REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 361ª
Sesión 84ª, en miércoles 8 de enero de 2014
Ordinaria
(De 16:18 a 19:48)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES JORGE PIZARRO SOTO, PRESIDENTE,
Y JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Larraín Peña, Carlos
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Muñoz Aburto, Pedro
--Navarro Brain, Alejandro
--Orpis Bouchon, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedan, Eugenio
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros de Hacienda, señor Felipe Larraín Bascuñán; Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet Vignau, y de Energía, señor Jorge Bunster Betteley. Asimismo, se encontraban presentes el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Miguel Flores Vargas, y el Coordinador de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, señor Milenko Bertrand-Galindo.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:18, en presencia de 14 señores Senadores.
El señor PIZARRO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor PIZARRO (Presidente).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 80ª y 81ª, ordinarias, en 17 y 18 de diciembre, respectivamente, y 82ª, especial, en 23 de diciembre, todas del año 2013, que no han sido observadas.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Cinco de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero da inicio a un proyecto que modifica la ley N° 19.220, que regula el establecimiento de bolsas de productos agropecuarios (boletín N° 9.233-01).
--Pasa a la Comisión de Agricultura y a la de Hacienda, en su caso.
Con el segundo retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación del proyecto de ley que establece normas sobre la actividad de lobby (boletín N° 6.189-06).
Con los dos siguientes retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", para la tramitación de los asuntos que se enuncian a continuación:
1.-
Proyecto de ley que perfecciona el rol fiscalizador del concejo; fortalece la transparencia y probidad en las municipalidades; crea cargos, y modifica normas sobre personal y finanzas municipales (boletín Nº 8.210-06).
2.-
Proyecto que modifica la ley N° 20.600, que crea los Tribunales Ambientales, en materia de subrogación (boletín N° 9.230-07).
Con el último retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para el despacho del proyecto que modifica la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado (boletín Nº 7.686-07).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Dos de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero solicita el acuerdo del Senado para nombrar Ministra de la Excelentísima Corte Suprema a la señora Andrea María Mercedes Muñoz Sánchez (boletín Nº S 1.632-05), respecto de lo cual hace presente la urgencia en los términos del inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental.
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con el segundo solicita el acuerdo del Senado para ausentarse del territorio nacional los días que indica, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 25 y en el número 6) del artículo 53 de la Constitución Política de la República (boletín N° S 1.633-06).
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Cinco de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero informa que aprobó la designación de los señores Vittorio Corbo Lioi, Luis Alfredo Riveros Cornejo, Sergio Páez Verdugo, Claudio Alvarado Andrade y Alberto Arenas de Mesa, como integrantes del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional.
--Queda para tabla.
Con el segundo expone que prestó su aprobación al proyecto de ley sobre procedimiento de toma de razón y registro electrónico (boletín N° 9.173-07) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con el siguiente manifiesta que aprobó la proposición de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que modifica el Código Sanitario en materia de regulación a farmacias (boletines Nos. 6.523-11, 6.037-11, 6.331-11 y 6.858-11, refundidos).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia el Presidente de la República.
Con el cuarto expresa que aprobó la proposición de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de reforma constitucional en materia de integración de la Cámara de Diputados (boletín Nº 9.078-07).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia el Presidente de la República.
Con el último comunica que aprobó la enmienda propuesta por esta Corporación al proyecto que incorpora a los funcionarios judiciales a la ley N° 19.296 (boletín N° 6.721-07).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto con sus antecedentes.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Envía copia de la resolución pronunciada en la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 248, letra c), del Código Procesal Penal.
--Se toma conocimiento y se remite el documento a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones a la legislación tributaria en materia de factura electrónica y dispone otras medidas que indica (boletín Nº 8.874-05) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
De la Comisión de Minería y Energía, recaído en el proyecto, en tercer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, con el fin de promover la interconexión de sistemas eléctricos independientes (boletín N° 9.022-08) (con urgencia calificada de "suma").
--De conformidad con el acuerdo de Comités, quedan para la tabla de esta sesión.
Nuevo segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que autoriza el levantamiento de secreto bancario en investigaciones de lavado de activos (boletín N° 4.426-07).
De la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que reconoce a la rayuela como deporte nacional (boletín Nº 8.404-29).
De las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, unidas, recaído en el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, con el que solicita al Senado, conforme a lo dispuesto por el artículo 53, N° 10), de la Constitución Política de la República, que emita un dictamen sobre la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa para el período comprendido entre los años 2012 y 2024 (boletín N° S 1.506-08).
--Quedan para tabla.
Declaración de inadmisibilidad
Moción de los Senadores señores Navarro, Gómez, Lagos y Rossi, con la que se propone un proyecto que modifica el artículo 12 de la ley Nº 18.892, General de Pesca y Acuicultura, en lo relativo al procedimiento para importar por primera vez una especie hidrobiológica.
--Se declara inadmisible por corresponder a materias de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República, conforme lo dispone el número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.
Proyecto de acuerdo
De los Senadores señores Navarro, Gómez, Lagos y Rossi, con el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que dicte un decreto supremo para extender la vigencia de las cédulas de identidad vencidas por el tiempo que se estime necesario para resolver los graves problemas y fallas detectados en el Servicio de Registro Civil e Identificación (boletín Nº S 1.631-12).
--Queda para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria respectiva.
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala para votar el proyecto de acuerdo recién mencionado, a fin de que no pierda el sentido de la oportunidad, dado que el problema derivado de la renovación de los carnés de identidad se halla bastante álgido.
En consecuencia, si no hay objeciones, se procederá a la votación de este proyecto al término del Orden del Día.
El señor GÓMEZ.-
Votémoslo altiro, señor Presidente.
El señor ORPIS.-
Sí, ahora.
La señora ALLENDE.-
Conforme.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Muy bien, Sus Señorías.
¿Habría acuerdo, entonces, para tratarlo de inmediato?
--Así se acuerda.
EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE CÉDULAS DE IDENTIDAD VENCIDAS. PROYECTO DE ACUERDO
El señor PIZARRO (Presidente).-
Proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores señores Navarro, Gómez, Lagos y Rossi, mediante el cual solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República la dictación de un decreto supremo para extender la vigencia de las cédulas de identidad vencidas, por el tiempo que se estime necesario, a fin de resolver los graves problemas y las fallas detectados en el Servicio de Registro Civil e Identificación.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1631-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 84ª, en 8 de enero de 2014.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.
--Por unanimidad, se aprueba el proyecto de acuerdo.
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, en la Cuenta se dio a conocer el ingreso a tramitación de un proyecto que modifica la ley Nº 19.220, que regula el establecimiento de las bolsas de productos agropecuarios.
Lo que hace esa iniciativa es abrir aquellas a otro tipo de productos de diferentes servicios productivos. Por lo tanto, lo lógico no es radicarla en la Comisión de Agricultura, sino que cumpla su tramitación solamente en la de Hacienda, toda vez que se seguirán transando en ellas los productos agrícolas.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se acogerá la sugerencia formulada por el Senador señor Orpis, en el sentido de que dicho proyecto quede radicado solo en la Comisión de Hacienda.
--Así se aprueba.
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Solicito la autorización de la Sala para que ingresen los señores Tomás Flores y Miguel Flores, Subsecretarios de Economía y Empresas de Menor Tamaño y de Desarrollo Regional y Administrativo, respectivamente.
--Se accede.
PROMOCIÓN DE INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS INDEPENDIENTES
El señor PIZARRO (Presidente).-
Según lo resuelto por los Comités en el día de ayer, corresponde tratar el proyecto, en tercer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos con el fin de promover la interconexión de sistemas eléctricos independientes, con informe de la Comisión de Minería y Energía, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9022-08) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 39ª, en 9 de julio de 2013.
En tercer trámite, sesión 81ª, en 18 de diciembre de 2013.
Informes de Comisión:
Minería y Energía: sesión 42ª, en 30 de julio de 2013.
Minería y Energía (segundo): sesión 53ª, en 4 de septiembre de 2013.
Minería y Energía (tercer trámite): sesión 84ª, en 8 de enero de 2014.
Discusión:
Sesiones 47ª, en 13 de agosto de 2013 (se aprueba en general); 56ª, en 11 de septiembre de 2013 (se aprueba en particular).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El proyecto inició su tramitación en el Senado y, en el segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados efectuó diversas modificaciones a su texto.
La Comisión de Minería y Energía aprobó todas las enmiendas introducidas por la otra rama legislativa por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Frei, Gómez, Kuschel y Orpis.
En el boletín comparado que sus Señorías tienen a su disposición se transcriben el texto aprobado por el Senado, las modificaciones efectuadas por la Cámara de Diputados y los acuerdos adoptados a su respecto por la Comisión de Minería y Energía.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión las enmiendas de la Cámara Baja.
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, nos corresponde pronunciarnos respecto de las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley en debate para determinar si amerita a no la constitución de una Comisión Mixta que resuelva las eventuales diferencias que puedan surgir entre ambas ramas legislativas.
La verdad es que la unanimidad de los miembros de la Comisión de Minería y Energía estimamos que las modificaciones efectuadas por la Cámara de Diputados son acertadas y se enmarcan exactamente en la misma línea de lo propuesto por el Senado.
En el fondo, las normas de la Cámara Baja vienen a complementar las ideas matrices que estableció el Honorable Senado con motivo de su discusión.
Solo para los efectos de resumir la importancia de este proyecto de ley, debo señalar que este año estamos cerrando un ciclo muy relevante en materia energética a nivel legislativo.
En conjunto con el Ejecutivo, se han logrado despachar importantes iniciativas como la Ley de Concesiones Eléctricas, la Ley sobre Energías Renovables y, además, este proyecto, a través del cual se faculta al Gobierno para gatillar una interconexión de sistemas eléctricos, viene a cerrar dicho ciclo.
En breve síntesis, debo añadir que las modificaciones legales en materia eléctrica parten con la ley Nº 19.940 al establecer e incorporar cambios que consideran la transmisión troncal como servicio público.
Ahí parte el tema.
Lo que hace este proyecto de ley es facultar al Ejecutivo para que gatille los procesos de licitación en los estudios de transmisión troncal que se realicen.
Paralela y adicionalmente, esta iniciativa legal establece que el estudio de transmisión troncal puede considerar como parte de las expansiones del sistema la interconexión, es decir, le da a esta el carácter de troncal, para lo cual modifica todo lo referente a la decisión que deben tomar ambos CDEC (Centros de Despacho Económico de Carga).
Por lo tanto, el proyecto de ley faculta al Ejecutivo para que impulse los procesos de licitación que permitan la interconexión de sistemas eléctricos, incorporándola con carácter de troncal.
En consecuencia, la Cámara de Diputados introdujo modificaciones, por una parte, para que esos estudios de transmisión troncal no solamente abarquen las instalaciones existentes, sino también aquellas en construcción y, como segundo elemento, estableció que los estudios que se realicen deben ser parte de una política pública.
El resto de las ideas son exactamente las mismas.
Este proyecto facilitará la interconexión del Sistema Interconectado del Norte Grande con el Sistema Interconectado Central, a fin de contar con un mayor respaldo energético a nivel nacional, toda vez que hasta ahora esa iniciativa solamente la podían desarrollar los privados.
Por lo tanto, si estos últimos no estaban interesados no se gatillaba la licitación, mientras que ahora la facultad pasa a tenerla también el Gobierno.
Esa es la importancia de la iniciativa que estamos despachando esta tarde en el Senado.
En tal virtud, la unanimidad de la Comisión de Minería y Energía recomienda aprobar las modificaciones que ha introducido la Cámara de Diputados.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, tal como mencionó el Senador Orpis, la Comisión de Minería acordó unánimemente acoger las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, que van en la misma línea de las del Senado, esto es, tendientes a reforzar y fortalecer la idea de la participación del Estado como una política pública cuando considere necesario e importante impulsar la interconexión.
Por ello, lo que señalaba el Senador Orpis es absolutamente efectivo.
Nosotros hemos hecho bastantes esfuerzos en esta materia: logramos sacar adelante el proyecto que modificaba la Ley de Concesiones Eléctricas, el relativo al net metering, el "20/25" y ahora el referente a la interconexión, porque estamos conscientes de que el problema energético es un tema de país y de que representa un tremendo desafío para Chile en los años venideros.
Por lo tanto, debemos favorecer la existencia de políticas que impliquen mayor diversidad en la matriz energética, mayor uso de energías renovables, menor contaminación. Porque los costos de la energía son tremendamente altos en nuestra Región y en el resto del país, tanto para los consumidores particulares como para las empresas, y ello se ha transformado en un desafío e incluso en un obstáculo para algunos proyectos mineros.
En esta iniciativa, concretamente, como lo explicó el Senador Orpis, la idea de interconectar el SING y el SIC implica aprovechar sus distintas potencialidades.
En el norte, hasta ahora, se ha usado bastante más el carbón, producto de menor costo, pero, por desgracia, contaminante.
En el SIC tenemos más bien sistemas mixtos, porque hay energía hidráulica y también con empleo de carbón.
Entonces, la idea es, dependiendo de la estacionalidad y de cómo se presenta el año, generar mayor potencialidad.
Ahora, deben existir más actores.
Asimismo, es relevante que demos facilidades para que se interconecten las energías renovables, que no se encuentran necesariamente cerca de donde vive la población.
Para nosotros, el proyecto en debate es de gran significación, en vista del desafío que tenemos en materia energética. Consideramos, pues, necesario aprobarlo. Y ojalá que Sus Señorías nos acompañen en ello.
Como hemos dicho, es relevante incluir las interconexiones dentro del concepto de obras troncales.
También, permitir la interconexión de dos sistemas en este momento por completo independientes: el SING y el SIC.
Y, por cierto, facultar a la Comisión Nacional de Energía para incorporar en su informe técnico las interconexiones recomendadas tanto por el estudio de expansión troncal -se hace cada cuatro años- cuanto por la revisión anual.
Señor Presidente, hay que actuar con responsabilidad y seriedad para avanzar en el concepto de la interconexión, con las ventajas que implica. Y, sin lugar a dudas, el Estado ha de tener participación. No podemos simplemente entregar todo al mercado, a que a una empresa se le ocurra dónde quiere generar electricidad.
El señor Ministro nos informó que incluso, transcurrido cierto tiempo desde la concreción de las interconexiones -dado lo que hemos dicho en el sentido de usar las potencialidades de los dos sistemas individualizados, con sus diferencias-, se generarían recursos que fluctuarían entre 300 y 600 millones de dólares, cifra muy importante para nuestro país, y en particular para el área energética.
Espero que así sea. Lo pregunté al señor Ministro, quien me respondió que ello está respaldado por estudios de la Comisión Nacional de Energía.
Me alegro, en consecuencia, porque es una razón que se adiciona a las que ya hemos señalado: más actores; mayor potencialidad; aprovechamiento eficaz de dos sistemas diferentes; más facilidades para las energías renovables, y, a mayor abundamiento, generación de ingresos.
Por todas esas razones, anuncio que los votos de mi bancada serán favorables.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Señores Senadores, como nos encontramos en Fácil Despacho, abriré la votación y le ofreceré la palabra al Senador señor Sabag para que fundamente su voto.
En votación las enmiendas de la Cámara de Diputados.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, este proyecto fue aprobado por el Senado y pasó a la Cámara de Diputados, donde se le introdujeron modificaciones menores -no en los aspectos centrales-, que en la mayoría de los casos lo mejoran en términos de precisión de las normas propuestas.
El propósito de esta iniciativa es la integración de los sistemas interconectados central y del norte grande para tener un respaldo cruzado entre ambos, con la consiguiente mayor seguridad en el abastecimiento eléctrico; aprovechar de mejor manera los recursos renovables de generación disponibles en nuestro país, y facilitar la integración energética de Chile con el resto de las naciones del Cono Sur.
Este proyecto modifica las normas vigentes a fin de que la autoridad pueda promover la interconexión eléctrica y perfeccionar el mercado con la apertura a nuevos actores. Según el Ejecutivo, ello implicaría para nuestro país un beneficio de entre 300 y 660 millones de dólares, producto principalmente de la reducción de los precios de la energía y del mejor aprovechamiento del aporte de las centrales de menor tamaño.
De todos modos, hay que tener claro que la integración de los dos sistemas en comento es un aporte más. Pero seguimos requiriendo una política nacional que dé estabilidad a un suministro energético acorde a los requerimientos de nuestro país.
Como se expresó, ya se han aprobado varios proyectos muy importantes para facilitar la mejor producción de energía eléctrica en Chile.
Sin embargo, tenemos claro que estamos en presencia de un problema serio y muy grave.
Por la falta de lluvias, los niveles de embalses y lagos están bajando ostensiblemente. El lago Laja, precisamente, se encuentra hoy en su mínima expresión, a tal punto que se está pidiendo que no se siga sacando agua destinada a la generación de energía porque ni siquiera existe para los regantes y los agricultores del Laja-Diguillín. Y, por los problemas que genera la escasez del vital elemento, ya hay tomas de carreteras a lo largo de nuestro país, pero especialmente en la Séptima y en la Octava Regiones.
Pero tenemos dificultades no solo con la sequía, señor Presidente: en el ámbito de la energía existen problemas por todos lados.
A mi entender, debemos llegar a un gran acuerdo nacional para enfrentar el problema energético.
En la actualidad la energía eléctrica es sumamente cara para los consumidores, pero también para la industria. En la Octava Región ya cerró Inforsa, en la comuna de Nacimiento, por el alto costo de aquella. Huachipato ya cerró una línea, y está en puertas de cerrar otra, por el mismo motivo; los productos importados son mucho más baratos que los elaborados en esa industria.
El problema es serio. La gente se opone a todo; incluso, a pequeñas centrales de pasada, de 1, 2 o 3 megawatts. Hay rechazo a cuanto sea producir energía eléctrica. Esto significa altos costos para los consumidores particulares y, evidentemente, deja a las industrias fuera de toda competencia, por el alto precio de aquella.
Llamo la atención para que ojalá en este Parlamento se inicien conversaciones al objeto de llegar a un gran acuerdo nacional ¡pronto! Porque la construcción de las centrales demora cuatro o cinco años. Eso es mucho tiempo para enfrentar un problema tan acuciante como este.
Creo que este proyecto fue mejorado en la Cámara de Diputados.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueban las enmiendas de la Cámara de Diputados (20 votos a favor), y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Escalona, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Muñoz Aburto, Orpis, Pérez Varela, Pizarro y Zaldívar (don Andrés).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor BUNSTER (Ministro de Energía).-
Señor Presidente, le agradezco al Senado su respaldo unánime a la iniciativa que se acaba de aprobar.
Este proyecto viene a subsanar un vacío existente en la Ley Eléctrica, en la medida en que mediante él se le confiere al Estado la facultad de impulsar iniciativas para la interconexión de sistemas eléctricos.
Aquello es importante, porque así se posibilita avanzar en una dirección que le permitirá a nuestro país tener un sistema integrado que reúna un mayor número de actores; que mejore el respaldo entre los distintos centros de generación; que optimice los despachos de las centrales eléctricas; que facilite la incorporación de las energías renovables no convencionales, y que, finalmente, haga más fácil la interconexión regional.
A nuestro entender, se trata de un paso en la dirección correcta para enfrentar el problema energético, que le impone un desafío a Chile. Y, ciertamente, para salir adelante en los desafíos se requiere el concurso transversal, las voluntades de todos.
Muchas gracias, señor Presidente.
MODIFICACIONES A LEGISLACIÓN TRIBUTARIA SOBRE FACTURA ELECTRÓNICA Y OTRAS MATERIAS
El señor PIZARRO (Presidente).-
Corresponde ocuparse en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones a la legislación tributaria en materia de factura electrónica y dispone otras medidas, con segundo informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8874-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 42ª, en 30 de julio de 2013.
Informes de Comisión:
Hacienda: sesión 78ª, en 10 de diciembre de 2013.
Hacienda (segundo): sesión 84ª, en 8 de enero de 2014.
Discusión:
Sesión 80ª, en 17 de diciembre de 2013 (se aprueba en general).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Esta iniciativa se aprobó en general en sesión de 17 de diciembre de 2013.
La Comisión de Hacienda deja constancia en su segundo informe, para los efectos reglamentarios, de que el artículo 2°; los artículos 4°, 5°, 6° y 7°, que pasan a ser 3°, 4°, 5° y 6°, respectivamente, y los artículos cuarto y quinto transitorios, que pasan a ser tercero y cuarto, respectivamente, no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, por lo que deben darse por aprobados, salvo que algún señor Senador, con el acuerdo unánime de los presentes, solicite discutir y votar uno o más de ellos.
--Se aprueban reglamentariamente.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La Comisión de Hacienda le introdujo al texto despachado en general diversas enmiendas, las que se aprobaron unánimemente, con excepción de tres, las cuales se explicitarán con posterioridad.
Cabe recordar que las modificaciones unánimes deben votarse sin debate, salvo que algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la decisión de la Comisión sobre alguna de ellas o que existan indicaciones renovadas, lo que en este momento no sucede.
Ahora bien, las enmiendas aprobadas por mayoría tuvieron un voto en contra, del Senador señor Hernán Larraín.
Mediante la primera se suprime el artículo 3° (página 18 del boletín comparado). Las otras dos son consecuencia de la referida eliminación.
De consiguiente, es una sola la situación de las modificaciones aprobadas por mayoría.
El señor PIZARRO (Presidente).-
En estricto rigor, deberíamos ver por separado la supresión del artículo 3°, cuya suerte determinaría la de las otras dos eliminaciones sugeridas por mayoría.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Así es, señor Presidente. Pero las enmiendas unánimes pueden aprobarse desde ya.
El señor PIZARRO (Presidente).- En la discusión particular, tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, si bien debemos despachar artículo por artículo, conforme a la relación que hizo el Secretario podemos primero, según el Reglamento, pronunciarnos sin debate sobre las modificaciones aprobadas unánimemente por la Comisión de Hacienda, que recaen en la mayor parte del articulado.
La ley en proyecto tiene por objeto establecer un sistema de factura electrónica que permitirá controlar de mejor forma la emisión de facturas por venta de productos o por prestación de servicios.
Se trata de un mecanismo que modernizará el sistema tributario. Y, según nos señaló el propio Ministro de Hacienda, el rendimiento en régimen sería del orden de 650 millones de dólares, recursos significativos desde el punto de vista del financiamiento del presupuesto nacional.
Como expresó el señor Secretario, hubo mayoría -nosotros nos pronunciamos en contra- para rechazar una norma, resultado que incidió en otros dos preceptos.
Se trata de la proposición consistente en rebajar de 0,4 a 0,2 por ciento el impuesto de timbres y estampillas.
De aprobarse la disminución planteada, habría un menor ingreso fiscal del orden de 200 millones de dólares.
Los representantes de la Oposición, que conformamos mayoría en la Comisión, llegamos a un acuerdo con el Ministro de Hacienda en el sentido de que nosotros no íbamos a aprobar la reducción del referido impuesto y él no iba reponer en la Sala las disposiciones pertinentes, lo que así ha sucedido.
Y el voto en contra del Senador Hernán Larraín fue razonable, pues se trataba de preceptos incluidos originalmente en esta iniciativa por el Gobierno.
Con tales consideraciones, creo que debiéramos despachar en particular el proyecto en debate.
No obstante, quiero referirme a una preocupación de los microempresarios y de la gente radicada en lugares donde no hay acceso a energía eléctrica e Internet.
Sobre el particular, el Ejecutivo presentó una proposición, y la Comisión la aprobó, para eximir de la obligación de factura electrónica a los mencionados contribuyentes, quienes seguirán operando con la factura en papel.
Además, se fija un plazo de 24 meses para implementar la factura electrónica en las microempresas de los sectores urbanos y uno de 36 meses en el caso de las del ámbito rural.
En mi concepto, todo gobierno y cualquier administración del Servicio de Impuestos Internos deberán verificar en el próximo tiempo, a medida que se implemente en el territorio nacional el servicio de Internet, el cumplimiento de los plazos señalados y determinar si es necesario aumentarlos.
Por último, para los efectos de la Versión Oficial, quiero dejar constancia de que con los demás Senadores planteamos una situación muy relevante para los microempresarios que emiten facturas por prestación de servicios o por venta de productos a empresarios de mayor tamaño.
Como hemos expresado muchas veces, esos microempresarios reciben el pago de tales facturas a cuatro meses o más, en circunstancias de que a los treinta días deben enterar el IVA, tributo que tienen que cancelar los empresarios más grandes.
Ante dicha contradicción, el Servicio de Impuestos Internos se comprometió a cambiar el sistema, de tal modo que, en vez de que haya factura de venta, el empresario de mayor tamaño le emita factura de compra al microempresario.
Espero que la solución se concrete en el curso de este año.
Por lo expuesto, señor Presidente, creo que, si la Sala estuviera de acuerdo, podríamos votar y aprobar el proyecto en su totalidad.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Procederíamos, entonces, a votar primero las modificaciones unánimes de la Comisión de Hacienda, y en seguida, las aprobadas por mayoría en esa instancia.
Según explicó el Senador señor Zaldívar, dicho órgano técnico aprobó la supresión del artículo 3° por tres votos contra uno.
En consecuencia, de ratificarse la eliminación planteada, se caen las otras dos enmiendas.
¿Le parece a la Sala aplicar tal procedimiento?
Acordado.
--Se aprueban las modificaciones aprobadas unánimemente por la Comisión de Hacienda.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Corresponde pronunciarse sobre la supresión del artículo 3° y de las disposiciones derivadas de él.
Como se acaban de incorporar a la Sala varios señores Senadores, tiene la palabra el señor Secretario para explicar lo que se va a votar.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La Comisión de Hacienda, por tres votos en contra y uno a favor, rechazó el artículo 3°, mediante el cual se planteaba rebajar el impuesto de timbres y estampillas (página 18 del comparado). Y, consecuencialmente, eliminó el inciso cuarto del artículo segundo transitorio (página 88) y el artículo tercero transitorio (página 89).
Eso va a resolverse en una sola votación.
El señor PIZARRO (Presidente).-
En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueban las enmiendas consistentes en eliminar el artículo 3° permanente, el inciso cuarto del artículo segundo transitorio y el artículo tercero transitorio (24 votos favorables), y queda terminada la discusión del proyecto en este trámite.
Votaron las señoras Alvear, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Letelier, Muñoz Aburto, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Sabag, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor PIZARRO (Presidente).- Se deja constancia de la intención de pronunciamiento favorable de los Senadores señores Girardi y Carlos Larraín.
FORTALECIMIENTO DE REGIONALIZACIÓN
El señor PIZARRO (Presidente).-
Proyecto de ley, iniciado en mensaje, en primer trámite constitucional, relativo al fortalecimiento de la regionalización del país, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7963-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 60ª, en 5 de octubre de 2011.
Informes de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 59ª, en 2 de octubre de 2013.
Hacienda: sesión 83ª, en 7 de enero de 2014.
Discusión:
Sesiones 60ª, en 8 de octubre de 2013 (queda pendiente la discusión general); 63ª, en 15 de octubre de 2013 (queda para segunda discusión); 65ª, en 29 de octubre de 2013 (se aprueba en general).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Al no presentarse indicaciones en el plazo fijado para tal efecto, la iniciativa fue enviada reglamentariamente a la Comisión de Hacienda, que debía conocerla en particular. Esta deja constancia de que solo consideró de rango orgánico constitucional el artículo 1°, que introduce modificaciones en la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; el número 4) del artículo 2°, que confiere una nueva atribución al Consejo Regional, y el artículo 4°, que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
La Comisión hace presente que efectuó enmiendas respecto de las siguientes disposiciones del texto aprobado en general: números 2), 8), 9), 15), 22), 25), 36), 37), 39), 40), 41), 43) y 44) del artículo 1°; artículos 3°, 4°, 5° y 7° permanentes, y artículos tercero y quinto transitorios. Ello lo acordó por unanimidad, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 121, inciso final, del Reglamento.
Los demás números del artículo 1° y los otros artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones deben darse por aprobados, salvo que algún señor Senador solicite, con el apoyo de la unanimidad de los presentes, su votación y discusión.
Los números restantes del artículo 1° y el número 4) del artículo 2°, por revestir el carácter de normas orgánicas constitucionales, requieren 21 votos a favor.
Lo primero que procede, entonces, es dejar constancia del quórum correspondiente o llevar a cabo la votación, para registrarlo.
Ahora bien, las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que algún Senador manifieste su intención de impugnar el texto.
De ellas, las recaídas en los diferentes números del artículo 1° y en el artículo 4° deben ser aprobadas con 21 votos a favor, por tratarse de normas orgánicas constitucionales.
El órgano técnico consigna que tuvo en consideración que el artículo 6°, letra d), de la ley 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, norma que el proyecto modifica, consagra, entre los requisitos para ser designado intendente o gobernador, el de no hallarse declarado en quiebra calificada de culpable o fraudulenta por sentencia ejecutoriada. Tal nomenclatura, señala, no se encuadra en la nueva institucionalidad de procedimientos concursales contemplada en el proyecto que sustituye el régimen vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo, en trámite de promulgación.
Se expone que el requisito debiera ser objeto de un ajuste, en su momento, durante las otras etapas de tramitación del proyecto. Por no constituir el contenido de la letra d) del artículo 6° un asunto de su competencia, la Comisión no se pronunció sobre la materia, sin perjuicio de dejar expresa constancia de que ello ha de quedar para las próximas etapas.
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado cuya tercera columna transcribe las modificaciones introducidas por la Comisión de Hacienda, y la cuarta, el texto que quedaría al aprobarlas.
En resumen, se trata de dejar constancia del quórum en el caso de las normas que no fueron objeto de modificaciones, pero son de rango orgánico constitucional, como se determinó, y de votar sin debate aquellas en las cuales el órgano técnico introdujo enmiendas, sobre la base de la aplicación del artículo 121, inciso final, del Reglamento.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión particular.
Ofrezco la palabra.
La tiene el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, como Comisión de Gobierno, ya dimos una cuenta, en su momento, sobre la iniciativa en debate. Esta viene ahora de su trámite en la Comisión de Hacienda, donde se efectuaron, según entiendo, dos modificaciones.
El mecanismo de traspaso de competencias ha sido una de las principales materias que hemos intentado consagrar legislativamente desde hace varios años. Ha mediado al respecto un trabajo de todo el órgano técnico mencionado en primer término, con los Senadores señores Orpis, Pérez Varela, Sabag, Zaldívar, Frei, Rossi. Todos sus integrantes hemos insistido reiteradamente en la trascendencia de contar con ese sistema.
Lo que trae el proyecto, en definitiva, es una cosa muy distinta, que claramente no da cuenta de lo que nosotros realizamos en una iniciativa de modificación de la Carta. Existe un acuerdo político al respecto, luego de conversar hoy y ayer con el Ministro señor Larroulet, quien ha manifestado toda la disposición necesaria para que se le coloque urgencia a la reforma constitucional que preparamos en la Comisión de Gobierno, de tal suerte que cumplan una función, en definitiva, quienes van a asumir una importante labor.
Lo curioso es que si el traspaso no tuviera lugar tal cual se ha solicitado, va a ocurrir que, en la eventualidad de que consejeros regionales quieran pedirle al Gobierno central que uno de ellos se verifique -a modo de ejemplo, en el caso del transporte público en la Quinta o la Duodécima Regiones-, el Presidente de la República podría negarse, y punto. Eso sería todo. Claramente, no constituiría ningún avance en descentralizar, en descongestionar, en destrabar la política centralista asfixiante.
Por lo tanto, la reforma que propusimos apunta a que el Senado sea dirimente. Sinceramente, creemos que esta es una de las mejores maneras de garantizar que en nuestro país existan verdaderos gobiernos regionales.
En el Párrafo 2°, nuevo, propuesto a continuación del artículo 21 y que comprende los artículos 21 bis, 21 ter, 21 quáter y 21 quinquies se establece un mecanismo que contempla la dependencia de la absoluta voluntad presidencial. Y ello es imposible de sostener.
Entonces, en esta oportunidad queremos dejar al menos un testimonio para que nuestra petición, que es muy importante, sea recogida por el Subsecretario de Desarrollo Regional, señor Miguel Flores, presente en la Sala, quien ha registrado una muy activa participación en la materia, o por el Ministro señor Larroulet.
El Senado ha elaborado una reforma constitucional para que quienes van a asumir una importante actividad en los futuros gobiernos regionales cuenten con alguna manera de recibir traspasos de polos productivos, de actividades, de emprendimientos, para que pueda existir un mecanismo que descentralice mucho más la situación, tan asfixiante, que en ese ámbito vive nuestro país.
Mientras ello no ocurra, no sé cuál es el sentido de que los consejos regionales voten hoy día los presupuestos de manera general, no por glosas. Y hasta ahí llegamos. No queremos eso.
Así que le pido al señor Ministro que recoja la solicitud. Ha comprometido la voluntad de ponerle urgencia al proyecto de traspaso de competencias, a la reforma, y confiamos en que así va a ser.
Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Es preciso dejar constancia de los votos a favor respecto de los artículos que requieren quórum especial, sin perjuicio de una cantidad muy grande de disposiciones aprobadas por unanimidad en la Comisión de Hacienda. En ambos casos tiene que quedar establecido el resultado, por lo que solicito la anuencia de la Sala para abrir la votación y llevar a cabo un solo pronunciamiento, con la posibilidad de fundamentarlo.
Acordado.
El señor BIANCHI.-
Que intervenga antes el señor Ministro.
El señor PIZARRO (Presidente).-
En votación.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Rossi.
El señor ROSSI.-
Voy a transmitirle esa petición al señor Ministro, a quien sé que le encanta cumplir los acuerdos que contraemos...
Nos acompañan en las tribunas varios consejeros regionales de Tarapacá y de Arica. Les enviamos un saludo.
El proyecto es bien importante. Continuamente se menciona la trascendencia de la descentralización y la iniciativa se ha discutido mucho. Siempre hemos planteado, tanto en la Sala cuanto en la Comisión de Gobierno, la cuestión de cómo darles más fuerza a las regiones, de cómo entregarles más autonomía, desde los puntos de vista de la capacidad de gestión y de su fortalecimiento institucional y también financiero.
Muchas veces se reclama desde ellas, con justa razón -es el caso de las que represento-, que gran parte de los recursos que se entregan vienen ya con un objetivo definido. Eso, por cierto, les resta autonomía, poder, capacidad a fin de decidir dónde focalizar la inversión o establecer ciertas prioridades para esta.
Hace poco elegimos consejeros regionales por sufragio universal. Fue la primera vez. Constituyó un paso importante en materia de descentralización y participación. Hoy día ellos se van a hacer mucho más visibles frente a la ciudadanía. Se encuentran más empoderados, legitimados. Pero no sacamos nada con designarlos democráticamente si no les damos más facultades.
Estamos ciertos de que la iniciativa en debate no es la solución al problema del centralismo existente desde hace décadas, pero representa un avance. En las reuniones de Nueva Mayoría hemos discutido mucho sobre el particular y comprendemos que si bien es cierto no configura -repito- un progreso definitivo, permite adelantar en la descentralización.
Entre otras cosas, el Senador señor Bianchi ha expuesto algo que quizás sea el elemento distintivo o fundamental del proyecto, su corazón, y que se refiere a un mecanismo, con todas sus precariedades, vulnerabilidades e insuficiencias, que permitiría transferir, al fin y al cabo, competencias o atribuciones desde el nivel central al regional.
Los consejeros regionales podrían decidir que es bueno que la región ejecute una determinada atribución y requerir el traspaso respectivo al nivel central. Hasta ahí vamos bien. La cuestión es qué pasa cuando el Presidente de la República no está de acuerdo. Se agregó la necesidad de una resolución fundada. El adjetivo "fundada" tampoco resuelve el problema. Se añadió, incluso, desde el otro lado, la posibilidad de solicitar, con un porcentaje de los miembros del consejo regional, un estudio tendiente a reforzar y fundamentar la petición. Pero al final del día, cuando existe una contienda en la materia, un desacuerdo, quien resuelve es el Primer Mandatario. Entonces, volvemos a una visión tremendamente centralista de la Administración del Estado y de la vida en las regiones.
Por la misma relevancia del asunto, quiero manifestarle al Subsecretario señor Flores, quien se encuentra en la Sala -por su intermedio, señor Presidente-, que vamos a hacer un acto de confianza al votar a favor de la iniciativa, porque siempre se dijo en la Comisión de Gobierno que ello debía ir de la mano con la aprobación de un mecanismo para resolver una contienda de competencia. Y este último, que solucionaría la controversia entre los planos central y regional, justamente se encontraba aquí, en el Senado. Se establecía una fórmula para que, de cara a la ciudadanía, de una manera transparente, ambos niveles argumentaran a favor o en contra de determinado traspaso de atribuciones. Por cierto, este también se podría revertir.
Creo que estamos dando un paso importante en un proyecto aún insuficiente. La Presidenta Bachelet va a enviar una iniciativa para la elección directa y democrática de los intendentes. Ese es el paso decisivo. Porque en el texto se establece la figura de un presidente del consejo regional¿
Pido que se me conceda un minuto más, por favor.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Lo tiene, Su Señoría.
El señor ROSSI.-
Gracias.
Decía que esa figura es el contrapeso de la autoridad del nivel central, pero evidentemente deseamos un intendente que surja por sufragio universal.
Espero que el Gobierno califique de "discusión inmediata" la reforma constitucional que presentamos -la Sala ya la aprobó- y que dice relación con un mecanismo que permite resolver la controversia o contienda de competencia.
Y confío en que se apruebe el proyecto en examen, porque, sin duda alguna, significa un avance que se suma al paso que dimos al legislar para que los consejeros regionales fueran elegidos por votación directa, tal como ocurrió en los últimos comicios.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, Honorable Senado, deseo ser muy breve con relación al proyecto en estudio, que tiene por objeto el fortalecimiento de la regionalización, ya que, por no haber sido objeto de indicaciones en su oportunidad, quedó aprobado en particular, habiendo debatido la Comisión de Hacienda los aspectos de su competencia.
Dicho órgano técnico, en el ámbito de las atribuciones que le corresponden, introdujo adecuaciones en el sentido correcto, con el objeto de que la normativa pueda ser implementada como ley a la mayor brevedad, para el debido funcionamiento de los gobiernos regionales.
Uno de los temas que ha planteado el Honorable señor Bianchi -yo lo comparto- dice relación con el traspaso de competencias. Este es un aspecto que debemos fortalecer. Ello pasa, finalmente, por el traspaso de las decisiones, pero también se vincula con un punto que acá no se ha señalado: el mejoramiento de las condiciones en que los cores desarrollen su labor.
Los miembros de los gobiernos regionales tienen que resolver respecto de las políticas de desarrollo regional y también respecto de presupuestos significativos para la nación. Nosotros hemos sostenido que hay una cuota importante de responsabilidad en aquello. Y asegurar buenas condiciones para que los consejeros regionales desarrollen su función implica necesariamente atender el petitorio que ellos han formulado, por lo que esperamos que el Gobierno, sea este o el que sigue, lo acoja en algún momento.
A pesar de estos dos elementos, que son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, quiero pedirles a mis colegas que aprobemos el proyecto en debate, de modo que cumpla su segundo trámite en la Cámara de Diputados a la mayor brevedad y de esa forma podamos tener un cuerpo legal que rija las actuaciones de los gobiernos regionales antes de que sus miembros asuman sus cargos, ya que, de lo contrario, nos encontraríamos frente al fenómeno de que tales organismos no contarían con un respaldo legal determinado, lo cual impediría concretar la regionalización y la descentralización, que tanto defendemos y de las cuales tanto hablamos.
Por eso, señor Presidente, doy mi voto favorable a la iniciativa, esperando que cuanto antes se transforme en ley de la República, con las dos salvedades antes planteadas: la necesidad de fortalecer la transferencia de competencias, y segundo, lo relacionado con las condiciones en que los cores desarrollen su función, particularmente por su grado de responsabilidad en la formulación de políticas de desarrollo regional, así como por el hecho de tener que resolver respecto de los altos presupuestos de las regiones.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, por razones de tiempo me voy a limitar a plantear una observación que considero importante.
Aquí, uno de los temas centrales son el patrimonio y la capacidad de ingresos que deben tener los gobiernos regionales para desarrollar sus acciones. Los proyectos se ejecutan normalmente a través de alianzas, especialmente con el Gobierno central, aunque ahora incluso existe la facultad de establecerlas con los municipios.
De acuerdo a la reforma que aprobamos, la Constitución dispone, en el artículo 115, que los convenios de programación entre las regiones y el nivel central tendrán el carácter de obligatorios, y que "La ley orgánica constitucional respectiva establecerá las normas generales que regularán la suscripción, ejecución y exigibilidad de los referidos convenios".
¿Por qué me detengo en esta norma, señor Presidente? Porque encuentro extremadamente débil el modo como quedó abordado el punto en la modificación que estamos haciendo en la ley sobre gobiernos regionales. Normalmente, los convenios de programación son plurianuales. Cuando se trata de grandes obras de inversión, cuando hay un hospital, una carretera de por medio, los recursos son colocados en parte por las regiones y en parte por el nivel central. Se trata de proyectos que se desarrollan en dos, tres, cuatro años.
¿Cuál es el problema que surge? Que, tal como está redactado, el inciso segundo del artículo 81 ter dispone que "El nivel de cumplimiento exigible, respecto de cualquiera de las partes, estará supeditado al monto de recursos que anualmente la Ley de Presupuestos del Sector Público haya aprobado para el respectivo ítem de gasto".
¿Qué va a ocurrir? En Tarapacá, por ejemplo, celebramos un convenio de programación en materia de salud por 62 mil millones de pesos, prorrateados en cuatro años. Tal como está la disposición, lo que va a suceder es que los recursos que debe aportar en parte el nivel central, si el Ejecutivo no los coloca anualmente en la Ley de Presupuestos, no serán exigibles.
Yo tengo una seria duda constitucional por el modo como está redactada la norma, porque los convenios de programación son de carácter obligatorio. La exigibilidad depende de la ley orgánica. Y en esta se está diciendo que el nivel de ingreso estará anualmente determinado en la Ley de Presupuestos. ¿Qué pasa si esta última determina que es un peso? El convenio de programación no se podrá cumplir.
Por lo tanto, la obligatoriedad exigida por la Constitución en la práctica deja de operar porque, en definitiva, la facultad para el cumplimiento o no cumplimiento de los convenios de programación vuelve al nivel central. Y este punto, relativo a los convenios de programación, es, a mi juicio, clave para el desarrollo de las regiones.
Por eso, señor Presidente, hago reserva de constitucionalidad, pues, tal como está redactada la norma, los convenios de programación, fundamentales para el desarrollo de las regiones, en la práctica podrían no cumplirse.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, nosotros estamos votando hoy una ley orgánica que necesariamente debe estar dentro del marco de la Constitución.
Lamentablemente, la reforma constitucional que se hizo años atrás no abordó estos aspectos en forma adecuada. Por eso, es imposible abocarse de manera concreta y específica a la transferencia de competencias en esta ley orgánica, lo que hace necesario el proyecto que presentaron los miembros de la Comisión de Gobierno. Ojalá que podamos aprobarlo a la brevedad, porque es la reforma que verdaderamente hará aplicable un elemento fundamental para el fortalecimiento de las regiones, como es el hecho de que estas posean competencias, facultades y recursos.
A pesar de ello, creo que este proyecto de ley avanza sustancialmente en el proceso de regionalización en materias como la estructuración de los gobiernos regionales; la organización de los consejeros regionales, elegidos hoy popularmente; la definición de atribuciones tanto del intendente como del presidente del Consejo; el manejo de las urgencias; las facultades de todo lo que dice relación con el desarrollo territorial.
Yo me quiero hacer cargo de lo que ha sido un poco el debate público llevado adelante, en particular en mi Región, por consejeros que ya han ejercido esta función. Ellos plantean que este proyecto de ley les está quitando atribuciones. Creo que eso no es así. Por el contrario, en materia de fiscalización, en materia de competencias relativas al desarrollo territorial, en materia de planos reguladores, lo que vienen aquí son nuevas atribuciones, nuevas responsabilidades para los cores.
Se sostiene que no se mantiene una práctica de los últimos años consistente en aprobar proyecto a proyecto. Sin embargo, a mí no me parece que ese sea un método sano para el uso eficiente de los recursos. A mi juicio, la norma que proponen tanto la Comisión de Gobierno como su par de Hacienda es adecuada y tiene además un elemento que no podemos dejar de mencionar: que la propuesta de inversión que el intendente haga al Consejo Regional deberá basarse en indicadores objetivos de distribución intrarregional.
Eso, que hoy día no está, me parece fundamental, porque uno de los riesgos que podemos correr o una de las distorsiones a las cuales nos podemos ver enfrentados es que los cores aprueben recursos solo para las grandes ciudades, que es donde están los votos de quienes han resultado elegidos. Yo me he dedicado a estudiar el punto y me he dado cuenta de que en muchas de las regiones los consejeros electos lo fueron en virtud de las votaciones registradas en las grandes urbes. Por eso, se puede dar la distorsión de que esas ciudades obtengan mayor dotación de recursos, más proyectos, una mirada "más cariñosa", para decirlo de alguna manera, por parte de los consejeros regionales.
Al establecer variables, indicadores objetivos de distribución regional, el proyecto viene a asumir algo fundamental: la protección de las comunas más débiles, con menor cantidad de habitantes -por tanto, con poco electorado-, más alejadas, más rurales. Y eso, a mi juicio, queda plasmado en forma adecuada en la iniciativa de ley que hoy estamos votando.
Sin duda, señor Presidente, hay otros temas a los cuales nos gustaría referirnos, pero disponemos de poco tiempo. Por eso he querido hacer énfasis en esta norma, relativa a la manera como los consejeros regionales, ahora elegidos por votación popular, van a aprobar los presupuestos y los planes de inversión de cada región.
A mi juicio, esa disposición da consistencia, coherencia respecto a cómo el país maneja los recursos tanto a nivel nacional, según las atribuciones del Parlamento, como a nivel comunal, de acuerdo a las atribuciones que se entregan a los concejos municipales. En todo caso, la facultad de los consejeros regionales queda plasmada y unida adecuadamente a datos objetivos que permiten respetar y defender a las comunas más pequeñas, para que estas también sean fruto y objeto del trabajo de los gobiernos regionales.
Por lo tanto, voto favorablemente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, efectivamente, la Comisión de Hacienda, recogiendo el informe de la Comisión de Gobierno, aprobó en forma unánime la totalidad de los artículos que correspondían a su competencia.
Y quiero hacer presente que esto ya lo hicimos a propósito de la discusión general. No es porque estemos contentos o porque creamos que el proyecto constituye un gran avance. Yo no concuerdo con esa frase. Concuerdo más con las precauciones que han manifestado sobre el tema los Senadores Orpis, Bianchi y los demás miembros de la Comisión de Gobierno.
En mi concepto, este es un avance, pero tímido. Incluso se dice que a los consejeros regionales les van a quitar facultades. Y, efectivamente, la práctica que han seguido es la de ir aprobando proyecto por proyecto, y muchas veces aprueban algunos que no tienen mayor trascendencia.
¿Qué se hace ahora? Se aplica un mecanismo en que el Consejo Regional aprueba un presupuesto en forma sectorial y luego el intendente lo ejecuta, del mismo modo en que lo hace el Presidente de la República con el Presupuesto de la Nación a través de los Ministerios. Es algo similar y, a lo mejor, es una buena norma. Pero -y es la crítica que plantean los consejeros regionales, en la cual, en cierta manera, tienen razón- nuevamente se cae en mayor centralismo. ¿Por qué? Porque el intendente es nombrado por el Primer Mandatario, por lo que puede entenderse que este ejerce gran influencia en las decisiones que aquel toma en la medida en que no actúa en forma autónoma.
Y ahí surge la discusión sobre la necesidad de que haya un gobierno regional elegido completamente. Es decir, que no solo lo sean los consejeros regionales sino también los intendentes.
En cuanto a la transferencia de competencias, efectivamente hay un proyecto de reforma constitucional relativo al artículo 114 que está pendiente en el Parlamento. Se ha dicho que debemos despacharlo para establecer algún mecanismo que permita que la transferencia de competencias no quede a la sola decisión del Presidente de la República. Tampoco, obviamente, puede quedar a la sola decisión de los CORE. Habría que consagrar algún instrumento para dirimir los conflictos que pudieran producirse entre el Ejecutivo y un gobierno regional cuando este le pida el traspaso de una competencia por los dos tercios de sus miembros.
Ojalá podamos completar la tramitación de dicha reforma constitucional, al objeto de fijar un mecanismo que permita al Consejo Regional solicitar la transferencia de competencias con un alto quórum, y al Jefe de Estado, negarla, pero no simplemente a través de un decreto fundado, de tal modo que, si no tiene fundamentos, sea otra autoridad -se está proponiendo al Senado- la que dirima el conflicto.
Otra materia que debemos tener presente -la señalo aquí para que el Gobierno tome nota- se refiere a una modificación a la Ley de Municipalidades que vamos a ver en los próximos días aquí, en la cual se aumenta la remuneración de los concejales en 30 por ciento, quedando en aproximadamente 620 mil o 625 mil pesos, como cifra máxima para quienes asistan a todas las sesiones que celebre el concejo municipal en un mes. Sin embargo, en el caso de la dieta de los consejeros regionales no se observa ningún incremento, por lo que sus ingresos se mantienen en el orden de los 670 mil pesos.
No es un tema determinante en la ley, pero sí es importante. Tiene que haber cierta diferenciación. Y el Ejecutivo, de una manera u otra, debe buscar la forma de hacer una diferencia mayor entre la dieta de un concejal y la de un consejero regional.
Es un asunto pendiente que planteé al Gobierno, que quedó de estudiarlo.
El problema se va a producir. Cuando en el próximo tiempo aprobemos aquí el proyecto que aumenta la dieta de los concejales, inmediatamente vamos a recibir, con entera justicia y razón, el reclamo de los cores.
Por último, hay una indicación que requiere la unanimidad para ser discutida por haber sido presentada fuera de plazo, referida a la aprobación del Artículo Quinto Transitorio, que resulta crucial, pues establece el mecanismo de financiamiento de la ley.
Gracias.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, hace bastante tiempo que venimos discutiendo este proyecto, que, a mi juicio, es muy importante. Es un paso, no menor, es cierto, pero un paso.
Tuvimos oportunidad de expresarlo en la Sala a raíz de la reforma que implicó establecer la elección directa de los cores, con lo cual se ganó mucho en transparencia y en la legitimidad de quienes resulten elegidos para ocupar dichos cargos.
Pienso que ahora el paso que sigue es definir con mayor claridad el financiamiento de las nuevas funciones. No queremos que se repita lo que ha ocurrido con los municipios, que ha sido muy lamentable. En más de una oportunidad se les han aprobado nuevas atribuciones sin entregarles los fondos necesarios, lo cual ha agudizado su desfinanciamiento y ha profundizado los problemas que afectan a las municipalidades que no disponen de recursos suficientes. Es algo que no debe repetirse.
Por lo tanto, cualquier nueva función o atribución que se transfiera a los gobiernos regionales tiene que ir acompañada de su fuente de financiamiento, a fin de evitar que se les entreguen mayores responsabilidades sin dotarlos de los recursos asociados al ejercicio de aquellas.
En mi concepto, es un tema de la más alta importancia.
Ahora bien, entiendo que este proyecto es fundamental. Debemos regular el estatuto de los cores. Estos fueron elegidos por sufragio popular y ahora, evidentemente, corresponde definir las condiciones en las que van a desempeñar sus cargos, es decir, las facilidades para asistir a las sesiones del Consejo; la contratación de seguros contra accidentes; el aseguramiento de su dieta o asignación en caso de enfermedad u otras razones médicas; permisos para ausentarse por el fallecimiento de algún familiar. Todo eso no es menor.
Y quiero hacer una consideración al respecto. Lo mismo siento a propósito de nuestros concejales, pero en este caso con mayor razón lo siento por los cores. Creo que, como país, en algún momento deberemos dar un paso más.
A veces la gente no entiende y le cuesta concebir que la democracia implica, evidentemente, gastos e inversiones. La idea es tener consejeros regionales que se vayan especializando, que se dediquen full time al cargo, que reciban una dieta o asignación adecuada a la función que desempeñan.
Ojalá fuéramos capaces de aprender de otros países, donde los equivalentes a nuestros consejeros regionales y concejales tienen dedicación exclusiva y reciben una dieta que les permite cumplir bien con sus altísimas responsabilidades. Cada día las actividades de estos representantes son más complejas y deben tomar decisiones extraordinariamente importantes que generan consecuencias para las comunas y las regiones. Y, sin embargo, siempre se está pensando en ahorrar y en otorgar una dieta de 600 mil pesos. No somos capaces de entender que con gente que se forme y se convierta en profesional del área en cuestión resultarán beneficiadas nuestras comunas y nuestras regiones.
En ese sentido señalo mi disconformidad. Espero que alguna vez aprendamos y cambiemos derechamente el sistema. Por cierto, se habla de nuevas funciones para los gobiernos regionales y no podemos estar más de acuerdo.
Si hay algo que todos percibimos es cómo el centralismo ahoga las regiones. Así lo he manifestado como Senadora que representa a la Región de Atacama.
Estamos agotados de que todo se resuelva en Santiago. Eso cansa en la región septentrional. De ahí que incluso se ha constituido la Asociación de los Municipios del Norte, para reflejar el cansancio de zonas que entregan su riqueza -que significa muchísimos recursos-, al producto del país y a las arcas fiscales y se quedan con los pasivos ambientales.
En mi opinión, no podemos dejar de escuchar el actual clamor proveniente de las regiones y que constituye la razón por la cual surgen crecientemente este tipo de asociaciones, de argumentos o de acciones, que van en el sentido de reivindicar que las regiones cuenten con verdaderas competencias, con reales atribuciones y puedan desarrollarse como tales. Y en aquellas donde hay escasez de recurso humano, habrá que dar facilidades para incrementarlo poco a poco.
Evidentemente, como se ha señalado, faltan algunos detalles respecto a los mecanismos de transferencia de competencias. Los iremos perfeccionando. Desde ya anuncio mi voto positivo, porque creo que este es un paso importante.
No puedo dejar de mencionar el compromiso -tengo la certeza de que se va a cumplir- de la Presidenta electa, Michelle Bachelet, en cuanto a la futura elección de los intendentes. Considero que es un tremendo paso. Con él, por fin, vamos a terminar con cierta dualidad existente, la cual, como lo he expresado aquí en otras oportunidades, no está del todo despejada. Resulta extraño que las regiones tengan la figura de un intendente nombrado por el Jefe del Estado, y, a la vez, un gobierno y un consejo regionales elegidos por votación popular, que designa a su presidente de entre sus miembros.
Tal dualidad no queda muy clara y va a perturbar el buen funcionamiento de los órganos regionales. Estoy segura de que generará algún tipo de ruido. En el futuro deberemos hacernos cargo de esto, en la medida en que la ley en proyecto se empiece a aplicar. Pero siempre he pensado que es necesario elegir al intendente, a fin de resolver dicha dualidad, en cuanto a que no habrá dos personas encabezando el gobierno y el consejo regionales.
Por esas razones y con las aprensiones expuestas, voto a favor.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, estamos culminando el despacho de un proyecto de gran trascendencia para la descentralización administrativa y económica del país a través de los gobiernos regionales. No cabe duda de que avanzaremos en esos aspectos.
Por eso, en las Comisiones, tanto de Gobierno como de Hacienda, aparte de los acuerdos a que llegamos con el Ejecutivo respecto de las indicaciones correspondientes, acogidas en su oportunidad, la iniciativa en debate se aprobó prácticamente en forma unánime, salvo una que otra disposición, con votos de abstención o en contra.
Ello demuestra el gran consenso que hubo en ambas Comisiones para despachar cuanto antes la ley en proyecto, muy esperada por todo el país.
Ya tenemos a los consejeros regionales elegidos por sufragio popular, que asumen el 11 de marzo próximo. Lo lógico es que, al comenzar, se encuentren con esta nueva legislación que les otorga facultades claras para el desempeño de sus funciones.
Señor Presidente, en seguida mencionaré los títulos de las principales materias contenidas en la iniciativa, con limitados comentarios, dado que carecemos del tiempo suficiente para explayarnos sobre cada una.
1. Financiación de nuevas funciones y atribuciones.
Los consejeros regionales tenían, al igual que los concejales, muy pocas atribuciones y no podían realizar fiscalizaciones mayores. En cambio, ahora se les conceden más facultades y se les asignan muy buenas funciones, para que puedan desempeñar con dignidad ese importante cargo en todos los lugares del territorio.
2. Regulación del estatuto de los consejeros regionales.
Aquí se establecen muchas cosas que a ellos les interesan: los permisos para asistir a las sesiones del Consejo; la dieta y las asignaciones; su situación previsional, en fin, todo lo relacionado con el desarrollo de sus labores, respecto de lo cual hasta ahora están muy desprotegidos.
3. Nuevas funciones de los gobiernos regionales.
Se establecen tareas relacionadas con el ordenamiento territorial, fomento productivo y desarrollo cultural y social. Para estos efectos se les conceden amplias atribuciones.
4. Mecanismo de transferencia de funciones y atribuciones a gobiernos regionales.
Como ya se ha señalado, aprobamos una reforma constitucional conforme a la cual, cuando un gobierno regional desea mayores facultades y competencias, debe solicitarlas al Ejecutivo. Si el Presidente de la República, en un momento determinado, se las niega, será el Senado el que dirima la controversia.
En este mecanismo está todo regulado. Las transferencias se materializarán a través de convenios, programas y creación de servicios públicos regionales, en fin. Todas las competencias que los cores consideren que pueden desempeñar las pueden solicitar al Primer Mandatario.
5. Estructura de los gobiernos regionales.
6. Nuevas funciones de los consejeros regionales.
Se les entregan diversas funciones a los cores y, naturalmente, los asuntos más importantes relacionados con la distribución de los recursos de inversión regional. Se explicita la forma de aprobar los fondos y cómo será la proposición que el intendente hará al gobierno regional para que con la aprobación del presupuesto puedan determinar los marcos presupuestarios que deberán ejecutarse con posterioridad.
7. Exigibilidad de convenios de programación y convenios de mandato. Los gobiernos regionales manejan importantes cantidades de recursos y, por supuesto, suscriben convenios de programación con los Ministerios. Y como hoy en día todas las Secretarías de Estado les están echando el guante a los fondos regionales, queremos que el Gobierno central vaya aportando los recursos a través de convenios de programación.
Señor Presidente, con estas nuevas facultades y funciones que se entregan a los cores, esperamos ir avanzando para que las regiones tengan una verdadera autonomía y se consolide una amplia regionalización en el país.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, quiero referirme a algo señalado por diversos Senadores, como también por la Comisión, a fin de generar una alerta respecto de este proyecto relativo al fortalecimiento de la regionalización.
En realidad, por cada paso hacia la regionalización, simultáneamente se dan diez a favor de la centralización. Para comprobarlo basta leer el articulado. Y voy a mencionar algunos ejemplos.
Casi todo el texto habla de que las regiones, a través del intendente, de los consejeros regionales y de los gobiernos regionales tienen que ajustarse a la política nacional.
¿Qué ha significado la política nacional? Se trata de una larga historia, que no es del actual Gobierno, a través de la cual se ha generado una depredación de los recursos naturales. La gran mayoría de ellos (suelo, agua, recursos hidrobiológicos, bosques -de estos son más los que se queman que los que se plantan-) se encuentran no en franco riesgo, sino colapsados.
Además, se nos informa que Chile crece económicamente a una tasa determinada. Pero nada se dice con respecto a la variación de los recursos naturales. Por lo tanto, podemos estar creciendo pero, dicho en términos populares, "comiéndonos la gallina de los huevos de oro".
Por otro lado, este modelo centralista, que no es de Santiago, sino de un poder concentrado, tanto público como económico, en niveles que incluso están fuera del país, lleva a una concentración excesiva y a un uso abusivo de los territorios de las regiones. Hoy en día somos testigos de zonas de sacrificio, como Huasco, Quintero, Ventanas, Puchuncaví, Concón y Coronel. Se trata de un modelo que se está imponiendo por sobre las vocaciones propias de las distintas regiones.
Si uno lee algunos artículos del proyecto, concluye que revelan una profunda desconfianza en las regiones. Daremos también algunos ejemplos.
Evidentemente, es un avance el que los consejeros regionales sean elegidos mediante votación popular. Pero los estamos obligando a funcionar atados de pies, de manos y de alas, porque tampoco pueden volar. Desde luego, estamos de acuerdo en cuanto a un aumento de la dieta de los consejeros regionales. Pero la que se propone en la iniciativa, de mantenerla, nos parece inconveniente.
A continuación daré algunos ejemplos de lo que estoy expresando, según el boletín comparado que tenemos a la vista.
"Los gobiernos regionales gozarán de personalidad jurídica de derecho público, tendrán patrimonio propio y podrán desarrollar, directamente o con la colaboración de otros órganos de la administración del Estado," determinadas funciones. Es decir, en el "podrán" ya hay una sujeción a ciertas aprobaciones.
En cuanto a las funciones del gobierno regional, se establece:
"a) Diseñar, elaborar, aprobar e implementar las políticas, planes y programas de desarrollo de la región, así como su proyecto de presupuesto, los que deberá ajustar a la política nacional de desarrollo y al presupuesto de la Nación".
"c) Orientar el desarrollo territorial de la región". Sabemos que esto es una función que tiene que ser participativa.
"d) Elaborar y aprobar su proyecto de presupuesto, el que deberá ajustarse al presupuesto de la Nación".
Todo va mutilado, por así decirlo, y bajo la dependencia de la autoridad del Gobierno central.
En el artículo 17, de nuevo se habla de "a) Elaborar y aprobar, en concordancia con la estrategia regional de desarrollo", el plan regional de ordenamiento territorial, un instrumento orientador en tal sentido, cuando lo que nosotros necesitamos es que él se confeccione de manera participativa y sea vinculante, como lo logramos a propósito de la zonificación del borde costero. Sin embargo, este proyecto lo vuelve a dejar en una nebulosa. Hoy en día la zonificación del borde costero es vinculante, pero esta iniciativa lo deja en una situación intermedia. Todo esto, sujeto a decretos supremos ministeriales.
Lo mismo sucede con el manejo de las cuencas, como se señala en el mismo artículo.
Después, en otras normas, podemos ver que incluso se han reducido las atribuciones.
En el caso de los proyectos de transporte a nivel regional, deben ajustarse a las políticas nacionales en la materia, y se elimina lo relativo a las facultades que correspondían a las municipalidades.
Y continúan los ajustes en otras disposiciones, en cuanto a que todo debe ser con arreglo a las políticas nacionales.
En el actual artículo 19, se establece: "En materia de desarrollo social y cultural, corresponderá al gobierno regional", pero ahora se agrega a continuación el término "preferentemente". Otra mutilación.
Continuando con la rápida revisión del proyecto, nos encontramos con que respecto de los planes regionales de ordenamiento territorial, no se dice quién ni cómo se realizan. No hay una participación garantizada.
Luego, se señala: "El Presidente de la República, previo informe de los Ministerios del Interior y Seguridad Pública y de Hacienda, podrá transferir" competencias. Hay todo un mecanismo diseñado sobre el particular, llegándose incluso al punto de poder ser revocada dicha transferencia.
Señor Presidente, se trata de un proyecto insuficiente. Se ha hecho un esfuerzo importante por parte de algunos personeros de Gobierno y de las Comisiones de Gobierno y de Hacienda del Senado por mejorarlo. Pero, en verdad, nos estamos haciendo trampa en el solitario: aquí no hay regionalización, porque se vuelve a incentivar y fortalecer el centralismo.
Por esas razones, voto en contra.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.-
Intervendré después, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, he dicho que el Gobierno está legítimamente interesado en sacar adelante el mayor número de proyectos de ley, según una estadística de fin de año, luego de la evaluación correspondiente.
Todos los Presidentes de la República quieren marcar un sello. Y el actual Jefe de Estado desea poner el suyo en la estadística de iniciativas legales despachadas.
Pero, en general, la cuestión es parecida a lo que ocurre con la asistencia en el Senado: para figurar como presente solo bastan 30 segundos de permanencia en la Sala. ¡30 segundos! Entonces, la asistencia no dice relación con la productividad. Son otros los indicadores que la marcan, al igual que la eficiencia.
Por lo tanto, en el caso del Gobierno, el asunto no pasa solo por tener un gran número de proyectos aprobados.
Estamos en presencia, de una mala iniciativa, que en vez de aportar facultades a las regiones, se las resta. Y el Ministro y el Subsecretario lo saben.
No se trata de una opinión del Senador Navarro, sino de Corbiobío, corporación integrada por empresarios que no son ni de Izquierda ni "navarristas", sino de Derecha, los cuales expresan con todas sus letras que "Este es un proyecto que hace retroceder a las regiones".
En definitiva, es un bluf de proyecto, un bluf de descentralización. Tal vez lo único rescatable es que el presupuesto tiene un amplio marco general de aplicación y no caso a caso, para evitar que los consejeros regionales generen acuerdos con mayor transversalidad, cuya caracterización no quiero mencionar en la Sala.
Todos los informes han dicho que esta iniciativa -por eso me extraña lo que sucede en las bancadas de la Nueva Mayoría- va en la línea contraria de lo que la Presidenta Bachelet quiere hacer: descentralizar. En la práctica, solo se profundiza en aspectos administrativos: modalidades de transferencia de competencias, del administrador regional, de elección de directivos, entre otras, pero efectivamente descentralización no hay.
Tengo en mis manos el informe del Instituto Igualdad -voy a ver cómo vota el Partido Socialista-, que señala:
"En consecuencia, de aprobarse la actual iniciativa y bis a bis con la elección directa de consejeros regionales (¿), nos encontraremos con una institucionalidad regional muy "sui generis":
-"Un órgano colegiado, elegido directamente por los ciudadanos, y cuyo presidente es elegido entre sus pares, pero que no tiene facultades propositivas y de gestión.
-"Un intendente, que a pesar de dejar el cargo de Presidente del Consejo Regional mantiene todas las funciones ejecutivas del Gobierno Regional (artículo 24 LOCGAR), además de las tradicionales en su rol de representante del Presidente de la República (art. 2 LOCGAR).
-"Un intendente que sigue a cargo del Aparato Administrativo del Gobierno Regional, es decir todo el personal del Gobierno Regional está bajo su dependencia.
-"Es decir, se mantiene la definición de Gobierno Regional del art 23 de la LOCGAR, (¿).
-"Una región que podrá pedir el traspaso de competencias al nivel central pero que el Presidente de la República podrá denegar, ahora fundadamente y sin que ningún órgano (Tribunal Constitucional, Senado, etc) se haga cargo de dirimir este "conflicto".".
¡La monarquía presidencial en toda su amplitud!
Sin embargo, se trata del derecho a petición, el cual hemos ganado en las regiones. Podemos pedir.
En definitiva, todo concentrado en el Presidente de la República, con lo cual, una vez más, las regiones quedan entregadas al completo arbitrio de la monarquía presidencial.
"En fin," -dice el informe del Instituto Igualdad, aparte de lo que señala el de Corbiobío, que es demoledor- "poco cambia con este proyecto y ante la nueva legitimidad que alcanzarán los consejeros regionales, ahora empoderados democráticamente, tal vez asistiremos a inéditos conflictos institucionales entre la demanda regionalizadora y la hegemonía centralista".
Por ello, claramente, uno puede comprender la lógica impuesta: se dio la capacidad de elegir democráticamente a los consejeros regionales, pero se les restan las facultades de gestión y descentralización.
El proyecto es un bluf y lamento profundamente que no hayamos podido resolver en la Nueva Mayoría su rechazo, porque lo que queremos es debatir una efectiva normativa de descentralización de facultades y que, en el caso de una región que pide facultades descentralizadoras y el Gobierno central se las niega, a lo menos haya un organismo distinto para apelar. Porque, según el texto propuesto, si el Presidente de la República niega el traspaso de competencias, no pasa nada. Por lo tanto, se trata de un completo sometimiento de las regiones.
En consecuencia, vamos a tener que dejar para el próximo Gobierno la elección directa de los intendentes, y en ese momento generar un verdadero debate sobre la existencia de un intendente como representante del Ejecutivo, con todas las funciones administrativas propias de un Estado de Derecho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Finalizó su tiempo, señor Senador.
Tiene un minuto más.
El señor NAVARRO.-
Yo esperaba que en el texto del proyecto se diera cuenta también del cambio de fecha en la elección de los consejeros regionales, porque los pasados comicios al respecto fueron un desastre. Elegir a los cores junto con el Presidente de la República, Senadores y Diputados es un error.
Me gustaría que se legislara sobre la elección directa del intendente y también acerca de la posibilidad de realizar de manera conjunta la elección de alcaldes, concejales, consejeros regionales e intendentes, como lo prometió la Presidenta Bachelet.
Tal vez eso signifique acortar en un año el período de duración en sus cargos de los consejeros regionales, pero es necesario ordenar y hacer más fácil la comprensión y participación ciudadana con esos actos electorales.
Voto en contra de este mal proyecto, señor Presidente, porque lejos de fortalecer las regiones, las debilita. Es un fiasco, y yo espero que lo podamos cambiar en el próximo Gobierno.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, somos un país que teme a la descentralización. Algunos creen que ella consiste en dotar de más recursos a las regiones, lo cual permitiría a los actores involucrados contar con alguna capacidad de -entre comillas- priorización.
Pero quienes conocemos el sistema de inversiones públicas sabemos que, en última instancia, el gobierno regional tiene poca autonomía para fijar las prioridades, por cuanto usa criterios absolutamente centralizados y la Dirección de Presupuestos ejerce poder sobre los recursos que las regiones presuntamente cuentan.
Lo anterior lleva a que este debate de tiempos portalianos, de un Estado unitario versus una creciente autonomía de las regiones, se zanje en un Estado portaliano.
Se les tiene temor a las regiones. Hay muchos santiaguinos que creen que en ellas no existe capacidad. Es como si en las regiones las personas no tuvieran competencia para decidir y determinar el futuro de la nación.
Creo que ese es uno de los grandes dramas que vive nuestro país.
Al igual que en el proceso educativo se discrimina y perdemos capital humano debido a que hay numerosa gente con talento que no llega a desarrollarse en plenitud, Chile no logra crecer completamente porque no se les permite a las regiones desarrollarse a cabalidad al no confiarse en sus capacidades.
Y el centro, donde se concentra el poder político, sobre todo en Hacienda, controla en forma extrema la autonomía de las regiones.
Hoy se abre debate respecto a una mayor descentralización. Y yo agregaría el concepto de una mayor desconcentración, porque también al interior de las regiones se produce bastante centralismo.
Este proyecto no es la solución, no es la panacea. Es un atisbo de solución, un avance excesivamente tibio para lo que las regiones necesitan.
Señor Presidente, como Senador de la Región de O'Higgins, yo muchas veces repito una frase dramática.
La Sexta Región vive el drama de México: estamos muy cerca del diablo y muy lejos de Dios. La cercanía con la Región Metropolitana nos ahoga, destruye nuestras oportunidades.
No es casual que seamos la única Región que no tiene una universidad estatal, un animador cultural que promueva el desarrollo propio.
No es casual la fuga de capitales que sufrimos: solo vuelven a nuestra Región el ocho por ciento de los profesionales que deben salir a estudiar fuera de ella. Nuestra Región exporta capital humano. Y eso, sin duda, se halla vinculado a la iniciativa en debate.
La ley en proyecto es tímida, parcial, refleja la desconfianza del centro respecto de las regiones.
Yo soy partidario de que se elija al presidente del gobierno regional. No me gusta este concepto, que lleva a la confusión entre intendente y presidente del gobierno regional.
Creo que el gobierno central debe tener presencia en cada región a través de los intendentes. Pero el presidente de los gobiernos regionales ha de ser una autoridad con atribuciones bastante más significativas que las establecidas en la iniciativa en análisis.
El proyecto de ley que despache el Congreso Nacional debe consignar las atribuciones propias de los gobiernos regionales. Estos no tendrían que pedir el traspaso de competencias al gobierno central.
Señor Presidente, siento que esta iniciativa puede ser interpretada por algunos en parte como un renuncio. ¿Por qué? Porque el Senado no es capaz de garantizarles atribuciones a sus gobiernos regionales.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Excúseme, señor Senador, pero ha concluido su tiempo.
Su Señoría dispone de un minuto adicional para finalizar su intervención.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, somos un Senado donde solo cuatro de sus treinta y ocho miembros son de Santiago. Los restantes pertenecemos a regiones. Y me produce una tremenda vergüenza el que no seamos capaces de establecer en una ley atribuciones mínimas para los gobiernos regionales.
Me duele que estemos en el renuncio.
Excúseme, señor Presidente, pero prefiero decirlo -algunos lo señalan en los pasillos-: yo soy partidario de que los consejeros regionales aprueben marcos presupuestarios y no proyecto por proyecto, pues he sido testigo de la falta de probidad existente.
Por eso votaré a favor de este proyecto: ¡solo por eso! Porque estoy cansado de ver cómo el Estado se corrompe transversalmente. Ello tiene que ver con la condición humana.
Veo, asimismo, que los consejeros regionales a veces influyen en la falta de probidad de funcionarios públicos.
En consecuencia, votaré que sí, pero con un tremendo dolor. Porque aquí el Senado, por este bien, que es necesario, renuncia a su responsabilidad de darles poder a las regiones.
Solo porque la Presidenta Bachelet¿
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Excúseme, señor Senador, pero debo cumplir con el Reglamento.
El señor LETELIER.- Está bien, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, no puedo estar más de acuerdo con lo planteado por el Senador Letelier, en especial con lo último que señaló.
Acá no existe transferencia de poder a las regiones. Sí se les otorga más poder a los consejeros regionales.
Ahí radica la razón de que sea muy complicado no aprobar este proyecto, cuando ya han sido elegidos los consejeros regionales de todo el país y están próximos a asumir.
Efectivamente, el cambio propuesto es pequeño. Pero hay que ser justos en la mirada: no ha habido otro cambio mayor en los últimos veinte años. Desde que se echó a andar la nueva institucionalidad de gobiernos regionales no ha existido una modificación más grande que la que ahora nos ocupa.
Eso habla muy mal de nosotros, del Parlamento, de los Gobiernos en general, por la poca mirada, la escasa preocupación por las regiones.
Entonces, desde que el Presidente Frei echó a andar, en 1994, la nueva institucionalidad de los gobiernos regionales, sin duda se han otorgado atribuciones. Pero el paso que damos ahora, pequeño, diminuto, es el más grande que se ha producido.
Ello debe hacernos reflexionar.
¿Qué ocurre si no se aprueba esta iniciativa? Tendremos consejeros regionales que terminarán -como señaló el Senador Letelier- definiendo proyecto a proyecto.
Eso, que puede ser importante localmente, no es la principal tarea en el nivel regional, donde se requiere incorporar una mirada estratégica, de región acerca de hacia dónde vamos. Así, hay que aprobar planes territoriales, planes reguladores y establecer zonas donde, por ejemplo, pueda construirse una carretera, un baipás, un aeropuerto, y otras que sean de uso restringido, por problemas de riesgo volcánico, en fin.
Esa mirada no la veo presente en los debates en las regiones. Y aquí tenemos una pequeña oportunidad.
No tengo dudas de que el Gobierno de Michelle Bachelet, quien asumirá en marzo, hará transformaciones profundas en diversos ámbitos. Y también en el que nos ocupa.
Se plantea una elección democrática, universal de intendentes. Y esas son palabras mayores.
Yo soy de aquellos que creen que en esta materia debemos ver cómo se comporta el sistema durante los años previos a la elección de intendentes. Porque no es una cuestión menor.
Muchos nos alegramos de que, mediante este proyecto, se vaya a elegir la figura del presidente del consejo regional. Pero, al mismo tiempo, nos preocupa qué pasará con los intendentes.
Porque quien elaborará la tabla de la sesión del consejo regional y tocará la campana será su presidente. Pero el responsable de la inversión pública, del gasto anual, será el señor que está en la otra oficina: el representante del nivel central, del Presidente de la República.
Por lo tanto, hay que hacer una transición bien pensada.
Insisto: este proyecto es insuficiente. Tiene aspectos positivos. El último cambio que introdujo la Comisión de Hacienda no me complica. La posibilidad de que el Senado, el Congreso Nacional finalmente, resuelva cuándo habrá luz verde, recursos, aprobación para un convenio de programación es de toda lógica.
Pero debemos apurar el tranco en esa materia.
Lo señalé en la sesión anterior: fue el Gobierno del Presidente Frei el que tempranamente se atrevió, por ejemplo, a establecer convenios de programación para la defensa de las zonas ribereñas de Temuco, Región de La Araucanía.
Esas áreas se inundaban todos los inviernos. Pues bien, se suscribió un convenio con MIDEPLAN, el gobierno regional de ese tiempo; se financió el proyecto pertinente, y nunca más hubo inundación en esa zona.
Señor Presidente, esa es una cuestión central.
Habrá aeropuertos; normalizaciones de hospitales que se hallan pendientes (se ha avanzado muy poco en ello en estos últimos años), como en el caso de Curacautín, de Vilcún (se está llevando a cabo en Lautaro, pero no en Angol), de Lonquimay, en fin.
Entonces, que la posibilidad de que estos mecanismos de convenio de programación no dependan solo de un decreto supremo, sino de una ley me parece realmente un importante avance.
El cómo financiar obras en la región y discutirlas en su interior probablemente nos evitará situaciones bochornosas en el futuro, como la acaecida con el puente Caucau, en que le echamos la culpa a la empresa, pero donde al parecer no hubo un inspector fiscal.
En consecuencia, debemos tener un gobierno regional preocupado de los grandes temas: de la conectividad y de cómo buscar fuentes de financiamiento. Porque debo recordar que en el actual Gobierno se dijo que se presentaría el proyecto de Ley Araucanía, pero este nunca llegó; y mejor que fuera así, pues no se consultó a nadie y fue puro voluntarismo. Incluso se hablaba de un tren rápido que iba a costar no sé cuántos millones de dólares.
Entonces, en el debate sobre la posible Ley Araucanía...
Señor Presidente, le ruego que me dé un minuto más para terminar.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Cómo no, señor Senador.
Puede concluir su intervención.
El señor QUINTANA.-
Gracias, señor Presidente.
Decía que en el debate sobre la posible Ley Araucanía se hablaba de que en mi región se iban a invertir del orden de mil millones de dólares anuales en diez años.
¡De qué estamos hablando! Algunos Senadores de la Región del Biobío se ríen porque saben que eso es imposible, ya que en La Araucanía hoy día se invierten, con los ministerios sectoriales y con el gobierno regional, no más allá de 300 millones de dólares.
¡No hay ninguna posibilidad de hacer eso! El Ministro de Hacienda, quien se encuentra en la Sala, sabe que no es factible que una región invierta mil millones de dólares al año.
Por lo tanto, pido seriedad al momento de pensar en las regiones.
Esta iniciativa permite, en alguna medida, que esos debates se den al interior de los gobiernos regionales para que no se produzca el "chipeo", el "fileteo" del proyecto a proyecto, sino que, finalmente, se imponga una mirada regional que impida situaciones de corrupción como las mencionadas por muchos señores Senadores, toda vez que -¡en buena hora!- habrá fiscalización en esta materia.
Ahora, pienso que la iniciativa debió haberse hecho cargo del tema de las dietas de los consejeros regionales, pues las considero muy insuficientes. Pero igualmente es un avance -aunque pequeño-, y por ello le daré mi apoyo.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, durante numerosos años hemos pedido en este Congreso Nacional la llegada de un proyecto de ley que plantee algo diferente, para otorgarles competencias a las regiones que les posibiliten asegurar de verdad su desarrollo.
Si bien esta iniciativa significa un pequeño avance, no es suficiente para asegurar que las regiones sean capaces de resolver sus problemas.
El diseño portaliano del Estado chileno, según el cual cada Ministerio decide qué políticas, qué programas y qué instrumentos se utilizarán en todo el territorio nacional, no les sirve a muchas regiones porque las realidades de cada una son diferentes.
Es cierto que hemos recibido más recursos a partir de la regionalización, pero estos se han destinado a financiar proyectos locales, debido a que la dinámica que se emplea en los gobiernos regionales consiste en que los consejeros voten iniciativas locales de acuerdo a la petición de cada territorio municipal.
Por ello, mirando la región desde arriba, difícilmente los megaproyectos pueden ser financiados, pues nadie presiona para atender a la región en su conjunto, sino solo para atender demandas legítimas, pero muy locales.
En consecuencia, los megaproyectos regionales no se ven.
Además, los gobiernos regionales no tienen ninguna incidencia -¡ninguna!- en la administración de los servicios del Estado, que son descentralizados, pero se dirigen desde Santiago. Y si los gobiernos regionales no van a tenerla, carece de sentido la intencionalidad de trasladarles competencias.
En la Novena Región queremos que exista un INDAP capaz de atender la realidad de los pequeños campesinos de nuestra zona, porque dicha entidad no está diseñada para ella ni mucho menos para la de los mapuches.
Deseamos que el propio gobierno regional tenga facultades para estructurar aparatos que resuelvan las demandas de nuestra Región: un INDAP, una Dirección de Vialidad, una Dirección de Obras Hidráulicas, un Servicio de Salud, que preferentemente cubran realidades distintas de las de otras regiones.
Queremos radicar competencias en los gobiernos regionales, por ejemplo, para algo tan simple como otorgar una concesión pesquera. ¿Qué tiene que ir a hacer un pescador, un pyme o un microempresario a la Subsecretaría de Pesca en Santiago (ahora deberán hacerlo en la de Bienes Nacionales) para que les den una concesión marítima, de pesca o acuícola? ¿Por qué no lo hacen en las regiones? ¿Cuál es la desconfianza en ellas? ¿Por qué no les traspasamos esas competencias?
El proyecto en análisis no contiene nada de eso.
Las realidades de cada región son específicas, diferentes.
Entonces, cuando hablamos de regionalización, debemos apuntar a resolver los problemas reales que nos plantean los ciudadanos a los parlamentarios en las mismas regiones. Pero con este proyecto, de verdad, no avanzamos bastante.
Por consiguiente, votaré favorablemente esta iniciativa porque constituye un paso adelante. Pero quiero recordar que existe un compromiso, anunciado por la Presidenta electa, Michelle Bachelet, en orden a que el intendente regional sea elegido por la ciudadanía. Y, al mismo tiempo, le requerimos al Gobierno en su conjunto que transfiera competencias hoy día radicadas en el poder central, pues hasta el momento no lo ha hecho.
Por tal razón -repito-, aun siendo insuficiente, este proyecto significa un avance, y lo votaré favorablemente con el compromiso de que la iniciativa de "Ley Larga", la ley sobre transformación regional en profundidad, venga acompañada del proyecto, anunciado por la Presidenta Bachelet, para elegir democráticamente a los intendentes y, al mismo tiempo, entregar facultades efectivas a los gobiernos regionales. Ello, con el objeto de que administren los servicios del Estado que hoy atienden a las regiones de acuerdo a los programas, diseños e instrumentos que se les ocurren al director nacional o al ministro en Santiago.
Por eso, si bien este proyecto es un paso adelante -insisto-, me parece que es necesario comprometernos en una reforma de mayor alcance y profundidad en el próximo Gobierno.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, quiero referirme a dos materias.
La primera de ellas dice relación con que en la etapa siguiente de la discusión de esta iniciativa deberemos hacer un esfuerzo por mejorar las dietas de los nuevos consejeros regionales.
La elección de los cores nos dejó a todos una tremenda lección. Los consejeros regionales deben cubrir territorios inmensos. Los candidatos respectivos tuvieron que hacer tremendas campañas, asumieron compromisos con las comunidades y tendrán que recorrer y visitar muchos lugares para responder a la confianza que les entregó la ciudadanía.
Todo eso no se puede hacer con una dieta de 600 mil pesos, porque es evidente que entre las sesiones del consejo regional, las reuniones de las comisiones y las visitas a las comunas se irá toda la jornada. Es decir, el consejero o la consejera que realmente desee responder a la confianza que le entregó la ciudadanía tendrá que dedicarse a ello prácticamente a tiempo completo.
También echo de menos que el presidente del consejo regional no perciba una dieta distinta. Ello es indispensable considerando que esa autoridad va a tener una labor tan intensa como la que hoy día desarrollan los intendentes.
De ahí que me gustaría que el Ejecutivo considerara esa posibilidad en la etapa siguiente, y ojalá que podamos tener dentro de la próxima semana un proyecto que mejore la dieta de los consejeros regionales y también, sustantivamente, la del presidente del consejo regional.
Por otra parte, quiero referirme a la intervención del Senador Quintana en relación con nuestra Región de La Araucanía.
Yo quiero que nuestro Gobierno, el del Presidente Piñera, envíe el proyecto de Ley Araucanía. Tengo plena confianza en que es posible invertir anualmente en nuestra Región mil millones de dólares, tal como lo ha demostrado el actual gobierno regional bajo la conducción del intendente Andrés Molina.
Nuestra Región de La Araucanía registra años de retraso, y todos los indicadores así lo revelan: muestra los peores indicadores de salud, de educación. Además, posee la red caminera más extensa del país, pero la gran mayoría de sus rutas son de tierra o de ripio.
Necesitamos mejorar los estándares de nuestros caminos, de nuestros puentes. Necesitamos que la conectividad llegue a todas partes, porque eso, finalmente, es progreso y permite llevar los insumos a la región y sacarlos de ella.
Lo anterior permitiría, en gran medida, que tuviéramos una mejor calidad de vida en los campos y que se beneficiaran todos nuestros campesinos, especialmente los mapuches y, por supuesto, también los no mapuches.
Por eso, señor Presidente, no comparto lo que ha señalado el Senador Quintana. Nuestra Región posee particularidades, sufre problemas diferentes a los de otras regiones, tiene desafíos distintos. Por lo tanto, yo espero que en las próximas semanas ingrese al Congreso Nacional el proyecto de Ley Araucanía.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Espina, para fundamentar su voto.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, sin duda, este proyecto constituye un importante avance.
Y es curioso, porque el Gobierno del Presidente Piñera ha registrado progresos que no se alcanzaron en veinte años. Veíamos ayer el proyecto de acuerdo de vida en pareja, que algunos encontraban insuficiente y a otros no les gustaba. Recuerdo la ley contra la discriminación. Son todas iniciativas materializadas en la actual Administración. Y todos esos proyectos, que constituyen avances que mejoran la democracia, que ayudan a la regionalización, han sido impulsados por el Gobierno de hoy. Sin embargo, según opiniones de algunos parlamentarios de la Oposición, este pareciera ser un desastre.
Y cuando uno ve los resultados que exhibe Chile, ¡por Dios que me habría gustado que nosotros hubiésemos recibido el Gobierno que entrega el Presidente Piñera cuando lo recibimos de la ex Presidenta Bachelet! El país creó 840 mil, 850 mil puestos de trabajo. Por supuesto, probablemente algunos de esos empleos o un porcentaje de ellos no consideran las remuneraciones que a todos nos gustarían. ¡Pero es el doble de los que se crearon en la Administración de Bachelet! ¡Y eso da lo mismo! Y lo que es peor: nuestro sector político tampoco lo defiende como debería hacerlo. Porque, si hay un mérito que tuvo la Concertación, es que supo defender el Gobierno de la ex Presidenta Bachelet contra viento y marea.
Hoy día nos encontramos ante un proyecto que significa importantísimos avances en materia de regionalización que eran inimaginables hace unos años. Sin duda, todavía queda un espacio muy grande para mejorar, fortalecer y perfeccionar la regionalización.
Alguien decía algo muy sabio: "Nosotros tenemos un complejo en avanzar más en la regionalización, como que las atribuciones entregadas a las regiones serán administradas por un grupo de personas que no poseen la capacidad para hacerlo bien". Y ese es un profundo error.
Pero no hay duda de que este es un tremendo proyecto, que implica un avance enorme respecto de lo que existe hoy día.
En segundo lugar, quisiera referirme a lo que señaló el Senador García.
Yo creo que si esta iniciativa presenta una gran debilidad es no aumentar la remuneración de los cores. ¿Saben por qué? Porque nosotros les estamos pidiendo a personas que asuman una tremenda responsabilidad, que es nada menos que administrar una cantidad gigantesca de recursos en la Región, con un ingreso que los obligará a trabajar en otra actividad, y va a empezar un natural conflicto de intereses.
Yo considero que eso es malo, es negativo.
No estoy pidiendo que a los cores se les pague una fortuna, sino una remuneración acorde con su responsabilidad.
Y aquí sí que se produce una cosa que es increíble. Fíjense ustedes que los cores abarcan un territorio mucho más extenso que el de un Diputado, poseen una responsabilidad en términos de administración de recursos más grande que la de aquel, y gana quizá el 10 por ciento de lo que percibe dicho parlamentario.
Entonces, aquí hay algo que está mal. Yo espero que eso se arregle.
Y si uno quiere personas que puedan dedicarse el día completo a una labor que significa estudiar proyectos, ver bien cómo van a ser los índices de la Región, intrarregión, cuáles son las tendencias, entonces deben percibir los recursos necesarios para hacer de esto una actividad primordial.
Por lo tanto, señor Presidente, creo que ahí existe un vacío.
Y una última consideración -antes de que se me acabe el tiempo-, a raíz de lo que manifestó el Senador Quintana (lamento que no esté aquí).
¡No se puede tergiversar la verdad con tanta facilidad!
¡Que no se han construido los hospitales en la Región de La Araucanía! Perdónenme, ¡los Gobiernos de la Concertación prometieron el hospital de Angol por décadas! Yo asistí como a cinco inauguraciones para las campañas. Este Gobierno enfrentó el terremoto, reparó íntegramente un hospital que estaba en el suelo, y se encuentra en el proceso de licitación del diseño del nuevo hospital. En Lautaro está construyendo un hospital fantástico.
Entonces, cuando no hay ningún reconocimiento, yo les digo: "Acuérdense de que ustedes van a gobernar, y lo que siembran hoy día lo van a cosechar mañana, porque están en una actitud de no reconocer nada de lo que este Gobierno ha hecho".
Y respecto de la Ley Araucanía -termino, señor Presidente-, efectivamente existe un atraso en la presentación del proyecto. Porque elaborarlo es un tema complejo, difícil.
Pero sostener que la Región de La Araucanía no ha progresado es como señalar que el pilar básico solidario impulsado por la Presidenta Bachelet no fue una buena medida. Es una mentira. Y yo digo las cosas por su nombre, aunque a veces sea muy duro.
En la Novena Región se ha registrado un avance gigantesco en estos cuatro años: se crearon 65 mil puestos de trabajo; hay más de 25 mil familias con proyectos de desarrollo territorial indígena; existen más de 143 alianzas productivas con el mundo mapuche; la agricultura está pasando por uno de sus mejores momentos -siempre siendo una actividad difícil, por su naturaleza- en mucho tiempo. Se trata de una Región que ha progresado en todos los ámbitos.
Y el Presidente de la República está evaluando cómo puede hacer un proyecto de Ley Araucanía que no deje amarrado¿
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Ha concluido su tiempo, señor Senador.
Tiene un minuto adicional.
El señor ESPINA.-
Gracias, señor Presidente.
Repito: un proyecto de Ley Araucanía que no deje amarrado al próximo Gobierno. Porque si el Presidente Piñera fuera irresponsable, presentaría la Ley Araucanía hoy día y le pondría un presupuesto de 3 mil millones de dólares. ¡Si él se va a ir! Pero entonces dirán: "¡Pero mire cómo dejó el presupuesto amarrado por los próximos años!". Entonces, como es un Mandatario responsable, serio, plantea: "Yo puedo considerar recursos, pero hasta un punto en que no comprometa las decisiones del próximo Gobierno". ¡Palos porque bogas y palos porque no bogas!
Señor Presidente, el proyecto de Ley Araucanía se va a presentar. La Novena Región ha progresado. Hay un drama humano tremendo con la violencia excesiva que existe en nuestra Región. Es responsabilidad de todos tratar de resolverlo.
Y estoy seguro de que este proyecto es sin duda un avance histórico respecto de lo que se ha hecho en Chile en materia de regionalización.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Frei, para fundamentar su voto.
El señor FREI (don Eduardo).-
Señor Presidente, me habría gustado compartir la postura de muchos colegas en el sentido de decir que, aunque es un avance menor, hay que aprobar el proyecto.
Durante la discusión general expresé largamente mi fundamento, y lo hice también en la Comisión de Gobierno.
Creo que la aplicación práctica de esta iniciativa no solo no va a contribuir, sino que producirá un freno en la descentralización del país. En aquella oportunidad parafraseé a un distinguido servidor público, quien dijo que existían animales de una pata, de dos patas, de cien patas, pero no de dos cabezas. Y pienso que aquí estamos creando un animal de dos cabezas. Y tendremos dos instituciones. Por un lado estarán los cores, con su Presidente, con su estructura administrativa, y por otro, el gobierno regional. Cuando se produzcan conflictos entre esas dos organizaciones a nivel de la Región, ¿al final quién va a resolver? Santiago. Esa va a ser la realidad.
Antes de ayer se presentó una indicación respecto al financiamiento, lo que no vimos nunca en la Comisión de Gobierno. En ella se establece que el monto total para este proyecto es de mil millones. Esta cifra equivale a un centro de salud de tercera categoría en alguna de nuestras regiones. Ese es todo el costo de la iniciativa en análisis.
Si hablamos de descentralización, la primera descentralización es traspasar recursos a las regiones. Con mil millones, ¿qué vamos a hacer?
Se habla de los cores. Cuando se discutió su elección directa y popular, por votación universal, el tema era que había muchos indicios de corrupción. Esa fue una de las razones fundamentales para que se eligieran democráticamente. Y ahora resulta que percibirán una renta de 600 a 700 mil pesos. Con ello, todos van a tener que buscar trabajo en otros lados, o estarán sujetos a las mismas presiones y a los mismos índices de corrupción que había en el sistema anterior.
Y, en último término, creo que estamos creando una imagen en el país, en el sentido de que al despachar el presente proyecto vamos a experimentar un avance importante en materia de descentralización. No lo estimo así y, por eso, siendo consecuente con lo que he expresado en la Comisión de Gobierno y durante la votación en general, pienso que en las regiones se va a producir un conflicto muy complejo de resolver.
Así que espero que el día de mañana podamos progresar hacia una regionalización de verdad.
Por eso, votaré en contra del proyecto.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, en verdad, a veces uno no deja de sorprenderse respecto de cómo en el debate de un proyecto se van adecuando las distintas tendencias políticas al sentido de lo que establece su texto.
Y cuando uno oye con calma -y así lo he hecho- las diversas intervenciones, uno -insisto- no deja de quedar sorprendido por la forma en que se entiende la historia o el pasado.
Porque aquí no se ha dicho algo esencial: este es el proyecto que más hace por la regionalización en los últimos veinte años, toda vez que no se había acometido un esfuerzo de tal naturaleza en dicho lapso. En todo ese período hemos tenido cinco Administraciones distintas (¡cinco!). Y si alguien me argumenta: "Este es el primer Gobierno; es el segundo", yo lo podré entender. Pero son cinco. ¡Y algunos de ellos, además, duraron seis años...! ¡Ni siquiera cuatro...!
Entonces, la forma de aproximarse al tema es la que me sorprende. Alguien me podría manifestar: "Mire, constituye un avance muy significativo". Porque, claramente -y es cosa de verlo-, hay un mecanismo de transferencias de funciones y atribuciones a los gobiernos regionales. Por primera vez, las regiones pueden ser protagonistas mucho más cercanos del proceso de descentralización, al entregarles sustento normativo para solicitar competencias que hoy no son de su responsabilidad. Existe una nueva forma de asignar los recursos -cuestión que (entiendo) es aprobada transversalmente-, en términos de que sea por grandes ítems y no por cada proyecto. Esto último ha generado -hubo un acuerdo bastante significativo al respecto- un rechazo muy importante. Pero esa forma de hacerlo no nació ahora. Llevamos veinte años resolviendo las cosas mediante un procedimiento de esa naturaleza.
Y cuando se efectúa el cambio, se lo ve como una cosa menor al lado de otras que, teóricamente, debieron haberse hecho, pero que no se realizaron en veinte años.
Entonces, surge la reflexión naif: si hubiéramos tenido en esta materia una explosión de normativas y la que nos ocupa fuera una preceptiva más, se podría entender la vinculación, llamémosla así, más o menos crítica que uno pueda tener. Pero, para ser francos, no se ha hecho ningún esfuerzo equivalente en los últimos veinte años.
Hay una forma de reforzar el rol fiscalizador del CORE, que también era parte del modo de elegir a este nuevo tipo de organismo y que de alguna manera refleja la voz de la ciudadanía regional.
Alcancé a oír a un parlamentario de la Concertación plantear que este no era un avance para las regiones, sino para los cores. Y ahí sí que yo entro a marcar ocupado en forma casi definitiva. Porque nombramos a los cores para que representen de mejor manera a las regiones; luego, se los elige en forma directa, y si ahora hacemos una subdivisión entre aquello que es bueno para la región o para los consejeros regionales, quiere decir que vamos a entrar en una intríngulis imposible o en una fórmula de resolver las cuestiones absolutamente kafkiana. Porque, justamente, estamos fortaleciendo al gobierno regional, a los cores, en función de la región. No, pero ahora hay una disquisición: "Esto será bueno para los cores, pero no para la región". Me parece un argumento, de verdad, absurdo.
En el proyecto hay una lógica de coordinación sobre prioridades de inversión entre ministerios y gobiernos regionales, que no existe en la actualidad. Entonces, admitamos que hay un camino, una señal, que apunta exactamente a lo que nos estamos preocupando.
Existe una exigibilidad de convenios de programación. Aquí he escuchado a parlamentarios, transversalmente, de todas las bancadas reclamar por la falta de exigibilidad de los convenios que se suscriben periódicamente, según los distintos gobiernos. Y pareciera que ello ahora deja de ser relevante.
Hay un fortalecimiento de la estructura de los gobiernos regionales.
Entonces, señor Presidente, quiero decir sin muchos remilgos y con muchos menos peros: la iniciativa en debate constituye el avance más importante en el ámbito de que se trata.
Ahora, vendrán después otros temas que serán discutibles. Yo quiero dejar de inmediato uno en claro. Desde mi perspectiva, no soy partidario de que el intendente sea elegido regionalmente, sino que prefiero que mantenga una vinculación con el Poder Ejecutivo. Porque -y en vista de todos los problemas que podría haber- en la medida en que tengamos una especie de federalismo en esta materia, ello sería letal para el desarrollo armónico y unitario de Chile. Es un asunto que deberemos discutir en su momento. Y valdrán las mayorías en uno u otro sentido.
Pero, ¡por favor!, uno trata de hacer las cosas oyendo (para liderar bien hay que escuchar bien). Entonces, uno oye bien y resuelve, pero después se critica igual. Eso quiere decir: "palos porque bogas y palos porque no bogas".
Me parece que ello no es correcto.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueban las normas que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones y las enmiendas acordadas por unanimidad (25 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Letelier, Muñoz Aburto, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Quintana, Rossi, Sabag, Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Frei (don Eduardo), Horvath, Larraín (don Carlos) y Navarro.
Se abstuvieron los señores Cantero, Gómez, Ruiz-Esquide y Walker (don Patricio).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Señores Senadores, ha llegado una nueva indicación del Ejecutivo, cuyo objeto es reponer la norma relativa al financiamiento, que corresponde al artículo quinto transitorio. Naturalmente, se requiere la unanimidad de la Sala para que pueda ser considerada.
Dice lo siguiente:
"Artículo Quinto.-
El mayor gasto fiscal que signifique la aplicación de esta ley durante el presente año, considerando su efecto año completo, no podrá exceder la cantidad de M$l.074.352.- y se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública".
En el fondo, aumenta el financiamiento respectivo.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Solicito la unanimidad de la Sala para conocer la indicación.
¿Habría acuerdo?
--Así se acuerda.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Procederemos a votarla de inmediato; es de quórum simple.
En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Se aprueba la indicación del Ejecutivo que repone el artículo quinto transitorio, y queda terminada la discusión del proyecto en este trámite
.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Señor Ministro, ¿quiere hacer uso de la palabra?
El señor LARROULET (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Efectivamente, señor Presidente, y le agradezco que me la conceda.
Solo deseo formular dos comentarios.
El primero se relaciona con que en la letra d) del artículo 6° de la ley N° 19.175 se hace referencia a los requisitos para ser intendente, y uno de estos se vincula con la Ley de Quiebras. Pero ocurre que la normativa que sustituye el régimen vigente será publicada el día de mañana. Entonces, me gustaría que se planteara aquí que la Secretaría pudiera hacer las adecuaciones correspondientes a esta nueva legislación.
El señor LETELIER.-
No. La Secretaría no tiene facultad para tal efecto.
El señor LARROULET (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
En segundo lugar, deseo expresar mi agradecimiento por el trabajo que el Senado ha hecho en esta importante iniciativa legal de transferencia de competencias, que otorga más facultades a los gobiernos regionales.
Las Comisiones de Gobierno y de Hacienda y también esta Honorable Sala han realizado una labor muy intensa sobre el particular.
Así que solo me resta agradecer el amplio apoyo que ha obtenido el presente texto legal, el cual estamos convencidos de que constituirá un paso sustancial en cuanto a profundizar la descentralización y la regionalización de nuestro país.
Gracias, señor Presidente.
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Hay una petición del Senador señor Letelier, que entiendo es un acuerdo de los Comités, para ver sobre tabla en este instante el proyecto que reconoce la rayuela como deporte nacional.
¿Le parece a la Sala?
--Así se acuerda.
RECONOCIMIENTO DE RAYUELA COMO DEPORTE NACIONAL
El señor PIZARRO (Presidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que reconoce la rayuela como deporte nacional, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8404-29) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 87ª, en 18 de diciembre de 2012.
Informe de Comisión:
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 84ª, en 8 de enero de 2014.
El señor PIZARRO (Presidente).-
En esta materia se generó una situación especial.
Había un proyecto originado en moción de Senadores. Después surgió otro, proveniente de una moción de Diputados. Nosotros aprobamos el primero y lo enviamos a la Cámara Baja, donde se rechazó. Por su parte, dicha Cámara aprobó la iniciativa presentada en ella y la envió al Senado, donde -consta en el informe- fue rechazada por la Comisión de Educación.
Ahora bien, el acuerdo de los Comités es en el sentido de aprobar el informe de la referida Comisión y comunicar a la Cámara de Diputados el rechazo de su iniciativa para que se constituya una Comisión Mixta donde se refundan los dos proyectos y de ese modo se evite la competencia en materia de autorías.
El señor GÓMEZ.-
¡Todo depende de si es rayuela corta o rayuela larga¿!
El señor PIZARRO (Presidente).-
¡Eso deberá dirimirlo la Comisión Mixta...!
El señor WALKER (don Patricio).-
Resolvamos sin discusión.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Por cierto.
¿Le parece a la Sala proceder de la manera indicada?
Acordado.
--Se aprueba el informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, que rechaza en general y particular la iniciativa de la Cámara de Diputados.
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
En este momento ha llegado a la Mesa un oficio de la Cámara de Diputados con el que informa que aprobó el proyecto de ley que posterga el reavalúo de bienes raíces de la serie agrícola y prorroga por dieciocho meses la vigencia del avalúo de los mismos bienes vigentes al 30 de junio de 2014 (boletín N° 9.200-05), con urgencia calificada de "discusión inmediata".
El señor PIZARRO (Presidente).- Pasa a la Comisión de Hacienda.
CREACIÓN DE SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS
El señor PIZARRO (Presidente).-
En seguida, corresponde ocuparse en el proyecto, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, en primer trámite constitucional, que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y establece adecuaciones en la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, con segundo informe de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, unidas, e informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8207-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 3ª, en 20 de marzo de 2012.
Informes de Comisión:
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: sesión 97ª, en 22 de enero de 2013.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 97ª, en 22 de enero de 2013.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, unidas (segundo): sesión 83ª, en 7 de enero de 2014.
Hacienda: sesión 83ª, en 7 de enero de 2014.
Discusión:
Sesión 100ª, en 5 de marzo de 2013 (se aprueba en general).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión de 5 de marzo de 2013.
Las Comisiones unidas dejan constancia, para los efectos reglamentarios, de que no hay artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.
Se requieren 21 votos favorables para aprobar la letra f) del número 1), que pasó a ser número 3), y el número 7), que pasó a ser 10), ambos del artículo primero, que pasó a ser artículo único, puesto que son normas de rango orgánico constitucional que no fueron objeto de enmiendas en el segundo informe.
Las Comisiones unidas efectuaron una serie de cambios al texto aprobado en general, la mayor parte de los cuales se acogieron por unanimidad, con excepción de los que se pondrán en discusión y votación oportunamente.
A su turno, la Comisión de Hacienda introdujo diversas modificaciones al texto despachado por las Comisiones unidas, las que aprobó unánimemente.
Entre las enmiendas unánimes se encuentran las recaídas en el número 9) del artículo primero, que pasó a ser artículo único, y en los artículos primero, tercero, quinto, séptimo, octavo y noveno transitorios, modificados también por unanimidad en las Comisiones unidas, pero en sentido diverso.
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respectiva sobre alguna de ellas o que existan indicaciones renovadas.
De esas modificaciones unánimes, requieren para su aprobación 21 votos favorables, por incidir en normas de rango orgánico constitucional, las recaídas en el número 5), que pasó a ser 8), con excepción de su letra e), porque ella solo tuvo aprobación por mayoría; en el número 8), que pasó a ser 11), salvo su inciso segundo, que también solo fue objeto de votación de mayoría, y los números 9), que pasó a ser 12), y 10), que pasó a ser 13), todos del artículo primero, que pasó a ser artículo único.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe el articulado aprobado en general, las enmiendas realizadas por las Comisiones unidas, las modificaciones efectuadas por la Comisión de Hacienda y el texto final que resultaría de aprobarse dichas enmiendas.
De consiguiente, señores Senadores, lo primero que corresponde hacer es votar en particular la letra f) del número 1), que pasó a ser 3), y el número 7), que pasó a ser 10), ambos del artículo primero, que pasó a ser artículo único, ya que son normas orgánicas constitucionales que no fueron objeto de enmiendas en el segundo informe pero deben aprobarse con el quórum explicitado.
El señor GÓMEZ.-
Votemos, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Primero hay que votar las proposiciones unánimes y dejar la constancia pertinente en el caso de las de quórum especial.
En este momento se encuentran presentes 22 señores Senadores. Así que podríamos acoger las normas que no fueron objeto de enmiendas.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Son solo dos, señor Presidente: la letra f) del número 1), que pasó a ser 3), y el número 7), que pasó a ser 10), del artículo primero, que se transformó en artículo único.
El señor PIZARRO (Presidente).-
¿Habría acuerdo para acogerlas, dejando constancia del quórum?
--Se aprueban (23 votos favorables), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional exigido.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
En seguida, corresponde pronunciarse sobre las distintas proposiciones. Porque, como expliqué, algunas enmiendas se aprobaron por unanimidad, y otras, por mayoría.
De consiguiente, habría que ir número por número, naturalmente.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Perdón, señor Secretario.
Como puede haber dudas, el señor Ministro solicitó el ingreso del Coordinador de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, señor Milenko Bertrand-Galindo, quien ha llevado esta materia.
¿Le parece a la Sala?
--Se autoriza.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario, para que vayamos ordenando la votación en particular.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Para simplificar el procedimiento, quizá sería mejor votar sin debate las enmiendas unánimes, con exclusión de las recaídas en el número 9) del artículo primero, que pasó a ser artículo único, y en los artículos primero, tercero, quinto, séptimo, octavo y noveno transitorios, porque ahí hubo diferencias entre las Comisiones unidas y la Comisión de Hacienda. De manera que, obviamente, deberían considerarse en forma separada.
El señor PIZARRO (Presidente).-
¿Son de quórum especial?
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Algunas lo son, señor Presidente. Pero se puede realizar una sola votación, respetando el quórum.
El señor PIZARRO (Presidente).-
¿Hay acuerdo para aprobar las enmiendas unánimes a las que hizo referencia el señor Secretario?
El señor LARRAÍN.-
Sí, señor Presidente.
La señora RINCÓN.-
Sí.
--Se aprueban, en los términos que explicitó el señor Secretario General, las modificaciones acogidas unánimemente por las respectivas Comisiones (23 votos favorables), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional exigido.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, con el procedimiento que se está usando, me gustaría saber qué artículos va a dejar el señor Secretario para la discusión. Porque, respecto a un par de puntos del proyecto, el Ejecutivo aseguró la asistencia de la señora Ministra, lo que no ocurrió.
Por lo tanto, para la historia de la ley, quiero poner de relieve que el Gobierno no cumplió el compromiso que contrajo en las materias pertinentes.
Solicito, pues, que se dé a conocer el procedimiento que vamos a seguir con relación al conjunto de los artículos del proyecto, porque a lo mejor deberé pedir votaciones separadas para dejar algunas constancias.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Habiéndose hecho la relación, ahora vamos a ocuparnos en los preceptos a cuyo respecto existieron diferencias o votaciones de mayoría.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Debo hacer presente que se acaban de aprobar, en la forma que señalé, las enmiendas unánimes de las respectivas Comisiones y que sobre algunas, por ser de quórum especial, fue necesario dejar constancia de la votación.
Ahora veremos las modificaciones que obtuvieron votación de mayoría y aquellas en que hubo discrepancias entre las proposiciones de las Comisiones unidas y las de la Comisión de Hacienda.
En las página 7 y 8 del texto comparado figura la enmienda aprobada por las Comisiones unidas correspondiente al artículo único, número 3, letra h), en la que se abstuvo la Senadora señora Lily Pérez y votó en contra el Senador señor Letelier.
Era la letra g), que pasó a ser h), remplazada por la siguiente:
"h) Agrégase la siguiente letra u), nueva:
""u) Asistir al Presidente de la República en las materias relativas a los Derechos Humanos, propias de este Ministerio, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan por ley a los demás Ministerios.
""Le corresponderá, a su vez, realizar el estudio crítico de la normativa interna a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y proponer al Presidente de la República las reformas que en tal sentido estime necesarias.".".
El señor PIZARRO (Presidente).-
En discusión la enmienda propuesta por las Comisiones unidas.
Tiene la palabra el Honorable señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).-
Señor Presidente, sugiero que el asesor del Ministerio de Justicia en materia de derechos humanos ilustre la discusión, a los efectos de que todos los Senadores tengamos claridad sobre lo que se votará.
El señor PIZARRO (Presidente).-
¿Hay acuerdo para solicitarle al señor Ministro que instruya al asesor presente en la Sala a los fines de que nos ilustre sobre la materia en los términos expuestos por el Senador señor Patricio Walker?
--Así se acuerda.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra en primer término el señor Ministro.
El señor LARROULET (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Señor Presidente, considero más apropiado que dé una explicación -ello es bastante simple- quien ha participado en cada Comisión en el detalle de esta materia.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor asesor del Ministerio de Justicia.
El señor BERTRAND-GALINDO (Coordinador de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia).-
Señor Presidente, este proyecto de ley, que busca crear la Subsecretaría de Derechos Humanos, pasó por dos Comisiones, y debido a ello algunos artículos tienen redacciones diferentes. Podríamos verlos uno a uno y explicar el porqué del texto final.
En primer lugar, con la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, era necesario que a las funciones del propio Ministerio de Justicia se añadiera la de asistir al Presidente de la República en todas las materias relativas -valga la redundancia- a derechos humanos.
Al respecto, la decisión final de la Comisión de Hacienda fue agregar en el artículo 8° del decreto ley N° 3.346 una letra u), nueva, para establecer la referida función.
En tal sentido, señor Presidente, concordamos con la redacción propuesta.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Estamos hablando de la misma proposición a que se refirió el señor Secretario en la relación.
Hay varios Senadores inscritos.
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, estimados colegas, la letra que estamos analizando dice relación con las atribuciones que va a tener la Subsecretaría de Derechos Humanos.
No cabe duda de que su segundo inciso es reiterativo e innecesario, tanto más cuanto que, por disposición constitucional, debemos adecuar nuestra normativa interna a los convenios y tratados internacionales ratificados por Chile.
En tal sentido, "realizar el estudio crítico de la normativa interna a la luz del Derecho Internacional" no es precisamente lo más correcto. Aún más, es repetitivo con relación a una letra anterior que aborda el punto.
A decir verdad, la nueva letra que se sugiere nada aporta.
La primera parte expresa: "Asistir al Presidente de la República en las materias relativas a los Derechos Humanos, propias de este Ministerio, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan por ley a los demás Ministerios". Eso es declarativo; no pone ni quita, y ya se encuentra establecido.
La segunda parte es lo que justifica el voto en contra.
Sin embargo, yo quiero explicar cuál es el problema del proyecto.
La Subsecretaría que se crea no se hace cargo de tres cosas.
Primero, hay un órgano que quiere coordinar a agentes del Estado. Y eso está muy bien, para dar cierta coherencia a su quehacer.
Un segundo elemento es su condición de asesor para la defensa del Estado cuando se lo acusa de violar los derechos humanos.
En la doctrina tradicional, quien viola derechos humanos -no quien delinque-, conforme a la tipicidad de los delitos, es el Estado. Por consiguiente, la Subsecretaría en cuestión deberá coordinar la defensa de aquel frente a los ilícitos que se le imputen.
Lo peculiar -esto es parte de lo contradictorio- es que habrá un agente estatal que deberá promover políticas de fomento y práctica de derechos humanos, adecuar la legislación, pero también tendrá la facultad de generar su propia defensa frente a acusaciones que se le formulen, particularmente ante los tribunales internacionales.
Empero, señor Presidente, esta institucionalidad no va acompañada de algo obvio en la trilogía de la institucionalidad (valga la redundancia) de los derechos humanos.
Está bien. Hay un ente autónomo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuya directora, Lorena Fries, entregó recientemente su informe al Presidente de la República. Se trata de una institucionalidad nueva, autónoma, que evalúa. Y está la ya mencionada coordinación del Estado, con la contradicción particular de que asesora, promueve, pero a la vez articula la defensa de aquel frente a eventuales delitos cometidos por sus agentes.
Sin embargo, no está la parte de la institucionalidad encargada de defender a quienes son víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Y aquí tenemos un elemento esencial: el ombudsman, el defensor de los ciudadanos. El Ejecutivo dijo que iba a avanzar en el esbozo de esta institución, pero no lo ha hecho.
Adicionalmente, la creación de la Subsecretaría en comento, de acuerdo a la enumeración dispuesta, no se hace cargo de una coherencia institucional.
Este Gobierno, a mi juicio, ha ocasionado un perjuicio tremendo a la política de reparación en materia de derechos humanos. Se ha excedido y ha infligido un tremendo daño por hacer uso político de ciertas cosas en forma aberrante.
En particular, el Subsecretario del Interior, señor Rodrigo Ubilla, amigo de un ciudadano que se halla presente en esta Sala, ha hecho una persecución frente a atribuciones legales que tienen los Presidentes de la República, y nadie más, para calificar a los exonerados.
Pero lo más grave, en relación con el Programa de Derechos Humanos y la institucionalidad radicada hoy en el Ministerio del Interior, es que no se ha incorporado -eso demuestra parte de la incoherencia del texto- la ventanilla única, para resolver lo atinente a las violaciones en el ámbito de que se trata, es decir, lo relativo a las reparaciones, política que debería ser permanente.
Había un compromiso con el Ejecutivo, en efecto, en el sentido de que a estas alturas del proyecto se iba a hacer una propuesta, no solo respecto del ombudsman, sino también de una ventanilla única dentro del Ministerio de Justicia, sin mantenerla en el Ministerio del Interior, sobre la base de que no habría plazos para exigir la universalidad de derechos de las víctimas.
Más allá de resultar un poco tautológico el inciso segundo, cabe reconocer¿
El señor PIZARRO (Presidente).-
Dispone de un minuto para concluir, Su Señoría.
El señor LETELIER.-
¿ el liderazgo del Senador señor Hernán Larraín y el esfuerzo que ha desplegado desde el principio como uno de los promotores del proyecto -al César lo que es del César-, en lo cual ha manifestado mucho interés.
El problema radica en que la institucionalidad que estamos creando queda coja. Porque aquí se entregan algunas atribuciones, algunas facultades, pero la Subsecretaría no va a tener la responsabilidad en relación con el Programa de Derechos Humanos. Si queremos una coherencia institucional, tiene que mediar su participación en ese sentido, la que debería estar acompañada de la ventanilla única, sin plazos para poder generar los beneficios de la reparación.
Ese era uno de los compromisos de la señora Ministra. Comprendo por qué se encuentra ausente y ello no quiero cuestionarlo. Pero, políticamente, existía una obligación del Ejecutivo, que es uno, y no tiene lugar la coherencia con el defensor público de los ciudadanos.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro, para una aclaración.
El señor LARROULET (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Señor Presidente, estimo importante hacer algunas aclaraciones al comienzo del debate, para que este sea más fructífero.
En primer lugar, cabe recordar la discusión registrada en la Sala con motivo de la aprobación en general. Surge la necesidad, de parte del Estado y del Poder Ejecutivo, de crear el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y una Subsecretaría de Justicia, porque actualmente no existe en nuestro país una instancia estatal unificada y con potestades transversales capaz de dar un tratamiento institucional y sistemático a los desafíos en materia de derechos humanos.
Eso es lo primero que no podemos perder de vista: hoy día se requiere en el Poder Ejecutivo una instancia que cumpla una función coordinadora esencial. Y, por mi experiencia como Ministro Secretario General de la Presidencia, quiero reiterarlo, porque nos toca trabajar con muchas instituciones para abordar el asunto.
En segundo término, respecto de lo expresado por el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, conviene tener presente, en cuanto a la función de defensa de los derechos humanos en el campo internacional, que no cambia fundamentalmente la naturaleza de lo que hay hoy día. Esa es una responsabilidad que sigue siendo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Si se lee la letra e) del artículo 8°, se advertirá una comunidad de acuerdos entre las Comisiones de Derechos Humanos y de Constitución, más la de Hacienda, en el sentido de mantener la responsabilidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos en cuanto a "Prestar asesoría técnica al Ministerio de Relaciones Exteriores en los procedimientos ante tribunales y órganos internacionales de derechos humanos".
Me parece que estas aclaraciones son necesarias, al margen de que otras materias efectivamente son debatibles, como lo manifestó el señor Senador, pero pueden ir más allá de la presente discusión. Hoy día, circunscrito al análisis del texto que nos ocupa, quiero hacer las salvedades expuestas, que son importantes para que sea más fructífero.
Gracias.
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Puede intervenir el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
En este momento ha llegado a la Mesa una solicitud de permiso constitucional presentada por el Honorable señor Pizarro para ausentarse del país a contar del próximo viernes 10 de enero.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá.
Acordado.
El señor WALKER (don Patricio).-
¿Adónde va, señor Presidente?
El señor PIZARRO (Presidente).- Al Foro Parlamentario Asia-Pacífico, con los Honorables señores Kuschel y Muñoz Aburto, que espero que también pidan permiso constitucional. La próxima semana hay un par de votaciones importantes.
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, cuando conocimos el proyecto en la Comisión de Hacienda, realmente se suscitaron muchas dudas -por lo menos, en el Senador que habla, sin perjuicio de algunas otras intervenciones al respecto- por la argumentación que expresaba el colega Letelier en orden a la necesidad o conveniencia de crear una Subsecretaría de Derechos Humanos existiendo el Instituto de Derechos Humanos. Ello se puede ver en el texto mismo: si revisamos el artículo 8°, varias de las atribuciones de la primera se repiten en el segundo.
Por otra parte, si bien podría haber una Subsecretaría para que informara, para que coordinara, como dijo el Ministro señor Larroulet, estaría bien. Ello podría comprenderse. Pero no sería posible que le representara al Presidente de la República asuntos relacionados con derechos humanos, porque lo manifestado por el Honorable señor Letelier es cierto: el que infringe estos últimos es el Estado. Y la cuestión está radicada principalmente en el Poder Ejecutivo.
El inciso segundo de la letra u), nueva -creo que no corresponde aprobarlo-, dispone que al Ministerio "Le corresponderá, a su vez, realizar el estudio crítico de la normativa interna a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y proponer al Presidente de la República las reformas que en tal sentido estime necesarias, y". ¿Qué pasa si este último no atiende un informe crítico?
El señor WALKER (don Patricio).-
No hace caso, sencillamente.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
O toma la decisión de sacar al Subsecretario, lo cual no estaría demostrando mucha preocupación por el tema de derechos humanos.
El señor WALKER (don Patricio).-
El Instituto es más autónomo.
El señor ZALDÍVAR.-
Creo que desde ya, entonces, esa norma debe ser rechazada.
Comprendo el inciso primero, en cambio, el cual expresa: "Asistir al Presidente de la República en las materias relativas a los Derechos Humanos, propias de este Ministerio, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan por ley a los demás Ministerios.". Eso sí, porque se puede asesorar, informar, cambiar impresiones. Pero un estudio crítico suena como una cierta contradicción.
Y no quiero seguir adelante, porque la misma disposición se repite en la letra d) del inciso segundo del artículo 8°. Dentro de las facultades de la Subsecretaría se encuentra la de "Asistir al Ministro de Justicia y Derechos Humanos en la realización del estudio crítico del derecho interno, con la finalidad de proponer al Presidente de la República", etcétera.
Es decir, nuevamente hay una duplicidad. Cabe afirmar, entonces, lo consignado en la letra u), nueva, del artículo 2°, en la que me parece bien el inciso primero, y rechazar el inciso segundo, y no legislar en lo referente a la letra d) del artículo 8°.
No voy a pronunciarme sobre otros aspectos. En la Comisión hice ver cuál era mi duda. En definitiva, presté mi aprobación, porque me pareció que se registraba cierta unanimidad y había tenido lugar un acuerdo entre el Gobierno y las Comisiones unidas que habían trabajado.
En la letra e) del artículo 8°, dentro de las facultades de la Subsecretaría, se expresa: "Prestar asesoría técnica al Ministerio de Relaciones Exteriores en los procedimientos ante tribunales y órganos internacionales de derechos humanos. De igual manera, coordinará", etcétera. La misma atribución se contempla en la ley que creó el Instituto de Derechos Humanos, lo que es lógico. Si se analiza el texto, se observará que hay tres facultades iguales. ¿Qué pasa si la Subsecretaría le dice al Ministerio de Relaciones Exteriores: "Creo que tiene que hacerse tal cosa en materia de derechos humanos" o "Se tiene que tomar tal posición en tal tratado en que se está trabajando", y el Instituto tiene una percepción y posición diferentes? ¿Cuál va a predominar? Si dos instituciones resguardan lo relativo a los derechos humanos, hay que precisar a cuál le corresponde realmente la tarea.
Se me respondió que no había problema, porque si ambas¿
Terminaré en seguida, señor Presidente.
Voy a votar en contra del inciso segundo de la letra u), nueva, y seguramente mantendré mi abstención respecto de algunas normas de este tipo por la duda que me presenta el asunto.
Por ese motivo, pido que ojalá se tome nota de la disposición en el momento del pronunciamiento.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Varios señores Senadores se han inscrito y el señor Ministro quiere hacer una aclaración.
Entiendo que el Honorable señor Zaldívar ha solicitado la votación separada de los dos incisos de la letra h).
Antes de abrir la votación, tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LARRAÍN.-
¿Se podría dar por aprobado el inciso primero y pronunciarse luego?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Esperemos que termine la intervención.
El señor LARROULET (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Señor Presidente, me parece que a raíz de la norma en debate estamos volviendo a la discusión general. Y quiero reiterar que el punto es importante, porque se facilitará la aprobación del texto.
En primer lugar, insisto en que la naturaleza del Instituto de Derechos Humanos es completamente distinta de la correspondiente a la Subsecretaría de Derechos Humanos, que estamos creando.
Como lo manifesté en mi intervención inicial, esta última entidad apunta a que dentro del Poder Ejecutivo exista un órgano que cumpla la trascendental función de promoción y defensa de los derechos humanos.
Aquí se trató largamente y fue objeto de un acuerdo la formación del Instituto de Derechos Humanos, que es de otra naturaleza. Y no voy a entrar al detalle. Sus Señorías la conocen muy bien.
Lo segundo que quiero señalar es que si se lee la disposición correspondiente, la Subsecretaría, tratándose, por ejemplo, de relaciones internacionales, efectivamente está cumpliendo una función coordinadora y asesora de quien lleva la materia.
Voy a hacer una analogía. En el caso de las finanzas internacionales, las tareas que realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores son objeto de asesoramiento, naturalmente, por parte del Ministerio de Hacienda. En pesca, el Ministerio de Relaciones Exteriores es asesorado por el Ministerio de Economía. Es decir, hay una total organicidad en la propuesta formulada.
Más aún, si los señores Senadores se remiten a las actas de las respectivas Comisiones, observarán que la Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos expuso la urgente necesidad de aprobar la Subsecretaría, para que haya un ente coordinador especializado al interior del Ejecutivo. Y donde corresponde que se encuentre es precisamente en el Ministerio de Justicia.
Este es el segundo antecedente importante para el debate, en general.
Quisiera recordar que en el programa de Gobierno de la Presidenta electa se incluye justamente la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos por esta misma argumentación.
En suma, creo que los detalles aclaratorios facilitan la comprensión del articulado. Específicamente se hace referencia a una función asesora al Presidente de la República, en materia de derechos humanos. Ello es propio del rol ministerial. Todos los Ministerios somos asesores del Jefe del Estado en cada una de las decisiones que este tiene que tomar en el ámbito de su competencia.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Para tratar de avanzar en la línea planteada por el Honorable señor Hernán Larraín, entiendo que hay acuerdo respecto del inciso primero de la letra u), nueva, el cual expresa:
"Asistir al Presidente de la República en las materias relativas a los Derechos Humanos, propias de este Ministerio, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan por ley a los demás Ministerios".
Ello se podría aprobar y someter después a votación el inciso segundo.
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
No quiero dilatar más el asunto, pero le pido al Gobierno que trate de coordinar la letra h) con la letra d) del inciso segundo del artículo 8°, porque la primera dice relación con asistir al Primer Mandatario. Los Subsecretarios normalmente asisten a los Ministros, y los Ministros, al Presidente. Se contempla una asistencia directa a este último, entonces, por parte del Subsecretario.
El señor LARRAÍN.-
No.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Y en la letra d) del inciso segundo del artículo 8° se hace referencia a "Asistir al Ministro de Justicia" sobre las mismas cosas.
El señor LARRAÍN.-
La otra disposición alude al Ministerio.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Conviene aclararlo.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, solo deseo hacer una precisión.
Lo que se está modificando aquí son las funciones del Ministerio de Justicia, no de la Subsecretaría. Las de la letra d) le corresponden a esta última. Entonces, hay una desinformación.
"Asistir al Ministro de Justicia y Derechos Humanos" es labor del Subsecretario. "Asistir al Presidente de la República" le corresponde al Ministro.
¿Me explico?
Por lo tanto, el texto está bien. Se trata de enmiendas a artículos distintos. El inciso primero de la letra u) dice relación con la normativa de la Cartera de Justicia, a cuyo titular se le está diciendo: "Asista al Presidente de la República en estas materias". Así que la objeción no corresponde, y cabe aprobarlo. Porque es de una naturaleza obvia, al crearse una Subsecretaría de Derechos Humanos, darle al Ministro -ahora va a ser de Justicia y Derechos Humanos- competencia para asistir al Primer Mandatario.
Creo que ese punto debería estar despejado, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Si hay claridad al respecto, se puede dar por acogida la norma.
--Se aprueba el inciso primero de la letra u), nueva.
El señor PIZARRO (Presidente).-
El inciso segundo de la letra u), nueva, es el que ha generado discrepancia. Expresa lo siguiente:
"Le corresponderá, a su vez, realizar el estudio crítico de la normativa interna a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y proponer al Presidente de la República las reformas que en tal sentido estime necesarias, y".
En votación la disposición.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Puede intervenir el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero mantener mi argumentación en un proyecto anterior, en orden a que la presente Administración ha sido la impulsora de una Subsecretaría de Derechos Humanos. Lo ha hecho un Gobierno de Derecha. Y no lo digo con el ánimo de generar una polémica.
No cabe duda de que este es un avance muy relevante en la protección de los derechos humanos. Y no solo lo dice el Senador que habla, sino también, entre otras personas, la propia Lorena Fries, Directora del Instituto de Derechos Humanos, quien expresó que "El proyecto de ley que crea la subsecretaría de derechos humanos representa un valioso esfuerzo por fortalecer la institucionalidad política y gubernamental de derechos humanos, y responde a la necesidad de establecer con rango de ley un ente que desde el Poder Ejecutivo proponga y coordine las políticas públicas en este ámbito". O sea, considera necesaria la iniciativa.
Por lo tanto, no hay ningún conflicto entre el Instituto de Derechos Humanos y la Subsecretaría, la cual obviamente presenta un enorme valor por ser la visión desde el punto de vista del Gobierno. Tiene que preocuparse de revisar, mantener y actualizar los procedimientos y la legislación en materia de derechos humanos. Ello, en lo correspondiente al Ejecutivo.
Deseo que en la historia fidedigna de la ley quede la constancia que mencioné en primer término, porque ha sido la Administración actual -por supuesto, con la participación de todos los señores Senadores que han contribuido a un perfeccionamiento- la que desplegó la iniciativa, el esfuerzo. Ella expresó: "Vamos a tener por primera vez en la historia de Chile una Subsecretaría, dependiente del Ministerio de Justicia" -qué más cercano a los derechos humanos que la justicia-, "para los efectos de dar una adecuada protección, de acuerdo, obviamente, con el ámbito de su competencia y con el que tienen otras instituciones sobre la materia".
En segundo término, el Senador Zaldívar tiene toda la razón del mundo en lo que ha dicho.
Y como en esto debe haber una mínima coherencia legislativa -pido a los señores Senadores que revisen las enmiendas propuestas al artículo 2°-, en la letra a) del N° 3 se agrega al nombre del Ministerio de Justicia la frase "y Derechos Humanos", y en la letra b), dentro de sus facultades, se dispone que le corresponderá: "a) Realizar el estudio crítico de las normas constitucionales y de la legislación civil, penal, comercial, administrativa y de procedimiento, a fin de proponer al Presidente de la República las reformas que estime pertinentes".
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Está bien.
El señor ESPINA.-
Está bien. Tendrá que analizar la legislación en todos los ámbitos.
Y más adelante, en el inciso segundo de la letra u), introducida por la letra h) del artículo 2° -que estamos votando en estos momentos y que hay que suprimir-, dice: "Le corresponderá, a su vez," -lo mismo que al Instituto- "realizar el estudio crítico de la normativa interna a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y proponer al Presidente de la República las reformas que en tal sentido estime necesarias".
¡Absolutamente repetitivo! Y, además, comparto gran parte de lo manifestado por el Senador Letelier. ¡Cuidado con que nosotros digamos, para este caso, que la normativa tiene que revisarse a la luz de los derechos humanos! ¡Si eso tiene que hacerlo la legislación chilena siempre, porque es un mandato constitucional!
Entonces, alguien nos podría decir: "Momento. Ustedes dictaron una ley en la que entregan especialmente la revisión de la legislación en materia de derechos humanos a la Subsecretaría del ramo". Por lo tanto, otra Subsecretaría u otro Ministerio podría expresar: "Mire, cuando nosotros dictamos una norma no tenemos por qué preocuparnos del respeto a los derechos humanos".
En consecuencia, la letra u) habría que eliminarla, no solo por ser repetitiva, sino además por ser inconveniente. De manera que coincido absolutamente con lo expresado por el Senador Zaldívar y sugiero votar en contra la letra h) que la introduce en el artículo 2° de la ley.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
No intervendré, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Puede usar de la palabra el Honorable señor Hernán Larraín, para fundamentar su voto.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, como se ha indicado, la normativa en estudio corresponde a una iniciativa del Ejecutivo que nos parece extraordinariamente valiosa.
En lo personal, el año 2010 le propuse al entonces Ministro de Justicia esta idea de crear una Subsecretaría de Derechos Humanos, ya que por mi experiencia en distintas reuniones con Ministros y viendo temas diferentes, advertía que en la Administración Pública había una dispersión en el área de los derechos humanos. En verdad, no había nadie responsable de coordinar y estimábamos que era muy importante tomar una fuerte iniciativa en este aspecto. El Gobierno así lo entendió y el Presidente Piñera, en su Mensaje del año 2011, anunció la presentación de este proyecto, momento desde el cual hemos desarrollado una intensa labor sobre la materia.
En la elaboración del texto trabajamos con organismos de los derechos humanos; realizamos reuniones, y en particular nos preocupamos de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos estuviese alineado con esta propuesta y no se sintiera pasado a llevar, porque algunos pensaron que se podía duplicar lo que ahí se efectuaba.
Por fortuna, todas esas materias quedaron debidamente resueltas y el propio Instituto, como bien lo recordó el Senador Espina, valoró la presentación del proyecto. Es más, en un informe reciente, que dio cuenta del estado de los derechos humanos en Chile, volvió a reiterar la importancia de esta normativa, solicitando que el Congreso la pudiera despachar lo antes posible.
El punto en cuestión efectivamente suscita cierta inquietud. En las Comisiones unidas de Constitución y de Derechos Humanos, cuando estudiamos las enmiendas al artículo 2°, vimos la posibilidad de incorporar en la letra a), tal como se hizo con otras normas, el tema de los derechos humanos. Sin embargo, nos pareció que se trataba de un ámbito distinto. Y les pido a mis colegas poner atención a lo que voy a decir, por si les sirve como antecedente.
Cuando la letra a) habla de "Realizar el estudio crítico" de las normativas que menciona y de proponer las reformas correspondientes, como función del Ministerio de Justicia, se está refiriendo a una mirada legislativa propia de dicha Cartera. Y quisimos separar lo tocante a los derechos humanos, a fin de que el análisis que se hiciera de esta materia tuviese una perspectiva diferente, de una mayor exigencia en el trabajo de ese Ministerio, para que aquel fuese un análisis específico a la luz del Derecho Internacional Público de los Derechos Humanos, que es un enfoque distinto al que tiene esa Secretaría de Estado en todos los demás aspectos.
Por ejemplo, el Ministerio de Justicia está preocupado de la reforma procesal civil, y ha propuesto -se está votando en estos días- un nuevo Código Procesal Civil. Eso forma parte de la letra a).
En el inciso segundo de la letra u) quisimos diferenciar esta materia -obedeció a una indicación parlamentaria que el Ejecutivo hizo suya y que después amplió- para asegurar que la normativa interna fuese estudiada de manera crítica a la luz del Derecho Internacional Público de los Derechos Humanos con miras a realizar las propuestas pertinentes.
¿Que tal vez no sea del ámbito propio del Ministerio de Justicia? La letra u), por ejemplo, podría aplicarse en el ámbito sanitario, en legislaciones muy concretas, donde podrían pesquisarse cuestiones impropias o incoherentes con el Derecho Internacional Público o con nuestros compromisos en materia de derechos humanos a nivel foráneo.
Es una nueva función que el Ministerio tendría y que se podría distinguir del análisis propio y tradicional que este efectúa.
En vista de que la Cartera pasaría a ser ahora de Justicia y Derechos Humanos, quisimos diferenciar la labor que le correspondería realizar a la nueva Subsecretaría y a este Ministerio renovado, con el fin de autoexigirnos el cumplimiento de la normativa internacional sobre la materia.
La letra u) parece redundante, pero no lo es. Es complementaria. Y creo que en este caso le da una fuerza especial al compromiso normativo de cualquier Gobierno y de su Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para hacer cumplir la legislación correspondiente en forma debida.
En definitiva, estimo muy importante la incorporación de la letra u), porque la letra a) no se halla entendida del mismo modo.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Escalona, para fundamentar su voto.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, es sumamente valioso que los parlamentarios de Derecha asuman el tema de los derechos humanos.
El Senador Espina ha dicho que se enorgullece de que un Gobierno de Derecha aborde este asunto. A mí me parece muy bien. Esto es fruto de un avance civilizacional que aplaudo. No veo razón para pretender enrostrarnos este hecho a quienes pertenecemos a los partidos que hoy están en la Oposición. El que ahora exista una mirada universal en el país sobre la inviolabilidad de los derechos humanos es el resultado de nuestro propio esfuerzo.
¡Qué bueno que así haya ocurrido! Pero yo no haría de eso un punto de vanagloria, sino que, por el contrario, lo haría un punto de encuentro y de entendimiento entre nosotros.
Con relación al tema de fondo, observamos, no que aquí se dupliquen los esfuerzos, sino que existe claramente el riesgo de que se superpongan los esfuerzos.
Este puede parecer un matiz, pero no es ocioso, por cuanto el presidencialismo es tan fuerte en el régimen institucional de Chile que, si no se establecen las prevenciones necesarias que, junto con el Senador Zaldívar y otros colegas, hemos puesto en la discusión, se afectará nítidamente la función del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Cuando se trató la creación de dicho organismo -lo sabemos quienes recordamos el debate-, hubo mucho celo de parte de nuestros colegas de la entonces Oposición, hoy Gobierno, en cuanto a la autonomía de la nueva entidad, la que, a nuestro juicio, no debe perder bajo ninguna circunstancia.
Nosotros siempre hemos mirado la nueva Subsecretaría a la luz de la necesidad de remarcar en la discusión que ella en ningún momento ni en modo alguno puede afectar o amagar la autonomía del Instituto Nacional de Derechos Humanos, sobre la cual hubo unanimidad en el trámite legislativo que creó al organismo, que este debe mantener y que nosotros tenemos la obligación de preservar.
Si coincidimos en eso, perfecto, macanudo. Significa, por tanto, que en la historia fidedigna de la ley ello quedará suficientemente claro y resuelto para que cada una de las instituciones cubra su propio ámbito de competencia.
Este es el punto sobre el cual deseábamos llamar la atención y me parece magnífico que estemos de acuerdo en él.
He dicho.
El señor LARRAÍN.-
¡Completamente de acuerdo!
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ESPINA.-
Perdón, señor Presidente.
¿Qué significa votar "sí" y "no"? Algunos queremos eliminar la letra, porque la consideramos un grave error.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El señor Presidente puso en votación separada el inciso segundo de la letra u), que se incorpora al artículo 2° de la ley mediante la letra h) del N° 3) del artículo único del proyecto.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Perdón, señor Secretario.
El Senador Espina desea plantear una duda.
El señor ESPINA.-
Simplemente deseo saber cómo debemos votar los que consideramos un error la norma después de escuchar los fundamentos expresados por el Honorable señor Zaldívar.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Los que estén en desacuerdo con el inciso segundo de la letra u), que figura en la página 8 del texto comparado, deben votar que no, pues lo que se pone en votación es la modificación introducida por las Comisiones unidas.
Los que estén de acuerdo con la proposición de estos organismos, obviamente deben votar de manera afirmativa.
Según lo que se ha dicho aquí, el mencionado inciso segundo atribuiría el estudio crítico de la normativa interna a la luz del Derecho Internacional al Ministerio de Justicia, con lo cual se afectaría, en opinión de algunos, la facultad que actualmente posee el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Aclarado el punto, entonces.
Por favor, señor Secretario, consulte de nuevo a la Sala.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el inciso segundo de la letra u), nueva, agregada mediante la letra h) del número 3) del artículo único (14 votos a favor y 8 en contra).
Votaron por la afirmativa las señoras Rincón y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Orpis, Pérez Varela, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
Votaron por la negativa los señores Escalona, Espina, Lagos, Navarro, Pizarro, Ruiz-Esquide, Tuma y Zaldívar (don Andrés).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Se deja constancia de la intención de voto positivo de la Senadora señora Allende y de la intención de voto negativo del Senador señor Letelier
El señor ESPINA.-
¿Hasta qué hora dura el Orden del Día?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Está a punto de finalizar. Quedan 3 minutos.
Por lo tanto, llegaríamos hasta aquí con la discusión del proyecto.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Solo habría que recordar que el inciso primero de la letra u) ya fue aprobado por unanimidad, tal como lo señaló en su momento el señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Así es.
--Queda pendiente la discusión particular del proyecto.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Partido Renovación Nacional.
No hará uso de su tiempo.
Tampoco intervendrá el Comité Independientes, que sigue en la lista.
Por lo tanto, en representación del Comité Partido MAS, tiene la palabra, por 2 minutos, el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, de manera gentil y generosa, el Partido Socialista me ha cedido sus 8 minutos. Y al parecer el PPD también desea sumarse a esa generosidad.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
No. El Partido Por la Democracia hará uso de su tiempo.
En consecuencia, puede intervenir hasta por 10 minutos.
MEDIDAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, en las últimas horas la Región del Biobío se ha visto afectada por una cadena incesante de incendios forestales. Subsisten, a esta fecha, ocho focos que han consumido 9 mil hectáreas, según la CONAF (Corporación Nacional Forestal). Y este 8 de enero se han registrado brotes en la comuna de Tomé que mantienen en alerta a todas las autoridades.
Las condiciones de tiempo han sido óptimas para estos siniestros: mucho calor; lunes, martes y ahora miércoles, vientos de 40 kilómetros por hora; cielos despejados que no propician la baja de las temperaturas y que favorecen claramente el recrudecimiento de las llamas.
Los incendios más graves en la comuna de Tomé se dan en Punta de Parra y Coroney, cuyos pobladores han sido evacuados. Las autoridades del Biobío han llamado a adoptar medidas de prevención. Sin embargo, estamos en una situación de crisis.
Nos informan que el Intendente habría solicitado al Presidente Sebastián Piñera, de visita hoy en la Octava Región, la declaración de zona de emergencia.
Bomberos de las Regiones de Valparaíso y del Biobío han hecho ver las dificultades que enfrentan para acudir a los incendios forestales. Su material se daña y el gasto excesivo en que incurren no se corresponde con los escasos aportes que tanto el Estado como los privados les entregan.
Cabe señalar que los incendios son de plantaciones artificiales pertenecientes a privados, a las grandes forestales.
Los riesgos a las viviendas han dejado a la luz la necesidad de hacer retroceder las plantaciones fiscales desde los límites adyacentes a las carreteras, a los caminos y, particularmente, a las viviendas. No se entiende por qué a escasos metros de estas últimas hay hectáreas y hectáreas de pinos y eucaliptus.
Hemos diseñado un proyecto de ley, que presentaremos en las próximas horas, cuyo objetivo es hacer retroceder las plantaciones forestales a distancias de entre 500 y 800 metros, de manera de brindar seguridad. En otras partes del mundo estas distancias pueden ser de hasta un kilómetro. Lo claro es que las actuales plantaciones llegan hasta el límite de las viviendas de pobladores de escasos recursos, generando condiciones de extremo riesgo.
Por lo tanto, señor Presidente, pido que se oficie al Intendente del Biobío, al señor Ministro de Agricultura, al señor Director Nacional de CONAF, a la Alcaldesa de Tomé y a los jefes edilicios de las comunas forestales de la Octava Región (Coronel, Penco, Tirúa, Cañete, Los Álamos, Lota), a fin de que informen respecto de las medidas preventivas que han desarrollado la Corporación Nacional Forestal y las empresas del rubro.
Quiero hacer presente que los brigadistas que participan en estos eventos no tienen certificación. Por ello, hemos presentado un proyecto de ley para establecer, en el Código del Trabajo, un capítulo especial para los brigadistas forestales.
No queremos ni viviendas destruidas, ni árboles quemados, ni personas fallecidas en el combate contra el fuego. Y para eso, señor Presidente, se debe tomar la prevención de no exponer a jóvenes recién egresados del liceo a tareas arduas que requieren personal especializado. Ha habido muertes en nuestro país que han sido presentadas por las forestales como de expertos en el combate contra el fuego, en circunstancias de que se trataba de muchachos de entre 18 y 21 años que se habían integrado a las brigadas hacía menos de dos semanas.
El proyecto lo presenté a la CORMA, señor Presidente, sin resistencia alguna. Hasta la fecha, nada. Ellos dicen que pueden manejar la normativa internacional. Yo soy partidario de que la protección de los brigadistas quede establecida en el Código del Trabajo.
Volviendo al tema más importante, deseo solicitar que se le pida al señor Presidente de la República la declaración de zona de emergencia. Hay que reparar el daño producido. Hay que financiar los gastos de Bomberos. Hay que solventar a los municipios, que están incurriendo en gastos producto de los daños que se está provocando a las familias. Y, sobre todo, hay que establecer para el resto del verano la asistencia técnica y la capacidad aérea. Porque, frente al humo y a un lugar inaccesible, la única llegada es a través de un avión cisterna o en helicóptero, para combatir el fuego con químicos especiales y con agua.
La capacidad de la CONAF es limitada. Y, especialmente, el Estado debe reforzar la capacidad de prevención.
Discutimos por largo tiempo la creación de la CONAF pública. Hoy día es un híbrido, una corporación de Derecho Privado financiada con recursos estatales. Hemos querido transformarla en una corporación nacional forestal, con capacidades y recursos públicos y, además, con un estatuto que proteja, por cierto, a sus trabajadores, dotándola de las facultades necesarias para cumplir su rol.
No hemos logrado avanzar en materia de proteger a los brigadistas forestales ni tampoco en reducir el ámbito de expansión o invasión de empresas forestales.
Solicito oficiar también al Ministro de Hacienda, a fin de que pueda elaborar una readecuación de los presupuestos de CONAF y, en particular, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, frente a esta crisis y a una situación catastrófica.
En el año 2010, la Región del Biobío fue el epicentro del terremoto y tsunami en algunas comunas, particularmente de Talcahuano, la zona cero. Ella ha sido golpeada por catástrofes naturales. Y hemos sostenido que estas son predecibles. Requerimos de un Ministerio de Emergencias Nacionales y de Catástrofes Naturales.
La ONEMI aún sigue sin cumplir su rol preventivo.
Un incendio forestal es similar a un maremoto, tsunami, terremoto o aluvión. Una inundación de río se transforma en incontrolable. Las fuerzas de la naturaleza se desatan.
Por otra parte, cuesta mucho combatir el fuego.
Hay que gastar más en prevención.
Solicito a la CONAF y a la Intendencia Regional del Biobío un informe detallado de los gastos de prevención del fuego.
¿Cuánto gastamos en educación y en prevención?
Hemos dicho que las empresas forestales son malos vecinos. Y cuando hay acusaciones de fuego intencionado, solo digo que tenemos que sancionar a quienes incendian los bosques. A los buenos vecinos uno los cuida, y respecto de los malos lo único que uno quiere es que se vayan. Si las empresas forestales se comportan como estos últimos, va a seguir presente la intencionalidad de los incendios.
Creo que debe invertirse en prevención y que las empresas forestales tienen que hacer tarea social expresa, conocida y en conjunto, en una alianza estratégica público-privada con la zona en donde se encuentran.
Las áreas donde están radicadas las empresas forestales son las más pobres de mi Región, las con mayor retraso y más vulnerabilidad. No hay desarrollo en ellas, a pesar de la riqueza que producen sus bosques.
Por ello, solicito a las autoridades que he señalado, y también en particular al municipio de Tomé, que nos informen de los costos que implican estas emergencias, antecedentes que haremos llegar al Presidente de la República, al Ministerio de Agricultura y a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, porque aquí no cabe si no apoyar en materia preventiva y respaldar a los municipios que tienen que enfrentar en primera línea la demanda social una vez que el desastre se produce.
Quiero felicitar a los combatientes del fuego, tanto públicos como privados. Sé el riesgo que asumen. Su labor evidencia valentía y decisión.
Recuerdo que las empresas forestales privadas tienen un deber moral de proteger: en primer lugar, las vidas; luego, las viviendas y, por último, los bosques. Estos dos últimos son renovables; las vidas, no.
Por eso el Senado, en los próximos días, debiera crear una comisión especial, similar a la que hubo en la Cámara de Diputados hace algunos años, a fin de evaluar los incendios forestales, las medidas preventivas, el rol de los organismos del Estado y la responsabilidad del sector privado, de tal manera de no tener que lamentar cada verano una catástrofe de esta naturaleza, sino dedicarnos a trabajar en invierno en la prevención y el desarrollo de iniciativas que eviten lo que estamos viviendo hoy día en la Región del Biobío, una verdadera catástrofe, pues son miles y miles las hectáreas forestales afectadas.
Muchas de esas hectáreas están aseguradas, por lo cual se pagará un seguro. Pero las viviendas, los municipios y las vidas de las personas no lo están.
Conozco los esfuerzos hechos al respecto por el sector privado; me consta, pero son insuficientes. Se requiere pedagogía, educación e inversión. Y mientras no alcancemos o superemos el límite de gasto entre 2 y 3 por ciento que afecta a las empresas forestales en sus plantaciones, esto va a continuar. El Estado tiene que participar, al igual que los privados. Pero también deben darse las condiciones para casos de mayores exigencias para tales empresas.
En el caso de Chaimávida, los bosques están al lado de los colegios. En la mayoría de las escuelas de la Región del Biobío, las plantaciones se encuentran a menos de veinte, treinta o cincuenta metros. Eso es un elevado riesgo.
Las clases comienzan en marzo; pero la infraestructura de costo estatal tiene que ser protegida. Lo mismo que las viviendas particulares.
Los habitantes de la Región del Biobío no merecemos tener los riesgos de esta actividad, porque tampoco asumimos sus beneficios.
Si se dijese que la empresa forestal genera ingresos de carácter regional claros, precisos y nítidos, uno podría asociar el riesgo. Pero en este sector forestal no hay claridad sobre los beneficios que quedan para la Región. Solo hay claridad respecto de los riesgos asociados en cada verano.
Señor Presidente, la única manera de combatir los incendios forestales es una alianza estratégica público-privada. Y el Estado tiene que responder a la exigencia que hoy día hago a través de los oficios solicitados.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, de conformidad con el Reglamento.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
El Senador Navarro ha usado el tiempo del MAS y el correspondiente a los Partidos Socialista y Radical.
Tiene la palabra, en del Partido Por la Democracia, el Senador Tuma.
RESPONSABILIDADES EN ERRORES DE CONSTRUCCIÓN EN PUENTE BASCULANTE CAUCAU. OFICIO
El señor TUMA.-
Señor Presidente, en nombre de la bancada del PPD, deseo solicitar el envío de un oficio al Ministerio de Obras Públicas, a fin de que informe en detalle cuáles fueron las circunstancias del contrato por 16 mil millones de pesos que se adjudicó una empresa extranjera, la que, de acuerdo a un informe de la Contraloría General de la República, habría traído un experto, lo cual nunca pudo acreditarse.
Me refiero a la empresa que se hizo cargo de la construcción del puente basculante sobre el río Caucau, colocado en la última etapa de aquella, pero al revés de la forma en que debían funcionar las básculas. Y naturalmente esto revela un nivel de imprecisión y de mala ejecución sorprendente.
Sin embargo, yo no responsabilizaría solo a la empresa. Este es un tema de gestión.
Ya la Contraloría habría informado que hubo deficiencias tanto en el cumplimiento del contrato por parte de la empresa privada, así como también por el lado fiscal. En efecto, la inspección fiscal, que había sido entregada a una empresa de nombre Zañartu Ingenieros, tampoco cumplió el rol para el cual se contrató. Y son ingentes los recursos que el Ministerio de Obras Públicas está invirtiendo allí.
Queremos saber por cuánto se contrató el total de la obra; cuáles fueron las condiciones de la licitación; por cuánto se convino la inspección técnica; cuáles fueron los competidores; cómo se asignó la inspección técnica y por qué esta, después de dos meses de trabajo, permitió la instalación al revés del puente basculante.
Creemos que el Senado, aunque no tenga capacidad fiscalizadora, al menos necesita información, conocer en qué condiciones el Ministerio de Obras Públicas actuó de manera irresponsable en la fiscalización, en la licitación, eventualmente en la adjudicación de la empresa y en la inspección técnica.
En nombre de la bancada del Partido Por la Democracia, deseo solicitar ese oficio.
--Se anuncia el envío del oficio requerido, en nombre del señor Senador, de conformidad con el Reglamento.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro, por tres minutos, adicionales.
SOBREXPLOTACIÓN DE KRIL. OFICIO
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, conocida y trágica ha sido la explotación de la pesca artesanal e industrial de la Región del Biobío. La disminución de las cuotas de captura de los principales recursos pelágicos ha alcanzado hasta 65 por ciento en el caso de la anchoveta y en otros recursos del mar.
Lo anterior está provocando un cisma de proporciones, un verdadero terremoto social en la pesca artesanal.
Por cierto, la idea principal es que se sigan respetando los criterios científicos. La biomasa fue afectada, pese a que hay que cuidarla, porque mañana los reclutas jóvenes tienen que crecer, desovar y reproducirse.
Pero resulta tremendamente preocupante que, entendiendo la lógica que puede llevar a la estrechez social que está provocando la pesca artesanal, por no haber una política de protección como hubiéramos querido, se haya ignorado lo relativo a la demanda social.
¡Hasta las cinco de la madrugada estuvimos en esta misma Sala intentando poner elementos en la Ley de Pesca que dieran cuenta de la protección social y de una legislación que funcione cuando haya peces y cuando no los haya!
Sin embargo, nos hemos enterado de una resolución de la Subsecretaría de Pesca, sin haber previos estudios científicos, que entrega miles de toneladas de kril a la captura.
Nosotros aprobamos una normativa en la cual se pone énfasis en torno a los estudios científicos, que requieren todas las especies antes de su explotación. El kril puede parecer un recurso abundante; pero, si lo explotamos sin ningún tipo de consideración, lo podemos afectar.
Por lo tanto, solicito que se oficie a la Subsecretaría de Pesca, a fin de que informe en detalle cuál es la asignación de cuotas de captura extraordinaria del kril; en qué ha basado la determinación de la cantidad autorizada (si ella está de acuerdo con las exigencias de la Ley de Pesca); cuáles son los destinatarios de la autorización, y, en definitiva, si su resolución concuerda con los preceptos de la mencionada ley. Es decir, la exigencia de estudios científicos antes de una determinación.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, de conformidad con el Reglamento.
SOLUCIÓN DE CRISIS EN SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN. OFICIO
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, pido dirigir un oficio al Servicio de Registro Civil, para que informe sobre el pago que está realizando a una empresa de modernización, aun cuando no ha respetado su compromiso y los usuarios de tal servicio estén pagando elevados costos personales ante el grave incumplimiento y la falta de atención.
Se requiere una explicación.
Queremos todos los detalles respecto de la contratación y, en particular, del no funcionamiento del sistema. Aquí ha habido una falta de servicio que debe evaluarse, aparte de la demanda del Estado, porque se siguen cobrando iguales precios, aunque la gente pase horas en las filas, en espera de su carné de identidad.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
--Se anuncia el envío del oficio requerido, en nombre del señor Senador, de conformidad con el Reglamento.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Por haberse cumplido su objeto, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:48.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción