REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 361ª
Sesión 85ª, en martes 14 de enero de 2014
Ordinaria
(De 16:19 a 19:36)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchon, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedan, Eugenio
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros del Interior y Seguridad Pública, señor Andrés Chadwick Piñera; de Defensa Nacional, señor Rodrigo Hinzpeter Kirberg, y Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet Vignau. Asimismo, se encontraban presentes el Subsecretario de Justicia (S), señor Sebastián Valenzuela, y la Asesora Legislativa del Ministro de Defensa Nacional, señorita Gigliola Cella.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:19, en presencia de 16 señores Senadores.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Las actas de las sesiones 83ª y 84ª, ordinarias, en 7 y 8 de enero del presente año, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Tres de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", respecto de las siguientes iniciativas:
1.-
Proyecto de ley que modifica algunos aspectos previsionales de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile (boletín N° 8.643-02).
2.-
Proyecto de ley que posterga el reavalúo de bienes raíces de la serie agrícola y prorroga por dieciocho meses la vigencia de su avalúo, que rige hasta el 30 de junio de 2014 (boletín N° 9.200-05).
3.-
Proyecto de ley que perfecciona el rol fiscalizador del concejo municipal, fortalece la transparencia y probidad en las municipalidades, crea cargos y modifica normas sobre personal y finanzas municipales (boletín N° 8.210-06).
Con el segundo retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", para la tramitación de los asuntos que se señalan en seguida:
1.-
Proyecto de ley sobre fomento forestal, que modifica y extiende los incentivos a la forestación establecidos en el decreto ley N° 701 (boletín N° 8.603-01).
2.-
Proyecto que modifica la ley N° 17.798, de Control de Armas, y el Código Procesal Penal (boletín N° 6.201-02).
3.-
Proyecto de ley que crea hospitales clínicos en la Región Metropolitana (boletín N° 8.618-11).
Con el último retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", respecto de los siguientes proyectos de ley:
1.-
El que tipifica el delito de incitación al odio racial y religioso (boletín N° 7.130-07).
2.-
El que regula el trabajo de los conductores de taxis colectivos (boletín N° 7.934-13).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
De Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual, conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la ley N° 19.995, solicita el acuerdo del Senado para designar a los señores Miguel Andrés Zamora Rendich y Eduardo Aninat Ureta como sus representantes en el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego (boletín N° S 1.635-05), para cuyo despacho hace presente la urgencia establecida en el inciso segundo del N° 5) del artículo 53 de la Constitución Política.
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Cuatro de la Honorable Cámara de Diputados:
Con los dos primeros comunica su aprobación a los proyectos que se indican a continuación:
1.-
El que modifica la Ley de Violencia Intrafamiliar y otros cuerpos legales y establece la ley sobre violencia en las relaciones íntimas de pareja sin convivencia (boletín N° 8.851-18) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
2.-
El que agrega un nuevo artículo 25 ter al Código del Trabajo, para disponer jornada de trabajo de personal de ferrocarriles (boletín N° 8.381-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Con el tercero informa la nómina de señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que debe constituirse, conforme al artículo 70 de la Carta Constitucional, para proponer la forma y el modo de resolver la discrepancia suscitada durante la tramitación del proyecto de ley que reconoce la rayuela como deporte nacional (boletín N° 8.404-29).
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el último manifiesta que prestó su aprobación, en los mismos términos en que lo hizo esta Corporación, al proyecto de ley en materia de sanciones a vehículos impedidos de efectuar transporte público y de escolares (boletín N° 7.815-15).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia el Presidente de la República.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Remite copia autorizada de sentencias definitivas pronunciadas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los siguientes preceptos legales:
1.-
Artículo 230, inciso primero, del Código Procesal Penal.
2.-
Artículo 277, inciso segundo, del Código Procesal Penal.
3.-
Artículo 25, inciso primero, del Código del Trabajo.
--Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos.
Envía copia de la resolución pronunciada en la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 54, 55, 56 y 58 de la ley N° 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.
--Se toma conocimiento y se remite el documento a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Subsecretario de Minería:
Da respuesta a la solicitud de antecedentes, cursada en nombre de la Senadora señora Rincón, relativa al llamado a licitación, bases y estimaciones técnicas que determinaron, en su momento, la adjudicación del primer contrato especial de operación del litio.
Del señor Abogado Procurador Fiscal de Antofagasta:
Informa, ante consulta efectuada en nombre del Senador señor Cantero, acerca del acuerdo del Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado de no intervenir respecto de los hechos denunciados por los abogados señores Álvaro Testar y Octavio Diéguez, por considerar que no son constitutivos de los delitos de fraude al Fisco y evasión de impuestos.
Del señor Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades:
Plantea la necesidad de modificar el artículo 122 de la Constitución Política de la República, en lo referente a la exigencia de financiamiento para las leyes que asignen funciones u obligaciones a esas corporaciones de derecho público.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Defensa Nacional e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica algunos aspectos previsionales de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile (boletín N° 8.643-02) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Penal y tipifica como falta el ensuciar o provocar daños en playas, riberas de río, lagos y parques nacionales (boletín N° 8.179-07).
De la Comisión de Economía, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que regula la competencia en el mercado de los medios de pago electrónicos (boletín N° 9.201-03) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Vivienda y Urbanismo, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 17.635, que establece normas sobre cobro ejecutivo de créditos para la vivienda que indica (boletín Nº 9.018-14) (con urgencia calificada de "suma").
--Quedan para tabla.
Moción
De los Senadores señores Orpis, Rossi y Uriarte, con la que dan inicio a un proyecto que modifica en la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, los artículos 4°, 50 y 54, relativos al microtráfico y al consumo de dichas sustancias (boletín N° 9.235-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.
Proyecto de acuerdo
De los Senadores señora Rincón y señores Escalona, Lagos, Muñoz Aburto y Zaldívar, con el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República el envío de una iniciativa para resolver los problemas que la ley Nº 20.255 causa en el sistema de salud laboral de los trabajadores independientes (boletín Nº S 1.634-12).
--Queda para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria respectiva.
Solicitudes de permiso constitucional
De los Senadores señores Kuschel, Letelier y Muñoz Aburto, para ausentarse del país a contar del día 13 del mes en curso.
Del Senador señor Larraín Fernández, para ausentarse del territorio nacional a contar del sábado 18 del mes en curso.
--Se accede a lo solicitado por Sus Señorías.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Los Comités, en sesión del día de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos:
1.-
Tratar en la sesión ordinaria de hoy, como si fueran de Fácil Despacho, los siguientes asuntos:
-Proyecto de ley que posterga el reavalúo de bienes raíces de la serie agrícola y prorroga por dieciocho meses su avalúo, vigente hasta el 30 de junio de 2014 (boletín N° 9.200-05), con informe oral de la Comisión de Hacienda.
-Proyectos de acuerdo signados con los números 13 y 14 de la tabla de hoy, respectivamente, esto es, el que aprueba el "Tratado de Extradición entre la República de Chile y la República Italiana", suscrito en Roma el 27 de febrero de 2002 (boletín N° 3.119-10), y el que aprueba el "Protocolo Adicional al Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Italia, de 27 de febrero de 2002", suscrito el 4 de octubre de 2012 (boletín N° 9.001-10).
-Proposición de la Comisión Bicameral para designar a los integrantes del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias.
2.-
Colocar en el segundo lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de hoy el proyecto de ley que modifica algunos aspectos previsionales de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile (boletín Nº 8.643-02).
3.-
Tratar en la tabla de Fácil Despacho de la sesión ordinaria de mañana los siguientes asuntos:
-Proyecto que modifica la ley N° 20.600, que crea los Tribunales Ambientales, en materia de subrogación (boletín N° 9.230-07).
-Proyecto que modifica la ley N° 20.671 con el objeto de suprimir el límite máximo para regularizar ampliaciones en viviendas sociales, siempre que la superficie edificada total no exceda de noventa metros cuadrados (boletín N° 9.029-14).
-Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para designar Consejero del Banco Central de Chile al señor Pablo Antonio García Silva (boletín N° S 1.630-05).
4.-
Colocar en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana el proyecto de ley que perfecciona el rol fiscalizador del concejo municipal, fortalece la transparencia y probidad en las municipalidades, crea cargos y modifica normas sobre personal y finanzas municipales (boletín Nº 8.210-06), siempre que se hubiere dado cuenta de los respectivos informes.
5.- Fijar un nuevo plazo, hasta las 12 horas del lunes 27 de enero de 2014, para formular indicaciones al proyecto de ley que crea un Consejo Parlamentario de Futuro en Ciencia y Tecnología (boletín N° 7.906-07).
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Rossi.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente, solo quiero dejar una constancia.
En reiteradas ocasiones se ha puesto en tabla el proyecto de ley que regula derechos sobre obtenciones vegetales (boletín N° 6.355-01). De hecho, los Comités habían acordado ponerlo en primer lugar la semana pasada.
Pero el Gobierno, que acostumbra llenar de "discusiones inmediatas" al Congreso Nacional, le quitó la urgencia a este proyecto y ha obligado a postergar su discusión. Esto es bastante sorprendente, pues se supone que lo respaldaba con mucho entusiasmo,
Con todo, yo pedí hoy que se pusiese en el primer lugar de la tabla del próximo martes, lo cual tampoco fue aprobado por nuestros amigos de las bancadas del frente.
Entonces, considero importante que la comunidad sepa la razón de que no se discuta esta iniciativa (más conocida como "Ley Monsanto") en el Parlamento, porque a veces la gente no lo entiende: vienen muchas personas, otras llaman por teléfono o mandan correos. Y, en definitiva, el proyecto no se debate, pues no existe unanimidad para que se examine: están a favor de ello los Partidos de la Nueva Mayoría, pero no los de Derecha.
El señor PROKURICA.-
Eso corresponde a una cuestión de Reglamento.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, no sé a qué iniciativa se refiere el Senador Rossi. ¿A una de la Presidenta Bachelet, que propone aprobar los obtentores vegetales? Esta fue aprobada por una importante cantidad de Diputados: no sé quiénes están en la lista pero, a lo mejor, le dieron su entusiasta apoyo muchos de los que hoy día son Senadores.
En todo caso, hay que seguir el Reglamento, conforme al cual se ponen en tabla los proyectos en el minuto que corresponde.
Así es que, a mi entender, no hay que alterar el Reglamento.
OBLIGACIÓN DE PAGO DE PROPINA EN LOCALES DE ATENCIÓN DE PÚBLICO
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece obligaciones relativas a la propina en restaurantes, bares, pubs, clubes, discotecas y similares.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8932-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 47ª, en 13 de agosto de 2013.
Informe de Comisión:
Trabajo y Previsión Social: sesión 55ª, en 10 de septiembre de 2013.
Discusión:
Sesión 78ª, en 10 de diciembre de 2013 (se aprueba en general).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Respecto de esta iniciativa, que se aprobó en general en sesión de 10 de diciembre de 2013, no se han presentado indicaciones dentro del plazo fijado al efecto, por lo que corresponde darla por aprobada también en particular, a menos que se solicite uno nuevo para formularlas.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará en particular.
--Se aprueba en particular el proyecto, reglamentariamente, y queda despachado.
POSTERGACIÓN DE REAVALÚO Y PRÓRROGA DE VIGENCIA DE AVALÚO DE BIENES RAÍCES DE SERIE AGRÍCOLA
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Según lo acordado por los Comités, corresponde tratar, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto de ley que posterga el reavalúo de bienes raíces de la serie agrícola y prorroga por 18 meses la vigencia de su avalúo, que rige hasta el 30 de junio de 2014.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9200-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 84ª, en 8 de enero de 2014.
Informe de Comisión:
Hacienda (verbal): sesión 85ª, en 14 de enero de 2014.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Cabe mencionar que se ha autorizado a la Comisión de Hacienda para entregar un informe verbal sobre la iniciativa.
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para el despacho del proyecto y la calificó de "discusión inmediata".
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En discusión general y particular a la vez.
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, la Comisión de Hacienda analizó esta iniciativa en sesión de hoy día en la mañana, y a ella asistió el señor Subsecretario de Hacienda, quien nos informó sobre la materia de que trata.
El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados por amplia mayoría.
Su objetivo apunta a prorrogar el reavalúo de bienes raíces de la serie agrícola, vigente hasta el 30 de junio de 2014, hasta el 31 de diciembre de 2015, y a mantener la misma reglamentación establecida en la ley en rigor.
La justificación dada para ello estriba en lo solicitado por sectores del mundo agrícola, fundamentalmente por dos razones.
Primero, la sequía que afecta a toda la agricultura desde la Cuarta Región hasta la Octava, incluyéndose la Séptima, la Quinta y, especialmente, la Sexta.
La señora ALLENDE.-
Más al norte también.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Y, además, la Tercera, por supuesto.
Y, asimismo, el problema de las heladas, que han perjudicado sobre todo a los sectores agrícolas de la zona central.
Todo lo anterior ha llevado a que se pida que se cree un sistema mediante el cual el aumento de las contribuciones, en caso de llegarse a producir, se haga en forma progresiva y no de una sola vez.
Los nuevos avalúos sobre los predios agrícolas se aplicarían a contar del 1° de enero del año 2016, y el proceso completo de fijación de impuesto se completaría el 1° de enero de 2020.
Hubo unanimidad en la aprobación de este proyecto.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobará la iniciativa.
--Por unanimidad, se aprueba en general el proyecto y, por no haber sido objeto de indicaciones, queda también aprobado en particular y concluida su discusión en este trámite.
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El señor GARCÍA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GARCÍA.-
Quiero solicitar que el proyecto que crea el Registro Voluntario de Contratos Agrícolas (boletín N° 8.829-01), que fue visto en la mañana por la Comisión de Hacienda, vuelva a la de Agricultura porque hay que introducirle ciertas modificaciones. Asimismo, pido que se abra un plazo especial para presentar indicaciones, hasta las 19 de hoy.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
--Así se acuerda.
TRATADO DE EXTRADICIÓN CON ITALIA
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Tratado de Extradición entre la República de Chile y la República Italiana", suscrito en Roma el 27 de febrero de 2002, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3119-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 43ª, en 31 de julio de 2013.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores: sesión 81ª, en 18 de diciembre de 2013.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El objetivo principal de la iniciativa es desarrollar la mutua cooperación judicial en materia de extradición entre ambos países.
La Comisión de Relaciones Exteriores discutió este proyecto en general y en particular por tratarse de aquellos de artículo único, aprobándolo por la unanimidad de sus miembros presentes: Senadores señores Kuschel, Larraín (don Hernán), Letelier y Tuma.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Por unanimidad, se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo.
PROTOCOLO ADICIONAL A TRATADO DE EXTRADICIÓN CON ITALIA
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
En seguida, corresponde pronunciarse sobre el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Protocolo Adicional al Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Italia", de 27 de febrero de 2002, suscrito el 4 de octubre de 2012, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9001-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 43ª, en 31 de julio de 2013.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores: sesión 81ª, en 18 de diciembre de 2013.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El objetivo principal de la iniciativa es normar la situación de las sentencias de extradición dictadas en rebeldía.
La Comisión de Relaciones Exteriores discutió este proyecto en general y en particular, por tratarse de aquellos de artículo único, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes: Senadores señores Kuschel, Larraín (don Hernán), Letelier y Tuma.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Por unanimidad, se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo.
DESIGNACIÓN DE INTEGRANTES DE CONSEJO RESOLUTIVO DE ASIGNACIONES PARLAMENTARIAS
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
A continuación, la Sala debe pronunciarse sobre el acuerdo de la Comisión Bicameral para designar a los señores Vittorio Corbo Lioi, Luis Riveros Cornejo, Sergio Páez Verdugo, Claudio Alvarado Andrade y Alberto Arenas de Mesa integrantes del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias.
--Los antecedentes sobre la proposición de la Comisión Bicameral figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 84ª, en 8 de enero de 2014.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La Comisión Bicameral deja constancia de que, antes de tomar una resolución sobre esta materia, solicitó al Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias un informe de su gestión, para evaluar las tareas llevadas a cabo por esta entidad entre el 2010 y noviembre de 2013.
En ese documento se da cuenta de las actuaciones realizadas por el referido Consejo en los años 2010, 2011, 2012 y 2013. Asimismo, se detallan los estudios efectuados, las respuestas de las consultas formuladas por diversos señores parlamentarios, así como del número de sesiones celebradas por dicho organismo.
Una copia del mencionado documento quedó a disposición de los Honorables señores Diputados y Senadores en la Secretaría de la Comisión.
La Comisión Bicameral, creada en virtud de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, acordó someter a la consideración de ambas Cámaras la propuesta para designar integrantes del Consejo Resolutivo, a partir del 11 de marzo de 2014, a las siguientes personas:
1.-
Para ocupar el cargo correspondiente a un exconsejero del Banco Central, al señor Vittorio Corbo Lioi.
2.-
Para desempeñar el cargo correspondiente a un exdecano de una Facultad de Administración, de Economía o de Derecho de una universidad reconocida oficialmente por el Estado, al señor Luis Alfredo Riveros Cornejo.
3.-
Para realizar las tareas correspondientes al cargo de ex Senador, al señor Sergio Páez Verdugo.
4.-
Para ocupar el cargo correspondiente a un ex Diputado, al señor Claudio Alvarado Andrade.
5.-
Y para desempeñar el cargo correspondiente a un ex Ministro de Hacienda o de Economía o ex Director de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, al señor Alberto Arenas de Mesa.
Concurrieron con su voto favorable a este acuerdo en lo referente a los integrantes propuestos en los números 1, 2, 3 y 5 los Senadores señores Gómez, Kuschel y Pérez (don Víctor) y los Diputados señores Hasbún y Rivas. Se abstuvo el Diputado señor Rincón.
El nombramiento del señor Alvarado en el cupo correspondiente a un ex Diputado fue acordado, asimismo, por mayoría de votos. En una primera votación, se pronunciaron favorablemente los Senadores señores Gómez y Pérez (don Víctor) y el Diputado señor Hasbún, y en contra el Senador señor Kuschel y el Diputado señor Rivas. Se abstuvo el Diputado señor Rincón.
Repetida la votación en conformidad al artículo 178 del Reglamento del Senado, se produjo el mismo resultado, por lo que reglamentariamente se dio por aprobada la propuesta para designar, a partir del 11 de marzo de 2014, a don Claudio Alvarado Andrade.
La referida propuesta fue acogida por la Cámara de Diputados en sesión de fecha 7 de enero en curso.
Cabe tener presente que para aprobar la proposición de nombramiento de los integrantes del referido Consejo se requiere el pronunciamiento favorable de los tres quintos de los Senadores en ejercicio, esto es, 20 votos afirmativos.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En votación.
--(Durante la votación).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
No pretendo argumentar nada, señor Presidente, sino solo hacer una consulta, porque existen dudas.
¿Se renuevan los miembros del Consejo y solo se incorpora al ex Diputado señor Alvarado?
¿Esa es la votación?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Se está votando la composición del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias en su totalidad, señor Senador. Se renuevan todos sus integrantes, excepto el ex Diputado señor Alvarado, que se incorporó en la nueva propuesta.
El señor NAVARRO.-
¿En reemplazo de quién?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Del ex Diputado señor Andrés Egaña.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba la proposición de la Comisión Bicameral para designar a los integrantes del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias (28 votos favorables), y se deja constancia de que se cumple el quórum legal exigido.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Gómez, Horvath, Larraín (don Hernán), Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, solicito que recabe la autorización de la Sala para que ingrese el Subsecretario de Justicia, señor Juan Ignacio Piña, con motivo de la discusión del proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
¿Habría acuerdo en tal sentido?
El señor PROKURICA.-
Sí.
La señora ALLENDE.-
Sí, señor Presidente.
--Se accede.
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señor Presidente, es para dar cuenta de que, respecto del proyecto sobre reavalúo de propiedades agrícolas, el Senador señor Prokurica se inhabilita por ser parte de una sociedad que posee una propiedad agrícola.
El señor COLOMA.-
¿Eso es causal para inhabilitarse, señor Presidente?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente, solo para dejar constancia de mi opinión en orden a que tener una propiedad no es causal de inhabilidad. Aquí se trata de un asunto de interés general. De lo contrario, nosotros no podríamos votar avalúos de contribuciones de bienes raíces porque todos tenemos casa; no podríamos votar temas tributarios porque todos pagamos impuestos; no podríamos votar asuntos relacionados con la salud porque estamos afiliados a FONASA o a una isapre.
Por consiguiente, respetando el criterio del señor Senador, yo quisiera dejar establecido que su decisión no corresponde, porque, si no, el Parlamento estaría inhabilitado de pronunciarse sobre muchas materias.
Gracias, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- La inhabilitación es una decisión personal. Por lo tanto, el señor Senador tiene derecho a obrar como ha manifestado.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, efectivamente la declaración de inhabilidad contemplada en el artículo 8° de nuestro Reglamento es de decisión de cada Senador y, por supuesto, queda sometida también a la revisión de la Comisión de Ética. Pero, yo coincido plenamente con lo que ha planteado el Senador Novoa, porque en temas de interés general -lo dicen expresamente la norma constitucional y el Reglamento- no procede la inhabilidad.
Si no fuera así, estaríamos inhabilitados en la casi totalidad de los asuntos que son de orden general. No podríamos trabajar sobre la normativa del Código del Trabajo si acaso tenemos empleados o personas que dependen laboralmente de nosotros; no podríamos pronunciarnos sobre cuestiones tributarias, y para qué seguir.
O sea, la tesis del Senador Novoa es correcta. Pero también es cierto que es una facultad de cada Senador expresar su posible inhabilidad.
CREACIÓN DE SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Corresponde continuar la discusión en particular del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y establece adecuaciones en la ley orgánica del Ministerio de Justicia, con segundo informe de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, unidas, e informe de la Comisión de Hacienda. La urgencia ha sido calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8207-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 3ª, en 20 de marzo de 2012.
Informes de Comisión:
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: sesión 97ª, en 22 de enero de 2013.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 97ª, en 22 de enero de 2013.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, unidas (segundo): sesión 83ª, en 7 de enero de 2014.
Hacienda: sesión 83ª, en 7 de enero de 2014.
Discusión:
Sesiones 100ª, en 5 de marzo de 2013 (se aprueba en general); 84ª, en 8 de enero de 2014 (queda pendiente la discusión particular).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La discusión particular quedó pendiente en sesión de fecha 8 de enero.
Rogaría a Sus Señorías dirigirse a la página 17 del comparado. La letra e) que aparece allí tuvo una votación de mayoría en las Comisiones unidas. Se pronunciaron a favor los Senadores señora Lily Pérez y señores Hernán Larraín, Jaime Orpis y Patricio Walker. Hubo dos votos en contra.
En seguida, respecto de la inclusión de la oración final, que dice: "sin perjuicio de las atribuciones de otros órganos del Estado.", votaron todos a favor, con excepción de la Senadora señora Lily Pérez, quien se abstuvo.
Esas son las votaciones de mayoría.
El señor WALKER (don Patricio).-
¿Estamos en la letra e)?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Sí, señor Senador.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Cabe hacer presente que esta norma es de rango orgánico constitucional, por lo que requiere para su aprobación, el día de hoy, de 19 votos favorables.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
En votación la letra e) del artículo 8°.
--(Durante la votación).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, esta disposición se refiere a una facultad de la Subsecretaría de Derechos Humanos que se crea: la de prestar asesoría técnica al Ministerio de Relaciones Exteriores. Ello, porque este último cuenta con una Dirección de Derechos Humanos a través de la cual sigue la coordinación del cumplimiento de los distintos tratados y demás obligaciones que tiene nuestro país en esta materia.
Por lo tanto, como una manera de coordinar la relación que va a tener esta Comisión con el funcionamiento de la Cancillería, que inevitablemente debe continuar con sus actividades en este tema, se estableció de forma flexible, de modo de poder cumplir el rol de la Subsecretaría en lo que concierne a derechos humanos, la posibilidad de coordinar, en el ámbito de la Administración Pública, todas las acciones.
Lo que se procura es, precisamente, asesorar a la Cancillería en este asunto, sin perjuicio de que esta última tiene sus propias formas de resolver. Aquí simplemente se plantea la asesoría por la competencia técnica que posee y, además, por la necesidad de coordinar en toda la Administración Pública lo que haga el Gobierno en materia de derechos humanos.
En consecuencia, me parece que esta importante función debería ser aprobada.
Voto a favor, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Señor Presidente, voy a ser muy breve porque muchos tenemos bastante ansiedad de ver, por fin, la eliminación del 6 por ciento para los pensionados de las Fuerzas Armadas y de Orden.
Entrando en materia, deseo decir que incorporar a las funciones de la Subsecretaría de Derechos Humanos contenidas en el artículo 8° la de prestar asesoría y colaboración a la Cancillería es algo muy importante.
Este articulado tiene su génesis en el Gobierno. Fue anunciado por el Presidente de la República. Y es muy relevante porque la agenda moderna de los derechos humanos está planteada, justamente, en impulsar proyectos y también en promover el cuidado, la cautela y el resguardo de los derechos de las personas en todo ámbito, se trate de quienes sufran algún tipo de discapacidad o de quienes sean objeto de discriminación por cualquier causa, como ya vimos cuando despachamos la Ley Antidiscriminación.
Por lo tanto, es muy importante que esta Subsecretaría tenga dentro de sus funciones la de prestar una asesoría directa al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Obviamente, voto a favor.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Alvear.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente, yo creo que esta disposición, que voy a votar favorablemente, es de gran importancia. El Estado chileno es demandado internacionalmente en muchas oportunidades y -puedo decirlo con conocimiento de causa en mi calidad de ex Canciller- cuesta mucho coordinar su defensa con las diversas entidades, servicios públicos y ministerios. Por ende, la creación de una Subsecretaría de Derechos Humanos, cuya finalidad precisamente es coordinar este tema en todos los ministerios y servicios, va a prestar un tremendo aporte a la Cancillería en estas causas -de derechos humanos u otras- que tiene el Estado chileno.
En consecuencia, señor Presidente, estimo que la introducción de esta indicación es un aporte importante para la Cancillería de nuestro país. Es una labor de coordinación más que debe llevar adelante la futura Subsecretaría de Derechos Humanos.
He dicho.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba la letra e) del artículo 8° (25 votos afirmativos), y se deja constancia de que se cumplió el quórum constitucional requerido.
Votaron las señoras Alvear, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Rossi, Ruiz-Esquide, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable de los Senadores señora Rincón y señor Sabag.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
A continuación, señores Senadores, en el número 6), que ha pasado a ser número 9) (página 20 del comparado), hay una diferencia entre la enmienda que propusieron las Comisiones unidas y la que, en la cuarta columna, aprobó la Comisión de Hacienda.
La diferencia está¿
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Perdón, señor Secretario.
Tiene la palabra el Senador señor Novoa.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente, es cierto que hay diferencia entre ambas Comisiones. Pero sucede que estamos votando el último informe: el de la Comisión de Hacienda. Y si la norma que propone esta se aprobó por unanimidad, ella está aprobada.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
A menos que se haya solicitado discutirla y votarla separadamente.
El señor NOVOA.-
No sé si ello se pidió.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Solo puedo decir que esta situación ya se planteó antes en la Sala y que se resolvió que debía votarse de todas maneras si existía diferencia entre lo propuesto por una Comisión y otra.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
¿Fue acuerdo de la Sala?
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Sí, en otro proyecto.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Señala el señor Secretario que la situación registrada ahora se produjo en otra iniciativa y que la Sala acordó votar en caso de existir divergencia entre Comisiones.
El señor LARRAÍN.-
Pero la regla general es que se vota el último informe.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Está bien. Pero la Sala puede acordar otro procedimiento.
A menos que se quisiera cambiar, yo mantendría el criterio aplicado en la situación anterior.
El señor PÉREZ VARELA.-
El Presidente no puede hacerlo.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Puedo someterlo a votación.
Tiene la palabra el Senador señor Novoa.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente, si alguien plantea que se vote entre una norma aprobada unánimemente por una Comisión y otra aprobada unánimemente en el último informe, habrá que resolver en el acto para ese caso. Pero la regla general es que se vota el último informe. Si no, en todos los proyectos deberemos estar revisando la totalidad de los informes.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Si hay acuerdo en la Sala, votaremos lo aprobado en el último informe, siempre que no sea unánime, según lo que acordamos.
Muy bien.
O sea, si lo propuesto es unánime, queda aprobado, y si hay diferencia, se vota el último informe.
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, no siempre es igual en todos los casos.
De todas maneras, tengo la impresión de que la Comisión de Hacienda aborda más materias que las que le corresponden reglamentariamente.
Si dicho órgano se pronunciara solo sobre las cuestiones relacionadas con gasto fiscal o con manejo presupuestario, no tendríamos el problema surgido ahora.
Aparentemente, en su informe la Comisión de Hacienda se aboca a materias que no le competen y entra en colisión con las Comisiones unidas.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Sin entrar en el debate reglamentario, debo reiterar que Sus Señorías, si desean hacer un planteamiento sobre algunas normas en particular, tienen derecho a pedir discusión y votación separada de cada una de ellas.
Como no existen solicitudes en tal sentido, debemos atenernos a lo que dispone el Reglamento y aprobar lo que plantea por unanimidad la última Comisión.
Si hay dificultad debido a que la Comisión de Hacienda excede sus atribuciones, el mecanismo de solución es otro.
Entonces, sigamos, a menos que el señor Secretario tenga otra interpretación.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La Secretaría se limita a señalar las situaciones del mismo tipo que se registran.
En tal virtud, puedo decir que en igual caso se encuentra la modificación contenida en la página 20 del boletín comparado, en que la proposición de la Comisión de Hacienda se contrapone con la de las Comisiones unidas, y que lo propio ocurre con las enmiendas de que dan cuenta, respecto a otras normas, las páginas 36, 37 (parte final), 44, 45 y 46 del referido documento.
Si Sus Señorías quisieran, la situación podría quedar resuelta en una sola votación, pues todas las votaciones de Hacienda fueron unánimes.
Restaría solo una votación: la de las disposiciones en que solo hay mayoría.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Perdón, señor Secretario.
Como se registró una situación específica, quiero preguntarle al Presidente de las Comisiones unidas, a las que Hacienda les enmendó la plana, si tiene alguna objeción sobre el particular.
El señor WALKER (don Patricio).-
No tengo ninguna objeción, señor Presidente. Me parece bien lo que se propone.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
En consecuencia, debemos hacer dos votaciones.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Quedarían aprobadas, entonces, todas las normas que Hacienda aprobó por unanimidad en forma diferente de como lo hicieron las Comisiones unidas.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
¿Le parece a la Sala?
--Quedan aprobadas las disposiciones a que se refirió el señor Secretario General.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
En el número 8, que pasa a ser 11, la diferencia deriva de que el Senador señor Gómez se abstuvo solo en la parte del precepto que incluye al Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Se trata de una modificación de las Comisiones unidas, no de Hacienda.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
En discusión la enmienda propuesta por las Comisiones unidas.
Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, esta norma, cuando se refiere al Comité Interministerial de Derechos Humanos, que estará constituido por diversos ministros, etcétera, procura permitirle al Ministro de Justicia y Derechos Humanos invitar, en forma ocasional y solo con derecho a voz, a otros Secretarios de Estado, a funcionarios de la Administración Pública, a personas de reconocida competencia en materia de derechos humanos y al Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, pues en alguna materia puede considerar importante oírlos.
Probablemente está subentendido que será factible incorporar a otras personas en un Comité de aquella naturaleza. Empero, se quiso dejar expresa constancia de los personeros mencionados en la norma porque en determinado momento ello puede permitir el logro de mayor información, el aporte de más antecedentes para adoptar una buena decisión.
Por eso, creo que no tiene sentido excluir a nadie. De hecho, alguien podría objetar la norma en comento por innecesaria, pues siempre a cualquier consejo le resulta factible invitar a diversas personas -ministros, funcionarios, especialistas- para que participen en él. Pero es una señal de voluntad en cuanto a que una persona pueda hacer oír su voz en una materia en que se estima importante conocer su opinión.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Disculpándome por hacer uso de la palabra desde la testera, debo puntualizar que me abstuve únicamente por estimar que la participación del Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos no podía darse en condición de dependencia con respecto al Comité Interministerial.
Si su participación será bajo el concepto de entrega de información, no veo ningún problema.
Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, quiero reiterar la preocupación que manifesté en Comisión respecto a la superposición, en diversos momentos de este proyecto de ley, entre la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Hemos concordado que para efectos de la coordinación en el seno del Ejecutivo es importante la referida Subsecretaría y, en consecuencia, aprobamos su creación.
Sin embargo, hemos puesto de relieve expresamente nuestra preocupación en aquel ámbito. Y el precepto que nos ocupa es una de las manifestaciones materiales de dónde se halla nuestra aprensión.
En este caso, todo está perfecto: que los ministros se reúnan, en fin. ¡Pero por qué tiene que ser invitado a participar el Director del Instituto de Derechos Humanos!
Aquí, sin duda, se coloca a dicho personero en situación de subordinación.
Eso no debiera suceder.
Nosotros concordamos en que estén los ministros -en general, la integración se halla superbién-, pero no el Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
¡Si es de la esencia de lo que aprobamos!
Yo recuerdo los alegatos que hicieron aquí, en esta misma Sala, el actual Ministro del Interior, don Andrés Chadwick, y otros personeros de la entonces Oposición -nosotros estábamos en el Gobierno- durante la discusión del proyecto de ley sobre creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y este fue exactamente el punto esencial: cautelar la autonomía de dicho ente con respecto al gobierno de turno.
En el precepto que nos ocupa se coloca al Director del referido Instituto bajo la dependencia de la Subsecretaría de Derechos Humanos y del Ministerio de Justicia.
En consecuencia, por esa vía se rompe toda la doctrina internacional moderna en relación con esta materia.
Esa es nuestra preocupación en torno a la enmienda en debate, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).-
Señor Presidente, deseo sumarme al argumento que dio el Senador Hernán Larraín y reforzarlo, porque es muy importante que el Comité Interministerial de Derechos Humanos, además de los ministros, pueda invitar a funcionarios especializados en algunos tópicos.
Por ejemplo, el Comité de los Derechos del Niño, órgano de las Naciones Unidas, ha señalado que Chile no está cumpliendo la Convención sobre los Derechos del Niño porque no tiene una ley sobre protección integral, universal, de los derechos de la infancia, ni un defensor de los derechos del niño.
Así como hay un SERNAC para defender a los consumidores y una Inspección del Trabajo para resguardar a los trabajadores, debería existir una instancia autónoma, independiente del gobierno de turno, que velara por el respeto a los derechos humanos, particularmente en el caso de los niños, niñas y adolescentes.
En tal sentido, reviste gran importancia que el Ministro de Justicia y Derechos Humanos pueda invitar a participar en el Comité Interministerial a otros Secretarios de Estado y, también, a funcionarios de la Administración Pública que tengan relación de pertinencia con las materias que se discutan.
Quería hacer presente ese argumento con relación a la enmienda que proponen las Comisiones unidas, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, he coincidido con los Senadores Escalona y Lagos, entre otros colegas, en la necesidad de evitar toda superposición entre la Subsecretaría que se establece y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que cumplen funciones absolutamente distintas.
Incluso, yo tenía objeciones con respecto a la creación de la Subsecretaría porque no me parece que el Estado deba estar al cuidado de los derechos humanos cuando es uno de sus posibles infractores.
Por eso, siempre he estimado que ha de tratarse de un órgano absolutamente autónomo, independiente, que, dado el caso, pueda representarle al Estado su transgresión a la normativa sobre derechos humanos y exigirle que la cumpla.
Pero, bueno, se tomó la línea de crear una Subsecretaría y se ha pretendido darle más bien una labor de coordinación para el propio Ejecutivo con el fin de ver cómo lleva adelante sus políticas en materia de derechos humanos.
Según expresó el Senador Hernán Larraín, la norma puede ser innecesaria. El Ministro de Justicia tiene facultad para crear comités; no requiere una facultad legal específica.
En cuanto a la inclusión del Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos entre quienes podrán ser invitados a participar en el Comité Interministerial, considero que tiene razón el Senador Escalona, pues casi se podría comprometerlo con lo que este ente hiciera.
En mi concepto, dicho personero no debe participar en la referida instancia, para que el Instituto en comento mantenga su independencia y sea realmente el actor que le exija al Estado el cumplimiento de los derechos humanos.
El Ministro de Justicia podrá llamarlo en algún momento y formularle consultas. Pero para eso no se requiere una disposición legal.
Por lo tanto, si me apuraran un poquito, yo sería partidario de eliminar la posibilidad que abre la modificación en debate, pues más bien lleva a confusión. Y si se mantuviera, acompañaría al Presidente en su posición, pero no absteniéndome sino rechazando la mención al Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Novoa.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente, no creo que la norma sugerida signifique una intromisión en la autonomía del Instituto Nacional de Derechos Humanos, pues dice que su Director podrá ser invitado. Lógicamente, como expresión de tal autonomía, dicho personero va a asistir o no. Y puede ser hasta conveniente que cuando sea invitado, si el Gobierno está actuando mal en materia de derechos humanos, se lo represente.
Sin embargo, considero innecesaria la norma pertinente, porque el presidente de un comité -un subsecretario o un ministro- puede invitar.
Tal vez -me lo señala el Senador Hernán Larraín- se podría eliminar el inciso completo. No saquemos solo a uno de los posibles invitados a participar, por cuanto después, si fuera necesario, no se lo podría llamar.
Si suprimimos el inciso, subsiste la facultad normal de cualquier presidente de un consejo para invitar a quienes desee.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Excusándome por hacer una observación desde la testera, debo señalar que no se trata de una simple invitación, pues "el Ministro de Justicia y Derechos Humanos podrá invitar a participar, con derecho a voz, a otros Secretarios de Estado". Es diferente.
Ocurre lo mismo cuando alguien concurre a una Comisión: puede participar, tiene derecho a voz, pero no puede votar.
Lo razonable, entonces, sería sacar al Director del Instituto y dejar al resto de los posibles invitados. Y si no hubiera acuerdo para ello, deberíamos someter el punto a votación.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, cuando se debate sobre derechos humanos -lo hicimos durante la discusión del proyecto que dio origen a la ley que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos-, uno se pregunta qué de nuevo estamos discutiendo.
¡No: los derechos humanos son únicos y universales!
Tengo a la vista el sitio de internet de la Organización de las Naciones Unidas, donde se dice: "Todos los derechos humanos, sean éstos los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión; los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; o los derechos colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación, todos son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. El avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás.".
Yo siento que hoy, con la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, estamos dotando al Estado de un órgano que se preocupará de los derechos humanos. ¿Dónde? ¡En el Estado!
La crítica que se hace siempre cuando se sectorializan las políticas públicas es que se le pide a un organismo que se preocupe.
Cuando analizábamos las políticas de género se discutía si el SERNAM iba a servir al Estado, pues todos iban a depositar la responsabilidad en ese servicio público.
Entiendo que la Subsecretaría de Derechos Humanos viene a fortalecer el carácter de Estado para que el Estado mismo jamás vuelva a violar los derechos humanos y tenga una interrelación más adecuada con la sociedad civil.
Lo que me preocupa, considerando que sí puede haber algún tipo de contradicción, es que renunciemos al ombudsman, al defensor del pueblo, al que defiende frente a los abusos del Estado, figura que tiene cabida en todas las legislaciones del mundo. En Europa (Alemania, Francia, España) y en América Latina (Perú, Bolivia, Brasil, Venezuela) hay un ombudsman. Y yo espero que este Senado, en un tiempo no menor, apruebe la existencia de esa institución.
Señor Presidente, cuando hablamos de derechos humanos hablamos también de derechos de la tercera edad, de los adultos mayores.
Esta Corporación aprobó un proyecto de acuerdo por medio del cual se le solicitó al Presidente de la República determinar el apoyo de Chile a una declaración universal de los derechos de los adultos mayores (al igual que existe la Declaración Universal de los Derechos del Niño), de tal manera de seguir fortaleciendo los derechos humanos.
Tocante a la norma en análisis, señor Presidente, yo he observado decenas de leyes donde se les pide a los ministros que se coordinen. ¿Y qué pasa? ¡Jamás se coordinan!
En algunos casos mandan a la secretaria, tal como se ha dicho aquí, en esta Sala. No envían ni al subsecretario, ni al jefe de gabinete, ni al director del servicio: ¡mandan a la secretaria!
Por tanto, lo que se decide en las reuniones realizadas para coordinar leyes termina siendo completamente inaplicable, por cuanto allí no está la esencia de la tarea de las instituciones.
En consecuencia, creo que la presencia del Director del Instituto en el Comité Interministerial de Derechos Humanos más bien confunde y abre un debate.
Si el Subsecretario del ramo y el mencionado Director quieren reunirse, lo harán por iniciativa propia, en el momento adecuado y bajo la responsabilidad de ambos.
No me parece procedente dejar establecida una coordinación que -estoy convencido- no se va a llevar a cabo. Y si el Subsecretario de Derechos Humanos pudiera citar al Director a una reunión, sería posible entenderlo como una supeditación, porque no siempre van a ser del mismo signo político y cabe que tenga lugar una cierta subordinación de uno a otro.
Como sé que la norma no funcionará, creo que resulta más bien de más, y debiéramos optar por que no se contemplara, para así poder votar conformes el proyecto de ley y de manera transversal y unánime.
Por último, hay informes en el sentido de que el sistema va a servir. Me parece que esta es una experiencia en la que ojalá podamos contar con la mejor de las designaciones. En casos como el que nos ocupa, juzgo que la persona sí hace al cargo, porque, en definitiva, uno como aquel del cual se trata implica mucho más allá de la definición administrativa que pudiera darse en una iniciativa como esta.
Planteo, por lo tanto, que se vea la posibilidad de eliminar la norma y que ese sea el consenso al que se llegue.
He dicho.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, tal vez para resolver la cuestión, que puede prestarse para un error, como se ha dicho, me parece que cabría prescindir del párrafo si se hace constar en la historia de la ley que la eliminación no obsta a que el Comité, a través de su Secretario, pueda invitar a otras personas, cuando lo estime pertinente, a participar en la deliberación en alguna sesión o sobre algún aspecto que se aborde en ella.
Lo que no sugeriría es sacar la mención del Instituto, porque si ello se hiciera alguien podría entender, como bien expresaba el Honorable señor Novoa, que nunca sería posible ofrecerle la ocasión de contribuir a una decisión. Y, en algún minuto, eso puede ser importante. El organismo puede querer reunirse con el Comité para hacerle presente algún punto de vista.
Entonces, o se deja todo, o se saca todo.
Y si la voluntad de la Sala es sacarlo, repito que no observo ningún inconveniente para ello si solo se deja establecido, para la historia de la ley, que ese hecho no inhibe a que el Comité Interministerial de Derechos Humanos invite a participar -por cierto, con derecho a voz- a autoridades o personas que estime relevantes para el cumplimiento de sus funciones.
Propongo ese camino, si ayuda a resolver el asunto.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
¿Existe acuerdo?
El señor WALKER (don Patricio).- Conforme.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Puede intervenir el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Coincido en que la solución es eliminar el párrafo y dejar constancia en la historia de la ley de que es, por supuesto, una facultad normal de cualquier Ministro la de citar ante una comisión o un comité.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Entonces, la aprobación se verificará conforme a lo señalado y se harán las¿
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Se elimina el inciso segundo?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
La Secretaría verá los términos en que quedará el texto.
Si le parece a la Sala, se procederá en esa forma.
--Por unanimidad, así se acuerda, quedando despachado en particular el proyecto
MODIFICACIÓN DE ASPECTOS PREVISIONALES DE FUERZAS ARMADAS, FUERZAS DE ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA Y GENDARMERÍA DE CHILE
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
En conformidad al acuerdo de los Comités, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica algunos aspectos previsionales de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile, con segundo informe de la Comisión de Defensa Nacional e informe de la Comisión de Hacienda. La urgencia ha sido calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8643-02) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 48ª, en 14 de agosto de 2013.
Informes de Comisión:
Defensa Nacional: sesión 60ª, en 8 de octubre de 2013.
Defensa Nacional (segundo): sesión 85ª, en 14 de enero de 2014.
Hacienda: sesión 85ª, en 14 de enero de 2014.
Discusión:
Sesión 63ª, en 15 de octubre de 2013 (se aprueba en general).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Ambas Comisiones dejan constancia, para los efectos reglamentarios, de que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los artículos 1°; 4°, número 1); 5°, números 4), que pasa a ser 3), y 5), que pasa a ser 4); 6°; 9°, números 2), que pasa a ser 1), 3), que pasa a ser 4), 4), que pasa a ser 5) y 5), que pasa a ser 6); 10, números 1), 3), que pasa a ser 2), 4), que pasa a ser 3), 5), que pasa a ser 4), y 7), que pasa a ser 6); 11; 14, que pasa a ser 13, número 4), que pasa a ser 3), y 19, que pasa a ser 15, permanentes, así como el artículo cuarto transitorio, que pasa a ser tercero transitorio.
Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que algún señor Senador solicite su discusión y votación y ello se determine por la unanimidad de los presentes.
Ahora bien, toda la iniciativa es de rango orgánico constitucional, por lo que se requieren 19 votos para acoger los artículos 2°, 3° y 7° permanentes, al igual que el primero transitorio, que no fueron objeto de enmiendas en la discusión particular.
La Comisión de Defensa efectuó una serie de modificaciones al texto sancionado en general, todas ellas resueltas por unanimidad.
Por su parte, la Comisión de Hacienda realizó diversas enmiendas al texto despachado por la anterior, todas las cuales fueron también decididas por unanimidad.
Cabe recordar que las modificaciones unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador manifieste la intención de impugnar una proposición o existan indicaciones renovadas.
Dentro de las primeras, algunas de las acordadas por la Comisión de Defensa Nacional difieren de las aprobadas por la Comisión de Hacienda. El criterio fijado en el proyecto precedente es que, siendo unánime, la que se vota es la despachada por la Comisión de Hacienda.
Sugiero a Sus Señorías, atendido el rango orgánico constitucional del articulado, que se efectúe una sola votación para todo el proyecto.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
En discusión particular.
Solicito la autorización de la Sala para que asista a la sesión la señorita Gigliola Cella, asesora del señor Ministro de Defensa.
Acordado.
Como el Honorable señor Navarro ha pedido la votación separada del artículo 5°, propongo pronunciarse sobre todo lo demás y dejarlo para el final.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Es preciso aclarar que algunos de sus números no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. En tal circunstancia, se deben dar por aprobados, salvo que un señor Senador solicite su discusión y votación y ello se determine por la unanimidad de los presentes.
Distinto es el caso de aquellos que sí las registraron, que admiten una votación en la que se debe obtener el quórum requerido.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, en nombre de la bancada del Partido por la Democracia, solicito, en el mismo sentido, que el artículo 5° se discuta y vote separadamente, a pesar de no haber sido objeto de indicaciones.
El señor NOVOA.- Pido que se lea, señor Presidente, para ver si da lugar a unanimidad.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Así se hará.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El número 1) sufrió modificaciones en la Comisión de Hacienda¿
El señor NOVOA.-
¿Se introdujeron enmiendas?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
En ese caso, puede ser sometido a un pronunciamiento separado.
El señor NOVOA.-
Hay derecho a pedir votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
No ocurrió lo mismo en todos los números. Por eso, iba a ir uno por uno.
Pero si Sus Señorías lo desean, se puede votar el artículo completo.
El señor NAVARRO.-
Esto último es lo que prefiero.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Lo reglamentario es lo siguiente: los números en que mediaron diferencias se pueden votar en forma separada, en tanto que aquellos que no fueron objeto de indicación y se acordaron por unanimidad, según me informa el señor Secretario, deben darse por aprobados.
Se considerará número por número.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Asimismo es necesario dejar constancia del quórum en relación con el resto del proyecto, porque el texto completo es de rango orgánico constitucional.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Presidente de la Comisión, para el efecto de informar.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, como sabemos, la iniciativa fue sancionada por unanimidad en el Senado y su objetivo esencial es la eliminación del descuento previsional de 6 y de 5,95 por ciento para los pensionados mayores de 65 años de CAPREDENA y de DIPRECA, respectivamente. O sea, ello resulta extraordinariamente relevante y hace justicia, ante el descuento equivalente dispuesto con relación a jubilados civiles, quienes cotizaban un 7 por ciento para salud, lo que hoy día no hacen en los quintiles más bajos.
La medida, de carácter general, dice relación con alrededor de 35 mil personas.
Esa es la idea matriz, lo grueso, lo más importante.
Adicionalmente, se ha buscado modificar la asignación de montepío; eliminar la posibilidad de dobles pensiones, señalando los mismos pensionados que tenía lugar una situación de injusticia, y limitar el monto y las oportunidades de la reliquidación, habiendo explicado virtualmente todos los gremios invitados que se precisaba una corrección, porque se tornaba en algo indefinido.
En general, se discutió y aprobó todo por consenso.
En la discusión particular -es lo que interesa- se introdujeron cuatro modificaciones unánimes en la Comisión de Defensa.
En primer lugar, se enmendó la situación del padre o de la madre beneficiarios de montepío, en cuanto a eliminar el requisito de ser causantes de asignación familiar para gozar de la prerrogativa. Ello, tratándose del personal soltero o divorciado, sin hijos.
Podemos considerarlo al revés: ante una muerte en un acto de servicio, por ejemplo, para que el padre o la madre reciban el montepío debe mediar el requisito de la asignación familiar. En varios casos ello no se da -no estamos haciendo referencia a una gran cantidad-, por lo que ha parecido conveniente cambiarlo. Así, el Gobierno presentó la indicación respectiva.
En segundo término, se corrigió la situación del viudo o de la viuda, para que reciban la pensión que pudiera corresponderles de no existir hijos de anteriores matrimonios o no matrimoniales totalmente. Había una limitante, y se plantea el beneficio completo.
Tercero, se adecuó el proyecto -y esto es muy significativo- al acuerdo adoptado en la Comisión en orden a no innovar en materia del personal civil de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública y de Gendarmería, como proponía la iniciativa original, el que continuará regido por el régimen previsional especial de CAPREDENA y de DIPRECA.
En atención a ello, la Comisión rechazó algunas indicaciones y artículos aprobados en general por el Senado, al objeto de concretar esta nueva orientación.
Y, por último, se adelantó la entrada en vigencia de la ley -ello también es muy importante-, rebajándose a tres meses de su publicación. El plazo era de seis meses en el proyecto aprobado en general. Aspectos administrativos hicieron imposible acortarlo más.
Todas las indicaciones presentadas fueron acogidas por unanimidad en la Comisión de Defensa y recogieron el espíritu de lo que se intentó incorporar en la iniciativa.
También deseo dejar establecido, señor Presidente, para que no nos confundamos, que adicionalmente superamos una situación relativa a los funcionarios de ASMAR, la que quedó bien salvada a través de una interpretación de la Contraloría respecto de quiénes eran realmente los beneficiarios. El problema, expuesto en la discusión general, ya no existe.
Ahora, quiero consignar especialmente un aspecto. Entiendo que el Gobierno hará lo propio. Estamos haciendo referencia a muchos problemas vinculados con la materia en análisis, porque varias organizaciones, con buenos o malos argumentos -en general, comprendo la idea-, querían ser beneficiarios de CAPREDENA o de DIPRECA. Ahí es donde se requería una regla objetiva, lo que se logró a través del texto.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene dos minutos para concluir, Su Señoría.
El señor COLOMA.-
Gracias, señor Presidente.
El personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) constituye un caso objetivamente muy complejo en materia de jubilación, que es la cuestión real.
Debe quedar claro, para la historia de la ley, que los funcionarios adscritos al sistema CAPREDENA-DIPRECA -ello se consigna en la normativa propuesta- mantienen esa calidad. Aquí no se le cambia a nadie su condición jurídica. Fue uno de los acuerdos logrados en la Comisión y con el Gobierno. Lo anterior, para no generar ninguna duda. Todos los que se hallan en el estado A, quedan igual.
Lo que ocurre es que el personal de la Dirección General experimenta un perjuicio en la jubilación y obviamente se le crea una situación imposible.
Para que nos ubiquemos, hoy día se está cotizando entre el 15 y el 20 por ciento de la remuneración real, lo que determina que una persona que jubile por esta vía obtenga una pensión lamentable. Como lo planteamos, eso genera la necesidad de que la autoridad aborde el problema -la idea era que ojalá el Gobierno alcanzase a hacerlo- en términos de presentar un proyecto de nivelación, sea de puente de jubilación, sea de una correcta imposición por lo realmente ganado y no en una forma que al final debilita brutalmente las instituciones.
Resulta muy injusto que funcionarios adscritos a CAPREDENA o a DIPRECA perciban una jubilación A, y otros, una jubilación A menos el 80 por ciento.
La idea de ellos era vincularse al articulado en estudio. Esa materia es de la iniciativa del Ejecutivo. No está dentro de las ideas matrices.
El compromiso que adquirimos es que el Gobierno envíe un proyecto a la brevedad para hacerse cargo, de una vez por todas, de la situación de miles de trabajadores que enfrentan un perjuicio previsional especialmente delicado.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Su Señoría dispone de un minuto adicional.
El señor COLOMA.-
Esa es la constancia y el acuerdo al que habíamos llegado en la Comisión de Defensa Nacional.
Quiero dejar claro, para terminar, que destinamos más de diez sesiones exclusivamente a la discusión particular de este proyecto. Y, más allá de cualquier otro comentario, el Gobierno tuvo una muy buena voluntad para llegar a arreglos hasta donde era posible. El tema de ASMAR, el de los montepiados, el de los viudos y las viudas, el del plazo de funcionamiento, lo relativo a no innovar en materia de personal civil son ejemplos de ello.
Sin embargo, debo consignar que por ahora no es factible abordar ciertos asuntos. Pero en algún momento y en otra iniciativa legal estos tienen que tratarse debidamente.
Para ese efecto, los funcionarios de la DGAC cuentan con toda la solidaridad de la referida Comisión. Además, el Gobierno manifestó su opinión en el sentido de resolver, de una buena vez, el problema que les aqueja.
En cuanto al resto de las normas, solicitamos que sean aprobadas en forma unánime, porque, de rechazarse el artículo 5º, quedarán muchos menos beneficiados de los que existen hasta ahora.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer al Presidente Piñera por el envío de este proyecto de ley. Este es un compromiso que él adquirió el 21 de mayo de 2012 y que pudo materializar gracias a la participación del entonces Ministro Andrés Allamand y del actual Titular de Defensa Nacional, Rodrigo Hinzpeter, contando, por supuesto, con la gran ayuda del Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Alfonso Vargas.
Cuando los países entregan beneficios a su gente y a los jubilados, es muy importante que lo hagan por partes iguales.
Sin embargo, ello no fue así por largo tiempo, desde el 2001, cuando el Gobierno del Presidente Lagos envió una iniciativa para terminar con el descuento del 7 por ciento de los jubilados de Chile, con excepción del personal en retiro de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y de Gendarmería.
El proyecto tiene por objeto igualar, homologar, dentro de lo posible, esa situación y modificar algunos aspectos previsionales de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública y de Gendarmería de Chile, tales como la supresión gradual para los mayores de 65 años de la cotización de 6 por ciento al Fondo de Retiro de los Pensionados de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA) y del 5,95 por ciento en el caso de los pertenecientes a la Dirección de Previsión de Carabineros (DIPRECA).
Para los mayores de 65 años afiliados a CAPREDENA, se establece lo siguiente:
a) La redestinación del descuento para el Fondo de Revalorización de Pensiones a salud.
b) Limitar los beneficiarios de montepío.
c) Establecer restricciones a la rejubilación o reliquidación de pensiones y racionalizar las dobles pensiones.
d) Regular la situación del personal civil afecto a CAPREDENA y a DIPRECA.
Digamos las cosas como son, señor Presidente: los Senadores que pertenecemos por largo tiempo a la Comisión de Defensa Nacional hemos sido testigos de cómo los afiliados a estas cajas de previsión se han visto perjudicados en sus servicios, producto de que diversos Ministros de Hacienda de distintos Gobiernos se comprometieron, cuando Gendarmería e Investigaciones fueron incorporados a DIPRECA, a entregar recursos extras, promesa que nunca se concretó.
Con esta iniciativa legal se busca homologar con los demás a los funcionarios en retiro (mayores de 65 años) de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública y de Gendarmería, quienes, por estar afiliados a un sistema previsional diferente, no habían obtenido el beneficio de la eliminación del descuento de 7 por ciento que el año 2001 favoreció al resto de los pensionados de Chile, como ya lo he planteado.
Es importante destacar que el proyecto en debate, que está en segundo trámite constitucional y que, por supuesto, contará con el apoyo de Renovación Nacional, forma parte de los compromisos que el Presidente Piñera anunció el 21 de mayo del 2012.
¡Y hoy día el Primer Mandatario está cumpliendo!
Esta iniciativa de ley responde a dos puntos de vista: uno relativo a la justicia social y otro concerniente a la administración financiera de los sistemas de CAPREDENA y DIPRECA.
Por lo tanto, este proyecto pone fin, hasta cierto nivel, a las desigualdades que se registran en las pensiones otorgadas bajo esa modalidad en comparación con las de la mayoría del país. Lo anterior se complementa con la racionalización de beneficios para las cargas (hijas montepiadas, padres de los uniformados y viudas) de los afiliados al sistema.
Como veo que se me termina el tiempo, señor Presidente, quiero señalar que en este caso se trata de funcionarios que no tienen derecho a huelga ni a sindicalización; que no reciben pago por horas extraordinarias, y, como si eso fuera poco, que están sometidos a una condición que no rige para otros trabajadores: cuando asumieron sus cargos, juraron entregar la vida si fuera necesario.
Asimismo, deseo reforzar lo que planteó muy acertadamente el Presidente de la Comisión de Defensa Nacional: los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil han puesto sobre la mesa un tema que es real.
Como muchas veces han expresado en esta Sala los Senadores Bianchi, Espina y otros, el Estado es el peor empleador. Ello, porque a esos trabajadores se les impone por un valor muy bajo, en circunstancias de que estamos hablando de personas que manejan todo el sistema aeronáutico del país. Sienten que sus estudios, su preparación permanente no se ven reflejados en los montos que reciben al pensionarse. ¿Por qué? Porque el Estado tiene sometido a dicho personal a un sistema en el cual las imposiciones -no los sueldos- son muy bajas, lo que implica que, al momento de jubilar, las pensiones son tremendamente exiguas.
El Gobierno -y agradezco al Ministro Hinzpeter- ha tomado nota de esta materia y comprometió sus esfuerzos para hacer, dentro del tiempo que le queda, todo lo posible...
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Concluyó su tiempo, señor Senador.
Dispone de un minuto adicional.
El señor PROKURICA.-
Gracias, señor Presidente. De todas maneras, terminaré antes.
Decía que los miembros de la Comisión de Defensa Nacional, de todos los sectores, se han comprometido a invitar, para una próxima sesión, a los funcionarios de dicha repartición pública, con el propósito de empezar a trabajar en este tema, sobre todo porque se trata de una deuda que el Estado de Chile mantiene con esos trabajadores, quienes reciben una tremenda capacitación y manejan nada menos que la vida de todos nosotros cuando nos transportamos por vía aérea, pero sufren este problema que todos conocemos.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, en la Comisión de Hacienda analizamos la iniciativa para pronunciarnos, por supuesto, sobre los asuntos propios de nuestro ámbito.
He escuchado el debate que se ha llevado a cabo en la Sala, y me parecen acertadas las expresiones de los miembros de la Comisión de Defensa Nacional en el sentido de considerar que el proyecto es bastante completo, por cuanto rectifica varios aspectos del sistema previsional de las Fuerzas Armadas y de Carabineros.
El objetivo fundamental es la eliminación del descuento del 6 por ciento para el Fondo de Retiro, lo cual está contemplado en forma progresiva, según dispone el artículo primero transitorio de la iniciativa, de acuerdo con el nivel de renta en cada período en que se adecua la devolución hasta llegar al porcentaje completo. Se incluye también la redestinación a salud del descuento de 0,5 por ciento para el Fondo de Revalorización de Pensiones.
Efectivamente, durante la discusión del proyecto el personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil nos hizo presente la situación laboral en que se encuentran. Si bien aparecen como funcionarios civiles de las Fuerzas Armadas, no están adscritos al sistema previsional de estas. De acuerdo con lo que se planteó en dicha instancia y tal como se explicó anteriormente, se hallan en una condición de daño previsional acumulada durante largo tiempo.
Allí nos mostraron antecedentes sobre sus imposiciones. En algunos casos, esta equivale al 30 por ciento del ingreso recibido, lo cual es de orden acumulativo.
Por este tipo de situaciones, en el Senado, en el Parlamento, recibimos a cada momento propuestas legislativas para tratar de mejorar el daño previsional por la vía de entregar algún beneficio de tipo indemnizatorio. En este caso, creo que llegará el momento en que conoceremos algún proyecto sobre la materia.
Hicimos ver el planteamiento de los funcionarios de la DGAC al Ministro de Defensa Nacional, y espero que, antes de la aprobación de esta iniciativa, intervenga para dejar constancia del compromiso que tomó con las Comisiones de Hacienda y de Defensa, en orden a mandar un proyecto de ley para mejorar la situación previsional de dicho personal, a fin de que la cotización se descuente con relación a los ingresos realmente percibidos.
Pero eso no era lo único que querían tales trabajadores: aspiraban a que en este proyecto se hubiera establecido su incorporación al sistema de la CAPREDENA (Caja de Previsión de la Defensa Nacional).
Sin embargo, esa materia no era propia de esta iniciativa; es un tema de mayor envergadura. Cualquier gobierno que venga deberá asumir la tarea de resolver en qué situación quedará dicho personal: o lo ubicamos dentro del personal civil de la Administración del Estado, con todo lo que significa la reglamentación que le corresponde, o lo situamos dentro del personal de las instituciones de la Defensa Nacional o de Orden y Seguridad.
De hecho, a esos funcionarios se les comunicó tal compromiso. Yo espero que el Ministro lo haga presente ahora, en el debate, para que en el futuro esa promesa se cumpla.
La idea es que el proyecto anunciado sea discutido por el Parlamento antes de fin de mes. Es lo que yo entendí. Y confío en que así será.
Por esas razones, hubo unanimidad en la Comisión de Hacienda en torno a la aprobación de la iniciativa que nos ocupa.
No aprobar el artículo 5º propuesto es ir en contra de una parte importantísima de la propuesta legislativa, en la cual se resuelven muchos problemas del sistema previsional de las Fuerzas Armadas. En efecto, en los artículos 5º, 6º y 7º, se corrigen aspectos que lo ameritan absolutamente.
Por lo expuesto, señor Presidente, considero que debiéramos aprobar el proyecto en todas sus disposiciones, especialmente en el artículo 5º.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, en general, los datos ya están entregados.
El proyecto original consideraba una serie de recortes para el personal civil de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, de Gendarmería, de la DGAC, en fin. Esas modificaciones fueron rechazadas en el Congreso.
El problema, como lo han mencionado algunos personeros, radica en que a los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, pese a tener ingresos razonables, se les impone por un monto mínimo. Y en el momento de la jubilación, eso se transforma en un verdadero drama social.
Existe un compromiso con los representantes de dicha repartición, quienes han contactado prácticamente a todos los Senadores, como lo señaló el Presidente de la Comisión de Hacienda, en orden a solucionar esa situación. Solo falta que el Ministro de Defensa Nacional manifieste la voluntad de cumplir tal compromiso.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Ministro señor Hinzpeter.
El señor HINZPETER (Ministro de Defensa Nacional).-
Señor Presidente, por su intermedio, saludo a los señores Senadores.
Es un privilegio estar debatiendo este proyecto de ley, que hace un planteamiento de justicia y rectifica la aplicación de un descuento, cuya eliminación hace mucho tiempo se venía pidiendo por parte de los jubilados y montepiados de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.
En lo general, creo que ha quedado suficientemente explicitado en las intervenciones previas el consenso que existe respecto de la aprobación de la iniciativa.
Para no quitarle tiempo a la Sala del Senado, abordaré tres aspectos que se han planteado y que podrían generar cierta duda o aprensión por parte de algunos señores Senadores.
En primer término, hago presente de manera categórica que, después de las conversaciones sostenidas en las Comisiones de Defensa y de Hacienda de ambas Cámaras con las instancias afectadas por el proyecto, se llegó a un acuerdo para que ningún civil que se encuentre cotizando en DIPRECA o en CAPREDENA deje de pertenecer a dichas instituciones.
Inicialmente, el proyecto pretendía descargar -en el sentido más literal de la expresión- a estos sistemas previsionales de algunos civiles que cumplían funciones que, en su esencia, no fueran de las que caracterizan al mundo militar o al de orden y seguridad. Pero, en definitiva, para alcanzar un buen acuerdo, con diálogo, se llegó al entendimiento de que ningún civil saldría de los referidos sistemas producto de la ley en proyecto. Es importante consignar aquello con toda claridad, para que no haya ninguna duda.
En segundo lugar, quiero referirme al artículo 5º.
La redacción que generaba cierta aprensión, particularmente, en el Senador Navarro -he conversado el punto con el señor Senador-, entre otros parlamentarios, fue posteriormente rechazada. Por tanto, se volvió a la redacción antigua, similar a la de la ley vigente. Queda claro, entonces, que los civiles siguen incorporados, para todos los efectos, al derecho a asistencia médica preventiva y curativa, tal como lo están hoy día. No hay ninguna ambigüedad en la norma que indique que ellos podrían salir de ese sistema.
Y en tercer término, respecto de la Dirección General de Aeronáutica Civil, quiero ratificar lo que han manifestado algunos Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra.
En lo personal, he dialogado con los funcionarios de la DGAC. Conversamos también, particularmente, en la Comisión de Hacienda. Tengo empatía y comparto el reclamo que ellos plantean.
En 1985 ellos fueron migrados desde CAPREDENA al DL Nº 3.500, pero se mantuvieron en la escala de sueldos de las Fuerzas Armadas, contenida en el DFL Nº 1, de 1997. En consecuencia, si bien sus remuneraciones son -utilizaré la palabra más prudente- buenas, solo se les cotiza hasta por el 60 por ciento de sus ingresos. Y esto desde hace mucho tiempo genera una pensión muy mala.
La empatía con esa causa por parte del Gobierno, a través de la Cartera que dirijo, y también -no quiero ser injusto en esto- de los señores Senadores es completa.
Por consiguiente, he asumido el compromiso de enviar, antes de que termine este mes, un proyecto de ley que brinde una solución al daño previsional que está sufriendo hoy día el personal de la DGAC debido a que no se le cotiza por el monto correspondiente a la remuneración real.
Lo haremos no solo porque es un compromiso, sino también porque existe empatía con una causa que nos parece justa.
En lo demás, retirada la petición del Senador Navarro, ojalá se apruebe el proyecto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, las palabras del Ministro señor Hinzpeter son tranquilizadoras.
Efectivamente existía esa aprensión profunda a lo largo de todo el país.
Y esta es una materia de justicia. Porque cada vez que legislamos acerca de temas previsionales hay que nivelar hacia arriba y tratar de corregir los defectos tanto del sistema de AFP como de los traspasos que se realizan en sucesivos servicios.
Me parecen adecuados los compromisos. Confío en la palabra del Ministro en torno a la presentación de un proyecto sobre la materia a fines de enero.
En definitiva, ahora tengo la certeza de que aquí no hay exclusión, asunto que fue parte del debate inicial en la Comisión de Defensa Nacional, con la gran aprensión de la Dirección General de Aeronáutica Civil y de otras personas que pudieran verse afectadas por el artículo 5º.
Por lo tanto, retiro la solicitud de votación separada y aprobaré la totalidad del articulado.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, Honorable Senado, el texto del proyecto que en esta sesión se somete a nuestra consideración ha sido mejorado con algunas indicaciones, aun cuando estas no satisfacen plenamente las pretensiones de los pensionados adscritos a los regímenes previsionales de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile.
Como lo manifesté en la sesión en que discutimos esta iniciativa en general, ha sido este Gobierno, el del Presidente Sebastián Piñera, el que acogió esta anhelada aspiración de los pensionados de dichos sistemas previsionales.
De igual modo, reitero lo que expuse antes en el sentido de que se considera necesario suprimir el descuento de 6 por ciento que afecta a los pensionados y montepiados de CAPREDENA, que se destina a un Fondo de Retiro de dicha entidad previsional, y, asimismo, el descuento de 5,95 por ciento con que deben contribuir los pensionados de DIPRECA a un fondo similar, debido a que dichos descuentos se traducen en una disminución importante en los ingresos líquidos. Todo esto se efectuará con la gradualidad que se establece en las disposiciones pertinentes del proyecto.
Por lo tanto, la eliminación del descuento de 6 por ciento al Fondo de Retiro para todos los pensionados de CAPREDENA solo viene a reparar, después de más de diez años, una omisión discriminatoria.
El fundamento de esta iniciativa no dice relación con la eliminación del descuento del 7 por ciento que se hizo a los demás jubilados de Chile, como se ha sostenido, sino más bien con la necesidad de hacer justicia respecto de los funcionarios públicos que aún cotizan el 6 por ciento, quienes están adscritos a los regímenes previsionales referidos.
Por otra parte, ha existido un descuento de 0,5 por ciento, que, desde la promulgación de la ley Nº 16.256, se destinaba a la Comisión de Revalorización de Pensiones de la Defensa Nacional, la que dejó de operar en 1979. Por lo tanto, constituye una legítima aspiración de los pensionados -así lo contempla el proyecto- derivarlo al Fondo de Salud para compensar el déficit que actualmente presentan los sistemas de salud institucionales y que indudablemente afecta la atención de los pensionados, en especial la de los de mayor edad.
La iniciativa también considera una racionalización de los beneficiarios de montepío, estableciéndose algunas condiciones especiales para acceder a dicha pensión.
De igual modo, se restringe la posibilidad de rejubilar o acceder a una reliquidación de pensión, en el evento de que el pensionado vuelva al servicio, en una plaza distinta y por un lapso no inferior a tres años consecutivos.
Como permanente impulsor de esta iniciativa durante tantos años, concuerdo plenamente con su aprobación, lo que viene a satisfacer una antigua y justa aspiración de quienes serán beneficiados con sus disposiciones, aun cuando estimo que pudo haberse mejorado aún más.
Se ha acogido el clamor de tantos pensionados de estas entidades, en cuanto a que la viuda o viudo, por no haber tenido hijos de anteriores matrimonios, recibirá el cien por ciento de la pensión que le corresponde.
Asimismo se ha acogido la petición en orden a que esta ley empezara a regir al tercer mes siguiente al de su publicación y no a los seis meses siguientes, como lo disponía el primitivo artículo 20, para que la supresión de los descuentos se apliquen con la mayor premura, ya que son muchos años en que los pensionados han estado esperando con gran angustia la pronta vigencia de esta ley.
Como lo propuse en la sesión anterior, espero que se forme una mesa de trabajo, integrada por representantes de la Empresa Nacional de Aeronáutica y del Ministerio de Defensa Nacional, con el objeto de elaborar una iniciativa legal destinada a reparar su situación previsional.
Efectivamente, como se ha señalado, los funcionarios públicos de la DGAC tienen la legítima aspiración de que también se resuelva su situación.
También quiero destacar que, durante la discusión del proyecto, los funcionarios de ASMAR lograron, a través de un dictamen, poder adscribirse al régimen previsional que está en cuestión: el de CAPREDENA y DIPRECA. Y, adicionalmente, señalar que hubo un esfuerzo muy importante de los parlamentarios respecto del personal civil de las distintas ramas de la Defensa Nacional, para que fueran considerados adscritos a este régimen previsional.
En forma muy especial, quiero agradecer al ex Almirante Enrique Vera la asesoría que nos prestó en este proyecto de ley; a la ASOFAR y a la Federación Gremial del Personal en Retiro de la Defensa Nacional, Carabineros, PDI y Montepiadas de la Quinta Región, en nombre de su secretario general señor Alejo Riquelme, y al resto de las personas que estuvieron presentes en la discusión en particular, como los señores Pedro Veas, Víctor Wilson y César Cereceda.
Sin lugar a dudas, creemos que con estas precisiones al proyecto de ley en examen, podemos votar a favor de esta iniciativa, que viene a dar cumplimiento al compromiso que nuestro Gobierno adquirió respecto de esta importante materia.
Quiero destacar que hubo tres organizaciones de pensionados de las Fuerzas Armadas que estuvieron presentes durante la discusión en general y en particular.
De igual modo, deseo agradecer, en forma muy especial, al Presidente de la Comisión, quien tuvo la paciencia de recibir a todas las organizaciones que lo solicitaron y a cada uno de los miembros de dicho órgano de estudio.
En ese mismo sentido, es necesario decir que acá hubo buena disposición de parte del Ministerio de Defensa Nacional en cuanto a incorporar algunas de las indicaciones que presentamos al proyecto. Algunas fueron declaradas inadmisibles, pero en definitiva hicimos la siembra para los efectos de poder, en el futuro, seguir perfeccionando justamente esta iniciativa legal.
Agradezco nuevamente a las tres organizaciones que estuvieron presentes.
Creemos que hoy día el Gobierno del Presidente Piñera ha cumplido la palabra empeñada, lo que implica seguir avanzando en términos de terminar con la discriminación y la omisión que afecta desde hace diez años a los pensionados de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
Voto a favor.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, primero quiero saludar esta iniciativa. Creo que con ella se hace justicia con miles de pensionados que seguían pagando un descuento que fue suprimido para los civiles, pero no para quienes cotizaban en DIPRECA y CAPREDENA.
Es curioso que en este proyecto, aunque su aplicación sea gradual, se termine definitivamente el que ninguno de los pensionados de las Fuerzas Armadas pueda seguir pagando el porcentaje. Sin embargo, eso no ocurre con los civiles. En efecto, primero, con letra grande, anunciamos la supresión del siete por ciento; pero, hoy día todavía, de acuerdo con la letra chica, después de este proyecto de ley que no los afecta, muchos pensionados van a seguir pagando el cinco por ciento seguramente de por vida.
Creo que, sobre este particular, antes de terminar el mandato del Presidente Piñera, el Gobierno debe preocuparse de hacer justicia -por eso vamos a aprobar esta iniciativa, que es de toda necesidad-, determinando que a los pensionados no se les haga el descuento. ¿Por qué siguen pagando pensionados que son civiles?
Con eso tenemos la confirmación de que continuamos con dos sistemas previsionales absolutamente distintos para las Fuerzas Armadas. Me alegra que los efectivos gocen de buenas remuneraciones y jubilaciones y que tengan un sistema previsional en que se les descuenta un porcentaje mayor. Pero, cuando los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, se marginan del decreto ley 3.500, se les cotiza por un tope de hasta el 60 por ciento. Y cuando jubilan se enfrentan a pensiones absolutamente reducidas y que no guardan relación con la realidad de sus ingresos.
En consecuencia, valoro la voluntad del Ministro y del Gobierno de enviar un proyecto de ley dentro del mes de enero para corregir la situación descrita.
Pero de la misma manera reafirmo que lo que debemos hacer en Chile es corregir definitivamente un sistema previsional absolutamente dañino, insatisfactorio y perjudicial para el total de los pensionados. Si bien es cierto ahora estamos corrigiendo cierta situación, pasamos por alto lo que ocurre con la inmensa mayoría de los trabajadores del país que cotizan en un sistema que, si bien fortalece el mercado de capitales, no resuelve su problema previsional.
Por tanto, creo justo que el Gobierno se haya comprometido a corregir el daño previsional que afecta a los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, pero también me parece equitativo que se evalúe un proyecto de ley que enmiende definitivamente el actual sistema previsional.
Voy a votar favorablemente luego de la aclaración hecha por el Ministro respecto de que va a enviar un proyecto de ley que termina con el vicio señalado. Al mismo tiempo, estimo que el actual Gobierno y el Presidente Piñera deberían agrandar la letra de la modificación que elimina el siete por ciento, para que todos los civiles mayores de 65 años, al igual que lo estamos haciendo en este proyecto de ley que beneficia a los uniformados, dejen de sufrir una cotización absolutamente injusta.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Informo a la Sala que se ha pedido abrir la votación.
Si hay acuerdo, podemos proceder a ello.
Acordado.
En votación.
Se procederá en un solo acto, porque la petición de votación separada se retiró.
--(Durante la votación).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, se advierte en la Sala un gran consenso. Efectivamente, todos estamos de acuerdo en que hubo una omisión que afecta al personal de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública y de Gendarmería de Chile. Y creo que todos estamos disponibles para corregir esa situación.
Dicho lo anterior, no puedo sino concordar con lo señalado por el Senador señor Tuma: hace falta en el país tener una mirada más amplia, profunda y de futuro para conocer la realidad de nuestros trabajadores en relación con el sistema previsional. Pero temo que lo que hoy día estamos corrigiendo en beneficio del personal ligado a las Fuerzas Armadas y a Carabineros, perjudica al mundo civil, en el cual se advierten enormes injusticias.
En concreto, quiero reafirmar mi voto positivo en la medida en que he escuchado al Ministro comprometerse públicamente y reconocer que efectivamente aquí tenemos un estamento o un grupo de trabajadores de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que quedó marginado o no pudo ser partícipe de este proyecto. No podemos permanecer indiferentes al hecho de que están siendo tremendamente discriminados en cuanto a que solo se les cotiza por el 60 por ciento de sus sueldos, lo que significa que en el sistema previsional en el que participan obtienen muy bajas pensiones. No es que tengan bajas remuneraciones.
Se trata de un personal bastante específico, que cumple una función muy compleja y de tremenda responsabilidad, lo que nadie duda. Y, por lo tanto, es importante destacar el compromiso asumido y reiterado públicamente por el Ministro en la Sala. Confiamos en su palabra y en que mandará un proyecto de ley antes de fines de enero.
Entonces, creo que no corresponde sino votar positivamente el proyecto, pero reiterando la entera legitimidad y preocupación manifestada por este grupo de trabajadores. Y, por supuesto, como Senadores, es nuestra obligación, de manera transversal, hacernos eco de su inquietud y apoyar, en consecuencia, la iniciativa que corrija los mecanismos a los cuales ellos se encuentran afectos.
Es importante también aclarar que los civiles que hoy día están en los sistemas CAPREDENA o DIPRECA mantienen su situación, lo cual preocupaba a diversos sectores.
Dicho esto, señor Presidente, confirmo mi voto positivo.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, en primer lugar, me alegro que el Senado y el Gobierno hayan mejorado el proyecto en debate.
Ciertamente, había una inquietud no menor por parte de distintas reparticiones, la que pudo ser superada en la mayoría de ellas, entre otros, la de los funcionarios de ASMAR, quienes, sin lugar a dudas, con mucha justicia, reclamaban por el perjuicio ocasionado.
Ahora bien, hay una situación que hoy día efectivamente aplaudimos todos y que, en definitiva, implica que los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) podrán ver, en un par de días, que el Ministro, en cumplimiento a su palabra comprometida aquí, va a enviar la iniciativa con la cual será posible corregir una condición brutalmente injusta en materia previsional.
Quiero hacer notar que, según lo señalado aquí, a todas ¡todas! las personas jubiladas, mayores de 65 años, de las Fuerzas Armadas se les eliminará el descuento de 6 por ciento. Y eso no es así. Acabo de preguntarlo de nuevo, porque lo peor que podemos hacer es entregar una información que produce regocijo o alegría en quienes se verían favorecidos y después caigan en el engaño.
Por lo tanto -espero no estar equivocado, y por eso lo consulté-, los pensionados de las Fuerzas Armadas que perciben sobre los 400 mil pesos no tendrán la eliminación del descuento de 6 por ciento. Porque el beneficio es gradual. Parte, como es obvio, desde las jubilaciones más bajas, pero cuando llega a la línea de corte de los 400 mil, el descuento de ese porcentaje no se va a aplicar.
La asesora del Ministro me entrega en este momento un documento que indica cómo viene la distribución: la pensión menor a 453 mil 217 no tiene descuento el primer año, ni el segundo ni el tercero. El monto que va desde 453 mil 218 pesos hasta 670 mil 936 pesos está sujeto a un 3 por ciento el primer año y cero para el segundo y el tercero. Y si es superior a 670 mil 937 pesos, va a tener 4 por ciento de descuento el primer año, 2 por ciento el segundo y cero por ciento el tercero.
Esa es la tabla. Entiendo que se está efectuando el descuento a las pensiones más altas.
El señor PROKURICA.-
No es así.
El señor BIANCHI.-
Para dejarlo más claro, lo que se hace es eliminar el descuento.
El señor HINZPETER (Ministro de Defensa Nacional).-
Cuando aparece cero significa que el descuento es nulo.
El señor BIANCHI.-
Exacto.
Conforme a lo que señala el Ministro, la cifra se va a cero. Pero no es que no haya descuentos. Conviene tener en claro el punto.
A mi juicio, lo importante es corregir lo que se dijo anteriormente, al señalarse a todos se les eliminará el descuento de 6 por ciento, versus lo que pasa en el mundo civil. A este respecto, debo expresar que no es así.
Sobre la base de lo que acontece con los pensionados civiles de todo el país, no pertenecientes a alguna rama de las Fuerzas Armadas, debo manifestar que no se cumplió con la eliminación del 7 por ciento. Y esta es una enorme verdad y una decepcionante situación que tuvieron que experimentar los jubilados, quienes, con mucha ilusión, pretendían obtener la eliminación de tal descuento, lo cual, obviamente, no fue posible.
Entonces, ¿qué va a ocurrir con los funcionarios de ASMAR y de la Dirección General de Aeronáutica Civil?
¡Bien por los trabajadores de ASMAR y por algunos funcionarios de las Fuerzas Armadas a cuyas rentas y eliminación de 6 por ciento estábamos aludiendo! Sin embargo, hay algo que quiero hacer ver: la situación de Carabineros.
Un carabinero que trabaja 16, 17 y hasta 18 horas al día recibe cero pago por horas extraordinarias. ¡Cero pago! Y son funcionarios que dan la vida. Por cierto, algunas personas pueden tener una mirada más crítica hacia la función que ellos desarrollan, y otros, no.
Quiero aprovechar la presencia del Ministro señor Hinzpeter para solicitarle que en algún momento -ojalá lo antes posible- envíe alguna iniciativa que mitigue o repare la situación de los policías uniformados, porque se hallan brutalmente afectados por la extensa jornada laboral que están obligados a desarrollar a cambio absolutamente de nada. No hay ningún trabajador en Chile que cumpla una función de 18 horas que no se le pague, aunque sea un centavo, por concepto de horas extraordinarias.
Me parece que tal situación, en algún momento, se debe discutir y reparar.
Así que, por de pronto, voto favorablemente este proyecto y quedo a la espera de que llegue lo anunciado por el señor Ministro.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Señor Presidente, se han dado muchos detalles técnicos bastante áridos respecto al contenido de esta iniciativa legal, la cual, a mi juicio, dice mucha relación con el proyecto que votamos anteriormente: el relativo a la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Los derechos humanos también implican preocuparse de que ningún grupo de la sociedad chilena sea discriminado. Y las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería fueron discriminadas en Chile, y lo han sido en algo tan elemental como sus pensiones. Lo mismo sucede respecto a su acceso a la salud, lo que afecta no solo a ellos, sino también a sus familias, mujeres e hijos.
Por esa razón, estimo que la iniciativa en debate es bastante importante. Estoy muy orgullosa de que se haya generado bajo nuestro Gobierno, el del Presidente Piñera, y en el mandato del Ministro de Defensa, Rodrigo Hinzpeter. Finalmente se va a despachar. ¡Pucha que costó sacarla adelante!
Por otra parte, me da mucho gusto haber oído en la Sala que hoy hay acuerdo o consenso en torno a su aprobación.
Digamos las cosas como son: se trata de un grupo de personas que han sido discriminadas, porque para algunos todo lo que sea asimilable o cercano a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública genera distancia, aunque para otros sea parte de su patrimonio. Por lo tanto, no había nada que hacer por ellas. Por eso fueron discriminadas. Y ahora siento orgullo de poder apoyarlas.
En la Quinta Región Cordillera que represento en el Senado, una gran cantidad de círculos y agrupaciones de hombres, como también sus mujeres, contribuyeron a nuestra patria de forma noble y desinteresada, a través de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública.
Y mi forma de rendirles un homenaje es el apoyo a este proyecto de ley, esperando que en el futuro muchas otras iniciativas legales reparen la discriminación social, económica y previsional de las que han sido objeto durante tantos años.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer al Presidente Sebastián Piñera el envío de esta iniciativa, que permitirá que pensionados de DIPRECA y CAPREDENA dejen de cotizar el 6 por ciento para autofinanciar sus propias pensiones.
Aquí algunos Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra han señalado que los pensionados de las Fuerzas Armadas y de Carabineros estarían recibiendo un trato privilegiado, porque a todos ellos se les elimina de manera paulatina el descuento de 6 y de 5,95 por ciento, respectivamente, mientras que, en el caso de los civiles, solo a unos 500 mil jubilados se les suprimió el descuento de la cotización de salud.
Lo que pasa es que estamos comparando peras con manzanas. Y resulta algo tremendamente odioso, porque en el fondo se quiere decir que se continúa favoreciendo a los miembros de las Fuerzas Armadas, a sus pensionados, en desmedro de los civiles.
Eso no es así, señor Presidente. Yo quiero recordar que lo que se elimina hoy para los pensionados de DIPRECA y de CAPREDENA fue suprimido para los otros jubilados por el Gobierno del Presidente Lagos en el año 2001. En efecto, mediante un proyecto de ley que él envió, se eliminó el descuento previsional de 7 por ciento a todos los pensionados chilenos -¡a todos!-, menos a los de las Fuerzas Armadas.
Por lo tanto, lo que aquí hacemos es incorporarlos al mismo trato que, a partir del año 2001, han recibido las pensiones de la población civil.
En segundo lugar, señor Presidente, también hay que decir que parte del financiamiento se obtendrá por la vía de ahorros provenientes de la disminución de beneficios de la propia Caja de Previsión de la Defensa Nacional. Se restringe, por ejemplo, el montepío, y los ahorros que eso generará irán compensando el mayor gasto que significará el término paulatino de los respectivos descuentos.
Por eso, señor Presidente, creo que este proyecto está bien pensado y hace justicia con los pensionados de DIPRECA y CAPREDENA. No se establece arbitrariedad alguna. No se comete ningún tipo de injusticia. Muy por el contrario, desde el punto de vista del aporte a la previsión se pone a ambos sistemas en un mismo nivel en que no hay descuentos para autofinanciar las pensiones.
Finalmente, señor Presidente, me alegro del anuncio hecho aquí por el Ministro de Defensa, don Rodrigo Hinzpeter, en el sentido de tomar un compromiso ante la Sala para enviar una iniciativa que permita encontrar una solución a la enorme diferencia existencia entre las pensiones y las remuneraciones de los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
Los dirigentes de esa institución han planteado el problema con mucha seriedad. Y aportaron sus propias ideas. Para ellos -lo dijeron claramente- lo ideal sería volver al sistema previsional de CAPREDENA y, si eso no fuera posible, sería preferible que se estableciera la obligación de imponer el cien por ciento de las remuneraciones y que se otorgara un bono, ojalá con efecto retroactivo, de tal manera que no se produjera daño previsional, o que fuera el menor posible.
En consecuencia, por estas dos iniciativas, la que vemos hoy día y la que anunció el Ministro Hinzpeter, voto a favor.
Gracias, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, deseo valorar la presentación de este proyecto de ley, que -como decía el Senador García- corresponde a una aspiración muy antigua para poner término a una discriminación entre civiles y funcionarios de las Fuerzas Armadas.
En efecto, a los primeros ya se les había aplicado la eliminación del 7 por ciento para financiar su pensión, pero habían quedado afuera, de manera arbitraria a mi juicio, quienes forman parte de las Fuerzas Armadas.
Con todo, junto con expresar esa valoración, hago un llamado a leer con atención el proyecto de ley que se somete a nuestra consideración, pues aquí ha habido afirmaciones que distan bastante de la realidad.
Se ha expresado, por ejemplo, que no todos los pensionados de las Fuerzas Armadas van a recibir este beneficio. Y, si uno lee el artículo primero de las disposiciones transitorias, advierte que se deja de manifiesto en cada uno de sus numerales que, de manera progresiva, todos lo percibirán en solo tres años, y que en adelante no se les va a descontar el 6 por ciento para financiar sus pensiones. Basta leer este artículo transitorio para darse cuenta de qué pasará el primer año, el segundo y el tercero.
Entonces, en el futuro, cuando se proyecte este beneficio, cada uno de los pensionados de las Fuerzas Armadas lo tendrá absolutamente claro: quienes ganan menos de 453 mil pesos lo recibirán desde el año uno; los que perciben remuneraciones que van entre los 453 mil y los 670 mil pesos, al segundo o tercer año; y quienes reciben una remuneración superior a los 670 mil pesos, lo obtendrán completamente en el año tres.
Ello me parece bien, porque hay una focalización y una gradualidad progresiva para llevar adelante la presente iniciativa.
Por consiguiente, este proyecto de ley, a la inversa de lo que aquí han expresado algunos señores Senadores, se aplica en su integridad a todos los pensionados de las Fuerzas Armadas, de acuerdo a la gradualidad establecida en el artículo primero transitorio.
Creo que ello es extraordinariamente claro, preciso y contundente para que todas aquellas personas a las cuales nosotros comúnmente visitamos y con las que conversamos, que integran los distintos círculos, las diversas organizaciones existentes en nuestras comunidades de jubilados de las Fuerzas Armadas, tengan la tranquilidad de que van a obtener el beneficio, y aquí está la normativa en cuestión.
¿Se hace justicia? Se hace justicia. ¿Se elimina una discriminación? Se elimina una discriminación. Y eso resulta extraordinariamente positivo.
Ahora, aprovechando la presencia del Ministro de Defensa Nacional, don Rodrigo Hinzpeter, quiero expresarle al Presidente de la República que la iniciativa que hoy día debatimos viene a dar cumplimiento a algo que permanentemente escuchamos de las organizaciones de pensionados de las Fuerzas Armadas y que cada uno de nosotros se comprometió a concretar. Y el primer compromiso concretado de manera clara, concreta y precisa, corresponde al de 2009, del entonces candidato Sebastián Piñera.
Por lo tanto, esto honra tal compromiso. Y estamos haciendo un avance que viene a poner fin a una discriminación, a una injusticia. No es una solución para todas las pensiones, tanto de la gente que no viste uniforme como de la que sí, pero termina con una discriminación, y eso siempre es bueno.
Voto favorablemente, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, como hemos dicho, vamos a votar favorablemente este proyecto, ya que, aunque en forma un poco tardía, hace justicia. ¡La justicia tarda pero llega!
Claramente, el régimen previsional de las Fuerzas Armadas dice relación con su condición laboral. El Senador Bianchi ha hecho referencia a la situación de la policía uniformada. Me consta, como a todos, que ellos trabajan más de cien horas semanales, en circunstancias de que fijamos un total de 45 horas para los trabajadores regidos por el Código Laboral. Y los carabineros pasan de las cien horas, particularmente los solteros, quienes además tienen que dormir y residir en los cuarteles.
Por tanto, su régimen previsional y de salud contiene de algún modo compensaciones que todos debiéramos tener claras.
De otro lado, se ha planteado que pudiera haber cierta discriminación respecto del descuento de 6 por ciento. Pero este resulta de toda justicia, toda vez que el descuento pertinente se eliminó también para los que se rigen por el decreto ley N° 3.500.
Quiero señalar que aún subsiste mucho por hacer en materia de igualdad en las cotizaciones. No hay conformidad. Y hago un llamado a cooperar para que la supresión del aporte de 7 por ciento en salud de verdad sea efectiva para todos los pensionados, particularmente para aquellos más necesitados.
Señor Presidente, sin duda estamos a favor de la aprobación de esta iniciativa. Ya hicimos una observación respecto de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Al respecto, hubo un compromiso expreso del Ministro Rodrigo Hinzpeter en la Sala, lo que nos tranquiliza. Pero todavía existe una discusión abierta.
Los adscritos al servicio de salud institucional van a continuar allí. Y veremos qué ocurre con quienes no lo están.
Espero que su situación se resuelva en el proyecto de ley relativo a su cotización previsional, que llega al 60 por ciento. Solo quiero advertir que, si van a imponer por el 100 por ciento de su remuneración, bajarán sus ingresos. De modo que no será ningún negocio. Si los sueldos son buenos -como se ha repetido en la Sala y lo ha dicho el Ministro-, habrá que analizar este punto, porque al cotizar para previsión por el 100 por ciento de sus ingresos experimentarán una rebaja del 40 por ciento en sus remuneraciones.
¡Ojo! Al castigo que ya han sufrido esos funcionarios durante estos años, no podemos agregarle la obligación de cotizar más y que su renta líquida sea rebajada.
Señor Presidente, tengo en mis manos el informe de la Comisión de Hacienda, y en el artículo 70 bis, letra b), relativa al montepío a que tienen derecho los asignatarios del causante, se dispone:
"La viuda o viudo recibirá el 100% de la pensión de montepío, a menos que existan hijos de anteriores matrimonios o no matrimoniales, en cuyo caso el porcentaje de la pensión de montepío que corresponde aplicar, será determinado conforme a lo señalado en la letra a) precedente".
Hasta donde tengo entendido, señor Presidente, ya hemos superado la diferenciación entre hijos matrimoniales y no matrimoniales.
No sé si corresponde o no mantener así esta letra. Si queremos aplicar la legislación actual, no existe distinción para estos efectos entre hijos dentro del matrimonio o fuera de él. Desconozco si se puso por otra reglamentación. Tal vez pueda aclarar el punto la Senadora Alvear, quien es autora del proyecto y ha trabajado intensamente en él.
Por su parte, la Senadora Rincón me señala que la redacción debiera quedar simplemente en "de anteriores matrimonios o fuera de ellos", y no hacer una distinción respecto a la categoría de los hijos, sino más bien del matrimonio.
El señor LARRAÍN.-
Es lo que dice el Código Civil.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, no sé si es posible hacer esa corrección. Porque, si en la legislación civil existe un criterio respecto a la determinación de los hijos, no me parece adecuado que, en el caso de las Fuerzas Armadas, diferenciemos entre hijos matrimoniales y no matrimoniales, aun cuando el derecho es el mismo.
No es un asunto de semántica, sino de una concepción de la dignidad y el derecho de todos los hijos a no ser discriminados bajo ninguna circunstancia.
Se podría corregir, si estuviera en la razón¿
La señora RINCÓN.-
Así quedó la redacción definitiva, señor Senador.
El señor NAVARRO.-
¿No es posible enmendarlo a estas alturas?
El señor PROKURICA.-
No.
El señor NAVARRO.-
Entonces, solo cabe hacer una salvedad respecto a ello.
Efectivamente, todos estamos claros en esto. Ha habido un esfuerzo del Gobierno para despachar el proyecto lo más rápidamente posible. Si no, habríamos tenido una larga discusión.
Comparto que se apruebe esta iniciativa, pero estimo que más vale hacer esa observación. Aunque entiendo que se trata de un problema de redacción y no de fondo.
Por eso¿
Un minuto más, señor Presidente.
Por eso, y por los compromisos anunciados por el Ministro Rodrigo Hinzpeter, especialmente en cuanto a la situación de los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, voto a favor de este proyecto.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, no cabe duda de que esta iniciativa es muy importante.
Como señala el informe de la Comisión de Hacienda, su objetivo es:
"Modificar algunos aspectos previsionales de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile, como la eliminación de la cotización para cierto personal retirado y montepiado que se indica; limitación de los beneficios del montepío; restricciones a la reliquidación de pensiones y racionalización de las dobles pensiones; y supresión de abono injustificado de años de servicio para efectos del retiro, entre otros".
El Senador García manifestaba que las rebajas que se hacen a través de estas disposiciones se compensan con las mismas disminuciones que se efectúan en el proyecto. Así lo ratifica el informe financiero entregado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, que se incluye en el texto que tenemos en nuestras manos.
Ese documento expresa que, en el año en régimen, el impacto neto es de 45 mil 848 millones 849 mil pesos, equivalente a un ahorro fiscal compuesto de un mayor gasto fiscal de 51 mil 607 millones 123 mil pesos y de un menor gasto fiscal de 97 mil 455 millones 972 mil pesos.
En consecuencia, el ahorro en régimen alcanza a los 45 mil 848 millones 849 mil pesos antes mencionados. Es decir, a cerca de 100 millones de dólares.
Por lo tanto, a mi juicio, junto con las adecuaciones que se realizan para hacer justicia a todos los pensionados de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Gendarmería, la iniciativa también efectúa otras que representan altas economías.
Por eso, voy a pronunciarme a favor.
Quiero, eso sí, destacar nuestra preocupación respecto a los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil. El Senado aprobó por unanimidad un proyecto de acuerdo precisamente a fin de solicitarle al Presidente de la República que se atendieran sus justas peticiones.
Voto favorablemente este proyecto, porque considero que es adecuado para los exservidores de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Gendarmería de Chile.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en particular el proyecto (31 votos), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido, y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor HINZPETER (Ministro de Defensa Nacional).-
Señor Presidente, por su intermedio, agradezco a los señores Senadores. Y -¡no faltaba más!- también a las señoras Senadoras, me corrige la Honorable señora Lily Pérez y me miran con cara de susto las Senadoras señoras Rincón y Alvear.
Entonces, voy a empezar de nuevo, para no cometer equivocaciones.
Señor Presidente, señoras Senadoras y señores Senadores,¿
La señora ALLENDE.-
¡Muy bien!
El señor HINZPETER (Ministro de Defensa Nacional).-
¿ muchas gracias por aprobar esta iniciativa.
La verdad es que, en conjunto y con diálogo, hemos dado un paso importante. Ahora viene un tercer trámite en la Cámara de Diputados, que esperamos se cumpla pronto para poder promulgar la ley en proyecto en los próximos días.
No quiero referirme de nuevo al compromiso que he asumido, porque ya se mencionó lo suficiente. Por lo tanto, no me queda más que reiterarles mis agradecimientos.
ENMIENDA A LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN MATERIA DE AFECTACIONES DE UTILIDAD PÚBLICA DE PLANES REGULADORES
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de afectaciones de utilidad pública de los planes reguladores, con informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8828-14) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 38ª, en 3 de julio de 2013.
Informe de Comisión:
Vivienda y Urbanismo: sesión 80ª, en 17 de diciembre de 2013.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El objetivo de la iniciativa es enmendar la Ley General de Urbanismo y Construcciones en lo referente a las declaratorias de utilidad pública de terrenos consultados en los planes reguladores, a fin de permitir que se puedan establecer los trazados de los espacios públicos con carácter indefinido. Asimismo, se prescribe la obligación de compensar al propietario del terreno afecto cuando sufra un perjuicio por esta medida.
La Comisión de Vivienda y Urbanismo discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Lily Pérez y señores Muñoz Aburto, Pérez Varela, Sabag y Tuma.
Cabe tener presente que los incisos sexto y séptimo del artículo 59, contenido en el numeral 1) del artículo 1°, y el artículo 2° permanente requieren para su aprobación de 19 votos favorables, por incidir en normas de rango orgánico constitucional.
El texto que se propone aprobar se transcribe en la parte pertinente del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Rossi.
El señor ROSSI.-
Pido segunda discusión, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Muy bien.
En la primera discusión, ofrezco la palabra.
La señora RINCÓN.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, nosotros, como Comité, más que pedir segunda discusión, queremos solicitar que el proyecto vuelva a la Comisión, para que se discuta en general y en particular, de modo que retorne a la Sala para ser votado con las indicaciones ya debatidas e incorporadas.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Si no hay objeción, la iniciativa volvería a la Comisión para ser discutida en general y en particular.
El señor PROKURICA.-
Pero hay que hacer la primera discusión.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
No, porque la Senadora Rincón ha pedido otra cosa.
Entonces, si hay acuerdo, el proyecto volvería a la Comisión para ser discutido en general y en particular.
--Así se acuerda.
ESTABLECIMIENTO DE MEDIDA DE CONTROL PREVENTIVO DE IDENTIDAD
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, para establecer la medida de control preventivo de identidad, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9036-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 42ª, en 30 de julio de 2013.
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 81ª, en 18 de diciembre de 2013.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El objetivo de la iniciativa es facultar a los funcionarios de Carabineros de Chile para que, en el ejercicio de su rol como policía preventiva y con el solo objeto de precaver la ocurrencia de hechos que puedan poner en peligro la seguridad y el orden público, realicen el control preventivo de identidad y cotejen la existencia de órdenes de detención de cualquier persona que se encuentre en lugares o zonas donde, por circunstancias fundadas, sea previsible la ocurrencia de hechos delictuales o que pongan en riesgo la referida seguridad y el orden público.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutió el proyecto en general y en particular, por tratarse de aquellos de artículo único, y aprobó la idea de legislar con los votos a favor de los Senadores señores Espina, Larraín (don Carlos) y Pérez Varela y el pronunciamiento en contra de los Senadores señora Alvear y Walker (don Patricio). También lo aprobó en particular con un texto sustitutivo que contiene una disposición que se incorpora en el Código Procesal Penal y no en la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, con los votos favorables de los Senadores señores Espina, Larraín (don Carlos) y Larraín (don Hernán) y el pronunciamiento en contra de los Senadores señora Alvear y Walker (don Patricio).
El texto que se propone aprobar se consigna en la parte pertinente del informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
En discusión general y particular el proyecto.
Tiene la palabra la Honorable señora Rincón.
La señora RINCÓN.-
Señor Presidente, en este caso queremos pedir, como Comité, segunda discusión.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Muy bien.
En la primera discusión, ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, dado que se pidió segunda discusión, no intervendré en esta ocasión.
El señor PROKURICA.-
Pero hay que hacer la primera discusión.
El señor ESPINA.-
Prefiero intervenir en la segunda.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Conforme.
Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).-
Señor Presidente, el informe del proyecto, ¿tengo que rendirlo necesariamente ahora, o puede quedar para la siguiente oportunidad?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Lo puede hacer en la segunda discusión.
El señor WALKER (don Patricio).-
Muy bien.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Por lo tanto, se da por concluida la primera discusión.
--El proyecto queda para segunda discusión.
CONDICIONES ESPECIALES PARA RETIRO DE PERSONAL DE SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece condiciones especiales transitorias para la aplicación del artículo 18 de la ley N° 19.479 y faculta para otorgar el bono compensatorio que indica, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9113-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 63ª, en 15 de octubre de 2013.
Informe de Comisión:
Hacienda: sesión 83ª, en 7 de enero de 2014.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La finalidad principal del proyecto es favorecer las condiciones de retiro del personal del Servicio Nacional de Aduanas, con tal objeto se establecen transitoriamente condiciones especiales para la aplicación del artículo 18 de la ley N° 19.479, que regula la declaración de vacancia de los cargos del personal, otorgando bonificaciones a los funcionarios que presentaron su renuncia voluntaria en las condiciones que se fijan y concediendo un bono compensatorio al personal que se indica.
La Comisión de Hacienda discutió la iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Escalona, Kuschel, Lagos y Zaldívar.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en la parte pertinente del primer informe de la Comisión de Hacienda y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En discusión general la iniciativa.
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, este proyecto, iniciado en mensaje, no contiene normas de quórum especial y fue aprobado en la Comisión por unanimidad, al igual como lo despachó la Cámara en su primer trámite.
De acuerdo al texto del Ejecutivo, esta iniciativa busca favorecer las condiciones de retiro del personal del Servicio Nacional de Aduanas. En tal virtud, establece transitoriamente condiciones especiales para la aplicación de la ley N° 19.479, que regula la declaración de vacancia de los cargos del personal, otorgando bonificaciones a los funcionarios que renuncien voluntariamente en determinadas condiciones y concediendo un bono compensatorio.
La presentación de este proyecto se inserta tanto en el propósito del Ejecutivo de avanzar en la racionalización de la Administración Pública como en el diálogo con las distintas instituciones públicas. Tal es el caso del Servicio Nacional de Aduanas, donde los propios funcionarios plantearon su inquietud por las condiciones para su retiro.
Para ello, se propone la supresión de los cargos servidos por funcionarios de carrera desde que hayan cumplido 65 años de edad, y tengan una tasa de reemplazo que alcance al 70 por ciento de las remuneraciones imponibles. La bonificación por renuncia voluntaria está definida en la ley N° 19.882, que otorga un beneficio equivalente a un mes de remuneración por cada dos años de servicio, con tope de nueve o diez meses, al momento de la renuncia voluntaria, que debe ocurrir al cumplir 60 o 65 años, según se trate de una mujer o de un hombre, respectivamente. Como contrapartida, ese mismo cuerpo legal dispone que la bonificación disminuirá en un mes por cada semestre en que el funcionario, habiendo cumplido la edad, no se haya acogido a retiro voluntario.
Siendo este proyecto resultado del diálogo entre las partes, y declarándose los funcionarios de Aduanas en conformidad con su contenido, lo más apropiado es aprobarlo sin mayor dilación. Y, por supuesto, que lo voto favorablemente.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (18 votos a favor) y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 20 del presente mes.
Votaron las señoras Allende, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Chahuán, Escalona, Espina, García, García-Huidobro, Gómez, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Prokurica, Sabag, Tuma, Uriarte y Walker (don Patricio).
PERFECCIONAMIENTO DE NORMAS SOBRE REGULACIÓN DE DERECHOS DE OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula derechos sobre obtenciones vegetales y deroga la ley N° 19.342, con informe de la Comisión de Agricultura y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6355-01) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 87ª, en 10 de marzo de 2010.
Informe de Comisión:
Agricultura: sesión 48ª, en 14 de agosto de 2013.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Los objetivos principales del proyecto son actualizar el régimen jurídico que regula los derechos del obtentor de variedades vegetales a los estándares del Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, de 1961, revisado en Ginebra según el Acta de 19 de marzo de 1991, UPOV 91; convertir a Chile en una potencia agroalimentaria y forestal; fomentar el pleno respeto de los derechos sobre las obtenciones de variedades vegetales; fortalecer la industria de investigación, desarrollo e innovación de variedades vegetales, y atraer inversión extranjera asociada a la investigación, desarrollo e innovación.
La Comisión de Agricultura discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar con los votos favorables de los Senadores señores Coloma, García y Larraín (don Hernán) y el pronunciamiento en contra de los Senadores señora Rincón y señor Letelier.
La Comisión propone que la iniciativa, por contener normas que inciden en materia presupuestaria y financiera del Estado, como consta en el informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, sea también informada por la Comisión de Hacienda en el segundo informe.
Cabe hacer presente que los artículos 11, 35, 36 y 53 tienen el carácter de normas orgánico constitucionales, por lo que requieren para su aprobación de 19 votos favorables.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en la parte pertinente del primer informe de la Comisión.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, Honorable Sala, considero necesario, antes de entrar al debate de esta iniciativa de ley, hacer algunas precisiones sobre el Convenio UPOV 91.
Desde el año 1996 nuestro país es parte del Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV 78), cuyo objetivo principal fue el establecimiento de un marco jurídico que garantizara al obtentor de una nueva variedad vegetal el reconocimiento al derecho sobre la variedad de su creación.
Posteriormente, el Convenio UPOV 91 desarrolló un sistema de protección que ya existe en Chile, en virtud de la promulgación de la ley 19.342. Dicho sistema entrega a los creadores de nuevas variedades vegetales un derecho sobre su creación, que les permite su explotación exclusiva por un tiempo determinado. Se protegen aquellas variedades desarrolladas que cumplan con los requisitos de ser nuevas, distintas y homogéneas y que sean registradas como tales.
El UPOV 91 incorporó estándares más precisos a los ya aplicables en nuestro país, pues respecto a la protección amplió los derechos de los obtentores de nuevas variedades no solo al material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida, sino que también al producto de la cosecha cuando el primero no ha sido debidamente adquirido, y extendió los plazos mínimos de protección de 15 y 20 años a 18 y 25 años, respectivamente.
Por otra parte, reafirmó la facultad de los países para establecer excepciones al derecho de los obtentores de nuevas variedades vegetales. De esa manera, los derechos de los pequeños agricultores se hallan claramente considerados en el UPOV 91.
Asimismo, cabe consignar que Chile, a través de los acuerdos comerciales con importantes socios comerciales, tales como Estados Unidos, Japón y Australia, asumió el compromiso de adherir al UPOV 91 antes del mes de enero de 2009. De modo que si no hubiese suscrito dicho Convenio le habría significado muchas sanciones, que era necesario evitar, sin considerar, por otra parte, el problema de la falta de confiabilidad que hubiera generado el hecho de que nuestro país no cumpliera con la palabra empeñada en el ámbito internacional.
Sin embargo, este Convenio trata de una materia absolutamente distinta a la posible introducción de transgénicos en nuestro país, a lo que me opongo mientras subsistan dudas acerca de sus efectos para la salud humana.
El transgénico es una variedad modificada genéticamente. Un obtentor vegetal es la persona que obtiene una variedad vegetal.
A este respecto, cabe preguntarse qué se entiende por variedad nueva. Es aquella que existe en la naturaleza, pero que hasta hoy no ha sido descubierta. Asimismo, es variedad nueva la que ya fue descubierta, pero que ha sido modificada genéticamente. Entonces, el que produce una variedad nueva también tiene derecho de obtentor, o sea, a que se le pague una suma o porcentaje por la comercialización o producción.
Indudablemente que ello puede ser complejo en el tiempo, ya que podría acarrear la ruina de la pequeña agricultura, o bien estimular una menor existencia de cultivos libres de derechos que se deben pagar.
Lo que queda claro con el impulso de esta ley en proyecto es el mayor poder de control que se da a los obtentores, asegurándoles la protección de sus variedades.
Entonces, estamos frente a una discriminación incuestionable entre aquellos que pretenden lucrar con la obtención de variedades y quienes han dedicado gran parte de su esfuerzo a mejorar y obtener nuevas variedades, intercambiándolas sin un interés económico.
Por otra parte, si se imponen variedades mejoradas, cuyo perfeccionamiento se halla directamente asociado al uso de gran cantidad de pesticidas y fertilizantes inorgánicos, estaremos frente a un atentado al medioambiente y la biodiversidad.
Además debe tenerse presente que la verdadera forma de protección de los recursos genéticos es catastrando toda nuestra riqueza vegetal, incluyendo variedades endémicas, nativas y locales, que serán las grandes víctimas de la privatización, porque presentan un importante interés comercial.
Creemos firmemente que el problema fundamental de este proyecto de ley es que no asegura en modo alguno el respeto a los derechos de los obtentores indígenas y campesinos, que han trabajado durante muchos años para adaptar diversas variedades a sus condiciones adversas, pues, en lugar de ser registradas, han sido compartidas de manera desinteresada e intercambiadas sin ambiciones de ningún tipo.
Todas estas consideraciones nos llevan a no estar de acuerdo con la iniciativa en debate, con las atribuciones que se entregan a las empresas para hacer uso abusivo de variedades locales y nativas, pudiendo incluso apropiarse de ellas.
Si esta normativa se aprueba, será indudablemente el tiro de gracia que se asestará a la pequeña agricultura del país, la cual es un agente esencial en la producción alimentaria y, además, representa una fuente generadora de empleos bastante importante.
En virtud de todo lo expuesto, voto en contra de la aprobación de este proyecto de ley.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Corresponde intervenir al Senador señor García, quien no se encuentra en la Sala en este momento.
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, solicito segunda discusión para el proyecto que nos ocupa.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Conforme. Pero antes vamos a agotar la primera discusión.
¿Desea continuar con el uso de la palabra, Su Señoría?
El señor NAVARRO.-
No, señor Presidente, después voy a intervenir.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Okay.
En la primera discusión, tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, tal como ha señalado el Secretario de nuestra Corporación, estamos frente a un proyecto de ley cuyo propósito es actualizar el régimen jurídico que regula los derechos del obtentor de variedades vegetales a los estándares del Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, de 1961; convertir a Chile en un potencia agroalimentaria y forestal; fomentar el pleno respeto de los derechos sobre las obtenciones de variedades vegetales; fortalecer la industria de investigación, desarrollo e innovación de variedades vegetales, y atraer inversión extranjera asociada a la investigación, desarrollo e innovación. Propone, asimismo, derogar la actual ley N° 19.342, que rige esta materia.
Como es posible advertir, se trata de una iniciativa que busca establecer una forma de regular el derecho de propiedad intelectual de quien desarrolla una nueva variedad vegetal y que, a través de esa vía, constituye una creación y hace una contribución al desarrollo, como lo es una obra literaria, musical o de otra naturaleza, en que siempre se reconoce la propiedad intelectual del autor y sobre esa base se registra y se protege su creación.
Esta iniciativa fue presentada por la Presidenta Michelle Bachelet. Se discutió largamente en la Cámara de Diputados, que en sesión del martes 9 de marzo de 2010 -vale decir, en el período legislativo anterior- la aprobó en forma unánime.
Durante su tramitación en la Cámara Baja fue informada en la Sala por los Presidentes de las distintas Comisiones que la analizaron.
Por ejemplo, la Diputada señora Denise Pascal, quien habló en representación de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, señaló que la idea matriz o fundamental del proyecto, que era "actualizar el régimen jurídico que regula los derechos del obtentor de variedades vegetales y el privilegio del agricultor, a fin de impulsar la investigación y el desarrollo de nuevas variedades vegetales y mejorar la productividad agrícola nacional", de alguna manera se hallaba destinada a favorecer "el registro en Chile de nuevas variedades vegetales creadas no solo en nuestro país, sino también en el extranjero, creándose un nuevo ambiente institucional propicio para la concreción de nuevos contratos de licencia de tecnología que favorecerá el acceso a materiales de punta, que constituyen una de las bases para el incremento de la competitividad nacional.".
Agregó que esa Comisión tomó "conocimiento de la iniciativa legal, por cuanto consideró que las normas propuestas podrían implicar una eventual desprotección del mundo campesino e indígena en relación con los cultivos tradicionales y la protección del medio ambiente".
Contó todos los esfuerzos que hicieron y explicitó la conclusión a que llegaron.
Al respecto, señaló: "La votación general del proyecto se realizó sin mayor debate, ya que, después de haber recibido las opiniones de los invitados a la Comisión, sus integrantes concordamos en la conveniencia de legislar sobre la materia, procediendo a dar su aprobación general por unanimidad.".
Lo mismo informaron los Diputados señores Delmastro y Barros, en representación de sus respectivas Comisiones.
El debate es bastante interesante. De alguna manera recoge las inquietudes planteadas sobre la materia en el último tiempo, fundamentalmente por la prensa, y en particular por ONG que están muy en contra de este proyecto, al cual han llamado "Ley Monsanto", por cuanto establecen que, uno, favorecería la transgenia; dos, permitiría el registro de las especies vegetales, y tres, les impediría a los pequeños agricultores usar las semillas con posterioridad a la cosecha.
La verdad es que esta discusión se registró en la Cámara de Diputados, por lo que he podido analizar de sus antecedentes. Y por eso la he traído a colación, pues tengo la impresión de que se ha generado un debate ideológico ajeno a la realidad de la iniciativa que nos ocupa.
Este proyecto no guarda ninguna relación con la transgenia. Solo se refiere a las especies que van mejorando por desarrollos hechos en un laboratorio.
En Chile, el INIA ha creado muchas variedades de esta forma (maíces, trigos, en fin), que no han sido producto de procesos transgénicos -es decir, no se ha utilizado la ingeniería genética para generar una nueva especie-, sino simplemente de mejoramientos como consecuencia de la evolución, de la selección, de cruces y de otros mecanismos que se usan en este ámbito.
Esta iniciativa no afecta en absoluto a las normas transgénicas. Así ha quedado claro tanto en el debate habido en nuestra Comisión de Agricultura cuanto en el registrado en la Cámara de Diputados.
En seguida, se dice que con la fórmula propuesta se podrán patentar la papa, la araucaria y otras especies autóctonas de nuestro país.
Eso es completamente falso, porque está expresamente prohibida la posibilidad de patentar especies. Solo se pueden patentar creaciones de una variedad de una especie hecha por alguien, en que deben acreditarse los procedimientos, las características y las diferencias que hay con ella.
Por lo tanto, es imposible patentar una especie nativa; está expresamente prohibido: solo es factible patentar variaciones nuevas creadas en laboratorio, acreditando sus procedimientos y las diferencias respecto de otros productos. Por lo demás, pueden desarrollarse variedades sobre variedades.
Tampoco es efectiva la imposibilidad de que los pequeños agricultores reutilicen las semillas.
La Cámara de Diputados corrigió esta materia, y quedó expresamente autorizada la reutilización indefinida.
Señor Presidente, traigo a colación aquello porque esta iniciativa fue aprobada en forma unánime por los Diputados. Algunos de quienes la votaron a favor son hoy día Senadores de la República. Pero, aparentemente, los inconvenientes que ahora se han hecho presentes a través de la campaña en comento los estaría llevando a modificar su posición.
Yo solo quiero señalar que, a mi entender, las razones que tuvieron la Presidenta Bachelet para presentar esta iniciativa y la Cámara de Diputados para aprobarla se mantienen.
Considero que la campaña realizada contra este proyecto no corresponde a la verdad de los hechos. Y está habiendo una tergiversación de la realidad, la que ya fue despejada tanto en la Cámara de Diputados como, a mi juicio, en la Comisión de Agricultura del Senado, conforme a las informaciones y opiniones que recibimos de expertos.
Entonces, yo me pregunto qué está pasando, por qué se producen esos cambios, por qué tal diferencia ideológica en la materia.
Hemos oído que, a raíz de la referida campaña, la Presidenta Bachelet quiere modificar este proyecto.
Esa sería su afirmación. La habría hecho en una visita a Temuco, al ser requerida por la prensa -entiendo- sobre el particular.
Si eso es así, no sé qué interés particular tienen los Senadores de la Nueva Mayoría en discutir este proyecto, tanto más cuanto que la Presidenta electa planteó la conveniencia de revisarlo. Porque, habiéndolo aprobado la Cámara de Diputados, si el Senado lo rechazara -por cierto, puede hacerlo- no terminaría su tramitación, sino que se constituiría una Comisión Mixta para procurar que aquella prosiguiera.
Si tal será el destino, ¿no parece más razonable esperar que asuma el nuevo Gobierno y atender las inquietudes de la Presidenta electa? Ello, para evitar una tramitación equivocada, como la que tendría lugar si el Senado rechazara esta iniciativa.
Estimamos que eso es lo razonable, señor Presidente, y por tal motivo no hemos apurado la tramitación de este proyecto.
Por cierto, ella se puede acelerar. No tenemos ningún problema en votar, porque consideramos que la iniciativa de la Presidenta Bachelet tiene justificación. Y la votación unánime de distinguidos Diputados de la Concertación y de la Alianza así lo evidencia.
Los cambios registrados posteriormente tienen que ver con otras materias y, a la luz del análisis que conocimos de los distintos expertos, no se sustentan.
Por lo tanto, vuelvo a plantear si tiene sentido que sigamos tramitando un proyecto que, según anunciaron las autoridades que asumirán en pocas semanas más, se revisará totalmente.
Por cierto, hay pleno derecho a hacerlo. Lo que no tendría sentido sería avanzar mientras tanto en la tramitación de una iniciativa que, si se rechazara -porque debe aprobarse con quórum de ley orgánica constitucional-, forzaría a una Comisión Mixta, órgano que tendría una dificultad mayor para corregir los errores señalados por quienes justifican rechazar un proyecto que antes aprobaron.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, este proyecto es largamente esperado por los pequeños agricultores, quienes desean que el Senado lo rechace. Ellos lo estudiaron, hicieron observaciones...
¡Me cortó el micrófono, señor Presidente!
El señor ESCALONA.-
¡No le quite la palabra al colega, señor Presidente...!
El señor LAGOS.-
¡Déjelo que termine la idea, aunque no sea buena...!
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Prosiga, señor Senador. Y le ruego excusarme.
El señor TUMA.-
Espero que se agreguen los segundos que no utilicé debido a la interrupción.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Así se hará, Su Señoría.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, esta iniciativa se halla motivada por el cumplimiento de un convenio internacional, el UPOV 91, donde se establece una mayor protección para los agricultores que introducen novedades en materia de semillas -no necesariamente con transgénicos, como se ha señalado- y se les otorga un privilegio a los pequeños agricultores, el que no se cautela legalmente.
Por lo tanto, la iniciativa en debate, que ha sido observada por los pequeños agricultores y, especialmente, por las comunidades indígenas, debe ser revisada, tal como lo planteó la Presidenta Bachelet.
Durante la discusión particular profundizaré más sobre la alta conveniencia que reviste el rechazo de la idea de legislar.
Dada la participación activa que han tenido en esta materia muchísimas comunidades y organizaciones, pienso que, con la concurrencia de los pequeños agricultores y de las comunidades indígenas, deberíamos construir un texto que concitara el pleno respaldo del Parlamento y, principalmente, de los afectados.
En consecuencia, yo rechazaré este proyecto de ley, aun cuando lo haya aprobado en mi condición de Diputado y aunque sea una adecuación al UPOV 91, pues la cuestión tiene que ver con la forma como hacemos participar en la legislación que estamos analizando a los afectados por una iniciativa legal de esta naturaleza, quienes, por tanto, le formulan reparos.
Entonces, reservaré para la discusión particular mi argumentación en detalle respecto a la inconveniencia de aprobar un proyecto de ley que atenta contra los intereses de los pequeños campesinos y, especialmente, de las comunidades indígenas.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, en primer término, debo recordar que el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, en su versión 1991, fue ratificado por ambas Cámaras -me atrevería a decirlo- unánimemente.
En segundo lugar, cabe hacer presente que el UPOV 91 es un instrumento que nos obligamos a suscribir cuando firmamos los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Japón.
Por lo tanto, estamos en presencia de uno de aquellos compromisos internacionales que los países serios siempre procuran cumplir.
La proyectada ley de obtentores vegetales materializa la obligación que suscribimos en los tratados de libre comercio con las dos naciones que acabo de individualizar.
Como se indicó, esta iniciativa fue enviada por la Presidenta Bachelet. Y nadie dijo nada mientras se analizaba en la Cámara de Diputados. Pero cuando inició su tramitación en el Senado diversas organizaciones dejaron caer no solo una serie de dudas sino también una enorme cantidad de descalificaciones sobre los tres Senadores de la Comisión de Agricultura que, por estimar que el cumplimiento de nuestros compromisos internacionales es uno de los grandes activos de Chile, votamos a favor de la idea de legislar.
A esta iniciativa se la ha demonizado llamándola "Ley Monsanto".
¿Y qué se ha dicho de ella?
Primero, que permite el uso de transgénicos.
¡No es así! ¡Eso es de falsedad absoluta! La regulación de los transgénicos se halla en otra ley, la que no se toca en el proyecto que nos ocupa esta tarde.
Se ha sostenido también que esta iniciativa posibilita el registro de vegetales de carácter genérico -lo explicó bien en la Sala el Senador Hernán Larraín-: la papa, en fin.
¡Eso también es falso! Los vegetales de aquella índole, de uso común en la población, no pueden ser inscritos en el registro de variedades vegetales, pues no tienen este carácter: se hallan en estado natural.
Asimismo, se ha afirmado que este proyecto posibilitaría el registro de plantas de uso ancestral por nuestros pueblos originarios, especialmente por el mapuche.
Incluso, se ha expresado que permitiría registrar las yerbas medicinales que, siguiendo una tradición de años y años -me atrevería a decir "de siglos"-, las machis ocupan en las acciones de salud que llevan adelante.
Eso tampoco es verdad, porque -repito- las especies genéricas, las plantas que se hallan en estado natural, que son las usadas por las machis, no pueden inscribirse.
¿Por qué considero necesaria una ley de obtentores vegetales, señor Presidente?
En primer término, porque debemos dar cumplimiento a un acuerdo internacional. Yo no creo que Chile, país con una economía pequeña y ubicado en el fin del mundo, pueda darse el lujo de no respetar los acuerdos internacionales a que se obligó -como ya dije- en los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Japón.
Y, en segundo lugar, porque el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, en su versión 1991, dentro de sus cláusulas permite que cada nación adecue su legislación y dicte normas sobre lo que se denomina "privilegio del pequeño agricultor", que consiste precisamente en determinar cuántas veces después de la primera cosecha es factible utilizar una semilla certificada.
En consecuencia, sigo creyendo que la ley en proyecto es necesaria.
Ahora bien, la Presidenta electa -reitero que ella envió este proyecto de ley al Congreso Nacional-, durante una visita a la Región de La Araucanía (entiendo que a la comuna de Nueva Imperial), en un encuentro con dirigentes de nuestro pueblo mapuche señaló que deseaba revisar esta iniciativa, denominada "Ley Monsanto". Y así lo recogió la prensa.
Yo puedo dar fe de que la ley en proyecto ha provocado enorme inquietud en muchas organizaciones, particularmente mapuches. ¡Y cómo no, pues, si algunos grupos les están diciendo, ni más ni menos, que van a perder el uso de sus plantas medicinales, de sus semillas y de sus frutos, como el maqui, en circunstancias de que -insisto- no es posible inscribir ninguna de esas especies, toda vez que -reitero- se encuentran en estado natural y, conforme a la definición que da el mismo texto que nos ocupa, no constituyen variedades vegetales!
Por lo tanto, señor Presidente, considero que lo más sano, lo más razonable es esperar que asuma la nueva Presidenta de la República, quien se comprometió públicamente en Nueva Imperial a revisar la legislación en proyecto.
Si es posible rever los tratados de libre comercio que suscribimos con Estados Unidos y Japón y no obligarnos a cumplir estrictamente el UPOV 91, ¡fantástico!
Si es posible que modifiquemos este nuevo proyecto de ley sobre obtentores vegetales, ¡fantástico!
Ninguno de nosotros -estoy seguro- está por quitarle nada a nadie, menos a los pequeños agricultores, menos a nuestro pueblo mapuche.
Me asiste la convicción de que todos nosotros queremos el desarrollo de nuestros campesinos. Todos deseamos, entre otras cosas, que cuenten con los mejores insumos para hacer producir su tierra, y dentro de ellos, con las mejores semillas, que son las certificadas. Porque negarse a usarlas es como oponerse hoy a vacunas o a medicamentos. Es tan absurdo como eso.
Pero para que obtengamos semillas certificadas, variedades vegetales nuevas -por ejemplo, parras, frutales-, plantas nuevas, se requiere que alguien investigue y proteger la investigación dentro del marco de la propiedad intelectual, que es un derecho reconocido internacionalmente.
Por lo demás, ¿quién es el principal investigador en Chile? El Estado, a través del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA). Más que los privados, el principal investigador de nuevas semillas, de variedades vegetales, es el propio Ministerio de Agricultura.
En consecuencia, considero mucho más lógico que esperemos.
Si podemos modificar los compromisos internacionales a los que nos obligamos y despachar una ley que, por lo menos en cuanto a privilegiar al pequeño agricultor, sea todavía mucho más generosa, bienvenido sea. Porque mi posición es que a nuestros pequeños agricultores, a nuestros campesinos, les demos todas las condiciones para que puedan desarrollarse, para que puedan acceder a una mejor calidad de vida.
Por esa razón, adhiero a la solicitud de segunda discusión.
Más aún, le daría un tiempo al nuevo Gobierno, que asume el próximo 11 de marzo, para ver cómo se puede resolver de mejor manera el proyecto que nos ocupa.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Rossi.
El señor ROSSI.-
Estábamos conversando con el Ministro señor Larroulet, señor Presidente, acerca de la iniciativa sobre el lobby, para ver si podemos contar con un registro previo¿
En cuanto a la materia que nos ocupa, he estado escuchando con mucha atención los argumentos planteados respecto de quién presentó el proyecto.
Fue la propia Presidenta Bachelet, en verdad, quien señaló que había cambiado de opinión. Y ello reviste un tremendo valor. La política no es estática. Tienen lugar fenómenos sociales, y eso genera un impacto en la vida y la visión de una persona en relación con muchas cosas.
Por tal motivo, haría un llamado a no recurrir a este elemento. Porque hace quince, veinte años, muchos parlamentarios estaban de acuerdo con la calidad de hijo natural. Recién en 1952 la mujer tuvo derecho a voto en las elecciones parlamentarias. Y hubo voto censitario: sufragaban quienes estaban en un registro, los privilegiados. Pero las sociedades cambian. Y hoy día, con toda la información con que contamos, pensamos que el proyecto evidentemente no es bueno en la fórmula en que está presentado.
Nadie está discutiendo que no hay que pagar por lo que se invierte en la creación o invención de algo nuevo, sea una semilla o un fármaco.
A la gente que nos escucha en su casa a lo mejor le hace mucho más sentido considerar las patentes farmacéuticas, por ser algo más de su vida cotidiana. ¿Quién puede afirmar que el descubridor de la aspirina, Bayer, no tiene algún derecho a recuperar su inversión, de manera de seguir fomentando la invención de nuevos fármacos que ayuden a mejorar la salud? Nadie.
El problema es el abuso. Porque todos sabemos que no hay un justo precio en materia de patentes. Las transnacionales abusan sobre la base de la salud o la enfermedad de la población. A eso estamos haciendo referencia hoy.
Y quiero señalar algunos aspectos que se han estudiado bastante. No es algo que se le ocurrió a Nueva Mayoría. Organismos internacionales están en contra justamente de iniciativas como la que debatimos. Y ello, no por prejuicios o consignas, ni por incurrir en una confusión con los transgénicos, que seguramente deberemos discutir en otro minuto.
Esta clase de proyecto entorpece los procesos de reducción de la pobreza especialmente en países en vías de desarrollo o subdesarrollados. ¿Por qué? Porque aumenta la concentración económica, lo que afecta el empleo. La UNCTAD, organismo de mucho prestigio, ha sido muy clara al respecto. Y hay consenso en tal sentido. Por eso, existe un cuestionamiento generalizado, no solo en Chile, sino también en el mundo entero.
En seguida, también se afecta la seguridad alimentaria y el medio ambiente, básicamente porque se tiende a favorecer los monocultivos, los cultivos acotados, lo cual genera dos consecuencias.
Una de ellas es la disminución del rango alimentario en la agricultura. Existe una oferta menos diversa, por resultar más rentable. Y ahí sí son importantes los transgénicos, que desplazan a otros cultivos, que son objeto de polinización y contaminan, y que inciden justamente en nuestras variedades autóctonas, en nuestro patrimonio genético.
Pero al aumentar los cultivos acotados también se incrementa el uso de agroquímicos. Y se encuentra totalmente demostrado -no tengo que extenderme en ello- el impacto en el medio ambiente.
Un tercer factor, reconocido por muchos organismos internacionales, es que se restringe la circulación de recursos genéticos vegetales y se provoca un efecto, por tanto, en la biodiversidad. Ello tiene directa relación con lo que he planteado en el segundo punto.
Un cuarto elemento es que se pone en riesgo a las familias campesinas, particularmente en el ámbito de los pueblos originarios. Habrá una contienda entre transnacionales que quieren inscribir ciertas semillas como propias. Estamos legislando en la materia y ni siquiera existe en Chile un registro de nuestras variedades. A ello obedece la indefensión de tanta mujer agricultora, especialmente mapuche, que ha venido a conversar con nosotros.
Y, finalmente, algo que me parece el mayor de los abusos es que las semillas que se compran no se pueden volver a usar. Entonces, el control de la producción, de la agricultura, de la vida de estas familias, lo tiene una empresa transnacional, que fija el precio.
He entregado varios argumentos para votar en contra. No se trata de algo antojadizo, ni de demagogia, ni de una confusión con los transgénicos. Porque aquí se ha hecho referencia a la "Ley Monsanto". Evidentemente, la gente tiende a colocar un nombre para identificar. Eso lo hemos vivido siempre. Nosotros rechazaremos la iniciativa.
Y estoy muy contento de que por lo menos la hayamos discutido, pese a todas las dificultades que enfrentamos, como lo planteamos en un comienzo con el Honorable señor Gómez.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Puede intervenir el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, tengo en mis manos una transcripción de lo difundido el 4 de diciembre recién pasado en el sitio web de radio Cooperativa. Se expresa que la Primera Mandataria electa aseguró que el articulado en debate "podría afectar a la soberanía alimentaria y las semillas tradicionales".
"La candidata presidencial de Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, aseguró que el proyecto de ley que regula derechos sobre obtenciones vegetales y deroga la ley N° 19.342, conocido como "Ley Monsanto", no le gusta y que va a revisarlo si ella llega a La Moneda.
"Durante su participación en "El informante", de TVN, al ser consultada sobre si está a favor de este proyecto, la ex Mandataria respondió: "No, porque cuando se envió esa ley tenía otro sentido del que ha llegado a ser".
"Por lo tanto, nosotros hemos planteado que vamos a revisar esa ley, porque hay una evidencia clara de que habrían elementos que podrían, por un lado, dañar la salud y, por otro más importante, podrían afectar a la soberanía alimentaria y las semillas tradicionales", aseguró.".
La opinión de la Presidenta es clara respecto de la calificación de la normativa y, por cierto, de que el proyecto en debate no es el más adecuado.
María Isabel Manzur, bióloga, doctorada y destacada profesora, entendida en transgénicos, ha señalado, a través de múltiples artículos, que la versión de la UPOV de 1991, diferente de las correspondientes a los años setenta y ochenta, es mucho más restrictiva para los agricultores y otorga enormes beneficios a las empresas de semillas.
Señor Presidente, hemos recomendado a los parlamentarios de Nueva Mayoría rechazar la iniciativa que nos ocupa, ya que la adhesión a la UPOV de 1991 no es obligatoria para Chile, en tanto ya se encuentra suscrito al acta anterior, de 1978, y porque la nueva versión traerá consecuencias irreversibles para nuestra agricultura, debido al desequilibrio que crea entre los derechos de los agricultores y los propios de los mejoradores y obtentores.
Se pretende presentar el proyecto como tendiente a proteger. Por mi parte, sostengo que es para abusar.
Los derechos de obtentores vegetales son una forma de propiedad intelectual para la protección específica de nuevas variedades de plantas -para que una de ellas pueda ser resguardada, debe ser nueva, distinta, uniforme y estable- y se rigen por la Unión Internacional de la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), cuyo objetivo es salvaguardarlos con un derecho de propiedad intelectual. El Convenio fue adoptado en París el año 1961 y fue revisado en 1972, 1978 y 1991.
Chile adhirió al acta de 1978 en 1996 y la implementó mediante la ley N° 19.342, Reguladora de Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales, dictada en 1994.
Sin embargo -y aquí se encuentra la clave-, nuestro país firmó un tratado de libre comercio con los Estados Unidos que entró en vigencia el 1° de enero de 2004, en virtud del cual se le obliga a incorporarse a la versión de la UPOV de 1991. Por ello, en enero de 2009 ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que reemplaza la ley N° 19.342, y se acogió la adhesión de Chile a la UPOV de 1991.
Deseo recordar que, en esa ocasión, 17 Senadores recurrimos al Tribunal Constitucional para que la aprobación se declarara inconstitucional por afectar derechos fundamentales. El organismo, en sentencia de junio de 2011, rechazó la presentación por una votación dividida de 6 votos contra 4, pero estos últimos son esenciales y determinantes.
Claramente, para quienes quieran establecerla, la diferencia entre el acta de 1978 y la de 1991 es bastante grande. Esta última otorga muchos más beneficios a las empresas y restringe los derechos de los agricultores.
Por ejemplo, en cuanto a variedades por proteger, cada país es libre, conforme a la UPOV de 1978, de designar aquella que desea, en tanto que, de acuerdo con la UPOV de 1991, ello se extiende obligatoriamente a todas las de plantas y las esencialmente derivadas.
Respecto del período de protección, la UPOV de 1978 contempla un mínimo de 15 años, con 18 para vides y árboles, y la UPOV de 1991, 20 años, con 25 para vides y árboles.
Tocante al ámbito de protección, la UPOV de 1978 se restringe al material reproductivo de la variedad, en tanto que la UPOV de 1991 se expande al uso comercial de todo el material, incluido el reproductivo, la cosecha y los productos elaborados a partir de esta última, como harina y vino, y aumentan vastamente las posibilidades de ganancias sobre las variedades protegidas.
En lo atinente a la utilización de variedades protegidas para crear otras, ello es posible, conforme a la UPOV de 1978, pero, de acuerdo con la UPOV de 1991, se encuentra sujeta al pago de derechos.
¡Monsanto! ¡Ese es el meollo, señor Presidente! ¡Aquí va a haber que pagar, y quienes tengan que hacerlo serán los agricultores!
Según la UPOV de 1978, estos últimos pueden resembrar semillas, mas la UPOV de 1991 determina que el derecho se halla sujeto a la legislación nacional; puede ser suprimido por los gobiernos o utilizado "solamente dentro de ciertos límites", y niega el llamado "privilegio de los agricultores".
La doble protección por medio de patentes y derechos de obtentor, tocante al UPOV de 1978, se halla prohibida, mas la UPOV de 1991 la permite, lo que significa que una variedad puede ser simultáneamente patentada y admitir el goce de derechos de obtentor.
Señor Presidente, las dudas sobre Monsanto son realmente impresionantes. Invito a todos los que nos escuchan, a mis colegas, a visitar la página web verdadahora.cl, donde se descubre que esa empresa está hace rato en Chile y con subsidio de la CORFO. Desde 2009, en un programa que llama a la inversión extranjera, hemos estado subsidiando la producción de semillas transgénicas en instalaciones no especificadas en las Regiones Metropolitana, de Arica y Parinacota, de O'Higgins y del Maule. Son cultivadas en más de 20 mil hectáreas para exportarse a los Estados Unidos.
Claramente, el que nos ocupa es un proyecto restrictivo, innecesario, por cuanto la UPOV de 1978 reúne todas las condiciones necesarias.
¿Qué se pretende aquí? Lo mismo que pasó con Microsoft. Lo advertimos al suscribir el tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Derechos de propiedad intelectual, ¡bien!, y hoy día la empresa nos cobra. El Congreso destina 30 mil a 35 mil millones de pesos anuales solo al pago de patentes. He sido majadero, durante el estudio del proyecto de Ley de Presupuestos, para tratar de determinar cuánto gastamos por tal concepto.
Claro, cuando se visitó Silicon Valley, Microsoft regaló mil computadores, pero ahora es preciso sufragar la patente por cada programa instalado en uno de ellos. Ello implica que si usted, señor Presidente, compra un compacto de Los Prisioneros y quiere ponerlo en el auto, tiene que pagar; si quiere escucharlo en el living de su casa, tiene que pagar. Porque los programas patentados por dicha empresa solo pueden funcionar en un solo computador, ni siquiera en otro de la misma oficina, y es preciso cancelar la patente cada dos años, porque esta se renueva innecesariamente.
¿Qué se desprende del asunto? Que vale la pena observar todas las exigencias de propiedad intelectual implícitas en el tratado de libre comercio con los Estados Unidos
He presentado un proyecto de ley para requerir el debate en el Congreso de ese tipo de instrumento internacional. Hoy día nos llega como un paquete: o se rechaza o se aprueba. Eso es una aberración jurídica para la democracia interna de cada país. O se vota en contra, sin discusión. En los hechos, la discusión era secreta, porque tenía lugar entre los gobiernos, sin la participación de los Parlamentos. Los convenios eran ratificados por el Congreso, sin debate.
Eso nos pasó en 2004. Deseo recordar que el único que votó en contra fue el Diputado señor Aguiló. Si bien traía algunos beneficios, el tratado de libre comercio contenía todos estos elementos, y argumentamos, en el momento de la controversia: "La votación se va a ganar, pero no vamos a permitir que se profundicen las desigualdades, el control y, particularmente, el abuso".
El proyecto en examen fomenta la expansión de los transgénicos y la contaminación genética, pues no es claro al limitar el derecho del obtentor sobre variedades con un impacto negativo sobre el medio ambiente, como sucede en el caso de las semillas transgénicas, que contaminan a otras plantas a través del polen.
La miel de los agricultores de Ñuble y de todo Chile fue rechazada en Alemania, por contener trazas de transgénicos. Las abejas polinizan, vuelan de un lado a otro y de repente se meten en un predio con dichos cultivos, que son secretos, registrándose la contaminación de nuestra miel, lo que puede provocar enormes daños si esta política continúa.
Pero, en particular, existen propuestas adicionales para quienes creen que podemos "violentar" el derecho de los Estados Unidos. Hay propuestas que invitamos a debatir. Por eso he pedido segunda discusión. Estimo que la ausencia de colegas da lugar a un debate acotado.
A mi juicio, la Presidenta Bachelet ha sido clara: el proyecto no se va a aprobar durante el Gobierno actual. Vamos a discutirlo durante la próxima Administración, con otro Congreso, con otro Senado y también con otra visión. Porque hemos hecho un recorrido que nos permite visualizar de manera crítica lo que hemos obrado. Hay alternativas sobre cómo enfrentar el UPOV de 1991 y es bueno debatir de manera muy amplia.
Señor Presidente, creo que sería un grave error para Chile aprobar este proyecto, por todo lo que aquí se ha señalado, pero, particularmente, porque sería el resultado de una imposición.
Por eso, anticipo mi rechazo.
Vamos a tener la posibilidad de analizar en segunda discusión esta iniciativa. Como esta no cuenta con consenso a nivel nacional -por el contrario-, espero que todos los que estén relacionados con el gran negocio de Monsanto en Chile pongan las cartas sobre la mesa, a fin de saber cuál es exactamente el tipo de debate que estamos dispuestos a dar.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Para los efectos de dar una explicación a quienes están viendo hoy día esta discusión, debo decir que el Orden del Día termina a las 19:30, en este instante, y que no tenemos quórum para tomar el acuerdo de prorrogar la hora.
En consecuencia, el tratamiento de esta iniciativa continuará en la próxima sesión. Quedan inscritos para intervenir en esa oportunidad los Senadores señora Rincón, señor Quintana, señora Lily Pérez, señor Sabag, señor Escalona y quien habla.
Es importante que quienes están observando este debate entiendan que los proyectos se ponen en tabla dependiendo de la urgencia con que el Ejecutivo los califica, la que puede ser "discusión inmediata" "suma" o "simple".
--El proyecto queda para segunda discusión.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso a las peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
De la señora ALLENDE:
Al señor Presidente Ejecutivo de CODELCO, solicitándole información sobre RAZONES Y CONSECUENCIAS DE CIERRE O PARALIZACIÓN DE LÍNEA HIDROMETALÚRGICA DE DIVISIÓN EL SALVADOR.
Del señor NAVARRO:
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, pidiéndole antecedentes sobre RECIENTE DETENCIÓN DE MENORES DURANTE OPERATIVO POLICIAL PARA DESALOJO DE FUNDO SANTA FILOMENA, EN CERCANÍAS DE CURACAUTÍN; al señor Ministro de Relaciones Exteriores, para que informe acerca de SITUACIÓN DE PASO INTERNACIONAL PICHACHÉN, REGIÓN DE BIOBÍO; al señor Subsecretario de Pesca, con el objeto de remitir antecedentes relativos a ESTUDIO ENCARGADO A INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PESQUERA DEL NORTE Y A LA UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SOBRE ESTADO DE ANCHOVETA EN NORTE DE CHILE, y a la señora Directora del Servicio de Registro Civil e Identificación subrogante, para que indique NÚMERO DE PERSONAS CON CÉDULA DE IDENTIDAD VENCIDA DESDE 31 DE DICIEMBRE, POR REGIÓN.
De la señora RINCÓN:
A la señora Ministra de Educación, solicitándole NUEVA EVALUACIÓN DE SOLICITUD DE SEÑORA YOLANDA ELIZABET CAMPOS ESPINOZA SOBRE REBAJA DE CRÉDITO CORFO, y a la señora Seremi de Bienes Nacionales del Maule, pidiéndole que informe respecto del USO DE INMUEBLE FISCAL UBICADO EN CALLE ABDÓN FUENTEALBA, COMUNA DE PELLUHUE, Y POSIBILIDAD PARA INSTALACIÓN DE ALCALDÍA DE MAR Y TERMINAL DE BUSES EN ESE TERRENO.
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--Se levantó la sesión a las 19:36.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción