REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 361ª
Sesión 86ª, en miércoles 15 de enero de 2014
Ordinaria
(De 16:22 a 20:18)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchon, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedan, Eugenio
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros del Interior y Seguridad Pública, señor Andrés Chadwick Piñera; de Hacienda, señor Felipe Larraín Bascuñán, y Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet Vignau. Asimismo, se encontraba presente el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Miguel Flores Vargas.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:22, en presencia de 21 señores Senadores.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 83ª y 84ª, ordinarias, en 7 y 8 de enero del año en curso, que no han sido observadas.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Dos de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con los que retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", respecto de los asuntos que se enuncian a continuación:
1.-
Proyecto de ley que regula la exhibición y ejecución artística en los bienes nacionales de uso público (boletín N° 8.335-24).
2.-
Proyecto de ley que establece normas sobre la actividad de lobby (boletín N° 6.189-06).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero informa que rechazó la idea de legislar respecto del proyecto de ley sobre medidas de seguridad en pasarelas, pasos sobre nivel y puentes que cruzan carreteras e informa la nómina de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que ha de formarse de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 70 de la Constitución Política (boletín N° 8.201-09).
--Se toma conocimiento y se designa para que integren la referida Comisión a los señores Senadores miembros de la Comisión de Obras Públicas.
Con el segundo comunica que aprobó las enmiendas propuestas por esta Corporación al proyecto de ley que introduce modificaciones a la legislación tributaria en materia de factura electrónica y dispone otras medidas que indica (boletín Nº 8.874-05).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto con sus antecedentes.
De la señora Ministra de Obras Públicas:
Responde solicitudes de información sobre las materias que se señalan a continuación:
1.-
Del Senador señor Espina, referente al estado de avance del proyecto "Mejoramiento de la Pasada Urbana de la Comuna de Victoria".
2.-
Del Senador señor Kuschel, en materia de actualización del avance de los trabajos de expropiación y construcción del tramo de camino faltante entre las caletas Pichanco y La Arena, en la Carretera Austral.
3.-
Del Senador señor Navarro, respecto de las exigencias que la Dirección Regional de Vialidad de la Región del Biobío planteó con ocasión de la evaluación y calificación del estudio de impacto ambiental del proyecto "Centro de Manejo de Residuos de Concepción".
4.-
Del Senador señor Sabag, en lo tocante a las inquietudes expuestas por vecinos del sector de Trongol Bajo, comuna de Curanilahue, y de la comuna de Los Álamos, para las obras de asfaltado y conectividad que se señalan.
Del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo:
Contesta petición de información, hecha en nombre del Senador señor Navarro, sobre la forma de resolver el problema que afecta a familias de las comunas de Chiguayante, Lota y Coronel, las que después del terremoto de 2010 debieron abandonar sus viviendas por instrucciones de la autoridad sectorial.
Del señor Subsecretario de Minería:
Da respuesta al acuerdo adoptado por el Senado, a proposición de los Senadores señor Girardi, señora Rincón y señores Cantero y Rossi, sobre el litio (boletín N° S 1.472-12).
De la señora Superintendenta de Servicios Sanitarios:
Responde sendas solicitudes de información, cursadas en nombre del Senador señor Navarro, respecto de las siguientes materias:
1.-
Posibilidad de conexión al sistema de agua potable de la vivienda de doña Margot Soazo Altamirano, domiciliada en la comuna de Coronel.
2.-
Situación de vecinos del sector Cerro Verde Bajo, de la comuna de Penco, afectados por grave plaga de ratones provenientes del alcantarillado.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.600, que crea los Tribunales Ambientales, en materia de subrogación, con urgencia calificada de "suma" (boletín N° 9.230-07).
Segundo informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, recaído en el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.671 con el objeto de suprimir el límite máximo para regularizar ampliaciones en viviendas sociales, siempre que la superficie edificada total no exceda de noventa metros cuadrados (boletín N° 9.029-14).
De la Comisión de Hacienda, recaído en el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para designar como Consejero del Banco Central de Chile al señor Pablo Antonio García Silva, conforme a lo dispuesto en el artículo 7º del artículo primero de la ley Nº 18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central, con la urgencia del inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental (boletín Nº S 1.630-05).
--En virtud del acuerdo de los Comités, quedan para la tabla de Fácil Despacho de esta sesión.
Segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que perfecciona el rol fiscalizador del concejo; fortalece la transparencia y probidad en las municipalidades; crea cargos y modifica normas sobre personal y finanzas municipales, con urgencia calificada de "discusión inmediata" (boletín Nº 8.210-06).
De la Comisión Mixta, constituida conforme lo dispone el artículo 71 de la Constitución Política de la República, con el que propone la forma y el modo de resolver las divergencias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que establece normas sobre la actividad de lobby, con urgencia calificada de "discusión inmediata" (boletín N° 6.189-06).
De las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y de Hacienda, recaídos en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.253, sobre normas de protección, fomento y desarrollo de los indígenas, estableciendo dieta para los consejeros nacionales de la CONADI y para los comisionados de la CODEIPA que indica, con urgencia calificada de "suma" (boletín Nº 9.041-31).
Dos de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología:
El primero, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece el sistema de promoción y desarrollo profesional docente del sector municipal, con urgencia calificada de "suma" (boletín Nº 8.189-04).
El segundo, recaído en el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual, de conformidad con lo dispuesto en el N° 5) del artículo 5° de la ley N° 19.891, solicita el acuerdo del Senado para designar como miembro del Directorio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, a la señora Magdalena Pereira Campos, con la urgencia del inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental (boletín Nº S 1.628-05).
--Quedan para tabla.
Solicitud de permiso constitucional
De la Senadora señora Von Baer, para ausentarse del país a contar del día de hoy.
--Se accede.
Comunicaciones
Dos de la Comisión de Salud:
Con la primera solicita, previo acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados, el archivo del proyecto de ley que establece penas para la fabricación, tenencia, transporte, comercialización y utilización del "hilo curado", en razón de que la materia fue regulada por la ley N° 20.270 (boletín Nº 8.579-25).
--Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado, previo acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados.
Con la segunda comunica el acuerdo adoptado en orden a solicitar el desarchivo de los siguientes asuntos, en primer trámite constitucional:
1.-
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Quintana, Patricio Walker, Chahuán, Rossi y Uriarte, sobre enfermedades poco frecuentes (boletín N° 7.643-11).
2.-
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Girardi, Chahuán y Ruiz-Esquide, que exige al comercio informar acerca de la composición nutricional de los alimentos que expenden (boletín N° 7.451-11).
--Se accede a lo solicitado, volviendo los proyectos al estado en que se encontraban al momento de archivarse.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la Cuenta.
Se suspende la sesión por 15 minutos, para efectuar una reunión de Comités.
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--Se suspendió a las 16:28.
--Se reanudó a las 16:40.
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Continúa la sesión.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Los Comités adoptaron, por unanimidad, los siguientes acuerdos:
1.-
Incorporar el informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto de ley que establece normas para la actividad del lobby, en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria del martes próximo. Tal iniciativa debe ser tratada y votada hasta su total despacho, atendido que el informe lo están conociendo ahora los señores Senadores, luego de haberse dado cuenta de él.
2.-
Considerar, en el último lugar de tabla de Fácil Despacho de esta sesión, el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual, de conformidad con lo dispuesto en el N° 5) del artículo 5° de la ley N° 19.891, solicita el acuerdo del Senado para designar miembro del Directorio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a la señora Magdalena Pereira Campos.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
La Ley Orgánica Constitucional del Congreso establece que las Comisiones Mixtas disponen de dos días para informar los proyectos calificados de "discusión inmediata", y las Salas de ambas Cámaras, de igual plazo para su despacho.
Como se acaba de dar cuenta del informe de la Comisión Mixta sobre la actividad del lobby, se pidió al Gobierno, según el acuerdo a que se llegó, que se discuta y se vote en la sesión del próximo martes, en el primer lugar del Orden del Día. Por eso no se verá en esta oportunidad.
Por otro lado, es importante señalar que en la tabla de Fácil Despacho de hoy figuran cuatro asuntos.
Las tablas de las sesiones se confeccionan de acuerdo a las urgencias que fija el Gobierno. Como en este caso ya lo hizo, se han colocado primero las iniciativas calificadas con "discusión inmediata" y luego las signadas con otras urgencias.
MODIFICACIÓN DE LEY SOBRE TRIBUNALES AMBIENTALES EN MATERIA DE SUBROGACIÓN
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Proyecto de ley iniciado en moción de los Senadores señor Tuma, señora Rincón y señores García-Huidobro, Prokurica y Rossi, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.600, respecto a los Tribunales Ambientales, en materia de subrogación, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9230-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señor Tuma, señora Rincón y señores García-Huidobro, Prokurica y Rossi):
En primer trámite, sesión 83ª, en 7 de enero de 2014.
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 86ª, en 15 de enero de 2014.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El objetivo de la iniciativa es modificar el sistema de subrogación de los ministros que integran los Tribunales Ambientales.
Si se trata de ministros letrados, los subrogarán ministros de Cortes de Apelaciones, de acuerdo a lo dispuesto en el Código Orgánico de Tribunales. Con ello, se establece un criterio similar al de otros tribunales especiales que no forman parte del Poder Judicial y que tienen una composición semejante.
Por otra parte, en el caso de ministros licenciados en Ciencias, la subrogación la hará un ministro suplente de otro Tribunal Ambiental.
La Comisión discutió el proyecto en general y en particular, por tratarse de aquellos de artículo único, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Alvear y señores Espina, Larraín (don Hernán) y Walker (don Patricio). Asimismo, lo despachó en particular, con algunas enmiendas formales, también por unanimidad.
Cabe tener presente que el artículo único del proyecto es de rango orgánico constitucional, por lo que requiere para su aprobación de 19 votos favorables.
El texto que se propone aprobar se consigna en el informe de la Comisión, y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Comunico a la Sala que, por tratarse de un proyecto de Fácil Despacho, deben intervenir solo dos Senadores -tengo a cuatro inscritos-, uno a favor y otro en contra.
El señor WALKER (don Patricio).-
Va a intervenir la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.-
Prefiero que lo haga el Honorable señor Walker.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Senador.
El señor WALKER (don Patricio).-
Señor Presidente, agradezco a la Senadora señora Rincón, una de las autoras de la moción, permitirme dar un breve informe como Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El proyecto tuvo origen en una moción de los Senadores señor Tuma, señora Rincón y señores García-Huidobro, Prokurica y Rossi.
En forma resumida, el objetivo de la iniciativa es modificar el sistema de subrogación de los ministros que integran dichos tribunales, de manera que, cuando se trate de ministros letrados, los subroguen aquellos de Cortes de Apelaciones, de acuerdo a lo dispuesto por el Código Orgánico de Tribunales. Con ello, se establece un criterio similar al de los tribunales especiales que no forman parte del Poder Judicial y que tienen una composición semejante.
Por otra parte, los ministros licenciados en Ciencias serán subrogados por un ministro suplente de otro Tribunal Ambiental que tenga igual especialidad.
Los autores de la iniciativa hacen presente que hay tres instancias de este tipo en Chile. No los daré a conocer, porque todos sabemos que son de Antofagasta, Santiago y Valdivia.
Como es de conocimiento público, el Segundo Tribunal Ambiental, de Santiago, entró en funcionamiento el 28 de febrero del 2013. Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo con los otros dos, que deberían haberse instalado el pasado 28 de junio del 2013. Ello no ha sido posible debido al atraso en el complejo proceso de nombramiento de sus ministros.
En cuanto al sistema de subrogación de los ministros de los Tribunales Ambientales, el artículo 10 de la ley N° 20.600 estatuye la subrogación por ministros suplentes de aquellos.
Esa regla difiere de la establecida por el legislador para otros tribunales especiales que no forman parte del Poder Judicial y que tienen una composición similar a los Ambientales, como los de Defensa de la Libre Competencia y de Propiedad Industrial, en donde el criterio central consiste en subrogar a sus miembros por ministros de Corte de Apelaciones de Santiago, de acuerdo a lo dispuesto en el Código Orgánico de Tribunales.
Con el fin de uniformar las reglas de subrogación, el proyecto viene a sustituir el ya mencionado sistema, estableciendo uno similar a los ya citados; esto es, subrogación por ministros de las Cortes de Apelaciones de Antofagasta, Santiago y Valdivia, según sea la instancia que lo requiera.
A su vez, los ministros licenciados en Ciencias serán subrogados por ministros suplentes de los Tribunales Ambientales de igual especialidad. Ello es muy importante para mantener lo relativo a la especialidad. Dicho mecanismo evitará el problema que podría producirse en este momento si el Segundo Tribunal Ambiental, por cualquier impedimento, careciere de ministros titulares o suplentes para formar quórum, pues, entonces, no sería posible que fueran subrogados por ministros suplentes del Primer Tribunal Ambiental, el que aún no se ha instalado. Asimismo, se evitarían los inconvenientes prácticos derivados de la distancia geográfica entre los distintos Tribunales Ambientales, que son, reitero, de Antofagasta, Santiago y Valdivia.
En la Comisión, hubo consenso acerca de la pertinencia de esta iniciativa, así como de los fundamentos que la inspiran.
Por su parte, y dado que el proyecto tuvo origen en una moción, se consultó el parecer del Ejecutivo. La Ministra del Medio Ambiente, señora María Ignacia Benítez, coincidió con este criterio y, en consecuencia, apoyó su tramitación.
Por consiguiente, el proyecto fue aprobado tanto en general como en particular por la unanimidad de los miembros presentes en la Comisión de Constitución, es decir, por los Senadores señora Alvear y señores Espina, Larraín (don Hernán) y quien habla, y se acordó recomendar a la Sala proceder de la misma forma.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto (27 votos favorables), dejándose constancia de que se cumple el quórum constitucional requerido, y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
SUPRESIÓN DE LÍMITE MÁXIMO PARA REGULARIZACIÓN DE AMPLIACIONES EN VIVIENDAS SOCIALES
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señora Pérez San Martín y señores Tuma, Muñoz Aburto y Sabag, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.671 con el objeto de suprimir el límite máximo para regularizar ampliaciones en viviendas sociales, siempre que la superficie edificada total no exceda de noventa metros cuadrados, con segundo informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9029-14) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señor Tuma, señora Pérez San Martín y señores Muñoz Aburto y Sabag):
En primer trámite, sesión 41ª, en 17 de julio de 2013.
Informes de Comisión:
Vivienda y Urbanismo: sesión 68ª, en 5 de noviembre de 2013.
Vivienda y Urbanismo (segundo): sesión 86ª, en 15 de enero de 2014.
Discusión:
Sesión 70ª, en 19 de noviembre de 2013 (se aprueba en general).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La iniciativa fue aprobada en general por la Sala en su sesión del 19 de noviembre de 2013.
La Comisión de Vivienda y Urbanismo deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no existen artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.
La Comisión efectuó dos enmiendas al proyecto de ley aprobado en general, las cuales fueron acordadas unánimemente, por lo que deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifiesten su intención de impugnar la proposición de la Comisión o existan indicaciones renovadas.
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado en que se transcriben las modificaciones introducidas por la Comisión y el texto que quedaría si ellas fueran aprobadas.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En discusión particular la iniciativa.
Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, este proyecto, iniciado en moción de los parlamentarios miembros de nuestra Comisión de Vivienda (Senadora Lily Pérez y Senadores Hosaín Sabag, Pedro Muñoz Aburto y el que habla), tiene por finalidad resolver un impedimento que la gran mayoría de las familias chilenas enfrentan cuando no han regularizado su vivienda.
Para postular a un subsidio de vivienda -de ampliación, mejoramiento o protección térmica- necesariamente se debe demostrar que las viviendas o sus ampliaciones han sido recepcionadas por la Dirección de Obras Municipales.
Con el fin de facilitar lo anterior se dictó la llamada "ley del mono", que simplificó la solicitud, de tal modo que con un croquis simple y sin recurrir a un arquitecto se pudieran regularizar ampliaciones de hasta 25 metros.
Sin embargo, con el correr del tiempo nos dimos cuenta de que dicha legislación resultaba absolutamente insuficiente, por cuanto la gran mayoría de las ampliaciones tenía más de esa superficie o bien las propiedades originales no habían sido regularizadas.
Por tal razón, aprobamos un proyecto de ley que aumenta la superficie de 25 a 90 metros, incluida la vivienda original, la cual se podrá regularizar a través de un procedimiento simple en la Dirección de Obras Municipales.
Por supuesto, mantuvimos el requisito de concurrir con un profesional para los casos de inmuebles que consideren segundos pisos o superiores o se encuentren adosados a tres o más deslindes del predio.
Con este proyecto de ley, miles de familias chilenas podrán regularizar sus viviendas y postular a los distintos subsidios que el Ministerio del ramo entrega.
Por lo tanto, señor Presidente, esperamos que esta iniciativa, ya aprobada en general por la Sala de manera unánime y despachada en la misma forma por la Comisión de Vivienda, sea acordada en particular por el Senado y pueda pasar a la Cámara de Diputados para convertirse cuanto antes en ley.
El señor SABAG.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Su Señoría, debo señalarle que los autores de la moción son cinco y, si le doy la palabra a uno de ellos, tendré que otorgársela después a todos los demás. De manera que voy a poner en votación el proyecto a fin de que se pueda fundar el voto.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Sabag, para fundamentar su voto.
El señor SABAG.-
Seré muy breve, señor Presidente.
Solo deseo expresar que esta iniciativa fue acordada por unanimidad en la Comisión de Vivienda y contó con el apoyo del Subsecretario y de otros representantes del Ministerio del ramo, por lo que tiene un amplio respaldo.
Como se indicó, su propósito es facilitar que vastos sectores de la población, incluida la clase media, puedan regularizar la ampliación de sus viviendas, que ahora aumenta de 25 a 90 metros cuadrados, por medio de un sistema simplificado que además será gratuito, ya que los interesados quedarán exentos del pago de derechos municipales.
En el curso de la discusión también se sustituyó la expresión "Las ampliaciones" por "Los inmuebles", para extender al mismo tiempo la cobertura de la última "ley del mono", con el fin de que las personas que hayan efectuado autoconstrucción igualmente queden sometidas a estas reglas.
Reitero que la propuesta fue ampliamente aprobada en la Comisión y cuenta con el consentimiento de los representantes del Ejecutivo.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Lily Pérez, para fundamentar su voto.
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Señor Presidente, quiero manifestar que para mí es un placer presidir la Comisión de Vivienda y Urbanismo de nuestra Corporación, pues sus integrantes (Senadores Sabag, Tuma, Muñoz Aburto y Pérez Varela) son tremendamente apoyadores y con ellos trabajamos en forma muy transversal.
A pesar de que los Senadores de la Alianza estamos en minoría en dicha Comisión, que me toca presidir, hemos tenido una sola voz y un solo planteamiento frente a un montón de materias orientadas sobre todo al beneficio social de las personas. Así es que, señor Presidente, por este medio, aprovecho de dar las gracias a los colegas que la integran.
También examinamos el proyecto con el Ejecutivo: con el Subsecretario de Vivienda, en forma permanente, y con el Ministro del ramo, Rodrigo Pérez.
Este proyecto tuvo su inicio en una moción de los miembros de la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado. Pero quiero destacar que fue el Senador Tuma quien nos inspiró para redactarlo y presentarlo.
El objetivo de la iniciativa es permitir que gente de ingresos menores y medios, que hoy se encuentra casi en el limbo con respecto a su vivienda, pueda regularizar su situación. Los mayores problemas se presentan cuando se intenta vender las propiedades, y por esa razón es tan importante que los inmuebles se encuentren absolutamente normalizados ante los servicios correspondientes.
Por lo anterior, le pedimos a la Honorable Sala que nos apoye en la aprobación de este proyecto, que es una especie de "ley del mono", tal como se denominó a la anterior, con la cual se verán beneficiados miles de personas.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en particular el proyecto (27 votos a favor), y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Gómez, Lagos, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
DESIGNACIÓN DE SEÑOR PABLO ANTONIO GARCÍA SILVA COMO CONSEJERO DEL BANCO CENTRAL DE CHILE
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Corresponde ocuparse en el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República mediante el cual se solicita el acuerdo del Senado para designar Consejero del Banco Central de Chile al señor Pablo Antonio García Silva, por el período de 10 años, con informe de la Comisión de Hacienda y con la urgencia establecida en el párrafo segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental.
--Los antecedentes sobre el oficio (S 1630-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 83ª, en 7 de enero de 2014.
Informe de Comisión:
Hacienda: sesión 86ª, en 15 de enero de 2014.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario General.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La Comisión de Hacienda, en sesión a la que también asistieron el señor Ministro de Hacienda y el señor Subsecretario de esa Cartera de Estado, recibió en audiencia al señor García, quien contestó diversas interrogantes planteadas por sus integrantes.
La Comisión deja constancia, por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Escalona, García, Lagos, Novoa y Zaldívar, de que en la proposición en estudio se ha dado cumplimiento a los requisitos y formalidades previstos por nuestro ordenamiento jurídico para la designación de los Consejeros del Banco Central de Chile.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En discusión.
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, efectivamente, el 9 de diciembre del año pasado venció el período legal como Consejero del Banco Central del señor Manuel Marfán, cuya nominación fue acogida por el Senado en su momento, a propuesta del Jefe de Estado de ese tiempo.
En esta oportunidad, el Presidente de la República, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7° de la ley N° 18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central, y con relación al número 5) del artículo 53 de la Constitución Política, viene a proponer al Senado la designación del señor Pablo García Silva como nuevo Consejero del Instituto Emisor por el próximo período de 10 años.
La Comisión escuchó al señor Pablo García hoy día en la mañana, y después de una larga intervención -la dejó por escrito y se encuentra a disposición de los señores Senadores en ese órgano técnico- la totalidad de sus miembros le hizo una serie de consultas, a las cuales dio respuesta.
Debo decir que a la Comisión solo le corresponde pronunciarse en cuanto a si en la propuesta formulada por el Presidente de la República se da cumplimiento a los requisitos y formalidades previstos en nuestro ordenamiento jurídico. Y, como se dice en el informe, así acontece.
Sin embargo, debemos destacar y valorar las condiciones del candidato que se propone para ocupar este importante cargo.
El señor García Silva es un profesional, economista, titulado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y tiene un Ph.D. en Economía del Massachusetts Institute Technology (MIT).
Además, ha desarrollado una larga carrera en el propio Banco Central, lo cual es necesario subrayar.
En esa institución comienza sus funciones en 1999, como Economista Senior, labor que desempeña hasta el año 2000; luego ejerce los cargos de Gerente de Análisis Macroeconómico, entre 2001 y 2006; Gerente de Estabilidad Financiera, entre febrero y julio del 2006; Gerente de División Política Financiera, entre agosto de 2006 y julio de 2007.
Además, es autor de diversas publicaciones, que sería largo enumerar. Pero se nota que es una persona que conoce y maneja bastante los temas relacionados con las facultades propias del Banco Central.
Por tales razones, el informe de la Comisión pone en conocimiento de la Sala todos esos antecedentes.
Ahora, corresponde al Senado, en forma autónoma, es decir, a cada uno de nosotros, de acuerdo con nuestras convicciones, pronunciarnos sobre la propuesta hecha por el Presidente de la República.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Como estamos en la tabla de Fácil Despacho, si le parece a la Sala abriré la votación y daré la palabra para fundamentar el voto.
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, solo quiero reafirmar lo planteado por el Presidente de la Comisión de Hacienda, Honorable señor Zaldívar, en orden a los enormes méritos de nuestro nominado para ocupar este cargo.
Para ser Consejero se requiere mucha experiencia, grandes cualidades en materia de conocimientos de política económica, manejo de los instrumentos con que cuenta el Banco Central. Y el señor García es una de las personas que más conoce sobre estos temas.
En esta ocasión nos corresponde reemplazar a un Consejero de dicha entidad que cumplió su período legal de funciones, el señor Manuel Marfán, quien responde a la sensibilidad del mundo socialista.
Por eso, quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi reconocimiento a la buena disposición mostrada por la bancada socialista para apoyar a Pablo García, con quien nos identificamos como bancada PPD. Creo que hará un aporte significativo. Es cierto que Manuel Marfán deja la vara muy alta, pero él también tiene los méritos para cumplir un rol destacado en el Instituto Emisor.
Quiero pedir a los Senadores que respalden a Pablo García, porque con ello se dignifica no solo la política, sino también una institución tan importante para la administración económica de nuestro país como el Banco Central.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Novoa.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente, no quiero repetir lo señalado por los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, sino solo hacer presente que el señor Pablo García Silva, propuesto como candidato a Consejero del Banco Central, reúne los antecedentes académicos y profesionales para ocupar ese cargo.
Su intervención en la Comisión de Hacienda, por lo menos en lo que a este Senador respecta, fue muy simple, pero demostrativa de su conocimiento de todos los aspectos fundamentales para ser Consejero del Instituto Emisor.
Luego de finalizada su exposición (como señaló el señor Presidente de dicho órgano técnico, se halla a disposición de los señores Senadores), al señor García se le realizaron varias consultas y, a mi modo de ver, las respondió en forma muy satisfactoria.
Por otro lado, debo señalar que, desde el punto de vista de la bancada que yo represento, el Banco Central es una institución que cumple un rol muy importante en nuestro país, y la autonomía de que goza y la calidad profesional, política y técnica de sus Consejeros dan garantías de que ella cumple y seguirá cumpliendo un papel relevante en nuestra economía.
Ahora, frente a la experiencia del señor Pablo García en el Banco Central, y consultado respecto de cómo ve esa autonomía, de cómo se ha ejercido y de si ella es adecuada, su respuesta fue, a mi juicio, absolutamente satisfactoria.
Por lo tanto, con mucho agrado doy mi voto favorable para el nombramiento de Pablo García Silva como Consejero del Banco Central.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, tal como han señalado los señores Senadores integrantes de la Comisión de Hacienda, aquí lo que corresponde es determinar si se cumplen los requisitos para que este postulante, Pablo García Silva, sea Consejero del Banco Central.
Por lo tanto, respecto de aquello tenemos que pronunciarnos.
Simplemente, debo señalar que se trata de un gran economista, destacadísimo. Estuve revisando sus antecedentes y la presentación que hizo en la Comisión. Sus miembros nos señalaron que en ella se efectuó un análisis bastante contundente del momento económico que enfrenta el país, como las situaciones de desaceleración, que lamentablemente ya se han iniciado, lo cual requiere que contemos con los mejores economistas que tenemos en una institución tan significativa y compleja como el Banco Central.
Quiero insistir en que Pablo García -por cierto, lo conozco personalmente- es una persona con todos los méritos académicos (se refirió a ellos el Senador Zaldívar). Además ha hecho su carrera al interior del Banco Central, cuestión muy poco usual. Porque normalmente los consejeros, siendo destacadísimos economistas y, muchas veces, con mirada muy transversal, propia de este ámbito, vienen de la academia o simplemente del Fondo Monetario Internacional u otros organismos similares.
Acá se trata de alguien que ha pasado por todos esos mundos, pero que, al mismo tiempo, ha desarrollado una carrera brillante en el Banco Central: Gerente de Análisis Macroeconómico; Gerente de Estabilidad Financiera; Gerente de Políticas Financieras.
De otro lado, es autor de un sinnúmero de publicaciones que sin lugar a dudas orientarán mucho el momento económico que viene.
Yo simplemente quiero señalar que lo relativo a nombramientos que hace el Gobierno con acuerdo del Senado debe llevarnos a reflexionar sobre la necesidad de que exista un diálogo un poco más profundo. Porque durante algunos días se especuló en la prensa que este nombre podía ser rechazado. Y se habría cometido una injusticia en la que no solemos incurrir.
En ello había mucha responsabilidad del Gobierno, porque no se hicieron las consultas a todos los actores políticos -en este caso, a la totalidad de las bancadas del Senado- antes de presentar este nombre.
En efecto, Pablo García Silva remplazará a un gran economista, como lo es Manuel Marfán, quien ha dejado la vara alta. Pero, sin duda, estará a la altura de lo que este cargo y las condiciones del país en lo económico requieren.
Así que, como Partido Por la Democracia, vamos a respaldar el nombre de Pablo García como consejero del Banco Central.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, adhiero a lo que señalaron quienes me antecedieron en el uso de la palabra.
Quiero, sí, agregar un par de comentarios, con la mejor buena disposición y sin ánimo de abrir debate.
Creo que el proceso de nombramiento de consejero del Banco Central a partir del cumplimiento del período legal de don Manuel Marfán ha sido por lo menos ripioso.
Pienso que -como lo manifestó el Senador Quintana- el proceso de consultas no fue el más adecuado a la hora de la toma de decisiones.
Lo conversé con el Ministro de Hacienda. Él tuvo sus razones para las acciones que tomaron. Creemos, en todo caso, que cuando se trata de nombramientos en cuerpos colegiados que deben reflejar cierta pluralidad, como se requiere la voluntad tanto del Presidente de la República como del Senado, ello debe ser consensuado. De lo contrario, se entra a un impasse que puede llevarnos a no tener el consejero, el Ministro de la Corte Suprema, etcétera.
Nosotros sabemos lo que estamos haciendo.
Seguramente, quienes ven por televisión este debate o los que se hallan en las tribunas se preguntan: ¿Esto es cuoteo?
No, señor Presidente. Acá lo que hay es un cuerpo colegiado de consejeros y economistas que toman decisiones muy importantes en Chile. Es un organismo autónomo. Y de lo que se trata es de preservar las distintas visiones existentes en la sociedad chilena en relación con temas a veces tan áridos pero sumamente importantes como la economía.
Por eso, existe tanto interés en ello. Y como hay ciertas sensibilidades, es preciso escuchar a aquellos que tienen voz en esta materia.
Pero acá, por la forma en que se llevó este proceso, se generó un cortocircuito entre el Gobierno y uno de los partidos que representan a la Nueva Mayoría: el Partido Socialista.
Así se llegó a un entendimiento, lo que es sano.
Sin embargo, quiero entrar al tema de fondo.
De no haber sido nombrado, se habría cometido una tremenda injusticia con Pablo García Silva.
Primero, porque es un reconocido economista nacional e internacional; es una persona reputada, con una trayectoria impecable.
Segundo, porque reúne algo muy importante: criterio.
No basta con tener títulos y doctorados; hay que tener criterio "a la hora de"; llevar a la práctica esos conocimientos en política económica, en decisiones que generan impacto en la vida de los chilenos.
Y, tercero, porque cuando don Pablo García realizó su exposición en la Comisión de Hacienda -lo quiero valorar-, en que habló de los riesgos externos; de la supervigilancia financiera y la regulación; de la inflación; del crecimiento, en no pocas oportunidades utilizó los conceptos de construir un proceso sostenido e incremento de la prosperidad para todos los hogares chilenos, en particular de los más vulnerables; de terminar con la exclusión social; de favorecer la inclusión social.
O sea, cuando decimos que hay visiones y ciertos valores que deben estar representados en el Consejo del Banco Central, nos referimos precisamente a eso, no solo a las ideas económicas.
No recuerdo haber tenido la oportunidad de escuchar a alguien propuesto para el cargo de consejero del Banco Central que tuviera entre sus conceptos los de inclusión social, prosperidad para todos los hogares chilenos, y en especial para los más vulnerables.
Por esa razón, pienso que hoy día estamos tomando una buena decisión.
Quiero agradecer, además, la disposición y la flexibilidad del Partido Socialista, que era nuestro primus inter pares en materia de consultas con el Gobierno, para allanarnos a un acuerdo que a mi juicio al final es beneficioso para todos, en particular para el Banco Central de Chile.
Voy a votar favorablemente esta propuesta, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, quiero complementar lo informado por el Presidente de la Comisión de Hacienda, don Andrés Zaldívar, y las exposiciones hechas por los demás colegas.
No cabe duda de que Pablo García es un gran profesional, quien remplazará al consejero saliente señor Manuel Marfán, el cual, curiosamente, fue su profesor y le tomó el examen cuando egresó de Economía en la Universidad.
En el plano internacional, se ha desempeñado como Director Ejecutivo Alterno por la Silla del Cono Sur, conformada por Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú y Paraguay, y dependiente del Fondo Monetario Internacional
Pablo García ha realizado numerosas publicaciones y ha desarrollado una intensa labor académica en las Universidades de Chile y Alberto Hurtado.
Se trata, entonces, no solo de una persona que cumple con amplitud el perfil del cargo de consejero del Banco Central, sino que, además, es alguien que proviene de las propias filas de esta institución, lo que garantiza su conocimiento teórico y práctico acerca de los desafíos de este organismo y la forma de enfrentarlos.
Por último, el hecho de que sea identificado con determinada línea política y haya sido propuesto con grandes loas por parte del Ministro de Hacienda con una postura contrapuesta, avalan el consenso en torno a su nombre y el unánime reconocimiento a sus capacidades profesionales.
En su exposición, amplia y muy buena, ante la Comisión de Hacienda reveló una fina capacidad de análisis respecto a las condiciones actuales de la economía mundial y la chilena, así como una acabada comprensión acerca de la relevancia del Banco Central en el ordenamiento económico nacional.
Creo que es una garantía para nuestro Estado tener un profesional de esta categoría en un cargo autónomo, que es de vital importancia para la estabilidad y progreso de nuestro país.
Naturalmente, con agrado voto favorablemente esta designación.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, nosotros queremos sumar nuestros votos a la designación de don Pablo García, luego del diálogo sostenido con él, de acuerdo con lo que establecen la ley y el Reglamento del Senado.
En tal sentido, fue un intercambio de opiniones útil, fructífero. Abordamos temas como la política cambiara; la necesaria flexibilidad que debe tener el Banco Central en correspondencia con las situaciones específicas que esté viviendo la economía del país.
En particular, la memoria que presentó don Pablo García se hace parte de la política contracíclica que se aplicó el año 2009, cuando en un período de seria contracción de la economía la política fiscal concurrió en apoyo entregando un volumen de recursos muy significativos, que permitieron sostener la política social y, en consecuencia, asegurar los avances desde el punto de vista de la protección social que se habían venido configurando en Chile en el curso de los últimos 20 años.
Así también, pudimos tomar nota de que el candidato propuesto no solo reduce la autonomía del Banco Central a los estrechos límites de la política monetaria, sino que, además, entiende que desde la perspectiva de su visión de la economía del país el Banco Central está en condiciones de aportar su punto de vista en materias tan significativas como el ámbito energético u otros, que importen para nuestro país un efecto que puede afectar seriamente nuestro crecimiento económico.
Bajo ese prisma, nosotros hemos constatado que se trata de una persona que se encuentra en condiciones de cumplir la responsabilidad para la cual está propuesta.
Señor Presidente, nunca hemos sido parte de vetos; por el contrario, abominamos la práctica de vetar personas. En especial, el sistema del veto nos recuerda las prácticas autoritarias con las cuales se intentó excluir la idea del socialismo de la institucionalidad democrática del país y, por tanto, no vamos a caer en ese mismo tipo de conductas.
En consecuencia, después de escuchar la intervención sólida, mesurada, responsable y de conocer la maciza formación que en el ámbito económico demostró tener don Pablo García Silva, nos hacemos parte del pronunciamiento favorable a su postulación.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, lo primero digno de destacar es la trayectoria de don Pablo Antonio García Silva, quien proviene desde el interior del Banco Central, lo cual elimina un factor que siempre está presente a la hora de estos nombramientos: los conflictos de interés.
Alguien que ha hecho su carrera profesional dentro del Instituto Emisor y que ha tenido como grandes objetivos la protección del interés general de la nación y el cuidado de la economía, proyecta una formación orientada hacia el bien general y desligada de determinados intereses.
Eso, para mí y el MAS, constituye un elemento importante. A ello se suman la excelencia profesional y académica demostrada y expuesta en el currículum de don Pablo García; la opinión que tienen de él connotadas personalidades del ámbito de la economía; la ponderación; la moderación y, por cierto, sus conocimientos.
Señor Presidente, lo que ha estado en cuestión aquí -tal como ya se expresó en la Sala; lo acaba de hacer notar el Senador Lagos- ha sido el procedimiento utilizado. Si esta Corporación debe pronunciarse y tomar una decisión, uno espera que se consulte a todos sus miembros. A los más chicos a veces no se les pide su opinión, pero, de repente, estos se vuelven importantes y decisivos.
Debo consignar que sobre este tema no fuimos consultados. No obstante, con voluntad y entusiasmo, concurriremos a la aprobación del nombramiento que hoy día nos propone el Presidente de la República. En todo caso, deseo señalar que esperamos un Banco Central -en esta misma Sala lo he planteado en varias ocasiones cuando sus consejeros han venido al Senado a dar la cuenta anual- no solo ligado al problema de la inflación, que por cierto es muy importante, sino también preocupado del empleo, del crecimiento, de contribuir a la disminución de las desigualdades, tal como lo hacen los institutos emisores de otros países, por ejemplo, el de Estados Unidos.
En definitiva, el Instituto Emisor no solo debe preocuparse de la inflación, sino también de otros objetivos tan importantes como el empleo y el crecimiento.
Asimismo, quiero hacer notar que Manuel Marfán, a quien conozco desde hace ya más de dos décadas, cumplió un rol importante y siempre estuvo abierto a escuchar y responder consultas, a explicar en detalle a quienes no somos economistas el conjunto de medidas muy complejas que a veces adopta el Banco Central, frente a las cuales la ciudadanía es muy distante, pues no logra comprenderlas cabalmente.
El reemplazo de Manuel Marfán se hace, a mi juicio, en forma debida. Eso nos deja en condiciones de seguir pensando que el Banco Central en Chile es necesario, es respetado y que seguirá manteniendo una relación de armonía con el Senado de la República.
Voto a favor de la designación de don Pablo Antonio García Silva.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, deseo hacer constar que la Senadora Lily Pérez y los restantes Senadores de Renovación Nacional votaremos favorablemente la nominación de don Pablo García Silva para ocupar el cargo de consejero del Banco Central.
Lo primero que quiero dejar en claro es que no me une a don Pablo García Silva ninguna relación de parentesco...
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
¡Él es García de los buenos...!
La señora PÉREZ (doña Lily).-
¡Solo es García...!
El señor GARCÍA.-
Además, cabe resaltar que don Pablo García es un economista de gran prestigio que goza del reconocimiento de sus pares y que ha desarrollado una labor muy encomiable dentro del organismo emisor.
Don Pablo García Silva inicia su carrera en el Banco Central en 1999 como Economista Sénior. Luego, es nombrado Gerente de Análisis Macroeconómico y, más tarde, Gerente de Estabilidad Financiera. Posteriormente, se desempeña como Gerente de División Política Financiera y Economista Jefe y Gerente de División de Estudios.
Por lo tanto, se trata de una persona que conoce al Instituto Emisor por dentro y sabe, por supuesto, cómo funciona su Consejo. Y estamos seguros de que será un gran, gran aporte en las deliberaciones y en las decisiones que debe tomar dicha entidad para la estabilidad de nuestra moneda, de nuestros precios en el control de la inflación y, además, para garantizar la cadena de pagos en nuestro sistema económico.
Votamos, con mucho gusto y entusiasmo, por don Pablo García Silva, pues creemos que, desde los puntos de vista profesional, académico y también humano, reúne todos los requisitos y las condiciones para desempeñar este alto cargo del Estado.
Finalmente, deseo hacer un justo reconocimiento a don Manuel Marfán Lewis, quien cumplió una labor muy importante como consejero del Banco Central y que, después de toda su gestión en el referido organismo y de su gran aporte, termina su período legal en el mencionado cargo.
Por las razones señaladas, señor Presidente, votaremos favorablemente esta nominación.
Muchas gracias.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
¡Ha cundido el interés...!
Tiene la palabra el Honorable señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).-
Señor Presidente, me parece muy relevante que las personas que conforman el Consejo del Banco Central sean de primer nivel.
Sin duda alguna, don Pablo García Silva se destaca por sus méritos académicos y profesionales. Tiene la experiencia necesaria al interior del Instituto Emisor y las personas que lo conocen hablan muy bien de él desde el punto de vista humano.
Considero muy importante que el Banco Central tenga autonomía. En el pasado hubo mucha discusión al respecto. Yo personalmente tuve la oportunidad de hacer mi memoria de tesis en ese tema. Defendí la autonomía de la referida entidad, pues me parece muy importante en materia de política monetaria y cambiaria y en cuanto a los efectos que tiene en el empleo la baja inflación, contar con personas altamente capacitadas y con la autonomía suficiente para tomar las decisiones que correspondan.
En consecuencia, con mucho gusto, voto a favor del nombramiento de don Pablo García como consejero del Banco Central.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Estamos en votación, señor Presidente.
El señor ESCALONA.-
Sí, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Disculpe, señor Ministro.
Le daré la palabra una vez que termine la votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba la propuesta del Presidente de la República para designar consejero del Banco Central al señor Pablo Antonio García Silva (26 votos favorables).
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, García-Huidobro, Gómez, Lagos, Larraín (don Hernán), Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Ruiz-Esquide.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).-
Muchas gracias, señor Presidente.
Solamente deseo agradecer la buena disposición que ha tenido el Senado para considerar el nombre de un profesional de excelencia, a quien conozco hace mucho tiempo, tanto en sus atributos personales como profesionales que ha demostrado durante toda su carrera.
Deseo hacer notar también la buena acogida para tal efecto que existió por parte de los Senadores del Partido Socialista y del PPD, entre los cuales se gestó un acuerdo para esta nominación.
Asimismo, sin ánimo alguno de polemizar pero con la intención de poner las cosas tal como ocurrieron, debo recordar que yo tomé contacto con las máximas instancias del Partido Socialista a fines de noviembre pasado y sostuvimos varias reuniones a este respecto.
Por lo tanto, desde el punto de vista de lo que correspondía hacer y para que este nombramiento no fuera una sorpresa, cumplimos con todos los caminos que debían recorrerse.
¿Que pudimos hacer más? ¡Claro! ¡Siempre es posible hacer más! No obstante, todas las gestiones se realizaron en el ánimo de llegar a un acuerdo.
El acuerdo y el consenso no se lograron previamente, pero nunca hubo un veto al nombre de Pablo García durante tales conversaciones.
Más allá de dar a conocer este punto de vista -que es importante desde la perspectiva del Ejecutivo-, mi intención apunta solo a agradecer a esta Alta Corporación por la recepción, por la buena disponibilidad que ha tenido en esta materia.
Y estoy seguro de que Pablo García tendrá un extraordinario cometido como Consejero del Banco Central.
Gracias, señor Presidente.
DESIGNACIÓN DE DOÑA MAGDALENA PEREIRA CAMPOS EN DIRECTORIO DE CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Conforme al acuerdo de Comités, corresponde tratar en la tabla de Fácil Despacho el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para designar integrante del Directorio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a la señora Magdalena Pereira Campos, en la vacante producida por renuncia de don Pablo Dittborn, hasta el 15 de enero de 2016, fecha en que concluía el período de este último.
La solicitud cuenta con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
El Ejecutivo hizo presente la urgencia prevista en el párrafo segundo del N° 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental.
--Los antecedentes sobre el oficio (S 1628-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 81ª, en 18 de diciembre de 2013.
Informe de Comisión:
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 86ª, en 15 de enero de 2014.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La Comisión de Educación recibió en audiencia a la señora Pereira, quien hizo una exposición sobre las actividades culturales que realiza y contestó diversas interrogantes planteadas por los miembros de dicho órgano técnico.
La Comisión deja constancia, por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Cantero, Navarro, Quintana e Ignacio Walker), de que, por reunir la señora Pereira los requisitos de reconocida vinculación y destacada trayectoria en actividades culturales, en la proposición en estudio se ha dado cumplimiento a los requisitos y formalidades previstos por nuestro ordenamiento para la designación de los integrantes del Directorio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En discusión la solicitud del Presidente de la República.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Quintana para fundamentar su voto.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, la Comisión de Educación, como se acaba de expresar, analizó los antecedentes que acompañan a la propuesta presidencial.
Se destaca que la señora Magdalena Pereira es licenciada en Historia de la Universidad Católica de Chile, posee un máster en Historia del Arte de la Universidad de Sevilla (España) y es doctora en curso en esta misma casa de estudios superiores.
Asimismo, se indica que fue fundadora de la Fundación Altiplano, entidad sin fines de lucro que lleva adelante proyectos de cultura, desarrollo social y educación para las comunidades andinas de la Región de Arica y Parinacota y para la cultura tradicional en Chile.
En ese contexto, se resalta que la señora Magdalena Pereira ha participado en un sinnúmero de proyectos e investigaciones relacionados con la cultura de dicha zona geográfica de nuestro país.
Se agrega que en el último tiempo se ha desempeñado como directora de la Comisión Nacional de Bienes Culturales de la Iglesia.
Ha estado a cargo de la restauración de la iglesia San Francisco de Asís de Socoroma, que forma parte del plan Iglesias Andinas de Arica y Parinacota, modelo de desarrollo sostenible, iniciativa -como se sabe- del Legado Bicentenario.
Por los antecedentes que se nos presentaron y por el diálogo que se tuvo con ella y con el propio Ministro de Cultura, señor Roberto Ampuero, estimamos que se reúnen todos los requisitos y formalidades previstos en nuestro ordenamiento y, por tanto, que la señora Magdalena Pereira Campos puede integrarse al Directorio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que es presidido por el Secretario de Estado que mencioné.
Esa es la opinión unánime de la Comisión, y solicitamos que la Sala la respalde.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, para Arica y Parinacota, particularmente, constituyen un orgullo la nominación del Ejecutivo y -presumo- su ratificación por el Senado.
Magdalena Pereira, por un motivo vocacional -ella es profesional; como se ha mencionado en la Sala, es licenciada en Historia-, decidió irse a vivir a Arica, convocada por la Fundación Altiplano.
Y uno de los más importantes proyectos vinculados con la cultura de Arica y Parinacota es precisamente la Ruta de las Misiones, que consiste en la restauración patrimonial de prácticamente todas las iglesias del Altiplano, proceso que ha sido encabezado por la Fundación antes individualizada.
Pero, a partir de eso, Magdalena Pereira ha profundizado en la cultura aimara, con una serie de publicaciones, como se consigna en los antecedentes que entregó la Comisión informante.
En consecuencia, para Arica y Parinacota resulta particularmente importante la nominación propuesta, porque el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes no solo tiene que reflejar el interés por las distintas culturas, sino que, también, debe actuar de manera descentralizada a lo largo de nuestro país.
Sin duda, Magdalena Pereira ha jugado un papel absolutamente protagónico en lo que hoy día significa colocarle valor patrimonial a toda la Ruta de las Misiones, que tiene una historia inmensa, pero que no había sido reconstruida en nuestra Región.
Dicha Ruta está adquiriendo cada vez más importancia gracias a la participación de la Fundación Altiplano, y en particular a la de Magdalena Pereira.
Por lo expuesto, señor Presidente, no solo apruebo el nombramiento sugerido, sino que lo considero tremendamente significativo como aporte para el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, yo no conocía a Magdalena Pereira. Pero, tras leer el informe de la Comisión de Educación, que en parte fue transmitido aquí por su Presidente, me parece muy relevante que se ratifique el nombramiento de una persona que reúne las características señaladas.
Y me da mucho gusto que la designación recaiga en una mujer que optó por vivir en la Región de Arica y Parinacota, pues en general estos nombramientos favorecen a gente de la Región Metropolitana.
Creo que pocas veces vamos a poder hablar de un integrante del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que por elección personal se haya radicado en la Región de Arica y Parinacota y que además esté dedicado a rescatar el patrimonio artístico de nuestro país.
Señor Presidente, por desgracia, en nuestra cultura no tenemos mucha práctica en la recuperación de patrimonios. Esta actividad es más reciente. Se ha desarrollado bastante con las iglesias en Chiloé, o en este caso, en el Altiplano. Pero, en general, exhibimos una gran capacidad para destruir nuestro patrimonio. Es cosa de ver cómo se destrozan y destrozan edificaciones hermosas para construir más malls o más edificios de departamentos.
En verdad, no conservamos mucho el espíritu patrimonial, y las implicancias pueden ir bastante más lejos que lo material.
Por lo expuesto, con mucho gusto apruebo el nombramiento de Magdalena Pereira.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, concurro con mi voto favorable a esta nominación.
Tal como se lo señalé en la Comisión de Educación a doña Magdalena Pereira, quisiera que con el mismo entusiasmo con que hoy nos pronunciamos a favor de su designación aprobáramos a fin de año en la Ley de Presupuestos los recursos necesarios para la preservación y conservación de nuestro patrimonio cultural.
No podría entender que hoy valoráramos la designación de la señora Pereira, por su trayectoria, por la dedicación que ha puesto en su tarea, y que al concluir este año no hubiera una voluntad positiva para aprobar presupuestos adecuados para aquel fin. Porque la preservación y la conservación requieren no solo voluntades y capacidades, sino también recursos, y muchas veces, en gran cantidad.
Espero que el Senado apruebe esta propuesta.
Voto a favor.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
--(Aplausos en tribunas).
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba la solicitud del Presidente de la República para designar a la señora Magdalena Pereira Campos integrante del Directorio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (21 votos a favor).
Votaron las señoras Allende, Alvear y Pérez (doña Lily) y los señores Bianchi, Coloma, Escalona, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Gómez, Lagos, Larraín (don Hernán), Navarro, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable de los Senadores señora Rincón y señor Chahuán.
)----------(
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Solicito el asentimiento de la Sala para que ingrese el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Miguel Flores.
--Se autoriza.
ENMIENDAS A NORMATIVAS MUNICIPALES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, TRANSPARENCIA, PROBIDAD, DOTACIÓN Y FINANZAS
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que perfecciona el rol fiscalizador del concejo municipal; fortalece la transparencia y probidad en las municipalidades; crea cargos, y modifica normas sobre personal y finanzas municipales, con segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización e informe de la Comisión de Hacienda, y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8210-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 56ª, en 11 de septiembre de 2013.
Informes de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 60ª, en 8 de octubre de 2013.
Gobierno, Descentralización y Regionalización (segundo): sesión 86ª, en 15 de enero de 2014.
Hacienda: sesión 86ª, en 15 de enero de 2014.
Discusión:
Sesión 62ª, en 9 de octubre de 2013 (se aprueba en general).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión de 9 de octubre de 2013.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización deja constancia en su segundo informe, para los efectos reglamentarios, de que los artículos 1°, números 2), 3), 5), 6), 7), 11), 12), 14) y 15) a 19); 2°; 3°; 5°; 6°; 7°; 8°; 9°, y 10 permanentes y los artículos primero, segundo y tercero transitorios no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones.
Esas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que algún señor Senador, con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.
Pero corresponde dejar constancia del quórum en el caso de los numerales del artículo 1° ya citados; del artículo 9°, y de los artículos primero, segundo y tercero transitorios, todos los cuales deben aprobarse con un mínimo de 19 votos favorables.
Con el mismo quórum deben aprobarse en particular los números 10), 13), 20) -pasa a ser 21)-, 22) -pasa a ser 23)- y 23) -pasa a ser 24)-, todos del artículo 1°, pues se trata de normas de rango orgánico constitucional que no fueron objeto de enmiendas en el segundo informe.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización efectuó diversas enmiendas al proyecto despachado en general, todas las cuales se aprobaron unánimemente.
La Comisión de Hacienda, por su parte, introdujo una modificación diferente de la realizada por la de Gobierno.
Además, hubo una solicitud especial de votación separada, por acuerdo unánime de Hacienda (a esa petición se ha sumado el Senador señor Orpis), con relación al número 1) del artículo 1°, norma que dicha Comisión no revisó por no ser de su competencia. Y la razón para pedir votación separada estriba en que el Ejecutivo hizo presente una inconsistencia en el contenido del proyecto de ley.
De las enmiendas unánimes, las recaídas en los números 1), 4), 8), 9), 20), nuevo, y 21), que pasa a ser 22), del artículo 1° deben aprobarse con 19 votos favorables, por incidir en normas de rango orgánico constitucional.
De consiguiente, sin perjuicio de lo que ha de darse por aprobado reglamentariamente, dejando constancia del quórum correspondiente, las situaciones que deben verse en forma separada son las siguientes:
-La votación que para el número 1) del artículo 1° pidieron la Comisión de Hacienda y el Senador señor Orpis.
-La modificación de la Comisión de Hacienda que suprime el inciso segundo del artículo 11, el cual, votado separadamente, fue rechazado por mayoría de votos. Se pronunciaron en contra los Senadores señores García, Lagos y Zaldívar, y a favor, los Senadores señores Escalona y Novoa.
El señor BIANCHI.-
Pido la palabra.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
En seguida, señor Senador.
Procederemos primero a la aprobación reglamentaria.
--Se aprueban reglamentariamente las normas que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, conforme a la relación que de ellas hizo el señor Secretario General, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que emitieron pronunciamiento favorable 20 señores Senadores.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, con el mismo quórum se aprobarán las normas que no fueron objeto de enmiendas en el segundo informe y las modificaciones aprobadas por unanimidad.
--Se aprueban (20 votos afirmativos), dejándose constancia de que en los casos explicitados por el señor Secretario General se reunió el quórum constitucional exigido.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
En la discusión particular, tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, en la misma línea de lo que señaló el Senador Orpis, quien pidió votar separadamente el número 1) del artículo 1°, quiero llamar la atención de esta Honorable Sala en el sentido de que las Comisiones de Gobierno y de Hacienda tomaron mal la votación.
Para reparar dicha situación, solicito pronunciamiento separado sobre el número 1) del artículo 1°, que modifica el artículo 16 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
En mi calidad de Presidente de la Comisión de Gobierno, pido que el número 1) del artículo 1° se vote en contra. Si se rechaza, quedará el texto de la Cámara de Diputados y resolveremos lo que explicó muy bien el señor Secretario General al hacer la relación del proyecto.
Gracias, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, quiero profundizar lo señalado por el Senador Bianchi.
Uno de los grandes problemas que tienen los municipios dice relación con la necesidad de ir adaptando las plantas funcionarias a las nuevas realidades que enfrentan. Y eso hace el artículo 1°: otorga facultades bastante flexibles a los alcaldes para que vayan adecuando las plantas municipales.
Originalmente, el Ejecutivo propuso -ello difiere de lo que aprobó la Cámara de Diputados- un artículo segundo transitorio donde se establecía que a los cargos que se creaban en las nuevas unidades debían asignárseles dos grados menos que al de alcalde. Y, como sabemos, los alcaldes tienen a lo largo del país distintos grados.
En la Comisión de Gobierno planteé que la norma pertinente no debía ser transitoria, por tratarse de una función continua requerida para las comunas creadas en el futuro. Por lo tanto, solicité que se legislara de manera permanente y no solo para un caso particular.
Ese fue el criterio adoptado en definitiva.
Las normas permanentes se contienen precisamente en el artículo 1°, numeral 1), incisos segundo y tercero. Lo que se aprobó en forma unánime fue el inciso primero. Pero los dos incisos siguientes permiten la operatividad; y, por un error, ambos fueron rechazados en las dos Comisiones.
Por lo tanto, en esta oportunidad correspondería rechazar, en la parte pertinente, los informes de ambas Comisiones, para revivir el texto de la Cámara de Diputados, que no ofrece ninguna dificultad en la materia explicitada.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
No intervendré, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, en la Comisión de Gobierno se nos originó una confusión a raíz de la indicación 1 A -la aprobamos en esa instancia-, que en el número 1) del artículo 1° eliminaba dos incisos absolutamente fundamentales. Y se decía que ello estaba considerado en el artículo segundo transitorio.
Pero, estudiando el punto en la Comisión de Hacienda con los técnicos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, claramente nos dimos cuenta, por fortuna, encontrándonos todavía en el presente trámite, de que tenemos que ratificar los dos incisos aprobados por la Cámara de Diputados y rechazar, por supuesto, lo aprobado por la Comisión de Gobierno y la de Hacienda, que también observó la misma normativa.
En consecuencia, estamos de acuerdo ahora con el rechazo de la proposición de la Comisión de Gobierno y con acoger lo que viene de la Cámara de Diputados, y cuando lleguemos al artículo segundo transitorio veremos el trato que se le va a dar a esa parte.
Gracias.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Puede intervenir el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, todo el debate sobre la función de concejales y de alcalde, si bien resulta importante -media un apoyo de los primeros, existiendo un cierto grado de optimismo-, nos deja un gusto a poco.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Perdón, Su Señoría. Estamos tratando el artículo 1°.
El señor NAVARRO.-
Entonces, pediré la palabra en relación con las otras disposiciones.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Solo nos quedan los artículos 1°, número 1), y 11, que son los dos en que se registran diferencias, según entiendo.
El señor NAVARRO.-
¿Respecto de la facultad del alcalde para disminuir unidades y crear otras nuevas?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
En el 11 se elimina el inciso segundo, como lo han mencionado todos.
El señor NAVARRO.-
Me referiré al artículo 1°, entonces.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Muy bien.
El señor NAVARRO.-
Es de todos conocido el debate suscitado acerca del personal a contrata y a honorarios. En los municipios se mantienen miles de funcionarios en esa condición.
Existen alcaldes como el de Quilicura, Juan Carrasco, quien dice: "Si me lo permiten, puedo pasar a la planta, con mi presupuesto, los 327 funcionarios que tengo a contrata; pero la ley no me deja.".
La pregunta para los Senadores señores Bianchi y Orpis es si la ley en proyecto aceptará que jefes comunales apliquen esa medida con presupuesto propio, no con recursos del Fondo Común Municipal. Ello, con algún grado de criterio, por cierto. No se tratará de personas sin ninguna función. Porque no resulta creíble seguir considerando no de planta a quienes llevan 16 o 20 años en un cometido, el cual existe e importa responsabilidad. Pero no pueden ser traspasados, ya que no hay planta.
El artículo más bien hace referencia a crear ciertas unidades. Se pone también en el caso de la reducción, no en el del aumento.
Por lo tanto, uno de los elementos que echo de menos es la facultad, para los municipios que puedan hacerlo, de pasar a la planta a personal que lleve 10 o 12 años cuando la función esté previamente calificada por el concejo municipal o la Contraloría General de la República. Es decir, no se trata de funcionarios inventados, de fantasmas: son reales, con labores concretas.
Lo otro dice relación con personal traspasado a los servicios. En el caso de educación, son inmorales, absolutamente inaceptables, los despidos de profesores a contrata que han tenido lugar a fin de año en cientos de municipalidades.
Fruto de una iniciativa legal iniciada en una moción y cuya admisibilidad ha sido votada en el Senado, tendiente al traspaso, después de tres años, de personal a contrata de los departamentos de Educación, se ha provocado un despido masivo, denunciado por el Colegio de Profesores. Los alcaldes lo han llevado a cabo apresuradamente.
Espero que con el proyecto de ley de desmunicipalización que implemente la Presidenta Michelle Bachelet podamos hacer justicia, al menos, a los servicios traspasados de educación y sacar de encima a jefes comunales que se quejan del gasto. El de Cerro Navia, que es de Gobierno, fue al Ministerio y dijo: "Entrego la educación, porque no tengo dinero para administrarla".
Los funcionarios municipales a contrata, en todos los ámbitos, requieren mayor respeto. El punto va a quedar pendiente. Está bien la posibilidad de adecuación, pero resulta imposible dejarlo a un lado cuando estamos discutiendo facultades de los alcaldes para ajustar las plantas.
Hay personal a contrata en el municipio y en otras funciones, como también en los servicios traspasados de salud y educación, que lleva años y resulta insustituible y que no tiene otra posibilidad de formar parte de la planta.
Voy a votar a favor, por cierto, del artículo 1°. Se avanza algo, pero ello sigue siendo insuficiente.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, solo quisiera precisar que la Comisión de Hacienda no rechazó los dos incisos del artículo 1°, como se ha expresado. No eran de su competencia. De manera que, para puntualizar bien lo obrado por un órgano técnico al que habitualmente mis colegas le imputan que va más allá de sus atribuciones, cabe aclarar que no le correspondía pronunciarse.
Sí le hacemos presente a la Sala la necesidad de hacerlo en relación con la inconsistencia observada respecto de esas normas.
El trámite del proyecto ha dado lugar a un esfuerzo muy tenaz de parte del Presidente de los concejales, señor Marco Espinoza, quien nos acompaña en la tribuna, y otros representantes del sector. Ello merece un reconocimiento.
Entiendo que el señor Espinoza es muy conocido por su físico similar al del señor Carlos Caszely. Sin embargo, deseo destacar que se diferencian en una cosa: ¡el primero nunca ha fallado un penal¿!
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Puede intervenir el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, después de las confusiones registradas en las Comisiones técnicas que han estudiado el proyecto, creo que es bueno consignar que el artículo 15 de la Ley Orgánica Constitucional respectiva dispone que "las municipalidades dispondrán de una Secretaría Municipal, de una Secretaría Comunal de Planificación y de otras unidades encargadas del cumplimiento de funciones de prestación de servicios y de administración interna, relacionadas con el desarrollo comunitario, obras municipales, aseo y ornato, tránsito y transporte públicos, administración y finanzas, asesoría jurídica y control.".
Lo que hace el nuevo artículo 16 es partir señalando que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, todas las municipalidades, cualquiera que sea su tamaño, deberán considerar al menos las unidades de Secretaría Municipal, Secretaría Comunal de Planificación, Unidad de Desarrollo Comunitario, Unidad de Administración y Finanzas, y Unidad de Control.
Además, expresa que, en aquellas que no contemplen en el escalafón directivo los cargos expuestos, "el alcalde estará facultado para crearlos, debiendo, al efecto, sujetarse a las normas sobre selección directiva que la ley dispone.".
Se agrega que "Dichos cargos tendrán dos grados inmediatamente inferiores a aquel que le corresponde al alcalde en la municipalidad respectiva, y aquellos señalados en el artículo 47 mantendrán la calidad de exclusiva confianza.".
¿Cuáles son estos últimos, señor Presidente? Esta última disposición determina que "Tendrán la calidad de funcionarios de exclusiva confianza del alcalde, las personas que sean designadas como titulares en los cargos de secretario comunal de planificación, y en aquellos que impliquen dirigir las unidades de asesoría jurídica, de salud y educación y demás incorporados a su gestión, y de desarrollo comunitario.".
Y finalmente se incluye una norma especial para las comunas de más de 100 mil habitantes.
Parece del todo razonable que acojamos el texto aprobado en general por el Senado.
Gracias.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
No hay más Senadores inscritos.
Se someterá al pronunciamiento de la Sala el número 1) del artículo 1° propuesto por la Comisión de Gobierno, el cual señala:
"Reemplázase el artículo 16 por el siguiente:
"Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la organización interna de las municipalidades deberá considerar, a lo menos, las siguientes unidades: Secretaría Municipal, Secretaría Comunal de Planificación, Unidad de Desarrollo Comunitario, Unidad de Administración y Finanzas y Unidad de Control.
"En aquellas comunas que tengan más de cien mil habitantes deberán considerarse, a lo menos, las unidades encargadas de cada una de las demás funciones genéricas señaladas en el artículo precedente, sin perjuicio de otras que cada municipalidad disponga.".
El señor ORPIS.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Quien vote a favor¿
El señor ORPIS.-
Deseo proponer una fórmula distinta.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Conforme, Su Señoría, pero deseo explicar primero el sentido de la votación.
El que vote que sí optará por el texto expuesto. El que se pronuncie por el rechazo preferirá que reviva la disposición que aparece en la segunda columna del boletín comparado.
Ahora puede intervenir, señor Senador.
El señor ORPIS.-
No, señor Presidente. Está perfecto.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Vamos a abrir la votación.
El señor BIANCHI.-
Hay que votar que no.
El señor NAVARRO.-
Así es.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Se vota la proposición relativa al número 1) del artículo 1°, que lo diferencia de la redacción aprobada en general por el Senado y, naturalmente, por la Cámara de Diputados.
Quienes estén de acuerdo con la norma que recomienda la Comisión de Gobierno votarán a favor, y quienes no lo estén, en contra.
No se requiere quórum especial para los efectos de la supresión.
El señor NOVOA.-
Lo que procede es el rechazo.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Si se desecha la disposición, cabe pronunciarse sobre el texto aprobado en general.
En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se rechaza la proposición de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización (22 votos en contra).
Votaron las señoras Allende y Pérez (doña Lily) y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Gómez, Horvath, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
El Senador señor Hernán Larraín deja constancia de su intención de voto en contra.
Si le parece a la Sala, con la misma votación, a la inversa, se aprobará el número 1) del artículo 1° del texto despachado en general.
--Se aprueba, dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Corresponde ocuparse en el artículo 11.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La Comisión de Hacienda, por mayoría de votos, plantea la supresión del inciso segundo contemplado por la Comisión de Gobierno, disposición que expresa:
"En el ejercicio de dichas facultades, podrán, según corresponda, condonar hasta el 90% de lo adeudado por multas e intereses, cuando el contribuyente pague de contado la obligación adeudada, y hasta el 70% en el caso de pactarse pago en cuotas.".
Votaron en contra del inciso, en la Comisión de Hacienda, los Senadores señores García, Lagos y Zaldívar, y a favor, los Honorables señores Escalona y Novoa.
El señor BIANCHI.-
¡Extraña la votación...!
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- ¡Bastante¿!
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, efectivamente, la Comisión de Hacienda propone eliminar el inciso segundo, que establece un mecanismo de condonación de intereses y multas por el pago del servicio de aseo que prestan los municipios.
La Asociación Chilena de Municipalidades sostuvo que no era conveniente, para los efectos de poder llevar adelante la medida, hacer la diferenciación entre una condonación de hasta 90 por ciento para los que paguen al contado y de hasta 70 por ciento para los que lo hagan en cuotas.
Más o menos, 160 mil millones de pesos no han sido cobrados o son susceptibles de un posible convenio de pago, y unos 700 mil contribuyentes se encuentran en la situación de que se trata.
Ahora, ¿qué dicen las municipalidades? Que es necesario buscar una manera de regularizar el asunto. Porque a la gente que tiene propiedades afectas a pago de contribuciones se le cobra directamente el servicio de aseo -quiero aclarar que, de acuerdo con el concepto, no es un impuesto-, mientras que al resto, a los exentos, que son las personas de menores ingresos, muchas veces no les llega el importe y no se verifica la normalización en las cancelaciones.
Entonces, ¿qué están pidiendo? Que se les otorgue una facultad al respecto y que sus concejos determinen la forma de condonar intereses penales y multas para el efecto de lograr el pago.
Habiendo incluido la Comisión de Gobierno ese inciso segundo, en la Comisión de Hacienda se discutió la admisibilidad o inadmisibilidad de una indicación para modificar dichos porcentajes y el Senador que habla propuso, sencillamente, eliminar la disposición y dejar en claro que será facultad de los concejos, con la autonomía que deben tener los municipios, determinar la manera de cobrar los servicios de aseo en la mejor forma posible.
Incluso, en la propia normativa que viene aprobada se establece un mecanismo que les hace posible a las municipalidades conseguir lo anterior a través de convenios con aquellas empresas que llevan a cabo la cobranza de electricidad, de agua potable, en fin.
Por mayoría, se acogió la supresión del inciso y dejar que las municipalidades, de acuerdo con su propia realidad, con sus propias circunstancias y con la conformidad de sus concejos, determinen qué y cuánto quieren condonar en materia de intereses penales y multas.
Gracias.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, al rechazarse la disposición que permite a las municipalidades -es decir, alcaldes y concejos- celebrar convenios conforme a la forma de pago de deudas por concepto de derechos de aseo, lo que se está haciendo es dejarlas condonar hasta el cien por ciento de multas e intereses, no el 90 ni el 70 por ciento, como lo contempla el inciso segundo.
A mi juicio, el Honorable señor Zaldívar tiene mucha razón. Es un problema permanente de los municipios el de cómo cobrar el retiro domiciliario de la basura. Y como muchas veces no hay manera de hacerlo, finalmente la deuda se va acumulando, sin que sea posible lograr el pago.
Un incentivo concreto es el de que alcalde y concejales, mediante un acuerdo, celebren convenios, y, en la medida en que la persona se comprometa a pagar, ya sea al contado o ya sea en cuotas, se le pueda estimular por la vía de condonarle multas e intereses.
Por lo demás, se trata de facultades que, por ejemplo, respecto de algunos impuestos, tiene el Tesorero General de la República, quien las ha radicado en las respectivas tesorerías regionales.
A mi juicio, la propuesta de la Comisión de Hacienda es una manera concreta de estimular que se pague lo adeudado, con lo cual las municipalidades podrán recuperar esos dineros y los ciudadanos se pondrán al día.
Por ello, en el artículo 11, debemos votar a favor del inciso primero, que faculta a las municipalidades para condonar intereses y multas, y pronunciarnos en contra del inciso segundo. De esa manera, estaríamos permitiendo que el rango de condonación llegue hasta el 100 por ciento.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, el tema de la recolección de residuos domiciliarios se ha transformado en un dolor de cabeza no solo para los municipios, sino también para los usuarios.
Muchos municipios dejaron abandonada la cobranza. Y a los usuarios se les acumuló una deuda por la incapacidad de la municipalidad de cobrar. ¡Porque cobrar la basura es impopular!
Situación similar ocurrió con el agua, la cual antes era casi gratuita. Cuando se empezó a cobrar por el servicio, particularmente, el relativo al tratamiento de las aguas servidas, costó implementar un sistema.
Pero, en el caso que nos ocupa, considero que no hay conciencia ciudadana respecto de los reales costos que implica el retiro, traslado y depósito final de la basura.
Frente a ello, los municipios enfrentan a lo menos dos grandes problemas.
El primero es el cobro del servicio a quienes pueden pagar, que son las personas que habitan viviendas de un valor elevado (más de 23 millones de pesos). Pero el costo debe ser diferenciado del de las empresas. No parece justo que las familias, que consumen y generan poca basura, paguen lo mismo que las empresas, que producen grandes volúmenes de residuos.
Y el segundo -lo más importante- radica en que hay una deuda enorme entre los municipios y las empresas con las que han suscrito contratos para la disposición final de la basura.
Este problema lo formulé a través de un proyecto de acuerdo, que fue aprobado en su oportunidad en la Cámara de Diputados. Y también lo hemos planteado de algún modo aquí.
Los servicios básicos sobre los cuales los municipios tienen responsabilidad de bien común (de electricidad, de agua potable y de recolección de residuos), a mi juicio, debieran ser cancelados de manera directa con recursos del Fondo Común Municipal. Así, se evitaría que la municipalidad destine tales dineros a otros menesteres y que, como pasa en muchas comunas de mi Región, la Compañía General de Electricidad corte la luz; que ESSBIO suspenda el suministro de agua, y que la empresa de recolección de basura deje de operar, ante el no pago por uno o dos años. Basta mirar esa realidad en el mapa de la Región Metropolitana para corroborar lo que digo.
Ante ello, pienso que habría que efectuar un catastro para saber cuánto cuesta sacar la basura en cada municipio. Como las licitaciones se realizan de manera individual, hay 345 criterios distintos para llamar a licitación (con camiones nuevos, con camiones antiguos; con periodicidad, con frecuencia¿). ¡Es un problema!
Tal determinación permitiría tener certeza en los costos y, particularmente, en los pagos por parte de la SUBDERE. Esta podría decir: "Yo pago la cuenta de los gastos comunes de los municipios, porque aquellos no pueden ser eludidos".
La incertidumbre sobre el tema de los servicios básicos no puede continuar. La propuesta a que hice mención no fue abordada. Habrá que efectuar ese debate después. Hoy día preocupémonos de enmendar los errores cometidos en los municipios, referidos a lo que no se cobró y se acumuló como deuda y, también, a los casos en que la gente no pudo pagar.
Yo me atrevería a señalar que, en la inmensa mayoría de las comunas de Chile, más del 80 por ciento de la ciudadanía quedará exenta de pago.
Me preocupa -y yo esperaría un buen criterio- la forma en que se está manejando el tema de las condonaciones. No veo a un concejo municipal condonando el 70 por ciento de los intereses y multas. De hecho, tengo entendido que la deuda misma no se va a extinguir. La facultad que se otorga para condonar opera sobre los intereses y las multas, no sobre la deuda.
Si esta se ha acumulado -como ha ocurrido en algunas comunas de mi Región- durante meses y años, habrá que buscar un criterio que permita pagarla. ¡Porque nadie tiene capacidad de servir al contado una deuda acumulada por varios meses o años!
Por lo tanto, se requiere un mecanismo distinto.
Desconozco si este existe en el artículo 11, que acaba de leer el señor Presidente. Su inciso primero señala: "Facúltase a las municipalidades del país para que dentro de los doce meses siguientes a la fecha de publicación de la presente ley, y previo acuerdo del respectivo concejo, celebren convenios de pago por deudas por derechos de aseo¿". Es decir, podrá haber convenios. Espero que sean los más adecuados para los intereses de los ciudadanos.
Señor Presidente, apruebo la modificación de la Comisión de Hacienda y deseo que, en un debate posterior más profundo, se puedan corregir los problemas que he planteado.
Voto a favor de la supresión del inciso segundo del artículo 11.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
--(Aplausos en tribunas).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Me han pedido abrir la votación.
¿Habría acuerdo?
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Sí.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Acordado.
En votación la eliminación del inciso segundo del artículo 11, propuesta por la Comisión de Hacienda.
Tiene la palabra el Senador señor Novoa.
--(Durante la votación).
El señor NOVOA.-
Señor Presidente, la discusión en la Comisión de Hacienda se originó, primero, sobre la facultad de los parlamentarios para presentar norma en esta materia.
Reitero la opinión que manifesté en ese órgano técnico: los derechos de aseo son una forma de tributo. Me parece preocupante que se diga lo contrario. Si bien en el caso que nos ocupa este punto de vista favorece al contribuyente, ¿qué pasaría si un municipio decidiera cobrar por la extracción de basura más de lo que estipula la ley, siguiendo el criterio de que se trata del pago por un servicio?
Considero que no es correcto excluir los derechos de aseo del concepto amplio de tributo, sea de cualquier naturaleza, que define la Constitución. Si es un impuesto, debe establecerse por ley, no puede fijarse por acuerdo de las partes.
Esto último se da en un caso muy especial: entidades que generan mucha basura se sustraen del pago municipal porque pueden celebrar convenios con empresas privadas para la recolección de basura.
Pero la gente no puede restarse de ese pago.
Al mismo tiempo, a los municipios no se les permite cobrar más de lo que la ley dispone.
Por lo tanto, estimo que lo correcto es darle al cobro para el retiro de residuos el tratamiento de tributo, en el sentido amplio.
Además, la Constitución señala que el Presidente de la República tiene la iniciativa exclusiva para "Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscal, autónomos (¿) y determinar sus funciones o atribuciones". El inciso segundo propone entregar una facultad al concejo municipal y establecer la forma como ella se ejerce.
Ahora bien, como el Senador señor Zaldívar planteó eliminar dicho inciso, obviamente queda a salvo el tema de la inconstitucionalidad. Si hubiéramos sugerido cambiar la norma, habría sido mucho más discutible.
No obstante, mantengo mi rechazo a lo propuesto, porque el problema no está en la condonación de las multas y los intereses -aunque, obviamente, ayuda condonar el 100 por ciento-, sino en el monto adeudado. En consecuencia, la situación será completamente distinta.
Además, si se acoge el criterio de que es posible condonar el 100 por ciento de las multas y los intereses, ¿qué incentivo habrá para pagar los derechos de extracción de basura? Creo que el problema es más complejo, más de fondo.
Por lo tanto, me pronuncio a favor del artículo 11 como venía de la Comisión de Gobierno, vale decir, con los dos incisos.
Entiendo que está en votación la supresión del inciso segundo del artículo 11. El inciso primero fue aprobado cuando se acogieron todas las normas acordadas por unanimidad en las Comisiones. Ahora estamos votando si se elimina o no el inciso segundo.
A pesar de que la mayoría se inclina por suprimirlo, yo mantengo mi voto en contra de tal propuesta.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Antes de continuar dando la palabra, debo precisar que estamos votando la propuesta de la Comisión de Hacienda de suprimir el inciso segundo del artículo 11, que señala: "En el ejercicio de dichas facultades, podrán, según corresponda, condonar hasta el 90% de lo adeudado por multas e intereses, cuando el contribuyente pague de contado la obligación adeudada, y hasta el 70% en el caso de pactarse pago en cuotas.".
Los que voten "sí" aceptan el criterio de suprimir el inciso; los que voten "no", a la inversa.
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- El Presidente de la Comisión de Constitución solicita un nuevo plazo para formular indicaciones al proyecto de ley respecto de comunicación de órdenes de apremio en juicios de alimentos (boletín 7.765-07), hasta el lunes 20 de enero, al mediodía.
El señor NOVOA.-
En el mismo sentido, señor Presidente, hoy la Comisión de Economía acordó solicitar un nuevo plazo para formular indicaciones al proyecto que sustituye las leyes Nº 19.039, sobre propiedad industrial, y Nº 20.254, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (boletín Nº 8.907-03), hasta el 28 de enero. Así, en marzo la iniciativa podría ser discutida en particular con todas las indicaciones que se han anunciado, algunas de las cuales no se habían podido presentar.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado en ambos casos.
--Así se acuerda.
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, no cabe duda de que la supresión del inciso segundo del artículo 11 que estamos analizando se justifica plenamente.
Muchos propietarios de viviendas no pagan el servicio de aseo porque a los municipios les resulta difícil cobrárselo y porque lisa y llanamente los afectados no cuentan con ningún aviso ni antecedente.
El cobro que va junto con las contribuciones de bienes raíces se paga rigurosamente. ¿Quiénes son, entonces, los contribuyentes que no lo cancelan? Aquellos cuyas propiedades tienen un avalúo de hasta 18 millones de pesos y, por lo mismo, se hallan exentos del pago de dichas contribuciones. Estos no pagan el servicio de aseo porque no les llega la boleta. La deuda asciende a 160 mil millones de pesos.
Naturalmente, los alcaldes quieren hacer campaña para recuperar esa plata. Y, para ello, deben contar con el estímulo de la condonación.
Tal atribución ya existe a nivel nacional. Si un contribuyente se pone al día en sus impuestos a través del computador, se le rebaja la deuda a 75 por ciento. Y se puede condonar hasta el 90 por ciento de los intereses y las multas en el caso de los tributos estatales, incluido el IVA.
Ahora se plantea entregar esa facultad a los municipios. El Senador Zaldívar propone dejar libres al alcalde y al concejo para decidir en esta materia.
En este aspecto, quiero aprovechar de contestarle al Senador Navarro, quien reclama que las municipalidades tienen personal a contrata y no lo pasan a la planta. Ello se debe a que nosotros, en el Parlamento, les hemos negado a los municipios el derecho a ser entes autónomos.
El inciso cuarto del artículo 118 de la Constitución señala claramente: "Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna". Y agrega: "Una ley orgánica constitucional determinará las funciones y atribuciones" del concejo y del alcalde.
Sin embargo, nosotros se las hemos rechazado. Si los municipios tuvieran la verdadera autonomía que la Carta dispone, no estaríamos hablando de personal a contrata, porque cada municipalidad se sujetaría al rango que fija la ley. El 35 por ciento del presupuesto comunal puede ser gastado en remuneraciones. Cada una sabrá cómo se adecúa.
Ellas igualmente podrían decir: "Le condonamos al que pague los derechos de aseo en forma inmediata". Pero no tienen la facultad.
Por eso, nosotros debiéramos estar aprobando las plantas de cada uno de los municipios del país. Mientras tanto, sacamos estas leyes especiales para que puedan condonar intereses y multas a los propietarios a los cuales no les llega la boleta ni ningún aviso.
La idea es facilitar a los alcaldes la posibilidad de condonar el cien por ciento de los intereses y las multas, para que los infractores vayan a pagar.
En consecuencia, estoy de acuerdo en eliminar el inciso segundo, con el fin de dar un poco más de atribuciones y facultades a las autoridades municipales. Ojalá que el día de mañana ellas tengan la verdadera autonomía que merecen.
Hace poco hubo un grave conflicto en los municipios. ¿Los funcionarios fueron a hablar con los alcaldes para resolver el asunto? ¡No! Acudieron al Subsecretario de Desarrollo Regional. Él tuvo que solucionarles el problema. ¡Si las municipalidades son como niños chicos! Solamente pagan esto y lo otro; pero, en las cosas fundamentales, carecen de facultades, porque nosotros les hemos negado lo que la Constitución les garantiza: ser entes completamente autónomos.
Espero que con el tiempo se les dé la verdadera autonomía que les corresponde para que puedan efectuar una buena labor municipal.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, voy a votar en contra de la modificación propuesta por la Comisión de Hacienda, acordada por mayoría. Mi fundamento apunta, básicamente, en la misma dirección de lo expresado por el Senador Novoa.
A mi juicio, a partir de la decisión que tomó ese órgano técnico, nadie va a pagar más derechos de aseo. ¡Obviamente! ¿Qué incentivo habrá para ello?
Se faculta para celebrar convenio de pago y para condonar intereses y multas. La diferencia está en que, según el texto de la Comisión de Gobierno, si se paga al contado la deuda, la condonación de intereses y multas puede llegar al 90 por ciento y, si se establece pacto en cuotas, al 70 por ciento.
Además, se ha señalado acá que, en el caso de quienes pagan contribuciones, los derechos de aseo se encuentran incorporados en ellas. Sin embargo, visitando el sitio internet de la Municipalidad de Pudahuel junto con el Senador García, nos dimos cuenta de que existe un procedimiento para eximir del pago de derechos de aseo a las personas vulnerables. Es decir, existe una norma general que dispone que la gente de escasos recursos puede solicitar la exención del pago de tales derechos. Por tanto, al menos desde un punto de vista conceptual, las personas vulnerables se hallan eximidas de dicha obligación en la medida en que así lo soliciten en el respectivo municipio.
Con la modificación aprobada por la Comisión de Hacienda, lo que va a ocurrir es que se celebrará un convenio de pago; habrá condonación de cien por ciento de intereses y multas, y después, como surgirá una nueva deuda, se establecerá un convenio adicional, otra vez con una condonación del cien por ciento.
Por consiguiente, la señal que se está dando en este caso, señor Presidente, es que no deben pagarse los derechos de aseo oportunamente porque siempre habrá una condonación total de intereses y multas. Y eso a mí no me parece apropiado.
Creo que hay que otorgar un incentivo si se paga al contado lo adeudado por concepto de derechos de aseo. Lo mismo si se celebra un convenio de pago en cuotas. Pero debe pagarse algo por concepto de multas e intereses. Aquí se está dando la señal de no pagar nada, y eso no lo estimo correcto.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, mi criterio es distinto del que sostuvo el Senador Zaldívar, con quien tradicionalmente coincido en la Comisión de Hacienda. Yo considero que el derecho social establecido en la ley como obligación de pago por concepto de aseo es, en consecuencia, un tributo. Tal es el origen de la discrepancia.
Ahora bien, la propuesta que Su Señoría hizo en forma posterior a nuestra diferencia, a saber, la supresión del inciso segundo del artículo 11, faculta a la autoridad municipal para condonar el cien por ciento de los intereses y las multas, lo cual podría ser efectivamente la solución, por cuanto se elude la discusión respecto de si lo que está establecido es tributo o no.
Por lo tanto, no voy a mantener mi rechazo a lo planteado por el Senador Zaldívar, dado que, en mi opinión, elude pronunciarse sobre si el derecho social de aseo, obligatorio en la ley, es o no un impuesto.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, en realidad no iba a intervenir, pero por lo que he escuchado acá, prefiero dejar constancia de dos o tres cosas.
He discrepado efectivamente con los Senadores señores Escalona y Novoa sobre si se califica como tributo o no el pago del servicio de aseo.
La jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional acerca de la admisibilidad o inadmisibilidad, específicamente respecto del artículo 65, inciso cuarto, número 1°, de la Carta Fundamental, indica que la aplicación del término en cuestión es estricta, o sea, solo puede declararse la inadmisibilidad o inconstitucionalidad cuando expresamente la norma constitucional se refiere a la materia.
Pero es factible discutir si acaso el pago del servicio de aseo domiciliario -muchas veces se confunde porque se habla de derecho de aseo, pero lo que se paga es un servicio- tiene o no carácter de tributo.
Hoy día los representantes del Ministerio del Interior dijeron que el pago de un servicio no es impuesto, al igual que otras prestaciones municipales.
Recuerdo que, cuando se discutió en el Senado lo relativo a las patentes mineras e incluso se determinó su destino en favor de las comunas que tienen minas, se decidió que el Parlamento sí poseía iniciativa legal. Por esa razón, a mi juicio, no nos podemos limitar las pocas facultades que tenemos con una interpretación tan restrictiva, como el pretender hacer equivalente el tributo al pago del servicio de aseo.
Por lo tanto, dejo constancia de que, a mi entender, no se aplica el número 1° del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución, respetando por supuesto la interpretación diferente que han tenido otros señores Senadores.
De otro lado, en semanas anteriores, aquí hemos discutido sobre la descentralización y la regionalización. Entonces, ¿es posible que las municipalidades del país -de acuerdo con el artículo 118 de la Carta son corporaciones autónomas- no puedan reglamentar lo relativo al pago de los servicios de aseo o hacer al respecto el tipo de convenios propuesto? ¿No es más lógico dejar el inciso primero sin la limitación del inciso segundo, de tal manera que el concejo municipal visualice el problema y cómo tratarlo con sus vecinos, para determinar de qué manera recupera o no los recursos por deudas impagas?
Es de la esencia misma de las municipalidades que en materia de aseo, al menos, les reconozcamos cierta autonomía. Es lo mínimo que podemos darles.
Lo anterior no quiere decir -en esto no estoy de acuerdo con el Senador Orpis- que haya un incentivo al no pago, sino al contrario, porque aquí no se les dice que no cobren los intereses penales y multas. Lo que se establece para el alcalde y el concejo es que ellos determinen cuál es el monto. Podrán declarar que se debe pagar el 50 por ciento de aquellos, o el 100 u 80 por ciento. Pero será la municipalidad la que, de acuerdo con su propia autonomía, en un servicio tan básico como la extracción de basura, va a determinar qué beneficio le entrega al vecino para los efectos de recuperar algunos recursos.
Esas fueron las razones por las cuales pedí la eliminación del inciso segundo, y también como una manera de soslayar esta discusión de tipo constitucional.
En ese sentido, agradezco al Senador Escalona que reconozca que, por haberse eliminado lo relativo a esta materia, no mantendrá su objeción.
Por eso pido al Senado que, junto con aprobar el inciso primero del artículo 11, elimine el inciso segundo, al objeto de que por una vez -es lo mínimo- reconozcamos a las municipalidades cierta autonomía y trabajemos realmente por una descentralización mínima a nivel comunal, como es la determinación del cobro del servicio de aseo.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, por la intervención de algunos señores Senadores, me queda la impresión de que no se ha entendido bien lo que queremos hacer.
Primero, como bien dijo el Senador señor Novoa, tenemos despejado lo referente a la admisibilidad o constitucionalidad.
Ahora, estamos votando en contra del inciso segundo, dentro de lo que está perfectamente permitido. Por lo tanto, lo que hacemos es admisible y se encuentra en armonía con las normas constitucionales.
Segundo, de acuerdo a lo que expresó el Senador señor Zaldívar en su intervención reciente, aquí no estamos diciendo que todas las municipalidades vayan a tener que condonar el 100 por ciento de las multas e intereses, sino dando a cada una de ellas, a su alcalde y al concejo municipal, la facultad para decidir. Y van a poder decir que la persona que paga al contado tiene el 100 por ciento de exención por multas e intereses; quien lo haga en 6 cuotas a lo mejor va a tener derecho al 90 por ciento de condonación, y el que cancele en 12 cuotas, a lo mejor el 80 o el 70 por ciento.
¿Por qué no dejamos que cada municipio, conforme a su realidad socioeconómica, resuelva mediante una ordenanza cómo va a incentivar a que los contribuyentes deudores del servicio de aseo domiciliario se pongan al día y paguen?
También se ha sostenido que estamos incentivando a que nadie pague. Al revés, pues lo que hacemos es dar a los municipios las facultades para determinar cómo estimulan mejor a los vecinos a que se pongan al día.
Por lo tanto, a mi juicio, es del todo razonable aprobar el inciso primero del artículo 11 y votar en contra su inciso segundo; o mejor dicho, que aceptemos lo propuesto por mayoría en la Comisión de Hacienda. De manera que lo único que estamos haciendo es dar facultades a los municipios para que establezcan un mecanismo de incentivos, a través de la condonación de multas e intereses, al objeto de que todas las personas que están atrasadas en el pago de derechos de aseo se pongan al día.
Eso es lo que implica la votación que estamos proponiendo.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, la deuda en el pago de la extracción de basura ha sido un tema recurrente durante muchos años, sobre todo de quienes se hallan en condiciones vulnerables por el reajuste, la valorización de sus viviendas y porque han tenido que empezar a pagar lo que antes no cancelaban.
Esa es la realidad social de muchas comunas.
Pero, cuando hablamos de entregar facultades a los municipios, ¿por qué en vez de hacerlo durante los 12 meses siguientes a la fecha de publicación de la respectiva ley no establecerlo en forma permanente? Porque de lo contrario volverá a ocurrir la misma situación y deberá presentarse un nuevo proyecto, lo que ya ha sucedido. Entonces, si queremos realmente dar tales facultades a los municipios, eliminemos la expresión "12 meses siguientes a la fecha de publicación".
Quiero consultar a los representantes del Ejecutivo qué ambiente hay en el sentido de hacerlo en forma permanente. Me da la impresión de que no están de acuerdo.
Por lo tanto, tendremos que estar dictando permanentemente leyes para dar solución a deudas que son incobrables en su mayoría. ¡Incobrables!
Y encuentro toda la razón a lo planteado por el Senador señor Novoa en cuanto a que también lo propuesto es un incentivo a no pagar. ¡Para qué pagar si el día de mañana van a condonar el 100 por ciento de las multas e intereses!
En consecuencia, si queremos otorgar facultades a los municipios, no les demos plazo y entreguémoselas de manera permanente. La situación es compleja, porque en muchos casos, a lo mejor, no se condonará más allá del 30 o 50 por ciento. Pero lo importante es que haya un incentivo frente a un mayor porcentaje de condonación.
Por eso, consulto al Ministro o al Subsecretario si existe el ánimo de que esto sea permanente, porque si rige por un año, vamos a estar el próximo analizando un proyecto muy semejante.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba la supresión del inciso segundo del artículo 11 (18 votos a favor, 7 en contra y un pareo), y queda despachado el proyecto en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Espina, García, Gómez, Lagos, Navarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Chahuán, Coloma, García-Huidobro, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis y Pérez Varela.
No votó, por estar pareado, el señor Girardi.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor FLORES (Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo).-
Señor Presidente, quiero agradecer a la Sala por la aprobación de este importante proyecto de ley, que contiene un conjunto muy significativo de normas que fortalecen el rol del concejo municipal.
La mayoría de ellas, por no decir todas, fueron concordadas con el Capítulo de Concejales hace dos o tres años, en un congreso celebrado en Osorno.
Hay otras disposiciones que fortalecen el principio de probidad administrativa y promueven una mayor transparencia en el municipio, tanto porque refuerzan las facultades fiscalizadoras del concejo respecto del alcalde, como, también, porque establecen nuevas obligaciones de transparencia de la instancia municipal hacia la ciudadanía.
También figuran algunos preceptos que favorecen una mejor gestión municipal, y otros que propenden a fortalecer el profesionalismo. Uno de ellos fue largamente discutido durante esta sesión.
Prácticamente todas esas disposiciones fueron objeto de una importante discusión en los últimos años en el mundo académico.
El Consorcio para la Reforma del Estado de 2009, recogió -diría yo- una parte importante de dichas inquietudes. Y, también, la Asociación Chilena de Municipalidades nos hizo presente, al inicio de esta gestión gubernativa, un conjunto de normas que hoy día los Senadores han aprobado.
Por lo tanto, en nombre del Gobierno, agradezco esta importante aprobación.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Por mi parte, deseo felicitar a los dirigentes de los concejales, quienes han tenido persistencia durante la tramitación de esta iniciativa.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, solicito el desarchivo del proyecto originado en moción de los Senadores señora Carmen Frei, señor Andrés Zaldívar y quien habla, que modifica los artículos 56 y 113 de la Carta Fundamental con el fin de prohibir a Senadores, Diputados y Concejales, desde el día de su proclamación como electos, cambiar su filiación política.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se acogerá la petición de Su Señoría.
--Así se acuerda.
ESTABLECIMIENTO DE CONTROL PREVENTIVO DE IDENTIDAD
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Proyecto de ley, iniciado en mensaje, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, para establecer la medida de control preventivo de identidad, y respecto del cual, en sesión de fecha 14 de enero, se solicitó segunda discusión.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9036-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 42ª, en 30 de julio de 2013.
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 81ª, en 18 de diciembre de 2013.
Discusión:
Sesión 85ª, en 14 de enero de 2014 (queda para segunda discusión).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El Ejecutivo hizo presente la urgencia calificándola de "suma".
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutió el proyecto en general y en particular, por tratarse de aquellos de artículo único, y aprobó la idea de legislar con los votos a favor de los Senadores señores Espina, Larraín (don Carlos) y Pérez Varela, y el pronunciamiento en contra de los Senadores señora Alvear y Walker (don Patricio). También lo aprobó en particular con un texto sustitutivo, que contiene una disposición que se incorpora al Código Procesal Penal y no en la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, con los votos de los Senadores señores Espina, Larraín (don Carlos) y Larraín (don Hernán) y el pronunciamiento en contra de los Senadores señora Alvear y Walker (don Patricio).
El texto que se propone aprobar se consigna en la parte pertinente del informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En la segunda discusión, tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).-
Señor Presidente, esta iniciativa fue originada en mensaje, en el cual se hace presente el compromiso del Gobierno con el resguardo de la seguridad y el orden público en nuestro medio. En este contexto, se destaca la importancia del control de identidad, herramienta consagrada en el Código Procesal Penal, la que, sin embargo, como está establecida y es entendida por los tribunales, se ha mostrado insuficiente -según el Ejecutivo- para permitir que Carabineros de Chile cumpla con el rol preventivo que le corresponde.
Cabe recordar que el artículo 85 del Código Procesal Penal dispone en su inciso primero que los funcionarios policiales deberán, "sin orden previa de los fiscales, solicitar la identificación de cualquier persona en los casos fundados, en que, según las circunstancias, estimaren que existen indicios de que ella hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta; de que se dispusiere a cometerlo; o en el caso de la persona que se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular su identidad".
El mismo precepto establece la manera en que debe llevarse a cabo este procedimiento, especificando las situaciones en que los funcionarios policiales están autorizados para detener, así como el modo en que deben actuar ante la negativa o la imposibilidad de acreditar la identidad.
El mensaje señala que ha habido dificultades con el uso del control de identidad y con la interpretación restrictiva que se ha hecho de la norma que lo consagra, pues hay indeterminación en los elementos contenidos en la frase "los casos fundados, en que, según las circunstancias, estimaren que existen indicios".
La formulación de este requisito, que es esencial para la procedencia del control de identidad, ha dado lugar a problemas de interpretación judicial. Y hay juzgados de garantía que, al conocer los controles de detención de individuos cuya identidad ha sido controlada en virtud de lo establecido en el referido artículo 85 del Código Procesal Penal, determinan que tales detenciones han sido ilegales por no llegar a la convicción de que los indicios que dieron lugar a los respectivos controles de identidad son suficientes.
Ello -dice el mensaje- dificulta a Carabineros cumplir su deber como policía preventiva.
Por esas razones, el proyecto propone la consagración de una herramienta especial que permitirá a Carabineros realizar controles de identidad preventivos ante hechos o situaciones que puedan derivar en un peligro para la seguridad pública.
Hubo dos acuerdos al inicio del estudio de esta iniciativa. El primero, que por tratarse de un proyecto de artículo único, debía discutirse en general y en particular a la vez; y el segundo, relativo a la conveniencia de escuchar no solo al Ejecutivo, sino también a Carabineros de Chile y a otras instituciones vinculadas a la materia (Instituto Nacional de Derechos Humanos y Amnistía Internacional), y a académicos especialistas, como los profesores señores Julián López, Jorge Bofill, Gonzalo Medina, Mauricio Duce, Juan Pablo Mañalich y Claudio Troncoso.
Nuestro informe da cuenta de la totalidad de los valiosos aportes recibidos durante el debate.
La discusión de la Comisión se centró en diversas inquietudes.
Primero, se revisó la evolución que la medida de control de identidad ha tenido en nuestro medio, a partir de la detención por sospecha, que estuvo vigente por cien años en el Código de Procedimiento Penal. Desde esa medida, se llegó al control de identidad, consagrado en 1998, el que ha tenido sucesivas modificaciones, hasta llegar a su actual formulación. A ello se agrega un mecanismo de control preventivo de identidad específico, consignado desde el 2012 en la Ley sobre Violencia en los Estadios, para el solo efecto de los espectáculos deportivos.
A propósito de cada una de tales medidas, la Comisión revisó las dificultades y los reclamos a que han dado lugar.
Una inquietud que motivó considerable interés fue la necesidad de esclarecer si en realidad es necesario consagrar en nuestro ordenamiento jurídico una norma como la que se propone, habida consideración de que el control de identidad está vigente en el Código Procesal Penal y de que una alternativa que concita bastante apoyo es simplemente la de dotar de mejores medios tecnológicos y capacitación a las policías.
Por otra parte, se tuvo en cuenta el imperativo de cuidar el debido equilibrio que debe haber entre la nueva herramienta que se propone y el respeto por las garantías constitucionales que ella puede poner en juego, como el caso de la libertad personal y la protección de la intimidad y la vida privada de las personas.
Otro asunto que fue objeto de largo debate fue el hecho de proponerse como estándar para la procedencia de la nueva medida de control preventivo de identidad la circunstancia de que la persona simplemente se encuentre en determinados lugares o cerca de ellos, lo que se consideró de mucha vaguedad como para dar lugar a que esa persona sea registrada e incluso conducida hasta un cuartel policial, donde podría permanecer hasta por ocho horas.
Un interés adicional lo motivó la normativa que rige en materia de control de identidad en otras naciones. Con el apoyo de la Biblioteca del Congreso Nacional hubo oportunidad de analizar el caso de las legislaciones de Alemania, España, Francia, Italia, Estados Unidos y Perú.
Una vez examinadas estas materias y consensuados algunos criterios generales, se puso en votación la idea de legislar, la que fue acogida por tres votos a favor, de los Senadores señores Espina, Carlos Larraín y Pérez Varela, y dos en contra, de la Senadora señora Alvear y del Senador que habla.
Posteriormente, se llevó a cabo la discusión particular, en la cual, además de tenerse en consideración los asuntos ya reseñados, se analizaron otros más específicos.
Se ahondó en cuanto al estándar para la procedencia de la nueva medida de control preventivo de identidad, de modo que no solamente radique en el hecho de que una persona se encuentre en determinado lugar.
Igualmente, se consideró la necesidad de precisar los objetivos específicos del nuevo control de identidad.
Asimismo, se revisó la conveniencia de mejorar el procedimiento de identificación, a fin de evitar el desplazamiento de la persona controlada a un recinto policial y diversificar los medios que se admitirán para comprobar su identidad.
Finalmente, se evaluó la ubicación más adecuada para la nueva atribución que se conferirá a los funcionarios de Carabineros de Chile, ponderándose para ello tanto la Ley Orgánica Constitucional de esa institución como el Código Procesal Penal.
Tras un largo debate, por tres votos a favor (Honorables señores Espina, Carlos Larraín y Hernán Larraín) y dos en contra (Senadora señora Alvear y Senador que habla), se llegó al texto que se propone a la Sala, que incorpora al Código Procesal Penal el siguiente artículo 85 bis, nuevo:
"Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 85, en el ejercicio de su rol de policía preventiva y con el solo objeto de precaver la ocurrencia de hechos que puedan poner en peligro la seguridad y el orden público, Carabineros de Chile, a través de su personal en servicio, podrá solicitar la identificación y cotejar la existencia de órdenes de detención, de cualquier persona que se encuentre en lugares o zonas donde, por circunstancias fundadas, sea previsible la ocurrencia de hechos delictuales o que pongan en riesgo la seguridad y el orden público. Este procedimiento concluirá inmediatamente después que se obtenga la identificación de la persona que se controla, en la forma establecida en el inciso siguiente.
"La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare, por medio de documentos de identificación expedidos por la autoridad pública, como cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte o por cualquier otro medio verosímil que permita establecer positivamente su identidad -este texto es mucho más amplio que el propuesto originalmente-. El funcionario policial deberá otorgar a la persona las facilidades para identificarse.
"En caso de negativa de una persona a acreditar su identidad, le serán aplicables, a este respecto, los incisos tercero y siguientes del artículo anterior.
"El abuso en el ejercicio de las facultades establecidas en este artículo estará sujeto a las sanciones administrativas y penales que correspondan".
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, pocos trabajos son tan difíciles, sacrificados, arriesgados y poco reconocidos como el que realiza Carabineros en una sociedad empoderada que exige, pero que da poco y no respeta a la autoridad.
Sin duda, en todas las encuestas y mediciones, incluso en el contacto que tenemos con nuestros electores, la opinión pública nos pide permanentemente que exista una mayor y mejor seguridad ciudadana.
Tal como dijo el señor Ministro del Interior, mediante este proyecto de ley entregamos las herramientas que se necesitan para que Carabineros pueda responder de mejor manera a la función que la opinión pública nos pide. Y, si aprobamos la normativa legal que nos ocupa, estará en condiciones de ejercer su difícil labor en el control de la delincuencia en forma más eficiente.
La iniciativa en comento -felicito al Ministro Chadwick y al Presidente de la República por haberla enviado- responde al clamor de la opinión pública día a día. La gente se siente desprotegida, percibe que los delincuentes hacen lo que quieren y que las personas respetuosas de la ley y el derecho se hallan a su merced.
Este proyecto de ley no restringe la libertad, sino que, por el contrario, pretende proteger de mejor forma la libertad de la inmensa mayoría de los chilenos que quieren vivir en paz y no permitir que un puñado de delincuentes se sienta con el derecho a violar la ley y los derechos de los demás.
Por un lado, el control de identidad constituye una herramienta de prevención -por eso se ha presentado una norma de esta naturaleza-, destinada a evitar la ejecución de determinado delito en aquellos casos en que existan indicios que hagan temer la ocurrencia de hechos que pongan en riesgo la seguridad y el orden público. Y, por otro lado, es una herramienta de investigación, pues permite identificar y pesquisar a ciertas personas cuando existan indicios de que han cometido una falta o un delito, o bien en aquellas situaciones en que se estima que pueden suministrar informaciones útiles para la indagación de un hecho delictual.
La presente iniciativa apunta a fortalecer las facultades preventivas de Carabineros de Chile, agregando un artículo 85 bis nuevo en el Código Procesal Penal, mediante el cual se incorporan nuevas facultades para el control preventivo de identidad, pero con mayores limitaciones que las contenidas en el artículo 85 del referido Código.
A saber:
a) Esta nueva facultad solo se otorga a Carabineros de Chile a través de su personal en servicio.
b) Consiste en solicitar la identificación y cotejar la existencia de órdenes de detención contra cualquier persona, en cualquier lugar o zona donde, por circunstancias fundadas, sea previsible la ocurrencia de hechos delictuales o de actos que pongan en riesgo la seguridad y el orden público.
c) Este procedimiento de control de identidad concluye inmediatamente después de que la persona controlada se identifica.
d) Para efectos de identificación, la persona controlada no solo puede exhibir su cédula de identidad, sino también su licencia de conducir, pasaporte o cualquier otro medio verosímil que haga factible establecer positivamente su identidad.
e) Este procedimiento no permite el registro de vestimentas, equipajes ni vehículos.
f) Solo en caso de negativa de la persona a acreditar su identidad, esta puede ser conducida a la unidad policial más cercana para fines de identificación.
Si se analiza la legislación comparada, podemos observar que policías de otros países que nosotros siempre ponemos como ejemplo (Alemania, España, Estados Unidos, Italia, Francia y Perú, entre otros) cuentan con este tipo de mecanismos y atribuciones, lo que les posibilita, por supuesto, contar con mejores condiciones para luchar contra la delincuencia.
Espero que podamos aprobar el proyecto de ley en este trámite. La bancada de Renovación Nacional lo apoyará, porque considera que la realidad que se vive en materia de delincuencia requiere entregar más y mejores facultades a Carabineros para que pueda cumplir su labor tan delicada.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, quiero hacer un esfuerzo por persuadir a mis distinguidos colegas, hombres y mujeres, de la necesidad de aprobar esta iniciativa legal que, a mi juicio, es una de las más relevantes con que puede contar la policía para prevenir un delito.
Actualmente, la policía tiene facultades para requerir la identidad de una persona, las cuales se hallan consagradas en el artículo 85 del Código Procesal Penal. Esto se denomina "control de identidad".
Dichas facultades, que fueron aprobadas por el Parlamento años atrás, establecen que un policía puede pedir la identificación de una persona, sujeto al hecho de que existan fundados indicios de que está cometiendo o intenta cometer un delito.
En esa hipótesis, la policía está autorizada para solicitarle a una persona que exhiba su identificación y, si esta no accede, queda sometida a un procedimiento que incluso permite registrar sus vestimentas y el vehículo en que se desplaza.
Lo que este nuevo artículo 85 bis propone es una cosa muy distinta, pues plantea facultar a Carabineros de Chile para que en aquellas zonas y lugares en que sea previsible la ocurrencia de hechos delictuales, es decir, donde se cometen delitos en forma regular y habitual, pueda pedirle a una persona que le muestre su cédula de identidad. No otorga facultades para registrar sus vestimentas ni tampoco su vehículo, salvo que pasemos a la hipótesis que indiqué anteriormente, o sea, que existan indicios de que aquella está perpetrando un delito.
Doy un ejemplo.
En los delitos de robo y asalto (ocurren en todas las comunas donde Sus Señorías fueron elegidos), cuando se comete un robo con violencia o intimidación en las personas, según lo explica claramente el General Director de Carabineros, lo habitual es que el lugar previamente sea visitado -lo que en jerga delictual se llama "sapeado"- por delincuentes que merodean para conocer cuáles son las características del barrio, de la zona; qué casas presentan más vulnerabilidad, y cómo pueden cometer el delito.
La pregunta es: en esos barrios y lugares, donde probablemente vivan ustedes, sus familiares, sus electores, ¿puede la policía contar con la facultad para decirle a una persona "muéstreme su carné de identidad"? Como dice la norma, solo es posible realizar esa acción en el mismo lugar en donde aquella se encuentra, debiendo utilizarse allí los mecanismos para certificar si tiene una orden de detención pendiente, está siendo investigada o ha sido imputada en un juicio por algún delito.
Esta disposición va a existir en Chile. Pero alguien podría preguntarse qué pasa en el resto del mundo. Porque uno debe mirar si los otros países cuentan con normas de esta naturaleza.
Pido a los señores Senadores que lean el informe.
En Alemania, según consta en el referido documento, existe una disposición de estas características y mucho más abierta para la policía. Ella consigna que para que a la policía le sea posible pedir la identidad de una persona basta que pretenda evitar la comisión de un delito. ¡Y nadie puede señalar que en Alemania no rige un pleno Estado de Derecho!
En Francia la policía posee facultades para realizar controles administrativos preventivos que tengan por objeto prevenir una infracción al orden público. ¡Prevenir! Solo puede pedir el carné de identidad en una zona en donde se cometen delitos, no en cualquiera.
Señor Presidente, está por terminar mi tiempo ¿me puede dar un minuto más?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Por supuesto, señor Senador.
El señor ESPINA.-
Gracias.
En Italia, en cuanto al control de identidad, existe la obligación general de identificarse cuando la autoridad lo solicita (artículo 651 del Código Penal italiano).
En Perú -país latinoamericano- el artículo 205 de su Código Procesal Penal dispone: "Sin necesidad de orden del Fiscal o del Juez", la policía "podrá requerir la identificación de cualquier persona y realizar las comprobaciones pertinentes en la vía pública o en el lugar donde se hubiere hecho el requerimiento".
Suma y sigue.
Prácticamente en todos los países con legislaciones actualizadas existe esta facultad.
Yo simplemente quiero invitarlos a aprobar la norma. Esta ha sido mejorada y perfeccionada por los miembros de la Comisión, y busca entregarle a la policía un instrumento fundamental para prevenir delitos.
¿Cuántas veces uno ve lugares y zonas en donde los vecinos dicen con gran angustia: "Hay un tipo que está merodeando; aquí roban y asaltan reiteradamente"?
Acá no se está pidiendo una facultad adicional para detener o para encarcelar. No se está solicitando una facultad ni siquiera para registrar las vestimentas de alguien. Se trata de establecer una atribución para poder decirle a una persona: "Señor, ¿me podría facilitar su identificación porque se encuentra en un lugar en donde habitualmente se cometen delitos?".
Señor Presidente, esta es una norma fundamental para el éxito de la labor policial. De no aprobarla -lo digo con toda sinceridad-, lo vamos a lamentar mucho. Y por eso insto a las Senadoras y a los Senadores a que la votemos a favor, porque será un instrumento que entregará más medios y facultades a la policía para prevenir los delitos.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, un proyecto como este, por lo menos en mi larga vida política, no es nuevo.
En más de una oportunidad, hace bastantes años, se planteó la llamada "detención por sospecha". Y desde ese mismo momento tuvimos la preocupación de que una amplitud mayor de la que hoy posee la Fuerza Pública para actuar respecto a una persona cuya conducta amerita ser registrada podría llevarnos a construir un modelo de detención que, por una parte, fuera en ayuda de lo que se quiere conseguir, pero, por otra, generara problemas que nos hicieran pensar que el remedio es peor que la enfermedad. Ello -perdóneme que lo señale así, señor Presidente-, por la sencilla razón de que, curiosamente, mientras más delitos se cometen, más se estrecha la realidad nacional en cuanto a la libertad de las personas.
Sucede un hecho bastante extraño: comenzamos a tenerle miedo al miedo. Y esa es una de las cosas que se producen con la ley en proyecto.
Alguien puede plantear con toda legitimidad -esa argumentación hemos escuchado- que una persona puede estar haciendo algo sospechoso en lugares sospechosos. Con eso, nosotros le damos a la Fuerza Pública la posibilidad de ser mucho más dura y precisa para eliminar ese peligro y favorecer a los vecinos o a quienes se vean agraviados por él.
Pero también hay otro lado de la moneda. ¿Qué pasa con las personas a las cuales simplemente se les registra o se les pide su carné de identidad sin razón?
Entonces, empieza a darse en la sociedad chilena la sensación de no saber a qué tenerle más miedo, si a las personas que cometen delitos o a la Fuerza Pública, que, por razones equis -lo hemos visto-, puede incurrir en hechos que lleven a la gente a sentir miedo.
No es lo que queremos para la sociedad chilena.
No buscamos quitarles atribuciones a Carabineros.
Tampoco se trata de decir -no lo he escuchado en la Sala hoy, pero sí en declaraciones de prensa- que quienes nos oponemos a esta norma estamos generando condiciones para que el delito quede impune y que, por lo tanto, de alguna u otra manera, trabajamos -entre comillas- para que la sociedad quede inerme.
Eso, desde luego, no lo he oído aquí. Y, con toda franqueza, tal argumento lo considero inaceptable. Una cosa es que la sociedad tenga una fuerza vital con el objeto de terminar con los delitos, y otra, que uno exponga a la gente en determinado momento a un registro, a una petición o a un apremio que no se justifica.
Ahora bien, quienes estamos en este lado del Hemiciclo siempre hemos sostenido que la manera de resolver el problema de los delitos no es básicamente mediante el vagón de cola del tren, que implica, en definitiva, más delito, más apremio, más delito, en un camino sin fin.
Nosotros siempre hemos planteado que mientras no enfrentemos la realidad de manera diferente, dados los ejemplos sociales o la forma en que la sociedad empieza a ser influida por la televisión o por lo que fuere, no se acabará la sensación de que el delito se reprime en ciertos sectores de la población y de que otros ilícitos no se reprimen de la misma manera.
En tanto no cambien las condiciones, y la gente pueda decir: "Yo estoy en situación de vivir bien y no necesito ir a delinquir", no vamos a salir de este círculo infernal muy, muy difícil de enfrentar.
Ahora, también se ha dado como argumento algo cierto y que se usa con toda habitualidad...
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Ha concluido su tiempo, señor Senador.
Dispone de un minuto adicional.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Muchas gracias.
Se argumenta: "Veamos lo que pasa en otros países". Y se esgrime una lista de ellos donde existen facultades parecidas. Pero no se dice que en esas naciones se producen apremios, circunstancias, episodios que hacen expresar: "Cómo fue posible que una fuerza pública llegase a tener tal dureza para actuar contra personas, que resulta natural que se las registre, o individuos que, francamente, no tenían ninguna responsabilidad".
Por mi parte, me quedo con la frase de mi preferencia: No castigaré a un inocente; antes prefiero que quede sin castigo un culpable.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, el presente proyecto es, en verdad, muy importante y puede marcar un punto de inflexión respecto de la forma en que se enfrenta la seguridad pública, en que se ataca la delincuencia en Chile.
A menos que alguien diga que vamos ganando la batalla contra la delincuencia -alguno podría sostenerlo-, yo siento que mantenemos una profunda deuda con varias instituciones en lo que se refiere a distintas herramientas para poder combatir de mejor manera lo que es, ¡lejos!, el problema número uno de nuestro país. No existe otro más relevante.
Y si alguien cree que ante lo que está ocurriendo simplemente hay que levantar las manos y esperar que una especie de inspiración divina o de abuenamiento de un número de personas vaya a solucionar casi automáticamente las cosas, me parece un profundo error.
Aquí existen responsabilidades -y lo hemos señalado en otras instancias- de los jueces, de los fiscales, pero también de la legislación. Y uno de los elementos centrales de esa normativa innovadora que se requiere plantear en esta materia dice relación con el otorgamiento de una mejor herramienta a Carabineros de Chile para garantizar el orden y la seguridad pública.
Desde mi perspectiva, a lo menos, el control de identidad constituye un triple beneficio (y me costaría entender que no sea aprobado por unanimidad en esta Sala, cuestión que ya veo que va a ocurrir).
En primer lugar, es una instancia de prevención: se evita la ejecución de determinado tipo de delitos, en aquellos casos en que existan indicios que hagan presumir la ocurrencia de hechos que ponen en riesgo la seguridad de las personas.
En segundo término, es una herramienta de investigación: permite identificar y pesquisar a ciertas personas cuando han cometido una falta o un delito,
Y también tiene efecto en lo que respecta al acatamiento de un fallo, cuando, precisamente, la persona cuya identidad se requiere tiene pendiente el cumplimiento de una sanción.
Entonces, el proyecto que nos ocupa busca fortalecer las facultades preventivas de Carabineros de Chile. Se incorpora una nueva atribución, distinta de lo que hay ahora, que solo se otorga a Carabineros y que la podrá ejercer por circunstancias fundadas. Ella consiste en solicitar la identificación y cotejar la existencia de órdenes de detención de cualquier persona, en cualquier lugar o zona donde sea previsible la ocurrencia de hechos delictuales o que pongan en riesgo la seguridad y el orden público. Y esto, que es de sentido común, actualmente no existe. Hay un conjunto de parlamentarios que no quiere que tal atribución pueda estar en manos de Carabineros.
Y, además, existen resguardos en la propia disposición, al establecerse que los procedimientos de control de identidad concluyen inmediatamente después de que la persona controlada se identifique por cualquier medio verosímil que acredite positivamente su identidad. No es necesario que lo haga mediante el carné.
No se otorga facultad para registrar la vestimenta ni el equipaje.
Y solo en caso de que el individuo se niegue a acreditar su identidad, puede ser derivado a una unidad policial.
Señor Presidente, este procedimiento existe en otros países. Algunos parlamentarios han querido señalar que ello se da en contextos de rudeza de ciertos sistemas judiciales. No. La utilización de dicha medida tiene un sentido lógico en naciones desarrolladas como Alemania, España, Estados Unidos, Italia, Francia, por nombrar algunas, donde se comprende que es una facultad que las policías necesitan.
Y la argumentación según la cual hoy día las facultades del artículo 85 del Código Procesal Penal son suficientes, me parece, de verdad, que no resiste análisis. Estoy seguro de que muchos parlamentarios, por no decir todos, hemos conversado con las instituciones judiciales o Carabineros de Chile. Y por lo menos a mí me ha ocurrido que cuando se instala este tema no hay dos opiniones: las facultades de que ahora dispone Carabineros son insuficientes. Porque encontrándose en situación de poder actuar preventivamente, la aplicación del actual artículo 85 requiere tal grado de complejidad que, en la práctica, se usa muy excepcionalmente.
Entonces, no sé si alguien cree aquí que se está ganando la batalla contra la delincuencia. Yo entiendo, y en un gesto, obvio, transversal, que es un problema respecto del cual se han hecho innumerables esfuerzos para superarlo por parte del actual Gobierno, pero uno, al final, no puede sostener que sus resultados sean los mejores.
Entonces, cuando se instala una petición de sentido común, que no tiene por qué afectar a ciudadanos honrados, ¿dónde se halla el perjuicio para un ciudadano que cumple con las leyes?...
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Dispone de un minuto adicional.
El señor COLOMA.-
... ¿Por qué va a sentir temor?
No hay junta de vecinos, sociedad organizada que no plantee, en innumerables ocasiones, que de existir una herramienta de tal naturaleza ellos también podrían colaborar en la acción de la justicia. Y Carabineros va a disponer de elementos que no violentan ningún derecho humano, ningún derecho social. En definitiva, lo que se busca es facilitar que las policías puedan realizar una buena pega: preventiva; sancionatoria, en el caso de incumplimiento de fallo, e investigativa.
Ante ello, veo en la Concertación, no sé, hasta ahora -espero que algunos de los inscritos puedan sorprenderme gratamente respecto de un cambio de posición-, una negativa a darle a Carabineros una facultad fundamental para enfrentar la acción delictual en Chile.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, diversos Senadores que han hecho uso de la palabra se refirieron con mucha propiedad a la necesidad de avanzar en la materia de que se trata.
Quizás lo que ha inhibido a algunos de dar su visto bueno es el recuerdo de lo ocurrido con la detención por sospecha, que generó tantos conflictos y tantas arbitrariedades, sobre todo hacia la gente joven.
Sin embargo, la solución alternativa a que se llegó: el control de identidad que había hace algunos años, fue un extremo del péndulo en donde tampoco pudimos avanzar en el objetivo de lograr brindarle a la policía atribuciones para precaver la comisión de delitos.
En el caso del control por sospecha, porque había demasiada subjetividad; en lo que respecta al control de identidad inicial, porque había demasiada objetividad.
Entonces, hay que buscar un mecanismo que permita, con situaciones y antecedentes objetivos, otorgarle al carabinero la posibilidad, con prudencia y con datos claros y precisos, de precaver la comisión de delitos cuando las circunstancias, en forma fundada, así lo puedan acreditar.
Carabineros nos planteó en la Comisión la completa insuficiencia que tiene para lograr evitar la comisión de ilícitos en las condiciones actuales. Y, en ese sentido, creemos que este proyecto presentado por el Ejecutivo lograría efectivamente superar ese vacío.
Creo que muchos de los temores que pueden haber se disipan al analizar el contenido de la iniciativa, porque -como se ha dicho- se trata solamente de darle esta atribución a Carabineros, en su rol de policía preventiva, con un solo objeto: precaver la ocurrencia de hechos que puedan poner en peligro la seguridad y el orden público.
Y para garantizar que ese sea el propósito y que no se cometan abusos, además de señalarse expresamente que los funcionarios serán sancionados clara y contundentemente, el ejercicio de esta atribución tiene muchas limitaciones. Desde luego, ha de practicarse para cotejar la existencia de órdenes de detención de cualquier persona en lugares o zonas donde, por circunstancias fundadas -la policía no puede ejercerla a su mero arbitrio, sino que deben existir antecedentes fundados-, sea previsible la ocurrencia de hechos delictuales o que pongan en riesgo la seguridad y el orden público.
Es decir, se están formulando exigencias que hacen que el carabinero haga uso de esta facultad en forma muy limitada: cuando tenga antecedentes de que va a haber algún tipo de actuación en un lugar determinado -no en el mismo sitio, pues puede contar con información de que algo va a ocurrir en tal área-. Y, en caso de que haya una detención, tendrá que demostrar ante el juez que dicha actuación iba a poner en riesgo la seguridad.
¿Ello para qué? Para una sola cosa: lograr la identificación de la persona y cotejar si cuenta con algún antecedente -por ejemplo, órdenes de detención pendientes-, y por esa vía tener la certeza de que, si no los hay, ella no presenta riesgos.
Ahora bien, ¿cómo se hace lo anterior? Por cualquier medio oficial, no solamente mediante el carné de identidad, y, por cierto, a través de todo aquel que permita verosímilmente la identificación de la persona.
¿En qué lugar? En el sitio mismo donde ella se encuentre; no se la traslada a otra parte. En consecuencia, el funcionario policial debe otorgarle las facilidades para poder identificarse.
Es decir, no solo se contemplan requisitos claros y precisos a fin de ejercer esa atribución, sino que además se posibilita que dicho acto ocurra con mucha prontitud.
¿En qué caso se puede llevar detenida a la persona? Únicamente si se niega a acreditar su identidad. O sea, cuando se oponga a este procedimiento a pesar de dársele todas las facilidades -como aquí se ha mencionado-, recién puede ser aplicable esa medida.
Y, finalmente, debo decir que este proyecto sanciona el abuso en forma clara, determinando las sanciones administrativas y penales que correspondan.
Pienso, señor Presidente, que en esta circunstancia, bajo la forma como esta iniciativa está diseñada¿
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Dispone de un minuto adicional, señor Senador.
El señor LARRAÍN.-
Gracias, señor Presidente.
Decía que, por la forma en que este proyecto está diseñado, pareciera que estaríamos logrando los dos objetivos que se persiguen: uno, facilitar lo que la ciudadanía pide: mayor tranquilidad, entregándole a la policía atribuciones para que pueda ejercer su función preventiva -estoy hablando de la policía uniformada, es decir, de Carabineros de Chile-; y dos, cautelar el debido respeto que merecen todas las personas que pueden ser susceptibles de este control de identidad, el cual, por lo demás, constituye una práctica común en muchos países del mundo, por lo que no debería ser para nada algo que vaya a molestar a cualquier ciudadano si tiene su conciencia tranquila. Solo molesta a quienes tienen la conciencia intranquila, a los delincuentes potenciales.
Por lo tanto, me parece que sabemos a quién beneficia el rechazo de este proyecto.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Víctor Pérez.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, hay varios datos que, a mi juicio, son muy importantes: primero, Carabineros de Chile es una de las instituciones -por no decir, la Institución- con mayor respaldo y respeto ciudadano (por consiguiente, creo que ese elemento se debe tener siempre presente). En segundo lugar, a mí me ha tocado ver en la zona que represento cómo las distintas comunidades, las diferentes organizaciones solicitan y se alegran cuando el Gobierno dispone en las comunas el establecimiento de planes cuadrantes. Hoy día tenemos en la Región casi 20 comunas con esos planes, lo que significa más dotación policial, más vehículos, más presencia de efectivos en las calles.
En consecuencia, la pregunta que uno debe hacerse es si quiere que esa presencia de carabineros en las calles que la ciudadanía solicita sea con facultades o sin ellas. Y estoy seguro de que la gente desea tener funcionarios policiales con atribuciones, porque confía en Carabineros, dado que es una Institución policial cuyo rol preventivo del delito lo hace de buena manera. Y, por lo tanto, he ahí esa confianza.
Ahora bien, eso de ninguna manera significa que si algún funcionario se excede, comete ilícito en el desempeño de su labor, no va a ser sancionado. Cotidianamente, o más veces de las que uno quisiera, se ve que las autoridades de Carabineros sancionan a quienes así actúan.
A mí me llama mucho la atención, señor Presidente, que uno de los argumentos que se esgrimen para enfrentar y oponerse a la facultad que se otorga a la policía para pedirle a alguien su cédula de identidad en un lugar donde usualmente se cometen delitos, es que ello significa atentar contra la libertad de las personas. ¡Me llama profundamente la atención ese argumento! Porque ese mismo carabinero, en cualquier parte del territorio, en cualquier calle de una ciudad, en cualquier carretera puede detener un vehículo, pedir la documentación al conductor, y si esta no es la correcta, impedir incluso que la persona siga manejándolo.
A nadie se le ha ocurrido que eso signifique atentar contra la libertad de los ciudadanos, sino que forma parte de una acción preventiva, de resguardo, para que no sucedan accidentes. Siendo así, creo que esa labor tiene mucha mayor validez si se trata de disminuir los delitos.
Señor Presidente, pienso que la normativa que nos ocupa es incluso extraordinariamente restrictiva, porque el control debe hacerse en ciertos lugares, no en cualquier sitio.
En el sector donde yo vivo, en Los Ángeles, no ocurren delitos cotidianamente. Por lo tanto, Carabineros no tendría que utilizar esta atribución. Sin embargo, a mí, como vecino, como ciudadano me gustaría que ellos pudieran tenerla -ojalá nunca suceda algo- para evitar que ocasionalmente pueda suceder algún ilícito en ese barrio.
Pero acepto que la disposición que les otorga a dichos funcionarios la facultad de pedir la cédula de identidad, que en esencia es preventiva, sea extraordinariamente restrictiva.
Es por eso que este proyecto, a mi juicio, puede constituir un avance. Y no hay razón ni fundamento válido para impedir tal avance.
Queremos tener carabineros que sean respetados y que cuenten con atribuciones. Este requerimiento uno lo ha visto cuando parlamentarios de todos los partidos han luchado para que -repito- existan planes cuadrantes en sus zonas, para que ahí se construyan nuevos retenes, nuevas comisarías. Vale decir, todos han luchado para que existan más efectivos policiales. La pregunta es ¿más carabineros con facultades?
En mi opinión, eso es lo que hoy día tenemos que resolver.
Por eso, votaré a favor de esta iniciativa.
He dicho.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
¿Puede abrir la votación, señor Presidente?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
No hay acuerdo, señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, pienso que en la lucha contra la delincuencia uno de los peores errores que uno puede cometer es ponerse en ridículo.
Hago esa afirmación porque acá primero se nos explican las enormes bondades de este proyecto de ley y luego se señala que Carabineros ya tiene la misma atribución, y más.
Entonces, esto es de una inconsistencia y de una incoherencia absolutas. Porque se nos convoca a votar atendida la importancia de este proyecto, pero se nos dice: "¡No! ¡Si Carabineros puede hacer esto perfectamente bien! ¡Y puede hacer mucho más!".
Aquello viene a confirmar que estamos en presencia de una iniciativa que tuvo carácter político-electoral en el curso de la última campaña presidencial y que está muy lejana de los verdaderos desafíos que enfrenta el Estado en materia de seguridad pública.
Tengo en mis manos el editorial principal de El Mercurio de hoy, y quisiera que sobre él meditaran los Honorables colegas de Gobierno, y también los Ministros presentes en esta Sala, en particular el del Interior.
Es muy claro, categórico. Se titula: "Un `fracaso del Estado'". Y ello dice relación con la situación de La Araucanía.
Y señala el diario El Mercurio, que, como medio de opinión, guía a muchos de quienes hoy están en el Gobierno: "Es inaceptable que el Estado de Chile se muestre incapaz de esclarecer estos atentados y proporcionar el mínimo de seguridad a que tienen derecho los habitantes de la región.".
Eso no tiene nada que ver con pedirle a alguien el carné de identidad o el pasaporte. Allí se señala claramente que hay un "fracaso" de la policía en materia investigativa y de inteligencia.
Yo los invito a que lean el diario El Mercurio.
¡No busquemos subterfugios, estimados colegas!
Y yo hablo con la autoridad que me da haber sido, como Presidente del Senado, quien condenó con la mayor energía el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay, lo que en aquella oportunidad me reconoció el Senador García.
Cuando discutimos aquí sobre tal hecho, yo expresé categóricamente que ningún argumento, ni de la causa mapuche ni de cualquier otra índole, podía excusar que un grupo de desalmados rodeara una casa en plena noche, la incendiara y asesinara a sus moradores.
¿Pero qué tiene que ver aquello con este proyecto de ley?
¡Si aquí lo que está ocurriendo es que los verdaderos asesinos, los criminales, los extremistas actúan con total impunidad ante el fracaso de la inteligencia policial, que no ha sido capaz de detectar a nadie!
En otras palabras, ¡acá estamos hablando de una persona afectada de leucemia y a la cual le recetamos un Mejoral...!
Por eso, al final la argumentación cae en el ridículo. Porque se señala que Carabineros tiene los instrumentos en cuestión, que estos se hallan en el Código pertinente.
Entonces, si Carabineros lo puede hacer, ¡que lo haga!, ¡que actúe!, ¡que encuentre a los asesinos, a los criminales!, ¡que ubique a quienes tienen incendiada La Araucanía!
¡Eso es lo que se pide!
Efectivamente, la paz social está experimentando una gravísima dificultad en nuestro país. Pero, lógicamente, el problema no se resuelve con medidas que en definitiva no hacen sino acentuar y agudizar la distancia entre los carabineros y la ciudadanía.
¡Si la solución no radica en agravar los problemas haciendo que los carabineros estén cada día más lejos de la gente; ni en empujarlos para que pidan el carné en los centros, en las plazas, cerca de las intendencias, gobernaciones o municipios; ni en que la ciudadanía se irrite más con la policía; ni en que las personas les tengan más bronca a los carabineros!
La solución, estimados colegas y estimado Ministro, consiste en que la inteligencia policial sea capaz de encontrar a los extremistas, llevarlos a los tribunales y castigarlos.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Perdón, señor Senador, pero concluyó su tiempo.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, esta es una viejísima discusión. El problema de la seguridad no se resuelve coartando la libertad de las personas, sino castigando a los asesinos, a los extremistas, a los culpables de hechos tan terribles como el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay durante una noche en que su casa fue quemada con ellos adentro.
¿Tiene alguna vinculación ese hecho terrible con pedirles el carné a jóvenes en una plaza? ¡Ninguna!
Entonces, lamento que el Estado democrático pueda cometer un gravísimo error en el caso de aprobar un proyecto de esta naturaleza, pues hará que quienes cometen esos actos -lógico- continúen impunes y agravará la distancia entre la policía y la ciudadanía.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor CHADWICK (Ministro del Interior y Seguridad Pública).-
Señor Presidente, distintos Senadores han explicado, y muy bien, el proyecto que sometimos a la consideración del Senado.
Por mi parte, haré pequeñas reflexiones.
No hay nada peor que simplificar los problemas, porque así es muy difícil encontrarles solución.
¡Qué duda cabe de que para el Estado de Chile, como se ha dicho en esta Sala, el problema de La Araucanía es extraordinariamente complejo!
Reducirlo a falta de capacidad de nuestras policías en materia de inteligencia es tratar de simplificar una de las situaciones más difíciles que nuestro país enfrenta hoy, como Estado, desde el punto de vista de su capacidad para brindar seguridad.
Y Chile seguirá enfrentando tal situación en el futuro. Porque son un montón, y muy variados, los problemas que inciden en que el Estado no pueda dar una respuesta más eficaz a la situación de violencia que está viviendo La Araucanía.
Me voy a referir exclusivamente, y en forma muy breve, a la violencia imperante en aquella zona. No abordaré las cuestiones históricas, ni tampoco las demandas o reivindicaciones planteadas allí.
Como he escuchado mencionar únicamente lo relativo a la inteligencia -qué duda cabe de que quisiéramos tener la mejor y mayor capacidad de inteligencia en nuestras policías-, señalaré tan solo lo que vivimos la semana recién pasada, señor Presidente, para que se entienda que el problema es mucho más complejo.
Pues bien, conociendo de una causa vinculada con el asesinato del sargento Albornoz, en la cual tres carabineros dieron testimonio de reconocimiento directo sobre quiénes podían ser los presuntos autores (dieron testimonio de reconocimiento de vestimentas y de identificaciones que situaban a esas personas en los hechos, en la circunstancia y en el instante en que se registró el crimen); en la que la inteligencia policial determinó, sobre la base de peritajes que permitieron ubicar el celular de uno de los presuntos autores, que esta persona se encontraba en el lugar a cierta hora (el mismo celular perteneciente a quien tres carabineros habían identificado como autor o coautor del asesinato); en la cual la inteligencia policial de Carabineros precisó todas las llamadas que se habían hecho desde ese celular y que fueron recogidas por la Central de Comunicaciones de dicha Institución, el tribunal oral de Angol, con todos esos antecedentes, por dos votos que hicieron mayoría, absolvió al imputado como presunto autor de ese crimen.
¡Por favor! ¡Una situación de tanta magnitud y tan compleja como la que se enfrenta hoy en La Araucanía a raíz de la violencia no se puede tratar en esta Sala diciendo simplemente que se trata de un problema de la inteligencia policial! ¡Es mucho más que eso! ¡Mucho más!
Ahora, sin duda, este proyecto de ley también ayuda en la cuestión de La Araucanía. Empero, tiene un objetivo bastante más amplio: responder a la principal demanda social que enfrenta Chile actualmente, cual es que los ciudadanos quieren mayor seguridad, más protección frente al accionar de la delincuencia, pero no solo de la extremista de La Araucanía, sino también de la delincuencia común existente en sus barrios.
Para responder a esa demanda social, sin duda alguna, debemos aprovechar todas las capacidades que tenemos, especialmente en nuestras policías, a los efectos de lograr lo que aquí se ha planteado: una acción para prevenir el delito.
Pero, señor Presidente, no podemos ser más papistas que el Papa. No es admisible hablar de que un Estado democrático como el chileno no puede aceptar, como si fuese una coerción a nuestras libertades, que en cierto momento un policía le solicite a una persona su identificación.
Esa medida se aplica en democracias con más tradición que la nuestra. Y solo voy a dar un par de ejemplos.
En Alemania -democracia estable-, el Código de Procedimiento Penal permite que la policía solicite la identificación de las personas cuando se encuentran en lugares peligrosos o de mala reputación, en el entendido de que determinados hechos justifican la creencia de que allí se preparan o se perpetran hechos delictivos.
Repito: lugares peligrosos o de mala reputación. Ahí se puede pedir -¡y no es para broma!- la identificación personal para prevenir la perpetración de un delito.
A su turno, la legislación de España permite que la policía controle la identidad de alguien cuando ello se considera necesario para el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad.
¡Miren la amplitud de la norma: necesario para el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad!
En Italia -otra democracia desarrollada- se posibilita que los agentes policiales les exijan a los ciudadanos, en la vía pública o en cualquier otro sitio de acceso público, una identificación o documento que acredite nombre, apellido y lugar y fecha de nacimiento.
En Francia, el artículo 78-3 del Código Procesal Penal dispone que si la persona se niega a justificar su identidad o está imposibilitada de hacerlo puede ser detenida, en caso de necesidad, tanto en la calle como en un puesto de policía.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Perdón, señor Ministro, pero concluyó su tiempo.
Dispone de un minuto adicional.
El señor CHADWICK (Ministro del Interior y Seguridad Pública).-
En Estados Unidos, los agentes de policía del estado de Nueva York pueden detener e interrogar a quienes no se identifican tras ser conminados a hacerlo.
Por lo tanto, no escondamos el debate. Aquí no se trata del Estado democrático, ni de estándares democráticos, ni de calidad de nuestra democracia, sino de que la libertad existente en democracia responda asimismo a la exigencia de cada ciudadano de vivir en seguridad.
Nuestras policías nos están señalando hoy que no pueden ejercer la facultad de efectuar control de identidad en situaciones en que, por el lugar, por las circunstancias, en fin, ven el riesgo de que se cometa un delito.
Lo decía recién -entiendo- el Senador Pérez Varela: ¡A qué persona puede molestarle que un policía le pida su carné de identidad si sabe que lo está haciendo para prevenir una acción delictual que puede afectarla a ella! Por el contrario.
Entonces, señor Presidente, nos falta entender que para combatir la delincuencia, en La Araucanía y en cualquier otro sitio de nuestro país, necesitamos confiar en nuestros policías; aprovechar sus capacidades y responsabilidades, y otorgarles una atribución mínima y que se consagra en las principales democracias del mundo: la de solicitarles a las personas su identificación cuando estén en lugares donde, por razones fundadas, sea factible la perpetración de un delito.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Lamentablemente, señor Ministro, debo poner término a su intervención. Usted fue parte de esta Corporación y, por tanto, conoce su Reglamento.
El señor CHADWICK (Ministro del Interior y Seguridad Pública).-
Eso es lo que propone este proyecto de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Concluyó el Orden del Día.
Quedan inscritos para la prosecución de la segunda discusión los Senadores señor García; señora Rincón; señores Tuma, Patricio Walker, Sabag e Ignacio Walker; señora Allende, y señores Navarro, Lagos, García-Huidobro y Chahuán.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
)---------(
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor LARRAÍN:
Al señor General Director de Carabineros, solicitándole INSTALACIÓN DE RETÉN EN SECTOR VILLORRIO LA VEGA, DE COMUNA DE CHANCO (Región del Maule).
Del señor NAVARRO:
Al señor Ministro de Defensa Nacional, pidiéndole información sobre LEGALIDAD DE CUMPLIMIENTO POR CIUDADANOS CHILENOS DE SERVICIO MILITAR EN OTRO PAÍS. A la señora Ministra de Obras Públicas, a fin de que informe en cuanto a PROYECTO PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE INDUSTRIAL SOBRE RÍO BIOBÍO. Al señor Ministro de Salud, solicitándole FISCALIZACIÓN SANITARIA A EMPRESA ASOR COMERCIAL Y SERVICIOS, DE CONCEPCIÓN. Al señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, requiriéndole antecedentes en cuanto a ESTUDIO SOBRE ASPIRACIÓN DE PROVINCIA DE ÑUBLE DE CONVERTIRSE EN REGIÓN. Y a la señora Directora Nacional del Trabajo, al objeto de que instruya a la Inspección del Trabajo de Concepción para que efectúe FISCALIZACIÓN A EMPRESA ASOR COMERCIAL Y SERVICIOS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO LABORAL Y FALLAS EN CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD.
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Independientes, que no intervendrá.
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el Senador señor Escalona.
HOMENAJE A DON MANUEL ALMEYDA MEDINA CON MOTIVO DE SU FALLECIMIENTO
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, quiero rendir homenaje a Manuel Almeyda Medina, ex Secretario General del Partido Socialista de Chile y ex Presidente del Movimiento Democrático Popular, quien falleció hoy. Sus restos se están velando en la sede del Partido Socialista.
Como ustedes saben, estimados colegas, Manuel Almeyda fue además un médico muy destacado que abrazó la lucha política por circunstancias de la vida y por una situación especialmente excepcional que vivía nuestro país: la ausencia de democracia.
Hasta el 11 de septiembre de 1973 se dedicó a la medicina, al estudio, a lo que era su vocación. Y con el curso de los años, ante la prolongación del Régimen dictatorial, poco a poco fue involucrándose en la actividad política, de la que no era -ni mucho menos- activista permanente, hasta que, en el marco de la situación que se registró el año 83, las llamadas "protestas nacionales"; la situación social que devino por la gravísima crisis económica que vivía Chile; el aumento de la cesantía; la demanda natural por libertad y democracia, y las movilizaciones estudiantiles, poblacionales y sindicales lo llevaron a un plano de liderazgo político que, a decir verdad, no había buscado en lo personal.
Las circunstancias transformaron a Manuel Almeyda en representante de una demanda ciudadana por el restablecimiento de la democracia, de la que pude tomar conocimiento personal en los años 83, 84, 85 y siguientes.
En el marco de tal situación, el Régimen dictatorial decidió el estado de sitio. Y Manuel Almeyda, tras el espacio público y legal que había ocupado, debió volver a refugiarse en la clandestinidad.
En consecuencia, me tocó convivir con él durante un prolongadísimo tiempo: meses y años en que su carácter -era vehemente, resuelto y valiente-, lamentablemente, tenía que chocar con el limitado espacio de la convivencia en la ilegalidad, obligado a larguísimos meses de encierro, a soportar en la clandestinidad condiciones de vida durísimas, para evitar que los servicios represivos de la época lo detuvieran, lo cual motivó que su vida estuviera en constante peligro.
Incluso, durante un breve período en la legalidad sufrió físicamente los efectos de la represión directa cuando, en una manifestación pública en la Plaza Artesanos, entraron por primera vez en acción los llamados "gurkhas", denominación tomada de los nepaleses integrantes de unidades de elite del ejército británico. Fue golpeado violentamente con laques y otros elementos contundentes que le provocaron un grave traumatismo y secuelas que se mantuvieron en su físico hasta el día de su muerte, con huellas imborrables en su rostro y cráneo.
Manuel Almeyda fue siempre socialista. Siempre tuvo como vocación la justicia social y la búsqueda de una sociedad mejor. Pero no buscó, en lo personal, un rol de liderazgo público como el que en algún momento llegó a tener en nuestro país.
Restablecida la democracia, aportó al Partido Socialista desde una responsabilidad directiva. Como su carácter era el de un hombre austero y sencillo, finalmente estuvo lejos del sensacionalismo, del oropel, de las ingratitudes, sinsabores, alegrías y amarguras que conlleva la actividad política pública.
Y ha muerto como lo que fue habitualmente: una persona digna, honesta, intachable y que alcanzó las más altas responsabilidades, pero sin utilizarlas nunca, bajo ninguna circunstancia, en beneficio propio.
Por eso, me he permitido rendir un homenaje en su memoria en el día de su fallecimiento.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Expresamos nuestras condolencias a la familia del señor Almeyda y también, por supuesto, al Partido Socialista.
Han manifestado su adhesión los Honorables señores Novoa, Espina, Orpis y Lagos, y señora Allende, así como también los Comités PPD, MAS y UDI.
En seguida, el Senador señor Navarro, a quien le corresponden 10 minutos, ocupará los tiempos asignados a los Comités Movimiento Amplio Social, Partido Por la Democracia y Radical Social Demócrata.
El señor ESPINA.-
¿Y qué sucede con el turno del Comité Renovación Nacional, señor Presidente?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Lo anuncié cuando correspondía, pero, terminada la siguiente intervención, le concederé la palabra.
MEDIDAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, en las últimas horas, la comuna de Florida, provincia de Concepción, Región del Biobío, ha sufrido lo más parecido al infierno. Su población completa ha tenido que permanecer en vilo toda la noche. Su alcalde, sus concejales, más de veinte compañías y 24 carros de Bomberos han custodiado el sector, dado que las llamas amenazaban con arrasarlo.
Hay cinco a seis viviendas quemadas.
Las brigadas forestales de la CONAF y de empresas privadas efectúan su trabajo en estos momentos, ya que, llegada la noche, el fuerte viento reinante ha hecho rebrotar focos de incendio que nuevamente hacen inciertas las horas venideras.
El Gobierno está haciendo todo lo posible. Conversé con el Intendente, Víctor Lobos, hoy en la mañana. Se sobrevoló la zona. Sin embargo, por el viento y las características geográficas, los incendios amenazan con propagarse a las comunas de Quillón y Ránquil, lo que genera mayor incertidumbre.
El año pasado más de 30 mil hectáreas fueron arrasadas y el incendio avanzó de manera incontrolable hacia la comuna de Tomé.
Hoy día, por cierto, nos hallamos ante una amenaza. Claramente, la situación obliga a contar con los informes necesarios para poder enfrentar el problema en forma diferente durante el resto de 2014 y preventivamente en 2015.
Si bien el peligro resulta inminente, llegada la noche tuvieron que salir aviones y helicópteros. Las brigadas terrestres no pueden operar en la oscuridad. En consecuencia, al incendio se le oponen algunos cortafuegos y, en ciertos lugares estratégicos, personal altamente especializado, porque combatirlo, además, con viento que constantemente cambia de dirección puede llevar a desgracias que nadie desea.
Por ello, señor Presidente, pido que se solicite a la CONAF, a la Intendencia del Biobío y a las autoridades de las comunas forestales de la Región toda la información tendiente a clarificar cuánto se está gastando en prevención de incendios. Hay que tener claridad, de parte de CONAF y de las empresas privadas, acerca de cuál es el número de brigadas, pero particularmente de las políticas preventivas. Resulta claro que, una vez desatado el siniestro, todo es pérdida, con riesgo de viviendas y de vidas humanas incluso para los combatientes.
La cuestión, entonces, radica en la prevención. ¿Qué porcentaje del presupuesto de la Corporación Nacional Forestal -y es la respuesta que deseo de la entidad- y de la inversión del sector privado se destina a ese efecto, en una región eminentemente forestal?
Del mismo modo, me gustaría conocer, de parte de CONAF, del Ministerio Público, de la Intendencia, el resultado de las denuncias por la actuación de terceros. Cuando estalla un incendio forestal, es muy complejo determinar quién es el causante. Me han señalado que habría un bombero involucrado en el caso de Quillón. Sería necesario contar también con información del Gobierno, básicamente, y del Ministerio Público.
Igualmente, deseo consultar a la Intendencia del Biobío qué recursos hay disponibles en el año 2014 para los municipios y, en especial, para Bomberos. Cuando los voluntarios concurren a un siniestro, se les queman equipos, mangueras, etcétera. Su objetivo es salvaguardar vidas y luego viviendas. Por cierto, las que actúan para defender el bosque son brigadas privadas. En muchos casos, desde luego, hay seguros comprometidos, sin perjuicio de que también puede haber responsabilidad intencionada.
Más allá de las investigaciones, señor Presidente, deseo pedirles, por su intermedio, al Primer Mandatario, al Ministro de Agricultura, al Ministro de Hacienda y al Subsecretario de Desarrollo Regional todos los recursos necesarios para prevenir la expansión de los incendios forestales que afectan a la Región del Biobío.
¿Qué hay que hacer? La CONAF y la CORMA saben lo que hay que hacer para prevenir cuando no hay incendios. En medio de la temporada, el 15 de enero nos sorprende con siniestros forestales de gran magnitud y violencia.
Cabe pedir, entonces, que se pongan a disposición de las autoridades de la Octava Región todos los recursos materiales y humanos necesarios, no solo para defender la comuna de Florida, sino también el conjunto de comunas del Biobío, que están rodeadas de bosques.
He preparado dos proyectos de ley relacionados con la materia, señor Presidente. Uno de ellos tiene por objeto incorporar en el Código del Trabajo un capítulo especial para los brigadistas. Se trata de normas internacionales. No hay una sola disposición laboral que determine la regulación de las horas de trabajo y, particularmente, la calidad de los implementos que se deben usar.
La capacitación tampoco está normada. Las empresas actúan motu proprio. En mi opinión, lo hacen de manera correcta, pero creo que se puede mejorar. En algunos casos, sin embargo, también proceden de manera incorrecta.
Asimismo, luego de consultar toda la legislación internacional, ingresaremos -espero hacerlo en las próximas horas- una iniciativa legal que hemos venido planteando a través de proyectos de acuerdo. Las líneas de plantaciones forestales tienen que retroceder 800 metros o un kilómetro, desde caminos públicos y privados y líneas de edificación en comunas, ciudades o centros urbanos. Pero las tenemos al lado. En el caso de Copiulemu, en Florida, se hallan a menos de 20 o 30 metros de colegios públicos, de gimnasios municipales. O sea, es algo que debemos revisar.
Se ha alegado el derecho de propiedad. Me parece que el que se debe salvaguardar siempre es el derecho a la vida. Frente a la situación expuesta, está claro lo que sucede. Y espero que ese proyecto de ley cuente con el apoyo del Senado. No se trata de limitar el derecho, por cierto.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Honorable señor Navarro, conforme al Reglamento.
SEQUÍA EN OCTAVA REGIÓN. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, en el caso de Florida, el principal problema es el agua. No hay agua potable. Es preciso traerla de Quillón en camiones aljibe.
El gobierno regional acaba de aprobar 800 millones de pesos para la lucha contra la sequía -se habían solicitado 11 mil 800-, a fin de tomar medidas inmediatas. Se requiere la implementación de programas de agua potable rural, cuyo valor aproximado es de 300 millones, en lugares donde, claro, ello no es negocio. Se trata de sectores de vivienda aislados y donde hay que cavar 80 o 100 metros para poder encontrarla.
Hoy día es también la mayor dificultad en las más de 40 comunas de la Región del Biobío. Los alcaldes se han unido, se han organizado, pero la verdad es que se requieren medidas urgentes, de mediano y mayor plazo.
Cabe recordar el canal Laja-Diguillín y las obras adicionales, así como también el canal Punilla. Creo, sí, que allí media un interés en el potencial hidroeléctrico y no en el regadío.
En definitiva, se tiene que resolver qué se va a hacer con el canal Laja, que está funcionando a la mitad de su capacidad: diseñado para 40 metros cúbicos por segundo, registra 20. Se ha secado el Salto del Laja y el nivel de la laguna del Laja está bajo el mínimo.
Endesa gasta el agua en invierno, no la acumula, y en verano falta. Su Gerente General ha dicho que no está dispuesto a botar dólares. Ellos gastan en generación hidroeléctrica y no reservan el elemento para el riego, como lo han denunciado los agricultores de Bulnes, Quillón, Los Ángeles, San Ignacio y de todas las comunas de la provincia del Biobío y también de Ñuble.
Pido que se les solicite al gobierno regional y al Ministerio de Agricultura un detalle de todas las medidas que se están tomando y, en particular, de las que ha requerido la Asociación de Alcaldes del Biobío, presidida por Ángel Castro, alcalde de la comuna de Santa Juana.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Honorable señor Navarro, conforme al Reglamento.
REPUDIO A LICITACIÓN DE DIARIO LA NACIÓN
Y VENTA DE ARCHIVO PATRIMONIAL. OFICIO
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, tengo en mis manos el llamado a licitación del diario La Nación y a la venta de su archivo patrimonial.
Llamo a reflexionar acerca de lo que está sucediendo. Tuve la posibilidad de comentarle el asunto en tres oportunidades a la Presidenta Bachelet.
No solo se cerró el periódico, transformado en un medio electrónico. Ahora se quieren vender sus archivos, representativos de un período de 98 años, que son patrimonio del país.
Mañana jueves 16 de enero, a las 12, hay una acción de rechazo. No voy a poder concurrir, porque precisamente voy a Florida, donde existe una situación grave. Pero espero que muchos puedan hacerlo.
Ojalá que el Gobierno del Presidente Piñera recapacite y eche atrás la medida. No parece justo que ad portas de asumir una nueva Administración, esté empeñado en limitar el único medio estatal de difusión.
Además, como lo hemos dicho, se registra una mayoría de prensa cuyos propietarios son de Derecha, no su línea editorial. Existe una concentración inadecuada en los medios de comunicación.
Y creo que es un daño para el Estado y que habla mal del Gobierno el querer vender, no solo el diario, sino también el patrimonio cultural que representa su edificio en Agustinas.
Señor Presidente, solicito que la Ministra Secretaria General de Gobierno nos informe cuál es el itinerario de la licitación, sus motivos, sus decisiones.
Estimo que más bien se trata de una medida política que no le hace bien al Presidente Piñera, quien quiere volver en 2017.
El asunto ha provocado una gran discordia no solo entre periodistas y trabajadores. En verdad, constituye un atentado. Los colegas de enfrente, quienes ahora no están, salvo el Senador señor Espina, a quien le agradecemos que nos acompañe, han criticado muchas veces a los gobiernos de América Latina por cerrar diarios. El del Presidente Piñera dispone lo mismo con el diario La Nación y nada se dice.
Ponerle término a un medio de información del Estado para mantener una información desde el Estado no me parece lo más propio. Creo que cada Estado debe contar con un medio de comunicación, independientemente del Gobierno en funciones.
Por eso, solidarizamos con trabajadores y periodistas del diario La Nación, y esperamos que la venta del archivo quede sin efecto.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del Honorable señor Navarro, conforme al Reglamento.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, en el tiempo de Renovación Nacional, el Honorable señor Espina.
VIOLENCIA EXTREMA EN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA Y
ATRIBUCIONES DE POLICÍA. OFICIO
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, deseo referirme a la grave situación de violencia extrema que afecta a La Araucanía, a la que represento en esta Corporación, y a algunas apreciaciones de un señor Senador respecto del proyecto de ley sobre control preventivo de identidad.
Vinculo directamente esa iniciativa con las atribuciones que la policía debe tener, entre otros efectos, para poder evitar delitos del grado de violencia, crueldad y cobardía que han registrado aquellos ejecutados en la Novena Región. Se trata de acciones que han significado quema de casas y destrucción de maquinaria, y las más graves han sido los asesinatos del sargento de Carabineros Albornoz y del matrimonio Luchsinger-Mackay, brutalmente ultimado.
Se ha aseverado, con toda razón, que esta es una falla del Estado. No dudo de que es así.
Deseo recordar que don Enrique Silva Cimma, ex Canciller de la República, Senador, Presidente del Partido Radical, hombre de la Concertación, en un voto que fundamentó cuando la Comisión de Constitución efectuó años atrás un examen a fondo de la situación de inseguridad en la Región de La Araucanía, expresó -a mi juicio, con una lucidez notable- que el Estado estaba incurriendo en una falta de servicio, o sea, no era capaz de garantizar las más elementales normas de paz y tranquilidad que deben existir en un Estado de Derecho democrático.
Cuando se hace esa afirmación, sin embargo, es muy importante clarificar quiénes tienen responsabilidad en ese fracaso.
Y realizo esta intervención porque la ciudadanía, que no tiene por qué conocer en detalle, muchas veces, aspectos que dicen relación con las responsabilidades de los Poderes del Estado, tiende a globalizarlas. Quizás esa reacción resulta comprensible, porque la angustia, la impotencia, el temor y, en algunos casos, el terror determinan legítimamente que no se diferencie entre una y otra.
Pero, como Senador, tengo el deber de hacer esa distinción, porque nuestra misión, entre otras cosas, es orientar a la opinión pública respecto de materias de tanta importancia como la seguridad y el orden público, nada menos, en una Región tan maravillosa y tan afectada y perjudicada por estos actos de violencia como La Araucanía.
No todas las responsabilidades son iguales. Y me parece muy importante decirlo con todas sus letras.
La del Gobierno del Presidente Piñera ha sido la de proporcionar a la zona el número de funcionarios policiales necesarios, de acuerdo con la realidad y la dotación existente en el país, para llevar a cabo los mayores controles de prevención y posterior detención de quienes resulten responsables de estos hechos brutales.
Durante la presente Administración se ha incrementado en más de 600 el número de policías en la Novena Región. Me refiero a carabineros, sin considerar el personal especializado de la Policía de Investigaciones y los servicios de inteligencia.
Se han aportado más de 6 mil millones de pesos en recursos adicionales para los efectos de proporcionar medios, recursos tecnológicos, personal, vehículos, y poder lograr la mayor prevención y vigilancia posibles.
Es probable que en algún momento el Gobierno haya reaccionado tarde frente a los hechos, producto de información que indicaba que no iban a tener la proliferación ni la intensidad que han exhibido. Pero no cabe duda de que cualquier análisis objetivo demuestra que ha cumplido al entregar los elementos adecuados, hacerse parte de las querellas y entregarles a las policías y la fiscalía cuantos medios le han solicitado.
Toda obra humana no es perfecta. Mas, como permanentemente le he estado pidiendo al Gobierno que los requerimientos sean satisfechos, no me parece justo que se le atribuyan responsabilidades respecto de las cuales no dispone de atribuciones legales para su cumplimiento.
Vamos a las responsabilidades en el ámbito de las leyes. Y ello lo engancho con lo que estábamos discutiendo hace un rato, relativo al establecimiento de la medida de control preventivo de identidad.
Ha sido reiterado y permanente el rechazo que desde la Oposición ha habido a los proyectos de ley que otorgan a las policías y a los fiscales más atribuciones para llevar a cabo investigaciones más exitosas.
La iniciativa que estamos intentando aprobar existe en todas las democracias modernas del mundo. Está orientada a un aspecto esencial de la labor policial: controlar mediante requerimiento de identificación a quienes se encuentren en lugares donde existe alta intensidad de delitos.
En el caso de La Araucanía, si la policía hubiese contado con esa atribución, probablemente se habría evitado la comisión de algunos de los delitos graves que allí ocurrieron.
Sin embargo, hoy día la policía no puede -y es bueno que la opinión pública lo sepa- pedirle el carné de identidad a un chileno, salvo que se reúnan dos condiciones: que haya indicios o sospechas de que la persona está cometiendo un delito o lo ha cometido, o que cubra su identidad tapándose la cara (un encapuchado).
Si en algún lugar de Vilcún, de Victoria, de Traiguén, de Temuco, de Lumaco, de Los Sauces, de Angol, de Collipulli, de cualquiera de las 16 comunas de La Araucanía norte o de las del resto de la Región un sujeto se pasea por la noche, sin cometer ningún delito, observando y vigilando como lo hacen quienes preparan actos delictivos, al objeto de saber a qué hora y dónde atacar, ¡la policía no tiene facultades para pedirle el carné de identidad!
¡Es incomprensible que los parlamentarios de Oposición se nieguen a otorgarles esas atribuciones a las policías en Chile! En otros países estas se entregan, y nadie discute que se rigen por un Estado de Derecho democrático. Alemania, Italia, Francia, España, entre otras naciones, tienen normas mucho más rigurosas y duras que las nuestras en materia de control de identidad.
Entonces, señor Presidente, las responsabilidades no son todas iguales.
Estamos discutiendo el proyecto que enmienda la reforma procesal penal. Las disposiciones que plantean otorgar más facultades a las policías para realizar las primeras diligencias de investigación o las que permiten al fiscal solicitarle al juez la detención de un sujeto confeso de un delito -¡confeso!-, pero que no fue sorprendido en forma flagrante (es decir, confesó con posterioridad) -¡es increíble que en Chile hoy esto no se pueda hacer!- han sido todas sistemáticamente votadas en contra por los parlamentarios de la Oposición.
En su momento haremos el debate pertinente en la Sala.
Por tanto, cuando se generaliza y se señala: "Los parlamentarios son responsables", yo debo decir -excúseme, señor Presidente- que no todos son igualmente responsables.
Algunos de las bancadas opositoras en esta materia, lamentablemente, siempre buscan un pretexto para votar en contra normas fundamentales que existen en todos los países, destinadas a lograr objetivos que constituyen deberes principales del Estado: dar seguridad y tranquilidad y resguardar el orden público para la gente, el ciudadano de clase media, las familias modestas, el pequeño parcelero, el agricultor, seguridad que no tienen los habitantes de mi Región.
Esos disparos a la bandada, señor Presidente -hechos a veces con la mejor intención, pero profundamente equivocados-, que responsabilizan a todos por igual no constituyen un acto correcto.
Quienes somos parlamentarios de la Alianza hemos impulsado todas y cada una de las medidas y normas que permitan fortalecer la labor de las policías y de los fiscales. Y nos hemos topado contra un muro insalvable: en todas esas disposiciones la regla general es que la Oposición -la Concertación, hoy día denominada "Nueva Mayoría"- se niega terminantemente a dar su aprobación, siempre buscando una excusa para ello.
Esa es la pura y santa verdad.
Estoy dispuesto a debatir el asunto con los parlamentarios que lo deseen, cuando lo estimen conveniente.
Por último, me referiré a la responsabilidad del Poder Judicial.
Acá, señor Presidente, se produce una cuestión bien curiosa.
Todos hablan de la libertad y del derecho a expresar opiniones en una sociedad democrática. Pero, cuando un parlamentario, el Presidente de la República u otra autoridad esgrimen una legítima crítica respecto de algunos jueces que fallan estableciendo estándares probatorios para delitos graves que tornan imposible las condenas y terminan absolviendo a los responsables, se señala que se afecta gravemente la autonomía e independencia del Poder Judicial.
Yo tengo el mayor respeto por el Poder Judicial, porque me toca ver la labor que desarrollan los magistrados y porque, entre otras cosas, una hermana mía es ministra de corte de apelaciones. Conozco el esfuerzo y empeño que realizan.
Pero los jueces no son intocables.
Ellos deben someterse al escrutinio ciudadano cuando sus resoluciones constituyen graves errores, en opinión de quienes así lo creemos y sin pretender ser dueños de la verdad.
Pero se ha hecho sistemático en nuestra Región que los jueces absuelvan a personas que debieran ser condenadas. Si uno analiza el proceso, descubre que la prueba es contundente en ese sentido.
Señor Presidente -reitero-, no todas las responsabilidades son iguales.
Acá se trata de una misión de Estado. Y espero que el próximo Gobierno, que tendrá que lidiar con estas materias, no cometa el error de caer en la tentación de disminuir el número de policías en nuestra Región; de desmantelar los equipos jurídicos que llevan adelante los juicios que se han entablado, y de debilitar las acciones que se están realizando. Si las que ya se han implementado son insuficientes, imaginen lo que ocurrirá si la nueva Administración no toma medidas drásticas y duras al objeto de lograr que impere el Estado de Derecho en la Región de La Araucanía.
Por lo tanto, pido que se oficie al Ministro del Interior para los efectos de que informe cuántos delitos vinculados a la extrema violencia o al denominado "conflicto mapuche" se han cometido en la Novena Región durante este Gobierno. También deseo que nos señalen el número de personas formalizadas por tales delitos, condenadas y absueltas por los tribunales de justicia, con indicación de las causas y los nombres de quienes han sido sometidos a esas investigaciones.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 20:18.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción