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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 363ª
Sesión 16ª, en miércoles 13 de mayo de 2015
Ordinaria
(De 16:17 a 19:56)
PRESIDENCIA DE SEÑORES PATRICIO WALKER PRIETO, PRESIDENTE,
ALEJANDRO NAVARRO BRAIN, VICEPRESIDENTE Y FRANCISCO CHAHUÁN CHAHUÁN, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores (as):
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Orpis Bouchon, Jaime
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros del Interior y Seguridad Pública, señor Jorge Burgos Varela; Secretario General de la Presidencia, señor Jorge Insunza de las Heras; Secretario General de Gobierno, señor Marcelo Díaz Díaz, y de Educación, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán. Asimismo, estuvieron presentes el Subsecretario de Prevención del Delito, señor Antonio Frey Valdés; la Subsecretaria General de la Presidencia, señora Patricia Silva Meléndez, y la Coordinadora de la División Jurídica de dicho Ministerio, señora Valeria Lübbert.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:17, en presencia de 15 señores Senadores.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 13ª y 14ª, ordinarias, en 5 y 6 de mayo del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
IV. CUENTA

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia la Presidenta de la República con el que retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", respecto del proyecto que establece una ley marco para la inversión extranjera directa en Chile y crea la institucionalidad respectiva (boletín Nº 9.899-05).
--Se tiene presente la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
Tres de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero informa que aprobó el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos relativo al establecimiento de una oficina regional para América del Sur en Chile y el Acuerdo Interpretativo referido a la aplicación del Artículo VI de este (boletín N° 9.897-10) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores y a la de Hacienda, en su caso.
Con el segundo expone que dio su aprobación, en los mismos términos en que lo hizo esta Corporación, al proyecto que establece una disposición interpretativa del inciso primero del artículo 10 de la ley Nº 19.537, en materia de espacios que sean bienes nacionales de uso público y los de dominio comunitario en el régimen de copropiedad inmobiliaria (boletín N° 9.845-14).
--Se manda comunicar el proyecto a Su Excelencia la Presidenta de la República.
Con el último comunica los nombres de las señoras Diputadas y los señores Diputados que, en representación de dicha Corporación, integrarán las Comisiones de Reja y Pórtico, que recibirán el día 21 de mayo a Su Excelencia la Presidenta de la República con ocasión de la sesión de Congreso Pleno en que se dará cuenta al país del estado político y administrativo de la nación.
--Se toma conocimiento.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Envía copia de dos resoluciones pronunciadas en el requerimiento de inconstitucionalidad del artículo 5º de la ley Nº 18.900, que pone término a la existencia de la Caja Central de Ahorros y Préstamos y a la autorización de existencia de la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo.
Expide, asimismo, copia de una resolución dictada en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 299, Nº 3, y 433 del Código de Justicia Militar.
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del Excelentísimo señor Presidente de la Corte Suprema:
Responde solicitud de información, enviada en nombre de la Senadora señora Van Rysselberghe, acerca del número total de causas en las que se ha ejercitado la acción de no discriminación arbitraria contemplada en la ley N° 20.609, desde su entrada en vigencia.
De la entonces Ministra de Desarrollo Social, señora Fernanda Villegas:
Adjunta comunicación del señor Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo del Biobío, relativa al bono a locatarios afectados por un incendio en 2014 y a la recuperación del Mercado Central de Concepción, materias consultadas en nombre del Senador señor Navarro.
Del señor Ministro de Obras Públicas:
Responde solicitudes de antecedentes, remitidas en nombre del Senador señor De Urresti, acerca de los siguientes asuntos:

1.- Inscripción de la empresa española AZVI en el Registro de Contratistas y Consultores de esa Secretaría de Estado; obras ejecutadas; sanciones o multas que le han sido aplicadas, y acciones legales ejercidas en su contra.

2.- Estado de la investigación que lleva adelante esa Cartera en la Región de Los Ríos por la extracción de áridos que se realiza desde el año 2012 en la ribera del río San Pedro.
Atiende petición de información, cursada en nombre del Senador señor Matta, relativa a la necesidad de asignar recursos para reponer y reparar las dos balsas que prestan servicio de conectividad a los habitantes del sector de Caliboro, comuna de San Javier, y de El Peumo, comunas de Villa Alegre y San Javier.
Remite, en respuesta a petición formulada en nombre del Senador señor Navarro, copia de la resolución Nº 036 de la Dirección General de Obras Públicas, que acepta propuesta pública para el mejoramiento de la Ruta O-390, sector Cruce Ruta 148 (Florida), Autopista Itata, tramo DM. 0,00 al DM. 15.240,00, provincia de Concepción, Región del Biobío.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones:
Responde solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Bianchi, acerca de las razones por las que fue omitida la participación de representantes de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena en el informe final de la Comisión Presidencial Pro Movilidad Urbana.
Da respuesta a petición de antecedentes, expedida en nombre del Senador señor Matta, sobre la observancia de las disposiciones de seguridad en la construcción, así como en materias de tránsito y vialidad, por parte de las empresas que cubren servicios regulares de transporte público interurbano de pasajeros mediante buses de dos pisos.
Del señor Ministro de Energía:
Atiende solicitud de información, cursada en nombre del Senador señor De Urresti, relativa al estudio nacional de cuencas que desarrolla esa Secretaría de Estado.
Del señor Secretario General de la Armada:
Responde, mediante oficio reservado, petición de información, recabada en nombre del Senador señor Chahuán, sobre la nómina de médicos que integraron la dotación del Hospital Naval Almirante Nef durante el año 1974, así como la de los que cubrieron los turnos del servicio de urgencia de dicho establecimiento entre los días 20 y 25 de noviembre de ese mismo año.
Del señor Director del Servicio de Salud Atacama:
Contesta solicitud de antecedentes, remitida en nombre del Senador señor Prokurica, acerca de la situación de salud que aqueja al señor Carlos Humberto Santibáñez Santibáñez, domiciliado en la comuna de Diego de Almagro.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
De las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, unidas, recaído en el oficio de Su Excelencia la señora Presidenta de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para prorrogar, por el plazo de un año, la permanencia de tropas y medios militares nacionales en Haití (boletín N° S 1.809-05) (con la urgencia del inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental).
Segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y certificado de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre probidad en la función pública (boletín Nº 7.616-06) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Quedan para tabla.
Proyecto de acuerdo
De los Senadores señor Patricio Walker, señoras Allende, Goic, Van Rysselberghe y Von Baer y señores Araya, Chahuán, Coloma, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Lagos, Larraín, Letelier, Matta, Montes, Navarro, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker y Zaldívar, con el que solicitan a Su Excelencia la señora Presidenta de la República que instruya a las autoridades competentes sobre la urgente adopción de medidas para el otorgamiento de pensiones de gracia en favor de menores afectados por enfermedades irrecuperables; para subvencionar el gasto de aquellos que son electrodependientes; para permitir el acceso de sus familias a viviendas adaptadas a niños con necesidades especiales; para la normalización de permisos laborales y, además, para el establecimiento de una mesa de trabajo con el fin de atender los requerimientos específicos de los niños y las niñas aquejados de enfermedades crónicas o terminales (boletín N° S 1.810-12).
--En virtud del acuerdo adoptado por los Comités ayer, queda para ser tratado en esta sesión.
Solicitudes de permiso constitucional
Del Senador señor Zaldívar, para ausentarse del territorio nacional a contar del 20 de mayo.
Del Honorable señor Matta, para ausentarse del país desde el día 21 del mes en curso.
Del Senador señor Ignacio Walker, para hacerlo a partir del 1 de junio próximo.
--Se accede a lo solicitado.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminada la Cuenta.

JURAMENTO O PROMESA DE FUNCIONARIOS

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Conforme a lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento del Personal del Senado, tomaré juramento o promesa a los funcionarios que aún no han cumplido esa formalidad.
Ruego a los presentes ponerse de pie, mientras ingresa al Hemiciclo el primer grupo de funcionarios.
¿Juráis o prometéis cumplir lealmente con vuestras funciones y guardar sigilo acerca de los asuntos secretos o reservados de que toméis conocimiento en razón de vuestro cargo?
--Prestan juramento o promesa los siguientes funcionarios:
Señora Lidia Isabel Fuentes Méndez, señora Paola Riquelme Medina, señor Alejandro Manuel Carballal Soto, señor Carlos Galleguillos Jorquera, señora María Alejandra Astorga Lizama, señorita María Soledad Larenas Salas, señor Eduardo André Díaz Beltrán, señor Hernán Gerard Labarca Baeza y señorita Karina Andrea Arancibia Andaur.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Por favor, que pase adelante el segundo grupo.
¿Juráis o prometéis cumplir lealmente con vuestras funciones y guardar sigilo acerca de los asuntos secretos o reservados de que toméis conocimiento en razón de vuestro cargo?
--Prestan juramento o promesa los siguientes funcionarios:
Señor Eric Patricio Fernández Solís, señorita Carolina Andrea Quintanilla Fuentes, señorita Beatriz Hermosilla Carrasco, señorita Clara Elba Moya Ibaceta, señorita Daniela Carolina Segovia Chamorro, señor Mario Salvador Silva Picón, señorita Lorena Andrea Ossandón Salas, señor Javier Emilio Tudezca Muñoz y señora Daniela Alejandra Urbina Montaña.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Muchas gracias.
Felicito, en nombre del Senado, a todos los funcionarios que han jurado o prometido cumplir las obligaciones recién mencionadas.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- A continuación, se verá un proyecto de acuerdo muy relevante.
Aprovecho de saludar a la señora Sandra Corrales, Presidenta de la Fundación Deportistas por un Sueño, quien hoy nos acompaña.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
Saludo también al futbolista profesional y seleccionado de Chile Mark González, embajador de dicha fundación.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
¡Lo mejor es que juega en la Universidad Católica...! ¡Pero esa es una licencia del Presidente del Senado...!
Asimismo, deseo saludar a Miguelito, también embajador de la referida fundación, y a todas las niñas, los niños y las familias que hoy nos acompañan en las tribunas.
Muchas gracias.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
Hemos hecho una excepción al permitir los aplausos, porque el Reglamento prohíbe ese tipo de manifestaciones. En este caso, sin duda, la unanimidad de los señores Senadores avala dicha manifestación.
V. TIEMPO DE VOTACIONES



SOLICITUD A PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA PARA ADOPCIÓN DE MEDIDAS EN BENEFICIO DE MENORES AFECTADOS POR ENFERMEDADES CRÓNICAS O TERMINALES. PROYECTO DE ACUERDO

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señor Patricio Walker, señoras Allende, Goic, Van Rysselberghe y Von Baer y señores Araya, Chahuán, Coloma, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Lagos, Larraín, Letelier, Matta, Montes, Navarro, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker y Zaldívar.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1.810-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 16ª, en 13 de mayo de 2015.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Con este proyecto se solicita a Su Excelencia la señora Presidenta de la República que instruya a las autoridades competentes sobre la urgente adopción de medidas para el otorgamiento de pensiones de gracia en favor de menores afectados por enfermedades irrecuperables; para subvencionar el gasto de aquellos que son electrodependientes; para permitir el acceso de sus familias a viviendas adaptadas a la habitabilidad de niños con necesidades especiales; para la normalización de permisos laborales y, además, para el establecimiento de una mesa de trabajo con el fin de atender los requerimientos específicos de los niños y las niñas aquejados de enfermedades crónicas o terminales.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Hago presente que, como dice el Honorable señor Horvath, este proyecto de acuerdo cuenta con el respaldo de todos los Senadores.

La señora PÉREZ (doña Lily).- ¡Y Senadoras!

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Y Senadoras, como me indican las colegas Lily Pérez y Carolina Goic.
Vamos a votar el proyecto de acuerdo.

El señor PIZARRO.- Apoyémoslo de forma unánime, señor Presidente.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo, por unanimidad.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Quiero aprovechar de felicitar a la Fundación Deportistas por un Sueño.
Perdónenme la licencia -no me corresponde como Presidente del Senado dar mi opinión desde la Mesa-, pero debo señalar que esta agrupación lleva cinco años trabajando con niños que sufren enfermedades crónicas o terminales, quienes sufren tratamientos dolorosos.
Y se hacen cargo económicamente de esta fundación, con recursos propios, varios futbolistas y muchas otras personas, como las que nos acompañan.
Esos niños son personas que merecen dignidad. Por eso, gracias por sensibilizarnos con este tema.
Esperamos que la Presidenta de la República patrocine una iniciativa que nos permita hacernos cargo solidariamente de los niños que presentan enfermedades crónicas o terminales.
¡Muchas gracias por acompañarnos!
Les mando un gran abrazo a todos, en nombre de los Senadores y las Senadoras.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Andrés Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, antes de comenzar con el Orden del Día, quisiera plantear una solicitud que fue acordada por las Comisiones de Hacienda y de Educación, unidas.
Respecto del proyecto que crea dos universidades estatales en regiones, el Ejecutivo desea presentar varias indicaciones con las que se acogen planteamientos de algunos parlamentarios.
Por lo tanto, requerimos ampliar el plazo para formular indicaciones hasta las cinco de la tarde de hoy, a fin de ratificar los acuerdos adoptados ad referendum y despachar dicha iniciativa para que sea debatida en particular en la Sala.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acoger lo solicitado?
--Se accede.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- En este momento ha llegado a la Mesa un documento de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con el cual informa que acordó solicitar a la Sala un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley que reduce el peso de las cargas de manipulación manual por parte de los trabajadores, hasta las 12 del lunes 18 de mayo, en la Secretaría de la Comisión.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a lo pedido.
--Así se acuerda.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi.

El señor ROSSI.- Señor Presidente, de conformidad con el artículo 36 del Reglamento, solicito la anuencia de la Sala para que la Comisión de Educación discuta en general y en particular durante el primer informe dos proyectos de ley sencillos: el que autoriza erigir un monumento a la ex Diputada señora Gladys Marín y el que autoriza erigir un monumento en memoria del ex Ministro, abogado y defensor de los derechos humanos señor Jaime Castillo Velasco.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¿Habría acuerdo?
--Se autoriza.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Goic.

La señora GOIC.- Señor Presidente, por acuerdo de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, pido que se recabe la autorización de la Sala para discutir también en general y en particular en su primer informe la iniciativa de ley que crea la bonificación para el repoblamiento y cultivo de algas.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
--Así se acuerda.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tenemos la siguiente situación: aún no está listo el informe del primer proyecto del Orden del Día, sobre probidad en la función pública, cuya urgencia fue calificada de "discusión inmediata".
Mientras esperamos que llegue dicho informe, propongo que empecemos con la iniciativa que está en segundo lugar de la tabla, relativa a los consejos comunales de seguridad pública.
¿Hay acuerdo para proceder de la forma indicada?
--Se acuerda.
VI. ORDEN DEL DÍA



CREACIÓN DE CONSEJOS Y PLANES COMUNALES DE SEGURIDAD PÚBLICA


El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Según lo recién acordado, corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para permitir la creación de los consejos comunales y los planes comunales de seguridad pública, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.601-25) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 96ª, en 10 de marzo de 2015.
Informe de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: 15ª, en 12 de mayo de 2015.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es fortalecer el rol de las municipalidades en materia de seguridad pública, estableciendo un plan comunal de seguridad pública como instrumento de gestión comunal y creando los consejos comunales de seguridad pública como órganos de carácter consultivo, de asesoría y colaboración con el alcalde en la confección del plan comunal de seguridad pública.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización discutió el proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Quinteros y Zaldívar.
Cabe hacer presente que los numerales 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del artículo 1º tienen rango orgánico constitucional, por lo que requieren 22 votos favorables para su aprobación.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe entre las páginas 12 y 19 del primer informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.

El señor ORPIS.- ¿Puede abrir la votación, señor Presidente?

El señor NAVARRO (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo en acceder a lo solicitado?
Acordado.
En votación en general la iniciativa.

--(Durante la votación).

El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, deseo informar este proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que, como se ha señalado, tiene el propósito de crear los consejos comunales de seguridad pública y los planes comunales de seguridad pública.
En su esencia, la iniciativa establece la obligación de que en los municipios se creen consejos comunales de seguridad pública "como un órgano consultivo encargado de recibir, ordenar y analizar los antecedentes, estadísticas y toda clase de información relativa a la seguridad pública comunal, con el objeto, principalmente, de colaborar con el alcalde en la elaboración del plan comunal de seguridad pública".
Luego, en el artículo 104 B, se establece que integrarán los consejos comunales: el gobernador respectivo o quien lo represente; dos concejales elegidos por el concejo municipal; el oficial o suboficial de Fila de Orden y Seguridad de Carabineros de más alto grado; el oficial policial de la Policía de Investigaciones de mayor jerarquía; el fiscal adjunto jefe de la fiscalía local correspondiente del Ministerio Público, y, además, una serie de otras autoridades según las características de la comuna, considerando especialmente si tiene pasos fronterizos, puertos o aeropuertos, caso en el cual habrá un representante del Servicio Nacional de Aduanas, uno del Servicio Agrícola y Ganadero, etcétera.
Del proyecto en estudio, cabe destacar lo siguiente.
Uno de los problemas que hoy día enfrentamos para lograr revertir una situación que, sin duda, requiere que el Parlamento y el Gobierno pongan todas sus prioridades, son los altos niveles de delincuencia y de impunidad particularmente en lo relativo a los robos con violencia o intimidación en las personas o a los robos con fuerza.
Cerca del 92 por ciento de esos delitos cuyos juicios concluyeron el año pasado -suman más de 330 mil casos- terminó en la más absoluta y total impunidad. Ello significa sin que se lograra identificar al culpable, sin que se lograra recuperar las especies, ni mucho menos condenar al culpable.
El propio Ministerio Público, en las sesiones a que asistió en la Comisión de Constitución, reconoció que en esta materia ha existido un mal resultado y que, obviamente, en este tipo particular de delitos se requiere hacer esfuerzos, pues son los que tienen un efecto devastador en las familias. Porque no solo se trata de robos violentos, sino que muchas veces no se conocen los delitos conexos. En numerosos casos, cuando afectan domicilios particulares, se trata de delitos que, además, van acompañados de abusos sexuales que no se denuncian y de situaciones traumáticas para las familias.
Entonces, ¿qué hace el proyecto? Crea consejos comunales de seguridad pública, los cuales tendrán por objeto asesorar al alcalde respectivo. Y hay un debate en cuanto a su composición. Adicionalmente, señala que la municipalidad debe elaborar un plan comunal de seguridad pública.
Estoy esbozando las características generales del proyecto.
En la Comisión aprobamos la idea de legislar, conscientes de que la iniciativa requiere mucho perfeccionamiento.
Desde luego, se realizarán audiencias para recibir a quienes tengan interés en opinar sobre la iniciativa -alcaldes, gobernadores, instituciones vinculadas al tema de la seguridad ciudadana-, a fin de mejorarla.
Sin embargo, como no queremos retrasar su tramitación, decidimos que se votara en general, porque todos entendemos, por lo menos en la Comisión, que es necesario contar con consejos comunales de seguridad pública. Pero, sin duda, hay muchos aspectos que necesitan ser perfeccionados.
¿Cuáles?
En primer lugar, las características que debe tener el plan comunal. ¿Cómo se procederá? ¿Cuáles han de ser sus particularidades?
En segundo término, ¿son las personas que se mencionan en la norma las más adecuadas para integrar el consejo comunal?
Nosotros hemos planteado que debería incorporarse, tal como ocurre en los consejos regionales de seguridad pública, a un representante del Poder Judicial. Por ejemplo, podrían ser los jueces de garantía. Porque el objetivo es incluir en el consejo comunal a todas las autoridades que tienen incidencia o que pueden participar en planes tendientes a disminuir la delincuencia. Entonces, deben considerarse las organizaciones civiles, Carabineros, Investigaciones, obviamente, la Fiscalía, el Poder Judicial. Por eso es necesario perfeccionar la normativa.
En seguida, las municipalidades tendrán que presentar planes de seguridad pública.
Debemos introducir mejoras en cuanto a qué directrices habrá para dar orientaciones de proyectos que resulten efectivamente útiles al propósito de disminuir la delincuencia. No todos los planes resultan útiles. En el caso de algunos, con el transcurso del tiempo, uno se da cuenta de que poco tienen que ver con la necesidad de enfrentar de manera técnica, profesional y de acuerdo a la realidad de cada comuna -son distintas unas de otras- el tema de la seguridad ciudadana.
Por otra parte, el Gobierno ha decidido invertir en 74 comunas -las que concentran la mayor cantidad de población- 17 mil millones de pesos para concursar a proyectos de seguridad ciudadana. Y las 272 comunas restantes tendrán que financiar sus planes con solo 4 mil 700 millones de pesos, que son los recursos que actualmente existen en la Subsecretaría del Interior, a los cuales se les suma el 2 por ciento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Entonces, hay muchas materias que perfeccionar.
Aquí, en el Parlamento, los Senadores y Senadoras que fueron alcaldes e intendentes, junto con los miembros de la Comisión de Constitución y otros parlamentarios, deberíamos intentar contribuir para despachar una buena iniciativa. Porque es posible diseñar proyectos que después en la práctica no surtan los efectos que la ciudadanía espera.
En conclusión, señor Presidente, ¿es necesario que exista un consejo comunal? En nuestra opinión, sí. Lo que tenemos que debatir y ver es: ¿Quiénes lo integran? ¿Cómo se hacen los planes de seguridad pública? ¿Quién realmente orienta a los municipios para los efectos de que tales planes sean útiles y resulten atingentes al propósito de disminuir la delincuencia? ¿Cómo esos planes comunales, recogiendo las distintas realidades de cada comuna, se enmarcan dentro de una estrategia nacional para enfrentar la delincuencia? ¿Cómo evitar la duplicidad de gastos, como hoy sucede? Planteo esto último porque hay instituciones encargadas del tema de la droga y de una serie de otras áreas que, a veces, se topan con otros recursos que se utilizan en planes similares, no habiendo ninguna coordinación entre ellos.
Señor Presidente, nosotros aprobamos la idea de legislar -así lo señalamos en la Comisión- en la convicción de que el proyecto se debe mejorar mucho para transformarlo en una iniciativa que realmente esté a la vanguardia de la participación de la comunidad en las políticas tendientes a enfrentar los problemas de seguridad ciudadana en sus respectivas comunas. Además, estas han de estar coordinadas con las comunas aledañas y tener una coordinación evidente con las gobernaciones, las intendencias, el Ministerio del Interior. A la vez, hay que cuidar que los recursos se gasten adecuadamente; que los planes sean útiles al propósito establecido; que no se desvista a un santo para vestir a otro. Lo señalo por las 74 comunas que mencioné anteriormente, que son las que registran la mayor cantidad de delitos. Ellas van a concentrar una proporción mayor de recursos, pero ello no puede hacerse a costa del resto de las comunas del país, en el sentido de que no cuenten con fondos para enfrentar bien el trabajo en materia de seguridad ciudadana.
Hay labores de prevención y de análisis que se deben realizar junto a la policía, en cuanto a cuál es el modus operandi de los delincuentes, cuáles medidas sociales tienen que adoptarse.
O sea, estamos en presencia de una buena idea, pero falta mucho para desarrollarla adecuadamente.
Por esas consideraciones, señor Presidente, los integrantes de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, en forma unánime, aprobamos la idea de legislar para, en el intertanto, abrir un plazo para presentar indicaciones e invitar a las autoridades de Gobierno y a organizaciones civiles, a fin de recibir un paquete de propuestas que realmente permitan que el proyecto de ley sea útil al propósito de disminuir la delincuencia.
He dicho.

El señor PÉREZ VARELA.- ¿Me permite, señor Presidente, para referirme a un aspecto práctico?

El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Señor Senador, está inscrito antes el Senador señor Harboe y luego, usted.
De todas maneras, le ofrezco la palabra.

El señor PÉREZ VARELA.- Gracias, señor Presidente.
Como una medida para mejor resolver, antes de que los integrantes de la Comisión de Constitución intervengan y de que nosotros realicemos el debate, pienso que es fundamental escuchar la visión del Ejecutivo sobre esta materia.
Este es un proyecto del Gobierno que forma parte de una estrategia y, antes de que nosotros iniciemos la discusión, debemos saber cuáles son las razones que ha tenido el Ejecutivo para transformar esta buena idea -como dijo el Senador Espina- en un proyecto de ley que puede generar dificultades.
Por lo tanto, señor Presidente, si usted lo tiene a bien, me gustaría que se solicitara el acuerdo para que el señor Ministro que se halla presente en la Sala o el Subsecretario del ramo pudieran exponer la visión del Gobierno sobre el particular.

El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Muy bien.
En primer lugar, solicito autorización para que ingrese a la Sala el señor Subsecretario de Prevención del Delito.
Acordado.
Hago presente que se encuentra en la Sala el nuevo Ministro Secretario General de Gobierno, don Marcelo Díaz, y acaba de ingresar el Subsecretario de Prevención del Delito, señor Antonio Frey, para informar sobre los fundamentos que el Ejecutivo ha tenido para enviar este proyecto, dado que la idea en general cuenta con bastante apoyo.
Sin embargo, existen observaciones o aprensiones acerca de los contenidos de la iniciativa y el señor Subsecretario tal vez nos pueda informar sobre el particular.
Tiene la palabra el señor Subsecretario.

El señor HARBOE.- ¡Pero yo estaba inscrito antes, señor Presidente!

El señor FREY (Subsecretario de Prevención del Delito).- Señor Presidente...

El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Perdón, señor Subsecretario.
El Senador señor Pérez me había pedido una interrupción y yo solicité el asentimiento de la Sala para que ingresara el señor Subsecretario.
Senador señor Harboe, con todo gusto una vez que concluya el representante del Ejecutivo le ofreceré la palabra.
Puede continuar, señor Subsecretario.

El señor FREY (Subsecretario de Prevención del Delito).- Gracias, señor Presidente.
Vengo entrando a la Sala, razón por la cual no escuché todas las observaciones que se hicieron. Conozco algunas del Senador Espina porque hemos conversado en la Comisión respectiva. Pero, en términos generales, debo puntualizar algunas cuestiones que me parece indispensable que se entiendan.
Por una parte, nosotros tenemos un problema de legitimidad de la acción pública en materia de seguridad local que debemos abordar con mucho cuidado. En ese aspecto, la experiencia comparada -me refiero a países que van desde Inglaterra hasta Turquía para que se vea la amplitud del espectro- aconseja tratar estos problemas de manera local: el municipio como elemento central para tener las demandas locales absorbidas y tratadas de manera adaptada a cada realidad local.
Por otro lado, la coherencia y la pertinencia de las políticas públicas en materia de seguridad les dan mucho mayor efectividad y sustentabilidad en el tiempo. Y la flexibilidad requerida permite adaptar las respuestas.
En tal sentido, el proyecto que nos ocupa -y hay que decirlo con todas sus letras- pretende ofrecer un mayor grado de coordinación, un mayor grado de coherencia financiera, un mayor grado de participación ciudadana y un mayor grado de transparencia, lo que permite, en definitiva, alcanzar una mejor democracia.
La iniciativa tiene que ver con la gestión, pero apuesta de manera significativa a mejorar nuestra democracia, a transformar las demandas ciudadanas en reales elementos que deben ser considerados, sobre todo, por las administraciones centrales, que deben atender un conjunto de preocupaciones que distraen recursos, especialmente en el ámbito policial.
Cabe mencionar que se contemplan distintos dispositivos para ello.
En primer lugar, el consejo comunal de seguridad pública, creado por ley, con sus participantes. En esa línea, además, el proyecto de ley amplía las facultades de la municipalidad en ámbitos relativos no solo a la prevención en el sentido amplio, sino también a la prevención situacional, a la prevención y reinserción sociales, que son aspectos centrales a tomar en cuenta en los distintos planes comunales de seguridad pública.
A su vez, se obliga a construir dichos planes de seguridad pública, los cuales deben obedecer a un diagnóstico con estándares muy exigentes, con elementos que permitan formular objetivos, metas, plazos y, sobre todo, indicadores de medición. Ello es absolutamente indispensable en materia de rendición de cuentas o accountability.
En segundo término, se organizó la Subsecretaría de Prevención del Delito para ofrecer una respuesta metodológica a estos problemas. Contamos con una Unidad de Apoyo a la Gestión Municipal, creada en 2014, cuya misión es tener una llegada metodológica pero también humana a los municipios para ayudarlos a formular procesos metodológicos complejos sobre la base del consenso.
En tercer lugar, impulsaremos un alineamiento con los consejos regionales en materia de seguridad pública sobre la base de metas concretas y los convenios financieros que nos permitirán contar con la coherencia necesaria para dar respuestas locales a los problemas de inseguridad.
El financiamiento tiene tres grandes vertientes.
La primera de ellas son los planes comunales de seguridad pública, que, dicho sea de paso, registran un aumento de casi 60 por ciento de los recursos para ser destinados a nivel local en el ámbito de la seguridad.
La segunda es el Fondo Nacional de Seguridad Pública, que está hecho para las comunas más pequeñas que también sufren problemas agudos de delincuencia y que pretenden contar con los recursos suficientes para abordar este flagelo.
Una tercera vertiente, que vamos a inaugurar el presente año, dice relación con aquellas comunas que reciben mucha población flotante (léase pequeñas comunas-balnearios) y que también sufren serios problemas de inseguridad.
Entonces, tenemos un aumento sustantivo de los recursos que permite plasmar esta ambiciosa política local sobre seguridad pública.
Los criterios para seleccionar las comunas fueron objetivos y obedecieron a indicadores complejos, como el índice de vulnerabilidad social delictual.
Además, ellos plasmaron y van a plasmar la distribución de los carabineros en el territorio nacional. Resulta muy importante entender que tendremos una nueva distribución de los seis mil nuevos funcionarios, cargos creados por ley.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Concluyó su tiempo, señor Subsecretario.
Dispone de un minuto adicional.

El señor FREY (Subsecretario de Prevención del Delito).- Muchas gracias, señor Presidente.
Además, hago presente una gran revolución en materia de seguridad pública que se ha incorporado al interior de la institución policíaca, que dice relación con la posibilidad de que aquellos comisarios o comandantes que hagan bien la pega y que hayan conseguido buenos indicadores puedan quedarse hasta tres años en el mismo lugar, lo cual da una perspectiva de mediano plazo para trabajar con ellos.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- A usted, señor Subsecretario.
Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, en primer lugar, debo puntualizar que estamos en presencia de una buena noticia para el país, particularmente para las comunas.
Si observamos con detención las estadísticas delictuales, nos podremos dar cuenta de que este proyecto es una buena noticia para la clase media y para las personas más pobres, que son las que hoy día soportan los mayores índices de delincuencia.
Esta buena noticia obedece a que el proyecto en debate va a tener aplicación práctica, real. Esto no es teoría, no es en el país, no es en la región. Esto se aplica en la comuna, en el barrio. Y eso es una buena noticia para los ciudadanos.
La creación de los consejos comunales responde a la evolución, al perfeccionamiento y al aprendizaje de nuestras políticas públicas, que hemos alcanzado durante dos décadas en materia de seguridad y que nos ha llevado a la necesidad de contar con políticas públicas diferenciadas para cada espacio territorial.
Ya no valen las aplicaciones de políticas públicas generales en materia de seguridad.
No es lo mismo hacerse cargo de las políticas de seguridad en Arica o en una zona fronteriza que en el Gran Santiago o en una comuna rural como Quilaco o Contulmo. Son realidades completamente distintas y que requieren estrategias diferentes.
Este proyecto de ley coloca a la autoridad comunal, la más conocedora de la realidad local y de las demandas de la gente en materia de seguridad, en el centro de la política pública respectiva.
Por eso, quiero felicitar al Subsecretario de Prevención del Delito, don Antonio Frey, por su capacidad para articular a los diversos actores políticos y sociales, y particularmente a los municipios, con miras a establecer en el ámbito de la seguridad una medida que va a beneficiar a los ciudadanos.
Esta iniciativa, más allá del gobierno de turno, de las autoridades del Ejecutivo y de la voluntad de los funcionarios, institucionaliza en la ley los consejos comunales de seguridad pública. Y por primera vez va a existir la obligación -ya no quedará a la voluntad del fiscal, del oficial de Carabineros, del oficial de la PDI, del Ejecutivo o del alcalde- de sentarse en una mesa para conversar a los fines de hacer un diagnóstico común y decir: "Aquí tenemos un problema de prevención situacional, y el alcalde puede ayudarnos a solucionarlo. Estamos ante un problema de prevención policial, y Carabineros o la Policía de Investigaciones pueden ayudarnos a resolverlo". O bien: "Vamos a ver cómo en esta mesa Carabineros e Investigaciones conversan con los fiscales". Y eso es muy importante para los efectos de tener respuesta concreta y práctica al fenómeno del delito.
Destaco una particularidad, señor Presidente: este proyecto se hace cargo también de las diferencias existentes entre las comunas urbanas y las rurales.
Al efecto, establece que en las comunas rurales habrá en el Consejo representación, asimismo, del Servicio Agrícola y Ganadero, que muchas veces tiene que ver con el conocimiento de ciertos delitos, especialmente el de abigeato.
En las comunas con zonas de interés turístico conformará el Consejo, además, un representante del Servicio Nacional de Turismo.
Así, se van sumando a la realidad de cada comuna diversos personeros, para que exista un diagnóstico adecuado.
Señor Presidente, creo que estamos ante un buen proyecto de ley. Se trata de un texto concreto, claro, preciso, que, en materia de seguridad, les permitirá a los municipios tener políticas públicas serias y estables en el tiempo.
Sin embargo, opino que en el plazo que se fije para presentar indicaciones deberemos perfeccionar el articulado.
En él se contempla la participación de los gobiernos regionales. Pero me gustaría que los encargados de la seguridad pública tuvieran relación con ellos, para crear un vínculo entre los planes regional y comunal de seguridad.
Debemos avanzar para convencer al Fiscal Nacional de que es necesario crear los fiscales comunales.
Hoy tenemos un problema: hay fiscales con dos comunas o con una agrupación de comunas, lo que afecta al conocimiento del territorio y, por tanto, a la actuación eficaz en él.
Hemos de avanzar igualmente en la asignación de más recursos a los municipios pequeños para que puedan nombrar al director de seguridad pública y contar con financiamiento suficiente para mantenerlo.
Como expresé, este es un buen proyecto, aunque durante la discusión particular deberemos hacerle perfeccionamientos.
Reitero mis felicitaciones al Ejecutivo, al Subsecretario señor Frey y a toda la Comisión de Gobierno, que tuvo a bien aprobar en general esta iniciativa, que irá al corazón de los problemas de seguridad en las comunas.
Es lo que la gente está pidiendo a gritos: medidas concretas para resolver un problema ciudadano: el de la inseguridad.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Van Rysselberghe.

La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, nadie puede desconocer que la seguridad es de los problemas que más preocupan a la gente. En cada comuna estos presentan distintos aspectos, que influyen no solo en aquella en sí, sino también en la sensación de inseguridad que tiene la ciudadanía. Esta sensación se mejora con distintas medidas, y las municipalidades tienen que ver con la gran mayoría de ellas.
Por lo tanto, resulta del todo lógico que para mejorar la sensación de inseguridad se deba partir desde la comuna, desde la base, al objeto de contar con un diagnóstico adecuado de las causas que provocan ese mal.
Al leer este proyecto de ley se me genera una serie de dudas.
En efecto, como dijo el Senador Harboe, algunas comunas no cuentan con presupuesto para hacer una contratación en un cargo directivo. Porque se está planteando que el empleo de director de seguridad pública podrá ser hasta dos grados inferior que el del alcalde. Pero sucede que algunos municipios tienen absolutamente copados sus recursos.
Por consiguiente, el referido gasto no debiera ser de cargo de las municipalidades: a mi entender, tendría que imputarse a los fondos orientados a solucionar el problema de la seguridad.
De otra parte -lo conversábamos recién con el colega Pérez Varela-, resulta un tanto extraño que el gobernador, quien es el encargado de la seguridad en la provincia, no tenga un nivel participativo igual que el de los concejales.
Pienso que eso ha de arreglarse.
Asimismo, me parece que hay que tratar de evitar la desconfianza que pudiese provocarse. Porque el alcalde a veces ve con cierta envidia cómo se invierten recursos para seguridad en otras comunas porque tienen más contactos con el Gobierno o por otras razones. Lo cierto es que en algunas oportunidades los dineros llegan de manera bastante discrecional, dependiendo de factores subjetivos.
Entonces, aquello debe objetivarse.
Me parece bien que haya un plan comunal de seguridad pública. Sin embargo, su propósito debe ser preciso, para no generar falsas expectativas.
Si no tenemos claro con cuántos recursos va a contar cada comuna del país al efecto indicado, carecerá de sentido que obliguemos a los municipios a organizarse y a generar toda una programación que los llevará a postular para finalmente no conseguir recurso alguno.
Si hay dineros para tal finalidad, deben transparentarse; las municipalidades tienen que saber de antemano de cuánto dispondrán, y la participación ciudadana ha de orientarse al fin en cuestión.
En mi concepto, recargar con personal a los municipios hoy será una dificultad, sobre todo para los más pequeños.
Esta iniciativa es buena en su orientación. No obstante, aún le falta una enormidad para alcanzar resultados eficaces en la calidad de vida de la gente.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Corresponde el uso de la palabra a la Senadora señora Von Baer, quien no está en la Sala.
Puede intervenir la Honorable señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, se halla aquí el Subsecretario de Prevención del Delito, don Antonio Frey, con quien tuvimos varias reuniones para discutir este proyecto.
Recuerdo cuando, antes de presentarlo, convocó a algunos miembros del Congreso Nacional -entre ellos, a los parlamentarios del Movimiento Amplitud- para conocer su opinión sobre él.
A nosotros nos pareció -y quiero decirlo con franqueza esta tarde- una excelente iniciativa, muy necesaria en los tiempos que corren. Porque -alguien lo expresó aquí anteriormente- una de las primeras demandas que nos hace la gente cada vez que estamos en terreno se vincula precisamente con la inseguridad ciudadana; con el combate a la delincuencia; muchas veces, con la falta de coordinación entre su municipalidad y ambas policías -Carabineros e Investigaciones-, y también, en varias comunas, con la ninguna preocupación de ciertos alcaldes por esos problemas.
Por esa razón, dar mediante este proyecto mayor injerencia a los ciudadanos, a los vecinos, a la comunidad en materia de seguridad ciudadana, y sobre todo de combate contra la delincuencia, es muy muy importante, porque involucramos a la gente.
Obviamente, hay que ir mejorando en muchos aspectos a medida que avance la tramitación.
Por ejemplo, en materia de coordinación y de instalación de cámaras de seguridad.
En nuestra Región, la de Valparaíso, Papudo y Zapallar tienen instaladas cámaras de seguridad que han marcado una tremenda diferencia con comunas que no cuentan con ese tipo de dispositivos. Y ello enorgullece a sus habitantes. Pero no solo esto: los vecinos de comunas aledañas o que limitan con aquellas miran con muy buenos ojos lo que los municipios respectivos están haciendo para dar seguridad a sus ciudadanos.
Por eso, es muy significativa la existencia de mayor participación.
Recuerdo que con el Senador Carlos Montes, cuando éramos Diputados por la comuna de La Florida, participamos en un consejo comunal para la prevención del delito, no de manera obligatoria o vinculante, pero sí como miembros invitados. Y de ahí sacamos muchas experiencias sobre cosas positivas que podríamos aportar en la discusión de este proyecto de ley.
De otra parte, debo puntualizar que hay comunas que realizan cabildos abiertos con la ciudadanía.
Recuerdo que, en el Gobierno anterior, con la gente de prevención del delito organizamos e hicimos en Puchuncaví, durante un fin de semana, un gran cabildo abierto. La participación ciudadana fue notable.
Sin embargo, como no se cuenta con herramientas legales que le permitan a la comunidad tomar decisiones vinculantes para la autoridad local, finalmente todo queda en buenas intenciones.
En tales instancias se adoptan muchas resoluciones. Pero como no obligan a la autoridad comunal, finalmente quedan solo en declaración de buenas intenciones.
Obviamente, señor Presidente, voto a favor de este proyecto, al que podremos presentarle varias indicaciones para perfeccionarlo sustantivamente.
En todo caso, me parece que va en la línea correcta de involucrar a la comunidad.
El combate contra la delincuencia, el mejoramiento en la seguridad de las personas y la organización y coordinación de las policías son responsabilidad del gobierno de turno, pero también del Poder Legislativo, de nosotros, a través de las leyes que sacamos adelante. Y, sin duda, las personas pueden involucrarse cada vez más en las decisiones que se adoptan sobre la materia.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.

La señora VON BAER.- Señor Presidente, en la Comisión de Gobierno discutimos este proyecto de ley, al que le dimos aprobación unánime, pues coincidimos en que es muy importante otorgarles a los municipios más herramientas y mayor significación social y política para relevar el rol que cumplen en el ámbito de la seguridad ciudadana.
La gente piensa que la seguridad pública está en parte en manos de las municipalidades. Pero estas poco o nada pueden hacer hoy para responder a la necesidad de los ciudadanos de contar con mayor seguridad y a su deseo de vivir con tranquilidad en los barrios. Así, llegan reclamos a los alcaldes, quienes disponen de escasas herramientas para atenderlos.
En tal sentido, creo que esta iniciativa se halla bien inspirada. Su propósito es dar en el ámbito de la seguridad pública un espacio importante tanto a la comunidad cuanto a los municipios.
Considero relevante que la municipalidad plasme en un plan de seguridad ciudadana lo que quiere hacer, ojalá con metas transparentes y plazos específicos, para que la gente pueda ir diciendo "Esto se cumplió, y esto otro, no".
La coordinación de los distintos actores me parece muy significativa. Y por eso en la Comisión le hicimos presente al Subsecretario la necesidad de integrar también las otras iniciativas que desde el Gobierno central...
Señor Presidente, me gustaría que el señor Ministro de Educación, quien está interrumpiendo mi intervención, me permitiera proseguir.
Me acaba de desconcentrar.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Continúe, Su Señoría.

La señora VON BAER.- Señor Presidente, si queremos que todo funcione coordinadamente, hay que incluir también las otras iniciativas que el Gobierno central impulsa en materia de prevención y seguridad ciudadana en el área de los municipios.
Por ejemplo, el programa SENDA Previene tiene a una persona específica en los municipios. Es menester que también se la integre, para que logremos coordinar a los distintos actores y no tengamos a algunos de ellos haciendo cosas en forma paralela.
Otra problemática -lo señalaba la Senadora Van Rysselberghe y nosotros lo dijimos en la Comisión- deriva del hecho de que se le da una tarea al municipio, al que le decimos que para llevarla a cabo contrate a una persona.
¿Pero de dónde salen los fondos necesarios para solventar el nuevo gasto?
Al Gobierno central y al Congreso les gusta decir "Los responsables son los municipios". Sin embargo, ello no siempre va aparejado con financiamiento específico.
Sé que hay fondos y que 74 comunas fueron elegidas para recibirlos. Pero ellas irán cambiando y el Consejo y el cargo van a quedar. Entonces, ¿quién va a pagar después? Tendrá que hacerlo el municipio. Y eso no me parece correcto.
A mi entender, este tipo de iniciativas tienen que ir con financiamiento adicional para las municipalidades. Porque no resulta admisible que a estas les agreguemos tareas pero no las proveamos de los recursos indispensables para cumplir las nuevas obligaciones.
Y aquello ocurre tanto con el nuevo cargo cuanto con el Consejo que se crea.
Si se establece un consejo comunal, debe cumplir el plan de seguridad pública pertinente. Pero si no tiene los fondos necesarios, esto se convertirá en un bumerán para el municipio.
Entonces, quizás algunas municipalidades no van a querer implementar la medida, pues carecerán de financiamiento en el largo plazo.
Señor Presidente -con esto termino-, me alegra escuchar de parte del Subsecretario que se va a poner un énfasis adicional y que se considerará también a las comunas muy pequeñas, sin altos índices de inseguridad, pero que, por tener balnearios, cuentan con una voluminosa población flotante.
Nosotros tenemos esa situación en las comunas de Panguipulli, Futrono y Corral, que, no obstante ser de tamaño pequeño, enfrentan un problema de seguridad ciudadana muy grande en los meses de verano, y también ya en los de invierno, por la incidencia del turismo y de la población flotante.
Está terminando mi tiempo.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Su Señoría dispone de un minuto para redondear la idea.

La señora VON BAER.- Muchas gracias.
Adicionalmente, señor Presidente, y con su venia, quiero pedirle al señor Subsecretario que, a propósito de los planes de seguridad ciudadana y de la elección de las comunas que recibirán mayor financiamiento, se piense también en la inseguridad de los sectores rurales.
Cuando uno está en terreno ve una preocupación cada vez mayor por la inseguridad existente en dichas áreas. Y esto pocas veces se considera.
En los sectores rurales hay poca población. Sin embargo en los campos del sur tenemos una problemática de inseguridad muy fuerte.
De ahí las preguntas: ¿Cada cuánto pasa un carabinero? ¿Cada cuánto llegamos al pueblo para poder hacer la denuncia?
La inseguridad allí es muy seria. Y los delincuentes están aprovechando la situación para irse de los centros poblados a los sectores más rurales a fin de cometer sus ilícitos en ellos.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Araya.

El señor ARAYA.- Señor Presidente, sin duda, una de las principales preocupaciones de todos los chilenos -y cada Senador lo percibe cuando visita las distintas comunas de su circunscripción- es la seguridad pública. No hay reunión en la que a uno no se le consulte por lo que está ocurriendo con la perpetración de diversos ilícitos, especialmente el narcotráfico y los delitos contra la propiedad.
Obviamente, uno entiende que hoy existen planes de seguridad con directriz nacional y que muchas veces esta no se replica adecuadamente en las comunas.
Yo siempre he dicho que se mira mucho cómo se combate la delincuencia en la Región Metropolitana y se piensa que si el modelo aplicado en la Capital se replica en las regiones va a resultar.
El mejor ejemplo de aquello fue lo sucedido en la época del Presidente Piñera cuando el Gobierno tomó la línea de combatir los robos a los cajeros automáticos y en Santiago se adoptó una serie de medidas para evitar la ocurrencia de tales hechos.
¿Cuál fue el resultado de aquello?
Al analizar las estadísticas uno ve que disminuyó la tasa de robos a cajeros automáticos en la Región Metropolitana, pero que esos delitos se trasladaron a comunas y a regiones donde antes no se perpetraban. Ello, debido a que no se aplicaron las mismas medidas, o bien, a que se aplicaron medidas distintas, que no respondían a la realidad local.
Consecuencialmente, señor Presidente, creo que este es un muy buen proyecto, pues pone el centro de la política pública en materia de seguridad en los municipios, que son los que mejor pueden definir lo que ocurre en la comuna, ya que el alcalde, los concejales, el personal, están permanentemente en la calle recibiendo las distintas inquietudes de los ciudadanos y, como consecuencia, pueden percibir en mejor forma qué está pasando en el día a día.
Es una muy buena noticia la creación de los consejos comunales de seguridad pública y que se señale con claridad cuál es la labor de los alcaldes en este ámbito, porque hoy día tenemos más bien algo muy difuso. Hemos visto que muchos jefes edilicios establecen departamentos en esa área y contribuyen al financiamiento de cámaras de televigilancia, pero lo hacen sobre la base de interpretaciones de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y sin un sustento legal. El proyecto les entrega este último y determina cuál será su rol al respecto.
Dicho eso, me parece que la iniciativa presenta, sí, una serie de problemas que debiéramos tratar de resolver.
La dificultad principal es, lejos, la creación, una vez más, de una función en el municipio sin entregarse los recursos adecuados. Si queremos que efectivamente funcionen los consejos comunales de seguridad pública, ellos tienen que ir aparejados a un presupuesto adicional al de las municipalidades.
El proyecto faculta para que los municipios que cuenten con recursos puedan crear el cargo de director de seguridad ciudadana e implementar políticas en la materia. Todos sabemos que estas demandan fondos. Si hoy día no los entregamos para que efectivamente sea posible la concreción de esta modificación legal, ella va a ser simplemente una bonita declaración, con poca aplicación práctica.
Con motivo de la revisión de la iniciativa que hará la Comisión, entonces, cabe pedirle al señor Subsecretario que el Gobierno comprenda que la medida en análisis tiene que ir acompañada del financiamiento respectivo. No me parece justo que las municipalidades que disfrutan de más recursos, como la de Antofagasta, la de Calama, en la Región que represento, puedan crear el cargo y pagarlo si aquellas que viven con un presupuesto muy ajustado, como la de Taltal o la de Tocopilla, se verán impedidas de hacerlo. La seguridad la merecen los habitantes de todas esas comunas.
Por esta razón, me parece fundamental que la iniciativa cuente con un presupuesto propio.
En seguida, estimo que el proyecto presenta otra dificultad, que se percibe también con los consejos de seguridad pública, con los consejos asesores de la reforma y en relación con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Porque se puede decir que la seguridad pública posee dos grandes vertientes o formas de acción. La primera dice relación con la prevención, es decir, con la forma como hacemos que un lugar sea más seguro al evitarse la comisión de ilícitos; y la segunda, con la represión, con la manera como se persigue el delito y de qué tipos de delitos se trata.
La duda que surge, al leer la proposición del artículo 104 A, es que el consejo comunal de seguridad pública aparece más bien como un órgano consultivo respecto de la estadística que se puede hacer. No se observa que se le entreguen facultades sobre la fijación de lineamientos de seguridad pública y la forma como ellos se cumplen.
De otro modo, se puede tratar de leer entre líneas en el sentido de que se está buscando que las municipalidades solo financien aquella parte que el Gobierno no cubre en los aspectos de la seguridad pública. Me explico. El concejo o el alcalde, en su plan en la materia, van a decir: "Nos interesa evitar la comisión de tales y cuales delitos",...

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Dispone de un minuto más para que pueda concluir su intervención, señor Senador.

El señor ARAYA.- ... pero no van a contar -termino de inmediato, señor Presidente- con las herramientas de persecución penal necesarias o con un acuerdo en relación con Carabineros, más allá de la buena voluntad del oficial a cargo de la comisaría para, por ejemplo, destinar un carabinero a vigilar ciertos sectores.
Entonces, si queremos que el mecanismo funcione, en lugar de crear un consejo comunal tenemos que ir pensando en un sistema de seguridad mucho más integrado, donde la opinión que emitan el alcalde y el concejo tenga un grado vinculante para las instituciones de seguridad, en especial para Carabineros e Investigaciones y, obviamente, para la persecución penal que debe realizar el Ministerio Público.
Voy a votar a favor, con la esperanza de que se recojan estas observaciones.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, no voy a repetir los argumentos dados aquí, porque los comparto todos, en particular el relativo a que este es el asunto que la opinión pública más nos plantea. De hecho, la seguridad ciudadana aparece como una cuestión fundamental incluso en la encuesta CEP de abril recién pasado, donde encabeza el ranking de los problemas a los cuales el Gobierno "debería dedicar el mayor esfuerzo en solucionar". Por lo tanto, bienvenida cualquier iniciativa que tenga por objeto enfrentarlo.
En ese sentido, los índices de Paz Ciudadana, una de las organizaciones serias, señalan que la victimización por robo e intento de robo llegó a 52,2 por ciento en Iquique; a 48,3 en Antofagasta; a 46 en Puerto Montt; a 45,6 en el Gran Santiago, y a 45,2 en Valparaíso. Son los lugares que registran los niveles más altos en este aspecto.
En seguida, las ciudades que registraron un "alto temor" al delito entre sus habitantes fueron Antofagasta, con 19 por ciento; Valparaíso, con 18,6; Iquique, con 18,3; Copiapó, con 16,7; Concepción, con 15,7, y el Gran Santiago, con 14.
Estamos, sin ninguna duda, frente a uno de los problemas más importantes de la sociedad chilena.
A mi juicio, la iniciativa en debate es una buena idea. Sin embargo, los alcaldes de todos los sectores políticos, cada vez que nos encontramos con ellos en una reunión, nos dicen: "Por favor, no aprueben más leyes sin el financiamiento respectivo".
Por eso, quiero preguntarle al señor Subsecretario si el proyecto va a ir acompañado de una cantidad de recursos que permitan el funcionamiento del sistema. De lo contrario, me parece que, como lo ha planteado el Senador señor Araya, les vamos a echar una carga encima a las municipalidades. Y la verdad es que a quienes nos van a representar la situación es a los parlamentarios y no al Subsecretario.
Debemos valorar que los órganos de prevención y represión en la seguridad pública se coordinen a nivel municipal. Me parece, de nuevo, que es una buena iniciativa.
Ahora, no puedo dejar de manifestar que hacer esfuerzos en un sentido y no terminar con las brechas que a mi juicio han ido generando una cierta sensación de impunidad en la gente no nos permitirá avanzar mucho.
Lo anterior lo graficaré con las cifras siguientes. En agosto del año pasado, un informe del Departamento de Análisis Criminal de Carabineros de Chile reveló la lista de los cien delincuentes con más detenciones entre 2009 y 2013. Entre todos ellos sumaban casi tres mil capturas, es decir, unas treinta detenciones cada uno, en promedio. ¡Y qué bueno que ha llegado nuestro flamante Ministro del Interior, para que pueda escucharlo! De ellos, el 23 por ciento correspondía a menores de edad.
El mismo análisis demostró el bajo índice de personas sujetas a prisión preventiva o al cumplimiento de una condena. De acuerdo con el documento, al observarse 27 casos de reiteración se detectó que solo cinco detenidos por delitos recurrentes recibieron una condena, la que, en promedio, alcanzó -escuchen bien los señores Senadores- a 64 días de privación de libertad.
Según información entregada por el Poder Judicial, el 93,4 por ciento de los casos de robo terminados o cerrados en el año 2014 quedaron impunes, es decir, sin condena. Y estoy haciendo referencia -sé que el señor Ministro del Interior me pone atención- a 253 mil 340 ilícitos.
Entonces, los chilenos lamentablemente sufrimos en el día a día los efectos de la delincuencia. Y estimo que, más allá del proyecto, que por supuesto voy a aprobar, si bien estoy a la espera...

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene un minuto adicional, señor Senador.

El señor PROKURICA.- ... de la respuesta del señor Subsecretario respecto de los recursos que van a acompañarlo, la cuestión de la delincuencia sigue siendo una tarea pendiente, y vamos a estar atentos a los resultados.
Gracias.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria del próximo martes se encuentra la solicitud de la Presidenta de la República de prorrogar la presencia de tropas chilenas en Haití. El señor Ministro de Educación pide que a continuación se trate el proyecto que crea universidades estatales en la Sexta y la Undécima Regiones.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, qué duda cabe de que los municipios son la cara del Estado más cercana a la gente y de que, como lo han dicho otros colegas que han intervenido con anterioridad, la delincuencia o el índice de inseguridad es la primera prioridad en las preocupaciones de las personas.
Me parece necesario revisar si estamos haciendo todo lo requerido para darle confianza a la ciudadanía. Desde ese punto de vista, estimo que nos falta mucho, porque no tenemos un Estado organizado para atender la creciente demanda de seguridad o la progresiva inseguridad en todos los sectores, urbanos y rurales.
En consecuencia, quiero valorar la iniciativa, ya que la seguridad ciudadana no solo depende de más policías o de tribunales, sino que también tiene que ver con la participación de la comunidad. El proyecto viene a darle un marco legal a lo que ya está ocurriendo en numerosas comunas. En muchas de las que represento me he reunido con los mismos actores considerados en el texto en examen, quienes forman una mesa de trabajo con la presencia de fiscales, de Carabineros, del municipio, del alcalde, de los concejales, de las juntas de vecinos, de las fuerzas vivas, de los dirigentes, de todo el tejido social e intercambian opiniones sobre qué se puede hacer.
Hay buenas ideas respecto a financiar iluminación y alarmas, a controles, a relacionarse y comunicarse entre los vecinos para vigilar quiénes ingresan a un determinado sector e identificar si son desconocidos o pudieran constituir alguna amenaza.
A mi juicio, lo que estamos haciendo ahora es reconocer una realidad ya existente en todas las ciudades. El punto radica en cómo lograr que las acciones y decisiones que tomen los consejos comunales se puedan llevar a cabo sin la limitación de la ausencia de recursos.
Estamos modificando la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y le entregamos a cada una de ellas la facultad de contar con un director de seguridad pública; pero este implica un costo, el cual no se está considerando. Nos encontramos en un análisis general de la iniciativa.
Ya tenemos experiencia en la materia. Muchas veces, cuando se da la aprobación, quedamos entregados a la voluntad del Ejecutivo en cuanto a si en la discusión particular se van a proporcionar o no los fondos para financiar la idea de legislar, que resulta ser una raya en el agua o solo una expectativa cuando no se otorgan.
La primera reclamación será de los alcaldes y concejales, en orden a que nuevamente les entregamos a los municipios facultades sin financiamiento.
Este es un muy buen proyecto, pero tenemos que asignar de verdad los recursos suficientes.
Hemos priorizado la educación, a la cual la reforma tributaria está destinando ingentes recursos del Presupuesto. Qué duda cabe de que ello tenemos que reafirmarlo. Pero algo tiene que llegarle a la otra prioridad de los chilenos: la seguridad ciudadana.
Por eso, espero que el Ministro de Hacienda, el Ministro del Interior y el Subsecretario efectivamente traigan en la discusión particular indicaciones relacionadas con aportes al financiamiento de los municipios.
Y en particular lo digo por representar a comunas pequeñas que no disponen de recursos ni siquiera para prestar los servicios que hoy día demanda la comunidad, como salud, caminos, servicio de aseo. Si no pueden hacerlo, mucho menos tendrán para financiar un gerente de seguridad comunal.
Más todavía, diría que la dificultad la enfrentarán también las comunas grandes. ¿Por qué no consignarlo? Cuando decimos que se establecerá un consejo comunal de seguridad pública, cabe considerar que este también tiene que instalarse en villas y poblaciones de las grandes ciudades.
Por tanto, celebro la iniciativa. La valoro, la aplaudo y voy a aprobarla en general. Pero, en realidad, creo que...

El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Su Señoría dispone de un minuto para concluir.

El señor TUMA.- Gracias, señor Presidente.
Es preciso colocarle al proyecto un poquito más de carne. Ello tiene que traducirse en financiamiento. Voy a votar esperanzado de que en la discusión particular se dispongan los fondos que requiere cada comuna para darle seguridad a la población.
He dicho.

El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Puede intervenir el Senador señor Montes.

El señor MONTES.- Señor Presidente, me sumo a todas las opiniones de que se trata de una buena iniciativa, de que es preciso apoyarla, y acogeré la idea de legislar. Pero también adhiero a lo que se ha dicho en el sentido de que es necesario trabajarla harto. ¿Para qué? Para generar un instrumento que sea lo más eficaz posible.
No creo que haya un impacto por el hecho de crear un consejo comunal en todos lados. Considero que es bien importante afinar el órgano y ser capaz de asumir la complejidad de la realidad.
Estuve tres años en el Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana de La Florida, integrado por distintos organismos, por dirigentes sociales. Se aprendió -valoro todo lo que ocurrió-, pero también se sacan ciertas lecciones.
Estimo que uno de los aspectos más serios es contar con un diagnóstico adecuado de qué ocurre y cómo van cambiando las cosas. Porque una comuna con un centro, como San Bernardo, Maipú o La Florida, no es lo mismo que una que no lo tiene, como Lo Espejo. En casi todas hay sectores descontrolados, que no son lo mismo que en el resto.
Y para un diagnóstico se requiere sistematizar antecedentes. Lamentablemente, una de las cuestiones más graves es que la información local está dispersa, porque la mayor proporción de ella se encuentra en poder de la Fiscalía y de otros organismos. Pero no hay un proceso para este efecto.
Me parece bien la aspiración a un plan, mas este va a ser dinámico. No sale de una vez. Será necesario hacerlo y rehacerlo.
En los pocos minutos de que dispongo deseo manifestar que en el funcionamiento de una instancia comunal es preciso diferenciar los organismos públicos de seguridad y las organizaciones sociales. Los dos cumplen un rol muy importante, pero presentan especificidades.
En cuanto a los primeros, me refiero a la Fiscalía, a Carabineros, a Investigaciones y a Gendarmería. En La Florida, mil doscientas personas cumplían condena en sus casas y se requería supervigilarlas. Es un asunto en que resulta fundamental la coordinación y saber dónde se encuentra el domicilio, las características del caso, etcétera.
Hoy día, una de las debilidades mayores del sistema es la falta de coordinación entre los organismos de seguridad pública a nivel local. No conversan nunca entre ellos. La Fiscalía les ordena tareas a Investigaciones, a Carabineros, pero no existe un diagnóstico común y se desconocen los fenómenos -y si se saben, no se comparten- que están ocurriendo en el terreno. Eso es lo primero.
Discrepo de que el problema sea principalmente de recursos, porque cada una de esas entidades, por separado, dispone de muchos. Y si los sumamos, la cantidad es inmensa.
Se requieren buenos diagnósticos para generar buenos planes de los organismos de seguridad a fin de controlar el delito, concretamente.
Y, por otro lado, un conjunto de otras instituciones son claves para construir formas de convivencia distintas. Es necesario ver cómo se coordinan también entre sí, y después, con los organismos de seguridad pública.
Juzgo determinante el rol de iglesias y de colegios y los planes municipales, de distinta naturaleza, que provocan un impacto directo o indirecto en la seguridad. Asimismo, existen planes nacionales.
¿Qué ha ocurrido? En el caso de la población Los Navíos, nos preguntamos en un momento cuántas políticas y programas públicos se encontraban involucrados. Había diez programas.
Ninguna entidad intercambiaba nada con la otra.
Entonces, resulta claro que la dificultad no radica en la falta de recursos públicos, sino en cómo se coordina y se da un sentido, con un mayor impacto en los procesos reales. Hay que intensificar las conversaciones al respecto. Más que el financiamiento -o antes que este-, se trata de coordinar lo existente, en función de construir nuevas formas de convivencia, de contener el delito, de asumir distintas realidades, entre ellas la de una parte de los jóvenes.
Si sumáramos todos los recursos, veríamos que la cantidad de dinero total podría llegar a tener un impacto inmenso: me refiero tanto a los dirigidos a seguridad pública como a los orientados a otros fines.
Yo me percaté, durante el tiempo que estuve en el organismo, de que los dineros, en vez de ayudar, perjudicaban, porque el concejo comunal se transformaba en un lugar de concurso de proyectos. Y cada uno iba a ver allá cómo conseguía adjudicarse recursos para algo que podía ser útil, pero que no respondía al esfuerzo encaminado a determinar qué hacer con lo que se tenía, ya sea las capacidades de las juntas de vecinos y de los órganos públicos no vinculados con seguridad u otras instancias.
Insisto: los colegios son clave; lo mismo las iglesias.
Finalmente, dado el tiempo que me resta, en el caso de las áreas metropolitanas hay que considerar el nivel metropolitano, porque se pierde mucha potencia si se analiza la situación de una comuna sin compararla con la de las localidades vecinas, aunque haya diferencias y especificidades entre ellas. La Granja tiene poco que ver con La Pintana y con La Florida. Cada una tiene sus características. Y, en ese sentido, resulta muy importante ser capaz de comprenderlas, coordinarlas y actuar en conjunto.
Considero que estamos ante un buen proyecto y voy a votar a favor de la idea de legislar, pero espero que en las indicaciones logremos establecer una forma de organización, de articulación entre los distintos actores, que nos permita realmente avanzar. Además, que exista gradualidad. No creo para nada que esto haya que hacerlo "automático" y de una vez y para siempre.

El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Ha concluido su tiempo, señor Senador.
Dispone de un minuto adicional.

El señor MONTES.- Muchas gracias.
En general, estimo que nos debemos dar tiempo para implementar algo que sea eficaz. No por el solo hecho de existir será eficaz. Hay que construir algo que realmente provoque impacto en la realidad, porque, si no, se genera mucha frustración entre los propios integrantes. Y los primeros que se retiran son las policías, que dejan de asistir porque tienen otra serie de cosas muy importantes que hacer.
He dicho.

El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Guillier.

El señor GUILLIER.- Señor Presidente, en primer lugar, encuentro muy positiva la idea gruesa del proyecto y podría asimilarse a otros procesos que estamos evaluando en el Congreso Nacional. Por ejemplo, el caso de la Oficina Nacional de Emergencias.
Me da la impresión de que, efectivamente, definirle por ley un rol más claro, más preciso a la comuna, en lo que se refiere a seguridad pública, es un acierto.
Eso mismo podría aplicarse en la ley sobre la ONEMI: que la comuna sea la base a partir de la cual se haga una proyección a la región y al país, y no a la inversa, como suele ocurrir ahora, donde las estructuras institucionales del poder central van delegando hacia las regiones, las cuales, al final, son más bien el último escalón y no el primero.
En segundo lugar, me parece razonable que exista una instancia capaz de elaborar un diagnóstico técnico y una planificación desde la realidad de cada comuna, considerando la diversidad de actores involucrados en la seguridad, que no abarca solo a las policías -la seguridad nunca ha sido un asunto exclusivamente policial-, sino que debe integrar a todas aquellas instituciones relevantes -aquí se ha mencionado, incluso, a las escuelas, las universidades, las juntas de vecinos-, y que, al mismo tiempo, se halle abierta a la variedad de cada realidad local (comunas del sur o del norte; grandes o pequeñas; urbanas o rurales), lo cual les da mayor legitimidad a las políticas públicas ante la ciudadanía, que puede participar en su elaboración y, por lo tanto, hacerse también corresponsable, a través de sus organizaciones territoriales y sociales.
Obviamente, quedan algunas cosas pendientes que tendrán que debatirse y resolverse en la discusión particular.
Si vamos a asignar financiamiento, como algunos parecen indicar, o a reasignar recursos hoy dispersos en un montón de organismos que cumplen, a veces, funciones similares en forma paralela y que no tienen establecidas labores específicas ni responsabilidades por las cuales estén obligados a rendir cuenta, probablemente una mejor coordinación y reasignación de recursos de todos estos organismos que andan dando vueltas y que abordan el tema, directa o tangencialmente, puede ser una buena propuesta, sin que encarezca en exceso el proyecto.
Asimismo, considero necesario precisar funciones y facultades "de terreno"; es decir, cómo operan las coordinaciones, cuáles son las atribuciones para movilizar a los actores de la seguridad pública. Hablo de la parte operativa de la seguridad ciudadana, donde estimo que todavía hay que trabajar más.
Pero me parece interesante la idea de situar la seguridad ciudadana a partir de la comuna. Espero que después tenga coherencia con la región, con el país, y que ese diseño descentralizado se pueda aplicar igualmente cuando discutamos la situación de la ONEMI, cuya labor también debe partir de la comuna, para ir asumiendo, de modo paulatino, distintos grados de la institucionalidad, según vaya escalando el problema, la catástrofe o el conflicto a abordar.
Voy a votar a favor del proyecto.

El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, tal como expresó el Senador Espina en el informe que rindió en nombre de la Comisión de Gobierno, estamos ante una buena idea, pero, a lo mejor, ante un mal proyecto.
¿Qué nos plantea la iniciativa? Que, para enfrentar los problemas de seguridad ciudadana en su comuna, el alcalde podrá tener un funcionario dedicado al tema, un director de seguridad ciudadana, y que además dispondrá de un órgano colectivo, meramente consultivo, que se podrá reunir una vez al mes.
De ahí que, a mi entender, estamos estructurando de manera equivocada una tarea fundamental como la seguridad ciudadana. Y esto, porque los órganos dedicados a ella no tienen una expresión comunal, sino, a lo más, provincial. Y sus directrices emanan desde el gobierno central, particularmente del Ministerio del Interior. Además, la investigación criminal tiene en el Ministerio Público su órgano respectivo.
Por lo tanto, ¿qué puede hacer una municipalidad en este ámbito? Apoyar las acciones de seguridad ciudadana de acuerdo a los requerimientos o a las necesidades de los órganos provinciales o nacionales vinculados con el tema y contribuir con su opinión acerca de lo que se puede hacer en determinada comuna. Y para eso las normas de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades parecen ser suficientes.
Lo importante, en consecuencia, no radica tanto en modificar una legislación como en aplicar políticas públicas sobre seguridad ciudadana a nivel comunal.
Diez años atrás o algo más, se intentó hacer algo similar con los planes cuadrantes, que tienen una expresión comunal a través de la organización de Carabineros de Chile en la materia. Hoy, sabemos que ese procedimiento se halla en revisión.
Muchos municipios, mediante sus concejos comunales y sus alcaldes, solicitaron en su momento, y siguen solicitando ahora, una expresión de los planes cuadrantes, como política pública, en cada uno de sus territorios. Y sería bueno conocer cuál va a ser la evaluación, la revisión, la reingeniería de ese instrumento básico de seguridad que gran parte de las comunas tiene, no solo las grandes, sino, como en el caso de la Octava Región, algunas menos que medianas. Pero, como digo, se trata de una política pública que claramente requiere una reingeniería, una revisión, una evaluación.
Por ende, creo que debemos analizar con mucha precisión cuál es el rol distinto que las municipalidades pueden cumplir en esta materia. No vaya a ser cosa que traslademos la responsabilidad de todo lo que significa la persecución del delito, la tranquilidad ciudadana y la seguridad pública hacia los municipios y sus alcaldes. Podría ser algo no deseado y terriblemente peligroso que estos fueran evaluados por el control de la delincuencia en cada uno de sus territorios.
Las municipalidades podrán apoyar, podrán colaborar, podrán aportar, pero no hay duda de que no pueden ser responsables de la seguridad ciudadana, materia que, constitucional y legalmente, corresponde a otras instancias. Y si un municipio nombra -será facultativo- a un director de seguridad pública, aplicando la legislación, se tenderá a llevar tal responsabilidad. Porque, ¿cuáles van a ser las tareas de un director de seguridad pública? A lo mejor van a estar establecidas de una manera amplia en la ley, pero la ciudadanía va a entender que la municipalidad está asumiendo una responsabilidad mayor, porque verá en el alcalde y en el consejo a las autoridades más cercanas para conversar todos estos asuntos.
Creo que los municipios deben participar, colaborar, aportar y generar instancias de participación para que sean las autoridades respectivas, cuyas facultades son perseguir el delito y llevar adelante las políticas de seguridad ciudadana, las que asuman dichas tareas.
Este proyecto -lo decía ya la Senadora Van Rysselberghe- genera una distorsión enorme. El gobernador, que es el responsable político de la seguridad ciudadana en la respectiva provincia, será un miembro más del consejo comunal de seguridad pública. Y eso genera, sin duda, una distorsión.
Voy a votar a favor, señor Presidente, en el entendido de que estamos ante una buena idea, aunque mal expresada en el proyecto, el cual, por lo tanto, requerirá una revisión muy a fondo.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, es evidente que este proyecto cuenta con un amplio respaldo de la ciudadanía y de este Parlamento. Creo que contiene una buena idea y que va en la línea correcta. Por eso, felicito que el Subsecretario y el Ministerio del Interior lo estén impulsando. Sin embargo, pienso que adolece de algunos problemas en aspectos relativos al real diagnóstico de la seguridad pública en nuestro país, los cuales deberán ser revisados durante la discusión particular.
Hoy, claramente, se observa una disparidad en el tratamiento de la seguridad pública en el ámbito comunal a lo largo de Chile.
Hace un par de días supimos que en Chicureo, sector pudiente de Santiago, los vecinos o alguna organización de la zona estaban dispuestos a aportar un terreno para la instalación de una comisaría. Acá tengo la noticia. Y la misma situación se vive en otros sitios acomodados.
Desgraciadamente, en esos lugares, por la capacidad económica de los municipios y de los vecinos, se elaboran planes o programas de seguridad que son bien recibidos y que se tramitan bastante rápido.
Sin embargo, existen otras realidades, como la de Nontuelá, localidad ubicada en la comuna de Futrono. El Senador Allamand a lo mejor fue alguna vez por allá, porque correspondía a su excircunscripción. Ahí se celebró un audiencia en la que participaron el General Director de Carabineros, señor González Jure, junto a la Alcaldesa y concejales de la comuna y a los directivos del colegio de esa pequeña localidad rural. Es un lugar donde ha habido enorme cantidad de robos. La semana pasada se sustrajeron todos los computadores de la escuela pública, y en la anterior se cometió un robo en el Comité de Agua Potable Rural.
Pues bien, si el propio General Director de Carabineros se compromete, delante de las autoridades, a tener vigilancia en la localidad -al menos a ubicar ahí un retén móvil- y eso no se cumple, lo que inspira esta ley claramente no funcionará.
Se trata de una zona rural, pobre, de región, que contrasta con la situación de Chicureo, donde Carabineros está presente, con la cara llena de risa, y donde cuenta con la ayuda de los vecinos. Y eso -y perdone que se lo diga, señor Subsecretario, a través de la Mesa- es lo que nosotros, a través de esta ley, tenemos que cambiar: la ruralidad.
Los problemas delictuales de los municipios de Santiago, especialmente de aquellos que cuentan con grandes presupuestos, son fáciles de abordar. Hay recursos, hay presencia mediática. Pero cuando en Nontuelá, en Crucero, en Río Bueno, en la costa de Valdivia, le roban a un pequeño agricultor, a un modesto vecino, cuando se roban animales en un sector rural, ¿de qué manera el ciudadano afectado puede cubrirse y sacar adelante su proyecto?
Aquí, señor Subsecretario, más que la creación de consejos comunales de seguridad pública y la elaboración de planes comunales de seguridad, debe existir una obligación de coordinación entre todos los servicios. No es posible -estamos discutiendo, en la Comisión de Constitución, los indicadores que le solicitamos al Ministerio Público sobre el particular- que los casos de delitos en que no hay un autor o un imputado conocido se archiven provisionalmente. Por eso, el vecino de un sector rural o de una pequeña localidad muchas veces prefiere no llevar adelante su denuncia porque sabe que ella no conducirá a nada.
Entonces, si no obligamos a una coordinación efectiva a las distintas instituciones (Carabineros, Policía de Investigaciones, Ministerio Público, ONEMI, en fin), claramente no vamos a tener el desarrollo y la implementación que se esperan. Si, como bien señalaba el Senador Montes, no se lleva a cabo una política pública de combate contra la delincuencia en que intervengan las escuelas, las iglesias, las juntas de vecinos, no vamos a ver resultados positivos.
Yo me pregunto -sería bueno tener las estadísticas- de qué manera ha bajado la delincuencia con los 6 mil carabineros que aprobamos el año pasado. ¡Seis mil nuevos carabineros! Porque ese aumento no se ha sentido en las poblaciones.
Se trata de conseguir un retén móvil, y el propio General Director se compromete a algo que no puede cumplir. ¡Qué credibilidad va a tener la comunidad! ¡Qué credibilidad queda para los afectados! ¡Con qué cara la presidenta de la junta de vecinos de Nontuelá, en Futrono, les explica a los demás pobladores que, luego de haberse reunido con la máxima autoridad de Carabineros, lo prometido no se va a cumplir!
Hay que mejorar y perfeccionar el proyecto, pero, mientras no tengamos el compromiso y la obligación de Carabineros en cuanto a participar en las instancias que se crean, sus disposiciones serán letra muerta y se seguirá manteniendo la inequidad que existe entre las grandes comunas de las áreas metropolitanas y las pequeñas comunas rurales.
He dicho.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, quiero expresar que, en términos generales, este proyecto apunta en la dirección correcta: empoderar a las localidades en la labor de prevención y persecución del delito, aunque en coordinación con las instituciones con competencia en el área.
Está claro que lo primero que se regionaliza en Chile es la delincuencia y no precisamente las instituciones. Así que ahí hay un trabajo paralelo importante que hacer.
Además, me permito solicitar que este proyecto sea visto también por la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Senado, en la cual se han planteado medidas bien concretas.
Hay un ejemplo en la propia institución de Carabineros, donde existe una sección o unidad de "carabineros comunitarios", que son los que recorren casa a casa, las juntas de vecinos, los barrios. Pero son los vecinos los que mejor conocen los tipos de delitos que se cometen y dónde están sus autores. Sin embargo, por las razones que aquí se han señalado, no se atreven a hacer las denuncias, por ser ellos los primeros en recibir represalias, antes de que la Justicia y todos los procedimientos, que son bastante largos, puedan operar.
Hay que apuntar en la dirección correcta y empoderar bien a todas las instituciones involucradas, sin dejar la tarea, obviamente, solo bajo la esfera del alcalde, que ya tiene demasiadas funciones. Le hemos dado lo ambiental, lo deportivo y una serie de otras cosas más.
En esta materia entiendo lo que ha planteado el señor Subsecretario. Va a haber un incremento en los recursos a través de los planes comunales de seguridad pública, con acceso al Fondo Nacional de Seguridad Pública, además de un financiamiento especial para las comunas que tengan gran población flotante. Obviamente, los delincuentes también veranean.
En resumen, considero muy importante que la Comisión de Seguridad Ciudadana informe asimismo este proyecto y que se logre garantizar las coordinaciones que aquí se han planteado, en forma previa a la implementación de la normativa en estudio.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, en primer lugar, quiero felicitar la presentación de esta iniciativa y, además, contarles que tuve la oportunidad, junto con el Subsecretario, de estar en Concón, comuna de la Región que se adelantó a la promulgación de esta normativa en proyecto al generar un consejo comunal de seguridad, el cual eligió a sus representantes.
Ahí pudimos delinear cómo la sociedad civil en conjunto con las autoridades podían ser capaces de elaborar un primer plan comunal de seguridad pública, y a partir de ese plan, en el que están integradas las policías, Carabineros e Investigaciones, enfocarse en los temas de primera fuente que dicen relación con determinar dónde radican los problemas de seguridad pública. Ello, teniendo en consideración que muchas veces contamos con cifras negras, las cuales provienen fundamentalmente de personas que al final optan por no denunciar.
Hace unos días se publicó una encuesta en nuestra Región, cuyos resultados son particularmente importantes. Se concluye que Valparaíso y Viña del Mar son las dos comunas donde los índices de victimización de delitos sobrepasan el promedio nacional, que es de 43 por ciento. En efecto, el índice de victimización de ellas -y en las tribunas nos acompañan los coves de seguridad pública de la comuna de Viña del Mar- es de 48 por ciento.
Entonces, el punto es cómo resolvemos los problemas de fondo.
Hay una decepción profunda, ¡una decepción profunda!, de numerosas personas que denuncian, porque finalmente solo en el 3,5 por ciento de los casos se reconoce que ha habido algún resultado o los afectados se sienten en parte satisfechos. El resto se ha visto enfrentado a la circunstancia de que sus denuncias han debido ser archivadas por tratarse de delitos menores, como muchas veces los califican los tribunales o la propia fiscalía, o bien de que no haya una acción que permita perseguir de manera efectiva el ilícito y a los responsables.
Por eso, los consejos comunales de seguridad pública significan un cambio importante en el diseño de la política comunal de seguridad pública. Porque justamente los representantes de la ciudadanía, que en las comunas de Viña del Mar y Concón resultan muy activos, son quienes constituyen los coves de seguridad, los cuales permiten focalizar aquella información no disponible para Carabineros e Investigaciones y les señalan a estos donde hay mayor ocurrencia de delitos.
Les quiero contar que el ejercicio que hemos realizado con los coves de seguridad pública tanto en Viña del Mar como en Valparaíso -reitero: son las dos comunas donde el índice de victimización es superior al promedio nacional- ha significado que los propios vecinos alerten a las policías respecto de los temas de seguridad pública, que no pasan simplemente por el hecho de que exista mayor presencia policial, sino que más bien se vinculan con situaciones de alumbrado público, con focos de microtráfico y con lugares donde se cometen algunos delitos conexos.
Entonces, ¿cuál es el aspecto de fondo?
Junto con el Senador Alberto Espina presentamos un sinnúmero de proyectos de ley, una agenda de seguridad pública. Pero ha pasado más de un año y todavía, señor Subsecretario -por su intermedio, señor Presidente-, no se ha puesto urgencia legislativa para poder resolver estas materias.
Frente a eso, ¿qué dice la ciudadanía? "El Congreso Nacional no hace nada ante el avance de la delincuencia". Y, por lo mismo, nosotros le pedimos al Ministerio del Interior que les coloque urgencia a dichas iniciativas.
Un aspecto importante en ese sentido dice relación con el control de identidad. Hay 66 mil individuos con orden de detención por delitos graves y las policías no tienen facultad para pedir la cédula identidad. Sí lo pueden hacer cuando la persona está conduciendo un vehículo, pero no si anda a pie.
¿Qué pasa con esos 66 mil infractores que hoy día deambulan por las calles y que tienen órdenes de aprehensión, respecto a las cuales no hay posibilidad alguna de que en definitiva la policía adopte medidas?
Señor Presidente, ¿me concede 30 segundos para terminar?

El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Dispone de un minuto, señor Senador.

El señor CHAHUÁN.- Gracias, señor Presidente.
Por último, simplemente deseo señalar que en esto tiene que haber una acción de política integral para efectos de brindar seguridad ciudadana.
Ello pasa no solo por los consejos comunales de seguridad pública y los planes comunales que se proponen, que son un progreso (por cierto, veremos cómo se constituyen ellos en el futuro en Viña del Mar y en Valparaíso, porque ya lo hicieron en Concón. Agradezco a su alcalde el haberse adelantado); pues, además, se requiere avanzar en los cambios legislativos urgentes. Y para eso se necesita voluntad del Ministro del Interior.
Le quiero pedir al Subsecretario -por su intermedio, señor Presidente- que transmita a la Cartera del Interior que la ciudadanía no puede seguir esperando, ¡la ciudadanía no puede seguir esperando! Ella se está organizando para solicitarle al Gobierno que los asuntos de seguridad pública sean abordados a la mayor brevedad.
--(Aplausos en tribunas).

El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Moreira.

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, yo fui alcalde de una de las comunas más grandes de Chile: La Cisterna, y también Diputado durante veinte años en representación de las comunas de El Bosque, La Cisterna y San Ramón.
Y como tal -lo digo con el debido respeto- la verdad es que sé de las buenas intenciones que todos pueden tener en sus discursos. Pero siempre estamos hablando de lo mismo. ¡Lamentablemente, las cosas no cambian!
Yo soy de los que piensan que en estas materias hay que aplicar la ley, ¡aplicar la ley!, y de que se otorguen mayores atribuciones a las policías.
Aquí no se trata de un problema relativo al lugar donde vive la gente. Quien me antecedió en el uso de la palabra hablaba de -¿cómo se llama el sector?-...

El señor ROSSI.- Chicureo.

El señor MOREIRA.- ... "Chicureo".
Y quiero decirles que la mayor cantidad de personas que viven ahí ganan la mitad de lo que perciben los Diputados o los Senadores. Así que no creo que residan ahí los ricos.
Por lo tanto, hay que ser cuidadoso con lo que se dice, pues el tema de la delincuencia no tiene color político, ni es un problema de clases sociales. Ataca a todos por igual.
Si nosotros hiciéramos un compendio de todos estos discursos, nos daríamos cuenta de que siempre es lo mismo. Porque la sensación, la sensibilidad de la gente es que todo sigue como estaba.
No dudo de que los Gobiernos anteriores, independiente de su tendencia, hicieron esfuerzos. Pero nadie, ¡nadie!, ha ganado la batalla contra la delincuencia.
En efecto, se han llevado a cabo programas de prevención, construido plazas, instalado luces, implementado planes cuadrantes. Pero la realidad es la misma de siempre, ¡la misma de siempre!
Claramente, en este proyecto que vamos a aprobar -quién se va a negar a eso- se habla de "El desarrollo, implementación, promoción y apoyo de acciones de prevención social, situacional, la celebración de convenios con otras entidades públicas para la aplicación de planes de reinserción social, así como también la adopción de medidas en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal, sin perjuicio de las funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública" y de las policías, etcétera.
Estimo que hay una buena intención al pretender establecer consejos comunales y planes comunales de seguridad pública. Sin embargo, créanme, mientras no exista la voluntad de aplicar la ley, ¡solo de aplicar la ley!, de que los tribunales cumplan su labor de sancionar a todas las personas que no la acaten, no podremos seguir avanzando.
Ahora bien, en esto surgen temas que se encuentran íntimamente ligados. Lo digo porque las cárceles siguen siendo las universidades para poder delinquir. Son muy pocas a las que se les llama "cárceles modernas". ¿Qué pasa con las otras, con el hacinamiento? ¿Cómo se vive ahí? ¿De qué manera vamos a reinsertar a la gente?
Por cierto, este proyecto es una especie de instrumento capaz de llenar un vacío; lamentablemente, en la práctica los resultados no van a ser satisfactorios. Sin embargo, nadie se negará a aprobar una iniciativa de esta naturaleza.
A mi juicio, el que logre ganarle la batalla a los problemas relacionados con la salud y la delincuencia va a ser un Gobierno perpetuo, elegido democráticamente siempre por la gente. Porque son dos cosas en las cuales estamos al debe como sociedad.
En consecuencia, señor Presidente, me quiero quedar con dos conceptos: aplicación de la ley en forma implacable; no estar siempre preocupados por los derechos de los victimarios y no de las víctimas.
Un sector del Parlamento no puede seguir teniendo complejos para darles mayores herramientas a la policía a fin de que cumpla su deber.
Créanme que, aunque se hagan con la mejor intención, todos los discursos elocuentes en contra de la delincuencia que muchas veces se pronuncian aquí, en el Parlamento, serán solo palabras, porque en la práctica los ciudadanos se sienten indefensos.
Yo le pedí a mi Gobierno, y ahora se lo pido al actual, que aplique la ley con mayor energía, y que se entreguen las herramientas necesarias para que la policía chilena, Carabineros e Investigaciones, cumpla con su deber.
--(Aplausos en tribunas).

El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Recuerdo a quienes nos acompañan en las tribunas que al menos están funcionando tres Comisiones en paralelo con el Hemiciclo. De allí que los Senadores están trabajando en sus respectivas Comisiones, pero concurren a votar cuando suenan los timbres.
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El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Solicito autorización a la Sala para que pase a reemplazarme en la testera el Senador señor Chahuán, a fin de poder hacer uso de la palabra.
Acordado.
--Pasa a dirigir la sesión el Honorable señor Chahuán, en calidad de Presidente accidental.
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El señor CHAHUÁN (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la verdad es que el anuncio de la constitución de los consejos comunales y los planes comunales de seguridad pública debiera ser siempre una buena noticia. Hay más acción; aunque algunos dirán más burocracia.
Existen varias percepciones en la Sala que han quedado de manifiesto.
El Senador Espina dice en el informe que este es un buen proyecto, pero hay que perfeccionarlo. El Senador Víctor Pérez señala que es una mala iniciativa y se la debe mejorar. Los Senadores de la Nueva Mayoría afirman que es un mal proyecto, pero hay que hacerle ajustes.
En definitiva, estamos en presencia de una buena idea, que requiere revisión, pero sobre todo ¡financiamiento!
O sea, yo diría que cometeríamos un grave error al cargar sobre los hombros de nuestros alcaldes una nueva responsabilidad, sin tener los recursos necesarios para que esto se desarrolle.
Los dineros previstos son 17 mil millones de pesos para 74 comunas, que concentran el 75 por ciento de la población. Al hacer la división, se obtienen 229 millones para esas comunas inmensas, o sea, cerca de un millón de pesos al día; y para las pequeñas -hay muchas- solo 17 millones. ¡Estamos hablando de 17 millones de pesos al año para ejecutar estos planes!
Esas cifras, señor Subsecretario, las saqué del informe.
Sería bueno saber si existe un monto ya fijado (tenemos que discutir el presupuesto) y un informe acerca de cuánto se necesita para echar a andar este programa. Porque, en su etapa inicial, todos los programas precisan mayor gasto, mayor inversión.
En tal sentido, en los planes de financiamiento se contemplan Convenios Trianuales, el Fondo Nacional de Seguridad Pública, y el 2 por ciento del Fondo de Desarrollo Regional.
Por cierto, la lucha contra la delincuencia debe darse con todo y con todos. Y me llama la atención que el Consejo Comunal de Seguridad Pública esté integrado por el alcalde, dos concejales, un oficial de Carabineros, un oficial de la PDI, un fiscal adjunto o jefe de fiscalía local, y dos representantes del Consejo de Organizaciones Civiles.
Pero quiero decirle al Subsecretario Antonio Frey -por su intermedio, señor Presidente- que, en cuanto a la conformación del Consejo Comunal de Seguridad Pública, en el texto se dispone que este tendrá las siguientes funciones:
a) Efectuar, a petición del alcalde, el diagnóstico del estado de situación.
b) Suministrar antecedentes y entregar opinión al alcalde.
c) Emitir opinión respecto de las ordenanzas que, conforme a los artículos 12 y 65, letra k), se dicten.
d) Efectuar el seguimiento y monitoreo.
e) Apoyar técnicamente, a petición del alcalde, la ejecución de los proyectos.
f) Constituirse en instancia de coordinación comunal, en materias de seguridad pública.
g) Emitir opinión, a petición del alcalde.
En verdad, si a los miembros de la sociedad civil y a los constituyentes les decimos que todas las funciones serán a petición del alcalde, de haber uno que pida poco o nada, no las va a solicitar.
Y quiero recordar que los CESCO, a nivel municipal, dejaron de ser eficientes porque no deciden nada.
O se da poder real a estos consejos para que se sientan motivados a participar, o quedan sometidos al arbitrio del alcalde. Y hay alcaldes autoritarios, otros más monárquicos, otros más democráticos, ¡hay de todo y de todos los signos!
Por lo tanto, esta centralidad, en el sentido de incorporar la frase "a petición del alcalde", creo que debe suprimirse. Porque se trata de una tarea de todos y de interés del bien común. El Consejo no puede funcionar solo a petición del alcalde, sino de la ciudadanía, de una mayoría de sus miembros.
Por eso, pienso que debemos revisar el proyecto.
Asimismo, en el artículo 104 F, se señala que los planes de seguridad tendrán que ser publicados en la página web municipal.
Frente a eso, yo hago una reserva: en los planes de seguridad hay partes que se pueden informar, ¡pero no podemos darles a conocer a los delincuentes cómo los vamos a ir a pillar, cómo los vamos a ir a fiscalizar...! Los planes de seguridad han de tener un grado de reserva importante para que sean efectivos.
En tal sentido, hay que revisar cuánto de esta información se publica en las páginas web.
Siento que se proponen lineamientos generales referidos a cómo participar, pero, como está escrito, parece que se va a publicar la totalidad de los planes de seguridad.
Del mismo modo, quiero recordar que solo la prevención...
Está por culminar mi tiempo, señor Presidente, ¿me concede un minuto más?

El señor CHAHUÁN (Presidente accidental).- Sí, señor Senador.

El señor NAVARRO.- Gracias.
Decía que solo la prevención, y particularmente la reinserción y la rehabilitación, van a garantizar una lucha efectiva contra la delincuencia.
El Senador Espina ha participado en estos temas durante años, desde cuando estaba en la Cámara de Diputados. Claramente, la delincuencia sigue creciendo porque el 60 por ciento de quienes están en las cárceles públicas reinciden. Y la política de Gendarmería carece de programas eficaces, financiados, para rehabilitar y hacer reinserción. La iglesia evangélica es la única entidad que ha tenido éxito verdadero, porque tiene redes sociales de apoyo: cuando una persona se rehabilita llega al seno de una comunidad fuera de la cárcel, que le permite no volver a reincidir.
Mientras tanto, todo lo que efectuemos en materia de seguridad no resultará si no logramos hacer algo con respecto al porcentaje de más de 27 por ciento de primerizos en las cárceles, que por primera vez han delinquido.
Si no conseguimos rescatar, reinsertar, rehabilitar, con mayor inversión, la verdad es que estaremos colocando un parche curita, aplicando pomadas, en circunstancias de que tenemos un problema interno muy fuerte, que requiere cirugía.
Hay que invertir más en prevención y en la rehabilitación y la reinserción social de los condenados y procesados.
Por lo tanto, voto a favor. Y, por cierto, presentaremos las indicaciones pertinentes.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

El señor CHAHUÁN (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina, quien intervino como Senador informante, y ahora hará uso de su derecho a usar de la palabra en la discusión del proyecto.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, seré muy breve, porque luego de escuchar atentamente las intervenciones de las señoras y los señores Senadores, he podido constatar que han surgido muy buenos aportes.
Yo pido que, cuando se abra un plazo para formular indicaciones, mejoremos esta iniciativa con la colaboración de todos, porque esto va mucho más allá de los cinco miembros de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Nosotros aprobamos el proyecto en general, señor Presidente, a sabiendas de que presenta serias imperfecciones.
Porque podríamos seguir este camino: esperar a que recibiéramos a todos nuestros invitados; luego, votar la idea en general y, posteriormente, discutir las indicaciones.
Pero, de hacerlo así, tendríamos aprobado este proyecto en tres, cuatro o cinco meses más. Y creo que ya no es posible legislar a ese ritmo.
Entonces, votamos la idea de legislar, dejando constancia en el informe de que habrá una sesión a la que invitaremos a todas las personas que, de una u otra manera, pueden colaborar en este informe: alcaldes, concejales, exfuncionarios de Gobierno, que han participado en este tema, que tienen experiencia.
Muchas de las cosas que se han dicho aquí por el Senador Navarro, y por Senadores de todas las tendencias políticas: Baldo Prokurica, Francisco Chahuán, Felipe Harboe, por todos los que han intervenido, pueden enriquecer esta iniciativa.
Y solo quiero señalar conceptualmente lo siguiente: ¿se necesita o no que la comunidad se organice para enfrentar la delincuencia?
Yo tengo una convicción: ¡Sí! No creo que exista ninguna posibilidad de enfrentar la delincuencia con éxito si solo fijamos políticas macro, porque la realidad de una comuna es distinta de la de otra y porque quienes conocen realmente la situación local son los vecinos, las organizaciones sociales y las autoridades comunales.
Entonces, ¡cómo no va a ser razonable que todas ellas se junten a dialogar!
En nuestro país los jueces de garantía, los fiscales y las policías no se reúnen. ¡No lo hacen! El magistrado establece un estándar probatorio para un delito, pero nunca lo comunica al fiscal ni a las policías. No les dice: "Miren, los criterios probatorios que estoy exigiendo son de determinadas características; por tanto, les ruego que, cuando detengan a una persona, se preocupen de tener tales y cuales pruebas".
¡No dialogan!
¡Es una cosa increíble!
Y no estoy pidiendo que los jueces de garantía dejen de lado su función de administrar justicia y resolver caso a caso.
¡Cómo va a ser razonable que en una comuna con altos niveles de delito -eso lo sabe toda la comunidad- las autoridades y las juntas de vecinos no se sienten en una mesa de trabajo a analizar la forma de enfrentar el problema, cada uno desde su visión del asunto!
El Senador Montes, con toda razón, se refirió al caso de Gendarmería, cuyos funcionarios deben vigilar a muchas personas que cumplen su condena en libertad, las que deben firmar de modo mensual o quincenal.
¡Cómo no va a ser necesario lo que se propone!
¿Tenemos la oportunidad de hacer un buen proyecto? Sí, la tenemos. Y para lograrlo hay que poner recursos.
Pero, además, debemos preocuparnos de que los programas de seguridad ciudadana sean útiles.
Hace unos días conversé con algunos cores de La Araucanía, a los que les pregunté quién evalúa la utilidad de dichos programas, que se financian con cargo al 2 por ciento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional -¡es una buena cantidad de plata!-; o sea, quién califica que determinado proyecto sirve para disminuir la delincuencia.
¡Nadie!
En esa ocasión en realidad me encontraba con el Subsecretario señor Frey. Imagino que lo recordará: llevábamos trabajando una tarde entera en su oficina y llamamos a un core, a quien le hice la consulta de la mejor manera posible. Le dije: "Cuénteme una cosa, cuando se aprueban recursos para un proyecto de seguridad, ¿alguien evalúa si este es bueno técnicamente?".
Entonces, se gasta y se gasta y se gasta y se gasta plata sin ningún sentido, pues no existe una instancia de control que determine si el programa es útil para la finalidad que se busca.
Dejaré para otra oportunidad mi análisis sobre materias preventivas, en particular lo relativo a los proyectos de ley a que hizo mención el Honorable señor Chahuán, a quien le encuentro toda la razón.
He conversado aquí con algunos colegas al respecto.
Es realmente muy difícil de entender que, habiendo en nuestro país 66 mil personas con órdenes de detención por delitos graves -también lo señaló el mencionado Senador-, la policía no pueda pedirle el carné de identidad a un ciudadano en la calle para saber si sobre él pesa alguna orden de detención.
Pero la situación resulta más ridícula todavía si se considera que un carabinero sí puede solicitar la identificación de una persona que maneja un automóvil. Todos pueden ser objeto de un control vehicular de rutina. ¡Y nadie alega!
Y el mismo control se realiza en la entrada del Congreso.
Sin embargo, un carabinero no está facultado, como sí ocurre en la mayoría de los países del mundo -basta mirar la legislación comparada-, para decirle a un ciudadano en el lugar en que se encuentre: "Me presta, por favor, su carné de identidad u otra identificación".
En ese caso se darían dos posibilidades: una, si esa persona tiene una orden de detención pendiente por delitos graves, no va a entregar el carné y saldrá arrancando, y dos, si no existe sobre ella requerimiento judicial alguno, mostrará su identificación, aunque esto efectivamente será una molestia.
¿Estamos dispuestos a sufrir esa molestia? Estoy seguro de que la inmensa mayoría de los chilenos sí, con tal de disminuir la delincuencia.
Por esas consideraciones, señor Presidente, voto a favor de la idea de legislar.
--(Aplausos en tribunas).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Hago presente a quienes nos acompañan en las tribunas que no están permitidas las manifestaciones.
Muchas gracias.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (37 votos).
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En cuanto al plazo para formular indicaciones, consulto al señor Subsecretario de Prevención del Delito o al Senador señor Espina si tienen alguna sugerencia.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, pido que el plazo sea hasta el miércoles 10 o el jueves 11 de junio.
Voy a explicar por qué.
Cumpliendo el compromiso con el Gobierno, despachamos el proyecto en general sin haber escuchado a todos los interesados ni estudiado las posibles correcciones a su texto.
Se nos viene el 21 de Mayo y luego, la semana regional.
Por lo tanto, creo que en el plazo propuesto ya habremos oído la opinión de todos los sectores involucrados, lo que nos permitirá contar con un aporte valioso para despachar una buena iniciativa.
Antes de esa fecha es imposible, considerando que ya adelantamos la tramitación del proyecto en general, cuya condición era poder realizar el debate particular con suficiente tiempo.
En consecuencia, propongo que se fije el jueves 11 de junio.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Senador señor Espina, es mejor que sea un lunes, en atención a la labor que debe desempeñar el personal de Secretaría.
¿Podría ser el 8 o 15 de junio?

El señor ESPINA.- Prefiero el 15 de junio. Así alcanzaremos a escuchar a todos los interesados sin apuro.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Si le parece a la Sala, se fijará como plazo para presentar indicaciones el lunes 15 de junio?
--Así se acuerda.

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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- En este momento ha llegado a la Mesa un mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República, con el que retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", respecto del proyecto de ley que crea quince centros de formación técnica estatales (boletín Nº 9.766-04).
--Se tiene presente la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.



PROBIDAD EN EJERCICIO DE FUNCIÓN PÚBLICA


El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre probidad en la función pública, con segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, certificado de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7.616-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 1ª, en 13 de marzo de 2012.
Informes de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 8ª, en 3 de abril de 2013.
Gobierno, Descentralización y Regionalización (segundo): sesión 16ª, en 13 de mayo de 2015.
Hacienda (certificado): sesión 16ª, en 13 de mayo de 2015.
Discusión:
Sesiones 26ª, en 22 de mayo de 2013 (queda pendiente la discusión general); 28ª, en 5 de junio de 2013 (se aprueba en general).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Hago presente que la idea de legislar fue aprobada en general en sesión de 5 de junio de 2013.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que los artículos 45, que pasó a ser 35, y 52, que pasó a ser 42, no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. Correspondería darlos por aprobados, dejando constancia del quórum, pues son normas de carácter orgánico constitucional, por lo que necesitan 22 votos para su aprobación.
Asimismo, con el mismo quórum deben acogerse el artículo 60, que pasó a ser 52, y el tercero transitorio, que pasó a ser segundo transitorio, normas que no fueron objeto de modificaciones en el segundo informe.
Dicho órgano técnico, además, realizó diversas enmiendas al texto aprobado en general, todas las cuales fueron acordadas por unanimidad.
Por su parte, la Comisión de Hacienda efectuó diversas modificaciones al proyecto despachado por la de Gobierno, todas las que aprobó de forma unánime. Estas recaen en los artículos 15, 47, 48, 49 y 53, previamente enmendados por la Comisión de Gobierno en distintos términos.
Asimismo, la Comisión de Hacienda aprobó el artículo 20 -incorporado por unanimidad en la de Gobierno- por mayoría de votos, por cuanto se abstuvo el Senador señor Coloma.
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión pertinente respecto de alguna de ellas o que existan indicaciones renovadas.
Las modificaciones unánimes también requieren, para su aprobación, el voto conforme de 22 señores Senadores, por cuanto inciden en normas de rango orgánico constitucional.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general; las enmiendas realizadas por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización; las modificaciones introducidas por la Comisión de Hacienda, y el texto final que resultaría de aprobar dichas enmiendas.
Debo agregar que el Senador señor Coloma ha solicitado votación separada de los artículos 8º, 20 y 43.
Por su parte, la Senadora señora Lily Pérez ha pedido recabar la unanimidad de la Sala para considerar dos indicaciones: una recaída en el inciso primero del artículo 1º, y otra, en el artículo 6º.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En discusión particular.

Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Gobierno, Senador señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, deseo entregar una explicación general de la iniciativa. Para ello pido que me dé tiempo suficiente, por la complejidad de la materia.
Además, quisiera hacerme cargo de algunas observaciones que ha formulado la Fundación Ciudadano Inteligente.
Desde ya, aprovecho de señalar que, si se considera conveniente acoger algunas de ellas, será perfectamente posible incluirlas en las etapas siguientes de tramitación. Cabe recordar que este proyecto se encuentra en su segundo trámite constitucional. La Cámara de Diputados lo verá en el tercer trámite.
Lo peor que podríamos hacer, si se estimara que algunas ideas planteadas por dicha organización mejoran el texto de la propuesta, es avalar lo que se ha publicado en Twitter: "Rechacemos la iniciativa o devolvámosla a la Comisión". Porque, en ese caso, estaremos demorando eternamente la tramitación.
El articulado puede ir perfeccionándose en las instancias sucesivas. Si se formulan buenas observaciones, será posible introducir cambios en el tercer trámite constitucional o en la Comisión Mixta.
Señor Presidente, este proyecto de ley se presentó en la Cámara de Diputados el 3 de mayo de 2011. Han pasado varios años.
Nuestra Comisión de Gobierno lo analizó detenidamente en particular entre el 18 de marzo y el 22 de abril del presente año, y aprobó prácticamente la totalidad de sus enmiendas por unanimidad.
¿Cuál es el objetivo de la iniciativa? Promover la probidad en las actuaciones de todos aquellos que cumplen funciones en los órganos del Estado. Para ello se busca regular separadamente la declaración de intereses, la de patrimonio, el mandato especial de administración de cartera de valores y la enajenación forzosa.
¿Qué se propone en el fondo? Hacer más exigentes las declaraciones de patrimonio y de intereses respecto de lo que rige hoy. De hecho, se plantea establecer dichas obligaciones no solo a quienes cumplen una función pública -o sea, a una autoridad-, sino también a sus cónyuges, previendo una sola situación especial: la del cónyuge separado de bienes que se niega a realizar la declaración respectiva.
¿Qué puede hacer la autoridad en tal caso; más aún, si se trata de un cónyuge separado de hecho que no tiene relación con su pareja?
Esa hipótesis se contempla en el siguiente sentido: es obligación de la autoridad o del funcionario público pertinente dejar constancia, cuando corresponda realizar la declaración de intereses y patrimonio, de que su cónyuge, hombre o mujer, se negó a entregar la información requerida.
No existe otra solución, porque no se le puede imponer por la fuerza la elaboración de esas declaraciones al cónyuge separado de bienes, pues este administra libremente su patrimonio y su pareja podría incluso desconocer los bienes que posee.
En tal caso, obviamente, quedará en el foco de la atención saber por qué esa persona no quiso efectuar las declaraciones.
Intentamos resolver este punto de otra forma, señor Presidente, pero no fue posible. En verdad, no se puede imponer la obligación en comento a un tercero que administra su propio patrimonio.
Si el cónyuge se niega a proporcionar dicha información, ¿se le va a aplicar una multa?, ¿se le va a detener?, ¿se le va a condenar por un delito? o ¿se va a obligar al funcionario público, sea hombre o mujer, a renunciar a su cargo? Nada de eso. Simplemente, se dejará constancia de dicha negativa bajo juramento.
Ante esa circunstancia, toda la tensión quedará centrada en averiguar por qué el cónyuge no quiso entregar los antecedentes correspondientes. Y lo más probable es que la información salga a la luz pública. Por lo tanto, creemos que esa situación será muy muy especial y extrema.
Por otra parte, se extiende la obligación de realizar declaración de intereses y patrimonio a todas las autoridades, entre las cuales destaco:
-Senadores y Diputados (ellos ya lo hacen), y altos funcionarios del Parlamento, del Poder Judicial y de la Fiscalía.
-Ministros de Estado, ministros consejeros y cónsules.
-Consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos y miembros del Consejo Nacional de Televisión.
-Alcaldes, concejales y consejeros regionales.
-Defensores locales de la Defensoría Penal Pública.
-Presidentes y directores de corporaciones y fundaciones que presten servicios o tengan contratos vigentes con la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, sea que perciban o no una remuneración.
-Personas contratadas a honorarios que presten servicios en la Administración del Estado, cuando perciban regularmente una remuneración igual o superior al promedio mensual de la recibida anualmente por un funcionario que se desempeñe en tercer nivel jerárquico.
¡Atención! Incorporar este último caso es un cambio bien importante, porque hoy las personas contratadas bajo dicho régimen no están obligadas a hacer declaraciones de intereses y patrimonio. Se trata de trabajadores que muchas veces llevan años en esa condición, situación que -entre paréntesis- es bastante irregular. Lo razonable es que, luego de un tiempo, pasen a ser de planta o a contrata. Pero nuestro sistema presenta ahí una vulneración flagrante de la legislación laboral por parte del Estado.
Pese a ello, se incluye a las personas a honorarios entre quienes deben cumplir la referida obligación.
También se establece que quien no realice la declaración de intereses y patrimonio será requerido por la autoridad pertinente. Y si persiste en no hacerlo, en caso de ser funcionario de la Administración Pública, perderá el cargo a través de un procedimiento establecido al efecto.
Los integrantes de la Comisión de Gobierno presentaron una moción para establecer como causal de cesación en el cargo la negativa reiterada de parlamentarios, miembros de la Corte Suprema y Fiscal Nacional a cumplir la obligación de hacer la declaración de intereses y patrimonio, habiendo sido apercibidos para ello.
Para ponerlo en castellano: si un Diputado o un Senador el día de mañana es requerido para que actualice su declaración (cabe considerar que cualquier ciudadano -¡cualquiera!- puede solicitar que se aclare la información proporcionada por una autoridad) y se niega, ¿a quién se acude? A la Comisión de Ética. Si se trata de un funcionario de la Administración Pública, se recurrirá a la Contraloría General de la República.
Repito: cualquier ciudadano puede requerir que se complemente una declaración de intereses y patrimonio. Y si no se corrigiere, reiterándose la falta de voluntad de algunas de las autoridades señaladas, simplemente se consideraría causal de cesación en el cargo.
Para ello, en el caso de los parlamentarios, se recurrirá al Tribunal Constitucional. Este es el órgano encargado de declarar el cese de tales funciones.
Respecto de los miembros de la Corte Suprema, dicha negativa será causal de acusación constitucional.
Y en el caso del Fiscal Nacional, corresponde que actúe la Corte Suprema, porque, de acuerdo a nuestra institucionalidad, esta tiene la facultad para remover a la referida autoridad.
Por otro lado, el proyecto establece, detalladamente, el contenido de la declaración de intereses y patrimonio.
No basta con señalar que se cuenta con determinados intereses en una actividad equis o con tal patrimonio. Ello debe ser registrado en detalle, indicando el valor y todos los aspectos que propone la iniciativa. La idea es precisar con exactitud la realidad patrimonial de una persona.
¿Con qué propósito? Conocer el patrimonio de una autoridad al inicio del servicio público y también cuando termine sus funciones. Interesa saber cómo ese funcionario justifica la diferencia que se produce entre una y otra declaración, a fin de determinar si aquella obedece a ingresos legítimos o a un enriquecimiento indebido o ilícito.
Respecto de los funcionarios públicos, se establece que corresponderá a la Contraloría General de la República llevar registro de toda la información. Y fue el propio Órgano Contralor el que solicitó recibir toda la información y tener facultades para pedir a cualquier órgano público la entrega de datos a fin de chequear la veracidad de una declaración de patrimonio y de intereses.
En cuanto a las demás autoridades, se indica qué institución corresponde en cada caso. Los parlamentarios están sometidos a la Comisión de Ética respectiva. Y cualquier ciudadano, si considera que la declaración es indebida, tiene derecho a requerir de la Comisión de Ética un pronunciamiento para que esta se vea en la obligación -todos los datos son públicos, al igual que nuestras declaraciones de patrimonio y de intereses- de decirle al parlamentario: "Su declaración de patrimonio o de intereses está incompleta o le faltan antecedentes".
Ahora quiero referirme -para no extenderme, señor Presidente- a la enajenación forzosa.
Se establece que las autoridades no podrán poseer acciones o derechos en sociedades o empresas que tengan actividades comerciales con el Estado.
En castellano: un parlamentario no puede tener acciones o derechos en sociedades que realizan transacciones con el Estado, porque hay una incompatibilidad de intereses. Lo mismo ocurre con un Ministro respecto de su área de trabajo, al igual que con el alcalde y los concejales.
Estoy explicando en términos generales porque, de lo contrario, tendría que leer el articulado entero. Por eso voy a lo esencial.
En la norma a que me refiero se establece la llamada "enajenación forzosa de patrimonio". La idea es que si el día de mañana uno entra al servicio público en calidad de parlamentario o de autoridad de Gobierno y lleva a cabo negocios o realiza una actividad que implica contratos vigentes con el Estado, tendrá que optar: para asumir el cargo deberá vender los derechos.
En la Comisión de Gobierno estimamos que no era posible fijar un piso de 5 por ciento -así lo determinaba el texto original-, porque eso depende de la magnitud de la empresa. Por lo tanto, deberán vender obligatoriamente los derechos. ¡Venderlos!
Otro punto relevante se refiere al mandato especial de administración de cartera de valores y la enajenación forzosa.
El asunto consiste en qué ocurre cuando una autoridad posee acciones. Se determina que si el monto -la cantidad puede ser discutible; la bajamos a la mitad, como recordarán los señores Senadores de la Comisión, o a una cifra bastante menor que la del texto aprobado por la Cámara de Diputados- del patrimonio supera las 25 mil UF, la autoridad tiene dos caminos: vender y, por lo tanto, deshacerse de las acciones, o entregar su administración, a través de toda una reglamentación rígida, a un fideicomiso ciego, es decir, a un tercero que, además, no puede comprar acciones de la misma empresa en donde las tenía el mandante.
Me explico: una autoridad que tiene acciones en cierta empresa no puede constituir un fideicomiso ciego para que se administren sus acciones en esa misma empresa por un tercero, porque obviamente sabrá que esos instrumentos comerciales se hallan allí y, por lo tanto, el conflicto de la decisión se mantendrá.
Por lo tanto, debe diversificar su patrimonio.
Obviamente, habrá duras sanciones, para que no exista ningún contacto entre el mandante y el mandatario.
Como dije, hay dos posibilidades: el fideicomiso ciego o la venta.
Más adelante se detallan una serie de normas que regulan cada una de estas materias.
Solo quiero manifestar a los parlamentarios y a las instituciones que pudieran tener sugerencias que existe el mayor ánimo para que durante la tramitación del proyecto ellas se incorporen.
La Fundación Ciudadano Inteligente hizo llegar un documento en el que formula varias observaciones. Consideramos que algunas podrían ser válidas y que otras estarían equivocadas.
Si desean, me referiré más adelante a ellas, aunque creo que los señores Senadores tienen al menos claro el concepto general.
Lo único que deseo señalar es que nadie pretendió no legislar bien o no hacer bien la pega.
Si algo se debe perfeccionar en este proyecto, puede hacerse cuando salga del Senado y vaya a tercer trámite -lo reitero, para la historia fidedigna de la ley- en la Cámara de Diputados. Y si en esa instancia se estima que existen materias que deben incorporarse, como se hace siempre en la discusión de un proyecto de ley, en el trámite de Comisión Mixta es posible agregarlas sin ninguna dificultad.
Todas las sesiones que realizamos fueron abiertas, públicas; pudo entrar la prensa; no hubo limitaciones para nadie.
En consecuencia, toda buena idea para perfeccionar la iniciativa es bienvenida.
En lo que no estoy de acuerdo es -insisto- en que se diga: "Rechacen el proyecto". Hacer eso implicaría que regresara a Comisión y paralizar su despacho durante un mes, porque o detenemos su tratamiento o el de la iniciativa que reemplaza a la ONEMI o el de los proyectos sobre regionalización.
En suma, tenemos que tramitar todos los proyectos. Por eso, agradezco el esfuerzo de los miembros de la Comisión de Gobierno, Senadores Andrés Zaldívar, Hernán Larraín...

El señor LAGOS.- ¡Quinteros!

El señor ESPINA.- ... el Senador Quinteros, y no recuerdo quién más. Pido disculpas si se queda alguno en el tintero.

El señor LARRAÍN.- ¡Carlos Bianchi!

El señor ESPINA.- El Senador Carlos Bianchi.
Todos ellos participaron activamente en el debate de esta iniciativa. Además, varios otros colegas hicieron sus aportes.
¿El proyecto es perfectible? ¡Lo es! Pero lo que no podemos esperar es la perfección pura y seguir trancándolo.
Por lo tanto, todas aquellas sugerencias de instituciones, bienvenidas sean, porque el proyecto no se ha despachado.
Pero no estamos dispuestos a paralizarlo durante treinta días, para que vuelva a la Sala y pasen seis meses más y nunca se apruebe.
Tenemos que despachar la iniciativa. Y acogeremos todas las propuestas formuladas, muchas de las cuales considero interesantes, aunque otras no las comparto. Las sesiones serán abiertas al público y en su discusión durante el tercer trámite o en Comisión Mixta tratemos de sacar adelante la mejor normativa posible, para elevar los estándares de probidad, pues eso espera la ciudadanía de todos nosotros.
Tal es el sentido de esta iniciativa.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Señores Senadores, hay varios proyectos con urgencia calificada de "discusión inmediata" o "suma". El martes analizaremos los relativos a la permanencia de tropas en Haití, a la ley marco para la inversión extranjera en Chile y a la creación de universidades estatales en las Regiones de O'Higgins y de Aisén.
En cuanto a la iniciativa en debate, la urgencia vence el lunes próximo y tenemos varias votaciones pendientes.
Si no alcanzamos a despacharla hoy, tendré que citar a sesión para el lunes en la tarde.
En consecuencia, les pido, por favor, que acoten los plazos.
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El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, solicito recabar autorización para que la Comisión Especial de Probidad y Transparencia sesione en forma paralela con la Sala a contar de las 19.

El señor COLOMA.- ¡Es incompatible!

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En este proyecto, que también es de probidad y transparencia, debemos votar normas de quórum especial.
No hay acuerdo de la Sala.
)---------------(

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Como se señaló en la relación, no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los artículos 45, que pasó a ser 35, y 52, que pasó a ser 42. Son normas de quórum orgánico constitucional, por lo que requieren 22 votos favorables.
Con igual quórum deben aprobarse en particular el artículo 60, que pasó a ser 52, y tercero transitorio, que pasó a ser segundo transitorio, que no fueron objeto de modificaciones en el segundo informe.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Si les parece, podríamos realizar una sola votación para esas disposiciones.
¿Habría acuerdo?

El señor LARRAÍN.- Sí, señor Presidente.
--Acordado.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¿Los damos por aprobados dejando constancia del quórum constitucional o prefieren votar?

El señor LARRAÍN.- Votemos.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Solicito el asentimiento para que ingresen a la Sala la Subsecretaria General de la Presidencia, señora Patricia Silva, y la Coordinadora de la División Jurídica, doña Valeria Lubbert.
--Se autoriza.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En votación.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Señoras Senadoras y señores Senadores, les recuerdo que se están votando las normas de quórum especial que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones y aquellas que recibieron indicaciones pero no fueron modificadas.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminada la votación.

--Con 28 votos favorables, se aprueban las normas que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones y aquellas que recibieron indicaciones pero no fueron modificadas, dejándose constancia de que se cumple el quórum constitucional exigido.
Votaron las señoras Allende, Goic, Lily Pérez y Von Baer y los señores Allamand, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.

El señor GIRARDI.- Señor Presidente, pido que se considere mi voto.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Se dejará constancia en la Versión Oficial de la intención de voto favorable de Su Señoría.

Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Continuando con el orden del proyecto, tal como se señaló en la relación, en primer lugar, la Senadora señora Lily Pérez solicitó unanimidad para considerar una indicación que formuló al inciso primero del artículo 1°, que propone intercalar a continuación de la frase "y la prevención" la expresión "y la sanción".

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¿Habría unanimidad para votar la indicación de la Senadora señora Lily Pérez?
Acordado.
Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, estoy de acuerdo con acogerla. Pero le pido al Secretario que lea cómo queda el artículo, para que todos lo comprendan, porque si se dice: "Agréguele después tal letra, tal número", no queda claro.
Entiendo que el inciso quedaría: "Esta ley regula el principio de probidad en el ejercicio de la función pública y la prevención y la sanción de conflictos de intereses.".

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Exactamente.
El señor ESPINA.- Yo, por lo menos, no tengo ningún inconveniente en que quede así.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¿Habría acuerdo en aprobar la indicación con el mismo quórum que se obtuvo en la votación anterior?
--Se aprueba la indicación con la misma votación anterior (28 votos favorables).

El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, la Senadora señora Lily Pérez pide agregar en el artículo 6° el siguiente inciso final, nuevo: "Los diputados y senadores tendrán las mismas responsabilidades y sanciones que los demás funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos y la declaración de su patrimonio e intereses se sujetará a lo prescrito en el inciso precedente".

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, este proyecto de ley incluye a los Senadores y Diputados con todas sus obligaciones. Lo que pasa es que divide por capítulos a las autoridades y a los funcionarios que forman parte de los órganos de la Administración del Estado.
Entonces, esta indicación es innecesaria porque el primer capítulo se refiere a los funcionarios de la Administración Pública y luego existe uno íntegro sobre los Senadores y Diputados.
Los dividimos porque nos pareció que era más claro tener separadas situaciones, que en todo caso se regulan con los mismos efectos y las mismas sanciones, salvo una. Y lo voy a aclarar debido a que después vienen todas las presunciones de por qué se hizo así. Entonces, tengo que defender el trabajo de los miembros de la Comisión de Gobierno.
Se hizo así con una sola salvedad: que por ley nosotros no podemos establecer la destitución de un parlamentario, ni de los miembros de la Corte Suprema, ni del Fiscal Nacional, porque eso requiere modificación constitucional. Pero para evitar suspicacias presentamos un proyecto de reforma constitucional. No recuerdo si se encuentra en la Comisión de Gobierno o en la de Constitución.
De manera que la única diferencia es que la norma de destitución por incumplimiento a las obligaciones solo respecto de los funcionarios públicos está incluida en este proyecto. En el caso de las autoridades sería inconstitucional incorporarla en esta iniciativa, pues se trata de una materia regulada en la Carta Fundamental. Por ello se presentó un proyecto de reforma constitucional que es absolutamente equivalente a lo que se hace en esta iniciativa.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, complementando lo que manifestó el Senador Espina -era precisamente lo que yo quería señalar-, existe además una situación que explica por qué hubo capítulos distintos.
El primer Capítulo, que incluye a todos los funcionarios y autoridades públicas, se regula por la Contraloría. Pero el Órgano Contralor no puede fiscalizar, fijar los procedimientos y sancionar a otras entidades autónomas, como el Parlamento, el Poder Judicial, etcétera.
Entonces, las sanciones son las mismas, pero las aplican y deciden órganos diferentes, que dicen relación con la naturaleza de cada una de estas instituciones.
Por tanto, no aplica en este caso la disposición que ha planteado la Senadora Lily Pérez. La primera indicación sí me pareció una buena contribución. Pero considero que esta no corresponde.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, quiero reforzar la tesis planteada, porque si ustedes revisan el proyecto de ley, se tratan en normas distintas los distintos casos. Así, tenemos primero a los funcionarios públicos, y en normas distintas, a Senadores y Diputados, al Contralor General de la República y otras autoridades, a los miembros del Poder Judicial, a los integrantes de tribunales especiales, etcétera. Y la disposición para Diputados y Senadores se encuentra en el artículo 14.
Como mencionó el Senador Espina, nosotros estimamos que era bueno establecer algún tipo de sanción en el caso de los parlamentarios, pero que fuera constitucionalmente aplicable. Por esa razón, redactamos un proyecto de reforma constitucional para fijar sanciones en los términos que la norma señala. O sea, aquí no hay ninguna excepción. Y tratar de introducir dicha indicación acá es absolutamente incoherente.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, a diferencia de lo que señala el Senador Zaldívar, en verdad no traté de ser incoherente.
Lo que intenté hacer era establecer igualdad ante la ley entre los parlamentarios y el resto de los funcionarios públicos.
Hay una situación que a nosotros cada fin de año nos genera fricciones. Cuando se aprueba el reajuste de remuneraciones a los empleados públicos automáticamente nos llega a nosotros, los parlamentarios. Ello, pese a que hemos pedido en forma reiterada a los Ministros de Hacienda de los distintos Gobiernos que no nos apliquen dicho incremento. Y nos responden que no pueden excluirnos. Y nos dan el mismo trato que a los funcionarios públicos.
Mi punto, que manifiesto por coherencia, es que ya que nos tratan como empleados públicos para incrementar nuestras remuneraciones cada fin de año, tengamos el mismo trato que el resto de los funcionarios públicos para aplicar las normas y las sanciones incluidas en la ley en proyecto.
Por eso presenté esta indicación, entendiendo, por cierto, las explicaciones de los Senadores Larraín y Espina, quienes señalan que se consideran en un acápite separado la regulación y las sanciones a los parlamentarios.
Pero quería poner el punto en la Sala para justificar que a mí me parece un gesto de coherencia haber planteado esta indicación, aun cuando la rechacen.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Senadora señora Lily Pérez, con la explicación que se dio, ¿usted mantiene la indicación o está dispuesta a retirarla?

La señora PÉREZ (doña Lily).- No, la mantengo.
El señor MOREIRA.- Veámoslo.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- La Mesa no dará lugar a que siga esta discusión.
La indicación no se puede debatir ni votar si no hay unanimidad.
Voy a otorgarle la palabra en último término al Senador señor Espina.

El señor ESPINA.- Yo pido por favor, señor Presidente, que tengamos en cuenta lo que voy a decir en seguida, pues esta materia es supersensible.
Las condiciones que el proyecto en debate establece para los funcionarios públicos son idénticas que las fijadas para los parlamentarios.
¿Está claro?
Son iguales. Y si la distinguida Senadora Lily Pérez estima que no es así, que me diga en qué se diferencian.
Repito: son iguales, salvo en lo concerniente a la destitución, porque en ese caso debe mediar una reforma constitucional.
Por consiguiente, poner en el artículo 6° el inciso final que la señora Senadora plantea a través de su indicación es contradictorio con el hecho de haber desarrollado un capítulo entero donde se consignan las mismas exigencias, los mismos procedimientos. Ello, con una diferencia adicional: en el caso de los funcionarios públicos actúa la Contraloría General de la República, ente que no tiene atribuciones respecto de los parlamentarios (tampoco las tiene en los casos del Fiscal Nacional, de los tribunales superiores de justicia, de los fiscales, pues la Constitución dice que se trata de órganos autónomos; entonces, cada cual cuenta con un ente propio que lo vigila).
Así las cosas, ¿qué hicimos? Dimos acción popular: cualquier ciudadano podrá presentar un requerimiento sobre la materia a las Comisiones de Ética de ambas Cámaras. O sea -para ponerlo en castellano-, al objeto de evitar que el día de mañana alguien sostenga que una de esas Comisiones se quiso hacer la lesa ante un planteamiento sobre la materia, se dio acción popular, lo que le permitirá a cualquier ciudadano decir: "La declaración de este parlamentario está incompleta. Por lo tanto, complétenla". Y eso se publica en la respectiva página web institucional.
Repito: las condiciones son exactamente las mismas.
De hecho, los artículos se repiten. Podríamos haber elaborado una norma de carácter general. Empero, quisimos separar las situaciones, a los efectos de que cada institución cuente con su propio estatuto, como corresponde (las Fuerzas Armadas tienen su nomenclatura; el Parlamento, la suya, en fin).
Por consiguiente, quiero dejar claro que la indicación en comento no es necesaria, pero no porque no se quiera respetar el principio de igualdad. Y le pido a la Senadora Lily Pérez entender que la situación que plantea está recogida en el resto de la normativa.
Hago la aclaración, señor Presidente, para que conste en la historia fidedigna del establecimiento de la ley.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- La Sala está determinando si se admite a debate y votación una indicación de la Honorable señora Lily Pérez, para lo cual se requiere unanimidad, la que no existe.
Entonces, solo porque fue aludido, en último término intervendrá el Senador señor Zaldívar, quien queda con el uso de la palabra.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- En efecto, señor Presidente, vi que la señora Senadora se molestó conmigo porque le dije que su indicación era incoherente.
O sea, lo incoherente es la indicación, no Su Señoría.
De las explicaciones del Senador Espina se desprende que la indicación en comento, de proceder, debería haberse formulado al artículo 14, donde se trata la situación de los Senadores y los Diputados.
De otro lado, cuando analizamos esta cuestión, como muy bien señaló el colega Espina, vimos que había una inconstitucionalidad. Entonces, redactamos una reforma constitucional que permitiera aplicarles las sanciones a los parlamentarios.
Esa es la explicación.
No ha sido mi ánimo ofender a la Senadora Lily Pérez. Yo solo dije que la indicación no procedía en el artículo 6°, por las razones constitucionales que acabo de explicitar.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Pregunto una vez más si existe unanimidad para votar la indicación de la Honorable señora Lily Pérez

El señor COLOMA.- No.

El señor ESPINA.- No, señor Presidente.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- No hay unanimidad.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde pasar al artículo 8°, que es orgánico constitucional.
En ese precepto, que figura en las páginas 19 a 21 del comparado, el Senador señor Coloma pidió votación separada.

El señor LARRAÍN.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LARRAÍN.- ¿Damos por aprobados los artículos anteriores?
Porque yo quisiera referirme al artículo 6°, pues la Fundación Ciudadano Inteligente planteó una inquietud que merece respuesta.
No sé si este es el minuto o si vamos a ver el punto más adelante. Pero deseo que el señor Presidente lo diga cuando le parezca adecuado.
Al respecto, quiero dejar una constancia, pues considero importante hacerse cargo de tal inquietud.

El señor CHAHUÁN.- Ahora, señor Presidente.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Lo que sucede es que los otros artículos fueron objeto de enmiendas aprobadas unánimemente por las Comisiones, salvo aquellos en que hay diferencias entre la de Hacienda y la de Gobierno, y salvo también el artículo 20, que la Comisión de Gobierno aprobó por unanimidad y la de Hacienda solo por mayoría.
Por esa razón se dejaron para más adelante.
Ahora, se podría volver atrás y votar derechamente todos los preceptos en que hay enmiendas unánimes. Pero ocurre que se prefirió avanzar en los de votación separada.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¿Queda conforme con la explicación, Su Señoría?

El señor LARRAÍN.- Sí, señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Entonces, en discusión el artículo 8°, donde el Senador señor Coloma solicitó votación separada.
Tiene la palabra Su Señoría.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, quiero plantear dos dudas que tengo con relación al artículo 8°.
No sé si en ese precepto existe una falta de lógica constitucional. Me temo que sí la hay.
El artículo 8° de la Constitución establece que "El Presidente de la República, los Ministros de Estado, los diputados y senadores, y las demás autoridades y funcionarios que una ley orgánica constitucional señale, deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública.".
Pero, a su turno, el artículo 8° de la ley en proyecto agrega algo que no dice la Carta Fundamental: que la declaración respectiva "deberá comprender los bienes del cónyuge o conviviente civil del declarante".
Desde mi perspectiva, para incorporar esta norma, que puede ser razonable, antes habría que cambiar la Carta Fundamental, pues esta es la que señala quiénes están obligados a hacer la declaración de intereses y patrimonio.
Entonces, en este punto tengo una objeción de constitucionalidad.
¿Qué plantea el artículo 8° de este proyecto, señor Presidente? Que, en determinadas circunstancias, el cónyuge o el conviviente podrán negarse a proporcionar información sobre sus bienes o intereses. Pero, a mi juicio, el hecho de que una persona no obligada constitucionalmente deba, por mandato de la ley, expresar su negativa fuerza la disposición más allá de lo aconsejable.
Ahora bien, si se quiere -yo entiendo la filosofía- que declaren sus intereses y patrimonio no solo quien está obligado a hacerlo sino también su entorno familiar (se aplica la norma al declarante casado bajo el régimen de separación de bienes -esto es lo más problemático- y al sujeto a un acuerdo de unión civil bajo el régimen de separación de bienes), yo no veo por qué no deberíamos considerar también la convivencia de hecho.
Piensen Sus Señorías que, según los indicadores, 50 por ciento de las personas que tienen una relación de pareja la viven por la vía de la convivencia de hecho, no por la del matrimonio. No sabemos todavía lo que va a ocurrir con la unión civil.
Me dicen que esto es muy enredado.
Señor Presidente, yo quiero expresarle mi gratitud a doña María Asunción de la Barra, de la Universidad Austral de Chile, quien en la Comisión de Hacienda me entregó un documento, basado en una Memoria de ella, donde se indican distintas normas del ordenamiento jurídico nacional que reconocen explícitamente la calidad de conviviente.
En el Código Procesal Penal, el artículo 108, que establece quién será considerado víctima. Se cita, entre otros, al conviviente. Y se dice que aquella tendrá, por ejemplo, el derecho a iniciar el procedimiento.
En el Código Penal, el artículo 11, que señala las circunstancias atenuantes. Por ejemplo, la de haberse ejecutado el hecho en vindicación próxima de una ofensa grave causada, entre otros, al conviviente.
En la Ley de Violencia Intrafamiliar, el artículo 5°, que dispone que "será todo maltrato que afecte la vida o integridad física o psíquica del que tenga la calidad de (...) conviviente".
Incluso, la ley que fija disposiciones para casos de sismos y catástrofes posibilita, mediante su artículo M, el otorgamiento de un subsidio mensual a la familia de las personas fallecidas, entendiendo por "familia" de estas, entre otros, al conviviente.
Entonces, hay dos formas de entender la situación.
Primero, si vamos a vincularla a la Constitución, hay que modificar esta, pues una ley orgánica constitucional no puede incluir algo que el Texto Fundamental no permite. Y lo que hace la Comisión -era la única explicación que cabía; sin embargo, no alcanza para convencerme- es dar una especie de opción para no declarar.
La obligación de declarar se establece en la Constitución Política y la opción de no declarar que franquea la ley es una fórmula ideada para subsanar un eventual problema.
En todo caso, a mí no me convence que esa sea la forma de estructurar y aplicar las disposiciones.
Segundo, si se va a considerar todo el ámbito familiar, no sé bien cuál es la lógica de dejar de lado la convivencia de hecho, a menos que sea un incentivo para no tener ni matrimonio ni acuerdo de unión civil. En mi concepto, sería mucho más fácil, si se va a establecer una situación de tal índole, generar la obligación, que es lo que esa clase de convivencia está instalando hoy.
Entonces, señor Presidente, este artículo me provoca dudas. Y por eso pedí votación separada. Es factible que haya una explicación distinta. Pero, a mi juicio, en esta materia debe mediar una reforma constitucional.
En cuanto al mérito mismo, no alcanzo a entender la norma: si el declarante está casado bajo el régimen de separación de bienes o sujeto a un acuerdo de unión civil bajo el régimen de separación de bienes, ¿por qué no incorporar de alguna forma la convivencia de hecho, tal como se hace en las disposiciones a que me referí, las cuales, insertas en el ordenamiento jurídico nacional, reconocen explícitamente la calidad de conviviente?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, yo tengo una coincidencia con el Senador Coloma.
Sin embargo, más allá de entrar al mérito del artículo 8° propuesto por las Comisiones, debo señalar que el artículo 8º de la Constitución Política de la República, lamentablemente, acota qué autoridades quedan reguladas bajo el principio de la probidad y sujetas a la declaración de intereses y patrimonio.
El hecho de que una ley, aunque tenga rango orgánico constitucional, extienda el sujeto pasivo de la norma fundamental más allá de lo que esta dispone de manera taxativa puede generar un vicio de constitucionalidad.
Ahora, señor Presidente, sin perjuicio de las razones de constitucionalidad, quisiera referirme al mérito del artículo 8° del proyecto.
Esa disposición preceptúa que la declaración de intereses y patrimonio "deberá comprender los bienes del cónyuge o conviviente civil del declarante". Es decir, a través de una norma legal el ámbito de información a que los ciudadanos tienen derecho se está extendiendo a quienes tienen relación de matrimonio o de conviviente civil con el declarante.
Por consiguiente, en estricto rigor, estamos aplicando normas del Derecho Administrativo a personas que no pertenecen a dicho régimen jurídico, lo cual, tal como lo señaló oportunamente la ex Senadora Olga Feliú en el marco de la Comisión de Transparencia, a la que la invitamos, puede envolver un problema de constitucionalidad.
Aquello será materia de discusión.
Por último, deseo hacer una advertencia, porque la misma norma dispone en su inciso final que "La declaración de intereses y patrimonio también comprenderá los bienes de los hijos sujetos a la patria potestad del declarante y los de las personas que éste tenga bajo tutela o curatela.".
Ahí también la aplicación de dicho precepto se extenderá a terceros respecto de los cuales no rigen las normas del Derecho Administrativo.
Señor Presidente, he querido hacer el punto en tales aspectos porque creo que, si bien debemos buscar el mayor nivel de transparencia, hemos de tener cuidado con la protección de los datos personales de personas que no pertenecen al servicio público, ya que, en la práctica, puede imponerse una carga pública -valga la redundancia- a gente que no ejerce función alguna en este ámbito.
He dicho.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, en esta materia existen distintas visiones. Pero si algo me parece injusto es la creencia de algunos de que son más puros y castos que otros por estar en determinada posición.
Parto diciendo aquello porque la tesis del Senador Coloma es absolutamente respetable y se aplica en determinados países.
Ahora bien, nuestro criterio fue sostener que el funcionario público hace la declaración de intereses y patrimonio respecto de sus bienes y de aquellos que administra. Cuando está casado bajo el régimen de sociedad conyugal, administra los bienes de esta. Cuando tiene un hijo bajo tutela o curatela, administra los bienes respectivos. Cuando tiene un hijo bajo patria potestad de él, administra los bienes pertinentes. Por ende, si puede disponer de todos esos bienes, debe declararlos.
En el caso del separado de bienes existen dos caminos. Uno, decir que no tiene por qué declararlos. Y el otro, decir que, si no los quiere declarar, ello debe hacerse constar.
En la Comisión optamos por la segunda fórmula, pues nos pareció que era más clara y transparente. La persona no declara los bienes y expresa: "No tengo por qué declararlos". Y ahí se da incluso el caso del separado de bienes que está en conflicto con su pareja: si llevan sin verse tres años, por ejemplo, no puede decir "Como soy funcionario público, ¿me puedes señalar cuál es tu patrimonio?".
Por eso se da tal opción.
En cuanto a la eventual inconstitucionalidad del artículo 8°, lamento discrepar de mi distinguido amigo Senador Harboe, porque considero que el hecho de que la Constitución no contemple a personas cuyo patrimonio es administrado no implica que la ley no pueda decir: "Usted debe declarar no solo su patrimonio, sino también el que administra".
Tocante a la administración, hemos dicho que es la de los bienes de la sociedad conyugal, de la tutela o curaduría y de la patria potestad.
Vimos la legislación comparada: en ella se aplica el referido criterio, con matices.
Por lo tanto, el precepto sugerido nos parece razonable. Y ese fue el motivo por el cual lo propusimos.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, sobre este tema se discutió en la Comisión de Hacienda, donde llegamos a la conclusión de que los reparos inconstitucionales del colega Coloma no tenían fundamento. ¿Por qué? Porque -y aquí coincido con el Senador Espina, no con el Senador Harboe- el artículo 8º de la Constitución, al mencionar al Presidente de la República, a los Ministros de Estado, a los Diputados y Senadores y a "las demás autoridades y funcionarios que una ley orgánica constitucional señale", deja abierta la posibilidad para que también otras personas deban declarar sus intereses y patrimonio en forma pública.
¿Qué sucede?
La obligación para esas autoridades y funcionarios es de rango constitucional. Se trata de una normativa especial para unas y otros. Y la razón es su rango. Pero, desde el punto de vista constitucional, la ley -creo que es así- puede establecer que otras personas tengan también la obligación de hacer declaración de intereses y patrimonio.
De otra parte, el Senador Coloma proponía incluir en la obligación al conviviente de hecho.
Por supuesto, es factible discutirlo. Pero en este caso la comprobación de tal calidad resulta muy compleja. Al respecto, la mayoría de la gente guarda bastante silencio, es muy cauta.
Entonces, debemos analizar el punto.
Yo estoy convencido de que no hay infracción constitucional al extender la obligación.
Ahora, ¿cuál es el propósito de la ley en proyecto? Corroborar a través de la transparencia la probidad del funcionario, determinar si en el transcurso del tiempo aumenta en forma ilegítima o ilícita su patrimonio.
Al efecto, se establece que la declaración de intereses y patrimonio debe hacerse una vez al año, no cada cuatro años.
Entonces, es lógico incluir en la declaración al cónyuge y al conviviente civil.
Se planteó si era conveniente incorporar al cónyuge separado de bienes. Y a mí me pareció conveniente, porque el enriquecimiento del patrimonio familiar puede concretarse también por esa vía.
Entonces, los objetivos de la ley en proyecto son la transparencia y el control ciudadano.
Por lo tanto, yo no me complico con la existencia de una norma eventualmente inconstitucional. Más aún, tiendo a una interpretación en favor de que la haya, para evitar el incumplimiento del objetivo del proyecto que estamos aprobando.
Y por concluir la Comisión la inexistencia de una inconstitucionalidad, no estimó conveniente incluir al conviviente de hecho. Ello, a pesar de que podría ser contradictorio con lo que estoy diciendo en el sentido de que alguien que esté a su lado podría aumentar también el patrimonio por esa vía.
El mismo Senador que habla le dijo al Honorable señor Coloma: "Tenga cuidado, porque si acaso se le traspasan bienes al conviviente, este puede arrancar y no habrá cómo pescarlo, pues no mediará ninguna relación jurídica". En broma o en serio, por ahí va la cosa.
En lo personal, me parece que sería un error que el Congreso excluyera al cónyuge separado de bienes y al conviviente civil, porque se estaría dejando de cumplir con un objetivo muy importante del proyecto.
Y no creo que haya inconstitucionalidad, porque juzgo que la norma de la Carta es de un rango superior para las autoridades que contempla.
He dicho.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Allamand.

El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, deseo referirme, por cierto, al fondo del asunto. Mas usted ha hecho notar que un conjunto de urgencias obligan a que disposiciones de extraordinaria importancia sean tramitadas a una velocidad que, desde mi punto de vista, resulta completamente impensada, porque aquí se ha instalado el criterio de que es preciso sacar las cosas a matacaballo. Durante semanas, la Sala virtualmente no ha funcionado y hemos tenido que inventar materias para que no fracasen las sesiones, y lo verdaderamente importante tenemos que abordarlo en la forma que menciono.
Todos mis colegas saben que expreso la estricta verdad.
Hago presente que la situación no debiera conducirnos a no ser suficientemente reflexivos o a premuras completamente absurdas. Entonces, deseo formular una protesta frente a una forma de legislar equivocada, que no se justifica.
Usted, señor Presidente, es el llamado -disculpe por recordarlo- a hacer respetar los fueros de esta Corporación. Y ello se debe traducir en que no tengamos que resolver cuestiones de extraordinaria sensibilidad permanentemente presionados por el tiempo y sin capacidad de escucharnos.
En relación con el fondo de la norma, me gustaría que los miembros de la Comisión pudieran referirse más completamente al conjunto de la regulación.
Como hoy día es de buen gusto afirmar que todos los parlamentarios son corruptos, que todos somos unos tipos indeseables, y algunos incluso creen que pueden sacar ventajas apuntando con el dedo a los demás, una disposición de esta naturaleza cae muy bien.
Y para que después no medie todo tipo de expresiones en el sentido de que pretendemos protegernos, deseo consignar desde ya que quien habla, por ejemplo, no tendría ningún inconveniente en que la norma se nos aplicara a Senadores y Diputados.
¿Pero se han fijado, señor Presidente y Honorables colegas, en lo que el precepto significa para el resto del personal del sector público que tendrían que prestar la declaración?
¿Han observado ustedes, por ejemplo, que ello se les aplica a los miembros de las Fuerzas Armadas, a un concejal, a un funcionario cualquiera?
Se hallará en la situación que nos ocupa, por ejemplo, una profesional con vocación de servicio que enfrente el "grave problema" de estar casada con un hombre particularmente exitoso en los negocios, o con un corredor de propiedades competente, o con un médico, o con un abogado, o con un empresario.
¿Un concejal deberá declarar todos los años el incremento patrimonial de su cónyuge, a quien puede no importarle de ninguna manera la política? ¿En razón de qué?
¿Por qué no se puede pensar que en la sociedad contemporánea la pareja hace una vida en común, por cierto, pero cada uno de sus integrantes tiene intereses completamente distintos?
¿No va a significar que numerosas personas con inclinación por el servicio público se verán inhibidas de incursionar en ese ámbito precisamente por el grado de exposición en que pondrán a sus cónyuges?
Es obvio que el Servicio de Impuestos Internos, frente a una infracción, puede revisar a cualquier persona y "desnudarla", como se ha estado viendo en estos días, lo que me parece muy bien. Pero analicen Sus Señorías cada una de las normas que nos ocupan y observen el efecto que provocarán en el conjunto de la Administración del Estado, en el conjunto de las instituciones.
¿Va a querer alguien -repito- ser un funcionario menor si se expondrá, en definitiva, a que las actividades exitosas de su cónyuge se transformen en un motivo de acusación política?
¿O acaso se cree que un concejal -para seguir uno de los ejemplos que he puesto- casado con una corredora de propiedades, o viceversa,...

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Cuenta con un minuto para concluir, señor Senador.

El señor ALLAMAND.- ... que sea muy exitoso en sus negocios no va a ser objeto de todo tipo de críticas y no tendrá que dar todo tipo de explicaciones precisamente por la disposición?
Entonces, al margen de la cuestión de la constitucionalidad, me parece que este es el típico caso en el que, lejos de ayudar -perdón por extenderme, señor Presidente-, generaremos un efecto indeseado, incorrecto.
Estoy convencido de que muchos de mis Honorables colegas saben que la norma no está bien pensada, pero algunos se están preguntando qué se dirá si se rechaza.
Mas no formulo ninguna crítica. Expongo el punto con pasión, entusiasmo y completa buena fe.
Por último, hagamos lo siguiente: que sea voluntario. Pero imponerle a alguien una obligación en la materia significa colocarlo en una situación completamente imposible.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Se agotó su tiempo, Su Señoría. Ya le di un minuto...

El señor ALLAMAND.- Se lo agradezco, señor Presidente.
Creo que se trata de una disposición equivocada, la cual, entre otras cosas,...

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- No puedo concederle más.
Respecto de los fueros del Congreso, deseo puntualizar, primero, que en la Sala se ponen en tabla los proyectos aprobados por las Comisiones.
Segundo, calificar la urgencia de "discusión inmediata", de "suma" o de "simple" es, en nuestro régimen presidencial, una atribución del Ejecutivo.
Y, por último, no se apura a ningún señor Senador. Estamos asignando todo el tiempo que el Reglamento establece para discutir cada norma.
Sus Señorías, además, pueden pedir votación separada.
Voy a citar a sesión para el lunes próximo a fin de no apremiar a nadie y de que tenga lugar el debate que sea necesario.

El señor MOREIRA.- ¿No se votará hoy?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, comparto con quien me precedió en el uso de la palabra la inquietud por la obligación de despachar el proyecto en un trámite rápido, pues efectivamente contiene numerosas materias complejas que es importante analizar a fondo. Muchos aspectos parecen muy duros, muy fuertes, pero, a lo mejor, con un buen debate se esclarecen.
En el caso concreto, no estoy de acuerdo con el planteamiento del señor Senador respecto del fondo de la discusión. Porque ¿de qué se trata en la iniciativa? Lo que propone es regular debidamente el principio de probidad, en virtud del cual las autoridades, que toman resoluciones de distinta naturaleza, deben darle siempre al bien común preeminencia sobre el de carácter particular. Y se suscita un conflicto cuando, en esas determinaciones, el interés común y el interés particular se ven confusos en relación con un titular que puede presentar una conveniencia contrapuesta. Por lo tanto, la cuestión es bastante de fondo.
En los estándares internacionales, las decisiones sobre la declaración de patrimonio siempre incluyen, de distinta manera, a los familiares, y eso fue lo que nos llevó a buscar una solución que permitiera incorporarlos. ¿Por qué? Porque si la cónyuge de un parlamentario es dueña de una pesquera, evidentemente resulta impropio que este se pueda pronunciar sobre un proyecto de ley de pesca, pues lo afectaría un conflicto de interés aunque no fuera el propietario.
Lo mismo ocurre con un concejal que tiene que votar el plan regulador y cuya cónyuge es corredora de propiedades. Obviamente, se presenta un conflicto de interés, y, por tanto, es importante que eso se sepa.
Lo que permitirá evitar el problema es la declaración, porque es la que hace transparentes el patrimonio y los intereses de una persona y sus posibles conflictos.
En consecuencia, juzgo que es preciso buscar la manera de resolver la cuestión planteada. Admito que es un asunto complejo para los cónyuges de quienes se hallan en la situación descrita. Son muchos los que ahora, de acuerdo con la iniciativa, se van a ver involucrados.
En cuanto a la inquietud sobre la constitucionalidad expuesta por los Honorables señores Coloma y Harboe, creo que tienen un punto respecto del patrimonio, no así de los intereses.
Con relación a estos últimos, es obvio que se encuentra dentro de ellos el hecho de que el cónyuge, por ejemplo, tenga participación en una empresa pesquera, para seguir con el ejemplo que di, y el parlamentario tenga que votar un proyecto de ley de pesca. Ahí se suscita un conflicto y el antecedente tiene que estar incorporado en la declaración.
Respecto del patrimonio, probablemente sea algo distinto, pues podría interpretarse la norma constitucional del artículo 8° como taxativa, ya que enumera qué autoridades deben realizar la declaración. En ese sentido, puede que se entienda equivocada la obligatoriedad -al final, es algo voluntario- de incorporar en ella los bienes de un cónyuge.
Por lo tanto, atendiendo al fondo del proyecto, me parece que no podemos menos que incorporar de alguna forma al grupo familiar. Y la cuestión probablemente se resolvería si la obligación se circunscribiera a los intereses del funcionario o de la autoridad, que debería incluir a esas personas, y se dejase que la declaración patrimonial del entorno familiar, del cónyuge, fuera estrictamente voluntaria.
Estimo que en esa forma se evitaría una posible transgresión a la Constitución si alguien la interpretara restrictivamente en el sentido de que es taxativa y de que solo las personas que ahí se enumeran tienen el deber de hacer una declaración de patrimonio.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminó su tiempo, señor Senador.
Dispone de un minuto para redondear la idea.

El señor LARRAÍN.- Considero que esa puede ser la solución para lograr el objetivo perseguido.
Lo que no podemos menos que incorporar en los intereses es todo aquello que tiene que ver con el entorno familiar, porque obviamente se halla relacionado, mas se puede circunscribir a la declaración de la autoridad obligada a efectuarla; y determinamos que la declaración de bienes del cónyuge sea voluntaria, no conminatoria, con la autorización para que pueda excusarse por la vía de la excepción.
En mi opinión, de esa forma lograremos resolver algo que no podemos dejar de hacer, que es la inclusión del entorno familiar, porque obviamente influye en las decisiones.
Con una fórmula como la que sugiero, ello puede resultar más adecuado con las normas constitucionales.
Gracias.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Son las 19:30 y está concluyendo el Orden del Día. Solicito una prórroga de una hora, lo que requiere la aprobación de dos tercios de los Senadores presentes.
Puede intervenir el Honorable señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, creo que el debate nos está llevando a algunas alternativas compatibles con el objetivo del proyecto y que son razonables respecto de las aprensiones que varios colegas han manifestado.
Una prórroga carece de sentido si no tomamos el acuerdo de buscar una redacción que concilie la declaración de intereses de la autoridad y de su entorno familiar y la voluntariedad respecto del patrimonio. Porque, tal como ello está planteado -y lo han dicho varios Senadores-, se halla en los peores términos.
Entonces, si vamos a elaborar bien la norma y queremos cumplir con el propósito que se persigue, derechamente pido que nos demos un plazo, que el proyecto vuelva al órgano técnico y que en la próxima sesión volvamos a tratarlo, con la urgencia debida.
En la Sala se encuentra un representante del Ejecutivo y perfectamente puede quitar la calificación de esta última, para que sea posible trabajar como corresponde.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Hay seis inscritos para usar de la palabra. Pido paciencia para la resolución del punto.
El señor PIZARRO.- Pero hay acuerdo en relación con el asunto de debate.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, entiendo que lo expresado por el Senador señor Larraín no incluye el caso de la sociedad conyugal. De otro modo, simplemente se trataría de ocultar bienes.
En seguida, solicito no parar la tramitación de la iniciativa. Como no se alcanzará a despachar el texto en forma íntegra, es perfectamente posible dejar pendiente el artículo. Le ruego a la Sala no detenerla, porque no faltará la imputación correspondiente. El Senador que habla, por lo menos, votará en contra cada vez que eso llegue a plantearse.
Como se trata de un artículo respecto del cual hay una diferencia, algunos colegas exponen: "En vez de obligar a la separada de bienes a negarse, dejemos que ello sea voluntario".
El Honorable señor García-Huidobro me consultaba recién qué pasaría si la mujer no quiere decir que no ni que sí.

El señor MONTES.- ¡Que no es que sí...!

El señor ESPINA.- Estoy reforzando la argumentación señalada. No sé cómo no se entiende. Simplemente he hecho presente, en la línea de lo que se ha manifestado en orden a que la declaración de patrimonio no incluya el caso de la separada de bienes, que el señor Senador me hizo una pregunta.
Porque nosotros expresamos que la mujer tiene la obligación de decir que no. En realidad, no tiene la obligación de decir nada. Es el cónyuge el que tiene que hacerlo.
Entonces, si existe interés en perfeccionar el artículo, lo que es posible, cada uno se pronunciará libremente sobre las distintas opciones -no creo que vaya a registrarse unanimidad-, pero no detengamos la tramitación del resto del proyecto.
Gracias.

El señor LAGOS.- ¿Cuándo podré intervenir, señor Presidente?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En un momento, Su Señoría.
Propongo prorrogar la sesión por una hora -hay cinco inscritos-, sin votar, y proseguir el lunes próximo, porque el proyecto tiene una urgencia de "discusión inmediata". Voy a citar para ese día de 17 a 21.
Puede surgir alguna redacción que eventualmente establezca una separación entre la declaración de interés y la de patrimonio. Ello dice relación con lo que planteaba el Honorable señor Larraín acerca de la constitucionalidad.
Démonos tiempo. Si se logra un texto, se puede pedir la unanimidad el lunes para votar la indicación pertinente.
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, conviene proceder con la mayor racionalidad. Si la urgencia vencerá el lunes, cabe pedirle al señor Ministro que la retire, con nuestro compromiso de despachar el proyecto el martes. Propongo que este último día sesionemos en la mañana y en la tarde.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Puede intervenir el señor Ministro.

El señor INSUNZA (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Parto por saludar a todos los señores Senadores. Esta es mi primera intervención en la Sala como Ministro, por lo que es un honor.
Valoro la calidad del debate que he venido escuchando, lo cual, por cierto, se agradece en la actividad política.
Para nosotros, el proyecto es extraordinariamente importante al simbolizar varias cosas. Por un lado, constituye un avance en materias de probidad, de transparencia, que va a ser muy bien recibido por la ciudadanía. Y tenemos que hacer un esfuerzo lo más colectivo posible para que ello sea suficientemente nítido y potente.
Además, tiene la gracia de exhibir una transversalidad, no solo en los consensos logrados, sino también en su propia tramitación. Como se recordó en el informe, se presentó el año 2011 y su larga tramitación se explica, ciertamente, por su complejidad.
En seguida, hay un conjunto de indicaciones que fueron aprobadas por unanimidad en las dos Comisiones.
Señor Presidente, quiero señalar que para el Gobierno es del mayor interés que esta iniciativa esté completamente tramitada antes del 21 de mayo. Creo que poder incluirla en el Mensaje Presidencial como algo ya resuelto y despejado será extraordinariamente importante.
Si existe consenso acá y podemos articular la posibilidad de llegar a ese acuerdo, de manera de aprobarla en el Senado y disponer, obviamente, de los tiempos y la coordinación con la Cámara de Diputados para que sea despachada del Congreso el miércoles, el Gobierno aceptaría flexibilizar la urgencia que tiene en este minuto.
Yo parto de la base de que aquí hay un compromiso, con todo el honor que ustedes encarnan, en términos de conseguir ese objetivo. Y si ayuda a eso que flexibilicemos la urgencia, estamos dispuestos a hacerlo.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Muy bien.
La situación es la siguiente.
El señor Ministro, con la buena disposición que ha manifestado, tendría que retirar y después renovar la urgencia de "discusión inmediata", que vencería el martes.
Por lo tanto, voy a citar a sesión para ese día en la mañana, a fin de terminar de despachar la iniciativa.
En la tarde seguiríamos, primero, con la prórroga de la permanencia de tropas en Haití; en segundo lugar, con el proyecto que crea universidades estatales en regiones, y en tercer lugar, con el que establece una ley marco para la inversión extranjera directa.

El señor LAGOS.- ¿Y la "Ley Ricarte Soto"?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi.

El señor ROSSI.- Me parece importante, señor Presidente,...

El señor LAGOS.- ¡También tengo temas de procedimiento, cosas inteligentes que decir, al igual que otros señores Senadores, y pedí la palabra hace cuatro horas, Presidente!

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Ya le voy a dar la palabra, señor Senador.

El señor ROSSI.- Señor Presidente, solo deseo plantearle un punto respecto del martes. También tendríamos que ver la "Ley Ricarte Soto" ese día. Lo digo para que quede claro y se incluya en la tabla.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Muy bien. Por eso también tenemos sesión el día miércoles.
A ver, señoras y señores Senadores, con el compromiso de no votar ahora, como hay cinco inscritos para referirse al fondo del tema, propongo prorrogar el Orden del Día por una hora más.

El señor COLOMA.- ¡Hasta que terminen!

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Conforme.
Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.

El señor WALKER (don Ignacio).- Estamos de acuerdo, señor Presidente, siempre que se permita a la Comisión Especial encargada de conocer proyectos relativos a probidad y transparencia sesionar simultáneamente con la Sala.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a lo recién solicitado?

El señor LAGOS.- No, señor Presidente.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¿No autoriza?

El señor LAGOS.- No.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Muy bien.
Entonces, ¿habría acuerdo para que puedan intervenir los cinco últimos inscritos? Son los Senadores señores Lagos, Harboe, Allamand,...

El señor ALLAMAND.- Yo no.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ... Letelier e Ignacio Walker.
Sacamos entonces al Senador Allamand, que ya habló.
Y después de eso terminaría la sesión.

El señor MOREIRA.- ¡Queremos escuchar a Ricardo Lagos...!

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En consecuencia, si no hay objeción, se prorrogará la hora de término de la sesión hasta escuchar a los cuatro señores Senadores que he mencionado.
--Así se acuerda.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
Comunicación
Del Comité Partido Socialista, con la que informa la renuncia del Senador señor Carlos Montes como integrante de la Comisión de Ética y Transparencia de esta Corporación y propone en su reemplazo al Senador señor Alfonso de Urresti.

El señor COLOMA.- ¡Es lo mismo...!

El señor LABBÉ (Secretario General).- Este acuerdo requiere el voto favorable de los tres quintos de los Senadores en ejercicio.

El señor LARRAÍN.- ¡Votemos altiro!

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará el nombramiento, dejándose constancia del quórum.
--Se aprueba, dejándose constancia de que se reúne el quórum legal requerido (26 Senadores presentes).
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Le ofrezco la palabra, ahora sí, sin ninguna interrupción más, al Senador señor Lagos.

El señor LAGOS.- Señor Presidente, yo le pedí la palabra porque deseaba intervenir, al igual que el resto de mis colegas, para proponer importantes y craneadas soluciones a lo que estamos enfrentando, y no necesariamente para hablar del fondo del proyecto.
En consecuencia, voy a tener los cinco minutos que me corresponden y, además, pido que se me adicionen los relativos a los temas de procedimiento, porque a quienes se han referido a ellos no se les ha descontado ese tiempo.

El señor WALKER (don Ignacio).- ¿Qué tiene que ver eso?

El señor LAGOS.- Tiene que ver con que todos compartimos el sentido de la iniciativa de ley, pero ocurre que, a mi juicio, está regulando cosas de manera equivocada.

El señor WALKER (don Ignacio).- ¿Pero qué tiene que ver eso?

El señor LAGOS.- Señor Presidente, ¿le puede pedir al Senador Ignacio Walker, a quien usted conoce bien, que por favor no me interrumpa?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¡Llevo 46 años tratando de influir en él, y hasta el momento no ha habido caso...!
Senador Lagos.

El señor LAGOS.- ¡Muy bien...!
Señor Presidente, en cuanto al asunto formal, yo le escuché al Ministro Insunza decir: "Este proyecto es prioritario para nosotros". Y yo comparto ese punto de vista. Pero también son importantes y también tienen "discusión inmediata" el proyecto de universidades estatales, por el cual nos reunimos ayer y hoy, y el que establece un nuevo régimen para las inversiones extranjeras.
Entonces, hay tres prioridades muy relevantes que nos han obligado a reunirnos ayer y hoy en varias oportunidades.
Y la "Ley Ricarte Soto", igualmente importante, también tiene "discusión inmediata".

El señor PROKURICA.- ¡Es lo mismo que le criticaban al Gobierno pasado!

El señor LAGOS.- Y, cada vez que nos hemos reunido en estos días en la Comisión de Hacienda para tratar distintos temas -en varias oportunidades-, genuina y razonablemente han surgido inquietudes, dudas de redacción o respecto del alcance de ciertas disposiciones. Nosotros hemos tratado de perfeccionar, aclarar y refinar los textos, dejarlos de la mejor forma posible. Pero, si nos reuniéramos de nuevo, lo más probable es que nos encontraríamos con dos o tres cosas más que habría que arreglar.
Sé que la perfección nos aleja de lo óptimo, pero eso no obsta a que a ratos sienta que estamos legislando relativamente apurados.
Tengo claro que esto no es popular, y sobre todo en este tema,...

El señor WALKER (don Ignacio).- Tiene razón.

El señor LAGOS.- ... porque, como se dijo acá, si nosotros dejamos pendiente este asunto, ¿qué se va a entender? Que le queremos sacar el bulto.
En la Comisión de Hacienda vimos las disposiciones que eran de su competencia, no estos temas. Pero, de leer la Constitución, y habiendo pasado unos años por la Escuela de Derecho y después de obtener el título de abogado, me queda claro que ella dice, taxativamente, en su artículo 8°, que "El Presidente de la República, los Ministros de Estado, los diputados y senadores, y las demás autoridades y funcionarios que una ley orgánica constitucional señale, deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública.". Habla de "las demás autoridades y funcionarios", pero sus cónyuges, sean hombres o mujeres, no son autoridades ni funcionarios.
En consecuencia, se requeriría, a mi juicio, una modificación constitucional.
Dicho eso, voy al tema. ¡Y recién ahora me deben empezar a correr los cinco minutos...!
La solución que se dio no es la más adecuada. Yo entendí el ejemplo que puso el Senador Larraín, quien dijo: "Mire, si hay una señora Senadora o una señora Diputada cuyo cónyuge tiene participación patrimonial en una industria pesquera, deberíamos saberlo, para que se limitara". Sin embargo, bastaría con que ese cónyuge decidiera no declararla en su patrimonio para que nadie la conociera.
¿Qué sentido tendría la norma, entonces?
Senador Pérez Varela, se lo explico así.
El proyecto de ley señala que todo cónyuge tiene que declarar su patrimonio, además de sus intereses. ¿Declaración de intereses? Ningún problema. Pero, ¿patrimonio?
Más abajo, se señala que el cónyuge que es separado de bienes, si no quiere hacer la declaración, no recibirá sanción. O sea, el inciso primero dice que tiene que hacerla, pero el segundo dispone que, si no la hace, no recibe ninguna sanción.
La pregunta es: si no hace la declaración, ¿cómo vamos a saber nosotros o la ciudadanía que ese cónyuge tiene un interés patrimonial que debería llevar a una Diputada o un Diputado -no seamos machistas- a inhabilitarse?
Entonces, la legislación contiene un error.

El señor TUMA.- Hay que hacerle indicaciones, mejorarla.

El señor LAGOS.- Sustantivamente.
Señor Presidente, lo que yo le pido es su ayuda y su liderazgo, como titular de esta Corporación, para lo siguiente.
En enero hicimos un tremendo esfuerzo legislativo para aprobar un número importante de proyectos, pero mi impresión es que ellos ya habían tenido una larga tramitación en el Senado. Ajustamos los tiempos porque su estudio ya había empezado mucho antes, aunque convergieron todos en un mes. Pero, como digo, ya habían sido objeto de una extensa tramitación. Yo ya sabía lo que pensaban ustedes y lo que pensaban mis colegas de bancada. Y enfrentamos las votaciones.
Sin embargo, los proyectos que estamos viendo ahora son relativamente recientes.
Por eso, yo quiero pedir la indulgencia del Ejecutivo para que retire algunas de las urgencias que ha puesto.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminó su tiempo, señor Senador.
Le voy a dar un minuto más, para que pueda concluir su intervención.

El señor LAGOS.- Eso se requiere, señor Presidente, para poder tramitar estas iniciativas correctamente. De lo contrario, les garantizo que vamos a aprobar normas de las que después nos arrepentiremos, por no haberles dedicado el tiempo necesario.
Sé la importancia que reviste el tema que estamos tratando; también sé que viene la Cuenta Pública -no se me escapa-, y es mi Gobierno. Pero lo que no quiero es tener que explicar después cosas que se aprobaron de forma incorrecta.
Hoy día tuvimos que hacer varias modificaciones a proyectos importantes, como el de las universidades estatales, el de la inversión extranjera en Chile. Si no hubiésemos trabajado horas extra, tal vez hubieran quedado de manera deficiente para el estándar que ellos se merecen.
He dicho.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Muy bien.
Muchas gracias, señor Senador.
Sé que sus palabras interpretan a muchos Senadores, pero es el Ejecutivo el que debe poner las urgencias, y recoger, ojalá, lo que se está planteando en el Senado.
Consulto nuevamente si existe la posibilidad de que la Comisión sobre Probidad y Transparencia pueda funcionar en paralelo con la Sala.
Queda un solo orador por intervenir.
¿Habría acuerdo?
¿No?
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, haré dos observaciones respecto del proyecto, para cuya revisión, entiendo, se dará más tiempo. Ya vivimos ayer un ejercicio duro en la discusión del proyecto de ley sobre inversión extranjera y, al parecer, esa será la tónica.
Yo esto lo critiqué severamente cuando la Derecha gobernaba. Y no puedo dejar de decir que en mi Gobierno estamos haciendo exactamente lo mismo. Y, al final, cuando hay una equivocación, nadie le echa la culpa al Ministro Secretario General de Gobierno, ni al 21 de mayo. Aquí los responsables, los que no hacen la pega, son los parlamentarios. Y en esta materia tenemos grandes posibilidades de equivocarnos con el método que estamos siguiendo.
En particular, señor Presidente, cuando se establece en la letra h) del artículo 7 que "La declaración deberá incluir asimismo el nombre completo del declarante y de su cónyuge o conviviente civil", estamos ad portas de entrar en un lío muy perverso y complejo respecto de determinar cuánto es el tiempo de la convivencia civil. Si es por la Ley de Unión Civil, tiene plazos. Pero, si no, hay quienes podrían tener un conviviente civil bastante rotativo. Habrá problemas para fijar ese criterio. Porque, si alguien quiere denunciar -como indicó el Senador Espina, habrá acción pública a este respecto-, podrá decir: "Tal o cual autoridad tiene un conviviente civil y no lo ha declarado". Y entonces el afectado deberá aclarar que su relación sentimental no da para hablar de conviviente civil.
Siento que esta definición hay que clarificarla. Como habrá acción civil -insisto- y esta podrá entablarla cualquier ciudadano, que normalmente no será abogado, creo que ella merece una precisión.
Del mismo modo, el artículo 15 -y en esto me gustaría que pusieran bastante atención mis colegas- establece que "De las infracciones a este Título cometidas por diputados y senadores corresponderá conocer, y resolver acerca de la aplicación de las sanciones, a las respectivas Comisiones de Ética y Transparencia Parlamentaria".
Hay una larga lista que abarca a todos los poderes del Estado: Fiscal Nacional, jueces titulares de tribunales, Contralor General de la República, suplentes del Tribunal Constitucional.
En todos los casos, se dispone que, una vez establecida la falta, si esta es reiterada, se considerará grave "y dará lugar a la destitución o cese de funciones del infractor, de acuerdo al estatuto respectivo".

El señor HARBOE.- ¡Ya se explicó eso, señor Senador!

El señor NAVARRO.- Yo solo quiero decir que no basta con ser, sino que también hay que parecer.
Y aquí estamos legislando para disponer que todos los demás funcionarios que no cumplan se deberán ir, ser destituidos. Nosotros, en cambio, pasaríamos a la Comisión de Ética respectiva, la que nos impondría una sanción que en definitiva no sería la destitución.
Sostuvimos el mismo debate cuando analizamos los fondos reservados y el incumplimiento de la ley sobre financiamiento electoral.
El 2003 planteé, en la Sala de la Cámara de Diputados, que cuando hubiera una violación a la ley debería proceder la pérdida del cargo. ¿Y? Cricrí, cricrí. ¡Todos se opusieron! Aunque los que después pasaron al Senado lo aprobaron.
Me parece tremendamente injusto...

El señor PÉREZ VARELA.- ¡No es así!

El señor NAVARRO.- ¡Que me expliquen, entonces, por qué no está en la ley, por qué no está en el artículo 15!

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Escuchemos, por favor.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, una vez más, estamos legislando a matacaballo. Y la Comisión que elaboró el proyecto no lo ha socializado con todos los parlamentarios.
Yo solo pido que me aclaren. Tal como está planteado, aparece extraordinariamente discriminatorio.
Aquí estamos hablando de declaración de bienes patrimoniales y de intereses. Y se establece que su no declaración, para todos los funcionarios públicos, originará su destitución.
Ahora, si aquí se me señala que el parlamentario que no la realice también será objeto de destitución inmediata, entonces estamos empatados y podemos decir que no estamos ganando ningún privilegio.
Sin embargo, mi segunda pregunta es por qué no se establece eso en el artículo 15. Porque en todos los artículos se agrega al final.

El señor ESPINA.- ¡Porque es inconstitucional!

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¡Eso ya se explicó aquí!

El señor HARBOE.- ¡Así es!

El señor NAVARRO.- ¡Si yo sé que se explicó!
Entonces, habrá que hacer una reforma constitucional.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¡Está presentada!

El señor ESPINA.- Exactamente.

El señor NAVARRO.- O sea, queremos aprobar una ley que primero va a destituir...

El señor HARBOE.- ¡Está presentada!

El señor NAVARRO.- Bueno, aprobémosla entonces en forma paralela, pues nadie garantiza que eso vaya a ocurrir después. Hemos despachado múltiples leyes pensando en que con posterioridad vendrá una reforma que luego se diluye en los lejanos horizontes del tiempo y no se aprueba. Después hay veinte explicaciones para dar a entender que no hay quórum para sacarla adelante.
Entonces...

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Ha concluido su tiempo, señor Senador.
Tiene un minuto adicional.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, comprendo la razón constitucional. Pero yo digo: hay que ser y parecer. Estamos aprobando una ley que a los únicos que excluye de la destitución por el no cumplimiento es a nosotros, dejando supeditado el asunto a una futura reforma constitucional.
Tengo que concluir, entonces, que estamos por la asamblea constituyente, que vamos a tener una nueva Constitución y que, efectivamente, hay una voluntad profunda en este Senado para reformar la que actualmente nos rige.
Yo ya he dicho que no voy a votar ninguna reforma parcial de esta Constitución maloliente. O tenemos una nueva, o no tenemos ninguna. No voy a aprobar ninguna reforma parcial. Ya me equivoqué en el pasado y no quiero repetir el mismo error.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

El señor LAGOS.- ¡Pero usted juró respetar la Constitución infesta...!
El señor NAVARRO.- ¡Para cambiarla!

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.

El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, en aras de que pueda funcionar la Comisión sobre Probidad y Transparencia, no voy a intervenir, pero le concedo una interrupción al Senador Harboe, para poder concluir esta parte de la discusión.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Muy bien.
Antes, quiero hacer presente lo siguiente.
Estamos viendo acá que tal vez no alcancemos a despachar este proyecto el martes en la mañana, por lo que eventualmente voy a citar también para el lunes en la tarde, así que les pido a Sus Señorías que estén atentos.
Senador Harboe.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, le agradezco la interrupción al Senador Ignacio Walker.
Solo quiero precisar dos cosas.
Primero, creo que la intervención anterior fue muy atractiva desde el punto de vista comunicacional y, probablemente, quien la realizó va a subir el video. Pero habría sido bueno que ese Senador hubiese estado en la Sala cuando se dio la explicación de que, si hubiésemos establecido en el artículo 15, tal como él lo pide, la destitución de Senadores y Diputados, hubiésemos estado consagrando una norma inconstitucional. Y sería bueno que leyera la Constitución, ya que dicha sanción se halla instaurada en la Carta Fundamental y no en normas legales.
Esa fue la explicación que se dio al inicio de la sesión.
Y en segundo lugar, más allá del tema de fondo -uno puede estar de acuerdo con aplicar la norma de transparencia a los cónyuges con el objetivo de aumentar justamente los niveles de transparencia-, hay que hacer las cosas bien. Hoy, la norma constitucional del artículo 8° es absoluta y enteramente clara y categórica.
Los principios básicos de hermenéutica constitucional, es decir, de la interpretación restrictiva que hay que hacer del Texto Fundamental, nos señalan lo siguiente.
El inciso tercero del artículo 8° dispone: "El Presidente de la República, los Ministros de Estado, los diputados y senadores, y las demás autoridades y funcionarios que una ley orgánica constitucional señale, deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública".
¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución Política reserva el principio legal de una ley orgánica a las "demás autoridades y funcionarios". En consecuencia, esa ley orgánica no puede referirse a terceras personas que no sean funcionarios o autoridades. Y esto no significa que no queramos que se incluya. Yo sí lo quiero.
Una fórmula alternativa sería modificar el inciso tercero para incorporar, adicionalmente, después de donde la disposición se refiere a las "autoridades y funcionarios", a los "parientes de unos y otros que la ley orgánica considere".
Esa sería la forma, la técnica legislativa correcta.
De lo contrario, vamos a aprobar el artículo 8° del proyecto y el Tribunal Constitucional, cuando le corresponda efectuar el control de constitucionalidad, lo va a declarar inconstitucional. Y vamos a quedar peor: sin norma vigente y con un oscurantismo que no queremos.
Transparentemos aún más las cosas, pero hagámoslo bien.
Mis últimos cuarenta segundos se los dejo al Senador Coloma, señor Presidente, si es posible.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene cuarenta segundos, Senador Coloma.

El señor COLOMA.- Solo intervengo, señor Presidente, para que hagamos una reflexión de aquí al lunes.
Yo le pregunté al Gobierno -agradezco la información que se me entregó- acerca del número de personas que eventualmente estarían obligadas, por esta vía, a presentar la declaración de patrimonio: ¡son 14 mil!
O sea, la extensión de la norma no solo abarca al Presidente de la República o a Senadores y Diputados, sino también a un universo muy amplio de personas. Y por eso la redacción ha de estar especialmente ajustada al precepto constitucional. Hablando en términos de magnitudes, aquí no nos referimos a una disposición para Senadores y Diputados, sino a una para 14 mil funcionarios públicos, y todo lo que eso representa.
Quería dejarlo establecido simplemente para la reflexión de aquí al próximo lunes, a fin de -ojalá- dictar una buena legislación.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Quiero pedirle al señor Ministro Secretario General de la Presidencia que nos ayude con una propuesta para el día lunes. Porque voy a citar a sesión especial para ese día, de 17 a 21, ya que probablemente no vamos a alcanzar a despachar la iniciativa el martes en la mañana, y tenemos proyectos con urgencias que tratar.
Si le parece a la Sala, dejaremos sin efecto la hora de Incidentes de la presente sesión.
--Así se acuerda.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.
PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
De los señores DE URRESTI, GIRARDI y NAVARRO:
A Su Excelencia la Presidenta de la República, solicitándole instruir al señor Ministro de Minería para realizar estudios tendientes a determinar PROHIBICIÓN DE USO DE HERBICIDA GLIFOSATO, CALIFICADO POR OMS COMO "PROBABLEMENTE CANCERÍGENO PARA HUMANOS".
Del señor ESPINA:
Al señor Presidente de BancoEstado (S), pidiéndole CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SUCURSAL DE COMUNA DE LAUTARO.
A los señores Ministro de Hacienda y Fiscal Nacional, solicitándoles ASEGURAMIENTO DERECURSOS PARA PAGO ÍNTEGRO Y EFECTIVO DE BONO INSTITUCIONAL A FUNCIONARIOS DE MINISTERIO PÚBLICO QUE HAGAN USO DE PERMISO POSNATAL PARENTAL.
Del señor GARCÍA:
Al señor Ministro de Desarrollo Social, requiriéndole información sobre ESTADO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROYECTO "CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑANCUL NORTE, VILLARRICA" (Región de La Araucanía).
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, pidiéndole informar, por región, sobre SALDO DE RECURSOS NO USADOS EN "FONDO DE APOYO REGIONAL", ASCENDENTES A 36 MIL MILLONES DE PESOS.
Del señor MATTA:
Al señor Ministro de Obras Públicas, requiriéndole AGILIZACIÓN DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN RUTA L-480, ENTRE CUATRO ESQUINAS Y LOS MARCOS (comuna de Longaví).
Al señor Ministro de Agricultura, a fin de solicitar PRÓRROGA EN PAGO DE DEUDAS CON INDAP DE INTEGRANTES DE ASOCIACIÓN GREMIAL DE AGRICULTORES, UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS Y JUNTA DE VECINOS RURAL N° 10-R "SANTO TORIBIO" (comuna de Cauquenes).
Del señor MONTES:
Al señor Ministro de Hacienda, para que proporcione antecedentes sobre EVALUACIÓN DE RUBROS DE GASTO TRIBUTARIO Y VOLUNTAD PARA REVISIÓN DE INSTRUMENTOS Y FRANQUICIAS QUE LO COMPONEN.
Del señor NAVARRO:
A los señores Ministros de Energía, del Medio Ambiente y de Salud y al señor Director Ejecutivo del SEA, planteándoles situación de REAPERTURA DE CENTRAL TERMOELÉCTRICA BOCAMINA II (reiteración de oficio).
Del señor PÉREZ VARELA:
Al señor Ministro de Obras Públicas, para efectos de que informe sobre ESTADO DE AVANCE DE PROYECTOS DE "AGENDA DE CONCESIONES 2014-2020".
Del señor PROKURICA:
Al señor Subsecretario para las Fuerzas Armadas, solicitándole información sobre CONCESIONES DE ACUICULTURA Y MARÍTIMAS VIGENTES Y EN TRÁMITE (Región de Atacama).
Al señor Subsecretario de Pesca, pidiéndole dar a conocer NÚMERO DE ÁREAS DE MANEJO Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS BENTÓNICOS EXISTENTES Y EN TRÁMITE (Región de Atacama).
Al señor Superintendente de Servicios Sanitarios, requiriéndole INVESTIGACIÓN PARA DETERMINAR LEGALIDAD DE COBROS DE EMPRESA AGUAS CHAÑAR DURANTE TRAGEDIA QUE AFECTÓ A REGIÓN DE ATACAMA.
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--Se levantó la sesión a las 19:56.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción