REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 361ª
Sesión 89ª, en miércoles 22 de enero de 2014
Ordinaria
(De 16:31 a 20:8)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES JORGE PIZARRO SOTO, PRESIDENTE,
Y JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Larraín Peña, Carlos
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Navarro Brain, Alejandro
--Orpis Bouchon, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedan, Eugenio
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros de Hacienda subrogante, señor Julio Dittborn Cordua; Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet Vignau, y de Educación, señora Carolina Schmidt Zaldívar.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:31, en presencia de 32 señores Senadores.
El señor PIZARRO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor PIZARRO (Presidente).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 85ª y 86ª, ordinarias, en 14 y 15 de enero del año en curso, que no han sido observadas.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Ocho de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero da inicio a un proyecto de ley que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales (boletín Nº 9.245-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y a la de Hacienda, en su caso.
Con los dos siguientes retira la urgencia para el despacho de los siguientes asuntos:
1.-
Proyecto de ley que regula la competencia en el mercado de los medios de pago electrónicos (boletín Nº 9.201-03).
2.-
Proyecto que modifica la ley Nº 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, para establecer la medida de control preventivo de identidad (boletín Nº 9.036-07).
--Se tienen presentes los retiros y se manda agregar los documentos a sus respectivos antecedentes.
Con el cuarto retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", respecto de las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que permite la introducción de la televisión digital terrestre (boletín Nº 6.190-19).
Con el quinto hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", para la tramitación del proyecto de ley que regula la competencia en el mercado de los medios de pago electrónicos (boletín Nº 9.201-03).
Con el sexto retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", respecto del proyecto de ley que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones (boletín Nº 8.034-15).
Con el séptimo hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", al proyecto de ley que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales (boletín Nº 9.245-07).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con el último comunica que no hará uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política, respecto del proyecto de ley que establece normas sobre la actividad de lobby (boletín Nº 6.189-06).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar al Excelentísimo Tribunal Constitucional.
Oficios
De Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la ley Nº 20.500, solicita el acuerdo del Senado para designar al señor Pablo Egenau Pérez miembro del Consejo Nacional del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público (boletín Nº S 1.636-05).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Cuatro de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero manifiesta que aprobó la proposición de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que establece normas sobre la actividad de lobby (boletín Nº 6.189-06).
--Se toma conocimiento y se mandó comunicar a Su Excelencia el Presidente de la República, a los efectos de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 73 de la Carta Fundamental.
Con los dos siguientes informa que prestó su aprobación a los siguientes asuntos:
1.-
Proyecto de ley que crea el Consejo de Estabilidad Financiera (boletín Nº 9.178-05).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
2.-
Proyecto que prorroga cotización extraordinaria para el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y modifica ley Nº 19.578 (boletín Nº 9.231-13) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda.
Con el último comunica que aprobó las enmiendas propuestas por esta Corporación al proyecto de ley que perfecciona el rol fiscalizador del concejo; fortalece la transparencia y probidad en las municipalidades; crea cargos y modifica normas sobre personal y finanzas municipales (boletín Nº 8.210-06).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto con sus antecedentes.
Del señor Subsecretario de Justicia subrogante:
Atiende petición, cursada en nombre del Senador señor Frei, relativa a suministrar la nómina completa de los indultos y beneficios carcelarios otorgados desde marzo de 2010 hasta la presente fecha.
De la señora Directora General de Relaciones Económicas Internacionales subrogante:
Contesta solicitud de información, formulada en nombre del Senador señor Cantero, tocante a una presentación que hizo la empresa Escapes Santander ante el Punto Nacional de Contacto de Chile para las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, en razón de actuaciones atentatorias que la referida empresa atribuye a Minera Escondida Limitada, entidad operada por BHP Billiton.
Del señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Natales:
Remite acta de sesión del concejo municipal que, en relación con la solicitud enviada en nombre del Senador señor Bianchi, abordó la regulación del tránsito en la calle Pedro Montt de esa comuna, con miras a evitar algún perjuicio para el desarrollo productivo de la ciudad.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la ley Nº 19.995, solicita el acuerdo del Senado para designar a los señores Miguel Andrés Zamora Rendich y Eduardo Aninat Ureta como sus representantes en el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego (boletín Nº S 1.635-05) (con la urgencia del inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental).
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.220, que regula el establecimiento de bolsas de productos agropecuarios (boletín Nº 9.233-01).
--Quedan para tabla.
Declaración de inadmisibilidad
Moción de los Senadores señor Prokurica, señora Allende y señores Frei, Gómez y Orpis, con la que proponen un proyecto de ley que modifica el Código de Minería en materia de publicaciones en los boletines mineros.
--Se declara inadmisible por corresponder a materias de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República, conforme lo dispone el número 2º del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política.
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, junto con los miembros de la Comisión de Minería de nuestra Corporación, hemos presentado un proyecto de ley que modifica el Código de Minería en materia de publicaciones en los boletines mineros, de acuerdo al texto de dicho cuerpo legal que rige desde 1983.
La Mesa declaró inadmisible esa iniciativa, razón por la cual solicito que se oficie al Ejecutivo, en nombre del Senado, con el objeto de obtener su patrocinio.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Si no hay objeción, se accederá a la solicitud del Senador señor Prokurica.
--Así se acuerda.
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Señores Senadores, les recuerdo que tenemos una variada tabla de Fácil Despacho.
Además, no debemos olvidar que estamos esperando el informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto que modifica el Título II de ley Nº 19.882, que fija condiciones especiales para la bonificación por retiro voluntario por el período que indica y otorga otros beneficios por retiro para los funcionarios de la ANEF.
Asimismo, me parece que el informe que figura en la Cuenta, recaído en el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para designar a los señores Miguel Andrés Zamora Rendich y Eduardo Aninat Ureta sus representantes en el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego, dada la urgencia que se le asignó, debemos votarlo hoy día.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Así es, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).-
En consecuencia, si le parece a la Sala, se votará la propuesta del Ejecutivo, sin debate, en la tabla de Fácil Despacho.
--Así se acuerda.
CONCESIÓN DE NACIONALIDAD CHILENA, POR ESPECIAL GRACIA, A SACERDOTE RAMÓN SECO PÉREZ
El señor PIZARRO (Presidente).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional e iniciado en moción del Senador señor Ruiz-Esquide, que concede la nacionalidad chilena, por especial gracia, al sacerdote Ramón Seco Pérez, con informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9187-17) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción del Senador señor Ruiz-Esquide):
En primer trámite, sesión 80ª, en 17 de diciembre de 2013.
Informe de Comisión:
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: sesión 87ª, en 21 de enero de 2014.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía discutió este proyecto en general y particular, por tratarse de aquellos de artículo único, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Letelier, Orpis y Ruiz-Esquide.
El órgano técnico deja constancia de que, después de analizar la iniciativa y en razón de las pautas establecidas para ponderar la procedencia del otorgamiento excepcional de la nacionalidad chilena, por especial gracia, a extranjeros de actuación notable en beneficio de la comunidad nacional, se formó la convicción de que el sacerdote Ramón Seco Pérez, por su destacado aporte a las Regiones de Valparaíso, de Biobío y al país en general y por su gran labor pastoral en los más de cuarenta años que lleva en nuestro territorio, es merecedor del reconocimiento reservado a las personas que han prestado valiosos servicios, a los que alude la norma contenida en el número 4º del artículo 10 de la Constitución Política de la República.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto.
Propongo a la Sala abrir la votación.
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, no quiero alargar la discusión sobre este tema.
Básicamente lo que estamos proponiendo es conceder la nacionalidad chilena, por especial gracia, a tres sacerdotes -Sus Señorías pueden verlo en la tabla de la sesión de hoy- que viven en Chillán y que llegaron a Chile en la misma época, a partir de los años 60.
El señor Seco es español y arribó a nuestro país a fines de la década de 1960, es decir, hace más de cuarenta años. Llegó a la diócesis de Chillán, asumiendo como párroco en las parroquias cordilleranas.
Lo distintivo de las personas respecto de las cuales solicitamos esta nacionalidad por gracia es su compromiso con los campesinos en la zona cordillerana de mayor abandono de la Región del Biobío. Y en el caso del señor Seco, este también estuvo dedicado básicamente a la formación de jóvenes campesinos, en los más de 40 años de residencia en nuestro país, lo que permitió un fecundo aporte y crecimiento en ese ámbito.
En virtud de lo expuesto, presenté este proyecto, y solicito su aprobación.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto (23 votos a favor), y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Coloma, Escalona, García, Girardi, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
CONCESIÓN DE NACIONALIDAD CHILENA, POR ESPECIAL GRACIA, A SACERDOTE ANDRÉS LACALLE ANDRÉS
El señor PIZARRO (Presidente).-
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción del Senador señor Ruiz-Esquide, que concede la nacionalidad chilena, por especial gracia, al sacerdote señor Andrés Lacalle Andrés, con informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9188-17) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción del Senador señor Ruiz-Esquide):
En primer trámite, sesión 80ª, en 17 de diciembre de 2013.
Informe de Comisión:
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: sesión 87ª, en 21 de enero de 2014.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía discutió el proyecto en general y en particular, por ser de artículo único, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Letelier, Orpis y Ruiz-Esquide).
El órgano técnico deja constancia de que, después de analizar la iniciativa, se cumplen todos los requisitos para otorgar la nacionalidad chilena, por especial gracia, al sacerdote señor Andrés Lacalle Andrés.
La Comisión se formó la convicción de que, por su gran aporte a la Octava Región y al país y por su gran labor pastoral, es merecedor del reconocimiento reservado a las personas que han prestado valiosos servicios, a los que alude la norma contenida en el número 4° del artículo 10 de la Constitución Política de la República.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general y particular.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide para fundamentar su voto.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, se trata de situaciones muy similares. Y, en mérito de los agraciados, solicito que este proyecto se apruebe al igual que en el caso anterior.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto (23 votos a favor), y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Coloma, Escalona, García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
CONCESIÓN DE NACIONALIDAD CHILENA, POR ESPECIAL GRACIA, A SACERDOTE JOSÉ ANTONIO ORTEGA MARTÍN
El señor PIZARRO (Presidente).-
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción del Senador señor Ruiz-Esquide, que concede la nacionalidad chilena, por especial gracia, al sacerdote señor José Antonio Ortega Martín, con informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9189-17) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción del Senador señor Ruiz-Esquide):
En primer trámite, sesión 80ª, en 17 de diciembre de 2013.
Informe de Comisión:
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: sesión 87ª, en 21 de enero de 2014.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía discutió el proyecto en general y en particular, por ser de artículo único, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Letelier, Orpis y Ruiz-Esquide).
El órgano técnico deja constancia de que, luego de analizar la iniciativa y en razón de las pautas establecidas para ponderar la procedencia del otorgamiento excepcional de la nacionalidad chilena, por especial gracia, a extranjeros de actuación notable en beneficio de la comunidad nacional, se formó la convicción de que el sacerdote José Antonio Ortega Martín, por su tremendo aporte a la Región del Biobío y al país y por su gran labor pastoral, es merecedor del reconocimiento reservado a las personas que han prestado valiosos servicios, a los que alude la norma contenida en el número 4° del artículo 10 de la Constitución Política de la República.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general y particular.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide para fundamentar su voto.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, reitero lo que ha señalado el Secretario y las razones que tuvimos para conceder la nacionalidad. El sacerdote Ortega forma parte del grupo de religiosos españoles que llegaron a Chile en la década de 1960.
Desde ya, agradezco al Senado su disposición.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto (20 votos a favor), y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores Bianchi, Coloma, Escalona, García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
ATRIBUCIÓN A SUBSECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES EN MATERIA DE LITIGIOS JURÍDICOS LABORALES O PREVISIONALES CONTRA CHILE EN EXTRANJERO
El señor PIZARRO (Presidente).-
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 161, de 1978, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que fija su Estatuto Orgánico, a fin de otorgar al Subsecretario de Relaciones Exteriores atribución para transigir en conflictos jurídicos laborales y/o previsionales surgidos en el extranjero que afecten al Estado de Chile, con informe de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8853-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 77ª, en 4 de diciembre de 2013.
Informes de Comisión:
Relaciones Exteriores: sesión 87ª, en 21 de enero de 2014.
Hacienda: sesión 87ª, en 21 de enero de 2014.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El objetivo del proyecto es conferir al Subsecretario de Relaciones Exteriores la facultad para transigir en conflictos jurídicos laborales o previsionales que afecten al Estado de Chile en el extranjero, estableciendo como requisito un informe favorable del Consejo de Defensa del Estado.
La Comisión de Relaciones Exteriores discutió esta iniciativa en general y en particular, por ser de artículo único, y la aprobó por la unanimidad de sus miembros (Senadores señores Kuschel, Hernán Larraín, Letelier, Tuma e Ignacio Walker), en los mismos términos en que fue despachada por la Cámara de Diputados.
La Comisión de Hacienda, por su parte, aprobó el proyecto en los mismos términos en que lo despachó la Comisión de Relaciones Exteriores, por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Escalona, Kuschel, Lagos y Zaldívar).
El texto que se propone aprobar se consigna en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor PIZARRO (Presidente).-
En discusión general y particular.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la idea de legislar.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (21 votos afirmativos); por no haberse formulado indicaciones, se aprueba también en particular, y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Alvear, Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Coloma, Escalona, García, García-Huidobro, Gómez, Kuschel, Larraín (don Hernán), Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
DESIGNACIÓN DE SEÑORES MIGUEL ZAMORA RENDICH Y EDUARDO ANINAT URETA EN CONSEJO RESOLUTIVO DE SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO
El señor PIZARRO (Presidente).-
Según lo resuelto por la Sala, corresponde pronunciarse sin debate sobre el oficio mediante el cual Su Excelencia el Presidente de la República solicita el acuerdo del Senado para designar a los señores Miguel Andrés Zamora Rendich y Eduardo Aninat Ureta como sus representantes en el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
--Los antecedentes sobre el oficio (S 1635-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 85ª, en 14 de enero de 2014.
Informe de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 89ª, en 22 de enero de 2014.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El Ejecutivo hizo presente la urgencia prevista en el párrafo segundo del N° 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización deja constancia, por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Bianchi, Frei, Orpis y Sabag), de que en las designaciones propuestas se han cumplido los requisitos y formalidades previstos por el ordenamiento jurídico.
El señor PIZARRO (Presidente).-
En votación la proposición del Ejecutivo.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba la proposición de Su Excelencia el Presidente de la República (20 votos a favor).
Votaron las señoras Alvear, Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Coloma, García, García-Huidobro, Gómez, Kuschel, Larraín (don Carlos), Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Me informa el señor Secretario General que llegó el informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto que establece incentivos al retiro para los funcionarios públicos.
Si le parece a la Sala, podemos tratarlo de inmediato.
El señor BIANCHI.-
Perfecto.
El señor PROKURICA.-
Si quiere, señor Presidente, lo votamos altiro.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Muy bien.
--Así se acuerda.
El señor PIZARRO (Presidente).-
La idea es que primero el señor Secretario haga la relación del proyecto; que después use de la palabra al señor Presidente de la Comisión de Hacienda, y que en seguida votemos.
PLAN DE INCENTIVO AL RETIRO PARA FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL SECTOR PÚBLICO
El señor PIZARRO (Presidente).-
Conforme a lo resuelto por la Sala, corresponde tratar el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el Título II de ley N° 19.882, que fija condiciones especiales para la bonificación por retiro voluntario, por el período que indica, y otorga otros beneficios por retiro, con informe de la Comisión de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9228-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 87ª, en 21 de enero de 2014.
Informe de Comisión:
Hacienda: sesión 89ª, en 22 de enero de 2014.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Los objetivos fundamentales de esta iniciativa se orientan a establecer un plan de incentivo al retiro para los funcionarios y trabajadores de la Administración Central del sector público, que contempla los siguientes instrumentos:
-Bonificación por retiro voluntario de la ley N° 19.882, introduciendo enmiendas en su Título II.
-Bonificación adicional de 395 unidades de fomento para los funcionarios que cumplan con los requisitos de la ley N° 19.882.
-Bono especial de permanencia para los funcionarios de las plantas profesionales, directivos, fiscalizadores y jefaturas, y para los asimilados o que reciban la bonificación adicional del decreto ley N° 479, de 1974, y que reciban bonificación adicional.
-Bonificación por antigüedad para los funcionarios que perciban bonificación adicional.
-Bono por trabajos pesados para los funcionarios que, acogiéndose al plan de retiro, se encuentren realizando labores así calificadas.
-Apertura de 200 cupos para funcionarios que puedan percibir excepcionalmente los beneficios por retiro voluntario y bonificación de 395 unidades de fomento.
-Otorgamiento de facultades a los jefes de servicio para solicitar la renuncia de los funcionarios que al 31 de julio de 2010 tenían cumplidos 65 años de edad, los hombres, o 60, las mujeres.
La Comisión de Hacienda discutió este proyecto en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Escalona, García, Lagos, Pérez Varela y Zaldívar.
En la discusión particular realizó algunas enmiendas, las cuales se aprobaron por unanimidad.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar, Presidente de la Comisión de Hacienda. Luego de ello se abrirá la votación.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, la iniciativa sometida al conocimiento de la Sala del Senado y que fue aprobada por la unanimidad de la Comisión de Hacienda no es otra cosa que la reiteración de otros proyectos, llamados "Bonificación de incentivo al retiro en la Administración Pública".
Como se ha dicho en varias oportunidades aquí, en este Hemiciclo, las iniciativas de tal índole, en el fondo, constituyen un paliativo -no la solución- para el "daño previsional" que se ha registrado dentro del sector público debido al sistema de pensiones existente, lo que ha llevado a mucha gente a permanecer en sus cargos más allá de la fecha en que podría haber jubilado.
Este proyecto repite aquella fórmula, después de una serie de conversaciones que tuvieron los dirigentes de la ANEF con el Ministro de Hacienda.
El señor Secretario General hizo una relación de los beneficios establecidos, que paso a explicitar.
Se aumenta a un máximo de 11 meses la bonificación por retiro para hombres y mujeres de la Administración Pública.
Se entrega una bonificación adicional de 395 UF, por una sola vez, al personal que cumpla los requisitos de bonificación por retiro establecidos en la ley N° 19.882, requiriéndose para ello estar afiliado al sistema previsional contemplado en el decreto ley N° 3.500 y acreditar una antigüedad de 20 años de servicios, continuos o discontinuos, en los términos que señala la normativa mencionada.
Se otorga un bono especial de permanencia para los funcionarios y funcionarias de las plantas de profesionales, directivos, fiscalizadores y jefaturas, beneficio que alcanza a 5 UF por cada año de servicio por sobre 20 años, con tope de 100 UF.
Se concede una bonificación por antigüedad a quienes perciban la bonificación adicional de que hablé anteriormente, la de los 11 meses. Aquel beneficio consiste en un bono de 10 UF por cada año de servicio por sobre 40 años, con un tope de 100 UF.
Se entrega un bono por trabajos calificados como pesados a los funcionarios y funcionarias que se acojan al plan de incentivo al retiro que se consagra. Dicho beneficio consiste en un pago de 10 UF por cada año de servicio cotizado o certificado como trabajo pesado, con un máximo de 100 UF.
Se abren 200 cupos para los funcionarios y funcionarias que al 31 de julio de 2010 tenían cumplidos los requisitos de edad exigidos para percibir la bonificación por retiro voluntario, al objeto de acceder excepcionalmente a los beneficios por retiro voluntario y a las 395 UF. En caso de haber más de 200 postulantes, se priorizará de acuerdo con los criterios señalados en la ley.
Por último, se faculta a los jefes de servicio para solicitar la renuncia al número de funcionarios y funcionarias indicados en cada caso que al 30 de julio de 2010 tenían cumplido 65 años, los hombres, o 60 años, las mujeres.
Señor Presidente, sin perjuicio de otros antecedentes y elementos que se acompañan a esta iniciativa, se debe destacar primero que sobre esta materia hubo un acuerdo entre la representación gremial y el Ejecutivo.
El costo de la ley en proyecto entre los años 2014 y 2015 alcanza a un total de 57 mil 311 millones de pesos.
Por todas esas consideraciones, y después de revisar detalladamente el articulado, la Comisión de Hacienda aprobó el proyecto en general y particular y recomienda a la Sala hacer lo propio.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, estos son los proyectos que concitan de inmediato la unanimidad de la Sala, pues conllevan un aporte a las finanzas de las familias de un número significativo de funcionarios públicos.
En tal sentido, nosotros reconocemos el aspecto positivo de la propuesta del Ejecutivo.
Y, de manera especial, quisiéramos subrayar el esfuerzo que para alcanzar estas conquistas sociales ha realizado la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, en particular su mesa, encabezada por don Raúl de la Puente, quien, junto con otros dirigentes y dirigentas, nos acompaña desde las tribunas en esta sesión del Senado.
La iniciativa en estudio implica un desembolso fiscal significativo, como explicó el Presidente de la Comisión de Hacienda, Senador Zaldívar. Para los años 2014 y 2015, el gasto es levemente superior a 56 mil millones de pesos, cifra que se descompone -como se informó a la Sala- en una bonificación por retiro voluntario; una bonificación adicional de 395 UF; una bonificación por permanencia; una bonificación por antigüedad; una bonificación por trabajados pesados, y el establecimiento de 200 cupos sociales.
La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales dejó de manifiesto en la Comisión de Hacienda que aspira a que el próximo Gobierno recoja su solicitud de aplicar también la bonificación adicional de 395 UF a un número significativo de funcionarios públicos que se incorporaron en una ley anterior similar a la normativa que en este momento estamos debatiendo, donde no se consideró debidamente al total del universo que podría ser beneficiado con esta bonificación, en particular a los afiliados al INP, hoy IPS.
La ANEF planteó aquello como un punto a resolver en el futuro, una vez que la nueva autoridad económica haya asumido sus funciones.
En consecuencia, reiteramos nuestro voto favorable. Pero, al mismo tiempo, queremos poner de manifiesto el enorme desembolso que significa para el Estado la precariedad que tiene hoy el sistema de pensiones en nuestro país.
La suma total de estos diferentes proyectos de ley habla de un desembolso fiscal de muchos centenares de millones de dólares y de varias decenas de miles de pesos en una inversión que pasa a ser habitual.
Lógicamente, nosotros no podemos sino adherir al alborozo de los trabajadores y las trabajadoras y apoyar con rapidez estas iniciativas, las que muchas veces significan incluso aplausos -como todos sabemos, ellos no son fáciles- para quienes formamos parte de esta Sala.
Por cierto, nos sentimos dichosos de poder hacernos parte de estos avances y de estas conquistas sociales. Empero, el punto esencial que está pendiente es el establecimiento de un sistema de pensiones que efectivamente les permita a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país tener un ingreso seguro y justo una vez que terminan su larga vida laboral.
Yo estoy seguro de que varios de los centenares de millones de dólares que se incorporan a las arcas de las administradoras de fondos de pensiones -las AFP- son parte de los centenares de millones de dólares que debe desembolsar el Fisco al objeto de sostener jubilaciones que muchas veces se transforman en un calvario para quienes las reciben, pues no cubren lo básico de sus gastos como familia, lo que obliga al Estado a concurrir con bonos adicionales, como los previstos en el proyecto que nos ocupa esta tarde.
No obstante ese comentario, por cierto que el proyecto representa un beneficio para el conjunto de trabajadores y trabajadoras a que alude, quienes bien lo merecen.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, nos alegramos de que el Gobierno del Presidente Piñera haya enviado al Congreso Nacional este proyecto de ley, que establece bonificaciones por retiro voluntario para, básicamente, los funcionarios de la Administración Central del Estado que cumplen ciertos requisitos.
Es enteramente legítimo que esos trabajadores, cuando deciden jubilar, reciban este beneficio.
Ahora, me parece bien el nombre "bonificación por retiro" y no "incentivo al retiro".
En mi concepto, tenemos un problema sin duda grave con relación al daño previsional a que se ven enfrentados los funcionarios fiscales en el momento de pensionarse. El Estado impuso durante muchos años por una cantidad muy inferior al "total haberes". Y se registran hoy mismo funcionarios con un "total haberes" superior al límite máximo imponible. Por lo tanto, en dicha ocasión se hace todavía mayor la diferencia entre la remuneración actual y la pensión a la que se accede.
Independiente de ello, creo que si no existiera el problema del daño previsional sería igualmente justo un bono por retiro. A mí me parece plenamente justificable que, al término de su vida laboral, una persona que haya trabajado para un organismo del Estado durante 30, 35, 40, 45 años cuente con este incentivo, con este premio, y pueda destinarlo a satisfacer necesidades o a proyectos que no pudo materializar en su época de actividad.
Vamos a votar a favor del proyecto, porque además este es fruto de un acuerdo entre los dirigentes de la ANEF y las autoridades del Ministerio de Hacienda. Y así como lo dijimos durante la discusión del último reajuste, donde también hubo un acuerdo con la mesa de trabajo del sector público y de la Central Unitaria de Trabajadores, en este caso estamos una vez más en presencia de una solución de esa índole. Y qué bueno e importante es que el Gobierno de turno, junto con los funcionarios -en este caso, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales-, llegue a esa fórmula para establecer este tipo de beneficios.
Dicho eso, señor Presidente, deseo llamar la atención acerca de lo siguiente. A mí me habría gustado que, como lo hicimos por iniciativa de la entonces Senadora señora Matthei hace algunos años, a las funcionarias les hubiéramos dado un plazo tal que les permitiese elegir el momento en que se retiren entre los 60 y los 65 años de edad. Mediante el proyecto estamos estableciendo que todos, hombres y mujeres, tienen que irse el 31 de marzo de 2015, y ello puede significar que algunas de ellas se van a ir con 60 años, otras con 61, con 62, etcétera.
Es del todo razonable y justo que las mujeres puedan elegir el momento en que se van y que lo hagan probablemente lo más cerca posible de cumplir 65 años. Porque, de otra manera, serán cinco años menos de cotización en su respectivo fondo de ahorro previsional y cinco años más para el cálculo de la pensión, lo que en definitiva significa un detrimento del orden de un 30 por ciento en el ingreso con el que van a tener que vivir durante 15, 20, 25 años. Eso es tremendamente significativo y también inhibe para aceptar estos incentivos, con lo cual finalmente tienen que seguir trabajando.
Espero que este aspecto podamos corregirlo en una próxima legislación.
No obstante lo que he señalado, tienen mucho mérito el acuerdo ANEF-Gobierno y los distintos beneficios de bonificación al retiro.
Votaremos a favor.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Puede intervenir el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, contrariamente a lo expresado por el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, no concuerdo con que exista de a poco la posibilidad de que la mujer, en el ejemplo puesto, tome la decisión de jubilar entre los 60 y los 65 años. Es lo que vienen pidiendo las administradoras de fondos de pensiones.
La solución no radica en aumentar los años de jubilación: pasa por un incremento del ahorro, de tal suerte que la mujer llegue a los 60 años con una digna jubilación, al igual que el hombre a los 65, sin buscar mecanismos que permitan que en definitiva se termine por jubilar a una edad mayor que la actual.
¿Este es un incentivo al retiro, señor Presidente? Creo que no. Me parece una "injusticia al retiro". Y todos coincidimos absolutamente en que el Estado, no solo es un mal empleador, sino que también sigue replicando el error permanente en virtud del cual se castiga a mujeres y hombres que han dado una vida al servicio público.
Hemos estado llevando adelante el trabajo de la Comisión Especial presidida por el Honorable señor Tuma, contemplándose propuestas claras para el Gobierno que viene, y esperamos sinceramente que, de una buena vez, se corrija la tremenda injusticia que exhibe hoy día nuestro país: se ha transformado en una fábrica de pobreza. Es lo que ocurre cuando alguien comienza a pensar en jubilar. Personas con una remuneración de 600 mil pesos, 700 mil o un poco más, empiezan a darse cuenta de que a partir de ese momento van a comenzar a percibir sumas cercanas a 180 mil pesos, a 240 mil.
¡Estamos fabricando pobreza!
Ello lo permite el sistema actual del decreto ley N° 3.500, mecanismo de capitalización individual donde cada uno se las arregla. Efectivamente, para la persona con ingresos superiores a un millón de pesos, a un millón y medio, funciona perfecto. El problema radica en que la gran mayoría de la población -y de manera especial quienes ganan el ingreso mínimo o trabajan en la Administración Pública- percibe remuneraciones inferiores, a lo que se suma el hecho de que no se le imputa todo lo que gana, sino solo un porcentaje.
¡Y hoy estamos aquí avalando una vez más la sinvergüenzura del Estado! Porque se trata de eso. ¡Estamos avalando algo que resulta brutalmente injusto para quienes han dedicado una vida al trabajo! Y lo hacemos por la vía del incentivo, del bono.
A mí me llamó una querida amiga, Mónica, y me dijo: "Por favor, Senador, vote lo antes posible y pida que llegue lo antes posible". Y uno, no con indiferencia, sino con pena, constata que nos vemos obligados a hacerlo cada vez que se presentan los incentivos.
¿Por qué se tienen que considerar hasta 11 años para el efecto del pago a quienes han trabajado 20 o 30 años en un servicio público? ¡Si registran 20 años! ¡O 30! ¡O más! Año trabajado, año pagado, señor Presidente. Y esto lo hemos venido sosteniendo permanentemente.
Por eso, más allá de estas "conquistas" que se logran a través de acuerdos con distintas organizaciones, quiero dejar una vez más mi testimonio de que sinceramente resulta penoso, por decir lo menos, volver a constatar que hoy día, por la vía de un bono que no repara el efecto negativo que el Estado causó en sus trabajadores, estamos generando lo que se denomina "incentivo al retiro".
Vamos a votar a favor, como todos; pero tiene que quedar claro que nuestro parecer -y estoy seguro de que cada uno de los Senadores mantiene el mismo criterio- es que el Estado debe corregir, de una buena vez, la abusiva situación que afecta a nuestros trabajadores.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, mis primeros comentarios quizás no van a ser comprendidos, pero quiero manifestar que la iniciativa en debate me carga.
A mí me parece inadecuado que tengamos que pasar cada cierto tiempo por un proceso conforme al cual los trabajadores del sector público han de negociar con el Ejecutivo. Lo hacen diferentes sectores, producto de lo cual se usa a los de la salud contra los de la ANEF, etcétera. Se origina una dinámica en verdad molesta.
En términos reales, debería existir una ley permanente de incentivo al retiro hasta que se verificara una profunda reforma en el sistema de ahorro particular existente para las pensiones de la mayoría de los chilenos, que no es previsional, y en lo que queda del correspondiente al ex Instituto de Normalización Previsional.
Estos cuerpos legales que duran un tiempo son poco adecuados. Entiendo que para los trabajadores del sector público que se van a ver "beneficiados" se trate de algo necesario. Pero también deseo consignar que cada vez que los aprobamos nos meten una cuchufleta, digamos -no voy a buscar la palabra académicamente correcta para lo que quiero decir-, cuando se fijan cupos de trabajadores. Y cuando son insuficientes -porque nunca alcanzan-, se usa un mecanismo muy odioso, que puede ser arbitrario en el caso de ciertas autoridades.
Voy a votar a favor del proyecto, sin duda. Sé que no es para algunas personas en las galerías, sino para aquellos a quienes representan. Y entiendo que, en ese sentido, es una normativa necesaria.
En otros tiempos, la ANEF negoció condiciones mejores que las actuales para los incentivos al retiro. En una perspectiva histórica, el mecanismo que nos ocupa podría ser interpretado hasta como un retroceso y un producto de una estrategia del Ejecutivo que apuntó a dicho efecto en el caso de la ANEF, usando a otros gremios que tuvieron que negociar antes para obtener este logro.
A mí me gustaría que pudiéramos avanzar progresivamente en una norma más permanente, para que el Congreso no esté viendo el asunto cada dos años. Esperemos que esta sea la última vez que hay un incentivo al retiro de este tipo. Lo digo para otros sectores.
Quisiera dejar constancia de mi discrepancia absoluta con la lógica de los cupos, por tratarse de un derecho que se establece, pero que no necesariamente termina siendo para todos, ya que siempre está sujeto al marco presupuestario. Se generan situaciones poco adecuadas.
Deberíamos aplicar una lógica de incentivo al retiro que sea permanente, sin un plazo para acogerse al mecanismo. Tendría que reconocerse que hay un problema en el "sistema previsional". Por lo menos, a los trabajadores del Estado no se les va a hacer más daño que el causado por el modelo establecido a partir del decreto ley N° 3.500.
Espero que la próxima vez que nos ocupemos en aspectos previsionales respecto a este grupo de trabajadores sea en el marco de una tremenda reforma en la materia y con el debate previo que resulta fundamental. Ojalá que algunos de los que han intervenido aquí nos acompañen también en esa discusión.
Para cambiar el estado de cosas se necesita una reforma tributaria en serio, un nuevo pacto fiscal, a fin de financiar un sistema previsional de una vez por todas. Creo que ese es el debate que tiene que anteceder a una solución más estructural y definitiva en este punto.
Cuando se hace referencia a los cupos, me ha dolido mucho lo que ha pasado en el sector Salud. Me ha tocado verlo. La situación es vergonzosa. Y estoy seguro de que es algo que les va a pasar a muchos otros trabajadores afiliados a la ANEF. En verdad, no sé quién termina repartiendo los primeros cuando se hacen escasos.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Puede intervenir el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, no sé cuántas iniciativas de la misma naturaleza hemos estado aprobando para distintos sectores laborales, las cuales básicamente tienen por finalidad el financiamiento de un incentivo al retiro.
No conozco otro país en que el Estado tenga que estar incentivando para que los trabajadores se acojan a jubilación. Ello da una señal de que algo no funciona bien y tiene que ver con el sistema previsional, el cual no reviste tal carácter, en realidad, sino el de un ahorro forzoso en beneficio de quienes administran la plata de los trabajadores. Porque es preciso decirlo con claridad: no se garantizan pensiones y se fortalece el mercado de capitales.
Claro, estamos muy ufanos de este fortalecimiento. Nos celebran en la OCDE y en todo el mundo. En Chile se dan conferencias especiales para enorgullecernos de cuán financiado se encuentra el último sistema y sólida resulta ser nuestra estructura en este ámbito. Pero no se dice que ello es gracias al aporte del sector laboral.
Efectivamente, como lo expresó el Honorable señor Bianchi, hemos estado trabajando con Senadores de todas las bancadas en una Comisión que tiene por finalidad proponerle un debate a esta Corporación -y que esta también se lo exponga al Ejecutivo- acerca de cuáles son los cambios que debe recibir el modelo previsional. Y, naturalmente, no vamos a hacer el planteamiento respectivo ante un Gobierno que está terminando, sino ante el próximo.
Dicho órgano técnico tiene totalmente terminada y despachada su labor, para que sean discutidas aquí las conclusiones y recomendaciones. Naturalmente, los parlamentarios no disponemos de facultades para emprender las modificaciones mencionadas, pero sí enfrentamos la responsabilidad de asumir la representación de los trabajadores, especialmente la de quienes están recibiendo pensiones indignas y la de aquellos que se quejan a diario de no contar con ninguna seguridad en el momento de dejar de percibir su remuneración en servicio activo y acogerse a una jubilación.
En todos los países del mundo existe, de una u otra manera, un sistema en que el Estado se la juega y pone recursos para garantizar pensiones dignas.
Se ha expresado que media la amenaza de que podríamos volver a un mecanismo de reparto. Lo peor que puede ocurrir es que continuemos con la capitalización individual, conforme a la cual las que sacan las utilidades y la gran rentabilidad son las empresas que administran los fondos del sector laboral. Los recursos se obtienen al 5 por ciento de interés anual y son colocados en el sistema financiero, el cual, a su vez, hace otro tanto por la vía de créditos a los mismos trabajadores o a sus familias a una tasa sobre el 50 por ciento anual. Entonces, cuando uno hace referencia al fin de las administradoras de fondos de pensiones o del modelo a que hago referencia, naturalmente saltan muchísimas instituciones e intereses que estamos tocando, quizás los más poderosos del país.
Entiendo que se va a registrar una resistencia enorme al cambio en este ámbito. Por eso, en la Comisión hemos hecho un planteamiento con flexibilidad: "Los que quieren defender el sistema, que sigan en este". Trabajadores usuarios de las administradoras vinieron a defenderlo y vamos a dejar la alternativa de que continúen bajo sus términos.
La principal conclusión a la que se ha llegado es la de garantizar la libertad de elección. Normalmente, en el Gobierno actual se ha levantado mucho la voz respecto de aplicarla en la educación, en la salud; pero ella no existe en materia previsional. Quiero establecer la posibilidad de que los trabajadores decidan dónde ponen su plata y, por tanto, dónde van a tener una garantía de un sistema previsional justo y digno.
Si me da un minuto más, señor Presidente,¿
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Lo tiene, Su Señoría.
El señor TUMA.-
¿ finalmente deseo expresar que, en cotizaciones obligatorias anuales de los trabajadores, el sistema de administradoras de fondos de pensiones recibe 4 millones 356 mil 200 billones de pesos. ¿Y cuánto paga en pensiones? La mitad. ¿Qué hace con el resto? Se acumula, lo que hoy asciende a 80 millones de billones de pesos. Podría ser dueño de todas las empresas de Chile. Y, sin embargo, sigue otorgando pensiones indignas y de hambre. En consecuencia, es urgente modificarlo.
Me parece que el proyecto de ley es meritorio. Hay que aprobarlo en la medida en que no contamos con un sistema distinto. Pero el que tenemos que corregir es el fondo del modelo actual. Invito al Congreso y a los trabajadores a insistir en una reforma previsional en serio, para que no se continúen negociando incentivos al retiro todos los años o cada tres años.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, una vez más nos encontramos discutiendo en el Senado un bono de retiro.
A los dirigentes de los trabajadores del sector público -los conocemos a todos, son muy luchadores- suele costarles mucho conseguir un acuerdo con el Ministerio de Hacienda, fundamentalmente, para materializar este tipo de iniciativas. Y no cabe duda de que la que nos ocupa persigue reparar en algo lo que en justicia corresponde.
En primer lugar, se entrega una bonificación por retiro de la ley Nº 19.882 para los funcionarios que, entre el 1 de agosto de 2010 y el 30 de junio de 2014, cumplan la edad legal de jubilación establecida en el decreto ley Nº 3.500 y que cesen en sus cargos en los plazos que se indican, a más tardar el 31 de marzo de 2015, en los términos señalados a continuación:
a) Se aumenta a once el número máximo de meses de la bonificación por retiro, para hombres y mujeres.
b) No se aplicará la disminución de meses que procede por cada semestre en que el funcionario haya permanecido en servicio luego de cumplir 60 y 65 años de edad, según corresponda.
En segundo término, se otorga una bonificación adicional de 395 UF, por una sola vez, para los funcionarios y las funcionarias que cumplan los requisitos de la bonificación por retiro de la ley Nº 19.882. Y se explicitan las condiciones bajo las cuales es posible acceder a este beneficio.
Asimismo, se da un bono especial de permanencia a los funcionarios y funcionarias que sirvan un cargo en las plantas de profesionales, directivos, fiscalizadores y jefaturas; que se encuentren asimilados a una de ellas, o que reciban la bonificación adicional del artículo 3º del decreto ley Nº 479. Este bono corresponde a un pago de 5 UF por cada año de servicio sobre los 20 años, con un tope de 100 UF.
Además, se entrega una bonificación por antigüedad para los funcionarios y las funcionarias que perciban la bonificación adicional de 395 UF, que consiste en un bono de 10 UF por cada año de servicios sobre los 40 años, con un tope de 100 UF.
En fin, hay una serie de beneficios que los dirigentes han logrado. Imagino que eso los deja muy contentos. Por lo mismo, nos aplauden y hasta nos agradecen por estar aprobando hoy esta iniciativa.
Se premian 40, 50 años de servicio. Sin embargo, vemos que en otras actividades del país, sobre todo en el norte, por término de conflicto, luego de negociar un pliego de peticiones durante 2 años, se entregan 20 a 25 millones de pesos.
¿Cuánto van a recibir en el mejor de los casos los funcionarios a quienes apunta este proyecto? Percibirán 15 millones, 18 millones, 20 millones, por 40 y más años de servicio. ¡Y esos otros trabajadores, por término de conflicto luego de 2 años, obtienen 20 a 25 millones!
¡Por Dios que está mal repartida la torta en nuestro país!
Los funcionarios públicos son muy sacrificados. Por ello, nosotros con agrado apoyaremos esta iniciativa.
Como ya han señalado otros colegas, esta propuesta legislativa significará un gasto para el erario de 41 millones de dólares en 2014 y de 72 millones de dólares en 2015; es decir, un total de alrededor de 112 millones de dólares, lo que, en pesos de hoy, equivale a una cifra en torno a los 57 mil millones.
Con gusto votaré a favor del proyecto, señor Presidente.
Naturalmente, habríamos querido dar un mayor beneficio a estos abnegados y sacrificados servidores públicos, pero en estas materias los parlamentarios no tenemos más atribuciones que las de aprobar, rebajar o rechazar. Lo único que podemos hacer por ellos es acoger lo ya acordado con el Ejecutivo.
Gracias, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, la discusión sobre el sistema previsional es algo apasionante, y a él -¡qué duda cabe!- deberemos abocarnos en algún momento.
Sin perjuicio de ello, cabe señalar, sinceramente, que este proyecto de ley presenta una serie de méritos.
Uno de ellos refleja lo que hizo el Estado de Chile el año 2013: se sentó a dialogar con sus trabajadores y dispuso recursos para generar programas de incentivo al retiro. Vemos, común y permanentemente, cómo en otros países, incluso desarrollados, el Estado está restringiendo, disminuyendo lo relativo a las pensiones y los beneficios de retiro de sus empleados.
Por lo tanto, siempre hay que tener presente el contexto en el cual se desarrollan estas políticas.
¿Queremos un mejor régimen previsional para nuestros funcionarios públicos? No hay duda de ello. Sin embargo, creo que el hecho de que exista voluntad para conversar, que se expresa no solo en este proyecto, sino también en otros (como el del reajuste), muestra que el diálogo es un camino adecuado para resolver ciertas dificultades apremiantes de los servidores públicos.
En consecuencia, es tan valorable, válida y legítima la actuación del Gobierno como la de las organizaciones gremiales de los funcionarios públicos; en este caso, de la ANEF.
Claramente, se ha llegado a un buen acuerdo. Además de establecerse un bono de retiro, de la lectura de la iniciativa se desprende que hemos ido mejorando la equidad dentro de la estructura institucional en comparación con los anteriores planes de retiro. Por ejemplo, se equipara el beneficio entre hombres y mujeres y se propone una bonificación adicional de igual monto para todos los estamentos.
Adicionalmente, se contempla un bono por trabajos pesados, que consiste en un pago de 10 UF por cada año de servicio en ese tipo de labor. Y se considera la posibilidad de rebajar la edad para acceder al plan de retiro, por la misma causal.
Eso es claramente una señal, un camino extraordinariamente positivo.
Por otra parte, quienes sean imponentes de las AFP podrán tener beneficios complementarios por antigüedad y permanencia, los que tienen un tope de 100 unidades de fomento.
Estos funcionarios podrán postular, en los mismos plazos, al plan de retiro o bono poslaboral consignados en la ley Nº 20.305.
En verdad, los nuevos elementos que se establecen en este proyecto de ley dan cuenta del trabajo acucioso de la mesa de trabajo y de la negociación realizada, con el fin de buscar distintos instrumentos de mejoras y beneficios para los funcionarios públicos.
Además, se permitirá presentar la renuncia voluntaria a su cargo a los funcionarios que cumplieron o cumplan las edades requeridas para la jubilación (65 años los hombres y 60 las mujeres), entre el 1 de agosto del 2010 y el 30 de junio del 2014. Este es un derecho que se les entrega.
Y es muy importante señalar que los exfuncionarios que se hubieran retirado entre el 1 de enero del 2011 y el día anterior a la fecha de publicación de la presente ley podrán solicitar la bonificación adicional si cumplen con los requisitos indicados.
Por ende, señor Presidente, lo realizado por el Ministro de Hacienda subrogante, Julio Dittborn, entre otras autoridades, y la participación del Presidente de la ANEF en la Comisión de Hacienda, quien asistió ayer y hoy, dan cuenta de un trabajo serio frente a una situación compleja sobre la cual no basta declamar ni hacer retórica. Se ha avanzado con seriedad, haciendo una adecuación significativa de los recursos públicos, para beneficiar a quienes, como se decía aquí, han entregado lo mejor de su esfuerzo durante 30 o 40 años en los distintos estamentos de la Administración Pública.
Este proyecto, más allá de los aplausos, será una ayuda para el bolsillo de personas verdaderamente abnegadas.
Y ello es fruto de sentarse a conversar. Ese es el mecanismo que debiéramos usar para resolver los problemas que aquí se han planteado: la situación previsional de los funcionarios públicos y la búsqueda de una mejor estructura laboral para ellos.
Por eso, voto a favor.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, seré muy breve.
Voy a votar favorablemente esta iniciativa de incentivo al retiro, porque soluciona la situación de un conjunto de funcionarios públicos, quienes merecen recibir este reconocimiento y a los que, por sus actuales condiciones, sin este proyecto les resultaría prácticamente inviable jubilar.
La presente iniciativa trae un conjunto de elementos positivos, entre los cuales cabe destacar el que permite a los actuales funcionarios que desempeñen cargos de planta o a contrata completar la antigüedad requerida para estos efectos con hasta diez años de servicio en calidad de honorarios, sujetos a una jornada completa, realizados con anterioridad al año 1998.
Esa es una manera de resolver el problema de las lagunas previsionales, lo cual hacía muy dificultoso a esos trabajadores acceder a una pensión.
Dicho lo anterior, señor Presidente, a propósito de este debate, aquí se han formulado distintos planteamientos en torno a materias tributarias y previsionales. Pero, previo a eso, para mí existe un aspecto fundamental: no toda la remuneración de los funcionarios públicos es imponible. Ese punto es esencial, antes que lo referente al sistema previsional.
En efecto, si no hacemos imponibles completamente las remuneraciones de los trabajadores públicos, siempre va a existir una tasa de remplazo baja y tendremos que lidiar con este tipo de proyectos de ley.
Para mí, ello resulta inexplicable. El significado de tal criterio es que pensamos en el presente de tales funcionarios, pero no en su futuro, en su jubilación. Siempre tendemos a mirar al trabajador activo, no al pasivo.
Sin perjuicio de las propuestas que se hagan para formar comisiones especiales en esta materia, a mi juicio, hay que empezar por arreglar el problema mencionado: el total de la remuneración que percibe un trabajador público debe ser imponible. Y también, obviamente, ha de procurar evitarse todo lo relacionado con los regímenes a honorarios y a contrata.
Si no resolvemos ese inconveniente, siempre se van a presentar complicaciones en el ámbito previsional.
Hay que terminar de una vez por todas con las asignaciones. Y si fuera necesario entregarlas -legítimamente puede hacerse-, estas tienen que ser imponibles.
Señor Presidente, reitero que, más allá de las reformas que se puedan plantear al sistema previsional -las analizaremos en su mérito cuando corresponda-, no puede estar ausente una modificación para establecer que el total de las remuneraciones de los funcionarios públicos, incluidas las asignaciones, sea imponible.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, después de leer parte de la vida de don Clotario Blest, uno percibe que en ciertos momentos la lucha sindical encuentra infranqueables obstáculos para poder desarrollarse. Basta mencionar la imposibilidad de los trabajadores del sector público para negociar colectivamente y, así, ganar más al trabajar más, principio básico de desarrollo de todo actor productivo, en este caso, de los funcionarios públicos.
También recordé cuando tuve la oportunidad de conocer a don Clotario Blest el año 83 en los Salesianos, ocasión en que me regaló dos fotografías autografiadas por él: una del Che Guevara y otra de Gandhi, que aún conservo. En la de Gandhi figura una sola frase: "Sé justo".
Ahora, cuando uno recorre la historia del movimiento sindical en Chile (de la ANEF y de la CUT), se da cuenta de que al final del día sus dirigentes -algunos nos acompañan en las tribunas- tienen el deber moral de luchar por mejorar las condiciones de sus trabajadores. Y por ese esfuerzo pagan costos enormes. Si bien actúan en representación de aquellos y no de intereses personales, terminan siendo perseguidos, expulsados del sistema muchos de ellos y fuertemente castigados.
Por lo tanto, lograr acuerdos como el que nos ocupa en pos de triunfos parciales, igual es un avance. En definitiva, se gana una batalla, pero no la guerra. Y la lucha continúa.
Me parece que, si hubiera un sistema de reparto justo, como el del INP, que permite a los trabajadores públicos acogerse a retiro sin necesidad de incentivo alguno, pues otorga buenas jubilaciones, la verdad es que no tendríamos que estar discutiendo cada año o cada tres meses una iniciativa de esta naturaleza, que en el fondo ¡subsidia a las AFP y oculta el tremendo drama que estas provocan a los trabajadores!
No logramos derrotar al monstruo; entonces, pasamos por el lado y salimos con una ley de incentivo al retiro.
En realidad es el sistema el que se halla absolutamente colapsado. El cambio de régimen previsional, que se hizo con la pistola en el pecho de los trabajadores, nos ha llevado a esto.
Si tuviéramos un sistema similar al del INP, no estaríamos hoy luchando por conseguir este incentivo al retiro. Los trabajadores cumplirían los requisitos para jubilarse y tendrían una tasa de remplazo adecuada.
Todo lo contrario ocurre con algunos funcionarios de la salud en Punta Arenas. Con el Senador Bianchi, ahí conocí el caso de una trabajadora que percibe una jubilación muy inferior a la de una compañera, con los mismos años de servicio, el mismo cargo, la misma edad y en la misma institución.
El señor BIANCHI.-
¡120 mil versus 680 mil pesos!
El señor NAVARRO.-
Así es.
Entonces, cabe preguntarse si vamos a conformarnos solo con discutir iniciativas de incentivo al retiro. Por cierto, votaremos a favor la que nos ocupa. Pero está claro que aquí hay una deuda. La tuvieron los Gobiernos de la Concertación; la tiene este Gobierno de Derecha. Yo espero que en la Administración de la Presidenta Bachelet entremos al fondo del asunto: establecer la negociación colectiva de los trabajadores públicos y terminar con el sistema de las AFP, que ha colapsado y fracasado en su principal objetivo.
Al respecto, yo estoy claro, no como José Piñera, quien desde España dijo a su hermano Sebastián que el nuestro es un sistema de ahorro y no de pensiones. Entonces, existe una contradicción en el propio padre fundador del sistema en cuanto a la finalidad de este.
A mi juicio, lo relativo a los once meses debiera ser parte de una legislación compensatoria previa. Con ella diríamos: "Mientras no logremos cambiar el sistema de AFP, vamos a ir por los años trabajados de los funcionarios del sector público".
De esa forma, señor Presidente, no tendremos que lidiar en cada oportunidad con el Ministro de Hacienda de turno, quienes son todos cortados por la misma tijera: estudiaron en Harvard; se comportan más o menos igual, sean de la Concertación o de Derecha. ¡Son todos parecidos!
--(Aplausos en tribunas).
No sé quién va a ser el próximo en ocupar dicha Cartera. Habrá que esperar para tener una opinión al respecto.
En definitiva, es necesario evaluar la crisis de fondo.
Se puede señalar que este proyecto es un paliativo, cuya aprobación me parece bien. Pero no hay que olvidar jamás que hay un tema pendiente con relación a los trabajadores públicos, porque los que jubilarán ya no lo van a recordar. En ese sentido, quienes vamos a continuar ocho años más en el Senado tendremos el deber moral de luchar, al igual que los dirigentes sindicales, para cambiar este sistema y, así, dar soluciones de fondo.
¡Patagonia sin represas!
¡No más AFP!
¡Nueva Constitución, ahora!
--(Aplausos en tribunas).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, quiero partir saludando a los dirigentes que nos acompañan, entre los que se encuentra Raúl de la Puente. Agradezco su presencia y los felicito por su trabajo.
Ellos han planteado, con mucha seriedad y claridad, la necesidad de establecer un plan de incentivo al retiro para los funcionarios del sector público. Finalmente, se logró acuerdo para ello, cosa que celebramos. Vamos a aprobar la iniciativa que lo refleja, porque evidentemente se trata de una materia importante y necesaria.
Cabe preguntarse por qué, de tanto en tanto, debemos tratar en la Sala proyectos sobre incentivos al retiro, que proponen una compensación, un bono, en fin. En este caso, equivale a once meses; en otros, a nueve.
Ante ello, uno concluye que algo ha venido fallando. ¡Eso es claro!
Cuando se estableció el sistema de las famosas AFP, a la gente no se le explicó con claridad en qué consistía. Se le presionó para que se cambiara, sin mayor información. Considérese, además, que en ese momento nos encontrábamos en plena dictadura.
El resultado de ello produjo daño previsional a los trabajadores. Y eso es innegable. Por lo tanto, ahora hay gente de mucha edad que no puede jubilar debido a su baja tasa de reemplazo.
Asimismo, es cierto lo señalado por el Senador Orpis: las pensiones se afectan si no se impone por el total de las remuneraciones. Ese es, definitivamente, un factor adverso a la hora de pensar en retirarse.
En el fondo, son varias las materias que se cruzan. Un proyecto como el que nos ocupa se halla muy acotado. Pero el asunto de fondo se refiere más bien al sector público, muchas veces bastante vilipendiado, no siempre valorado ni apreciado en la entrega que hace.
Celebro que haya habido acuerdo en esta materia. Pero también debe reconocerse que durante el actual Gobierno ha habido huelgas muy prolongadas de los servidores públicos.
Los empleados del Servicio de Registro Civil e Identificación estuvieron no sé cuántos días en paro, y vimos la gran incapacidad del Ejecutivo para establecer una mesa de trabajo y llegar a una solución.
La gente de la JUNJI y la de distintos servicios también ha vivido una situación compleja, la que, además, afectó al público, que se sintió molesto por los problemas que se derivaron.
Al final, las consecuencias las pagan los trabajadores, quienes reciben los reclamos. Pero si llegaron a ese extremo, quiere decir que sus demandas requieren una respuesta.
En materia de honorarios, no hemos logrado nunca hacer cumplir la ley. Y seguimos con el vicio de tener personas trabajando 15 y 20 años a honorarios; que cumplen sus labores vez tras vez y mantienen esa calidad sin darles la ocasión de ingresar a las respectivas plantas. Con ello vamos acumulando situaciones de injusticia y de insatisfacción que no sé por cuánto tiempo podremos soportar.
Señor Presidente, creo que ha llegado el momento de pensar seriamente en generar una solución diferente y que dé cuenta de lo que está pasando.
Aquí tenemos tasas de remplazo bajas; las jubilaciones son escasísimas; la gente trabaja mucho más allá de la edad normal para jubilarse; el daño previsional no ha sido suficientemente compensado; seguimos bajo un sistema de AFP impuesto, en que hay altas comisiones y en las cuales los trabajadores no tienen gran participación. Pese a que son sus fondos de capitalización, no cuentan con la información pertinente y, además, se ven afectados cuando hay pérdidas.
Ciertamente reciben beneficios cuando la inversión es positiva, Pero a la hora de las pérdidas no se socializa con ellos. Las AFP siguen ganando y los directores continúan percibiendo sus sueldos y solo el trabajador es el perjudicado.
Lo relativo a este asunto es un tema de fondo. Habrá que abordarlo. Será un tremendo desafío para la nueva Administración. Espero que seamos capaces de avanzar y lograr una sociedad mucho más equitativa para los trabajadores, en particular del sector público.
Los funcionarios de la Administración Pública en la Región de Atacama han solicitado que la suya sea considerada zona estratégica, lo que es de toda justicia. No se la puede catalogar como extrema, pero la carestía de vida generada por lo que significan los proyectos mineros (especulación con las viviendas; rentas, en fin) es dramática. Y con toda razón los empleados públicos, a quienes apoyo, piden algún tipo de compensación, de bonos.
No puedo dejar de mencionar su situación y mi solidaridad con ellos por la justeza de su demanda.
Voto a favor del proyecto, pero deseo dejar establecido que se trata de una solución puntual, la cual, no obstante que beneficiará a un grupo importante de funcionarios, no va al fondo del problema. Este quedará pendiente, y alguna vez deberemos abordarlo y lograr jubilaciones dignas, compensar el daño previsional y poder decir finalmente que hemos construido una sociedad más justa.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (31 votos a favor) y, por no haber sido objeto de indicaciones, se aprueba también en particular, y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Navarro, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
--(Aplausos en tribunas).
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
No sé si Su Señoría se referirá al proyecto relativo al Servicio Nacional de Aduanas.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Exactamente, señor Presidente.
Deseo señalar que la Comisión de Hacienda también emitió el segundo informe recaído en el proyecto sobre incentivo al retiro del personal del Servicio Nacional de Aduanas. Como ya despachamos el que se concordó con la ANEF, y con el objeto de no hacer discriminación entre el personal de la Administración Pública, solicito aprobarlo sin discusión.
El señor TUMA.-
Con la misma votación, señor Presidente.
El señor LARRAÍN.-
Que se haga la relación y se vote.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Primero daremos cuenta del informe. Y luego, si le parece a la Sala, lo aprobaremos con la misma votación anterior.
--Así se acuerda.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
En este momento ha llegado a la Mesa el segundo informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que establece condiciones especiales transitorias para la aplicación del artículo 18 de la ley N° 19.479 y faculta para otorgar el bono compensatorio que indica.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Queda para la tabla de esta sesión.
CONDICIONES ESPECIALES PARA RETIRO DE PERSONAL DE SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Conforme a lo acordado por la Sala, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece condiciones especiales transitorias para la aplicación del artículo 18 de la ley N° 19.479 y faculta para otorgar el bono compensatorio que indica, con segundo informe de la Comisión de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9113-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 63ª, en 15 de octubre de 2013.
