REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 363ª
Sesión 14ª, en miércoles 6 de mayo de 2015
Ordinaria
(De 16:18 a 18:19)
PRESIDENCIA DE SEÑOR ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores (as):
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Orpis Bouchon, Jaime
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, la Ministra Secretaria General de la Presidencia, señora Ximena Rincón González; y los Ministros de Economía, Fomento y Turismo, señor Luis Felipe Céspedes Cifuentes, y de Educación, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:18, en presencia de 14 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 11ª y 12ª, ordinarias, en 21 y 22 de abril de 2015, respectivamente, que no han sido observadas.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Ocho de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con los dos primeros retira y hace presente la urgencia, calificada de "discusión inmediata", respecto de las siguientes iniciativas:
1.-
Proyecto que establece una ley marco para la inversión extranjera directa en Chile y crea la institucionalidad respectiva (boletín Nº 9.899-05).
2.-
Proyecto de ley sobre probidad en la función pública (boletín Nº 7.616-06).
Con los cuatro siguientes retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", para la tramitación de los proyectos de ley que se especifican a continuación:
1.-
El que regula el alzamiento de hipotecas que caucionen créditos hipotecarios (boletín Nº 8.069-14).
2.-
El que crea la Universidad Estatal de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins y la Universidad Estatal de la Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo (boletín N° 9.405-04).
3.-
El que fortalece el Ministerio Público (boletín Nº 8.265-07).
4.-
El que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, con el objeto de regular la instalación de centros comerciales y supermercados en áreas urbanas (boletín N° 9.296-14).
Con los dos últimos retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", respecto de las siguientes iniciativas:
1.-
Proyecto de ley sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía (boletín N° 6.499-11).
2.-
Proyecto de ley que adecua la legislación nacional al estándar del Convenio Marco de la Organización Mundial de Salud para el Control del Tabaco (boletín N° 8.886-11).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Tres de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero informa que dio su aprobación al proyecto que modifica las leyes N° 20.422 y N° 19.928, para incorporar el lenguaje de señas en los programas de televisión con contenido musical y espectáculos musicales en vivo (boletín Nº 9.819-24) (con urgencia calificada de "simple").
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Con el segundo comunica que dio su aprobación en los mismos términos en que lo hizo esta Corporación al proyecto de ley que establece el Día Nacional del Suplementero (boletín N° 8.668-04).
--Se manda comunicar el proyecto a Su Excelencia la Presidenta de la República.
Con el último expone que aprobó las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto que modifica la ley N° 19.995 y que prorroga el funcionamiento de los casinos municipales (boletín Nº 9.891-05).
--Se manda archivar el documento junto con sus antecedentes.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Envía copia de resoluciones dictadas por esa Magistratura en dos requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los incisos primero y segundo del artículo 67 de la Ley General de Servicios Eléctricos, incorporados por la ley N° 20.701.
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De la señora Contralora General de la República (S):
Da a conocer la publicación del Informe Gestión Financiera del Estado correspondiente al ejercicio contable del año 2014, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 142 de su ley orgánica.
Del señor Fiscal Nacional del Ministerio Público:
Da respuesta a solicitud de información, efectuada en nombre del Senador señor Navarro, acerca de las inversiones en infraestructura que, durante el presente año, serán destinadas a las fiscalías de la Región del Biobío.
Del señor Ministro del Interior y Seguridad Pública:
Envía, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, los Balances de Gestión Integral 2014 de esa Secretaría de Estado y de sus servicios dependientes o relacionados.
Del señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo:
Adjunta, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, los Balances de Gestión Integral 2014 de esa Secretaría de Estado y de sus servicios dependientes o relacionados.
Del señor Ministro de Obras Públicas:
Remite, en virtud de lo prescrito en el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, los Balances de Gestión Integral 2014 de esa Secretaría de Estado y de sus servicios dependientes, en formatos impreso y digital.
Responde solicitud de antecedentes, expedida en nombre de la Senadora señora Muñoz, relativa a la posibilidad de que la Dirección General de Aguas aplique la normativa vigente que la faculta para distribuir derechos en situación de sequía extraordinaria.
Da respuesta a solicitudes de información cursadas en nombre del Senador señor Quinteros, respecto de las materias que se enuncian a continuación:
1.-
Ampliación del plazo de licitación de la rampa de pesca artesanal de Curanué y reestudio del proyecto que considera una doble calzada y la elevación de la cota de su explanada para evitar su inundación con las mareas altas.
2.-
Factibilidad de que las bases de la próxima licitación de la concesión y administración del muelle artesanal de Quellón establezcan su entrega al Consejo Comunal de Pesca Artesanal de esa comuna.
3.-
Priorización del proyecto Barrera de Contención de Auchac (DOP-ETE-ES-OO), que data del año 2012.
4.-
Conclusión de muro de contención en el sector Barrio Industrial Costero, de la comuna de Quellón, obra pendiente desde el año 2000.
De la señora Ministra de Minería:
Adjunta Balances de Gestión Integral 2014, correspondientes a la Secretaría General y Administración de esa Secretaría de Estado, al Servicio Nacional de Geología y Minería y a la Comisión Chilena del Cobre, conforme lo manda el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975.
De la señora Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer:
Acompaña, en ejecución del artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, el Balance de Gestión Integral 2014 del referido servicio público.
De la señora Ministra Presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes:
Atiende solicitud de información, remitida en nombre del Senador señor García, respecto de la aportación financiera del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a las orquestas regionales.
Del señor Director Administrativo de la Presidencia de la República:
Adjunta, en ejecución del artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, el Balance de Gestión Integral 2014 de dicha repartición administrativa del Estado.
Del señor Director Nacional de Fronteras y Límites del Estado (T y P):
Envía ejemplar del Balance de Gestión Integral 2014 de esa institución, con arreglo a lo prescrito en el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975.
Del señor Superintendente de Casinos de Juego:
Acompaña Balance de Gestión Integral 2014, en cumplimiento de la exigencia contenida en el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975.
Del señor Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero:
Remite, en ejecución del mandato contenido en el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, ejemplar del Balance de Gestión Integral 2014 del referido servicio.
Del señor Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal:
Atiende solicitud de información, enviada en nombre de los Senadores señores Ossandón, García-Huidobro y Guillier, relativa a la coordinación de los Ministerios del Interior y Seguridad Pública, de Hacienda, de Agricultura y del Medio Ambiente en lo atinente a la creación de un plan de contingencia nacional ante incendios forestales.
Del señor Secretario Ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear:
Envía, con arreglo a lo prescrito por el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, ejemplar del Balance de Gestión Integral 2014, correspondiente a dicha institución.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informe
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que establece una ley marco para la inversión extranjera directa en Chile y crea la institucionalidad respectiva (boletín Nº 9.899-05) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Queda para tabla.
Mociones
De los Senadores señor Coloma, señora Van Rysselberghe y señores Lagos, Montes e Ignacio Walker, con la que dan inicio a un proyecto que modifica la Ley General de Educación para incorporar contenidos de educación financiera básica en el nivel de enseñanza media (boletín N° 10.034-04).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
De los Senadores señora Van Rysselberghe y señores Coloma, Orpis, Ossandón y Pérez Varela, con la que se da inicio a un proyecto que modifica definiciones y el procedimiento de la ley que establece medidas contra la discriminación (boletín N° 10.035-17).
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Carta Fundamental, se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Terminada la Cuenta.
)--------------(
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, en el día de ayer se fijó plazo, hasta el próximo lunes, a las 12, para presentar indicaciones al proyecto que crea universidades en las Regiones de Aisén y de O'Higgins.
Tuve comunicación con el Senador Letelier, quien se encuentra en La Haya junto con el Presidente del Senado, y él me pide que solicite la ampliación de ese plazo, pues a los parlamentarios que se encuentran fuera del país no les dejaría tiempo para trabajar y formular indicaciones.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
La idea era que las indicaciones se presentaran hasta el próximo lunes para poder tratar esta iniciativa en su momento. Pero, en este caso, quiero consultar a la Sala qué propuesta existe.
El señor ALLAMAND.-
El 18 de mayo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
¿Les parece a Sus Señorías fijar como nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto el lunes 18 de mayo, a las 12?
Acordado.
CREACIÓN DE UNIVERSIDADES ESTATALES EN REGIONES SEXTA Y UNDÉCIMA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Conforme al acuerdo de Comités adoptado el día de ayer, corresponde poner en votación general el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea la Universidad Estatal de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins y la Universidad Estatal de la Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.405-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 96ª, en 10 de marzo de 2015.
Informe de Comisión:
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 12ª, en 22 de abril de 2015.
Discusión:
Sesión 13ª, en 5 de mayo de 2015 (queda pendiente la votación en general).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Hace unos instantes se acordó que, en caso de aprobarse en general el proyecto, habrá plazo para formular indicaciones hasta el lunes 18 de mayo, a las 12.
Cabe hacer presente que, en el trámite del segundo informe, el proyecto será conocido por las Comisiones de Hacienda y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, unidas.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Conforme a lo resuelto en la sesión anterior, vamos a abrir la votación.
Asimismo, existe el compromiso de que el Senador señor Allamand haga uso de la palabra por diez minutos, para fundamentar su voto.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Allamand.
El señor ALLAMAND.-
Señor Presidente, en la sesión de ayer diversos colegas argumentaron en forma contundente a favor de la necesidad y justificación de la creación de estas dos universidades regionales.
Me sumo a ese punto de vista y, al mismo tiempo, hago presente que, tal como surgió durante el debate habido ayer, es muy importante que estas casas de estudios superiores tengan una vocación regional, pero también lo es que desde el primer día de funcionamiento cuenten con una inspiración y una visión global.
Sería absurdo que en tiempos contemporáneos pensáramos que las necesidades de las universidades se pueden satisfacer -desde la óptica de sus atributos, de sus responsabilidades, de sus obligaciones- simplemente con una lógica local. El hecho de que tengan raíces regionales es particularmente valioso, pero deben contar, desde el día uno, con una mirada de futuro, con un horizonte amplio y, fundamentalmente, con una visión global.
Dicho lo anterior, hay aprensiones -yo diría: serias- en términos de poder desarrollar un proceso legislativo que garantice el éxito de estos dos planteles universitarios estatales que se van a emplazar en dos regiones tan importantes para el país.
En ese sentido, y tal como se advirtió ayer también, el tema de asegurar la calidad de estas universidades estatales resulta particularmente relevante. Pensemos, por ejemplo, en aquella que se va a instalar en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins: de funcionar las cosas como debieran, se contará con un tren expreso y directo a Santiago, que conectará Rancagua con la Capital en 45 minutos. Esto significará que, si la calidad del plantel universitario no es lo suficientemente alta, tendremos el mismo problema que ahora se pretende remediar con la creación de estas casas de estudios: una migración de sus alumnos hacia otras regiones.
El proyecto exime del proceso de licenciamiento a estas dos universidades. Dicho proceso se puede analizar como un requisito o como un acompañamiento necesario del Consejo Nacional de Educación para garantizar que los métodos, los objetivos de estas universidades, sean de alto nivel.
Ese aspecto lo debiéramos revisar, señor Presidente.
En segundo término, nos encontramos con la denominada "tutela": la supervisión de una universidad estatal durante el proceso de formación de las nuevas casas de estudios superiores.
La verdad es que esta forma de acompañamiento es extraordinariamente frágil. Resulta fundamental establecer vínculos, responsabilidades más claras en la universidad estatal que acompañe el surgimiento del nuevo establecimiento de educación superior durante todo su proceso. Más aún, sería muy importante que se dispusiera una suerte de concurso, es decir, que no fuera solo una universidad estatal, designada a dedo, la que estuviera encargada de la tutela, sino que existiera la alternativa de que varias de ellas lo hicieran y de que se combinaran con universidades de otro tipo (extranjeras, por ejemplo, en el caso de la de Aisén).
En tercer lugar, señor Presidente -esto hay que decirlo con todas sus letras-, el financiamiento para ambas universidades es completamente insuficiente. Si consideramos el actual nivel de financiamiento, establecido tanto para la Universidad Estatal de la Región de Aisén como para la Universidad Estatal de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, nos daremos cuenta de que ambas casas de estudios no van a estar en condiciones de instalarse, de funcionar en términos operativos y de proyectarse en forma adecuada.
Frente a eso hay dos alternativas. Una es no mirar el problema. La otra, suponer que en el camino se va a arreglar la carga.
Quiero dejar constancia en el Senado de que el financiamiento que hoy se contempla para estas dos universidades resulta completamente insuficiente. Esto va a generar, además, dos dificultades.
Primero, el presupuesto que se les asigna representa apenas el promedio de lo que reciben las universidades regionales, situación que en algunas de estas últimas va a generar suspicacias.
Y, segundo, hay que pensar que, si el presupuesto de las universidades regionales en muchos casos ni siquiera sirve para que estos establecimientos operen, tratándose de las que se pretende instalar en las Regiones de Aisén y del Libertador General Bernardo O'Higgins habrá que llevar adelante un proceso de instalación, de contratación de gente, de atracción de docentes, de infraestructura.
Si no se aumenta en forma significativa el monto de los dineros que se asignan en el proyecto, se presagia un mal resultado.
En lo personal, creo que no es razonable que el Senado, a sabiendas de que el financiamiento es completamente insuficiente, le dé luz verde a una iniciativa que, por tal motivo, generará serios reveses, cuestión que han advertido todas las autoridades y las personas que la han estudiado.
También en materia de financiamiento, el proyecto no garantiza la gratuidad de estas universidades. Y, mientras no exista acreditación, para lo cual se requiere un tiempo adicional, tampoco van a tener becas ni podrán postular a fondos concursables para efectos de investigación.
En consecuencia, señor Presidente, aprobar la creación de estas dos universidades estatales con un financiamiento completamente insuficiente constituiría una grave irresponsabilidad del Senado.
Dos consideraciones finales.
A estos nuevos planteles universitarios estatales se les está dando el mismo régimen jurídico del resto de las universidades estatales. En dos palabras, el de un servicio público autónomo, lo que significa Contraloría, lo que significa ChileCompra, lo que significa Estatuto Administrativo, lo que significa, por ejemplo, limitación a su endeudamiento.
Todos los expertos sostienen que es fundamental modernizar el marco jurídico con que funcionan las universidades estatales.
Aquí estamos perdiendo una enorme oportunidad, porque cuando una universidad ya se halla funcionando, como ocurre con las estatales que conocemos, introducir un cambio jurídico de la naturaleza que se requiere resulta ciertamente complejo. Pero cuando estamos frente a una situación originaria, con dos establecimientos que están partiendo, es el momento y la oportunidad para introducir una innovación jurídica y dejar, desde ya, a esas dos universidades funcionando con el régimen jurídico con que debiera operar el resto de las estatales.
Cuando aprobamos la creación de la Región de Los Ríos y de la de Arica y Parinacota en el Senado, se produjo el mismo problema. Y algunos planteamos lo siguiente: "Por qué no transformamos a estas dos nuevas regiones en regiones pilotos y les damos el estatuto jurídico moderno que requieren". Sin embargo, en lugar de eso, les insertamos la misma lógica jurídica del resto de las regiones.
Y, ahora, con un actuar similar perdemos la oportunidad de innovar y de hacer que estas dos universidades estatales se ciñan al modelo de régimen jurídico-estatutario que debiéramos tener.
En consecuencia, señor Presidente -aprovecho que está el titular de la Cartera de Educación-, tanto el Senado como el Ministerio de Educación deberían abrirse a una propuesta innovadora de verdad y, a partir de la creación de estas dos casas de estudios superiores, generar un anticipo del régimen jurídico moderno con que tendrían que funcionar las universidades estatales. No habrá una mejor oportunidad para hacerlo.
Vuelvo a señalar: cuando existe una situación originaria, jurídica, legal, estatutariamente es el mejor momento para introducir una modificación. Si no lo hacemos, les vamos a achacar a estas dos universidades el mismo sistema jurídico respecto al cual todos coincidimos que se debe mejorar.
Por último, señor Presidente, quiero agregar algo en la misma línea.
En materia de gobierno universitario hay tres modelos posibles. El de las universidades estatales generales; el de la Universidad de Chile (Senado Universitario, Junta Directiva, con una instancia colegiada); y el que corresponde a la Universidad de Los Lagos y a la UTEM.
¡Aquí también se está perdiendo una gran oportunidad!
¡Por qué no innovar en términos de generar no solo un estatuto jurídico moderno, sino un gobierno y un régimen corporativo que se asemejen a lo que se requiere, precisamente, con estos dos nuevos planteles universitarios!
Con esas salvedades, señor Presidente, voy a apoyar el proyecto. Sin embargo, creo que el Senado no debiera desaprovechar la oportunidad de mejorar a lo menos los cinco o seis aspectos que mencioné.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Deseo fundamentar mi pronunciamiento.
El señor LARRAÍN.-
Yo también.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Para ese efecto, tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, ayer se hizo la discusión general de esta iniciativa, que busca crear dos universidades estatales: una en la Región del General Carlos Ibáñez del Campo y otra en la del Libertador General Bernardo O'Higgins, que represento.
Estoy orgulloso del esfuerzo que hizo nuestra Región en el marco de la Comisión Ejecutiva pertinente, a través de la cual se recogió la visión de la comunidad, de los docentes, de los gremios. Todo ello, para que dicho proyecto universitario no fracase.
Y el informe de ese organismo es bastante claro.
Entre sus propuestas, se plantea crear un modelo universitario que considere el desarrollo de investigación interdisciplinaria.
Además, se sugiere realizar un esfuerzo en la investigación científica como punto de partida del desarrollo de la universidad.
Asimismo, se recomienda capturar a los talentos jóvenes que regresan al país luego de ocupar becas proporcionadas por el Estado, como el caso de las Becas Chile. En este mismo ámbito, también se propone recuperar a personas talentosas exportadas desde la Región durante años. Porque, desgraciadamente, todos los proyectos educacionales universitarios en nuestra Región, como lo manifesté ayer, han fracasado. No puede ocurrir lo mismo con esta iniciativa. ¡La Región no podrá tolerar un nuevo fracaso!
Por otro lado, considerando que contaremos con el hospital público más moderno de Sudamérica, con una inversión sideral, se plantea crear carreras relacionadas con la salud para ocupar dicho recinto como campus clínico.
La Comisión Ejecutiva sugiere, además, dar un soporte al desarrollo científico y de docencia vinculado a temas de interés regional, como la minería, la agroindustria, los recursos marinos, el turismo, las problemáticas sociales, las comunicaciones, etcétera.
Por último, tal como manifestó el Senador Allamand, se propone realizar una fuerte inversión en infraestructura moderna y acorde con los requerimientos actuales de una universidad, para acoger a los distintos equipos docentes y de investigación.
Reitero: valoramos el esfuerzo de nuestra Región. Y aprovecho de saludar a quienes la representan y se encuentran hoy en las tribunas: a la señora Intendenta y a la señora Seremi de Educación, entre muchas otras autoridades, todas muy preocupadas de que este proyecto sea una realidad en el corto tiempo.
Como mencioné ayer, debemos preocuparnos de que sea una universidad realmente de calidad, que les dé confianza a las familias, a la comunidad, con el fin de que permita que los jóvenes que salen de la enseñanza media se queden en la Región.
Esto último será lo más difícil, pues contaremos con el tren Rancagua Express, que nos acercará más a Santiago. Pero -¡ojo!- nuestra Región no es solo Rancagua: tiene 33 comunas. Están San Fernando, que es un centro poblacional importante más al sur; Chimbarongo; Santa Cruz; la zona costera. Por tanto, el Rancagua Express beneficiará únicamente a un sector de la Región. Sin embargo, todas las comunas han tenido por muchos años la ambición y el sueño de contar con una universidad, lo que no se ha logrado. ¡No queremos fracasar en este intento!
Asimismo, insisto en mi preocupación respecto del mecanismo de tutoría propuesto. Porque muchas veces las universidades se convierten en competencia unas de otras. En efecto, a una casa de estudios no le va a interesar que la otra le capture talentos.
En ese sentido, estimo conveniente -en su oportunidad formularé la indicación respectiva- que también exista la opción de que una universidad con experiencia, con prestigio, que se haya ganado la confianza de los jóvenes se instale con una sede en la Región. ¿Por qué no la Universidad de Chile? ¿Por qué no la Universidad Católica? ¿Por qué no alguno de los planteles con trayectoria que han tenido éxito en todo el desarrollo universitario?
Votaré favorablemente la idea de legislar, e insto a los colegas a que nos apoyen y a que presenten las indicaciones pertinentes para que este proyecto no fracase. ¡Ello no puede ocurrir nuevamente!
Deseo el mayor de los éxitos a las Comisiones de Educación y de Hacienda, unidas, especialmente para asegurar los recursos que se precisan. Sería interesante que el Ministro de Hacienda estuviera en esa instancia, con el propósito de garantizar los fondos suficientes para el cumplimiento de esta iniciativa.
Pido a todos los señores Senadores que voten a favor y agradezco la presencia de nuestras autoridades hoy en el Senado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, el acceso a la educación superior es hoy una necesidad inevitable para el desarrollo de nuestro país y, sobre todo, para su futuro. Es de la esencia de la sociedad contemporánea el acceso a la educación, a la información, a la ciencia, puesto que el progreso actual, quizás como nunca antes en la historia de la humanidad, se funda en esos pilares.
Por lo tanto, cuando existen sectores de nuestro territorio en donde esa posibilidad es limitada, se produce una situación de desigualdad e inequidad muy compleja para sus habitantes, quienes deben emigrar para alcanzar una formación de calidad en el nivel superior.
Tal situación se da en regiones como las que hoy analizamos (O'Higgins y Aisén).
En el caso de la Sexta Región, su cercanía con Santiago hace muchas veces difícil instalar proyectos universitarios, incluso privados, ya que la Región Metropolitana posee una oferta bastante compleja. Pero esto último no significa que se resuelvan los problemas de la Región de O'Higgins. Al contrario, eso hace que solo algunos puedan ir a formarse a las universidades de la Capital.
Pero no es lo mismo. El costo de separarse del núcleo familiar y del contexto social de esa persona es muy alto. Además, esa transposición suele implicar que quienes se van a estudiar a otras ciudades no vuelven, porque las propias especializaciones los llevan por otros destinos y porque los mercados locales no se han desarrollado suficientemente.
La presencia de una institución de educación superior en una comuna como Rancagua sin lugar a dudas generará una dinámica distinta, por cuanto permitirá formar profesionales que permanecerán en la Región y que ayudarán al desarrollo local.
Lo mismo ocurre con Aisén, con mayor razón todavía, porque ahí las posibilidades de ir a estudiar afuera son más complejas y de mucho mayor costo.
Tal realidad la hemos vivido de igual modo en la circunscripción del Maule Sur, donde se evidencian muchas limitaciones para acceder a proyectos universitarios. Por lo mismo, nuestra gente va a estudiar, fundamentalmente, o a Santiago o a Concepción. También se forma en la Universidad de Talca, que desarrolla un muy buen papel. Es un plantel público de calidad, probablemente la mejor universidad regional del Estado.
Sin embargo, en Linares o en Cauquenes el acceso a la educación superior es muy limitado. Hay iniciativas para instalar universidades privadas, pero no son precisamente las más potentes, las más fuertes.
Hace tan solo dos años logramos que la Universidad de Talca abriera una sede en Linares. Y la presencia de una institución que tiene un compromiso distinto con nuestra zona, por su vocación pública, ha permitido pensar en el desarrollo de un proyecto universitario de otra envergadura.
Por eso, con especial interés y buena disposición apoyo esta iniciativa, que crea universidades públicas en las Regiones de O´Higgins y de Aisén. Me parece que este tipo de medidas va a ayudar en forma muy sólida a la formación de nuevas generaciones de profesionales.
Adicionalmente, las universidades son un foco de irradiación de cultura, de ciencia, de tecnología, de innovación, que produce efectos colaterales importantes, como los aspectos específicos del quehacer universitario en la formación de profesionales.
Por lo tanto, creo que estamos dando un paso muy positivo.
Espero que el presente proyecto se desarrolle con estándares elevados -porque no siempre los planteles del Estado son de alta calidad- y que asegure un mayor pluralismo en la operación de sus gestiones. No olvidemos que las universidades públicas son de todos.
Queremos que ellas, además de cumplir un rol de fortalecimiento de la ciencia y de la formación de la gente, adopten una perspectiva pluralista, como corresponde a un verdadero centro universitario.
Votamos afirmativamente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, como el resto de los señores Senadores y las señoras Senadoras, voy a votar favorablemente la idea de legislar.
En lo práctico, esta iniciativa viene a honrar un compromiso de campaña, que se derivó de una serie de diálogos con ciudadanos de las Regiones de O'Higgins y de Aisén.
Acá se busca llenar un vacío: remediar la falta de igualdad de oportunidades que sufren los jóvenes que viven en dichas Regiones, quienes, para seguir estudios superiores, se ven obligados a migrar. Eso genera una serie de consecuencias, y no solamente económicas.
Desde ese punto de vista, yo valoro este proyecto.
Pero quiero hacer una segunda reflexión.
Las universidades estatales que se pretenden crear son como las que no hemos tenido desde el año 47, cuando se fundó la segunda institución pública: la Universidad de Santiago.
Creo que hoy hacemos justicia respecto de algo que se omitió tal vez en el pasado. Porque durante mucho tiempo primó una mirada bastante particular -no voy a ponerle un adjetivo negativo- con relación a cómo debía ser la educación superior en Chile.
De hecho, esta era distinta antes de que la Universidad de Chile, por ejemplo, fuera desmembrada. En efecto, la actual Universidad de Valparaíso era antes una sede de la Universidad de Chile. Y así ocurrió en varios casos a lo largo del país. No sé si tal medida fue positiva. Mi visión es negativa al respecto.
Sin embargo, ahora, por primera vez en este ámbito, se propone un cambio estructural.
Sucedió algo similar con el establecimiento de la pensión básica solidaria, que fue una reforma estructural, aunque ello no se diga con la fuerza suficiente. En este caso por primera vez se señaló: "Los chilenos y las chilenas que, por las razones que sean, no cuenten con lo mínimo para subsistir (hayan o no hayan pagado impuestos; hayan o no hayan trabajado lo que deberían) serán beneficiados por la sociedad, que les pondrá las lucas para ese fin". O sea, se fijó un mínimo civilizatorio. Para mí, ese fue un punto de inflexión en la forma en que entendemos la política social en nuestro país.
En materia de educación superior, con este proyecto estamos proponiendo un piso para esos lugares donde el mercado, por las razones que sean, no hizo viable la creación de una universidad, pero sí la instalación de centros de formación técnica e institutos profesionales.
He estado en Rancagua en muy buenos centros privados de educación técnica. He sido invitado a dar charlas. Pero ahí no hay universidades. La pregunta es por qué si existen miles de jóvenes esperando una oferta universitaria. La única razón que encuentro es que al parecer la idea no es atractiva comercialmente. Lo es para institutos privados, los cuales imparten una buena formación, y no para las instituciones de educación superior, pues estas tienen una demanda distinta. Tal situación obliga a los estudiantes a migrar hacia otras ciudades.
Por eso señalo que esta iniciativa constituye una reforma estructural, un cambio en la manera de pensar en Chile. Y me alegro de que haya acuerdo al respecto. No es que alguien ganó. Hoy se dice: "Mire, no nos parece razonable que en las Regiones de Aisén y O'Higgins no haya una casa de estudios superiores".
En todo caso, si en esos lugares ya hubiera existido una universidad privada, ¿qué habría ocurrido? Tal vez este debate no tendría lugar de la misma forma.
Me alegra que se señale: "Si no hay universidades en dichas Regiones, el Estado pondrá los recursos para que existan". En cuanto a lo que debe hacerse en términos prácticos, todos los comentarios son bienvenidos.
Quiero reforzar lo expuesto por el Senador Allamand: si vamos a partir de cero con la instalación de estas nuevas universidades -este es el momento originario en el cual podemos darnos la libertad de plantear lo que queramos-, la gracia es hacerlo bien.
Yo he hablado con los rectores Aldo Valle (Universidad de Valparaíso), Ennio Vivaldi (Universidad de Chile) y Juan Manuel Zolezzi (Universidad de Santiago). Y todos me dicen que tienen dudas y dificultades con el actual sistema y marco jurídico vigente.
Considerando lo anterior, es el minuto de hacer bien las cosas desde el principio en este caso; más aún, si nos ponemos de acuerdo.
Es tremendamente valorable poder partir de cero. Tal vez generemos una suerte de principio óptimo que nos permita empezar de mejor manera las reformas que vienen en materia de educación superior.
En todo caso, nada de ello será posible si no existe compatibilidad con las universidades privadas que tienen vocación de servicio público. En mi Región, por ejemplo, están la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad Técnica Federico Santa María, entre otras que cumplen un rol público, aunque posean un origen "jurídicamente privado".
En consecuencia, no me gustaría que, producto del esfuerzo legislativo que estamos realizando, dejemos sin atender a esos planteles o se genere una suerte de discriminación que origine un letargo o menoscabo a universidades que han tenido un rol importante en Chile. Otra cosa es cómo hacer para que ellas se adapten a una realidad distinta y propicien una vocación pluralista que fomente la investigación y, sobre todo, la formación profesional.
Cuando analicemos el proyecto en particular, se producirá un debate en serio y a fondo que va a iluminar al futuro Ministro de Educación, o al actual, para que en su oportunidad -tenemos un año para esto, Ministro; falta mucho tiempo- dispongamos de la mejor institucionalidad.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (33 votos a favor).
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Matta, Montes, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar.
--(Aplausos en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, deseo referirme al plazo para presentar indicaciones.
Ayer habíamos acordado que fuera hasta el 11 de mayo. Pero hoy algunos señores Senadores -varios no están en la Sala ahora- pidieron que se fijara para el 18 de mayo.
La verdad es que no tiene sentido un plazo mayor, porque el único que puede formular indicaciones en este proyecto -lo discutimos largamente en la Comisión de Educación- es el Ejecutivo, el cual no pretende introducir modificaciones al texto propuesto.
Estamos todos satisfechos de lo que se ha aprobado hasta ahora.
Además, se acordó que las Comisiones de Educación y de Hacienda sesionen de manera conjunta, y eso sería recién después del plazo de indicaciones.
En consecuencia, señor Presidente, pido que se recabe el apoyo de la Sala -ojalá mayoritario- para que se fije como plazo de indicaciones hasta el 11 de mayo.
El señor LAGOS.-
Muy bien.
La señora ALLENDE.-
Me parece.
El señor HARBOE.-
De acuerdo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Hago presente que la petición para el 18 de mayo es del Senador señor García-Huidobro.
La Sala deberá resolver el asunto.
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, efectivamente yo formulé la solicitud referida, y lo hice por petición expresa del Honorable señor Letelier, quien se encuentra en La Haya, donde también está el Presidente del Senado, quien representa a la Región de Aisén. Ellos quieren formular indicaciones y trabajar en este tema, pero les resulta físicamente imposible por hallarse en el extranjero.
Por esa razón, solicité recabar la unanimidad de la Sala en ese momento. Y se acordó así. En consecuencia, si se plantea un cambio de fecha, yo no estaré disponible para dar mi respaldo: que se mantenga el día 18 de mayo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, hemos sostenido dos conversaciones con el Senador Letelier, y no nos dijo lo que ahora se está planteando acá.
Él es partidario de que la iniciativa avance en su trámite, sabiendo de las limitaciones de tiempo para la presentación de indicaciones.
Por lo tanto, le pediría al Honorable señor García-Huidobro que reconsiderara su petición, para que podamos aprobar el proyecto la próxima semana.
Los colegas que están en La Haya tendrán hasta el 11 de mayo para formular indicaciones y negociarlas con el Ejecutivo. Porque, como ha dicho el Senador Quintana, las posibilidades son bastante limitadas porque se trata de materias de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Nuevamente, le solicito al Senador García-Huidobro, en nombre de la bancada del Partido Socialista, a la cual pertenece Juan Pablo Letelier -repito que él no nos ha planteado el día de hoy una cosa distinta de la que he señalado-, que reconsidere su posición, y volvamos al plazo del día 11 de mayo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente, quiero intentar resolver la situación en el siguiente sentido.
Yo parto de la base de que tanto el Senador García-Huidobro como los Senadores Patricio Walker, Juan Pablo Letelier, y todos quienes estamos acá queremos que este proyecto se materialice cuanto antes.
Qué mejor noticia para las regiones beneficiadas sería, por ejemplo, que el Congreso Nacional tuviese ya la iniciativa despachada para el Mensaje Presidencial del 21 de mayo.
Por eso, y entendiendo la deferencia del Senador García-Huidobro en términos de defender los derechos de aquellos colegas que no se encuentran en el país, yo sugiero -si le parece al señor Presidente- que la Secretaría se comunique con los Senadores que se hallan en el exterior en representación oficial y los consulte sobre el particular, de modo que la Sala pueda considerar la posibilidad de establecer un plazo anticipado para presentar indicaciones, con el objetivo, dependiendo de la decisión, de dar pronta tramitación al presente proyecto.
De esa manera, uno podría tener la iniciativa completamente despachada al 21 de mayo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Considero muy loable su propuesta, pero estimo que esta Corporación no puede estar a disposición de lo que opine un Senador u otro desde fuera del país. A mi juicio, debemos resolver el tema ahora.
Hay dos fechas propuestas: el 11 de mayo y el 18 de mayo. Y la Sala es autónoma para resolver cuál acoge.
Por lo tanto, voy a someter a votación...
El señor ALLAMAND.-
Ya resolvimos ese asunto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Pero están pidiendo modificar el plazo y la Sala tiene capacidad para hacerlo...
El señor ALLAMAND.-
Por unanimidad, eso sí.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
No. Me dice el señor Secretario que se puede resolver por simple mayoría.
Por lo tanto, voy a someter a votación si se acepta o no el aplazamiento de la fecha.
Sí les puedo informar que el Senador Patricio Walker ha manifestado que prefiere que se mantenga el día 11.
Nos pronunciaremos, en primer lugar, respecto de la proposición formulada por el Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Tiene la palabra, señor Senador.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, me gustaría que nos clarificaran este punto.
Hubo acuerdo unánime del Senado respecto a una propuesta que se presentó al inicio de esta sesión, y para poder cambiarlo debe existir unanimidad sobre el particular.
Por lo tanto, le consulto al señor Secretario la situación.
Lo digo porque mi solicitud derivó de una petición expresa del Senador Letelier. Y, en tal sentido, considero razonable que los dos colegas ausentes puedan presentar indicaciones en el momento que corresponda.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- El señor Secretario me señala que los acuerdos del Senado se resuelven por las mayorías existentes en determinado momento. Y no porque haya habido más o menos votos. Si se produce un resultado 20 contra 15, no es necesario reunir una votación mayor para modificar esa decisión; es la Sala la que determina.
El señor ALLAMAND.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Sí, señor Senador.
El señor ALLAMAND.-
Sin ánimo de entrar en la cuestión de fondo, donde obviamente no nos vamos a cortar las venas por siete días, me parece muy extraña la posición de la Mesa, porque entonces ninguna resolución del Senado tendría nunca certeza.
Porque el procedimiento que Su Señoría está aplicando implicaría lo siguiente: Adoptamos una resolución a las 16:50, por unanimidad. Siete minutos después, viene otro Senador y solicita que se revierta la decisión anterior. Y se revierte. Eso es completamente ajeno al sentido común. Se presta para todo tipo de irregularidades que están totalmente fuera de la lógica de esta Corporación.
Si se adopta una resolución por unanimidad, a lo menos debiera requerirse la misma unanimidad para cambiarla. Porque, si no es así, el precedente que estamos sentando -y ello no tiene nada que ver con el proyecto que nos ocupa- es extraordinariamente grave para el funcionamiento del Senado.
Insisto: me es indiferente que se fije el 11 o el 18. Si quieren, lo partimos por la mitad y lo dejamos en el 14; me da exactamente lo mismo. Pero no me parece adecuado que establezcamos una norma de procedimiento conforme a la cual ninguna resolución que adopte la Sala va a ser definitiva, ya que se va a poder cambiar a los cinco minutos.
Entonces, le quiero pedir que en este punto nos atengamos a lo que ha sido -hasta donde yo entiendo- la fórmula inveterada de este Senado: se adopta una resolución por unanimidad, y esa resolución no se cambia a los cinco minutos por una mayoría distinta.
Y en cuanto a la fecha, me es indiferente que sea el 11, el 18 o el 14 de mayo; resuelvan ustedes lo que quieran. Pero sentar el precedente de que ninguna resolución que se adopte será permanente, francamente considero que va a afectar enormemente el funcionamiento de la Sala.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Yo he consultado al señor Secretario, quien me informa que se pueden modificar los acuerdos, sobre todo de procedimiento, y que normalmente se hace así: se cambian fechas, se fijan otros plazos, se hacen enmiendas que no dependen del tipo de proyecto de ley.
Le ofrezco la palabra al señor Secretario para que aclare el punto.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El artículo 118 del Reglamento, letra b) -se refiere al caso de que el proyecto ha sido aprobado en general-, dice: "Recibir las indicaciones que por escrito se formulen a su respecto durante la discusión o dentro del plazo que la Sala acuerde". Cuando se requiere que el acuerdo sea unánime, el Reglamento lo dispone así, expresamente. Hay muchas normas sobre el particular.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Someto a votación, entonces, si se mantiene...
El señor PROKURICA.-
Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
La tiene, señor Senador.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, en el asunto que nos ocupa no puedo sustentar una opinión distinta a la que ha planteado el Senador Allamand.
Para que los procedimientos funcionen realmente, si hay un acuerdo que se adoptó por unanimidad su revisión debe hacerse por la misma vía, porque, si no, entraremos a revisar cualquier acuerdo, a cada momento, sin exigir que las decisiones se asuman con el mismo quórum anterior.
En eso no cambiemos las reglas del juego.
Nadie está poniendo en duda la fecha para presentar indicaciones, pero hay un acuerdo adoptado y no se puede revertir sino por el mismo quórum con que se adoptó.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Voy a proceder según el criterio de la Secretaría.
Por lo tanto, someteré a votación el cambio de fecha.
En lo personal, la fecha no me va ni me viene. Aquí se trata, fundamentalmente, de un tema de buena relación entre nosotros, de la forma como procedemos en materia de cambios.
Voy a hacer un recuerdo de lo sucedido.
Ayer se dio como razón para establecer el 11 de mayo el hecho de que los Senadores Letelier y Patricio Walker pedían estar presentes durante la discusión.
Después se les consultó a los mencionados parlamentarios y dijeron que no tenían problemas para que el proyecto se votara hoy, en el entendido de que iba a ser discutido en particular la próxima semana.
Sobre esa base, se propuso fijar plazo para presentar indicaciones hasta el día 11 de mayo.
Ese es el acuerdo alcanzado.
Luego, el Senador señor García-Huidobro, hoy día -después de haberse tomado el otro acuerdo: podríamos aplicar el mismo criterio y se requeriría unanimidad para revertirlo-, nos informó que el Senador Letelier le habría dicho que él quería estar aquí presente y que, para ese efecto, el plazo de indicaciones era muy breve.
De ahí que se planteó aquí -y no se verificó ninguna votación, sino que se dio el acuerdo unánime- la posibilidad de fijar el 18 de mayo como plazo.
Finalmente, vino una intervención del Comité Socialista, del cual es miembro don Juan Pablo Letelier, que señaló: "Nosotros creemos que no debe ser así, queremos que el plazo se mantenga el 11 de mayo. Y, representando al colega Letelier, no creemos que sea bueno modificarlo".
Entonces, hay una cuestión más que nada de fair play en las relaciones. Si acaso modificamos la fecha, hagámoslo de común acuerdo, para evitar el problema reglamentario, que podemos aclarar después.
Yo soy partidario de que fijemos como fecha el día 11 de septiembre...
El señor MOREIRA.-
¡Bueno...!
El señor LAGOS.-
¡Es una concesión demasiado grande...!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
¡El 11 de mayo, quiero decir!
Fijemos como fecha para presentar indicaciones el 11 de mayo, a objeto de poder despachar el proyecto con la prontitud requerida.
Y la decisión se les comunicará a los dos Senadores, de tal manera que hagan llegar sus indicaciones, y analizaremos si son admisibles, porque -como se ha dicho muy bien aquí- la generalidad de las indicaciones requerirán el patrocinio del Ejecutivo, que está de acuerdo con que el plazo sea el 11 de mayo.
Por lo tanto, solicito a la Sala que, aplicando el fair play, fijemos como plazo para presentar indicaciones el 11 de mayo y no nos provoquemos problemas.
Si hubiera acuerdo, le pido al Senador señor García-Huidobro que nos ayude a solucionar este tema.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, conversé con la Ministra señora Rincón y ella accedió a comunicarse con el Senador Letelier...
La señora ALLENDE.-
¡No!
La señora MUÑOZ.-
¡No!
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Presidente, esa fue una petición expresa que me hizo...
El señor LAGOS.-
¡Lo otro es chequear el itinerario del Senador Letelier porque a lo mejor va a otro lado después...!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Pido orden en la Sala.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, tal como ha dicho usted, aquí hay fair play. Y, conversando ayer con el Senador mencionado, me solicitó pedir a la Sala mayor plazo de indicaciones para poder trabajar este proyecto, como expresé al inicio de esta sesión.
Por lo tanto, yo no voy a cambiar mi posición mientras él no me comunique una decisión distinta.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Le pido al Senador señor García-Huidobro que sigamos un procedimiento más lógico, más sano.
Mañana no tenemos sesión y hoy día es difícil que se comunique con el Senador señor Letelier.
En consecuencia, le sugiero que deje que la Presidencia conozca cuál es el criterio de ese señor Senador. Y, si él acepta que se fije como plazo el 11 de mayo, lo fijamos. Ahora, si él...
La señora ALLENDE.-
¡No corresponde!
El señor PIZARRO.- ¡No contesta, está durmiendo...!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Les pido orden, por favor.
Tiene la palabra el Senador señor Rossi.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente, yo entiendo su buena disposición para tratar de llegar a acuerdos, pero creo que estamos cayendo un poco en el absurdo -se lo digo, por su intermedio, al Senador García-Huidobro- al supeditar algo tan importante como la creación de una universidad estatal en determinada región al hecho de que un Senador esté presente o no esté presente.
Acá estamos los Senadores del Partido Socialista y decimos que queremos que se fije como plazo el 11 de mayo. Conversaremos entre nosotros y nos haremos cargo del tema; no necesitamos intermediarios.
Por tanto, señor Presidente, le agradecemos la buena disposición y proponemos el 11 de este mes.
La señora ALLENDE.-
Muy bien.
El señor MOREIRA.-
¡Se impuso el 11...!
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Les advierto a las personas que están en las tribunas que no se pueden hacer manifestaciones.
Tiene la palabra la Ministra señora Rincón.
La señora RINCÓN (Ministra Secretaria General de la Presidencia).- Señor Presidente, yo entiendo la inquietud del Senador García-Huidobro pero para el Gobierno es, de verdad, imperioso dar respuesta a la solicitud de las bancadas y fijar como plazo, a más tardar, el 11 de mayo. Por tanto, pedimos formalmente como Ejecutivo que se revise lo que se ha decidido y que se vuelva al acuerdo de ayer.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Consulto nuevamente al Senador señor García-Huidobro si me puede facilitar la solución del problema.
El señor COLOMA.-
¡Hay que preguntarle a Letelier...!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, atendiendo lo solicitado por el propio Comité del Senador Letelier y por la Ministra, yo retiro mi objeción, pero entiendan que este es un trabajo que debemos realizar como región y que por eso las indicaciones, inclusive, las íbamos a estudiar en conjunto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Le agradezco al Senador señor García-Huidobro por su buena voluntad.
Resuelto el problema reglamentario, queda como plazo para la presentación de indicaciones el 11 de mayo, a las 12
.
MODIFICACIÓN DE CÓDIGO ORGÁNICO DE TRIBUNALES EN MATERIA DE DISTRIBUCIÓN DE CAUSAS Y ASUNTOS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Señoras y señores Senadores, debo informarles que en sesión del 31 de marzo se aprobó en general el proyecto de ley, en primer trámite, que modifica el Código Orgánico de Tribunales en materia de distribución de causas y asuntos de jurisdicción voluntaria, iniciativa respecto de la cual no se presentaron indicaciones en el plazo fijado al efecto.
De consiguiente, corresponde darlo por aprobado en particular, salvo que se pidiera un nuevo plazo de indicaciones.
Ahora bien, dos de los artículos del proyecto son de rango orgánico constitucional, por lo que habría que dejar constancia del quórum.
En este momento hay 26 Senadores en la Sala.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.679-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señor De Urresti, señora Allende y señores Araya, Harboe y Quinteros):
En primer trámite, sesión 60ª, en 4 de noviembre de 2014.
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 70ª, en 26 de noviembre de 2014.
Discusión:
Sesión 4ª, en 31 de marzo de 2015 (se aprueba en general).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Como no se han presentado indicaciones ni se ha pedido abrir un nuevo plazo para formularlas, corresponde dar por aprobada la iniciativa también en particular.
--Se aprueba en particular el proyecto, reglamentariamente, dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional requerido, y queda despachado en este trámite.
REGULACIÓN DE ALZAMIENTO DE HIPOTECAS PARA CAUCIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula el alzamiento de hipotecas que caucionen créditos hipotecarios, con informe de la Comisión de Economía y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8.069-14) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 19ª, en 20 de mayo de 2014.
Informe de Comisión:
Economía: sesión 13ª, en 5 de mayo de 2015.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El objetivo principal del proyecto es poner de cargo de la entidad acreedora el alzamiento de los gravámenes que, para seguridad de su crédito, afectan a un bien raíz, una vez extinguida la acreencia.
La Comisión de Economía discutió la iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Tuma, Navarro, Orpis y Pizarro.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en la página 25 del primer informe de la Comisión de Economía y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Nada más, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, Honorable Senado, este proyecto se origina en una moción de los entonces Diputados señores Burgos, Cornejo, Godoy, Harboe -actual Senador-, Jaramillo, Monckeberg, Ortiz, Robles, Tarud y Matías Walker.
Tal como ha señalado el señor Secretario, la iniciativa tiene por objeto facilitar el alzamiento de las hipotecas. Y, dentro de los fundamentos de la moción, sus autores señalan: "De esta manera y sin que exista una deuda pendiente, el bien raíz sigue fuera del comercio humano por una simple ineficiencia del sistema que somete al deudor cumplidor de sus obligaciones a un gravamen que persiste, aún más allá del crédito otorgado".
Señor Presidente, esta norma se ubica dentro del Título II, párrafo 4°, de la Ley de Derechos del Consumidor, que se refiere a las "Normas de equidad en las estipulaciones y en el cumplimiento de contratos de adhesión". Y entre las normas de equidad de este tipo de contratos se encuentra el artículo 17 D.
El artículo 17 D tiene cinco incisos, los cuales señalan un conjunto de obligaciones. Pues bien, el inciso quinto trae una disposición especial relativa a los créditos hipotecarios, y es lo que se está proponiendo modificar.
¿Qué señala el actual artículo 17 D, inciso quinto?
Abro comillas: "Extinguidas totalmente las obligaciones caucionadas con hipotecas, el proveedor del crédito procederá a otorgar la escritura de cancelación de la o las hipotecas, dentro del plazo de 15 días hábiles".
¿Qué se está proponiendo?
Primero, que se notifique al deudor que se han extinguido las obligaciones, y posteriormente garantizar, por parte del acreedor, que no solamente se va a colocar a disposición del deudor la escritura de cancelación, sino que, además, se debe proceder al alzamiento. Porque, de lo contrario, el bien no pasa a formar parte del comercio humano.
¿Cuáles son mis comentarios respecto de esta materia? (Como se trata de un artículo único, ya presenté las indicaciones en la Comisión).
Creo que el proyecto avanza en la dirección correcta. Sin embargo, a mi juicio, tiene un alcance acotado. Lo señalo, porque dentro de los contratos de adhesión, los créditos no solamente se garantizan con hipotecas, sino también con prendas. Y, mientras estas no se alcen, se mantiene el gravamen.
Además, hay otros gravámenes de carácter personal, como las prohibiciones de enajenar.
Por lo tanto, teniendo presente que este proyecto avanza en la línea correcta, creo que se encuentra perfectamente dentro de sus ideas matrices -porque se trata de normas de equidad: está ubicado en el párrafo 4° del Título II de la Ley de Derechos del Consumidor- no acotarlo al punto específico de la hipoteca. A mi entender, respecto de todos los contratos de adhesión que incluyan garantías, sean reales o personales, hay que asegurarle al obligado que pagada la deuda se extingue completamente la obligación principal y, en consecuencia, el bien se incorpora al comercio humano.
Esta iniciativa -reitero- no solo debe restringirse a la hipoteca: hay que ampliarla a la prenda y a otro tipo de garantías, sean reales o personales, para evitar que se mantengan aun cuando la obligación principal se haya extinguido.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, gran parte del informe que iba a rendir en mi condición de Presidente de la Comisión de Economía acerca del proyecto ya fue expuesta por el Senador Orpis.
No obstante, quiero expresar que esta es una de las iniciativas legales acerca de las cuales los ciudadanos esperan que legislemos con celeridad, porque mediante ella se radica en la institución acreedora la responsabilidad de alzar, una vez extinguida la deuda, los gravámenes establecidos para asegurar el pago de un crédito hipotecario.
En Chile son muchas las personas que para obtener un préstamo han hipotecado el inmueble y, una vez servida la deuda, no han podido disponer de él para venderlo, enajenarlo o hipotecarlo a los fines de obtener un nuevo crédito en otra institución porque la entidad acreedora lo tomó como garantía en su beneficio.
Entre paréntesis, debo puntualizar que la operación realizada para garantizarle al banco el pago del crédito es de cargo del deudor, quien entrega el bien raíz para asegurar el servicio de la deuda.
Pero ocurre que a quienes han pagado totalmente la acreencia después les cuesta obtener el saneamiento del inmueble porque los bancos son renuentes a alzar las hipotecas. No les interesa hacerlo. Al contrario, procuran mantener cautivo al cliente para que continúe operando con ellos.
Incluso más: cuando otorga un crédito con garantía hipotecaria, el banco toma el bien raíz como garantía general. Así, el deudor queda cautivo de esa institución aun cuando haya pagado la deuda derivada del crédito hipotecario; es decir, el inmueble sigue enganchado a otras operaciones, para cuya concreción a muchas personas no se les solicita garantía alguna.
Hay operaciones con tarjetas de crédito y otros productos que los bancos y las instituciones financieras les otorgan a los usuarios sin que medie garantía. Sin embargo, al que obtuvo un crédito con garantía hipotecaria no lo sueltan y le dejan amarrada la vivienda.
Este proyecto, señor Presidente, cambia las responsabilidades.
Hasta ahora, la obligación de alzar la hipoteca es del deudor, no del banco. Por tanto, este no tiene ningún incentivo para hacerlo; porque, además, el levantamiento implica un pago al conservador de bienes raíces: hay que presentar una escritura de cancelación, en fin.
La ley vigente dice que el banco tiene 15 días de plazo para entregarle al deudor una escritura de cancelación. Pero esta no sirve para alzar la hipoteca: hay que presentar una escritura de alzamiento, la que debe ser hecha por el propio banco, el cual no se interesa en ello.
En la Comisión tuvimos a varios invitados. Además de las asociaciones de consumidores, al SERNAC.
También estuvo el Banco del Estado. El Presidente del Consejo Directivo, don Rodrigo Valdés, expresó su apoyo a la iniciativa y sinceró las cifras respecto a los créditos cancelados y en que no están alzadas las hipotecas.
Solo en el Banco del Estado, ¡180 mil propiedades se mantienen cautivas no obstante haberse pagado la deuda! Y no se han alzado las hipotecas porque no lo ha pedido el deudor o porque para este existe un costo adicional una vez que el banco ha expedido el certificado de cancelación.
Ahora estamos legislando mediante este muy buen proyecto de ley, que avanza en la protección de los derechos del deudor, a quien le permitirá liberarse de la condición de cautivo de una institución bancaria y moverse con su inmueble en otra.
En todo caso, quiero señalar que es factible perfeccionar esta iniciativa. Por ejemplo, podemos establecer cuál es la condición de alzamiento de la hipoteca y cuándo se considera cancelada la deuda. No lo dice el texto sugerido; tampoco la ley vigente. No está claro en qué momento está extinguida la deuda. Hasta ahora, el término de esta se deja al criterio unilateral del acreedor. Así, es posible que nunca concurran los requisitos para que el banco determine el instante de la extinción de la deuda.
Por eso, debemos mejorar el proyecto a través de indicaciones para precisar en qué momento se considera extinguida la deuda y, en mi opinión, para prohibir que la hipoteca sirva de garantía general.
El banco dice: "Pero se ahorra el costo". No. En mi concepto, debemos determinar que el costo de tomar en garantía una propiedad para otorgar un crédito tiene que ser asumido por el acreedor.
¿A quién le sirve la garantía? ¡Al acreedor! Es para asegurarle el pago del crédito que otorga.
"¡Ah! ¡Pero eso va a encarecer el crédito!". ¡Pero si ya lo tiene encarecido...!
No creo que la idea sea que al interés que está pagando el deudor se agreguen los gastos por concepto de alzamiento de la hipoteca. Entonces, es preferible sincerar la situación estableciendo que el acreedor, quien es el beneficiario de la garantía hipotecaria, deberá asumir los costos de su alzamiento.
Esta es una muy buena iniciativa, señor Presidente. Nació cuando el actual Senador Harboe era Diputado. Esto nos da una orientación respecto del tiempo que demora normalmente la tramitación de los proyectos.
A mi entender, deberíamos acelerar la tramitación de esta iniciativa, que es sencilla, para beneficiar a miles de consumidores que la están esperando.
Si solo el Banco del Estado mantiene cautivos 180 mil inmuebles que garantizan el pago de créditos que ya están cancelados -por tanto, las propiedades deberían estar liberadas de la hipoteca que pesa sobre ellas-, bien podemos concluir que en el conservador de bienes raíces hay inscritas cerca de un millón de hipotecas que garantizan el pago de deudas que ya se encuentran canceladas.
Señor Presidente, también es necesario considerar, en otro proyecto -esperamos que eso avance desde el punto de vista de lo que está haciendo el Ministerio de Justicia-, la modernización del sistema de notarios y conservadores, para los efectos de abreviar los plazos en que se hacen los trámites de cancelación de la deuda y término de la hipoteca.
Reitero que estamos ante una muy buena iniciativa para los consumidores, pues les permitirá, una vez pagada la deuda, liberar sus inmuebles -espero que por la vía de la indicación se liberen también las prendas, como lo planteó el Senador Orpis- sin necesidad de realizar trámites adicionales y sin efectuar otros pagos.
Este avance permite fortalecer los derechos de los consumidores.
Esperamos terminar con el cautiverio de las garantías. Hay que poner fin a la paradoja de que cuando los consumidores no pagan son castigados con intereses, multas, acoso y remate, pero cuando pagan sus garantías quedan atrapadas en la maraña burocrática y en la indolencia de la industria financiera y bancaria.
Votaré a favor, señor Presidente.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, en la misma línea de lo sostenido por quienes me antecedieron en el uso de la palabra, quiero señalar, en forma breve, que aquí se está avanzando en la búsqueda de un justo equilibrio en la relación contractual existente en muchos contratos de adhesión entre los proveedores de créditos del sistema financiero y los consumidores.
Este proyecto -y me parece importante la moción que le dio origen, la cual se presentó en la Cámara de Diputados- está pensado precisamente para los consumidores.
Es bueno recordar que el llamado "SERNAC Financiero", creado durante la Administración del Presidente Sebastián Piñera para proteger los derechos de los consumidores, ha podido detectar diversas irregularidades relacionadas con abusos cometidos contra ellos cuando son parte de contratos de adhesión suscritos por créditos obtenidos en bancos e instituciones financieras.
Así, por ejemplo, se han conocido situaciones abusivas y muy abusivas derivadas de cláusulas que permiten cobrar intereses moratorios retroactivos; cláusulas que posibilitan el cobro de gastos extrajudiciales antes de los plazos que exige la ley; cláusulas que impiden la entrega de información relevante para los consumidores, etcétera. Podemos llenarnos de ejemplos.
Todos somos conscientes de la solidez del sistema financiero de Chile. Sabemos perfectamente que nuestra banca es de las más robustas y rentables de Latinoamérica. Sin embargo, esto debe ir de la mano con un trato adecuado de los bancos a los pequeños consumidores de los servicios que ofrecen al mercado; con el contrapeso de un trato equitativo en la relación contractual con los ciudadanos comunes y corrientes.
Por eso, señor Presidente, voy a apoyar esta iniciativa, que establece nuevos derechos, razonables para los consumidores de créditos, y que contiene reglas estables, las cuales también son sensatas y prudentes, para los contratos de adhesión de los servicios financieros. Se mejora así el equilibrio entre los proveedores y los consumidores de créditos.
Este proyecto de ley, que regula el alzamiento de hipotecas que caucionen créditos hipotecarios, constituye un avance y, al mismo tiempo, se pensó -reitero- considerando siempre en primer lugar el resguardo a los consumidores.
Evidentemente, voy a votar a favor.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente, efectivamente, con los Diputados Jorge Burgos, Enrique Jaramillo, Matías Walker y muchos otros presentamos en la Cámara Baja la moción que dio origen a este proyecto de ley.
La compra de una vivienda es una de las decisiones más importantes que deben enfrentar los chilenos de cara a su futuro. Por consiguiente, la forma de financiamiento y los instrumentos que ofrece el mercado a tal fin cobran especial relevancia para la economía familiar.
El mercado ofrece al deudor tres opciones: crédito hipotecario con letras de cambio, mutuo hipotecario endosable y mutuo hipotecario no endosable, los que se diferencian principalmente por la forma de financiar el monto prestado, ya sea con recursos propios o con recursos externos mediante la cesión del crédito o endoso.
Recordemos que generalmente estos contratos son de adhesión, es decir, aquellos en que el suscriptor no tiene capacidad para negociar las cláusulas incorporadas; por consiguiente, las dificultades para su celebración son bastante escasas.
Cuando se suscribe un contrato de mutuo con hipoteca, los gastos actuariales devienen por imposición de una cláusula del contrato de adhesión y, por lo general, son de cargo del deudor; la cifra incluye, entre otros conceptos, honorarios de abogados, impuesto al mutuo, impuesto de timbres y estampillas, pago del arancel de la notaría y del conservador de bienes raíces.
Recordemos que, por mandato del artículo 2409 del Código Civil, la hipoteca siempre debe reducirse a escritura pública y, como derecho real limitativo del dominio, tiene que inscribirse en el conservador de bienes raíces respectivo.
Para ilustrar a la Honorable Sala del Senado, voy a señalar lo siguiente.
De acuerdo a cifras de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, los gastos de alzamiento ascienden, en promedio, a 3 unidades de fomento (aproximadamente, 74 mil pesos).
Si consideramos que el BancoEstado realiza 1.500 alzamientos mensuales, debemos concluir que esa institución bancaria ahorra unas 4 mil 500 UF, pues traspasa el gasto a los deudores, quienes, jurídicamente, ya no tienen esa condición, toda vez que pagaron su crédito hipotecario.
Así las cosas, las dificultades en el íter contractual se presentan en su fase poscontractual, esto es, una vez extinguida la obligación principal, pues la institución que otorgó el crédito carece de incentivo para efectuar el alzamiento de la hipoteca que grava el inmueble adquirido. Así, el deudor queda obligado a solicitar el alzamiento y sometido enteramente a la voluntad del banco o institución financiera y a la eventualidad de tener que requerir la participación de un tercero, lo que, obviamente, importa costos y agrava la situación.
De esa manera, y sin que exista una deuda pendiente, el bien raíz objeto del contrato continua siendo gravado y sigue fuera del comercio humano por desidia del acreedor -el banco o la institución financiera- en el cumplimiento de sus obligaciones poscontractuales y por el ordenamiento jurídico, que así lo permite.
Este proyecto de ley -concurrí a su presentación en la Cámara de Diputados y hoy, como Senador, lo conozco en segundo trámite constitucional- busca justamente establecer un instrumento efectivo para que las instituciones acreedoras que han recibido el pago del crédito hipotecario desplieguen un mínimo esfuerzo poscontractual en una industria que es muy rentable.
Sepa esta Honorable Sala que a marzo de 2015, según cifras de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, existían en nuestro país un millón 484 mil 965 créditos hipotecarios para la vivienda vigentes, por un valor total de 13 millones 142 mil unidades de fomento, de un universo de 5 millones 570 mil 115 garantías constituidas (se incluyen deudores hipotecarios, warrants, cauciones CORFO, FOGAPE, etcétera), que en su conjunto ascienden a 13 millones 368 mil UF.
Entonces, señor Presidente, cuando hablamos del mercado del crédito y de las garantías que caucionan las obligaciones nos referimos a un mercado robusto y con buenas proyecciones hacia el futuro.
En consecuencia, permítanme señalar que las cifras no acompañan a los argumentos de los agoreros del pesimismo, quienes dicen que un proyecto como este, que beneficia a los consumidores, puede significar una afectación a la industria bancaria.
Por eso, es absolutamente inexplicable que las instituciones financieras, máxime cuando el obligado ya ha pagado completamente su deuda, incluso sin retrasos, no cumplan con el deber de "liberarlo" del todo.
En efecto, de acuerdo a cifras del SERNAC, entre los años 2013 y 2014 se presentaron 140 reclamos por no liberación de las garantías otorgadas, ya que la propiedad continuaba hipotecada pese a haberse pagado la deuda, que es el modo de extinguir las obligaciones por excelencia y por definición.
Señor Presidente, estamos en presencia de un proyecto que es parte de la agenda contra los abusos; que busca una aplicación práctica en beneficio de los consumidores; que explicita aún más algo que ya está hoy y que se desprende de la naturaleza de las normas del Código Civil que regulan la extinción de las obligaciones.
Si se paga el mutuo, la hipoteca deja de tener una obligación principal a la cual caucionar.
Aun así, la banca se resiste a hacerlo motu proprio. Y, como en muchas otras oportunidades, lo que debiera ser una norma de conducta ética mercantil, hoy, lamentablemente, tiene que estar sometido a la aprobación del Congreso Nacional para su regulación por ley.
O sea, el legislador debe imponer por ley una obligación que cualquier contratante de buena fe debiera cumplir por iniciativa propia, solo en virtud del mandato del principio básico, que recorre todo el íter del contrato, llamado "buena fe contractual", que, por desgracia, la banca y las instituciones financieras no cumplen.
Este proyecto apunta a emparejar la cancha y a recordar que el pago impone consecuencias de derecho para el acreedor y que no solo basta con darse por satisfecho, sino que ello también conlleva el deber de "liberar" al deudor, lo que permite dar vida al viejo adagio del derecho civil en el sentido de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Como consecuencia, la extinción de la deuda principal acarrea de inmediato el mismo efecto en la obligación accesoria.
El proyecto de ley presenta, además, la virtud de permitir al deudor la mantención del gravamen si va a contraer voluntariamente nuevas obligaciones con la entidad bancaria, situación que se registra mucho en las zonas agrícolas.
Sin duda alguna, la iniciativa puede ser objeto de pequeños ajustes, como los señalados por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, en su exposición en el seno de la Comisión de Economía, en cuanto a distinguir si el texto se va a referir exclusivamente a las garantías específicas o también abarcará las generales; si se va a extender a otro tipo de garantías reales, como la prenda, para los bienes muebles, o se circunscribirá a la hipoteca.
Otro perfeccionamiento es el de precisar desde cuándo se contará el plazo de cuarenta y cinco días para el alzamiento de la hipoteca por el acreedor.
Con todo, creo que será en la discusión particular el momento de analizar los detalles y el perfeccionamiento.
Este es un buen proyecto, inspirado en la práctica mercantil, que va a beneficiar a más de dos millones de deudores hipotecarios. Ellos, una vez extinguidas sus obligaciones a través de un esfuerzo constante y permanente, personal y familiar, lamentablemente han visto cómo su bien raíz, su máximo capital familiar, queda fuera del comercio humano por la mera desidia del banco y de sus abogados, los que no tienen ningún tipo de incentivo para alzar las hipotecas.
Por eso, como autor de la iniciativa, solicito que esta Honorable Sala la apruebe en general y que sea enviada a la Comisión de Economía para que sea discutida en particular.
He dicho.
La señora ALLENDE.-
Que se abra la votación, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
¿Hay acuerdo para ello?
El señor PIZARRO.-
Me parece muy bien.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, lo que busca el proyecto, como lo han repetido ya varios señores Senadores, es poner de cargo de la entidad acreedora -es decir, del banco- el alzamiento de la hipoteca que asegura su crédito, una vez extinguida la deuda. Por eso, se apunta a establecer que el proveedor de los recursos es el responsable de hacerlo, a su costo, ante el Conservador de Bienes Raíces respectivo, sin necesidad del requerimiento expreso del deudor.
Pienso que ello, como se ha dicho acá, es sumamente positivo, no solo por aliviar a las familias de un trámite ya complicado y caro, sino también por dar seguridad jurídica y facilitar el mercado inmobiliario.
Sin embargo, en el debate que sostuvimos en la Comisión, estando todos de acuerdo con la idea de legislar, se plantearon también algunos perfeccionamientos.
Uno de los aspectos a los que nos abocamos fue la diferencia entre la hipoteca general y la específica, en lo cual el texto no distingue.
La hipoteca específica constituye la regla. Dice relación solo con el crédito, por lo que resulta inútil como garantía una vez efectuado el pago. Es la que dificulta la transferencia del bien si no se alza y se cancela.
Pero, además, es el único tipo de hipoteca referente a las viviendas con subsidio habitacional, como reiteradamente se ha manifestado. Por eso es que resulta conveniente su alzamiento y cancelación de la forma más simple y económica posible, incluso sin requerirse el consentimiento del deudor, y a ella debería remitirse el proyecto de ley.
Por otra parte, está la hipoteca general, que es una garantía útil para el cliente que desea acceder a nuevos financiamientos. En consecuencia, se requiere la voluntad expresa de alzar y de cancelar.
Y no solo garantiza un crédito hipotecario, sino también toda otra obligación del deudor. Puede tratarse de deudas actuales o futuras con el banco. Por eso es que una vez efectuado el pago sigue siendo útil como garantía para nuevos créditos. Y, de hecho, facilita el acceso a estos en mejores condiciones y sin costos adicionales para las personas.
No creo, entonces, que podamos establecer un sistema automático de alzamiento de hipotecas generales, porque para tal efecto y para la cancelación se requiere la extinción total de las deudas vigentes o, en su defecto, una autorización especial del banco. Esta es la razón por la cual en la discusión particular tendremos que darles otro tratamiento.
Sin duda, el proyecto resulta muy beneficioso para los usuarios y para los que cuenten con la garantía, una vez pagada toda su deuda, de que el responsable del alzamiento de la hipoteca ante el Conservador de Bienes Raíces será la institución proveedora del crédito hipotecario, es decir, el banco.
Esta es la razón por la cual vamos a votar a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Puede intervenir el Senador señor Araya.
El señor ARAYA.-
Señor Presidente, tenemos que recordar que la iniciativa en debate incorpora nuevos incisos en el artículo 17 D de la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, el cual se encuentra entre las disposiciones generales del cuerpo legal y se refiere a los proveedores de servicios financieros.
El precepto fue incorporado con motivo de la discusión, durante el Gobierno del Presidente Piñera, del proyecto de la que luego fue ley N° 20.555, conocida como "del SERNAC financiero". Buscaba hacerse cargo de una problemática que se presenta toda vez que el banco, cuando un deudor paga su crédito, se toma un tiempo indeterminado en alzar la hipoteca, y, como consecuencia, se genera un perjuicio en atención a que la persona no puede realizar nuevas gestiones financieras en una institución distinta, o bien, tiene que incurrir en una tramitación bastante más engorrosa en los créditos hipotecarios.
La norma vigente determina, entonces, que una vez extinguidas las obligaciones caucionadas con una hipoteca el proveedor del crédito debe proceder a cancelarla dentro del plazo de quince días hábiles, sin contemplarse la posibilidad de que el deudor la mantenga.
El debate apuntó, básicamente, al alzamiento de la garantía, pero no se hizo cargo de una dificultad de mucha ocurrencia, en el sentido de que el mismo deudor, una vez pagado el crédito, podía necesitar uno nuevo, y, con esta disposición, si no lo solicitaba dentro de los quince días, se efectuaba el alzamiento de la hipoteca y el banco tenía que proceder otra vez, con los costos que ello lleva aparejado, a realizar el estudio de títulos y constituir las nuevas hipotecas. En la práctica, ello habría significado un encarecimiento de los créditos que eventualmente podían obtener este tipo de rebajas.
La iniciativa tiende a introducir una modificación en el sentido correcto, a mi juicio, relativa a establecer una doble obligación para la institución financiera: la de notificar al deudor, en un plazo de cinco días, de que se ha pagado el crédito y la de que se procederá al alzamiento de la hipoteca. Y se fijan los próximos cuarenta y cinco días para este último efecto, a menos que el deudor, dentro de los quince días de notificado, manifieste su intención de no necesitar o no querer el alzamiento.
En términos generales, se puede decir que el proyecto logra salvar un inconveniente práctico ocurrido con ocasión de la dictación de la ley del SERNAC financiero, ya que permite mantener vigente la hipoteca.
Estimo necesario, sí, modificar la propuesta que se está haciendo, porque en la normativa no queda claro el cómputo de los plazos. Si se lee con detención, cabría entender que son términos que precluyen, pues se expresa que debe notificarse dentro de cinco días de extinguidas las obligaciones y, a renglón seguido, el banco cuenta con cuarenta y cinco días para alzar la hipoteca. Y el mismo texto señala que el deudor dispone de quince días para manifestar su intención de que no se verifique el alzamiento y se mantenga vigente la hipoteca, con el objeto de poder caucionar otros créditos que pueda mantener en la institución financiera o que quiera solicitar.
Pareciera más prudente contemplar plazos preclusivos en el sentido de fijarse al banco cinco días para notificar, de que una vez notificado el deudor tenga quince días para manifestar si quiere o no mantener la hipoteca y de que con posterioridad exista un plazo de treinta días para el alzamiento. Porque, tal como está redactada la norma, podría ocurrir que una institución diligente llevara a cabo el alzamiento en el día diez y el cliente dijera en el día quince: "¿Sabe? No quiero", lo que, obviamente, generaría un problema de aplicación práctica.
Pienso que, con esta corrección, la iniciativa sin duda apuntará en la dirección correcta y especialmente será una muy buena noticia para muchos deudores hipotecarios.
Gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, voy a votar a favor del proyecto, porque entiendo que perfecciona la legislación.
No soy abogado, pero me sorprende que tengamos que entrar a explicitar y detallar una norma legal vigente.
Quisiera recordar que el artículo 17 D, inciso quinto, de la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, dispone:
"En el caso de los créditos hipotecarios, en cualquiera de sus modalidades, no podrá incluirse en el contrato de mutuo otra hipoteca que no sea la que cauciona el crédito que se contrata, salvo solicitud escrita del deudor efectuada por cualquier medio físico o tecnológico. Extinguidas totalmente las obligaciones caucionadas con hipotecas, el proveedor del crédito procederá a otorgar la escritura de cancelación de la o las hipotecas, dentro del plazo de quince días hábiles.".
Un análisis detallado de la parte final me aclara que no es lo mismo la escritura de cancelación que el alzamiento. Pero estoy seguro de que cuando legislamos respecto de la cancelación de la o de las hipotecas nos estábamos refiriendo no solo a la del o de los créditos, sino también al alzamiento, pues eso es lo que presenta sentido lógico y práctico.
Ahora bien, si ello no se ha entendido así, es bien lamentable. Cabe consignar que los proveedores de crédito no se mandan solos: existe una Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Y al Senador que habla, al menos, le gustaría saber qué ha hecho ese organismo para que la norma se cumpla.
Si no ha hecho nada, quiero expresar derechamente que se encuentra en deuda. Creo que no se habría ceñido fielmente al mandato legal; que se habría vulnerado la fe pública.
Me parece francamente escandaloso dictar leyes en favor de las personas y que no se pongan en práctica, más aún si existen organismos estatales especialmente encargados de vigilar su aplicación.
Por eso, señor Presidente, solicito oficiar a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para que informe cómo ha fiscalizado el cumplimiento de la norma que obliga a las instituciones financieras a otorgar la escritura de cancelación de la hipoteca dentro del plazo de quince días de extinguida la obligación caucionada.
Dicho eso, y entendiendo que lo que aquí se hace es detallar la forma en que se debe aplicar la voluntad del legislador expresada en la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, voto a favor.
Entiendo que durante la discusión particular se tendrán que realizar perfeccionamientos, pero, como lo más probable es que la iniciativa sea ley en poco tiempo, espero que la Superintendencia se dé el trabajo de vigilar el estricto cumplimiento del mandato legal. Si no, en un año más vamos a estar sacando otra ley para reinterpretar lo que ya habíamos interpretado de una primera disposición o una primera intención del legislador. A mi juicio, eso no puede ser.
La intención del legislador fue una y clara: extinguida la deuda, se tiene que alzar la hipoteca. Y sería bueno saber si la Superintendencia ha llevado a cabo la fiscalización correspondiente.
Gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Puede intervenir el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.-
Señor Presidente, parto por felicitar a los autores de la moción, pues pienso que el proyecto apunta al establecimiento de un beneficio directo para miles de chilenos que son víctimas, cuando han satisfecho sus obligaciones, de la tramitación excesiva, innecesaria y onerosa de las instituciones financieras. Parece increíble que ello no se haya fiscalizado.
Las entidades recién mencionadas han creado prácticamente un nuevo negocio -marginal, por cierto- a partir de lo que debiera constituir una gestión simple y expedita de alzamiento de las garantías constituidas en su favor. Es una práctica abusiva de los acreedores hipotecarios, quienes debieran cumplir de buena fe sus obligaciones, incluido el levantamiento de los gravámenes.
Probablemente, el costo de la gestión será cargado a los deudores al momento de concederse el crédito, pero, aun así, estos se verán beneficiados con un procedimiento más expedito y simple.
En consecuencia, apruebo la idea de legislar, pues se dirige a nivelar parcialmente el desequilibrio entre las partes en este tipo de contratos de adhesión.
Solo me permito observar que la misma razón para establecer esta norma en favor de los deudores hipotecarios es aplicable a aquellos otros que deben constituir garantías reales para acceder al crédito. Es el caso, por ejemplo, de las prendas de vehículos, masivamente utilizadas en el mercado, en que los deudores también deben enfrentar trámites no previstos para liberarlos una vez que han pagado.
Atendido que la norma que se modifica, el artículo 17 D de la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, se refiere a los contratos de adhesión pactados con proveedores de servicios financieros, una ampliación hacia otro tipo de garantías me parece compatible con el proyecto, por lo que anuncio que presentaré la indicación correspondiente.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, tal como se ha expuesto, nos encontramos en la discusión general, de modo que es preciso abocarse a las ideas matrices del proyecto, y ver después, como lo han dicho varios señores Senadores, si hay espacio -parece que sí- a fin de que en la discusión particular se puedan abordar algunos temas diferentes o se puedan resolver mejor.
En una perspectiva amplia, se advierte un buen sentido. A mí me parecen claramente correctas al menos dos de las tres ideas de legislar contenidas en la moción.
Lo primero dice relación con quién se hace cargo de alzar las hipotecas que caucionan créditos. La norma plantea que la deuda termina y se otorga la escritura de cancelación; pero, claramente -y es un hecho de la causa-, no se define quién lo hace, de quién es la obligación. Y me parece que la moción aplica un criterio correcto. Es necesario para la transparencia, para la funcionalidad, para la justicia en el mundo comercial, que se instale una obligación legal definida respecto del acreedor, en cuanto a este tipo de crédito.
Ahora, ¿cómo se hace? He estado escuchando parte del debate, y quizá se requiere una revisión más a fondo sobre qué se entiende al final por "extinguidas totalmente las obligaciones caucionadas con hipoteca". Porque bien sabemos que una cosa es la hipoteca pura y simple -o la primera hipoteca, de la cual tanto se habla-, y otra, la que asegura los créditos asociados a la cláusula de garantía general.
Se trata de un asunto que discutí en su momento, cuando ejercía mi profesión intensamente, y en el cual algunos entendían que esas hipotecas era distintas: para garantizar el saldo en cuenta corriente, en algunos casos, o para garantizar seguros eventuales, en otros.
Me parece que eso deberíamos definirlo de una buena manera. No creo que signifique una complicación mayor. Se puede redactar la norma para que claramente se entienda qué empieza a gatillarse en cada caso y quién tiene el derecho y en qué circunstancias. Lo que no puede ocurrir es que se instale una discusión respecto de cuáles son los créditos caucionados con hipoteca que se hallan extinguidos totalmente. Eso tiene que quedar establecido en la norma, pues esa es, a mi juicio, la única forma de darle eficacia jurídica a una legislación de esta naturaleza.
La segunda idea matriz de este proyecto dice relación a quién debe hacerse cargo del pago de esta obligación. Y se determina que también sea el acreedor. Así, este tendrá, ya no solo que extender la escritura, sino también una segunda obligación: pagar el alzamiento de la hipoteca. El precepto señala: "y efectuar a su costo el alzamiento correspondiente". Entiendo que se trata de la escritura. O sea, existe una segunda obligación, una segunda idea matriz.
Una primera cosa es quién tiene que otorgar la escritura, y una segunda, quién debe pagarla. Y en esta normativa se toma una opción que a mi parecer se encuentra dentro de lo posible, como es que sea el acreedor el que en definitiva pague.
Esta es una cierta innovación respecto de lo actualmente vigente. No es un cambio neutro, sino un cambio relevante. Imagino que, obviamente, los acreedores van a contabilizar ese costo cuando otorguen el crédito, lo cual generará una cierta alza en los intereses. No será algo muy significativo, pero, evidentemente, se agrega, se adiciona un costo a lo que hoy se presenta como un crédito hipotecario.
Con todo, me parece que es una forma razonable de resolver una situación que se halla en una suerte de tierra de nadie.
La tercera idea -por un sentido de justicia me genera algunas dudas, y me gustaría que después algunos distinguidos constitucionalistas se hicieran cargo del problema- se refiere a qué pasará retroactivamente.
No sé si sea tan claro tener que obligar a asumir un costo retroactivo a una de las partes.
Dejo instalado el tema, que será parte de la discusión particular.
Entiendo que de ahora en adelante las reglas del juego serán diferentes y me parece bien decir: "Señor acreedor, usted realizará los trámites y se dará -voy a decirlo en estos términos- la lata de hacer todo, incluso con plazos para ello y con sanciones si no lo cumple, una vez extinguida la obligación. Segundo, señor acreedor, usted además tiene que pagar este trámite, que no debe ser de costo del deudor. Y tercero, tiene que hacerse cargo, para atrás, de los plazos". Ojo: no sé qué va a pasar con los plazos en el caso que mencionaba el Senador Tuma, de los 120 mil créditos del Banco del Estado que ya están pagados. Como se supone que esta ley entrará en vigor 120 días después de su publicación, no sé si a los 125 días el banco podrá notificar a esa tremenda cantidad de personas, quienes deberán tomar la opción de si quieren o no que les alcen sus hipotecas.
Es un tema que considero más dudoso y que, por tanto, debemos enfrentar en mejor forma.
Y también me genera dudas -es poco grato decirlo, en una lógica de justicia- el que sea estrictamente legal atribuir el costo a una de las partes.
Es un asunto que debo plantear, ya que, más allá de las conveniencias, creo que uno tiene que defender principios.
En general, el proyecto me parece importante.
Alguno querría plantearlo en relación con la prenda, lo cual me parecería razonable. Sin embargo, considero que sería una idea matriz diferente. Una cosa es la hipoteca, y otra, muy distinta, la prenda. Quiero dejarlo establecido.
En definitiva, por las consideraciones que he señalado, voy a votar a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Ossandón.
El señor OSSANDÓN.-
Señor Presidente, en primer término, felicito a los autores de esta moción, que constituye un proyecto de gran carácter ciudadano, muy anhelado por las organizaciones de consumidores, y que además es bastante práctico, en el sentido de que se trata de un trámite bastante simple, pero que, después de 15 o 20 años de estar pagando un crédito hipotecario y de realizar todos los trámites pertinentes, nadie sabe cómo hacer. Es un trámite barato, simple, por lo que no les causará ningún problema a los bancos y le facilitará la vida a mucha gente que se acuerda de efectuarlo cuando quiere pedir otro crédito o cuando quiere vender su propiedad. Esto ocurre, la mayoría de las veces, con la casa propia, que es el sueño de toda familia. Pero cuando esta crece o las condiciones económicas mejoran y se desea adquirir otra vivienda, se encuentran con que no se ha alzado la hipoteca.
Así que considero que estamos frente a una iniciativa que es de justicia, que no provocará ningún problema a las entidades financieras y que solucionará un problema práctico y simple, pero que se complica cuando las familias no saben llevarlo a cabo.
Votaré a favor de la idea de legislar. Y felicito, por intermedio de la Mesa, al Senador Harboe y al resto de los autores de la moción.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador o alguna señora Senadora no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (31 votos afirmativos) y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el 1 de junio.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Matta, Montes, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Propongo a la Sala analizar a continuación la iniciativa signada con el número 5 en la tabla de hoy, que es el proyecto de acuerdo que extiende el Acuerdo Básico de Cooperación Científica y Tecnológica entre la República de Chile y los Estados Unidos.
¿Habría acuerdo?
--Así se acuerda.
EXTENSIÓN INDEFINIDA DE ACUERDO BÁSICO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA ENTRE CHILE Y ESTADOS UNIDOS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
En virtud de lo recién resuelto, corresponde ocuparse del proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Acuerdo por el cual se extiende indefinidamente la duración del Acuerdo Básico de Cooperación Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América de 14 de mayo de 1992", suscrito entre las mismas Partes, por cambio de notas, de fechas 15 y 29 de junio de 2011, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.561-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 84ª, en 13 de enero de 2015.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores: sesión 13ª, en 5 de mayo de 2015.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El objetivo principal de la iniciativa es extender indefinidamente la vigencia del señalado Acuerdo Básico de Cooperación Científica y Tecnológica de 1992.
La Comisión de Relaciones Exteriores discutió este proyecto en general y en particular, por tratarse de aquellos de artículo único, aprobándolo por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Chahuán, García-Huidobro, Lagos, Letelier y Pizarro.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- En discusión general y particular.
Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, paso a informar, en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Acuerdo por el cual se extiende indefinidamente la duración del Acuerdo Básico de Cooperación Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América de 14 de mayo de 1992".
El mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República señala que este Acuerdo fue publicado en el Diario Oficial en abril de 1994.
Su objeto fundamental es establecer un marco jurídico básico para fomentar la cooperación científica y el desarrollo tecnológico, con fines pacíficos, entre ambos países.
El mensaje también manifiesta que dicha cooperación incluyó el intercambio de información científica y técnica; de expertos; la realización de seminarios y reuniones conjuntas, y de proyectos de investigación en ciencias básicas y aplicadas, y cualesquiera otras formas de cooperación que en dichos campos se acordara entre las Partes.
Igualmente, se facultó en él a las Partes para celebrar acuerdos complementarios con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y, con el propósito de promover, coordinar y evaluar su aplicación, contempló la creación de una Comisión Mixta integrada por representantes de ambos países, que se reunió cada dos años, alternadamente, en Chile y en Estados Unidos de América.
Se dispuso además, señor Presidente, que las actividades de cooperación se realizaran de conformidad con las leyes aplicables en ambos países y su cumplimiento quedó sujeto a las disponibilidades de fondos, pudiendo también financiarse mediante acuerdos complementarios.
Asimismo, es importante señalar que las Partes adquirieron diversos compromisos con miras a la ejecución de los proyectos y programas en el marco del Acuerdo. Entre ellos, los siguientes: facilitar la entrada y salida de su territorio del personal y equipos del otro país que se utilicen en dichos proyectos y programas, y permitir que todos los participantes en actividades de cooperación ya aprobadas tengan acceso a instalaciones y personal dentro de sus respectivos países, siempre que se estime necesario para llevar a cabo esas actividades.
En la discusión general y particular la Comisión de Relaciones Exteriores contó con la presencia del Director de la Dirección de Energía, Ciencias y Tecnología e Innovación de la Cancillería, señor Gabriel Rodríguez, quien señaló que este proyecto plantea la extensión indefinida del Acuerdo Básico de Cooperación Científica y Tecnológica entre Chile y los Estados Unidos de América de 1992, el cual ha sido renovado anteriormente en cuatro oportunidades.
El Senador Letelier consultó cuál era la evaluación que se había efectuado del Convenio. Y el señor Rodríguez respondió que, a la fecha, ella era muy positiva, ya que ha permitido realizar un gran número de trabajos a profesionales chilenos, elevando el nivel de los doctorados.
Por su parte, el Embajador de Chile ante los Estados Unidos de América, señor Juan Gabriel Valdés, reafirmó lo expresado por el señor Rodríguez, agregando que, por ejemplo, ese día participaría en la inauguración de un centro de excelencia que la Universidad de California, Davis, abrirá en Chile, el cual será su primer departamento de investigación fuera de Estados Unidos.
También destacó la labor que la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) lleva a cabo, pues promueve la investigación chilena y apoya la formación de profesionales en el extranjero.
Puesto en votación, el proyecto de acuerdo fue aprobado, en general y en particular, por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores. En el fondo, su propósito es renovar en forma indefinida el Acuerdo en vez de tener que estar haciéndolo cada cierto tiempo.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo (18 votos a favor), y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Lily Pérez y Von Baer y los señores Araya, Coloma, García, García-Huidobro, Harboe, Hernán Larraín, Matta, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Se agrega la intención de voto favorable de la Senadora señora Muñoz y de los Senadores señores De Urresti, Girardi, Horvath y Rossi.
)---------------(
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Girardi.
Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente, como Comisión de Desafíos del Futuro -hablo también en nombre de la Senadora Goic y los Senadores Chahuán, De Urresti y Orpis-, queremos formular la solicitud -ya existe un acuerdo al respecto con la Comisión de Educación- de traspasar a la primera el ámbito "ciencia y tecnología".
Luego de conversar el tema con todos los miembros de la Comisión de Educación, los cinco integrantes de la Comisión de Desafíos del Futuro acordamos estudiar un proyecto de reforma al Reglamento del Senado con ese objeto.
Y ahora pedimos que la cuestión sea resuelta, o por la misma Comisión de Desafíos del Futuro, o directamente por la Sala.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
El asunto pasó a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, como corresponde, por tratarse de una materia reglamentaria.
Tal vez sería mejor que el tema fuera visto en Comités, para que estos resolvieran, ya que la Sala no tiene asistencia completa en este momento.
Entiendo el proyecto, pero considero bastante difícil que lo analice la misma Comisión de Desafíos del Futuro, por ser incumbente.
Por tal motivo, sería partidario de que los Comités determinaran a qué Comisión le corresponde pronunciarse sobre la materia.
¿Habría acuerdo en ese sentido?
Acordado.
Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, quiero hacer un alcance.
La naturaleza de la Comisión de Desafíos del Futuro me lleva a pensar que es improcedente o inadmisible la presentación de la iniciativa que se ha delineado.
Más allá de que se comparta o no la idea, la de Desafíos del Futuro no es una Comisión legislativa, no tiene como mandato informar proyectos de ley. Las Comisiones legislativas, en cambio -como la de Educación, donde están radicados los proyectos sobre ciencia y tecnología-, sí tienen esa función. Por lo tanto, no se trata de traspasar funciones de una Comisión a otra, sino de atribuirle a una de ellas una naturaleza legislativa que no tiene; es crear, en el fondo, una Comisión legislativa.
Ahora, si eso es lo que se quiere, el proyecto, a mi juicio, estaría mal formulado. Contiene una idea que se puede discutir y con la cual uno podrá estar de acuerdo o no, pero lo que quiero hacer ver es que aquí hay una situación reglamentaria que no se resuelve dándole las atribuciones de una Comisión a otra, porque existe un problema: por su naturaleza, por ser una Comisión especial, la de Desafíos del Futuro no puede tener atribuciones legislativas. Sí puede abordar materias de ciencia y tecnología, como de hecho lo hace. El punto es si puede analizar proyectos de ley de esa índole. Por ejemplo, uno sobre creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿debería ser informado por la Comisión de Desafíos del Futuro o por la Comisión de Educación?
Ese es el inconveniente, señor Presidente, y por eso creo que es bueno que el tema sea visto antes en Comisiones.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Un poco para reafirmar lo que acaba de señalar el Senador Larraín, quiero destacar que el considerando 7 del proyecto de acuerdo que creaba la nueva Comisión -aprobado, creo, el 14 de marzo de 2012- expresaba lo siguiente: "Para hacer frente a esa realidad, en pleno despliegue, es indispensable que el Senado cree una Comisión legislativa permanente para enfrentar los desafíos del futuro".
O sea, el tema efectivamente está propuesto.
Entonces, sería bueno que los Comités, con todos estos antecedentes, resolvieran qué Comisión debe pronunciarse sobre la materia. A mi juicio, le corresponde a la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento -a la cual, incluso, se le podría fijar un plazo para el despacho del proyecto de acuerdo-, porque es a la que le compete, según nuestro Reglamento, ver todos los asuntos reglamentarios.
Por eso, yo les haría una recomendación a los Comités en ese sentido, para que le den trámite al asunto y resuelvan dónde debe ser analizado como corresponde.
¿Habría acuerdo en tal sentido?
--Así se acuerda.
MODIFICACIÓN A LEGISLACIÓN SOBRE EXPENDIO, COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece modificaciones a la legislación sobre expendio, comercialización y producción de bebidas alcohólicas, con segundo informe de las Comisiones de Agricultura y de Salud, unidas.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2.973-11, 4.181-11, 4.192-11 y 4.379-11, refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 26ª, en 11 de junio de 2008.
Informes de Comisión:
Salud: sesión 9ª, en 13 de abril de 2011.
Salud (nuevo): sesión 21ª, en 8 de mayo de 2013.
Agricultura y Salud, unidas (segundo): sesión 6ª, en 7 de abril de 2014.
Discusión:
Sesiones 11ª, en 20 de abril de 2011 (se aplaza su discusión); 30ª, en 12 de junio de 2013 (queda para segunda discusión); 42ª, en 30 de julio de 2013 (se aplaza la votación); 2ª, en 18 de marzo de 2014 (se aplaza la votación); 4ª, en 1 de abril de 2014 (se aprueba en general); 6ª, en 7 de abril de 2015 (queda para segunda discusión).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Cabe recordar que la iniciativa fue aprobada en general en sesión de 1 de abril de 2014, y que en la del 7 de abril pasado se solicitó segunda discusión.
En su segundo informe, las Comisiones unidas de Agricultura y de Salud dejan constancia, para efectos reglamentarios, de que los artículos 4° y 5°, permanentes, y el artículo transitorio no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, por lo que conservan el mismo texto aprobado en general.
Esas disposiciones deberían darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, contando con la unanimidad de los presentes, solicitara su discusión o votación.
Cabe señalar que aquí se produce la siguiente situación.
El Honorable señor Letelier pidió votación separada de todas las disposiciones de la iniciativa. Sin embargo, para proceder así respecto a las que he señalado -artículos 4° y 5°, permanentes, y primero transitorio-, tendría que existir unanimidad en la Sala, porque así lo dispone el Reglamento. Si no la hubiera, el señor Presidente daría por aprobados dichos artículos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, cuando era Presidente de la Comisión de Agricultura, me tocó dirigir las Comisiones unidas que vieron este proyecto.
He conversado sobre la materia con el actual Presidente del órgano especializado, Senador Felipe Harboe, y, como no tenemos el quórum especial necesario para su aprobación, debemos solicitar formalmente a la Mesa y a la Sala el aplazamiento de la votación.
Asimismo, pedimos que la iniciativa sea votada en la sesión de la próxima semana, pero en el primer lugar de la tabla, pues siempre queda para el final, cuando muchos parlamentarios no se encuentran presentes por estar en Comisiones o en reuniones tan importantes como las sesiones.
Pido la comprensión de la Mesa sobre el particular.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Su Señoría está en su derecho al solicitar el aplazamiento de la votación. No obstante, debe hacerlo en representación de su Comité, como corresponde, porque ya se pidió segunda discusión.
El señor MOREIRA.- Está bien.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
¿Habría acuerdo al respecto?
El señor ROSSI.-
Sí, señor Presidente.
--Queda aplazada la votación del proyecto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
A continuación, correspondería ocuparse de la iniciativa que modifica el Código del Trabajo, en lo relativo a la declaración de trabajos pesados. Sin embargo, el Senador señor Allamand -no está presente en la Sala- pidió oficialmente aplazar su discusión.
Si le parece a la Sala, accederemos a ello.
--Así se acuerda.
VI. INCIDENTES
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
)---------------(
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor BIANCHI:
Al señor Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, solicitándole información sobre ESTRUCTURA GENERALDE PAGOS DE CRÉDITOS DE CONSUMO E HIPOTECARIOS.
De los señores BIANCHI, GARCÍA-HUIDOBRO, GUILLIER, PÉREZ (doña Lily), PÉREZ-VARELA, PROKURICA, QUINTEROS Y TUMA:
A los señores Ministros de Hacienda y de Justicia, pidiéndoles CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO ASUMIDO CON ASOG PARA ENVÍO DE PROYECTO SOBRE OTORGAMIENTO DE FACULTADES EXTRAORDINARIAS A DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERÍA CON EL FIN DE DAR CURSO A ASCENSOS CONFORME A ANTIGÜEDAD.
De la señora VON BAER:
Al señor Ministro de Obras Públicas, para que informe sobre TOTALIDAD DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EN ESTUDIO EN REGIÓN DE LOS RÍOS.
Al señor Ministro de Obras Públicas (con copia al señor Intendente de la Decimocuarta Región y a los señores Seremis de Obras Públicas y de Transportes de Los Ríos), pidiéndole mejorar SEGURIDAD DE TRANSEÚNTES DE RUTA T-202 VALDIVIA-MARIQUINA, ESPECIALMENTE DE VECINOS DE SECTORES RURALES DE PELCHUQUÍN, TRALCAO, LINGÜENTO, PUFUDI, CAYUMPAYU, EL REBELLÍN.
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones (con copia a la señora Seremi de Transportes de Los Ríos), solicitándole informar sobre MEDIDAS DE SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTES DE LOS RÍOS PARA FISCALIZAR EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE SERVICIOS INTERURBANOS Y RURALES DE TRAYECTO PICHOY-VALDIVIA.
Al señor Intendente de la Región de los Ríos, pidiéndole remitir ANTECEDENTES COMPLETOS Y ACTUALIZADOS DE PROYECTO DE REPOSICIÓN DE ESCUELA JOSÉ ARNOLDO BILBAO, DE PELCHUQUÍN, COMUNA DE MARIQUINA, y enviar INFORME DETALLADO SOBRE PROYECTO "REPOSICIÓN HOGAR DE ANCIANOS BEDA MENESES", COMUNA DE MÁFIL.
Al señor Director Nacional de Obras Hidráulicas (con copia al Intendente de Los Ríos), solicitándole AUTORIZACIÓN DE RECURSOS FALTANTES PARA LICITACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LOS COLIGÜES, COMUNA DE LOS LAGOS.
Al señor Intendente de la Región de los Ríos y al señor Alcalde de Mariquina (con copia a los concejales de la comuna), para que se informe acerca de HABILITACIÓN DE ESTADIO MUNICIPAL DE PELCHUQUÍN Y SITUACIÓN DE EMPRESA CONSTRUCTORA DYC LIMITADA.
Al señor Alcalde de Mariquina, a fin de pedir SUPERACIÓN DE OBSERVACIONES A PROYECTO DE REPOSICIÓN DE ESCUELA JOSÉ ARNOLDO BILBAO, SECTOR DE PELCHUQUÍN.
Y al señor Alcalde de Máfil (con copia a los concejales de la comuna), solicitándole FORMULACIÓN DE PROYECTO PARA REPOSICIÓN DE HOGAR DE ANCIANOS BEDA MENESES.
)-------------------(
--En Incidentes, ofrecida la palabra, sucesivamente, en los tiempos de los Comités Partido Unión Demócrata Independiente, Partido Por la Democracia, Independientes, Partido Demócrata Cristiano e Independiente, Partido Renovación Nacional, Partido Socialista y Partido MAS e Independiente, ningún señor Senador interviene.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:19.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción