RENOVACIÓN DE LEY SOBRE ACCESO A TITULARIDAD DE DOCENTES A CONTRATA EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SUBVENCIONADOS

El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, este proyecto constituye un gesto de justicia en materia laboral con una importante cantidad de profesores que, a pesar de llevar tres o más años dedicados a la labor de educar en las salas de clases de las escuelas públicas a lo largo de todo el país, se encuentran en una situación contractual de desmedro respecto de sus colegas adscritos a la planta docente en los municipios o corporaciones municipales de educación en las que cumplen sus funciones.

En cifras generales, en la actualidad solo la mitad de los profesores de la educación pública a nivel nacional gozan de la titularidad de sus cargos. De la otra mitad, la gran mayoría cumplen labores a contrata y un porcentaje menor a honorarios.

El sistema de contrata, en los hechos, se encuentra extendido y aceptado por prácticamente todos los municipios del país.

Solo en la Región de Los Lagos, de los 6 mil 650 profesores que se desempeñan en la educación pública, más del 50 por ciento lo hace a contrata, a pesar de que el Estatuto Docente solo autoriza a los municipios o corporaciones municipales a cubrir como máximo un 20 por ciento de la dotación bajo esta modalidad.

La sobreutilización de la contrata para cubrir las necesidades de recursos humanos es un problema que, lamentablemente, afecta no solo al ámbito de la educación, sino también a buena parte de la Administración Pública.

Si bien se trata de una fórmula que otorga mayor flexibilidad a la administración educacional, posee varios inconvenientes evidentes: entre otros, la inestabilidad laboral -por tratarse de contratos anuales-, la imposibilidad de desarrollar una carrera funcionaria y la limitación del crecimiento profesional de los docentes.

En todo caso, me parece injusto culpar de esta realidad solo a los sostenedores municipales, quienes, desde el traspaso de la educación pública a los municipios, han destinado cuantiosos recursos de sus presupuestos para complementar los ingresos por subvención educacional, que no alcanzan a financiar el sistema.

En los últimos treinta años el aporte municipal a la educación ha ido en aumento, en consonancia con el incremento de las exigencias a las que están sometidos los municipios, las cuales no siempre son financiadas por el Estado a nivel central.

Un solo ejemplo sirve para ilustrar lo anterior: cada vez que se acuerdan planes de egreso de los profesores, estos se financian con créditos que se descuentan de las subvenciones.

Los sostenedores municipales han debido asumir esos mayores costos, en una competencia desigual con el sector particular subvencionado, que no se rige por las normas del Estatuto Docente.

La práctica de la contrata es, entonces, una expresión más de la crisis de la educación pública, que en este caso han debido soportar los docentes, con perjuicio de sus condiciones laborales.

Con la renovación de la vigencia de la ley N° 19.648, de 1999, sobre acceso a la titularidad de los docentes a contrata en los establecimientos públicos subvencionados, se hace justicia con el gremio de los profesores y se avanza en el reconocimiento a su importante labor, que profundizará, con toda seguridad, el proyecto de carrera docente que próximamente enviará a trámite el Gobierno.

En consecuencia, esta medida adquirirá pleno sentido cuando esté inserta en el contexto de la reforma educacional, por lo cual debería comenzar a emparejarse la cancha entre la educación pública y la particular subvencionada.

Con esta iniciativa, los profesores que cumplan los requisitos establecidos podrán acceder a la titularidad de sus cargos; mejorarán su estabilidad y condiciones laborales, y podrán aspirar a una verdadera carrera docente.

Así, en mi región cambiarán su condición jurídica 2 mil 993 docentes, alcanzando la titularidad al 84 por ciento del total de la dotación.