Informes de Comisión:
Hacienda: sesión 83ª, en 7 de enero de 2014.
Hacienda (segundo): sesión 89ª, en 22 de enero de 2014.
Discusión:
Sesión 85ª, en 14 de enero de 2014 (se aprueba en general).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Se trata del segundo informe, el que viene con enmiendas aprobadas en forma unánime por la Comisión.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En votación.
Cabe recordar que estamos votando, sin discusión, otra iniciativa sobre incentivo al retiro, en este caso para el personal del Servicio Nacional de Aduanas.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en particular el proyecto (23 votos a favor) y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Escalona, García, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Navarro, Pérez Varela, Prokurica, Rossi, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Se deja constancia de la intención de voto positivo de los Senadores señores Pizarro y García-Huidobro.
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
En el número 2 del Orden del Día se halla el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, con el cual solicita el acuerdo del Senado para ausentarse del territorio nacional los días que indica, de conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 25 y en el número 6) del artículo 53 de la Constitución Política.
Si le parece a la Sala, lo discutiremos de inmediato.
El señor PROKURICA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, señor Senador.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, en la misma línea, entiendo que llegó el certificado del proyecto sobre rebaja del impuesto territorial a propiedades de adultos mayores vulnerables económicamente.
Por ello, solicito recabar el acuerdo de la Sala para tratar esa iniciativa a continuación del oficio del Presidente de la República que solicita el acuerdo del Senado para ausentarse del país.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
El señor PROKURICA.-
¡Pero no me contestó, señor Presidente!
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Primero hará uso de la palabra la Senadora señora Rincón y, después de eso, responderé a Su Señoría.
La señora RINCÓN.-
En todo caso, señor Presidente, mi petición se relaciona con otra iniciativa que llegó de la Cámara de Diputados.
Se dio cuenta del proyecto que prorroga la cotización extraordinaria para el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y modifica ley Nº 19.578, iniciativa que fue remitida a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y a la de Hacienda.
Resulta que esta última se encuentra con una excesiva carga de trabajo.
El proyecto en cuestión no irroga mayor gasto fiscal y consigna mayores ingresos, razón por la cual solicito que lo analice solo la Comisión de Trabajo y obviemos el trámite de la de Hacienda, a fin de poder despacharlo a la brevedad.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Respecto de la petición del Honorable señor Prokurica, si le parece a la Sala, trataremos el proyecto mencionado por Su Señoría en el lugar de la tabla que ha solicitado.
¿Habría acuerdo para proceder en tal sentido?
--Así se acuerda.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
En cuanto a la otra petición, quiero recordar que debemos votar primero la autorización para que el Presidente de la República pueda ausentarse del país. De lo contrario, nos puede faltar tiempo.
Me han pedido la palabra los Senadores señores Escalona, Navarro y García-Huidobro, supongo para cuestiones reglamentarias.
Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Es una consulta, señor Presidente.
No me quedó claro si la solicitud de autorización presidencial finalmente se aprobó.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Aún no, señor Senador.
El señor ESCALONA.-
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, el Presidente de la República solicita a esta Alta Cámara autorización para salir del territorio nacional con el objeto de asistir a la Cumbre de la CELAC, que se realizará en Cuba, y también a la reunión de la Alianza del Pacífico.
Consulto a la Mesa si es posible hacer una votación separada. En realidad, no advierto inconveniente en que el Primer Mandatario asista a la Cumbre de la CELAC, pero no me gustaría que concurriera a la de la Alianza del Pacífico.
El señor PÉREZ VARELA.-
¡Es que en CELAC hay democracia, colega...!
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Señor Senador, le recomiendo que, cuando se vote el oficio, pida la palabra y dé su opinión sobre el particular.
Respecto de la solicitud formulada por la Senadora señora Rincón, el señor Secretario me indica que ese proyecto debe pasar obligatoriamente por la Comisión de Hacienda, dado que tiene relación con temas presupuestarios, razón por la que no es posible omitir dicho trámite.
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, la Comisión de Obras Públicas solicita el acuerdo de la Sala para fijar un nuevo plazo de indicaciones al proyecto que dicta normas sobre compensación a usuarios del servicio de distribución de agua potable, hasta el 3 de marzo, a las 12.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se prorrogará el plazo para formular indicaciones en la forma señalada.
Acordado.
ACUERDO PARA AUSENCIA DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE TERRITORIO NACIONAL
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Corresponde ocuparse en el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para ausentarse del territorio nacional durante los días que indica, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 25 y en el número 6) del artículo 53 de la Constitución Política, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el oficio (S 1633-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 84ª, en 8 de enero de 2014.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores: sesión 87ª, en 21 de enero de 2014.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó la solicitud por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Larraín (don Hernán), Tuma y Walker (don Ignacio).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Propongo a la Sala poner en votación la solicitud presidencial.
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
El señor Secretario informará acerca de las fechas.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Las fechas que figuran en la solicitud presidencial son las siguientes: 28 de enero salida de Chile; 29 de enero en la Cumbre de CELAC en La Habana, Cuba; 29 de enero visita oficial a Ciudad de Guatemala; 30 de enero regreso a Santiago.
Segunda salida: 7 de febrero partida de Chile; 10 de febrero en Cartagena de Indias (Colombia) en la Octava Cumbre de la Alianza del Pacífico; 11 de febrero regreso a Santiago.
Finalmente, el Primer Mandatario señala que, durante su ausencia, será subrogado, con el título de Vicepresidente de la República, por el titular de la Cartera del Interior y Seguridad Pública.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, me gustaría tener claridad acerca de la solicitud del Presidente de la República en lo que respecta a su viaje a la Cumbre de la CELAC que se llevará a cabo en La Habana.
La información que personalmente me entregó el lunes último el Primer Mandatario es que no viajará a la Cumbre de la CELAC, lo que me parece bastante acertado, porque, para ser claro, tendría que abandonar el país al día siguiente de conocerse el fallo de La Haya y resulta mucho más conveniente la presencia de Su Excelencia en nuestro país y no en La Habana.
En consecuencia, me manifestó que agradecía el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, pero que no viajaba.
Entonces, sería bueno aclarar ese punto para los efectos de proceder a la votación.
Entiendo que el otro viaje es a fines de febrero si no me equivoco.
La señora ALLENDE.-
El 7 de febrero.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Así es.
El señor PIZARRO.-
Además, tengo entendido que la Comisión de Relaciones Exteriores hizo algunas recomendaciones al respecto.
Por todas esas razones, me gustaría contar con información oficial.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, comprendo que el Presidente del Senado desee estar informado sobre dónde se encontrará el Primer Mandatario para el fallo de La Haya.
Me parece adecuada la recomendación de que en la fecha señalada la primera autoridad del país debe estar en territorio nacional.
Sin embargo, el Presidente de la República mandó su solicitud a esta Corporación en virtud de las disposiciones legales y constitucionales que nos rigen y él, en su mérito y en su oportunidad, determinará si viaja o no.
Entonces, considero que debemos tratar y despachar el asunto de todas maneras, sobre todo porque si el Primer Mandatario toma la decisión de viajar, es imprescindible que cuente con la autorización del Senado para salir del territorio nacional. De no contar con ella, estaría imposibilitado de hacerlo.
La verdad de las cosas es que conceder ese permiso resulta obvio, por lo cual soy partidario de tramitarlo de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Frei.
Recuerdo a Sus Señorías que nos encontramos en votación y que cualquiera puede fundamentar su voto.
El señor FREI (don Eduardo).-
Señor Presidente, me sumo a las expresiones formuladas por el Presidente del Senado.
Esta materia fue ampliamente debatida, incluso en reuniones sostenidas con los ex Presidentes de la República.
Como dice el Senador señor Prokurica, el Jefe del Estado tomará su decisión, lo que está dentro de sus prerrogativas.
Antiguamente, cuando el Presidente de la República salía al exterior, debía pedir permiso. El caso más conocido fue cuando distintos Senadores negaron al Presidente Frei Montalva su viaje a Estados Unidos.
En razón de ello, votaré a favor de la solicitud presidencial, porque estimo que esa inconsecuencia fue mala para Chile y negativa para el Gobierno de la época. Era la primera vez que un Presidente chileno hacía una gira de Estado al País del Norte.
Todos estamos pendientes de lo que va a pasar el próximo lunes. En mi opinión, sería altamente inconveniente que el Primer Mandatario abandonara el país en esa fecha, más aún cuando se ha dicho, según el registro y las declaraciones públicas, que invitaría a la Presidenta electa, lo cual sería un doble error.
Ojalá que en el fallo que se dará a conocer el próximo lunes nos vaya mejor de lo que se ha transmitido.
Tengo confianza en que será un fallo en Derecho y que Perú, de una vez por todas, lo acepte, porque varias veces ha dicho que no hay conflictos limítrofes pendientes, pero sigue planteando casos e, incluso, se comenta que el próximo año volverá a entablar un nuevo juicio contra Chile.
Entonces, dentro de todas esas circunstancias, estimo que, si el Presidente de la República es el encargado de conducir las relaciones exteriores, tiene la facultad para salir del país, aun cuando hacerlo el próximo lunes, según lo que hemos visto, sería altamente inconveniente, según ha declarado la Presidenta electa.
En consecuencia, porque creo que es el Presidente de la República el que debe tomar esas decisiones y para que no se repita lo que muchas veces pasó, voto a favor.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, sin lugar a dudas que la solicitud presidencial plantea un problema por la inminencia del fallo del Tribunal de La Haya.
Sin embargo, al mismo tiempo, la información que ha trascendido en la prensa es que el Presidente no irá a la Cumbre de la CELAC en Cuba es suficientemente esclarecedora.
No obstante, hay varios elementos para considerar.
Primero, el Presidente formuló esta solicitud algún tiempo atrás, cuando todavía no sabía que esta era la última sesión del Senado y, por lo tanto, necesitaba contar con la autorización para varios viajes eventuales, como el de la CELAC, el de Guatemala y el de Cartagena de Indias con motivo de la Cumbre de la Alianza del Pacífico.
Segundo, tal cual lo ha dicho el ex Presidente Frei, que en estas materias algo más entiende, el Primer Mandatario tiene la prerrogativa en cuanto a la política exterior.
Y esta es una disposición bastante excepcional, que se estableció para evitar algún tipo de dificultades al término de un mandato. Antes se requería de manera permanente la autorización del Congreso. Pero ello se suprimió precisamente por el mal uso, por el uso político que muchas veces se le daba, lo que -al entrabar esta decisión- le significaba perjuicios políticos al país en el ámbito internacional, en circunstancias de que las causas eran cuestiones estrictamente locales y nacionales. Y esa separación nos parece razonable.
Por lo tanto, creo que en este caso debería prestarse la autorización. El Presidente debe seguir ejerciendo sus prerrogativas, y también tenemos conciencia de que las ha de ejercer con buen criterio. Ya ha anunciado cómo va a proceder respecto de aquello que se tope con el fallo de La Haya.
Pero, adicionalmente, rechazar esta autorización sí generaría una mala lectura. Sería francamente inexplicable; significaría un despropósito político gigantesco.
En consecuencia, por muchas razones, pienso que no corresponde rechazar esta solicitud.
Ustedes imaginarán que el último numerito que podría dar nuestro país, previo al pronunciamiento del fallo, sería que nosotros le negáramos las autorizaciones al Primer Mandatario para viajar fuera de Chile. Porque lo que nosotros necesitamos en estos minutos es la mayor normalidad institucional. Y esto último implica, no habiendo alguna razón que justifique negarle al Presidente emplear su criterio para ejercer su prerrogativa, otorgar la autorización. Lo contrario sería francamente inexplicable.
Por todas estas consideraciones, estimo que debemos votar favorablemente la solicitud y, al mismo tiempo, hacer presente, como lo hicimos en la Comisión de Relaciones Exteriores, que tenemos claro el buen juicio del Primer Mandatario para ejercer sus prerrogativas.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, tal como lo han señalado colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, siento que lo que debemos hacer como Senado es autorizar al Presidente de la República para realizar sus viajes, particularmente el primero de ellos, a la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que se realizará en La Habana.
El Primer Mandatario verá en su momento lo que resuelve. Probablemente, la decisión la tomará luego de conocer el fallo que entregue el Tribunal de La Haya. Pero negar la autorización, en mi opinión, constituiría una afrenta no solo hacia el Presidente de la República, sino también hacia la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
Por lo demás, la tradición que nosotros hemos tenido desde el 11 de marzo de 1990 en adelante es autorizar siempre a los Presidentes cuando han requerido el acuerdo del Senado para ausentarse del país. Y en esta ocasión, no obstante la situación respecto del fallo que vamos a conocer públicamente el próximo lunes, lo que corresponde es tener confianza en las decisiones del Primer Mandatario y de nuestra Cancillería.
Voto a favor.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, las relaciones internacionales corresponden al Primer Mandatario. En la incorporación a los diversos bloques internacionales poco y nada tienen que hacer los parlamentarios.
He presentado un proyecto de ley para posibilitar que al menos se consulte al Senado cuando se trate de la inserción internacional de Chile en bloques permanentes. Porque lo que se ha dado hasta ahora es la libre disposición del Presidente de la República y la posterior suscripción o votación.
El Primer Mandatario ha decidido participar en la Alianza del Pacífico. Hay dos visiones en América Latina en materia de integración. Existen dos visiones, además, de la vida, del comercio. Y siento que se encuentra pendiente una aclaración acerca de la integración a la referida Alianza del Pacífico, que, en mi opinión, nuevamente está instrumentalizada por los Estados Unidos en contra de otros mecanismos de integración en América Latina. De repente, el "comisario mundial" se dio cuenta de que esta existía, pero que ya estaba plagada de gobiernos de izquierda y progresistas, y ha retomado su preocupación por ella. Y un caballito de Troya es la Alianza del Pacífico.
El Presidente ha decidido ir. ¡Bien! Si me dieran la posibilidad de votar por separado, no tendría inconveniente en que el Primer Mandatario asistiera a la Cumbre de la CELAC, el organismo mayor, plural, que integra a todos en una sola visión. Fue fundado en Caracas, Venezuela, y el Presidente Piñera ya lo presidió.
En cuanto a su salida del país, toda la prensa señala que el Jefe de Estado ya ha anunciado que no irá. Creo que la autorización es para manejar las alternativas. El Presidente Humala, al parecer, va a estar en Perú; no ha anunciado si concurrirá o no. Nos parece correcto que el Primer Mandatario pueda decir: "Teniendo la facultad para ir, lo haré o no dependiendo de lo que ocurra el día 27". Pero todo indica que, dado el ambiente que se está viviendo, tanto en Chile como en Perú, lo más adecuado es que el Presidente Piñera permanezca en Chile, porque será solicitado de manera permanente, no solo por los medios, sino también para explicar a la ciudadanía el fallo, cualquiera que este sea.
Voy a votar que sí, porque es una tradición del Senado. No creo que esto pueda ser un instrumento de utilización política. Me parece bien que nuestra Corporación posea una facultad de esta envergadura, en el contexto de un Senado debilitado frente a la monarquía presidencial, frente a una Constitución que concentra todo el poder en el Presidente de la República.
Planteo estas dos observaciones.
Tengo la convicción de que el Presidente no debiera viajar hasta que estén asentadas las consecuencias del fallo, a nivel nacional e internacional.
Y lamento nuestra participación en la Alianza del Pacífico. Se trata de una materia que esperamos debatir en algún momento en esta Corporación. Creo firmemente que Chile tiene que participar en las instancias internacionales, pero también pienso que debiéramos ser capaces de discutir en cuáles de ellas ha de hacerlo.
Voto a favor.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, en realidad simplemente quise formular una consulta, aprovechando la presencia del Ministro y de algunos miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores. No buscaba generar un debate. Seguramente se malentendió lo que señalé.
Vuelvo a decirlo: en la conversación que sostuvimos con el Presidente el lunes él me planteó que no viajaba, por razones obvias. Y yo le entendí que, en el fondo, agradecía que el Senado otorgara la autorización y que la solicitud se retiraba. Pero en fin.
Sí quiero aclarar un par de comentarios que se han hecho acá.
El que nosotros estemos decidiendo esto ahora es nada más que por la situación excepcional a que hacía mención el Senador Hernán Larraín. En los últimos noventa días de su mandato el Presidente debe solicitar la autorización para salir del país. En el resto del tiempo nosotros solo tomamos conocimiento -se lo aclaro al Senador García- de los viajes del Primer Mandatario. Ello no está sometido a la consideración del Senado. Solo acusamos recibo de la información.
Y, como bien me acota el Senador Zaldívar, estas autorizaciones dicen relación con el juicio político y las responsabilidades que tienen las autoridades hasta un tiempo después de cumplido su mandato.
Por supuesto, respaldaré la solicitud formulada.
Comparto las razones que ha planteado el Senador Eduardo Frei. En la memoria histórica de Chile todavía se encuentra vigente y plenamente latente la negación por parte del Senado de la época en cuanto a la autorización para que el Presidente Frei Montalva realizara un viaje de Estado a Estados Unidos que era importante para el país. Por situaciones de política interna, o de miopía política, o de coyuntura, o de mezquindad, como me acotan, no se autorizó. Fue algo francamente lamentable y formó parte, seguramente, de la odiosidad, de la polarización que nuestro país comenzó a vivir años después y que no queremos que se repita.
Todos partimos de la base de que el Presidente de la República tiene la responsabilidad de las relaciones exteriores, de la política exterior. En general, las políticas de Estado han sido respaldadas de manera permanente, sobre todo la defensa que Chile ha realizado contra la demanda peruana interpuesta en La Haya.
Y bueno: podemos tener opinión, pero nadie ha puesto en cuestión la solicitud formulada por el Primer Mandatario, así que voy a votar a favor.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).-
No voy a intervenir.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, entonces, el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, estimados colegas, la decisión de autorizar o no a un Jefe de Estado para salir del país debería tomarse en función del propósito del viaje, en primer término.
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños es un espacio muy importante para Chile. A algunos nos gustaría, no obstante, ver una política exterior más concentrada en la región, en particular en el marco de la UNASUR, que debería ser nuestro espacio geopolítico, económico, de privilegio. La CELAC es una extensión tremendamente relevante en un espacio de pluralismo regional donde Chile debe tener una participación activa.
Dos años atrás, nuestro país ocupaba la presidencia pro tempore de la CELAC. Incluso, uno de sus encuentros se realizó acá. Hoy, nuestra participación debería evaluarse, en primer término, en el marco de la importancia de tal organismo.
Lo anterior lo lleva a uno, por cierto, a aprobar y respaldar cualquier posibilidad de presencia de nuestra nación en el ámbito internacional.
Sin embargo, esta discusión se da en un contexto determinado, y es lo que genera reflexión. Probablemente, si hubiera habido unanimidad completa acerca de cómo se ha manejado o debatido, en particular en las últimas semanas, lo relacionado con el juicio en La Haya y las señales que se han dado, tal vez la presente discusión habría sido más fácil.
En lo personal, creo que ciertos manejos comunicacionales de los últimos días han sido poco afortunados para la estrategia de nuestro país en lo relativo a un fallo que está por conocerse y frente al cual solo nos queda, como nación respetuosa del Derecho Internacional, acatar. Aquello no debe estar en discusión en ningún momento.
Pero el contexto, el clima generado en torno a este debate, es de principal responsabilidad del Gobierno, en el cual recae la conducción de la política exterior, en particular en materias de vecindad, tan relevantes para el país.
A mi juicio, ciertas señales que se han dado en el último tiempo son las que han generado ruido en el sistema. Ahí se ha perdido unanimidad sobre cómo manejar la coyuntura. Es el Ejecutivo, no la Oposición ni el Parlamento, el que ha creado hasta un clima de duda sobre cuál debe ser el contexto del resultado del próximo lunes. Nosotros hemos esgrimido nuestros mejores argumentos. Quien ha generado un cuadro de incertidumbre -insisto- no es la Oposición ni el Parlamento.
Se habla de que el Presidente tendrá buen criterio al decidir si viaja o no, porque se ha generado un clima poco afortunado.
Solo quiero dejar constancia de mi percepción del contexto en que se desarrolla este debate. Yo espero que ese contexto pueda mejorar. Soy de aquellos que creen que frente a la actual contienda se hizo la mejor defensa posible como Estado. Y no se debe retroceder ni un ápice en esta afirmación.
Lamento que a veces el contexto haya posibilitado esa idea.
Creemos que la CELAC es importante. Porque no somos como algunas bancadas del frente -lo quiero decir y lamento tener que poner el ejemplo, y en todo caso no me refiero a las personas, sino a los partidos- que criticaban cuando el Presidente Frei Ruiz-Tagle viajaba y le hacían escándalo, ¡escándalo!, cuando el país estaba recién volviendo a reinsertarse en la comunidad internacional.
Nosotros no vamos a responder con ese mismo criterio. Le hace mal al país; le hace mal al Estado chileno.
El Jefe de Estado es el responsable de conducir la política exterior, y creo muy relevante que eso se mantenga hasta el 11 de marzo de este año, para que no haya la intención de endosar situaciones a otros, como por momentos pareciera hacer pensar el clima que se ha creado.
Voy a votar a favor de la autorización solicitada.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Escalona para fundamentar el voto.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, manifiesto de inmediato que mi voto será positivo, para que no haya inquietud dentro de los colegas que representan a las bancadas de Gobierno. Pero debo decir que esta es una prerrogativa del Senado, porque aquí se ha dicho algo enteramente inexacto. Así se halla establecido en la Constitución: en los últimos noventa días de su mandato el Presidente de la República tiene que pedir autorización al Senado para salir del país. Y eso se debe a una circunstancia muy simple: puede haber materias que aconsejen que la Cámara Alta no dé su autorización. Imagino que tales materias estarán vinculadas, esencialmente, a razones de política interna.
Pero reconozco que la jefatura de la política exterior del país le corresponde al Presidente de la República. En este caso, se trata de dos eventos internacionales y, en consecuencia, corresponde habilitarlo para que pueda asistir representando al país. Es así de simple, así de claro. No le veo dramatismo.
Sin embargo, efectivamente hay circunstancias en las cuales el Senado podría no autorizar al Primer Mandatario para ausentarse del territorio nacional en estas condiciones.
Simplemente, estamos haciendo uso una prerrogativa establecida constitucionalmente.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, no cabe duda de que esta es una prerrogativa excluyente del Senado. Eso no está en discusión, y coincido plenamente con el Senador que me antecedió en el uso de la palabra.
Pero, con la misma convicción con que ha expresado sus ideas, quiero decirle al Senador Letelier -por su intermedio, señor Presidente- que si hay algo que le hace mal a Chile es precisamente el planteamiento que Su Señoría ha manifestado.
Porque lo que él ha hecho es un traslape total de la institución para intentar transformarla en una crítica política internacional. Lo que aquí está en juego, como bien lo han sostenido varios parlamentarios, es la existencia actual de alguna circunstancia que podría impedir que el Presidente de la República saliera al extranjero. Podría ser, por ejemplo, la eventual presentación de una acusación constitucional, que es el origen de la presente norma, que confía al buen criterio del Senado decidir si se da o no algo así.
Lo que ha manifestado el Senador Letelier apunta exactamente al ámbito interno. Él ha formulado una gran crítica política y ha hablado de que la percepción política que se ha mostrado respecto del fallo le ha hecho daño a Chile.
Yo considero profundamente lesivo este debate en tales circunstancias. Uno podrá discutir después de que se conozca el fallo. Así hemos actuado siempre desde estas bancadas, con absoluta lealtad a lo que ha sido la política de Estado en estas materias, sin generar estas bombas de duda, como que algo hay respecto de una situación compleja o de un resultado incierto; una percepción política, como expresó el señor Senador.
Considero profundamente dañino al sentido que tiene la institución de aceptar o rechazar una solicitud presidencial el instalar, como tema de fondo, la forma de asumir los desafíos internacionales.
Y también yerra el Senador Letelier -por su intermedio, señor Presidente- al enrostrar una eventual crítica o persecución -creo que es la palabra que usó- respecto al Presidente Frei Montalva.
¡No fueron estas bancadas!¡Fueron otras las que le impidieron su salida al extranjero! Desde estas bancadas jamás ha habido, ¡jamás!, un intento de torpedear, disminuir, impedir, hacer zancadillas a la salida de un Primer Mandatario. Lo puedo atestiguar porque he estado tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Y eso no ocurrió ni con el Presidente Aylwin, ni con el Presidente Frei Ruiz-Tagle -aquí presente-, ni con el Presidente Lagos, ni con la Presidenta Bachelet. Y ello también se dio en circunstancias políticas complejas, algunas relacionadas con segunda vuelta o con críticas que uno pudo haber formulado en materia política.
¡Nunca hemos confundido la misión de Estado que está encomendada excluyentemente al Senado con lo que puede ser un legítimo planteamiento político, que escapa por completo al lugar y la forma de hacerlo!
Por eso, señor Presidente, a mí me preocupa el tenor de la discusión o ese giro que se ha intentado dar -afortunadamente solo por un parlamentario- en un debate que, por naturaleza, debería llevarse a cabo en su mérito, ser serio, observar si hay o no alguna circunstancia sobreviniente que pueda impedir un viaje de esta índole.
Por fortuna, veo que el resto actúa en forma diferente. Está llano a autorizar al Presidente de la República, que nada esconde, que de nada huye, para que pueda determinar, dentro de la lógica del poder, cuáles serán sus desplazamientos durante los próximos días, sobre todo sabiendo que son dos viajes para los que ha solicitado la salida y que, obviamente, no puede hacer la petición la próxima semana porque no va a estar en funcionamiento el Parlamento.
Entonces, pido de verdad un espíritu de buena fe, un espíritu de comprensión, un espíritu de Estado con mayúsculas, no la cosa pequeña que hiere, que complejiza, que genera duda, que al final enturbia un proceso que, por naturaleza, está establecido de una manera diferente y que, a mi juicio, debemos honrar con la independencia que a cada cual le corresponde, como se hace en otras circunstancias, pero siempre respetando el verdadero sentido de esta institución, del Senado, acerca de esta autorización excluyente.
Por eso, señor Presidente, no solamente voto que sí, sino que también lamento que se haya dado este tipo de discusión.
Me gustan los debates -son propios de la democracia-, pero no con estos mensajes subyacentes que al final nada engendran.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, quiero anunciar mi voto positivo.
Me parece que esta es una prerrogativa del Senado que está clara: el Presidente de la República debe solicitar autorización a la Cámara Alta dentro de los 90 días del término de su mandato, pero obviamente es prerrogativa de él decidir si la va a usar o no la va a usar, si viajará o no viajará.
Ahora bien, estimo que es enteramente legítimo que en el Senado cada uno exprese su punto de vista. Y si algunos han tenido aprensiones o no en estos últimos días con determinadas noticias, eso es absolutamente legítimo y propio de esta Corporación.
Yo solamente quería reiterar esto, señor Presidente.
Pienso que es bien importante tener en claro -nosotros lo tenemos claro- que el Primer Mandatario es el responsable de la política exterior. Y espero que haya un buen criterio a ese respecto.
Deseo señalar que, más allá de lo que se malinterpretó, hubo un poco de sorpresa, porque se había anunciado que el Presidente no iba a viajar dadas ciertas circunstancias.
Pero ese no es el tema. El punto aquí es que existe en esta materia una prerrogativa del Senado para pronunciarse sobre tal solicitud, como también es una prerrogativa del Presidente de la República ocuparla o no.
Creo que él tendrá la capacidad -y espero el buen criterio- a la hora de decidir.
Voto a favor.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, simplemente quiero lamentar el tipo de discusión en la cual nos hemos enredado con motivo de la autorización que ha pedido el Primer Mandatario para salir fuera del país, como corresponde constitucionalmente y como se encuentra establecido en lo que respecta a las atribuciones del Senado de la República.
Yo lo único que solicito a las bancadas de enfrente es estatura de Estado ante una situación relacionada con la autorización de salida del Presidente de la República, quien además es el que conduce la política exterior del país, sobre todo teniendo en cuenta los eventos que habrá por delante la próxima semana.
Por lo tanto, pido responsabilidad al momento de debatir esta materia. El Parlamento es la cuna de la democracia, y es legítimo que podamos manifestar nuestros puntos de vista, pero siempre respetando la dignidad del Primer Mandatario, quien conduce la política exterior de Chile.
Lamento el tipo de argumentación o el mensaje entrelíneas que se quiere mandar a través de esta discusión, que me parece del todo inconducente.
He dicho.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba la solicitud del Presidente de la República para ausentarse del territorio nacional (31 votos favorables).
Votaron las señoras Allende, Alvear, Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor PIZARRO (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable de los Senadores señores Letelier y Navarro.
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
En este momento ha llegado a la Mesa un certificado de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que rebaja el impuesto territorial correspondiente a propiedades de adultos mayores vulnerables económicamente, con urgencia calificada de "discusión inmediata" (boletín N° 9.199-05).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Como se acordó, queda para la tabla de esta sesión. Lo trataremos inmediatamente.
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El señor CHAHUÁN.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, quiero saber si es posible solicitar a la Sala que el proyecto signado con el número 16 del Orden del Día sea tramitado como si fuera de Fácil Despacho. Es el que otorga la nacionalidad chilena al artista bailarín señor Luis Ortigoza Marchisio.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Señor Senador, ya fueron analizadas las iniciativas de Fácil Despacho, algunas sobre tabla, y todavía no iniciamos la discusión del proyecto que figura en el primer lugar del Orden del Día, que establece el sistema de promoción y desarrollo profesional docente del sector municipal, que tiene urgencia calificada de "suma".
El señor CHAHUÁN.-
Está bien, señor Presidente.
REBAJA DE IMPUESTO TERRITORIAL A PROPIEDADES DE ADULTOS MAYORES VULNERABLES ECONÓMICAMENTE
El señor PIZARRO (Presidente).-
Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que rebaja el impuesto territorial correspondiente a propiedades de adultos mayores vulnerables económicamente, con certificado de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9199-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 87ª, en 21 de enero de 2014.
Certificado de Comisión:
Hacienda: sesión 89ª, en 22 de enero de 2014.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El principal objetivo del proyecto es eximir total o parcialmente de la obligación de pagar el impuesto territorial a los adultos mayores que indica.
La Comisión de Hacienda discutió la iniciativa en general y en particular en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, y la aprobó por la unanimidad de sus miembros -Senadores señores Escalona, García, Lagos, Pérez Varela y Zaldívar- en los mismos términos en que fue despachada por la Cámara de Diputados.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor DITTBORN (Ministro de Hacienda subrogante).-
Gracias, señor Presidente.
Haré un breve resumen de esta iniciativa para aquellos señores Senadores que no estuvieron en la Comisión de Hacienda.
El proyecto básicamente establece una disminución del monto anual pagado en impuesto territorial para los adultos mayores vulnerables de clase media, a fin de que estos pagos de contribuciones tengan un techo y nunca excedan el 5 por ciento de su ingreso anual.
Ello, a nuestro juicio, es muy justo porque este no es un impuesto a la renta, no es un gravamen al flujo de ingresos de una persona, sino que es un tributo a los bienes.
Lo que ocurre normalmente en la vida laboral de las personas es que ganan determinada cantidad hasta cierta edad, pero luego las pensiones son sustancialmente menores -como se señaló en un debate anterior- a los sueldos en actividad. Entonces, como no pueden pagar sus contribuciones, se ven obligadas muchas veces a vender sus casas-habitaciones. Como dije, el impuesto territorial pierde total relación con los ingresos de la gente y solo tiene vinculación con el valor del bien que habitan.
Esta iniciativa, señor Presidente, complementa otros mecanismos y herramientas implementadas durante este Gobierno en beneficio de nuestros adultos mayores, especialmente el descuento del 7 por ciento de salud.
Los beneficiarios y requisitos son los siguientes:
-Se favorecerán con esta rebaja todos los contribuyentes del impuesto territorial con al menos 60 años, en el caso de las mujeres, y 65 años, en el de los hombres.
-Otro requisito es que los ingresos anuales del adulto mayor no pueden exceder el límite superior del tramo exento del impuesto global complementario. Es decir, no pueden ser superiores a 550 mil pesos mensuales, aproximadamente. Un adulto mayor con un ingreso o un sueldo sobre esa cifra estaría automáticamente fuera de este beneficio.
-La suma de los avalúos de todas las propiedades, si es que el adulto mayor tuviera más de una, no puede superar los 75 millones de pesos.
-El inmueble beneficiado debe estar inscrito a nombre del adulto mayor, o en conjunto con su cónyuge o hijos que hayan sucedido al cónyuge fallecido, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces respectivo, con al menos dos años de antigüedad al 31 de diciembre del año anterior a aquel en que se haga efectiva la rebaja.
-El inmueble debe ser destinado efectivamente a la habitación.
Ahora, ¿en qué consiste el beneficio?
-Los contribuyentes que cumplen los requisitos que he mencionado pagarán como máximo un 5 por ciento de su ingreso anual de impuesto territorial por las propiedades no agrícolas con destino habitacional.
-Se determina si un adulto mayor es beneficiario sobre la base de la información de sus ingresos de la Operación Renta del año en curso.
Quiero establecer aquí claramente que este es un beneficio automático. El adulto mayor no tiene que ir al municipio o a Impuestos Internos o a alguna oficina pública a solicitarlo. Automáticamente, de acuerdo con la información que posee dicho Servicio, se determina si cumple con el requisito de tener un sueldo o pensión inferior a los 550 mil pesos mensuales; si el avalúo de la propiedad es inferior a 75 millones de pesos; si tiene la edad requerida, etcétera. Y, si así fuera, las cuotas que debe pagar por la propiedad beneficiada se van a ver disminuidas en forma inmediata, según los criterios que he señalado.
-Si el adulto mayor es dueño de más de una propiedad y cumple con el requisito de que la suma del avalúo sea inferior a 75 millones de pesos, la rebaja tiene lugar solo sobre la propiedad de mayor valor.
-Y, como dije antes, el beneficio se aplicará a las cuotas del impuesto territorial que se giren desde el semestre siguiente al de la entrada en vigencia de esta ley.
En consecuencia, si se aprobara este proyecto en el Congreso durante el primer semestre de este año, las cuotas 3 y 4 quedarían afectas a este beneficio.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar, quien nos entregará un breve informe en su calidad de Presidente de la Comisión.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, en realidad el Ministro ya nos ha dado a conocer el contenido del proyecto. En la Comisión de Hacienda se aprobó por unanimidad, pero se hicieron algunas observaciones y creo que es bueno que la Sala las conozca.
Nadie puede negar que lo que se establece en la iniciativa constituye un beneficio para algunos adultos mayores. No obstante, también quiero decir -es necesario que los parlamentarios lo tengamos presente- que muchas veces se crean expectativas muy distintas a la realidad. Y, en nuestras regiones, cuando tomamos contacto con grupos de ciudadanos, algunos nos reclaman que hemos aprobado una ley y que a ellos no les ha llegado el beneficio, que consideran que les corresponde. Digo esto porque se calcula que hay, más o menos, 200 mil adultos mayores que son dueños de un bien raíz destinado a habitación. Sin embargo, de acuerdo con la focalización que se instituye, que tiene cierta lógica, el proyecto solo va a beneficiar a unos 40 mil.
O sea, tomemos nota de que uno de cada cuatro va a ser beneficiado. No es que yo esté propiciando que sean los cuatro. Pero sí debemos tener conciencia de que cuando lleguemos a conversar con nuestra gente, con las personas que se acercan a uno, este va a ser un reclamo persistente. Porque no todos entienden muchas veces el criterio de focalización, sobre todo tratándose de una normativa que es bastante compleja en su aplicación, por lo que el propio Ministro ha relatado.
¿Cuáles son las exigencias?
Primero, que el bien raíz no exceda de 75 millones de pesos. La cifra inicial era de 100 millones, pero en la Cámara de Diputados se rebajó.
Segundo, que si la persona tiene más de un bien inmueble, que la suma de ellos no exceda los 75 millones de pesos.
Tercero, que esa propiedad esté dedicada a la habitación.
Todo tiene cierta racionalidad. Pero, además, se establece el requisito de que la renta del adulto mayor no sea superior a 550 mil pesos. Y luego, por supuesto, la edad.
Los adultos mayores que obtengan el beneficio lo recibirán con beneplácito, pero seguramente vamos a sufrir reclamos de los que queden al margen de él, quienes nos preguntarán por las razones de su exclusión.
Es cierto lo que ha señalado el Ministro -y lo planteamos en la Comisión-: la aplicación de la rebaja se realizará en forma automática. O sea, no va a haber un proceso burocrático en que cada persona deba ir a requerir el beneficio. No. Impuestos Internos nos ha asegurado que, dados los sistemas actuales de computación y de comprobación de datos, etcétera, etcétera, se va a proceder de manera automática. No obstante, quiero que seamos claros: esta iniciativa no beneficiará a la totalidad de los adultos mayores, sino, como se señala aquí, solo a los "vulnerables". Pero siempre la gente se siente dentro de esa categoría.
Ahora, el otro tema que hicimos presente -y deseo reiterarlo- es que la aplicación de la medida propuesta no tiene costo para el Fisco. Se calcula un gasto del orden de los 5 mil millones de pesos. Y esta cifra se carga a las municipalidades. Son ellas las que van a tener un menor ingreso por ese concepto.
Siempre los municipios nos reclaman que nosotros les aprobamos obligaciones pero no les entregamos los fondos para hacerlas efectivas, lo que les merma sus propios recursos. Y sabemos que las entidades edilicias, sobre todo las de menores ingresos, son brutalmente vulnerables en cuanto a su presupuesto. La gran mayoría de ellas -y lo hemos escuchado-, cuando carecen de dineros para llevar a cabo algún proyecto de inversión -apenas disponen de ellos para sus gastos corrientes, en salud, educación, etcétera-, deben ir a la Subsecretaría de Desarrollo Regional o a algún órgano del Estado a pedir financiamiento para ese propósito.
Esto significa que, a pesar de que se dice que las municipalidades van a tener un mayor ingreso por los reavalúos que vienen u otras normas legales, las más afectadas por este desembolso de 5 mil millones de pesos serán las de menores ingresos. ¿Por qué? Porque, de las contribuciones de bienes raíces que cobra cada municipalidad, el 60 por ciento va a beneficiar a las de menores ingresos a través del Fondo Común Municipal.
Por lo tanto, esta medida va a afectar a las municipalidades más vulnerables y de menos recursos, dado que las de mayores ingresos no experimentan este problema. Estas, generalmente, no tienen muchas propiedades en la situación descrita; no se presentan tantos casos.
Creo que es bueno tomar nota de las observaciones formuladas. Sin perjuicio de lo anterior, yo soy partidario de aprobar el proyecto, haciendo presente que se trata de un beneficio focalizado: no es para todos los adultos mayores, y afecta a las municipalidades de menores ingresos. No obstante, recomendamos su aprobación.
Gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).-
En votación general y particular.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero expresar mis agradecimientos tanto al Presidente Piñera cuanto al Ministro Julio Dittborn, aquí presente.
Con los parlamentarios de Renovación Nacional Francisco Chahuán y Carlos Larraín fuimos muy insistentes en que se enviara este proyecto. ¿Por qué? Porque en este caso hay una razón de fondo para rebajar el impuesto territorial.
Dicho gravamen, que afecta también a numerosas personas que son propietarias de un buen bien raíz porque durante gran parte de su existencia trabajaron con empeño para vivir mejor, se aplica asimismo a una significativa cantidad de viudas y herederos que, aun cuando quedaron con una vivienda de muy alto nivel, no tienen muchos ingresos y, por lo tanto, están pagando impuesto sobre un patrimonio que ya tributó (porque todos los recursos generados para comprar un bien raíz de aquella índole ya pagaron impuesto). En tales condiciones, personas que enviudaron han debido vender casas de buena calidad porque se hallan imposibilitadas de cancelar las contribuciones.
Siento que el esfuerzo que se hace para rebajar las contribuciones sobre todo a gente que necesita más recursos para atenciones de salud y adquisición de remedios es una buena respuesta del Gobierno del Presidente Piñera a los adultos mayores.
Es cierto que uno quisiera más.
Escuché al Presidente de la Comisión de Hacienda. Pero yo no soy partidario de generarle expectativas a la gente.
Por eso, considero buena la exposición que hizo esta tarde en la Sala el Ministro de Hacienda subrogante, durante la cual estableció claramente quiénes serán los beneficiarios de esta iniciativa: 40 mil personas que pagarán menos por concepto de las contribuciones aplicadas a bienes raíces que compraron con sacrificio y esfuerzo.
Además, destaco el hecho de que no será necesario ir a hacer cola a ninguna parte ni entrevistarse con nadie: el beneficio se otorgará automáticamente a quienes cumplan los requisitos que se establecen.
Ojalá que el próximo Gobierno pueda realizar el esfuerzo a que algunos Senadores hacen referencia, señor Presidente.
En todo caso, yo no comparto algunas críticas, como la que formuló el Presidente de la Comisión de Hacienda en el sentido de que serán mayormente afectadas las comunas de más escasos recursos. Al revés: en ellas no habrá ningún problema, pues las casas se hallan exentas del pago de contribuciones.
Las comunas afectadas serán aquellas donde hay casas de valor elevado, lo que motivará que el beneficio para sus propietarios sea inferior.
Sinceramente, creo que durante la tramitación se podrá ir mejorando parte de esta iniciativa.
También me gustaría que todos fueran beneficiarios. Y ojalá también hubiera una compensación para los municipios, que nos critican a los parlamentarios por aprobar leyes que les acarrean gastos sin que consignemos los ingresos necesarios para solventarlos.
Pienso que la gente de la tercera edad agradecerá la noticia de que 40 mil personas de ese segmento de nuestra sociedad serán beneficiadas con la rebaja del impuesto territorial, que a mi juicio es bastante injusto, incluso desde su origen.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Lamento que se haya abierto la votación, señor Presidente, pues tenía una consulta muy importante, que me gustaría fuera absuelta por el señor Ministro.
El proyecto original establecía una rebaja del impuesto territorial para las propiedades con avalúo fiscal de hasta 100 millones de pesos. La Cámara de Diputados bajó este monto a 75 millones.
Yo quiero preguntar si esa reducción se efectuó mediante indicación del Ejecutivo o a través de indicación parlamentaria.
Si fue indicación parlamentaria, quiero hacer de inmediato reserva de constitucionalidad, pues no corresponde que por esa vía se realicen rebajas en materia tributaria.
El señor DITTBORN (Ministro de Hacienda subrogante).-
Fue indicación del Gobierno, señor Senador.
El señor ORPIS.-
Gracias, señor Ministro.
Aclarado aquello, señor Presidente, debo puntualizar que no comparto la disminución del monto explicitado, pues quizá se está pensando en las comunas del barrio alto de Santiago.
Como Senador por la Región de Tarapacá, debo señalar que, por ejemplo, en Iquique el valor de las viviendas ha subido en forma notable. Así, muchas personas del sector medio, a raíz de la mencionada disminución en el límite superior del avalúo fiscal, no serán beneficiadas.
Y estoy seguro de que esa realidad se vive no solo en Iquique, sino también en muchas zonas de nuestro país donde el valor de los bienes raíces se ha elevado de manera muy significativa.
Por consiguiente, creo que se cometió un error al rebajar el monto máximo del avalúo fiscal, pues, en la práctica, se impedirá a muchas personas de la clase media acceder al beneficio en comento.
Voy a votar favorablemente, pero dejando constancia de que en la Cámara de Diputados se cometió tal error con relación a la iniciativa que envió el Ejecutivo.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, con los Senadores Prokurica y Carlos Larraín impulsamos la rebaja en cuestión durante las campañas parlamentaria y presidencial.
Hoy día se está cumpliendo la palabra empeñada: el Presidente Sebastián Piñera ha dado un paso importante en la idea de hacerles justicia a los adultos mayores de nuestro país.
Sí, hemos de coincidir con el colega Orpis en que no es adecuada la rebaja del monto del avalúo fiscal registrada en la Cámara de Diputados a raíz de una indicación del Primer Mandatario.
En todo caso, debo señalar que estamos ante un avance sustantivo.
Agradezco que el Presidente Sebastián Piñera haya cumplido la palabra empeñada, y de paso, recogido la política consistente empujada por Renovación Nacional, especialmente por los Senadores que individualicé, con quienes siempre hemos estado comprometidos en el propósito de darles mejor calidad de vida a los adultos mayores. De modo que, en nuestro concepto, la medida planteada va en la dirección correcta.
Insisto en el problema derivado de la rebaja del tope superior del avalúo fiscal.
Efectivamente, a lo largo de todo el país se ha registrado en el valor de los bienes raíces un aumento sustancial que no se condice con el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas de la tercera edad, a las que se procura beneficiar con el proyecto de ley que nos ocupa.
Con la rebaja del impuesto territorial, más de 40 mil adultos mayores serán favorecidos en todo Chile.
Estimamos que se trata de un paso definitivo en la idea de hacer justicia a la gente de la tercera edad.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, este es un debate -lo digo con absoluto respeto a quien me antecedió en el uso de la palabra- bien antiguo: no es nuevo.
No me parece adecuado, entonces -porque vengo escuchando esto desde hace muchos años-, que solo uno se atribuya la idea. Lo considero un poquito excesivo.
Por cierto, tiene gran valor que el actual Gobierno haya mandado este proyecto. Pero partir declarando que la idea es patrimonio de alguien...
El señor CHAHUÁN.-
¡Igual que el 7%!
El señor LETELIER.-
No hablemos del 7%.
Ahora bien, la única razón de fondo por la que votaré a favor de esta normativa es porque sé que no será la actual Administración la que va a implementarla. Porque tengo la convicción de que, si tuvieran que hacerlo el Presidente Piñera y su Ministro de Hacienda, habría letra chica.
Eso es lo que me ocurre con este proyecto.
Podemos discutir por qué no hay impuesto a la plusvalía de la propiedad. ¡Es un tremendo tema!
Si las contribuciones son un derecho que se paga, se podría conversar.
Yo represento a una Región donde la gran mayoría de los cascos urbanos es habitada por adultos mayores que subsisten solo con pensiones; no tienen otras rentas; rentas declaradas. Otros perciben rentas que no declaran.
Según explicó el Senador Zaldívar, con este proyecto se beneficiará a uno de cada tres o cuatro propietarios pertenecientes a la tercera edad, conforme a los requisitos que se establecen, en particular el atinente a la renta bruta de hasta 550 mil pesos -según entiendo- del dueño de la vivienda (no del grupo familiar).
Ello podría generar -quiero dejar constancia- el incentivo perverso de traspasar la propiedad a quien perciba una pensión baja, en caso de que la del dueño del bien raíz fuera elevada.
Si se hallara aquí la ex Ministra del Trabajo y ex Senadora señora Matthei, sin duda estaría apuntando eso, pues siempre pensaba en quienes tratan de evitar situaciones como la señalada.
Sin embargo, entendiendo que el espíritu es favorecer a personas que viven de un ingreso insuficiente y a las que a veces les resulta caro solventar la contribución, me parece muy positivo el criterio de romper cierta lógica que ha habido históricamente en el Estado en cuanto a mantener una estructura de pago de derechos e impuestos muy rígida, que no contempla excepciones.
Yo creo que esta iniciativa es una excepción tremendamente importante para personas que sufren procesos de empobrecimiento, que viven en casas probablemente más caras y más grandes que lo necesario, pero que no van a abandonarlas, por ser el hogar de su familia.
Desde ese punto de vista, reconozco que tiene un tremendo valor que el Gobierno haya enviado al Parlamento esta iniciativa, la cual contiene una idea que viene dando vueltas desde hace mucho tiempo.
Espero, señor Presidente, que se garantice que esto será el inicio de un debate.
Tengo, sí, una inquietud -y la dejo consignada- con relación a la norma que dice que la propiedad debe estar destinada a fines habitacionales, porque en ciertas comunas rurales el casco urbano es muy pequeño, la propiedad -valga la redundancia- es una, vive allí más de una familia y una parte puede destinarse a generar ingresos para algunos de sus integrantes.
Por eso, en mi concepto, el informe social debería ser un instrumento con mayor valor como parámetro de lo que se requiere.
Pienso que al respecto, sin tener la intención, podríamos generar cierta injusticia.
Dejo esa inquietud al Ejecutivo -al actual o al próximo-, a fin de que se analice la posibilidad de perfeccionar la norma pertinente.
Creo que, incluso, sería útil generar una ventana de excepciones -por cierto sin que hubiera cosas oscuras- en caso de que más de una familia habitara el bien raíz.
Voto que sí.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, en fecha reciente aprobamos un proyecto tendiente a aplazar por 18 meses el reavalúo de los bienes raíces no agrícolas. Ello evitó que en la fecha correspondiente operara tal medida, que implica un aumento bastante significativo.
Lo dije en el debate y al interior de la Nueva Mayoría: ese reavalúo va a estar presente dentro de 18 meses, durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet.
Votamos a favor del reavalúo, pero luego no nos atrevimos a implementarlo en el actual Gobierno. Y visualizo que en 18 meses más también vamos a aplazar su aplicación.
El proyecto que nos ocupa genera una política especial respecto a los adultos mayores y a su propiedad destinada a la vivienda.
Señor Presidente, en el barrio universitario de la comuna de Tomé, en Concepción, en diversos sectores que han experimentado plusvalía con el desarrollo económico y el crecimiento urbano, muchas personas de clase media, profesionales y no profesionales, compraron una vivienda, la pagaron y han visto que su valor sube de manera inexorable. Porque parece que el mercado inmobiliario es uno de los grandes negocios de nuestro país.
En Hualqui, una hectárea, que costaba 600 mil pesos en 1993, cuando fui Diputado por primera vez, hoy supera los 40 millones de pesos; o sea, ha experimentado un crecimiento de casi 100 por ciento anual.
Por cierto, los ingresos de esos propietarios siguen siendo los mismos.
Aun más: algunos eran productivos y hoy día son pasivos. Entonces, se trata de propietarios de un bien inmueble que, debido a sus bajísimos ingresos, no pueden abandonar.
Señor Presidente, en Estados Unidos, a partir de 1989, y en Inglaterra, desde 1965, se aplica la hipoteca inversa.
El señor PROKURICA.-
Revertida.
La señora RINCÓN.-
Revertida.
El señor NAVARRO.-
En mi concepto, debiéramos discutir al respecto.
La hipoteca revertida o inversa consiste en que el banco le adelanta un monto de dinero al propietario de un bien raíz para que lo mantenga y pueda vivir dignamente; y si queda un saldo, es heredable. Por tanto, sin necesidad de vender la propiedad, su dueño puede vivir mejor en ella, lo que le genera estabilidad y un mejor pasar, porque el sistema financiero lo permite.
Es un debate que bien podríamos realizar. Porque muchos adultos mayores no pueden vender su vivienda, ya que no tienen dónde residir. Y al final los beneficiarios son los herederos, quienes muchas veces -digámoslo derechamente- se preocupan bastante poco del propietario del bien raíz donde conviven, al que las más de las veces no le prestan ayuda financiera ni le entregan afecto. Así, después de heredar el inmueble, simplemente lo venden.
Este es un tema probado. Y sería muy importante que el próximo Gobierno pudiera estudiarlo, independiente de que les rebajemos el impuesto territorial a los adultos mayores.
En todo caso, el número de favorecidos es bastante menor.
El INE -en 2002- y diversas publicaciones señalan que al 2025 habrá 3,4 millones de adultos mayores. Hoy día existen 2,6 millones. ¡Y mediante este proyecto se favorecerá a 35 mil...!
El señor PROKURICA.-
A 40 mil.
El señor NAVARRO.-
Da lo mismo: 35 mil o 40 mil.
Y peor aún: el tope superior del avalúo fiscal se rebaja de 100 millones a 75 millones de pesos.
A mí me habría gustado tener -voy a votar a favor, por cierto- la cifra exacta de beneficiarios.
Reitero que muchas viviendas del barrio universitario de Tomé que valen más de 100 millones de pesos pertenecen a adultos mayores que reciben una pensión miserable. Su condición no es ni de riqueza ni de estabilidad, y ni siquiera de clase media. ¡Tienen muebles de la década del 60!
Entonces, señor Presidente, creo que debe revisarse aquel umbral. O sea, 75 millones de pesos es una cantidad realmente exigua. Porque estamos hablando de un segmento de adultos mayores que, sin subsidio del Estado, pudieron comprar una vivienda que ahora se ha valorizado.
Pienso que podríamos cometer la grave injusticia de dejar fuera del beneficio a personas susceptibles de estar dentro de él.
Me habría gustado la fijación de un tramo, para elevar el monto, como asimismo el establecimiento de otros instrumentos que pudieran darle mayor cobertura al beneficio.
Señor Presidente, en materia de adulto mayor nos falta mucho todavía.
Solo a modo de ejemplo, puedo mencionar que BancoEstado y muchas otras instituciones hoy día desechan filas especiales que antes disponían para gente de la tercera edad y para embarazadas.
En general, las políticas sobre el adulto mayor siempre parten bien encaminadas, pero después se diluyen y terminan siendo hasta negativas.
Espero que no pase lo mismo con este proyecto de ley.
Voto a favor.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, sé que a usted le llamó la atención que me volviera a inscribir para intervenir. Pero debo recordarle que me queda poco tiempo como Senador. Por consiguiente, ¡tengo que aprovechar de hacer uso de la palabra...!
En mi concepto, nos encontramos ante una buena idea. Así que felicito a los Senadores Chahuán y Prokurica por impulsarla.
Empero, el proyecto está mal hecho. Es una buena idea mal plasmada, porque tiene letra chica.
¡Ese es el problema!
¿Y dónde está la letra chica? En la colocación de requisitos, entre los cuales figura el del avalúo fiscal máximo de 75 millones de pesos para impetrar el beneficio.
Sin embargo, la solución no pasa por el aumento del monto que plantea el Senador Navarro, porque en tal caso serían menos todavía los favorecidos.
En realidad, deberían bajarse los 75 millones de pesos a 50 millones, de manera que el avalúo comercial fuera de 80, 90, 100 millones de pesos, aproximadamente.
Es decir, para mejorar este proyecto no hay que incrementar el avalúo fiscal, sino disminuirlo.
Pero, bueno, así están las cosas.
Esta iniciativa viene de la Cámara de Diputados y está con "discusión inmediata". De modo que no creo que el Ejecutivo tenga voluntad para introducir una indicación y alargar su trámite. Porque observo que el señor Ministro Secretario General de la Presidencia está sumamente ansioso e inquieto. Lo único que le importa es que votemos como sea. Claro, tiene una lista de cosas por sacar, y, si no lo hace, va a llegar más rato a La Moneda o llamará por teléfono y le tirarán las orejas.
Mas la idea es buena. Les brindo un reconocimiento a los colegas que la generaron. Felicito al Honorable señor Prokurica. Sin embargo, la restricción para poder tener acceso a la ley es demasiado fuerte. Creo que está bien el techo de la exención de global complementario, como se establece desde el punto de vista de los ingresos; pero, en cuanto a los avalúos de las propiedades, es muy alto.
Si el movimiento negativo de cabeza del señor Ministro significa que el Ejecutivo va a sacar la iniciativa como está, el Senador que habla asumirá la filosofía de que es mejor algo o poco que nada. Pero este razonamiento no es válido en todo orden de cosas. Por ejemplo, ayer discrepé en lo referente al proyecto de ley sobre el lobby, el cual, así como quedó, me parece que resultará enteramente ineficaz. Será un automóvil moderno sin motor, como señalé.
En el caso que nos ocupa, sí vale la pena, por lo menos, que unos 43 mil adultos mayores queden sin tener que pagar el impuesto territorial. Lo estimo válido, positivo. Podrían ser más, porque no se generaría un desangramiento, en cuanto a una menor recaudación fiscal. Según las cifras que nos entregaron, se trataría de un poco más de 5 mil millones de pesos, o sea, de aproximadamente 10 millones de dólares. Efectivamente, el país puede enfrentarlo.
Numerosos adultos mayores que trabajaron durante toda su vida -30, 40 o 50 años- y tuvieron como proyecto una casa propia que ahora se puede haber disparado por encima de 75 millones de pesos no van a acceder al beneficio, lamentablemente, y muchos de ellos no se encuentran en condiciones de pagar el impuesto territorial.
Al menos la medida en estudio será positiva para los que quedarán incluidos en los términos del texto, y, por lo tanto, vale la pena votar a favor.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, deseo partir por valorar que el Gobierno del Presidente Piñera haya acogido esta aspiración de muchos parlamentarios, mantenida por largo tiempo, y que concretaron últimamente los Senadores señores Chahuán y Prokurica. Evidentemente, todos estamos por apoyarla. Se consideró primero un límite de 100 millones de pesos, pero la Cámara de Diputados lo bajó a 75 millones, por desgracia.
Cabe consignar que ingenieros que trabajaron 40 años en el Ministerio de Obras Públicas y que, siendo jóvenes, junto con formar familia compraron casa y pagaron dividendos durante gran cantidad de años ¡obtienen 600 mil pesos de jubilación! ¡700 mil pesos! Tienen que vivir. Tienen que buscar a alguien que los apoye. Y enfrentan las enfermedades ¡y las contribuciones! Esas propiedades se tasan hoy día en una suma enorme, lo que ya habíamos dicho aquí.
¡Esta es una contribución! Y la contribución debe ser sobre la tasación fiscal. ¡Pero ahora se han ido al valor comercial! Si alguien tiene 50 metros en una cuadra y necesita 10 más para un proyecto, por los cuales paga 400 millones de pesos, esta última suma se toma como base para el valor del metro cuadrado de todas las otras propiedades. Y algunos se hacen ricos de la noche a la mañana al subirse el valor a 300 millones o 400 millones.
Es una injusticia. Estamos llegando al impuesto al patrimonio.
La contribución es una contraprestación, no por la basura que se saca, que se paga aparte, sino por la luz eléctrica en las calles, por el aseo de la vía pública.
Y, sin embargo, hoy día se registra una gran distorsión. Son numerosos los adultos mayores profesionales de clase media que viven de una pensión y cuyo pago de contribuciones les lleva gran parte de sus ahorros. Muchos de ellos no se beneficiarán.
Del lobo, un pelo. Esto es algo. Por eso, partimos por agradecerlo. Porque alguien diría: "Nos están criticando". No. Pero creo que nos quedamos muy cortos.
Por mi parte, me pronunciaré a favor. Pero les llamo la atención a mis colegas en el sentido de que aquí -repito- tiene lugar una distorsión. Se ha buscado una fuente de recursos para las municipalidades. ¡Mas este no es el ingreso más grande! El más grande proviene hoy día del pago de patentes de vehículos, que se han multiplicado por cuatro.
Hay que buscar otra manera de allegarle fondos a la labor municipal. No expoliemos a los propietarios de una vivienda, jubilados o mayores de edad, que se debaten con su vejez, con sus enfermedades, y a quienes les estamos diciendo: "¡Se tienen que ir y arrinconar en un departamento!". ¡Ese es el destino que les estamos asignando, porque los estamos correteando con contribuciones sobre la base de valores que no corresponden! ¡El que procede es el avalúo fiscal, no el comercial!
Insisto en que se genera una distorsión que está llevando a un nuevo impuesto al patrimonio.
Voto a favor, porque, del lobo, un pelo, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Puede intervenir el Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, deseo valorar el trabajo realizado por mis Honorables colegas Chahuán y Prokurica. Desde el día en que ingresé a esta Corporación he sido consciente de que este es un proyecto que idearon y en el cual insistieron, y fui testigo también en el Comités Político de que tenía que presentarse en el actual Gobierno.
¿Qué beneficio obtiene en la actualidad un adulto mayor de las contribuciones? Ninguno.
La medida en estudio es una gran partida.
Les extiendo mis agradecimientos al Presidente Sebastián Piñera y al Ministro de Hacienda subrogante, señor Julio Dittborn, quien nos acompaña, porque la iniciativa en debate es de plena justicia.
Bien hacía referencia el Senador señor Sabag a cuántos adultos hay para los cuales su casa representa el ahorro de toda su vida. Por ejemplo, en el centro de Rancagua, en la Región que represento, se da el caso de viviendas adquiridas con esfuerzo, con créditos. Y aprovecho de saludar a su alcalde, quien nos acompaña en las tribunas con su cónyuge. Me parece que el proyecto importa un beneficio real para la gente que más lo necesita y que no tiene la culpa de que haya subido el valor de la propiedad en que vive.
Y somos testigos de cómo estas personas, desesperadas, que reciben una pensión mínima o muy baja, de repente tienen que pagar contribuciones. ¿Y quiénes las apoyan para poder seguir manteniendo la vivienda? Sus hijos, sus nietos.
Claro, les dicen: "Tiene mucha plusvalía". Pero es donde han habitado toda su vida y no se interesan en otro lugar.
Me parece que el proyecto va por el camino correcto. Esta es la primera etapa. Es cierto, son 43 mil los adultos mayores que se beneficiarán. Pero hoy día no hay ninguno.
Espero que sea el inicio. Insto a los Senadores de la actual Oposición y que van a estar en el Gobierno a que trabajemos juntos para que se amplíe lo que ellos mismos han planteado y en lo cual estamos de acuerdo. Porque nuestros votos también van a estar disponibles para ello.
Necesitamos asegurarles más justicia a quienes han trabajado toda su vida y que al llegar a la edad adulta tienen que estar pagando impuestos que ya habían enterado, porque al comprar casa les fueron descontados de sus remuneraciones. Están cancelando un doble tributo. A la larga, pagan un impuesto patrimonial por su vivienda, donde hoy día llevan su vida normal.
A mi juicio, la iniciativa en examen contribuirá muy bien a la justicia social que necesitan sobre todo nuestros adultos mayores. El país tiene que preocuparse más de quienes han entregado toda su vida por Chile, y esto es lo mínimo que podemos proporcionarles a quienes necesitan una ayuda, una mayor comprensión, tanto del Gobierno como del Congreso.
Así que insto a que la futura Administración envíe un segundo proyecto de ley, con el fin de que podamos aumentar al máximo el apoyo a dicho sector.
Felicito al Honorable señor Prokurica por su insistencia, porque me parece que estas son las ideas que contribuyen a una mayor justicia.
Voto a favor.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto por 23 votos a favor y 2 pareos.
Votaron las señoras Allende y Rincón y los señores Chahuán, Coloma, Escalona, García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Letelier, Navarro, Orpis, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Sabag, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
No votaron, por estar pareados, la señora Von Baer y el señor Tuma.
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Ha llegado a la Mesa una comunicación de la Honorable señora Pérez San Martín, con la cual comunica que a contar de esta fecha ha dejado de pertenecer al Comité Renovación Nacional e integra el Comité Independientes.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Se toma conocimiento.
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Me informan de la Secretaría que se encuentra en la tribuna el señor Alcalde de Rancagua.
Muchas gracias por acompañarnos.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Puede intervenir el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
¿A qué hora termina el Orden del Día, señor Presidente?
El señor PIZARRO (Presidente).-
A las 19:35.
El señor ESCALONA.-
Gracias.
FORMACIÓN INICIAL DOCENTE
El señor PIZARRO (Presidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece el sistema de promoción y desarrollo profesional docente del sector municipal, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8189-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 62ª, en 9 de octubre de 2013.
Informe de Comisión:
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 86ª, en 15 de enero de 2014.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Los principales objetivos de la iniciativa son establecer condiciones para la formación de profesores y el inicio del ejercicio de la profesión docente; crear el examen inicial de excelencia profesional; elevar las exigencias mínimas para estudiar pedagogía; disponer una evaluación obligatoria para los egresados de pedagogía que deseen trabajar en el sector subvencionado; exigir el estudio de una carrera en una institución acreditada para trabajar en cualquier establecimiento subvencionado por el Estado; elevar las remuneraciones de entrada para los mejores estudiantes de pedagogía que opten por trabajar en el sector subvencionado; incrementar, en todo el sistema subvencionado, los ingresos de los actuales maestros que certifiquen su calidad docente; incentivar a los mejores profesores para que opten por trabajar en establecimientos de alta vulnerabilidad, y mejorar las condiciones de los docentes en los establecimientos educacionales al aumentar las horas no lectivas.
La Comisión discutió el proyecto solo en general y, con los votos a favor de los Senadores señora Von Baer y señores Cantero, Quintana y Walker (don Ignacio) y el pronunciamiento en contra del Honorable señor Navarro, aprobó la idea de legislar.
Asimismo, cabe consignar que, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Von Baer y señores Cantero, Quintana y Walker (don Ignacio), acordó solicitarle a la Mesa que recabe el acuerdo de la Sala para cambiar la denominación asignada en la Cámara de Diputados a la iniciativa por la de "Proyecto de ley sobre formación inicial docente", atendido el hecho de que, durante la discusión en el primer trámite constitucional, el Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva referida, en lo fundamental, a esa materia, que en definitiva corresponde al texto aprobado por la otra rama del Congreso.
El articulado que se propone aprobar en general se transcribe en el primer informe.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En discusión general.
El Honorable señor Coloma me ha pedido abrir la votación.
No hay acuerdo.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora SCHMIDT (Ministra de Educación).-
Señor Presidente, la iniciativa dice relación con un asunto bastante relevante que hemos visto en los últimos días y hace referencia principalmente a la formación inicial del profesor.
Los países con buenos resultados en educación eligen a sus docentes entre el 30 por ciento de los mejores egresados cada año de sus establecimientos.
La realidad en Chile es muy diferente. El 73 por ciento de los egresados de pedagogía en 2011 o no dio la prueba de selección universitaria u obtuvo en ella menos de 500 puntos.
En nuestro sistema de educación superior se ha cuadruplicado el número de estudiantes de pedagogía en los últimos diez años. Las exigencias para adquirir dicha condición prácticamente son inexistentes. Se registran más de 100 mil alumnos en ese ámbito, para un total de profesores en el sistema escolar, tanto subvencionado como particular pagado, que no superan los 200 mil. Por lo tanto, los estudiantes cubren el 50 por ciento de los docentes en ejercicio.
En muchas universidades basta inscribirse hoy en un mall y dar el RUT para quedar automáticamente "seleccionado". Y una gran cantidad de alumnos sigue estudios no acreditados.
La carrera de pedagogía es estratégica para nuestro país. Debemos ser capaces de hacerla atrayente y de retener a los mejores talentos para enseñar en las salas de clase. Es justamente este uno de los aspectos que el proyecto se propone abordar, porque la realidad en los procesos de educación es muy diferente.
Necesitamos avanzar en la materia y hacerlo de manera urgente. La iniciativa sobre formación e inicio profesional docente pretende que el país dé un salto importante en materias por mucho tiempo rezagadas en busca de acuerdo.
Se persigue el objetivo de avanzar hacia una revalorización de la profesión docente y se progresa en mejoras relevantes para todos los profesores que actualmente están en el sistema.
Aumenta en cerca de 10 por ciento el ingreso mínimo docente para todos los profesores, pasando de 538 mil a 588 mil pesos mensuales.
Mejora la cantidad de horas contratadas y pagadas a los docentes del sistema para que puedan preparar sus clases de manera más adecuada, incrementando la cantidad de horas no lectivas del actual sistema de un 25 a un 30 por ciento, un anhelo muy deseado por nuestros profesores.
El proyecto también triplica la Asignación de Excelencia Pedagógica (AEP), para que todos los actuales docentes que acrediten sus competencias puedan recibir hasta 400 mil pesos mensuales adicionales. Y, si estos profesores acreditados ejercen en colegios vulnerables, ese monto se incrementará en un 40 por ciento, alcanzando los 560 mil pesos mensuales adicionales a su sueldo.
Si bien este proyecto no regula una carrera docente, establece un piso para ella y entrega beneficios y mejoras concretas para todos los docentes que trabajan en establecimientos subvencionados por el Estado, sean municipales o particulares.
Asimismo, esta iniciativa constituye un avance real en un tema urgente para el país. Se busca atraer y retener a los mejores talentos para la educación; establecer altos requisitos de selección para estudiar Pedagogía; exigir acreditación obligatoria a los establecimientos donde se impartan tales carreras; disponer la rendición obligatoria de la prueba Inicia a todos los profesores. ¡Rendirla, no aprobarla! En la actualidad, solo el 14 por ciento de los egresados de Pedagogía la rinden, y sus resultados son deficientes, cosa que también sucede con el test internacional TEDS-M.
El proyecto también mejora las condiciones laborales; entrega más tiempo para preparar clases; otorga beneficios económicos a los profesores, y fija incentivos para certificar conocimientos y habilidades.
Todas esas reformas nos permitirán avanzar en el gran objetivo que nos une a todos y que ha estado en el corazón de las medidas impulsadas por el Gobierno del Presidente Piñera: mejorar la calidad de la educación.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).-
Señor Presidente, como mi intervención seguramente coincidirá con el término del Orden del Día, deseo exponer algunos lineamientos que se expusieron en la Comisión de Educación, a sabiendas de que este proyecto ya no se despachará durante la actual Administración.
Estamos en la discusión general, en el debate de las ideas matrices. Pero los dieciséis invitados (expertos y representantes de instituciones) que concurrieron a la Comisión de Educación ya han formulado numerosas observaciones. Seguramente, en la discusión particular, que se realizará en el próximo Gobierno, se presentará incluso una indicación sustitutiva.
Con todo, me parece importante que dejemos aprobada la idea de legislar antes del 11 de marzo, porque el aspecto fundamental del proyecto es tal vez el tema más importante de la educación básica y media. Excluyo a la enseñanza superior, que tiene otros problemas y obedece a otra dinámica, y a la parvularia, que responde a una lógica diferente.
¿Por qué?
Todos los expertos, los estudios, las instituciones -¡todos sin excepción!- que hemos escuchado en la Comisión durante estos tres años y medio, a propósito de cualquier iniciativa sobre enseñanza básica o media, sostienen que la clave para lograr una educación de calidad consiste en contar con buenos profesores. Después vienen los buenos directores, los métodos pedagógicos, las mallas curriculares.
En efecto, todos apuntan, como una cuestión fundamental, al profesorado, al maestro. Teniendo buenos docentes, hay educación de calidad.
¿Y qué significa eso? Que el primer eslabón debe concentrarse en atraer a las carreras pedagógicas a los mejores alumnos de enseñanza media. Todos los países desarrollados, incluidos los más exitosos que conocemos -¡todos!-, parten por atraer a los mejores estudiantes de secundaria a las Pedagogías.
¿Cuál es el drama de nuestro país? Esto no es titular de noticias, no aparece en los medios, pero es un drama: hay 144 mil alumnos y alumnas estudiando carreras pedagógicas en Chile.
¡Eso es un escándalo!
Yo he dicho que es, además, un autoengaño como sociedad. El sistema absorbe no más de 12 mil profesores por año, y estamos formando, en este momento mientras aquí debatimos, 144 mil alumnos en diferentes carreras de Pedagogía.
¿Qué dicen los estudios? Tomemos a los egresados del año 2012: el 50 por ciento de ellos nunca rindió la PSU y, del 50 por ciento restante, el 27 por ciento que ingresó a las universidades obtuvo un puntaje inferior a 500 puntos.
¿Alguien con una mano en el corazón y con dos dedos de frente, responsablemente, puede considerar que como país (olvidémonos de las diferencias Gobierno-Oposición, Derecha-Izquierda) estamos apuntando en la dirección correcta cuando enfrentamos esta situación absolutamente escandalosa?
Doy un segundo dato, aportado por don Gregory Elacqua, Director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales.
Vamos a los casos exitosos.
Todos los estudios indican que existen dos modelos exitosos en el mundo: el de Finlandia -el Senador Navarro siempre lo cita como el ejemplo número uno a nivel mundial- y el de Singapur. ¡Estos países -hay algunos otros más- ganan en todos los rankings en materia de educación!
Déjenme darles un solo dato: del total de alumnos y alumnas que postulan a carreras pedagógicas en Finlandia y en Singapur, solo el 15 por ciento es contratado como profesor. ¡Uno de cada seis! Ya es difícil entrar a esas carreras, porque atraen a los mejores alumnos. Pero, además, el nivel de estas es tan exigente -no quiero decir "competitivo"; es una palabra distorsionada, manoseada-, al igual que el sistema educativo, que en esos países es público, que solo uno de cada seis que postulan termina contratado.
El contraste entre las dos cifras que he entregado me ahorra muchos comentarios. O hacemos un esfuerzo por atraer desde el día uno a los mejores egresados de la educación superior o este problema no tiene arreglo, caso en el cual seguiremos sumiéndonos en un engaño como sociedad, partiendo por engañar a esos alumnos.
Ahora nos encontramos en la discusión de la idea de legislar.
Al respecto, cabe recordar que este proyecto cambió de título. Se llamaba "de formación inicial docente". Luego vino la indicación sustitutiva del Gobierno. ¿Sustitutiva de qué? Del proyecto sobre carrera docente.
¿Saben cuándo ingresó la iniciativa a la Cámara de Diputados? El 7 de marzo de 2012. Hace casi dos años. ¿Y qué ocurrió? No hubo acuerdo.
Todos estamos contestes en que debe haber una carrera docente. ¡Todos los expertos, incluso el Colegio de Profesores, con cuya directiva siempre conversamos, coinciden en que tiene que existir una carrera docente! ¡Pero en esa oportunidad no hubo acuerdo!
Por esa razón, se presentó una indicación sustitutiva, concordada con la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, para al menos hacer frente a la formación pedagógica inicial. Por eso el proyecto ahora se denomina "establecimiento de sistema de promoción y desarrollo profesional docente del sector municipal".
Dicha indicación fue aprobada casi por unanimidad en la Cámara Baja. Solo hubo ocho votos en contra. El resto de los Diputados, incluidos casi todos los representantes de la Nueva Mayoría, votó a favor. Y ese es el texto que estamos analizando en este segundo trámite constitucional.
Entonces, ya que no hubo acuerdo para legislar sobre la carrera docente, por lo menos mandemos una señal a la sociedad en el sentido de que queremos introducir incentivos para atraer a los mejores a las Pedagogías y al ciclo inicial de la carrera docente.
La idea de legislar -ni siquiera hablo del proyecto ni de la indicación sustitutiva-, la idea matriz, que estamos tratando de aprobar, ojalá, antes del 11 de marzo -porque, insisto, el proyecto ya quedó para el próximo Gobierno-, es atraer.
Aquí hay únicamente dos verbos importantes: atraer y retener.
Ahora no estamos hablando de "retener". Este objetivo corresponde a la carrera docente. Las deserciones -se han publicado los datos en los diarios estos días- de las carreras pedagógicas o de quienes empiezan a ejercer como docentes alcanzan cifras alarmantes. O sea, nuestro sistema no tiene ninguna capacidad hoy día para retener al buen profesor. ¿Por qué? Porque existen brechas.
Olvídense de la carrera docente. Eso ya quedó para el próximo Gobierno. Hoy estamos hablando de atraer, y no de retener, que es un tema mayor.
¿Y cómo se puede atraer a los mejores alumnos?
La idea de legislar del proyecto en debate tiene los siguientes elementos.
Por un lado, eleva las exigencias mínimas para estudiar Pedagogía y para trabajar en el sector subvencionado. ¡Cómo no va a ser obvio que en ese ámbito se requieren incentivos!
¿Qué se establece?
Primero, rendir la prueba Inicia, lo que hasta ahora ha sido voluntario. Aquí pasa a ser obligatorio. ¡Tremenda señal!
Es cierto que ese examen no es predictivo del desempeño en la carrera docente. Y el Colegio de Profesores y los expertos han planteado un muy buen argumento en ese aspecto. Reitero: no es una prueba predictiva.
¡Fíjense que estamos pidiendo que se rinda, no que se apruebe! ¡Solo que se rinda! ¿Cómo no va a ser lógico que se exija tal obligación?
¡Ni siquiera es un test habilitante!
Si no somos capaces de establecer estos mínimos requisitos, olvidémonos de la educación escolar.
Segundo, efectuar una evaluación obligatoria a egresados que deseen trabajar en el sector subvencionado.
Este sector abarca al 92 por ciento de los alumnos en Chile. De cada 100 estudiantes, 92 reciben subvención, sea en el ámbito público o en el privado.
¿Y qué estamos proponiendo? Repito: una evaluación obligatoria.
Pero también establecemos una importante advertencia a las instituciones de Pedagogía. Porque estas muchas veces son como ollas Marmicoc: forman sin ningún sentido de calidad. Les decimos: "Si un 30 por ciento de sus egresados obtiene una evaluación insuficiente, usted, como institución, en forma gratuita para el alumno, debe entregarle un año de nivelación". ¡Porque esto no es chacota, pues, señor Presidente! ¡Si estamos formando a los futuros profesores!
Tercer requisito: haber estudiado -¡miren lo que estamos pidiendo!- en un programa docente acreditado.
Hoy día la gente que egresa y empieza a desempeñar la profesión muchas veces ha estudiado en instituciones que no están ni acreditadas, ¡ni acreditadas! ¡Si esto es un escándalo, señor Presidente, que ha permanecido debajo de la superficie! ¡Y llevamos 23 años de democracia! ¡Cómo no le vamos a exigir a la institución que forma a nuestros futuros profesores que se encuentre acreditada!
Cuarto: elevar las remuneraciones de todos los profesores.
Esta propuesta es muy elemental, muy básica. Insuficiente, yo creo. Se introduce, además, un reconocimiento para premiar la excelencia académica, hasta por cuatro años, en fin. Hay un incremento para todos los profesores por igual.
Quinto: aumentar las remuneraciones de entrada, en los cuatro primeros años del ejercicio de la carrera docente.
Por ejemplo, se podrá decir: "A usted, alumno egresado, que ya rindió la prueba Inicia -lo menos- y que salió de una institución acreditada -lo menos-, le informo que, si trabaja en una escuela pobre, de alta concentración -así se llama en términos técnicos-, automáticamente su remuneración subirá 40 por ciento. ¡Altiro! ¡Cómo no vamos a estar de acuerdo con eso!
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Ha concluido su tiempo, señor Senador.
El señor WALKER (don Ignacio).-
Termino de inmediato, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene un minuto adicional. Ya le he dado dos.
El señor WALKER (don Ignacio).-
Deme dos minutos más para redondear mi intervención.
¡Queremos atraer a los mejores alumnos no solo a las carreras de Pedagogía, sino también a los colegios de alta concentración!
Sexto: aumentar las horas no lectivas. Son pocas todavía, pero es un avance este incremento.
Atendido lo anterior, señor Presidente, entre avanzar y no avanzar, muchos estamos por avanzar.
¿Este proyecto es lo ideal? No. Lo ideal es abordar la carrera docente completa, iniciativa que vendrá, porque está en el programa de Michelle Bachelet.
Este es solo el primer eslabón para darle a la sociedad chilena la señal de que queremos parecernos más a Finlandia y a Singapur que a un país africano.
Reitero que, con las cifras de formación pedagógica que he dado (144 mil alumnos que están estudiando sin ninguna garantía de nada), estamos sumiéndonos en un autoengaño como sociedad.
Por eso, sugiero que ojalá antes del 11 de marzo podamos aprobar la idea de legislar, y que quede pendiente la discusión en particular. Vendrán indicaciones, eventualmente, sustitutivas. Pero no sigamos chuteando este tema para adelante y engañando a la sociedad chilena.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Ha terminado el Orden del Día.
Quedan inscritos para el debate que continuará en marzo los Senadores señores Hernán Larraín, Prokurica, Quintana, Lagos, Escalona, Navarro y García.
PETICIÓN DE OFICIO
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Ha llegado a la Mesa una petición de oficio.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Se le dará curso en la forma reglamentaria.
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--El oficio cuyo envío se anuncia es el siguiente:
Del señor HORVATH:
A los señores Ministros del Interior y Seguridad Pública y de Economía, Fomento y Turismo, pidiéndoles DEROGACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE ZONAS CONTIGUAS ENTRE REGIÓN DE LOS LAGOS Y REGIÓN DE AYSÉN, POR VULNERACIÓN DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS Y FALTA DE CONSULTA A PESCADORES ARTESANALES.
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
En Incidentes, ofrezco la palabra al Comité Renovación Nacional.
No intervendrá.
En el turno del Comité Independientes, está inscrito el Senador señor Horvath, cuya intervención queda pendiente, pues acaba de salir momentáneamente de la Sala.
Los Comités Demócrata Cristiano y Unión Demócrata Independiente informaron que no harán uso de sus tiempos.
En el turno del Comité MAS, tiene la palabra el Senador señor Navarro, quien, además, cuenta con los tiempos de los Comités Socialista, Partido Por la Democracia y Partido Radical. En total, cuenta con 18 minutos.
SOLICITUD DE ANTECEDENTES ANTE FALLECIMIENTO DE BRIGADISTA FORESTAL EN REGIÓN DEL BIOBÍO. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, noticias lamentables y trágicas trae la tarde de hoy desde la comuna de Florida, sector Llollahue, en la Región del Biobío.
A las cinco de la tarde de hoy, el brigadista forestal Narciso Tapia, de 34 años, fue encontrado muerto, y dos de sus compañeros están con quemaduras graves, de segundo y tercer grado. Se trata de Jimmy Navarrete Flores, de 30 años, residente en San Carlos, y Alfredo Quezada, de 21 años, procedente de Quiriquina.
El fiscal señor Víctor Castro se encuentra a cargo de la investigación.
La empresa a la que pertenecían los brigadistas es Working on Fire, que se especializa en el combate del fuego.
Hemos venido señalando de manera reiterada que se requiere un capítulo especial en el Código del Trabajo para los brigadistas forestales, porque no están sujetos a ninguna norma de carácter nacional.
Todas las normas regulatorias respecto de la implementación, la capacitación, los mecanismos de combate del fuego y, particularmente, sus condiciones laborales y de seguridad forman parte de una acción voluntaria y coordinada entre la CORMA, las empresas forestales y la CONAF.
Hemos discutido el proyecto pertinente con estas dos corporaciones. Pero noto resistencias a una eventual normativa que exija condiciones que permitan prevenir accidentes de esta naturaleza.
Hace algunos años, diez brigadistas fallecieron. La prensa recogió lo que entonces señaló la empresa Mininco, que hablaba de expertos en el combate del fuego, lo cual quedó desmentido por la realidad. Al menos dos de ellos, llevaban solo quince días en sus labores y se trataba de su primera experiencia con el fuego. No tenían capacitación. Eran mano de obra barata, conseguida a través de egresados de Enseñanza Media que aprovechan la temporada estival para aumentar sus ingresos.
Se hace más urgente que nunca regular la condición de los brigadistas forestales, estableciendo un capítulo especial en el Código del Trabajo, con exigencias importantes.
He planteado la condición de servicio militar efectivo, lo que posibilitaría que los jóvenes de 19, 20 a 21 años tengan, a lo menos, una experiencia previa que dé cuenta de una formación en metodología laboral, de cierto grado de responsabilidad y, particularmente, de haber estado sujetos a una disciplina vertical, que es con la que se debe operar en medio del combate al fuego. En esas circunstancias no cabe mucha reflexión: hay que obedecer las órdenes que imparte el instructor a cargo, quien posee experiencia para desenvolverse en el sitio del incendio.
La noticia a la cual me referí nos llena de dolor. Habíamos pasado ya una temporada mucho más grave en la comuna de Florida: la ciudad asediada por las llamas y, en general, con alto riesgo. Sin embargo, dicha situación varió, porque las condiciones climáticas cambiaron, lo que revela que nunca hay que bajar la guardia y se debe estar permanentemente alerta y preparado.
Señor Presidente, solicito oficiar a la Dirección Nacional del Trabajo y a la Corporación Nacional Forestal a fin de que nos puedan informar, detalladamente, del número de brigadistas forestales que hoy en día están presentes en todo Chile, región por región, comuna por comuna; y también sobre la capacitación, el rango etario y, especialmente, la capacitación de cada uno de ellos, para poder determinar si contamos con brigadas inexpertas o con poca capacitación, o con veteranos del combate al fuego.
Es necesario que la Dirección del Trabajo determine los elementos de seguridad con que contaba, a la hora del fallecimiento, el brigadista Narciso Tapia, y asimismo sus compañeros que resultaron con heridas graves. Queremos saber qué implementación llevaban, quién era el encargado del grupo y cuáles fueron las circunstancias imperantes. Si bien el caso es investigado por un fiscal, deben conocerse los aspectos técnicos en la decisión de acudir a combatir el fuego.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Senador señor Navarro, conforme al Reglamento.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, después de la petición formulada (y, por cierto, expreso mis condolencias a la familia de Narciso Tapia, quien era oriundo de la ciudad de Chillán), deseo pedir a la Mesa que le otorgue la palabra al Senador señor Bianchi, o al Honorable señor Horvath, para que ocupe parte de los minutos que el Comité Independientes me cedió.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
ACUERDO RELATIVO A INTEGRACIÓN DE COMITÉS INDEPENDIENTES
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, en primer lugar, nos unimos a las condolencias emitidas por el trágico accidente que ha señalado el Senador señor Navarro.
A minutos de finalizar la presente sesión, la Senadora señora Lily Pérez hizo presente su incorporación al Comité Independientes, visada por el Honorable señor Cantero, quien no comunicó el hecho ni al Senador que habla ni al colega señor Bianchi.
El Comité Independientes fue integrado en su oportunidad por dos Senadores en forma excepcional por un acuerdo de la Sala. Paralelamente, se está revisando una norma que permita brindar a los independientes, según lo establece la propia Constitución, igualdad de condiciones en cada una de las fórmulas y expresiones de trabajo.
En tal sentido, según las características en que nos desenvolvemos con el Senador señor Bianchi, queremos hacer presente que nuestro Comité formalmente ha presentado a la Mesa la solicitud de que podamos seguir constituyéndolo, según la autorización provisional y excepcional que ha otorgado la Sala. El otro quedaría integrado por los Senadores señora Lily Pérez y señor Cantero, quienes tienen proyectos políticos distintos a los nuestros.
Se podría pedir el acuerdo de la Sala, pero como en este momento no hay quórum suficiente para ello, proponemos que en la próxima reunión de Comités se resuelva el punto en buena forma.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
En la primera reunión de Comités que sostengamos se analizará el criterio que Sus Señorías han planteado: continuar con el Comité Independientes, integrado por los Senadores señores Bianchi y Horvath, y establecer otro, conformado por los Honorables señor Cantero y señora Lily Pérez.
Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, junto con sumarme a las condolencias expresadas por el Senador señor Navarro, quiero manifestar que tal como lo ha manifestado el Honorable señor Horvath, efectivamente, quien habla, siendo su representante, a última hora de la presente sesión se enteró de que habría una participante más en el Comité Independientes.
Y, en esa línea, ratifico todo lo señalado por este último, en cuanto a que en la próxima reunión de Comités se determine, entre todos ellos, la posibilidad de que mantengamos el Comité Independientes el Senador señor Horvath y quien habla, y que el otro quede integrado por los Senadores señor Cantero y señora Lily Pérez, con lo cual se da cumplimiento al acuerdo de la Sala de hace un buen tiempo a la fecha, que ha permitido que puedan integrarse con dos personas.
Es bueno que la opinión pública sepa que quien milita en un partido político por sí solo puede conformar un Comité, mientras que nosotros los independientes no podemos operar de la misma manera. Hay ejemplos. Por lo tanto, es una situación que la Cámara Alta debe resolver.
El artículo 18 de la Constitución otorga igualdad entre quienes militan en un partido político y los independientes. No obstante, el artículo N° 11 del Reglamento no lo permite.
Lo que estamos solicitando -lo ha especificado el Senador señor Horvath y yo lo ratifico- es que el acuerdo mencionado se mantenga. Entonces, habrá dos Comités de independientes: uno conformado con los Senadores señor Cantero y señora Lily Pérez, y otro, con los Senadores señor Horvath y quien habla.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Recupera el uso de la palabra el Senador señor Navarro.
DESPIDO MASIVO DE TRABAJADORES EN SIDERÚRGICA DE HUACHIPATO. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, a esta hora de la tarde se cumplen más de 38 horas desde que tres dirigentes del sindicato N° 1 de la siderúrgica de Huachipato, Región del Biobío, se encuentran protestando en la chimenea de la empresa por los despidos masivos que se han llevado a cabo.
El sindicato N° 1 llegó a contar con más de 1.500 socios. Se ha ejercido una política permanente de despidos -ello ha significado disminuir a un tercio o menos los trabajadores sindicalizados-, que la empresa justifica por ciertos problemas económicos asociados al alto costo productivo y al bajo precio de mercado.
Los dirigentes del mencionado sindicato han recurrido a un método extraordinario y absolutamente necesario, en mi opinión, para denunciar las desvinculaciones. A pesar de acuerdos preliminares en torno a establecer condiciones particulares de explotación concordadas, ello no ha ocurrido y las exoneraciones continúan.
Está claro que Huachipato enfrenta una crisis, que no afecta al grupo CAP -CAP minería y CAP consorcio- que obtienen buenas utilidades. La que asume las pérdidas es la siderúrgica de Huachipato.
El gigante chino acaba de anunciar la producción de más de 800 millones de toneladas año -más de 2 millones diarias- lo que, si se compara con nuestra siderúrgica, que produce 1 millón de toneladas anuales, genera condiciones en las cuales es imposible competir.
Todos conocemos las circunstancias de producción de China. No son las más regladas ni ambiental ni laboralmente. Pero ha invadido el mercado, generando condiciones que repercuten en Chile y que han obligado a cerrar uno de los altos hornos de Huachipato y comenzar un proceso de despidos.
La siderúrgica Huachipato, construida por la CORFO con platas fiscales en la década de los 60, ha sido un símbolo del desarrollo productivo de la Región del Biobío y ha albergado a los sindicatos más poderosos de la zona, con sobre 2 mil trabajadores afiliados. Nunca pertenecieron a la CUT. Conformaban el ente más poderoso y su aporte al desarrollo nacional está muy claro: un país no progresa sin acero.
Entonces, el Ministerio de Economía debe evaluar la situación, junto con el de Relaciones Exteriores.
A mi juicio, la comisión que controla que los productos que ingresan no contengan dumping tiene que hacer respetar las normas internacionales, a fin de que aquellos no sean subsidiados por el Estado, y reflejen el precio real de costo, única posibilidad de que la producción nacional pueda competir.
Hago un llamado a la gerencia de Huachipato. He intentado durante todo el día comunicarme con el gerente de la planta, el señor Escobar, pero no ha sido posible. Vamos a seguir intentándolo mañana.
Siempre hemos respaldado a la empresa frente a momentos difíciles. Hoy solo le pedimos que se abra al diálogo, para que las medidas extremas que están desarrollando los dirigentes del sindicato N° 1 no sean necesarias.
A esta hora ellos permanecen a 115 metros de altura. El clima en la zona ha estado bastante adverso, lo que ha evitado los incendios forestales; sin embargo, tal situación es desafortunada para aquellos dirigentes que están en las alturas.
Hemos conocido situaciones similares en Bocamina II, de Endesa Coronel, y también en la grúa del mall de Concepción.
Parece ser que los mecanismos formales de la institucionalidad son insuficientes para proteger los derechos de los trabajadores y de los subcontratistas, quienes deben recurrir a este tipo de medidas para ser escuchados.
He conversado con algunos de los dirigentes, entre ellos Mónica Aguilera y Patricio Pérez. Han dicho que no han podido tomar contacto con la dirección regional, ni con el gerente general, ni con el gerente de producción. Se encuentran en la más amplia incertidumbre. El suyo es un testimonio de lucha, de denuncia, que refleja claramente que el sindicalismo en Chile está debilitado y que las empresas en general, frente a esta debilidad, o se portan en forma pasiva o se aprovechan de la situación.
Creo en la posibilidad de diálogo con la empresa, a fin de profundizar el debate de Huachipato en la Región del Biobío. En lo que no creo es que haya una empresa insensible que deje solos a los dirigentes sindicales, que defienden a los trabajadores y a quienes forman el gremio, sin posibilidad de diálogo sobre los despidos.
Se ha planteado el regreso de Huachipato al Estado. Esa es una materia que uno podrá debatir y evaluar respecto de las necesidades estratégicas que tenga el país. Por ahora, comparto la posibilidad de abrir discusión acerca de los productos estratégicos que Chile requiere para su desarrollo, en particular en la Región del Biobío, donde lamentablemente hemos sido golpeados en forma permanente por la caída de los sectores productivos tradicionales -la pesca, el acero, incluso forestales-, que ha llevado a los actuales niveles de cesantía y, especialmente, y al peor minuto histórico en el aporte de la Región al PIB.
Por tanto, la situación descrita debe enfrentarse.
En el caso particular de los dirigentes del sindicato N° 1, espero que la empresa los escuche. Y, asimismo, espero que el Servicio de Salud de Talcahuano (petición que formularé en el oficio correspondiente, porque temo que esta situación pueda continuar) preste la atención de salud necesaria para quienes se encuentran en la plataforma de las chimeneas, porque su superficie es de no más de 40 o 50 centímetros, y es preciso evitar cualquier posibilidad de accidente. Es decir, se requiere control, apoyo en salud y en las condiciones de seguridad, porque los dirigentes están cumpliendo con las mínimas normas de seguridad para permanecer como están.
Creo sumamente necesario oficiar al Servicio de Salud de Talcahuano, al Ministro del ramo -trataré de entrevistarme con él porque la solución puede tardar mucho- y a la Dirección del Trabajo en lo relativo a las condiciones de seguridad.
Espero que la respuesta de la empresa no sea un recurso de protección para intentar bajar a los dirigentes y que el mecanismo de reacción sea un diálogo que conlleve el compromiso de cesar los despidos hasta que no haya una alianza estratégica entre el Estado y la totalidad de los actores: gobierno regional, empresa privada, trabajadores, parlamentarios, como sucedió cuando Huachipato necesitó del apoyo de todos. Ahí estuvieron los actores, los alcaldes de Hualpén y de Talcahuano y los sindicatos, para enfrentar los difíciles momentos que hubo hace diez años. Y esa situación no puede repetirse.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
FISCALIZACIÓN EN CAPTURA DE BIOMASA HIDROBIOLÓGICA. OFICIO
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, es de conocimiento público que Bocamina II, de Endesa, se encuentra paralizada.
La porfía tiene sus consecuencias.
Hay una resolución de la Corte de Apelaciones que establece que, de no mejorar las condiciones de captura de biomasa hidrobiológica, Bocamina I debe finalizar sus faenas.
A este respecto, deseo reiterar la solicitud que hice a la Superintendencia del Medio Ambiente para fiscalizar el comportamiento de esa central, que sigue capturando miles de metros cúbicos diarios de peces, algas, langostinos y otras especies, lo que está destruyendo el hábitat de los pescadores de Coronel y, particularmente, de caleta Lo Rojas.
Por tanto, solicito oficiar a la Superintendencia con el objeto de que se realice la fiscalización que la Corte de Apelaciones ha mandatado.
--Se anuncia el oficio solicitado, en nombre del señor Senador, de conformidad con el Reglamento.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
CONVENIO ENTRE REGIONES DE AYSÉN Y DE LOS LAGOS. OFICIOS
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, se firmó un convenio entre las Regiones de Aysén y la de Los Lagos tendiente a establecer una zona contigua -supuestamente, según los considerandos y requisitos de la Ley General de Pesca y Acuicultura- para que los pescadores artesanales de la Región de Los Lagos puedan ingresar a la de Aysén y obtener un listado de productos, principalmente bentónicos.
Lo grave es que el procedimiento que consigna la normativa exige conocer previamente el parecer de las organizaciones de los pescadores artesanales.
Los firmantes del convenio son pescadores artesanales del sector aledaño a la isla Melinka. Sin embargo, a través de una adenda del acuerdo que se firmó originalmente y que se amplió el 10 de enero de 2014 en Melinka, se cambia el punto 4 y se fija como área de extracción de estos recursos el litoral y la zona marítima de la Región de Aysén completa hasta la Región de Magallanes.
Por lo tanto, todas las organizaciones de pescadores artesanales serán afectadas por aquello.
Si a eso se suma que los recursos se encuentran en condición de riesgo; que no hay capacidad de fiscalización, aunque se manifieste en el documento real cierta opinión, y que ello afecta a los principales recursos hidrobiológicos en Chile en una zona de riesgo o de casi colapso, creemos que lo descrito no solamente es ilegal, sino también inconveniente.
Por lo anterior, solicito enviar oficios a los Ministros de Economía y del Interior y Seguridad Pública, por cuanto también firmaron el documento los respectivos Intendentes.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, de conformidad con el Reglamento.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 20:8.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción