que se pueda colaborar con las cooperativas en la misma forma que con otros fiscalizados, como los bancos. Creo que eso, de alguna manera, da una cierta mayor equiparidad. Porque si creemos en el mundo cooperativo, démosle alas, démosle fuerza. No le coloquemos obstáculos, sin solucionar eventuales problemas.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Puede intervenir el Honorable señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, manifesté mi opinión en la discusión general.
Simplemente deseo expresar que este es un proyecto que va a rescatar, sin lugar a dudas, el cooperativismo chileno.
Y ciertamente estamos en un momento importante. La Organización de las Naciones Unidas estableció el Año Internacional de las Cooperativas como una forma de difundir y promover esta experiencia, que ya lleva tantos años de aplicación.
Dado el relevante aporte que constituyen dichas entidades, debo recordar que en enero del año 2013, con el apoyo de esta Corporación, se llevó a cabo un Congreso Cooperativo Nacional en el que ellas expusieron públicamente sus planteamientos, tales como el de perfeccionar la institucionalidad correspondiente.
Uno de los aspectos que les han interesado sobremanera a los socios es que se permita el descuento por planilla de las cuotas y del pago de obligaciones, como se hizo durante muchos años, constituyendo una verdadera cultura de los cooperados, incluidos los miembros en servicio activo o en retiro de las Fuerzas Armadas y de Orden. Eso se suprimió.
Para solucionar la situación fue que en el año 2011 presentamos una moción, contenida en el boletín 6991-13, que actualmente, y por acuerdo de la Sala, se encuentra refundida con un texto similar. Afortunadamente, la propuesta contenida en ella fue recogida por la iniciativa que nos ocupa, lo que deja plenamente satisfechos a los miembros de las cooperativas.
El cooperativismo chileno es un movimiento múltiple, basado en la ayuda mutua y el esfuerzo solidario, que plantea un impulso del emprendimiento que no solo dinamiza la economía, sino que también transforma la realidad económica de territorios y grupos sociales aislados.
Me siento orgulloso de ser parte de la bancada cooperativista de esta Corporación y, por lo tanto, voy a apoyar el articulado.
--(Aplausos en tribunas).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.-
Señor Presidente, como el proyecto se inició en el año 2012, no tuve la ocasión de participar en la discusión general.
Voy a fundamentar mi voto a favor.
Parto por valorar los objetivos perseguidos, que van en la dirección de facilitar la constitución y fortalecer la capacidad de gestión de las cooperativas para asegurar la sustentabilidad financiera del sistema. Es decir, por un lado, se flexibilizan algunas formalidades que entraban la creación de nuevas entidades, y por el otro, se aumenta su regulación de manera de evitar situaciones de insolvencia que puedan afectar, no solo los aportes de los cooperados, sino también la confianza y credibilidad de la gente, especialmente en los casos de las cooperativas de ahorro y crédito y de las cooperativas de servicios.
Más allá de las modificaciones legislativas, la iniciativa contribuirá al desarrollo de formas de colaboración económica cuyos valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad son el fiel reflejo de un cambio en la visión y el corazón de la economía nacional que se hace necesario y urgente.
Nuestro modelo económico se encuentra cuestionado en varios de sus aspectos principales y la enmienda de la Ley General de Cooperativas es un paso importante en el cambio de paradigma.
En la Región de Los Lagos, la tercera en el país con mayor presencia del movimiento cooperativo, destacan cooperativas lecheras, eléctricas, de agua potable rural, campesinas y de pescadores, todas ellas fuertemente enraizadas en la actividad local.
Y por eso es importante que no solo a través del Ministerio de Economía, en el nivel central, se den las directrices, sino que en el gobierno regional también se debe aprovechar para facilitar, ayudar y fortalecer las cooperativas en este mismo plano.
En una economía global como la de hoy, con una alta movilidad de capitales en el ámbito internacional, las cooperativas representan una tendencia inversa, de arraigo con el territorio donde ejercen su actividad.
En virtud de estas consideraciones, reitero que me pronuncio por la aprobación.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Puede intervenir el Honorable señor Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, valoro el proyecto. Sin lugar a dudas, voy a votar a favor.
Mas quiero expresar una preocupación particularmente referida a las cooperativas de vivienda. En la historia de la vivienda social fueron fundamentales. No me refiero a las abiertas, que se industrializaron y despegaron de los socios.
Me pregunto hasta qué punto la iniciativa permite reemplazar la entidad de gestión inmobiliaria social (EGIS) y todos estos sistemas por cooperativas de vivienda con un sistema de financiamiento que dé lugar a avanzar de otra manera en la construcción de las ciudades y el desarrollo de la política habitacional. No veo claro que ello se pueda potenciar.
Y, en especial, no observo incentivos de ninguna naturaleza para facilitarlo. En el pasado existió el cinco por ciento habitacional, que hacía posible destinar este porcentaje, de los impuestos que tenían que pagar las empresas, a apoyar cooperativas de vivienda, lo que después se tenía que devolver. El sistema exhibía distintas fortalezas y debilidades, que sería preciso revisar.
Tratándose del articulado en examen, quisiera decir que hoy día destinamos mil trescientos millones de dólares anuales a franquicias tributarias para el sector inmobiliario. No costaría nada que una parte se destinara a un incentivo para que existieran cooperativas de viviendas, ligado a los lugares de trabajo o a otra instancia y que permitiera repotenciar una solución de características distintas.
Estimo que Hacienda no asumió, en este caso, la cuestión.
Me parece que los incentivos con una orientación en el presupuesto nacional es preciso cambiarlos para fortalecer un tipo de respuesta vía cooperativa para distintos tipos de proyectos.
Observo que aquí hay un campo que haría posible potenciar mucho más el movimiento cooperativo a través de pequeñas cooperativas de viviendas, como en el pasado: cincuenta, sesenta o setenta familias.
Lamentablemente, ello requiere medidas e incentivos no considerados aquí, y sé que no es un problema del Ministerio de Economía, sino con Hacienda.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no han emitido su voto?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Terminada la votación.
--Por 23 votos a favor y 4 abstenciones, se aprueba el artículo 87 bis.
Votaron por la afirmativa las señoras Goic, Lily Pérez y Von Baer y los señores Araya, Chahuán, Girardi, Guillier, Harboe, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Se abstuvieron los señores Allamand, Coloma, García y Hernán Larraín.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Les pido a los asistentes en las tribunas no hacer manifestaciones, por favor, a pesar del entusiasmo que sabemos que llevan dentro.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Como ya se hizo presente, la proposición para agregar un inciso segundo en el artículo 4° registró en la Comisión de Hacienda cuatro pronunciamientos a favor y una abstención.
De consiguiente, corresponde ponerla en votación.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Antes de eso, me parece que alguien quería hacer un alcance respecto de la admisibilidad de la norma.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor CÉSPEDES (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).-
Muchas gracias, señor Presidente.
En cuanto a esta norma en particular, consideramos que la indicación corresponde a una potestad del Ejecutivo. Es precisamente el Presidente de la República el que tiene iniciativa exclusiva en materia de administración financiera y presupuestaria del Estado o para imponer, suprimir, reducir, condonar tributos de cualquier clase o naturaleza.
Este asunto, además, fue abordado en el marco de la reforma tributaria.
Por lo tanto, nos parece que la indicación es inadmisible.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
La Mesa someterá a votación la admisibilidad.
El señor Ministro señala que, en su opinión, la norma es inadmisible. En cambio, la Comisión de Hacienda, por cuatro votos a favor y uno en contra, estableció lo contrario.
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, en mi calidad de titular de la Comisión de Hacienda, tengo el deber de hacer las cosas no como quisiera, sino como estoy obligado a hacerlas.
En efecto, llegué al convencimiento -se lo dije, por lo demás, al propio Senador Tuma cuando conocí la indicación- de que esta norma estaba fuera de la capacidad de la iniciativa parlamentaria, de que correspondía a la iniciativa exclusiva del Ejecutivo, pues se refería a un tema tributario.
Mediante esta indicación se está reglamentando o regulando la forma de tributar los ingresos de las cooperativas.
Esta materia, como muy bien dijo el señor Ministro, la tratamos en la reforma tributaria, donde le dimos solución a lo relativo a las operaciones con terceros.
Esa es la razón por la cual señalé que la consideraba inadmisible. Pero, a solicitud de un integrante del órgano técnico, sometí a votación la decisión. Y la Comisión, por mayoría de cuatro votos contra uno -yo no estuve de acuerdo-, consideró admisible la indicación.
Por lo tanto, hago presente que esa fue mi conducta. Y creo que uno debe actuar de acuerdo con sus propias convicciones.
Estimo que, efectivamente, la disposición requiere iniciativa del Ejecutivo.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Vamos a someter a votación la admisibilidad. Pero antes propongo lo siguiente: como hablaron dos personas en contra, que intervengan dos a favor.
Están inscritos los Senadores señores Montes, Tuma y Orpis. No sé si podrían hablar solo dos abogando por la admisibilidad.
El señor MONTES.-
Yo no intervendré.
El señor ORPIS.-
Que se vote, señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
En ese caso, le daré la palabra al Senador Tuma y a continuación votaremos.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, en primer término, quiero señalar que generalmente la Mesa mantiene los criterios adoptados por los órganos técnicos en estas circunstancias.
La Comisión de Economía no tuvo observaciones respecto de la indicación, y la de Hacienda consideró, por mayoría de cuatro votos contra uno, que era admisible, de tal manera que no entiendo cómo la Mesa va a someter a votación un asunto que ya resolvieron las Comisiones.
Esa ha sido la interpretación permanente que se ha aplicado en el Senado.
No obstante, quiero expresar que la indicación que presentamos en la Comisión de Economía, aprobada por unanimidad -y en su momento también compartida por el Ejecutivo-, tiene que ver con que los excedentes provenientes de operaciones entre la cooperativa y sus socios no pueden ser gravados con impuestos porque no constituyen renta, ya que se trata de una devolución que hace la cooperativa de parte de los aportes que los socios realizan.
En resumen, el Servicio de Impuestos Internos ha interpretado, desde el 2011 en adelante, que todas las operaciones de las cooperativas con terceros se traducen en que para ellas y sus socios constituyen renta.
Por ejemplo, en una cooperativa productora de pisco los cooperados entregan la uva, luego se comercializa el producto y se vende a una cadena de supermercados. Se dice: "La cadena de supermercados es un tercero". ¿Y a quién se lo va a vender, entonces? Se argumenta: "Es que, en ese caso, como es un tercero, produce renta".
El supermercado que compra no se beneficia con ninguna norma tributaria. Por consiguiente, no se afecta ningún impuesto.
Hasta el 2011, siempre se había entendido que las operaciones de las cooperativas con terceros o la venta de sus productos a cualquiera no producían renta. Desde ese año, de manera equivocada, el Servicio de Impuestos Internos emitió una circular en el sentido contrario.
Entonces, se debió recurrir a los tribunales. En estos momentos, existen 11 causas falladas en forma unánime por la Corte Suprema en favor de las cooperativas.
Por lo tanto, ¿cómo vamos a modificar nosotros la interpretación que nuestro Máximo Tribunal ha realizado?
¿Qué hemos hecho? Hemos establecido con claridad que el espíritu de la Ley General de Cooperativas, antes y ahora, es que las operaciones con terceros, cuando se trata de acciones básicas de la cooperativa, de su objeto propio, no afectan las rentas y, por tanto, no se consideran tales para efectos tributarios.
Por eso, señor Presidente, la norma no afecta ningún gravamen. Por lo tanto, la considero perfectamente admisible. La interpretación que hizo en su momento el Servicio de Impuestos de Internos estaba errada -ello fue confirmado por los tribunales- y, por consiguiente, jamás debió haberse aplicado en contra de las cooperativas.
Gracias.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Deseo aclarar lo siguiente.
Antes de la modificación de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, lo que resolvía una Comisión era acatado por la Sala.
Hoy no es así.
Después de la última enmienda, el inciso quinto del artículo 25 señala lo siguiente:
"La cuestión de admisibilidad o inadmisibilidad de indicaciones resuelta en comisiones no obsta a la facultad de la Sala de la Cámara respectiva para hacer la declaración de admisibilidad o inadmisibilidad de tales indicaciones".
Por lo tanto, en votación la admisibilidad de la norma.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El señor Presidente pone en votación la admisibilidad del numeral 2) del artículo primero del proyecto, que agrega un inciso segundo al artículo 4° de la ley.
Los que estén de acuerdo con la admisibilidad deben votar que sí; los que estén en desacuerdo, que no.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Consulte, señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba la admisibilidad del numeral 2) del artículo primero del proyecto (15 votos a favor y 10 en contra).
Votaron por la afirmativa la señora Von Baer y los señores Allamand, Coloma, Espina, García, Girardi, Harboe, Hernán Larraín, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica y Tuma.
Votaron por la negativa la señora Goic y los señores Araya, De Urresti, Guillier, Letelier, Montes, Quinteros, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Ahora corresponde someter a votación la disposición propiamente tal.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El señor Presidente pone en votación el numeral 2) del artículo primero del proyecto, que propone agregar un inciso segundo al artículo 4° de la Ley General de Cooperativas.
Quienes estén de acuerdo con la norma, aprobada en la Comisión de Hacienda por cuatro votos a favor y una abstención, deben votar que sí; los que estén en desacuerdo con ella, que no.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el numeral 2) del artículo primero (22 votos a favor, uno en contra y 3 abstenciones), y el proyecto queda aprobado en particular y despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Goic, Lily Pérez y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Coloma, De Urresti, Espina, García, Girardi, Guillier, Harboe, Hernán Larraín, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Tuma, Ignacio Walker y Patricio Walker.
Votó por la negativa el señor Montes.
Se abstuvieron los señores Letelier, Quinteros y Andrés Zaldívar.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
¡Felicitaciones a toda la gente de las cooperativas que nos acompañó esta tarde!
--(Aplausos en tribunas).
Terminado el Orden del Día.
Pasamos al Tiempo de Votaciones.
ESTABLECIMIENTO DE ESTATUTO DE CIUDADES PUERTO Y AFECTACIÓN DE PARTE DE IMPUESTOS EN BENEFICIO DE RESPECTIVAS COMUNAS. PROYECTO DE ACUERDO
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señor Chahuán, señoras Goic y Van Rysselberghe y señores Allamand, Araya, Bianchi, Coloma, García, García-Huidobro, Girardi, Horvath, Lagos, Matta, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Prokurica, Quinteros, Tuma y Patricio Walker.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1.808-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 13ª, en 5 de mayo de 2015.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El objetivo de la iniciativa es solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República el establecimiento por ley de un estatuto de ciudades puerto y la afectación de un porcentaje de los impuestos que pagan las empresas portuarias en beneficio de la comuna donde se hallan emplazadas sus instalaciones.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto de acuerdo.
--Se aprueba.
ENTREGA DE PAÑALES DESECHABLES A ADULTOS MAYORES POSTRADOS O SEMIVALENTES Y A PERSONAS EN SITUACIONES DE DISCAPACIDAD. PROYECTO DE ACUERDO
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señor Letelier, señoras Allende, Muñoz, Pérez San Martín, Van Rysselberghe y Von Baer y señores Allamand, Araya, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Girardi, Harboe, Lagos, Matta, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Ignacio Walker, Patricio Walker y Zaldívar.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1.811-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 22ª, en 20 de mayo de 2015.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La finalidad del proyecto de acuerdo es solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República que promueva, en el marco de una política nacional de otorgamiento de insumos sanitarios indispensables, la entrega de pañales desechables a adultos mayores postrados o semivalentes y a personas en situaciones de discapacidad, debidamente calificados.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto de acuerdo.
--Se aprueba.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso a las peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor BIANCHI:
A la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social, pidiéndole URGENCIA PARA TRAMITACIÓN DE PROYECTO SOBRE DERECHO PARA AUSENTARSE DEL TRABAJO A MADRE CON HIJO ENFERMO DE CÁNCER.
Del señor ESPINA:
A los señores Ministro de Hacienda y Fiscal Nacional, reiterándoles oficio referente a ASEGURAMIENTO DE RECURSOS PARA PAGO ÍNTEGRO Y EFECTIVO DE BONO INSTITUCIONAL A FUNCIONARIOS DE MINISTERIO PÚBLICO QUE HAGAN USO DE PERMISO POSNATAL PARENTAL.
Al señor Ministro de Desarrollo Social, consultándole por PROGRAMAS EN MATERIA DE TRATO PREFERENTE Y RESPETUOSO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y ADULTOS MAYORES EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN A PÚBLICO, y solicitándole indicar CANTIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE ADULTOS MAYORES, SEGMENTADOS POR REGIÓN, GÉNERO Y PERTENENCIA ÉTNICA, y PLANES Y PROGRAMAS EJECUTADOS EN PERÍODO 2014-2015 EN BENEFICIO DE DICHAS PERSONAS.
A los señores Ministro de Desarrollo Social y Director de la CONADI, reiterándoles oficio acerca de ADQUISICIÓN DE FUNDOS EN COMUNA DE FREIRE.
Al señor Ministro de Educación, para que informe sobre CAMBIO DE CRITERIOS PARA ENTREGA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES EN MARCO DE PROGRAMA "YO ELIJO MI PC".
A la señora Ministra de Justicia, reiterándole oficio en cuanto a TRASLADO DE INTERNOS A CENTRO DE ESTUDIO Y TRABAJO DE ANGOL.
Al señor Ministro de Obras Públicas, reiterándole oficios respecto a MEDIDAS DE FISCALIZACIÓN ANTE IRREGULARIDADES EN APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE RÍO RENAICO, y a MEDIDAS ANTE CONTAMINACIÓN EN ESTERO TIJERAL (COMUNA DE RENAICO) Y PARA PREVENCIÓN DE SITUACIONES SIMILARES.
A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, pidiéndole REPARACIÓN DE CALLES ANÍBAL PINTO Y BERNARDO O'HIGGINS EN COMUNA DE LAUTARO Y PEDRO AGUIRRE CERDA EN COMUNA DE ANGOL.
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, reiterándole oficio relativo a AMPLIACIÓN DE RECORRIDO DE LÍNEA N° 1 DE TAXIS COLECTIVOS EN COMUNA DE COLLIPULLI.
Al señor General Jefe de la IX Zona de Carabineros, de La Araucanía, reiterándole oficio concerniente a AUMENTO DE DOTACIÓN Y VEHÍCULO POLICIAL PARA COMUNA DE RENAICO.
Al señor Presidente de BancoEstado, reiterándole oficio sobre CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SUCURSAL DE COMUNA DE LAUTARO.
Y al señor Presidente de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, reiterándole oficio relacionado con ESTADO Y REPARACIÓN DE ESTACIÓN PÚA.
Del señor GARCÍA:
A los señores Directores de los Servicios de Salud Araucanía norte y Araucanía sur, para que informen en cuanto a ESTADO DE LISTAS DE ESPERA PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADES Y PARA CIRUGÍAS AUGE Y NO AUGE.
Del señor MATTA:
A los señores Ministros de Obras Públicas y de Agricultura, para que remitan antecedentes relativos a AVANCE DE MEDIDAS DE CORTO PLAZO Y CRONOGRAMA DE ACCIONES DE MEDIANO Y LARGO PLAZOS DE PLAN NACIONAL CONTRA LA SEQUÍA.
Y al señor Ministro de Agricultura, requiriéndole información tocante a avance de proyecto sobre CREACIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE INOCUIDAD Y CALIDAD ALIMENTARIA Y DE AGENCIA CHILENA PARA LA INOCUIDAD Y CALIDAD ALIMENTARIA, Y DESARROLLO DE ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DE ALIMENTOS DE ORIGEN AGROPECUARIO.
Del señor NAVARRO:
Al señor Ministro de Economía, para que informe acerca de RELACIONES COMERCIALES CON CHINA EN ÚLTIMA DÉCADA.
Al señor Ministro de Desarrollo Social, formulándole consultas a propósito de INFORME DE FAO Y DE UNIVERSIDAD DE SANTIAGO EN CUANTO A PÉRDIDA Y DESPERDICIO DE ALIMENTOS EN CHILE.
Al señor Ministro de Educación, formulándole INTERROGANTES EN TORNO A PROYECTO SOBRE CREACIÓN DE CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATALES EN CADA REGIÓN.
A los señores Ministro de Obras Públicas y Alcalde de Yungay, pidiéndoles FISCALIZACIÓN A CENTRO TURÍSTICO SALTILLO POR NO RESTITUCIÓN DE CAUCE NORMAL DE RÍO ITATA.
A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, requiriéndole información referente a MEDIDAS PARA REPARACIÓN DE CALLES Y VIVIENDAS AFECTADAS POR RECIENTES LLUVIAS EN ZONA SUR, FONDOS ASIGNADOS Y EJECUTOR DE OBRAS.
Al señor Ministro de Agricultura, consultándole sobre DÉFICIT DE FORRAJE EN REGIÓN DEL BIOBÍO, PLANES PARA SOLUCIÓN Y PORCENTAJE DE COBERTURA.
A la señora Ministra de Minería, solicitándole estadísticas detalladas en cuanto a PRODUCCIÓN DE CARBÓN DURANTE ÚLTIMO LUSTRO EN REGIÓN DEL BIOBÍO.
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, requiriéndole antecedentes relativos a PRECIO, COSTO OPERATIVO Y PROPIETARIO DE PRIMER BUS HÍBRIDO EN OPERACIÓN EN TRANSANTIAGO A PARTIR DE JUNIO DE 2015.
Al señor Subsecretario del Interior, para que dé antecedentes en cuanto a COSTO DE SEGURO POR ACTOS TERRORISTAS Y SUCESOS CATASTRÓFICOS Y GASTOS ESTATALES EN SEGURIDAD DURANTE ÚLTIMO DECENIO Y PROYECCIÓN PARA PRÓXIMO LUSTRO (Región de La Araucanía); con relación a COMPOSICIÓN QUÍMICA DE CHORRO DE CARROS LANZAAGUA USADOS EN PROTESTA DEL 21 DE MAYO, y sobre ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN ÚLTIMOS CINCO AÑOS EN REGIÓN DEL BIOBÍO.
Y al señor Director Nacional del Trabajo y a la señora Jefa de la Inspección del Trabajo de Talcahuano y Hualpén, consultándoles acerca de SITUACIÓN CONTRACTUAL DE TRABAJADORES DE SUBCONTRATISTA CHINA "CHEC" EN AMPLIACIÓN DE TERMINAL INTERNACIONAL SAN VICENTE.
Del señor OSSANDÓN:
A la señora Ministra de Salud, a fin de que informe respecto de CIFRA DE ESPECIALISTAS SIN CUMPLIR OBLIGACIÓN DE SERVICIO EN SECTOR PÚBLICO.
Al señor General Director de Carabineros, con el objeto de que proporcione ANTECEDENTES SOBRE RECURSOS DE CARABINEROS EN VISVIRI.
Y al señor Director Nacional de la Corporación Nacional Forestal, para consultar por ESTADO DE AVIONES DE CONAF Y COSTO OPERACIONAL.
Del señor PROKURICA:
Al señor Contralor Regional de Atacama, a fin de darle a conocer IMPEDIMENTO PARA TRÁMITE DE JUBILACIÓN DE SEÑOR ARTEMIO TRIGOS GODOY.
Al señor Director del Instituto de Previsión Social en la Región de Atacama, con el objeto de que informe acerca de GESTIÓN DE COBRO DE COTIZACIONES DE SEÑOR ARTEMIO TRIGOS GODOY.
Y al señor Vicepresidente Ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería, para que proporcione antecedentes respecto de FACTIBILIDAD DE PODER COMPRADOR DE SULFUROS EN PROVINCIA DE CHAÑARAL.
Del señor TUMA:
A la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social, para que la señora Superintendenta de Pensiones informe sobre diversas materias relacionadas con FUSIÓN DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES ARGENTUM Y CUPRUM.
De la señora VON BAER:
Al señor Ministro de Obras Públicas, exponiéndole situación que afecta a REPOSICIÓN DE RUTA T-55, ENTRE CERRILLOS Y PUENTE CALCURRUPE, EN COMUNA DE FUTRONO, y solicitándole información referida a PROYECTO DE REPOSICIÓN DE PUENTE NANIHUE, EN PROVINCIA DE VALDIVIA.
A los señores Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo e Intendente de la Región de Los Ríos, pidiéndoles antecedentes acerca de CREACIÓN DE NUEVAS COMUNAS DE COÑARIPE Y LA COSTA.
Y al señor Intendente de la Región de Los Ríos, requiriéndole información sobre ALCANCES E INICIATIVAS CONTEMPLADOS EN DENOMINADO "PLAN COÑARIPE", EN COMUNA DE PANGUIPULLI.
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--Se levantó la sesión a las 19:46.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción