CREACIÓN DE SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS Y SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, en primer lugar, saludo al señor Ministro y a todo su equipo.

En cuanto al proyecto, debo señalar que la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y del Sistema Nacional de Áreas Protegidas va a constituir, sin lugar a dudas, uno de los avances más significativos en la institucionalidad ambiental que comenzó a construirse a partir de los años noventa.

Su impacto será particularmente relevante en regiones, como la que yo represento, de gran diversidad biológica y que cuentan con un amplio territorio sujeto a protección, incluyendo algunos de los parques nacionales más antiguos del país.

La legislación actualmente aplicable en la materia es absolutamente insuficiente, y la institucionalidad pública disponible, débil, mientras que el objetivo de conservar la diversidad biológica ha adquirido una relevancia cada vez mayor.

Al legislar en este ámbito estamos asumiendo nuestra responsabilidad, no solo con los chilenos de hoy y de mañana, sino con todo el planeta, por cuanto la conservación del patrimonio natural del que disponemos constituye un imperativo de carácter global.

Es innegable que la preservación, restauración y uso sustentable de las especies y ecosistemas es un requisito para la sustentabilidad de prácticamente todas las actividades productivas, como la minería, la agricultura, la pesca y el turismo, pero los fundamentos de esta obligación no son solo económicos; es también una exigencia cultural, pues la supervivencia de nuestras culturas originarias está intrínsecamente relacionada con nuestro patrimonio natural, además de que en buena parte Chile ha construido su propia identidad sobre la base de su riqueza natural.

Asimismo, la conservación de nuestra biodiversidad constituye un imperativo ético, por cuanto encarna valores tan preciados como la protección de la vida y la salud de las personas y es expresión de la solidaridad con el género humano y con la propia naturaleza.

La conservación, como se encarga de desarrollar el proyecto, implica la preservación, la restauración y el uso sustentable de los recursos. En todos estos planos se detectan deficiencias en la acción del Estado y del sector privado. En especial, hoy resulta clave emprender acciones de restauración, atendida la situación de vastos territorios degradados y especies de flora y fauna con grave daño.

A modo de ejemplo, expongo dos situaciones necesarias de intervenir en las regiones del sur de nuestro país.

En agosto del 2014 presenté un proyecto de acuerdo para que se realizara una pesca de investigación del salmón escapado, en atención al desconocimiento que existía sobre los daños ocasionados al medio acuático a partir de las pérdidas o fugas desde los centros de cultivo de ejemplares de estos peces, algunas de cuyas especies están consideradas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza dentro de las más invasivas del mundo.

Del mismo modo, menciono la introducción del didymo, alga de aguas dulces que, según un programa del Gobierno y la Universidad de Chile, "provoca severa alteraciones físicoquímicas y biológicas en los ríos con efectos negativos en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas fluviales, deterioro del paisaje y de las actividades productivas en las cuencas afectadas, impactando en las actividades turísticas, especialmente la pesca deportiva". Esta alga fue introducida por la vía de la práctica de algunos deportes acuáticos, mediante kayaks y embarcaciones de rafting y pesca deportiva.

En estas situaciones ha faltado la acción del Estado, a través de un organismo que se preocupe específicamente de nuestro patrimonio biológico. Hoy, los órganos competentes están enfocados en la promoción de las respectivas actividades económicas.

Por todas estas razones, me manifiesto partidario de aprobar sin vacilaciones la idea de legislar. Sin perjuicio de lo anterior, es evidente que diferentes disposiciones del proyecto de ley que estamos tratando requieren clarificaciones o admiten mejoramientos que han de concretarse en la discusión particular.

Los dos ejemplos que he señalado me permiten ilustrar uno de los déficits del proyecto, relativo a la insuficiente regulación de las áreas marinas y acuáticas en general.

De los más de 90 invitados que recibió la Comisión de Medio Ambiente, apenas dos son reconocibles como gente relacionada con los recursos marinos. Es indudable que la mirada del proyecto atiende, centralmente, a la biodiversidad y la protección de áreas terrestres, sin que se haya producido un debate adecuado acerca de los medios acuáticos, especialmente el marino.

Por lo anterior, solicito que este proyecto sea visto además, de manera conjunta o separada, por la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, para que allí se consideren los aspectos vinculados con el medio marino. No podemos olvidarnos, como siempre sucede, de más de la mitad de nuestro territorio, representado por nuestro mar, nuestros ríos y nuestros lagos.

Apoyo la idea de extender beneficios tributarios y de donaciones para financiar la creación y/o mantención de áreas protegidas. Sin embargo, prevengo que estos deben ser estrictos y muy bien fiscalizados, de manera que no se transformen en nuevas formas de elusión fiscal. Del mismo modo, es vital considerarlos solo como un complemento de su financiación y no como parte estructural de su presupuesto, el que debe ser incrementado sustancialmente, a la altura de los propósitos del nuevo servicio.

En otro orden de ideas, quiero relevar la necesidad de incorporar a los pueblos originarios, no solo en la discusión de esta ley, sino también en los planes de administración de las áreas protegidas incluidas en territorios indígenas, preservando, de esta manera, tanto la biodiversidad biológica como la cultural, y junto con eso, los modos que ellos tienen de relacionarse con la naturaleza.

Asimismo, es imprescindible que el nuevo servicio cuente con la suficiente dotación de funcionarios para la adecuada administración y supervisión de las áreas protegidas, públicas y privadas, y que el traspaso de los actuales trabajadores de la CONAF no signifique para estos menoscabo alguno en sus condiciones laborales.

En definitiva, apruebo la idea de legislar, sin perjuicio de lo cual la complejidad del tema exigirá el perfeccionamiento de ciertas materias y, ojalá, el análisis particular de la Comisión de Intereses Marítimos.

Un rol activo del Estado, una institucionalidad fuerte, un servicio con recursos y atribuciones suficientes, e instrumentos modernos para la gestión, son requisitos ineludibles para poner al país a la altura del objetivo de la conservación de nuestra biodiversidad, que, como ya dije, no solo es un compromiso con los chilenos de hoy y de mañana, sino con todo el planeta.