REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 361ª
Sesión 87ª, en martes 21 de enero de 2014
Ordinaria
(De 16:18 a 19:58)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES JORGE PIZARRO SOTO, PRESIDENTE,
Y JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Peña, Carlos
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Navarro Brain, Alejandro
--Orpis Bouchon, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedan, Eugenio
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet Vignau, y de Desarrollo Social, señor Bruno Baranda Ferrán.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:18, en presencia de 14 señores Senadores.
El señor PIZARRO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor PIZARRO (Presidente).-
Las actas de las sesiones 85ª y 86a, ordinarias, en 14 y 15 de enero del presente año, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Tres de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero retira la urgencia para la tramitación del proyecto de ley que establece normas sobre la actividad del lobby (boletín Nº 6.189-06).
--Se tiene presente el retiro y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el segundo retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", respecto de las siguientes iniciativas:
1.-
Proyecto de ley que regula la exhibición y ejecución artística en los bienes nacionales de uso público (boletín Nº 8.335-24).
2.-
Proyecto de ley que rebaja el impuesto territorial correspondiente a propiedades de adultos mayores vulnerables económicamente (boletín Nº 9.199-05).
Con el último retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", para la tramitación del proyecto de ley que crea el Fondo Concursable de Apoyo Directo al Adulto Mayor (boletín Nº 9.156-32).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Siete de la Honorable Cámara de Diputados:
Con los tres primeros comunica su aprobación a los asuntos que se indican:
1.-
Proyecto de ley que rebaja el impuesto territorial correspondiente a propiedades de adultos mayores vulnerables económicamente, con urgencia calificada de "discusión inmediata" (boletín Nº 9.199-05).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
2.-
Proyecto de ley que crea el Fondo Concursable de Apoyo Directo al Adulto Mayor, con urgencia calificada de "suma" (boletín Nº 9.156-32).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y a la de Hacienda, en su caso.
3.-
Proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 1.282, del año 1975, del Ministerio de Hacienda, que establece el monto de impuestos y exenciones en las actuaciones del Servicio de Registro Civil e Identificación (boletín Nº 9.192-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con los tres siguientes informa que aprobó las enmiendas propuestas por esta Corporación a las siguientes iniciativas:
1.-
Proyecto de ley que modifica algunos aspectos previsionales de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile (boletín Nº 8.643-02).
2.-
Proyecto de ley que posterga el reavalúo de bienes raíces de la serie agrícola y prorroga por dieciocho meses la vigencia del avalúo de los mismos bienes vigente al 30 de junio de 2014 (boletín Nº 9.200-05).
3.-
Proyecto de ley que elimina las vacunas multidosis con timerosal o compuestos organomercúricos (boletín Nº 7.036-11).
--Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos junto con sus respectivos antecedentes.
Con el último manifiesta que ha accedido al archivo del proyecto de ley que establece penas para la fabricación, tenencia, transporte, comercialización y utilización del "hilo curado" (boletín Nº 8.579-25).
--Se toma conocimiento y se manda devolver a la Cámara de origen los antecedentes respectivos.
De la Excelentísima Corte Suprema:
Emite su parecer, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, respecto de los tres proyectos de ley que se enuncian a continuación:
1.-
El que crea el acuerdo de vida en pareja (boletines números 7.873-07 y 7.011-07, refundidos).
2.-
El que amplía la competencia de la jurisdicción laboral en materia de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales y concilia el estatuto de responsabilidad extracontractual aplicable a las causas contenciosas derivadas del trabajo en régimen de subcontratación (boletín Nº 9.180-13).
3.-
El que modifica la ley Nº 20.600, que crea los Tribunales Ambientales, en materia de subrogación (boletín Nº 9.230-07).
--Se toma conocimiento y se manda agregar los documentos a sus respectivos antecedentes.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Remite copia autorizada de sentencias definitivas pronunciadas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto de los preceptos legales que se indican:
1.-
Artículos 48 y 108, letra b), de la ley Nº 19.039, de Propiedad Industrial.
2.-
Artículo 5, Nº 3, del Código de Justicia Militar.
3.-
Artículos 34 y 35 del decreto con fuerza de ley Nº 2 de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que dispone la reestructuración de la Dirección del Trabajo y le fija funciones.
--Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos.
De la señora Contralora General de la República (s):
Informa, en respuesta a una consulta formulada en nombre de la Senadora señora Allende, sobre la comisión de servicio que la Subsecretaría de Redes Asistenciales dispuso respecto de la ex Directora del Servicio de Salud de Atacama y sobre su situación administrativa.
Del señor Subsecretario de Justicia (S):
Da contestación a solicitud de información, cursada en nombre del Senador señor Navarro, referente a nóminas de jueces y ministros de Corte, en función de diversos criterios de clasificación relacionados con los artículos 2º y 3º de la ley Nº 19.253.
De la señora Superintendenta de Seguridad Social:
Comunica ampliación del plazo para que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Atacama responda a la petición, cursada en nombre de la Senadora señora Allende, relativa al término del proceso de "reevaluación de incapacidad permanente" de ex trabajadores de Codelco, División El Salvador, aquejados de silicosis.
De la señora Directora Nacional del Instituto de Seguridad Laboral:
Responde petición, enviada en nombre de la Senadora señora Rincón, respecto de una nueva evaluación traumatológica especializada al señor Alfredo Flores Bizma, quien registra domicilio en la comuna de Linares.
Del señor Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal:
Contesta petición, dirigida en nombre del Senador señor Bianchi, tocante a la instalación de señalética caminera en el Parque Nacional de Torres del Paine.
Del señor Jefe de Gabinete del Ministro de Hacienda:
Adjunta copia del informe elaborado por el Servicio Nacional de Aduanas, sobre aplicación de la ley Nº 18.483, Estatuto Automotriz, en lo que se refiere a la importación de vehículos sin uso, materia que fuera consultada en nombre del Senador señor Navarro.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar como Ministra de la Excelentísima Corte Suprema a la señora Andrea María Mercedes Muñoz Sánchez, con la urgencia del inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental (boletín Nº S 1.632-05).
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, con el cual solicita el acuerdo del Senado para ausentarse del territorio nacional los días que indica, de conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 25 y en el número 6) del artículo 53 de la Constitución Política de la República.
De las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda, recaídos en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 161, de 1978, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que fija su Estatuto Orgánico, que otorga al Subsecretario de esa Cartera atribución para transigir en conflictos jurídicos laborales y/o previsionales surgidos en el extranjero que afecten al Estado de Chile, con urgencia calificada de "suma" (boletín Nº 8.853-10).
--(Aplausos en tribunas, debido al ingreso a la Sala de la Senadora señora Lily Pérez).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Ruego a las personas que se encuentran en las tribunas guardar silencio, pues no está permitido hacer manifestaciones mientras transcurre la sesión.
Continúa la lectura de la Cuenta.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Informe complementario del nuevo primer informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que sanciona el transporte de desechos hacia vertederos clandestinos (boletín N° 7.908-15).
De la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, tres informes, recaídos en los proyectos de ley, todos ellos en primer trámite constitucional, que conceden la nacionalidad chilena, por especial gracia, a las siguientes personas:
1.-
Sacerdote señor Ramón Seco Pérez (boletín N° 9.187-17).
2.-
Sacerdote señor Andrés Lacalle Andrés (boletín N° 9.188-17).
3.-
Sacerdote señor José Antonio Ortega Martín (boletín N° 9.189-17).
Además, el recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al artista bailarín señor Luis Ortigoza Marchisio (boletín N° 9.123-17).
--Quedan para tabla.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Prosecretario.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
En este momento ha llegado a la Mesa una solicitud de permiso constitucional del Senador señor Espina, para ausentarse del país a contar del 21 del mes en curso.
--Se accede.
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor PROKURICA.-
Pido la palabra sobre la Cuenta.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, hoy se ha dado cuenta del proyecto de ley que crea el Fondo Concursable de Apoyo Directo al Adulto Mayor.
Se tomó la decisión de que vaya a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y a la de Hacienda, en su caso.
La iniciativa considera solo un asunto de gasto, y fue aprobado por unanimidad en todas las Comisiones que lo la estudiaron.
En consecuencia, pido enviarla únicamente a la Comisión de Hacienda, con la finalidad de tratarla a la brevedad.
--Se accede a lo solicitado.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
En sesión de hoy, los Comités adoptaron los siguientes acuerdos:
1.-
Tratar, como si fueran de Fácil Despacho, en la sesión ordinaria de hoy, los siguientes asuntos:
a) Proyecto sobre modificación de la ley N° 17.635, que establece normas sobre cobro ejecutivo de créditos para la vivienda.
b) Proyecto de ley que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género.
c) Proyecto que modifica la ley N° 19.253, sobre normas de protección, fomento y desarrollo de los indígenas, a fin de establecer dieta para consejeros nacionales de la CONADI y para los comisionados de la CODEIPA.
2.-
Colocar en el segundo lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de hoy el proyecto de ley signado con el número 7 en la tabla, esto es, el que regula derechos sobre obtenciones vegetales y deroga la ley N° 19.342, y, en el séptimo lugar, el proyecto signado con el número 2 de la tabla, es decir, el que modifica la ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, para establecer la medida de control preventivo de identidad.
3.-
Tratar en la tabla de Fácil Despacho de la sesión ordinaria de mañana, miércoles 22, los proyectos de ley que otorgan la nacionalidad chilena por gracia a los sacerdotes señores Ramón Seco Pérez, Andrés Lacalle Andrés y José Antonio Ortega Martín.
Asimismo, en la misma tabla de Fácil Despacho, tratar el proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 161, de 1978, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que fija su Estatuto Orgánico, a fin de otorgar al Subsecretario de Relaciones Exteriores atribución para transigir en conflictos jurídicos laborales y/o previsionales surgidos en el extranjero y que afecten al Estado de Chile.
4.-
Citar a sesión especial para mañana, miércoles 22, a las 15:40, para pronunciarse sobre el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar Ministra de la Excelentísima Corte Suprema a la señora Andrea María Mercedes Muñoz Sánchez.
5.-
Fijar un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y leyes complementarias, para establecer un sistema de aportes al espacio público aplicable a los proyectos de construcción, hasta las 12 del martes 4 de marzo, en la Secretaría de la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
6.- Fijar un nuevo plazo para formular indicaciones al proyecto de ley que crea el acuerdo de vida en pareja, hasta las 18 de hoy, en la Secretaría de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Ofrezco la palabra respecto de los acuerdos de Comités.
El señor CHAHUÁN.-
Pido la palabra.
El señor PIZARRO (Presidente).-
La tiene, Su Señoría.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, pido recabar la autorización para que la Comisión de Transportes sesione en paralelo con la Sala, para los efectos de poder despachar en la sesión de mañana el proyecto de ley de televisión digital; o, en su defecto, que se autorice tratarlo derechamente en la Sala mañana.
Nos preocupa despachar en este período legislativo la mencionada iniciativa.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Señor Senador, esta materia se analizó en Comités.
No hay informe todavía. Se trata de una materia largamente discutida, que reviste una connotación bastante más profunda de lo que se podría pensar.
Tiene que pasar a la Comisión de Transportes, efectivamente. Y una vez que llegue el informe, daremos la cuenta respectiva. Y el Presidente de la Comisión puede citar a sesión para mañana en la mañana.
Después decidiremos en Comités, si hay acuerdo, si resulta fácil despejar las materias que vienen en el veto desde la Cámara de Diputados y tratarlo en la tarde.
En los Comités no hubo acuerdo para establecer ese criterio, por cuanto la iniciativa sobre televisión digital es compleja. Se vetan una serie de artículos. Además, dentro del texto hay diversas propuestas e ideas esenciales. De manera que no podemos tomar un acuerdo sobre lo propuesto.
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
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El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, los dirigentes de la ANEF me han hecho presente que la Cámara de Diputados despachó el proyecto sobre incentivo al retiro, largamente trabajado entre el Ministerio de Hacienda y ellos.
Seguramente, el oficio llegará en el transcurso de la presente sesión.
Por eso solicito que se autorice a la Comisión de Hacienda para sesionar en paralelo con la Sala, al objeto de que esta iniciativa pueda ser despachada mañana.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Señor Senador, el oficio correspondiente no ha llegado. Una vez que se reciba, se dará cuenta de él.
A juicio de la Mesa, no hay problema en autorizar a la Comisión de Hacienda para que sesione en paralelo.
Después la Sala podrá acordar si lo trata mañana.
Evidentemente se trata de una iniciativa que, al parecer, ha concitado la unanimidad.
Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
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El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, pido que se recabe autorización para que la Comisión de Gobierno sesione en paralelo con la Sala desde las 17. Debemos ratificar a esa hora la solicitud relativa al nombramiento de los integrantes del Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se autorizará.
Acordado.
MODIFICACIÓN DE NORMAS SOBRE COBRO EJECUTIVO DE CRÉDITOS PARA LA VIVIENDA
El señor PIZARRO (Presidente).-
Conforme a los acuerdos de Comités, corresponde tratar, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 17.635, que establece normas sobre cobro ejecutivo de créditos para la vivienda, con informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9018-14) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 65ª, en 29 de octubre de 2013.
Informe de Comisión:
Vivienda y Urbanismo: sesión 85ª, en 14 de enero de 2014.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El objetivo principal de la iniciativa es asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del otorgamiento de subsidios habitacionales de los programas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, fundamentalmente en lo que dice relación con las viviendas vacías, arrendadas o destinadas a usos no habitacionales. Para ello, el proyecto eleva a rango legal la obligación del beneficiario o de su grupo familiar de habitar la vivienda y, en caso de incumplimiento, dispone un procedimiento expedito de cobro ejecutivo, dando prioridad al SERVIU para la adjudicación del inmueble. Las viviendas recuperadas serán entregadas a familias en situación de urgencia habitacional.
La Comisión de Vivienda y Urbanismo hace presente que, no obstante tratarse de una iniciativa de artículo único, la discutió solo en general y acordó proponer a la Sala que adopte igual decisión, por considerar que contiene disposiciones que ameritan un mayor estudio o análisis, aprobando la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Pérez San Martín y señores Pérez Várela, Sabag y Tuma.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 13 a 19 del primer informe de la señalada Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general.
Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, la Comisión de Vivienda y Urbanismo aprobó por unanimidad la idea de legislar respecto de la presente iniciativa, originada en mensaje del Ejecutivo, que tiene por finalidad que no se produzca la distorsión de que personas que no ameritan el subsidio habitacional lo reciban para después darle un destino distinto a la vivienda obtenida a través de él.
Sin embargo, pedí la palabra para explicitar que en el proyecto está considerada la excepción según la cual aquellas familias que, por ejemplo, hayan recibido una vivienda social ubicada en una zona balnearia y cuyo único ingreso sea el proveniente del arrendamiento del inmueble, puedan seguir arrendándola con autorización del SERVIU.
Lo que queremos señalar es que el objetivo del texto legal tiene que ver con aquellas personas a quienes no les correspondía el subsidio habitacional o que habiéndoles correspondido no le dan el destino adecuado al inmueble obtenido a través de él. Sin embargo, hay excepciones que serán consideradas por el respectivo Ministerio.
Por lo tanto, creo que deberíamos aprobar el proyecto que nos ocupa
Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, estimados colegas, todos, cuál más, cuál menos, hemos visto situaciones de viviendas construidas con fondos públicos y donde, en ocasiones, las personas o familias beneficiadas no hacen uso de ellas. Es más, hay un grupo, quizás reducido, de individuos altamente inescrupulosos que postulan a un subsidio teniendo ya una solución habitacional y que lo usan simplemente para capitalizar a sus familias, para incorporar los inmuebles a su patrimonio, o para arrendarlos; nunca con la intención de usarlos.
Algunos hemos sido partidarios de que, frente a la realidad de viviendas que no son usadas por los beneficiarios, más que buscar un camino que permita un juicio rápido y que el SERVIU pueda demandar, se introduzca el día de mañana, como política pública, que las viviendas sociales no se escrituren a nombre del potencial beneficiario hasta que se demuestre su uso efectivo por la persona durante un período de tiempo.
El mecanismo planteado implica un gasto para el Estado y es más engorroso. Es un poco más rápido y lo vamos a votar a favor, pero lo que debemos hacer es cambiar la lógica de fondo: no escriturar las viviendas sociales a nombre del beneficiario hasta que quede demostrada su ocupación, de forma tal que, en caso de que ello no ocurra, el Estado las pueda recuperar sin ningún problema por hallarse aún inscritas a su nombre.
Vamos a votar a favor, señor Presidente, pero con la reserva de que consideramos que la solución definitiva va por otro camino.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Estamos tratando el proyecto como si fuera de Fácil Despacho y hay dos Senadores más inscritos para intervenir.
Por lo tanto, propongo a la Sala que abramos la votación para ir ganando tiempo.
El señor PÉREZ VARELA.-
Sí, ningún problema.
El señor PIZARRO (Presidente).-
En votación general la iniciativa.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela para fundamentar el voto.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, dos cosas, muy brevemente.
Creo que el proyecto en análisis va en la línea correcta, porque significa entregar atribuciones a las direcciones regionales del SERVIU para velar por que las viviendas entregadas a través de subsidios sean realmente ocupadas por sus beneficiarios y que estos correspondan a personas que cumplen con todos y cada uno de los requisitos.
En consecuencia, el darles atribuciones para interponer demandas ejecutivas apunta a resolver un problema que hoy día existe. Uno constata en diversos sectores poblacionales que, o las viviendas se hallan desocupadas, o han sido arrendadas, provocando gran decepción y frustración en aquellos grupos familiares que, reuniendo todos los requisitos, no han podido acceder a una solución habitacional.
A mi juicio, este es el camino adecuado.
Por ende, no me parece pertinente la vía que ha propuesto el Senador Letelier, pues implica precarizar la propiedad de personas responsables producto de que un pequeño grupo actúa en forma incorrecta. Estimo adecuado este camino, esto es, que se pueda comprobar de manera eficaz y eficiente el hecho de que las viviendas estén siendo utilizadas por quienes obtuvieron el beneficio.
No entregarles el título de dominio a las familias y trasladar el peso de la prueba a personas modestas que sí cumplen no me parece un procedimiento adecuado, el que además podría prestarse para abusos. Yo prefiero que la autoridad recurra a los tribunales de justicia para pedir la restitución de las viviendas.
Según las autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, son alrededor de 9 mil las viviendas que se encuentran en la situación descrita. Por consiguiente, es bueno que los SERVIU regionales posean esta atribución, que permitirá restituir y, además, reasignar esas viviendas a familias que verdaderamente se interesan en ocuparlas.
Por eso, vamos a votar a favor de la normativa propuesta.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Sabag para fundamentar el voto.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, este es un proyecto del Ejecutivo que la Comisión de Vivienda y Urbanismo aprobó por unanimidad y que se ha pedido que la Sala lo vea como si fuera de Fácil Despacho con la finalidad de que se convierta en ley lo antes posible.
Se trata de dotar de una herramienta efectiva a la Administración para el buen resguardo de los recursos públicos, por cuanto a todos nos consta que en la entrega de diversas viviendas o subsidios se han producido irregularidades y abusos increíbles. Hay personas que poseen hasta dos o tres casas. Algunas son profesionales que ganaron un subsidio solidario. ¡Es una situación sencillamente inaceptable!
Por eso, el proyecto dota al Ministerio de Vivienda y Urbanismo de todas las facultades legales necesarias para proceder urgentemente y asignar tales viviendas a personas que realmente las necesitan.
Por supuesto, votaré favorablemente.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (29 votos a favor), y se fija como plazo para presentar indicaciones el lunes 3 de marzo, a las 12.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, Kuschel, Lagos, Larraín (don Carlos), Letelier, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Pasamos al segundo proyecto que será tratado como si fuera de Fácil Despacho, el cual figura en el número 12 del Orden del Día.
RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE DERECHO DE IDENTIDAD DE GÉNERO
El señor PIZARRO (Presidente).-
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señora Lily Pérez y Rincón y señores Escalona, Lagos y Letelier, en primer trámite constitucional, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género, con informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8924-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señoras Pérez San Martín y Rincón y señores Escalona, Lagos y Letelier):
En primer trámite, sesión 20ª, en 7 de mayo de 2013.
Informe de Comisión:
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: sesión 49ª, en 27 de agosto de 2013.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El objetivo de la iniciativa es establecer una regulación adecuada que permita a toda persona obtener, por una sola vez, la rectificación de su partida de nacimiento y el cambio de sexo y nombre en el Servicio de Registro Civil e Identificación cuando no coincidan con su verdadera identidad de género, de conformidad con las disposiciones constitucionales y los tratados internacionales en materia de igualdad, no discriminación, derecho a la identidad y protección en general de la dignidad humana y los derechos y libertades fundamentales.
La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Gómez, Orpis y Letelier.
Cabe tener presente que el artículo 5° de la iniciativa tiene el carácter de norma orgánica constitucional, por lo que requiere para su aprobación de 21 votos favorables.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 23 a 28 del primer informe de la Comisión.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, Honorable Senado, tal como se consigna en el informe, concurrí con mi voto favorable a aprobar la idea de legislar respecto de esta iniciativa.
La jurisprudencia de las leyes números 17.344 y 4.808 regula el cambio de nombre pero no el de sexo. Esta última circunstancia se deja a criterio del juez si se genera como consecuencia del cambio de nombre.
Lo que hace este proyecto es abordar directamente el cambio de sexo.
Las personas transexuales presentan una diferencia entre su sexo genético y su sexo psicológico.
Tal como se consigna en la página 23 del informe, concurrí a aprobar la idea de legislar, pero dejé expresa constancia de que -abro comillas- "trabajaré en la discusión particular de este proyecto" porque tengo diferencias importantes en cuanto a su texto.
¿Dónde están mis diferencias, señor Presidente?
Una se halla relacionada con el artículo 2°, relativo a la definición de identidad de género. Esta norma parte señalando que se trata de una "vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente".
Desde mi punto de vista, el cambio de sexo va más allá de una vivencia interna, como lo indica el texto. A mi parecer, tiene que ver además con aspectos psicológicos y genéticos cuya prueba no solo depende de la voluntad del solicitante. El tribunal debe contar con elementos de juicio para comprobar tal circunstancia.
Esa es la diferencia fundamental que tengo con el proyecto, porque este se estructura sobre la base de una gestión no contenciosa del solicitante, quien solo debe probar mediante información sumaria que es conocido en sus relaciones sociales con una identidad de género que no coincide con su sexo registral (artículo 4°). Se le prohíbe al tribunal "decretar de oficio que se realicen exámenes médicos ante el Servicio Médico Legal u otra repartición para formar su convencimiento sobre la solicitud" (artículo 6°). Además, para acreditar dicha circunstancia respecto de las personas que deseen cambiar de sexo, tampoco será exigible por parte de aquellos el uso de medios farmacológicos, psicológicos, psiquiátricos o de tratamientos quirúrgicos (artículo 4°).
Creo sinceramente, señor Presidente, que debemos abordar el problema que viven los transexuales. Sin embargo, la solución no puede quedar supeditada solo al sentir íntimo y profundo de la persona y a cómo esta sea conocida en sus relaciones sociales, sino que debe complementarse con otro tipo de pruebas, especialmente de carácter médico, sea del ámbito psicológico, quirúrgico o farmacológico, decretadas por el propio tribunal.
Aprobada la normativa en sus actuales términos, se pueden generar múltiples problemas: con los hijos, con el carácter confidencial, al momento de contraer matrimonio, con el estado civil, etcétera.
Por eso, señor Presidente, hechas estas observaciones, anuncio que voy a aprobar la idea de legislar, pero que concurriré con un conjunto de indicaciones en la discusión particular.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Rossi.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente, me alegro de que estemos analizando hoy un proyecto que fue presentado hace varios meses.
Efectivamente, como dice la moción, creo que va a ayudar a que mucha gente sea más feliz y, para ser feliz, hay que vivir la vida de manera coherente, con congruencia. En la actualidad, numerosos transexuales deben asumir por obligación una profunda inconsistencia entre su sexo biológico y su identidad de género.
Es bien importante despejar esto, porque por ahí alguien podría pensar que la transexualidad es una enfermedad determinada por elementos genéticos, ambientales, en fin. Claramente eso no es así. La transexualidad tiene que ver con una vivencia muy particular, íntima, de la sexualidad y con cómo ejerce esa sexualidad un ser humano.
Por eso, no estoy de acuerdo en que se planteen una serie de requisitos para poder gozar de este "beneficio" -entre comillas-, a fin de no pasar por lo que pasan hoy numerosas personas que viven de cierta manera la sexualidad, que poseen una identidad de género, que se ven a sí mismas y se reconocen de determinado modo y a las cuales, sin embargo, la sociedad les impone un género y, muchas veces, hasta el nombre.
Conozco múltiples casos. En el último tiempo conocí uno en Arica. Se trata de una persona que no solo se siente de género masculino, sino que además se hizo algunas intervenciones quirúrgicas, aun cuando no es necesario entrar al quirófano para que alguien pida cambiar su género o su sexo registral. Esta persona interpuso una demanda en Valparaíso y ha estado esperando una resolución como cuatro o cinco años. O sea, aquello depende hoy de la voluntad de un juez, sin que se respeten en absoluto los derechos de los individuos a vivir -insisto- de manera coherente y en congruencia con su vida sexual y su vida en general dentro de la sociedad.
Por lo anterior, me parece que este es un proyecto muy necesario para que Chile cuente con una legislación que, además, se adapte a la normativa internacional, a los tratados que nuestro país ha suscrito en materia de derechos humanos y de no discriminación. El Pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo.
Así que comparto el espíritu de esta iniciativa.
Ahora bien, es muy importante señalar -porque se han hecho algunas preguntas en debates anteriores- cómo y quién evalúa, al final del día, la transexualidad. ¿Lo hace un juez, un psicólogo? ¿Depende de la intervención quirúrgica que la persona se haya hecho?
La verdad es que aquello no es así. Se trata de una vivencia íntima, personal, de cómo un individuo percibe su sexualidad. Por eso se habla justamente de "identidad de género". Y lo que permite este proyecto es que las personas puedan vivir y desarrollarse de acuerdo a la identidad que tienen, desde la perspectiva psicológica, desde la perspectiva social.
Habrá una discusión particular, pero yo quiero fijar mi punto de vista. Quien mejor puede definir su sexualidad, su sexo, su género, es justamente la persona que se halla dentro de su cuerpo, que se mira y se relaciona con el resto del mundo de determinada manera.
Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Voy a abrir la votación para que vayan fundamentando el voto. Creo que es lo mejor.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, estimados colegas, el proyecto que patrocinamos algunos Senadores y Senadoras es de autoría, en términos reales, de la Organización de Transexuales por la Dignidad y la Diversidad, la cual fue representada en la Comisión por una especialista en derechos humanos de la Universidad de Concepción: la abogada Ximena Gauché.
Lo que está en discusión es si Chile, en primer término, se pone al día con sus obligaciones internacionales. Existe un marco básico del derecho a la identidad. Y esta dice relación con diferentes aspectos, incluyendo la identidad sexual y de género.
Nuestro país no reconoce plenamente, en la práctica, el ejercicio de este derecho de identidad, a pesar de que la Constitución plantea en su artículo 1° que el Estado está al servicio de la felicidad de las personas, y establece en el artículo 19 nuestra obligación de respetar los convenios internacionales.
Por razones de Derecho y por doctrina de derechos humanos, es evidente que nos hallamos en deuda con quienes son transexuales.
En Chile uno puede cambiarse de nombre, puede ponerse un nombre masculino o femenino. Eso no está en discusión. El problema es si en el carné de identidad se reconoce el cambio de acuerdo a la vivencia interna de uno. Y eso es parte del debate que tendremos en particular.
Este proyecto establece el procedimiento de definición de la identidad de género de manera no contenciosa, como ha planteado el Senador Orpis. Por eso, la Comisión se abrió a aprobarlo en general. Se trata de una evidencia interna individual del género que no corresponde con el sexo asignado de manera administrativa en el certificado de nacimiento.
Este debate viene de larga data. Y mi mayor inquietud al plantear por qué varios vamos a votar a favor -invitamos a todos a proceder en igual sentido- es que las personas puedan ejercer su derecho de identidad. ¿Cómo el Estado puede negarle la identidad a un ser humano? ¿Cómo puede la sociedad imponerle la identidad a una persona? La identidad no se funda solo en aspectos físicos, como algunos creen. Puede tener ese componente por momentos. Pero la identidad sexual es un elemento constitutivo de la identidad de todo ser humano.
Lo que queremos aquí, señor Presidente, bajo los lineamientos que están en la iniciativa, es que se entienda que la vivencia sexual de cada persona conforma una parte muy importante y especial de la identidad, que debe ser valorada por el Estado. Y, a través de este procedimiento no contencioso, se debe permitir que una persona, con una convicción de vivencia interna, pueda ir a un tribunal, cumpliendo ciertas formalidades, y solicitar el cambio de género.
Es importante destacar, como se ha hecho aquí, que no se puede poner como obligación en ningún momento -porque este es uno de los problemas cotidianos en nuestro país-, para que el tribunal se pronuncie, el uso de medios farmacológicos, sicológicos, siquiátricos o, lo que es más brutal, el tratamiento quirúrgico. Lo señalo, porque hoy existen juzgados que se abren a este debate, pero solo si hay mutilaciones quirúrgicas. De realizarse alguna intervención quirúrgica, debe ser algo complementario, de decisión de cada persona.
Señor Presidente, hay un tema que quiero dejar planteado y que no está en el texto que vemos hoy: en qué momento se puede acceder a los tratamientos hormonales. Ello es particularmente importante para personas que se sienten mujeres como identidad pero que están en cuerpo de hombre, a fin de evitar cierto desarrollo fisiológico que no desean. Este es un aspecto que no viene en este articulado, pero tenemos interés en discutirlo.
Vamos a votar a favor.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Señor Presidente, obviamente quiero adherir a este proyecto que hemos presentado un grupo transversal de Senadoras y Senadores. La verdad es que es muy necesario para dar respuesta legal a aquellas personas que son transexuales. La transexualidad no es un problema, como algunos lo quieren mostrar; no es una anormalidad, como otros lo manifiestan; no es una enfermedad ni una patología. La transexualidad es una condición con la que nacen hombres y mujeres que sicológica y emocionalmente tienen un sexo distinto a su genitalidad. Eso es, en términos médicos.
Por lo tanto, lo que nosotros debemos hacer, como Congreso Nacional y particularmente como Senadores y Senadoras, es dar una respuesta legal y ayudar, por esa vía, a las personas que viven situaciones de discriminación producto de esta condición. Eso es lo que nosotros tenemos que realizar.
A mi juicio, este es un proyecto en el cual debemos avanzar, tal como progresamos en su momento con la promulgación de la Ley Antidiscriminación y tal como hemos avanzado en el acuerdo de vida en pareja. Porque es preciso darle carne a lo que significa la identidad de género, que es una de las categorías que dejamos establecidas al interior de la Ley Antidiscriminación. En efecto, esta incluye la categoría "identidad de género". Y hay que dotar de contenido esa definición. Y eso es lo que nosotros queremos intentar hacer con esta iniciativa.
Obviamente, hay muchísimos casos. Probablemente algunos de ellos nunca van a salir en los medios de comunicación, porque son muy fuertes, muy duros y las personas y sus familias prefieren tenerlos guardados para sí, pues cuesta mucho darlos a entender. Porque todavía hay gente que se ríe, que frivoliza, que desprecia, que clasifica y etiqueta a las personas por cómo se ven y no por cómo son.
La importancia de este proyecto radica en que apunta a lo más profundo del ser humano, pues tiene que ver con el respeto a la dignidad de las personas. Las personas no eligen nacer con una determinada condición. Las personas son como son, y hay que respetarlas en su dignidad. La labor del Estado, del Poder Ejecutivo, es ayudar a que se implementen normativas que les permitan resolver su vida y alcanzar su plena realización y felicidad. Y una de las tareas que tienen los Poderes Ejecutivo y Legislativo es entregar esas herramientas a través de las leyes.
De ahí la relevancia de esta iniciativa. Y en el nombre de muchas personas -Valentina, Alejandra, Andrés- a quienes hemos tenido la fortuna de conocer, a ellas y a sus familias, durante la tramitación de este proyecto, creo que es muy importante dar esta señal.
Por eso, obviamente voto que sí.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Les ruego a los asistentes en las tribunas no hacer ningún tipo de manifestación.
Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, como se ha señalado, este proyecto se inició en moción de las Senadoras Pérez San Martín y Rincón y de los Senadores Escalona, Lagos y Letelier, y fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Derechos Humanos.
Esta iniciativa apunta a reconocer y proteger el derecho a la identidad de género de las personas, para lo cual se propone regular la posibilidad de que toda persona, por una sola vez, pueda rectificar su partida de nacimiento y cambiar de sexo y de nombre en el Registro Civil e Identificación, cuando no coincida con su identidad sexual.
La idea viene a dar cumplimiento a numerosas legislaciones internas e internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto de San José de Costa Rica; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; y las leyes números 20.609, que establece medidas contra la discriminación; 19.628, sobre protección de la vida privada; 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en acciones vinculadas a su atención de salud, entre muchas otras.
No existen antecedentes respecto a la cifra de eventuales beneficiarios, pero, en este caso, no se trata de un asunto numérico, sino de dignidad y de respeto al derecho a la identidad de cada persona.
Por otra parte, el Ejecutivo informó su pleno respaldo a esta iniciativa, lo que refuerza nuestra voluntad de aprobarla en general. Asimismo, es posible que la discusión en particular no sea tan sencilla, pero nadie puede negar que la condición sexual de la persona debe ir acompañada del reconocimiento a su derecho a ser identificada de la forma que desee.
Naturalmente, voto que sí.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Lagos, por un minuto.
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, efectivamente, tengo un compromiso con usted, porque estamos en Fácil Despacho.
Solo quiero intervenir para decir que voy a votar entusiastamente este proyecto por todas las consideraciones que han señalado los Senadores Letelier, Lily Pérez, Sabag.
Con entusiasmo lo haré¿
El señor WALKER (don Ignacio).-
¿A favor?
El señor LAGOS.-
¿ a favor. Sí, Su Señoría.
Cabe señalar que este no es solo un tema de discriminación y de ponerse al día con nuestros compromisos internacionales, sino que tiene que ver también con la dignidad de las personas. Y a eso apunta la iniciativa.
Hemos ido avanzando de a poco en los últimos 15 años -¡me quedan 10 segundos!-: ya terminamos con los hijos ilegítimos en Chile, pusimos fin a la discriminación, al menos en la ley; avanzamos en el acuerdo de vida en pareja, y, hoy día, estamos dando un paso adelante -si conseguimos los votos para aprobar la idea de legislar de este proyecto- que nos encamina hacia un Chile un poquito mejor, señor Presidente.
Muchas gracias.
¿Estuve en el tiempo?
El señor PIZARRO (Presidente).- Muy bien, señor Senador. Ocupó 50 segundos.
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, tal como se ha expresado esta tarde en la Sala, pienso que efectivamente estamos dando un paso por hacer un mejor país, una mejor sociedad, lo cual nos hace mucha falta.
Hemos avanzado lentamente, pero lo vamos logrando. Y lo hemos hecho en términos de luchar contra la discriminación que lamentablemente subyace en nuestro país.
Tengo la impresión de que todavía nos dejamos llevar mucho por la apariencia de las personas. Las juzgamos por su físico, por sus características y, en realidad, nos preocupamos poco de conocer su esencia.
A mi juicio, hoy día, el proyecto reviste una tremenda importancia en ese sentido. Nosotros estamos haciendo justicia con un grupo particularmente discriminado, vulnerable, maltratado y que muchas veces ha sufrido de una tremenda violencia, como por desgracia hemos conocido.
A través de esta iniciativa, entonces, les mejoraremos la vida a muchas personas, y vamos a ser capaces, además, de dar cumplimiento a las normativas internacionales, las cuales hemos suscrito como país, como Estado.
Por eso, felicito al conjunto de investigadores, a quienes trabajaron en este proyecto. Al mismo tiempo, me alegro de que la Comisión de Derechos Humanos haya adherido a él y que hoy día lleve la firma de todos sus integrantes, porque, claramente, también es un tema de derechos humanos. Como ya señalé, se trata de un grupo particularmente vulnerable y discriminado.
Estimo importante, además, reconocer el trabajo de la Organización de Transexuales por la Dignidad y la Diversidad, como también el de la Fundación Iguales, las que han apoyado esta moción.
Por esas razones, señor Presidente, y porque soy consciente de que no se le puede impedir a una persona, a la cual se le asignó un nombre con el que no tiene identificación ni vivencia algunas, adaptarse a su realidad y tener el nombre que necesita y con el que se identifica plenamente.
Considero importante que las personas vivan su identidad de género abiertamente, y no haya esa incongruencia, que se ha dado muchas veces, entre el nombre y sexo asignado con que se les registra y su verdadera identidad de género.
Por todas esas razones, voto a favor.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, me sumo a la votación favorable del proyecto de ley.
En mi concepto, esta iniciativa pone a nuestra legislación en consonancia con lo que hemos reclamado durante mucho tiempo: la identidad de género y la no discriminación.
Reconocer y proteger la identidad de género es nuestra obligación como Parlamento, y dentro de nuestra legislación debemos mantenerla en la forma más precisa.
Me parece bien el proyecto de ley. Sin embargo, me llamó mucho la atención el artículo 6°, porque obliga a la persona que tramite una solicitud de rectificación de identidad de género a publicarla en un extracto en el Diario Oficial los días 1° y 15 del mes o el día hábil siguiente.
A mi juicio, con dicho requisito se vulnera la privacidad con la que se tiene que resguardar la identidad de género, por las mismas razones que aquí se han señalado. Hay gente que no entiende acerca de esto e, incluso, muchas veces se presta más bien para hacer bromas o realizar acciones que van en desmedro de quienes viven esta condición y que desean resolver su situación.
El referido precepto establece que cualquiera podrá oponerse a la solicitud y que la oposición deberá fundarse en dos causales. La primera de ellas dice relación con la "existencia de un perjuicio directo o indirecto de carácter moral o patrimonial que afecte al opositor a consecuencia del cambio de sexo y género del o la solicitante". Si alguna persona solicita el cambio de identidad de género, no veo que eso vaya a provocar un daño moral o patrimonial a otra. Habría que explicar el hecho de que se publique ese tipo de solicitud en el Diario Oficial, en determinados días.
En seguida, también puede constituir motivo de oposición la "existencia de una causa criminal pendiente entre el opositor y el o la solicitante".
Por lo tanto, yo pediría a la Comisión que revisara dicho artículo. Porque se trata de una tramitación voluntaria que no es controversial.
En consecuencia, no es necesario este tipo de publicación. Y, en ese sentido, debemos resguardar la privacidad de las acciones que pretenda realizar una persona para fijar su identidad de género.
Por las razones expuestas, en la Comisión se debería revisar el artículo 6°, sin perjuicio de hacer lo mismo con otros preceptos para perfeccionar el proyecto.
Voto que sí.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señor Rincón.
La señora RINCÓN.-
Señor Presidente, seré muy breve, porque ese es el acuerdo.
Felicito a quienes han estado detrás de esta iniciativa. Y a riesgo de nombrar solo a algunos, en especial a Luis, a Valentina y a Andrés -que sé que están en las tribunas-, debo decir que hay muchos y muchas más que nos acompañan el día de hoy.
No entraré a relatar el proyecto, ya lo han hecho mis colegas, solo deseo agradecer a todos los Comités que permitieron que en la tabla de Fácil Despacho lo viéramos en general el día de hoy.
Sé que hay muchas cosas que debemos mejorar en la discusión en particular. Algunas ya las han mencionado los Honorables colegas. Pero esta es una señal -prácticamente al término de esta legislatura- potente, porque se cumple con nuestros compromisos internacionales, genera igualdad en la tratativa nacional y permite dar una muestra poderosa al país para poner fin a la persecución y al bullying que muchas veces afecta a estas personas. Así pudimos verlo en Talca, junto a Andrés, cuando quemaron la casa de una familia transgénero. Y, en esos momentos, nos acompañó uno de los dirigentes de estas agrupaciones.
El paso que da el Senado de la República el día de hoy es contundente, y espero que, a la brevedad, se materialice en la aprobación en particular del proyecto de ley.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente, yo me alegro sobremanera de que durante la discusión de esta iniciativa el Senado haya ido evolucionando positivamente desde sus visiones de prejuicio muchas veces, de distancia, de temor. Y lo más probable es que ella se apruebe, con algunas abstenciones (igual las valoro) y casi sin ninguna oposición.
Creo que ello expresa que la sociedad chilena cambió; que la política, que es conservadora, va detrás de las reformas.
El esfuerzo de entender el mundo que viene y de comprender la sociedad y hacerse cargo de las alteraciones que se registran en ella me parece muy importante. Y lo valoro.
Lo que estamos discutiendo es quizá de los temas más esenciales de la vida misma. No hay elemento más autónomo, más relevante, que defina mejor la presencia de la vida que la sexualidad y la existencia de seres humanos con una sexualidad particular.
A lo largo de la historia, en las visiones más conservadoras ha habido un intento por reducir la sexualidad a la reproducción, negándole al ser humano la expresión maravillosa de una sexualidad que trasciende lo reproductivo; que tiene que ver con la belleza, con el arte, con la emoción, con la conciencia propia, con una suerte de mirada de la evolución y de la trascendencia de la persona.
Por eso, uno podría decir que, desde el punto de vista médico, biológico, hay un sexo genético, un sexo fenotípico y un sexo conductual o sicológico.
Sin embargo, a mí me da lo mismo la definición que determine si el sexo que va a primar será el genético, el fenotípico o el de opción, el conductual. Yo pienso que, dado que esto es lo que define al ser humano, debe tratarse de una decisión libre de cada cual.
Cada ser humano ha de poder determinar en qué sexualidad quiere desenvolverse. ¿Por qué? Porque la sexualidad es lo más trascendente de los seres vivos.
Lo que somos y todo lo que conocemos en la vida tiene que ver con la sexualidad.
En la naturaleza, sus colores verdes, su belleza, el agua, el aire, los olores, todo lo que nos rodea es producto de la sexualidad. Somos seres vivos en la sexualidad, y ello nos ha permitido llegar acá.
Por lo tanto, al hablar de esta materia tal vez estamos mirando la punta del iceberg, haciendo una reflexión muy esencial.
Quizás una visión más compleja de la sexualidad tiene que ver no solo con el imperativo de devolverle a cada ser humano la autonomía, la dignidad, el respeto para vivir su sexualidad como le parezca, sino también con la necesidad de que se entienda lo que a muchos les cuesta asimilar: que somos parte de una familia evolutiva extendida; que provenimos de una sexualidad común; que tenemos una hermandad con las plantas, con los seres vivos, con todo lo que nos rodea.
Y eso también forma parte de una reflexión en el sentido de que tal vez la misma evolución que hoy día estamos experimentando al entender que todos los seres humanos tenemos iguales derechos y la misma dignidad -independiente del color de nuestra piel, de nuestras opciones sexual, religiosa o política- nos permitirá discutir en el Congreso Nacional, dentro de algunos años, los lazos indisolubles que nos relacionan con el resto de los seres vivos, de los que nos hemos separado, a los que vemos como cosa separada, a los que no sentimos parte de la naturaleza, la que estamos destruyendo de la misma manera como lo hicimos durante siglos con quienes tenían colores, visiones, religiones, convicciones y orientaciones sexuales diferentes.
A mi entender, este es un paso terapéutico para la sociedad chilena. Y espero que ella siga evolucionando, pues falta mucho más.
Tenemos una visión económica que niega al resto de nuestra hermandad de seres vivos, que nos aísla de nuestra naturaleza, y en nombre de esa ceguera estamos provocando daños que finalmente se van a volver contra nosotros, contra esta especie que ha dominado el planeta y que debe humanizarse.
Y un sentido de esa humanización se expresa precisamente en la discusión que sostenemos ahora, que es mucho más profunda.
Este proyecto es bastante más relevante que varios otros que hemos debatido, porque habla de elementos esenciales: de lo que nos define como especie, como seres humanos, como personas con dignidad.
Así que valoro mucho esta discusión y el coraje de quienes presentaron la iniciativa que nos ocupa.
Por eso, voto a favor.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Cantero.
El señor CANTERO.-
No voy a abundar en los antecedentes ya entregados, señor Presidente.
Tengo un juicio muy positivo sobre este proyecto. Creo que es una expresión de valoración de la diversidad y del pluralismo que deben existir en nuestra sociedad.
Pero deseo marcar un aspecto que no se ha mencionado y que considero en extremo relevante.
Con respecto a la dicotomía que se da entre la declaración médica de determinado sexo en su momento y la identidad que siente una persona y su posibilidad de modificar por una sola vez, sea con relación al sexo o al nombre, esa definición, establecida en un acta del Registro Civil, vale la pena señalar que se rompe con el carácter objetivo (de objeto) del procedimiento y surge la subjetividad (esta tiene que ver con el sujeto).
Dicho punto me parece muy relevante en materia de legislación.
Porque, en su argumentación, las distintas instituciones que concurrieron al debate de la Comisión reclamaron por el concepto de identidad desde un enfoque del Derecho.
La identidad tiene que ver con los elementos a que hice referencia. Primero, el valor de la diversidad y del pluralismo, que exige una tolerancia no siempre observada, desgraciadamente, en nuestra sociedad. Y segundo, el reconocimiento de que lo objetivo tiene mucha significación en los objetos.
Pero en materia de Derecho la subjetividad es muy importante, pues la identidad surge respecto de las emociones y los sentimientos, de las interpretaciones o experiencias del sujeto; o sea, estos elementos son subjetivos, propios, individuales, únicos.
Por consiguiente, es muy relevante asimilar aquello, porque la objetividad que en algunos momentos se reclama tiene que ver con enfoques de intersubjetividad. Esto es, varios se ponen de acuerdo sobre algo y creen, piensan o declaran que es objetivo. Pero ello siempre choca con la subjetividad.
La verdad nunca es objetiva, en mi opinión. Siempre es subjetiva, porque impacta a un sujeto; es procesada, asimilada o rechazada por él. Entonces, es de la esencia que tiene carácter subjetivo.
Además, si la experiencia de que se hace mención es relevante, ella tiene que ver con elementos condicionantes del sujeto, los que se encuentran en la estructura de su entorno o ethos; es decir, tiene que ver con lo histórico, con lo político, con lo cultural y, por cierto, con los elementos biológicos que calificamos como basales al momento de la definición.
Por eso, me parece valiosísimo que la subjetividad pueda darle primacía al momento de enfrentarse a la objetividad. Objetivamente, en tal momento la persona fue declarada hombre o mujer -lo que fuere-, y ella, subjetivamente, interpretó y sintió otra cosa.
Aquello, además, me parece coherente con aspectos teológicos que hablan de la materialidad y la espiritualidad, del dualismo. No siempre coincide lo material, la expresión biológica, con la subjetividad, la expresión espiritual, cultural, filosófica, emocional de una persona.
Por lo tanto, considero sobremanera relevante que, en un momento único, de madurez, ello pueda ser revisado.
Voto a favor.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, la identidad no puede ser compartida ni impuesta. Está claro. Cada actor construye la suya a través de sus vivencias y de la experiencia personal propia e íntima. Así lo hemos repetido.
El lograr reconocimiento para todas las identidades existentes en Chile forma parte de nuestra política para enfrentar la discriminación. Hay que avanzar contra esta. Sobre todo, la incongruencia de nuestra legislación respecto al nombre y el sexo daña fuertemente la identidad.
Si bien la Carta Fundamental establece tanto nuestra obligación de incorporar a la legislación interna los tratados internacionales acerca de los derechos esenciales emanados de la naturaleza humana cuanto el deber del Estado de respetarlos y promoverlos, un conjunto de ellos no obligan.
Existen obligaciones consagradas en la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 8°) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece el derecho a la integridad, la honra y la intimidad. Y el Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos se ha referido a la orientación sexual y a la identidad de género como características esenciales de las personas, características que no son modificables sin alterar gravemente la identidad.
En la actualidad nuestro Estado no permite condiciones para el reconocimiento del género. Hay ausencia de ley; ello señala discriminación.
La ley N° 17.344 y la N° 4.808 posibilitan el cambio de nombre y apellido. Sin embargo, existe un vacío: es el juez quien decide si toma un rol activo al momento del cambio; y en muchos casos es el oficial del Registro Civil.
Dejar que el oficial del Registro Civil determine que una persona que cambia su nombre empiece a llamarse María, por ejemplo, pero siga figurando con sexo masculino forma parte de una incoherencia que hoy queremos enfrentar.
La exigencia de intervenciones quirúrgicas o de tratamientos hormonales tampoco parece conforme a derechos humanos. Ello provoca una discriminación especial que con la ley en proyecto deseamos eliminar.
De otro lado, la actual exigencia legal del plazo de cinco años para el cambio de nombre les genera una situación gravísima a quienes optan por él.
Por eso, señor Presidente, al discutir este proyecto actuamos con la claridad de que no estamos afectando sino consagrando derechos, en particular la libertad de conciencia.
Y quiero citar a Jaime Guzmán Errázuriz, quien, según consta en el Acta Constitucional de la sesión 130ª, página 121, dijo: "La libertad de conciencia es la libertad del fuero interno," -del fuero interno- "que se entiende siempre en forma absoluta e inviolable en la cual nadie puede penetrar y a la cual la esfera del derecho no alcanza... pero se puede extender a otras materias".
El derecho a la intimidad, la libertad de conciencia de quien decide tener una identidad de género distinta de la biológica.
Y quiero despejar las múltiples dudas que se han planteado, señor Presidente.
Aquí estamos hablando de identidad: lo que uno hace, cómo se conforma, sus relaciones sociales.
Otro asunto es la condición biológica para el ámbito del deporte o de otras disciplinas, donde pudiera haber mayores precisiones.
Estamos hablando de la identidad: del deber ser, del deber ser en sociedad, de la integración.
Sobre eso se ha discurrido bastante y, en mi concepto, hay un consenso: estamos estableciendo por la vía legal un derecho que hasta ahora le es vedado a un número importante de ciudadanos: el mismo derecho que tienen otros ciudadanos para optar por su propia identidad, esta vez la de género.
Por ello, voto a favor. Habrá tiempo para discutir, para formular indicaciones. Pero lo importante es llegar a acuerdo, tal vez no por unanimidad, sobre una decisión que debiera llenarnos de orgullo: la de trabajar firmemente para terminar con todo tipo de discriminación en nuestro país.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Me inscribí, señor Presidente, no con el ánimo de alargar innecesariamente la sesión, sino porque estoy convencido de que esta es una materia de gran significación: se trata de derechos humanos y está involucrado el respeto del Estado de Chile a cada persona.
Aquello se refleja en que debiese existir una legislación donde la identidad de género fuera respetada por el Estado. Sin embargo, no ocurre así en nuestro país. Se da la paradoja o la incongruencia de que una persona puede modificar su nombre y, con ello, la denominación de su sexo en su identidad formal, en su cédula de identidad, y sin embargo, para el reconocimiento de su identidad de género, un juez de la república, es decir un funcionario del Estado, puede llegar al extremo de pedirle una amputación, o que ingiera hormonas, o que modifique su propia contextura física con el propósito de hacer corresponder el nombre que aparece en su carné, como expresión de su propia configuración como persona humana.
Esa es la gran contradicción de fondo que esta iniciativa apunta a resolver.
En consecuencia, creo que la ley en proyecto aborda un retraso y una incomprensible incoherencia existentes en la legislación de nuestro país, al mismo tiempo que, en mi concepto, actualiza la Constitución Política de la República, que reconoce el derecho de cada persona nacida en el territorio nacional al ejercicio libre de su propia condición como ser humano.
En este caso, por consiguiente, el texto que nos ocupa esta tarde no hará sino que lo que señalan nuestras propias normas fundamentales guarde correspondencia con la legislación que espero seamos capaces de aprobar.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (29 votos a favor y 3 tres abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Escalona, Espina, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Lagos, Letelier, Navarro, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron los señores Coloma, García y Larraín (don Carlos).
--(Aplausos en tribunas).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Debemos fijar plazo para presentar indicaciones.
¿El lunes 3 de marzo?
El señor LETELIER.-
Mejor el 10.
El señor PIZARRO (Presidente).-
¿Le parece a la Sala el lunes 10 de marzo, a las 12?
--Así se acuerda.
)----------(
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
En este momento ha llegado a la Mesa un oficio de la Honorable Cámara de Diputados con el que informa que prestó su aprobación al proyecto que modifica el Título II de la ley N°19.882, que fija condiciones especiales para la bonificación por retiro voluntario por el período que indica y otorga otros beneficios por retiro, con urgencia calificada de "simple" (boletín N° 9.228-05).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
)---------(
AUMENTO EN DIETAS DE CONSEJEROS DE CONADI Y DE COMISIONADOS DE CODEIPA
El señor PIZARRO (Presidente).-
Corresponde tratar, también como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.253, sobre normas de protección, fomento y desarrollo de los indígenas, a los fines de establecer una dieta para los consejeros nacionales de la CONADI y para los comisionados de la CODEIPA, con informes de las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Hacienda, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9041-31) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 72ª, en 26 de noviembre de 2013.
Informes de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 86ª, en 15 de enero de 2014.
Hacienda: sesión 86ª, en 15 de enero de 2014.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El objetivo de esta iniciativa es disponer un aumento en las dietas de los consejeros de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y de los comisionados de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua.
La Comisión de Gobierno discutió este proyecto en general y en particular y lo aprobó con los votos favorables de los Senadores señores Bianchi, Orpis y Sabag y la abstención del Senador señor Frei, en los mismos términos en que lo despachó la Cámara de Diputados.
La Comisión de Hacienda, por su parte, lo aprobó en los mismos términos en que lo hizo la de Gobierno, y ello, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores García, Lagos, Novoa y Zaldívar.
El texto que se propone aprobar se consigna en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Nada más, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- En la discusión general, tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, deseo pedirle a la Sala votar a favor del proyecto de ley. A mí me parece de entera justicia entregar una dieta mayor a los consejeros de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, del orden de 600 mil pesos, por haber sido designados, primero, mediante un sistema de elección contemplado en la Ley sobre Protección, Fomento y Desarrollo Indígenas, y segundo, por dedicarse a tiempo completo, no solo a participar en las reuniones que desarrolla el organismo, sino también en todas aquellas a que es convocado, por ejemplo, por el gobierno regional, por las municipalidades y, desde luego, por las distintas comunidades, particularmente en la Región de La Araucanía, además de las correspondientes a otras regiones con una importante presencia de integrantes de nuestros pueblos originarios.
No conozco la situación de Isla de Pascua, pero imagino que debe de ser exactamente lo mismo.
Reitero que la iniciativa es de plena justicia: son personas que se dedican, con un alto espíritu de servicio público, a trabajar en la solución de problemas que afectan a nuestros pueblos originarios, y, en concreto, tratándose de representantes del pueblo mapuche, en los correspondientes a comunidades particularmente en la Región de La Araucanía. Difícilmente pueden desarrollar otra labor, porque el buen ejercicio de la actividad de consejero nacional de la CONADI o de integrante de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua es a tiempo completo, y parece correcto remunerarlos en esta forma.
Votaré que sí.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se abrirá la votación.
Acordado.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Puede intervenir el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, la iniciativa apunta a aumentar la dieta de los consejeros de la CONADI, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, y de los integrantes de la CODEIPA, Comisión de Desarrollo de la Isla de Pascua.
En el primer caso se establece una asignación de diez unidades tributarias mensuales, adicionales a las tres que ya se pagan por asistencia a cada sesión, con un tope de 16.
También se cancelarán pasajes y viáticos cuando se cumplan funciones acordadas por el Consejo de la Corporación, ya sea asistiendo, como se ha señalado, a consejos de gobiernos regionales o en función de una invitación de municipalidades.
Para los comisionados de CODEIPA se propone una dieta mensual de ocho unidades tributarias mensuales, más dos por cada sesión a la que asistan, con un máximo de 12, y la cobertura de pasajes y viáticos, cuando proceda.
La impresión que pueda existir respecto a la magnitud de la cantidad se explica por el hecho de que estas personas se encuentran en condiciones claramente desmedradas, de manera que el que nos ocupa no es un simple reajuste, sino la expresión financiera de un nuevo trato. Este naturalmente deberá ser seguido de otros pasos en la próxima Administración, junto con una política hacia los pueblos originarios que reconozca sus derechos y les brinde las oportunidades de desarrollo que merecen y que sean acordes a su acervo cultural.
El proyecto tiene un costo estimado de 115 millones de pesos, ya considerados en el presupuesto de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.
Votaremos a favor, por supuesto.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, en el mismo sentido que los colegas que han intervenido con anterioridad, destaco que la medida en examen es de toda justicia, puesto que prácticamente se trata de las únicas autoridades elegidas democráticamente por el mundo indígena y que lo representan en el Consejo de la CONADI. Ello, a pesar de que es un organismo prácticamente del Estado, no un parlamento que hace de interlocutor, y en el cual participan en un consejo, donde conforman una minoría.
No obstante, se dedican exclusivamente a la función señalada, a recoger opinión, a recorrer territorios muy extensos, y resulta muy injusta la paradoja de que representantes por voluntad popular del mundo indígena no reciban una remuneración que les permita subsistir. Porque las asignaciones son de subsistencia.
En consecuencia, viendo cómo, en muchas ocasiones, se contratan asesores no elegidos por nadie, salvo el director, y sin un mayor impacto en la participación ciudadana, estimo muy urgente hacer justicia con los consejeros de la CONADI.
Así que me pronuncio a favor.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Puede intervenir el Senador señor Carlos Larraín.
El señor LARRAÍN (don Carlos).-
Señor Presidente, quisiera solo fundamentar muy brevemente mi posición en torno al aumento de la remuneración de personas elegidas consejeros nacionales de la CONADI.
Efectivamente, ellas se dedican con mucho empeño a su labor. Conozco la que realiza, por lo menos, Andrés Matta Cuminao, quien verdaderamente le destina a su cargo una cantidad de horas notable.
Como lo expresó el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, otros integrantes de la entidad en virtud de designaciones administrativas reciben entradas sustanciales. En cambio, los que concurren a una elección y recorren las comunidades para auscultar preocupaciones e intereses obtienen un ingreso muy esmirriado.
Por lo tanto, con el mayor gusto me pronuncio a favor de la iniciativa. Creo que quienes desempeñan estos cargos electivos merecen vivir mejor, puesto que prestan un servicio al país.
Gracias.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, Honorable Sala, tanto los consejeros nacionales indígenas como los comisionados indígenas de la CODEIPA realizan un aporte trascendental al desarrollo y evaluación de la política nacional y regional en ese ámbito. Se constituyen en un punto central para la difusión de políticas que hacen referencia a los pueblos indígenas y les entregan a estos un espacio de representatividad en la institucionalidad de la Administración Pública.
¿Cómo opera actualmente la CODEIPA, organismo que dice relación con la Isla de Pascua, zona que represento en el Senado? Está conformada por ocho representantes de Gobierno, el alcalde y seis integrantes elegidos por la comunidad rapanui. Sus principales funciones se vinculan a atribuciones relacionadas con la entrega de tierras, así como también con el desarrollo económico, social y cultural. En la actualidad, sus miembros no perciben dieta ni asignación alguna por su desempeño.
En la última visita que realizamos con el Primer Mandatario participamos en una reunión formal de la Comisión y el Presidente suscribió el compromiso de mandar a la brevedad posible el proyecto de ley que nos ocupa.
Al Senador que habla le tocó también impulsar este importante asunto.
Respecto de los miembros de la CODEIPA, se establece una dieta de ocho unidades tributarias mensuales, además de otra adicional de dos por asistencia a sesiones o comisiones de trabajo, con un tope de cuatro, lo que hace un total de doce.
Para los consejeros de la CONADI -la ley N° 19.253 no dispone una cantidad por tal concepto- se determina una dieta fija de diez unidades tributarias mensuales, a la que se agregarán tres por asistencia a sesiones o comisiones de trabajo, con un tope de seis, lo que da un total de seis trimestrales y 24 anuales. Se quedará en un máximo de 16 mensuales.
Pensamos que con ello se dignifica también a los pueblos originarios, en términos de que la representación tanto en la CONADI como en la CODEIPA va a contar con el grado de autonomía que permite desempeñarse, con dedicación y tiempo, en estas importantes labores.
Por lo tanto, hoy se está cumpliendo la palabra empeñada por el Primer Mandatario.
Nosotros nos jugamos para que la iniciativa se mandara pronto al Congreso, y, por ello, les pido a mis colegas aprobarla.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Puede intervenir el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, ratifico lo expresado por los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra.
Como Presidente de la Comisión de Hacienda, hago ver nada más que el proyecto tiene un costo del orden de 115 millones de pesos, los cuales serán financiados con cargo al Tesoro Público, y que el monto de las dietas es el que se ha mencionado. La participación de algunos comisionados ha sido ad honórem y en adelante serán remunerados, como es el caso de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua.
Por eso, el órgano técnico, por unanimidad, le dio su aprobación al texto.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, alguien que esté siguiendo el debate probablemente se preguntará si acaso a los consejeros indígenas no les pagan. Así ocurre, en efecto. Constituye una más de las discriminaciones de nuestro sistema y de la cual, por cierto, todos somos responsables.
El problema debió haberse resuelto hace mucho tiempo. Ello se verifica hoy, cuando probablemente estamos en presencia del último Consejo Nacional de la CONADI con la estructura actual. Un nuevo Gobierno, que ganó con un respaldo ciudadano importante, comprometió con los nueve pueblos indígenas del país un organismo distinto, en el que también estará representada, por cierto, la etnia rapanui.
El texto tiene que ver, entonces, con algo que está terminando. Y, por supuesto, diez unidades tributarias mensuales, como piso, a 16, como máximo, constituyen, en alguna medida, una reparación.
Todos hemos visto el trabajo en terreno que llevan a cabo los consejeros de la CONADI. El Senador que habla conoce la labor que realiza la señora Ana Llao, junto con el señor Andrés Matta, en la Región de La Araucanía, en la cual los representantes son dos. Ello también se extiende a los otros pueblos, incluido el de Isla de Pascua.
Lo importante es que si bien se está efectuando -repito- una reparación, igualmente es preciso llamar la atención en el sentido de que la CONADI, especialmente durante el Gobierno actual, ha quedado cada día más desprovista de funciones. La aprobación de la compra de tierras, por ejemplo, ya no pasa por las manos de su Consejo Nacional, sino solo por el Ejecutivo.
Con todo, nos parece bien avanzar en la materia, pero asimismo conviene instalar rápidamente el debate en torno a lo que debiera ser, tal como ha sido expuesto, un Consejo Nacional de Pueblos, con más de 50 representantes de todas las etnias originarias, que pueda definir asuntos importantes, no solo en cuanto a tierras o derechos de agua, sino también a ciertos derechos políticos que mucho necesitan los pueblos indígenas.
Por eso, voto a favor.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Puede intervenir el Honorable señor Lagos.
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, este es un proyecto que se discute como si fuera de Fácil Despacho, pero que reviste una profunda importancia, ya que viene a entregar una cierta reparación ante el tratamiento y doble estándar que hemos mantenido en Chile hacia las etnias originarias.
Recién vamos a establecer los criterios sobre la dieta que deben recibir los consejeros indígenas, tanto en la CONADI como en la CODEIPA, organización esta última vinculada al desarrollo de Isla de Pascua. Constituye un paso importante. Sin embargo, me parece que es lo mínimo para trabajar, operar y desenvolverse.
En el seno de la Comisión de Hacienda sostuvimos discusiones acerca de si los recursos asignados eran los adecuados o tal vez debía contemplarse una cifra incluso superior, o si cabía hacerse cargo, por ejemplo, de ciertas costumbres, arraigadas tanto en la cultura mapuche como en la rapanui, en lo concerniente a la necesidad de financiar viajes que es preciso realizar constantemente en los territorios respectivos, en razón de diversas circunstancias, y que no se encuentran comprendidos del todo en el texto.
Dicho eso, me sumo a lo aseverado por el Senador señor Quintana en cuanto a que se requiere una representación más formal y permanente, a otros niveles, de las etnias originarias. Creo que un consejo indígena o de los pueblos nativos es fundamental. Primero, resulta conveniente que se reúnan entre ellos y designen personeros, lo que permitirá una representación, si no única, al menos colegiada, que hará posible una interlocución más válida. Y, segundo, se puede considerar también una participación en el Congreso sobre la base de un sistema de discriminación positiva. Así como ello lo estimo concebible con relación a las mujeres, no veo por qué no podría extenderse a nuestros pueblos originarios.
Lo digo con mucho respeto. Soy Senador por Isla de Pascua. Estimo que se conseguiría un avance sustantivo si pudiéramos darle ese tipo de representación al pueblo rapanui.
Muchas gracias.
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
El Honorable señor Zaldívar, en su calidad de Presidente de la Comisión de Hacienda, a la cual se ha autorizado para sesionar paralelamente con la Sala a fin de tratar el proyecto que modifica el Título II de ley Nº 19.882 -se fijan condiciones especiales para una bonificación por retiro voluntario durante el período que se indica y se otorgan otros por el retiro, lo que dice relación con la ANEF-, ha solicitado a la Mesa recabar la autorización para discutirlo en general y particular.
Acordado.
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, la CONADI, desde su fundación, ha sido el organismo que desde el Estado se relaciona con los pueblos originarios. Es una condición bastante especial. La entidad no resulta popular, en general, entre los sectores indígenas, por corresponder al aparato estatal, por haber sido asociada a varios escándalos de corrupción y, en definitiva, por no terminar de representarlos, en la medida en que el Estado siempre mantiene una mayoría, con un número de miembros designado por el Primer Mandatario, además del Director Nacional.
Deseo consignar que la Presidenta Michelle Bachelet se comprometió a la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas o de Pueblos Originarios, o del nombre que se estime conveniente. Es allí donde se verificará una representación del Estado, pero con una relación directa, ejecutiva, dotada de recursos y, por cierto, mucho más cercana y profunda que la de la actual Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.
En esa Cartera, cuyo establecimiento tiene que ser conversado y debatido amplia y profundamente, con conocimiento de todos los pueblos originarios, tendremos la oportunidad de abordar un asunto postergado durante mucho tiempo por el Estado y que, por cierto, da lugar a escenarios de conflictividad permanente no solo en La Araucanía.
La aspiración a un Ministro de Asuntos Indígenas o de los Pueblos Originarios o a un Parlamento indígena, conforme a una nueva administración territorial y geográfica en la zona donde se registra la mayor densidad y presencia de una de esas etnias, va a ser motivo de un debate interesante en un Congreso y un país que es el único de América Latina en no reconocer constitucionalmente la existencia de la población mencionada. En la Región, solo Chile tiene una Carta donde el concepto de "pueblo originario" no se contempla como parte esencial de la conformación de la nación. Es un déficit obsceno, realmente agresivo en contra de la memoria histórica y particularmente de nuestros pueblos indígenas.
La dieta que se establece para los consejeros de la CONADI implica un cierto monto, pero resulta insuficiente. Digámoslo francamente: si queremos representantes de las etnias pagados con 600 mil pesos mensuales, los limitamos seriamente para poder dedicarse en forma exclusiva a su función.
Lo mismo hicimos con los consejeros regionales, a quienes les asignamos una dieta del mismo monto y les eliminamos todas las facultades para tomar decisiones al interior de los gobiernos regionales. El Senador que habla votó en contra de ese proyecto de ley, por juzgar que les cercenó atribuciones esenciales y nuevamente enfatizó el centralismo en el intendente.
En el caso particular que nos ocupa existe el Consejo Nacional, que incluye representantes del Presidente de la República, y se considera, para los integrantes de la etnia rapanui, un tratamiento especial en materia de viáticos y pasajes, estos últimos encarecidos por la distancia.
No siendo significativo el aumento de la dieta, desconozco los motivos de tanta mezquindad. Porque no estamos haciendo referencia a un cuerpo colegiado compuesto por 150 personas, sino por 17 miembros. Entonces, el costo fiscal es bastante menor.
Ojalá algún miembro de la Comisión de Hacienda -poderoso órgano técnico, a veces inescrutable- pueda explicarnos por qué se asignaron 600 mil pesos a una función que a mi juicio debiera contar con las facultades y condiciones de representación necesarias. Parte de los integrantes de pueblos originarios viven en zonas urbanas, pero también en el sur y el norte, y la dieta resulta muy exigua.
Me parece, entonces, que no cabe sino votar a favor del proyecto.
Discrepo del monto que se ha fijado. Creo que podríamos haber hecho un esfuerzo mayor.
Reitero que el debate de fondo se llevará adelante cuando, por un lado, analicemos la creación del Ministerio de los Pueblos Originarios y, por otro, incorporemos a los pueblos indígenas en la Constitución.
Voto a favor.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica, para fundamentar su voto.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, en primer lugar, felicito al Gobierno del Presidente Piñera y, en particular, al Ministro Bruno Baranda por esta iniciativa.
Escucho discursos de algunos señores Senadores que encuentran que esto es poco. ¡Pero antes no había nada! En mi opinión, este es un esfuerzo importante que hay que reconocer.
El señor LAGOS.-
Lo hicimos.
El señor PROKURICA.-
El Ministro Baranda ha demostrado su interés por las relaciones con los pueblos originarios, y este proyecto es una muestra de ello.
Las labores que desempeñan los consejeros de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena demandan una alta dedicación, siendo a veces incompatibles con el desarrollo de otras actividades o el ejercicio de alguna profesión u oficio.
La definición del monto que se propone ha tenido en vista guardar una relación proporcional con la importancia de las funciones desempeñadas en dichos cargos. Lo que se pretende es pagarles dieta, pasajes, seminarios, entre otros gastos.
¿Qué propósitos persigue el Consejo Nacional de la CONADI? Definir la política de la institución; aprobar los programas que tiendan al cumplimiento de los objetivos de la Corporación, evaluarlos y asegurar su ejecución, y decidir sobre todas las materias que la ley encomienda a este Consejo Nacional.
Señor Presidente, esta reforma es importante, porque tanto los consejeros nacionales indígenas como los comisionados de CODEIPA realizan un aporte trascendental al desarrollo y a la evaluación de la política indígena nacional y regional. El Gobierno ha reconocido tal contribución; por ello, el Ministro Baranda ha impulsado este proyecto.
Dichos personeros se constituyen en un punto central para la difusión de las políticas referentes a los pueblos originarios y entregan a las comunidades indígenas un espacio de representatividad en la institucionalidad de la Administración Pública del país.
En definitiva, gozan de un reconocimiento real -y no hipotético- a través de normas que establecen ciertos derechos, pero que no implican una retribución económica que les permita desarrollar bien su labor y defender sus derechos.
Por eso, en nombre del Comité de Renovación Nacional, celebro y aplaudo esta iniciativa, que votaremos a favor.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (27 votos) y, por no haber sido objeto de indicaciones, se aprueba también en particular, y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, García, García-Huidobro, Gómez, Kuschel, Lagos, Larraín (don Carlos), Letelier, Navarro, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).
REGULACIÓN DE LOBBY ANTE ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y CONGRESO NACIONAL. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Corresponde tratar el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que establece normas sobre la actividad de lobby, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6189-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 65ª, en 5 de noviembre de 2008.
En tercer trámite, sesión 49ª, en 27 de agosto de 2013.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 70ª, en 19 de noviembre de 2013.
Informes de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 82ª, en 6 de enero de 2009.
Gobierno, Descentralización y Regionalización (segundo): sesión 34ª, en 15 de julio de 2009.
Hacienda: sesión 34ª, en 15 de julio de 2009.
Gobierno, Descentralización y Regionalización (tercer trámite): sesión 64ª, en 16 de octubre de 2013.
Mixta: sesión 86ª, en 15 de enero de 2014.
Discusión:
Sesiones 84ª, en 13 de enero de 2009 (se aprueba en general); 35ª, en 28 de julio de 2009 (se aprueba en particular); 69ª, en 6 de noviembre de 2013 (se aprueban las modificaciones).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras derivan del rechazo por parte del Senado, en tercer trámite constitucional, de la enmienda consistente en introducir un artículo 4º, nuevo; de las modificaciones recaídas en el artículo 4º -artículo 6º de la Cámara de Diputados-; y de los artículos 9º y 13, nuevos, todos permanentes, y de la enmienda recaída en el artículo 2º transitorio.
La Comisión Mixta, como forma de resolver las diferencias entre ambas ramas del Parlamento, efectúa una proposición que consiste en:
-Incorporar como sujetos pasivos de lobby, en el Nº 5) del artículo 4°, a "los asesores legislativos que indique anualmente cada parlamentario, en la forma y con el procedimiento que determine la Comisión de Ética y Transparencia Parlamentaria que corresponda".
-Establecer, en el numeral 1) del artículo 6º, que no constituyen lobby: "Los planteamientos o las peticiones realizados con ocasión de una reunión, actividad o asamblea de carácter público y aquéllos que tengan estricta relación con el trabajo en terreno propio de las tareas de representación realizadas por un sujeto pasivo en el ejercicio de sus funciones.". Y agregar el término "actuación" en el numeral 2).
-Remplazar, en el artículo 9º, sobre información de los registros, la denominación "Ministerio Secretaría General de la Presidencia" -las dos veces que aparece- por "Consejo para la Transparencia"; "Ministerio" por "Consejo", y "semestralmente" por "trimestralmente".
-Sustituir el artículo 13, sobre registro de lobbistas y gestores de intereses, por una norma propuesta por el Ejecutivo que establece que a dichos registros "podrá ingresarse inscribiéndose en forma previa o automáticamente cuando se efectúen las actividades a que hacen referencia los numerales 1) y 2) del artículo 2º, ante las autoridades y funcionarios individualizados en los artículos 3º y 4º".
-Finalmente, respecto del artículo 2º transitorio, sobre vigencia de la ley, se acordó remplazar el precepto por otro que establece lo siguiente: "El Presidente de la República promulgará el reglamento de esta ley dentro del plazo de tres meses contado desde la publicación de la misma". Y agrega: "Esta ley comenzará a regir tres meses después de la publicación del reglamento señalado en el inciso primero respecto de las autoridades y funcionarios individualizados en los artículos 3º y 4º". Además, se contemplan otros plazos de vigencia respecto de las autoridades que enumera.
La Comisión Mixta adoptó los acuerdos por unanimidad, salvo en lo referente al remplazo del artículo 13, que fue acogido por mayoría: votaron a favor el Senador señor Hernán Larraín y los Diputados señores Burgos, Cardemil, Ceroni, Silva y Squella, y en contra los Senadores señores Bianchi, Frei, Rossi y Sabag.
Cabe hacer presente que los artículos 4º, incisos segundo y tercero, y 6º, número 7, contenidos en la propuesta que formula la Comisión Mixta, son de rango orgánico constitucional, por lo que requieren 21 votos favorables para su aprobación.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios figuran, en las últimas columnas, la proposición de la Comisión Mixta y el texto final que quedaría de aprobarse aquella.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Se ha solicitado abrir de inmediato la votación.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En votación la propuesta de la Comisión Mixta.
--(Durante la votación).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Sabag, para fundamentar su voto.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, en mi calidad de Presidente de la Comisión Mixta, rindo informe acerca del proyecto de ley relativo a la regulación de la actividad del lobby.
Este trámite constituye la culminación de un largo proceso, que se inició en noviembre de 2008, cuando el Gobierno anterior presentó esta iniciativa en el Senado. Esta fue aprobada en general con 30 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones tan solo dos meses después de su ingreso a nuestra Corporación.
En julio de 2009 el proyecto pasó a la Cámara de Diputados, donde permaneció hasta agosto del año recién pasado. Ahí se le introdujeron varias modificaciones al texto aprobado por el Senado, el cual, en el tercer trámite, rechazó los cambios.
De esa forma, se llegó a la Comisión Mixta, que ha acordado soluciones a la mayoría de las divergencias en conjunto con el Ejecutivo, representado por el Ministro señor Larroulet, aunque en algunos casos con votaciones divididas.
Las diferencias entre ambas ramas legislativas versan sobre aspectos puntuales, que, de todos modos, apuntan a posiciones muy profundas.
Es preciso insistir, antes de explicar las divergencias, en que existe un amplísimo consenso en torno a la necesidad de regular la actividad del lobby, entendiendo este esfuerzo como una contribución a la transparencia y a la probidad de la actividad pública en todos los niveles posibles.
En cuanto a las diferencias de fondo, la Cámara de Diputados consideró necesario incluir dentro de los sujetos pasivos de lobby a los Secretarios Generales, Prosecretarios y Secretarios de Comisiones de ambas ramas del Congreso, y a los asesores de los parlamentarios, mientras que en el Senado se estimó que estas personas, en virtud de sus funciones, no tienen atribuciones para tomar decisiones ni para incidir de manera relevante en las acciones de los legisladores.
Como una forma de resolver la discrepancia, se resolvió precisar que solo serían considerados sujetos pasivos de lobby los asesores permanentes de los parlamentarios y bajo determinadas condiciones, gracias a lo cual se aprobó por unanimidad la propuesta del Ejecutivo que incluía a estos grupos de funcionarios, precisando que en el caso de los asesores serán aquellos "que indique anualmente cada parlamentario, en la forma y con el procedimiento que determine la Comisión de Ética y Transparencia Parlamentaria que corresponda".
A su turno, fue rechazada, con 3 votos a favor y 6 en contra, una indicación del Diputado Burgos que abría la posibilidad de que cualquier persona pudiera reclamar por no haber sido incluido un determinado asesor.
Una segunda divergencia de importancia se refiere a la necesidad de establecer un registro de lobbistas antes de que estos ejerzan sus actividades o a la idea de que el registro se conforme a medida de que estos hagan labores de lobby y sean inscritos por los sujetos pasivos. En el primer caso, los lobbistas son responsables de inscribirse; en el segundo, son los sujetos pasivos los que asumen dicha responsabilidad. La primera opción fue recogida por una indicación del Ejecutivo, que fue aprobada en la Comisión Mixta por 6 votos a favor y 4 en contra.
Una tercera diferencia guarda relación con el órgano encargado de dar publicidad al registro de lobbistas y la periodicidad con que esa información se difunde. Se acordó que esa responsabilidad, en lugar de recaer en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, sea asumida por el Consejo Nacional para la Transparencia y que el registro de lobbistas se publique trimestralmente, en vez de hacerse en forma semestral.
A continuación, la Comisión Mixta resolvió la discrepancia en torno al plazo para la entrada en vigencia de la ley, que de todos modos está sujeta a la dictación del reglamento correspondiente. Originalmente, el plazo era de 12 meses; la Cámara Baja lo cambió a cuatro. Finalmente, mediante indicaciones, el Ejecutivo propuso tres y los Senadores Bianchi, Frei, Rossi y quien habla, dos. En definitiva, se aprobó por unanimidad la postura del Gobierno.
La mayoría de las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados se refería a aspectos formales, por lo que estas fueron aprobadas en el Senado. De esa forma, pasaron a la Comisión Mixta asuntos como las causales que pueden impedir el ejercicio del lobby, las excepciones a la mencionada actividad y la información que pueden solicitar las personas a cargo de la administración del registro de lobbistas, todos los cuales se resolvieron sin mayor discusión.
Hemos sido exhaustivos en definir con claridad en el texto del proyecto todos los aspectos necesarios para que la ciudadanía tenga la oportunidad de conocer el actuar de las autoridades. Además, diferenciamos la situación de los lobbistas profesionales de la de quienes, legítimamente, hacen gestiones ante las autoridades para defender sus intereses.
Es una tarea difícil, sin duda, porque quienes desean torcer la voluntad popular e introducir elementos ajenos al proceso de toma de decisiones han demostrado siempre una gran capacidad creativa para buscar formas de eludir las regulaciones legales. Sin embargo, creemos sinceramente que este proyecto es un gran paso en pos de la transparencia y de la confianza ciudadana en sus autoridades.
Del mismo modo, algunos sectores mantienen un sentimiento de desconfianza e incredulidad respecto de la posibilidad real de prevenir todo tipo de resquicios, pero ha primado la disposición de avanzar en una regulación en este ámbito, sin perjuicio de poder perfeccionar la legislación en el futuro, a la luz de la experiencia.
En el curso de la discusión hemos constatado la existencia de intereses contrapuestos. No obstante, siempre hemos intentado que prevalezca el principio de la transparencia y la probidad.
Para ello, el proyecto define la actividad del lobby y distingue entre los lobbistas profesionales y los gestores de intereses particulares, es decir, las organizaciones sociales y las personas que, con la misma legitimidad pero sin el pago de una remuneración, aspiran a hacer valer sus puntos de vista ante cualquiera de las instituciones del Estado.
Asimismo, se definen los sujetos pasivos del lobby, o sea, las personas que, en razón de sus cargos, se hallan sometidas a la atención de los lobbistas o de los gestores de intereses particulares. Como forma de transparentar las actividades de unos y otros, se dispone la publicidad de todas las reuniones que sostengan mediante la entrega de las respectivas agendas. Y, como contrapeso, se han dispuesto algunas excepciones, de manera que no se afecte el derecho a petición de la ciudadanía.
Por las razones expuestas, la Comisión Mixta aprobó las proposiciones descritas. Y esperamos -es una única votación- que sean también acogidas en la Sala.
Gracias.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Frei.
El señor FREI (don Eduardo).-
Señor Presidente, voy a votar en contra de lo que plantea la Comisión Mixta.
El debate sobre la presente iniciativa fue muy largo en la Comisión de Gobierno.
Se ha dicho que nosotros hemos entorpecido la discusión: que desde hace años se persigue tener una Ley de Lobby y que demorarla es culpa nuestra.
Precisamente por los resultados y por cómo quedó la propuesta legislativa, cabe afirmar que los lobbistas, a mi juicio, nuevamente han triunfado, por cuanto no van a tener necesidad de inscribirse en un registro. Y hablo, especialmente, de aquellos asesores legales de las empresas que vienen a las Comisiones, al Parlamento, y que hacen el lobby.
¿Cuál es el punto central de discrepancia? Los señores Senadores lo pueden leer tanto en el artículo 8º como en el artículo 13.
En el primer precepto dice textualmente: "En dichos registros se deberá indicar, en particular, la persona, organización o entidad con quien se sostuvo la audiencia o reunión". ¿Quién lo tiene que indicar? El señor parlamentario.
Lo mismo sucede en el artículo 13, donde no hubo acuerdo unánime en la Comisión Mixta (nuestra posición fue derrotada por 6 votos contra 4). Su inciso segundo señala: "A los registros señalados en el inciso anterior podrá ingresarse inscribiéndose en forma previa o automáticamente cuando se efectúen las actividades a que hacen referencia los numerales 1) y 2) del artículo 2º".
Vuelve a quedar el peso de la prueba radicado en los legisladores. Esa es mi diferencia sustancial con el texto del proyecto.
La iniciativa que nos ocupa lleva mucho tiempo en el Congreso. En la Cámara Baja, incluso se había llegado al acuerdo de que no hubiera registro de lobbistas. Y si no lo hay, ¡de qué estamos hablando! Después de mucho discutir, el Ejecutivo presentó algunas modificaciones. Se incluyó el registro, pero sin carácter obligatorio. Por tanto, el peso de la prueba sigue quedando radicado en los parlamentarios. Es lo que ocurre, en definitiva, si un legislador, inmediatamente después de sostener una reunión con un lobbista, no hace la inscripción pertinente.
Lo dijimos una y otra vez.
Queridos colegas que van a seguir en el Senado, espero que nunca se vean en esa situación. Si llega a hablar con ustedes una persona que no se encuentre inscrita en el registro, no la reciban. Porque, si luego no hacen la denuncia respectiva en la Comisión de Ética, donde corresponde, van a quedar con el peso de la prueba.
En todos los países donde existe registro de lobby se ha dado esta discusión, especialmente en Estados Unidos, donde hay obligación de inscribirse.
¿Y cuál fue la discusión con los asesores de Hacienda? En lo central, que los asesores legales no se consideran lobbistas y, por lo tanto, no están dispuestos a inscribirse en un registro.
¿Por qué han de ser una casta especial, que sobrepasa, incluso, la condición del señor parlamentario?
El lobbista no se inscribe en el registro, pero pide entrevista y hasta participa en las Comisiones, y el parlamentario tiene que hacer la denuncia; de lo contrario, el peso de la prueba -reitero- caerá en él. O sea, es una carta especial.
Hay lobbistas -especialmente asesores legales de las empresas- que vienen a las Comisiones y que no están dispuestos a inscribirse. Por eso, durante años, no se logró un acuerdo para esta ley. Porque algunas personas hicieron lobby para que no se lograra el acuerdo. Y hoy día despacharemos una normativa que tiene, a mi juicio, un error fundamental: el peso de la prueba cae sobre los parlamentarios, a quienes, por lo tanto, les van a pedir los registros de sus mails y los números de sus teléfonos celulares cuando reciban a alguien, sea en Santiago o en regiones, bajo cualquier circunstancia. Solamente queda fuera del texto si se trata de reuniones públicas donde estén representados distintos sectores o diferentes autoridades. Pero en todas las situaciones el peso de la prueba cae sobre el parlamentario, lo que me parece inconcebible.
Debe existir un registro de lobbistas obligatorio. ¡Y los primeros que deben figurar en él son los asesores legales de las empresas, que son los que vienen al Congreso! No lo hacen directores o presidentes de las compañías. ¿Por qué estos no se inscribirán en el registro?
Por esas consideraciones, recomiendo a los colegas que van a continuar como tales que, cada vez que venga una de estas personas le pidan que se inscriba en la Comisión de Ética o en la Secretaría del Senado. Si no lo hacen, no deben ser recibidos. De lo contrario, el peso de la prueba va a ser responsabilidad de los congresales.
Por eso, aunque en el proyecto hay aportes y beneficios, votaré en contra.
Espero que el próximo Gobierno cambie algunos artículos y, de una vez por todas, se cree el registro de lobbistas, con inscripción obligatoria. Porque todos los que acuden al Parlamento tienen que estar inscritos. De lo contrario, no pueden realizar su actividad.
Así, de alguna manera, se ha logrado en otras partes no tener la situación que se da acá, especialmente en el país más avanzado, que es Estados Unidos.
Pese a todo lo anterior, después de tanta discusión, no se alcanzó acuerdo en la Comisión Mixta.
Por eso, voy a votar negativamente, rogándoles a los colegas que van a seguir como Senadores que cuiden mucho su e-mail y su teléfono celular, porque, si no lo hacen, tendrán que sufrir las consecuencias.
Votaré en contra.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, esta es una materia que ha sido debatida extensamente en el Congreso. Tenemos que recordar que hace 11 años se envió el primer proyecto de ley; luego, fue enviado otro por la Presidenta Bachelet y finalmente hoy día estamos llegando a un punto casi final en la medida en que ha tomado acuerdos la Comisión Mixta.
Se trata de una iniciativa legal que, obviamente, ha generado polémica y controversia. Y considero que, a pesar de sus deficiencias -la más importante de todas es que no haya un registro previo-, es positiva. Sin embargo, no alcanzo a entender por qué no se llegó a acuerdo. Lamento enormemente que haya sido así, porque creo que es sustantivo en una ley de lobby la existencia de un registro previo, lo cual nos permitiría no solo mayor transparencia, sino conocer realmente quiénes se dedican a dicha actividad, con remuneración o sin ella. Con eso se lograría que ejerzan el lobby quienes están registrados, lo que es tremendamente importante. En cambio, el consignarlo de manera indirecta, como lo vamos a ver en unos instantes, no es igual.
Espero que ello podamos corregirlo a futuro, a fin de demostrar que no basta el registro pasivo. Aunque este es un paso, me hubiese gustado tener el registro previo, porque es fundamental reconocer de antemano quiénes se dedican a tal actividad, porque incluso las personas que actúan transparentemente no quieren reconocerse como lobbistas, como todos sabemos. Eso permite un claroscuro que no es lo deseable en una sociedad que debe avanzar en transparencia, sobre todo en el Congreso Nacional, que está siendo muy cuestionado en cuanto a credibilidad, la que, por desgracia, es muy baja.
Por esas mismas razones, voy a apoyar el proyecto, pues pienso que mediante su aprobación se da un paso positivo.
Dicho lo anterior, debo señalar que, aunque no estará el registro previo, vamos a crear una especie de sustituto a través del sujeto pasivo. O sea, cada vez que un parlamentario reciba en audiencia a alguien, habrá dos instancias: una, la persona que solicite la entrevista a un parlamentario, sea ella remunerada o no remunerada -a modo de ejemplo, un dirigente gremial que represente a un grupo de trabajadores-; y dos, aquel que acuda en nombre de una gran empresa. Esto significa que puede ser enormemente variada la gama.
Así, las personas que soliciten la audiencia van a tener que registrarse y el sujeto pasivo -el parlamentario que accede a conversar con dirigentes gremiales del Consejo Minero, por ejemplo, o con quien sea- tendrá que hacer una suerte de acta que consigne la fecha de la entrevista y el interés o preocupación perseguidos.
En realidad, hubiese preferido otra modalidad, como ya lo expresé, por cuanto será bastante engorroso el procedimiento, ya que se trata de 38 Senadores y 120 Diputados que sostienen muchas conversaciones durante el día, lo cual es parte de su labor, en las que reciben información o les dan a conocer la importancia de un proyecto. Porque es absurdo pretender que el parlamentario no converse. En lo particular, he tenido muchísimos diálogos con gente interesada en las energías renovables y que tienen grandes dificultades en el país, toda vez que, por no haberse eliminado ciertas barreras, les resulta difícil entrar al mercado, etcétera.
Por lo tanto, hacer un acta de cada una de estas reuniones y que después ello sea procesado en el Consejo para la Transparencia, dudo que pueda ser efectivo. Espero que el reglamento que se dicte sea sensato y regule la situación de manera que el mecanismo sea practicable, porque lo peor que nos puede pasar es tener una legislación que sea letra muerta. Creo que eso nos haría mal a todos.
Si queremos avanzar en transparencia y en probidad, tenemos que actualizar nuestras declaraciones de intereses y patrimonio y abordar paralelamente otras materias.
Sin embargo, en este caso específico, tengo serias dudas de que sea factible que el Consejo para la Transparencia vaya a manejar cierto volumen de información. Inclusive estimo dificultoso el que un parlamentario, después de cada una de estas reuniones, levante un acta para ser enviada a ese órgano o la ponga en su página web.
Con todo, aunque sea de esta manera "pasiva", prefiero la existencia de un registro, porque esa es la forma de hacerlo; es la manera en que va a quedar constancia de esas dos vías de lobby, respecto de lo cual no hubo acuerdo para un registro ex ante de los lobbistas remunerados o no remunerados que funcionan en Chile.
Así, hubiésemos terminado, entonces, con esta actividad de la cual hoy día sabemos de su existencia pero que no se reconoce legalmente. Y prefiero mil veces que lo puedan hacer las entidades que se reconocen a sí mismas, sean remuneradas o no.
Pese a mis aprensiones, voy a votar a favor, por creer que no solo se trata de avanzar en probidad. También tenemos que regular los conflictos de interés.
Sobre el particular, debo decir que hace poco salió una investigación de CIPER que no nos puede dejar orgullosos. Debemos tener cuidado con nuestras más altas autoridades y con lo que han sido o pueden ser mañana los conflictos de interés.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Rossi.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente, en verdad, pienso que es muy importante discutir hoy día esta materia, por cuanto durante muchos años, de alguna manera, se ha sembrado un manto de duda respecto de la actividad no solamente parlamentaria, sino más bien sobre la relación entre la política y el dinero. Porque efectivamente el ejercer influencia sobre un determinado interés es algo que no merece en sí mismo reparos éticos. Y, por cierto, uno podría cuestionar el fondo de un interés particular que alguien promueve, sea de manera remunerada o simplemente por el hecho de que se trata de un gestor de intereses particulares, según lo define el proyecto en debate.
El problema es que hoy día tenemos áreas grises, que no son pocas -más bien son la mayoría-, y no hay transparencia acerca de cómo se relacionan esos intereses particulares promovidos por ciertos grupos de interés en aquellos espacios donde se toman decisiones, como es el caso del Congreso Nacional, un municipio, un ministerio, La Moneda.
Y por eso es tan importante no solo avanzar en lo relativo a la regulación del ejercicio de influencias respecto de quienes toman decisiones, sino que también se requiere transparentar desde otro ámbito la relación entre la política y el dinero. Es fundamental la transparencia absoluta con relación al financiamiento de la política, los partidos y las candidaturas.
Muchos hemos planteado que, como las empresas no votan, no debiesen donar. Alguien podría preguntarse qué busca realmente una empresa que decide financiar una campaña. ¿Lo hace por altruismo, por bondad o porque busca una retribución de la persona que ayudó a financiar su campaña?
Por eso, regular el lobby es un aspecto clave en la transparencia que debe existir en la actividad pública para recuperar el prestigio de la política y la confianza de la ciudadanía. También es importante regular y mejorar, de manera estructural diría yo, la relación entre la política y el dinero, particularmente en lo relativo al financiamiento de las campañas.
Ahora, ¿cuál es el problema de este proyecto de ley que hemos discutido mucho? Al respecto hay algo que no logro comprender todavía, porque cuando uno impulsa una determinada medida o se opone a otra, como es el caso del Gobierno, en lo referente al registro previo a que hacía mención el Senador señor Frei, es porque hay un valor que se defiende. El Gobierno señala: "Aquí, a través de un registro de audiencia de cada sujeto pasivo, de cada institución sometida a esta regulación vamos a obtener posteriormente un registro de lobbista remunerado o de aquellos que se llaman `gestores de intereses particulares'". Entonces, uno pregunta: ¿Por qué, entonces, no agregar lo que existe en Estados Unidos y en la mayoría de los países del mundo, que es el registro previo del lobbista remunerado, en donde el sujeto pasivo -un parlamentario- pueda saber con quién se va a reunir y a quién representa el que pide una audiencia y qué interés persigue? ¿Por qué tiene que recaer la responsabilidad de construir el registro en el sujeto pasivo? ¿Qué pasa si este último no entrega la información que posteriormente compila y sistematiza el Consejo para la Transparencia?
Hicimos una modificación, porque originalmente entendíamos que la Segpres no era un organismo independiente y autónomo. En tal sentido, logramos ese cambio.
Entonces no entiendo qué pasa y lo que, de alguna manera, nos molesta a muchos que pensamos que este no es un buen proyecto.
¿Cuál es el interés de defender a los abogados o a los lobbistas remunerados? ¿Acaso ellos creen que estar en un registro público es una situación de menoscabo ético o moral? ¡Si justamente lo que pretendemos con esta legislación es introducir transparencia y eliminar áreas de opacidad, zonas grises en el ejercicio de la actividad pública!
Por eso, voy a votar a favor del proyecto, porque sin duda alguna es un avance. Pero me queda el sabor amargo de que podríamos haber cambiado algunos puntos. Y alguien tendrá que responder también, porque hubo dos parlamentarios, no precisamente de la Derecha, que no votaron a favor de la indicación que presentamos con los Senadores Bianchi, Frei y Sabag sobre el registro previo. Los cuatro fuimos minoría dentro de los diez integrantes de la Comisión Mixta, en circunstancias de que teníamos dos votos más que nos podrían haber permitido contar con un registro previo.
En mi opinión, hay muchas tareas que tenemos por delante y seguramente será la Presidenta Bachelet la que envíe una indicación para tener un verdadero proyecto que regule el lobby, que sea realmente eficaz y que de alguna manera le ponga el cascabel al gato y no proteja los intereses de los lobbistas, de los abogados que se pasean por los pasillos defendiendo intereses particulares. Porque, finalmente, la política es la preeminencia del interés general respecto del interés particular, y eso es lo que busca recordar esta iniciativa.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Carlos Larraín.
El señor LARRAÍN (don Carlos).-
Señor Presidente, estudié este proyecto en dos oportunidades. Admito que ha evolucionado para mejor, por así decirlo; pero me veo en la obligación de votar en contra, como lo hice en la primera ocasión.
A mi juicio, sus normas representan la cristalización de una ideología sumamente perniciosa, que es la de la transparencia total. Ignoro si ella viene del mundo anglosajón o de las universidades del Ivi League de los Estados Unidos. No sé exactamente la procedencia.
Estimo que este proyecto tiene una limitante grave: deja fuera del control que pueden ofrecer sus normas a los entes que funcionan sin fines de lucro. La definición del artículo 2° así lo establece, cuando se refiere al lobby como "aquella gestión o actividad remunerada, ejercida por personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras,¿", etcétera.
Luego, esta noción es reiterada en el número 5) del mismo artículo, cuando entrega la definición de "lobbista": "La persona natural o jurídica, chilena o extranjera, remunerada, que realiza lobby.".
Bueno, se hace el distingo señalado por un señor Senador que me antecedió entre el lobbista y el gestor de intereses particulares cuando no hay remuneración. Pero, como son muchos los entes muy eficaces en materia de influencias indebidas sobre los organismos decisorios que no perciben remuneración -o declaran no recibirla, porque este es el reino de los pillos y de los diablos-, quien quiera influir en un sentido, llamémoslo "crematístico", por usar una palabra pasada de moda, no va a declarar su carácter de ente o persona remunerada. Lo va a ejercer oblicuamente a la hora en que todos los animales son pardos, sin declaración previa. Y vamos a seguir con el mismo problema. En cambio, las personas honradas van a tener serios problemas para ejercer su asesoría.
Yo dejo de ser parlamentario dentro de poco y, al hablar como lo hago, es porque pienso más bien en los demás y no en mí. Los parlamentarios van a tener serias dificultades para desarrollar su labor. Las restricciones propuestas van a incluir a los jefes de gabinete, a los asesores legales declarados, según entiendo, circunstancia esta última que no cambia demasiado la situación. En definitiva, estas normas que quieren ser "depuradoras", irán dejando fuera del trabajo político a toda persona que provenga del mundo real.
Las ideas centrales del proyecto son la aplicación por extensión de la ideología de la transparencia, la que nos va a conducir a una situación en que las personas que trabajen en el plano político van a tener que salir del limbo, del cielo, de un organismo internacional o de una cápsula especial. Se reservará la actividad política a personas que no son de este mundo. Esas no existen. No hay seres que estén por encima del bien y del mal. De repente se dice lo contrario en las elegías a la hora del entierro, pero los hombres no estamos por encima del bien y del mal. Yo, por lo menos, me siento sumamente inmerso en el mal, y vivo bajo sospecha permanente. ¡El Senador señor Coloma asiente con convicción absoluta¿! ¡Y debe tener razón, porque como hemos trabajado juntos en política¿! ¡Pero, a la hora en que yo me ponga a hablar de algún colega podría terminar demandado por injurias¿!
Bromas aparte, considero que este proyecto no va a cumplir con el objeto previsto. Seguramente obedece a algún prurito del legado famoso del cual somos todos custodios y con certeza va a crear una infinidad de problemas para el trabajo político, que es hoy día más necesario que nunca por lo de la cercanía, por el voto voluntario, por esa necesidad manifiesta de allegar voluntades a la actividad política. Esta se va a ver gravemente dificultada; pero de este proceso compartido entre el Ejecutivo y el Parlamento seguramente algún ideólogo va a salir con el ego muy aumentado.
Por lo tanto, voto que no, tal como lo hice la primera vez.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, deseo concentrarme en las dos principales discusiones que se generaron en la Comisión Mixta. Lo haré primeramente respecto de la última de ellas, que dice relación con el registro.
Aquí ha habido un debate muy profundo sobre si el registro debe ser ex ante o ex post.
La verdad, señor Presidente, es que me parece correcta la opción que ha tomado la Comisión Mixta al establecer los dos sistemas. Es decir, un lobbista perfectamente puede registrarse, y el sujeto pasivo del lobby, antes de una reunión, ver en el registro con quién se reunirá. Pero también considero importante, por la evolución que ha tenido el proyecto, que sea ex post. Si recordamos bien, inicialmente el proyecto solo se refería al lobby profesional. Nada más que a eso. El texto que estamos discutiendo ahora ha variado de modo sustancial y no se refiere únicamente a aquel, sino, además, al gestor de intereses particulares, que cubre un espectro muy amplio.
Esa es la lógica que tiene establecer un mecanismo ex ante y otro ex post.
El mecanismo ex post no quiere decir que las personas no serán registradas, como se ha señalado en el curso del debate. Lo que ocurre es que quedarán inscritas automática y directamente como lobbistas.
En tal caso, el funcionario, el parlamentario, estará en libertad de recibir o no a esas personas. Esa será su primera decisión. Y si lo hace y ellas no figuran en el registro de lobbistas profesionales, quedarán automáticamente inscritas.
Eso me parece sano, tal como lo señalé antes, por la evolución que ha tenido el proyecto, el cual ahora se refiere no solo al lobbista profesional, sino también al gestor de intereses particulares. Y en tal sentido estimo correcto el enfoque que la Comisión Mixta le ha dado a la normativa.
El segundo tema también lo resolvió en forma acertada, en mi opinión, dicho órgano bicameral, por unanimidad. Inicialmente la iniciativa incluía, como sujetos pasivos de lobby, a los Secretarios de Comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado. Y establecía una muy mala fórmula respecto de los asesores de los parlamentarios, los cuales serían determinados por las Comisiones de Ética y Transparencia Parlamentaria.
En primer lugar, los Secretarios de Comisiones cumplen un papel de ministros de fe; no toman decisiones. Y el lobby debe enfocarse en quienes ejercen influencia respecto de la autoridad que va a tomar una decisión. En este caso, se trata de ministros de fe que tienen una función radicalmente distinta.
Sí me parece adecuada la propuesta de dejar como sujetos pasivos de lobby a los asesores de los parlamentarios. Se precisa en el texto que deben ser asesores legislativos, porque hay muchas personas que trabajan para los congresistas y que no necesariamente realizan dicha función. Con la definición anterior todos caían bajo ese concepto.
En segundo término, ya no serán las Comisiones de Ética y Transparencia Parlamentaria las que determinen tal condición, sino que será cada parlamentario el que anualmente informará quiénes son sus asesores de carácter legislativo.
Por lo tanto, me parece que la Comisión Mixta resolvió acertadamente las dos cuestiones principales que se plantearon, y por eso, señor Presidente, voy a votar favorablemente el informe emanado de dicho órgano.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, en la Comisión Mixta la discusión del proyecto de ley se centró, fundamentalmente, en la situación que señaló hace un rato el Senador Frei.
¿Qué ocurre? En esta Corporación lo vivimos a diario. Por ejemplo, hoy día me he reunido con representantes de Gendarmería y con gente que ha venido por distintos proyectos que están en tramitación.
Es lo que ocurre dentro del Senado, señor Presidente, como usted bien lo sabe y lo ha vivido. Y todos los presentes hemos tenido experiencias similares. Para qué recordar los días cuando discutimos el proyecto sobre la Ley de Pesca. Aquí no había lobbistas. ¡Había tiburones¿!
Y aquí ocurre algo curioso. Tienen cuatro patas, tienen cola, ladran, pero no son perros. Es decir, el lobby que hicieron los lobbistas permitió que no tuviéramos ex ante un registro de lobbistas profesionales, de gente que se dedica al lobby.
Esa fue la gran discusión que hubo. Y lo dije. Teniendo cola, teniendo cuatro patas, ladrando, no son perros. O sea, no querían aparecer en un registro. Y esto, como dijeron varios señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, nos va a crear una situación muy compleja que será difícil de enfrentar.
Pero en fin. Alguien quiere dejar legados; alguien quiere entregar imágenes de una transparencia que muchas veces va más allá de lo que se puede aplicar.
Votaremos a favor del proyecto de ley, sin duda alguna, porque no sé si hacerlo en contra tendría una mejor o una peor explicación. Sin embargo, este no es un buen proyecto de ley. Y todos lo sabemos. Será muy difícil poder aplicarlo.
Surge una pregunta tal vez muy obvia. ¿Qué va a ocurrir cuando alguien nos pare en los pasillos del Senado y nos diga: "Senador, quiero hablar con usted"? ¿Tendrá que entregarme antes su nombre y decirme a quién representa? Y si no me lo da, ¿en quién recaerá la responsabilidad? O bien si recibimos un llamado telefónico, porque se consiguen nuestro número y simplemente nos llaman. ¿De quién será la responsabilidad?
Nadie se niega a transparentar toda nuestra acción, señor Presidente. Ese no es el punto. Y lo queremos hacer porque es lo que la sociedad nos demanda. Nos parece bien que vayamos en el sentido de transparentar toda acción que pueda transparentarse. Pero resulta que estamos hablando de que el proyecto permitirá tener un registro de lobbistas cuando quienes se dedican a hacer lobby no quieren figurar en él y nunca fueron partidarios de contar con un padrón de quienes llevan a cabo dicha actividad. ¡Eso es lo absurdo!
Ahora, ¿cómo se corregiría, en parte, esa situación? En la medida en que uno recibiera en audiencia a ciertas personas, las tendría que ir registrando -nuevamente la responsabilidad recae en nosotros- y el listado entregarlo a las autoridades del Senado.
Sinceramente, estamos frente a un proyecto que, por desgracia, costará mucho aplicar, a pesar del deseo de transparentar toda nuestra acción.
¿Qué pasará con las organizaciones que siempre han estado hablando con nosotros por determinados temas: por los reajustes, en fin? Igual van a tener que inscribirse. En la medida en que vayan reuniéndose con nosotros, van a ir quedando en un registro que, por supuesto, será de conocimiento público.
Mi preocupación, señor Presidente, apunta a que ojalá este proyecto de ley -que no es un buen proyecto de ley- pueda ser llevado a la práctica, aplicado. Porque, así como están las cosas, tal como está presentado, al menos será de difícil aplicación.
Voy a votarlo favorablemente, porque peor es nada.
Sinceramente, si queríamos transparentar, pudimos haberlo hecho de una manera mucho mejor; fundamentalmente, entregando en el texto algo que era obvio: un registro de lobbistas ex ante, el cual hoy día no existe. Habrá uno ex post, y esta situación, por supuesto, no la comparto.
Voto a favor del informe.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, pienso que el proyecto, efectivamente, ha logrado alguna mejoría en la Comisión Mixta. Pero tiene mal origen; está mal planteado. Ya se ha dicho aquí.
Si queremos establecer un sistema de lobby, tiene que referirse al lobby activo. Como ocurre en Estados Unidos y otros países, debe haber un registro de lobbistas. De modo que cuando uno reciba a alguien, sepa que viene un lobbista a hablar sobre cierto interés.
Hoy, a raíz de la tramitación de dos proyectos de ley, nos visitó una asociación gremial, que nos había pedido audiencia, por lo que fue escuchada en Comisiones, luego de lo cual procedimos a votar las materias de su interés.
El texto que se somete a nuestra consideración, tal como se halla planteado, irá en desprestigio del Parlamento y de la política.
Si el día de mañana toca ver un proyecto sobre energía y a los Senadores A, B, C y D los visita un lobbista de las compañías que proveen energía eléctrica en el país, ¿qué va a ocurrir? Se producirá la votación y, a pesar de que esos colegas se pronuncien absolutamente convencidos de que están haciendo lo correcto y lo mejor para el interés de Chile, aparecerán aprobando un proyecto favorable a tales compañías.
¿Qué va a decirse cuando en nuestro sitio web se publique que el resultado fue de 25 votos contra 10? ¿Qué va a señalarse en relación con esos parlamentarios? Por supuesto, aparecerá la maledicencia y se afirmará que ellos fueron influidos, etcétera, etcétera.
Personalmente, creo que, si se estableciera un registro de lobbistas activos como el que existe en otras partes del mundo, uno podría recibirlos en las Comisiones y la tarea del lobbista consistiría en asistir a estos organismos a exponer sus legítimos puntos de vista. Porque, a mi juicio, es legítimo que alguien pretenda dar a conocer sus ideas, sus planteamientos al Parlamento para tratar de convencer de que lo que se plantea es lo más conveniente.
¿Qué sucederá con el sistema que se ha establecido? Si el día de mañana voy por la calle y me aborda una persona para hablarme sobre un asunto legislativo, tendré que registrarla y andar con una libretita para tal efecto. O, si me dirijo a un lugar como parte de mi labor parlamentaria y se me acerca alguien de mi Región a plantearme un tema que le interesa, deberé anotar en la libretita: "Me encontré con fulano a esta hora y me planteó tal y cual cosa".
Y lo que pasa aquí es eso: el proyecto está mal fundado. Si bien ha mejorado en algo, debiera haber partido por un registro del lobbistas activos. Por lo demás, aparte de que nos traerá desprestigio y todo el tiempo pondrá en duda nuestras conductas por acciones como las descritas, creo que muchas veces resulta más influyente el denominado "lobby indirecto".
¿Qué pasa respecto de los partidos políticos?
Seamos francos: nuestros partidos políticos tienen que hacerlo. Tienen comisiones técnicas donde se estudian los proyectos y donde se formulan planteamientos, las que muchas veces reciben a especialistas que van a defender determinadas tesis, contenidas en los informes que se nos entregan. Y eso es legítimo.
Yo voy a votar a favor nada más que para evitar que nos caiga encima la crítica de que hemos tratado de impedir que se apruebe el proyecto sobre lobby. Pero creo que este tendrá que ser revisado de manera fundamental, porque tenemos que llevar el tema del lobby a lo que debe ser.
Debe existir un registro del lobby activo, de modo que no seamos nosotros, los sujetos pasivos, los que después estemos en boca de todo el mundo en cuanto a si hemos sido o no torcidos en nuestras opiniones, por intereses personales o de otro tipo.
Por tal razón, señor Presidente, voy a votar favorablemente, aunque mi intención era abstenerme. No estoy convencido de que lo que estoy haciendo sea lo mejor. Creo que esta normativa puede resultar realmente dañina para el Parlamento. Y espero que en el próximo tiempo podamos corregir la ley para ir derechamente a un registro del lobby activo, a fin de saber quiénes son los lobbistas y qué remuneraciones reciben por cumplir sus funciones.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, quiero partir mi intervención señalando que voy a dejar constancia de mi reserva de constitucionalidad con respecto a este proyecto, la que plantearé, en conjunto con otros parlamentarios, al Tribunal Constitucional. En otro momento explicaré los motivos para ello.
Debo decir que no entiendo cómo puede considerarse buena una iniciativa que ataca y cuestiona lo público, que pone el peso de la prueba como que todos los funcionarios públicos fueran potenciales delincuentes, objeto de coimas o de distorsiones -porque eso es lo que hace este proyecto de ley-, y donde los privados que buscan influir quedan en el anonimato, de acuerdo a lo que ellos quieren.
No sé en qué ayuda a la transparencia. Si una junta de vecinos le pide a uno que se pavimente un camino, habrá que informarlo. Si un profesional de Salfa o de cualquier otra empresa que construye viviendas sociales me plantea que los procedimientos y normas que usan los burócratas instalados en Santiago son malos o impracticables y eso me hace sentido, seré yo el responsable de tener que anotar en una bitácora a todo el mundo con quien hable.
Me parece una vergüenza; me parece que es denostar la función pública en forma absoluta. Claro, lo que pasa es que la hipocresía está a la orden del día.
En ese sentido, le quiero hacer un reconocimiento al Senador Frei, quien no ha tenido un doble estándar en este tema. No quiero ofender a nadie con esta afirmación, pero él ha planteado su posición de frente, sin quedarse en el qué dirán. "¡Es que nos van a atacar! ¡Es que nos van a cuestionar!". Él lo ha dicho desde el principio, y con razón. Aquí se le está haciendo un daño tremendo a la cosa pública. Se está haciendo de lo público una culpa.
Sobre nosotros va a recaer el peso de la prueba de tener que anotar todo si alguien habla con nosotros. Se podría llegar al siguiente absurdo, y espero que nadie se ofenda con el ejemplo que voy a dar. Si algunos de los amigos de las bancas de enfrente que tienen actividades económicas me dicen: "¿Sabe? El paro de los sindicatos portuarios está dañando mi empresa porque no puede exportar fruta", y en verdad se debe hacer algo para resolver el problema, ¿eso es lobby o no? Depende de quién sea el agente que lo interprete.
Todos los países que buscan transparencia en estas materias tienen un registro público. Si alguien que fue Ministro, que antes influía desde centros de estudios, que venía a plantear su opinión y que mañana quizás vuelva a hacer lo mismo, aunque yo no quiera estar anotando que me llama o que converso con él, voy a estar obligado a hacerlo igual.
Los parlamentarios no solamente tenemos la función de legislar, sino también la de representar. Y aquí se está cercenando, a través de la hipocresía, una función pública.
Señor Presidente, me sorprende la liviandad con la cual se afirma que esto es un avance. ¡Quiero saber dónde está el avance! Yo leo el proyecto una y otra vez. Se toman algunas definiciones que no sé si sean tan innovadoras; pero, en el fondo, todo actor público, el Estado, queda cuestionado en todo momento. Se parte de la presunción de que todos somos culpables si hablamos con alguien.
¡Eso es lo que va a ocurrir!
Y yo, al igual que otro distinguido colega que me antecedió en el uso de la palabra, no estoy dispuesto, por el qué dirán, a dar mi voto favorable a un proyecto que sé que le hará mal a la república.
Quienes estamos acá hablamos con gente durante todo el día. Y yo apuesto, señor Presidente, que nadie va a anotar todas las conversaciones que sostenga. ¡Es imposible! Sin embargo, sabiendo que es imposible, votan a favor.
Creo que hay que decir las cosas como son. Este es un proyecto donde los lobbistas ganaron para que no haya una ley antilobby y pro transparencia.
Voto que no.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).-
Señor Presidente, seamos francos (creo que todos tratamos de serlo, cada uno desde su particular punto de vista): siempre habrá una buena razón para postergar la legislación sobre el lobby.
Ese es el punto de fondo.
No hay que demonizar ni mucho menos idealizar este proyecto, hoy en trámite de Comisión Mixta. Porque su texto está lleno de claroscuros, de luces y sombras. Pero entre legislar y no legislar, entre regular y no regular, yo soy partidario de legislar y de regular, a pesar de todas las deficiencias, insuficiencias, contradicciones y las múltiples críticas que uno podría hacerle, y me hago eco de casi todo lo que se ha dicho desde un punto de vista crítico acerca de sus carencias.
Resulta evidente que así es.
La gestión de intereses privados ante órganos públicos es un problema viejo, de muy difícil resolución. Es una sala oscura, una zona gris.
¿Y por qué hay que legislar y regular? Por una razón muy sencilla, porque hay dos formas de gestionar intereses privados ante órganos públicos: legítimamente o ilegítimamente.
¿Y qué hace la diferencia al respecto? La regulación, la legislación. ¿En aras de qué? De la transparencia y de la probidad tanto del sector público como del sector privado.
En ese sentido, esta iniciativa, con todas sus deficiencias -insisto, me hago eco y tengo las mismas preocupaciones y aprensiones que casi todos los colegas han señalado-, a mi juicio, hace una distinción razonable entre lo que es lobby como actividad remunerada -aunque hubiese preferido un registro ex ante y no solo ex post- y lo que se entiende por gestión de interés particular no remunerada.
Yo prefiero regular, transparentar, legislar respecto de tales materias a no hacerlo.
¿Cuál es la prueba de la dificultad que existe para que siempre haya "una buena razón" para postergar esta iniciativa? Que llevamos 11 años tratando de legislar sobre el particular. El 5 de noviembre del 2003, el Presidente Lagos presentó el primer proyecto; el 5 de noviembre del 2008 -cinco años después-, la Presidenta Michelle Bachelet envió un nuevo mensaje, y el 23 de mayo del 2012 -hace casi dos años-, el Presidente Piñera hizo lo suyo.
En definitiva, llevamos 11 años -y perdónenme la expresión- chuteando el problema.
Sin embargo, sumando y restando, el informe de la Comisión Mixta representa un avance, sin perjuicio de que me asiste la convicción de que más adelante habrá que regular de mejor forma lo que hoy estamos aprobando, a lo mejor, de manera imperfecta, parcial, tentativa, preliminar, pero necesaria e impostergable.
¿Qué deberemos efectuar a futuro? Dos cosas. Primero, garantizar un mayor equilibrio -que no lo veo en este proyecto- entre las obligaciones establecidas para las autoridades y funcionarios (sujetos pasivos) con relación a las de los lobbistas y gestores de intereses particulares (sujetos activos); y segundo, incorporar una adecuada regulación al registro de lobbistas, considerando la modalidad ex ante, que todavía no entiendo -bueno, creo poder comprenderlo, al igual que todos- por qué no se incluyó, pues implica una deficiencia.
Pero hay avances. Digámoslo claramente.
Los registros de agenda pública pasan a depender del Consejo para la Transparencia y no de la Secretaría General de la Presidencia. Eso es positivo, porque se trata de un organismo independiente, autónomo, etcétera.
Por esas razones -ya no dispongo de más tiempo-, junto con aceptar todas estas deficiencias, yo por lo menos votaré a favor del informe de la Comisión Mixta.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Corresponde intervenir al Senador señor Navarro, pero no se encuentra presente en la Sala.
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor PROKURICA.-
¿Y el Ministro?
El señor PIZARRO (Presidente).-
No puedo dar la palabra al señor Ministro durante la votación. Después podrá usar de ella.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, votaré en contra de este proyecto, porque es igual a un Mercedes Benz, pero sin motor. Tiene caja de cambios; volante; asientos, incluso de cuero. Fue construido de una manera habilidosa, artística -diría yo-, sin embargo, no va a caminar. Se subirá el chofer, dará contacto -puede ser como se usa ahora, a través de la llave-, pero no va a encender, porque no tiene motor.
No existe registro público de lobbistas propiamente tales.
¿Y dónde está lo grave?
Aquí se ha utilizado la palabra "demonizar" y yo creo que existe ese riesgo, pero de demonizar el sector público. Porque el conjunto de instrumentos que genera este proyecto representa obligaciones hacia el sector público. Por ejemplo, se crean varios registros, pero de actores pasivos.
Sin embargo, permítanme una consulta, estimados colegas, pues aquí no deberíamos estar hablando de los actores pasivos, sino de los activos, de quienes son los lobbistas propiamente tales.
La iniciativa en estudio no es para perseguir a los funcionarios públicos, sino para controlar a los lobbistas, a aquellos que desde el sector privado realizan lobby.
Dije que el proyecto está confeccionado de manera artística y bien hecho -aunque después no funcione-, porque hay artículos que aluden al "registro de lobbistas" que crea esta ley en proyecto. Y cualquiera que les dé lectura dirá: "Claro, en realidad se crearon registros públicos de lobbistas". Pero ellos son de servidores públicos, no de los privados, no de los representantes de las empresas, que son los que efectúan lobby.
Entonces, por cierto, se da la sensación de que no hace falta un registro más, pues habrá varios de ellos. Sin embargo, no existirá uno de lobbistas, sino de funcionarios públicos.
Por lo tanto, ruego a los colegas que han señalado que este es un mal proyecto para que no lo voten a favor, como señaló el Senador Frei, con bastante coraje, porque no va a funcionar.
Algunos Senadores ya han dicho que el problema estriba en los artículos de prensa que aparecerán mañana. ¿Y qué van a decir los diarios mañana? ¡Ah, rechazaron el proyecto del lobby! Mis estimados colegas, no pensemos en mañana, sino en lo que va a venir después, cuando esta iniciativa no funcione. ¿Y qué van a publicar entonces los medios de comunicación, aquellos que hoy están atentos porque votamos en contra? ¡Los parlamentarios una vez más votaron un proyecto inútil! ¡Cómo no se dieron cuenta de que estaban apoyando una legislación ineficaz, inaplicable!
¡Pero si es obvio!
Si uno va a una automotora y saca la tarjeta de crédito -como estamos tan modernizados, no ganará la libreta de cheques, porque ya no se usa- para comprar un Mercedes Benz, la precaución elemental que debiese tomar es que tenga motor.
Sin embargo, este "Mercedes Benz" no posee motor, es decir, no tiene registro público de lobbistas, ¡de los que hacen lobby; no de los actores pasivos, no del servidor público, no del funcionario!, porque él siempre está colgando de un hilo; siempre, por anga o por manga, le va a caer la teja.
El parlamentario también estará ahí siempre: en la picota, frente al juicio de la opinión pública. Y me parece correcto que se encuentre bajo la atención de ella. Se trata de un servidor público, que se presentó a una elección, por lo que debe responder.
Pero, por favor, aquí no nos estamos refiriendo a la función de los parlamentarios, sino intentando regular la gestión que realizan los que van al sector público, al Parlamento; los que recorren las oficinas, no solo del Congreso Nacional, sino las de los consejos regionales, de los municipios, de los servicios públicos, que tienen tiempo, relaciones, redes y dinero para intervenir, interferir y distorsionar, en función de intereses particulares, las decisiones económicas que debe tomar el sector público.
Esas personas, en este proyecto, no son objeto de ningún registro, pueden seguir actuando en la completa impunidad, ya que permanecen entera y totalmente invisibles.
¿Quiénes van a seguir siendo colgados día a día? Los funcionarios públicos.
¡Bonita ley de lobby es la que pretendemos, en que a la opinión pública le ofrecemos un vehículo interesante, atractivo, pero que no tiene motor!
Yo preferiría, en ese caso, no comprar. Por lo menos yo no lo voy a hacer.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, habríamos preferido un debate más extenso. Pero el Gobierno está apresurado, quiere más estadísticas para el Presidente Piñera. Porque, al final -y está bien-, desea salir de su mandato con un gran número de proyectos aprobados, entre los cuales se encuentra la resolución del que establece normas sobre el lobby.
Fui el primero en presentar, hace 11 años, una iniciativa de ley sobre el lobby. Estuve en Washington; conversé con los lobbistas, con los Senadores republicanos y demócratas. En definitiva, hicimos el debate. Nosotros proponíamos una Oficina de Registro de Lobbistas dependiente de la Contraloría General de la República. Elaboramos un diseño. Y a la primera sesión en la Cámara Baja para ver ese proyecto, más otro de los Diputados Burgos y Tohá, se cambia el criterio y se señala que debe ser el Ministerio de Justicia el que administre todo lo que tenga que ver con el registro de lobbistas.
¿Y quiénes propiciaban eso? ¡Los lobbistas! Y en Chile existen connotados lobbistas.
El debate es bueno, señor Presidente.
Cabe recordar que la única Administración de Estado que tiene regulado el lobby es Estados Unidos. No existe en Europa, no hay ni una sola legislación en América Latina: no existe ley de lobby. Solo la tiene Estados Unidos, donde hay industrias que mueven miles de millones de dólares y cientos de miles de lobbistas. Así están las estadísticas: movilizan miles de millones de dólares y decenas de miles de lobbistas. Porque los intereses son grandes en la democracia más grande, o en el país militarmente más poderoso del mundo.
Entonces, cuando iniciamos ese proyecto de ley queríamos que hubiera transparencia para mejorar la política, a fin de que la gente volviera a creer en ella, y que los intereses corporativos o los conflictos de intereses, que existen, estuvieran desnudos, fueran claros.
El lobby seguirá existiendo. Lo único que pretendemos es que sea transparente.
¿Es legítimo el lobby? Por cierto que sí.
Tiene una empresa, una corporación, un sindicato. A ese sector le asiste el legítimo derecho de informar a los legisladores, de convencerlos hacia sus posiciones.
Por ejemplo, en el proyecto Octopus, en la Región del Biobío, se hizo lobby. Me he reunido dos veces con todos los actores. Tienen derecho a realizarlo.
¿Los pescadores artesanales, la junta de vecinos pueden juntarse? Sí, señor Presidente.
Nosotros, cada vez que nos reunimos lo hacemos de manera pública e informada.
Pero el proyecto que hoy día nos proponen es más bien un prototipo que no va a cumplir su tarea. O sea, obligarnos a los sujetos pasivos de lobby a que declaremos y que no exista un registro de lobbistas es engañarnos a nosotros mismos, es mentirnos en el Solitario.
Yo quiero un registro de los lobbistas, señor Presidente. Porque el mecanismo de que cada servidor público que sea objeto de una reunión deba declararla no garantizará nada. Por el contrario, nos va a llenar de denuncias, puesto que ello queda al arbitrio de cada cual.
Lo más formal es que exista un conjunto de lobbistas. Ellos son los autorizados a hacer lobby en el Congreso Nacional y también en el Ejecutivo. ¿O me van a decir también que los lobbistas no van a la Moneda, a los Ministerios, a los gobiernos regionales? Concurren a los servicios públicos, a todos los lugares de la Administración Pública, a los municipios, en fin.
Entonces, uno quisiera que los que realizan tal actividad se inscribieran en el registro de lobbistas, y la ciudadanía supiera quién es el lobbista y quién es el sujeto del lobby, sea parlamentario, alcalde, concejal, funcionario público o Presidente de la República.
Ese es el mecanismo óptimo para tener transparencia sobre los contenidos, la oportunidad, el objetivo y el sujeto del lobby. El resto solo se halla destinado a crear controversia, a dañar lo que tenemos hoy día, que es una administración en donde no hay ley de lobby, pero en que opera -comillas- la conciencia de aceptar o no la reunión y de declarar o no aquello.
Todos hemos sido objeto de lobby de manera permanente. Y este hecho no constituye delito.
Hicimos el esfuerzo para establecer una ley de lobby con registro de lobbistas, tal como la tiene Estados Unidos. O sea, esta democracia del sur del continente innova, y toda la experiencia norteamericana desde los años 50 hasta la fecha se echa al tacho de la basura: "Están equivocados los yanquis". Allá hay registro de lobbistas, pero en Chile no. Aquí somos mejores.
No, señor Presidente. Acá queremos aparentar que habrá una ley de lobby, pero ello no va a suceder, no habrá transparencia para esta actividad.
¡Ojalá tengamos pronto una ley de lobby de verdad!
Voto que no, señor Presidente.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.-
Señor Presidente, la verdad es que durante esta sesión he cambiado mi voto exactamente cuatro veces.
Yo sé que en las tribunas se hallan varios amigos de la fundación Ciudadano Inteligente y otras ONG, que por cierto también hacen lobby. No sé bien cuál es la categoría exacta; me parece que la describió el Senador Letelier.
Ahora, creo que es bueno, para quienes nos están escuchando, partir con una definición de lobby.
El lobby consiste en efectuar gestiones de representación de intereses ante autoridades públicas en forma directa y privada. Y tiene un objetivo: conseguir que los intereses de quienes realizan esta actividad sean representados adecuadamente en las decisiones que la autoridad tome finalmente.
Nadie podría decir que el lobby sea ilegítimo o ilícito.
Algunos países cuentan con leyes que regulan el lobby: Estados Unidos, a nivel federal y en 49 de los 50 estados; Canadá, y Perú (lo señalo por las afirmaciones que se han hecho en esta Sala); mientras otros poseen distintas normas que rigen el comportamiento de los funcionarios públicos, como Inglaterra, o establecen procedimientos básicos de inscripción de organizaciones, como el Parlamento Europeo.
Acá, lo primero que uno debe entender es que el lobby es una actividad profesional y que está sujeta a ciertos estándares; ergo, el lobby es una actividad legítima y se traduce en un mercado necesario de regular.
¿Cuál es el principal problema del lobby en nuestro país? Según algunos actores y el propio Gobierno, existe la percepción de que es una actividad mala. Entonces, entrar a regularla representa un problema.
En esa línea, se consagra la idea de crear un registro de lobbistas ex post. Y pasamos de un proyecto de ley que regula esta actividad a uno de transparencia, y no a una iniciativa sobre el lobby.
Señor Presidente, creo que erramos en el camino, y lo que pretendemos con la ley en proyecto -lo describió gráficamente el Senador Escalona- no se conseguirá.
Muchos de nosotros -por no decir todos- a diario nos enfrentamos a las conversaciones y reuniones con actores que defienden sus intereses.
Lo vimos en bullados y connotados proyectos de ley, como el de pesca.
En esa oportunidad yo me reuní con la industria. Y lo señalé rápidamente en la prensa, en la radio; di los nombres de los personajes con los que sostuve conversaciones. ¿Por qué? Porque como no existe un registro y nos reunimos a cada rato con tales actores, no hay información adecuada y uno se ve expuesto, de acuerdo a cómo vota en definitiva, a la acusación de comportamientos no éticos o inadecuados.
Ahora, señor Presidente, creo que lo más importante -he leído varias minutas sobre esta materia; no me ha tocado asistir a la Comisión- lo estamos obviando.
Por eso mi duda al marcar mi voto.
En un principio marqué que sí; luego abstención; posteriormente, que no, y después de escuchar algunas intervenciones de Sus Señorías en este minuto estoy absteniéndome.
Todavía puedo cambiar de opinión, como me señala un Honorable colega. Porque lo medular de esta discusión no se recoge en la normativa que nos ocupa.
Fue el punto que le hicimos ver en todas las formas al Gobierno: la creación ex ante de un registro de lobbistas.
Si sabemos que hay lobby; si conocemos a sus actores; si sabemos que cada una de las materias que se debaten en este Parlamento, sobre todo las que involucran intereses económicos, van a significar consecuencias a favor o en contra de los distintos mercados, ¿por qué no podemos tener claridad acerca de quiénes son los que se dedican a defender intereses en forma legítima? ¡Por qué!
Si se argumenta que el lobby es legítimo; si se aduce que es relevante avanzar en la legislación en proyecto, ¿por qué se obvia lo más significativo?
¿Acaso no nos atrevemos a enfrentar la discusión de fondo, que tiene que ver con otra materia, que no se aborda: la política y su financiamiento?
¡Esa es la pregunta que no nos atrevemos a responder!
Por eso, señor Presidente, sigo y seguiré atenta al relato, escuchando a mis colegas, para ver cómo voto.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, fue bien impresionante escuchar el relato que hizo el colega Ignacio Walker cuando señaló las fechas de los diferentes proyectos que para regular la materia en debate se han presentado en el Congreso Nacional: 2003, 2008, 2012.
¡Mediante tres iniciativas de ley, llevamos once años discutiendo sobre el lobby!
Para hacer corta la historia, debo indicar que, en mi concepto, el interés por regular el lobby es para hacerlo transparente y darle un marco en el cual se puedan desenvolver "legítimas opiniones, o tal vez, presiones o visiones respecto a determinada materia que ha de ser resuelta por funcionarios públicos".
Primera definición: se dice que el lobby es legítimo y se permitirá. Porque estamos regulándolo, no prohibiéndolo.
Se expresa, pues, que el lobby está permitido: eso entiendo como consenso en el debate.
Y se indica que lo regulan de una forma u otra Estados Unidos, países de Europa, etcétera.
Dos: además de permitir el lobby, vamos a regularlo.
Entonces, surge la pregunta -y hago corta la historia para quienes se interesan por lo que realizamos acá y ven la transmisión televisiva de nuestras sesiones-: si el lobby está permitido y es legítimo, ¿cuál es el meollo, qué está produciendo la diferencia? O sea, si sostenemos que esa actividad es legítima y que hay que posibilitarla y regularla, ¿por qué el principal sujeto, el sujeto activo, no queda reglado en la forma debida, en un registro donde se diga: "Yo soy lobbista y realizo en mi vida profesional una función a fin de expresar puntos de vista de gente que me contrata. ¿Para qué? Para influir"?
Como lo malo per se no es la influencia sino la forma en que ella se ejerce, hay que hacerla transparente.
Me acabo de reunir con cinco dirigentes gremiales que hablaron en representación de personas que laboran en el dique flotante de Valparaíso, esa especie de barco azul que se ve en el mar. Dichos personeros vinieron a pedir apoyo para trabajadores eventuales del astillero SOCIBER porque, como el dique se va a mover a Talcahuano debido a la ampliación del puerto, van a perder su pega, pues no se hallan contratados: quieren influir en una decisión para que el Estado, o la empresa portuaria, o la empresa privada mitiguen los efectos del problema que se va a registrar.
Para mí, eso es legítimo, tal como lo sería, por ejemplo, que un gremio de agricultores contratara a una empresa para que hiciera un estudio en que se demostrara la necesidad de ponerle derechos compensatorios a la harina de trigo importada desde Argentina.
En consecuencia, uno quiere que, siendo legítima la actividad de lobby, quienes se dedican a ella estén registrados.
Lo anterior, debido a que cualquiera que esté viendo esta sesión podría preguntarse por qué solo debe ser el Senador Lagos el que asuma la responsabilidad de decir que habrá de definir quiénes son lobbistas a partir de su obligación de señalar "Me reuní con fulano o con la empresa tal, que me vino a plantear esta preocupación".
Y no hablo de intereses. ¡Si las personas que nos ven a diario en los pasillos y nos piden audiencia no son corruptas ni chuecas y no plantean cuestiones oscuras! Actúan de la manera como quieren que se hagan las cosas en Chile. Y a los parlamentarios nos eligen para que definamos cómo se hacen las cosas en nuestro país.
En consecuencia, me asiste pleno derecho para proceder en tal sentido. Y quienes me eligieron tienen pleno derecho para venir a decirme: "Senador Lagos, le solicito que haga esto, esto y esto otro". Y yo no opongo problemas para informarlos.
Sí, pienso que carece de explicación que quienes hacen del lobby una profesión no queden registrados previamente como sucede en países razonables.
Por lo tanto, cuando el Senador Ignacio Walker expresa que nos demoramos once años para llegar a esta definición, debo inferir que hay gente que no desea que aquello se haga público.
Hago un pie de página, señor Presidente.
Quiero saber si este proyecto de ley regula o no la situación en que un ministro llama a un parlamentario para que le apruebe determinado proyecto.
Me gustaría que eso fuera público.
Durante una acusación constitucional reciente, se sostuvo que un Diputado modificó el voto a cambio de algo. Y después dijo que era por becas.
Me gustaría que todo eso lo supiéramos.
¿Y cómo ha sido con los ministros de la Corte Suprema?
¿Cómo se administra el nombramiento de los miembros del Consejo Nacional de Televisión?
¿Hay llamadas particulares, privadas, reservadas? ¿Tienen que hacerse públicas?
Cuando recibimos un llamado del Ministro de Hacienda o del Ministro Larroulet para pedirnos que aprobemos un proyecto de ley o el nombramiento de un consejero del Banco Central, ¿es obligación de cada uno de nosotros hacerlo público?
Más importante: ¿tiene la autoridad obligación de hacer público que llamó al Senador Lagos Weber para pedirle el voto para tales efectos?
No sé si la ley en proyecto lo regula. Pero -perdónenme- no solo se trata de una cuestión de intereses públicos y privados: elegir a un ministro de la Corte Suprema, o a un miembro del Consejo Nacional de Televisión, o a un consejero del Banco Central que va a definir qué pasa con la inflación en Chile es igual de relevante.
Voto en contra, señor Presidente.
El señor WALKER (don Ignacio).-
¿Me permite plantear una cuestión de Reglamento, señor Presidente?
El señor PIZARRO (Presidente).-
No puedo darle la palabra, señor Senador, pues estamos en votación. Debe esperar que concluya.
Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente, estamos frente a un proyecto de ley que ha sido objeto de una tramitación muy larga y que presenta una disyuntiva difícil al momento de decidir.
Durante muchos años se ha debatido esta iniciativa, que aborda una materia que importa sobremanera regular.
Cuando llegamos a este instante, luego de que una Comisión Mixta resolvió en votación dividida las divergencias surgidas, cada Senador se encuentra ante la alternativa de determinar si aprueba o no el informe recaído en el proyecto que avanza en la regulación del lobby pero que, a mi juicio, no regla un aspecto fundamental, que ha sido señalado por varios Senadores: la existencia de un registro previo, obligatorio para todos los lobbistas, perciban o no remuneración.
Eso me parece clave, señor Presidente. Y, lamentablemente, no se logró en la Comisión Mixta.
Frente a la situación descrita, he pensado, he reflexionado. En la bancada, en muchas ocasiones escuchamos al Senador Frei exponer con bastante fuerza sus argumentos.
En lo personal, he llegado a la conclusión de que más vale tener algo que no tener nada. Y quisiera que nuestra futura Presidenta, Michelle Bachelet, quien entiende muy bien lo que es el lobby, mandara, ojalá entre sus primeros proyectos, uno destinado a corregir la situación expuesta. Porque necesitamos con urgencia una ley de lobby completa, que establezca el registro previo de todos los lobbistas.
La iniciativa que nos ocupa esta tarde constituye un avance en la materia. Por eso, voy a votar favorablemente.
Sin embargo, al mismo tiempo, quiero dejar claro que la ley en proyecto está incompleta en un aspecto fundamental.
Espero, pues, que la futura Presidenta y los parlamentarios que seguirán en el Congreso Nacional tengan en consideración el vacío de que adolece este articulado para poder llenarlo mediante una iniciativa que ojalá se envíe en un corto plazo, una vez que asuma el nuevo Gobierno.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente, yo no voy a usar la metáfora del Mercedes, pero sí la de la casa.
Uno pretende sacar una ley transparente y que le permita a la opinión pública saber qué relación existe entre quienes hacen lobby y las autoridades con capacidad para resolver cuestiones económicamente favorables.
Porque de eso estamos hablando.
Uno puede decir: "Porque no se incluyó el registro de lobbistas profesionales, voy a quemar la casa".
Yo tengo la impresión de que no es necesario quemar la casa. Porque en esta iniciativa se establece quiénes son lobbistas y quiénes sujetos de lobby. Y hay una buena precisión sobre ello. Además, todo el mundo estará obligado a informar.
La ley en proyecto tiene muchos ripios, probablemente. Por ejemplo, en cuanto a qué pasa cuando un parlamentario se encuentra con alguien en la calle. Habrá diferencias y problemas que deberán subsanarse.
Empero, lo razonable es que exista un mecanismo mediante el cual la opinión pública sepa, por ejemplo, que vino el Presidente de la Asociación de Bancos para hablar con determinado parlamentario porque no le parecía adecuado bajar la tasa máxima convencional; o el dueño de una empresa pesquera porque quería que votaran en contra de un proyecto modificatorio de la Ley de Pesca, etcétera.
Eso se halla asegurado en esta iniciativa.
Yo fui de quienes la vez anterior defendieron la existencia del registro de lobbistas profesionales, por ser, además, la forma más fácil de proteger al funcionario público.
Porque uno tiene la posibilidad de decir claramente: "Me reuní con tal lobbista".
En el proyecto se señala que lobbista es aquel que realiza una gestión o actividad remunerada. Pero hay lobbistas que probablemente no ejercen actividad remunerada pero efectúan lobby respecto de los interesados en hacer el negocio.
En fin, hay muchos problemas. Pero, sin duda, este proyecto constituye un avance.
Ahora, en mi opinión, algo no está claro. Y creo que el Parlamento sí debe resolverlo. Porque el lobby no consiste simplemente en que alguien vino a hablar conmigo para que votara de determinada manera: asimismo, tiene que ver con la recompensa que logra la autoridad por actuar en favor de quien realizó el lobby.
¡Eso es complejo!
Señor Presidente, aquí no se ha tramitado ni discutido un proyecto de ley que presentamos con el Senador Navarro a propósito de la transparencia de los recursos que se les entregan a los parlamentarios y a los partidos políticos.
Ahí existe una clara forma de establecer criterios en orden a si se reciben o no dádivas como consecuencia del lobby hecho por quienes tienen recursos para llevarlo a cabo.
Porque también hay lobby de sindicatos.
Me acabo de reunir -se refirió a una situación similar el Senador Lagos- con los dirigentes de Gendarmería, quienes están preocupados porque el Ministro Larroulet se comprometió a presentar¿
El señor NAVARRO.-
Y no lo ha hecho.
El señor GÓMEZ.-
¿ un proyecto de ley que permita disponer criterios en materia de seguridad de los gendarmes en su trabajo, o sea, del riesgo profesional. Se supone que lo va a enviar. Le hicieron lobby al Ministro; me hicieron lobby a mí. Y si eso hay que publicarlo, me parece bien.
Sin embargo, lo más relevante es la publicación de las cuentas electorales: cuánta plata reciben los partidos políticos y quién se la entrega.
¡Ahí sí que estamos hablando en serio! ¡Ahí sí que estamos diciendo claramente dónde se hallan los recursos y adónde van!
La entrega de fondos es legítima; la ley lo permite. No obstante, en mi opinión, la fórmula es muy simple: si alguien quiere poner recursos en una cuenta electoral, que el SERVEL le diga al parlamentario o al partido "El señor equis, dueño de tal empresa, le depositó cien millones de pesos" y que el destinatario tenga un plazo para aceptar o rechazar. De esta manera la ciudadanía sabrá si recibimos o no plata de privados; y después verá cómo se vota o de qué manera se resuelven los problemas.
Ahí ya estamos hablando de una unidad completa con respecto a la transparencia, que es lo que el país espera.
Señor Presidente, teniendo diferencias con la ley en proyecto, sin ninguna duda votaré a favor, porque permitirá transparencia inicial. Y si en el próximo Gobierno la Presidenta Bachelet decide introducir cambios, en el Parlamento venidero debiera haber mayorías suficientes para llevar adelante los que se quieran.
Por lo tanto, en mi concepto, hay que votar a favor.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, yo no esperaba hablar con motivo de esta iniciativa, pues tengo un problema de voz. Empero, después de oír algunas intervenciones, debí leer de nuevo el proyecto para ver si había entendido mal o si en torno a él había una cantidad de inexactitudes francamente sorprendentes.
Para bien o para mal, debo quedarme con la segunda tesis.
Leo el articulado, y veo que muchas de las cosas que se han mencionado aquí no existen o son completamente inexactas.
¿Qué busca este proyecto de ley, que no es la panacea ni algo maravilloso? Transparentar las gestiones o actividades remuneradas que ejercen personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, para promover, defender o representar un interés particular influyendo en las decisiones que deban adoptar determinadas autoridades.
O sea, ante la pregunta de algunos parlamentarios en orden a si son todos lobbistas o si un ministro puede serlo respecto de un miembro del Congreso, la respuesta es no. Está definido lo que es ser lobbista.
Entonces, no digamos que esto da para cualquier cosa. Si fuera así, todos quedaríamos muy confundidos.
Se sostiene que si alguien recibe un llamado telefónico o un mail está obligado, cualquiera que sea la circunstancia, a publicarlo.
¡Eso es completamente inexacto!
Las actividades reguladas son aquellas destinadas a obtener decisiones: elaboración, dictación, modificación, derogación o rechazo de un acto administrativo, de una ley o de un contrato; diseño, implementación y evaluación de políticas públicas; o bien, actividades conducentes a evitar que se adopten decisiones.
Eso, señor Presidente, no gustándome especialmente, se encuentra superclaro.
Entonces, ¿por qué se dice aquí, en el Parlamento, que cualquier cosa puede interpretarse el día de mañana como lobby?
No es así: está definido exactamente.
Y una tercera línea de argumentación plantea que se impedirá la representatividad propia de los parlamentarios. Incluso, un Senador que me antecedió en el uso de la palabra manifestó que las acciones de representación deberían quedar amparadas en este mismo concepto.
Tras leer el texto, observé que en él hay normas que permiten cautelar la representatividad propia del Congreso Nacional al no vincularla con la acción del lobby.
Expresamente se dice que no se hallan regulados por la ley en proyecto "Los planteamientos o las peticiones realizados con ocasión de una reunión, actividad o asamblea de carácter público y aquéllos que tengan estricta relación con el trabajo en terreno propio de las tareas de representación".
Tampoco lo están "Toda declaración, actuación o comunicación hecha por los sujetos pasivos" -para estos efectos, los parlamentarios- "en el ejercicio de sus funciones"; ni "Toda petición, verbal o escrita, realizada para conocer el estado de tramitación de un determinado procedimiento administrativo"; ni "La información entregada a una autoridad pública, que la haya solicitado expresamente"; ni "Las presentaciones hechas formalmente en un procedimiento administrativo (...) siempre que no se solicite la adopción, modificación o derogación de normas legales o reglamentarias".
Por tanto, yo al menos no veo el fantasma del manipulador de arriba, con el que siempre hay que tener cuidado, que está digitando las acciones personales de todo tipo que realiza un parlamentario o un ministro.
Entonces, señor Presidente, tengo la impresión de que aquí, para hacerle una zancadilla a cualquier proyecto que busque transparentar una acción modificatoria de ley o de acto administrativo, hay una cantidad de argumentos francamente sorprendente. Porque si uno junta en una licuadora todos los argumentos, solo queda claro que nada puede resultar.
Ahora bien, insistiendo en que no soy un partidario especial del proyecto en sí mismo, le reconozco algo a la autoridad.
Yo, que suelo ser duro con el Ministro Larroulet, quiero exculparlo al menos de las responsabilidades que se procura endosarle. Porque, si fuera él y oyera los comentarios formulados, que abarcan el arcoíris total de la diferencia, consideraría imposible sacar una ley de lobby. Y lo concreto es...
¿Me da un minuto más, señor Presidente, que se me va a acabar el tiempo?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Puede continuar, Su Señoría.
El señor COLOMA.-
Con dificultades, con trastabillones, con rasguños, lo cierto es que estamos despachando un cuerpo legal que creo que muchos no querían que saliera.
Y más allá de requerirse, obviamente, un proceso de aprendizaje -entiendo que siempre tenemos que actuar de buena fe y buscar que una institución funcione-, estimo que aquí hay un conjunto de disposiciones razonables.
Ahora, siempre pueden registrarse excesos. Juzgo que la Ley de Transparencia, respecto de la cual tuve muchas más dudas, terminó en eso. Le pregunté sobre el particular a un Ministro y considero erróneo que 25 funcionarios pagados por el Estado se destinen solo a contestar preguntas basadas en esa normativa, algunas de las cuales no tienen nada que ver con la transparencia, sino que ayudan para efectos distintos.
Espero que ello no ocurra con la iniciativa de que se trata. Después de una reflexión profunda, concluyo que al final se orienta en un buen sentido.
Voto a favor.
El señor PIZARRO (Presidente).-
¿El Honorable señor Zaldívar quería hacer alguna aclaración? No puedo darle la palabra, pero...
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Mantendré mi voto, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Puede intervenir el Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, opino que es importante informar, también, cuándo la ley va a empezar a regir. Según lo que dice, será tres meses después de publicado el reglamento.
Hay algunas otras cuyo reglamento todavía no se ha publicado¿
Deseo recordar que cuando votamos la idea de legislar manifesté una aprensión para el efecto de que directores, gerentes y altos funcionarios de empresas públicas tuvieran que ser incluidos como sujetos pasivos. Y ello no se verificó. La excepción tiene lugar en el ámbito en que se realiza la mayor cantidad de negocios -estoy pensando en ENAMI, en ENAP, en CODELCO- y la estimo muy grave.
Cabe traer a colación cuánto perdió Chile con ocasión de la venta de futuros en CODELCO. Algunos afirman que se dejaron de percibir 4 mil millones de dólares y otros llegan hasta 7 mil millones. Me pregunto cuántas reformas tributarias, por ejemplo, involucra la pérdida. Podríamos haber solucionado tantos problemas de no haber mediado ese mal negocio.
Creo que se comete ahora un tremendo error. Espero que la ley en proyecto tenga otra que la complemente. Resulta impresentable que los funcionarios de empresas del Estado no queden como sujetos pasivos de lobby.
Me gustaría que el señor Ministro pudiera explicar la situación. Se lo consulté hace pocos minutos.
A mi juicio, ello no va por el camino correcto. Cabe considerar el poder económico que recae en quienes resuelven licitaciones, por ejemplo. Y el lobby que se hace para ganar esos contratos no se contempla.
No he resuelto acerca de la votación, señor Presidente, pero me gustaría que mediara un compromiso del Ejecutivo en orden a que se incluirá a las empresas del Estado -y sobre todo las grandes- en las que este tenga una participación importante de un 50 por ciento o más.
Es complicado formular ahora la consulta, pero me gustaría tener una respuesta al respecto del señor Ministro.
El señor PIZARRO (Presidente).-
No puedo darle la palabra a este último, Su Señoría. Ello solo procedería en el caso de una rectificación, no de una aclaración.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
¿No es posible una excepción en este caso?
Podría tratarse de una rectificación.
El señor PIZARRO (Presidente).- No puedo.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta por 24 votos contra 6, 3 abstenciones y un pareo, dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Quintana, Rossi, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Escalona, Frei (don Eduardo), Lagos, Larraín (don Carlos), Letelier y Navarro.
Se abstuvieron la señora Rincón y los señores Prokurica y Tuma.
No votó, por estar pareado, el señor Ruiz-Esquide.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Ministro señor Larroulet.
El señor LARROULET (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Señor Presidente, después de once años, como han dicho algunos señores Senadores, de discutir sobre iniciativas reguladoras del lobby, nos encontramos hoy día en un momento que no puede dejar de ser considerado muy significativo, sin duda, en la historia de esta Corporación.
Ahora, si uno escucha el debate, se explica por qué ha tomado ese tiempo legislar sobre la materia.
Los proyectos anteriores precisamente acentuaban lo que algunos de Sus Señorías han expresado para criticar la normativa: ponían el énfasis en la regulación de quien se defina lobbista de acuerdo con la ley. La impresión del Ejecutivo es que la causa principal de la falta de legislación radica en ese punto.
En el mundo existen dos grandes modelos de regulación del lobby: el estadounidense, que acentúa en los lobbistas activos, y el inglés, que desde sus orígenes ha profundizado más en la necesidad de transparencia de quienes son sujetos de lobby y, a través de ese mecanismo, de informar y contar con un registro de lobbistas.
Producto de ese diagnóstico, ante la necesidad de contar con un ordenamiento en la materia, el Ejecutivo propuso la alternativa de legislación aprobada hoy día aquí, en la Sala.
¿Cuál es la gran gracia de la normativa? Lo han manifestado aquí varios señores Senadores. La ventaja es que se centra en la transparencia de todos los servidores públicos en el Poder Ejecutivo, tanto central como descentralizado. O sea, quedan comprendidos los consejeros regionales, los concejales.
El ámbito se extiende también al Congreso Nacional.
Y aquí hago un paréntesis para aclarar algo que se ha dicho incorrectamente en el Hemiciclo. La iniciativa no incluye las actividades de representatividad. El proyecto comprende todas las actuaciones de lobby, remunerado y no remunerado, que le hacen a un parlamentario para influir en la formación de la ley.
Por lo tanto, ha sido una equivocación cuando algunos señores Senadores han aseverado que la normativa obliga incluso a regular, por ejemplo, los correos electrónicos. De hecho, en el Senado se encuentra desde hace más de dos años una iniciativa sobre transparencia que sí lo hace. Desgraciadamente, no hemos podido avanzar en ella.
Repito que el texto pone el énfasis en la transparencia. Y, por eso, estamos convencidos de que será una contribución significativa para mejorar el problema principal de la actividad política hoy día. ¿Cuál es este? La falta de confianza del ciudadano en los actores y las instituciones políticas.
¿Y cómo se logra mejorar lo anterior? Entre otras cosas, permitiendo una mayor transparencia en la actividad pública tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo.
Han mediado intervenciones como si en el texto no hubiera nada con respecto a los sujetos activos ni a empresas o personas que hacen lobby. ¡Falso! Existe una regulación completa para sujetos activos o pasivos. Por ejemplo, se dispondrá de un registro público de los primeros. Y el que no cumpla la ley estará sujeto a sanciones penales.
En consecuencia, si alguien lee rigurosamente las disposiciones, se va a dar cuenta de¿
¿Me concede un minuto más, señor Presidente?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Lo tiene, señor Ministro.
El señor LARROULET (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Deseo terminar mis palabras felicitando a esta Corporación por el trabajo realizado y especialmente valorando la contribución decisiva de integrantes de la Comisión de Gobierno, como asimismo la de Diputados.
Otros dos proyectos van en la misma dirección, uno de ellos el relativo a la probidad pública. ¡Cuántos años se ha discutido sobre el fideicomiso ciego! Si después de un trabajo riguroso en la otra rama del Congreso estamos ad portas de aprobarlo, ¿por qué no lo hacemos también en esta legislatura?
Lo mismo sucede con el que perfecciona el Consejo de la Transparencia y la Ley sobre Transparencia, que lleva aproximadamente dos años en la Comisión de Gobierno del Senado.
Así como se ha despachado la normativa sobre el lobby, que resulta trascendental para los chilenos, espero que en las pocas sesiones que quedan sea posible acoger también iniciativas clave para mejorar la confianza en la institucionalidad democrática como las que he mencionado.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- ¡El Senado se reunirá miles de veces en el futuro¿! No son pocas las sesiones que le quedan.
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
En este momento ha llegado a la Mesa un oficio de la Cámara de Diputados, con el cual esta comunica que despachó las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que permite la introducción de la televisión digital terrestre, con urgencia calificada de "discusión inmediata" (boletín N° 6190-19).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Aprovechando la presencia del señor Ministro, deseo manifestarle una opinión personal.
Me llama la atención que el veto venga con "discusión inmediata". La materia es bastante sensible y delicada, por lo que me parece que no sería conveniente que fuera analizada durante la mañana en Comisión y despachada en la tarde en circunstancias de que la Sala tiene una tabla bastante complicada por las urgencias que el propio Gobierno ha colocado.
No quiero generar un debate con respecto a estas últimas, pero, según entiendo, en la Cámara de Diputados discutieron el asunto durante más de un mes, habiendo sido estudiado por las comisiones especializadas, entre ellas la de Constitución.
En el Senado intervinieron las Comisiones de Educación y de Transportes y Telecomunicaciones, unidas, y se ha debatido al interior de Secretaría si el proyecto tiene que pasar o no a la Comisión de Constitución. El Presidente de esta última me sugirió que, a pesar de tratarse de un asunto complejo, desde el punto de vista constitucional, lo lógico es que lo examine la Comisión que lo conoció durante toda su tramitación.
Entonces, lo que deseo manifestarle al señor Ministro es que preferimos que retire la calificación de la urgencia y que sea posible analizar el proyecto como corresponde, con la profundidad que sea necesaria. Porque, si no, lo más probable es que los Senadores se vean obligados al rechazo.
No sabemos bien cómo se construyó un acuerdo en la Cámara y todos los que han participado en el estudio tienen derecho a analizarlo, evaluarlo y saber si va en la línea correcta o no.
El señor COLOMA.-
Esa es su opinión, señor Presidente, la que no es compartida.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Dejé constancia de que es mi parecer.
Le entrego esa información a la Sala, porque dice relación con lo que sucederá mañana.
El señor GÓMEZ.-
¡Es un juicio compartido por la mayoría!
El señor PROKURICA.-
¿Podemos celebrar una reunión de Comités?
El señor PIZARRO (Presidente).-
¿El señor Ministro desea decir algo o va a pensar en el punto, como corresponde?
El señor NAVARRO.-
¡Lo va a conversar esta noche con la almohada¿!
El señor LARROULET (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Señor Presidente, el Ejecutivo siempre está abierto, por supuesto, a las sugerencias que se plantean en esta Honorable Sala. Sin embargo, la "discusión inmediata" no es arbitraria, sino producto de que efectivamente el proyecto resulta muy relevante. Recordemos que fue objeto de un largo debate en el Senado. La ciudadanía tiene un interés sustantivo, a propósito de competencias en el futuro cercano, en la incorporación de la nueva tecnología. Y, además, como ha sido informado en la prensa -imagino que también por las directivas de los partidos-, ha habido un acuerdo político importante, un consenso en la Cámara de Diputados, lo que permite confiar en la posibilidad de que se pueda citar, si es necesario, a la Comisión de Constitución junto con la de Transportes y Telecomunicaciones, que es la que lo va a estudiar, de tal manera que podamos discutirlo en la tarde en la Sala.
Para nosotros, como Poder Ejecutivo, la iniciativa es demasiado relevante, sin lugar a dudas -y creo que represento la opinión mayoritaria aquí-, como para que no pueda ser despachada por esta Corporación.
El señor PIZARRO (Presidente).-
No vamos a generar un debate sobre el particular, señor Ministro. Usted es el que maneja las urgencias.
¿El Senador señor Prokurica solicita algo?
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, usted ha planteado un punto complejo. Le pido citar a reunión de Comités para que podamos abordarlo y buscar alguna solución.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Pasaremos al Tiempo de Votaciones. La reunión de Comités puede ser convocada para después o para mañana a primera hora.
AMPLIACIÓN DE TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS DE CUIDADO PALIATIVO A TODA ENFERMEDAD TERMINAL. PROYECTO DE ACUERDO
El señor PIZARRO (Presidente).-
Proyecto de acuerdo presentado por la Honorable señora Pérez San Martín, con el que se solicita a Su Excelencia el Presidente de la República la modificación del decreto supremo N° 39, de 2013, del Ministerio de Salud, para ampliar los tratamientos especializados de cuidados paliativos a todas las enfermedades terminales.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1629-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 81ª, en 18 de diciembre de 2013.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El propósito que se persigue es llenar un vacío respecto de enfermedades también en fase terminal distintas del cáncer.
El señor PIZARRO (Presidente).-
En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (14 votos afirmativos).
Votaron las señoras Allende y Alvear y los señores Chahuán, Coloma, García, García-Huidobro, Gómez, Navarro, Orpis, Pizarro, Ruiz-Esquide, Tuma, Uriarte y Walker (don Ignacio).
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS CAUSADOS POR LEY N° 20.255 EN SISTEMA DE SALUD LABORAL DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES. PROYECTO DE ACUERDO
El señor PIZARRO (Presidente).-
Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señora Rincón y señores Escalona, Lagos, Muñoz Aburto y Zaldívar.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1634-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 85ª, en 14 de enero de 2014.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El propósito del proyecto es solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República el envío de una iniciativa legal para resolver los problemas que la ley Nº 20.255 causa, en su sistema de salud laboral, a los trabajadores independientes.
El señor PIZARRO (Presidente).-
En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (13 votos afirmativos).
Votaron la señora Allende y los señores Chahuán, Coloma, García, García-Huidobro, Gómez, Navarro, Orpis, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Tuma y Uriarte.
El señor PIZARRO (Presidente).- Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso a las peticiones de oficios que han llegado a la Secretaría.
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor GARCÍA:
Al señor Ministro de Hacienda, con el objeto de que presente un PROYECTO DE LEY PARA RECUPERACIÓN DE AHORROS DESDE CAJA CENTRAL DE AHORROS Y PRÉSTAMOS, A CUYA EXISTENCIA LEGAL PUSO TÉRMINO LA LEY N° 18.900.
Del señor HORVATH:
A los señores Director Nacional de Vialidad, Director General de Aguas, Director de Obras Hidráulicas y Director de Vialidad de la Décima Región, solicitándoles SUSPENSIÓN DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ALEDAÑO A RÍO FUTALEUFÚ (Décima Región).
De la señora RINCÓN:
A la señora Ministra de Obras Públicas, planteándole REPARACIÓN O REMPLAZO DE COLAPSADO PUENTE CHUPALLAR, DE LINARES, POR OTRO CON MAYOR SOPORTE, y pidiéndole FISCALIZACIÓN E INFORME ACERCA DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PUENTE SOBRE RÍO MAULE, ENTRE COMUNAS DE COLBÚN Y SAN CLEMENTE (ambos de la Región del Maule), y al señor Ministro de Agricultura, haciéndole presente DEMORA EN TRÁMITE DE FIRMA DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA ENTRADA EN VIGENCIA DE REGLAMENTO DE LEY DE MUESTRAS Y CONTRAMUESTRAS PARA EL MAÍZ.
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--Se levantó la sesión a las 19:58.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción