REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 363ª
Sesión 10ª, en miércoles 15 de abril de 2015
Ordinaria
(De 16:17 a 19:32)
PRESIDENCIA DE SEÑOR PATRICIO WALKER PRIETO, PRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores (as):
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Orpis Bouchon, Jaime
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrió, además, el Ministro de Hacienda, señor Alberto Arenas de Mesa. Asimismo, se encontraba presente el Subsecretario de Salud Pública, señor Jaime Burrows Oyarzún.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:17, en presencia de 14 señores Senadores.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 6ª, ordinaria, en 7 de abril; y 7ª y 8ª, especiales, en 8 de abril, todas del año en curso, que no han sido observadas.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Quince de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con los catorce primeros retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", respecto de las iniciativas que se indican a continuación:
1.-
Proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 5, de 2003, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas (boletín Nº 8.132-26).
2.-
Proyecto de ley que modifica el régimen de probidad aplicable al Consejo Nacional de Televisión (boletín N° 9.398-04).
3.-
Proyecto de ley que crea la universidad estatal de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins y la universidad estatal de la Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo (boletín N° 9.405-04).
4.-
Proyecto de ley que fortalece al Servicio de Impuestos Internos para implementar la reforma tributaria (boletín Nº 9.898-05).
5.-
Proyecto que modifica la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para permitir la creación de los consejos comunales y los planes comunales de seguridad pública (boletín Nº 9.601-25).
6.-
Proyecto que modifica la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado (boletín Nº 7.686-07).
7.-
Proyecto que modifica la ley N° 19.327 en lo tocante a su ámbito de aplicación y al establecimiento de un régimen sancionatorio efectivo, y la ley N° 20.502, en materia de funciones de la Subsecretaría de Prevención del Delito (boletín Nº 9.566-29).
8.-
Proyecto de ley que tipifica el delito de incitación al odio racial y religioso (boletín N° 7.130-07).
9.-
Proyecto de ley sobre comunicación de órdenes de apremio en juicios de alimentos (boletín N° 7.765-07).
10.-
Proyecto de ley que regula entrevistas grabadas en vídeo y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales (boletín N° 9.245-07).
11.-
Proyecto de ley que modifica el Código de Procedimiento Civil para establecer la tramitación digital de los procedimientos judiciales (boletín N° 9.514-07).
12.-
Proyecto de ley que modifica el Código Orgánico de Tribunales en materia de distribución de causas y asuntos de jurisdicción voluntaria (boletín N° 9.679-07).
13.-
Proyecto de reforma constitucional, iniciado en mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República, que establece que los crímenes y delitos de guerra, lesa humanidad y genocidio no pueden prescribir ni ser amnistiados (boletín N° 9.748-07).
14.-
Proyecto de ley que establece excepción para la pesca artesanal con línea de mano de la especie jurel y modifica regulación para establecimiento de ampliación de régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos (boletín Nº 9.097-21).
Con el último retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", para la tramitación del proyecto que modifica la ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, con el objeto de regular el cobro del servicio de parquímetros y estacionamientos en los lugares que indica (boletín N° 9.729-03).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Tres de la Honorable Cámara de Diputados:
Con los dos primeros informa que dio su aprobación a las siguientes iniciativas:
1.-
Proyecto de ley que otorga financiamiento a la reconstrucción de la zona norte afectada por el sistema frontal de mal tiempo acaecido a partir del 25 de marzo de 2015 (boletín N° 9.985-05) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
2.-
Proyecto de ley que crea bonificación para el repoblamiento y cultivo de algas (boletín N° 9.151-21) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, y a la de Hacienda, en su caso.
Con el último comunica que aprobó las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que elimina la prohibición de participación de estudiantes y funcionarios en el gobierno de las instituciones de educación superior y autoriza la dictación de nuevos estatutos para la Universidad de Santiago y la Universidad de Valparaíso (boletín Nº 9.481-04).
--Se manda archivar el documento junto a sus antecedentes.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Envía copia de resolución dictada en requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los incisos primero y segundo del artículo 67 de la Ley General de Servicios Eléctricos, incorporado por la ley N° 20.701.
--Se remite el documento a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Ministro de Justicia:
Contesta acuerdo de la Corporación, adoptado a proposición de los Senadores señores Ossandón, García-Huidobro y Guillier, relativo a la reglamentación de las condiciones del seguro de vida obligatorio para los funcionarios de Gendarmería de Chile (boletín Nº S 1.726-12).
Del señor Ministro de Agricultura:
Da respuesta a solicitud de información, enviada en nombre de la Senadora señora Muñoz, acerca de la factibilidad de estudiar modificaciones a la normativa legal y administrativa vigente en materia de bonificaciones a obras de regadío y tecnificación del riego, impulsadas por esa Secretaría de Estado y por la Comisión Nacional de Riego.
Del señor Subsecretario del Medio Ambiente:
Atiende solicitudes de antecedentes, expedidas en nombre del Senador señor De Urresti, sobre los asuntos que se enuncian a continuación:
1.-
Remisión del convenio de cooperación suscrito con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, en el marco de la iniciativa "Uso sustentable de los servicios ecosistémicos del recurso hídrico".
2.-
Estrategia de gestión territorial denominada "Bosque Modelo", inserta en el marco del proyecto GEF-MMA de comunidades mediterráneas, que se implementa en la provincia del Cachapoal.
De la señora Secretaria Ministerial de Deportes de la Región del Maule:
Responde solicitud de información, cursada en nombre del Senador señor Matta, referida a proyectos de inversiones que tengan por objetivo mejorar o renovar las instalaciones del estadio municipal de Chanco y el gimnasio aledaño a él.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Moción
Del Senador señor Ossandón, con la que inicia un proyecto que modifica la ley que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores con el fin de homologar los precios que ofrecen los proveedores cualquiera que sea la forma de pago (boletín N° 9.986-03).
--Pasa a la Comisión de Economía.
Solicitud de desarchivo
Del Senador señor Navarro, respecto de las iniciativas que se especifican a continuación:
1.-
Proyecto de ley que prohíbe el monopolio de la información comercial de carácter personal (boletín N° 6.939-03).
2.-
Proyecto de ley que prohíbe nuevos cobros por servicios suspendidos (boletín N° 7.356-03).
3.-
Proyecto de ley que amplía el ámbito de aplicación del recurso de amparo económico (boletín N° 7.370-03).
4.-
Proyecto de ley sobre interpretación comercial favorable al consumidor (boletín N° 7.395-03).
5.-
Proyecto de reforma constitucional sobre el derecho a la protección de datos personales (boletín N° 7.810-03).
6.-
Proyecto de ley sobre participación ciudadana en procesos de fijación tarifaria (boletín N° 7.994-03).
7.-
Proyecto que modifica la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, para elevar la penalidad fijada por el artículo 285 del Código Penal cuando se comprometa el interés difuso o colectivo de aquellos (boletín Nº 8.117-03).
8.-
Proyecto que modifica la ley que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores en materia de determinación de los aranceles de establecimientos educacionales de nivel superior (boletín Nº 8.104-03).
9.-
Proyecto que incorpora en la ley N° 19.496 una norma de equidad que asegura la ineficacia de penas civiles estipuladas en los contratos preparatorios o de promesa en que el consumidor está afecto a un régimen de adhesión (boletín Nº 8.118-03).
10.-
Proyecto de ley que autoriza para erigir en el límite de las ciudades de Coronel y Lota un monumento que indique el centro geográfico continental de Chile (boletín N° 7.332-04).
11.-
Proyecto que explicita el concepto de patrimonio cultural incluyendo al inmaterial en las leyes Nos.19.253 y 18.981 (boletín Nº 8.043-04).
12.-
Proyecto de reforma constitucional sobre tutela del derecho a la educación pública, gratuita y de calidad (boletín N° 7.851-04).
13.-
Proyecto de ley sobre información en materia de grados académicos y títulos profesionales y técnicos (boletín N° 7.750-04).
14.-
Proyecto de ley sobre sanciones a delitos financieros (boletín N° 7.995-05).
15.-
Proyecto de ley que obliga a quienes ejercen labores pastorales a denunciar delitos que indica (boletín N° 6.938-07).
16.-
Proyecto de ley sobre rendición de cuentas de tutores y curadores (boletín N° 6.992-07).
17.-
Proyecto de reforma constitucional que incluye en la promulgación de las leyes a los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados (boletín N° 6.993-07).
18.-
Proyecto de ley que restringe el uso de determinados datos personales existentes en Internet (boletín N° 6.994-07).
19.-
Proyecto de ley sobre la circunscripción en que se puede inscribir un nacimiento (boletín N° 7.009-07).
20.-
Proyecto de ley que regula la publicidad dirigida al público infantil (boletín N° 7.027-03).
21.-
Proyecto de ley sobre el contrato de matrimonio entre personas del mismo sexo (boletín N° 7.099-07).
22.-
Proyecto de reforma constitucional sobre indemnización del error judicial (boletín N° 7.277-07).
23.-
Proyecto de reforma constitucional relativo a la potestad reglamentaria de ejecución (boletín N° 7.284-07).
24.-
Proyecto de ley sobre interceptación telefónica en materia procesal penal (boletín N° 7.354-07).
25.-
Proyecto de ley sobre cómputo del plazo de prescripción de la responsabilidad extracontractual (boletín N° 7.369-07).
26.-
Proyecto de ley sobre ternas para el nombramiento de jueces y secretarios de juzgados de policía local (boletín N° 7.374-07).
27.-
Proyecto de reforma constitucional referido al efecto de los votos en blanco (boletín N° 7.397-07).
28.-
Proyecto de reforma constitucional en materia de jurisprudencia relativa al recurso de casación en el fondo (boletín N° 7.398-07).
29.-
Proyecto de ley sobre competencia de los tribunales militares tratándose de delitos establecidos en el Código Aeronáutico (boletín N° 7.432-07).
30.-
Proyecto de reforma constitucional que refuerza el principio de independencia judicial (boletín Nº 8.112-07).
31.-
Proyecto de ley que agrava la penalidad de la detención ilegal, descrita y sancionada en el artículo 148 del Código Penal, cuando la víctima se encuentra en ejercicio del periodismo (boletín Nº 8.113-07).
32.-
Proyecto que incorpora la figura delictiva de alteración fraudulenta de precios a la ley N° 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos que esta señala (boletín Nº 8.114-07).
33.-
Proyecto de ley que modifica el Código Penal para incorporar en el tipo de la injuria la que se realiza contra grupos de niños (boletín Nº 8.102-07).
34.-
Proyecto de reforma constitucional que precisa el concepto de acusación en el artículo 16, Nº 2°, de la Constitución Política de la República y permite el sufragio del ciudadano privado de libertad que no ha sido condenado a pena aflictiva (boletín Nº 8.101-07).
35.-
Proyecto de ley que prohíbe suspender el suministro eléctrico por deudas impagas de primas de seguros (boletín N° 7.996-08).
36.-
Proyecto de ley referido a la distancia entre establecimientos educacionales y lugares de venta de tabaco (boletín N° 7.355-11).
37.-
Proyecto de ley que modifica el artículo 7° del Código Sanitario para regular el silencio administrativo en materia de autorizaciones para rellenos sanitarios (boletín Nº 8.044-11).
38.-
Proyecto que incorpora el concepto de trastorno del desarrollo intelectual en la ley Nº 18.600, que establece normas sobre deficientes mentales (boletín Nº 8.078-11).
39.-
Proyecto de ley relativo a la exigencia de fijar advertencias en los establecimientos que expendan bebidas alcohólicas sobre los daños irreparables a la salud que produce su mezcla con bebidas energizantes (boletín Nº 8.119-11).
40.-
Proyecto de ley que extiende los acuerdos de compensación o mitigación ambiental a la totalidad de los interesados (boletín N° 6.957-12).
41.-
Proyecto de ley que establece la definición legal de capacidad de carga turística (boletín N° 6.995-12).
42.-
Proyecto de ley relativo a los organismos genéticamente modificados (boletín N° 7.344-12).
43.-
Proyecto de ley que establece la obligación de contar con un seguro ambiental por daño en las faenas de relleno sanitario (boletín Nº 8.040-12).
44.-
Proyecto de ley que define y regula el concepto de modificación de un proyecto sujeto a estudio de impacto ambiental (boletín Nº 8.103-12).
45.-
Proyecto que modifica la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente y exige al titular de proyectos de saneamiento ambiental comunicar a Bomberos el tipo de residuos que tratan o almacenan, las medidas de seguridad y sus riesgos para la salud humana (boletín Nº 8.116-12).
46.-
Proyecto de ley sobre protección de zonas típicas o pintorescas (boletín N° 7.396-14).
47.-
Proyecto de ley que prohíbe comercializar recursos hidrobiológicos enfermos o contaminados (boletín 7.353-03).
48.-
Proyecto de ley relativo al procedimiento de declaración de sobreexplotación de pesquerías (boletín Nº 8.077-03).
49.-
Proyecto que remplaza la definición de recurso sobreexplotado en la Ley General de Pesca y Acuicultura (boletín Nº 8.074-03).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado y se volverán los proyectos al estado en que se encontraban al momento de archivarse.
El señor HARBOE.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente, pido que la Secretaría revise los proyectos recién individualizados, porque, de las solicitudes que se formularon ayer en igual sentido, al menos respecto de una, según alcancé a ver, ya no tenía sentido el desarchivo, toda vez que se había aprobado una nueva normativa sobre la materia.
En consecuencia, antes de aceptar lo pedido, sería bueno efectuar una revisión, para no desarchivar iniciativas inútiles.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Si le pareciera, Su Señoría, se podría mandatar a las Comisiones respectivas para que, llegados los proyectos de que se acaba de dar cuenta, archive los recaídos en materias en las que ya se ha legislado.
El señor HARBOE.-
Está bien, aunque me parece un trámite innecesario.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Gracias, señor Senador.
En todo caso, el Reglamento establece que los Senadores tienen derecho a solicitar el desarchivo de un asunto.
Ahora, si en alguna materia ya hubo legislación o se aprobó otra iniciativa, no tiene sentido el desarchivo.
Por lo tanto, les agradeceremos a las Comisiones pertinentes estudiar cada situación.
Tiene la palabra el señor Prosecretario.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Gracias, señor Presidente.
Comunicaciones
Del Comité Partido Unión Demócrata Independiente, con la que informa que eligió como sus representantes a los Senadores señor Pérez Varela y señora Van Rysselberghe.
--Se toma conocimiento.
De la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, con la que expone que en su sesión del miércoles 8 del mes en curso acordó, por la unanimidad de sus miembros presentes, solicitar a la Sala que el proyecto de ley sobre derechos lingüísticos de los pueblos indígenas de Chile (boletín N° 9.363-04), radicado en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, se exima de este trámite y sea informado por la Comisión peticionaria.
--Se accede a lo solicitado.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, de acuerdo a lo resuelto ayer por los Comités, convoqué a la Comisión de Hacienda al objeto de despachar esta tarde el proyecto que otorga financiamiento para la reconstrucción de la zona norte.
Por lo tanto, pido que nos avisen cuando haya votaciones en la Sala.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Así se hará.
Efectivamente, ayer se acordó lo que señala Su Señoría, porque se trata de una materia muy significativa, que interesa especialmente a los Senadores señora Allende y Prokurica.
En consecuencia, una vez que la Comisión de Hacienda despache el proyecto e informe mediante un certificado, tal como se autorizó, procederemos a su tratamiento en la Sala.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, pido el desarchivo del proyecto de ley, iniciado en moción del Senador Horvath, que modifica el Código Orgánico de Tribunales en lo relativo a la evaluación de los administradores de tribunales (boletín N° 6.137-07).
En la Comisión de Constitución estamos haciendo varias modificaciones al referido Código, y esa iniciativa incide en una materia relevante para la calificación de los mencionados funcionarios.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Su Señoría tiene derecho a formular tal petición.
--Se accede a lo solicitado.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, en nombre de la unanimidad de la Comisión de Minería y Energía, pido que, de ser posible, tratemos sin discusión, o bien como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto, informado por dicho órgano técnico, que establece el 18 de mayo como día nacional del chuquicamatino y chuquicamatina (figura en el número 3 de la tabla).
Chuquicamata cumplirá 100 años muy pronto. Entonces, lo ideal sería que llegada la fecha ya estuviera publicada la ley, porque así la ciudadanía podría celebrar el centenario como corresponde.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
No veo ningún problema, señor Senador, pero siempre que, como usted dice, no haya discusión.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Sin discusión.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Entonces, con el compromiso de todos, podemos votar el proyecto sin discusión en el primer lugar del Orden del Día.
¿Le parece a la Sala?
--Así se acuerda.
ESTABLECIMIENTO DE 18 DE MAYO COMO DÍA DE LOS CHUQUICAMATINOS Y CHUQUICAMATINAS
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
En virtud de lo recién determinado por la Sala, corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece el 18 de mayo como día de los chuquicamatinos y chuquicamatinas, con informe de la Comisión de Minería y Energía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.356-24) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 2ª, en 17 de marzo de 2015.
Informe de Comisión:
Minería y Energía: sesión 9ª, en 14 de abril de 2015.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El objetivo de esta iniciativa es, mediante el establecimiento del 18 de mayo de cada año como Día de los chuquicamatinos y chuquicamatinas, rendir homenaje y hacer un reconocimiento al aporte histórico, cultural, económico y social de los hombres y mujeres de Chuquicamata que hicieron del trabajo minero su vida.
La Comisión de Minería y Energía discutió este proyecto en general y en particular, por ser de artículo único, y, por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señora Allende y señores García-Huidobro, Guillier y Prokurica), lo aprobó en los mismos términos en que lo despachó la Cámara de Diputados.
El texto que se propone aprobar se consigna en la página 4 del informe.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Si le parece a la Sala, daremos por aprobada esta iniciativa en general y particular.
Acordado.
--Se aprueba en general y particular el proyecto, el cual queda despachado en este trámite.
ADECUACIÓN DE LEGISLACIÓN NACIONAL A ESTÁNDAR DE CONVENIO MARCO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD PARA EL CONTROL DEL TABACO
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Corresponde proseguir la discusión particular del proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Girardi, Rossi y Ruiz-Esquide, en primer trámite constitucional, que adecua la legislación nacional al estándar del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, con segundo informe de la Comisión de Salud y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8.886-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Girardi y Rossi y del entonces Senador señor Ruiz-Esquide):
En primer trámite, sesión 11ª, en 10 de abril de 2013.
Informes de Comisión:
Salud: sesión 35ª, en 5 de agosto de 2014.
Salud (segundo): sesión 6ª, en 7 de abril de 2015.
Discusión:
Sesiones 36ª, en 6 de agosto de 2014 (queda pendiente la discusión en general); 37ª, en 12 de agosto de 2014 (aprobado en general); 9ª, en 14 de abril de 2015 (queda pendiente la discusión en particular).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En la continuación de la discusión particular, tiene la palabra el señor Secretario.
Entiendo que en la sesión de ayer quedamos en la página 7 del boletín comparado.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Ante todo, debo hacer presente que el Senador señor Chahuán pidió votación separada de las disposiciones del proyecto.
Asimismo, cabe recordar que el número 14) del artículo 1° es orgánico constitucional, por lo que para su aprobación se requieren al menos 22 votos favorables.
Les ruego a Sus Señorías dirigirse a la página 7 del comparado.
El número 6) del artículo 1°, que pasa a ser 7), contiene una letra B).
La Comisión de Salud propone sustituir la letra B) aprobada en general (segunda columna) por la siguiente (tercera columna):
"B) Reemplázase el inciso segundo por los que siguen, pasando los actuales incisos tercero a sexto a ser incisos séptimo a décimo, respectivamente:
"`Todos los paquetes de cigarrillos que se comercialicen en el territorio nacional tendrán un empaquetado genérico que incluirá, a lo menos, la marca y su ubicación, color, forma de apertura y material y dimensiones del envase. Todas las marcas tendrán características comunes y en caso alguno podrán sobrepasar el 30% del empaquetado total del envase.
"`Cada cigarrillo unitario deberá ser envuelto únicamente en papel blanco liso con un filtro que imite el color corcho. No se permite la colocación de la marca, el uso de otros colores u otras características de diseño directamente en los productos de tabaco.
"`Además, los envases llevarán una advertencia que cubra el 100% de las dos caras principales. Se prohíbe cualquier acción o elemento destinado a ocultar total o parcialmente la advertencia.
"`Las disposiciones de este artículo serán igualmente aplicables a los productos de tabaco importados.
"`Un reglamento expedido a través del Ministerio de Salud establecerá las normas para dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo.'.".
Esta disposición fue aprobada por mayoría: 3 votos a favor y 2 en contra.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
En discusión.
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, Honorable Sala, tal como señalamos en sesión anterior, nosotros aprobamos en general este proyecto de ley y hemos respaldado muchas de sus normas. Pero, a nuestro juicio, la que nos ocupa en este momento no cumple el objetivo de desincentivar el consumo de tabaco.
Al respecto, hemos dicho que no hay evidencia científica o experiencia comparada -revisamos los antecedentes- en cuanto a que la disposición del número 6) a que se acaba de dar lectura -se refiere al envase de las denominadas "cajetillas genéricas", vale decir, aquellas que deberán tener toda su estructura (o sea, cien por ciento) cubierta con la advertencia de que fumar es peligroso para la salud- contribuye a desincentivar el consumo de tabaco.
Debo señalar que cinco Senadores presentamos indicaciones similares en el sentido de que la advertencia cubriera solo cincuenta por ciento del envase, tal como se contempla en los países miembros de la OCDE. El Gobierno había concordado con ellas. Sin embargo, posteriormente, y sin mayores fundamentos, introdujo de nuevo la norma en virtud de la cual la cajetilla debe quedar cubierta en cien por ciento por aquella.
Rechazamos esta norma, asimismo, porque atenta contra la libertad de elegir determinado producto y porque en las naciones donde se ha implementado no ha surtido el deseado efecto de desincentivar el consumo de tabaco.
Además, implica una discriminación arbitraria, lo que nuestra Carta Fundamental prohíbe en su artículo 19, número 2°.
Por otra parte, atenta contra la propiedad industrial de las marcas, garantía consagrada en el artículo 19, número 25°, del Texto Constitucional.
Por lo tanto, pedí votación separada de este precepto.
A mayor abundamiento, nos hemos reunido con trabajadores del rubro que, conforme a la disposición en comento, pueden verse afectados en sus empleos.
Por ello, anuncio mi voto en contra.
--(Aplausos en tribunas).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Les advierto a las personas ubicadas en las tribunas que están absolutamente prohibidas las manifestaciones.
Espero no tener que repetirlo.
Tiene la palabra el Senador señor Rossi.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente, hay mucha argumentación y harta evidencia científica en el sentido de que la publicidad es uno de los factores más determinantes del inicio en la adicción tabáquica, particularmente antes de los 18 años.
La literatura indica que la inmensa mayoría de los fumadores se inician en tal adicción antes de aquella edad. Pero esto no quiere decir que no existen casos en que se comienza posteriormente.
Lo que quiero puntualizar, señor Presidente, es que la evidencia estadística demuestra que la mayoría empieza la adicción antes de los 18 años.
Por eso es tan relevante para la industria tabacalera capturar consumidores en las primeras etapas, particularmente niños y niñas.
Veíamos la publicidad del tabaco cuando se permitía hacerla en la televisión. Acordémonos de Lucky Strike: un tipo alto sobre una motoneta, el sinónimo del macho recio. O de Belmont, que mostraba a jóvenes que, fumando, jugaban en la arena con niñas muy bonitas. O sea, el cigarrillo era señal de estatus, de reconocimiento.
Finalmente, a través de la publicidad se llega al niño, que es vulnerable y muy sensible a ella.
Lo mismo ocurría con la publicidad indirecta, cuando se financiaba a actores para que fumaran en la pantalla.
Muchas de esas cosas las corregimos en la legislación anterior.
Por ello, es clave restringir la publicidad.
Aquí no se trata de que a alguien se le ocurrió porque sí la idea de un etiquetado plano donde la marca del cigarrillo esté escrita con una tipología de letra y color definida en un reglamento y similar para todas las marcas.
Porque las mismas tabacaleras han señalado en sus informes -y esto lo vimos en la Comisión- que "La marca lo es todo", "La marca es lo que te define", "La marca es la identidad del fumador".
Por consiguiente, no comparto lo que dijo el Senador Chahuán en el sentido de que el hecho de que la advertencia ocupe las dos caras principales de la cajetilla no ha demostrado ser eficaz para reducir el consumo de tabaco, porque en Australia ello precisamente se verificó en forma drástica o significativa a poco andar de ser aplicada la disposición, que están copiando otros países.
Entonces, no se trata de una invención de algún parlamentario chileno creativo. Es algo implementado en distintos lugares y con éxito. Y eso tiene que ver justamente con que solo el treinta por ciento de la superficie de la cajetilla señale la marca y con que esta se encuentre establecida con un tipo de letra definido, de manera tal que a través de ella no se le pueda entregar el mensaje publicitario al eventual consumidor.
Por eso es que hemos puesto tanto énfasis en el precio, factor determinante en el acceso particularmente de menores, y lamento mucho que se haya perdido ayer la votación respecto de la prohibición de la venta de cajetillas de menos de veinte cigarrillos, porque, como bien lo dijo el señor Subsecretario de Salud Pública -y salió hoy día en la prensa-, es una variable bastante estudiada.
Hago presente, en consecuencia -lo expreso con mucho respeto-, que de repente muchos parlamentarios, con muy buena intención, pueden afirmar que les parecen ridículas o absurdas cosas que no lo son, las cuales cuentan con bastante fundamento científico para el objetivo que buscamos, que es bajar el consumo de tabaco. Si el propósito es otro, entonces estaríamos haciendo el loco y debería terminar la sesión, sin seguir votando, lo que carecería de sentido.
No voy a acusar de lobista a nadie. Lo que simplemente voy a manifestar es que entiendo que se persiguen distintos propósitos en la materia. Todos ellos puede ser muy legítimos, pero lo importante es que a la hora de legislar se privilegie la salud pública, porque está vinculada al interés común.
Aquí están las cifras y no quiero llenar a mis colegas -¿para qué?- de ellas: cantidad de muertos, años de vida perdidos, discapacidad, consumo en menores, infartos, en fin.
En representación de mi Comité, pido segunda discusión.
El señor COLOMA.-
¿Su Señoría no quería votar? ¿Ha alegado durante cinco años y no se pronunciará?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
El Honorable señor Rossi está en su derecho.
Hay cinco señores Senadores inscritos para intervenir. Después de que lo hagan entraremos a ocuparnos sobre tabla, como se acordó, en el proyecto sobre los 500 millones de dólares de la Ley Reservada del Cobre que se van a entregar a las zonas afectadas por el aluvión en el norte.
Tiene la palabra la Honorable señora Van Rysselberghe.
La señora VAN RYSSELBERGHE.-
Señor Presidente, la situación planteada me llama la atención, porque la iniciativa que nos ocupa ha sido largamente discutida, fue objeto de votación con motivo de la discusión general y dio lugar a muchas intervenciones. Además, parte de una moción de parlamentarios de la Nueva Mayoría, y resulta que hoy, por circunstancias que no vale pena mencionar, ellos no se encuentran en la Sala. ¿Y porque no están no se puede votar? En verdad, lo encuentro francamente impresentable. Lo considero una falta de respeto para los presentes.
Dicho lo anterior, deseo recordar que parte de la argumentación que hemos escuchado en el Hemiciclo -y espero que después, cuando todos asistamos, sí podamos tratar el punto en serio- era que se perseguía el objetivo de resguardar la salud de los niños.
Por mi parte, expuse ayer que ese propósito tiene que ser protegido, porque el Estado debiera garantizar el cumplimiento de las leyes, y hoy día está prohibida la venta de tabaco a menores, quienes adquieren cigarrillos en los distintos quioscos como quien compra dulces. Estimo que ahí, por lo tanto, se registra una falencia, la que no tiene que ver ni con el tipo de cajetilla ni con nada de lo que estamos discutiendo, sino con que el Estado, independientemente de los gobiernos de turno, no ha sido capaz de llevar a cabo las fiscalizaciones que corresponden.
En seguida, al revisarse las cifras del mismo Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), se observa que el tabaquismo en menores ha disminuido prácticamente a la mitad en los últimos diez años. El Senador señor Orpis lo dio a conocer ayer. ¿Y por qué ha bajado? Porque no depende de cómo es la cajetilla ni de si esta se vende con diez, quince, veinte o cincuenta cigarrillos, sino de la educación, de una toma de conciencia en el sentido de que el producto hace mal para la salud. Y ese es un proceso que requiere tiempo.
Por lo tanto, a mí me parece un error pensar en la eficacia de que a los actuales adultos, quienes han decidido ejercer su libertad de fumar, se les impida discriminar qué tipo de cigarrillos van a consumir. No creo que alguien deje el hábito porque aumente o no el porcentaje de la cajetilla con una advertencia. Pienso que ello no aporta nada. De todas las intervenciones en la Comisión, ningún estudio concluyente demostró que un incremento en la materia provocara una disminución significativa de fumadores.
Considero, entonces, que el asunto más bien presenta otras raíces y que no afecta lo relativo a los no fumadores. Como lo dije ayer, juzgo que si queremos ponernos a la altura de la Organización Mundial de la Salud en orden a ajustar la legislación, tenemos que adecuar lo referente a la educación, a los tratamientos contra la adicción al tabaco, a la prevención y la fiscalización en la venta a menores.
Pienso que la medida no tiene mucho sentido. Estimo que lo único que se hace es evitar la posibilidad de discriminar, en el ejercicio de la libertad, en el acceso al tipo de tabaco. En consecuencia, me parece que no corresponde seguir en tal dirección.
Muchas gracias.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Puede intervenir el Honorable señor Girardi.
El señor GIRARDI.-
Le solicito a la Mesa recabar la autorización de la Sala para que el señor Subsecretario de Salud Pública pueda asistir a la sesión durante el tratamiento del presente proyecto y del siguiente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
¿Habría acuerdo?
Acordado.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, formularé dos comentarios.
Primero, experimento entre estupor y sorpresa ante la petición, legítima, del Honorable señor Rossi -tiene todo el derecho de hacerla- en orden a postergar la votación, porque desde esas mismas bancadas se ha representado que del lado de acá se quiere impedir la aprobación del proyecto. Y cuando corresponde pronunciarse, se van. Entonces, quiero dejar claro, para el efecto de la Versión Oficial, que ellos no están cuando es preciso resolver acerca de una iniciativa respecto de la cual reclaman que ha sido torpedeada y atrasada.
Incluso la vez anterior me atacaron por plantear una segunda discusión.
Por lo menos hago constar lo incoherente que me parece una actitud de ese tipo.
En seguida, considero de verdad absurdo el contenido de la propuesta específica.
Y quiero rectificar al señor Senador, quien ha aludido a lo que estarían haciendo muchos países. Momento: se trata de uno solo en el mundo, que es Australia, y se encuentra requerido hoy día en la OMC. La cuestión ha dado lugar a un panel precisamente por considerarse que se vulneran derechos. Ningún otro ha procedido en esa forma.
La información disponible es que Australia está reflexionando acerca de si la medida ofrece algún sentido. En el fondo, significa creer que va a disminuir el consumo al terminarse con la identificación del producto.
Insisto en que no fumo, señor Presidente, pero defiendo derechos. ¿Cómo la venta de algo lícito se va a transformar, en la práctica, en algo ilícito o clandestino? O sea, un elemento de propiedad intelectual, consagrado en el artículo 19, número 25°, de la Carta, estaría siendo violentado expresamente. Por cierto, hago reserva de constitucionalidad al respecto. Lo mismo dice relación con el artículo 19 de la Ley de Propiedad Industrial.
¿Qué es lo que se estaría prohibiendo? La capacidad de distinguir. En el fondo, se está determinando que todo sea igual. Entonces, si quiero un producto con menos nicotina, no podré saber si lo obtengo o no, porque todas las cajetillas serán iguales. Si quiero un producto de mejor calidad, no podré saber si es el adecuado por la misma razón. Será el reino del clandestinaje, de la nivelación hacia abajo.
No es una cuestión de buena o de mala voluntad, sino de racionalidad en el momento de establecer una norma obligatoria que manda, prohíbe o permite una conducta.
El proyecto está plagado de estas situaciones. No juzgo la intención.
Se dice que la disposición es idónea -no se ha entregado ningún estudio en tal sentido- para la consecución del fin perseguido. El Tribunal Constitucional ha señalado en muchas ocasiones que bajo el régimen vigente no procede implementar medidas que desconozcan o impidan el uso de marcas y afecten la esencia de la propiedad.
Ha sido una constante creer que la prohibición, el chiismo, el clandestinaje, el contrabando, van a ser la solución al problema del tabaquismo. Me parece que media un mal diseño.
A mí me parecen razonables algunas normas que buscan generar condiciones para un mayor cuidado de la salud; pero no las hay en el sentido de educación, de formación. Se aplica la lógica del garrote, de la negativa y del impedimento de que los derechos se ejerzan.
En la sesión pasada se descalificó -y las voy a seguir defendiendo- a personas interesadas en la materia. Deseo consignarlo nuevamente: soy representante de un sector de pequeños agricultores que obtienen hace cientos de años un mismo producto bajo el amparo de nuestra ley y que obviamente ven con preocupación el destino de su actividad a partir de elementos absurdos como los observados. Estos últimos violentan la Constitución -por eso, he formulado una reserva-, pero, además, insisto en que obedecen a un mal diseño.
Se hace referencia a muchos países y es uno solo.
Hagamos las cosas bien. Si se enfrenta el problema del tabaquismo con educación, con formación, con inteligencia, me parece que podemos andar en el sentido correcto. Si ello se hace a través de la prohibición, del clandestinaje, del fomento del contrabando, juzgo que es la peor de las soluciones.
Por lo tanto, voto en contra de la disposición.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Puede intervenir la Honorable señora Goic.
La señora GOIC.-
Señor Presidente, tal cual lo manifesté ayer en el debate, estamos discutiendo un conjunto de normas que tienen que ser consideradas en conjunto. Lo digo porque se han expuesto algunos datos y hecho algunas afirmaciones que al menos la Senadora que habla cree necesario clarificar para el efecto de la discusión.
La cajetilla genérica, como la hemos planteado, llevará cubiertas ambas caras. Dejará el treinta por ciento del envase, correspondiente a los lados, para poner la marca, de modo que los compradores puedan distinguir. Se ha afirmado que ello no será así. Al contrario. La posibilidad se mantiene.
Lo que se hace es rescatar experiencias exitosas y se ha mencionado el caso de Australia. Por eso, me refiero a cómo varias de las medidas, en conjunto, han demostrado ser eficaces en el objetivo de disminuir el tabaquismo. En dicho país, donde ya se adoptó la cajetilla genérica, se registró al cabo de un año un cinco por ciento de disminución en el consumo de tabaco. Claramente, no fue solo por lo anterior, pero sabemos que tal disposición sí fue importante y aportó al objetivo de la salud pública.
Deseo consignar que no se trata solo de Australia, a diferencia de lo que se ha dicho. La cajetilla genérica asimismo se está implementando en el Reino Unido, en Irlanda, y próximamente se materializará en Francia y en Nueva Zelandia. Son países que cuentan con información, en general serios en sus políticas públicas y que han recogido la experiencia con que efectivamente partió Australia.
Entonces, a mí me gustaría que también pudiéramos seguir ese ejemplo. Y me causa cierto orgullo pensar en que Chile pueda liderar también en estas materias. No me genera complejos que se copie a dichas naciones.
Repito algo que manifestamos ayer: buscamos restringir la publicidad sobre toda la imagen que se construye en el sentido de que el cigarrillo es bueno.
Otra medida planteada en el proyecto es eliminar la palabra light -esto es, "ligero"-, que se asocia a algo que no hace daño, a los productos dietéticos, incluso, o a la posibilidad de usar relieves o colores que generan esa sensación, porque lo que se busca es ocultar el efecto del cigarrillo y, sobre todo, dirigirlo a niños, a adolescentes, a los más jóvenes.
Por eso, el impacto de la advertencia es importante, ya que muestra con brutalidad lo que sucede con el tabaco. Es algo demostrado. Consignamos ayer la cantidad de muertes anuales en nuestro país: dieciséis mil, así como las diarias, y los datos podrán haber disminuido en el caso de los jóvenes, pero siguen siendo alarmantes.
Y voy a reiterar, para que tomemos conciencia de la situación, que el hecho de que la mitad de los chicos egresen del colegio siendo fumadores, hábito compartido por el treinta por ciento de los que salen de octavo básico, no son cifras que puedan dejarnos quietos.
Cabe defender, en consecuencia, la norma, que respaldamos en la Comisión. Sabemos que aquí va a haber detractores. Hemos insistido en la forma como se ha utilizado incluso el argumento de la pérdida de empleo. Las cajetillas se van a seguir haciendo diferenciadas, en la medida en que haya una marca distinta en las caras. De lo que estamos preocupados es de sincerar lo que la publicidad del tabaco está tratando de ocultar.
Gracias.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, quiero partir por dejar establecido que muchas de las indicaciones al proyecto las presenté producto de las reuniones que sostuve con organizaciones de ciudadanos opuestos a las exigencias, o restricciones, o prohibiciones, claramente exageradas, que contienen algunos artículos.
Menciono, sobre todo, a la agrupación Fumadores Furiosos, porque ha hecho un trabajo serio. Tenía derecho a plantear sus puntos de vista y dejo constancia pública de que efectivamente los expuse, en su nombre, en la Comisión.
Hago constar, al igual que en los debates anteriores -porque el proceso ha sido muy largo-, que estoy de acuerdo con el objetivo que persigue la iniciativa y con las normas tendientes a regular, a fiscalizar, a controlar al máximo el consumo de un producto que, en exceso, obviamente provoca daño o afecta a la salud, datos que son indesmentibles.
Y, por supuesto, aprobamos el articulado en general. Pero me parece que estamos llegando al nivel del dicho "lo ideal es enemigo de lo bueno", porque, a la larga, la prohibición es tal que se empieza a generar un incentivo perverso en el consumo. Sabemos que ello es parte de la naturaleza de cada ser humano: mientras más se impide algo, más se busca.
Incluso, en el texto se llega al punto de que nadie va a estar en condiciones de garantizar después la imposibilidad del clandestinaje, ni la calidad, ni la procedencia, ni cuál es el producto.
A mi juicio, lo que estamos discutiendo es una exageración completa, en términos de que, lisa y llanamente, las cajetillas de cigarrillos van a ser de un solo color. Pensar que existirá una identificación legible o comprensible para los usuarios porque en los lados se podrá colocar la marca o algún sello distintivo es algo francamente fuera de toda lógica.
Estoy de acuerdo con que en las caras principales exista un porcentaje importante destinado a la advertencia de los efectos provocados por el tabaco. Y que ello, como lo ha dicho recién mi Honorable colega Goic, se exprese de manera brutal, tal como ocurre hoy.
Por mi parte, ni he fumado ni pienso hacerlo. Pero estimo que quienes, siendo mayores de edad, toman libremente la decisión de consumir un producto, necesitan tener algunas garantías mínimas.
Además, uno de los incisos del artículo 6° establece que "Cada cigarrillo unitario deberá ser envuelto únicamente en papel blanco liso con un filtro que imite el color corcho. No se permite la colocación de la marca, el uso de otros colores u otras características de diseño directamente en los productos de tabaco".
O sea, ¿quién garantiza aquí que el cigarrillo que va dentro de un envase -que incluso puede ser falsificado- es de la calidad que se supone que debe tener? ¿Quién lo garantiza? Nadie. Porque en el cigarrillo no va a haber ninguna marca, nada que lo distinga. Serán todos exactamente iguales. Entonces, podrán ser de una calidad o de otra.
Me parece que llegar a estos niveles de exageración es francamente absurdo.
Aparte, señor Presidente, lo peor que podemos hacer es establecer normas o leyes que después no estaremos en condiciones de cumplir. Es lo que ocurre con la actual legislación. No se cumple ni en los edificios públicos, ni en los hospitales, ni en los estadios, ni en ningún recinto donde esté prohibido fumar. Se empiezan a buscar subterfugios, haciendo absolutamente impracticable una normativa que es tan fundamentalista en la negación y en la prohibición que a la larga deja de ser efectiva.
Considero más importante trabajar en la fiscalización, en la prevención y en el fortalecimiento de los mecanismos de control, tal como lo hacemos en las campañas para evitar el consumo de alcohol cuando se va a conducir. Es la misma situación. Pero a veces exageramos.
Y, en ese sentido, los términos en que está planteado este artículo a mí no me satisfacen.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Ofrezco la palabra al Senador señor Girardi.
El señor GIRARDI.-
Gracias, señor Presidente.
--(Manifestaciones en tribunas).
Yo sé que en las tribunas está la barra financiada por las tabacaleras. Así que la saludo. La van cambiando todos los días.
El señor MOREIRA.-
¡No los provoque!
El señor GIRARDI.-
Afuera están los buses, por si alguien los quiere ver.
¿A qué me quiero referir yo? A lo siguiente.
El gran problema que tenemos no está en esta normativa, no es la cajetilla genérica. El gran drama de Chile es el 38,5 por ciento de niños entre primero y cuarto medio que fuma, porcentaje que sube al 50 por ciento tratándose de adolescentes de este último nivel. ¡Ese es el desastre!
Hay que poner la situación en contexto, porque a veces parece que se pierde el sentido a las cosas. Y las políticas públicas tienen que estar acordes con el desafío que quieren abordar, particularmente en salud.
Francia, por ejemplo, que está caminando hacia la cajetilla genérica -que aquí tanto se ha cuestionado-, tiene menos de la mitad de prevalencia de tabaquismo en niños. No supera el 20 por ciento. Pero igual está avanzando con medidas que aquí se calificarían de "draconianas". En España no se puede fumar en las plazas donde hay niños. Se trata de medidas que tienden a ser universales porque son promovidas por la Organización Mundial de la Salud.
Nosotros tenemos todos los antecedentes, por si algún señor Senador se interesa en conocer lo que opina el mundo y la evaluación científica existente sobre estas materias: la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, la Sociedad Chilena de Pediatría, la Sociedad Americana de Pediatría. Les vamos a tener una carpeta a todos para que vean que cada una de estas medidas ha sido respaldada.
Por lo tanto, es bueno ilustrar el contexto.
Algunos señalan: "¡Qué importa la cajetilla! ¡Qué importa la publicidad!".
Cuando efectuamos la campaña contra la comida chatarra, una asociación de publicistas apareció diciendo: "La publicidad no influye en el exceso de sal y azúcar ni en las bebidas y golosinas que consumen los niños". Uno se pregunta entonces por qué la hacen. ¿Serán tan torpes las transnacionales de comida chatarra para gastar en el mundo entero millones y millones de dólares en publicidad si esta no produce ningún impacto?
Ahora se da el argumento de que la cajetilla da lo mismo, de que esta no es la responsable del consumo de tabaco. Sin embargo, la cajetilla es hoy justamente el vehículo de la publicidad, porque su actual elemento de enganche son las marcas. Estamos construyendo tribus globales de marcas. Cualquiera que haya salido al extranjero se da cuenta de que los niños y adolescentes de cualquier rincón del planeta obedecen a las mismas marcas. Uno puede ir a China, a México, a Perú, a Bolivia, a Vietnam y ver que los jóvenes están usando las mismas marcas de zapatillas, las mismas marcas de pantalones; están consumiendo las mismas marcas de alimentos; van a los mismos cafés. Por eso son transnacionales y globales.
Hoy las marcas son los elementos de identidad, los atractores; son las que comunican el estatus, el ámbito y mundo social al que pertenezco y en el cual me reconozco.
Por eso, como muy bien sostuvo la Senadora Goic, la tendencia mundial en esta materia es unívoca. Es cierto, no todos los países tienen cajetillas genéricas donde el cien por ciento se destine a la advertencia, pero no existe ninguno en el mundo en el que una parte importantísima de ella no se utilice para ese efecto. ¡Por algo será! Si ello fuera tan estúpido e inútil, querría decir que la ciencia, la medicina y las políticas de salud habrían estado perdiendo el tiempo en todos los rincones del planeta, porque en todos los países la advertencia es obligatoria.
Nosotros estamos siguiendo, en parte, la experiencia de Australia, aunque nosotros tenemos el doble de prevalencia en tabaco que esa nación. Australia se halla muy preocupada por este problema y, sin embargo, tiene la mitad de niños fumadores y un poco menos de la mitad de fumadores adultos que nosotros. ¿Por qué? Porque es una sociedad preocupada de la salud.
Nosotros no estamos adoptando la cajetilla genérica, sino tomando la definición de destinar el 30 por ciento del empaquetado a la marca y el 70 por ciento restante a la advertencia. Esto es muy distinto de la cajetilla genérica. Y lo estamos haciendo porque nos parece que el objetivo central debe ser la salud.
Por otro lado, quiero advertir dos cosas.
Primero, no hay tabaco ni nicotina buenos. El tabaco no tiene dosis umbral, como el alcohol. Eso ya está totalmente establecido desde el punto de vista de la evidencia.
En segundo lugar, en Chile no hay fiscalización. La vez anterior en que tratamos esta materia el entonces Ministro Mañalich y todos nosotros apoyamos que la fiscalización fuera realizada por las seremías. Sin embargo, el Senador Coloma tuvo la capacidad para cambiar eso.
¿Me concede un minuto más, señor Presidente?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Continúe, señor Senador.
El señor GIRARDI.-
Gracias.
Por lo tanto, se echó abajo la norma que establecía que la autoridad sanitaria -las secretarías regionales ministeriales- fuera la que fiscalizara, función que se traspasó a los juzgados de policía local.
Pues bien, desde que se aprobó la ley, no hay sanciones. ¿Por qué? Porque los juzgados de policía local no sancionan. Las seremías deben presentar las denuncias a los juzgados, pero para ellos esto es un pelo de la cola. ¡No hay sanciones! Hay denuncias, pero no acaban en sanciones.
Por eso, el Ministerio de Salud ha propuesto devolver la fiscalización a quien tiene la voluntad, la capacidad, el tiempo y las posibilidades de sancionar.
Con la legislación vigente no se fiscaliza ni se sanciona, porque tenemos un perro sin dientes. Algunos quieren que eso siga así y mantener intocables e impunes a las tabacaleras, postura que, evidentemente, no es la que sustentamos quienes deseamos defender la salud y la vida de las personas.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Por último, tiene la palabra el Senador señor Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, de este debate, me ha sorprendido que en el día de ayer cada uno o muchos de los señores Senadores que hicieron uso de la palabra comenzaran su intervención diciendo: "A mí no me ha llamado ningún lobbista, o ninguna de las empresas tabacaleras". Y algunos señalaban: "Yo nunca he fumado".
En mi opinión, el tema que estamos tratando hoy, y específicamente esta norma, no pasa por eso, sino porque hay visiones distintas.
Aquí advierto cierto fundamentalismo en determinadas materias. Todos deseamos buscar fórmulas para restringir el consumo del tabaco, porque entendemos que mata. Pero a veces las posiciones excesivas, demasiado reglistas -como las llamo yo-, terminan matando la ley. Y, si esto ocurre, no se cumple el objetivo deseado.
Se observa una serie de contradicciones que hay que mencionar una y otra vez. Acá, con mucha liviandad se plantea: "Legalicemos la marihuana", como si esta última se hallara por sobre el tabaco, en circunstancias de que ambos matan. Entonces, ¿por qué razón tener quizás un doble estándar en esta materia?
Como digo, esto no pasa por la cajetilla. Si alguien piensa que nosotros estamos dominados por corporaciones internacionales, entonces está colocando en una cierta inestabilidad al Parlamento, como si todas las empresas hicieran que nosotros legisláramos en favor de ellas, cuestión que no es así.
En segundo lugar, creo que este proyecto de ley es importante, pero debemos ser coherentes con el que vamos a votar después: el del etiquetado de los alcoholes. Se pueden producir incongruencias muy grandes, aunque sean dos cosas distintas: el alcohol, su etiquetado, las prohibiciones de su publicidad, y las disposiciones que se proponen para esta ley. Nos podemos encontrar con muchas grandes contradicciones.
Entonces, no es bueno ni torear a las tribunas ni torear a quienes pensamos distinto. Todos estamos dispuestos a votar favorablemente este proyecto en términos generales.
Ayer el Senador Harboe fue muy explícito en la síntesis que hizo de la iniciativa y de las incongruencias jurídicas de que adolece.
Por lo tanto, llamo a no generar un debate con acusaciones mutuas, como el que se ha efectuado el día de hoy, sino, por el contrario, a aprobar esta normativa, sin perjuicio de que cada uno tiene derecho a votar a favor o en contra de determinado artículo. Pero la diferencia no la hará el etiquetado de una cajetilla de cigarrillos, sino otras cosas, como las políticas que debe impulsar y llevar adelante el Ministerio de Salud y la fiscalización que este debe realizar.
Eso es lo importante y a eso debemos apuntar.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Recuerdo a la Sala que el Senador Rossi pidió aplazamiento del debate, por lo que ahora pasaremos a analizar el proyecto que otorga financiamiento a la reconstrucción de la zona norte, que tiene "discusión inmediata",
El señor PIZARRO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Sí, señor Senador.
El señor PIZARRO.-
Es una consulta reglamentaria.
¿El Senador Rossi pidió aplazamiento de la votación?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Segunda discusión, señor Senador.
El señor PIZARRO.-
¿De todo el proyecto?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Así es.
El señor PIZARRO.-
Es solamente para quedar bien claro, señor Presidente, porque reglamentariamente el colega tiene todo el derecho a solicitarla.
O sea, ¿en la próxima sesión habrá que tratar el proyecto en su totalidad?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Exactamente.
El señor PIZARRO.-
Y sin discusión.
Gracias.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, no obstante haberse pedido segunda discusión, quiero dejar consignada mi solicitud de votación separada respecto del inciso segundo.
Lo señalo por lo siguiente.
Ayer yo indiqué que la Ley Antitabaco efectivamente ha logrado resultados. En Chile han bajado de manera considerable los índices de tabaquismo, particularmente en adolescentes. Sin embargo, aún son muy altos, por lo que, si podemos seguir bajándolos a través de normas de distinta naturaleza, especialmente en el área de la prevención, bienvenido sea.
Dicho esto, aun cuando todos los tabacos son dañinos para la salud, algunos son más malos y otros menos malos, por sus mayores o menores niveles de concentración.
Entonces, a mí lo que me ocurre con este artículo es lo siguiente.
Se establece una cajetilla genérica...
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Perdón, señor Senador.
No puedo impedir que usted hable, pero el problema es que debemos pasar a otro proyecto. Así que le quiero preguntar si va a entrar al fondo del artículo, que vamos a discutir en la próxima sesión.
El señor ORPIS.-
Es muy breve lo que quiero decir, señor Presidente. En un minuto estoy listo.
Sé la urgencia que tiene el otro proyecto, por lo que seré más breve aún.
Tal como indicaba, señor Presidente, el proyecto establece que el cien por ciento del envase debe contener la advertencia -porque la marca estará ubicada en el costado de la cajetilla- y que cada cigarrillo unitario deberá estar envuelto únicamente en papel blanco liso con un filtro que imite el color corcho, agregando que "No se permite la colocación de la marca".
¿Qué puede ocurrir en la práctica? Que tengamos un envase en cuyo costado aparezca la marca del cigarrillo, pero que este no corresponda al envase en el cual viene, porque no va a tener ninguna marca. Es imposible que el usuario pueda detectarlo.
Yo tengo dudas respecto a la cajetilla genérica, pero estoy dispuesto a abrirme a esta posibilidad. Sin embargo, me parece que el hecho de que el cigarrillo que venga en el interior del envoltorio no tenga identificación alguna puede prestarse para muchos abusos, pues ese cigarrillo puede no corresponder a la marca que aparezca en la cajetilla genérica.
Por esas razones, solicito votación separada respecto del inciso segundo.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Así quedará consignado, señor Senador.
Terminada la primera discusión.
--El proyecto queda para segunda discusión.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Señores Senadores, ha llegado a la Mesa el certificado de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga financiamiento a la reconstrucción de la zona norte afectada por el sistema frontal de mal tiempo acaecido a partir del 25 de marzo de 2015 (boletín N° 9.985-05).
FINANCIAMIENTO PARA RECONSTRUCCIÓN DE ZONA NORTE AFECTADA POR FRENTE DE MAL TIEMPO
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
En conformidad a un acuerdo adoptado por los Comités, corresponde tratar enseguida el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga financiamiento a la reconstrucción de la zona norte afectada por el sistema frontal de mal tiempo acaecido a partir del 25 de marzo de 2015, con certificado de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata"
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.985-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 10ª, en 15 de abril de 2015.
Informe de Comisión:
Hacienda (certificado): sesión 10ª, en 15 de abril de 2015.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El principal objetivo del proyecto es integrar a ingresos generales de la Nación, durante el año 2015, la cantidad de 500 millones de dólares, cifra correspondiente a una parte del total de los recursos provenientes de las ventas de cobre de CODELCO al exterior, con el objeto de apoyar el financiamiento del proceso de reconstrucción que será necesario llevar a cabo en la zona norte del país, producto del sistema frontal de mal tiempo que la afectó.
La Comisión de Hacienda discutió el proyecto en general y en particular a la vez, en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, y lo aprobó en los mismos términos en que fue despachado por la Cámara de Diputados, por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Allende y señores Coloma, García, Lagos y Zaldívar.
El texto que se propone aprobar se transcribe en la página 2 del certificado de la Comisión.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto.
El señor ORPIS.-
¿Puede abrir la votación, señor Presidente?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Se ha pedido abrir la votación.
¿Habría acuerdo?
¿Senador Zaldívar? ¿Va a informar?
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Sí, señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
¿Pero podemos abrir la votación?
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
No hay problema.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Entonces, en votación el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, este proyecto tiene una urgencia real, por lo que está sucediendo en el norte. Todos tenemos conocimiento que se trata de una situación muy dramática.
La Comisión de Hacienda, por unanimidad, después de escuchar al Ministro del ramo, lo aprobó en general y en particular por tratarse de aquellos de artículo único. Dejo constancia de que el Senador Carlos Montes fue reemplazado por la Senadora Isabel Allende.
Se estima que el costo de la reconstrucción -seguramente el señor Ministro dará una cuenta más detallada de este punto- bordeará los 1.500 millones de dólares, de los cuales 500 millones están incorporados en este proyecto con cargo a los fondos reservados del cobre, y los restantes 1.000 millones -500 millones cada año- se contemplarán en los Presupuestos de los años 2016 y 2017. Sin embargo, el titular de Hacienda ha señalado que, si es necesario, en el caso de que en el proceso que se lleve adelante no se logra finiquitar totalmente la inversión necesaria, el año 2018 deberá contemplarse una partida con los montos suficientes.
Esa es la razón por la cual la Comisión ha creído que la urgencia solicitada por el Ejecutivo tiene bastante lógica, como también la necesidad de implementar los recursos pertinentes.
Por supuesto, el Ministerio de Hacienda ya ha dispuesto fondos para afrontar la emergencia, que se estima cercana a los 250 millones de dólares.
Por esas razones -reitero-, la Comisión solicita a la Sala, por unanimidad, la aprobación del proyecto.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Agradezco el informe al Presidente de nuestro órgano técnico.
Tiene la palabra la Senadora por la Región de Atacama señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, quiero partir expresando que el Senador Prokurica -nobleza obliga- tuvo un problema personal que lo obligó a abandonar el Senado y que le impide, por tanto, estar presente ahora en la Sala. Pero deseo dejar claramente establecido que ambos estamos absolutamente de acuerdo en esta materia y que, de alguna manera, los planteamientos que exponga nos representan a los dos Senadores por la Región de Atacama.
Por cierto, me parece imprescindible expresar el dolor y la impotencia que se siente por lo ocurrido en nuestra región, particularmente por la pérdida de vidas humanas y por el panorama desolador que dejó el sistema frontal.
Probablemente, las imágenes que han visto quienes se han informado por medio de la televisión no son capaces de reflejar en su real dimensión lo sucedido.
Yo solo me puedo referir a la Región de Atacama. Y quiero decir que realmente su estado es devastador. No solo por las pérdidas humanas, sino por las pérdidas de todo tipo.
Junto con el Ministro de Hacienda, que hoy se encuentra en la Sala, estamos discutiendo en este momento la posibilidad de aportar los primeros 500 millones de dólares, provenientes de fondos de la Ley Reservada, de una cifra total de mil 500 millones de dólares.
Eso nos da una dimensión de la magnitud y la gravedad de lo ocurrido. Se produjeron desbordes de quebradas, que arrasaron con casas, con sectores completos de población. Hubo 17 aluviones que provocaron avalanchas, rebalses de ríos. Todo esto evidentemente no se esperaba.
Además, hay una tremenda pérdida en cuanto a viviendas. Algunas son completamente irreparables; otras podrán ser restauradas, pero con daños muy mayores; y el resto, todavía está en la fase de ver si es posible o no habitarlas, pues resultaron completamente anegadas por el barro.
Costó muchísimo restablecer la conexión vial. Pasaron varios días antes de que pudiésemos llegar por tierra, por ejemplo, a la localidad de Alto del Carmen; por ejemplo, a Chañaral; por ejemplo, a Diego de Almagro. Incluso a localidades más cercanas, como Los Loros y San Antonio. Todo aquello fue muy difícil.
Como colapsó el sistema de comunicaciones, el nivel de aislamiento en que quedó la población fue total.
Quiero hacer un reconocimiento, señor Presidente, en primer lugar, a la respuesta que han dado los servicios públicos a través de sus funcionarios.
Muchos de ellos perdieron sus casas. Muchos de ellos resultaron inundados. Y, sin embargo, no han dudado en hacerse presentes y en estar trabajando día y noche, como me tocó verlo a lo menos en las dos ocasiones en las que he estado en mi Región: acudí los primeros cinco días después de que se produjera esta situación, entre martes y miércoles. Y, después de una semana de ausencia por enfermedad, regresé el jueves y el viernes pasados.
Menciono lo anterior porque, con dolor, tengo que señalar que, en ocasiones, ocurren situaciones inexplicables.
Entiendo que ante este tipo de eventos a veces sale lo mejor de nosotros, que es la solidaridad. Así, hemos visto numerosos voluntarios y eso es maravilloso.
Pero también se dan conductas inexplicables, y que causan gran dolor, frente a las cuales es imposible no pensar en qué se gana con este tipo de cosas.
Ha llegado gente bastante conocida a la Región y se ha dedicado a insultar -con palabras que no puedo reproducir acá por respeto a todos nosotros- al Gobierno, a los funcionarios públicos, a la labor que han realizado. ¡Esto lo estimo inconcebible!
Si creen que con eso van a ayudar a la población de Atacama, ya suficientemente traumatizada, están en un error. Es difícil entender una conducta de ese tipo.
Han llamado a tomarse los caminos, a rebelarse, como si con eso se lograra una solución.
Aquí yo creo que todos participan: Gobierno, funcionarios públicos, el mundo privado.
Ya lo decía el otro día: formulo un reconocimiento a las empresas privadas que se han hecho presentes. Esto es destacable. No obstante, considero que ello es su obligación, porque están en nuestra Región para extraer recursos. Y me parece que es su deber ético el apoyarnos.
Señor Presidente, solo quiero relevar que se hace un tremendo esfuerzo. En una primera aproximación se estima que el financiamiento para la reconstrucción será de mil 500 millones de dólares (esperemos que sea eso y no más). De esa suma, los primeros 250 millones corresponden a la primera etapa de reconstrucción.
Apenas están llegando las primeras casas que uno podría considerar de emergencia.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Concluyó su tiempo, señora Senadora.
Tiene un minuto adicional.
La señora ALLENDE.-
Por otra parte, lo que hace ENAMI con los pequeños mineros me parece extraordinariamente importante. Me alegra que esta empresa haya suscrito un acuerdo con SONAMI. Ambas trabajarán juntas para ayudar a los pequeños mineros despejando los caminos. Con eso habrá más de 5 mil empleos directos.
También, en materia de agricultura, se han destinado más de 10 mil millones de pesos para incentivar esta actividad.
La producción está completamente perdida: se entubaron todos los canales, se perdieron bocatomas. O sea, ahora no hay agua. Aunque parezca un absurdo, esa es la realidad. No existe ninguna posibilidad de realizar trabajo agrícola, y las personas están de brazos cruzados. Por eso, se han creado 3 mil empleos de emergencia, y, así sucesivamente.
Señor Presidente, hoy lo más grave es el problema del alcantarillado. El 80 por ciento está colapsado en la ciudad de Copiapó. Realmente, se han realizado todos los esfuerzos para recuperarlo, pero será lento, difícil.
De ahí que se requiera la ayuda de todos. Este problema es mayor y requiere la colaboración, ojalá, de todo el país, para poder dar una luz de esperanza a nuestros habitantes de Atacama, que están acostumbrados a vivir junto a la naturaleza.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, seré muy breve.
Todos compartimos la necesidad urgente de nuestro país de ir rápida y expeditamente en ayuda de estas personas. Y hemos recibido informaciones distintas respecto de cuán rápida y expedita ha sido hasta ahora la colaboración para levantar el norte. Planteémoslo en esos términos.
Este proyecto tiene algo equivalente a lo que en su momento se propuso respecto de otras situaciones de emergencia producidas en Chile. Y creo que, transversalmente, esto constituye un activo en nuestro país: entender que en determinadas situaciones se debe recurrir a excepciones para darle velocidad a la solución de acontecimientos que, obviamente, no solo hieren el alma, sino que afectan el territorio que compartimos.
Quiero destacar de este proyecto dos cosas.
Primero, me parece útil como política pública la rendición de cuentas, la entrega de informes de ejecución que en este caso se plantean.
Esta fue una idea que surgió en la Cámara de Diputados: el envío por el Ministerio de Hacienda de un informe a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos respecto de cómo va implementándose el uso de recursos y el proceso de reconstrucción de la zona norte. Pienso que esto es importante, es distinto, no siempre se ha incorporado.
Considero que como política pública, más allá de lo que ocurra ahora, es una buena medida cuando se registran situaciones de esta naturaleza que, junto con entregar recursos, se cuente con la capacidad de hacer un seguimiento de su gasto, porque eso ayuda a conocer cómo se usa una cantidad muy grande de dineros que deben emplearse en forma muy rápida. No tiene sentido hacerlo de manera lenta si se dispone de ellos. Pero eso exige un cuidado especial en su gestión.
Así que quiero destacar este inciso, que, además, fue un agregado parlamentario en la Cámara de Diputados. Lo valoro porque creo que ayuda a efectuar las cosas mejor.
Y, segundo, más que hacer un punto, entiendo que en determinados momentos se ha recurrido al fondo de la Ley Reservada del Cobre. Y, en este caso, se utiliza una cantidad importante: mil 500 millones de dólares.
Quiero, simplemente, llamar la atención acerca de que uno no sabe bien a cuánto asciende lo acumulado en los fondos de la Ley Reservada del Cobre. Pero esta tiene una función específica, que tiene que ver con las Fuerzas Armadas. Entonces, deseo decir que en momentos excepcionales, obviamente se pueden usar esos recursos, sin sacarlos, por ejemplo, de reasignaciones que sí podrían haberse utilizado respecto de los actuales gastos del país.
Comprendo que se proceda de tal forma porque es una emergencia. No obstante, respecto a ello tampoco se puede girar indefinidamente.
Yo voté a favor de este proyecto, así que me hago responsable de que es lo mejor que se podía realizar. Sin embargo, quiero anotar con un asterisco que, si gastos de esta naturaleza se van imputando permanentemente a un fondo, no vaya a ocurrir que finalmente este disminuya en términos muy complejos para otros fines siempre importantes, que no serán urgentes hasta que se necesite usarlos, como lo es el debido equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas.
Quería dejar ese punto, porque mi sentido de responsabilidad me obligaba a plantearlo.
En síntesis, deseo destacar la rendición de cuentas y valorar que se haya dispuesto -el Ministro de Hacienda así lo planteó- una cantidad importante de recursos para ir en ayuda de una zona azotada por una catástrofe cuyas imágenes son muy impactantes.
Pienso que para los parlamentarios que representan a las Regiones afectadas debe ser mucho más difícil hablar de este tema, porque la imagen es una cosa y la vivencia es otra.
Y, bueno, lo peor es sentir el abandono (lo digo como representante de una Región sacudida por un terremoto). Aquí también hay bastante de anímico. Y cuando uno se cree desamparado, cuando no es rápidamente rescatado, resulta más difícil recuperarse.
Mientras más se ve un país dispuesto, colaborativo, con recursos, más se aprecia el horizonte y resulta mucho mejor también la capacidad de recuperación.
Me alegro de este proyecto, al que se le ha dado un tratamiento ultraurgente.
Hay medios de comunicación que sostienen que cuando se pide ver una iniciativa con extrema urgencia es porque considera cosas que solo les interesan a algunos. Sin embargo, la que ahora nos ocupa se va a despachar en tiempo récord pues es muy necesaria. A mi juicio, habla bien del Senado que se hayan dejado de lado otros temas en pos de aprobar este proyecto, no me cabe duda, por unanimidad.
Voto a favor
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, el Senador Baldo Prokurica me ha pedido especialmente que intervenga, pues, tal como dijo la Senadora Isabel Allende, hace unos minutos debió trasladarse a la Región de Atacama, dado que falleció una de sus colaboradoras más cercanas y leales, luego de padecer una enfermedad bastante prolongada.
Por esa razón él no pudo estar presente tanto en la Sala como en la Comisión de Hacienda mientras se discutía y votaba este proyecto.
Los Senadores de Renovación Nacional hemos conocido el drama de la Región de Atacama. Nos hemos informado de los hechos a través de las noticias en televisión, así como al escuchar a nuestro colega Senador don Baldo Prokurica y también a la Honorable señora Isabel Allende en todas las oportunidades en que hemos podido compartir.
La verdad es que uno muchas veces piensa que la televisión es capaz de reflejar todo el drama, todo el dolor, todo el sufrimiento, todas las pérdidas humanas y materiales que en esta oportunidad la naturaleza trajo a la Región de Atacama. Pero lo cierto es que pasan los días -¡pasan los días!- y nos damos cuenta de que nunca las imágenes que transmiten las noticias muestran en toda su magnitud lo que significa esta tragedia.
El hecho de que todavía haya compatriotas desaparecidos (es probable que sus cuerpos puedan ser encontrados y entregados a sus familiares para darles cristiana sepultura) demuestra que el lodo y la inundación alcanzan tal dimensión que el esfuerzo de miles de personas, voluntarios y no voluntarios (personal de nuestras Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Marina), que han actuado de manera tan intensa para poder, por un lado, limpiar las calles, llevar mayor normalidad al funcionamiento de las ciudades, y también buscar los cuerpos de las víctimas, revela de manera absoluta y en toda su magnitud lo que allí ocurre.
Por lo tanto, aprobar este proyecto en tiempo récord es la respuesta mínima que podemos dar como Parlamento, como Senado de la República, para decirles a nuestros compatriotas de Atacama que comprendemos su dolor, comprendemos su sufrimiento, y que no están solos.
El Gobierno ha planteado este aporte de 500 millones de dólares, que saldrán de los fondos de la Ley Reservada del Cobre, en el marco de un presupuesto bastante más amplio, de mil 500 millones de dólares, a fin de atender la emergencia, pero, además, de llevar adelante la reconstrucción de las ciudades afectadas y, en general, de todas las actividades productivas y de servicios en la Región de Atacama.
Esa es nuestra respuesta, y la damos con sentimiento, pero también con una fe enorme, porque sabemos que así como la naturaleza nos ha impuesto tantas otras pruebas a lo largo de nuestra historia, la gente de Atacama va a salir adelante, y sobre las ruinas que dejaron los temporales y las inundaciones surgirá una Región todavía mucho más fuerte, todavía mucho más potente.
¡Arriba, Atacama!
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Araya.
El señor ARAYA.-
Señor Presidente, hace un par de días, cuando celebramos una sesión especial para abordar lo que ha sido esta verdadera tragedia en el norte, dijimos: la Región de Antofagasta resultó damnificada, pero no a los niveles de lo ocurrido en la de Atacama.
Por esa razón, celebramos la iniciativa que ha tenido la Presidenta de la República de establecer este fondo adicional de 500 millones de dólares, que va a permitir paliar la emergencia en un sentido más inmediato.
Nos preocupa, eso sí, un tema que ha sido motivo de inquietud para la comunidad antofagastina: no queremos que los aportes adicionales que se van a destinar para la reconstrucción signifiquen una merma en los presupuestos regionales ya aprobados, sobre todo en las obras cuya ejecución se ha comprometido durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet.
Es tal la envergadura de lo que se deberá hacer solamente por concepto de obra pública -la recuperación del camino principal, en la Ruta 5, que une Antofagasta con Taltal, más una serie de vías secundarias-, que va a demandar una alta inversión pública. Y esperamos que esta se complemente en los presupuestos de los próximos años y no implique una reasignación presupuestaria que deje fuera otros proyectos que la comunidad espera.
Si bien es cierto esta iniciativa solo se limita a la entrega de 500 millones de dólares, queremos hacer presente que uno de los temas que, a nuestro juicio, también puede ser motivo de controversia es la forma en que se van a utilizar.
Básicamente -se lo hemos señalado al propio gobierno regional de Antofagasta-, es necesario que el Gobierno, tras mediar alguna conversación con la Contraloría, flexibilice los criterios que permitan llevar adelante las licitaciones públicas. Porque sabemos que muchas de ellas comprometen largos períodos en los que hay que esperar el levantamiento del proyecto, la obtención de RS y distintos vistos buenos. Pero sucede que hoy día, tanto la comunidad de la Región de Antofagasta cuanto la de Atacama no pueden esperar el largo proceso que implica levantar un proyecto.
Entonces, en esa línea sería bueno que en la parte administrativa, que tiene que ver con en el gasto de los recursos, tuviéramos una mayor flexibilidad. Posteriormente, la Contraloría podrá supervisar que se haya cumplido en forma adecuada lo relativo al uso de los recursos y al procedimiento administrativo.
Nos preocupa que, producto del sistema de inversión que tenemos, los 500 millones de dólares no se utilicen con la rapidez que se necesita hoy en Atacama y Antofagasta.
Dicho lo anterior, señor Presidente, voto a favor del proyecto.
Aquí estamos viendo acciones concretas del Gobierno, que se preocupa por ir en ayuda de los compatriotas que lo pasan mal.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, lo primero es evidente: hay que aprobar este proyecto de ley, que otorga fondos especiales, provenientes de la Ley Reservada del Cobre, del orden de 500 millones de dólares. Entendemos, según la información que nos entregó el Ministro de Hacienda la semana pasada, quien se hallaba en la Sala junto con el titular de la Cartera del Interior, que hablamos de un financiamiento -pensando en una reconstrucción en serio- que sobrepasa los mil 500 millones de dólares.
Señor Presidente, más allá de solidarizar, como lo hemos hecho desde el inicio, con la gente que sufre tanto en la Región de Atacama cuanto en la Segunda Región -también se vio afectada parte de la Cuarta, que represento en el Senado, especialmente en las comunas de Vicuña, La Serena y Coquimbo, donde hubo problemas con el consumo de agua potable y otros daños que, siendo muy menores, igual complicaron la vida de las personas-, creo fundamental que pensemos seriamente en una institucionalidad distinta para encarar los temas de reconstrucción.
Todavía estamos en un estado de emergencia. Pero una vez que esta se empiece a superar van a aparecer las demandas estructurales más profundas: la reconstrucción de los sistemas de conectividad; la reconstrucción de los sistemas de alcantarillado; la reconstrucción de los sistemas de agua potable; la reconstrucción de las viviendas. Todo aquello que significa volver a colocar a una comunidad en un estado de normalidad.
Señor Presidente, hay algo que le queremos pedir formalmente al Gobierno, tal cual lo hicieron hoy en la mañana los Diputados de la Democracia Cristiana durante el debate habido en la otra rama del Parlamento: la existencia de un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, distinto del Fisco, que se haga cargo del proceso de reconstrucción.
Estamos hablando de una suerte de "Agencia de Reconstrucción". Creemos que ella es necesaria, fundamental para nuestro país, porque son demasiadas las catástrofes que tenemos, y, cuando llega el momento de la reconstrucción, en numerosas ocasiones la acción del Estado se diluye o no es lo suficientemente eficaz u oportuna.
Nos parece que una Agencia de Reconstrucción sería mucho más eficaz que los delegados presidenciales, que son meros coordinadores y no cuentan con facultades, con recursos ni con capacidad de gestión. Ellos tienen que andar buscando cómo cada organismo empieza a solucionar el problema de su competencia: de vivienda, de agua potable, de vialidad, de caminos, de puertos.
Una Agencia de Reconstrucción perfectamente puede ser un órgano administrativamente reducido, pero al cual se le deleguen competencias de otros organismos públicos que intervienen en estas materias. Dicho traspaso de atribuciones le permitiría actuar en la emergencia, en la etapa de transición y, por supuesto -lo más importante-, en la reconstrucción definitiva. Creemos que eso puede hacer mucho más eficaz el uso de los instrumentos que hoy existen para enfrentar ese tipo de situaciones.
Por ejemplo, la Ley de Catástrofes entrega una serie de facultades excepcionales para que los organismos del Estado actúen. Pero, en la práctica, no se utilizan o no se aplican de manera oportuna o con la eficiencia requerida, ya sea por falta de capacidad de gestión o porque no se posee el conocimiento debido.
En consecuencia, resulta imprescindible que el Estado de Chile considere derechamente la necesidad de contar con un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio distinto del Fisco. Hablo de una Agencia de Reconstrucción especializada, que esté en condiciones de encarar una solución integral de reconstrucción, en este caso, en la zona norte del país, fundamentalmente en la Región de Atacama.
Señor Presidente, nosotros insistiremos en esta materia. Sabemos que no se resolverá hoy. Pero es evidente que cada día se hace más necesaria una institucionalidad permanente diferente de la ONEMI -esta solo enfrenta la emergencia- para abordar los problemas de reconstrucción en las comunas. Ello se hace urgente a la luz de lo que está sucediendo en el norte.
Voto a favor.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.-
Señor Presidente, expreso mi solidaridad a todos los habitantes de las comunas afectadas por los aluviones en las tres regiones involucradas, en especial a mis coterráneos de Taltal, quienes han pasado momentos bastante ingratos.
Destaco la acción del Ministerio de Hacienda en orden a autorizar, mediante este proyecto, que se integre a los ingresos generales de la nación la suma de 500 millones de dólares, obtenidos de los recursos de la Ley Reservada del Cobre, como primera parte de los fondos que se necesitan para reconstruir o reponer toda la infraestructura dañada por los aluviones.
Lo resalto porque, gracias a esa decisión, las regiones no tendrán la incertidumbre de saber si se verán recortados sus presupuestos de inversión para ir en ayuda de las comunas del norte de Chile.
Así es como se debe actuar para hacer frente a una catástrofe: ¡con recursos frescos! Porque el país, que ha enfrentado en el corto tiempo desastres de gran magnitud, debe asumir las tareas de reconstrucción en el más breve plazo.
Aprovecho la oportunidad para señalar que esta nueva tragedia nos da la razón a quienes pensamos que las oficinas de emergencia -a propósito del proyecto que establece el Servicio Nacional de Emergencia- deben estar regionalizadas, a fin de que las autoridades locales, provinciales o regionales, con respaldo económico propio, puedan mitigar los efectos negativos de una catástrofe en los primeros instantes.
Espero que lo ocurrido nos sirva de experiencia y resolvamos descentralizar el Servicio Nacional de Emergencia.
Apoyo la iniciativa, con mucho agradecimiento, porque veo que los recursos para enfrentar la tragedia en el norte pronto estarán a disposición de las autoridades.
Voto que sí.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, Honorable Sala, he presentado una indicación al proyecto, que, a mi juicio, no retrasa su tramitación, pues la Cámara de Diputados sesiona mañana. Por tanto, perfectamente este asunto podría abordarse en el tercer trámite constitucional.
Como ya se mencionó, uno de los grandes avances de la iniciativa radica en que, con motivo de la entrega de estos recursos, el Ministerio de Hacienda "deberá enviar semestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del período respectivo, un informe a la Cámara de Diputados, a su Comisión de Hacienda y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en el que se dé cuenta de la ejecución de los recursos destinados al financiamiento de la Reconstrucción de la zona norte afectada por el sistema frontal".
Tal disposición me parece de enorme trascendencia, porque muchas veces los medios de comunicación e, incluso, las distintas instituciones del Estado en el período cercano a la tragedia están muy sensibilizados para ejecutar todo el proceso de reconstrucción, el cual suele extenderse por dos o tres años; pero, pasada esa sensibilidad inicial, ese ímpetu se va perdiendo. A mi juicio, una muy buena manera de mantenerlo o, al menos, de asegurar la reconstrucción en términos institucionales es que exista una norma permanente, como la señalada, que obliga a rendir cuenta ante el Parlamento acerca de la ejecución de los recursos destinados a la reconstrucción, que -reitero- puede durar bastante.
La indicación que formulé se origina en atención a que el año pasado se produjo un terremoto en las Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Y en este caso el período de reconstrucción también se extenderá por mucho tiempo.
Creo que se encuentra absolutamente dentro de las ideas matrices del proyecto el que se pueda informar, en los mismos términos planteados para las zonas afectadas por el sistema frontal de marzo pasado, acerca de los fondos que han sido asignados, y que se asignarán, para la reconstrucción luego del terremoto de 2014 en las Regiones mencionadas.
Por lo tanto, señor Presidente, pido que se vote la indicación a que he hecho referencia. Pienso que es plenamente admisible, pues se trata de una solicitud de información de carácter permanente. No se está requiriendo que se otorguen facultades a alguna entidad.
El sistema frontal que afectó a Atacama y a parte de las Regiones de Antofagasta y Coquimbo se enmarca dentro de lo que es una catástrofe, lo mismo que ocurrió el año pasado con el terremoto en las Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, intervengo para fundamentar mi voto. Antes expuse para informar la iniciativa en nombre de la Comisión de Hacienda.
Escuché el planteamiento del Senador Orpis. Entiendo la buena intención que lo anima y el reconocimiento que hace respecto de que se dé cuenta de la ejecución de estos recursos cada seis meses a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Se establece la Comisión de Hacienda de la otra rama del Congreso por razones obvias: es la Cámara fiscalizadora.
En mi opinión, proponer una nueva rendición de cuentas demoraría la tramitación del proyecto, que tiene urgencia. Y el norte está esperando que esta iniciativa sea despachada.
Además, la Comisión Especial Mixta de Presupuestos se reúne cada treinta o sesenta días para analizar la ejecución presupuestaria. Y perfectamente en esas sesiones se podría cumplir con lo señalado por el Senador Orpis.
Por esas razones, pido que despachemos este proyecto sin más trámite, de manera de que sea ley lo antes posible.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto en general (31 votos).
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Quintana, Quinteros, Rossi, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El Senador señor Orpis ha presentado una indicación para agregar, a continuación de la palabra "frontal", en el segundo inciso del artículo único, la frase "y los fondos asignados a las Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá con motivo del terremoto ocurrido el 2014".
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Entiendo la buena intención del Honorable señor Orpis, pero su interpretación del asunto es distinta de la mía, pues yo estimo que la indicación es inadmisible.
Según el mensaje, el proyecto busca hacerse cargo de la reconstrucción, específicamente, en "la región de Atacama y las comunas de Antofagasta y Taltal", debido al sistema frontal de mal tiempo ocurrido el 25 de marzo.
En consecuencia, la indicación se halla fuera de las ideas matrices; por ende, la declaro inadmisible.
--Se declara inamisible la indicación del Senador señor Orpis y, por no haberse presentado más indicaciones, la iniciativa queda aprobada en particular y despachada en este trámite.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Vamos a tratar ahora el proyecto que otorga la nacionalidad por gracia a Augusta Pedrielli Cleanti, de la comuna de Puerto Aysén.
Esta religiosa está a cargo de un hogar de niños en riesgo social. La conozco personalmente.
Solo diré eso, porque no me corresponde dar juicios de valor, dado que estoy presidiendo la sesión.
CONCESIÓN DE NACIONALIDAD CHILENA, POR ESPECIAL GRACIA, A RELIGIOSA AUGUSTA PEDRIELLI CLEANTI
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que concede la nacionalidad chilena, por especial gracia, a la religiosa Augusta Pedrielli Cleanti, con informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.848-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 2ª, en 17 de marzo de 2015.
Informe de Comisión:
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: sesión 9ª, en 14 de abril de 2015.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El objetivo de la iniciativa es conceder la nacionalidad chilena, por especial gracia, a la religiosa italiana Augusta Pedrielli Cleanti.
La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía discutió este proyecto en general y en particular por tratarse de aquellos de artículo único, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señoras Pérez San Martin y Van Rysselberghe y señores Matta y Ossandón, en los mismos términos en que fue despachado por la Cámara de Diputados.
Dicho órgano técnico dejó constancia de que, después de analizar la iniciativa en razón de las pautas establecidas para ponderar la procedencia del otorgamiento excepcional de la nacionalidad chilena, por especial gracia, a extranjeros de actuación notable en beneficio de la comunidad nacional, se formó la convicción de que la religiosa italiana Sor Augusta Pedrielli Cleanti, por su valioso aporte a la Región de Aisén y al país y su fructífera labor pastoral, es merecedora del reconocimiento reservado a las personas que han prestado valiosos servicios, de conformidad con el número 4º del artículo 10 de la Constitución Política de la República.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto.
Tiene la palabra la Senadora señora Van Rysselberghe.
La señora VAN RYSSELBERGHE.-
Señor Presidente, en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, me corresponde informar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en moción de diversos señores Diputados, que concede la nacionalidad chilena, por especial gracia, a la religiosa italiana Sor Augusta Pedrielli Cleanti.
La moción informa que la comunidad aisenina, por intermedio de su Alcalde y de los Diputados patrocinantes de esta iniciativa, pretende consagrar a la religiosa Augusta Pedrielli como una chilena más, por ser el fiel reflejo de la voluntad de todo un pueblo, en orden a reconocer sus aportes a nuestro país, principalmente por su lucha por asistir al más desvalido.
Respecto a su vida y obra, la moción señala que esta religiosa nació en Italia el 16 de enero de 1938 e ingresó en 1959 a la Congregación Religiosa Siervas de María Dolorosa, en Florencia. A los 21 años, estando en el Convento, entró a estudiar Enfermería.
Posteriormente, en 1966, una vez finalizados sus estudios, viajó a Chile para comenzar su misión de servicio en la Región de Aisén.
En efecto, destaca su abnegada entrega por más de 40 años en el Servicio de Salud de la Región, en especial en el Hospital de Puerto Aysén, donde asumió, entre otras, las responsabilidades de la jefatura del Servicio de Pediatría.
En 1990 fundó el primer Hogar de su Congregación en Chile, bajo el nombre de "Hogar del Niño Madre Eleonora Giorgi", que surgió con el propósito de brindar una respuesta efectiva a los graves problemas de desnutrición que afectaban a los niños de la Undécima Región, que entonces registraba la mayor tasa de mortalidad infantil a nivel nacional.
No obstante los esfuerzos de la religiosa, surgieron dificultades, como el abandono infantil y los conflictos socioeconómicos que sufrían las familias de la Región. Por este motivo, Sor Augusta Pedrielli asumió en el año 1999 la administración del Hogar El Ángel, que concluyó sus funciones en 2008.
Luego, en marzo del año 2006, con el propósito de continuar sirviendo a la comunidad, de forma pionera creó la Sala Cuna Bambin Gesú, que recibe fondos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
El proyecto que nos ocupa destaca que Sor Augusta se caracteriza por ser una religiosa con un infinito espíritu de entrega; con una humildad que día a día la lleva a luchar contra las trivialidades de un mundo cada vez más materialista; con una entereza que la hace ser infatigable, especialmente frente a las dificultades, y con una generosidad que sobrecoge, firme y segura a la hora de servir, pero frágil frente al dolor de los niños.
Sor Augusta lleva 49 años en nuestro país y actualmente vive en Puerto Aysén, donde sigue sirviendo a la comunidad.
La Comisión, después de conocer todos estos antecedentes de la religiosa Augusta Pedrielli, llegó a la convicción de que es merecedora de esta distinción especialísima, que considera la existencia de una vinculación real del beneficiario con la comunidad nacional, lo que constituye un hecho público y notorio, que no es necesario acreditar.
Por todo lo anterior, se consideró que es merecedora del reconocimiento reservado a las personas que han prestado valiosos servicios, según indica la norma contenida en el número 4° del artículo 10 de la Constitución Política de la República.
De esta forma, la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión (Senadores señora Pérez San Martín, señores Matta y Ossandón y quien habla) aprobó la iniciativa en general y en particular.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
No puedo explayarme, porque estoy en la testera. Pero me sumo a sus palabras, señora Senadora.
La verdad es que conozco a la religiosa Augusta Pedrielli, quien desarrolla una labor maravillosa con los niños de Aisén: en hogares de menores, en el hospital. Por tanto, vale la pena hacerle este reconocimiento.
No diré más, pues estoy dirigiendo la sesión.
En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto (14 votos a favor).
Votaron las señoras Goic, Muñoz y Van Rysselberghe y los señores Araya, Coloma, García, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Ossandón, Quinteros, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
INCENTIVO A INCLUSIÓN LABORAL DE DISCAPACITADOS Y ESTABLECIMIENTO DE RESERVA LEGAL DE EMPLEOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que incentiva la inclusión de discapacitados al mundo laboral y modifica la ley N° 20.422, para establecer la reserva legal de empleos para personas con discapacidad, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7.025-13 y 7.855-13, refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 48ª, en 11 de septiembre de 2012.
Informe de Comisión:
Trabajo y Previsión Social: sesión 9ª, en 14 de abril de 2015.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Los principales objetivos de la iniciativa son:
-Establecer la obligación para las unidades laborales del sector público o privado de reservar al menos el 2 por ciento de sus puestos de trabajo a personas que posean alguna discapacidad física, mental o sensorial de carácter temporal o permanente.
-Dar prioridad en las licitaciones de la Administración del Estado a los postulantes que sean empleadores de personas con discapacidad y excluir de las contrataciones a quienes hayan sido condenados por discriminación por causa de discapacidad.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social discutió este proyecto solamente en general, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señoras Goic y Muñoz y señores Allamand y Letelier.
La Comisión deja constancia de que la enmienda del numeral 1) del artículo 1°, despachada por la Cámara de Diputados con fecha 6 de septiembre de 2012, se efectuó a un inciso primero del artículo 4° de la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, que posteriormente fue modificado por la ley N° 20.720 (que sustituye el régimen concursal por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la superintendencia del ramo), por lo que esta materia será corregida formalmente en el segundo informe.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 22 y 23 del primer informe mencionado y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, en primer término, pido autorización para informar dos proyectos a la vez, ya que versan sobre el mismo tema. Ambos están para ser votados en general por la Sala.
Hace mucho tiempo que se viene debatiendo...
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Perdón, señor Senador, para entenderlo bien, ¿cuál es la otra iniciativa que usted menciona?
El señor LETELIER.-
La que modifica el Código del Trabajo con el fin de prohibir la discriminación por discapacidad en el trabajo y establecer cuota mínima obligatoria de trabajadores con discapacidad en medianas y grandes empresas (boletín Nº 9.394-13). Aparece en el sexto lugar de la tabla de hoy.
Me gustaría informar los dos proyectos, si me lo permite, señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Está autorizado, señor Senador.
El señor LETELIER.-
Gracias.
Los dos proyectos a que he hecho referencia persiguen un mismo propósito, que es contar con una legislación de segunda generación respecto al derecho al trabajo de las personas con capacidades distintas o con discapacidades.
En nuestro país existe un marco regulatorio que se inició cuando se creó el FONADIS y, después, el Servicio Nacional de la Discapacidad. Además, contempla una ley sobre inclusión, que se debatió cuando se impulsó la última reforma del primer gobierno de la Presidenta Bachelet.
¿Qué pretenden los proyectos que se presentan ahora?
El primero de ellos, que proviene de la Cámara de Diputados y que corresponde a la fusión de dos mociones, propone la inclusión al mundo laboral de las personas en situación de discapacidad, en primer término, mediante la modificación de la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; es decir, establece requisitos para las empresas que contratan con el Estado. En esencia, la Ley de Compras Públicas dispone el criterio de beneficiar o de priorizar a aquellas empresas que incluyen dentro de sus políticas la contratación de personas discapacitadas.
Por otra parte, el proyecto incide en la ley que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.
En ambas iniciativas -deseo insistir en ese punto- se contemplan incentivos para la contratación de personas con discapacidad.
La segunda parte de este primer proyecto establece porcentajes de reserva de puestos de trabajo, tanto para las empresas privadas como para las reparticiones públicas, respecto a su obligación de contratar a personas con discapacidad.
Como algunos colegas de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia presentes en la Sala saben, yo he sido partidario, junto con presentar una iniciativa al respecto, de introducir una reforma constitucional que establezca la discriminación positiva también a nivel de nuestra Carta para el empleo de personas con discapacidad. Y por eso recuerdo que se halla en la Comisión de Constitución el proyecto que establece que el Estado debe eliminar los obstáculos que, de hecho, impidan el pleno desarrollo de las personas (boletín N° 8.871-07).
En concreto, la iniciativa en discusión establece, primero, una modificación de la Ley de Compras Públicas, generando incentivos -no quiero entrar en el detalle, porque estamos en la discusión general-, y, en segundo término, la obligación, tanto para el sector público como para el privado, de reservar al menos el 2 por ciento de sus puestos de trabajo para personas que posean algún tipo de discapacidad física, mental o sensorial.
Eso es, en resumen, el primer proyecto.
Es interesante tener presente que la Comisión de Trabajo realizó un estudio comparado, y en una muestra de los países incorporados a la OCDE advertimos que todos ellos, con excepción de dos (Bélgica e Irlanda, que solo aplican la cuota al sector público), se ha establecido una cuota de contratación de personas discapacitadas tanto al sector público como al privado. Por otro lado, se han implementado medidas de fomento para el cumplimiento del porcentaje determinado por parte de órganos públicos.
Quisiera señalar, someramente, algunas observaciones que nos merece el contenido de la iniciativa a los integrantes de la Comisión de Trabajo (por eso solo se pide que se apruebe en general): falta contemplar un mecanismo jurisdiccional para cautelar la eficacia de las normas; se deben detallar los parámetros que tienen que orientar el tipo de discapacidad en relación con las actividades que se puedan realizar; se requiere cautelar un equilibrio en la cuota que se propone, junto a un sistema de gradualidad de la entrada en vigencia, e implementar las medidas de capacitación que favorezcan la estabilidad laboral de los trabajadores.
Señor Presidente, en atención a que en nuestro país más de dos millones de personas se encuentran en situación de discapacidad y que, según lo informado por el Director Nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad, la incorporación de trabajadores -y quiero subrayar este punto- con algún grado de discapacidad a los lugares de trabajo contribuye a mejorar el ambiente laboral al interior de las empresas, su imagen corporativa y también los índices de productividad, es que solicito a la Sala la aprobación en general del primer proyecto, que la Comisión de Trabajo aprobó -como digo- en forma unánime.
En segundo término, señor Presidente, el proyecto...
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Perdón, señor Senador, pero estamos viendo con el señor Secretario que, si bien hay algunas similitudes, son proyectos distintos. Y, dada la tabla que tenemos, vamos a hacer su discusión por separado.
Entonces, le ruego que nos centremos en la primera iniciativa, y que posteriormente entregue el otro informe.
El señor LETELIER.-
Anuncio solamente, señor Presidente, que el segundo proyecto -y sé que nuestro Secretario es un gran experto en temas del Código Laboral- propone establecer un criterio respecto a procedimientos de tutela laboral.
¿Por qué los queremos presentar en conjunto, aunque los discutamos por separado? Porque entendemos que la Comisión de Trabajo busca, como mandato de la Sala, no solo estudiar este proyecto, sino un marco legal completo sobre discapacidad y empleo, que no contemple únicamente compras públicas, cuotas, sino que establezca, además, gradualidades, incentivos para la mantención de las personas discapacitadas en el lugar de trabajo.
Asimismo, se intenta armonizar estas normas con el Código del Trabajo respecto de la tutela laboral. Este punto se aborda en el proyecto originado en moción de las Senadoras señoras Goic, Allende y Muñoz y al que hemos adherido el Senador señor Allamand y quien habla.
Señor Presidente, entendemos que vamos a necesitar un período de trabajo para armar un marco legal más completo y, también, coordinar con la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento si se requiere o no una reforma constitucional para asegurar los instrumentos destinados a garantizar la vigencia de los derechos que queremos establecer.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Informo a Sus Señorías que el proyecto en debate está en segundo trámite constitucional, y que la otra iniciativa se halla en primer trámite. Por lo tanto, tenemos una razón adicional para hacer la discusión por separado.
Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, sugiero abrir la votación. Así podemos asegurar el quórum que corresponde.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
¿Habría acuerdo para abrir la votación?
Acordado.
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Puede continuar, señor Senador.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, el proyecto que se ha informado en primer lugar introduce modificaciones a la ley N° 19.886, sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, y a la ley N° 20.422, que se refiere a la igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, y creo que, en lo sustantivo, se hace cargo de manera concreta y expedita de ayudar a que las personas en situación de discapacidad avizoren oportunidades.
En rigor, hoy día las oportunidades laborales efectivas para tales personas son muy escasas, como son muy pocas, además, las oportunidades educacionales que les permitan aspirar a tener la calificación suficiente para alcanzar lugares de trabajo adecuados, dignos, como cualquier otro ciudadano.
La condición de discapacidad no puede ser obstáculo al pleno desarrollo laboral de las personas. Y hoy día, de alguna forma, lo es.
Es cierto que una política para lograr la plena incorporación al mundo laboral de las personas en situación de discapacidad -como bien lo señalaba el Presidente de la Comisión-, requiere partir desde el principio, probablemente desde la sala cuna, e incorporar una serie de otros aspectos que dicen relación no solo con la educación, sino también con políticas de salud, de no discriminación en todos los ámbitos, que hagan que la realidad del mundo de los discapacitados se convierta en algo diferente.
Pienso que aquí se reúnen las personas con mayor discriminación y, al mismo tiempo, con mayor vulnerabilidad social. Y creo que la sensibilidad de nuestro país es baja. Y si bien la Teletón ha ayudado a poner los ojos en esta materia, uno necesita una "Teletón" todos los días, no un día al año.
Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo para lograr una política permanente que refleje el compromiso de justicia con las personas en situación de discapacidad.
En lo particular, creo que las dos propuestas son muy atingentes. Una, de alguna forma sanciona la discriminación cuando esta se refiera a personas con discapacidad, y otra, más proactiva, establece la preferencia, en las bases de licitación de contratos de prestación de servicios o de provisión de bienes o de suministros a la Administración, a aquellas empresas que tengan una política amplia y abierta para incorporar a personas con discapacidad en su ámbito laboral y, más aún, a aquellas que les ofrezcan mejores condiciones de empleo y remuneración. Es decir, no basta que tengan un número de personas incorporadas, sino que estas últimas deben estar en igualdad de condiciones, en condiciones adecuadas a su propia situación.
Me parece que esto es muy importante, y creo que va a ayudar a resolver el problema.
La segunda norma que se propone está, probablemente, en el límite de los temas constitucionales. Pero me parece que se halla bien salvado el problema de estar yendo más allá de lo que corresponde, en la medida en que se establece que "Toda unidad laboral, ya sea del sector público o privado, deberá reservar al menos el 2% de sus puestos de trabajo para trabajadores" en situación de discapacidad.
Una obligación de esta naturaleza, efectivamente, podría restringir la libertad de emprender negocios, la libertad de contratar. Sin embargo, ella está circunscrita a quienes, "siendo idóneos para la función", posean alguna discapacidad. Por tanto, se puede interpretar -en el sentido en que la Constitución se refiere a la igualdad ante la ley- que se trata de diferenciaciones positivas, razonables, que no afectan los derechos de las demás personas ni la libertad de los empleadores para tomar las decisiones de contratación.
El hecho de que sea para personas idóneas en su función es lo que, a mi juicio, hace que esto sea perfectamente plausible.
En consecuencia, respecto de esta iniciativa tengo solamente compromisos positivos y, por cierto, la vamos a votar a favor.
Sobre la segunda, tengo la misma opinión. Pero advierto en ella una situación un poco más compleja, porque plantea evitar la discriminación por discapacidad a través del establecimiento de una cuota mínima de trabajadores en las empresas. En efecto, el artículo 2° bis dice: "Las empresas que cuenten con más de cincuenta trabajadores, deberán contratar a personas con discapacidad de carácter permanente en una proporción no inferior al 2%".
Aquí sí se puede producir una situación compleja para una empresa. Supongamos una organización que presta servicios de computación, de generación de software y que tiene, por lo tanto, un personal ultraespecializado. La iniciativa no incorpora el concepto de "idoneidad para la función", por lo que podemos estar exigiéndole a una empresa que cumpla con el compromiso de la cuota, sin que materialmente pueda hacerlo.
Entonces, entiendo la necesidad de ir asegurando estos cupos, pero hay que ser razonables porque, de pronto, no hay posibilidades, por la naturaleza del trabajo o por las calificaciones que se requieren, de asegurar un cupo de trabajadores efectivo, realista.
Tenemos que buscar una manera de resolver este tema en la discusión particular. De lo contrario, podemos estar imponiéndoles condiciones a muchas empresas que quizá sí desean cumplirlas -habrá algunas que no estén en esa disposición; yo me pongo en la hipótesis contraria-, pero que no pueden hacerlo.
En ese caso, estaríamos sancionando empresas de manera indebida, lo que podría generar un problema de constitucionalidad. De ahí que debamos buscar la manera de corregir esta norma en la discusión en particular.
Estoy convencido de las bondades de esta iniciativa. Felicito a sus autores. Me parece que aquí es donde hace falta un compromiso público, como he dicho, significativo, con el mundo de la discapacidad. Por eso apoyo, en general, ambos proyectos, con la reserva, en el caso del segundo, de que veo y advierto la conveniencia de ajustar muy bien su texto para evitar cuestiones de constitucionalidad que hagan perder el sentido y la validez de esta norma.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz.
La señora MUÑOZ.-
Señor Presidente, concuerdo con lo planteado por los Senadores que me antecedieron. Este es un tema que hemos venido debatiendo durante el año pasado en la Comisión de Trabajo. Escuchamos a importantes sectores, a la SOFOFA, al SENADIS, a la Biblioteca del Congreso Nacional, que hizo un importante estudio comparado sobre la legislación existente en esta materia.
Como Comisión de Trabajo, consideramos que las dos mociones apuntan al desarrollo de un debate cultural acerca de la incorporación de personas con discapacidades diversas en el mundo del trabajo. Y entendemos que nuestro país ha instalado barreras muy fuertes para la inclusión en general (también a nivel del mercado laboral).
Por eso las hemos tramitado en conjunto, dado que se dirigen al mismo objetivo, pero poniendo énfasis distintos: una, en el Código del Trabajo, y la otra, en la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. Y ambas se preocupan de ir buscando mecanismos para la inclusión; porque la mera declaración no sirve.
Como país, hemos ratificado convenios internacionales en el ámbito de la inclusión. Sin embargo, nuestra legislación no se ha hecho cargo de ello -y menos aún lo ha hecho la cotidianeidad de la vida, en distintos aspectos- para incorporar a las personas con discapacidad.
Si uno recorre las calles y observa los edificios se da cuenta de que, pese a que contamos con legislación, nada se encuentra pensado para posibilitar que quienes están en silla de ruedas, o los no videntes, o las personas sin capacidad auditiva se desplacen libre y tranquilamente por la ciudad para realizar sus trámites habituales o para desarrollar su trabajo.
Existe la obligación de hacer adaptables los edificios, las avenidas. Pero nos enfrentamos a que de repente las leyes son letra muerta, pues hay una carencia muy grande en cuanto a fiscalización y respeto por la variable inclusión.
Por eso, considero importantes estos mecanismos, aunque comparto las aprensiones del Senador Larraín en cuanto al establecimiento de un porcentaje de inclusión.
Aquello estuvo presente en el debate de la Comisión, durante el cual diversos invitados plantearon que algunos países fijan cuotas y que otros buscan instrumentos de inclusión distintos.
Sin embargo, nosotros hemos optado por la cuota debido -yo diría- a la fuerte ceguera cultural que existe en Chile en esta materia.
De ahí que en la discusión particular, a mi entender, deberemos resguardar aspectos en la línea señalada por el Senador Larraín, lo que ya hemos tocado.
Respecto al 2 por ciento de inclusión en empresas de distinto tamaño, hemos planteado que debe existir un registro sobre el tipo de discapacidad, para ir asociándolo y coordinándolo con las diferentes actividades de las empresas.
Hemos puesto recurrentemente el ejemplo de faenas mineras de altura con maquinaria pesada que una persona no vidente o sin capacidad auditiva difícilmente puede operar. En este caso no procede sancionar a la empresa por no atenerse al 2 por ciento, pues, obviamente, le resulta imposible incluir mano de obra con discapacidades de aquella índole. Pero, sí, a lo mejor es factible incorporarla en actividades distintas, administrativas o mucho más livianas.
Entonces, señor Presidente, es importante aprobar la idea de legislar.
El ideal sería tratar los dos proyectos; pero -ya se aclaró- en este momento solo podemos tratar el que viene de la Cámara de Diputados.
No obstante, en la Comisión de alguna manera hemos tenido acuerdo en el sentido de que es preciso discutir las dos iniciativas en conjunto; generar un gran debate sobre la inclusión de personas con discapacidad en el mercado laboral, en el trabajo remunerado, y también, abrir el camino para realizar una gran discusión sobre una reforma constitucional relacionada con la materia.
Por lo tanto, invitamos a nuestros colegas a votar favorablemente.
Entendemos las particularidades del debate que se debe desarrollar -nos vamos a ocupar de él en la Comisión- para avanzar y, desde el Parlamento, entregarle a nuestro país una respuesta y una importante señal en cuanto a que esta es una realidad de la que hemos de hacernos cargo.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, yo represento a la región que exhibe el indicador de discapacidad más alto en Chile, según el último informe sobre competitividad regional elaborado por la Subdere y el PNUD. Estoy hablando de 17,2 por ciento, cifra que es muy muy dramática.
Por eso mismo, la aproximación a la materia en debate es de una sensibilidad especial, que nace además de la relación directa que existe entre la discapacidad y la pobreza. Hay una relación bastante mancomunada, estrechísima, que se nota y que tiene una explicación bastante razonable: hoy una persona con discapacidad -existen distintos tipos de discapacidades- accede muy dificultosamente a un trabajo, más allá de sus méritos, de su esfuerzo, de su empeño, de sus estudios; y, objetivamente, es la sociedad quien se lo hace más difícil, algunas veces por razones completamente entendibles y otras por razones inexplicables.
En esa lógica, estimo que realizar un esfuerzo especial desde el punto de vista legislativo para afrontar esta materia -los dos proyectos están vinculados, y así los plantea la Comisión de Trabajo a nivel general- apunta en un sentido correcto y está bien inspirado.
Si así no fuera, no me quedaría tranquilo. Yo no podría decir: "¿Sabe qué más? En materia laboral y de discapacidad no hay nada que hacer". Porque sí hay cosas que se pueden hacer.
En mi opinión, estaría bien diseñado un sistema que de alguna manera, en cierto tipo de postulaciones, generara una preferencia para empresas que tuvieran trabajadores con algún grado de discapacidad, en la medida -y así se dice- que igualaran ofertas ventajosas en función de criterios objetivos. Ello iría en la dirección correcta de incentivar un esfuerzo especial que se debe hacer -porque hay que hacerlo- a los fines de que las empresas tengan capacidad para incorporar a personas que, por razones ajenas a su voluntad, se encuentran en condiciones de vida muy difíciles.
Quiero reiterar el dato.
Por lo menos para mí es muy impactante oír hablar de la existencia de 17,2 por ciento de discapacidad en una región que, adicionalmente, es la segunda con más grado de pobreza, según los indicadores señalados.
En consecuencia, pienso que la idea de legislar está bien diseñada. Y su lógica y su espíritu me parecen muy interesantes.
La otra perspectiva (porque aquí hay dos ideas centrales) requiere una reflexión mayor; y así lo han planteado quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Me refiero al 2 por ciento -entre comillas- que se incorpora como reserva legal de empleos para personas con discapacidad, haciéndose una distinción entre el mundo público y el privado.
En el primer caso existe una coherencia particular, pues adicionalmente el mundo público, al no establecer opciones reales de trabajo para grupos de personas con condiciones especiales, termina pagando un subsidio de discapacidad -al final, es un asunto de recursos-, lo que resulta mucho menos estimulante y bastante más severo desde el punto de vista de la satisfacción personal.
Por consiguiente, tiene una justificación especial la generación de políticas públicas que, en vez de entregar subsidios, otorguen dignidad. Porque el trabajo da dignidad. Y, obviamente, una persona discapacitada ve la vida en forma distinta si cuenta o no con trabajo. Eso, que es muy cierto, se ve en cualquier región de nuestro país.
Ahora, en el caso del mundo privado se debe hacer una reflexión mayor, por cuanto, aunque en él está incorporada la lógica de la idoneidad, la idea es que la inclusión sea una oportunidad, no una carga.
Ciertamente, hay que analizar condiciones distintas.
Por ejemplo, se plantea que no se pueden hacer diferencias de carácter regional. Sin embargo, de repente hay que hacerlas.
En definitiva, señor Presidente, el proyecto apunta en general en el sentido correcto. Entonces, hay que apoyarlo, pues constituye un paso a favor de la incorporación social en Chile.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Goic.
La señora GOIC.-
Señor Presidente, apoyo entusiastamente tanto la iniciativa que viene de la Cámara Diputados cuanto la que presentamos aquí, en el Senado. Son complementarias entre sí, van en la misma dirección y abordan una materia muy bonita para trabajarla en términos legislativos y también como política pública, asumiendo que en ella estamos al debe.
Cuando uno revisa los datos ve que alrededor del 20 por ciento de las personas con discapacidad están activas, se encuentran trabajando. Y al analizar qué tipos de trabajos tienen observa que, en general, son de calificación menor.
Esa es una realidad. O sea, se trata de gente que puede hacer un aporte mucho mayor.
Las experiencias demuestran que cuando una empresa incorpora a personas con discapacidad genera un entorno positivo, un aprendizaje y la posibilidad de contribuir con las capacidades propias.
Nuestro desafío es cambiar la mirada que tenemos como país en torno a la discapacidad, sobre todo en el ámbito de la inclusión.
Aquí se nos abre la oportunidad de aportar a aquello elaborando un texto que ayude efectivamente a la integración de dichas personas.
El primer proyecto avanza en materia de licitaciones públicas. En efecto, se premia a quienes incorporan esta visión.
Complementariamente, se incluye una cuota de empleos para personas con discapacidad.
Se ha planteado que la discapacidad se incorpore como causal de discriminación en el empleo -al igual que el señalamiento del estado civil, la edad, el sexo, la raza- y que los actos discriminatorios queden sujetos al procedimiento de tutela laboral.
Tal como sucedió en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, es difícil negarse en general a la realidad existente. El desafío está en cómo durante la discusión particular conseguir la mejor alternativa para garantizar derechos a personas con discapacidad y, asimismo, generar una legislación que no ponga el énfasis en la imposición, sino en los beneficios que representaría para una empresa, y también para nuestro país, tener ese tipo de trabajadores.
Casualmente, hace algunos minutos estuve conversando en forma prolongada con una chica que es ingeniera industrial. Quedó ciega siendo estudiante. Fue la mejor alumna de su promoción. Todos le dijeron: "¡Para qué vas a seguir estudiando, si nadie te va a contratar! ¡No vas a poder hacer nada como ingeniera industrial!". Hoy está cursando un doctorado en la Universidad de Cambridge. Su objetivo es trabajar en técnicas de diseño industrial que les permitan a las personas con discapacidad desempeñarse laboralmente y, asimismo, que posibiliten determinar cuál es la estrategia comunicacional idónea para plantear el tema de la inclusión.
Al conversar con ella, sorprende su capacidad, que es la de cualquier profesional. Entonces, rompe los esquemas a que estamos acostumbrados. Porque muchas veces nosotros asociamos discapacidad a vulnerabilidad, y esta última, a menores recursos. ¿Por qué? Probablemente, porque esas son las imágenes que nos muestran.
Del bajo porcentaje de personas con discapacidad que trabajan, la mayor parte lo hacen en empleos de escasa calificación. Por ejemplo, las vemos en los supermercados; los ciegos terminan quizá como telefonistas, en una central telefónica.
Nos cuesta pensar en profesionales con discapacidad que se incorporen al mundo del trabajo, a pesar de que muchos pudieron romper las barreras que les impedían sacar adelante sus carreras.
¡De eso estamos hablando!
Además, se ha demostrado que la incorporación de una persona con discapacidad en un puesto de trabajo genera un efecto positivo en su equipo, es algo valioso.
También, el hecho de que para muchos problemas vinculados con los discapacitados diseñe la solución una persona con condiciones especiales implica que se genere un mejor producto para la empresa, pues aquella vive la situación en primera persona; o sea, es un producto para discapacitados diseñado por alguien que vive esa realidad.
En consecuencia, aquí existe una tremenda oportunidad.
Debemos, sí, conciliar lo concerniente a la cuota.
Lamentablemente, en nuestro país se requiere cierta obligatoriedad para que las cosas avancen.
Por último, debo manifestar que se ha planteado (particularmente en el Servicio Nacional de la Discapacidad), por una parte, lo atinente a los recursos necesarios para habilitar espacios de trabajo, y por otra, que cuanto se propone sea visto desde el mundo de la empresa también como una ganancia.
Así que invito a respaldar con entusiasmo este proyecto.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (25 votos a favor).
Votaron las señoras Goic, Muñoz, Lily Pérez y Van Rysselberghe y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Coloma, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Quintana, Quinteros, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Debemos fijar plazo para presentar indicaciones.
Se ha sugerido el lunes 11 de mayo.
¿Le parece a la Sala?
--Así se acuerda.
PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN LABORAL POR DISCAPACIDAD Y CUOTA MÍNIMA OBLIGATORIA DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Corresponde discutir en general el proyecto de ley, en primer trámite constitucional e iniciado en moción de las Senadoras señoras Goic, Allende y Muñoz, que modifica el Código del Trabajo al objeto de prohibir la discriminación por discapacidad en el trabajo y establecer una cuota mínima obligatoria de trabajadores con discapacidad en medianas y grandes empresas, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.394-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadoras señoras Goic, Allende y Muñoz):
En primer trámite, sesión 25ª, en 17 de junio de 2014.
Informe de Comisión:
Trabajo y Previsión Social: sesión 9ª, en 14 de abril de 2015.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El objetivo principal de este proyecto es modificar el Código del Trabajo para incorporar la discapacidad como causal de discriminación en el empleo, quedando sujetos los actos discriminatorios al procedimiento de tutela laboral.
Asimismo, se contempla el establecimiento de la obligación para las empresas que cuenten con más de cincuenta trabajadores de contratar un porcentaje de personas con discapacidad.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social hace presente que, no obstante tratarse de un proyecto de artículo único, lo discutió solo en general y acordó proponer a la Sala que adopte igual decisión, con el propósito de introducir los perfeccionamientos necesarios durante la discusión particular.
El referido órgano técnico aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señoras Goic y Muñoz y señores Allamand y Letelier.
Además, deja constancia de que los Senadores señores Andrés Allamand y Juan Pablo Letelier manifestaron su adhesión a esta iniciativa, por lo que acordó solicitarle a la Sala que sean considerados autores de ella en conjunto con las señoras Senadoras ya individualizadas.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 8 y 9 del primer informe.
Nada más, señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Gracias, señor Secretario.
El señor LARRAÍN.-
¿Se puede abrir la votación?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Hay una solicitud para abrir la votación.
¿Le parece a la Sala?
Acordado.
En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Goic.
La señora GOIC.-
Señor Presidente, pido que solo se vote, porque en el proyecto anterior hicimos la discusión de las dos iniciativas existentes sobre la materia, que se complementan entre sí.
El señor LARRAÍN.-
En efecto, ya realizamos el debate.
El señor MOREIRA.-
Sí. Y la aprobación debería ser unánime.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Moreira.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, creo que un proyecto de esta naturaleza, atendido el debate que tuvimos recién, amerita una aprobación unánime, por lo que significa como señal pública para el mundo de la discapacidad.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (20 votos a favor).
Votaron las señoras Goic, Muñoz, Lily Pérez y Van Rysselberghe y los señores Allamand, Araya, Coloma, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Lagos, Hernán Larraín, Montes, Moreira, Pérez Varela, Pizarro, Quintana, Quinteros, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Propongo como plazo para formular indicaciones el lunes 11 de mayo.
--Así se acuerda.
REGULACIÓN DE MEDICAMENTOS BIOEQUIVALENTES GENÉRICOS E IMPEDIMENTO DE INTEGRACIÓN VERTICAL DE LABORATORIOS Y FARMACIAS
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Corresponde discutir en general el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señor Girardi, señora Goic y señores Ossandón, Rossi y Zaldívar, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias, con informe de la Comisión de Salud.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.914-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señor Girardi, señora Goic y señores Ossandón, Rossi y Zaldívar):
En primer trámite, sesión 96ª, en 10 de marzo de 2015.
Informe de Comisión:
Salud: sesión 9ª, en 14 de abril de 2015.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Los principales objetivos de la iniciativa son, primero, ajustar la legislación a fin de fomentar la disponibilidad y penetración en el mercado de los medicamentos genéricos bioequivalentes, para lo cual se incorpora la exigencia de que las recetas prescritas por los profesionales habilitados incluyan expresamente la denominación de los fármacos que posean dicha calidad, y segundo, prohibir la integración vertical a que se ha hecho referencia.
La Comisión discutió el proyecto solo en general, con el objeto de otorgarles a los señores Senadores la oportunidad de perfeccionarlo y enriquecerlo con ocasión del segundo informe, acogiendo por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señoras Goic y Van Rysselberghe y señores Girardi y Rossi, la idea de legislar.
El texto que se propone aprobar se transcribe en el primer informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En discusión general.
Tiene la palabra el Senador señor Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente, la iniciativa busca complementar la legislación de las farmacias, porque en el último tiempo ha habido muchos problemas, como el de la colusión -de hecho, 16 ejecutivos de algunas cadenas se hallan formalizados y se desarrolla un juicio en los tribunales de justicia-, y todavía se registran algunas prácticas reñidas con el interés de los pacientes.
Por ejemplo, esos establecimientos no están haciendo la bioequivalencia de los medicamentos genéricos. Si mis Honorables colegas piden cambiar un fármaco caro por uno de ellos, se encontrarán con que estos no existen por la razón recién expuesta.
El mismo Senador que habla ha solicitado alopurinol, de uso muy extenso, diría, en pacientes con enfermedades cardiovasculares y que sirve en un caso de ácido úrico elevado, correspondiente a la mayoría de las personas sobre 50 años, y ninguna farmacia cuenta con el genérico. Se obtienen los de marca, en cambio, que valen 15 mil pesos.
Entonces, la idea evidentemente es resguardar, entre otras cosas, la existencia de los genéricos y dictar una modificación para que sea obligatorio tenerlos y hacer la bioequivalencia. Porque, si no, desaparecerán, en circunstancias de que uno de los avances de nuestra política en la materia es justamente la posibilidad de considerarlos.
Luego, hay una discusión muy interesante e importante que tiene que ver con la razón por la que finalmente ocurre toda la sustitución y falta de competencia. Ello obedece a las marcas propias.
¿Qué significa la expresión? Existen farmacias que, a la vez de ser cadenas de distribución de medicamentos -más del 90 por ciento se vende en tres cadenas- y representar un verdadero monopolio, que no existe en ningún otro lugar del planeta, disponen de marcas y laboratorios propios. Como es obvio, es muy alto el incentivo para expender los productos correspondientes en esos mismos centros o canales de venta.
Lo que se ha propuesto, en forma conjunta con el Ejecutivo, es la regulación de la existencia de dicho sistema, que constituye un verdadero atentado a la libre competencia, y generar mecanismos para lograr disminuir el impacto de que esas entidades sean dueñas del laboratorio respectivo.
También el proyecto considera aspectos como el de una discusión que se generó algún tiempo atrás. He sido partidario de que los medicamentos se puedan adquirir en supermercados precisamente para romper el monopolio de las farmacias sobre la venta. Eso no fue aprobado en el Senado, que la vez pasada estuvo más bien por el expendio en góndolas, es decir, porque al menos medicamentos sin receta se pudieran vender, no en el mostrador, donde son manipulados por el establecimiento, sino libremente en esas otras instalaciones. En ellas ya no serían rehenes de las farmacias, porque se podrían elegir por marca, por precio, y no se hallarían en cierta manera manejados por el vendedor.
Cuando las personas van a la farmacia -quiero recordar que es la única entidad en Chile sin lista de precios y que se viola la ley-, tienen que consultar el valor de cada medicamento por separado. Pero si preguntan por un determinado fármaco, como el ibuprofeno, les venderán un alternativo de marca en 3 mil o 4 mil pesos, en vez del genérico, que costaría 400 o 600 si estuviera en la góndola.
Lo mismo sucede con la atorvastatina, que es el lipitor. El de marca vale cerca de 30 mil pesos. Existe un genérico que cuesta mil pesos, pero nunca va a estar disponible. En la góndola, la gente podría comprar la atorvastatina a este último precio, sin ser rehén de que le dijeran, cuando llegara al mostrador, que no se dispone del producto de mil pesos, sino solo de otro correspondiente a la marca que le pertenece a la cadena y que, claro, no vale los 30 mil pesos del primer medicamento de marca, pero sí 15 mil.
Por lo tanto, la idea es que el Senado pueda discutir esta y otras medidas que el Ejecutivo ha planteado como indicación, justamente para salvaguardar que en el país se pueda acceder a los medicamentos como un derecho. El paciente a veces demora meses en pedir una hora en el consultorio y transcurren meses y años en que consigue una atención de especialidad a la cual puede ser derivado, pero, finalmente, cuando la logra y el ciclo se cierra con un medicamento, no puede adquirirlo por su alto costo.
Ello se da en el contexto de la denuncia que hicimos años atrás por la colusión en las farmacias, las cuales, producto de las situaciones anómalas, aumentan los precios hasta en un mil por ciento. Es lo que sucede en verano, por ejemplo, con el de los anticonceptivos. En invierno elevan también hasta en un mil por ciento, sobre el costo real, el de los inhaladores: los que valen mil 200 pesos, por ejemplo, son vendidos a veces hasta en 10 mil. Y por antibióticos cuyos genéricos no deben costar más de 2 mil pesos se cobran 10 mil. O sea, una receta de un inhalador y un antibiótico, que es un medicamento de choque para niños con infecciones respiratorias, muy frecuentes en invierno, puede llegar a implicar más de 20 mil pesos, en vez de 3 mil. Eso de verdad es un atentado.
Nosotros además presentamos una denuncia en el Ministerio Público. Y ya ha habido evidencia suficiente, a través de lo que han señalado los fiscales, de todas las irregularidades que cometen las cadenas.
En consecuencia, lo que busca el proyecto -evidentemente, puede ser perfeccionado, porque esta es una aprobación en general- es que el Senado exponga soluciones, junto con el Ejecutivo, para que tales hechos no puedan ocurrir.
El año pasado me tocó concurrir a una fiscalización a una farmacia Salco en Providencia y, para nuestra sorpresa, en su interior había carteles con sugerencias al vendedor -fue clausurada por eso- para que ejerciera ilegalmente la profesión de médico. Le decían, entre otras cosas, que si un paciente presentaba fiebre y resfrío, le recetara tal medicamento; que si exhibía otros síntomas y signos, le prescribiera este otro.
Por mi parte, llevé los antecedentes al Ministerio Público -el Instituto de Salud Pública aplicó una sanción-, señalando que se trataba del delito mencionado.
Este tipo de situaciones ocurren frecuentemente y tienen que ser reguladas.
Como es algo que dice relación con una de sus atribuciones exclusivas, necesitamos que el Ejecutivo presente una indicación en cuanto a la defensa que queremos hacer de las pequeñas farmacias, de aquellas que no corresponden a las grandes cadenas, y que no tienen ninguna posibilidad de competir con los poderes de compra de los establecimientos de envergadura.
Una de las propuestas que se quieren plantear es que, además de que la CENABAST compre afuera, con más amplitud, medicamentos bioequivalentes -porque ese es uno de los problemas que enfrentamos-, también pueda venderles a las pequeñas farmacias, a fin de que aquellas que son de pueblo, aquellas situadas en comunas pobres adonde las cadenas no les interesa ir, puedan sobrevivir y competir en un mercado muy controlado por los monopolios.
La Comisión, por unanimidad, aprobó en general lo que hemos planteado, justamente para que el Senado pueda debatir acerca de cómo lograr una mejor política de medicamentos para Chile.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, estoy sorprendido de que el proyecto haya sido puesto en tabla sin que pudiéramos prepararnos para iniciar un debate de tanta envergadura.
Parto por expresar claramente que esta es una iniciativa que, lejos de beneficiar a los usuarios, favorecería a los grandes laboratorios.
Y voy a explicar por qué.
No todos los productos genéricos son bioequivalentes y siempre los bioequivalentes son genéricos. Lo que determina el texto en debate, en definitiva, dice relación con condiciones o regulaciones para el establecimiento de fármacos genéricos bioequivalentes, los que se traducirían en un fenómeno que ya se está materializando. De hecho, varias investigaciones periodísticas se verificarán en las próximas semanas respecto de la falta de existencia de dichos productos en las farmacias.
Uno podría expresar, de nuevo: "Es responsabilidad de las farmacias". No. Es responsabilidad de los laboratorios, los cuales, frente a la caducidad de los decretos de bioequivalencia y a las exigencias de plazo para producir el proceso in vitro, están retirando las certificaciones respectivas del Instituto de Salud Pública (ISP).
Deseo aprovechar que se encuentra en la Sala el señor Subsecretario de Salud Pública para pedirle cuenta -por su intermedio, señor Presidente- de los siguientes antecedentes: primero, cuántos registros de bioequivalencia han sido retirados en los últimos dos años, y segundo, cuántas de estas acciones finalmente han obedecido a motivos económicos, de mercado, y cuántas a la imposibilidad de materializar el proceso de bioequivalencia.
¿Quién establece la norma?
Por de pronto, es preciso consignar que la Contraloría anuló los decretos de plazo fijados por el ISP, puntualizando que el que debe establecer un término para las bioequivalencias debe ser el Ministerio. Entonces, me gustaría que este último pudiera proporcionarnos una explicación.
Nosotros y los televidentes podemos consultar por un fármaco como el alopurinol y comprobaremos que las farmacias se hallan absolutamente desabastecidas del producto. Uno podría explicarse, entonces, cuál es la razón de ello. Tengo un registro de al menos 50 medicamentos en la misma condición.
Entonces, el asunto no es menor.
Quiero expresar claramente que esta es una normativa hecha a la horma de los laboratorios extranjeros. Y lo digo responsablemente. El proyecto de ley finalmente va a provocar la desaparición de los laboratorios nacionales.
El otro aspecto que me parece relevante poner sobre la mesa es el de la integración vertical de laboratorios y farmacias.
Con relación a lo mencionado en primer lugar, me gustaría dejar en claro que el texto también está hecho a la medida de las cadenas de farmacias que además son laboratorios. Y lo anterior, por las razones que acabo de manifestar. Son los únicos, por lo tanto, que finalmente podrán hacer el ejercicio.
Otro elemento que me parece hecho a la medida de las grandes cadenas de farmacias es la obligatoriedad del fraccionamiento, que va a dejar completamente fuera del mercado a los establecimientos pequeños. Es un efecto que tendrá lugar al exigirse a todos ellos los espacios físicos para tal efecto, la tecnología respectiva y, adicionalmente, góndolas. Entiendo que esa no es la intención del Senador señor Girardi, quien ha sido un luchador justamente en la materia.
¡Nuevamente: es una normativa hecha para los grandes!
Existe un precedente en términos de la discusión que se dio en la Comisión de Constitución en cuanto a incurrirse en una infracción a las normas de la libre competencia.
La disposición va en contra de usuarios y consumidores, porque forzosamente subirán los precios.
La mayor interrogante es para el Subsecretario de Salud Pública -por su intermedio, señor Presidente-, porque no se trata de datos de acceso público. He intentado que el ISP entregue antecedentes y no ha sido posible. Entonces, me gustaría que el Ministerio, representado por el Subsecretario, diera cuenta de cuántos registros de productos genéricos han sido retirados por los propios laboratorios y cuánto se debe a situaciones como las que hemos planteado.
Para que televidentes y parlamentarios entiendan, ¿cómo se debe establecer un proceso de bioequivalencia? Primero, se exigen tres lotes; segundo, se requieren pruebas in vivo. Un laboratorio pequeño no tiene capacidad para ello.
Por lo mismo, la interrogante es si se pretende sacar del mercado a estos últimos y favorecer a los grandes, que traen a Chile fármacos de denominación extranjera, o bien, facilitar un mejor acceso a medicamentos más baratos por parte de la población.
Finalmente, quiero interpelar también al Ministerio de Salud. Se encuentra claramente establecida una parálisis en la Administración. Me gustaría que los miembros de la Comisión técnica pudieran también ratificarlo. ¡Hay dos reglamentos cuya dictación lleva un año de espera!
Uno de ellos es el de la Ley de Fármacos, que los chilenos todavía esperan. El Congreso fue el autor de una iniciativa para poder hacer más accesibles los medicamentos, y estamos esperando un texto del Ministerio, el cual todavía no llega.
El otro dice relación con el etiquetado nutricional de los alimentos.
Me gustaría que la Subsecretaría de la Salud Pública diera explicaciones al país acerca de la demora registrada en la dictación de dos normativas absolutamente urgentes y necesarias. La situación ha demostrado la poca capacidad del Ministerio de Salud, tanto en la anterior Administración como en esta, para sacar adelante reglamentos evidentemente necesarios para viabilizar lo que hace el Parlamento.
Me gustaría, por intermedio de la Mesa, que el Subsecretario nos pudiera aclarar las dudas, primero, respecto del número de productos genéricos a los cuales los laboratorios les han retirado sus registros por este procedimiento que los hace imposibles o económicamente poco viables, y segundo, sobre qué pasa con el reglamento de la Ley de Fármacos y con el del etiquetado nutricional de los alimentos.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Van Rysselberghe.
La señora VAN RYSSELBERGHE.-
Señor Presidente, cuando vimos este proyecto en la Comisión se generó una discusión después de la cual llegamos al consenso de que en Chile el costo de farmacia para una familia es extremadamente alto. Si además se suman distintas patologías crónicas, la incidencia en el bolsillo, en el presupuesto familiar, puede llegar a ser aún más considerable.
Se señala también que de alguna manera la Ley de Fármacos no fue lo suficientemente efectiva para generar la compra de medicamentos bioequivalentes más baratos que fueran genéricos.
Desde mi perspectiva, la forma en que estaba redactado el proyecto -se lo planteamos al Ejecutivo- producía un impasse que eventualmente podía provocar que se prohibieran los genéricos, ya que establece un impedimento para la venta de genéricos de marca.
Objetivamente, el Senador Chahuán tiene un punto: hoy día no existen "genéricos-genéricos", por decirlo de alguna manera. Por consiguiente, al evitar que haya genéricos de marca quedamos solo con los medicamentos de marca y sin genéricos.
Por eso, se le solicitó al Gobierno que formulara una indicación para asegurar que las farmacias tengan genéricos con bioequivalencia. Sus representantes quedaron de estudiar el asunto. Me imagino que en algún minuto se fijará plazo para presentar indicaciones a fin de mejorar esta situación, ya que, efectivamente, hay medicamentos de marca que cuestan 30 mil pesos y genéricos de marca que valen 15 mil. Y, si no damos la oportunidad de mejorar la norma, quedaremos solo con el más caro y sin posibilidad de comprar el "genérico-genérico", que eventualmente podría costar 1.500, 2.000 o 3.000 pesos.
Entonces, me parece que hay algo cierto: en la actualidad, el espíritu de la Ley de Fármacos, en estricto rigor, no se está cumpliendo, porque se generó un vacío.
Por ese motivo -reitero-, se le solicitó al Ejecutivo presentar indicaciones tendientes a asegurar a la población la existencia de medicamentos genéricos. Es cierto que no es posible obligar a los laboratorios a producirlos. Pero, eventualmente, la CENABAST podría jugar algún rol, o habría que buscar alguna fórmula para asegurar el acceso de la ciudadanía a medicamentos a precios razonables, sobre todo si se trata de la clase media, cuyo costo en salud es extremadamente alto.
También se habló de la integración vertical de los laboratorios y las farmacias.
En lo personal, ese tipo de organización empresarial -no solo en lo relativo a las farmacias, sino en general, respecto de distintos ámbitos, en particular en el de la salud- no me gusta, pues a mi juicio genera distorsiones que al final terminan afectando a los pacientes y demás usuarios.
Sin embargo, la eliminación radical del sistema, como planteaba el proyecto, podía generar un vacío difícil de llenar, ya que no es posible licitar una farmacia de un día para otro, como una especie de servicio público, evitando esta integración que, aunque no es beneficiosa, constituye una realidad de hecho.
Sobre el particular, también se le pidió al Ejecutivo el envío de una indicación que posibilitara ir avanzando en tal sentido. Porque es cierto -y hay que reconocerlo- que Chile es de los pocos países que conozco, si no el único, donde en una cuadra puede haber tres o cuatro farmacias.
¡Hay más farmacias que zapaterías, y eso es mucho decir¿!
Por lo tanto, existe una distorsión.
El señor COLOMA.-
¿Por qué lo dice?
La señora VAN RYSSELBERGHE.-
¡Porque las mujeres compran más zapatos que remedios¿!
Entonces, como digo, es una distorsión.
En cuanto a las farmacias pequeñas, estas actualmente corren con franca desventaja, a pesar de que prestan un servicio de utilidad pública, sobre todo en comunidades pequeñas. A ellas hay que resguardarlas de alguna manera, ya que les cuesta cumplir parte de la legislación contenida en la Ley de Fármacos.
Así que me parece que efectivamente hoy existe un punto: que el costo de los medicamentos, para una familia chilena de clase media, es extremadamente alto.
Es cierto que hay partes de la legislación que no se están cumpliendo y están distorsionadas. Por eso solicitamos al Gobierno la formulación de indicaciones. Y espero que podamos discutir en profundidad el tema más adelante.
Yo voté a favor de la idea de legislar, pues considero necesario seguir avanzando en la regulación del costo de los medicamentos y en el control y regulación de este mercado, pero también me parece que se deben respetar las libertades que ahora existen. No se puede cambiar de golpe algo que se ha ido construyendo durante mucho tiempo, aunque sea por defecto de la actual legislación.
Como dije, me pronuncié a favor. Y tengo mis esperanzas puestas en que el Ejecutivo hará uso de toda su capacidad e inteligencia para presentar indicaciones -necesitan su patrocinio- que permitan avanzar en una buena dirección y que terminen beneficiando finalmente a los usuarios, que debieran ser nuestra principal preocupación.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, si uno hace un análisis de lo planteado por tres miembros de la Comisión de Salud, observa tres visiones distintas del proyecto. Y me parece que esa situación es una de las que ameritan una segunda discusión, nacida justamente bajo ese principio.
A mi entender, se debe reflexionar un poquito más a fondo en esta materia. Escuché atentamente las tres posiciones, que son superrazonables -hay un pronunciamiento pendiente del Ministerio-, pero creo que formalmente aquí sí que se justifica la segunda discusión, que pido reglamentariamente, señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Está en su derecho, señor Senador.
Ha pedido la palabra el señor Subsecretario de Salud Pública.
El señor BURROWS (Subsecretario de Salud Pública).-
Muchas gracias, señor Presidente.
Como Ejecutivo, queremos partir diciendo que la política de medicamentos del Gobierno se sustenta en dos pilares básicos: la promoción de su uso racional y la ampliación de su acceso para la población.
En ese marco de política se inscriben las propuestas que está llevando adelante el Ejecutivo en el proyecto de ley que crea un sistema de financiamiento para tratamientos de alto costo, o "Ley Ricarte Soto", y en la implementación del Fondo de Medicamentos, que permite mejorar el acceso, a nivel de atención primaria, a los fármacos para el tratamiento de enfermedades crónicas.
Cuando asumimos como Gobierno, nos encontramos con un marco y una política que evidentemente tenían sus propósitos y respecto de los cuales nos hallamos constreñidos por las circunstancias.
Me refiero, específicamente, a la política de bioequivalentes que se ha implementado en otros países y que está orientada, de modo principal, a mejorar el estándar de calidad de los medicamentos, asegurándole a la gente que en el intercambio entre distintas formulaciones de un mismo principio activo será posible comparar unas con otras.
Tal principio de aseguramiento de mayor calidad de los fármacos no implica, ni ha implicado en ninguna parte del mundo, una disminución de los costos de los medicamentos per se.
En el Gobierno anterior se prometió que la bioequivalencia de por sí bajaría el costo de los fármacos para la población. Y es evidente que eso no ocurrió.
Por lo tanto, un problema adicional que tuvimos que enfrentar era qué hacer con la situación de los bioequivalentes dentro de una política de uso racional y de ampliación del acceso a los fármacos.
Una de las cosas que nos complicaron, y bastante, es que los plazos existentes para la presentación de los estudios de bioequivalencia al ISP eran sumamente abreviados. En marzo del año pasado ya se había vencido el tiempo para hacer la presentación respecto de nuevos principios activos en el grupo A y en el grupo B, para un total de 2.438 registros de fármacos.
Tratando de contestar la pregunta formulada por el Senador Chahuán -quien, lamentablemente, no se encuentra en este momento en la Sala-, quiero decir que lo anterior provocó que muchos de los laboratorios no presentaran los estudios pertinentes.
Debo informarle al señor Senador que, de acuerdo a nuestra legislación, los laboratorios no pueden retirar un registro del ISP una vez que lo han inscrito, sino que es facultad de la autoridad eliminarlos cuando se cumplen ciertos criterios, siendo obligatorio hacerlo si no se adjuntan las demostraciones de bioequivalencia cuando corresponde.
En definitiva, de 2.438 registros, 1.775 no habían presentado estudios de bioequivalencia. Y, de estos últimos, el Ministerio de Salud tomó conocimiento de que la industria farmacéutica no tenía intención alguna de someter a dichos estudios a aproximadamente un centenar, por lo que se iniciaron sumarios sanitarios que posteriormente derivaron en la judicialización de los procesos.
No entraré en más detalles al respecto -en otra oportunidad podemos generar un informe para el Senado-, pero sí cabe destacar que nosotros ampliamos el período para el grupo C, con otros 83 principios activos y 2.702 registros, del 31 de diciembre de 2014 al 31 de diciembre de 2016, de tal manera de permitir que se presentaran los estudios respectivos y la población pudiera, de ese modo, disponer de un mayor número de bioequivalentes.
En cuanto a su mérito, el Ejecutivo considera que este proyecto es sumamente necesario, porque la Ley de Fármacos es compleja y, tal como señaló la Senadora Van Rysselberghe, con quien conversamos en la Comisión de Salud, dejó una serie de vacíos. Por consiguiente, el Gobierno espera que sea aprobado para que pueda ser discutido con mayor profundidad en la etapa siguiente de su tramitación.
Evidentemente, nosotros presentaremos las indicaciones solicitadas por los parlamentarios que sean de iniciativa del Ejecutivo, así como otras destinadas a eliminar las discrepancias que tenemos con el proyecto y que no vale la pena detallar en este momento. Pero, en términos generales, creemos que esta es una propuesta legislativa que puede contribuir a mejorar nuestra actual Ley de Fármacos, por lo que es voluntad del Gobierno apoyarla.
Muchas gracias.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
A usted, señor Subsecretario.
Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, las intervenciones del señor Subsecretario y del Senador Chahuán me han generado una inquietud que deseo aclarar. Como ellos mismos lo han reconocido, estamos frente a un tema extraordinariamente técnico y complejo.
Del trasfondo de lo planteado por el Senador Chahuán, uno entiende que con este tipo de normativas no estaríamos beneficiando a los usuarios, que es lo que se persigue, sino, en definitiva, a los grandes laboratorios.
Con respecto a lo manifestado por el señor Subsecretario, deduzco -y es lo que quiero que me aclare- que a los laboratorios se les exige que registren los productos bioequivalentes para tenerlos a disposición del público. Sin embargo, por lo que entendí, en la práctica, en lugar de registrarlos, lo que ha habido es una disminución de la oferta de esos productos por parte de los laboratorios, con lo cual los usuarios, en vez de tener una oferta mayor, están teniendo una oferta menor.
Entonces, me gustaría que me aclararan la duda, porque después el señor Subsecretario manifestó que eso estaba siendo objeto de sumarios por parte del Instituto de Salud Pública y que, a la vez, se estaban haciendo algunas denuncias.
Quisiera contar con una información más detallada sobre el particular, señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Señor Senador, entiendo que el Honorable señor Girardi también quiere responder su inquietud, razón por la cual lo dejo con la palabra.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente, lo que ocurre hoy día es que existe una obligación legal que no se cumple y que es un petitorio mínimo. Es decir, las farmacias deben tener un stock de ciertos medicamentos, entre ellos una cantidad de genéricos, pero no lo están haciendo.
¿Cuál es el problema? Que la ley establece que, cuando una persona llega al mesón con un medicamento como Lipitor, que vale treinta y tantos mil pesos, para cambiarlo por uno más barato, solo puede hacerlo -y es lo que queremos corregir- por un medicamento bioequivalente.
Pues bien, ¿qué están haciendo los laboratorios y las farmacias, que son lo mismo (les recuerdo que muchas farmacias tienen laboratorios) Para promocionar su marca propia, no crean bioequivalencia a genéricos. Entonces, no ofrecen genéricos bioequivalentes, lo que deberían hacer por estar en el petitorio mínimo.
Es ahí donde se genera una confusión.
Por lo tanto, al no haber genéricos bioequivalentes, un medicamento solo puede ser cambiado por uno de los que nosotros llamamos "medicamentos de marcas genéricas", que son las marcas propias. Así, la atorvastatina (que no se llama atorvastatina, tampoco Lipitor), en lugar de valer mil pesos, tiene un precio intermedio de, por ejemplo, cinco mil o seis mil pesos.
¿Qué propone, en consecuencia, este proyecto de ley? Que un medicamento pueda ser cambiado por uno barato. Se señala: deberá ser cambiado por uno "genérico bioequivalente". ¿Para qué? Para estimular la existencia de aquello que ha sido útil en este país, como son los genéricos bioequivalentes, de bastante menor valor.
Sin embargo, ¿cuál es el problema que se les presenta a los médicos con los genéricos? Que muchas veces tienen dudas respecto de su eficacia terapéutica. Pero, al ser bioequivalente, va a ser, primero, de bajo costo, porque es genérico, y además la bioequivalencia nos asegura que, sin importar cómo venga la molécula, el medicamento tendrá un efecto equivalente. En el ejemplo ya señalado, la bioequivalencia de la atorvastatina, que vale mil pesos, asegura, "en teoría" -entre comillas-, que el medicamento será tan eficaz como el Lipitor en la disminución del colesterol.
¿Qué le pedimos nosotros al Ejecutivo, a raíz de ciertas dudas que se han planteado? Que presente una indicación para reforzar el concepto, obligatorio, de que todas las farmacias deben tener genéricos y estos encontrarse en cada uno de los puntos de venta.
¿Qué pasa en la actualidad? Que muchas cadenas no ofrecen genéricos bioequivalentes. En consecuencia, si una persona quiere adquirir ibuprofeno y el médico le recetó uno con nombre de fantasía pero más costoso y desea cambiarlo por uno genérico, como no tiene bioequivalencia, no lo puede cambiar por uno más barato porque la ley no lo permite.
Además, el Ejecutivo debe reiterar, a través de una indicación, que es obligatoria la existencia de un stock de medicamentos genéricos, a fin de que no se recurra a ninguna argucia, como las que se emplean hoy, para no contar con ellos. Cuando ahora una persona va a una farmacia, le dicen: "Mire, no tenemos el genérico, se terminó", y se llenan de disculpas, con lo cual el paciente no puede acceder al genérico.
En cuanto a las góndolas, efectivamente es muy difícil para las farmacias pequeñas tenerlas. Ellas favorecen la libertad de las personas para comprar fuera del mostrador. Es un desincentivo para las cadenas, que quieren ofrecer todos los medicamentos en el punto de venta para decidir ellas qué vender y no permitir que la gente decida por sí misma.
Con el Ministerio de Salud hemos sido partidarios de otorgar plazos más flexibles a las farmacias más pequeñas, justamente para que se puedan adecuar a la existencia de góndolas. Lo que pasa es que la Subsecretaría fue duramente criticada, porque por reglamento se suponía que irían las góndolas. Pero como la ley dice "podrá", por dictamen de la Contraloría General de la República no se pudo obligar al establecimiento de una góndola.
En la Comisión entendíamos que podría haber un plazo y un trato distintos para las pequeñas farmacias respecto de las grandes.
Sería una vergüenza que estas últimas, las cadenas, siguieran vendiendo todos sus medicamentos en el mostrador y que la gente no pudiera elegir los que necesitan en la góndola según sus valores, al manipular los precios -como ha quedado demostrado ante la justicia, de acuerdo a todas las investigaciones realizadas- para vender los medicamentos que ellos quieren y los más caros.
¿Me da un minuto más, señor Presidente?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Sí, señor Senador.
El señor GIRARDI.-
¿Y qué hacen las farmacias?
Lamentablemente, todavía mantienen el incentivo de remuneraciones denominado "canela", a pesar de estar prohibido, cuestión que hoy día estamos conversando con la Inspección del Trabajo.
Por ejemplo, cuando una persona va a comprar un medicamento, el dependiente sabe que si vende uno que está en el acuerdo recibirá adicionalmente 500 pesos por caja, pero si lo hace con uno que no está y que es más barato, percibirá solo 5 pesos por caja.
Por eso, junto con los sindicatos de las farmacias, nos reunimos con la Ministra del Trabajo y conversamos con el Subsecretario de Salud, aquí presente, para que se clarificara la ilegalidad en que incurren las farmacias al considerar dentro de las remuneraciones la llamada "canela". De modo que este es, justamente, uno de los temas que estamos discutiendo.
Sin embargo, ello es parte de todas las situaciones que se permiten, por la flexibilidad que hoy existe en esa materia.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Subsecretario de Salud.
El señor BURROWS (Subsecretario de Salud Pública)- Muchas gracias, señor Presidente.
Por su intermedio, nuevamente me dirijo a la Sala, para tratar de responder las consultas que hizo recién el Senador Pizarro.
Según la legislación actual, para vender fármacos en nuestro país los laboratorios deben registrarlos en el ISP. Para ello, presentan su documentación, la que incluye el nombre de fantasía del principio activo y su formulación.
Un principio activo puede presentarse en distintas formulaciones (jarabes, comprimidos, etcétera). Existen varios registros de ellos e, incluso, a veces, con distintos nombres de fantasía, y, alternativamente, inscriben un producto genérico sin un nombre de fantasía, para poder acceder a un mayor segmento del mercado.
La política de los bioequivalentes tenía por objeto poner en el mercado principios activos, respecto a los cuales se partía por demostrar su bioequivalencia. Se fijaron plazos de un año para cada grupo, aproximadamente, y cada uno incluía alrededor de una treintena de principios activos. En total, se trataba de más de 2 mil 400 registros, los cuales ya han cumplido esa etapa.
¿Qué hicieron los laboratorios? Tuvieron que decidir cuáles registros iban a priorizar para la bioequivalencia. Y ocurrió justamente lo que acá se ha señalado: no presentaron muchos de los fármacos genéricos, que no tenían nombre de fantasía, porque les reportaban menos ganancias. Eventualmente, uno podría pensar que, tal vez, si hubieran contado con más tiempo sí lo habrían hecho, pues, obviamente, iban a tener más posibilidad de venderlos.
El hecho es que, efectivamente, la gente se encuentra con menos fármacos disponibles e, incluso, en algunos principios activos, con ninguno. ¿Por qué? Porque no le interesa al productor. A este le importa vender un nuevo fármaco, un nuevo principio activo para la misma indicación, pero que genere más ganancia.
Al respecto, ¿qué hemos hecho nosotros?
Uno, estamos obligados a aplicar la ley. Y quienes no presentan su estudio de bioequivalencia deben ser sumariados. Entonces, cumpliendo con las disposiciones legales, en la práctica hemos sumariado a todos los laboratorios, pues todos no presentaron estudios al menos por algún registro.
Ese camino es bastante inconducente, y en esta materia ya hemos entrado a un callejón sin salida. Pero para darle una solución, en primer lugar, al grupo que quedaba le ampliamos el plazo para presentar la bioequivalencia.
En segundo término, a través de este proyecto se ha planteado la oportunidad de enmendar la legislación vigente, justamente para tratar de que los laboratorios y las farmacias tiendan a privilegiar que en su disposición de venta se encuentren los fármacos bioequivalentes de menor costo, con el objeto de -como decía yo- atender uno de los pilares de la política del Ministerio de Salud: mejorar el acceso de la población a los fármacos de calidad y más baratos.
No sé si con esto habré contestado satisfactoriamente las consultas del señor Senador.
Ante cualquier requerimiento, siempre estamos dispuestos a entregar mayor información.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Esperamos con mucha ansiedad la indicación, señor Subsecretario. Porque este tema es muy importante para el país, para la población.
-- El proyecto queda para segunda discusión.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Ha llegado la hora de término del Orden del Día.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
De los señores BIANCHI, CHAHUÁN, HORVATH, LAGOS, ORPIS, QUINTEROS Y PATRICIO WALKER:
A Su Excelencia la Presidenta de la República, a fin de solicitar PREPARACIÓN DE PROYECTO DE LEY PARA HOMOLOGACIÓN DE BASE DE CÁLCULO Y PORCENTAJE DE ASIGNACIÓN DE ZONA EN REGIONES EXTREMAS, SIN DISTINCIÓN DE RELACIÓN JURÍDICA DE SERVICIOS A ESTADO.
Del señor LAGOS:
A las señoras Directora Nacional del SENAMA y Seremi de Salud de Valparaíso, solicitándoles CUPO DE 10 POR CIENTO EN NUEVO ESTABLECIMIENTO DE LARGA ESTADÍA DE ADULTOS MAYORES PARA BENEFICIARIOS DE PROGRAMA DE REPARACIÓN EN ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD.
Del señor MATTA:
Al señor Seremi de Educación del Maule, con la finalidad de que informe sobre NÚMERO DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE COMUNAS DEL MAULE SUR, CON INDICACIÓN DE COMUNA, NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO, NOMBRE DE ASISTENTE Y FECHA DE INGRESO AL SERVICIO.
De las señoras LILY PÉREZ, VAN RYSSELBERGHE y VON BAER y los señores CHAHUÁN, COLOMA, ESPINA, GARCÍA, GARCÍA-HUIDOBRO, GUILLIER, HERNÁN LARRAÍN, MOREIRA, ORPIS, OSSANDÓN, PÉREZ VARELA, PROKURICA Y QUINTEROS:
A la señora Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, pidiéndole RECTIFICACIÓN QUE INDICA EN INFORME DE DERECHOS HUMANOS PARA ESTUDIANTES.
De la señora VAN RYSSELBERGHE y los señores COLOMA, CHAHUÁN y GIRARDI:
A Su Excelencia la Presidenta de la República, pidiéndole ENVÍO DE PROYECTO DE LEY SOBRE CREACIÓN DE PERMISO Y SUBSIDIO PARA PADRE-MADRE TRABAJADORES EN CASO DE ENFERMEDAD CATASTRÓFICA, TERMINAL O DE ACCIDENTE GRAVE DE HIJO MENOR DE EDAD.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
En Incidentes, no harán uso de sus tiempos los Comités Partido MAS e Independiente, Partido Unión Demócrata Independiente, Independientes, Partido Demócrata Cristiano e Independiente y Partido Renovación Nacional.
En el turno del Comité Partido Socialista, tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
NECESIDAD DE CONTENCIÓN DE PROPAGACIÓN DEL ESPINILLO EN REGIÓN DE LOS LAGOS. OFICIO
El señor QUINTEROS.-
Señor Presidente, quiero hacer presente un problema de magnitud que afecta especialmente a los agricultores y campesinos de la Región de Los Lagos, y que dice relación con la propagación del arbusto espinillo, conocido también como "Chacay", que por décadas ha venido invadiendo terrenos de cultivo y praderas de esa zona del país.
El espinillo o chacay es un arbusto de origen europeo introducido en la isla de Chiloé hace más de 150 años por los colonos para ser utilizado como cerco vivo y, en forma complementaria, como alimento del ganado. Sin embargo, su rápida propagación y la falta de enemigos naturales lo han convertido en una maleza dominante, que consume terrenos de cultivo, praderas originalmente dedicadas a la pastura de ganado, bosques nativos, laderas y orillas de caminos, con lo que genera pérdidas para quienes se dedican a las actividades agropecuarias y grandes riesgos para el ecosistema del archipiélago, sobre todo.
De hecho, su fácil combustión es una de las principales causas de incendios forestales de complejo control, y la densidad de sus matorrales genera, en determinadas épocas del año, la proliferación de roedores, con los consiguientes riesgos sanitarios que ello implica.
Se trata de una planta de fácil y rápida reproducción, dadas las condiciones climáticas de Chiloé y de la Región, difícil de manipular por sus gruesas espinas y compleja de erradicar por sus gruesas y extensas raíces.
Los mecanismos de control del espinillo aplicados hasta la fecha han resultado insuficientes. Estudios de universidades e instituciones públicas y privadas coinciden en señalar que el corte superficial del arbusto no constituye una solución viable dada la facilidad y extensión con que se esparcen las semillas, y en consideración a los altos costos que implicaría una solución radical consistente en arrancar las raíces de la planta, que se extienden por metros bajo la superficie.
Aun habiendo cumplido esa tarea, se hace necesario también un control permanente de las nuevas plantas, que permita recuperar esos terrenos en un mediano plazo, para otros usos agrícolas.
En los últimos años, señor Presidente, el INIA ha desarrollado iniciativas piloto para implementar un sistema de control biológico del espinillo por medio de la introducción de bioagentes, especialmente ácaros y polillas, que se alimentan exclusivamente de esta planta y que, por tanto, podrían mermar su crecimiento.
Se trata, no obstante, de labores de carácter experimental, cuyo progreso no ha logrado morigerar la inquietud de los campesinos, que ven con impotencia como, año tras año, sus terrenos son invadidos por esta verdadera plaga.
El problema hoy es crítico en Chiloé, y se ha extendido también a otros puntos de la Región. De hecho, en Puerto Montt, el 7,9 por ciento de la superficie comunal, vale decir, 13 mil 500 hectáreas, se halla cubierto por este arbusto.
Es momento de buscar soluciones alternativas, pero eficientes.
En Galicia, España, donde los campesinos también sufren el problema de la sobrepoblación de este arbusto, existen experiencias asociadas a la fabricación de compost con las ramas del espinillo.
En Nueva Zelandia se realiza un control mecánico, mediante el cual se rompe la planta con maquinaria pesada para abrir espacio a la competencia de otras especies y obligar al espinillo a competir. Ello favorecería el crecimiento de praderas.
Estudios realizados en esa región han permitido demostrar que el corte permanente de las plantas durante varias temporadas reduce la firmeza de los nuevos brotes. El material extraído es convertido en compost, que se aplica sobre los mismos terrenos para mejorar sus condiciones de cultivo.
En Chiloé y la Región de Los Ríos se han aplicado estudios piloto para controlar el espinillo. En el primer caso, se lo ha convertido en combustible leñoso para calderas y estufas domésticas y, en el segundo, se ha mezclado la planta en su estado de brote o renuevo con especies tradicionales, a fin de producir forraje destinado a vacas lecheras.
Esos podrían ser caminos por seguir, para lo cual se hace necesario determinar costos y herramientas de apoyo de parte del Estado hacia los campesinos y garantizar la permanencia en el tiempo de estas iniciativas.
Estimo necesario que el Ministerio de Agricultura, a través del INDAP, de la CONAF y también del INIA, asuma un rol especialmente activo para hacer frente al problema descrito.
La proliferación desmesurada del espinillo impacta negativa y sostenidamente por años a los agricultores y campesinos de Chiloé, por lo que debemos ser capaces de entregarles una respuesta que contenga soluciones y no explicaciones.
En ese contexto, solicito que se oficie al señor Ministro de Agricultura para que las instituciones dependientes de esa Cartera informen acerca del estado de conocimiento y de los estudios y acciones desarrolladas para contener la propagación del espinillo en la Región de Los Lagos, especialmente en la provincia de Chiloé, así como también de las medidas que sea factible adoptar para su control, del costo asociado a ellas y de sus vías de financiamiento.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
En el tiempo del Comité Partido Por la Democracia, tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
DEFICIENCIAS EN NIVELACIÓN DE IDIOMA INGLÉS EN PROGRAMA BECAS CHILE. OFICIO
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, Claudia Acevedo, Daniela Derroeta y Claudia Salinas son seleccionadas de Becas Chile para cursar magísteres en el extranjero en su convocatoria 2013.
Las tres denuncian irregularidades en la nivelación del idioma inglés que dictó la Universidad Mayor por encargo de Becas Chile.
Según las seleccionadas, los profesores a cargo de la nivelación no contaban con la certificación internacional para dictar los cursos, e incluso, impartían las clases en español.
También denuncian la inexistencia de evaluaciones similares a las exigidas en las bases del contrato y diferencias entre las fechas de postulación a las universidades y las del curso de nivelación de idioma para el que fueron designadas.
Desde la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) no ha habido respuesta a esta problemática.
La solicitud de las jóvenes apunta a cursar dicha nivelación en el extranjero o a realizar el curso dentro del país, pero con los mejores estándares.
Además, se requiere que la CONICYT flexibilice los plazos de postulación o, de lo contrario, las seleccionadas perderán el beneficio.
La carencia en el manejo del inglés en los chilenos ha sido comprobada por diversos estudios internacionales. De hecho, según el índice mundial que clasifica desde 2011 el dominio del idioma inglés en 63 países a través de exámenes que miden gramática, vocabulario, lectura y comprensión auditiva, Chile obtuvo uno de los peores niveles. Esta dificultad afecta considerablemente a nuestros profesionales para que puedan perfeccionarse en el extranjero en sus distintas áreas.
Si realmente queremos que nuestros profesionales, independiente de su condición socioeconómica, tengan iguales oportunidades para perfeccionarse en las mejores universidades del mundo, se requiere una institución que comprenda la complejidad de nuestro sistema educativo y que, al mismo tiempo, sea capaz de modificar ciertos criterios en favor de los jóvenes interesados en estudiar en el extranjero.
Los casos de Claudia Acevedo, Daniela Derroeta y Claudia Salinas son solo tres ejemplos, entre muchos otros, de que los estudiantes, una vez aceptados en las mejores universidades del mundo, pueden ver frustrado su intento de obtener un posgrado, debido a la falta de flexibilidad de organismos como CONICYT y Becas Chile.
Espero que, tal como sucedió en convocatorias anteriores, las instituciones antes mencionadas respondan favorablemente al requerimiento de estas tres jóvenes chilenas -o al menos lo evalúen si ello se estima procedente-, toda vez que necesitan más tiempo para hacer uso de la beca y mejores estándares educativos en la nivelación del idioma.
Por lo tanto, solicito que se oficie a CONICYT con el objeto de que se pronuncie de la manera que estime conveniente respecto de estos casos.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
IRREGULARIDADES EN CONVALIDACIÓN DE RAMOS EN FACULTAD DE DERECHO DE UNIVERSIDAD CENTRAL. OFICIO
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, ha quedado de manifiesto en los últimos días la situación que enfrenta la Facultad de Derecho de la Universidad Central.
Se habla de falsificación de actas y comisiones fantasmas para aprobar a los estudiantes convalidados, es decir, a alumnos que provienen de otras universidades que quieren terminar su carrera en dicha casa de estudios superiores.
La denuncia realizada en enero por dos ex académicos del plantel apunta a que los exámenes para que estos estudiantes cursen determinadas clases son simulados. Las comisiones examinadoras solo existen en el papel y las notas son predefinidas.
La semana pasada se sumaron nuevos antecedentes.
Según fuentes de Radio Bio Bio, la recién desvinculada Directora de Memorias y Títulos de la institución, señora Giannella Sonatore, aseguró en su declaración ante el Ministerio de Educación y la Corte Suprema que los máximos directivos del plantel sabían del tema y que, al conocerse públicamente el escándalo, "la solución ideada para corregir y justificar las irregularidades que se habían cometido, fueron llevadas desde la Facultad y Escuela, tratadas y confirmadas en sedes de las máximas unidades responsables de la Universidad".
Ante tal escenario, quiero hacer un llamado al rector de la Universidad Central, don Rafael Rosell, para que aclare públicamente la situación que afecta a más de 400 estudiantes convalidados que se encuentran a la espera de la revisión de sus expedientes, pero que carecen de certeza en cuanto a si deben repetir sus ramos o, en definitiva, podrán titularse ante el Máximo Tribunal.
Es responsabilidad de las distintas casas de estudios velar por la calidad de la educación que imparten a sus estudiantes y cumplir con los reglamentos.
El Ministerio de Educación, bajo la ley Nº 20.800, que crea el administrador provisional, ya tomó parte en el asunto; sin embargo, aún está al debe la respuesta de las autoridades.
Por lo tanto, solicito que se oficie al señor Ministro de Educación para informarle acerca del contenido de mi intervención.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:32.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción